Kitabı oku: «El asedio a la libertad»
EL ASEDIO A LA LIBERTAD
El asedio a la libertad conjuga novedosos y agudos aportes que contribuyen a examinar y problematizar los procesos de abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono Sur durante el siglo XIX, en armonía con la producción internacional sobre la temática. A través de las páginas se analizan los sinuosos caminos de desigualdad y sojuzgamiento a los que fueron sometidos los descendientes de africanos antes, durante y después de su emancipación.
La centralidad de la raza como categoría de análisis constituye una de las novedades más importantes que exhibe este libro, que proporciona claves, hasta ahora poco exploradas, para indagar acerca de cómo la raza ha influido en el desarrollo de los procesos históricos vinculados con la abolición de la esclavitud. Asimismo, se atiende a los estereotipos ligados a la esclavización que darían cuenta de la condición de precariedad de la libertad en el devenir cotidiano.
A lo largo del libro surge el interrogante acerca de si las ideologías de “inclusión racial” y la “retórica de la igualdad”, que circulaban contemporáneamente a los procesos de abolición en el Cono Sur, lograron trascender sus historias coloniales de esclavitud y desigualdad racial.
María de Lourdes Ghidoli es doctora en Historia y Teoría de las Artes (UBA). Miembro del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA-Instituto Ravignani, UBA/Conicet). Autora de Estereotipos en negro. Representaciones y autorrepresentaciones visuales de afroporteños en el siglo XIX (2016). Colaboró en The Image of the Black in Latin America and Caribbean Art (Harvard University Press, en prensa).
Florencia Guzmán es doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata). Se desempeña como investigadora independiente del Conicet, con sede en el Instituto Ravignani. Es coordinadora académica –además de miembro fundador– del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA-Instituto Ravignani, UBA/Conicet). Autora del libro Los claroscuros del mestizaje. Negros, indios y castas en la Catamarca colonial (2010) y coeditora de Cartografías afrolatinoamericanas. Perspectivas situadas para análisis transfronterizos (2013) y Cartografías afrolatinoamericanas. Perspectivas situadas en Argentina (2016).
FLORENCIA GUZMÁN - MARÍA DE LOURDES GHIDOLI
Editoras
EL ASEDIO A LA LIBERTAD
Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono Sur

Índice
Cubierta
Acerca de El asedio a la libertad
Portada
Estudio preliminar. De síntomas e interpelaciones, por Raúl O. Fradkin
Presentación. La mediación de la raza: complejidades y matices del binomio esclavización-libertad, por Florencia Guzmán y María de Lourdes Ghidoli
Entre las aspiraciones de libertad y el derecho de propiedad: el patrocinio jurídico a los esclavos en tiempos de revolución, Buenos Aires, 1806-1821, por Lucas Rebagliati
Liberta por oficio: negociando los términos del trabajo no libre en Buenos Aires en el contexto de la abolición gradual, 1820-1830, por Paulina L. Alberto
Del juzgado a los periódicos: los soldados libertos y el diarista y defensor José María Márquez en Montevideo, 1828-1831, por Alex Borucki
Un cadete zambo, un fraile mulato y un batallón de artesanos: representaciones y autorrepresentaciones de los afros en Chile durante la primera mitad del siglo XIX, por Hugo Contreras Cruces
Construyendo la libertad: género, domesticidad y desigualdad en tiempos de abolición, Buenos Aires, 1813-1840, por Florencia Guzmán
Traficantes y saladeristas: los brasileños y sus prácticas continuadoras del tráfico de esclavos en Montevideo en el marco de la abolición, 1830-1852, por Florencia Thul Charbonnier
“Una igualdad que haría infelices a las gentes de color y a la alta clase”: educación, género y “raza” en tiempos de abolición, Buenos Aires, 1810-1860, por María Agustina Barrachina
Un manual para formar negros piadosos: religión, política y raza en la Buenos Aires rosista, por Magdalena Candioti
El esquivo “don” de la libertad: afrodescendientes en la cultura visual de Buenos Aires, 1839-1865, por María de Lourdes Ghidoli
Recorridos abolicionistas entre 1830 y 1860 en la jurisdicción de Corrientes: consecuencias sociojurídicas del final de la esclavitud en perspectiva local, por Fátima Valenzuela
De soldados libertos a jornaleros y peones: africanos y afrodescendientes en Carmen de Patagones, 1820-1870, por Guido Cassano
Bibliografía
Sobre los autores
Créditos
ESTUDIO PRELIMINAR
De síntomas e interpelaciones
Raúl O. Fradkin
Escribir un prólogo a un libro colectivo siempre es una tarea dilemática aunque a veces, como en esta ocasión, es también una oportunidad para compartir reflexiones. Se afrontan en esta tarea varios peligros como, por ejemplo, dar mayor unidad de la que realmente tiene a un conjunto de textos diversos. Y también deben eludirse algunas tentaciones, como privilegiar más unos que otros capítulos con los cuales el autor del prólogo sienta mayor afinidad. Por supuesto, las dificultades se acrecientan cuando el que debe afrontar la tarea no es un especialista en el campo de estudios en que el libro se inscribe y solo puede ostentar la mera condición de lector atento a las novedades que desde él se producen y lo inquietan. Desde ese precario lugar de lectura intentaré en estas breves notas responder a la generosa e inmerecida invitación de las editoras para reflexionar sobre los síntomas que de alguna manera la publicación de este libro expresa y sobre todo algunas transformaciones que están ocurriendo en nuestros estudios históricos, y que interpelan no solo a este improvisado prologuista sino también al conjunto del campo historiográfico del que forma parte. Por suerte, en esta ocasión –a pesar de que la obra reúne trabajos que abordan diferentes objetos de estudio y apelan a muy distintas fuentes y estrategias de investigación– ella resulta coherente y manifiesta perspectivas interpretativas que, si bien no son idénticas, sin embargo pueden leerse como convergentes.
El libro reúne once estudios que examinan muy diferentes aspectos y situaciones de los procesos de abolición de la esclavitud producidos en el Cono Sur durante el siglo XIX. No se trata, por cierto, de una historia que pretenda presentarse como completa, quizá porque las editoras, las autoras y los autores crean que no ha llegado aún el momento para poder ofrecerla.1 Con todo, apenas se acaba la lectura se advierte que estos estudios cuentan con una firme base de sustentación, la que suministra la creciente producción de los últimos años que atestigua la renovación y la solidez que han adquirido los estudios sobre esclavizados y afrodescendientes. En rigor, el libro y sus aportes pueden comprenderse mejor si se los inscribe en la saga aparecida en la última década.2 Pero, además, este libro se suma a la vasta producción internacional que en los últimos años ha prestado especial atención a los procesos y las experiencias de abolición, a las posturas y orientaciones de los movimientos abolicionistas y al activismo que esclavizados y libertos tuvieron en ellos.3 Visto como síntoma, lo que el libro permite registrar son las posibilidades que brinda a la renovación de un campo de los estudios históricos inscribirse en una agenda internacional, una constatación que no por ser obvia deja de ser subrayable. De este modo, si algo queda claro al terminar la lectura, es la maduración y consolidación de un campo de estudios históricos en el que intervienen investigadores consagrados y de fecunda trayectoria junto con nuevas camadas, y que tanto unos como otros lo hacen examinando diversos temas, algunos de ellos muy escasamente transitados, así como muy diversas fuentes, algunas sencillamente inexploradas. De por sí, estas evidencias tornan la lectura del libro muy recomendable.
Una breve –y seguramente injusta– presentación de los capítulos me permitirá ser más claro. Intentaré al hacerlo no solo subrayar lo que me parece más sugestivo de cada contribución sino también señalar lo que pueden aportar al enriquecimiento de nuestras historiografías. La colaboración de Hugo Contreras Cruces sobre Chile afronta el desafío de superar los límites documentales que ofrece la dilución del registro de esa población buscando aproximarse a las representaciones de los afrodescendientes después de la temprana abolición en 1823.4 En esa tarea una decisión resultó particularmente fructífera: poner el foco en uno de los batallones de infantería de la Guardia Nacional, el Batallón de Infantes de la Patria; de esta manera, y avanzando sobre decisivos trabajos previos,5 pudo no solo advertir las tensiones que suponían la perduración de los marcadores raciales y las memorias de la esclavitud, sino también poner en evidencia lo que podían estar ocultando las normativas oficiales y las retóricas de legitimación que acompañaron la constitución de las formaciones milicianas republicanas. El tema es particularmente significativo y excede con creces la experiencia histórica chilena, dada la centralidad que tuvieron las Guardias Nacionales que proliferaron en España e Hispanoamérica en el siglo XIX. En parte, y a su manera, a ello apunta también el capítulo de Guido Cassano y su examen de los soldados libertos en Carmen de Patagones, una guarnición en la cual esa tropa tuvo particular importancia; pero, al margen de las peculiaridades de la trayectoria de ese emplazamiento militar, su trabajo también puede ser leído como un llamado de atención sobre un problema más general que todavía amerita ser examinado de modo mucho más sistemático en otras zonas del espacio rioplatense: la perduración en los nuevos ejércitos de unidades en las cuales antiguos esclavos o libertos pudieron seguir teniendo una integración segmentada a pesar de la imagen que ofrecen la nomenclatura y la retórica oficiales. Y, a su manera, también el esfuerzo de Fátima Valenzuela por reconstruir los recorridos del abolicionismo en la provincia de Corrientes permite registrar que los efectos erosionadores de los procesos de militarización sobre la esclavitud no pueden circunscribirse a la época revolucionaria sino que conviene prestarle también especial atención a lo sucedido en las críticas décadas de 1830 y 1840. Se trata, así, de tres miradas situadas que abordan distintos aspectos de un gran capítulo de los procesos de abolición latinoamericanos, un capítulo que ha cobrado notable y creciente entidad en la historiografía internacional y que permite verificar las posibilidades que ofrecen tanto la historia social de la guerra como el estudio de las formaciones armadas para abordar las contradicciones y los avatares de los procesos de abolición, y sobre los cuales todavía falta mucho por conocer en las historias de las sociedades del Cono Sur.6
Los demás capítulos analizan diferentes aspectos de lo sucedido en dos ciudades –Buenos Aires y Montevideo– cuyas historias han estado estrechamente entrelazadas y en las cuales el estudio de la esclavitud y de las poblaciones afrodescendientes han merecido mucho mayor atención historiográfica. Lucas Rebagliatti examina otro dispositivo institucional sin el cual no es comprensible esta historia: el patrocinio jurídico de los esclavos en el Buenos Aires revolucionario; y lo que corrobora fue que acudieron frecuentemente ante la Justicia pero también que los defensores de pobres no monopolizaron su representación sino que en muchas ocasiones presentaron sus quejas directamente ante el virrey, una estrategia que atestiguó de alguna manera que la retórica antiesclavista parece haber calado entre los mismos esclavos, sobre todo a partir de 1812.
Por su parte, Paulina Alberto y Florencia Guzmán se internaron en otras dimensiones del proceso de abolición y lo hicieron desde una perspectiva de género. Alberto reconstruyó la fascinante historia de Cayetana, sumida en los imprecisos límites entre la esclavitud y la libertad; a través de ella logra iluminar los espacios para la perduración y reproducción de prácticas laborales coercitivas así como las marcaciones raciales y la impronta esclavista que signaron las relaciones sociales y el trabajo “libre” y, en especial, las diferentes formas de trabajo femenino y doméstico. El lector encontrará también en este texto un claro ejemplo de las desafiantes y sugestivas posibilidades que puede ofrecer la reconstrucción de trayectorias personales de sujetos subalternos. Guzmán, a su vez, también indaga las relaciones entre esclavitud, libertad y mundo del trabajo urbano y apunta a demostrar cómo se enhebraron las nociones de raza, de clase y de género configurando una domesticidad republicana que asignaba un campo de trabajo de larga duración casi exclusivo a las mujeres negras. Ambas, cada una a su manera, no solo suministran firmes evidencias sobre el mundo del trabajo de las negras y mulatas sino que al hacerlo echan luz sobre facetas menos indagadas y poco conocidas de ese mundo y las formas de transición al trabajo libre asalariado en la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, ambas realizan contribuciones al desarrollo de un campo específico de estudios que se está delineando en los años recientes y que promete significativas novedades para que podamos conocer mejor la historia de sus clases trabajadoras: me refiero a los estudios recientes del mundo del trabajo urbano y en particular del trabajo de las mujeres a lo largo del siglo XIX.7
El capítulo que ofrece María Agustina Barrachina apunta también en esta dirección, pero lo hace desde una perspectiva extremadamente original que no puede dejar de ser subrayada: su análisis de una dimensión muy poco atendida hasta ahora, las relaciones entre educación, género y “raza” en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX. Lo hace examinando la educación segregada de las niñas afrodescendientes en las escuelas de la Sociedad de Beneficencia, demostrando que esa segregación se mantuvo hasta 1872. Pero su capítulo pone de relieve algo más: que algunos afrodescendientes muy tempranamente concibieron la educación como un derecho, bregaron por él y desplegaron distintas estrategias para lograr la educación de sus hijas recurriendo a intervenir en la esfera pública, presentar solicitudes al gobierno o impulsar en la década de 1850 la organización de una escuela propia. De esta manera, Barrachina también invita a retomar la historia de la educación como parte central de nuestra historia social y no pensarla como un campo de estudios separado de ella.
Como puede advertirse, estas perspectivas apuntan a darle una mayor complejidad y densidad a la historia de los trabajadores rioplatenses. Es, en tal sentido, particularmente destacable el análisis que presenta Florencia Thul Charbonnier: las prácticas de traficantes y saladeristas en Montevideo, prácticas que dieron continuidad al tráfico esclavista. Su rico y lúcido análisis permite identificar los mecanismos a través de los cuales se eludió la prohibición del tráfico de esclavos, el papel decisivo que siguieron teniendo los brasileños y el que tuvieron las necesidades militares en la sanción de la ley de abolición de 1842, así como la resistencia que presentaron los propietarios. La historia de los trabajadores, por lo tanto –y este y otros estudios previos de Thul Charbonnier lo demuestran con contundencia–, no puede prescindir del análisis de los procesos de producción y de las formas de organización y dirección de las empresas en la primera mitad del siglo XIX.
