Kitabı oku: «Guerra y represión en el sur de España»
GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA
ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA
GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA
ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA
Francisco Espinosa Maestre
Este libro se publica en colaboración con el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies (London School of Economics and Political Science), cuyo director es Paul Preston.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto, el autor, 2012
© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2012
Publicacions de la Universitat de València
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publicacions@uv.es
Ilustración de la cubierta: Manifestación del 1.° de Mayo de 1966. Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Fotografía cedida por José Luis Molero Manso.
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.
ISBN: 978-84-370-9032-0
ÍNDICE
PARTE I: LA DESTRUCCIÓN DE LA II REPÚBLICA
LA RELIGIÓN AL SERVICIO DE LA POLÍTICA: ALGUNAS CLAVES DE 1932 SOBRE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN ALMONTE
EN TORNO A LAS ELECCIONES DE 1936: DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN UN PUEBLO DE BADAJOZ
Introducción
Las denuncias
La instrucción del sumario
El informe del instructor Morín
La instrucción continúa
El informe final
UNA HISTORIA COMÚN: LEPE, 1936
Introducción
La breve experiencia del Frente Popular
Los días rojos (18-28 de julio)
Llega la columna Carranza
La justicia militar y los días rojos (I)
El caso del maestro Juan Luis Freniche Sánchez
La limpieza continúa: depuración de los días rojos (II)
La inacabable venganza: la depuración de los días rojos (III)
Último sumario sobre los «Sucesos de Julio» (IV)
Una historia menor: la falsa denuncia
La extraña historia de Antonio Ambrojo Fernández
Unas palabras de más
La Comisión Provincial de Incautaciones
Epílogo
Anexo I: Víctimas de la represión en Lepe
LA MEMORIA PERDIDA DE LA REPÚBLICA Y DE LOS ALCALDES REPUBLICANOS
RECUERDOS DEL ÚLTIMO ALCALDE REPUBLICANO DE NERVA (HUELVA)
Consejo de guerra
EL DESTINO DE LOS ALCALDES REPUBLICANOS: VILLAFRANCA (BADAJOZ)
Los años republicanos en Villafranca de los Barros (Badajoz)
El golpe militar y los días rojos
La justicia al revés
Una instrucción perversa
Condena y éxodo carcelario
Epílogo
PARTE II: LAS CONSECUENCIAS DEL 18 DE JULIO EN EL SUR DE ESPAÑA
ANDALUCÍA DIVIDIDA: EL 18 DE JULIO Y SUS CONSECUENCIAS
El 18 de julio en Andalucía
Sevilla, capital del golpe military
La represión, principio fundamental del Movimiento
LA LEYENDA DE QUEIPO
Introducción
Intrigas en la División
Queipo y Villa-Abrille
Queipo y Allanegui
Hidalgo y el Estado Mayor
¿Qué fue de los detenidos?
Sobre la Medalla Militar Colectiva
Artillería
Intendencia
Sanidad
Batallón de zapadores-minadores
Centro de Transmisiones
Centro de movilización y reserve
Sección de destinos
Transportes militares
Caja de reclutas
Estación radio de la Guardia Civil
Un teniente de carabineros
Informe del capitán Zacarías Lecumberri
El Requeté
Fuerzas de Asalto y Guardia Civil de Huelva
Conclusiones
QUEIPO DE LLANO, AUGE Y CAÍDA DE UN GENERAL GOLPISTA
BADAJOZ, 1936. CRÓNICA DEL CORONEL PUIGDENGOLAS. COMENTARIOS
Del 25 de julio al 5 de agosto
Día 6
Día 7
Días 8 al 11
Día 12
Día 13
Día 14
Badajoz
Las fuerzas
Los Carabineros
La Guardia Civil
El Cuerpo de Seguridad
Las Milicias
Comentarios al escrito del coronel Puigdengolas
LA INCREÍBLE HISTORIA DE JOSÉ RODRÍGUEZ CORENTO (1916-1951)
RECUERDOS DE MANUEL CARCELA
PARTE III: EL PODER Y LA MEMORIA
POR QUÉ ACABARON CON LA REPÚBLICA Y CÓMO LO HICIERON
18 de julio: golpe militar y plan de exterminio
El pasado oculto
Políticas de memoria/políticas de olvido
EL GOLPE MILITAR DEL 18 DE JULIO DE 1936. CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL FASCISMO
PEQUEÑAS HISTORIAS DE UN INVESTIGADOR
Memoria y transición
El punto de partida
Las posibilidades de diffusión
Las palabras y la historia
Las consecuencias de la desmemoria
El poder y el problema de la repressión
El poder y la memoria
LA BATALLA EN TORNO AL PASADO: REVISIONISTAS, LIBERALES Y POSMODERNOS
Revisionistas
Frutos de las políticas de olvido
La herencia de Goebbels
Liberales y posmodernos
SOBRE EL CONCEPTO DE DESAPARECIDO Y LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Sobre la Ley de Memoria Histórica
Aspectos destacables
Algo que ha pasado desapercibido
Reflexión final
DOS ARTÍCULOS
De fosas y desaparecidos
Cerrar el pasado
PROCEDENCIA DE LOS TRABAJOS
LA DESTRUCCIÓN DE LA II REPÚBLICA
LA RELIGIÓN AL SERVICIO DE LA POLÍTICA: ALGUNAS CLAVES DE LA REPRESIÓN EN ALMONTE (HUELVA)
Almonte es uno más de los pueblos onubenses en los que la represión afectó solo a una parte. Fueron la columna de Carranza y sus amigos propietarios los que, una vez controlada Sevilla y al tiempo que supervisaban los daños sufridos en sus bienes y propiedades, fueron ocupando estos pueblos de camino hacia Huelva y Ayamonte. Excepto Hinojos, cuyo caso he estudiado aparte,1 todos los pueblos de la zona pagaron una altísima cuota de sangre. Almonte no fue una excepción. Dos son las fuentes para saber qué pasó: la película Rocío, de Fernando Ruiz Vergara, un filme maldito que sigue constituyendo un referente obligado, y el trabajo sobre la guerra en Huelva que realicé en 1996.2
La diferencia de Almonte con los pueblos de alrededor es que en este caso podemos rastrear el origen aparente de la violencia, que no es otro que los «sucesos» de febrero de 1932. Pero ocurre con este tipo de hechos que nos han sido transmitidos tan deformados de manera interesada que exigen una depuración previa. Pondré un ejemplo antes de entrar en el que nos ocupa. En Sevilla circula aún la leyenda –la derecha se regodea en ella de manera incesante sin dejar de recordar aquello de: «Se ha dicho en el banco azul que España ya no es cristiana; podrá ser republicana, pero quien manda eres tú, Estrella de la mañana…»– de que durante la República se intentó acabar con la Semana Santa, hasta el punto de que solo gracias a la valentía de los cofrades llegó a salir la Estrella. Las investigaciones históricas, sin embargo, no nos dicen eso, sino que frente al Ayuntamiento republicano, que apoyaba la Semana Santa por lo que suponía para la ciudad, fue el Consejo de Cofradías el que bloqueó la salida de las hermandades, creando de esta manera un problema que no existía y enrareciendo el ambiente al gusto de las fuerzas de derecha.
Con Almonte pasa algo parecido. Aquí la leyenda ha transformado los «sucesos del 32» en una historia acerca de cómo el pueblo reacciona ante las afrentas hechas a los símbolos religiosos. Lo que se nos viene a decir es que los torpes republicanos no supieron ver que con la fe de los humildes no se juega. ¡A quién se le ocurre quitar del salón de plenos los azulejos colocados tres años antes por uno de los alcaldes de la Dictadura! En esta versión pesa mucho la visión de los hechos transmitida por el diario sevillano de extrema derecha La Unión, juez y parte de aquella historia. Pero la realidad es otra muy diferente.
La derecha nunca admitió del todo la pérdida del poder político que sobrevino con la proclamación de la República. Recordemos que lo que esta vino a sustituir era un sistema político en el que habían mandado las mismas elites, con la alternancia de sagas familiares en el poder, desde hacía más de medio siglo. No podía desaparecer fácilmente. Las elites locales y provinciales no soportaban ver a sus enemigos de clase (a simples obreros en muchas ocasiones) ocupando espacios políticos que siempre habían sido suyos y que consideraban como parte de la herencia familiar. Y si grave fue la pérdida del poder político, mucho peor fue cuando la amenaza pasó al terreno económico. Y es aquí, aunque se disfrazara de afrenta a la Virgen, donde hay que buscar la clave de los sucesos de Almonte.
Según escribió Pascual Carrión en 1932 en su clásico Los latifundios en España, Almonte poseía el término municipal mayor de la provincia, con 71.613 ha útiles, que incluían 27.077 pertenecientes a la finca conocida como Coto de Doñana y 15 fincas particulares más, entre ellas tres de gran extensión (una de 8.165 ha, otra de 6.300 y otra de 4.758). Aparte de esto había una finca de propios de 9.487 ha. O sea que el 83% del término lo constituían grandes fincas todas privadas salvo la indicada. Pero estas grandes fincas no habían sido siempre particulares: la verdad era que hasta mediados del siglo XIX el 80% del término era de propiedad municipal.
¿Cómo se había llegado a esta situación? Muy fácil: a partir de la legislación desamortizadora del 1 de mayo de 1855, asociada a la figura de Pascual Madoz, el patrimonio colectivo de Almonte se redujo en 50.000 ha, que pasaron a manos privadas. Finalmente el Ayuntamiento solo conservó las 10.000 indicadas. Pero a partir de 1931, con la proclamación de la República, la cuestión agraria pasó a primer plano y los ayuntamientos republicanos comenzaron a indagar en su patrimonio común (bienes de propios, comunales, dehesas boyales, etc.). En el caso de Almonte empezaron a buscar documentación sobre el origen de aquellas ventas sobre la base de los libros de amillaramientos de 1860 con la idea de poder demostrar qué tierras habían pertenecido al Ayuntamiento hasta 1855 para reclamarlas. Descubrieron, por ejemplo, que el Coto, que en el avance catastral sumaba más de 42.000 fanegas, aparecía en el Registro de la Propiedad con 23.000, y se preguntaron la razón de la diferencia. También descubrieron que la propiedad del Coto había sido inscrita en el Registro de la Propiedad por el conde de Niebla en fecha tan tardía como ¡1877! (el Registro había sido creado poco antes, a partir de la Ley Hipotecaria de 1861). En su escrito de mayo de 1932 sobre los «sucesos de febrero» el alcalde republicano Francisco Villarán también se preguntaba si José María Reales podría acreditar la propiedad de «Las Rocinas».
Sabemos cómo acabó este proceso. En la primavera del 36, en los días del Frente Popular, se estaba tramitando una ley por la que los ayuntamientos podrían recuperar las tierras que les pertenecieron hasta la llamada desamortización civil. Los últimos pasos se estaban dando en los primeros días de julio, poco antes del golpe militar. Pero las bases de este proceso se sentaron en 1931, cuando los ayuntamientos republicano-socialistas enviaron al Gobierno relaciones de las propiedades que les habían pertenecido y listados de sus actuales propietarios. Todo se hizo sobre la base de los archivos municipales, los registros de propiedad y los testimonios orales de las personas de más edad.
Podemos imaginar el cuerpo que se les puso a los selectos propietarios de las 50.000 ha que en los últimos 80 años habían pasado a manos privadas cuando empezaron a ver el derrotero que tomaba la cuestión agraria. Esta y no la decisión de quitar los azulejos del salón de plenos fue la causa de los «sucesos de Almonte», organizados de tal manera que el ayuntamiento republicano quedara descalificado y humillado, y el exalcalde Reales apareciera como el verdadero jefe natural que la comunidad reclamaba para su buena marcha. Todos fueron conscientes de la gravedad de lo ocurrido, un verdadero motín de carácter político, que además tuvo lugar en el momento clave en que se discutía la Ley de Reforma Agraria. Imaginemos, frente a lo que ocurrió en ese momento, cómo hubiera sido disuelto un acto similar solo unos años antes.
Es curioso observar cómo lo primero que hacen los amotinados es apoderarse de los atributos de mando de la autoridad civil y entregarlos a la Guardia Civil, cuerpo de carácter militar creado precisamente al mismo tiempo que se iniciaba la desamortización aludida y que constituyó la verdadera salvaguarda del inmenso trasvase de propiedad realizado (el 20% del territorio nacional). Y cómo la Guardia Civil es la que llama a Reales para que «pacificara» la situación. También cómo, de paso, aprovechan e imponen de nuevo el crucifijo en las escuelas. Propiedad y religión, como siempre, unidas.
Las denuncias realizadas por las autoridades tuvieron suerte diversa. La realizada por el alcalde Villarán debido a la inquietante actuación de la Guardia Civil, que se inhibió, fue neutralizada en la Auditoría de Sevilla nada menos que por su auditor, el jurídico militar Francisco Bohórquez, hermano mayor de La Macarena durante años, enterrado en la basílica no muy lejos de Queipo y que fue el que dio el visto bueno a las sentencias de los miles de consejos de guerra de la II Región Militar.
