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Del Estado al parque: el gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Ciencias Sociales y Humanidades
Colección
DERECHO Y SOCIEDAD
Director
Libardo José Ariza Higuera
Universidad de los Andes / Facultad de Derecho
Bogotá, Colombia
Del Estado al parque: el gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas
Fernando León Tamayo Arboleda

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia
Tamayo Arboleda, Fernando León
Del estado al parque : el gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas / Fernando León
Tamayo Arboleda. -- Bogotá : Siglo del Hombre Editores : Universidad de los Andes, 2021.
(Biblioteca universitaria ciencias sociales y humanidades. Colección derecho y sociedad / director Libardo José Ariza Higuera)
Incluye datos del autor. -- Contiene bibliografía.
ISBN 978-958-665-673-3 -- 978-958-665-674-0 (pdf) -- 978-958-665-675-7 (e-book)
1. Criminología - Investigaciones - Bogotá 2. Delito – Investigaciones - Bogotá I. Título II. Serie
CDD: 364.6 ed. 23CO-BoBN– a1079133
© Fernando León Tamayo Arboleda
La presente edición, 2021
© Siglo del Hombre Editores
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Imagen de carátula
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Diseño de carátula
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Diseño de la colección y armada electrónica
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ISBN: 978-958-665-673-3
ISBN PDF: 978-958-665-674-0
ISBN EPUB: 978-958-665-675-7
Para citar este libro: http://dx.doi.org/10.15425/2017.526
Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.
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ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
PRÓLOGO LA CIUDAD SANA
Libardo José Ariza
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. MULTIESCALARIDAD Y GOBIERNO DEL CRIMEN
1. LA CABEZA DEL REY: EL ESTUDIO ESTADOCÉNTRICO DEL CONTROL DEL CRIMEN
Imágenes del centralismo: de la FIFA al Estado
El estudio del crimen y el Estado-centrismo
El Estado-centrismo en Colombia
2. UN MUNDO LLENO DE ESQUINAS: LA INVESTIGACIÓN DEL CONTROL DEL CRIMEN EN LAS CIUDADES CONTEMPORÁNEAS
El lugar del Estado
Buscando sentido en las calles
3. CONOCER LA CIUDAD: UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESCALAS DE GOBIERNO
El estudio del crimen desde la escala local
Análisis de las relaciones entre escalas de gobierno
4. EL ANÁLISIS MULTIESCALAR Y LA COMPRENSIÓN DEL GOBIERNO DEL CRIMEN EN LA CIUDAD
CAPÍTULO II. LA REORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL CRIMEN
1. EL GOBIERNO ESTADO-CÉNTRICO DEL CRIMEN: EL SISTEMA PENAL Y EL CONOCIMIENTO JURÍDICO
Derecho, poder punitivo y gobierno del crimen
La militarización del gobierno del crimen
El proyecto racional de la academia penal
Sistema penal y racionalidad jurídica en el gobierno del crimen
2. LA RECONFIGURACIÓN DEL GOBIERNO DEL CRIMEN: DESCENTRALIZACIÓN, ECONOMÍA Y ESPACIO PÚBLICO
Del país en conflicto al gobierno urbano
La descentralización del gobierno del crimen y la aparición del espacio público
La nueva epistemología del control del crimen
Prevención, eficiencia y autorresponsabilidad
3. LAS NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL GOBIERNO DEL CRIMEN Y LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
El gobierno mixto del crimen
La reorganización de los espacios públicos
La persecución de la eficiencia
Espacio público y eficiencia. La ambivalencia de las acciones de prevención y reacción
4. GEOGRAFÍA URBANA, REFORMA INSTITUCIONAL Y MULTIESCALARIDAD EN EL GOBIERNO DEL CRIMEN
CAPÍTULO III. EL SISTEMA PUNITIVO Y LA RECONFIGURACIÓN DEL ENCIERRO
1. EFICIENCIA, FUERZA Y CRIMINALIDAD CALLEJERA
Sistema punitivo y guerra
Proceso sumario y eficiencia penal
Flagrancia y control de la criminalidad callejera
La eficiencia autoritaria: la pena y el gobierno del miedo en la ciudad
Eficiencia, civilidad y violencia
2. ENCIERRO Y GOBIERNO DEL CRIMEN
El encierro al aire libre y la crisis del sistema de restricción de la libertad
Política criminal y crisis del sistema carcelario
Mecanismos locales de encierro y seguridad ciudadana: Bogotá en medio de la crisis del sistema de restricción de la libertad
3. PREVENCIÓN Y REACCIÓN: LA HIBRIDACIÓN PUNITIVA DE LO LOCAL Y LO NACIONAL
CAPÍTULO IV. ÉTICA Y ESTÉTICA DEL GOBIERNO DEL CRIMEN
1. ÉTICA DEL GOBIERNO DEL CRIMEN
Del enemigo político al incivilizado
El proyecto local de reforma moral
Mejoramiento de la institucionalidad y fortalecimiento de la civilidad
2. ESTÉTICA DEL GOBIERNO DEL CRIMEN
El proyecto de reforma urbana
La estética arquitectónica
La estética simbólica
La estética cartográfica
3. APRENDER A USAR LA CIUDAD: DISEÑO DE LA VIDA URBANA Y CONTROL DEL CRIMEN
CAPÍTULO V. EL GOBIERNO DEL CRIMEN EN LAS CIUDADES CONTEMPORÁNEAS
1. GOBERNANDO EL CRIMEN EN LA CIUDAD NEOLIBERAL
2. GOBERNANDO EL CRIMEN EN LA CIUDAD TARDOMODERNA
3. GOBERNANDO EL CRIMEN EN LA CIUDAD EN CONFLICTO
4. CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES: EL GOBIERNO DEL CRIMEN ENTRE LO GLOBAL, LO NACIONAL Y LO LOCAL
BIBLIOGRAFÍA
EL AUTOR
AGRADECIMIENTOS
Nunca es fácil agradecer a todas las personas que contribuyen a la finalización de un proyecto de investigación —y de vida—como el que aparece a continuación, porque la memoria falla y el espacio escasea. Sin embargo, y adelantando una disculpa para aquellos que a pesar de haber contribuido quedan afuera de este pequeño mensaje, no puedo evitar escribir unas palabras para quienes estuvieron siempre presentes, resaltando que su orden de aparición tiene menos que ver con su importancia que con la velocidad de mi memoria, pues el solo hecho de aparecer aquí los hace imprescindibles en mi vida.
Sin duda, Libardo Ariza aparece como gran artífice de las virtudes del texto y como víctima principal de sus errores. Según creo, él me enseñó todo lo que pudo y de él surgieron las mejores cosas que aparecen en la investigación y, aunque a través de este escrito me tomo la libertad de declararlo culpable de mis faltas, también debo decir que él supo advertírmelas en su momento y fue mi terquedad —o falta de comprensión— la que me hizo persistir en ellas. Con todo, más que su enorme apoyo a nivel académico, le agradezco el haberse convertido en un amigo incondicional.
Este acompañamiento que encontré en Libardo fue replicado por muchas personas, que como profesores o colegas hicieron lo propio, escoltando mi aventura investigativa desde el punto de vista académico y personal. Entre los profesores que estuvieron siempre como guías y amigos debo destacar a Mariana Valverde, Juan Oberto Sotomayor, Manuel Iturralde, Juan Carlos Álvarez, Miguel Malagón y Farid Benavides. Así mismo, aunque su aparición fue más esporádica, no puedo olvidar a los profesores Isabel Cristina Jaramillo, Daniel Bonilla, Martha Zapata Galindo y Alfonso Cadavid. Entre los que han sido mis colegas existen tantas personas que es casi imposible mencionarlos a todos, pero por su apoyo incondicional, las discusiones académicas que tuve con ellos, y sobre todo por tolerarme, debo mencionar, por lo menos, a Olga Velásquez, Esteban Isaza, David Orrego, Rafael Tamayo, David Luna, Ricky Ortiz, Tania Luna, Norberto Hernández, Juan Carlos Martínez, Jorge Mario “El Canchero” Cárdenas, Juan Esteban Vásquez, Giancarlo “Fleet Commander” Fiorella, Fernando Ávila, Lu Ghiberto, Valentín Pereda, Gabriel Rojas, Olga Cabeza y Alma Beltrán.
Finalmente, no puedo cerrar esta corta misiva sin agradecer a mi familia —aunque muchos de los anteriores podrían ser incluidos en este rubro—, porque ella fue artífice de todo lo que soy y lo que hago. Mis padres (Fabio y Liliana), mi hermana (Ana María), mi abuela (Inés) y mi tía (Gloria) quienes ya vienen aguantándome hace tres décadas, y mi compañera (Lina María) quien, a su propio riesgo, asumió dicha labor desde hace un lustro y ha sido, además, lectora incansable y crítica salvaje. (Sin dejar de lado a mi familia de acogida en Mississauga: Carlos Mario, Zara, Camilo y Laura). A todos ellos, y a aquellos cuyo nombre no aparece en estas páginas, pero sí en mi vida, muchas gracias por hacer del mundo un lugar más agradable.
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
| Agencia Estadounidense Internacional para el Desarrollo | Usaid |
| Banco Interamericano de Desarrollo | BID |
| Banco Mundial | BM |
| Centro de Atención Inmediata | CAI |
| Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo | C4 |
| Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana | CEACSC |
| Centro de Estudios sobre Derecho y Justicia y Sociedad | DeJusticia |
| Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas | CESED |
| Centro de Traslado por Protección | CTP |
| Comité de Renovación Urbana | CRU |
| Confederación Africana de Fútbol | CAF |
| Confederación Asiática de Fútbol | AFC |
| Confederación de Norteamérica, | |
| Centroamérica y el Caribe de Fútbol | Concacaf |
| Confederación Oceánica de Fútbol | OFC |
| Confederación Sudamericana de Fútbol | Conmebol |
| Consejo Nacional de Política Económica y Social | Conpes |
| Corporación Excelencia para la Justicia | CEJ |
| Corte Constitucional | CC |
| Corte Suprema de Justicia | CSJ |
| Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | Dadep |
| Departamento Administrativo de Seguridad | DAS |
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE |
| Ejército de liberación Nacional | ELN |
| Empresa de Renovación Urbana | ERU |
| Estado de cosas inconstitucional | ECI |
| Federación Internacional de Fútbol Asociado | FIFA |
| Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia | FARC |
| Fundación Ideas para la Paz | FIP |
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | Inpec |
| Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos | MARC |
| Ministerio de Defensa | Mindefensa |
| Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes | MNVCC |
| Movimiento 19 de Abril | M-19 |
| Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | OAIEE |
| Organización de las Naciones Unidas | ONU |
| Plan de Ordenamiento Territorial | POT |
| Proyecto de Apoyo Institucional al Sistema | |
| Penal Colombiano | Forsispen |
| Renovación Urbana | RU |
| Sistema Único de Información sobre Violencia y Delincuencia | SUIVD |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | TIC |
| Unidad Administrativa de Servicios Públicos | UASP |
| Unidad Permanente de Justicia | UPJ |
| Unidades de Planeamiento Zonal | UPZ |
| Unidades de Reacción Inmediata | URI |
| Unión Europea de Fútbol Asociado | UEFA |
| Vivienda de Interés Prioritario | VIP |
PRÓLOGO
LA CIUDAD SANA
Por detrás de los dispositivos disciplinarios se lee la obsesión de los “contagios”, de la peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones, de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el desorden1.
Mientras escribo este prólogo —marzo 17 de 2020— me encuentro autoconfinado en mi casa junto con mi esposa, mi hijo de 17 meses y mis padres de 72 y 80 años. El fin de semana anterior fui a buscar a mis padres a la ciudad en la que actualmente viven para llevarlos a una casa en medio de la montaña, temiendo su exposición al contagio del covid-19, que según los datos recogidos hasta ahora puede resultar mortal para las personas que se encuentren en ese grupo etario y con ciertas condiciones previas. Ellos viven en una ciudad intermedia, de 200 mil habitantes, a escasos 20 kilómetros de la capital, en donde la mayoría de ellos trabaja o estudia para volver tarde en la noche a dormir en sus casas. Aunque apenas hoy se detectó el primer caso en esta ciudad, la rutina de la vida diaria apenas se ha perturbado, en una suerte de tensa calma antes de la tempestad de la pandemia.
En la medida en que es una ciudad de trabajadores, el desabastecimiento —hasta ahora— no se evidencia en las estanterías vacías de los supermercados que exhiben el agotamiento de bienes, el exceso del consumo y la insolidaridad de la acumulación. Los defectos del sistema capitalista expresados en un instante. Con todo, los tapabocas y el gel antibacterial se han convertido en bienes preciosos y muy escasos. Después de abastecernos abandonamos la ciudad observando a través de las ventanas del carro las muchas personas que todavía están en la calle con tapabocas, otras saliendo de misa y los buses intermunicipales atiborrados de pasajeros que se dirigen a Bogotá. La llegada inevitable de la pandemia transforma a una velocidad inusitada la realidad de la vida cotidiana y los paisajes urbanos usuales se van moldeando con la brutal pincelada del contagio.
Hasta hoy se han detectado 65 casos en Colombia, 180.159 en el mundo y 7.103 muertes2. El miedo a ser transmisor de muerte, unido a la velocidad y facilidad del contagio, ha moldeado respuestas individuales y colectivas hasta hace poco inimaginables. Ciudades y provincias enteras confinadas. El confinamiento de los 60 millones de personas que habitan la provincia china de Hubei, así como el cierre completo de un país como Italia3, muestran poderosamente las distintas escalas del encierro: confinamiento en sus casas, en sus ciudades, en su Estado. El cierre de fronteras ha revitalizado los poderes soberanos del que se creía un Estado-nación fragmentado por los efectos desterritorializadores de la globalización4. Esta nosopolítica5 global otorga poderes a los gobiernos sobre el espacio y los cuerpos que resultarían impensables en la apacible —pero al mismo tiempo violenta— cotidianidad de las ciudades cosmopolitas celebradas por la era de la globalización. A escala del gobierno nacional, se penaliza a aquel que salga a la calle, se prohíben las reuniones y se suspende la vida cotidiana, desde los eventos deportivos hasta la disciplina diaria de los colegios y las universidades. El toque de queda aparece nuevamente en la escena del control social. Quizá en esto la muy criticada —tal vez por aludir a la “invención de la epidemia” — lectura de Agamben sobre el reemplazo del estado de excepción por el estado pandémico como sueño totalitario tenga mucho de razón. El covid-19 es a la ciudad global lo que la peste fue a la emergencia del panoptismo narrado por Foucault.
Es todavía pronto para establecer con certeza —si es que esto ha sido alguna vez posible— los efectos de esta pandemia global en los cimientos de las sociedades en la era de la globalización. Como bien lo señala Žižek6, los golpes de la pandemia a nuestra vida cotidiana pueden llevar a una transformación definitiva del esquema capitalista, a la reinvención del comunismo y a profundizar la virtualización de las relaciones sociales. La pandemia ha logrado lo que no han conseguido años de movilización ambiental global: reducir las emisiones de gases con efecto invernadero7. Al mismo tiempo, la liquidez, como condición de fluidez y velocidad de las sociedades contemporáneas según Bauman8, se puede convertir en un caudaloso torrente donde la presencia física es potencialmente mortífera. Por ello Žižek se pregunta si estaremos seguros en la casi inevitable realidad virtual a la que nos empuja el covid-19.
Todos estos efectos tempranos de la pandemia se unen a la emergencia de una nueva ética de cuidado de sí que ordena lavarse las manos cada tres horas y la cuarentena voluntaria y responsable, así como evitar los contactos físicos. Los gobiernos inician campañas de desinfección de las calles, del transporte y los sitios públicos, con mayor intensidad que la vista anteriormente. La ciudad limpia es la ciudad sana. La ciudad sana es una ciudad virtual. El espacio público, en el nuevo mundo pandémico, se desvanece. Ya no hay corredores seguros en las ciudades.
Este magnífico libro, Del Estado al parque, que aparece en medio de la pandemia global, cuenta con rigor el sueño de la ciudad latinoamericana que aspira a insertarse en el mundo de los intercambios globales. La ciudad limpia, que busca generar interacciones saludables en un espacio público que es, al mismo tiempo, lugar de ciudadanía y dispositivo de control social, se basa en una nueva cartografía del espacio urbano moldeada por la identificación de las desviaciones, de los individuos que la contaminan y de las zonas de presencia del delito. Nuevas tecnologías se implantan, desde las cámaras de vigilancia, pasando por los asentamientos policiales y los hotspots, hasta llegar a la transformación de dispositivos urbanos —como el parque—, para producir una intersección entre distintas escalas de gobierno del crimen que definen la forma en que los cuerpos pueden circular por, y aparecer en, las calles libres de la amenaza delictiva.
La lectura de esta juiciosa descripción de la ciudad como locus y dispositivo de control del crimen y las desviaciones, que realiza Fernando Tamayo, es indispensable para comprender cuál es el estado de normalidad de lo urbano en el contexto de la globalización y la gestión que se realiza del espacio público en términos de limpieza, estética y seguridad. Pero también es indispensable para comprender la ciudad en estado de pandemia. La ciudad clausurada, con sus espacios públicos vacíos y el confinamiento voluntario, se asienta sobre la estructura material y simbólica de la metrópoli latinoamericana, atrapada entre los retos locales de gobierno del crimen y las exigencias globales de limpieza y seguridad cotidianas, que busca una respuesta en la edificación del parque como nuevo dispositivo de construcción de ciudadanía y control del delito. En ambas ciudades, la limpieza como proyecto político es indispensable. El parque, lleno o vacío, su expresión espacial más clara.
Libardo José Ariza
1 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Trad. por Aurelio Garzón del Camino (México D.F.: Siglo XXI Editores, 2014), 230.
2 “Situation update worldwide, as of March 2020 08:00”, European Centre for Disease Prevention and Control, acceso 17 de marzo de 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
3 Eve Conant, “Here´s what a massive coronavirus lockdown would look like in the U.S.”, National Geographic, 13 de marzo de 2020, https://www.nationalgeographic.com/history/2020/03/60-million-person-coronaviruslockdown-united-states/
4 Al respecto, ver los trabajos clásicos de Konichi Ohmae, The End of Nation State (New York: Free Press, 1998); Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignity in an Age of Globalization (New York: Columbia University Press, 1996).
5 Foucault define la nosopolítica como aquel régimen de saber-poder que busca alcanzar “la desaparición de las grandes epidemias”, así como la reducción de la tasa de morbilidad y el aumento de la expectativa de vida. Para ello, considera que son claves “las intervenciones sobre el espacio urbano, ya que constituye el medio más peligroso para la población. La ciudad con sus principales variables espaciales aparece como objeto de medicalización” (Michel Foucault, Saber y Verdad [Madrid: Ediciones la Piqueta, 1991], 99).
6 Slavoj Žižek, “Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism and could lead to reinvention of communism”, RT, 27 de febrero de 2020, https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/.
7 Rebecca Wright, “There’s an unlikely beneficiary of coronavirus: The planet”, CNN World, 17 de marzo de 2020, https://edition.cnn.com/2020/03/16/asia/china-pollution-coronavirus-hnk-intl/index.html.
8 Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida. Trad. por Mirta Rosenberg (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2015).
INTRODUCCIÓN
A mediados de 2014 me dirigí a la ciudad de Bogotá para iniciar mis estudios doctorales, sin llevar una idea clara de cómo era la ciudad o qué investigación me interesaba realizar. Por un lado, aunque había estado algunas veces en Bogotá, las cortas estancias en la capital, casi siempre por trabajo o placer, me habían impedido conocerla y sentir que podía leer el terreno. Por otro lado, si bien las decisiones que me habían llevado a comenzar la aventura doctoral y a elegir a Bogotá como el lugar indicado para dicho proyecto se fundamentaban en un interés en profundizar cuestiones relacionadas con la manera en que se gobierna el crimen y sus formas específicas en las ciudades latinoamericanas, para aquel momento no tenía ninguna idea concreta sobre el tipo de investigación que quería conducir.