El libro contiene también otro tipo de aproximaciones y ellas atestiguan la variedad de perspectivas que se están desplegando. Alex Borucki, un ineludible protagonista de esta renovación de la historiografía rioplatense, recupera aquí algunas de las repercusiones que tuvieron en la prensa montevideana las experiencias de los soldados libertos y su examen permite reconocer cómo la difusión de esos casos favoreció la configuración de una corriente en la opinión pública opuesta a que fueran reesclavizados, pero también abrió un espacio para la discusión de la abolición. Este reconocimiento es particularmente significativo, no solo porque evidencia un rico ejemplo de lectura “a contrapelo” de fuentes que a priori podría esperarse que solo testimoniaran perspectivas elitistas, sino porque también evidencia que la discusión sobre la abolición no puede explicarse solo por la circulación y el impacto de ideas y nociones llegadas desde Europa o Norteamérica, y que se hace necesario examinar también las acciones de los esclavos convertidos en soldados. Con ello, además, no solo ilumina un impacto escasamente indagado de sus acciones en instancias judiciales sino que también invita a pensar otras posibilidades a los estudios de la historia social de la justicia y suma consistentes evidencias a la historia de la prensa rioplatense, un campo de creciente riqueza al que ya ha hecho una decisiva contribución.8
Pero lo dicho me obliga a ser más preciso. No quisiera que se entienda que propongo eludir el análisis de las ideas y nociones que podían circular hacia el Río de la Plata desde Europa o Norteamérica. Por el contrario, su examen cuidadoso todavía tiene mucho para decirnos y prueba contundente de que merecen ser examinadas con sutileza y precisión es el original capítulo de Magdalena Candioti. En él la autora entabla un diálogo muy poco explorado hasta ahora no solo con la historia política sino y, sobre todo, con la historia de la Iglesia y la religión, dos campos historiográficos también muy enriquecidos en los últimos años. Su análisis de un manual para formar negros piadosos publicado en Buenos Aires en el agitado año de 1839 se torna especialmente sugestivo en la medida en que muestra que buscaba interpelar a los pardos y los morenos ofreciéndoles una vía de integración a través del cristianismo. Estamos, así, frente a un entramado complejo de ideas en circulación sobre la abolición en el que la autora ya había comenzado a incursionar en trabajos previos9 y que promete develar una riqueza todavía insospechada para comprender más cabalmente la historia intelectual del mundo rioplatense decimonónico en la medida en que, como es sabido, los argumentos morales y religiosos integraron parte fundamental de la base intelectual del abolicionismo. Pero, además, Candioti le presta especial atención no solo al texto sino también a las imágenes que contenía ese manual y a su contexto de publicación. De este modo, su capítulo permite entablar un diálogo con la sugestiva contribución de María de Lourdes Ghidoli: su cuidadoso examen del proceso de abolición a través de la cultura visual de Buenos Aires y, en particular del famoso óleo que contemporáneamente a la publicación del manual se conoció en 1841, titulado Las esclavas de Buenos Ayres demuestran ser libres y gratas a su noble libertador de D. de Plot es, sencillamente, atrapante.
Si se comparte mi apretada y seguramente sesgada lectura, creo que podrá compartirse también lo antes enunciado: el libro testimonia la maduración de un campo de nuestros estudios históricos y su creciente sofisticación. Leído como síntoma de un proceso más amplio, permite registrar la creciente diversidad de objetos, de métodos y de perspectivas que lo atraviesan. Por eso creo que asimismo podrá compartirse que esos mismos desarrollos interpelan al conjunto de la historiografía así como a varios componentes del sentido común del imaginario nacional compartidos muchas veces por la historiografía más de lo que suele admitirse. No se trata aquí de repetir lo que ya se ha indicado y subrayado en consistentes balances historiográficos.10 Lo que parece quedar claro –y que se torna perentorio– es que el conjunto del campo historiográfico puede dar debida cuenta de las implicancias que estos estudios suscitan. Pero, para ello, será necesario superar la tentación de caer tanto en la condescendencia como en una recepción limitada, y que estos estudios sean leídos como si tan solo vinieran a sumar una adición a los relatos más generales de las historias nacionales que ya estarían definidos.
La recepción, por tanto, debiera estar signada por una interpelación que obligue a interrogar y replantear esos mismos relatos. No es, por cierto, la interpelación que emerge desde este campo de estudios la única que reciben esos relatos y formas predominantes de pensar nuestra historia. Y de alguna manera, una interpelación en cierto modo análoga es la que ha suscitado el potente desarrollo de la historia indígena, que tanto se ha multiplicado y enriquecido desde la década de 1980 y al cual tanto contribuyeron maestros pioneros como Raúl Mandrini, Marta Bechis, Ana María Lorandi, Daniel Santamaría y Daniel Villar, para nombrar solo algunos de los imprescindibles e inolvidables.
Sin embargo, también me parece necesario subrayar que es el propio desarrollo, maduración y diversificación del campo de los estudios sobre los esclavizados y los afrodescendientes los que pueden estar interpelando a sus propios protagonistas, máxime si lo que se pretende no es solo reclamar sino también ofrecer nuevas narrativas de nuestra historia. A lo largo de esta apretada presentación traté de indicar algunas de las posibilidades que esta lectura me sugirió y debo confesar ahora que tengo la convicción de que las mejores posibilidades de futuros desarrollos no estarán solo ni principalmente en la necesaria especialización sino también –y quizá más– en las intersecciones y cruces que puedan proponerse con otras líneas y campos de investigación.
Si estoy en lo cierto, podría pensarse que este campo de estudios puede estar completando un ciclo y que se hayan generado posibilidades de abrir uno nuevo. Ha sido una acumulación de trabajo paciente, tenaz y persistente la que ha permitido la configuración de este campo de estudios en nuestro ambiente historiográfico y no siempre con el viento a favor. Desde mi mirada retrospectiva, creo que podrá coincidirse que este campo también tuvo sus maestros y pioneros y que fue sobre todo a partir del libro de George Reid Andrews que cobró su notable impulso.11 Pero al recordarlo no puedo resistir la tentación de rememorar que la publicación de ese libro en Buenos Aires se la debemos a la iniciativa de Juan Carlos Garavaglia, quien para nada casualmente lo eligió como el primero de la colección que impulsó desde Ediciones de la Flor. No casualmente porque si Garavaglia no fue un especialista en la historia de la esclavitud, sus contribuciones para que pudieran desarrollarse sus estudios en la historiografía rioplatense no pueden ser soslayadas pues de ella se ocupó en sus más conocidos libros y artículos que cambiaron por completo la historia social y agraria rioplatense, así como en algunos de sus últimos artículos.12 Consideré necesario este justo recuerdo porque creo que ayuda a comprender mejor algunas claves de la configuración del campo de los estudios afrorrioplatenses, el cual, al menos desde mi sesgada mirada, no habría cobrado la entidad que adquirió sin la base de sustentación y las incitaciones que provinieron desde la historia demográfica, económica y agraria que tanto se multiplicaron desde la década de 1980. Sin los estudios de Ricardo Rodríguez Molas y Elena Studer, primero, y luego de Garavaglia, Carlos Mayo, Jorge Gelman, Miguel Ángel Rosal, Marta Goldberg, Silvia Mallo o Lymann Johnson esta historia sería incomprensible.
Permítame el lector, a modo de ejemplo, recuperar unos recuerdos que son parte de mi propia experiencia personal. La rica discusión sobre la mano de obra en las campañas rioplatenses de los siglos XVIII y XIX que tuvo un lugar central en el desarrollo de la historiografía a partir de la década de 1980 incluyó un “descubrimiento” que en ese momento cuestionaba mucho de lo aceptado y que hoy puede resultar inverosímil que haya tenido esa entidad: la importancia de los esclavos en la sociedad rural y de la esclavitud en las grandes unidades de producción agraria tardocoloniales.13 Desde entonces, la cuestión ya no pudo ser eludida y vuelta a examinar y a discutir, porque entender la esclavitud, sus alcances y sus límites se tornó imprescindible para comprender el conjunto de las relaciones sociales agrarias y sus transformaciones.14 Con ello, los “descubrimientos” se multiplicaron y el análisis de su relevancia en la configuración de los entramados sociales rurales fue develando tanto las modalidades y las trayectorias antes inimaginables de los sujetos como la intensidad de las tensiones sociales y raciales antes no examinadas.15 Pero también hubo más, y especial importancia adquirió el registro de la coexistencia en las mismas unidades productivas de muy diversos tipos de trabajadores, tanto libres como esclavos, de diferentes relaciones de producción, de capataces esclavos que debían mandar sobre peones libres asalariados o de esclavos campesinos. Fue así el descubrimiento de una complejidad social antes insospechada el que tuvo que afrontar la tarea de descifrar los rasgos específicos de una esclavitud que se desplegaba en forma articulada con el trabajo libre y de un trabajo libre cuyas formas históricas específicas no podían entenderse cabalmente sin examinar la esclavitud. De este modo, un enorme problema pasó a tener un lugar primordial para la historia rural rioplatense: se tornó ineludible indagar cómo explicar la expansión agraria justamente cuando estaba siendo erosionada la esclavitud. Fue por estas vías de indagación como pudieron sacarse a la luz los intentos de ensayar otras y nuevas formas de trabajo coercitivo en la producción rural rioplatense de la primera mitad del siglo XIX.16 Pero no era solo la historia de la sociedad rural la que tuvo que ser reexaminada sino que también pudo empezar a conocerse mucho mejor el mundo de la plebe urbana donde si el peso de la esclavitud no era ningún “descubrimiento”, sí lo fue el protagonismo social y político de esclavizados y afrodescendientes. Y no solo en Buenos Aires o Montevideo, sino en el conjunto del espacio rioplatense. Es claro que aun la mayor cantidad de estudios se han ocupado de la llamada época de la revolución, pero también puede advertirse una tendencia a examinar con mucho mayor cuidado las formas de acción y experiencias de movilización política de las décadas posrevolucionarias sin las cuales serían incomprensibles los procesos de abolición.
Bien mirados, estos avances forman parte de cambios de más amplio alcance que se están produciendo en nuestra historiografía y que adquirieron creciente entidad y consistencia al menos desde la crisis de 2001. Ellos se manifestaron tanto en modificaciones en las sensibilidades historiográficas como en un generalizado cuestionamiento de los modos de mirar la historia de la sociedad y la nación suscitando incluso importantes debates sobre el mismo siglo XX.17 Pero, aun si nos restringimos a los estudios coloniales y del siglo XIX se advierte claramente que desde entonces ha aparecido una densa saga de libros abiertos a hacia dos direcciones principales. Por un lado, aquellos dedicados a develar la magnitud, la intensidad y las formas de la movilización política de los variados universos subalternos.18 Por otro, el desarrollo de nuevas y más precisas maneras de examinar los procesos de mestizaje, etnogénesis y la misma historia de las clasificaciones sociorraciales.19 Si se repasan ambas, se advierte también que los estudios sobre esclavizados y afrodescendientes fueron dejando de examinarlos por separado y, sin perder de vista sus especificidades, son considerados dentro de un contexto social en los que cobran plena significación.
En síntesis, podría decirse que el potente campo de estudios que estamos considerando se fue forjando bajo el influjo y las incitaciones de otras líneas de investigación, adquirió perfiles y consistencias propias y comienza a entablar diálogos prometedores. Podría decirse, en consecuencia, que estamos frente a un campo maduro, sólido y sofisticado al que parece haberle llegado el momento de entremezclarse decididamente con toda la historiografía sin perder identidad y nutriéndola de nuevas perspectivas, temas y problemas. Una densa agenda podría entonces plantearse como imprescindible, posible y necesaria a partir del tipo de diálogos e interacciones que estamos sugiriendo, pero será la imaginación y la creatividad de los lectores las que se encarguen de definirla y desarrollarla.
Octubre de 2019
1. Sin duda existen excelentes síntesis de la historia de la esclavitud y de los procesos de abolición en América Latina, empezando por las sucesivas entregas de la obra de Herbert S. Klein (La esclavitud africana en América latina y el Caribe, Madrid, Alianza, 1986) y que remata en su última versión escrita junto a Ben Vison III: Historia mínima de la esclavitud en América Latina y el Caribe, Ciudad de México, El Colegio de México, 2013. Que el tema desborda la historia latinoamericana se advierte en la desafiante síntesis de José A. Piqueras, La esclavitud en las Españas: un lazo transatlántico, Madrid, Libros de la Catarata, 2017 [2012]. Sin embargo, y por razones comprensibles, el lugar que ocupan las experiencias del Cono Sur sudamericano tienen un lugar claramente marginal.
2. Obviamente me refiero a libros ineludibles como los de Miguel Ángel Rosal, Africanos y afrodescendientes en el Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, Buenos Aires, Dunken, 2009; Silvia Mallo e Ignacio Telesca (eds.), “Negros de la patria”: los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, SB, 2010; Lea Geler, Andares negros, caminos blancos: afroporteños, Estado y Nación Argentina a fines del siglo XIX, Rosario, Prohistoria, 2010; Florencia Guzmán y Lea Geler (eds.), Cartografías afrolatinoamericanas: perspectivas situadas para análisis transfronterizos, Buenos Aires, Biblos, 2013; Florencia Guzmán, Lea Geler y Alejandro Frigerio, Cartografías afrolatinoamericanas: perspectivas situadas desde Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2016; María de Lourdes Ghidoli, Estereotipos en negro: representaciones y autorrepresentaciones visuales de afroporteños en el siglo XIX, Rosario, Prohistoria, 2016, y Alex Borucki, De compañeros de barco a camaradas de armas: identidades negras en el Río de la Plata, 1760-1860, Buenos Aires, Prometeo, 2017.
3. Al menos para desarrollar la sensibilidad de quien esto escribe, dos libros sobre Lima fueron decisivos: primero, Alberto Flores Galindo, Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830, Lima, Mosca Azul, 1984, y luego Carlos Aguirre, Agentes de su propia libertad: los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995.
4. El lector podrá ponderar mejor los significados de esta contribución recurriendo al sugestivo libro de Julio Pinto Vallejos y Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación, 1810-1840, Santiago de Chile, Lom, 2009.
5. Me refiero, por ejemplo, a Hugo Contreras Cruces, “Las milicias de pardos y morenos libres en Santiago de Chile en el siglo XVIII, 1760-1800”, Cuadernos de Historia, Nº 25, 2006, pp. 93-127, y “Artesanos mulatos y soldados beneméritos: el Batallón de Infantes de la Patria en la guerra de independencia de Chile, 1795-1820”, Historia, vol. I, Nº 44, 2011, pp. 51-89.