Por el contrario, la denuncia realizada ante el Gobierno Civil por el alcalde Villarán y el primer teniente de alcalde Martín Audén Peláez se resolvió por la jurisdicción civil con fuertes multas de 500 ptas. al cura del Valle y a seis más (Gordillo, Escolar, Báñez, Roldán, Torres y Valladolid). El recurso que presentaron fue rechazado.
Pero no fue este el epílogo de esta historia. En realidad hubo dos epílogos. El primero fue el golpe de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que triunfó en Sevilla, y que constituye el verdadero episodio final de la movida antirrepublicana que había dado lugar a los sucesos de Almonte y a otros muchos en los que la intencionalidad política se disfrazó de religión. Y el segundo y definitivo: el golpe militar de julio del 36, donde muchas de las víctimas de los sucesos del 32 fueron definitivamente hechas desaparecer sin trámite alguno: me refiero a gente como Francisco Acevedo Salguero, Martín Audén Peláez, Joaquín Díaz Millán, Leoncio Espinosa Colino, Pedro Guitar Mendoza, Manuel López González y Manuel López Mojarro. Todos ellos miembros de la corporación de 1931. En relación con los «sucesos», debe de haber más represaliados, pero hace falta la historia local para sacarlos a la luz. En total, en Almonte, fueron asesinadas cien personas.
Fue así, en un descampado y víctimas del fascismo agrario, como acabó la verdadera historia de los eufemísticamente llamados «sucesos de Almonte», golpe de estado local orquestado por quienes no se resignaban a dejar sus poltronas municipales, y ahí mismo empezó la leyenda del atentado a la Virgen y la reacción ejemplar del pueblo, leyenda cuyo objetivo no era otro que ocultar el verdadero trasfondo de lo ocurrido. Resulta evidente que lo han conseguido y que a 70 años de los hechos muy pocos recuerdan los nombres de las verdaderas víctimas o la realidad de una historia de sabor puramente agrario. Hecho este en el que también debe de haber influido mucho la machacona insistencia de la historiografía tradicional desde entonces hasta nuestros días en explicarnos los llamados «sucesos de Almonte» según la versión de La Unión y el ABC.
La historia que se ha contado constituye la prueba de la enorme dificultad que entraña recuperar la realidad de un hecho histórico totalmente velado por la leyenda y por las versiones interesadas. Máxime cuando forma parte de la historia medular de un fenómeno complejo como la romería del Rocío.
1 Véase F. Espinosa: Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006.
2 F. Espinosa: La guerra civil en Huelva, Diputación Provincial, Huelva, 4.a ed., 2005.
EN TORNO A LAS ELECCIONES DEL 16 DE FEBRERO DE 1936: DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN UN PUEBLO DE BADAJOZ
INTRODUCCIÓN
En medio de un amplísimo y complejo proceso de recuperación de la memoria histórica de los vencidos, se han cumplido recientemente 72 años del fallido golpe militar del 18 de julio de 1936 y de la larga y trágica guerra civil que siguió a su fracaso. Dicha eclosión de memoria, que en ocasiones ha tenido carácter de verdadera catarsis y cuyos primeros síntomas pueden rastrearse en 1996, no es gratuita. Sin duda alguna, durante las últimas décadas, se ha asistido a un considerable avance en el conocimiento de aquellos hechos, y esto ha sido posible, pese a la lenta apertura de los archivos, gracias al desarrollo pausado pero imparable de la investigación histórica, y muy especialmente de la llamada –no siempre con buenas intenciones– historia local. Desde luego, sin las numerosas monografías locales, comarcales y provinciales de los años ochenta y noventa no hubieran sido posibles los trabajos de divulgación que sobre la represión y la guerrilla alcanzaron gran éxito a partir de 1999. Es más, sin la renovación de los estudios sobre la guerra civil y la superación de la propaganda franquista, no sería posible entender la eclosión aludida ni hechos hasta ahora inimaginables como el proceso de apertura de fosas comunes y de identificación de restos humanos.
Este artículo quiere ser una contribución al conocimiento y la comprensión de aquel tiempo y concretamente de un periodo aun más desconocido que el ciclo abierto con el golpe militar del 18 de julio: los cinco meses del Frente Popular, es decir, los breves e intensos 153 días transcurridos entre la victoria electoral del 16 de febrero y la sublevación de julio. A estas alturas, esta etapa clave de la historia de la II República sigue lastrada por la mala conciencia de sus protagonistas, marcados para siempre por el desastre de la guerra civil y, sobre todo, por lo que los vencedores nos contaron de ella con el objeto de justificar el golpe militar y legitimar el régimen de Franco. No hay que olvidar que los golpistas, por medio de la llamada Comisión sobre ilegitimidades de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936, presidida por el entonces ministro del Interior Ramón Serrano Súñer, declararon ilegales tanto las elecciones de febrero como los gobiernos que siguieron, así como sus actuaciones. Estamos, pues, ante la etapa más maldita de la experiencia republicana. Tanto es así que la investigación histórica apenas la ha afrontado.
La documentación utilizada procede del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, antigua Auditoría de Guerra de la II División. El expediente que ha servido de base a este trabajo atraviesa por completo los meses del Frente Popular.1 Los hechos que lo motivaron se produjeron en torno a las elecciones generales de febrero de 1936 y las diligencias finales están fechadas el viernes 17 de julio de ese mismo año. Sin duda alguna, este expediente abierto por denuncias de supuestos malos tratos debió de ser muy importante en la localidad, hasta el punto de constituir la línea de choque de los sectores obreros e izquierdistas de Villafranca, de una parte, y de la Guardia Civil y la Guardia Municipal en representación de la derecha que perdía el poder, de otra. Esos sectores izquierdistas, aunque ajenos al movimiento revolucionario de octubre del 34, se vieron muy afectados por las consecuencias que acarreó su fracaso entre dicha fecha y la crisis que dio al traste con el llamado Bienio Negro (1934-1935). La revolución fue en Asturias pero la represión cayó sobre toda España. De modo que si el primer bienio republicano (1931-1933) había sido insatisfactorio para la gran masa jornalera y el segundo desastroso para la izquierda en general, las expectativas con las que se llegó a las elecciones generales de febrero del 36 hacían predecible el futuro inmediato: la República parecía decidida a llevar a término las reformas iniciadas en el 31, especialmente la ansiada reforma agraria.
El expediente aludido –sintomático de lo ocurrido en muchos pueblos en esos días de elecciones decisivas– revela uno de los grandes problemas de fondo de nuestra historia contemporánea: el problema de la militarización del orden público, al que incluso la República fue incapaz de sacar de la órbita militar. Recordemos que el estado de alarma, por el que quedaban en suspenso la libertad de prensa y los derechos de reunión y manifestación, fue proclamado el 17 de febrero y prorrogado el 20 de marzo. No hay duda de que si alguna obsesión tuvo la República fue el orden público. ¿Qué hacían jurídicos de la Guardia Civil o del Ejército instruyendo y juzgando casos que afectaban a civiles y que pertenecían claramente a la jurisdicción civil? Aun así, como veremos, incluso esos instructores percibían la imposibilidad de convivencia entre guardias civiles y obreros, convivencia lastrada por años de tensa y violenta relación en la que casi siempre los segundos se llevaron la peor parte. Hasta tal punto era esto así que hubo pueblos donde las autoridades frentepopulistas pensaron crear una guardia cívica con el objetivo de no tener que recurrir a la Guardia Civil, es decir, para evitar cualquier contacto entre el elemento obrero y las fuerzas de dicho cuerpo después de la experiencia del Bienio Negro y tras los roces y enfrentamientos habidos con motivo de las elecciones de febrero del 36.
Hay que decir también que Villafranca –uno de los lugares de la provincia con más paro al comienzo de la República (con unas 16.000 fanegas de término, en marzo del 36 el censo de obreros agrícolas sin empleo fijo era de 2.500 personas y la población de 15.659 habitantes) y donde la izquierda ganó incluso en las elecciones generales de 1933, que dieron el triunfo a la derecha– fue una de las tres localidades de entre las catorce que formaban el Partido Judicial de Almendralejo donde triunfó la izquierda en febrero del 36. Con un censo de 8.920 electores y un número de votantes de 6.857, 3.384 lo hicieron por la derecha y 3.473 por la izquierda, es decir, que la izquierda ganó por un ajustado margen de 89 votos. Desde luego era evidente, siguiendo los datos publicados en HOY,2 que aunque en la provincia la izquierda ganó en 87 localidades y la derecha en 70, hubiera sido necesaria la inmediata convocatoria de unas elecciones municipales que repartieran equitativamente el poder local, hecho que de paso hubiera mantenido en la órbita republicana a amplios sectores sociales ahora excluidos del escenario político y lanzados en manos de los sectores antirrepublicanos. Pero en contra de esta lógica jugaba el recuerdo de octubre del 34, cuando la derecha aprovechó la situación para cesar en casi todo el país a las corporaciones elegidas democráticamente en 1931. Por ello, en general, a partir de febrero del 36 se repusieron las antiguas corporaciones excluyendo a los republicanos de derechas y dando espacio a los grupos más representativos del Frente Popular.
La amnistía general decretada tras las elecciones de febrero, obligada reparación a los atropellos que el Bienio Negro cometió con docenas de alcaldes y concejales, puso también en la calle a lo más granado del pistolerismo nacional de todo signo. Los choques entre los elementos izquierdistas más radicalizados y la Falange fueron numerosos. Precisamente esos cinco meses de Frente Popular soportaron el gran ascenso del fascismo español y, en este sentido, Villafranca no constituyó una excepción. Los introductores de esta ideología en la localidad fueron Diego Hernández-Prieta Aguilar y Francisco Corredera Vaca, quienes en los primeros meses del 36 consiguieron captar a unos cuantos jóvenes –unos veinticinco–, entre quienes cabría citar a Ventura Arroyo Moreno, José Espinosa Moro, Manuel Gallego Godoy, Antonio Jiménez Lairado, Francisco Lemus Pinilla, Fabián Márquez García, José Rodríguez Martín, Félix Rodríguez Vega, Catalino Soler Pintor y Manuel Zambrano Lanzo.3 Durante esos meses del Frente Popular, Falange se vio implicada en un gran escándalo debido al descubrimiento de treinta y tres porras de acero recubiertas de cuero, asunto por el que pasaron a disposición judicial Lemus Pinilla, Gallego Godoy y Zambrano Lanzo. Sufrieron además en varias ocasiones la imposición de severas multas de 250 pesetas por parte del Gobierno Civil por provocar disturbios en pueblos cercanos. Unos días antes del golpe, por ejemplo, un grupo de falangistas de Villafranca pasó por Corte de Peleas dando vivas al fascismo. Normalmente, estos núcleos falangistas, sostenidos habitualmente con aportaciones económicas de los propietarios de derechas, intercambiaban sus acciones con los de otros pueblos. Su misión en esos meses consistió en crear el ambiente propicio que justificara el golpe que ya se tramaba desde que se supieron los resultados de las elecciones. Aunque las autoridades republicanas estaban convencidas de que constituían grupos minoritarios perfectamente fichados y controlados, lo cierto es que a las pocas semanas de las elecciones de febrero los falangistas de la provincia de Badajoz sumaban casi tres mil personas. Sin embargo, carentes de una verdadera base social, ilegalizados, privados de sus líderes y diluidos en la avalancha de afiliaciones de la primavera del 36 –coincidente con el gran avance de la reforma agraria–, el fascismo español se vio abocado a depender de quienes lo subvencionaban y de los núcleos militares que conspiraban.
Creo que conviene también recordar a aquellas autoridades, cargos políticos o personajes secundarios a quienes les tocó vivir aquellos hechos. El alcalde Jesús Yuste Marzo,4 los tenientes de alcalde Manuel Borrego Pérez y Ramón Marcos Claro;5 Ángel Medel Carrera,6 Fernando Molano Segura, Blas Mesa González7 y Florián García García, todos ellos cargos políticos representativos. Otros, como Miguel Hernández Mena El hijo de la Noche, Manuel García Mancera Pirulín, Antonio Díaz Morales Patilla, Pedro Morán del Valle Perico el de la Fonda, no aparecen pero están. Y lo sabemos porque esta es una historia en la que desde el principio sabemos el final: casi todos los que aparecen tras las denuncias, desde los denunciantes a los políticos locales, desaparecieron en cuestión de meses. De unas muertes quedó constancia en el juzgado; otras están aún por legalizar.
En ningún modo quiere ser una historia de buenos y malos –obsérvese, por ejemplo, cómo varios de los denunciantes fueron sospechosamente compensados por las nuevas autoridades frentepopulistas–, sino simplemente una exposición lo más objetiva posible, muy pegada al documento de referencia –un mirador privilegiado–, sobre un momento histórico donde lo que estaba en juego se veía muy claro. Sin un trabajo de historia oral que hubiera podido completar y depurar los datos que aquí se ofrecen, solo podemos aspirar a ser espectadores de una investigación orientada por instructores militares, evidentemente con resultados muy diferentes a los que hubiera producido la jurisdicción civil. Esta militarización de la sociedad civil era, sin duda, terreno ya ganado para los que laboraban por el proyecto involucionista, pues por más diferencias que hubiera entre lo que había y lo que vino, la gente ya estaba acostumbrada a la omnipresencia de la justicia militar.