El primer día en la universidad fue, en general, similar a la experiencia que cualquier primíparo tendría al comenzar estudios de cualquier nivel universitario, pero hubo un evento de aquellos que, sin saberlo, suelen marcar las decisiones que se toman en el futuro y que decidiría el rumbo de mi investigación. En medio de las actividades que la institución había preparado como bienvenida, estaba programada una charla de inducción para los estudiantes que iniciaban aquel día sus estudios. Esta actividad, común en muchos lugares, era un rito que reunía a los estudiantes para mostrarles las credenciales de la universidad, el privilegio que conllevaba ser elegido por la institución para cursar allí sus estudios, los servicios a los que podían acceder por estar matriculados y los deberes que adquirían como alumnos y futuros egresados.
Cerca del final de la ceremonia de inducción sucedió algo completamente diferente a lo que había pasado en mis experiencias anteriores en otras instituciones. Luego de los procedimientos tradicionales para conocer la historia, el prestigio, los servicios y reglamentos de la institución, se dio espacio al jefe de seguridad privada de la universidad, quien debía explicar diversas reglas que servirían para tener un camino sin riesgos durante la realización de nuestros estudios. La participación del jefe de seguridad no carecía de sentido si se consideran dos situaciones, en primer lugar, que más del 30 % de los estudiantes de pregrado no son bogotanos1, es decir que resulta posible suponer que gran parte de estos no conocen la cartografía de la ciudad con la misma precisión que quienes son procedentes de esta2. En segundo lugar, la localización de la universidad en el centro la ubica en uno de los espacios con mayores cifras de criminalidad en toda la capital3, lo que hacía que la “educación en seguridad” tuviera, cuando menos, algún sentido desde el punto de vista de la administración universitaria.
La intervención del jefe de seguridad inició dando pequeños consejos tales como: “no dejen sus cosas de valor sobre las mesas de estudio”, “estén atentos a comportamientos sospechosos”, “conserven sus carnés universitarios lejos de la vista de extraños para que no conozcan sus datos”. Después de estas advertencias, que se ofrecían como parte de un sentido común4 de autocuidado, se comenzó a hablar de situaciones que ya no eran evidentes —o mejor, no formaban parte de aquellas conductas que, pretendidamente, cualquier persona razonable llevaría a cabo—, pues para conocerlas se necesitaba tener información que no estaba disponible para los estudiantes —asumiendo que, al parecer, sí disponían de elementos para identificar “comportamientos sospechosos”—.
El orador comenzó a desplegar ante los “primíparos” una serie de fotografías y mapas sobre los alrededores de la universidad. En estos se detallaba la geografía que rodeaba la institución y, con colores y flechas, se señalaban los espacios que eran seguros para transitar. El jefe de seguridad afirmaba que el cordón de vigilancia construido por la seguridad privada de la institución, en colaboración con la Policía Nacional y otras universidades del centro de la ciudad, podía garantizar la protección de los estudiantes siempre que estos permanecieran en los corredores seguros, los cuales permitían movilizarse entre los diferentes ingresos a la Universidad y las zonas donde se podía tomar el transporte público o acceder a parqueaderos para los vehículos privados; mientras la opción contraria, abandonar los corredores seguros, podía derivar en la interacción con comportamientos indeseados, como la mendicidad, o delitos como la oferta de estupefacientes o, el que se mostraba más probable y amenazante, el hurto. Por eso, la administración universitaria invitaba a “no dar papaya” y a cuidarnos “entre todos”.

Figura 1. Corredores seguros Universidad de los Andes
Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.
Luego de cada una de las demostraciones cartográficas que señalaban alguna de las calles, esquinas o parques como peligrosos se enseñaron fotografías de dichos lugares para permitir a los estudiantes familiarizarse con los espacios. Cada espacio inseguro era no solo cartografiado, sino graficado y comparado con espacios seguros para permitir a los estudiantes acceder al conocimiento especial del que disponían los organismos de seguridad de la universidad sobre los lugares que debían usar si querían mantenerse a salvo, y construir un sentido común basado en dicha información. Por un lado, los espacios inseguros se mostraban como límites artificiales para el movimiento caracterizados por su soledad y abandono. Por otro lado, los espacios seguros se caracterizaban por la concurrencia de personas, la buena visibilidad y la presencia policial.
Mientras escuchaba los consejos de seguridad pensaba en lo extraño de aquella situación, pues no recordaba que antes se me hubiera enseñado a identificar los espacios inseguros en esta forma. Pero también notaba que las imágenes de los sitios peligrosos alrededor de la universidad se parecían mucho a lugares que había evitado antes, o tal vez los había transitado en medio del nerviosismo o por la rebeldía que implicaba ocuparlos.

Figura 2. Fotografía callejones inseguros
Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.

Figura 3. Patrullaje policial en frontera entre callejones seguros e inseguros
Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.
Pensé en la forma en que había obtenido los conocimientos sobre los espacios seguros e inseguros en los lugares que me eran más familiares y encontré que, al final, estos también los había construido a través de mapas e imágenes obtenidas a partir de mi experiencia personal y mis interacciones cotidianas. A través de los consejos de mis padres y de las conversaciones con amigos que habitaban en barrios distintos de la ciudad había desarrollado un conocimiento cartográfico de Medellín y una imaginación estética sobre la forma en que lucían los espacios peligrosos, sin detenerme a pensar en las razones que me llevaron a construir dicha visión, o por qué el mismo conocimiento que había obtenido en aquella ciudad, ahora me resultaba útil para leer los espacios bogotanos. Este conocimiento me permitía no solo moverme con facilidad —y seguridad— en los terrenos que mejor conocía, sino construir un sentido común que me resultaba extrapolable a otras situaciones.
Si bien la exposición del conferencista tenía características similares al proceso por el cual yo mismo había conformado mis propios mapas para leer los espacios que frecuentaba, me resultaba completamente nuevo que fuera una institución universitaria la que brindara una información que antes había obtenido a través de relaciones cotidianas con amigos y familia. Por primera vez, el conocimiento para leer el espacio que antes derivaba de mis propias experiencias e interacciones con personas cercanas aparecía institucionalizado y acompañado de un “experto” en la cartografía local de la seguridad, con la intención de ayudarme a comprender una geografía desconocida.
Sin anticiparlo en aquel momento, las preguntas que se me ocurrían serían las que moldearían mi propia investigación doctoral: ¿por qué la universidad me está dando esta información?, ¿qué haría para conocer el terreno si no se me hubiera dado dicha información?, ¿por qué identificaba los espacios solitarios con el peligro a partir de meras intuiciones?, ¿por qué tomaba medidas de precaución en mi vida cotidiana similares a las que recomendaba la administración universitaria?, entre otras cuestiones. Cuando comencé a investigar el tema me percaté de que mi experiencia en aquella inducción universitaria podía ser común en otros contextos donde la preocupación por los espacios seguros y el control del crimen parecían tener rasgos comunes, y lo que era un ejercicio de reflexión para comprender la forma en que yo había estado evitando ciertos espacios durante mi vida terminó por despertar un interés académico sobre la manera en que el crimen es gobernado y sobre los mecanismos institucionales utilizados para construir en los individuos un conjunto de recetas para leer cotidianamente la cartografía de la seguridad en las ciudades.
El primer paso para comprender las técnicas que inconscientemente había venido utilizando para reducir las posibilidades de ser víctima de un crimen era construir un conocimiento que me permitiera reflexionar sobre ellas a un nivel teórico. En esta tarea, tal como el título del libro y el párrafo anterior sugieren, la idea de gobernar sería fundamental para dar forma a mis análisis5. Mis primeras aproximaciones a la idea de gobernar fueron los textos de Foucault en un curso sobre el tema que había tomado al iniciar mi carrera universitaria. Teniendo en cuenta que no comprendí muy bien el asunto —algo que posiblemente se hubiera solucionado si hubiera ido a las clases, o realizado adecuadamente las lecturas del curso—, las implicaciones de la definición de gobierno propuesta por el francés no me quedarían claras —o, al menos, medianamente perceptibles— hasta que leí el libro de Simon, Gobernar a través del delito6, lo cual me obligó a revisitar las nociones sobre gobierno y poder de Foucault. Más allá de las múltiples complejidades que pueden derivarse de las nociones anteriores, para el presente texto decidí seguir la idea de que el “‘Gobierno’ no se refería únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los Estados; más bien designaba el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos”7. En últimas, partí de la premisa de que gobernar es una acción dirigida a configurar el campo de acción dentro de un contexto específico, un intento de conducir lo que los individuos o grupos hacen o dejan de hacer en espacios y momentos históricos determinados.
La idea de gobierno está profundamente ligada a la de poder. Para ser eficiente, la capacidad de una acción de gobernar depende de la construcción de poder en que esta se soporte. La noción de poder de Foucault, como su definición de gobierno, está desligada de las estructuras estatales. El poder no es una capacidad del leviatán sino un hecho y, aunque esto ciertamente amplía el espectro de las posibles formas de ejercerlo, no da aún una definición clara de lo que el poder es. Esta ausencia de una caracterización conceptual del término se debe a que la misma idea de poder de Foucault parecía eludir todo esfuerzo de conceptualización unificadora. No existe “el poder”, existen “los poderes”, por lo que cada poder debe ser caracterizado según su especificidad8. Con todo, de forma general, la idea de poder en Foucault puede caracterizarse como un conjunto de conocimientos, estructuras, instituciones o relaciones que en contextos específicos pueden ser utilizadas por los sujetos como herramientas para conseguir unos objetivos más o menos definidos que se han propuesto9.
Con el marco anterior, la preocupación general que tenía por los mecanismos de gobierno del crimen y los poderes en que estos se soportan comenzó a tomar una forma más concreta. A medida que iba delimitando el tema descubrí que existían muchos asuntos que me interesaban, pero cuya investigación resultaba bastante complicada, más aún teniendo en cuenta que mi formación académica estaba centrada en el conocimiento técnico del derecho antes que en la comprensión de fenómenos sociales —o, por demás, del derecho mismo como realidad social—. Esto trajo consigo un reto teórico y metodológico que derivó en la elección de disminuir las pretensiones que inicialmente me había trazado, dirigidas a comprender la forma en que se construyen técnicas de autogobierno del crimen en la vida cotidiana —o mejor, el intento de comprender la forma en que yo las había construido durante mi vida—, para, en su lugar, buscar estudiarlas a través del conocimiento de la forma en que el crimen es gobernado en las ciudades. La elección por comprender el gobierno del crimen en las ciudades era, también, inalcanzable —sin mencionar ingenua—; sin embargo, gracias a la adecuada orientación recibida y las discusiones sostenidas con colegas, pude materializar mi interés a través de la limitación de la investigación a un estudio de caso de la ciudad de Bogotá, y el enfoque teórico y metodológico a través del análisis multiescalar de la gobernanza.
La elección de Bogotá como espacio para la realización de la investigación del gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas estuvo condicionada por dos factores. El primero de ellos, que resulta obvio en muchas investigaciones, era la facilidad personal —pues era la ciudad en que me encontraba viviendo— y financiera —pues los recursos para la realización de investigaciones no siempre abundan— para conducir el estudio en dicho espacio; y el segundo, más importante aún, que Bogotá se había convertido en un ejemplo mundial de la “buena gobernanza” del crimen y era tomado como un modelo exitoso de la forma en que las administraciones locales pueden mejorar las condiciones de seguridad en los grandes enclaves urbanos. El caso del “milagro” bogotano se soporta principalmente en la reducción de las cifras de homicidios que tuvo lugar en los años noventa y comienzos del nuevo milenio. Aunque es posible discutir si fueron las políticas locales las que determinaron esta disminución, el mito ha sido construido sin tener en cuenta dicha situación, por lo que se adjudicó a la administración local el triunfo en materia de seguridad10.
Bogotá resultaba relevante, además, por dos aspectos. Por un lado, y como se verá en el texto, en la ciudad —y en general, en el país— se habían puesto en acción una serie de estrategias de gobierno del crimen implementadas en ciudades del norte global, bien porque estas eran trasladadas por centros —o sujetos— de difusión de pensamiento o por la directa incidencia de algunas instituciones foráneas que, además, resultaban comunes a otras ciudades latinoamericanas11. Por otro lado, Bogotá comparte una experiencia común a otras ciudades latinoamericanas en cuanto a su preocupación por erigirse como ciudades globales12, lo cual implica prácticas compartidas que se extienden por todo el continente y otras latitudes en el marco del neoliberalismo13.
Aunque la decisión sobre la realización del estudio de caso de Bogotá parecía sencilla, este era solo el primer paso en la elaboración del marco teórico y metodológico apropiado para leer el gobierno del crimen en la ciudad. Esto último resultó mucho más complicado, no solo por mi falta de experiencia en la realización de este tipo de investigaciones, sino porque cada texto, cada enfoque y cada autor que leía me abrían nuevas perspectivas de análisis que no conseguía agrupar de manera adecuada. Ante esta situación, opté por un análisis multiescalar de la gobernanza, que implicaba partir de un estudio espacial de los poderes utilizados para gobernar Bogotá y las diferentes interacciones entre estos, lo que llevó a examinar la manera en que las escalas de gobierno transnacional, nacional y local —y las microescalas de gobierno que se constituyen en los microespacios contenidos en Bogotá— moldeaban una forma específica de gestionar la criminalidad en la ciudad. La falta de capacidad para explicar este modelo analítico en pocas palabras, y la ausencia de textos académicos en materia de gobierno del crimen que explicaran un modelo similar, fueron centrales en la construcción del capítulo I. En este, apoyándome en textos que analizan la gobernanza en otros campos de una manera similar a la que se utiliza en la literatura para estudiar el crimen, detallo la perspectiva con la cual se ha realizado la investigación —en caso de que ya exista alguna familiaridad con las ideas de gobierno y con los análisis multiescalares y sus implicaciones, propongo al lector saltar directamente a los capítulos siguientes—.
A partir de las herramientas teóricas y metodológicas ofrecidas se muestra cómo el gobierno del crimen ha venido mutando desde los años ochenta del siglo pasado y cómo, a partir de mediados de los años noventa, dicho cambio se ha acelerado vertiginosamente hasta constituir las técnicas contemporáneas usadas en ciudades como Bogotá. En el caso colombiano —algo que creo se replica en varios contextos latinoamericanos— este cambio ha sido alimentado por el proyecto neoliberal que tuvo lugar después del Consenso de Washington —el cual se ha manifestado de diversas formas, que van desde la gentrificación hasta la ejecución de proyectos de reforma institucional, pasando por el refuerzo de la protección a la propiedad privada, el fortalecimiento de las asociaciones privadas y la difusión de ciertas formas de conocimiento y gobierno—, la expansión de la demografía urbana, la larga historia de conflicto armado —la cual tiene implicaciones similares a la experiencia de dictadura y posdictadura de otros país del cono sur—, la descentralización de las funciones estatales y el crecimiento de los poderes locales, la creciente importancia de la ciudad como escenario prototípico de la vida contemporánea y la expansión del uso de la prisión.
Lo anterior ha permitido que viejas instituciones y técnicas de gobierno del crimen sean reinventadas —y legitimadas— a través de nuevos discursos y, a su vez, nuevas instituciones y técnicas de gobierno del crimen hayan aparecido en la vida cotidiana de los habitantes. Por un lado, lo que podrían denominarse como las “viejas costumbres” usadas para gobernar el delito, ligadas principalmente con la fuerza, la represión y el uso de la justicia penal, se fortalecerían a través del incremento de las detenciones por la comisión de crímenes, lo que contribuiría a la rápida expansión de la población sometida al aparato carcelario —y, en general, de la ejecución de las penas y medidas de aseguramiento—. Esta expansión del aparato penal ha implicado, sin duda, el retroceso no solo de los derechos constitucionales de los perseguidos por la justicia, sino que ha servido como mecanismo de exclusión generalizada de una porción importante de la población vertida en cárceles con condiciones infrahumanas.
Por otro lado, la implementación de unas “nuevas costumbres” de gobierno ha creado un sistema de control centrado en la prevención estatal, privada e individual del crimen. Esta aparición de nuevas instituciones y mecanismos para controlar el crimen se manifiesta a través de formas extremas de control —y autocontrol— y exclusión que son soportadas en la construcción de sujetos problemáticos que se supone deben ser eliminados de ciertos espacios para garantizar la seguridad, en una axiología específica sobre las acciones permitidas y prohibidas en los espacios públicos, en una vigilancia férrea de los lugares compartidos —públicos y privados—, en una reorganización de la economía urbana, en la creciente importancia del consumo de la ciudad como espacio y en el fortalecimiento de mecanismos administrativos de sanción. En este ámbito, en torno al parque como manifestación principal del espacio público se organizan una serie de medidas de gobierno —y autogobierno— que, aunque parecen ser menos punitivas que el uso del aparato carcelario, tienen una extensión e impacto mucho mayor en la vida cotidiana de los ciudadanos, pues no solo limitan una cantidad importante de derechos, sino que moldean las percepciones de estos sobre lo adecuado e inadecuado, y crean patrones de comportamiento que se soportan, ya no necesariamente en la fuerza, sino en la propia libertad de decisión de los individuos.
Para dar algo de sentido a las ideas anteriores, en el capítulo II muestro la forma en que la estructura administrativa de gobierno del crimen fue reorganizada en Colombia. En esta parte del texto estudio las relaciones entre la administración de la ciudad de Bogotá, el gobierno nacional y diferentes poderes y fenómenos transnacionales, que permitieron la consolidación de una institucionalidad de gobierno del crimen al nivel de la ciudad y la reorganización de los poderes/saberes dispuestos para fundamentar los poderes encargados de controlar el crimen. Así mismo muestro cómo, de la interacción entre las administraciones nacional y municipal, se derivó la creación de un modelo mixto para gobernar el crimen que busca construir herramientas de cooperación que faciliten la satisfacción de los objetivos de las diferentes escalas de gobierno que operan en el mismo espacio geográfico.
En el capítulo III me ocupo de analizar esta misma relación, pero con énfasis en el sistema penal, por ser este el principal referente del poder punitivo nacional. En el mismo, expongo la influencia transnacional sobre el sistema penal colombiano, los mecanismos de cooperación, los eventos de enfrentamiento entre los poderes locales y nacionales en materia punitiva, y la forma en que la capital del país logró construir una estructura de gobierno del crimen paralela a —pero aún apoyada en— el Estado central. También analizo las consecuencias que este modelo punitivo de gestión de la criminalidad ha tenido para las libertades de los ciudadanos.
En el capítulo IV me encargo de estudiar la manera en que las transformaciones documentadas en los capítulos II y III se materializan en la vida cotidiana a través de una distribución particular de los recursos de control del delito y la incorporación de mecanismos de autogobierno del crimen, lo cual es permitido a través de la construcción de una ética y estética del gobierno del crimen en la ciudad que hacen comprensible para los ciudadanos una información que, a nivel gubernamental, es tecnificada y compleja.