6. Ver, por ejemplo, Celso Castro, Vitor Izecksohn y Hendrick Kraay (orgs.), Nova história militar brasileira, Río de Janeiro, FGV, 2004; Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la Nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 1750-1850, Madrid, Iberoamericana, 2007; Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, Ciudad de México, El Colegio de México-El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 2005.
7. Imprescindibles en este sentido son las contribuciones de Gabriela Mitidieri, “¿Labores femeninas o trabajo? Mujeres dedicadas a la costura en Buenos Aires, 1852-1862”, Mundos do Trabalho, vol. 10, Nº 20, 2018, pp. 125-144, y Gabriela Mitidieri y Valeria Pita, “Trabajadoras, artesanos y mendigos: una aproximación a las experiencias sociales de trabajo y pobreza en la Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX”, Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 19, Nº 1, 2019, doi.org.
8. Jacinto Molina, Los caminos de la escritura negra en el Río de la Plata, ed. William Acree y Alex Borucki, Madrid, Vervuert, 2010. Ver también William Acree, La lectura cotidiana: cultura impresa e identidad colectiva en el Río de la Plata, 1780-1910, Buenos Aires, Prometeo, 2013; Wilson González Demuro, La prensa de Montevideo, 1814-1825: imprentas, periódicos y debates públicos en tiempos de revolución, Montevideo, CSIC-Universidad de la República, 2018.
9. Magdalena Candioti, “Regulando el fin de la esclavitud: diálogos, innovaciones y disputas jurídicas en las nuevas repúblicas sudamericanas, 1810-1830”, Jarbuch für Geschichte Lateinamerikas, Nº 52, 2015, pp. 149-171.
10. Por ejemplo, Eva Lamborghini, Lea Geler y Florencia Guzmán, “Los estudios afrodescendientes en Argentina: nuevas perspectivas y desafíos en un país «sin razas»”, Tabula Rasa, Nº 27, 2017, pp. 67-101.
11. George Reid Andrews, Los afroargentinos de Buenos Aires, Buenos Aires, De la Flor, 1989.
12. Juan Carlos Garavaglia, “The economic role of slavery in a non-slave society: The River Plata, 1759-1860”, en Josep M. Fradera y Christopher Schmidt-Nowara, Slavery and Antislavery in Spain’s Atlantic Empire, Nueva York, Berghan, 2013, pp. 74-100.
13. Sería redundante citar la amplísima bibliografía al respecto, pero hay algunos libros que no pueden ser obviados: Samuel Amaral, The Rise of Capitalism on the Pampas: The estancias of Buenos Aires, 1785-1870, Cambridge University Press, 1998; Juan Carlos Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos Aires: una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830, Buenos Aires, De la Flor, 1999; Jorge Gelman, Campesinos y estancieros: una región del Río de la Plata a fines de la época colonial, Buenos Aires, Los Libros del Riel, 1998; Carlos Mayo (comp.), La historia agraria del interior: haciendas jesuíticas de Córdoba y el noroeste, Buenos Aires, CEAL, 1994, y Estancia y sociedad en la pampa, 1740-1820, Buenos Aires, Biblos, 2004 [1995]; Raúl O. Fradkin (comp.), La historia agraria del Río de la Plata colonial: los establecimientos productivos, vol. I y II, Buenos Aires, CEAL, 1993.
14. Ver Julio C. Djenderedjian, “Optimizando recursos escasos en un área de frontera: la opción por la mano de obra de esclava en las grandes estancias entrerrianas coloniales”, Quinto Sol, vol. 15, Nº 2, 2011, pp. 1-27.
15. En esa densa saga tengo para mi registro algunos textos breves pero memorables e iluminadores: Carlos Mayo, “Patricio de Belén: nada menos que un capataz”, Hispanic American Historical Review, vol. 77, Nº 4, 1997, pp. 597-617, o Juan Carlos Garavaglia, “«Pobres y ricos»: cuatro historias edificantes sobre el conflicto social en la campaña bonaerense, 1820-1840”, en Poder, conflicto y relaciones sociales: el Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, Rosario, Homo Sapiens, 1999, pp. 29-56.
16. Dos textos ocupan un lugar ineludible por su carácter pionero: Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla, Esclavitud y trabajo: un estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya, 1835-1855, Montevideo, Pulmón, 2004, y Jorge Gelman, “El fracaso de los sistemas coactivos de trabajo rural en Buenos Aires bajo el rosismo: algunas explicaciones preliminares”, Revista de Indias, vol. LIX, Nº 215, 1999, pp. 123-141.
17. Paradigmático en este sentido es el debate organizado por Eva Lamborghini y Lea Geler sobre “Imágenes racializadas: políticas de representación y economía visual en torno a lo «negro» en Argentina, siglos XX y XXI”, Corpus, vol. 6, Nº 2, 2016, doi.org, y que reúne intervenciones de Ezequiel Adamovsky, Sergio Caggiano, Nicolás Fernández Bravo, María de Lourdes Ghidoli y María Cecilia Martino.
18. Ver Gabriel Di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2006; Lyman L. Johnson, Los talleres de la revolución: la Buenos Aires plebeya y el mundo del Atlántico, 1776-1810, Buenos Aires, Prometeo, 2013. El lector encontrará abundante y firmes evidencias al respecto en varios libros en los que tuve el gusto de intervenir: Raúl O. Fradkin (comp.), ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata, Buenos Aires, Prometeo, 2008; Raúl O. Fradkin y Jorge Gelman (comps.), Desafíos al orden: la política y la sociedad rural durante la revolución de independencia, Rosario, Prohistoria, 2008; Daniel Santilli, Jorge Gelman y Raúl O. Fradkin (comps.), Rebeldes con causa: conflicto y movilización popular en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires, Prometeo, 2013, y Raúl O. Fradkin y Gabriel Di Meglio (comps.), Hacer política: la participación popular en el siglo XIX rioplatense, Buenos Aires, Prometeo, 2013.
19. Ver Judith Farberman y Silvia Ratto (coords.), Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas (siglos XVII-XIX), Buenos Aires, Biblos, 2009; Florencia Guzmán, Los claroscuros del mestizaje: negros, indios y castas en la Catamarca colonial, Córdoba, Encuentro, 2010. Y por supuesto el libro ya citado compilado por Guzmán y Geler, Cartografías afrolatinoamericanas: perspectivas situadas para análisis transfronterizos.
PRESENTACIÓN
La mediación de la raza: complejidades y matices del binomio esclavización-libertad
Florencia Guzmán y María de Lourdes Ghidoli
Este libro que presentamos, y que tiene como objetivo principal el de introducir al lector en el desarrollo del proceso de abolición y posabolición de la esclavitud en la amplia región del Cono Sur, es el corolario de dos talleres que se realizaron en la sede del Instituto Ravignani en 2016 y 2018. El primero, “Esclavitud, emancipación y ciudadanía en el Cono Sur durante el siglo XIX” y el segundo, “Abolición, posabolición y ciudadanía durante el siglo XIX en el Cono Sur”.
La idea central que propone El asedio a la libertad es puntualizar los caminos sinuosos de avances y retrocesos que conllevó el proceso de abolición y posabolición de la esclavitud en la región que nos convoca. En ese devenir, si bien la libertad se fue cercando y también configurando como un objetivo a alcanzar, esta no lograría instituirse cabalmente como tal ni siquiera con la abolición formal de la esclavitud. Cada paso hacia la manumisión era contrapuesto por prácticas de esclavización ilegal, por estrategias para preservar la opresión de los grupos dominantes y por la prolongación del comercio atlántico e interno de esclavos. Y aunque no puede soslayarse el potencial emancipador operado en esas décadas de temprano republicanismo, resulta preciso subrayar la condición de precariedad de la libertad durante el siglo XIX y los caminos de desigualdad y sojuzgamiento a los que fueron sometidos los descendientes de africanos antes, durante y después de la abolición de la esclavitud.
En torno a esta última cuestión, enfatizamos una impronta presente en este libro vinculada a su inserción en el campo de los estudios afrolatinoamericanos, campo académico interdisciplinario en pleno crecimiento, caracterizado por centrarse en temas y problemas que afectaron y afectan a las poblaciones de ascendencia africana en América Latina. Esto implica focalizar en las sociedades en las que vivió y vive dicha población, evitando limitar las problemáticas a su relación con fundamentos económicos y con el mundo laboral, aspectos por supuesto centrales pero no únicos.1 Este campo de estudios enfatiza la raza como categoría de la diferencia, de estratificación y desigualdad, y como una variable principal en los procesos de formación nacional.2
Cuando nos referimos a la raza traemos a consideración la definición conceptual del reconocido sociólogo peruano Aníbal Quijano, para quien constituye “el eje gravitacional de toda la arquitectura de su teoría de la colonialidad del poder”.3 Quijano sostiene que no hay una historia conocida antes de América pues solo a partir de las nuevas relaciones sociales establecidas con la conquista y configuradas a su vez como relaciones de dominación surgieron identidades sociales históricamente nuevas (indio, negro, mestizo, entre otras) que fueron asociadas a jerarquías y roles laborales y sociales determinados.4 De modo que la conquista inaugura una nueva grilla categorial en la que la raza y el racismo no son otra cosa que la jerarquización y atribución de valores desiguales tanto a las personas, sus trabajos y sus productos, como también a los saberes, las normativas y pautas de existencia propias de las sociedades que se encuentran a un lado y al otro de la frontera entre Norte y Sur en el proceso colonial.5
La centralidad de la raza como categoría de análisis constituye una de las novedades más importantes que exhibe este libro en tanto proporciona claves, hasta ahora poco exploradas, para indagar acerca de cómo esta ha influido en el desarrollo de los procesos históricos vinculados con la abolición de la esclavitud. Además, bajo qué formas las relaciones formadas en y por la esclavitud persistieron después de su declinación y abolición formal. Cabe destacar que la categoría de raza, tal como lo explica Paulina Alberto en el capítulo de este libro, no ha sido considerada en los contextos cotidianos ni académicos (con excepción de quienes focalizan en la cuestión racial) cuanto ha sido subsumida por la clase como marcador principal de conflicto y estratificación social.6 En el caso particular de la Argentina, la percepción generalizada de que este país constituye una excepción regional, donde la ausencia de raza y el dinamismo de clase funcionan como emblemas de una modernidad precoz, hace que sea especialmente importante interrogarse sobre la forma en que las relaciones raciales y coercitivas de la esclavitud configuraron el desenvolvimiento social y laboral de los sujetos descendientes de africanos. Resulta importante también reconocer de qué manera los estigmas y los efectos del racismo vinculados con la esclavitud continuaron condicionando la vida cotidiana, las posibilidades de movilidad social y los mercados de trabajo en la posabolición.7¿Hasta qué punto las ideologías de “inclusión racial” y la “retórica de la igualdad” presentes durante el desarrollo de la abolición trascendieron sus historias coloniales de esclavitud y desigualdad racial?
El conjunto de trabajos que integran el libro, los cuales conforman una nueva dinámica en la construcción de una cartografía social de la abolición de la esclavitud en el Atlántico Sur, cuestiona la premisa de que el proceso de abolición de la esclavitud solamente debe analizarse desde la perspectiva de la libertad y la emancipación. Aunque todavía incompleta, esta nueva dinámica cartográfica de la esclavitud ofrece distintos planos interpretativos, además del diálogo de un corpus de fuentes poco conocido, compuesto por documentos escritos –relatos históricos, memorias, reglamentaciones, artículos en la prensa, juicios civiles, protocolos notariales, papeles administrativos (cartas, informes y reglamentaciones), censos de población, registros parroquiales, documentos de escribanías, manuales religiosos– que se encuentran en los archivos nacionales y locales de la Argentina, Chile y Uruguay; así como también el análisis de artefactos visuales como fotografías, óleos y grabados.
Uno de los planos en los cuales se hacen evidentes las novedades que trajo esta nueva dinámica tiene que ver con la diversificación y riqueza temática y con la intersección de campos de análisis hasta ahora inexplorados. Aquí destacamos cuatro líneas de trabajo (incluso podrían ser otras varias más) representadas por preocupaciones que ensayan concurrencias de naturaleza diversa. Una primera línea, que reexamina los diferentes vínculos trazables entre justicia, política, prensa, ciudadanía, resulta especialmente fructífera a la hora de deconstruir la dinámica racial de la autoridad pública, como asimismo de reconocer la preocupación por los usos que los distintos agentes –autoridades, intelectuales, propietarios, esclavizados, libertos y descendientes libres– hacían de los recursos judiciales.8 En este sentido, como lo ha demostrado una rica historiografía para Latinoamérica, el archivo de justicia –tanto penal como civil– ofrece una visión muy rica y profunda de las políticas raciales, así como del funcionamiento de las relaciones raciales en las distintas esferas públicas y privadas.9
El ensayo de Lucas Rebagliati, en este volumen, cuando examina algunas instituciones judiciales y las funciones específicas del campo que producía la documentación judicial, se refiere al rol que llevaron adelante los defensores de pobres del Cabildo y también del síndico procurador –denominado síndico procurador de los esclavos– en la asistencia del colectivo de esclavos ante la Justicia de Buenos Aires desde el período colonial. El autor demuestra las cada vez mayores dificultades de parte de aquellos para llevar adelante esta tarea debido al impacto que el nuevo clima político “revolucionario” tendría en las demandas judiciales. Sucedía que la retórica antiesclavista había calado hondo entre los esclavos, sobre todo a partir de 1812, pues en febrero de ese año el gobierno revolucionario había decidido la prohibición del tráfico de esclavos. Rebagliati observa que cuando estos acudieron a la Justicia por sus propios medios, sin la intermediación de ningún regidor, hicieron uso frecuente de esta nueva retórica antiesclavista en boga y buscaron aprovechar las oportunidades y los resquicios brindados por una elite revolucionaria ávida de soldados, apoyo político y lealtad al nuevo régimen. Varones y mujeres esclavizados les recordaban a los jueces que sus amos eran europeos, denunciaban conspiraciones, describían sus sacrificios por la patria, acudían a nuevos ámbitos institucionales como la Junta o la Asamblea General Constituyente de 1813 y solicitaban servir en los cuerpos militares, etc.10 Incluso también citaban la legislación concreta que había iniciado el proceso de abolición gradual de la esclavitud haciendo referencia a los decretos que prohibían el tráfico esclavo y a la ley de libertad de vientres.