No obstante, hay que señalar que la sociedad española no superaba en conflictividad a ninguna de las de su entorno europeo. E igualmente conviene decir que los sectores más extremos, asociados unos a la experiencia soviética de 1917 y otros a los modelos fascistas surgidos en la Europa de los años veinte, nada hubieran podido hacer por sí solos frente a la tendencia moderada de la mayoría de la sociedad española, más partidaria de reformas legales que de avances violentos. Fueron sin embargo los sectores civiles, eclesiásticos y militares antidemocráticos los que, angustiados por la puesta en marcha del programa del Frente Popular y decididos a salvaguardar sus intereses a costa de lo que fuera, se lanzaron por la pendiente del golpismo.
LAS DENUNCIAS
En los últimos días de marzo de 1936 el gobernador civil de Badajoz, Mariano Granados Ruiz,8 envió a la Comandancia de la Guardia Civil de esa misma ciudad cinco escritos de denuncia recién llegados de Madrid. Inmediatamente la Comandancia abrió un expediente para el que designó instructor y secretario, siendo ambos enviados a la localidad donde habían tenido lugar los hechos denunciados: Villafranca de los Barros.
– La primera denuncia, firmada por Juan Durán Dopino y Jesús García Morán, afiliados a la Casa del Pueblo, describía hechos ocurridos el 18 de enero anterior, cuando fueron sacados de sus camas por la Guardia Civil y conducidos al cuartel, donde, según los denunciantes, fueron maltratados entre frases como: «A ver si de esta paliza os libra el hijo de puta de Lucio Martínez, Largo Caballero o Margarita Nelken. Todo lo que luchéis es inútil porque aquí quien tiene que mandar es Gil Robles, por las buenas o por cojones». Después de permanecer ochenta y dos horas en el Depósito Municipal fueron puestos en libertad.
– La segunda denuncia la firmaba Fernando Rubio Pastor y en ella se narraba un hecho ocurrido el día 15 de febrero, cuando al encontrarse en un lugar público con la Guardia Civil fue igualmente maltratado e insultado por cinco números.
– La tercera, firmada por Manuel García Conejo, se refería a los mismos hechos ya referidos del 18 de enero, solo que en este caso después de ser igualmente maltratado fue puesto en libertad cuando el jefe de puesto afirmó que contra él no había nada.
– El cuarto escrito fue realizado por Antonio Fernández Brajones, quien denunció haber sido sacado de su casa el 9 de febrero por la Guardia Civil y conducido al cuartel, donde como los demás fue maltratado e insultado. «Tú que eres comunista demuestra los tales que tienes y a ver quién te quita esta paliza de encima», le dijo uno de los guardias.
– Finalmente Francisco Sánchez, José Pintor, Pedro Godoy y Fernando Sáez, todos pertenecientes al Partido Comunista, detallaron tres hechos: el cacheo y la sustracción de un bastón a un compañero el día 14 de febrero, el trato dado por la Guardia Civil el 17 de febrero a varios compañeros cuando iban por la calle y lo ocurrido a otro grupo cuando con motivo de una manifestación celebrada el 1 de marzo les fue arrebatado un emblema comunista, que después fue pisoteado por uno de los guardias.
Todas estas denuncias fueron realizadas por afiliados de la Casa del Pueblo el 21 de marzo ante la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid, que fue el que las trasladó al Gobierno Civil de Badajoz el mismo día. La gravedad de los hechos denunciados y la euforia que todavía se arrastraba desde las elecciones del 16 de febrero del 36, unidas a los cambios efectuados en los cuerpos militares por el Gobierno presidido por Manuel Azaña Díaz, posibilitaron que de manera inmediata se dirigiesen a Villafranca el alférez de la Guardia Civil Tomás Morín Clemente, en funciones de instructor, y el guardia 2.° José Feria González como secretario.
LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO
Sobre la primera denuncia
El 23 de marzo prestó declaración Juan Durán Dopino, de 29 años y hasta hacía poco bracero de profesión (el día 5 de marzo de ese mes formó parte de una comisión obrera para tratar la crisis del trabajo y el 11 fue nombrado guardia municipal). Contó que el día 18 de enero, sobre las nueve y media de la noche, «hallándose un poco embriagado», discutió de política con un vecino llamado Santos, disputa que degeneró en violenta pelea que solo tuvo fin cuando Jesús García Morán y Manuel García Conejo los separaron, tras lo cual todo acabó. Sobre las 11 de la noche, tres guardias civiles se presentaron en su casa para llevárselo al cuartel, recogiendo de paso a Jesús García Morán. Ya en el cuartel tuvieron lugar los hechos denunciados, siendo llevados tras la paliza al Depósito Municipal, en el que permanecieron tres días. De los guardias civiles que intervinieron solo pudo aportar el nombre del cabo Carranza. A la pregunta clave de por qué no acudió a un médico en cuanto salió del depósito y posteriormente a alguna autoridad ante la que denunciar los hechos, Durán Dopino respondió que «por torpeza no lo hizo». Tampoco quedó claro a qué se debió la tardanza de dos meses en presentar la denuncia.
Jesús García Morán, obrero del campo de 29 años hasta su nombramiento como empleado municipal tras las elecciones, recordó que el 18 de enero fue sacado de su casa esposado junto con Juan Durán Dopino y que ambos fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil, donde fueron llevados a la cuadra y golpeados, tras lo cual pasaron al depósito durante tres días. Según dijo no fue al médico ni puso denuncia por falta de dinero.
Sobre la segunda denuncia
Ese mismo día 23 de marzo, declaró Fernando Rubio Pastor Cagarrache, de 42 años y de profesión antes jornalero y entonces vendedor de pescado. Recordó que sobre las 11 de la noche del 15 de febrero, en el momento en que pedía una copa en cierta casa regentada por una mujer apodada La Gabardina, se sintió de pronto agarrado por detrás y escuchó una voz que le decía: «Ven acá el de las copas». En cuanto se volvió vio a cinco guardias civiles que lo sacaron fuera, lo golpearon y se lo llevaron al cuartel. Cuando uno de los números le preguntó cómo tenía el cuerpo él respondió: «Como ustedes me lo habéis puesto». Luego lo llevaron al cuartelillo de la Guardia Municipal, donde se encontraba el comandante del puesto, quien al verlo lo mandó a casa aconsejándole que no dijera nada de lo ocurrido. Como testigos citó a Justo Rodríguez Cortés9 y a Juan Durán Dopino,10 quien desde la puerta de otra casa de prostitución vio lo ocurrido y huyó. Rubio Pastor tampoco acudió a médico alguno, pero sí comunicó al nuevo alcalde lo ocurrido unos días después. Justificó el retraso de la denuncia por carecer de las siete u ocho pesetas necesarias para tramitarla. El testigo Justo Rodríguez Cortés, carpintero de 25 años, estuvo de copas con Juan Durán Dopino el 15 de febrero, siendo testigo cuando iba para casa de cómo los guardias golpeaban a Fernando Rubio Pastor.
Sobre la tercera denuncia
La siguiente declaración fue la de Manuel García Conejo, repartidor de pan de 42 años y concejal del Ayuntamiento tras las elecciones de febrero. Contó al instructor lo ocurrido en cierta noche de enero en la que fue sacado de su casa a las once y media de la noche por dos guardias municipales, uno de ellos conocido por Montero y otro por el Cano Matamoros, quienes le llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Ya allí se sentó en un banco, «y estando vuelto de espaldas recibió un culatazo en el hombro izquierdo que se lo dio el referido guardia de puerta, único que allí había; volvió la cara y le preguntó que por qué le castigaba contestándole que si hablaba una palabra más le rompería la cabeza». Luego llegaron más guardias y el cabo Carranza, al que preguntó si alguna vez había habido alguna denuncia contra él, a lo que el cabo negó y le dijo que se fuera a casa. García Conejo confesó al instructor que si el cabo Carranza hubiera estado allí nadie se hubiera atrevido a golpearle. Declaró no haber denunciado el hecho «por no creer que le harían justicia» y reconoció haber separado a Juan Durán Dopino y a otro cuando, borrachos, se peleaban.
Sobre la cuarta denuncia
Antonio Fernández Brajones, zapatero de 23 años hasta su nombramiento como guardia municipal el día 11 de marzo, recordó que sobre las 11 del día 9 de febrero se peleó con Pepe Mentiras por haber derramado este una copa de aguardiente que iba a beber. Reconoció que en el estado en que se hallaba no recordaba gran cosa, pero que sobre la una de la noche se presentaron en su casa varios guardias civiles y municipales y que se lo llevaron a la cárcel entre insultos y golpes. De allí salió a los cuatro días, pero no fue al médico por carecer de dinero.
Sobre la quinta denuncia
Pedro Godoy Rubio, otro zapatero de 19 años, dijo al instructor que cuando el día 1 de marzo paseaba por la calle Comercio (Larga) cantando con unos amigos se les acercaron dos guardias civiles, les arrebataron una insignia comunista que llevaban y les amenazaron con pegarles. Añadió que unos días después, yendo en iguales circunstancias, vino hacia ellos el cabo Carranza, les ordenó callarse y dio una bofetada a Antonio Dávalos y otra a Severo Campiñé, cacheándolos a ellos y a José Zapata. En cuanto a las otras denuncias enviadas a Madrid, declaró no haberlas presenciado. José Romero Pintor, jornalero de 18 años, declaró en el mismo sentido, aunque matizó que fue pasando ante el Centro, en la plaza de la República, y mientras animados cantaban Mandará Azaña, cuando salió de allí el cabo y se les encaró. Francisco Dávalos Tortonda, carpintero de 18 años, soltero, testificó el día 24 de marzo. Confirmó lo dicho por el anterior, añadiendo que el guardia que les quitó la enseña comunista la arrojó a un tejado y que el cabo abofeteó a su hermano Antonio y a otro amigo. Fernando Sáez Salamanca, albañil de 20 años, corroboró lo anterior, añadiendo que al poco rato se encontraron con Manuel Borrego Pérez, quien al contarle lo ocurrido los animó a que lo denunciaran en el Ayuntamiento, cosa que hicieron al día siguiente.
Otros testimonios
El siguiente declarante fue el encargado del Depósito Municipal en enero del 36, Antonio Hernández López, de 45 años y ahora obrero del campo. Se acordaba de la llegada de Durán Dopino y García Morán, y de que por orden del juez municipal quedaron unos tres días encerrados. Añadió que ambos individuos habían pegado a un hermano suyo esa noche. De Antonio Fernández Brajones no pudo precisar nada sobre su ingreso pues había pasado dos veces por la cárcel durante esos meses. Finalmente declaró que nadie había pasado más de tres días en el depósito, ya que cumplido ese plazo se trasladaba al preso a Almendralejo y se ponía a disposición del juez de instrucción.
El 24 de marzo, en relación con el caso de Rubio Pastor, prestó declaración Josefa Sánchez Rosa La Gabardina, de 35 años. Negó que en su casa hubiera ocurrido nada en la noche del 15 de febrero, indicando que había sido en otra cercana.
Álvaro Ruiz Merín, de 35 años, cabo de la Guardia Municipal antes de las elecciones y ahora bracero, reconoció haber acompañado al cabo Carranza y a otros dos guardias en la detención de Antonio Fernández Brajones, negando que en momento alguno este hubiera sufrido malos tratos. Por su parte, José Matamoros Sayago, otro ex guardia municipal de 57 años, ahora zapatero, recordaba haber detenido por orden del cabo y en unión de su compañero Juan Luna Santos a Manuel García Conejo, al que condujeron al cuartel de la Guardia Civil. Matamoros dijo no recordar ni la fecha ni quién era el guardia de puerta en el cuartel.
La instrucción subió de tono cuando el mismo día 24 el alférez Morín Clemente tomó declaración al cabo de la Guardia Civil Cristóbal Carranza Galván,11 de 36 años de edad. Situó el punto de partida de los hechos ocurridos en enero, en la denuncia realizada a media noche por Santos Hernández López, quien estando tomando un café en el kiosco de El Bandurrio, uno de los de la plaza de la República, fue agredido con vergajos por Durán Dopino y García Morán. Debido a ello el cabo ordenó la detención de estos y su conducción al cuartel. Sobre los sucesos del 15 de febrero, Carranza afirmó que «salió a realizar cacheos en virtud de órdenes recibidas de la superioridad» y que una llamada de una casa de prostitución los condujo allí con objeto de detener a un borracho apodado El Cagarrache, quien no dejaba tranquila a una de las muchachas, y que una vez llevado a su presencia lo dejó irse a casa. De Manuel García Conejo dijo simplemente que lo dejó marchar al comprobarse que nada tenía que ver con lo ocurrido en el puesto de El Bandurrio. Sobre el suceso de la calle Comercio del 1 de marzo afirmó que nada sabía y que fue unos días después, al salir del cine instalado en el Centro, cuando al ver a un grupo de mozalbetes escandalizando por la calle los mandó callar, suceso que le acarreó un arresto correctivo impuesto por el jefe de línea. Efectivamente, cuando el instructor quiso ampliar este extremo, se le informó desde la Comandancia de Badajoz en el sentido de que «por haber reducido al silencio a unos paisanos que iban cantando y no le obedecieron cuando les mandó callar», hecho presenciado por el alcalde sobre las 10 de la noche del 15 de marzo, le fueron impuestos ocho días de arresto.