Por último, el capítulo V está pensado como una conclusión poco tradicional del texto. La decisión de no plantear unas conclusiones “ortodoxas”, entendidas estas como un simple balance de los hallazgos de la investigación, se debe a dos motivos: en primer lugar, que cada capítulo cuenta con un aparte de conclusiones en las cuales se sintetizan los hallazgos consignados en cada uno de ellos y, en segundo lugar, que la perspectiva asumida en el capítulo primero obliga a que, más que desenlaces, se muestre un análisis amplio derivado de la conjunción de las herramientas teóricas y metodológicas aplicadas y los hallazgos encontrados. Por ello, este capítulo se encarga de mostrar, a la vez, una interpretación sobre el gobierno del crimen en la ciudad de Bogotá, los retos que implica estudiarlo en las ciudades contemporáneas —especialmente aquellas del sur global que comparten características con la capital colombiana—, y las consecuencias que los hallazgos de la investigación —y el modelo analítico aplicado— tienen a la hora de diseñar estudios sobre la criminalidad.
1 Cuando se revisan las cifras de ingreso a la Universidad de los Andes se encuentra que entre los años 2007 y 2017 fueron admitidos más de 30 % de estudiantes cuyo lugar de residencia se encontraba fuera de Bogotá, la cifra más es baja 31 % (semestre 2009-1) y la más alta 49,8 % (semestre 2017-2), con promedios de 34,4 % —entre 2012 y 2017— y 32 % —entre 2009 y 2012—. En el semestre 2014-2, en el cual tuvo lugar la inducción de la que hablo, ingresaron 1.461 estudiantes nuevos (en pregrado), de los cuales 32 % provenían de lugares distintos a Bogotá (cfr. Universidad de los Andes, Boletín estadístico 2017 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2017]; Boletín estadístico 2014 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2014]; Boletín estadístico 2007 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2007]).
2 Este supuesto es ilustrativo, pero no puede pensarse como una prueba definitiva, pues ni vivir en Bogotá implica el conocimiento de todos los sectores de la ciudad, teniendo en cuenta la envergadura de la capital del país, ni ser de otro lugar del país implica desconocerla. Con todo, desde el punto de vista de la administración universitaria, que no puede preguntar individualmente por los conocimientos del sector, tiene sentido hacer una inducción sobre la geografía circundante a la universidad cuando se recibe una cantidad tan grande de estudiantes que provienen de afuera de Bogotá.
3 Según las cifras del año inmediatamente anterior a la inducción, la localidad de Santa Fe era la tercera con mayor cantidad de hurto a personas (delito que más preocupaba a la administración universitaria), con una tasa de 1.617 hurtos por cada 100.000 habitantes, superado solamente por las localidades de La Candelaria (también ubicada en el centro de la ciudad y limítrofe con la localidad de Santa Fe) con 2.363 y Chapinero con 1.800 (Cámara de Comercio de Bogotá, Observatorio de seguridad en Bogotá No 46: junio de 2014 [Bogotá: Cámara de Comercio, 2015], 37).
4 La idea de “sentido común” tiene que ver con la propuesta analítica de Berger y Luckmann para el conocimiento de la vida cotidiana. Según ellos, los individuos construyen recetas sobre cómo actuar en la vida cotidiana, lo que hace surgir ese sentido común (Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad [Buenos Aires: Amorrortu, 2012], 34-63). En materia de gobierno del crimen, un buen ejemplo de la forma en que la idea de sentido común ha sido utilizada aparece en los textos de Wilson: “El ciudadano promedio difícilmente necesita ser persuadido de que el crimen será cometido más frecuentemente si, en las mismas circunstancias, este reporta más ganancias comparado con otras formas de pasar el tiempo. De acuerdo con esto, el ciudadano promedio piensa que es obvio que la razón por la cual el crimen aumenta es porque se está haciendo más fácil escaparse de sus consecuencias. Bajo el mismo razonamiento, el ciudadano promedio piensa que una buena forma de reducir el crimen es hacer más costosas las consecuencias del crimen para el infractor (con penas más rápidas, más ciertas y más severas), o hacer que las alternativas al crimen sean más valiosas (aumentando la disponibilidad y el salario por hacer trabajos legítimos), o ambas cosas”. (Traducción libre del texto “The average citizen hardly need to be persuaded of the view that crime will be more frequently committed if, other things being equal, crime becomes more profitable compared to other ways of spending one’s time. Accordingly, the average citizen thinks it obvious that one major reason why crime has gone up is that people have discovered it is easier to get away with it; by the same token, the average citizen thinks a good way to reduce crime is to make the consequences of crime to the would-be offender more costly (by making penalties swifter, more certain, or more severe), or to make value alternatives to crime more attractive (by increasing the availability and pay of legitimate jobs), or both”) (James Wilson, “Penalties and opportunities”, en A reader on punishment, ed. por Antony Duff y David Garland [New York: Oxford University Press, 1995], 177). Esta visión estaría fundada en las teorías del control, cuyo soporte empírico suele basarse en supuestos poco fundamentados (Marcus Felson y Ronald V. Clarke, “Opportunity makes the thief”, Police Research Series 98 [1998]). Por su parte, Wilson no ofrece una explicación de por qué los ciudadanos piensan esto, o alguna prueba de que ello sea efectivamente así, sino que asume que sus intuiciones son extensibles sin mayor elaboración. En esta investigación, para evitar caer en la generalización de aquel autor, siguiendo la senda de Berger y Luckmann se intentará mostrar la forma en que el sentido común es construido en Bogotá a partir de la distribución de recursos de gobierno del crimen y la creación de una forma específica de razonar sobre el crimen en las actividades diarias.
5 Tampoco puedo desestimar la importancia que tuvieron los textos de Bordieu, Wacquant y Wright Mills sobre la posibilidad —y necesidad— de analizar las propias posiciones y acciones para comprender las realidades en que uno mismo se encuentra insertado (Pierre Bordieu, Homo Academicus. Trad. por Pablo Tovillas [Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008]; Pierre Bordieu y Löiq Wacquant, Una invitación a la sociología reflexiva. Trad. por Ariel Dilon [Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005]; Charles Wright Mills, La imaginación sociológica. Trad. por Florentino M. Torner [México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010]).
6 Jonathan Simon, Gobernar a través del delito. Trad. Victoria de los Ángeles Boschiroli (Barcelona: Gedisa, 2011).
7 Michel Foucault, “El sujeto y el poder”, Revista Mexicana de Sociología 50, n.° 3 (1988): 3-20, 15.
8 Precisamente, toda la obra de Foucault es un esfuerzo por caracterizar diferentes tipos de poderes, como el punitivo (Foucault, Vigilar; Michel Foucault, The punitive society: lectures at the College de France 1972-1973 [New York: Palgrave McMillan, 2015]) o el estatal administrativo-policivo-militar Michel Foucault, Defender la sociedad. Trad. por Horacio Pons [Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014]) entre otros.
9 La definición de poder aquí ofrecida es fruto de la revisión de diversos textos de Foucault, sin embargo, los que mayor influencia presentaron para la construcción de esta definición fueron: Michel Foucault, La microfísica del poder. Trad. por Julia Varela y Fernando Álvarez Uría (Madrid: La Piqueta, 1992); “El sujeto y el poder”; Historia de la Locura en la época clásica I. Trad. por Juan José Utrilla (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998); La verdad y las formas jurídicas. Trad. por Enrique Linch (Barcelona: Gedisa, 2011); Vigilar; Defender. Entre los anteriores, los dos textos referidos inicialmente son los que presentan los intentos más claros de definir lo que el poder significa como concepto abstracto, por encima de la definición de cada poder en específico. Así mismo, para delimitar la definición, fue importante el texto de Valverde sobre el tema (Mariana Valverde, Michel Foucault [New York: Routledge, 2017]).
10 Al respecto, véanse Ariel Ávila Martínez, “Gestión de la seguridad en Bogotá”, en Violencia Urbana, ed. por Ariel Ávila Martínez, Jorge Giraldo-Ramírez, José Antonio Fortou et al. (Bogotá: Aguilar, 2014), 23-65; Gerard Martin y Miguel Ceballos, Bogotá: anatomía de una transformación (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004). Algo similar ocurre con el caso del milagro neoyorquino, el cual es también bastante cuestionable (cfr. Franklin E. Zimring, The city that became safe: New York and the future of crime control [New York: NYU School of Law, 2011]).
11 Al respecto, muchas de las técnicas halladas en la ciudad de Bogotá, que serán presentadas en este texto, resultaban similares a las detectadas en las ciudades brasileñas (cfr. Teresa P. R. Caldeira, City of walls [Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 2000]; Eduardo Paes-Machado y Charles Levenstein, “‘I’m sorry everybody but this is Brazil’: Armed robbery on the buses in Brazilian cities”, British Journal of Criminology 44 [2004]: 1-14; Löiq Wacquant, “Toward a dictatorship over the poor? Notes on the penalization of poverty in Brazil”, Punishment & Society 5, n.° 2 [2003]: 197-205), argentinas (cfr. Máximo Sozzo, Inseguridad, prevención y policía [Quito: Flacso, 2008]; Máximo Sozzo, “¿Metamorfosis de la prisión?: Proyecto normalizador, populismo punitivo y ‘prisión-depósito’ en Argentina”, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 1 [2007]: 88-116; Gabriel Kessler, El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito [Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2011]), chilenas (cfr. Frühling Hugo, Policía comunitaria y reforma policial en América Latina. ¿Cuál es el impacto? [Santiago de Chile: CESC-Universidad de Chile, 2003]; Paola Jirón y Pablo Mansilla, “Las consecuencias del urbanismo fragmentador en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Santiago de Chile”, Eure 40, n.° 121 [2014]: 5-28; Maria Elena Ducci y Loreto Rojas, “La pequeña Lima”: nueva cara y vitalidad para el centro de Santiago de Chile”, Eure 36, n.° 108 [2010]: 95-121; Lucía Dammert, Violencia criminal y seguridad ciudadana en Chile [Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas, 2005]) y mexicanas (cfr. Markus-Michael Müller, The punitive city: privatized policing and protection in neoliberal Mexico [London: Zed Books, 2016]; Carlos J. Vilalta Perdomo, “El miedo al crimen en México. Estructura lógica, bases empíricas y recomendaciones iniciales de política pública”, Gestión y Política Pública 19, n.° 1 [2010]: 3-36; Diane E. Davis, “El factor Giuliani: delincuencia, la “cero tolerancia” en el trabajo policiaco y la transformación de la esfera pública en el centro de la ciudad de México”, Estudios Sociológicos 25, n.° 75 [2007]: 639-681; Elena Azaola, Crimen, castigo y violencias en México [Quito: FLACSO, 2008]; José Luis Solís González, “Neoliberalismo y crimen organizado en México: el surgimiento del Estado narco”, Frontera Norte 25, n.° 50 [2013]: 7-34).
12 Saskia Sassen, “The global city: introducing a concept”, Brown Journal of Global Affairs XI, n.° 2 (2005): 27-43.
13 Entendido como una teoría de economía política que propone que el bienestar de los ciudadanos puede ser conseguido a través de la maximización de libertades y del aprovechamiento de habilidades, enmarcados en un contexto de protección fuerte de los derechos de propiedad, libre mercado y libre comercio (cfr. David Harvey, A brief history of Neoliberalism [New York: Oxford University Press, 2007]).
Capítulo I.
MULTIESCALARIDAD Y GOBIERNO DEL CRIMEN
En 1984, en un pequeño barrio de la ciudad de Nápoles, cientos de personas se reunieron para contemplar un fenómeno que resultaba a la vez común e inusual. La muchedumbre se había congregado en torno a un terreno vacío para ver un grupo de hombres que corría detrás de un balón. La tarde lluviosa había humedecido la tierra haciendo que el pasto y el barro se mezclaran para crear un escenario que aun así no enlodaría la mágica velada.
Alguien que hubiera cruzado por el lugar mientras aquello sucedía hubiera podido, con cierta facilidad, llegar a la conclusión de que se trataba de un partido de fútbol. El conocimiento de un fenómeno tan popular como el fútbol permitía leer aquel espectáculo a través de ciertas claves: hinchada, jugadores, goles. Además, con estas pautas, alguien sin mucho conocimiento sobre fútbol podía imaginarse que lo que pasaba allí posiblemente tenía bastante relevancia, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se encontraba reunida.
Supongamos por un momento que nuestro peatón no es el sujeto propuesto en el párrafo anterior, sino un napolitano aficionado al fútbol. Seguramente, lo primero que podría llamar su atención sería la presencia de varios de los jugadores profesionales que jugaban para el equipo local y, probablemente, su atención pasaría a ser asombro al ver entre los jugadores de aquel partido a quien era considerado uno de los mejores del mundo. Sin embargo, ni siquiera aquel aficionado impresionado por ver a Diego Armando Maradona1 jugando en un pequeño barrizal napolitano notaría algo peculiar y es que, a pesar de todas las señales que indicaban un significado, lo que allí sucedía no era un partido de fútbol.
A pesar de que la situación parecía hablar por sí sola, los antecedentes de aquel suceso tenían información importante para descifrar lo que allí pasaba. Días antes de aquella reunión Maradona había solicitado a la Società Sportiva Calcio Napoli, equipo del cual formaba parte como futbolista profesional, la realización de un partido benéfico para apoyar económicamente a una familia local. Sin embargo, el equipo no accedió a la petición del futbolista argentino, lo que sería respaldado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). La decisión, tanto del club como de la FIFA, tenía consecuencias importantes2. Por un lado, la decisión del club y de la FIFA le impedía utilizar un espacio específico para realizar el partido: el Estadio San Paolo3; por otro lado, al tener Maradona el carácter de futbolista profesional debía someterse a las regulaciones de la FIFA y acatar la prohibición realizada para evitar sanciones disciplinarias.
Maradona decidió proceder con el partido. Para ello, el rompimiento de una regla bastaría para eludir el poder de la FIFA4. Aquel partido no sería, según lo disponen las reglas del fútbol establecidas por su máximo inquisidor, entre dos equipos de once jugadores, sino entre dos escuadras con doce jugadores. Aunque el partido se jugó siguiendo las demás reglas tradicionales del deporte, la presencia de un jugador más por escuadra hizo que, al menos a los ojos de la FIFA, aquello no fuera fútbol5. Para quienes este deporte es solamente un suceso del día a día, lo que sucedía era definitivamente fútbol, pero para quien estaba sometido a los poderes del fútbol profesional aquello no debía serlo.
La FIFA había definido unas reglas que gobernaban sobre el espacio y los sujetos. De esta manera, había dicho cuáles eventos podían ser considerados fútbol profesional y cuáles fútbol aficionado, había establecido unas normas de comportamiento que debían ser respetadas mientras se jugaba al fútbol, así como los lugares en que podía tenerse un encuentro profesional y los sujetos que podían considerarse futbolistas6. Con solo poner dos jugadores más su autoridad había sido fisurada.
Aquel día napolitano era una poderosa narración. Por un lado, mostraba el rostro de una asociación que había capturado un deporte para regularlo y monetizarlo, y la historia de un hombre que cuestionaba aquella estructura. Por otro lado, no solo desnudaba el poder de definición del máximo inquisidor del fútbol, sino que unía dos mundos, el del fútbol profesional, fuertemente regulado por la FIFA, con el día a día del fútbol callejero. Lo que pasaba era fútbol y a la vez no lo era; era único, pero era también parte de un fenómeno mucho más grande; escapaba del poder de la FIFA, pero a la vez lo mantenía presente en su solo deseo de eludirlo.
Cerca de treinta años más tarde, un suceso ocurría en las calles de Bogotá. Un hombre era detenido por la policía de camino a su trabajo, y otra historia se desplegaba para contar algo sobre el poder y la resistencia, sobre el espacio y los sujetos. Para quien escuche el cuento sin mucho detalle, esto sería un simple procedimiento rutinario de verificación por parte de un organismo policial que materializa más de cuarenta mil capturas anualmente en la ciudad7. Sin embargo, los gritos del sujeto detenido, que fueron viralizados a través de las noticias y las redes sociales, serían la entrada a una historia compleja en la que el impacto de asuntos globales y locales se amalgamaba en el gobierno del espacio público y el crimen para moldear las prácticas punitivas en la ciudad de Bogotá.
Por eso es que estoy piedro, por eso es que estoy piedro hijueputa, porque voy a trabajar. Voy a trabajar y me estás haciendo perder el tiempo. Por eso es que estoy piedro. Porque vos me pones problema aquí y el patrón también por llegar tarde, es por eso que estoy piedro. Puta, hombre ¿y por qué a ellos no los requisas? Porque ellos son blancos, porque son ciudadanos. ¿Por qué a ellos no los detienes y les preguntas sus papeles? Porque ellos sí son de esta ciudad, ellos sí son de aquí de la capital. Ellos no son sinónimos de peligro, ellos no representan el peligro para los ciudadanos. Claro ¿por qué no requisas a los otros?8
Con esta historia, lo que parecía una simple detención entre decenas de miles, pasaba a ser una narración —compartida por muchas otras personas detenidas— que evidencia asuntos globales y locales, y que contiene historias sobre el control de ciertas poblaciones, la acción policial selectiva, las preocupaciones por el peligro en los espacios públicos, la organización del espacio en las ciudades contemporáneas, el neoliberalismo, el sistema punitivo, la molestia del detenido por su detención y su afán por llegar al trabajo, y las razones de la policía para pedir los papeles a un hombre negro.
A la preocupación del detenido por llegar tarde al trabajo o por las represalias de su jefe, se unían inquietudes personales como tener dinero para sobrevivir y asuntos tan generales como el hecho de que cierto tipo de personas sean sistemáticamente sometidas al control policial en la ciudad de Bogotá9. En la detención realizada por los policías aparecían las narraciones —pretendidamente neutrales— de la soberanía, el crimen y la ciudadanía, así como se evidenciaba la forma en que las fuerzas del orden eran entrenadas para identificar a los sujetos sospechosos.
Por un lado, la detención era un microrrelato de los mecanismos de gobierno del crimen en los espacios públicos que se vienen implementando en Bogotá en las últimas décadas. De la forma en que se había dado prioridad a controlar los espacios con gran afluencia de personas y de la manera como la policía diferenciaba los sujetos por detener. De cómo ciertos modos de vestir, el color de la piel, la forma de caminar o el acento podían convertir a un sujeto en objetivo de vigilancia diferenciada10. De la consolidación de un proyecto de control represivo sobre ciertas acciones o sujetos para brindar seguridad y de cómo se identifican los riesgos en los espacios públicos para lidiar con el miedo en la ciudad.
Por otro lado, era la muestra de una tendencia global de implementación de cierto tipo de políticas. De cómo la batalla en contra de los comportamientos incivilizados, la persecución de cierto tipo de poblaciones, la detección de los factores de riesgo para la seguridad, la preocupación por la percepción ciudadana del riesgo delictivo, entre otros, se moldeaban en diferentes latitudes a fin de implementar técnicas similares para gestionar los espacios públicos y el crimen11. La detención de un hombre negro alertaba sobre las razones por las cuales estas prácticas y otras similares, tales como: el control de la pobreza ligado al neoliberalismo12, la necesidad de fortalecer el Estado en tiempos de debilitamiento de la soberanía central13 o la persecución de sujetos que no responden a ciertos estándares sociales de comportamiento o son sistemáticamente discriminados por el sistema punitivo14, no eran exclusivas de la ciudad de Bogotá.
Como aquel día napolitano que traía consigo historias de poder, represión y resistencia que operaban en diferentes niveles, y que convertían un partido de fútbol en una narración mucho más fuerte que una simple pelota en dirección al gol, la petición de papeles a un hombre en Bogotá era un escenario para conocer distintos elementos que influían en el procedimiento, las razones que hacían que la historia pudiera ser contada en una forma y no en otra, así como la manera en que el suceso estaba condicionado a la vez por factores locales relacionados con la interacción cotidiana entre la policía y la población, y transnacionales, como la necesidad de controlar espacios públicos como mecanismo para brindar condiciones de seguridad a las transacciones económicas.