Por su parte, Alex Borucki, en su capítulo “Del juzgado a los periódicos: los soldados libertos y el diarista y defensor José María Márquez en Montevideo, 1828-1831”, establece una relación entre las peticiones ante la Justicia realizadas por los soldados libertos para lograr la libertad y el papel de la prensa como una pieza esencial de la vida política rioplatense del siglo XIX y una de las fuentes del abolicionismo en las recientes repúblicas hispanoamericanas. El autor reconstruye para ello la trayectoria de José María Márquez, un escritor español abolicionista que publicó periódicos en Buenos Aires y Montevideo durante la segunda mitad de la década de 1820. Márquez, en carácter de defensor de menores y esclavos elegido en Montevideo bajo el gobierno patriótico provisional de 1829, publica en la prensa de Montevideo algunos casos judiciales con el objetivo de defender la libertad de los soldados libertos. Como lo explica Borucki, Márquez hizo algo que ningún otro defensor había hecho antes: publicar en la prensa los casos para no solo obtener un resultado particular positivo, sino con la intención de encender el debate político conducente hacia la abolición. Si bien la discusión de los casos judiciales para debatir la abolición en las publicaciones periódicas no era una práctica novedosa en el caso de Brasil, sí lo era para Montevideo, y en esta produce un pasaje desde el ámbito de la Justicia –los casos judiciales de emancipación– hacia la política pública de la abolición. Los argumentos patrióticos esgrimidos en ella contribuyeron a la opinión general de que los soldados libertos no debían ser reesclavizados (lo cual fue generalmente convalidado por las autoridades). Desde esta perspectiva, el servicio militar habría tenido un rol fundamental en el socavamiento de la esclavitud, en cuanto este pasó a ser visto como antipatriótico para una audiencia cada vez más amplia y políticamente activa. Otro tanto ocurre con las acciones de los antiguos esclavos que proporcionaron argumentos y bases nacionalistas para concebir la abolición de la esclavitud en el Uruguay independiente.
Una segunda línea de investigación es la que introducen los ensayos de Paulina Alberto y Florencia Guzmán que proveen una perspectiva mayormente inexplorada de las continuidades y racializaciones de género durante el proceso de abolición de la esclavitud. El análisis de ciertas categorías como “liberta”, “criada”, “doméstica” resulta fundamental para lograr una mayor comprensión acerca de cómo las relaciones formadas en y por la esclavitud persistieron después de la declinación de ese régimen.
Aquí se vuelve indispensable el concepto de interseccionalidad desarrollado por el feminismo negro ya que permite vislumbrar los modos interpenetrados de dominación que se imponen particularmente sobre las mujeres racializadas.11 ¿Cómo se dio esta relación del género con la raza en el devenir de las mujeres negras que labraron márgenes de libertad, resistencia y opresión distintos de aquellos surgidos en otros contextos? ¿Qué posibilidades tuvieron las mujeres esclavizadas, libertas y libres de negociar o contrarrestar las derivaciones de la condición de esclavitud?
A través de una fuente testamentaria Alberto examina las relaciones de dependencia y subalternización establecidas entre una patrona esclavista, Josefa Warnes, y la “liberta” Cayetana Braga Warnes, quien en 1834 cuando tenía tres años recibió la donación de una vivienda de parte de Josefa. A través de la promesa de herencia Josefa se aseguraba el cuidado de su vejez, imponiendo (o creando) obligaciones tradicionales vinculadas con la esclavitud. La escritura notarial se refería a Cayetana repetidamente como liberta, término que resurgió a comienzos del siglo XIX en el Río de la Plata para designar a un nuevo sujeto legal: los individuos manumitidos por el Estado y no por sus amos. Para Alberto, el análisis del término liberta resulta fundamental en cuanto habría jugado un rol significativo de mediación, moviéndose entre un sistema jurídico de distinción, ya en decadencia, basado en la raza o ascendencia, a un sistema emergente basado en la clase y la ocupación. Otro tanto ocurre con la expresión “criada”, con la que son designadas las mujeres que figuraban en documentos anteriores como “esclavas”. El uso por parte de Josefa Warnes del término “criada”, más suave y ambiguo, le sugiere a Alberto un sutil cambio conceptual en la condición de estas mujeres en los años transcurridos desde su manumisión, tal vez en reconocimiento a su lealtad y a la promesa de libertad. La autora concluye que el trabajo de “criada”, íntimamente asociado con la esclavitud, junto con unas relaciones paternalistas y un estatus degradado y escaso en derechos, continuaba en existencia más allá de la erosión del sistema formal de aquella. Contribuía a ello la mediación de categorías supuestamente naturales, como la raza, el género y la ascendencia.
El trabajo de Florencia Guzmán, en una línea de análisis similar, indaga acerca del modo en que el espíritu y la aplicación de la normativa de 1813 en la ciudad de Buenos Aires interactuaron con las estructuras de género y la raza. Ese ensayo analiza las condiciones de género de la ley de libertad de vientres promulgada por la Asamblea General Constituyente de 1813 en las Provincias Unidas del Rio de la Plata. En este caso, al igual de lo que sucedió con las leyes de libertad de vientres aprobadas en otras naciones latinoamericanas, quienes estaban sujetos a la ley no eran esclavos pero tampoco gozaban de libertad inmediata. Antes de ser totalmente libres, las libertas y los libertos debían a los amos de sus madres (“patronos”) un tiempo de servicio (“patronato”), los varones hasta que cumplieran veinte años y las mujeres, dieciséis (más temprano si se casaban). Aquí Guzmán examina cómo la lógica del vientre materno no solamente operó en el plano de la legislación y en todo lo que concernía a ello, sino también en lo cotidiano de las personas esclavizadas y de las libres. Los datos demográficos le proporcionan claves interesantes para pensar sobre la manera en que las mujeres afro, y la situación de sus hijos libertos o libres, van a ir conformando diversas estructuras u opciones familiares junto a diferentes experiencias de libertad. Una de esas vías tiene que ver con el mundo del trabajo y con la noción de domesticidad inscripta en la población afrodescendiente y construida en estas décadas de abolición. La producción de domesticidad se encuentra imbricada en esta investigación tanto con la esclavitud y las representaciones de género y de raza como con las leyes e instituciones que regulaban el camino hacia la libertad después de la ruptura del orden colonial.
En la transición de la abolición de la esclavitud, enmarcada por la renuencia y el lenguaje autocongratulatorio de la libertad, una tercera línea de investigaciones examina las diferentes formas en que las relaciones formadas en y por la esclavitud persistieron después de la declinación y abolición formal de esta. En América Latina, la historiografía referida a la posabolición, es decir al período posterior de la declaración de extinción de la esclavitud, hace hincapié en las continuidades y en la construcción de un orden liberal sumamente desigual, aunque sin la mediación de una discriminación jurídica al respecto. Una serie de estrategias para continuar con la trata esclavista de manera clandestina, tanto durante el proceso de “gradual abolición” como durante los años posteriores a ella; la aplicación de nuevas categorías legales y laborales, la “domesticación” y el “blanqueamiento” y la invisibilización de los descendientes de africanos junto al “silencio” y a la “despolitización racial” serían solo algunas de las manifestaciones de esas continuidades.12
El trabajo de Guido Cassano aporta una perspectiva mayormente inexplorada de esas continuidades. El conflicto bélico iniciado a fines de 1825 que envolvió a las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil tuvo un impacto muy fuerte sobre la por entonces pequeña población de Carmen de Patagones, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Esta situación se debió al arribo de 382 africanos esclavizados capturados al navío negrero brasileño San José Diligente por el buque corsario nacional Lavalleja. Como consecuencia de la normativa vigente en las Provincias Unidas del Río de la Plata –prohibición del tráfico de esclavos de 1812 y la ley de libertad de vientres de 1813–, los africanos ingresados a Patagones pasaron a tener el estatus jurídico de libertos. Las autoridades nacionales y locales –en el contexto de la guerra con Brasil primero y de las tensiones con algunos grupos indígenas más tarde– tomaron una serie de medidas tendientes a reclutar masivamente a estos jóvenes incorporándolos a la guarnición militar del fuerte local. De modo que el uso del término “liberto” se generalizó para acompañar a un rango cada vez más amplio de condicionamientos a la libertad. Pasando por encima de la ley de “suelo libre” de 1813, que debería haber liberado completamente a aquellos africanos recapturados, el Estado aprobó legislación para reclutar a los hombres físicamente aptos para el servicio militar –en general no pago– y para vender a las mujeres y niños –en general para el servicio doméstico– bajo los términos del patronato. A diferencia del Reglamento de 1813, el estatus legal de estos libertos estaba definido de forma mucho menos precisa, según reglas cambiantes y bajo ningún control, lo que abría grandes márgenes para la existencia de prácticas abusivas.
En esta línea de investigación Florencia Thul Charbonnier estudia las prácticas consecutivas de continuación del tráfico de esclavos en Montevideo protagonizadas por los comerciantes brasileños desde la década de 1830, o sea, luego de la formación del Estado Oriental del Uruguay. A los fines de la investigación, esa década resulta muy importante en tanto marcó el inicio del proceso que culminó con la abolición final de la esclavitud en 1842. El ensayo de Thul, en línea con la historiografía uruguaya más reciente que examina el desarrollo de la abolición de la esclavitud, subraya y analiza la complejidad de este proceso en el país vecino: sus marchas y contramarchas y las diversas estrategias utilizadas por los propietarios brasileños y orientales para sortear las prohibiciones del tráfico y darle continuidad al ingreso de africanos esclavizados al territorio de Uruguay. Según la autora, si bien el rol de los comerciantes y propietarios de esclavos brasileños y de los propietarios orientales en estas prácticas no ha sido estudiado de forma específica, en todos ellos aparece explicitado el protagonismo de aquellos. Mientras algunos esclavistas sacaban a escondidas a mujeres esclavizadas embarazadas fuera del país para retornarlas más tarde con sus hijos en calidad de esclavos y no como libertos, otros introdujeron “sirvientes personales” para que fueran vendidos luego como esclavos. Incluso se echó mano al recurso de introducir “colonos” africanos,13 cuya práctica revelaba y enmascaraba una situación muy cercana a la de la esclavitud.
En tercer lugar Fátima Valenzuela analiza en clave local/regional el proceso de abolición y posabolición en la jurisdicción de Corrientes, Argentina. En 1854, un año después de la sanción de la Constitución Nacional, el gobierno de Juan Gregorio Pujol aplica el artículo 15 que pone fin a la esclavitud en Corrientes. A los efectos de darle aplicación a esta normativa, los jueces de paz llevaron a cabo un empadronamiento para dar cuenta del número de esclavizados existentes en el territorio provincial. Los documentos obrantes exhibieron un total de 95 esclavos en el amplio territorio jurisdiccional y una edad promedio de cuarenta y un años. Este total representaba solo el 20% de los registrados en el censo de 1841, cuando sumaban 466 esclavos. Valenzuela examina esta rica documentación producida por los jueces de paz que, bajo el título de “Registros de asiento de esclavatura y otorgamiento de libertad”, despliega una prolija historia de cada individuo esclavizado: su lugar de nacimiento, edad, fecha de compra, precio, nombre del amo, desempeño, estado de dominio. A esta invalorable información local, que hasta el momento no se conoce para otras jurisdicciones provinciales y que ofrece un registro notable de los sujetos esclavizados en un período clave de abolición de la esclavitud, Valenzuela suma el examen de otra categoría de servilización y/o esclavización presente en la documentación como era la de “sirviente”. De acuerdo con la definición aportada por un juez de paz, la condición del sirviente establecía que el exesclavo tenía dos caminos: o “quedarse al servicio de sus amos como sirviente o separarse a buscar subsistencia libremente con gusto”.14
De modo que el ensayo de Valenzuela, así como los anteriores de Thul Charbonnier, Cassano, Guzmán y Alberto, revela las dificultades que tenía la sociedad de mediados del siglo XIX para deshacerse de la lógica que dictaba que los propietarios y patrones, varones y mujeres, tenían el derecho de disponer del trabajo y destino de las personas de ascendencia africana, aunque estos fueran libres, libertos o libertas. Esto era particularmente notable en la esfera del servicio doméstico, donde formas de esclavitud “más o menos disfrazadas” podían persistir sin ningún control más allá de la abolición formal de esta.
Otra de las líneas de trabajo presentes en este libro es aquella que entrelaza los conceptos de raza, representación e igualdad (este último íntimamente vinculado al de libertad). En los inicios de esta presentación nos hemos referido al primero de ellos. Por tanto, nos abocaremos ahora a circunscribir la noción de representación, situada temporal y geográficamente. Stuart Hall señala que se trata de una práctica cultural, primordial en los procesos de producción y circulación de sentidos dentro de una sociedad: por tanto, las representaciones son prácticas significantes “que producen sentido, que hacen que las cosas signifiquen”.15 También Roger Chartier se ha ocupado largamente de este concepto enfatizando que las representaciones sociales “se sustentan siempre en los intereses del grupo que las forja”.16 Ello da lugar a una lucha simbólica entre grupos dominantes y subalternizados, que se sirven de los sistemas de representación como armas. Al igual que Hall, el historiador francés se interesa en el “trabajo de la representación”, en comprender cómo funciona efectivamente la representación suscitando estrategias y prácticas de cara a las clasificaciones, esquemas intelectuales codificados, que articulan el mundo social. Y, estrictamente vinculado con nuestro interés, la existencia de un régimen representacional racializado funcionando al interior de nuestras sociedades que se centra en la naturalización de la diferencia racial.17 Los modos y las prácticas de (auto)representación como mediación simbólica permitieron y aun permiten construir un imaginario dentro del cual se asignan roles específicos, sea sociales, laborales, raciales, de género, en nuestro caso, a los miembros de la población de ancestros africanos.