Antonio Dávalos Tortonda, alarife de 21 años, recordó este último hecho de manera diferente. El cabo, efectivamente, los mandó callar, pero Dávalos, al mirar atrás, vio cómo el guardia civil golpeaba a uno de los amigos; entonces el guardia se le acercó y le dio dos bofetadas. Luego todos siguieron hacia el Cine España y se encontraron con Manuel Borrego, quien les dijo que lo había visto todo y que se pasaran por el Ayuntamiento al día siguiente.
También declararon los guardias. Joaquín Ramos Rodríguez, el que detuvo a Fernando Rubio Pastor Cagarrache, declaró que todo se debió a una llamada telefónica por la que se les avisó de que en el prostíbulo de Ángela García Angarre, en la calle Enramada, andaba el mencionado Cagarrache «maltratando a las pupilas», concretamente a Josefa Sevillano. De lo demás poco pudo testimoniar pues, como dijo, pasó diversas noches pernoctando con otro compañero en la finca Las Bodegas. En el mismo sentido, y negando toda posibilidad de maltrato a los detenidos, declararon Victoriano Carrasco Delgado, guardia de puerta la noche de la detención de García Conejo; Juan Carrillo Santos, Guzmán Belmonte Matos, Pascual González Montes, Ildefonso Melo Ortiz, Ricardo Bozano Ros, José Rodríguez Romero y José Franco López. Solo el guardia González Montes reconoció haber intervenido en el suceso de la calle Comercio, pero responsabilizó de los hechos a su compañero José Franco López, que fue quien quitó a los jóvenes el palo con el emblema de lata y lo arrojó al tejado de la casa de Francisco Vara. Por su parte, Franco López añadió que les quitaron el emblema para evitar que cortaran a alguna de las muchachas a las que gastaban bromas con él.
Rosario Jiménez Maqueda, una joven viuda de 32 años que regentaba otro prostíbulo, declaró que efectivamente la noche del 15 de febrero estuvo en su casa el Cagarrache y que ella fue testigo de cómo lo sacó la Guardia Civil y fue golpeado en la calle con un vergajo.
En los primeros días de abril volvió a prestar declaración el cabo Cristóbal Carranza Galván. Hubo de recordar nuevamente en qué circunstancias fue detenido en la noche del 9 de febrero Antonio Fernández Brajones. Dijo que todo partió de la denuncia de un tal José al que apodaban Mentiras frescas o Pepe Mentiras, quien estando repartiendo propaganda electoral por las casas de prostitución fue agredido por El Apache (Fernández Brajones) y por otro conocido por El Pernales, motivo por el que fueron detenidos los dos agresores, entregándose al juzgado el atestado instruido. Sobre los sucesos del 17 de febrero recordó que si actuó fue a instancias del delegado gubernativo, quien lo llamó para que controlase a un grupo de manifestantes que habían tenido problemas con los municipales. En cuanto a los malos tratos lo negó todo tajantemente.
EL INFORME DEL INSTRUCTOR MORÍN
El instructor Morín Clemente elevó el informe definitivo al auditor de la I División, Constante Miquélez de Mendiluce y Peciña, el día 15 de abril, poniendo en evidencia las diferencias existentes entre las denuncias iniciales y las declaraciones posteriores, y las contradicciones entre unos y otros, caso de Durán Dopino y García Morán. Según el instructor, los malos tratos, sin testigos y sin informe médico, no podían probarse. Añadía que de haber sido tan grave la paliza hubieran requerido por fuerza asistencia facultativa y que no dejaba de resultar significativo que la denuncia hubiera sido hecha dos meses después y tras la victoria electoral del sector político al que pertenecían los denunciantes. No obstante, el instructor apreció una falta leve en el cabo Carranza por haber conducido a los detenidos a la Casa Cuartel, lo que estaba prohibido por la Inspección General de la Guardia Civil precisamente para evitar que ocurrieran hechos irregulares. Actuó en favor de Carranza Galván el llevar veinte años de servicio sin nota desfavorable. Con la denuncia de Fernando Rubio Pastor Cagarrache se plantearon idénticas dudas, siendo relegadas al olvido las declaraciones de quienes presenciaron la agresión. Del testimonio más directo, el de Rosario Jiménez Maqueda, decía el informe que era imposible que la Guardia Civil golpease con un vergajo al detenido ya que dicho cuerpo
no usa tales armas coercitivas, y muy bien pudo ser que por el estado de embriaguez en que se encontraba Rubio, le propinaran los guardias algún empujón con fusiles o cuchillos bayonetas envainados y a ella le pareciera vergajo, por ser de uso reglamentario en el Cuerpo de Asalto, que en sus servicios ha frecuentado aquella localidad, donde ha permanecido temporadas relativamente largas.
Por ello Morín afirmaba que los guardias Ramos, Carrasco, Belmonte, Franco y González «no dieron al detenido el trato considerado a que estaban obligados por el artículo ciento setenta y dos de la Cartilla del Guardia Civil» y además no debieron detenerle, ya que el problema inicial, la discusión con una de las muchachas en una casa de citas, carecía de importancia. Por todo ello, los cinco guardias podían ser sancionados.
La denuncia de Manuel García Conejo, en la que estaban implicados los guardias municipales Matamoros Sayago y Carrillo Santos, tampoco se podía probar al no existir ni testigos ni informe médico. Igual ocurría con la de Antonio Fernández Brajones. Finalmente, respecto a la denuncia de Pedro Godoy Rubio, José Romero Pintor, Francisco Dávalos Tortonda y Fernando Sáez Salamanca, los del emblema comunista, la única falta que veía el instructor era la de no haber comunicado el hecho a sus superiores.
El informe no dejó de reflejar que el único incidente por el que había sido corregido el cabo Carranza no había sido objeto de denuncia. De cualquier forma el instructor Morín estaba convencido, y así lo expuso, de que lo que se dilucidaba en el fondo no era un problema de malos tratos, sino una cuestión política tramada en el pueblo y canalizada por la Federación Socialista de Madrid. Pese a todo aconsejaba que tanto el cabo Carranza como los restantes guardias, salvo uno que había estado de baja en ese tiempo, fuesen trasladados a otra localidad. El informe del instructor fue recibido en Madrid el 21 de abril de 1936.
LA INSTRUCCIÓN CONTINÚA
Algo debió de parecer mal al auditor Miquélez de Mendiluce cuando a comienzos de mayo se iniciaron nuevas diligencias, designándose para su instrucción al capitán de Infantería Olegario Briones Fernández y como secretario al sargento Francisco Esteban González. Es posible que en tal decisión influyera la escasa fiabilidad que para algunos pudiera tener la pertenencia a la Guardia Civil del anterior instructor; también puede, y parece más probable, que el auditor considerara «excesivo» el informe del alférez Morín Clemente. El 11 de mayo prestó nueva declaración Juan Durán Dopino, para entonces guardia municipal y vecino del número 29 de la calle general Prim, quien ahora redujo el número de horas pasadas en el Depósito Municipal de ochenta y dos a cuarenta y tres, mencionando de paso la reyerta que dio origen a la detención. Cuando se le preguntó que cómo no acudió a un médico tras la paliza o por qué no puso una denuncia ante el juez municipal, pese a haber pasado por el juzgado cuando salió del depósito, afirmó que temía ser castigado en cuanto el hecho fuera conocido por la Guardia Civil, de la que aseguró que usaba vergajos. Ese mismo día el juez instructor ordenó un careo entre Durán Dopino y Fernando Rubio Pastor, confirmando ambos haber sido testigos respectivos de los malos tratos sufridos.
Rosario Jiménez Maqueda se reafirmó en su testimonio anterior, citando a otra testigo de nombre Antonia. Esta, Antonia Lancharro Perera, de 25 años y natural de Real de la Jara (Sevilla), vivía en la calle Mendizábal.12 Dijo al instructor que podría reconocer al guardia civil que aquella noche de febrero maltrató a Rubio Pastor (Cagarrache) con una goma en el poyete de su casa después de sacarlo a la calle. Recordó que fue ese mismo guardia el que golpeó a otro cliente que finalmente se escabulló hacia el corral y luego se fue. Otras mujeres que también debieron declarar ante el instructor fueron Josefa Sánchez Rosas y una tal Manolita, que presenció la paliza dada a Fernando Rubio Pastor y lo comentó a otras vecinas, como la mencionada Josefa. Practicado un reconocimiento en el cuartel, Antonia Lancharro reconoció a Joaquín Ramos Rodríguez como el que golpeó a Rubio. En careo posterior, en clara maniobra de confusión, el guardia Ramos afirmó que media hora antes de los hechos había visto a Antonia en estado de embriaguez en la otra punta del pueblo. Pero esta se reafirmó en su declaración.
Fue Ramón Marcos Claro, segundo teniente de alcalde, el que el día 12 de mayo certificó al instructor las horas pasadas por los detenidos en el Depósito Municipal: Fernando Rubio Pastor, tres cuartos de hora; Juan Durán Dopino, cuarenta y cuatro horas, y Antonio Fernández Brajones, sesenta y seis horas.
Uno de los que fue llamado a declarar ahora fue el juez municipal Joaquín Viñeta Pons, de 51 años y que en esos días vivía en Mérida, quien dijo no recordar detalles por el tiempo transcurrido y por estar alejado del juzgado con motivo de una baja por enfermedad de noventa días, aunque desde luego afirmó que no apreció lesión alguna en Durán Dopino, García Durán y Fernández Brajones cuando fueron a declarar, ni estos dijeron nada sobre malos tratos, ya que de haber sido así hubiera ordenado de inmediato el obligado reconocimiento facultativo. Cuando fue llamado a declarar el cabo Cristóbal Carranza Galván, se informó desde el propio cuartel de Villafranca que se encontraba prestando servicios en Sotrondio, cerca de Langreo; los demás guardias seguían en el pueblo. Finalmente, a mediados de mayo, el cabo Galván ofreció su testimonio en Badajoz, en el cuartel del Regimiento Castilla, ante el sargento Francisco Esteban González. Para entonces, y contra todo pronóstico, ya había vuelto a Villafranca como cabo comandante del puesto de la Guardia Civil. Una vez más Carranza Galván se reafirmó en todo lo dicho y volvió a negar cualquier posibilidad de malos tratos.
Fue la propia Guardia Civil la que el día 9 de junio se interesó en que el juez municipal Álvarez del Vayo remitiera al juez instructor los antecedentes judiciales de los denunciantes. Durán Dopino, el ahora guardia municipal, había sido procesado en tres ocasiones: en agosto del 31 por coacciones, en febrero del 34 por tenencia ilícita de armas y en septiembre del 35 por lesiones. Por las tres sufrió diversas condenas. Por su parte, Rubio Pastor había sido procesado y condenando por tenencia ilícita de armas en 1927 y 1928. Finalmente, Jesús García Morán, Manuel García Conejo, Francisco Dávalos Tortonda, José Romero Pintor, Pedro Godoy Rubio, Fernando Sáez Salamanca y Antonio Fernández Brajones carecían de antecedentes.
EL INFORME FINAL
El instructor Briones Fernández entregó el nuevo informe el 18 de junio. En él confirmaba la reiteración de las declaraciones de denunciantes y guardias. Como novedad la Guardia Civil, por boca del cabo, afirmaba que todo se debía a venganzas de los denunciantes, «toda vez que en su mayoría han sido perseguidos por la fuerza del Puesto por hurto y otras muchas fechorías, habiéndose pedido por este Juzgado al Municipal de Villafranca antecedentes penales de los denunciantes». Pese a lo cual, como se ha visto, solo dos casos confirmaron las sospechas de la Guardia Civil. Después de tener en cuenta el procedimiento de la denuncia, la ausencia de informes médicos, los antecedentes de dos de los denunciantes, la declaración del juez municipal y la del encargado del depósito, declaraciones consideradas «más veraces que las prestadas por la prostituta Antonia Lancharro y otros testigos que deponen en este expediente, por haber sido perseguidos estos por la fuerza de la Guardia Civil, porque desde luego hacían motivo», el juez instructor decidió que no habían existido malos tratos. No pudo evitar referirse una vez más a la venganza como móvil del proceso, «por el antagonismo que hoy existe entre las fuerzas de la Guardia Civil y aquel que siempre se ha visto perseguido de cerca por las mismas».