El gobierno del fútbol se basa en la figura de la asociación como fuente de su poder. Para gobernar el fútbol, la FIFA ideó un sistema jerárquico encabezado por ella misma, y seguido por las confederaciones de países, las asociaciones miembros y los clubes adscritos a dichas asociaciones, que permitían a la FIFA ser la encargada de regular el fútbol de forma directa y a través de las organizaciones jerárquicamente inferiores (diagrama 1).

Diagrama 1. Estructura de gobierno del fútbol
Fuente: elaboración propia.
Trasladar el esquema anterior al gobierno del crimen puede resultar problemático en tanto no existe en esta materia una institución como la FIFA, con la capacidad de imponer su autoridad sobre todo el globo terráqueo. Como lo muestra Eslava15 a través de un esquema similar al del diagrama 1, la gobernanza contemporánea se caracteriza por una estructura en la que los actores, discursos, prácticas, técnicas y conocimientos globales se ubican sobre la jurisdicción estatal y las jurisdicciones locales. Bajo este esquema, sería posible pensar que el Estado cumple, en cuanto al gobierno del crimen se refiere, una función similar a la de la FIFA en la gobernanza del fútbol mundial. Así como la FIFA reclama ser la competente para gobernar el fútbol, y crea una estructura compleja para delegar funciones de gobierno, el Estado hace lo mismo en materia de crimen; sin embargo, a diferencia de la centralización con que se gobierna el fútbol, en el ámbito global del gobierno del crimen se encuentran una multiplicidad de actores, discursos, prácticas, técnicas y saberes difuminados que pueden incidir en el Estado-nación (diagrama 2).

Diagrama 2. Estructura de gobierno del crimen
Fuente: elaboración propia.
Las escalas de gobierno del crimen del diagrama 2 pueden hacerse más complejas insertando un sinnúmero de nuevas escalas que se relacionan con espacios cada vez más microscópicos. En algunos países es posible que aparezca una escala intermedia entre el Estado-nación y la ciudad representada en los Estados federales, la provincia o el departamento. Así mismo, por debajo de la ciudad podrían agregarse espacios físicos como el barrio o el parque, que tienen sus propias escalas de gobierno con sus propios actores, discursos, prácticas, técnicas y conocimientos que pretenden controlar el crimen en dichos espacios.
Estos diagramas, que sirven para ilustrar la forma en que se gobiernan el fútbol y el crimen, así como las historias sobre Maradona y la detención realizada en la ciudad de Bogotá, ayudan a enfocar varios asuntos importantes para estudiar la gobernanza en la actualidad. En primer lugar que, por diferentes razones, el espacio físico se encuentra dividido en unidades que pueden contener o ser contenidas por otros espacios: el globo terráqueo, los continentes, los países, las ciudades, etc.16.
En segundo lugar, que existen actores, saberes, discursos, prácticas y técnicas que construyen una competencia para —o argumentan la capacidad de— dirigir las acciones de los sujetos en diferentes asuntos en cada uno de esos espacios, en lo que podrían denominarse escalas de gobierno17. Esta competencia es muchas veces jurídica, lo cual ha llevado a que, en cuanto al gobierno del crimen se refiere, esta haya sido usualmente asociada al sistema punitivo del Estado —principalmente, con las fuerzas de policía, la justicia penal y las penas impuestas por la comisión de delitos—, a pesar de que no todo el crimen es gobernado por el Estado ni toda competencia para gobernar el crimen proviene del sistema jurídico. Lo que muestra la historia de Maradona en cuanto al fútbol es que la FIFA carece de la capacidad de gobernar todo lo relacionado con este deporte, y que existen mecanismos —como la inserción de un jugador extra— que permiten constituir diferentes competencias para decidir los destinos del fútbol en ciertos espacios. En materia de gobierno del crimen, no solo el Estado es incapaz de gobernar todas las acciones de los sujetos relacionados con este —incluso a pesar de la pretensión de generalidad de la ley—, sino que a la competencia construida en torno al sistema jurídico —asociada con departamentos, municipalidades, localidades u otras formas de división del espacio para la asignación de competencias jurídicas— se suman otros actores, saberes, discursos, prácticas y técnicas que, bien aseveran su capacidad de gobernar ciertos espacios por fuera de las competencias asignadas dentro por la estructura estatal y el ordenamiento jurídico, o bien se suman a los organismos estatales para ayudarlos18.
En tercer lugar, que la relación contenedor/contenido de los espacios físicos deriva en que exista una relación similar entre quienes reclaman la competencia, lo que crea convergencias de diferentes escalas de gobierno en cada uno de los espacios físicos y, al ser el crimen un fenómeno espacialmente localizado, en el gobierno del mismo se suele presentar esta coexistencia. Estas relaciones que se construyen entre escalas pueden tener diferentes formas, que van desde la búsqueda de independencia hasta distintos modos de cooperación, que hacen que el gobierno del crimen sea tan dinámico como las escalas mismas y las interacciones construidas entre estas.
La metáfora de la FIFA sirve para mostrar unos rasgos característicos de la gobernanza que, al ser aplicados al gobierno del delito, enseñan una complejidad que necesita de herramientas que permitan interpretar la convergencia de actores, saberes, discursos, prácticas y técnicas en ciertos espacios. El presente capítulo se dedica, precisamente, a presentar la multiescalaridad19 del gobierno del crimen, entendida como la recurrente interacción entre diferentes escalas de gobierno en ciertos espacios físicos, como instrumento que permite mejorar el entendimiento sobre la forma en que el crimen es gestionado en las sociedades contemporáneas. Esto implicará la formulación de una teoría de alcance intermedio20 que permita la revisión crítica de los paradigmas teóricos sobre el control del crimen en las sociedades contemporáneas y que dirija la recolección de datos empíricos detallados sobre la forma en que el crimen es gobernado cotidianamente.
Para lo anterior, el presente capítulo se divide en cuatro apartados. En primer lugar, se revisan los estudios que parten de un análisis Estado-céntrico del gobierno del crimen, con el fin de mostrar sus características principales y la forma en que conciben el conocimiento del crimen. En segundo lugar, se muestran las limitaciones del Estado-centrismo y se desarrolla la multiescalaridad como elemento para analizar el crimen en las sociedades contemporáneas, mostrando las virtudes y limitaciones de dicho enfoque, y cómo esta herramienta puede servir, no solo para mejorar la comprensión del fenómeno criminal, sino para nutrir los estudios Estado-céntricos. En tercer lugar, se presenta la forma en la que se hará uso de la multiescalaridad en la presente investigación, mostrando cómo las interacciones entre escalas de gobierno pueden ser estudiadas a partir de los actores, discursos, saberes, prácticas y técnicas en que estas soportan su capacidad de incidir en ciertos espacios. Finalmente, se ofrecen unas conclusiones.
1. LA CABEZA DEL REY: EL ESTUDIO ESTADO-CÉNTRICO DEL CONTROL DEL CRIMEN
Imágenes del centralismo: de la FIFA al Estado
Que el origen del fútbol precede al de la FIFA es algo que nadie se atrevería a negar, como tampoco la centralidad que el máximo organismo del fútbol ha adquirido en la actualidad. El solo hecho de que la FIFA tenga más miembros que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es desde luego un aviso de su fuerza21, pero una visita a su página web dejaría mucho más clara la extensión de sus tentáculos. La página muestra detalladamente la organización burocrática: un gobierno central, federaciones continentales que agrupan a asociaciones, miembros y órganos de justicia. Así mismo, enumera sus programas de apoyo a las federaciones, los mecanismos de financiación y regulaciones del llamado “deporte rey” (entre los que se cuentan las normas del deporte, los códigos de ética y los regímenes disciplinarios), entre muchas otras cuestiones.
Aunque el fútbol mundial depende de una infinidad de factores, que varían desde el tener o no una pelota para jugar en el barrio hasta los mecanismos de financiación ligados a la venta de los derechos televisivos de los grandes eventos, la FIFA ha consolidado su capacidad de incidir en este a través de herramientas como los códigos disciplinarios, la aceptación de las asociaciones miembro, o el flujo de recursos económicos que ha logrado capturar, entre otros. Todos estos elementos se unen para robustecer una organización que, aunque no es omnipotente, tiene sobre sus hombros gran parte del andamiaje del fútbol como deporte profesional.
La existencia de un Código Disciplinario que permite al máximo inquisidor sancionar de diversas formas a cualquiera bajo su supervisión, en el cual se prohíben conductas a los jugadores (el dopaje, la incitación del público), a los clubes (el fichaje de menores de edad), a las organizaciones miembros (incumplimiento de obligaciones, involucramiento de la justicia local) y a las federaciones de miembros (el incumplimiento de las decisiones de la FIFA), puede asemejarse a la capacidad del Estado de ejercer el poder punitivo en materia penal o administrativa.
El Código Disciplinario de la FIFA se compone de unas observaciones preliminares en las que se consagran sus ámbitos de aplicación espacial, temporal y personal, y dos secciones adicionales: la primera de ellas, de Derecho Material, la cual se divide a su vez en disposiciones generales y especiales, que consagran la estructura de la infracción disciplinaria y, en especial, las faltas; la segunda de ellas, de organización y procedimiento, donde se consagra la estructura “jurisdiccional” y el procedimiento para la aplicación de las sanciones disciplinarias. Si se mira la estructura de los códigos penal y procesal penal, de tradición jurídica continental europea, no solo se encontrará un gran parecido, sino que los términos en que se escriben son casi los mismos22. La aparición de términos comunes —tales como tentativa, culpabilidad, participación, medios probatorios, carga de la prueba, entre otras23— en los códigos penal y procesal penal de los Estados, y la regulación disciplinaria de la FIFA, o la consagración de infracciones similares —tales como amenazas o falsificación de documentos24— muestran cómo la forma en que la FIFA intenta gobernar las faltas disciplinarias termina siendo muy similar al gobierno estatal del crimen.
Así como la FIFA ha reclamado el control del fútbol mundial a través de un sistema de sanciones administrativo-penal, ha creado un espacio en el que sus regulaciones deben ser cumplidas, ha definido los sujetos cobijados por su poder y ha establecido procedimientos para juzgar y castigar, el Estado ha reclamado para sí el control de la violencia, el dominio del territorio y la administración de justicia. La misma existencia del Estado es justificada a partir de la necesidad de crear un ente capaz de controlar estos asuntos, y para administrarlos se disponen mecanismos como la fuerza militar, la configuración del derecho público (y sus divisiones en constitucional, penal y administrativo), la organización política, los órganos de administración de justicia o las líneas fronterizas.
El Estado se convirtió no solo en el centro presunto de la vida política, sino además en el centro del pensamiento jurídicopolítico moderno25. Que la FIFA, nacida en Francia —desde luego uno de los países que tuvo pensadores clave para la justificación temprana del Estado—, replique el modelo estatal para gobernar el llamado deporte “rey” no es coincidencia. No solo el nacimiento del Estado se ha centrado en la figura del “rey”, sino todo el sistema jurídico occidental. Según Foucault,
… la elaboración del pensamiento jurídico se hace esencialmente en torno del poder real. El edificio jurídico de nuestras sociedades se construyó a pedido del poder real y también en su beneficio, para servirle de instrumento o de justificación […] creo que el personaje central, en todo el edificio jurídico occidental, es el rey. De él se trata, de sus derechos, su poder, los límites eventuales de este: de esto se trata fundamentalmente en el sistema general, en la organización general, en todo caso, del sistema jurídico occidental. Ya hayan sido los juristas los servidores del rey o sus adversarios, en esos grandes edificios del pensamiento y el saber jurídicos siempre se trata, de todos modos, del poder real.26
No solo el sistema jurídico ha estado centralizado en el Estado —y el rey—, sino que el análisis académico ha privilegiado estas figuras construyendo un Estado-centrismo en el derecho, la política, el gobierno, el ejercicio “legítimo” de la fuerza, las normas y, en general, de muchos asuntos marcados por la pretensión estatal de controlar la violencia, la justicia y el territorio. La FIFA y el Estado aparecen como imágenes de este centralismo que cree que el dominio del fútbol o de los “asuntos de Estado” es una tarea exclusiva de ciertas figuras de poder concentrado que pretenden un control absoluto sobre un espacio físico27 y, en el caso del Estado, el del territorio soberano.
El Estado-centrismo es a la vez una realidad y una ficción. Es una realidad en tanto existen ciertos organismos en el territorio estatal, cuyo carácter nacional o cuya posición jerárquica privilegiada (más allá de la concepción de la ley como cabeza de toda organización en el Estado de derecho), derivan en una mayor capacidad de imponerse tanto a los renglones inferiores que reclaman su capacidad de gobernar en espacios incluidos dentro del Estado mismo, como a los ciudadanos. Es una ficción en tanto se construyen narrativas que imaginan los actores, las prácticas, los discursos, saberes y técnicas implementadas por quienes se arrogan la competencia sobre el territorio nacional —y que constituyen la escala de Gobierno nacional—, como elementos que no enfrentan ningún tipo disputas con otras escalas de gobierno28.
Si se quiere, el Estado-centrismo no es otra cosa que una realidad soportada sobre la idea del poder centralizado, que se construye a partir de un conjunto de herramientas que sirven para pretender que el poder puede ser capturado, y que yace en ciertos organismos de carácter nacional. Ni la FIFA ni el Estado son omnipotentes, ningún poder lo es, pero el éxito de estos no depende de su omnipotencia real, sino de la capacidad de construir un andamiaje estructural, técnico, epistemológico y simbólico para soportar dicha pretensión. De ahí que tomar al Estado como un todo cuya capacidad de imponerse reposa exclusivamente en sus entidades de orden nacional o jerárquicamente superiores es un problema que impide percibir una realidad donde el gobierno no es una cuestión ligada a la escala de Gobierno nacional, sino que se difumina en diferentes espacios físicos en los que convergen diferentes escalas de gobierno.
El gobierno del crimen es un asunto centralizado en muchas ocasiones. El carácter nacional del derecho penal en la mayoría de ordenamientos de tradición continental, o los altos tribunales que fijan la interpretación “correcta” de las normas jurídicas son muestra de ello. En Colombia, no solo el derecho penal y procesal penal, el Senado de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional aparecen como emblemas de este poder centralizado, sino también el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Consejo Superior de Política Criminal, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y del Interior. Estas instituciones sirven para construir una imagen de centralidad del gobierno del crimen, que pareciera ser un asunto anclado a la formulación de una política criminal de escala nacional.
Aunque estas imágenes son fácilmente captadas —y, en no pocas ocasiones, alimentadas— por el Estado-centrismo de los análisis académicos, existen incontables factores que escapan al poder de la escala de Gobierno nacional. En primer lugar, dentro del organigrama estatal existen mecanismos para gobernar el crimen que se ubican por fuera del Estado central, como es el caso de los programas de la Alcaldía de Bogotá para incrementar el número de cámaras de vigilancia en la ciudad29. En segundo lugar, existen programas compartidos entre el Estado, en diferentes niveles, y organismos privados, como la actual constitución de organizaciones privadas a las que se les encarga la gestión de los espacios públicos y que, en el caso de Bogotá, se han consolidado a través de proyectos gestionados principalmente por las alcaldías municipales y no por el Estado central30. En tercer lugar, porque existen mecanismos exclusivamente privados de gobierno del crimen, como la seguridad privada o el uso de sistemas de seguridad para disminuir el riesgo de ser víctimas de una transgresión31.
Las imágenes del poder centralizado del Estado son fácilmente cuestionables por realidades como las anteriores —o por tantas otras—, y caracterizar en abstracto lo que es parte del Estado central y lo que es externo a este es una tarea difícil, cuando no de poca utilidad. Por un lado, la organización administrativa de los Estados suele ser excesivamente compleja. Las divisiones del espacio en estados federales, departamentos, municipios, corregimientos, pueblos o similares pueden crear espacios dependientes del Estado de forma absoluta o con una libertad relativa —más o menos amplia—. La descentralización de las funciones del aparato central suele ser engañosa y hace difícil diferenciar cuándo actúa el Estado y cuándo actúan sus divisiones administrativas o, aún más, cuándo estas últimas actúan como si fueran el Estado central32. Por otro lado, la regulación jurídica de los Estados continentales suele estar cobijada por un principio del derecho administrativo que prohíbe a los servidores públicos la realización de cualquier acción —a nombre del Estado— que no les esté expresamente permitida por alguna norma. Lo anterior implica que el Estado central termina por ser siempre el encargado de autorizar la acción de todas sus divisiones —esto, por supuesto, es simplemente una ficción jurídica que intenta dotar al Estado central de una capacidad de la cual carece en la realidad—. Finalmente, la tradición “estatalista” de los países continentales es cuestionable cuando se mira a los países anglosajones en los que el papel de los gobiernos centrales ha sido tradicionalmente menor33. Lo que resulta clave es que desde los estudios Estado-céntricos del crimen se han construido imágenes de poder centralizadas asociadas al sistema punitivo en general, que homogeneizan las acciones del poder legislativo, los organismos de justicia penal y las fuerzas policiales34; sin embargo, sucesos como los descritos se unen con la invitación a guillotinar la cabeza del rey lanzada por Foucault35, para crear la necesidad de buscar los referentes del gobierno por fuera de estas imágenes del poder central.
La pretensión de generalidad de la “ciencia penal”36 ha invitado a pensar el gobierno del crimen en términos abstractos, alimentando la focalización de los estudios jurídicos en el Estado, no como el complejo aparato que este puede representar, sino como una unidad vertical donde las decisiones se toman en diferentes organismos de orden superior y bajan mansamente por una cascada que es incapaz de afectar su contenido u obligatoriedad. Así mismo, los esfuerzos por entender el crimen desde otras perspectivas, sean estas económicas, sociológicas o históricas, han pasado en muchas ocasiones por la comprensión del gobierno estatal ligado al aparato punitivo37 entendido en un sentido similar al de la ciencia penal. En ambos casos, los análisis generados por los estudios que van en dicha dirección —que no son, por supuesto, la totalidad de los realizados por la academia actual— se caracterizan por generar una interpretación del control del crimen desde arriba.
El estudio del crimen y el Estado-centrismo
Plantear que el pensamiento contemporáneo sobre el crimen está atrapado en el Estado-centrismo o que sigue apuntando a la cabeza del “rey” como objeto de estudio es sin duda una exageración. No solo muchos estudios se han emancipado de la figura del Estado como foco de atención38, sino que, incluso aquellos que se mantienen enfocados en este, han conseguido un nivel de sofisticación que permite cuestionar algunos aspectos de la centralidad del Estado en el control del crimen. Sin embargo, también es posible afirmar que esta centralidad del Estado sigue muy presente y que, a pesar de la sofisticación de muchos estudios, estos siguen compartiendo el rasgo característico de una mirada del crimen “desde arriba”.
Para comprender la forma en que el Estado-centrismo ha dominado el pensamiento sobre el crimen es necesario, primero, abandonar la intuición más evidente que se desprende de la expresión propuesta, y es que los estudios Estado-céntricos son tales por tener como objeto la organización superior del Estado, bien en sus instituciones o bien en el ordenamiento jurídico de categoría nacional, pues, aunque es un rasgo que puede encontrarse en muchos estudios, no todos se conducen en esta forma. Lo que caracteriza al Estado-centrismo de los estudios del crimen es la creencia de que los actores, prácticas, discursos, saberes y técnicas que constituyen la escala de Gobierno nacional tienen la capacidad de imponerse en todo el espacio físico del territorio estatal o que, cada vez que “el Estado” hace su aparición en los análisis académicos, se concibe como una estructura homogénea reducible a la escala de Gobierno nacional. Lo anterior implica que el análisis Estado-céntrico es realizado desde arriba hacia abajo, porque considera que el poder se concentra en —y es capturado por— una esfera superior desde donde se logra moldear lo que pasa en todo el territorio nacional.