Entre las aspiraciones de libertad y el derecho de propiedad: el patrocinio jurídico a los esclavos en tiempos de revolución, Buenos Aires, 1806-1821*
Lucas Rebagliati
A fines de la época colonial, los esclavos en Buenos Aires se contaban por miles.1 Entre las múltiples estrategias de adaptación y resistencia que desplegaron africanos y afrodescendientes se encontraba la de acudir a las justicias. El propósito anhelado era conseguir la libertad o atemperar los malos tratos a los que estaban sometidos por parte de sus amos. En razón de ser concebidos como parte integrante del grupo social más amplio de pobres y miserables del Nuevo Mundo, los esclavos contaron con un privilegio a la hora de demandar a sus amos: el patrocinio jurídico gratuito ejercido por uno de los regidores del Cabildo: el defensor de pobres. Tal como han marcado estudios clásicos y recientes, el vendaval de guerra y movilización política acontecido a partir de las invasiones inglesas e intensificado con los sucesos de 1810 no dejó de alterar el orden social vigente. Los gobiernos revolucionarios, buscando legitimar su accionar, calificaron la condición colonial como una esclavitud. Asimismo, dieron comienzo a un proceso de abolición gradual con el dictado de dos medidas trascendentes: la prohibición del tráfico esclavo en 1812 y la ley de libertad de vientres al año siguiente. La coyuntura revolucionaria también posibilitó que los esclavos pudieran esgrimir nuevos argumentos en los tribunales para conseguir la libertad, y ello volvió una pesada carga la asistencia judicial que debía prestarles el ayuntamiento. Con esto, en algunos años el defensor de pobres ejerció esta tarea y en otros, el síndico procurador. Además, estos agentes de la Justicia enfrentaron otro dilema. El deseo de libertad esgrimido por los esclavos chocaba con otro principio que la revolución se preocupaba por afianzar: la propiedad. Los amos de esclavos aprovecharon esta ambivalencia del discurso revolucionario para defender sus intereses. ¿Cómo actuaron los regidores que patrocinaron a los esclavos en los tribunales ante esta disyuntiva? ¿Qué postura adoptaron ante la multiplicación de demandas de sus asistidos? ¿Cuál fue su desempeño? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este capítulo.
Los esclavos de Buenos Aires: inserción socioeconómica
Nuevos estudios han afirmado que alrededor de setenta mil esclavos ingresaron al Río de la Plata en las últimas décadas de dominio colonial.2 En Buenos Aires, hacia 1810, alrededor del 30% de la población que residía en la ciudad era catalogada como negra o mulata. De este segmento poblacional el 86,3% eran esclavos.3 Los esclavos ingresados por el puerto que no eran enviados a lugares distantes se radicaban con preferencia en el casco urbano y no en la campaña. La posesión de esclavos era rentable para todas las clases sociales porque podían ser empleados en numerosas ocupaciones mediante el sistema llamado estipendiario o a jornal, que consistía en que el esclavo le entregaba una suma fija de dinero diariamente a su amo, y a cambio gozaba de una libertad de movimientos significativa.4 Silvia Mallo ha señalado que esta práctica proporcionó a los esclavos “vías de escape” que hicieron menos penosa su situación.5 Los esclavos de Buenos Aires desempeñaban mayoritariamente tareas domésticas y artesanales, aunque también se empleaban en una diversidad notable de trabajos.6 En razón de estas particularidades, la historiografía ha conceptualizado a Buenos Aires como una “sociedad con esclavos”, y no una sociedad propiamente esclavista.7
Los clasificados como negros y mulatos libres eran minoría frente a los esclavos en el período virreinal. Esto ocurría porque continuamente ingresaban nuevos esclavos por el puerto. Pero, además, porque quienes lograban la ansiada libertad eran unos pocos. Y lo lograban generalmente no por la generosidad de sus amos, sino después de largos años de trabajo y esfuerzo para pagar por la manumisión.8 Según las Partidas, no pasaban a ser libres, sino que eran libertos.9 Esta figura legal en Buenos Aires estaba en desuso a fines de la época colonial, y sería utilizada recién en las primeras décadas del siglo XIX, a partir de la legislación revolucionaria.10 De todas formas, en la época virreinal el “estigma africano” operaba sobre la vida de estos sujetos que se habían librado de la esclavitud, dado que seguían sometidos a la discriminación jurídica en virtud de su origen y color de piel.11 Además, ocupacionalmente desempeñaban trabajos muy similares a los ejercidos por los esclavos: de poca calificación, escasa remuneración y considerados degradantes. Pese a ello, unos pocos pudieron convertirse en propietarios de terrenos, casas y esclavos e integrarse socialmente en milicias, cofradías y asociaciones de origen africano.12 Quienes pasaban dificultades económicas también reclamaron en la Justicia exitosamente ciertos privilegios procesales destinados a los “blancos” caídos en desgracia.13
Las peculiaridades de la esclavitud urbana a jornal asombraron a muchos viajeros de la época, quienes resaltaron el agudo contraste con las economías de plantación, donde los esclavos trabajaban con altas temperaturas, bajo el látigo del amo o el capataz. La historiografía posteriormente se valió de estos escritos impresionistas, y de un análisis exhaustivo de la legislación hispanoamericana, para sostener la existencia de una esclavitud benigna, con rasgos humanitarios, a diferencia de lo que ocurría en las colonias que Inglaterra o Francia poseían en América.14 Pero los esclavos urbanos que trabajaban a jornal –a pesar de tener más espacios de autonomía– no dejaban de ser propiedad de sus amos, y como tales podían ser objeto de explotación y maltrato. No faltaban esclavas que para conseguir el elevado jornal se prostituían. Había esclavos que se quejaban de que no podían juntar el dinero para pagarlo. Cuando esto acontecía, eran castigados o golpeados. Otros decían que los amos los enviaban a ganar jornal y se desentendían de su alimento y vestuario. Por último, algunos se quejaban de que los trabajos que debían desempeñar para conseguir el jornal eran excesivos.15
Si bien las leyes indianas concedían más derechos a los esclavos en comparación con lo que sucedía en las colonias de otras potencias, ello no expresaba un consenso moral humanitario compartido entre todos los actores, o un espíritu de época benigno que determinara el “trato” recibido por los esclavos. Así planteado el problema sitúa en un lugar pasivo e inerme a los africanos y afrodescendientes esclavizados. Más bien conviene pensar al marco jurídico relativo a la esclavitud como un ámbito que brindó intersticios para que los esclavos desplegaran estrategias de resistencia y adaptación que les permitían socavar el poder de sus amos. De esta forma, en algunas ocasiones acudiendo a las justicias trasladaron al plano de su realidad cotidiana derechos abstractos plasmados en la legislación o en otros órdenes normativos.16 Pero… ¿cuáles eran estos derechos?
Condición jurídica y asistencia legal a los esclavos en la época virreinal
En Hispanoamérica, los esclavos eran concebidos como una cosa, un bien mueble que podía ser comprado, vendido, heredado, etc. Mientras estuvieran bajo este particular estatus jurídico, debían obedecer y servir a sus amos, ya que no disponían libremente de su persona.17 Pero a los esclavos también se los consideraba personas, ya que un viejo precepto en vigor establecía que la libertad era el estado natural de todos los hombres.18 Por eso los amos no tenían un poder absoluto sobre sus esclavos. Por ejemplo, no podían quitarles la vida, y si lo hacían, eran pasibles de ser juzgados como homicidas.19 Tampoco podían maltratarlos, y debían vestirlos y alimentarlos adecuadamente. Los castigos ante cualquier desobediencia tenían que ser “correccionales”.20 En caso de incumplir con estas obligaciones, el juez podía determinar la venta del esclavo a otro dueño por un precio justo. Los esclavos además tenían derecho a ser bautizados, casarse, asistir a misa, integrar cofradías y participar de las fiestas religiosas.21
Muchas de estas disposiciones que mencionamos se remontaban a un cuerpo legislativo del siglo XIII, que conservaba toda su vigencia en las postrimerías de la colonia: Las siete partidas del rey Don Alfonso el Sabio. La historiografía también ha prestado atención a una Real Cédula de 1789 que regulaba variados aspectos de la vida de los esclavos.22 Pero el marco jurídico regulatorio de la esclavitud no se restringía a las normas escritas, ya que como todo derecho de Antiguo Régimen se nutría de jurisprudencia, obras doctrinales, costumbres, preceptos bíblicos, etc.23 Las justicias también solían hacer excepciones a la regla, cuando razones de equidad, piedad o misericordia lo ameritaban, atendiendo a la particularidad de cada caso.24 Por ejemplo, los esclavos durante mucho tiempo ejercieron un derecho que no tenía un claro fundamento en las leyes, la autocompra de su propia libertad.25 Según las Partidas, la manumisión solo podía realizarse por donación del amo, por testamento o por una serie de causas excepcionales.26 El último derecho que mencionaremos –el cual debía funcionar como salvaguarda de todos los demás– era el de la asistencia judicial. Los esclavos podían presentarse por su cuenta –o por medio de terceros– ante las justicias cuando querían demandar a sus amos o resguardar su libertad ante una esclavización ilegal.27 No solo eso: por ser considerados pobres y miserables, contaban con el patrocinio gratuito de algunos agentes de justicia tanto en los juzgados de primera instancia –ayuntamientos– como en los más altos tribunales de justicia –Reales Audiencias–.28
Diversos estudios han señalado que en la Buenos Aires tardocolonial los esclavos acudieron a la Justicia con cierta asiduidad, para hacer valer sus derechos.29 En la capital virreinal era responsabilidad del defensor de pobres del Cabildo asistirlos judicialmente patrocinando sus demandas. Y así lo hicieron, aunque no siempre. Dicho oficio había sido creado en 1721 y era asignado por el término de un año a un regidor. Además de ser rotativo, era gratuito, ya que se consideraba una carga pública.30 Ninguna norma específica establecía de forma taxativa que los defensores de pobres tuvieran que patrocinar a los esclavos. Las ordenanzas capitulares de 1695 guardaban silencio al respecto. Sin embargo, en muy pocas ocasiones los defensores intentaron excusarse de asistir a los esclavos.31 También fueron contadas las veces que los amos impugnaron el patrocinio ejercido por estos regidores, sin éxito.32 Ello sin duda se debía a que nadie dudaba de que los esclavos eran miserables, dignos de amparo judicial. Los defensores de pobres eran legos y se contaban entre los vecinos más distinguidos y acaudalados de la ciudad. Casi todos ellos se ganaban la vida como comerciantes mayoristas y era común que poseyeran varios esclavos.33 Incluso unos pocos defensores practicaban el tráfico de esclavos a gran escala, como Tomás Antonio Romero.34 Como integrantes de la elite local, en ocasiones explicitaban sus prejuicios y temores sobre la población de color, cada vez más numerosa en la ciudad.35 No faltaron tampoco quienes –antes o después de ocupar la función– fueron denunciados por sus propios esclavos por malos tratos.36 Socialmente los defensores de pobres tenían muchas más cosas en común con los amos denunciados que con sus asistidos.
Algo interesante a señalar es que los defensores de pobres no monopolizaban la representación de los esclavos en sus causas judiciales. Por ejemplo, muchos esclavos presentaban sus quejas directamente al virrey, eludiendo las alcaldías ordinarias del Cabildo y el patrocinio del defensor de pobres.37 Es probable que entendieran que la autoridad del virrey podía ser más receptiva a sus reclamos, teniendo en cuenta los estrechos lazos de amistad, comerciales, familiares y de clase que podían llegar a unir a los regidores con los amos denunciados.38 ¿Qué sucedía con las causas de los esclavos que se tramitaban en los juzgados ordinarios? Aquí sí tenían intervención los defensores de pobres, pero no en todos los casos, ni siquiera en la mayoría.39 Muchas veces un tercero redactaba los escritos de los esclavos “a ruego”. En otros casos los escritos no llevaban ninguna rúbrica, firmaban los mismos esclavos, un familiar de ellos, o los representaba un letrado. La intervención del defensor correspondía en la mayoría de los casos a una disposición del magistrado interviniente.40 El desempeño de los defensores de pobres al representar judicialmente a los esclavos era extremadamente variable. Algunos de ellos ejercían el oficio con displicencia, o en abierta complicidad con los amos. Pero otros tenían un desempeño notable, simpatizando incluso con los reclamos de sus asistidos. En estos últimos casos, las estrategias y los argumentos utilizados eran múltiples y variaban de acuerdo con el tipo de demanda iniciada. Los defensores de pobres en general buscaron reprimir y aminorar los abusos a los que daba lugar la esclavitud. No eran abolicionistas. Sin embargo, en el ejercicio de su labor en ocasiones cuestionaron las bases sobre las cuales reposaba esta institución.
Desde el momento en que los esclavos eran considerados al mismo tiempo una cosa y una persona, era inevitable que existieran conflictos entre amos y esclavos. Mientras los primeros buscaban resguardar su derecho de propiedad, los últimos buscaban conseguir su libertad o ganar espacios de autonomía. Así fue como la disputa entre el derecho de propiedad y las aspiraciones de libertad no nació con el proceso revolucionario; ya existía en la época virreinal. Solo mudó de formas y se intensificó. En apariencia las leyes eran claras. Las Partidas establecían inequívocamente que todo lo que poseían los esclavos pertenecía a sus amos y que nadie podía ser forzado a vender lo que era suyo, negando la posibilidad de que los esclavos acumularan un peculio liberatorio.41 Pero hacia fines de la colonia fue ganando terreno la idea de que los esclavos podían comprar su libertad o ser vendidos a quien quisiera otorgársela a un justo precio, aun contra la voluntad de sus amos. Esta tendencia no llegó a ser indiscutida ni mucho menos, sino que ante cada caso concreto amos y esclavos acudían a los tribunales, teniendo ambos posibilidades de salir triunfantes del pleito.42 Un régimen casuista, que se nutría de múltiples órdenes normativos, permitía diversas resoluciones, todas ajustadas a derecho.
Las invasiones inglesas
La primera invasión inglesa en 1806 se caracterizó por la rápida rendición de las autoridades virreinales. El cuarto decreto que dictó William Beresford como nuevo gobernador de la ciudad establecía “que los esclavos están sujetos a sus dueños como antes, y que se tomarán medidas severísimas con los que trataran de librarse de esa sujeción”.43 Las causas de tal disposición residían en que se observaba un estado de agitación entre los esclavos. Una vez reconquistada la ciudad, en un cabildo abierto se decidió que todos los hombres hábiles se alistaran en los cuerpos armados, en aras de rechazar una nueva invasión. Los esclavos formaron una milicia armados de lanzas y cuchillos. Cuando se concretó la segunda invasión inglesa en 1807, los esclavos milicianos y otros junto con sus amos se destacaron en los combates, razón por la cual el Cabildo decidió premiarlos.