El 8 de julio, el auditor Miquélez de Mendiluce consideró agotada la vía de investigación judicial y puesto que no veía indicio alguno de delito procedió al cierre provisional del expediente. El auto decía:
RESULTANDO: Que los vecinos de Villafranca de los Barros, JUAN DURÁN DOPINO y JESÚS GARCÍA MORÁN, FERNANDO RUBIO PASTOR (Cagarrache), MANUEL GARCÍA CONEJO y ANTONIO FERNÁNDEZ BRAJONES, formularon denuncias por supuestos maltratos de que habían sido objeto por la Guardia Civil de dicho Puesto, en fechas distintas, aunque todas llevan la misma de 8 de marzo último, sin que a pesar de la copiosa investigación judicial practicada haya sido posible concretar la existencia y menos naturaleza de dichos maltratos, de tal magnitud al decir de algunos de los lesionados, que forzosamente de haber sido cierto, hubieran precisado asistencia facultativa, circunstancia que por diligencia alguna se prueba, ni aun siquiera es alegada por los denunciantes, y que en cambio toda la fuerza de la Guardia Civil de dicho pueblo como la de la Guardia Municipal que intervino en alguna de las detenciones, niegan reiterada y constantemente haber hecho objeto de maltrato a persona alguna ni tampoco a los denunciantes; que la detención de éstos, la de los dos primeros fue motivada por queja formulada en el Cuartel de la Guardia Civil sobre las 11 de la noche del mismo 18 de enero por el vecino SANTOS HERNÁNDEZ de haber sido maltratado por aquellos en un café; la de FERNANDO RUBIO (Cagarrache), efectuada en 15 de febrero por supuesto maltrato a una mujer de la vida alegre, siendo de notar sus antecedentes ya que aparecen relativos a tenencia ilícita de armas y atentado; la de ANTONIO FERNÁNDEZ BRAJONES, que había sido agredido por aquel, y la de MANUEL GARCÍA CONEJO, por si había presenciado lo ocurrido en la taberna del Bandurrio entre los dos primeros y el SANTOS HERNÁNDEZ, y el que inmediatamente fue puesto en libertad, así como también los demás a disposición de los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria, ante los que tampoco formularon dichos denunciantes alegación sobre los maltratos, que al denunciar ahora, motivo han sido del presente expediente.
CONSIDERANDO: Que la ampliación probatoria ninguna eficacia tendría ya que no subsistiría la distinta versión de los denunciantes que en detalles difiere y la de la fuerza de la Guardia Civil y Municipal, congruente y constante, y que agotada por tanto la investigación judicial no aparece indicio siquiera de la comisión de delito, ni tampoco prueba suficiente para estimar probados los hechos perseguidos ni qué integrantes fueron de la falta grave del número 3.° del artículo 334 del Código de Justicia Militar, por lo que a tenor del artículo 701 del Código de Justicia Militar, procede la terminación provisional del expediente. ACUERDO la terminación provisional de este expediente y su remisión al Excmo. Señor General de la División Orgánica, a los efectos del Decreto de 13 de setiembre último, con ruego de devolución de esta Auditoría una vez ejercitada su intervención.
El Auditor
Constante Miquélez de Mendiluce
Unos días después, el 13 de julio, dio su conformidad el general Luis Castelló Pantoja, jefe de la guarnición militar de Badajoz. Finalmente, el 17 de julio, el auditor completó los trámites finales del expediente 71/1936. Esa misma noche se supo que la mayor parte del Ejército de África se había sublevado. De inmediato, desde el Gobierno Civil, se comunicó por telegrama la entrada en vigor del estado de alarma y se instó a las autoridades municipales a que mantuviesen el orden público. Al mediodía del sábado 18, en medio de una gran confusión y cuando todavía coleaban las fiestas del Carmen en la localidad, llegaron noticias muy graves sobre los sucesos acaecidos en diversas ciudades. De pronto la vida de todos tomó un giro inesperado.
1 Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, Leg. 92, n.° 2291, Juzgado Eventual de Causas de la Plaza de Badajoz, expediente n.° 71/36, «Con motivo de supuestos malos tratos por parte de los Guardias Civiles del Puesto de Villafranca de los Barros GUZMÁN BELMONTE MATOS y otros, a varios vecinos de referida villa».
2 Véase también José Luis Gutiérrez Casalá: La segunda república en Badajoz, Universitas Editorial, Badajoz, 1998.
3 Los dos primeros, Hernández-Prieta y Corredera, fueron asesinados en Fuente del Maestre el día 10 de agosto de 1936. Los restantes, aunque sufrieron prisión, fueron encontrados con vida, al igual que los demás presos, cuando la columna pasó por Villafranca tres días antes.
4 Alcalde desde junio de 1931 hasta su cese por orden del Gobierno Civil en diciembre de 1933. Fue repuesto en el cargo el día 26 de febrero del 36. Sobre Yuste Marzo véase también el trabajo incluido en esta obra.
5 Borrego Pérez y Marcos Claro fueron asesinados el 16 de agosto de 1936 en Mérida y Villafranca respectivamente.
6 Asesinado en Mérida tras pasar por consejo de guerra el 31 de julio de 1940.
7 Asesinado en Badajoz el día 8 de septiembre de 1939 tras pasar por consejo de guerra.
8 Granados Ruiz huyó a Elvas (Portugal) antes de la llegada de las fuerzas de Yagüe. Después de librarse de un atentado falangista gracias a la ayuda de algunos amigos portugueses, pasó a Lisboa, desde donde finalmente pudo pasar a Tarragona en octubre a bordo del Nyassa.
9 Asesinado en Villafranca el 21de agosto de 1936.
10 Asesinado en Villafranca en la primera matanza, la del día 9 de agosto.
11 Carranza Galván murió el 16 de julio de 1938 en un choque con una columna de milicianos republicanos que pasó entre Hinojosa del Valle y Llera.
12 Durante el primer tercio del siglo XX fue costumbre de la derecha española dar los nombres de personajes públicos asociados al liberalismo, al pensamiento crítico o a los grandes proyectos reformistas, como el mencionado Mendizábal o, por poner otro ejemplo, Joaquín Costa o cualquiera de los llamados afrancesados, a las calles de los barrios más deprimidos y, concretamente, allí donde se asentaba la prostitución.
UNA HISTORIA COMÚN: LEPE 1936
INTRODUCCIÓN
La investigación de los entresijos de la guerra civil en los pueblos choca inevitablemente con dificultades tales como la simple inexistencia de documentación o la extrema parcialidad de la existente, que confirma que la historia no solo la escriben los vencedores, sino que la dejan preparada para varias generaciones. Este panorama ha mejorado en los últimos años con la apertura a la investigación de algunos archivos antes inaccesibles, caso del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo1 y sus miles de legajos con la Auditoría de Guerra de la II Región Militar, archivo que debería mostrar todas sus posibilidades una vez ordenado y catalogado, lo cual parece improbable visto lo ocurrido desde su apertura en 1997. Lo que hemos podido ver hasta ahora entre los miles de expedientes viene a confirmar lo que ya expusimos algunos investigadores en su momento acerca de las fases de implantación del golpe militar del 36. Podrían establecerse tres grandes etapas: una de julio del 36 a principios del 37; otra de marzo de este año hasta el final de la guerra en abril de 1939, y otra que iría desde aquí hasta 1945, año de la derrota de los fascismos. Finalmente, y solo ya para las zonas de sierra de Córdoba, Sevilla, Badajoz y puntos concretos de Huelva, por lo que respecta al suroeste, tendrían lugar los múltiples avatares de la guerrilla española, cuyos últimos protagonistas caerían finalmente en los primeros años cincuenta.
Dado que la mayoría de la población era contraria al golpe militar y al cambio forzado de sistema político, los sublevados tuvieron que imponerse por la fuerza. Pero no contentas con el repentino control de los resortes del poder local, provincial y regional, sabedoras de que seguían siendo minoría y carentes de justificación histórica alguna, las elites civiles y militares emergidas con el golpe se lanzaron por la pendiente de la violencia, optando por la eliminación física de los contrarios. En la primera etapa antes aludida, la del 36, la represión se efectuó sin trámite ni apariencia legal alguna y de manera enteramente selectiva. Bastaba detener a una persona y hacerla desaparecer en cualquier momento. El hecho no dejaba rastro alguno salvo, a efectos de eficacia represiva, en los ficheros militares, en los de la Guardia Civil y en los de Falange, y en las delegaciones de Orden Público. Aparentemente nadie firmaba papel alguno desde la detención de una persona hasta su inhumación, pero en realidad no era así. El Gobierno Militar de Huelva, en contacto constante con las comandancias militares locales, estaba al tanto de todo lo ocurrido, lo que pasa es que su archivo, como tantos otros, desapareció y solo lo conocemos por lo que de él quedó en la documentación judicial militar.
Toda esta violencia se amparó en el Bando de Guerra publicado por Queipo de Llano el sábado 18 de julio en Sevilla y en los bandos que siguieron. Ocurre sin embargo que dicho Bando era ilegal, pues, aunque el poder militar mantuvo amplias prerrogativas durante la República, la Ley exigía para la implantación de los estados de excepción la aprobación del Gobierno, de modo que Queipo y los que a él se sumaron actuaron desde el primer momento al margen de toda legalidad. Consecuentemente cuando hablemos de la represión del 36 no podremos hablar de fusilamientos, ya que tal concepto implicaría pasos tales como detención legal, juicio, ejecución por piquete al mando de un oficial, un médico forense que certifique la defunción y la inscripción en el Registro Civil, requisitos estos que, sin que esto justifique ni pretenda dar carácter legal a la justicia militar franquista, solo se impusieron manu militari de manera regular en el territorio de la II División a partir de la primavera de 1937. La misma palabra debe aplicarse a las víctimas causadas por la izquierda y a las causadas por la derecha en los largos meses del 36, y esa palabra no es otra que asesinato.2
Efectuada la gran escabechina en toda la zona ocupada y desechada la caída inmediata de Madrid, a finales del 36 los planes iniciales de los sublevados se adaptaron a las nuevas circunstancias. Fue entonces cuando se decidió poner en marcha la Fiscalía del Ejército de Ocupación y el aparato judicial-militar. Todo se puso al servicio de la justicia militar y todo acabó pasando por el despacho del auditor de la II División, Francisco Bohórquez Vecina, para su visto bueno. A partir de abril de 1937 los pueblos y las ciudades de las provincias de la División se convirtieron en paso obligado para los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, que entre esa fecha y el término de la guerra juzgaron a miles de personas. A partir de abril de 1939, el trabajo de los militares se multiplicó a consecuencia de la captura de prisioneros internados inicialmente en campos de concentración y trasladados paulatinamente a sus lugares de origen.
España, aislada y con Europa pendiente ya de Hitler y los nazis, fue entonces para la mayoría un gran penal dominado por el hambre y el terror. «Aquí no hay quien se mueva en treinta años», había profetizado el delegado de Orden Público de Sevilla, el capitán Manuel Díaz Criado. Esta segunda etapa represiva cuidó los formalismos legales a los que antes se aludía, así que podríamos hablar de muertes por fusilamientos, pero igual de ilegales que las muertes producidas antes por el bando de guerra. Digamos de todas formas que la apariencia legal no suponía en modo alguno una mayor presencia de las garantías procesales o, más en general, de la justicia. En otras palabras, no es admisible que un régimen impuesto por la fuerza y la violencia, y que conculcó todo principio de legalidad, ejerciera en algún momento o bajo alguna circunstancia algún tipo de represión legal. Son conceptos antitéticos.
Los vencedores dispusieron todavía de varios años para seguir con los consejos de guerra. Pero todo, los consejos de guerra, las sentencias de muerte, la furia falangista o la «sed de imperio», sufrió una fuerte conmoción cuando se vio que al «Reich de los Mil Años» le iba llegando su fin. En ese momento se reavivó la lucha guerrillera con la esperanza de que los aliados decidieran completar la derrota de los fascismos. No ocurrió así y fueron esos grupos guerrilleros los que después de una larga y cruel lucha fueron abatidos desde los primeros cuarenta a los primeros cincuenta.
En algunos pueblos onubenses, en el mismo verano del 36 y generalmente por orden del Gobierno Militar, se abrieron expedientes en los que se recogieron los daños causados en los llamados días rojos, palabras con que fueron bautizados los días transcurridos entre el 18 de julio y la llegada de las columnas fascistas a los respectivos pueblos. En la instrucción sumarial de los casos donde no había fuerza armada por el medio intervino inicialmente la autoridad judicial civil, ayudada por la Guardia Civil, pero con el tiempo fue la autoridad militar la que se hizo cargo de todos estos casos. Esta documentación ha sido la base de la investigación.3 Es de gran valor para el investigador por varios motivos, entre los que habría que destacar la abundancia de testimonios escritos de los protagonistas y la existencia de todo tipo de informes solicitados por el juez instructor. Por esos procesos pasaron los dos grupos antagónicos: los propietarios e industriales afectados por las detenciones, asaltos, destrozos y robos, y los izquierdistas más representativos o que más se destacaron en aquellos días. La celeridad de la instrucción de algunos de estos sumarios, caso del primero de los de Lepe, permite algo tan inusual como el hecho de contar con declaraciones de los que irán desapareciendo en los días y las semanas posteriores, declaraciones que, aunque carentes de valor legal alguno, dan la medida de los métodos empleados. Por el contrario, los testimonios –denuncias incluidas– de los elementos de orden ofrecen un vivo retrato de una elite de poder firmemente decidida a que la experiencia republicana no volviera a repetirse.