La presencia del Estado en los análisis de arriba hacia abajo no se presenta —al menos no necesariamente— por analizar una estructura de corte nacional —o los organismos superiores según el caso—, sino por encontrar en estas estructuras la fuente última del poder de gobierno del crimen39. El Estadocentrismo es, pues, una apuesta analítica por entender que la distribución del poder en el gobierno del crimen recae principalmente en ciertos órganos que cuentan con una capacidad permanente de imponer sus objetivos, decisiones, proyectos, saberes y técnicas sobre todo el espacio físico estatal, sumada a la creencia de que cualquier caso en el que lo dispuesto por estos poderes no se cumpla puede considerarse una desviación o una mera excepción.
Esta concepción de un poder focalizado en ciertos órganos, con una capacidad aparentemente permanente de gobernar el crimen deriva en que, más allá de la forma en que se construyan los análisis concretos, se reconoce siempre la centralidad de estas parcelas del Estado como gobernantes principales del crimen. En últimas, es una mirada en la cual el poder está siempre arriba y por ello debe ser analizado en dirección descendente. Un ejemplo de cómo el Estado-centrismo está presente sin ser evidente se encuentra en los estudios de los positivistas de los comienzos de la criminología. Aunque muchos de estos no se ocupaban directamente del Estado o de la legislación penal40, como sí lo hacían sus pares en la disciplina jurídica41, la admisión tácita de las definiciones contenidas en los códigos administrativos y penales, o el análisis de sujetos condenados como base para sus investigaciones anulaba analíticamente los inconvenientes relacionados con la volatilidad del poder dentro de la organización estatal42 —como aquellos relacionados con la convencionalidad de la ley o la selectividad de la administración de justicia—.
A pesar de la contribución de la criminología crítica para abandonar el Estado-centrismo43 y de la invitación foucaultiana de descabezar al rey en el análisis político, muchos —aunque, por supuesto, no todos— los estudios contemporáneos sobre el crimen siguen apuntando a la escala de Gobierno nacional. Entre los estudios sobre el crimen que siguen enmarcados en este Estado-centrismo es posible crear una división para separar aquellos que admiten sin más la centralidad de la escala de Gobierno nacional y aquellos que, aún cuestionándola, continúan focalizando sus análisis en esta —los que podrían denominarse estudios Estado-céntricos críticos—. En el primer campo es posible ubicar con facilidad la mayoría de los estudios que siguen preocupándose por entender las causas del crimen —o que, en otras palabras, continúan la senda de la criminología positivista44— y los de la dogmática jurídico-penal45.
El segundo campo es, desde luego, mucho más difícil de caracterizar, pues los matices son demasiados. Aunque el rasgo en común de estos estudios sigue siendo el mismo, la sofisticación de los análisis hace más complejo identificar el papel que se confiere al Estado en estos casos. Pensemos, por ejemplo, en dos líneas de estudio que, desde diferentes perspectivas, reconocen la volatilidad del poder, pero mantienen el Estado-centrismo como elemento clave en sus análisis.
Por un lado, se encuentran los estudios sociológicos o criminológicos que mantienen el Estado-centrismo, pero reconocen la complejidad del gobierno del crimen en las sociedades contemporáneas. Tomemos como ejemplo el texto Castigar a los pobres46. Aunque el autor admite la multiplicidad de elementos extraestatales que se han gestado en el marco del neoliberalismo y su interacción con la escala de Gobierno nacional, su conclusión de la expansión del Estado penal termina por conferir a los organismos centrales del Estado un papel de decisión casi absoluto sobre el destino del gobierno del crimen. Si bien su análisis es mucho más sofisticado, pues reconoce el papel que la globalización, el neoliberalismo, los organismos locales, los jueces o ciertas formas contextuales de ejercer el poder de policía juegan en la consolidación del Estado penal, su tesis depende de las decisiones del Estado central en materia económica —más concretamente, de la decisión de liberar la economía como condición para convertirse en un Estado penal, o de la aceptación tácita de que el neoliberalismo, como teoría política, debe ser aceptado principalmente por el Estado— y penal para moldear el gobierno del crimen47. Es decir, su lectura sobre el Estado actual del gobierno del crimen termina por depender de una o varias actuaciones de la escala de Gobierno nacional.
Estas mismas observaciones podrían hacerse al texto Punishing race48 el cual, a pesar de reconocer que los mecanismos que configuran la represión sistemática contra la población afroamericana en Estados Unidos y derivan en una sobrerrepresentación de estos en la población carcelaria son más complejos que la simple legislación penal —confiriendo, por ejemplo, un papel central a la elaboración de perfiles de sujetos peligrosos por parte de las policías locales—, termina por afirmar que es la legislación antidrogas la que ocupa el lugar central en la explicación de la sobrepoblación negra en las cárceles estadounidenses.
Más complicado es el caso de análisis similares a los realizados en Gobernar a través del delito49 o La cultura del control50. En el caso del primer texto el argumento central es que existe una tendencia contemporánea a intervenir frente a ciertos asuntos —antes no considerados como ámbito del gobierno del crimen— a través del aparato punitivo. El trabajo es difícil de caracterizar en tanto incorpora elementos de gobierno cotidiano que parecen excluir al Estado, como sucede con el papel que las escuelas juegan en el gobierno del crimen —a pesar de que muchas de estas son públicas y pueden depender directamente del Gobierno nacional o estatal—. A pesar de ello, el autor parece seguir pensando que el papel de estas organizaciones independientes al Estado ha sido patrocinado por el Estado mismo, como si fuera este quien da su “visto bueno” a que actores externos o escalas de gobierno distintas puedan intervenir frente al crimen, con lo que, en últimas, es el Estado quien decide cómo se gobierna el crimen.
En el caso del famoso texto de Garland, su generalidad impide ofrecer una caracterización similar a la ofrecida en los trabajos de Wacquant, Tonry o Simon que cuentan con tesis mucho más específicas. Podría decirse que el intento de Garland es explicar cómo se crea —en Estados Unidos y el Reino Unido— una cultura del control que soporta una forma específica de gobernar el crimen que solo existe en la modernidad tardía51. En últimas, su pretensión es ofrecer una teoría omnicomprensiva de cómo es el campo del control del crimen en las sociedades modernas tardías avanzadas, algo que lo obliga a considerar una multiplicidad de factores, tales como la pérdida de fortaleza del ideal rehabilitador de la pena de prisión, la salida de los expertos de la elaboración de las políticas públicas, la existencia de tendencias a excluir a los enemigos de la sociedad— criminología del otro— o a autogobernar la propia vida para evitar ser víctima de un crimen —criminología del yo— entre otros. El problema del texto de Garland es que, en orden de imponer su interpretación, necesita homogeneizar al máximo al Estado y el concepto mismo de cultura, por lo que deja de lado que el Estado no es una organización que responde a un proyecto unívoco y que no existe una sola cultura sino muchas que coexisten en los mismos espacios y épocas52.
Con todo, Garland incluye dentro de sus análisis una serie de actores no estatales, desde privados que trabajan o comercian con seguridad o los propios sujetos que autogobiernan sus propias acciones, que hacen que su posición sea difícil de caracterizar como Estado-céntrica. A pesar de lo anterior, su visión del Estado —casi siempre homogénea administrativa y culturalmente—, aunque admite que el gobierno del crimen no es exclusivamente estatal, sigue caracterizado por una actuación que sucede de algún modo desde arriba hacia abajo. Esto ocurre también con los textos de Simon, Wacquant y Tonry quienes incluyen una infinidad de actores extraestatales que participan del gobierno del crimen, pero cuando “el Estado” aparece en sus análisis, sigue inmovilizado en organismos de nivel superior encargados de trazar la política criminal en los niveles legislativo, judicial y ejecutivo, y de tomar las decisiones económicas.
A pesar de su cercanía al Estado-centrismo analítico, tanto Simon como Garland introducen elementos que permiten pensar que la multiescalaridad que se expondrá más adelante es compatible con sus lecturas, pues ambos conciben la existencia de espacios físicos —como la escuela en el caso de Simon o el vecindario en el caso de Garland— que tienen sus propios actores, prácticas, discursos, saberes y técnicas para gobernar el crimen más allá de las aportadas por el Estado. Según creo, la cuestión central en estos autores no es que exista un Estado-centrismo radical, sino que en los lugares en los cuales se apartan del mismo no aportan herramientas adecuadas para comprender las relaciones entre estos y el Estado. Esto, sin duda, no es un error analítico, sino simplemente una limitación endémica de todos los estudios académicos para captar la totalidad de la realidad social.
Por otro lado, es posible hallar los estudios jurídicos que siguen anclados al Estado-centrismo, pero admiten que en cuanto al gobierno del crimen se refiere, el Estado puede tener disputas por el control de la fuerza o que existen factores por fuera del control del Estado central que influencian —o deberían influenciar— la forma en que se castiga. Tomemos como ejemplo el tratado Derecho Penal: parte general de Zaffaroni, Slokar y Alagia53. Aunque su análisis tiene el corte dogmático tradicional de los textos de derecho penal continental, su visión sobre el poder estatal es mucho menos pacífica. El cuestionamiento de la figura del Estado, y de la centralidad que la legislación penal y los organismos de justicia juegan en la forma en que opera el sistema penal, es una crítica al Estado-centrismo que, sin embargo, tiene pocas consecuencias en el análisis. La creación de criterios exteriores al ordenamiento jurídico —como el concepto de vulnerabilidad— o el reconocimiento de que el derecho es solo una forma mediante la cual se legaliza la intervención violenta del Estado caracterizada por la selectividad, son solo anécdotas de un texto que termina por reconocer que el control del delito es definido por la forma en la que la escala de Gobierno nacional organiza la política criminal.
Estas mismas objeciones pueden plantearse a otros textos relevantes que siguen la misma senda, como Derecho y Razón54 o Principios distributivos del Derecho Penal55. En cuanto al primero, el autor concibe un sistema filosófico que fundamenta al Estado de derecho y precede todo el ejercicio del poder penal, con lo que considera una suerte de orden superior al Estado mismo; igualmente, admite la selectividad del sistema policial, la ineficacia de las normas penales y los problemas de formación de la verdad en los procesos penales, que derivan en que las condenas no estén siempre alineadas con las prohibiciones creadas por el Estado central. Sin embargo, su trabajo es, sin más, un tratado de corrección dogmática que intenta buscar mecanismos para amplificar y perfeccionar el poder Estado-céntrico de castigar. Por su parte, Robinson, en su texto Principios distributivos del Derecho Penal, considera que deben tenerse en cuenta datos empíricos para poder dar eficacia a un sistema de sanción que, al no considerarlos, enfrenta fisuras en la ejecución del castigo moldeado por el Estado central, pero, al igual que Ferrajoli, el reconocimiento de la falibilidad del Estado lo lleva a proponer un mejor modelo para garantizar la concentración del poder.
Con todo, las observaciones aquí planteadas no implican que concentrarse en las autoridades de orden nacional o jerárquicamente superiores del Estado sea inadecuado para realizar estudios sobre el gobierno del crimen. Esto debido, al menos, a tres factores. En primer lugar, que existen objetos cuyo conocimiento puede depender mayoritariamente del estudio de hechos que tienen lugar en la escala de Gobierno nacional. Ejemplos de ello son precisamente los realizados por autores como Zaffaroni o Ferrajoli, que en ningún caso podrían prescindir de la legislación penal y de las normas constitucionales como aspecto fundamental de sus análisis. En segundo lugar, que la escala de Gobierno nacional cuenta muchas veces con la capacidad de imponerse en las relaciones que establece con organismos del Estado de menor entidad y con los individuos. En tercer lugar, porque a pesar de las diversas limitaciones de los estudios Estado-céntricos para comprender el gobierno del crimen, es necesario admitir que todos los enfoques tienen limitaciones y es necesario, más que el abandono de una u otra forma de análisis, buscar mecanismos para complementar cada uno y abrir canales de diálogo entre ellos. Por ello, el problema no radica en centrarse en la escala de Gobierno nacional, sino en pensar que el gobierno del crimen se reduce solo a esta escala. Esto último es característico de algunos estudios sobre el crimen —sobre todo aquellos de dogmática jurídica— pero no de todos —sin duda, aquellos que se caracterizan como Estadocentrismo crítico pueden eludir en gran parte esta crítica—.
Los pensamientos Estado-céntricos juegan un papel importante en la consolidación de una narrativa que concibe el poder como algo centralizado en los organismos de carácter nacional o jerárquicamente superiores; sin embargo, la perspectiva crítica aportada por algunos de los estudios señalados los pone al margen del proyecto legitimador de la visión centralizada del poder y visibiliza la relevancia empírica y analítica que tiene la escala de Gobierno nacional. Siguiendo el ejemplo inicial, sin duda la FIFA no es el único organismo que puede gobernar el fútbol, así como las organizaciones jerárquicamente superiores o de corte nacional del Estado no son las únicas que gobiernan el crimen, pero no se debería estudiar el fútbol sin considerar al menos a la FIFA, o admitir que dicha entidad tiene la potencialidad para someter a las federaciones y miembros que la componen. Así mismo, no se debería estudiar el crimen sin tener en cuenta la escala de Gobierno nacional.
En cierta forma, podría plantearse que, mientras sea la legislación penal —cuyo carácter en los Estados continentales es nacional— la que decida qué conductas son delito, o mientras los organismos jerárquicamente superiores del poder judicial cuenten con mecanismos para imponer sus decisiones a los jueces, la escala de Gobierno nacional es irrenunciable. La cuestión no pasa por reconocer esta inevitabilidad, sino por encontrar las herramientas necesarias para que el análisis de esta sea lo más fructífero posible. Antes de presentar la multiescalaridad como herramienta para abordar el estudio del gobierno del crimen, y como herramienta clave en la comprensión de las relaciones entre el Estado central y sus estructuras jerárquicamente inferiores, quisiera presentar la forma en que el Estado-centrismo analítico se ha configurado en Colombia.
El Estado-centrismo en Colombia
Si estudiar la escala de Gobierno nacional es casi ineludible, es normal que muchos estudios sobre el crimen tomen el camino del Estado-centrismo, y no debería sorprender que siga pasando en el futuro. La situación de la academia colombiana no solo comparte este enfoque, sino que es más dramático teniendo en cuenta que la mayoría de estudios sobre el crimen han sido realizados por profesionales del derecho, quienes enfocaron sus esfuerzos en la comprensión de la normatividad nacional en materia penal56.
Que los juristas sean quienes hayan realizado la mayoría de estudios sobre el crimen57 en Colombia se debe no solo a la capacidad del discurso jurídico nacional de apropiarse del conocimiento en cuanto al crimen se refiere, sino a la dispersión del conocimiento criminológico y a su tardío establecimiento como disciplina independiente58. Incluso hoy, podría decirse que la criminología no aparece aún como disciplina independiente, pues no existen pregrados en la materia y los pocos programas de posgrado existentes suelen estar vinculados con la enseñanza jurídica59.
La presencia de la academia jurídica en los estudios sobre el crimen ha generado que la focalización principal esté en la legislación penal —que tiene carácter nacional— y las decisiones de los órganos centrales del poder judicial: la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Aún más, la ciencia jurídica nacional ha abordado el estudio del crimen desde el dogmatismo positivista, buscando establecer sistemas completos y cerrados para comprender el “concepto de delito”60.
A pesar de la centralidad de la academia jurídico-penal en el estudio del crimen, la situación política del país ha sido una invitación para muchas disciplinas a estudiar diversas formas de violencia agrupadas en torno al conflicto armado. Estos esfuerzos han hecho una labor encomiable en escapar al Estado-centrismo, no solo por sus puntos de partida analíticos desligados de la centralidad del poder en los organismos principales del Estado, sino porque han mostrado la incapacidad de la escala de Gobierno nacional para controlar el territorio en el cual quieren imponerse y su inhabilidad para excluir otros actores, discursos, prácticas, saberes y técnicas de gobierno61.
Los estudios que han criticado el Estado-centrismo han servido no solo para que la naciente criminología nacional haya optado por una visión mucho más difusa del poder, sino para reconocer que, en Colombia, a pesar de la existencia de un Estado estructuralmente centralizado por casi doscientos años, se ha carecido de una verdadera imagen de poder que pueda imponerse en la mayoría de oportunidades en sus relaciones con organismos inferiores o con los ciudadanos. Estos análisis también han mostrado la forma en que la debilidad de la escala de Gobierno nacional ha conllevado la creación de discursos que buscan proyectar su capacidad de imponerse en forma vertical, así como de técnicas autoritarias para concentrar el gobierno del crimen en los organismos de carácter nacional. Lo anterior deriva en que muchos de los estudios publicados en Colombia que abordan el gobierno del crimen terminan por pertenecer a este Estado-centrismo crítico que reconoce que el poder es contextual y difuminado y que, aunque sigue enfocándose en la escala de Gobierno nacional para realizar sus análisis, puede resultar compatible con la propuesta analítica que se ofrecerá más adelante62.
Piénsese, por ejemplo, en los análisis realizados en Castigo, liberalismo autoritario y justicia penal de excepción63 o en Combatientes, rebeldes y terroristas64 en los que, a pesar de reconocerse la insuficiencia del Estado central para imponerse en el territorio nacional, o de proponerse otros factores exteriores como elementos necesarios para el comprender el gobierno del crimen, se termina por centrar el objeto de estudio en la legislación nacional y construir un análisis de arriba hacia abajo que permite la creación de patrones explicativos del modelo estatal de gobierno del crimen65.
Estos textos muestran la forma en que la centralidad del Estado ha sido paulatinamente refinada y relativizada por algunos estudios, pero también la forma en que esta permanece como elemento central del análisis. A pesar de que ambos entienden que el poder no es, al menos exclusivamente, asunto del Estado central, no ofrecen herramientas concretas para abandonar el Estado-centrismo o para dialogar con otras esferas o escalas de gobierno del crimen, sino simplemente para reconocer la insuficiencia del centralismo y, aún más, “el Estado” como categoría analítica sigue apareciendo como una estructura homogénea.
Si bien en el contexto nacional se han ofrecido algunas herramientas para problematizar la comprensión del gobierno del crimen, presentando el método de la sociología del castigo de Garland como alternativa para abandonar los estudios tradicionales del crimen en la región —tal vez apuntando, también, al abandono de la criminología de la academia jurídico-penal por parte del Estado-centrismo—, estas propuestas terminan por concentrarse en la identificación de los factores y actores que inciden en que la política criminal Estatal se moldee en ciertas formas específicas, o la forma en que diferentes actores interaccionan con el Estado en un campo en el que este último sigue apareciendo siempre desde un punto de vista central-nacional66. Es decir, aunque reconoce que el gobierno del crimen no es un asunto exclusivamente estatal, la comprensión de la incidencia de este sigue centrada en la escala de Gobierno nacional.
Por supuesto, el estudio de la escala de Gobierno nacional debe continuar, no solo por la falta de conocimiento en la materia a nivel mundial, sino porque en el contexto latinoamericano y nacional existen muchos vacíos sobre la forma en que el Estado central se materializa en el control del crimen. Pero, al mismo tiempo, es necesario buscar herramientas para extender la comprensión del gobierno del crimen más allá del papel del Estado central, que permitan percibir la forma en que este aparece en interacción con otros mecanismos de gobierno. En últimas, el asunto no debería ser simplemente cortar la cabeza del rey, sino advertir cuál es su lugar67.