Se resolvió liberar a los mutilados otorgándoles una pensión de 6 pesos mensuales y pagándoles a sus dueños 250 por cada uno. Luego se liberó a 10 esclavos más por haberse destacado en los combates y otros 60 fueron liberados mediante sorteo público. Se resarció a los dueños de estos esclavos ya que el Cabildo pagó el rescate de 30, Santiago de Liniers en representación del rey se encargó de 26 y el rescate del resto fue pagado por particulares y cuerpos de voluntarios. Posteriormente se decidió incluir en el sorteo también a las “morenas y pardas esclavas” que hubieran quedado viudas de los que fallecieron en la reconquista.44 Al año siguiente, considerando que nueve individuos que habían sido sorteados para obtener la libertad no habían aparecido, el Ayuntamiento decidió completar el número de agraciados con otros nueve esclavos elegidos por su mérito en el campo de batalla. El defensor de pobres y el alcalde de segundo voto fueron los designados para tasar a los esclavos en acuerdo con sus amos y extenderles los documentos referidos a su libertad.45 Algunos amos no se presentaron el día fijado para que sus esclavos recibieran su carta de libertad y ellos, el importe correspondiente, por lo que fue necesario volver a convocarlos.46
El pardo Balentin había resultado herido en los combates contra los británicos, pero no fue beneficiado en el sorteo. En consecuencia, dirigió un petitorio al Cabildo relatando sus servicios a la “patria” y solicitando que al menos se obligara a su amo, residente en Córdoba, a que le extendiera papel de venta por un precio justo.47 Los regidores no solo accedieron a su pedido, sino que lo premiaron con la libertad. Esto generó la violenta negativa de su amo. Los cabildantes informaron al virrey del asunto y resolvieron seguir adelante con la liberación del esclavo, tasándolo a un precio justo e indemnizando a su dueño. El esclavo fue tasado en 400 pesos, casi el doble de la tasación originaria de 250 pesos que había sido fijada unilateralmente por las autoridades. El conflicto llegó a la Real Audiencia, la cual en 1809 falló a favor del pardo Balentin.48 El negro José en 1807 también dirigió un petitorio al Cabildo describiendo sus acciones militares durante la defensa y reclamando que en compensación se obligara a su amo a que le otorgara la libertad, ya que había conseguido alguien dispuesto a abonar un precio justo.49 Al igual que el pardo Balentín, los regidores lo incluyeron entre los nueve agraciados liberados por ausencia de los designados. Pero, para 1810, José seguía siendo esclavo. Ante esta situación el defensor de pobres elevó una solicitud al ayuntamiento. Dos tasadores, uno nombrado por el defensor de pobres y otro designado por el amo, acordaron tasar en 500 pesos al esclavo. Finalmente, el negro José pudo concretar su libertad.50
Balentín y José tuvieron la suerte de ingresar en la segunda tanda de agraciados por el Cabildo porque previamente se dirigieron a la Justicia buscando ser recompensados por sus méritos. Con posterioridad tuvieron que defender la gracia recibida en los tribunales. No fueron los únicos que tuvieron que dirigirse al Ayuntamiento para efectivizar su libertad. Un esclavo decía no poder gozar del beneficio porque en la lista con la que se hizo el sorteo se equivocaron y le colocaron otro nombre de pila.51 Otro argumentaba que cuando acudió al amo para notificarle la libertad que le había sido concedida, este aseveró que en realidad el agraciado no era él sino un homónimo.52 Hubo muchos otros esclavos que creían tener derecho a ser liberados por haber peleado contra las tropas británicas, aunque no habían sido sorteados ni elegidos. Y se dirigieron a las justicias –tanto al cabildo como al virrey– resaltando su servicio a “Dios, el rey y la patria”, con éxito dispar.53 Un caso en contrario fue el del esclavo Manuel Antonio Picabea, quien renunció a su derecho a entrar en el sorteo de los esclavos que iban a ser liberados. La causa de tal decisión era que el involucrado no quería “incurrir en ingratitud para con su señora, que por septuagenaria, pobre y achacosa no tiene otros auxilios que los suios”. El cabildo accedió a tal petición y premió al esclavo con cincuenta pesos.54
Los defensores de pobres no vehiculizaban estas peticiones. Solo intervenían una vez que el ayuntamiento había tomado la decisión de manumitir a alguien, y se encargaban de tasar a los esclavos y mediar entre los intereses de estos y de sus amos. A la hora de liberar a los esclavos se intentaba conciliar el derecho a la libertad por parte de los esclavos con el derecho de propiedad de los amos. No solo los esclavos liberados eran comprados a sus dueños, sino que en los casos en los que los amos no querían desprenderse del esclavo el precio que estaban dispuestas a pagar las autoridades era más alto que el habitual para contentar a las partes en pugna. Juan Manuel Beruti, un contemporáneo, afirmó que los esclavos eran liberados a razón de 250 pesos “y muchos a 300 y más pesos por no contentarse algunos amos con la primera cantidad”.55
Revolución, guerra y desintegración del orden colonial
El desplazamiento del virrey Cisneros en las jornadas de mayo de 1810 dio un giro revolucionario a los acontecimientos. En lo que respecta a la Justicia, Magdalena Candioti ha mostrado cómo tempranamente un sector de la nueva dirigencia política esbozó discursos muy críticos sobre el derecho de Antiguo Régimen.56 Mientras tanto las autoridades judiciales fueron desplazadas –tanto al nivel de la Real Audiencia como del Cabildo–,57 se modificó el perfil social de quienes en adelante fueron encargados de impartir justicia y, además, sucesivos reglamentos y decretos provocaron cambios institucionales. La cultura jurisdiccional colonial no fue reemplazada de golpe, pero sí empezó a ser cuestionada. Una de las razones de la pervivencia del derecho de Antiguo Régimen radicó en que el contexto de provisionalidad obligaba a los actores a posponer una verdadera reforma de la Justicia.58 Esta continuidad era bien patente en el articulado del Reglamento Provisorio dictado en 1817. Allí se establecía que seguía en vigencia toda legislación del “antiguo gobierno español” que no se opusiera a la libertad e independencia, y a las disposiciones dictadas por los nuevos gobiernos revolucionarios. Entre las preocupaciones de las nuevas autoridades se encontraba el afirmar el derecho de propiedad. El famoso decreto sobre la seguridad individual de 1811 establecía que todo ciudadano tenía derecho a la “protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades”.59 Posteriores proyectos constitucionales –no implementados finalmente– concebían en su articulado la defensa de la propiedad como uno de los derechos particulares del hombre.60
El Cabildo –encargado de la administración de justicia de primera instancia– subsistió durante toda la primera década revolucionaria.61 Sin embargo, en 1814 se dictaron unas nuevas ordenanzas capitulares, las cuales trajeron como novedad una delimitación precisa de las atribuciones de cada uno de los regidores, incluyendo el defensor de pobres.62 Las funciones asignadas a este guardaban semejanza con las que venía desempeñando hasta el momento.63 Al igual que en el período colonial, debían representar judicialmente a los reos procesados criminalmente, patrocinar a los pobres solemnes en causas civiles y velar por las condiciones de vida de los presos participando de las visitas de cárcel. Pero, en lo referente a los esclavos, había un cambio sustancial. Se aclaraba explícitamente –en contra de la práctica judicial observada hasta ese entonces– que el defensor de pobres solo debía encargarse de la defensa de aquellos esclavos alojados en panaderías y “otros lugares de corrección”. La representación judicial de aquellos esclavos que buscaban demandar civilmente a sus amos quedaba en un limbo jurídico, porque se disponía que el regidor que venía ejerciendo esta función ya no debía hacerlo, pero no se aclaraba quién lo reemplazaba.
Los defensores de pobres ya patrocinaban a los esclavos que estaban recluidos en los calabozos del Cabildo. En el caso de los esclavos encarcelados que habían sido acusados de algún delito y tenían una causa criminal en trámite, la intervención del defensor de pobres durante el período tardocolonial acontecía cuando sus amos renunciaban a toda potestad sobre el procesado. En caso contrario, le correspondía al amo defender en juicio a su esclavo. Durante la primera década revolucionaria, los defensores –ateniéndose a las nuevas ordenanzas capitulares– siguieron cumpliendo esta función.64 Pero a veces los defensores también se ocupaban de esclavos encarcelados que no habían cometido ningún ilícito. En 1811 un vecino de Buenos Aires donó un esclavo al Cabildo con la condición de que fuese vendido en el interior, dada su “mala índole”. El esclavo –llamado Domingo– fue trasladado de inmediato a la cárcel. Un año después el amo volvió a dirigirse al Cabildo dado que veía comprometida su seguridad por haber experimentado insultos por parte de Domingo, quien todavía no había sido vendido. Se encomendó al defensor de pobres que se encargase en lo inmediato del asunto.65 También en 1811 el defensor Ildefonso Paso se hizo eco de una petición que los esclavos encarcelados habían dirigido al Ayuntamiento, y solicitó que se obligara a los amos que tenían esclavos recluidos a que contribuyeran con un real diario para sus alimentos. Muchos de estos esclavos estaban encarcelados por la mera voluntad de sus dueños, a modo de “corrección”. Por ello el defensor también propuso tomar conocimiento de los motivos por los que habían sido recluidos, a modo de evitar que “se eternicen en la cárcel”, para “que a la mayor brevedad se les dé el destino que corresponda en justicia”.66
¿Cómo impactó en términos generales el proceso revolucionario en la institución de la esclavitud? No solo se apeló a la metáfora esclavista para referirse a la condición colonial y legitimar el proceso en curso;67 además, la esclavitud misma empezó a ser percibida como algo oprobioso que solo podía haber tenido lugar bajo el condenable régimen español. En 1812, en conmemoración por los sucesos de mayo de 1810, el regidor Antonio Álvarez Jonte pronunció un encendido discurso en la plaza de la Victoria dirigiéndose a los esclavos allí presentes: “Ultimamente infelices esclavos, cuio destino personal hace gemir la naturaleza, conseguiran el bien precioso que un absurdo, y barvaro sistema los habia despojado”. También prometió que en suelo americano iba a desaparecer “en lo sucesivo la imagen aflictiva del mas cruel infortunio, y degradacion del hombre”.68 Un año más tarde, Juan Manuel Beruti en su diario de anotaciones se refería a la esclavitud como “un comercio ilícito de carne humana, reprobado por todos derechos: divino, natural, humano”, para alegrarse a continuación por la manumisión de los recién nacidos por la ley de libertad de vientres, ya que “solamente la fiera, bárbara e inhumana nación española pudo haberlos esclavizado”.69 En las fiestas mayas de 1815 –conmemoración de los sucesos que provocaron el desplazamiento del virrey– junto a la Pirámide de Mayo se colocaron esculturas haciendo referencia a cada continente, con leyendas escritas. África era representada en forma alegre porque, al mismo tiempo que América había conquistado su libertad, la había hecho extensiva a los africanos.70
Precisamente en esta festividad patriótica se retomó la práctica inaugurada con las invasiones inglesas de liberar esclavos mediante un sorteo público. Según Ignacio Núñez, en mayo de 1811 en medio de los festejos se produjo la “emancipación de algunos esclavos”.71 El 24 de mayo de 1812 en la plaza de la Victoria una multitud presenció el sorteo mediante el cual se liberaron cuatro esclavos, dos de cada sexo. Cabe aclarar que la suma de dinero destinada a liberar esclavos representaba solo el 15% del monto total fijado para repartir entre la población por sorteos. El resto estaba destinado a niñas “honradas y decentes”, viudas, madres y hermanas de fallecidos en combate, familias indigentes y soldados inválidos. El Triunvirato además propuso que, en caso de faltar dinero para la música y la iluminación, debía sacarse del “dinero destinado a la libertad de los esclavos”, lo que evidencia el orden de prioridades del gobierno. En las fiestas mayas de 1813, los esclavos liberados –a propuesta de la Asamblea Constituyente– fueron seis, tres de cada sexo, pero no recibieron su libertad inmediatamente, sino que tuvieron que esperar a la finalización de las negociaciones con sus amos.72 De 1814 en adelante ya no habría más liberaciones de esclavos en ocasión de los festejos de las fiestas mayas. Una de las razones puede haber sido el giro político conservador experimentado por la dirigencia revolucionaria. También las urgencias financieras de las campañas militares obligaron a bajar el gasto destinado a los tradicionales sorteos y manumisiones.
Sin embargo, también hubo liberaciones puntuales de esclavos por iniciativa de las autoridades al margen de estos festejos conmemorativos. En 1810 una esclava estaba detenida en la cárcel pronta para ser conducida al interior con el propósito de ser vendida. Pero fue comprada y liberada por el Ayuntamiento, porque el verdugo de la cárcel quería casarse con ella. El Ayuntamiento luego fue descontando del sueldo del verdugo pequeñas sumas hasta que fue cubierto el monto total. En 1813 el Cabildo también liberó a la hija esclava del capitán moreno Antonio Videla, que había fallecido en el campo de batalla, dado que había sobrado una parte del dinero destinado a liberar a los esclavos que habían sido sorteados en las fiestas mayas. Al producirse la abolición del Cabildo en 1821, los regidores con acuerdo del gobierno provincial concedieron la libertad a los tres esclavos del Ayuntamiento, y aprobaron una pensión para uno de ellos por su avanzada edad y sus “achaques habituales”.73 Todos estos esclavos liberados eran comprados a sus dueños, salvo en los casos en los cuales los agraciados habían prestado un importante servicio a la causa revolucionaria delatando a sus amos para prevenir conspiraciones. Este fue el caso del esclavo Ventura, perteneciente a Martín de Álzaga. Ventura denunció la conspiración que su amo intentaba llevar a cabo en 1812 e inmediatamente le fue concedida la libertad “por fiel a la patria”.74
Liberta por oficio: negociando los términos del trabajo no libre en Buenos Aires en el contexto de la abolición gradual, 1820-1830*
Paulina L. Alberto
El 2 de enero de 1834 doña María Josefa Warnes de Arraez, una mujer de setenta y dos años adinerada y soltera, comparecía frente a Teodoro Montaño, escribano de la ciudad de Buenos Aires, para formalizar los términos de una donación que deseaba conceder a su ahijada María Cayetana Braga y Warnes, de tres años. El documento resultante estipulaba que la joven Cayetana debía recibir “una casa de su particular propiedad sita en esta ciudad, Calle de México, designada con el número tres cientos quince”, así como el terreno donde esta estaba edificada.1 Josefa Warnes había comprado la propiedad unos años antes, al parecer con ese propósito.2 Josefa, que no tenía descendientes directos o herederos forzosos, expresaba en el texto que hacía esta donación como “una prueba inequívoca del cordial amor que le profesa”.3
Sin embargo, esta transacción –formalizada ante el escribano con el consentimiento de los padres de la niña– más que como un regalo muy generoso o una gran demostración de amor puede entenderse como una instancia de “herencia como aliciente”.4 Es que la donación de Josefa conllevaba algunas restricciones: Cayetana solo podría heredar la casa después de que Josefa hubiera muerto, y los documentos subsecuentes sugieren que se esperaba que la niña, que vivía con su madrina, se quedara con ella hasta ese último momento. Podemos imaginar que Josefa Warnes deseaba asegurarse cuidado y compañía en su vejez, algo imprescindible para una mujer mayor y soltera que no tenía descendientes. A pesar de las demostraciones de amor y de la relación de padrinazgo, había algo en esta relación que necesitaba de la mediación del mecanismo coercitivo de la herencia condicional.