LA BREVE EXPERIENCIA DEL FRENTE POPULAR
En octubre de 1932 el párroco Fernando del Molino Abreu, natural de Ayamonte, envió a Sevilla uno de los informes quinquenales con que la Iglesia calibraba el estado espiritual de sus fieles. Lepe, con algo más de seis mil habitantes, vivía según su párroco en un muy deficiente estado de moralidad. Señalaba el cura que no se respetaba el descanso dominical y que un 80% de la población descuidaba el cumplimiento pascual y la misa dominical. Además, existían nueve «concubinatos públicos». El informe concluía mencionando que la llamada «prensa sectaria», en referencia a los escasos medios no controlados por la derecha o la Iglesia, no causaba mucho daño «por la incultura del pueblo; aquí se lee poco».4 Cuatro años después resulta evidente que desde la óptica de Del Molino Abreu todo habría ido a peor. Ingenuamente, los curas pensaban, o preferían pensar, que estos informes cargados de contenidos políticos y sociales, con comentarios sobre partidos, sindicatos, opciones ideológicas y vitales de ámbito privado, versaban sobre el «estado de las almas». En realidad les sacaba de quicio su pérdida de influencia y el hecho de que la mayoría de la sociedad organizase su vida al margen de la Iglesia. Si cada vez había menos bautizos, comuniones, bodas y entierros, y a las misas nada más que iban las beatas, ¿para qué servían? Les indignaba, y así lo hacían constar en sus informes, ser tratados exclusivamente como hombres.
El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 dio paso a una breve etapa abortada por el golpe militar cinco meses después. Esos cinco meses son todavía poco conocidos. Sabemos que las corporaciones impuestas con motivo de los sucesos de octubre de 1934 fueron cesadas y que se repusieron las anteriores del 31 con la excepción de los republicanos de derechas. Sabemos que el gran problema diario fue el paro obrero; que los republicanos de izquierdas e incluso los alcaldes socialistas, que tantos resortes controlaban, se sintieron con frecuencia desbordados por las expectativas acumuladas y, más en general, por la responsabilidad histórica. Indudablemente se estaban poniendo en marcha grandes reformas que hubieran renovado en profundidad las estructuras heredadas. Reformas administrativas, políticas y económicas aplazadas hasta entonces una y otra vez, y deseadas por la mayoría.
En cuanto se hicieron públicos los resultados de las elecciones un sector amplio de la derecha se salió de los cauces democráticos. Desvertebrados y carentes de fuerza real se colocaron al resguardo de los sectores más reaccionarios del Ejército, al que lanzaron contra el resto de los españoles. Conocemos el proceso por el que en los meses de marzo, abril y mayo se forman grupos falangistas en El Condado y otros pueblos del sur de la provincia; también sabemos cómo, en torno a la Candidatura Contrarrevolucionaria, se moviliza la burguesía agraria proporcionando el dinero que se necesitaba para la creación, mantenimiento y armamento de dichos grupos, que en pueblos de tamaño medio llegan a alcanzar los cien miembros. Con todo, estos núcleos paramilitares nada pudieron hacer por sí mismos en julio de 1936, siendo detenidos y encarcelados inmediatamente tanto en Huelva como en la mayoría de los pueblos.
En un manifiesto electoral realizado por lo más granado de la derecha onubense acogida a la aludida Candidatura y que se hizo público el 21 de enero de 1936 constan los siguientes propietarios de Lepe: José Luis Acosta, Gaspar Cordero Ortiz, Eladio Fernández García, Francisco González Magro, José Infante Rodríguez, Leopoldo Mora Marruz, Mauricio Moreno, Alejandro Muniz Verano, José Antonio Muniz Verano, Juan Muniz Verano, Manuel Ovando Ríos, José Prieto Ramírez, Manuel Rodríguez Aguaded y Florencio Toresano Álvarez. Son nombres claves que aparecerán en numerosas ocasiones y sin los cuales poco podríamos entender de lo ocurrido en Lepe en la primera mitad de nuestro siglo. Entre ellos, dos apellidos, Infante y Muniz, que nos permiten enlazar con la estructura caciquil profunda establecida en la Restauración y con la farsa del turnismo liberal-conservador que saltó por los aires junto con la monarquía en abril de 1931. Basta rastrear un poco en torno a 1900 para encontrar junto al poder político y económico a otros Ovandos, Toresanos, Morenos, Martincanos, Acostas, etc., que mantendrán su poder e influencia hasta la pérdida del poder político en 1931.
Los días posteriores a las elecciones estuvieron marcados por la alegría popular, manifiesta en cualquiera de los actos públicos que se celebraron. Alegría por la salida de los presos, por la recuperación del poder local, por los ceses y destituciones iniciados tras la constitución de los ayuntamientos en los últimos días de febrero. Es interesante recordar algunos nombres de los que pierden el poder local en los días siguientes al 16 de febrero, como Diego Gómez Gómez, sustituido en la alcaldía el 31 de enero de 1936 por Antonio Moreno Cortés, José María González Povea, Antonio Rodríguez Blanco, José Nieves Palma, Alejandro Muniz Verano, Francisco Santana Oria o Eusebio Martincano Camacho, nombres que aparecerán más adelante. El Ayuntamiento constituido el 26 de febrero de 1936 por delegación gubernativa era el siguiente:
Alcalde: .......................... Juan Manuel Santana Suárez
Tte. Alc. 1.° .................... Juan Gisbert Urreta
Tte. Alc. 2.° ..................... Federico Santana Macías
Tte. Alc. 3.° .................... Joaquín Guerrero Gómez
Concejales ....................... Francisco Rivera Gavira
......................................... Manuel Romero Alcón
......................................... Juan Santana Gutiérrez
......................................... Juan Pérez Alfonso
......................................... José González Domínguez
......................................... José González Gutiérrez
......................................... José Silveira Prieto
......................................... Isidoro Santana Prieto
......................................... Joaquín Castaño Coronado
......................................... Joaquín García Domínguez
......................................... José Fernández Povea
Ya desde el principio Juan Gisbert Urreta exigió la denuncia de cargos concretos y la formación de expedientes, de los que él mismo sería instructor. Respecto a la crisis del trabajo, calificada de «pavorosa crisis», se actuó a escala provincial proyectando obras públicas, como el camino a Villablanca, que absorbiesen a los desocupados y obteniendo aportaciones de los mayores contribuyentes. También se recurrió a medidas ilegales como el reparto de obreros entre los propietarios, medida de la que salieron perjudicados los propietarios menos poderosos y que algunos gobernadores civiles intentarían erradicar sin demasiado éxito. En mayo surgió un proyecto que hubiera solucionado el problema por mucho tiempo: la sociedad «Colonias Veraniegas Españolas», con sede en Madrid, solicitó permiso municipal para la construcción de 1.500 chalets en la playa de La Antilla. El Ayuntamiento a cambio cobraría un canon por hectárea. Desgraciadamente los acontecimientos abortarían esta iniciativa de gran interés para todos los pueblos cuyos términos municipales daban al mar.
El atentado fascista contra el diputado socialista y prestigioso catedrático de Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa en los primeros días de marzo tuvo intenso eco en Lepe, pues en él cayó muerto el joven policía que lo protegía, Jesús Gisbert Urreta. A consecuencia de ello el primer teniente de alcalde Juan Gisbert partió para Madrid, sustituyéndole en las tareas municipales Manuel Silveira Prieto. Y como si de una trama ineludible se tratase, el hecho luctuoso del asesinato de Jesús Gisbert será la causa de que su hermano Juan conservase la vida al alejarse de Lepe por dicho motivo y, a la vez, de la muerte de Manuel Silveira Prieto, que accedió a suplir a Gisbert por la urgencia de la situación. Silveira, en quien recayó inicialmente la instrucción de los expedientes de destitución, logró quitarse de encima semejante carga en razón al parentesco que le unía a uno de los expedientados. Entonces la instrucción pasó al concejal Romero Alcón, del que más tarde sabremos quién era realmente. En mayo serían destituidos por sus ideas enfrentadas al Frente Popular los guardias municipales José Cordero Pérez, Antonio Carrasco Pulido, Santiago Orta Orta, José Camacho Pandolfo, Juan Sánchez Carballo, Baltasar Pérez Toscano, Ricardo Silva y José Oria Ortiz.
A finales de marzo, el alcalde Santana Suárez sacó adelante la propuesta de creación de un grupo de treinta guardias cívicos. Aunque la razón que se dio fue la de «utilizar lo menos posible las fuerzas de la Guardia Civil», parece que el verdadero motivo fue el de evitar cualquier roce entre el elemento obrero y las fuerzas de dicho cuerpo después de los enfrentamientos habidos en algunos pueblos con motivo de las elecciones de febrero del 36.
LOS DÍAS ROJOS (18-28 DE JULIO)
Las noticias de lo ocurrido en Sevilla corrieron como la pólvora. Al solicitar instrucciones a la capital todos supieron que se preparaba una columna en los pueblos mineros. La destrucción de esta fuerza en las cercanías de Sevilla en la mañana del domingo 19 por la traición de los militares enviados desde Huelva al mando del comandante Haro Lumbreras destruyó toda esperanza, abriendo un sombrío panorama que fue empeorando a medida que llegaban noticias de lo ocurrido en Sevilla y pueblos cercanos. Madrid quedaba cada vez más lejos. A partir del día 19 se vigiló a los derechistas locales más señalados, detenidos a partir del día 21:5
Fernando del Molino Abreu (párroco)
Antonio Moreno Cortés (exalcalde)
Manuel Verano Abreu
Eladio Fernández García
Juan Muñiz Verano
José Infante Rodríguez (exalcalde)
Florencio Toresano Álvarez
Felipe García Sánchez-Barco (farmacéutico)
Eusebio Martincano Camacho
Manuel Ovando Ríos (juez municipal)
Cesáreo Acosta Rodríguez
Jesús Acosta Rodríguez
Genaro Acosta Rodríguez
Gaspar Maestre Contreras
Manuel González Vázquez
Pedro Roldán Feria
Manuel Santana Vázquez
Diego Alfonso Martín
Domingo Cruz Contreras
Marcos Giménez
Mateo Giménez
Antonio Millares
En las detenciones intervinieron Francisco Vides Conde, José Conde Cordero y Francisco Muriel Rodríguez, los cuales serían asesinados en las primeras sacas. Como en la mayoría de los pueblos, el primer paso hacia la violencia destructora lo dieron forasteros, concentrándose el odio popular como casi siempre en los símbolos del poder: la iglesia, el convento, el Centro Agrario y varios domicilios y negocios particulares pertenecientes a José Infante Rodríguez, Florencio Toresano Álvarez y Juan y Alejandro Muniz Verano. La tensión ambiental llegó a ser insoportable. Los primeros disparos sonaron como truenos y los asaltos y saqueos fueron válvula de escape de las violencias contenidas. En estos actos participaron algunos elementos de izquierdas, a los que se unieron algunos muchachos y ese tipo de gente que se suma a estos aquelarres, sean del signo que sean. Como en todos sitios, aparte de los destrozos habituales, hubo gente que se colocó las vestimentas religiosas y quienes quisieron humillar y degradar las imágenes como si de personas se tratara.6 Lo cierto es que todo comenzó con la llegada de un grupo de Isla Cristina –hecho reconocido por todos– que se hizo con las llaves de la iglesia. Los daños fueron cuantiosos, pero si miramos las vidas que se salvaron, empezando por los detenidos, algunos de los cuales, como el cura Del Molino Abreu o el poderoso Infante Rodríguez, despertaban especial animadversión entre muchos de los que en ese momento tenían el poder, el precio fue escaso. Solo la firmeza de las autoridades locales y de los representantes políticos y sindicales pudo orientar la violencia incontenida provocada por el golpe de estado hacia los objetos materiales.
Joaquín Santana Suárez, vocal de la CNT, además de intentar frenar los desmanes, fue de los que protegieron a los presos e impidió un intento de trasladarlos a la Prisión Provincial de Huelva por el temor a que fueran eliminados por el camino. Por el contrario, y siguiendo las órdenes precisas de las autoridades provinciales en el sentido de impedir toda violencia, los presos fueron trasladados del depósito al Salón de Plenos, dándoles incluso la posibilidad de disponer de vigilantes elegidos por ellos mismos, vigilantes a los que una vez liberados pagaron las horas allí transcurridas como si fueran laborales. Entre estos «escopeteros de confianza» para los derechistas se encontraban incluso familiares, caso de Manuel Toscano Martincano, sobrino de Eusebio Martincano Camacho, que vino a ser el jefe de este peculiar servicio de protección. Por disponer, dispusieron hasta de peluquero, tarea que cumplió curiosamente el concejal de Unión Republicana Federico Santana Macías, que como más tarde veremos no estaba en buenas relaciones con la corporación.