2. UN MUNDO LLENO DE ESQUINAS: LA INVESTIGACIÓN DEL CONTROL DEL CRIMEN EN LAS CIUDADES CONTEMPORÁNEAS
El lugar del Estado
Así como la realización del partido en Nápoles ponía en cuestión la capacidad de la FIFA de controlar a los futbolistas profesionales, a los clubes, a las ligas, las asociaciones y las federaciones bajo su supuesto dominio, una infinidad de factores debaten la capacidad del Estado central para gobernar el crimen. Esto no se reduce a reconocer que existen situaciones que escapan completamente de las capacidades del Estado, sino a aceptar que el Estado es incapaz de controlarse a sí mismo, y que, muchas veces, ni siquiera tiene intenciones de hacerlo.
El Estado-centrismo implica una disminución de la complejidad de la realidad, no solo por sobrestimar la cantidad de acciones de los sujetos que el Estado central es capaz de gobernar, sino por la comprensión misma del funcionamiento del aparato estatal. La creencia de que el poder de gobernar el crimen recae siempre en ciertos órganos y de que cualquier caso en el que esto no resulte exitoso es una excepción y no una regla limita la capacidad de entender las relaciones que se construyen en el interior del enorme aparato que necesita el Estado para su operación, y desconoce la forma en que tienen lugar cada una las interacciones cotidianas en materia de gobierno del crimen.
La homogeneización del Estado, en la que la ciencia jurídico-penal y la criminología han jugado un papel fundamental68 es incapaz de dar cuenta de las tensiones, negociaciones, cooperaciones y rupturas que se dan entre la escala de Gobierno nacional y los ciudadanos, y entre las diferentes escalas de gobierno estatales. Esta homogeneización también impide ver que el gobierno del crimen es un asunto en el que se presentan factores, instituciones y actores externos al poder estatal; que cuando es el Estado quien gobierna el crimen no siempre lo hace a través de los mecanismos Estado-céntricos ligados al sistema punitivo, y que este último no es un proyecto unidimensional que se pone en práctica a través de un poder concentrado en los delineamientos político-criminales del legislador o los órganos principales de las ramas ejecutiva y judicial.
Los estudios que parten de esta versión simplificada y homogeneizada del Estado encuentran su limitación en la tarea de comprender la movilidad del poder dentro del propio organismo estatal. Esto puede extenderse incluso a aquellos estudios críticos del Estado-centrismo que, aunque basados en el reconocimiento de que existen muchos actores involucrados en el gobierno del crimen, no logran captar esta volatilidad del poder dentro de la organización estatal. A pesar de que este tipo de estudios acepta la influencia que factores como el neoliberalismo o las sensibilidades sociales juegan en la forma en la cual se construye la institución social del castigo y el gobierno del crimen, y reconocen la multiplicidad de poderes que convergen en esta materia, siguen anclados en una visión estática del Estado que no permite comprender la forma en que diferentes proyectos, técnicas, saberes, prácticas, discursos y actores confluyen en el marco de la propia estructura estatal y convergen en ciertos espacios físicos.
La restringida interpretación de la interacción del poder dentro del propio Estado, en cuanto a gobernar el crimen se refiere, ha sido revelada por algunos estudios en diferentes frentes. Por un lado, se han presentado estudios que podrían denominarse una “antropología del gobierno del crimen”69, los cuales se orientan a comprender o documentar las relaciones cotidianas de este y la forma en la que estas se moldean, bien al margen de los mecanismos estatales de control, o bien apoyados en ciertas estructuras inferiores del Estado cuya incidencia es mucho más directa en el día a día de las personas que aquellas pertenecientes a la escala de Gobierno nacional. Esto también ha sido mostrado por ciertas tendencias en el estudio del crimen contemporáneo que se han dedicado a entender las relaciones microscópicas, incorporando no solo elementos extraestatales, sino enseñando también la compleja relación que existe entre los diferentes ámbitos del Estado. Aunque algunos de los estudios Estado-céntricos críticos podrían ubicarse en esta parcela —pues su lugar posiblemente corresponda a las interpretaciones que se den a la obra de cada autor—, los que ocupan este lugar han provenido usualmente de tendencias recientes como los estudios sobre la vigilancia70, sobre la función de policía71 o los estudios urbanos72.
Que la complejidad analítica del Estado haya aparecido en ámbitos como los enunciados tiene que ver, posiblemente, con el hecho de que sus preocupaciones epistemológicas están ligadas a factores que, si se parte del Estado-centrismo, pueden generar poco interés para conducir estudios particulares. Aunque sin duda es posible estudiar la vigilancia, la policía y la ciudad desde una perspectiva Estado-céntrica, las prácticas específicas en estas materias invitan a derrumbar el papel de la escala de Gobierno nacional, sea por el hecho de que la vigilancia es ejercida en muchas ocasiones por particulares, porque la función de policía no siempre tiene que ver con la legislación nacional, sino con el control del orden en las calles de las ciudades o en que las propias ciudades se constituyen como un espacio con sus propias reglas. Por ello, muchos de estos estudios ven en la vigilancia, la policía y la ciudad formas específicas de gobierno que deben ser estudiadas por fuera de las instituciones, prácticas y técnicas de gobierno estatales.
En el ámbito de los estudios urbanos se ha desarrollado una herramienta que resulta fructífera para comprender el gobierno del crimen, la cual involucra las interacciones que suceden en el contexto del propio Estado, y entre este y otros actores. Tal vez por estar acechados por la equivocada concepción de la ciudad como un Estado en pequeña escala, los estudios urbanos comprendieron rápidamente la complejidad de las relaciones entre las estructuras locales y nacionales del Estado, y la forma en que se construyen relaciones en el interior de la estructura de este. Por un lado, reconocer que la ciudad es un espacio con sus propias reglas, técnicas, prácticas, discursos, saberes y actores para gobernar el crimen implica diferenciarla de la escala de Gobierno nacional; por otro lado, su dependencia administrativa de autoridades superiores o su sometimiento a leyes de categoría nacional o regional obliga a buscar formas para entender las interacciones entre el Estado y la ciudad73.
Pensar el gobierno del crimen como un problema de escalas es una invitación que permite enriquecer el entendimiento de la forma en que las diferentes instituciones del Estado se involucran entre sí, y ampliar el horizonte de análisis de un asunto en que la escala de Gobierno nacional juega un papel fundamental, pero sin seguir limitándose a la versión simplificada que el Estado-centrismo conlleva.
Buscando sentido en las calles
La narrativa inicial sobre Maradona y la FIFA muestra cómo la cotidianidad del fútbol mundial supera la pretensión centralizada de los organismos rectores del “deporte rey” de gobernarlo. El partido benéfico de Maradona no era simplemente la historia de un pequeño espacio en el que se plantaba cara a un organismo que pretendía controlar el destino del fútbol profesional y los jugadores involucrados en dicho negocio, sino una compleja interacción en la que aparecían diferentes escalas: la FIFA con su pretensión de dominio global, la Unión Europea Fútbol Asociado (UEFA) que ejerce poderes continentales, la Federación Italiana de Fútbol que controla el fútbol profesional en Italia y el Napoli, club “empleador” de Maradona. Si la estructura del gobierno en general, y del crimen en particular tiene similitudes con aquella metáfora, las herramientas teóricas desplegadas para estudiar el gobierno del crimen deberían ayudar a entender los eventos en que estas mismas complejidades se manifiestan en la materia.
Lo que se mostraba con la detención del hombre negro en Bogotá que se reseñaba en la introducción del texto es que, aunque el simbolismo del aparato punitivo del Estado aparece representado en la capacidad policial de ejercer detenciones, existía un sinnúmero de situaciones que no se podían explicar mirando solo al sistema punitivo. La incapacidad o el desinterés de la visión Estado-céntrica para comprender, por ejemplo, por qué la detención es realizada en un horario, espacio y contra un sujeto específico, por un lado, y la exclusión de factores relevantes para comprender estos fenómenos, como la raza, la clase social, la focalización del trabajo policial, las políticas locales de control del desorden, entre otros, por otro lado, son alerta para actualizar las herramientas de investigación del crimen. Esto no quiere decir que necesariamente los estudios deban abordar todos estos asuntos, pues la decisión de investigar la escala de Gobierno nacional es relevante para comprender el gobierno del crimen, sino que alerta sobre la necesidad de complementar ciertos enfoques y establecer espacios de diálogo entre los diferentes saberes en torno al crimen. Si el crimen es un fenómeno ubicado en un espacio en el que convergen diferentes escalas de gobierno la pregunta es, entonces, cómo construir un mecanismo que ayude a entender las interacciones que tienen lugar en estos espacios.
No es difícil hacer una lista de los múltiples actores y factores involucrados en el gobierno del crimen, que irían desde el Banco Mundial hasta una junta de acción comunal de un barrio, pasando por el Estado central, la justicia penal, la policía, los organismos locales de gobierno, los prestadores de seguridad privada, entre tantos otros. Sin embargo, el asunto no es simplemente listar a todos los involucrados, sino buscar una forma de comprender y teorizar dicha interacción, para lo que las escalas de gobierno y los espacios físicos en que estas actúan resultan claves.
La idea de escala ha venido siendo aplicada desde hace algunas décadas, y se ha concebido a partir de los espacios físicos que contienen o son contenidos por otros espacios, y que descienden desde el mundo hacia la esquina, pasando por el continente, el Estado, la región o la municipalidad74. La propuesta de comprender lo global y lo local —entendido casi como sinónimo de municipal— como asuntos conjuntamente influenciados ha hecho parte destacada de diversos estudios contemporáneos75. En Colombia, el trabajo de Eslava ha sido una pieza clave en la comprensión escalar de la vida cotidiana76. La clave de su propuesta, ligada principalmente a los desarrollos globales del derecho internacional, muestra la complejidad de gobernar el espacio urbano en la ciudad de Bogotá y la forma en que el gobierno municipal converge en relaciones complejas con instituciones, prácticas, discursos, técnicas y saberes nacionales e internacionales77.
El espacio es necesario para hacer operativo el concepto de escala y, con ello, las ideas de escala de gobierno y multiescalaridad. El espacio físico es, en este caso, el que dota a la escala de una representación y asigna un lugar para caracterizarla, pero también es el terreno en el que confluyen unos actores, saberes, discursos, técnicas y prácticas que pretenden gobernar las acciones de los sujetos en dichos lugares, y que constituyen la idea de escala de gobierno. Así, esta escala se compone de dos elementos, la escala entendida como espacio físico y el conjunto de actores, saberes, discursos, técnicas y prácticas que afirman ser los competentes para gobernar dicho espacio.
La idea de escala de gobierno es un mecanismo adecuado para abandonar el Estado-centrismo del gobierno del crimen. Si se piensa el gobierno del crimen como un asunto que se desarrolla en diferentes espacios físicos, en los cuales convergen diferentes tipos de relaciones entre escalas de gobierno globales, nacionales, regionales, locales, e incluso barriales o callejeras, es posible desarrollar herramientas analíticas que sirvan para comprender esta complejidad.
La promesa ofrecida es un intento por comprender el gobierno del crimen en espacios donde confluyen diferentes escalas de gobierno. No se trata aquí de una propuesta, en el sentido de Foote, de comprender la antropología casi excepcional de la ciudad de esquinas78 —a pesar de reconocer que dicho conocimiento es clave para comprender el crimen—, sino de una invitación similar a la propuesta por Valverde en Everyday law on the street, quien muestra la esquina como un espacio complejo donde convergen diferentes tipos de relaciones, de las cuales muchas pasan por el Estado. En la esquina se manifiesta el Estado central, aunque sea de forma abstracta, pero también el “Estado local” a través de organismos de control directo (como la policía o los organismos de tránsito local) o de regulaciones municipales del espacio urbano, y elementos extraestatales que la convierten en un lugar con sus propias reglas y con interacciones cotidianas que moldean el día a día y definen lo permitido, lo prohibido y lo tolerable79.
Así como la esquina es un lugar en el que convergen diferentes escalas de gobierno que tienen dentro de ella interacciones complejas que buscan arrogarse la capacidad de dirigir las acciones de los sujetos, lo mismo sucede con el parque, el barrio, la ciudad y el Estado. Entre más pequeño es el espacio más escalas de gobierno confluyen en él; sin embargo, no por ser un lugar más grande —como el espacio físico del Estado— es posible excluir lo que sucede en los espacios más pequeños, pues lo micro también tiene la capacidad de influir o modificar lo macro80.
La esquina es solo un lugar de los muchos imaginables en materia de gobierno, y pensar desde la esquina no es siempre una invitación para estudiar el crimen desde abajo, sino simplemente una metáfora del reconocimiento de esta posibilidad, por lo que el presente planteamiento podría usar otros espacios físicos tales como el parque o el barrio —o las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y los cuadrantes, que serán analizados en el siguiente capítulo—. Desde la esquina se pueden mirar diferentes escalas de gobierno, algo que incita a la idea de un poder que no fluye de arriba hacia abajo, sino que es multidireccional y debe ser estudiado en dicha complejidad.
En Everyday law on the street, Valverde propone la trilogía del estudio del espacio urbano: la acera, la calle y las edificaciones. Esta trilogía cumple el propósito analítico de organizar los diferentes elementos que confluyen en una esquina y hacen complejo el estudio de la forma en que, en su caso, la ley se construye y se ejerce en el día a día. Así como la trilogía del espacio urbano otorga herramientas para comprender lo que sucede en las esquinas, entender la forma en que se gobierna el crimen en ciertos espacios físicos puede ser fructífero a partir del análisis de las diferentes escalas de gobierno que confluyen en ellos.
La inserción de la idea de escala de gobierno permite categorizar los elementos que concurren en el gobierno del crimen en ciertos espacios físicos, y ayuda a romper con las comprensiones Estado-céntricas. Así, el gobierno del crimen puede ser entendido como un asunto internacional, nacional, local, y sigue descendiendo hasta llegar al barrio, la esquina, el parque o las unidades residenciales. La idea de escala de gobierno permite deshomogeneizar el gobierno del crimen, desmantelando la visión Estado-céntrica e invitando a analizar una multiplicidad de lugares a partir de la interacción multiescalar que tiene lugar en ellos.
La escala de gobierno y la multiescalaridad operativizadas en el espacio de la ciudad permiten una teoría de alcance intermedio que sirve tanto para cuestionar —y con ello nutrir— los grandes modelos explicativos de la criminalidad como para sistematizar y orientar la investigación empírica en la materia, y para construir un marco teórico adecuado a fin de problematizar las microinteracciones que tienen lugar en el gobierno cotidiano del crimen81. Esta propuesta constituye un modelo que no pretende sistematizar todo el gobierno del crimen en una teoría omnicomprensiva o explicativa de sus causas, sino que busca herramientas analíticas adecuadas para aproximarse a su complejidad en las sociedades contemporáneas.
Por supuesto, como teoría de alcance intermedio tiene sus inconvenientes82. Si bien a través de esta se pueden poner a prueba las grandes teorías sobre gobierno del crimen en la sociedad contemporánea y se pueden ofrecer herramientas para abordar los análisis —y la recolección de datos— empíricos, también es necesario reconocer que esta no es tarea de una sola investigación, sino un ejercicio conjunto por comprender la realidad. Por ello, no solo es imposible que un solo estudio pueda dar cuenta de todas las interacciones multiescalares en todos los espacios, sino que su capacidad de comprender las relaciones entre escalas de gobierno en un espacio específico sigue siendo limitada. El reconocimiento de la parcialidad del conocimiento no es, según creo, una razón para el pesimismo o para abandonar la tarea, sino una revelación de que la comprensión de la realidad no se construye por los grandes hallazgos, sino por la búsqueda incansable. Así mismo, las mismas críticas que desde una teoría de alcance intermedio se formulan a las grandes teorías —entre las cuales, en muchas ocasiones, aparecen las aproximaciones Estado-centristas— por su generalidad, podría formularse desde enfoques aún más microscópicos la propuesta de estudiar la ciudad aquí formulada. Por ello, la presente investigación no se presenta como “a prueba de límites”, sino como un esfuerzo parcial de comprensión que puede nutrir los enfoques tradicionales sobre el gobierno del crimen y, en este primer capítulo, busca mostrar qué herramientas analíticas y metodológicas pueden servir para superar las limitaciones incluso de mi propia investigación.
Teniendo en cuenta las limitaciones de la propuesta analítica, y de la multiplicidad de factores que pueden fortalecerla, es necesario hacer algunas precisiones sobre la forma en que las escalas de gobierno y la multiescalaridad serán analizadas en la presente investigación, advirtiendo, nuevamente, que este estudio no pretende comprender toda la extensión del gobierno del crimen en las sociedades contemporáneas, sino apenas presentar unos hallazgos derivados de la aplicación de estas herramientas en un espacio circunscrito a la ciudad de Bogotá que, en muchos aspectos, puede ser extensible a otras ciudades pero, en otros, es sumamente particular.
3. CONOCER LA CIUDAD: UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESCALAS DE GOBIERNO
El estudio del crimen desde la escala local
Si la comprensión de la forma en la que el crimen es gobernado en las sociedades contemporáneas implica reflexionar sobre la multiplicidad de escalas de gobierno que confluyen en ciertos espacios y, con ello, el estudio de los diferentes actores, técnicas, saberes y discursos que interactúan cotidianamente y que establecen diferentes tipos de relaciones entre ellos, la realización de investigaciones que se dediquen a la tarea anterior necesita delimitar su objeto para no perderse en dicho análisis.
El problema —que es, paradójicamente, también su virtud— de la comprensión multiescalar del gobierno del crimen es que, aunque metodológicamente puede privilegiar el énfasis en ciertas escalas, nunca descarta la interacción con otras, lo que deriva en que cada estudio es siempre un problema transversal en el que, aunque pueda estudiarse la incidencia de una sola escala de gobierno sobre cierto espacio, para su comprensión es necesario involucrar las otras. Para usar las palabras del apartado anterior, el estudio multiescalar es una apuesta por analizar, a la vez, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba la interacción de las diferentes escalas.
Pues bien, la apuesta de la presente investigación por comprender el gobierno del crimen desde el espacio físico de la ciudad de Bogotá es un intento de fijar un énfasis en una escala de gobierno específica: la municipal83, pero sin perder de vista la interacción con otras escalas. Teniendo en cuenta que las escalas de gobierno están adscritas a espacios físicos en los que los actores, saberes, discursos, técnicas y prácticas que las componen sirven para construir una competencia que permita dirigir las acciones de los sujetos en dicho espacio, en Bogotá pueden converger diferentes escalas de gobierno además de la local. De estas, algunas afirman que la competencia para gobernar la ciudad se deriva de estar contenida en otro espacio —como es el caso de la escala de Gobierno nacional—, mientras que otras construyen su competencia desde pequeños espacios del municipio —como, por ejemplo, desde el interior de las unidades residenciales—.
De hecho, es relevante desprender la idea de escala de gobierno del Estado mismo. Si bien muchas organizaciones privadas pueden actuar con autorización o de forma mancomunada con el Estado, estas tienen la capacidad de poner en acción actores, conocimientos, discursos, técnicas y prácticas que les permiten crear una competencia para dirigir las acciones en ciertos espacios físicos, como centros comerciales, unidades residenciales, centros educativos, etc. Si Foucault invitaba a descabezar al Estado como centro del análisis jurídico y político, ello no estaba abocado al simple desmembramiento de la estructura estatal, sino a derogar el simbolismo mismo del Estado. En este orden, es necesario reconocer que, si el gobierno no es una cuestión exclusivamente estatal, tampoco las escalas de gobierno podrían serlo. Por ello, la escala de gobierno local, si bien puede considerarse una de las unidades más pequeñas dentro de las estatales, no lo es cuando se expande la visión, pues en este caso la municipalidad puede contener una multiplicidad de escalas de gobierno que, en muchos casos, solo serán observables a través de trabajos que se concentren en pequeños sectores de la ciudad. La tentación que se debe evitar es convertir la escala de gobierno local en un nuevo “Estado”.