Josefa Warnes y Cayetana Warnes no solo estaban unidas por esos lazos de madrinazgo, sino también por los de la esclavitud. A pesar de compartir el apellido, Cayetana no era parienta de Josefa. La escritura de donación de 1834 asentaba que la niña era morena, y que era “hija de los morenos libres Pedro Braga y Candelaria Warnes”.5 Al momento de hacer la donación, Josefa Warnes tenía como esclavizada a la abuela de Cayetana, y Cayetana y su madre, Candelaria Warnes, habían sido criadas en la casa de Josefa desde su infancia, aunque ni como esclavas ni como libres.
La escritura notarial se refería a Cayetana repetidamente como liberta. Este término (y su contraparte masculina, liberto) se usaba en la mayor parte de la América hispánica y portuguesa desde tiempos coloniales para designar a los esclavos manumitidos y para distinguir a los liberados, en cuanto categoría de dependencia legal, de los nacidos libres. Sin embargo, en Buenos Aires, donde esa distinción había caído en desuso, el término resurgió a comienzos del siglo XIX para designar a un nuevo sujeto legal: los individuos manumitidos por el Estado y no por sus amos. Los libertos y las libertas eran hijos de madres esclavizadas nacidos posteriormente a la ley de libertad de vientres promulgado por la Asamblea General Constituyente de 1813. Al igual que sucedió con las leyes de libertad de vientres aprobadas con anterioridad en Estados Unidos y con posterioridad en otras naciones latinoamericanas, quienes estaban sujetos a la ley en Buenos Aires no eran esclavos pero tampoco gozaban de libertad inmediata. Antes de ser totalmente libres, los libertos y las libertas debían a los amos de sus madres (“patronos”) un tiempo de servicio (“patronato”), los varones hasta que cumplieran veinte años y las mujeres, dieciséis (más temprano si se casaban).6
Al parecer, esta donación condicional de Josefa reenmarcaba una relación de servicio establecida durante el patronato de Cayetana como si fuera voluntaria y guiada por el afecto, y servía también para asegurar que esta relación continuara hasta la muerte de Josefa. La “liberta” Cayetana pasaba a ser Cayetana, la amorosa y obediente “ahijada” que la heredaría. En este sentido, Josefa no difería de esclavistas en otros lugares de Latinoamérica que, frente a esclavizados o exesclavizados que buscaban su libertad o mayor autonomía, se valían de una serie de estrategias coercitivas –desde promesas de manumisión y herencias hasta juicios, amenazas de acciones violentas o reesclavización– para extender o reconfigurar las relaciones de servidumbre.7
La estrategia de Josefa de donar una casa a Cayetana –como otras donaciones estratégicas que realizó a “morenas” que estaban a su servicio– parece representar la parte menos coercitiva del espectro de este tipo de relaciones. Pero hay un giro más en esta historia. Cayetana no era la hija de una mujer esclavizada y, por lo tanto, legalmente no podía ser una liberta. Su madre Candelaria había nacido en febrero de 1815, dos años después de la ley de libertad de vientres. Era Candelaria y no Cayetana quien había nacido liberta, aunque para el tiempo en que se realizó la donación de la casa (1834), Candelaria ya había servido al patronato a Josefa Warnes y aparecía en los registros notariales como libre. La condición de liberta, pensada para terminar con la transmisión intergeneracional de la esclavitud, no era heredable. Si Candelaria era una liberta, su hija Cayetana no podía serlo. Por lo tanto, a través del mecanismo de la herencia condicional, Josefa promovía que los padres de una niña libre la ubicaran en el rol de liberta, que era muy distinto a ser libre.
En este caso, como en otros a lo largo de las sociedades esclavistas del continente americano, los procesos de manumisión y de emancipación realizados por el Estado, lejos de señalar la liberación definitiva de las personas esclavizadas, dieron lugar a lo que los historiadores de Brasil llaman la “precariedad estructural de la libertad”.8 La imprecisión de los límites legales y sociales entre la esclavitud y la libertad dejaba lugar a que prácticas coercitivas enraizadas en la esclavitud persistieran en, y junto con, supuestos regímenes de trabajo libre. Estos intersticios habilitaban la creación de estrategias para controlar tanto a los trabajadores libres como a los esclavizados. Según el historiador Sidney Chalhoub, la construcción ideológica de larga data que posiciona la “esclavitud” y la “libertad” como elementos conceptual y temporalmente diferentes ha llevado a que “se hiciera invisible la reproducción del trabajo forzado en las sociedades capitalistas modernas”. Pero también “nos ha dificultado ver los espacios de ambigüedad y, tal vez, de libertad dentro de las sociedades esclavistas”.9
Los estudios que problematizan la división entre trabajo libre y esclavo están particularmente desarrollados para las áreas de Latinoamérica, como Cuba o Brasil, donde la esclavitud fue extensiva y los estigmas y los efectos del racismo continuaron condicionando visiblemente los mercados de trabajo de la posabolición así como las posibilidades de movilidad social. El Río de la Plata, y particularmente el territorio que hoy es la Argentina, proveen una perspectiva mayormente inexplorada de esas continuidades. Al contrario que en Cuba o Brasil, en la Argentina casi no existe memoria pública de la esclavitud y se piensa que los afroargentinos han desaparecido. Asimismo, tanto en contextos cotidianos como académicos (con la excepción de quienes focalizan en la cuestión racial), la categoría misma de raza ha sido subsumida por la clase como marcador principal de conflicto y estratificación social.10 La percepción generalizada de que la Argentina es una excepción regional, donde la ausencia de raza y el dinamismo de clase funcionan como emblemas de una modernidad precoz, hacen que sea especialmente importante interrogarse sobre la forma en que las relaciones raciales y coercitivas de la esclavitud configuraron el incipiente régimen de trabajo libre de la nación.11
La historia de Cayetana revela la centralidad del elusivo término “liberta/a” para captar las trayectorias lentas, ambiguas y, en última instancia, no lineales entre el trabajo forzado y el trabajo libre en la temprana Buenos Aires republicana. Las dinámicas de raza, minoridad, género, tutelaje y paternalismo que convergieron en ese concepto señalan el surgimiento de formas nuevas y duraderas de subyugación de los sectores más vulnerables de la población: los pobres, los no blancos y, especialmente, las mujeres y los niños que trabajaban en el servicio doméstico privado.12 En este sentido, el término es fundamental para entender cómo las relaciones formadas en y por la esclavitud persistieron después de la declinación de ese régimen. Pero esta historia de una “liberta por aliciente” y, de manera más general, de las negociaciones que hicieron sobre bienes raíces unas mujeres tenidas ellas mismas como propiedad también ilumina el proceso de erosión del poder de los esclavistas sobre las personas a su cargo en un contexto de cambio político radical, escasez de mano de obra y movilidad socioeconómica y geográfica. Esto no quiere decir, como sí dijeron académicos de generaciones anteriores, que la esclavitud de las décadas de 1820 y 1830 fuera excepcionalmente benigna, vestigial o irrelevante.13 Los esclavistas en Buenos Aires usaron una serie de estrategias, desde la chicana legal hasta la violencia, para mantener viva la esclavitud hasta 1860, bastante después de que la Constitución de 1853 la aboliera en la Confederación Argentina.14 Sin embargo, los esclavizados y los liberados de este período fueron capaces de producir importantes cambios en la naturaleza de la esclavitud. Como resultado, dice el historiador Ricardo Salvatore, “para la década de 1840, esta institución peculiar se había transformado en un conjunto de obligaciones casi contractuales que se asemejaban al trabajo asalariado”, debilitándola “como una institución de control laboral”.15
El término “liberto”, en su forma masculina, ilumina cómo el género y la edad dieron forma a estos tortuosos senderos que iban de la esclavitud a la libertad. Junto con el régimen de patronato creado por la ley de libertad de vientres de 1813, “liberto” también designaba a miles de hombres adultos esclavizados que formaban parte de las milicias de Buenos Aires, a quienes se les había prometido la libertad después de un tiempo de servicio en el ejército. Los historiadores han documentado el rol de estos soldados negros libres y esclavizados en acelerar el fin de la esclavitud y en dar nueva forma a los sentidos de ciudadanía en el territorio que sería la Argentina.16 De hecho, el bajo perfil de maridos y padres en la historia que sigue está probablemente relacionado con los altos índices de participación negra masculina en las prolongadas guerras de independencia y en las subsiguientes guerras internacionales y civiles.
Ha sido más difícil vislumbrar los caminos no tan públicos hacia la libertad de las libertas y de sus madres, cuyos “vientres libres” les dieron vida.17 La donación de la casa de 1834 a Cayetana, junto con documentos notariales y testamentarios de la década previa, ofrecen un corte temporal de las estrategias cambiantes de tres generaciones de mujeres afrodescendientes utilizadas para terminar o transformar sus ataduras en el marco del proceso de abolición gradual sucedido en Buenos Aires. Aunque Cayetana, su madre liberta, su abuela esclavizada y otras mujeres de ascendencia africana en la casa de Josefa Warnes enfrentaron restricciones específicas relacionadas con su situación de género en la servidumbre doméstica, también sacaron ventajas de los lazos de afecto, intimidad e interdependencia con su esclavista o patrona, así como de su posición en el cambiante panorama político, legal y económico de su ciudad, para intentar negociar los términos de su trabajo forzado. Por extraño que pueda parecer, estas negociaciones incluían que Cayetana asumiera el estatus ficticio de liberta.
Josefa
María Josefa Warnes y Arraez nació en el seno de una gran familia patricia el 11 de junio de 1762, cuando Buenos Aires todavía formaba parte del Virreinato del Perú.18 Su padre ocupó varios puestos de importancia en el gobierno colonial local y las relaciones de su madre ligaban a la familia a algunos de los apellidos más conocidos de la historia argentina.19 Josefa Warnes heredó lo que su padre llamaba el linaje “noble y distinguido” de la familia, “consiguientemente libres de toda mala raza y sin ejercicio vil ni bajo”, y una modesta fortuna.20 A juzgar por los ítems enumerados en su testamento y otros documentos testamentarios, Josefa pasó su vida confortablemente.21 Ahorró una parte de lo que heredó, y otra la prestó a miembros de su familia. Pero, como muchos de su clase, Josefa invirtió la mayor porción de su riqueza en bienes raíces. estos representaban una fuente confiable de ingresos en el saturado mercado de la vivienda de Buenos Aires y una de las pocas estrategias de supervivencia económica disponibles para las mujeres del estatus de Josefa, a quienes las normas de género les impedían participar más directamente en la economía de la ciudad.22 Sin embargo, a pesar de (o debido a) esta estrategia de inversión en bienes raíces, Warnes sufría habitualmente de escasez de dinero líquido. Les pidió prestado a familiares, dependientes y comerciantes en varias ocasiones.23 Su hermano, don Mateo José Warnes, sacerdote en Potosí, le enviaba regularmente remesas y le cedió su parte de la herencia.24 Josefa tenía ropa y muebles para distribuir después de su muerte, pero muy pocos ítems de lujo.25
Josefa nunca se casó ni tuvo hijos. Para cuando redactó su testamento en abril de 1826, tenía sesenta y cuatro años y, en palabras del notario, estaba “enferma [h]abitualmente”, aunque “con pleno uso de sus potencias”.26 Sus testamentos revelan una devoción religiosa extrema. Sin tener herederos directos que recibieran la porción obligatoria de sus posesiones, Josefa nombró a su alma como su “única y universal heredera” y repartió la mitad de sus bienes entre misas y otras ofrendas.27 Además, como patrona de un altar devocional en honor de Nuestra Señora de Nieva en la iglesia de Santo Domingo, legó importantes bienes a esa causa. Todo esto aseguraba la salvación de su alma.28
Al momento de redactar su testamento, Josefa tenía en propiedad también dos mujeres esclavizadas: Rosa y Concepción, quien sería más tarde la abuela de Cayetana. Además de tareas domésticas, estas mujeres muy probablemente trabajaban fuera del hogar. Desde el último cuarto del siglo XVIII hasta las primeras décadas del XIX, la economía de Buenos Aires dependía en gran parte del trabajo a jornal de esclavizadas y esclavizados.29 Para una mujer en la situación de Josefa –soltera, sin hijos y sin deseos de sacrificar su estatus social ingresando a la esfera económica de manera directa– el jornal o las ganancias que una persona esclavizada ganaba a través del pequeño comercio en favor de su esclavista –fuera vendiendo comida en la calle o haciendo la lavandería, por ejemplo, o mediante un contrato– era una fuente fundamental de ingresos.30
Al valor económico de Concepción y Rosa se sumaba su extensa red de descendientes, a quienes Josefa incorporó a la economía del hogar. El testamento de Josefa de 1826, junto con un codicilo de 1837, revela la presencia de un grupo de mujeres y niños afrodescendientes que eran probablemente otras fuentes de trabajo en beneficio de Josefa, tanto dentro como fuera de su hogar. Los tres nietos de Rosa (cuyos nombres no aparecen en estos documentos) vivían en la casa de Josefa, al igual que una mujer llamada Pastora, que podría haber sido la hija de Rosa y la madre de los niños. La mujer esclavizada Concepción, cuya fecha y lugar de nacimiento se desconocen, emerge de los documentos con especial claridad como la matriarca de tres generaciones al servicio de Josefa. Ella y sus descendientes nacidos en Buenos Aires, como veremos, ocupaban un lugar especial en el hogar. Además de Candelaria (la madre de Cayetana), Concepción tenía una hija menor llamada Serapia de las Nieves (nacida el 16 de noviembre de 1826). Las fuentes no dicen nada sobre la identidad del padre (o padres) de las niñas. A principios de la década de 1830, llegaron Cayetana (nacida hacia 1831) y su hermano menor Pedro Saturnino Warnes (nacido hacia 1833), hijos de Candelaria y nietos de Concepción.31 Aunque Candelaria y su marido Pedro Antonio Braga vivían en su propio hogar al momento del nacimiento de Cayetana, la madre y los niños permanecieron fuertemente atados al de Josefa. La configuración generacional del estatus legal –especialmente de las mujeres de la línea materna de Cayetana– ilustra los cambios económicos, políticos y sociales que transformaron las relaciones laborales en aquellos años y su profundo entrelazamiento con relaciones de afecto, coerción e interdependencia asimétrica.