El Frente Circunstancial, formado por varios representantes políticos y presidido por Juan Luis Freniche Sánchez, responsable de Izquierda Republicana, actuó en el mismo sentido, firmando un bando en el que se llamaba al orden y al trabajo. Lo cierto es que la vida local fue controlada, lo que garantizó la integridad física de la comunidad y mantuvo cubiertos los servicios y las necesidades mínimas. Las armas eran distribuidas por dos o tres personas, coordinando las diferentes tareas Cipriano Martín Landero. Se pagaron sueldos de cuatro pesetas al día, la mitad en metálico y la otra en vales para adquirir comestibles en el almacén montado en la plaza de la República por orden de Francisco Vides Conde, presidente del Sindicato de Oficios Varios de la CNT, con productos recogidos en diferentes tiendas de la localidad en el camión de Francisco González Santana Frasco Rosalía. Fueron vigilados los accesos a la población y los puntos neurálgicos de la localidad. Todos los vigilantes llevaban distintivo rojo. Se hicieron también varios servicios fuera del pueblo, como por ejemplo el envío de gran cantidad de alimentos a Nerva y Riotinto, donde a medida que pasaban los días se fueron congregando miles de personas que huían de los pueblos a donde llegaban las fuerzas de Queipo. Fue en una de esas salidas, en este caso en un viaje de Lepe a Huelva el día 23 de julio para recoger a una persona enferma, cuando el coche ocupado por cuatro izquierdistas fue tiroteado por error por gente de Cartaya, lo que produjo la muerte a tres de los cuatro ocupantes, Ernesto Oria Rodríguez y los hermanos Antonio y Eulalio López Cáceres. El otro ocupante, Manuel Jiménez Díaz, resultó herido y perdió la vista.
En resumen, puede decirse que entre el 18 y el 21 se constituyó el comité, se formaron las guardias en el interior y exterior de la población y se controló a los derechistas más señalados, a los que se desarmó. El martes 21 se detuvo a los ya indicados y se produjo el asalto a la parroquia, al casino y a los locales de Manuel Verano Abreu y los hermanos Juan y Alejandro Muniz Verano. El 22, finalmente, fueron asaltados los domicilios de Florencio Toresano Álvarez y José Infante Rodríguez. Se calcula que intervinieron unas doscientas personas. Tras estos graves sucesos el alcalde Santana dictó un bando, al que se sumaron las demás autoridades políticas y sindicales, donde se exponía la necesidad de colaborar con dichas autoridades acatando sus órdenes, bando que fue expuesto por el entonces alguacil Juan Santana Dorotea, quien declaró posteriormente que en dicho bando «se recomendaba al pueblo cordura y que no se hiciera daño a las personas ni a las cosas, respetándose propiedades y ganados». A partir de ese momento no volvieron a repetirse sucesos similares. Fue entonces cuando muchos salieron a la calle por primera vez, acercándose a la plaza y mirando con tanta curiosidad como temor el terrible estado en que había quedado la vieja parroquia con casi todo lo que contenía, los muebles del casino esparcidos por la plaza y los objetos saqueados de las tiendas y casas. En los días siguientes se mantuvo la vigilancia, el reparto de alimentos y la protección sobre los presos. Cuando llegaron noticias del avance de las columnas desde Sevilla, tanto la de Carranza como la de Castejón, y de la inminente caída de Huelva todos entregaron las armas y cartuchos y cada uno se fue donde creyó conveniente.7
LLEGA LA COLUMNA CARRANZA
Ramón Carranza Gómez, militar y marqués, alcanzó la alcaldía de Sevilla en el mar revuelto de la sublevación triunfante. En los días posteriores a la ocupación de la ciudad y al mando de una columna compuesta de señoritos, soldados y guardias civiles, inició la ruta que de la capital sevillana lo llevaría a Ayamonte pasando por Huelva. En la ocupación de Lepe intervino la Guardia Civil de la localidad en compañía de la de Ayamonte e Isla Cristina y catorce requetés de Huelva. Cuarenta o cincuenta hombres contra un pueblo que no ofreció resistencia alguna y del que nadie había huido. El mismo 29 el nuevo «gobernador» de Huelva, el guardia civil Gregorio Haro Lumbreras, nombró alcalde y delegado gubernativo en Lepe al teniente retirado del mismo cuerpo Juan Hernández Ruiz y como gestores a Leopoldo Mora Marruz, Manuel Verano Abreu, Eusebio Martincano Camacho y Francisco Santana Oria, quienes tomaron posesión de sus cargos en presencia del hasta entonces alcalde Juan Manuel Santana Suárez. El falangista Mora Marruz llamó «a laborar con entusiasmo y patriótica fe en defensa del nombre inmaculado de España». Tres días después, el 1 de agosto, llegó al pueblo como delegado gubernativo Diego Pajarón Jiménez, quien puso en la alcaldía a Mora Marruz, que sería acompañado por los gestores Juan Hernández Ruiz y Eusebio Martincano Camacho, sustituido por Eladio Fernández García el 25 del mismo mes. Esta terna se mantuvo hasta mediados de enero de 1937, cuando llegarían al Ayuntamiento Felipe García Sánchez del Barco, Francisco González Magro y Manuel Santana Leiva. En la sesión del 7 de septiembre se decidió el cambio del callejero, que muestra a la perfección el paso brusco de la España republicana, donde conviven los «mártires» Galán y Hernández con tan variados personajes como Pablo Iglesias y Burgos Mazo o con el callejero tradicional, a la España fascista y cuartelera deseada por los golpistas:
Plaza de la República ..................... José Antonio Primo de Rivera
Fermín Galán.................................. General Queipo de Llano
Burgos Mazo .................................. General Franco
Alcalá Zamora ................................ Calvo Sotelo
Pablo Iglesias ................................. General Sanjurjo
14 de Abril ...................................... General Millán Astray
Rinconada....................................... General Mola
García Hernández ........................... Comandante Haro
Gracia ............................................. Comandante Castejón
Niebla ............................................. Portugal
Colmeneros .................................... Italia
Molina ............................................ Alemania
A las destituciones de antes sucedieron ahora otras. Fueron suspendidos, por ejemplo, guardias municipales y rurales como Manuel Silveira Mora, José Mena Pósito, Baldomero Santana Prieto, José Santana Gutiérrez, Ramón Santana Suárez o José Muriel Gutiérrez, y fueron repuestos los destituidos en mayo. La Falange trasladó a su cuartel los archivos de los partidos y sindicatos, siendo notable el uso que se hizo en los informes de los libros de socios y de los libros de actas. El partido mayoritario era el PSOE; entre los sindicatos, la CNT, mayoritaria en España, y la UGT. Se desconoce la implantación de los partidos republicanos de Manuel Azaña Díaz y Diego Martínez Barrios, y tenemos constancia de la existencia de un minúsculo y reciente comité comunista.
LA JUSTICIA MILITAR Y LOS DÍAS ROJOS (I)
A comienzos de octubre de 1936 y tras el visto bueno de Sevilla, el comandante de Infantería Ildefonso Pérez Peral fue nombrado instructor de la Causa 370/36 sobre delitos de rebelión militar (Juan Santana Suárez Valentín y otros hasta veinte), auxilio a la rebelión (Antonio Vázquez Mena Soplá y treinta más) y hurto (Rafael Santana González Relego y tres más) cometidos en Lepe el julio anterior. Sería el primer gran Consejo de Guerra por los sucesos de Lepe. Previamente, el juzgado, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 28 de julio de 1933, había procedido a inhibirse «en pro de la Autoridad Militar por haberse declarado el estado de Guerra». Curiosamente, las diligencias iniciales habían sido abiertas por el propio juzgado en julio del 36, habiéndose encargado la Guardia Civil de realizar los atestados. Los primeros detenidos que prestaron declaración en el Depósito Municipal a las pocas horas de haber sido ocupada la población por las fuerzas de Queipo –es interesante respetar el orden en que se recogen en el documento original además de su edad y militancia sindical– fueron:
*Francisco Camacho Fernández, 38 años, UGT
*Francisco Muriel Rodríguez, 52 años, UGT
Juan Santana Suárez, 20 años
Antonio Lorenzo Orta, 41 años, UGT
*Manuel Camacho González, 34 años
José Maestre Camacho, 17 años, CNT
*Manuel Nieves Povea, 31 años
Francisco Santana Ortiz, 24 años
*José Isidro Trinidad, 46 años
Francisco García Orta, 17 años
Juan Oria Márquez, 17 años
Juana Camacho Domínguez
Antonio Vázquez Mena, 16 años
*Manuel Cordero Morgado, 23 años, CNT
*Andrés Peña Palma, 24 años, CNT
*Manuel Ramírez Carballo, 31 años, CNT
*Manuel Rodríguez Guerrero, 23 años, CNT
*Manuel Cortés Prieto, 55 años, CNT
*Manuel Mendoza González, 20 años, CNT
*Cristóbal Rodríguez Cáceres, 22 años, CNT
Juan Martín Rodríguez, 22 años
Joaquín Santana Suárez, 48 años, CNT
José Rodríguez Rodríguez, 18 años
Todos fueron interrogados el día 11 de agosto sobre los daños materiales causados en la iglesia, en el Casino Agrario, en la casa del propietario Florencio Toresano y en la del banquero José Infante Rodríguez. Los daños fueron valorados inicialmente en unas 500.000 pesetas, aunque más tarde se consideró oportuno rebajarlos a 300.000. Como era de esperar, dado el extremo espíritu de violencia y terror que se implantó en el pueblo desde su ocupación, este grupo de detenidos reconoció todo ante la Guardia Civil, desde haber hecho guardias y utilizado vales de comestibles elaborados en el Ayuntamiento hasta la destrucción de la iglesia y todos los objetos que contenía. No es de extrañar que en las semanas siguientes fueran asesinados doce de los veintitrés (señalados con asterisco). Antonio Lorenzo Orta contó, por ejemplo, que todo empezó cuando unos cuantos de Isla Cristina llegaron al bar de Manuel Galvín diciendo «Muchachos, vamos a echar una peonada que ya hace tiempo que no se trabaja», dicho lo cual se dirigieron todos hacia la iglesia. José Isidro Trinidad, uno de los desaparecidos, fue acusado por ejemplo de haber dicho públicamente «que no se apurasen, que el movimiento duraría poco y el general Queipo de Llano sería muerto como igualmente todos los guardias civiles y la gente de derechas»; él lo negó.
Aunque no aparecen mujeres, lo cierto es que un buen número de ellas fueron detenidas por haber estado presentes en la destrucción de la iglesia o haberse llevado cosas, y tras pasar varios días en el depósito fueron rapadas por falangistas. Muchos hombres y mujeres denunciados en aquellos días por algunos de sus vecinos de derechas –bastaba la denuncia– fueron castigados por los falangistas, los hombres con purgante de ricino y las mujeres con el rapado del cabello. Estas declaraciones del día 11 fueron entregadas ese mismo día en la Comandancia Militar de Huelva.
Entre el 12 y el 15 de agosto se tomaron nuevas declaraciones y al día siguiente la Guardia Civil comunicó al juzgado la detención de otras cuarenta personas más, algunas de las cuales constan por su nombre y apodo, y de las que también fueron eliminadas varias al poco tiempo de ser detenidas:
Ángel Montelde
Manuel Rodríguez Acosta, 36 años, CNT
Cipriano Martín Landero
José Peña Pérez, 58 años, CNT
Francisco de Acosta Martín, 18 años
José de Antonio Desvenda
Rafael Plito
Manuel Tenorio Martín, 23 años, CNT
Antonio Leiva Flores, 24 años
Rafael Gutiérrez Anselmo, 28 años
Manuel Medina
Juan Pérez Franco, 22 años, CNT
Miguel Misericordia
Manuel Peña Pérez
Diego Mena Ríos
Juan Freniche
José Peña Pérez, 52 años
Antonio Matilde
José Santana Prieto
Ignacio Pérez Sousa, 26 años, UGT
Juan Santana Prieto
Manuel Joaquín Galloso
Juan Donoso González, 32 años, CNT
Francisco Donoso González, 34 años, CNT
Francisco Morales Carrasco, 21 años, CNT
Francisco Maestre Muriel
Manuel Conejera
José García Álvarez, 34 años
Manuel Relevo
Manuel Orta Palma Valeria, 24 años, CNT
José González Camacho, 27 años, CNT
Daniel Rodríguez Camacho
Cayetana Castañeda Oria
Josefa Martín Cordero, 22 años
José Pérez González, 23 años
Alejandro Mendoza Prieto
Manuel Aguaded Tinoco, 25 años
Manuel Martín Rodríguez, 45 años
Rafael Santana González, 33 años
Francisco Sánchez Falla, 42 años
Andrés Conde Cordero, 23 años
Alejandro Mendoza Prieto, 36 años
La Guardia Civil mencionaba también a cuatro personas que aún no habían podido ser detenidas: Francisco Vides Conde, José Conde Cordero, Manuel Guerrero Gómez y Manuel Tenorio. Los tres primeros o ya habían desaparecido o lo harían en las semanas siguientes. Aunque comenzó en agosto fue septiembre el mes de la represión, con sospechosas cuentas de cal, autopsias y apertura de fosas. Como los fusilamientos se efectuaron en cementerios cercanos o en cruces de caminos, endosando el problema a los ayuntamientos respectivos, Lepe también tuvo su cuota de cadáveres ajenos. Así en la sesión del 14 de octubre se aprobó un gasto de 57,50 pesetas «por enterramiento de cadáveres de personas fusiladas aparecidas en este término municipal». Esas tempranas represalias en las que se prescindía de todo legalismo fueron alentadas desde las más altas instancias. En dicho proceso y para todas las provincias de la II División fue clave la primera quincena de agosto y la firme apuesta que se hizo por la eliminación física de los contrarios. El general Queipo aconsejó a los gobernadores por él nombrados que aprovechasen el tiempo y se aplicasen en las tareas de limpieza. Contamos con la carta personal que envió al general José López Pinto, que controló la sublevación en Cádiz: «¡Esto se acaba! Lo más que durará son diez días. Para esa época es preciso que hayas acabado con todos los pistoleros y comunistas de esa».8 Fue la ejemplaridad y no la justicia lo que primó en el consejo de guerra que juzgó a las autoridades civiles y militares de Huelva, fusiladas en El Conquero a principios de agosto en público espectáculo. Esas muertes terribles, contra las que pidieron clemencia importantes personajes de la nueva situación, abrieron la veda. Algunos sectores sociales reaccionaron cuando se apercibieron de lo que se avecinaba, como cuando fusilaron unos días después al joven diputado socialista de Palos Juan Gutiérrez Prieto,9 pero la reacción del poder fue draconiana, llevándose por delante numerosas vidas en actos violentos efectuados en diferentes pueblos del sur de la provincia de manera coordinada.