Diagrama 3. El gobierno del crimen en Bogotá
Fuente: elaboración propia.
El diagrama 3 muestra la forma en que las escalas de gobierno interaccionan, desde la transnacional que se extiende por todo el espacio físico haciendo que sus actores, saberes, discursos, técnicas y prácticas busquen moldear lo que sucede en las demás escalas, hasta las denominadas escalas de gobierno variables, caracterizadas por ponerse en acción en pequeños espacios de la ciudad de Bogotá y que entran en contacto con todas las escalas superiores: transnacional, nacional y local. La escala de gobierno local es, entonces, una herramienta analítica que permite agrupar actores, saberes, discursos, prácticas y técnicas que buscan gobernar el crimen en la ciudad de Bogotá, y que consideran que su competencia es la municipalidad en su totalidad. Esta caracterización de la escala de gobierno local permite orientar el trabajo hacia la recolección de información en un ámbito específico, por lo que para la investigación es primordial conocer los actores, los discursos, los saberes, las técnicas y los proyectos de gobierno del crimen que se despliegan en el espacio de Bogotá, pero también comprender las interacciones que se dan con las escalas superiores (transnacional y nacional) e inferiores (escalas de gobierno variables). Para ello es necesario analizar, hacia arriba, el papel/lugar de la ciudad en el mundo y en el Estado central, pero también hacia abajo, las técnicas de gobierno microespacial del crimen que se organizan desde pequeños espacios contenidos por la ciudad. Lo anterior implica una ida y vuelta entre diferentes escalas, que ayuda a entender la forma en que el crimen es gobernado en el espacio seleccionado como objeto de estudio.
En primer lugar, mirando hacia arriba, el estudio de la ciudad en el mundo obliga a pensar en las tendencias contemporáneas que han llevado a que exista cierta homogeneidad entre las políticas de muchas grandes ciudades —en especial, en cuanto al manejo del crimen— y en el papel que ciertas organizaciones internacionales o ciertos fenómenos globales juegan en la configuración del gobierno del crimen. Por ejemplo, la reconfiguración de la economía de la ciudad después de la apertura económica ligada a la expansión del neoliberalismo o la importancia de los indicadores de violencia para consolidar una ciudad segura para el turismo84 son parte de la influencia transnacional en el control del crimen en la ciudad.
En segundo lugar, el estudio de lo local en el Estado central invita a analizar la descentralización de funciones de las autoridades estatales, pero también la persistente centralización del aparato punitivo en los ordenamientos continentales, tanto en su labor legislativa como judicial. Todas estas cuestiones tienen que enmarcarse en la comprensión de las resistencias, negociaciones, cooperaciones, rupturas, continuidades, imposiciones o permisiones que los factores mundiales o nacionales pueden representar al entrar en interacción con los saberes, discursos, prácticas, técnicas y actores encargados de gobernar el crimen en el espacio de la capital colombiana.
En tercer lugar, una mirada hacia abajo implica reconocer los pequeños espacios contenidos por la ciudad —agrupados en barrios, comunidades, localidades, u otros espacios similares (dentro de los cuales pueden constituirse escalas de gobierno variables)— y las interacciones contextuales entre escalas de gobierno que tienen lugar en cada esquina de esta. Sin embargo, la enorme cantidad de pequeños espacios dentro de la ciudad de Bogotá impide abordar en detalle las formas específicas en que las escalas de gobierno interaccionan en todos ellos, por lo que la presente investigación, cuando contempla la multiplicidad de espacios de la ciudad, lo hace a través de modelos que los agrupan y caracterizan de manera general —como los cuadrantes o los puntos calientes85—, lo que deriva en que sea necesario reconocer que analizar un espacio tan grande como la ciudad de Bogotá tiene limitaciones que solo pueden ser subsanadas a través de la realización de estudios enfocados en espacios mucho más pequeños.
El estudio desde el espacio municipal es, por tanto, un estudio del crimen desde abajo en cuanto a las escalas de gobierno mundial y estatal se refiere, pero desde arriba en cuanto a las microdivisiones del espacio urbano. Esta dualidad de la herramienta metodológica conduce a dos tipos de resultados: por un lado, sirve para agrupar datos empíricos para una revisión crítica de las teorías que estudian el crimen desde las escalas de gobierno global o nacional y, además, de los modelos que proponen lecturas omnicomprensivas del gobierno del crimen. Por otro lado, sirve para construir una teoría sobre la forma en que el gobierno del crimen se materializa en las calles de la ciudad, mientras otorga las herramientas metodológicas necesarias para realizar estudios empíricos que confirmen, refuten o complementen dicha teoría.
Análisis de las relaciones entre escalas de gobierno
Estudiar el gobierno del crimen en el espacio de la ciudad desde una perspectiva multiescalar implica buscar mecanismos para interpretar las diferentes interacciones escalares que tienen lugar en ella. Las relaciones entre escalas de gobierno en el espacio de la ciudad de Bogotá pueden ser de diferentes tipos, desde la identidad absoluta entre sus objetivos, técnicas, discursos, saberes, prácticas actores y destinatarios, hasta la diferencia absoluta en cada uno de estos elementos, pasando por todas las mezclas imaginables derivadas de la presencia o ausencia de uno o varios de estos.
La existencia de una continuidad absoluta —y poco probable— entre todas las escalas de gobierno tiene poca relevancia pues, de configurarse, esto podría estudiarse desde arriba, sin necesidad de incorporar las demás escalas. Sin duda, los estudios Estado-céntricos se han encargado de esta tarea, pero, más que buscar continuidades entre las escalas de gobierno, han simplemente asumido que la escala de Gobierno nacional es omnipotente y homogénea.
Lo mismo sucede cuando hay una ruptura absoluta entre escalas de gobierno, donde alguna logra excluir fácticamente a las demás de su pretensión de gobernar sobre un espacio físico concreto. Lo anterior no niega la posibilidad de que dos escalas de gobierno puedan pretender la competencia para gobernar el mismo espacio, sino que afirma que es posible que una de ellas logre exitosamente excluir a otras. Así las cosas, el principal lugar para comprender el gobierno del crimen desde la perspectiva multiescalar son aquellos espacios que cuentan con intermedios problemáticos que se presentan entre la continuidad absoluta y la ruptura absoluta, en los que la relación entre las diferentes escalas de gobierno crea relaciones caracterizadas por la negociación, cooperación, resistencia, búsqueda de independencia o sometimiento parcial.
La forma en que se relacionan las diferentes escalas de gobierno envuelve un juego de poder en el que se moldea el gobierno del crimen como resultado de la negociación o cooperación entre escalas y los márgenes de independencia, resistencia o rebelión entre estas. Estas relaciones están condicionadas por diferentes factores, que van desde la capacidad de cada escala de poner en acción saberes y discursos de justificación para sus proyectos de gobierno, hasta la capacidad técnica de implementar sus modelos en la cotidianidad. En últimas, la definición de estas relaciones depende de una posición estratégica relativa y variable que cada una de estas escalas de gobierno construye para sí misma en espacios específicos.
Por ello, el análisis de la forma en que el poder se construye en la interacción entre escalas de gobierno es un asunto clave para la comprensión multiescalar del gobierno del crimen. Este estudio del poder, para ser fructífero, debe concebirse como un asunto contextual y cambiante (dinámico); como algo que no se posee, sino que se ejerce estratégicamente; como una realidad que puede funcionar a veces de forma coactiva y otras veces a través de los sujetos86.
Que el poder sea un asunto contextual y dinámico significa que el mismo no puede ser caracterizado de forma inmóvil como un asunto fijado siempre en ciertas instituciones, sujetos o discursos. Esto resulta vinculado de manera inmediata con la idea de que el poder no puede ser apropiado y, con ello, no es permanentemente ubicable en unos “titulares” del mismo87. Al contrario, el poder es constituido estratégicamente en cada una de las relaciones que tienen lugar entre las escalas de gobierno, y se deriva de las diferentes interacciones que tienen lugar entre los distintos discursos, saberes, prácticas, técnicas y actores que se involucran en las decisiones del gobierno del crimen.
A pesar de que en materia de gobierno del crimen el poder puede ser, y es, ejercido muchas veces de forma coactiva en contra de la voluntad del sujeto —una visión usualmente ligada al uso de la fuerza punitiva del Estado central—, es necesario reconocer que este no es siempre una fuerza negativa, sino que se manifiesta en muchas ocasiones sin la necesidad de ser una imposición, es una herramienta que opera facilitada por los sujetos mismos, como sucede con las técnicas de gobierno del crimen incorporadas en la vida cotidiana, en las que al individuo no se le obliga, por ejemplo, a transitar por ciertos sectores de la ciudad, pero se le informa sobre las consecuencias positivas de hacerlo o negativas de no hacerlo.
Una concepción del poder de este tipo es, por supuesto, contraria a las visiones Estado-céntricas que observan —o al menos asumen analíticamente— una concentración del poder en las entidades nacionales o jerárquicamente superiores de la estructura estatal, pues no solo niega que estas sean las únicas capaces de constituir relaciones de poder, sino porque niega la mera posibilidad de que estas puedan capturarlo de forma permanente. Pero es también una herramienta para ubicar el lugar del Estado central en el estudio del gobierno del crimen, en tanto permite diagnosticar cuáles son los saberes, las técnicas, los discursos, las prácticas y los actores que han permitido a las organizaciones centralizadas mantener una gran capacidad de influencia, decisión e imposición en muchos Estados contemporáneos88.
Ahora bien, al ser la multiescalaridad una herramienta multifacética, lo que define cómo se debe estudiar la forma en que el poder es constituido por las escalas de gobierno y, a su vez, la interacción entre las diversas escalas es una decisión previa al análisis que sirve para delimitar el estudio. Esta decisión tiene que ver con los espacios físicos escogidos para aplicar el modelo de investigación, debido a que es distinta, al menos en principio, la forma en que las escalas de gobierno son constituidas transnacional, estatal o localmente. Incluso, puede ser distinta la forma en que una municipalidad como Bogotá y otras del país, el continente o el mundo construyen su propia escala de gobierno. En algunos casos, como Bogotá, el ordenamiento jurídico brinda herramientas para construir una competencia administrativa reconocida por la Constitución y la ley, que permite mayor libertad de configuración en diversos aspectos, como se verá en el capítulo siguiente. En otros casos, esta libertad puede ser construida sin apoyo del ordenamiento jurídico, debido a una mayor centralización de funciones en el Estado-nación o a la contrariedad de los proyectos locales y los nacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo que debe hacerse es una inducción de las relaciones que tienen lugar en los espacios físicos para identificar, en primer lugar, quiénes reclaman la competencia para gobernar el crimen en los mismos. Una vez realizado lo anterior, y dependiendo del tamaño de los espacios físicos, debería ser posible identificar las escalas de gobierno que pretenden competencia sobre el espacio por diversas razones: sea por estar incluido en otro de mayor extensión, sea por la pretensión de regularlo de forma independiente, o sea por apropiarse de ciertos sectores del espacio analizado. La relación que se mostró en el diagrama 3 es un punto de partida para analizar las relaciones entre escalas.
A renglón seguido, es útil identificar el tipo de relaciones multiescalares que quieren estudiarse, y las capacidades técnicas que existen para hacerlo, por ser distinto el análisis de cada una de las escalas. Por un lado, si se escogiera el mundo como laboratorio —y, con ello, la escala de gobierno transnacional—, difícilmente puede exigirse el conocimiento de lo que sucede en las esquinas de cada ciudad del mundo (y de lo aquí denominado escala de gobierno variable), pues estas serían inabarcables por las capacidades técnicas de dicho estudio. Por otro lado, si se escoge un pequeño espacio, como un parque o una esquina, aunque puede ser más fácil exigir conocimiento sobre asuntos transnacionales en tanto estos suelen incorporarse en las grandes teorías, no solo es más difícil localizar la forma específica en que dichos elementos interaccionan con las pequeñas escalas de gobierno, sino que, además, por fuerza de la investigación, se deberán excluir muchas escalas de gobierno que no entran —o es difícil identificar cómo lo hacen— en relación con el espacio estudiado. Un ejemplo de ello es el trabajo sobre cornerville89 en el que se analizan las formas de sociabilidad específicas de un distrito de la ciudad de Boston. Aunque la elección de pequeños espacios sin duda arroja datos importantes —y, según creo, necesarios— para comprender el gobierno del crimen, disminuye las capacidades de comprensión de las relaciones que se construyen a nivel ciudad. Así mismo, estudiar la ciudad complica observar ciertas relaciones que tienen lugar al nivel estatal o transnacional —pues, por ejemplo, en Colombia, las relaciones del Estado central pueden ser diferentes con relación a Medellín, Cali o Bogotá, o unidades municipales más pequeñas que estas ciudades principales—.
Decidirse, como en este caso, por un espacio tan grande como Bogotá, puede facilitar la inclusión de las escalas de Gobierno nacional y transnacional, debido a la amplia literatura que describe los diferentes factores que las componen —y que han sido citados a lo largo de este capítulo—. A pesar de ello, al ser muchos de estos estudios Estado-céntricos, la información aportada por ellos debe pasar por una crítica nutrida por los datos empíricos recolectados en la ciudad, que revelan las continuidades y discontinuidades entre los actores, discursos, prácticas, técnicas y saberes transnacionales, nacionales y locales. Más difícil resulta el análisis de los espacios específicos al interior de la ciudad, pues la elección de un espacio grande impide la recolección de información detallada sobre cada uno de los sectores de esta. Por ello, los pequeños espacios deben ser estudiados a partir de la forma en que la escala de gobierno municipal los concibe y los gobierna.
Estudiar los espacios contenidos en la ciudad a partir de la perspectiva que la escala de gobierno local tiene de ellos puede llevar a dejar por fuera información relevante e imponer sobre estos la definición pretendida por los encargados de gobernarlos. Este riesgo es difícil de reducir y, según creo, su reducción no pasa por una decisión metodológica sino por la colaboración investigativa que permita reunir datos fiables sobre cada uno de los espacios físicos y las escalas de gobierno presentes —y que interaccionan— en estos.
4. EL ANÁLISIS MULTIESCALAR Y LA COMPRENSIÓN DEL GOBIERNO DEL CRIMEN EN LA CIUDAD
Entender el gobierno del crimen en las sociedades contemporáneas exige herramientas que permitan analizar la multiplicidad de actores que convergen en el mismo. Una parte de los estudios sobre el tema ha afirmado que el gobierno del crimen es un problema de lo que podría denominarse la escala de Gobierno nacional, esto es, el conjunto de actores, discursos, prácticas, técnicas y saberes que se estructuran para afirmar la capacidad de dirigir las acciones de los sujetos en un espacio físico denominado Estado. Esta comprensión del gobierno del crimen implica simplificar una estructura estatal compleja y homogeneizar las actuaciones de entidades de orden nacional o jerárquicamente superiores, para pensar que el crimen es un asunto que se gobierna de forma idéntica en todos los espacios contenidos por el Estado.
El presente capítulo ha propuesto, como alternativa para entender el gobierno del crimen en las sociedades contemporáneas, enfocarse en estudiar la forma en que diferentes escalas de gobierno confluyen en ciertos espacios físicos. Esta convergencia hace necesario analizar las distintas formas de interacción que tienen lugar en los espacios físicos, y que se caracterizan por la negociación, las tensiones o la cooperación entre escalas de gobierno, así como por la búsqueda de independencia o sometimiento parcial entre estas.
Lo anterior representa el reconocimiento de que el gobierno del crimen es un asunto anclado a ciertos espacios donde la relación entre escalas de gobierno implica en una multiescalaridad gubernamental, para cuyo análisis es necesario estudiar aquellos elementos que soportan su capacidad —pretendida o real— de dirigir las acciones de los sujetos en ciertos espacios específicos. Esto implica analizar cada escala de gobierno buscando identificar actores, discursos, prácticas, técnicas y saberes que entran en acción en un espacio específico, pero también la relación con otras escalas en dichos espacios.
Para estudiar el gobierno del crimen en la ciudad de Bogotá se requiere pensar que en el espacio físico de la urbe convergen diferentes escalas de gobierno que pretenden administrar la ciudad en razón de la pertenencia de esta a un espacio más grande, pero que la escala de gobierno municipal también intenta imponerse frente a microunidades urbanas que pueden tener diferentes escalas de gobierno. Por ello, es necesario incorporar la multiescalaridad como herramienta analítica para mostrar las continuidades y discontinuidades existentes entre los distintos actores, discursos, prácticas, técnicas y saberes que intentan gobernar el crimen en la ciudad y así ayudar a construir interpretaciones más completas sobre el tema.
1 Para entonces, Maradona era futbolista activo de la Società Sportiva Calcio Napoli y su legado futbolístico lo convirtió en un ícono para la ciudad del sur de Italia, donde se han realizado estatuas y murales en conmemoración del ídolo futbolístico. Al respecto, ver Francesc Aguilar, “Maradona sigue muy presente en Nápoles, 27 años después”, Mundo Deportivo, 9 de abril de 2018, https://cutt.ly/Br4UnO2; y el documental de Alessio Maria Federici, Maradonapoli (Italia: Cinemamundici, 2017).
2 La ocurrencia de aquel partido ha sido documentada en diferentes fuentes, al respecto pueden verse: “El día que Maradona jugó en el barro por un niño enfermo”, Marca, 29 de octubre de 2016, https://cutt.ly/ Xr4Y3Et; Pablo Bargueño, “Maradona en Acerra: así fue el amistoso de los desarrapados”, As, 20 de enero de 2017, https://cutt.ly/jr4UqhE, que disponen de imágenes y videos. También, Sergio Levinsky, Maradona, rebelde con causa (Buenos Aires: Corregidor, 1996).
3 Aguilar, “Maradona sigue muy presente en Nápoles”.
4 Aunque en otros contextos el rompimiento de una regla puede ser un escenario para que los poderes que afirman la potestad de gobernar activen los mecanismos reguladores para que la regla sea respetada (como es el caso del gobierno del crimen), en este caso se presentó una fractura total derivada de que la FIFA, por su propia decisión, se limitaba a regular aquellos eventos que pudieran considerarse, de acuerdo con sus estándares reglamentarios, fútbol.
5 A pesar de que las demás reglas eran similares, esta lo cambiaba todo, pues la FIFA no regula cualquier balón que sea pateado, sino aquellos eventos llevados a cabo por las federaciones, asociaciones y miembros que pertenecen a la entidad, en los que se deben cumplir las reglas básicas del deporte. Según la FIFA, “El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de once jugadores cada uno”. FIFA, Reglas de Juego 2015/2016 (Zúrich: FIFA, 2016), 18.
6 Estas reglas pueden ser encontradas en diversos documentos oficiales. Para ello, véanse FIFA, Código Disciplinario de la FIFA: edición 2017 (Zúrich: FIFA, 2017); Reglas; Código Ético de la FIFA: edición de 2012 (Zúrich: FIFA, 2012).
7 Policía Nacional, “Tablas estadísticas de actividad operativa 2015”, Criminalidad 58, n.° 2 (2016): 72-106.
8 El hecho, y el video del cual se extrae el texto, pueden ser vistos en Javier Arana, “El hombre que se hizo viral por acusar de racismo a policías en Bogotá”, El Tiempo, 16 de septiembre de 2015, https://cutt.ly/Zr4UmQr. El video puede ser encontrado en diversos vínculos de YouTube, los cuales, para principios de 2018, registraban más de 100.000 visitas si se suman los visitantes de cada uno de los vínculos en los cuales aparece el mismo.