Concepción, Rosa, Escolástica
A partir de 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires comenzó un asombroso proceso de crecimiento y transformación. Además de atraer a migrantes de Europa, de otras partes de la América hispánica y de las zonas circundantes a la ciudad, en esos años Buenos Aires se convirtió (junto con Montevideo) en un nodo de suma importancia de comercio de esclavizados africanos, enviados directamente desde aquel continente o traídos por tierra o por mar desde Brasil. Un estimado de 70.000 hombres, mujeres y niños esclavizados desembarcaron en el Río de la Plata durante los 34 años que duró el virreinato, constituyendo lo que Alex Borucki denominó “el evento demográfico más importante desde que comenzara la colonización ibérica en 1530” en esa zona.32 Para 1810, la población de la ciudad llegó a sumar entre 40.000 y 76.000 individuos. Las personas de ascendencia africana representaban el 30% de la población (posiblemente más), y la mayoría estaba en condición de esclavitud.33
Aunque las prolongadas guerras de independencia conllevaron altos y bajos, en las décadas de 1810 y 1820 la economía de Buenos Aires continuó expandiéndose, lo que contribuyó a sostener una alta demanda de mano de obra libre y esclavizada. La escasez crónica de mano de obra a principios de siglo moldeó la forma que fue tomando la esclavitud en la ciudad portuaria. Incluso si la economía citadina dependía en gran medida de la labor de las personas esclavizadas, las mujeres y los hombres en esa condición trabajaban codo a codo con trabajadores libres en una serie de ocupaciones (comercio menor, comercio especializado, pequeños talleres de manufactura y artesanado, servicio doméstico), a veces en funciones de supervisión y, en el caso de los que trabajaban a jornal, a menudo con una significativa movilidad geográfica y poca vigilancia.34
El auge económico de la ciudad y los altos salarios permitieron que algunas de las personas esclavizadas pudieran ahorrar y formar un peculio, lo que contribuyó a que a partir del último cuarto del siglo XVIII se produjera un aumento constante de las manumisiones por autocompra.35 Después de 1810, con el telón de fondo de la (primera) prohibición de la trata de esclavos en 1812, la ley del libertad de vientres de 1813 y las transformaciones en el discurso político, también aumentaron en frecuencia otros tipos de manumisiones, desde las menos comunes manumisiones “graciosas” privadas (gratuitas e incondicionales) hasta las concedidas por el Estado de manera condicionada al reclutamiento militar.36 Y muy notablemente, en la década de 1820, cuando el reclutamiento generalizado de hombres afrodescendientes para las guerras de independencia exacerbó la escasez de mano de obra y se abrieron nuevos espacios para que las mujeres negras esclavizadas y libres trabajaran como jornaleras, la ciudad fue testigo de un fuerte aumento de las manumisiones femeninas por autocompra. El número de hogares independientes encabezados por mujeres afrodescendientes también creció de manera significativa en esos años.37
En ese contexto de erosión de la esclavitud debido a las acciones del Estado y a los esfuerzos de las propias personas esclavizadas, Josefa Warnes se dedicó a gestionar la transición a la libertad dentro de su propio hogar. El primer indicio de ello se encuentra en una serie de transacciones de finales de 1822 y principios de 1823, cuando una tal Escolástica Warnes, “morena libre”, aparece en los registros notariales comprando una vivienda en el barrio mayormente afrodescendiente de Monserrat. Los fondos para esta compra provenían de la venta de otra casa realizada unos meses antes. Esa inversión original, explicaba Escolástica, “la verificaba con el dinero que le produjo la venta de otra casa que tuvo, y había comprado con el que su señora ama Da. María Josefa Warnes le había dado gratuitamente”.38 Josefa había puesto condiciones a esta “donación” inicial de 1812, incluyendo el requisito de que Escolástica pidiera su permiso e intercesión antes de vender o alquilar la propiedad (Josefa, de hecho, también firmó con Escolástica la escritura de venta de la casa original en 1822). Cuando se reiteraron estas condiciones a principios de 1823 al comprar su nueva casa en Monserrat, Escolástica se declaró satisfecha de “sujet[arse] voluntariamente” a estas, “por las notorias ventajas que reconocía le resultaban de ellas, como que estaba firmemente persuadida del singular aprecio y distinción que en todos tiempos le ha dispensado la Señora, quien en esta parte no lle[v]a otro objeto que mi propio bien”.39
Estos documentos no dicen si Escolástica había sido esclavizada en la casa de Josefa, aunque tanto su apellido como las formas en que ella o el notario se referían a Josefa, utilizando el lenguaje de la propiedad de personas, constituyen pistas significativas. Tampoco señalan cómo llegó a ser libre. Pero sí revelan que la relación de Escolástica con Josefa incluía un regalo de considerable importancia, posiblemente destinado a mantener a la mujer liberada como dependiente. También demuestran la continua deferencia de Escolástica hacia Josefa Warnes, quien sería una figura de protección fundamental para una morena libre cuyo marido soldado había marchado hacia Perú una década antes y del que nunca más se habían tenido noticias. Cualquiera fuera su naturaleza, esta relación terminó con la muerte de Escolástica un año después, en 1824. Sin embargo, el poder de Josefa sobre los asuntos de Escolástica continuó. En julio de ese año, Josefa aparecía en los registros notariales como albacea del testamento de Escolástica, vendiendo la pequeña casa que esta tan recientemente había comprado.40
La naturaleza de la transacción fue mucho más clara cuando, en junio de 1826, menos de dos meses después de redactar su testamento, Josefa regresó a la misma notaría para expedir una orden de libertad “para después de sus días” a sus “esclavas Rosa Montaner y Concepción Magueda” (esta última era madre de Candelaria y abuela de Cayetana), en reconocimiento a “los buenos servicios que le han prestado”.41 No era infrecuente que los esclavistas que ultimaban los detalles para después de su muerte hicieran planes para liberar a sus esclavos. Las mujeres –especialmente las mayores y solteras como Josefa– solían prometer en sus testamentos la libertad “para después de sus días”.42 Sin embargo, Josefa optó por ofrecer a sus esclavizadas una garantía de libertad, registrada públicamente ante un notario y explícitamente protegida de los posibles reclamos de cualquier heredero testamentario.43 Esto sugiere que el título legal por el cual Josefa entendía poseer a estas mujeres necesitaba un suplemento. Tal vez, cuando contemplaba su muerte, la piadosa Josefa se sentía incómoda por tratar a las mujeres que vivían en su casa como si fueran objetos. Tal vez, como ella explicaba, la embargaba el sentimiento de gratitud por sus servicios. O, tal vez, se comprometió a asegurar sus intereses a largo plazo para evitar futuros inconvenientes. Si Rosa y Concepción obtenían ingresos como trabajadoras a jornal, ofrecer una manumisión (aunque condicionada al servicio continuo) podría prevenir cualquier intento de autocompra de su parte.
Para Rosa y para Concepción, como para tantas otras mujeres esclavizadas en América Latina, los “buenos servicios” dentro del hogar, junto con la movilidad y los ingresos fuera de él, traían aparejadas oportunidades de libertad basadas en el género.44 Sea cuales fueran las negociaciones que se escondían detrás de este caso en particular, parece claro que en el contexto de la abolición gradual, de la escasez de mano de obra y de las acciones ejercidas por los propios esclavizados, Josefa, al igual que otros esclavistas de su entorno, consideraba necesario recurrir a una serie de incentivos –desde promesas de libertad hasta transferencias futuras de riquezas– para extraer más plenamente los beneficios vinculados a la esclavitud.45 Una manumisión, aunque fuera condicional o a futuro, representaba una transferencia de propiedad tanto en términos legales como económicos. Legalmente, una vez cumplidas las condiciones, la persona esclavizada pasaría de ser propiedad del esclavista a poseerse a sí misma. Económicamente, el esclavista renunciaba al valor de la persona esclavizada como parte de su patrimonio final. Incluso antes de que se lograra la libertad, este acuerdo redundaba parcialmente en beneficio de la persona esclavizada, cuya mano de obra y ahorros (si los hubiera) podían ser usados para fines distintos de la autocompra.
A cambio, sin embargo, el esclavo manumitido de manera condicional debía teóricamente trabajo, lealtad y gratitud al amo, aunque las situaciones individuales variaban enormemente y las disposiciones legales se ponían a prueba y se impugnaban de manera continua.46 La noción de la deuda de la persona liberada se basaba directamente en las leyes civiles de la antigua Roma, que dividían a la población libre en dos categorías: ingenui (nacidos libres) y liberti (esclavos manumitidos). Aunque los liberti recibían la ciudadanía romana, contraían una obligación de por vida con su emancipador (patronus), por lo que le debían trabajo, respeto (obsequium) y sus ahorros (los liberados no podían tener herederos).47 Los códigos legales medievales de los reinos ibéricos (las Ordenações y las Siete partidas), que derivaban del derecho romano, constituyeron el marco para las ideas sobre la manumisión y la situación de dependencia de los libertos en las colonias y posteriores naciones americanas.48
En las grandes sociedades esclavistas como Cuba o Brasil, el término “liberto” (en su sentido más amplio de “persona liberada” según el derecho romano) se utilizaba tanto para designar a los manumitidos como para señalar el carácter condicional de su libertad, poniendo de relieve la existencia de obligaciones continuadas para con los antiguos amos y la vulnerabilidad que tenían a ser reesclavizados.49 En Buenos Aires, por el contrario, esa definición amplia de liberto parece haber estado ausente. Durante el período colonial tardío y las primeras décadas del siglo XIX, cuando Rosa y Concepción obtuvieron sus manumisiones condicionales, los documentos legales registraban como “libres” tanto a los nacidos libres como a los liberados. Sin embargo, incluso en la relativamente fluida sociedad de la Buenos Aires posrevolucionaria, persistía el viejo concepto de la existencia de una deuda de gratitud prolongada en el tiempo de la persona exesclavizada hacia su exesclavista.50 Vemos su presencia en manumisiones condicionales en las que, incluso sin el uso del término “liberto”, la libertad se pospuso efectivamente hasta que se cumplieron las condiciones previamente impuestas. La estrategia de Josefa (si es que lo fue) de manejar la transición de sus esclavizadas hacia la libertad sin perder el acceso a su trabajo parece haber funcionado. Rosa y Concepción permanecieron al servicio de Josefa durante otros dieciséis años, hasta su muerte en 1842, cuando ambas quedaron libres. Sin embargo, en el codicilo de 1837 de Josefa, que modifica su testamento de 1826, y en los registros testamentarios posteriores, estas mujeres, que figuraban en documentos anteriores como “esclavas”, aparecen en cambio como “criadas” y como herederas.51 El término “criada/o” técnicamente señalaba a una persona libre de cualquier origen, pero en la práctica incluía a los servidores tanto libres como esclavizados y estaba estrechamente asociado con personas de origen africano (o no blancas).52 El uso por parte de Josefa del término “criada”, más suave y ambiguo, sugiere un sutil cambio conceptual en la condición de estas mujeres en los años transcurridos desde su manumisión, tal vez en reconocimiento a su lealtad y a la promesa de libertad. Por sus servicios, ambas mujeres, como todas las sirvientas de la casa, recibieron 100 pesos cada una cuando Josefa falleció. Pero la naturaleza íntima de los legados que le hizo Josefa a Concepción –que incluían la ropa de cama y los muebles de su dormitorio– es una de las varias indicaciones del estatus especial que Concepción y sus descendientes lograron negociar para ellas mismas.53
Candelaria, Serapia de las Nieves
Así como Josefa buscó controlar los movimientos de Rosa y Concepción hacia la libertad, elaboró estrategias análogas para manejar la libertad inminente de la hija de Concepción, Candelaria. Según su registro bautismal, María Josefa de la Candelaria nació el 2 de febrero de 1815, hija de una “negra esclava de D. Felipe Magueda [o Maqueda]”. Como lo exigía la ley de 1813, el sacerdote la inscribió como “liberta”.54 No he podido determinar cuándo Josefa Warnes le compró a Magueda (u a otra persona) a Concepción y su hija. Pero una línea en el testamento de Josefa que se refiere a Candelaria como “mi criadiza liberta” sugiere que esta fue criada desde muy joven en su casa.55
Al igual que sucedió con Concepción y con Rosa, los términos cambiantes que Josefa aplicó a Candelaria en los distintos documentos legales sugieren variaciones en cómo esta percibía el estatus de la niña. Para el momento del testamento de 1826, cuando Candelaria tenía once años, Josefa reconoció (correctamente) su condición legal como liberta. En su codicilo de 1837, el lenguaje de Josefa cambió, como en los casos de Concepción y de Rosa, al término ambiguo “criada”. En una sección que podría pasar desapercibida de ese documento, donde se resuelve la disposición de la ropa de Josefa, se habla de “dos libertas que ha criado [Josefa] en su casa y a su lado, nombradas Cayetana y Serapia de las Nieves, aquella hija, y esta hermana de una criada de su propiedad [de Josefa] ya finada, llamada Candelaria”.56 Una primera cosa a tener en cuenta de ese extracto es la referencia a Cayetana y Serapia como “libertas”, un estatus que sabemos es correcto para la segunda niña pero no para la primera.57 La segunda cuestión es que para 1837, Candelaria había fallecido (enseguida volveremos sobre esto). También revela que la joven Cayetana, ahijada de Josefa y receptora de la donación de la casa de 1834 con la que comenzó este relato (y que tendría unos seis años a la firma del codicilo), había sido criada desde la infancia junto con su joven tía Serapia en la casa de Josefa, como Candelaria antes que ella. Lo más sorprendente, sin embargo, es la referencia de Josefa hacia Candelaria como una “criada de su propiedad”. Si bien “criada” es un término ambiguo que puede esconder relaciones ligadas a la esclavitud, “de su propiedad” no lo es. Aun cuando Josefa usara esta terminología para referirse a su antiguo patronato sobre Candelaria, el lenguaje de la propiedad sobre las personas contravenía los límites legales. Temporalmente, también, la afirmación de Josefa parece exceder el patronato: el codicilo de 1837 fue redactado mucho después del final del patronato de Candelaria (1831) y después de que Candelaria apareciera en otros documentos, en 1834, como una “morena libre”. A pesar de que (o tal vez porque) Candelaria había muerto, Josefa pudo reconfigurar el estatus de su servidora libre como liberta, asimilándolo al de la esclavitud.
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