9 Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín, “Patrullando la dosis personal: represión cotidiana y los debates de las políticas públicas sobre el consumo de drogas ilícitas en Colombia”, en Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, ed. por Alejandro Gaviria y Daniel Mejía (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011), 237-269.
10 En Colombia no existen estudios sobre el impacto de la acción policial sobre poblaciones vulnerables o personas de bajos recursos económicos. El único estudio publicado sobre el tema habla sobre la forma en que se realizan perfiles raciales en la ciudad de Cali (véase Yukyan Lam y Camilo Ávila Ceballos, Orden público y perfiles raciales: experiencias de afrocolombianos con la policía en Cali [Bogotá: DeJusticia, 2013]). Sin embargo, con solo ver las personas que pueblan las cárceles en el país es posible concluir que estos perfiles existen en Colombia, pero, sin duda, es necesaria la realización de este tipo de estudios centrándose, principalmente, en la forma en que a los funcionarios de policía se les enseña a identificar sujetos sospechosos. En cuanto a la población carcelaria, según el informe estadístico más reciente de los disponibles antes de la finalización del presente texto, es necesario destacar que la mayor parte de esta población está compuesta por hombres jóvenes (entre los 18 y los 25 años), que no han terminado sus estudios básicos de secundaria (si se cuenta la población encarcelada que es iletrada, o que tiene estudios inferiores al grado noveno —de los once que componen el ciclo básico—, se tiene que el 71,8% de los presos del país están en estas condiciones) (IN-PEC, Informe estadístico junio de 2018 [Bogotá: INPEC-Minjusticia, 2018]).
11 Al respecto, diversos autores han mostrado la transnacionalidad de diversas políticas de gobierno, y la forma en que estas son adaptadas en contextos distintos a los originarios. Sobre el tema, pueden verse Löiq Wacquant, Las cárceles de la miseria. Trad. por Horacio Pons (Buenos Aires: Manantial, 2004), y Máximo Sozzo, Inseguridad, prevención y policía (Quito: Flacso, 2008).
12 Löiq Wacquant, Castigar a los pobres. Trad. por Margarita Polo (Barcelona: Gedisa, 2012); “Toward a dictatorship over the poor? Notes on the penalization of poverty in Brazil”, Punishment & Society 5, n.° 2 (2003): 197-205; Michael Cavadino y James Dignam, “Penal policy and political economy”, Criminology and Criminal Justice 6, n.° 4 (2006): 435-456.
13 Zygmunt Bauman, La globalización: consecuencias humanas. Trad. por Daniel Zadunaisky (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2013); Modernidad Líquida. Trad. por Mirta Rosenberg (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2015).
14 Que la policía realiza una persecución sobre ciertos sujetos o que el ordenamiento jurídico apunta a ciertas poblaciones es algo que ha sido documentado según los contextos específicos de cada país. En Colombia, esto ha sido mostrado por Lemaitre y Albarracín en “Patrullando la dosis personal”. Entre los distintos textos que pueden referenciarse sobre el tema, véanse Forrest Stuart, “From ‘rabble management’ to ‘recovery management’: policing homelessness in marginal urban space”, Urban Studies 9, n.° 51 (2014): 1909-1925; Don Mitchell, “The annihilation of space by law: The roots and the implications of anti-homeless laws in the United States”, en The legal geographies reader: law power and space, ed. por Nicholas Blomley, David Delaney y Richard T. Ford (Oxford: Blackwell Publishers, 2001); Malcolm M. Feeley y Jonathan Simon, “The new penology: Notes on the emerging strategy of correction and its implications”, Criminology 30 (1992): 449-474; Jacqueline Kennelly, “Policing young people as citizens-in-waiting: Legitimacy, spatiality and governance”, British Journal of Criminology 51 (2011): 336-354; Michael Tonry, Punishing race: A continuing American dilemma (New York: Oxford University Press, 2011); Eduardo Paes-Machado y Charles Levenstein, “’I’m sorry everybody but this is Brazil’: Armed robbery on the buses in Brazilian cities”, British Journal of Criminology 44 (2004): 1-14; Shaun A. Thomas, “Is it about race?: intergroup threat and perceptions of racial profiling”, Criminal Justice Studies 30, n.° 4 (2017): 401-420; Stephen K. Rice, John D. Reitzel y Alex R. Piquero, “Shades of brown: perceptions of racial profiling and the intra-ethnic differential”, Journal of Ethnicity in Criminal Justice 3, n.° 1-2 (2005): 47-70; Ronald Weitzer y Steven Tuch, “Perceptions of racial profiling: Race, class, and personal experience”, Criminology 40, n.° 2 (2002): 435-456; Elizabeth Hinton, From the war on poverty to the war on crime. The making of mass incarceration in America (Cambridge-London: Harvard University Press, 2016).
15 Luis Eslava, Local space, global life (Cambridge: Cambridge University City Press, 2015), 15.
16 Entre estas razones que dividen los espacios como contenedores/contenidos está, sin duda, el derecho, el cual no solo participa de divisiones espaciales reales —nadie discutiría que el continente americano y el europeo están divididos por un océano—, sino que también construye sus propias divisiones, siendo el Estado mismo —que da forma a la organización espacial más aceptada en la actualidad— uno de ellos. Algunos de los espacios constituidos por el derecho suelen ser identificables con referentes empíricos, por ejemplo, más allá de las características específicas y los límites que el derecho le otorgue, puede ser fácil en ciertos contextos reconocer un bosque o una selva, mientras que resulta imposible distinguir solo con la vista espacios ficticios como jurisdicción o competencia. Un caso particular es la espacialización de los usos del suelo que, aunque en principio parece ser completamente ficticia, de forma similar a la jurisdicción o la competencia, termina por crear espacios que se identifican en la vida cotidiana como “sectores comerciales” o “sectores industriales”. En cualquier caso, es importante destacar que las divisiones escalares que se utilizan en el presente análisis, que serán descritas más adelante, están en muchas ocasiones relacionadas con el derecho y las divisiones que construye entre lo transnacional como superior al Estado, lo nacional como parte del Estado y las subdivisiones administrativas (como la municipalidad o la localidad). Sin embargo, ello no siempre es así, pues también se acude en ocasiones a espacios cuya caracterización es relativamente independiente del derecho. Sobre la forma en que el derecho construye espacios, véanse Mariana Valverde, Everyday la won the Street: City governance in an age of diversity (Chicago: The University of Chicago Press, 2012); Nicholas Blomley, Unsettling the city: urban land and the politics of property (New York: Routledge, 2004); Irus Braverman, Planted flags: trees, land and law in Israel/Palestine (Cambridge: Cambridge University Press, 2014); Boaventura de Souza Santos, “Law: A map of misreading. Toward a postmodern conception of law”, Journal of Law and Society 14, n.° 3 (1987): 279-302.
17 Estas escalas de gobierno no pueden ser entendidas como estructuras inmóviles, pues dentro de una misma escala puede haber disputas. Por ejemplo, en la escala de Gobierno nacional o estatal pueden converger diferentes visiones sobre cómo gobernar el crimen. Por ello, la escala de gobierno debe ser entendida como una competencia sobre un espacio específico construida de forma dinámica a través de diferentes actores, saberes, discursos, prácticas y técnicas.
18 Una visión hiperjuridificada de la vida social podría afirmar que todos los actores, saberes, discursos, prácticas y técnicas que afirman su competencia para gobernar un espacio específico están regulados por el ordenamiento jurídico —o por un ordenamiento jurídico—, incluso aquellos que provienen de organizaciones al margen de la ley, algo que en Colombia sucedió con los grupos insurgentes o los grupos paramilitares (María Teresa Uribe, “Las soberanías en disputa: conflicto de identidades o de derechos”, Estudios Políticos 15 [1999]: 23-45). Sin embargo, según creo, la permisión del Estado a los particulares de, por ejemplo, crear empresas de seguridad privada, no les otorga sin más una competencia para gobernar ciertos espacios, aunque sin duda es importante en su edificación, sino que les confiere una posibilidad de acción que luego estos convierten en competencia apoyados en otros mecanismos —como el apoyo del vecindario o la oferta de contratación de seguridad privada por parte de los centros comerciales—. Así mismo, la lucha estatal por recuperar territorios armados ocupados por insurgentes como parte del ejercicio de la soberanía territorial no hace desaparecer la capacidad de estas organizaciones de gobernar el crimen en los espacios por ellos ocupados. En estos casos, a pesar de que el ordenamiento —y el conocimiento— jurídico puede resultar fundamental para construir una competencia sobre ciertos espacios, la posibilidad de algunos actores, saberes, discursos, prácticas y técnicas de constituirse en verdaderas escalas de gobierno depende de su capacidad de construir su propio poder en la vida cotidiana.
19 La multiescalaridad ha sido utilizada en diversos estudios. Al respecto, entre otros, véanse Mariana Valverde, Everyday, 13; “Seeing like a city: The dialectic of modern and premodern ways of seeing in urban governance”, Law and Society Review 45, n.° 2 (2011): 277-312; Saskia Sassen, “Cities are at the center of our environmental future”, Cities and Climate Change 2, n.° 3 (2010): 1-8, 4-7; “Una sociología de la globalización”, Análisis Político 61 (2007): 3-27; Alexander González Chavarría, “Multi-scalar globalization and political governance: Lessons from negotiations over Colombian’s poverty and inequality reduction strategy 2006-2015”, International Sociology 27, n.°1 (2011): 120-135; Boaventura de Souza Santos, “Law, a map of misreading: toward a postmodern conception of law”, Journal of Law and Society 14, n. ° 3 (1987): 279-302; Alejandro Benedetti, “Lugares de frontera y movilidades comerciales en el sur sudamericano: una aproximación multiescalar”, en Fronteiras em foco, ed. por E. A. Costa, G. V. L. Costa y M. A. M. Oliveira (Campo Grande: Editora da UFMS, 2011); Nik Theodore, Jamie Peck y Neil Brenner, “Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados”, Temas Sociales 66 (2009): 1-12; Frank Moulaert, Constanza Parra y Erik Swyngedouw, “Ciudades, barrios y gobernanza multiescalar en la Europa urbana”, Eure 40, n.° 119 (2014): 5-24; Liesbet Hooghe y Gary Marks, “Unraveling the central state, but how?: types of multi-level governance”, American Political Science Review 97, n.° 2 (2003): 233-243; Chris Skelcher, “Jurisdictional integrity, polycentrism, and the design of democratic governance”, Governance 18, n.° 1 (2004): 89-110.
20 Aunque sobre esto se profundizará más adelante, vale la pena por ahora referenciar los trabajos sobre el tema de Robert K. Merton, Teoría y estructura sociales. Trad. por Florentino M. Torner (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2013), 56-91; y Alejandro Portes, El desarrollo futuro de América Latina: neoliberalismo, clases sociales y transnacionalismo. Trad. por Libardo Ariza (Bogotá: Antropos, 2004), 113-147.
21 “La FIFA tiene 16 países más que la ONU”, Caras y Caretas, 31 de octubre de 2015, https://cutt.ly/Or4Uy8w. La lista completa de miembros e información adicional puede encontrarse en el sitio web de la FIFA.
22 Se ha mostrado la enorme similitud que existe entre los ordenamientos penales que forman parte de la tradición jurídica continental, de la cual se deriva el código disciplinario de la FIFA. Además, se han hecho esfuerzos por mostrar cómo la gramática del derecho penal continental tiene además similitudes con la tradición anglosajona. Al respecto, véanse Georg P. Fletcher, Rethinking criminal law (New York: Oxford University Press, 2000); The grammar of criminal law: American, comparative, and international Volume One: Foundantions (New York: Oxford University Press, 2007); Stuart P. Green, “The universal gramar of criminal law”, Michigan Law Review 98, n.° 6 (2000); Kai Ambos, “Observaciones a la doctrina francesa del hecho punible desde la perspectiva alemana”, InDret 3 (2008): 1-19.
23 Los términos referidos aparecen en el Código Disciplinario de la FIFA en los artículos 7, 8, 9, 96 y 99 (FIFA, Código Disciplinario), y en el ordenamiento jurídico colombiano, entre otros, en los artículos 27, 12, 29, 30 y 31 de la Ley 599 de 2000 y 7 y 9 de la Ley 906 de 2004. Así mismo, son comunes a casi todas las regulaciones de origen continental, como la italiana, alemana, española, argentina, peruana, brasileña, etc.
24 Estos se encuentran en los artículos 7, 8, 9, 59, 61, 96 y 99 del Código Disciplinario de la FIFA (FIFA, Código Disciplinario), mientras que en Colombia aparecen en los artículos 347, 287 y 289 de la Ley 599 de 2000.
25 La centralidad del Estado en la vida política y el pensamiento jurídico político moderno ha sido estudiada por Foucault en varios de sus textos, pero puede ser más evidente en los análisis realizados en Michel Foucault, Defender la sociedad. Trad. por Horacio Pons (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014); y Seguridad, territorio, población. Trad. por Horacio Pons (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006).
26 Foucault, Defender, 35.
27 Definir el ámbito espacial del gobierno de la FIFA es un poco complicado. Podría decirse que este tiene lugar en las 204 federaciones miembro, sin embargo, esto puede extenderse a espacios de federaciones no miembros en los casos en que se lleven a cabo partidos, torneos o transacciones que involucren a las federaciones miembro, algo que también sucede en los ordenamientos penales continentales con la territorialidad por extensión y extraterritorialidad de la ley penal (arts. 15 y 16 de la Ley 599 de 2000 en el caso colombiano).
28 Esto ha sido problematizado desde dos frentes distintos, por un lado, por aquellos estudios sobre la globalización que, o bien minimizan la importancia del Estado en un mundo globalizado o bien la reconocen en ciertos ámbitos, pero la cuestionan, y más aún su centralidad, en el gobierno de todas las “cuestiones de Estado”; al respecto, entre otros, véanse Yasemin Soysal, Rainer Bauböck y Linda Bosniak, Ciudadanía sin nación. Trad. por Iker Barbero y Libardo José Ariza (Bogotá: Uniandes-Siglo del Hombre Editores, 2010); Saskia Sassen, “The global city: introducing a concept”, Brown Journal of Global Affairs XI, n.° 2 (2005): 27-43; “Una sociología de la globalización”; Adam Crawford, “Networked governance and the post-regulatory state?: Steering, rowing and anchoring the provision of policing and security”, Theoretical Criminology 10, n.° 4 (2006): 449-479. Por otro lado, por aquellos estudios que muestran las fisuras o los enfrentamientos entre lo pretendido por el Estado y su aplicación efectiva en la vida cotidiana; al respecto, entre otros, véanse Valverde, Everyday; Michael Lipsky, Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (New York: Russell Sage Foundation, 2010); Austin Sarat, “‘El derecho está en todas partes’: el poder, la resistencia y la conciencia jurídica de los pobres que viven de la asistencia social”, en Sociología jurídica, ed. por Mauricio García Villegas (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001); Lina Fernanda Buchely Ibarra, Activismo burocrático: la construcción cotidiana del principio de legalidad (Bogotá: Uniandes, 2014); Eslava, Local; Neil Brenner, “Global cities, glocal states: Global city formation and state territorial restructuring in contemporary Europe”, Review of International Political Economy 5, n.° 1 (1998): 1-37.
29 Según la Alcaldía de la ciudad, en 2016 existían en total 577 cámaras instaladas en diferentes sectores de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, Proyecto de plan de desarrollo 2016-2020 [Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2016]), se espera que estas cifras incrementen hasta 4000 cámaras (“Peñalosa aspira a tener 4000 cámaras de seguridad en Bogotá”, Semana, 5 de noviembre de 2016, https://cutt.ly/kr4Uzx8).
30 Esto se ha realizado a través de programas como “adopta un parque”, en el cual se constituyen organizaciones público-privadas entre el gobierno municipal, empresas y particulares para gestionar mancomunadamente los parques de la ciudad. En el contexto latinoamericano, Müller ha mostrado ampliamente la manera en que se ha presentado una privatización paulatina de diversas formas de control, tanto a través de herramientas público-privadas de gestión, como de la expansión de mecanismos propiamente privados que ocasionalmente son fomentados por el Estado y, en otras, surgen de diferentes sectores de la población. Véase Markus-Michael Müller, The punitive city: Privatized policing and protection in neoliberal (México, London: Zed Books, 2016).
31 Diversos artículos han mostrado la creciente importancia de la seguridad privada y de los mecanismos mixtos (públicos-privados) para mantener el orden en espacios públicos, privados o gestionados mancomunadamente. Entre otros, véanse Michael Kempa, Philip Stenning y Jennifer Wood, “Policing communal spaces: A reconfiguration of the ‘mass private property’ hypothesis”, British Journal of Criminology 44 (2004): 562-581; Benjamin Goold, Ian Loader y Angelica Thumala, “Consuming security?: tools for a sociology of security consumption”, Theoretical Criminology 14, n.° 1 (2010): 3-30; Randy K. Lippert, “Signs of the surveillant assemblage: privacy, regulation, urban CCTV and governmentality”, Social & Legal Studies 18, n.° 4 (2009): 505-522; Randy K. Lippert y Stefan R. Treffers, “Legal knowledges and surveillance in the condo world” Social & Legal Studies 25, 4 (2016); 419-440; Randy K. Lippert y Rhys Steckle, “Conquering condos from within: condo-isation as urban governance and knowledge”, Urban Studies 53, n.° 1 (2016): 132-148; Randy K. Lippert, “Urban neoliberalism, police, and the governance of condo life”, en Governing practices: Neoliberalism, governmentality and the ethnographic imaginary, ed. por Michelle Brady y Randy K. Lippert (Toronto-Buffalo-London: University of Toronto press, 2016), 181-198; Crawford, “Networked governance and the post-regulatory state?”; Müller, The punitive.
32 A partir de los estudios de Scott es posible afirmar que las formas de gobierno del Estado, más que una función atada directamente a ciertas organizaciones pertenecientes al aparato central del Estado, son una forma de ver el gobierno de los problemas públicos. Esta visión puede ser ejercida por el Estado central, pero también por sus divisiones administrativas o, incluso, por organizaciones paralelas al Estado (James C. Scott, Seeing like a state: How certain schemes to improve the human conditions have failed [New Haven-London: Yale University Press, 1998]). Según la define Valverde, la visión estatal es una especie de “mirada de pájaro” desde la cual se moldea el gobierno de diferentes asuntos, para lo cual las opiniones de los expertos, las visiones de arriba hacia abajo y las reformas de gran escala juegan un papel central en la planeación (Valverde, “Seeing like a city”).
33 Algunos autores han mostrado cómo las divisiones administrativas de los Estados anglosajones han sido muy importantes en materia de gobierno, incluso han llegado a jugar un papel más relevante que el Estado (véanse Richard T. Ford, “State formation and legal centralization”, en The legal geographies reader: Law power and space, ed. por Nicholas Blomley, David Delaney y Richard T. Ford [Oxford: Blackwell Publishers, 2001]; G. Frug, “A legal history of cities”, en The legal geographies reader: law power and space, ed. por Nicholas Blomley, David Delaney y Richard T. Ford [Oxford: Blackwell Publishers, 2001]). En materia del gobierno del crimen, Melossi muestra claramente cómo en Estados Unidos el papel del Estado central ha sido distinto al papel del Estado en los contextos europeos —algo que creo extensible a Latinoamérica cuya tradición estatalista es similar a la europea— (Dario Melossi, El estado del control social. Trad. por Martín Mur Ubasart [Madrid: Siglo XXI Editores, 1992]). Sin embargo, según muestra Hinton, en materia del gobierno del crimen la importancia del gobierno federal estadounidense ha venido creciendo, al punto de centralizar gran parte de las funciones en esta materia (Hinton, From the war).
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