El auto dictado el 18 de agosto por el Juzgado de Instrucción de Ayamonte consideraba los hechos comprendidos en el Código Penal pero decidía inhibirse «en favor de la Autoridad Militar por hallarse declarado el estado de guerra», según el artículo 56 de la Ley de 28 de julio de 1933. La Audiencia de Huelva se dio por enterada del traslado el día 21 de septiembre. En este momento la instrucción pasó a manos de los militares sublevados, pero solo el 8 de octubre se accedió desde Sevilla a que se hiciese cargo del caso un juez de Huelva que debería tramitarlo «conforme al Código de Justicia Militar». Ese juez instructor fue el anteriormente citado comandante Ildefonso Pérez Peral.
A partir del 20 de octubre y en las semanas siguientes el comandante del puesto de Lepe, el brigada Carlos Galice Mancera, comunicó al juez instructor el paradero de todos los encausados, solicitado cuatro días antes:
Acosta Martín, Francisco de ..................................... en milicia del Requeté
Aguaded Tinoco, Manuel Estrella ............................ en Lepe*
Barriga Rodríguez, Ángel Montelde ......................... en Lepe
Camacho Domínguez, Juana Lacolín........................ en Lepe*
Camacho Fernández, Francisco Marra ..................... Muerto
Camacho González, José Cagadulce ........................ en Lepe*
Camacho González, Manuel Campiña...................... Muerto
Camacho Ponce, Juan Talliscón ................................ en Lepe**
Camacho Rodríguez, Antonio Matilde...................... en Lepe**
Camacho Rodríguez, José El de la Ruperta .............. en Lepe
Camacho Tinoco, Manuel Pacífico ........................... Muerto
Carrillero Martín, José Santito .................................. Muerto
Conde Cordero, Andrés ............................................. en Lepe*
Conde Cordero, José Piojito ..................................... Muerto
Cordero Camacho, José Hermenegildo ..................... en Lepe*
Cordero Morgado, Manuel Porrón ........................... Muerto
Cordero Oria, Cayetana La Corcho .......................... en Lepe**
Cordero Prieto, Manuel ............................................. Muerto
Cortés Prieto, Manuel Chaparro ............................... Muerto
Cortés Vela, Manuel .................................................. en Lepe**
Donoso González, Francisco..................................... en Lepe**
Donoso González, José ............................................. en Lepe**
Fernández Muriel, Juan El de la Huerta ................... en vapor de pesca**
Freniche Sánchez, José Luis ..................................... en la Prisión de Huelva
Florencio Santana, Antonio Zosquino ....................... Muerto
Galloso Suárez, Manuel Joaquín ............................... preso en submarino rojo
García Álvarez, José Chasca .................................... en Lepe*
García Orta, Francisco Chasca ................................. en Lepe*
Gómez Rodríguez, José Carnicero ........................... en Lepe**
González Camacho, José Puyita ............................... en Lepe*
González Cordero, Rafael Piloto .............................. en Lepe*
Guerrero Gómez, Manuel Paterno............................ Muerto
Gutiérrez Anselmo, Rafael ........................................ en Lepe**
Isidro Trinidad, José Cuneto de Sopa ....................... Muerto
Jiménez Díaz, Manuel ............................................... en Lepe
Leiva Flores, Antonio ................................................ en Lepe**
Lorenzo Orta, Antonio Casita ................................... en Lepe*
Maestre Camacho, José ............................................. en Lepe*
Maestre Muriel, Francisco ........................................ Muerto
Martín Cordero, Josefa La Catre .............................. en Lepe
Martín Landero, Cipriano Cipriano .......................... Muerto
Martín Rodríguez, Juan Gaita ................................... en Lepe*
Martín Rodríguez, Manuel Canalejas ....................... en Lepe**
Martín Zamorano, Ana .............................................. en Lepe*
Medina Acosta, Manuel ............................................ en milicia del Requeté
Mendoza González, Manuel Correa ......................... Muerto
Mendoza Prieto, Alejandro Gallina .......................... en Lepe**
Morales Carrasco, Francisco ..................................... en Lepe**
Muriel Rodríguez, Francisco Fondo ......................... Muerto
Nieves Povea, Manuel............................................... Muerto
Oria Márquez, Juan Tapagujeros .............................. en Lepe*
Ortiz Palma, Manuel Valeria ..................................... en Lepe**
Peña Palma, Andrés................................................... Muerto
Peña Pérez, José ........................................................ en Lepe*
Peña Pérez, Manuel ................................................... en Lepe**
Pérez Franco, Juan Matarratas ................................. en Lepe**
Pérez González, José Purrio ..................................... en Lepe**
Pérez Sousa, Ignacio Morito ..................................... en Lepe*
Ramírez Acosta, Enrique Hijo Trompero .................. en vapor de pesca**
Ramírez Carballo, Manuel ........................................ Muerto
Rodríguez Acosta, Manuel San Pedro ...................... en vapor de pesca
Rodríguez Cáceres, Cristóbal .................................... Muerto
Rodríguez Camacho, Daniel Cocina ......................... en vapor de pesca
Rodríguez Guerrero, Manuel .................................... Muerto
Rodríguez Rodríguez, José Pirulí ............................. en Lepe*
Sánchez Falla, Francisco Isla .................................... Muerto
Santana González, Rafael Relego ............................. en Lepe*
Santana Ortiz, Francisco ........................................... en Lepe*
Santana Prieto, Juan .................................................. Muerto
Santana Suárez, Juan Valentín ................................... en milicia del Requeté
Santana Suárez, Juan Manuel.................................... Muerto
Santana Suárez, Joaquín ............................................ en Lepe **
Santos, María Ignacia de los ..................................... en Lepe*
Silveira Prieto, Manuel ............................................. en Lepe**
Tenorio Martín, Manuel Gorrión .............................. en Lepe*
Toscano Martincano, Manuel Misericordia .............. en Lepe**
Vázquez Mena, Antonio Soplá.................................. en Aljaraque*
Vides Conde, Francisco............................................. Muerto
Villegas de Acosta, Rafael Tejero ............................. en vapor de pesca**
Villegas Reyes, Manuel............................................. Muerto
A finales del mes de octubre prestaron declaración los principales afectados durante los días rojos. El párroco Fernando del Molino Abreu, que fue detenido por un grupo al mando de un vecino de Isla Cristina, acusó a unos cuantos y se lamentó de haber tenido que comprar personalmente ciertos objetos robados de la iglesia a sus poseedores, la mayoría de los cuales reconoció que eran «chiquillos»,10 lo que no debe extrañar si tenemos en cuenta que en algún momento del sumario aparece incluso un niño de 11 años. Ajeno a la suerte de su grey se dedicó a elaborar minuciosos informes sobre los daños habidos en la iglesia.11 El propietario Florencio Toresano Álvarez, otro de los detenidos, declaró daños en su casa por valor de 8.000 ptas. Otro propietario detenido, José Infante Rodríguez, sufrió también daños en su domicilio y sobre todo en el asalto al Círculo Agrario, cuyo edificio le pertenecía. Los testigos de este asalto, el joven de 15 años Juan Morgado Martín y el conserje Juan Rodríguez Ponce coincidieron en sus declaraciones en que la mayoría de los asaltantes «ya habían muerto». Otros afectados que declararon fueron Manuel Verano Abreu, que tuvo que aceptar vales del comité en su tienda por valor de 20.000 ptas., y Juan Muniz Verano, detenido igualmente y cuya casa y cantina fueron asaltadas. Las acusaciones vertidas en estas y otras declaraciones –salió hasta quien asaltó el cepillo de la Virgen de la Bella– no se sostenían sino en el rumor. Ninguno de los declarantes había visto nada, bien por estar detenidos o por estar encerrados en casa o fuera de la población, y las primeras declaraciones, las obtenidas por la Guardia Civil, carecían de valor jurídico alguno; por otra parte tampoco podían declarar los principales acusados, los considerados instigadores, por la sencilla razón de que sin pasar por juez ni juzgado alguno habían sido asesinados en las semanas posteriores a la ocupación del pueblo. Entre ellos Juan Manuel Santana Suárez, alcalde y presidente de la UGT; Francisco Vides, presidente de la CNT, y otros dirigentes obreros como José Conde Cordero, Cipriano Martín Landero y Manuel Guerrero Gómez, vicepresidente y secretario de la CNT.
El 12 de noviembre se cursaron órdenes de detención y petición de traslado a la Prisión Provincial que afectaban a veintidós personas (señaladas con un asterisco en el listado anterior). Una semana después la Comandancia Militar de Lepe y el gobernador Haro Lumbreras comunicaron al juez instructor que los presos habían sido ya trasladados a la Prisión Provincial.
En los últimos días de noviembre los afectados por los daños causados en los días rojos ofrecieron valoraciones de las pérdidas sufridas, empezando por el cura (sobre 500.000 ptas., que luego rebajó) y terminando por Infante (25.000 ptas.), Toresano (8.000 ptas.), el Centro Agrario (5.700 ptas.), Muniz Verano (349 ptas.) y Verano Abreu (203 ptas.). Unos días después se practicaron nuevas detenciones (señaladas con dos asteriscos), y los consiguientes traslados a la Prisión Provincial, donde se practicaron numerosas diligencias de careo que poco o nada aclararon salvo desquiciar y enfrentar a los detenidos. Los primeros informes personales de la Guardia Civil llegaron al instructor en plena Navidad:
En cumplimiento a su superior escrito de fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a V. sobre la filiación política del Maestro de Escuela D. Juan Luis Freniche Sánchez los extremos siguientes: Que políticamente era en esta localidad el representante del partido de Izquierda Republicana (AZAÑA), pertenecía a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y durante el movimiento revolucionario actuó en nuestro pueblo como Presidente del Frente Circunstancial, iba y regresaba con frecuencia en un coche que se supone fuera requisado, a la playa de Las Antillas, situada a unos 5 kms. dentro de este término municipal con objeto de ver a su novia que se encontraba de veraneo en dicha playa; en este pueblo se le veía con frecuencia dando órdenes e instrucciones, publicó un Bando escrito a máquina e hizo uso del teléfono de esta casa Cuartel poniéndose en comunicación con los elementos extremistas de Huelva. 2.° José Camacho Rodríguez «El de la Ruperta», Juan Fernández Muñoz «Juan el de la Huerta», Enrique Ramírez Acosta y Rafael Villegas de Acosta actuaron de milicianos prestando servicios con escopetas; y Manuel Silveira Prieto desempeñaba el cargo de Primer Teniente Alcalde (SOCIALISTA), secretario de la llamada Casa del Pueblo y formó parte también del Frente Circunstancial; visitó con frecuencia a la familia que habita en esta casa-cuartel sin poderse precisar en aquellos momentos el objeto de su visita y clase de protección ya que no lo manifiesta, pues, debido a que el interesado tiene su domicilio frente a la casacuartel sus visitas no podían infundirles a los moradores sospecha alguna en los pasados días anárquicos, antes al contrario, confiaban en él.
El informe se extendía igualmente en el caso de Manuel Jiménez Díaz: «Es público que le saltó los ojos a la Virgen de la Bella, diciendo que ya quedaba para vender cupones». Añadía que, posteriormente, yendo en coche cerca de Cartaya, fue tiroteado por error por varios izquierdistas de dicho pueblo, a consecuencia de lo cual quedó ciego. De poco sirvió que en diferentes ocasiones Manuel Jiménez declarara que nada tuvo que ver con los destrozos causados a la imagen. La historia era del gusto de la derecha y tendría larga vida, al igual que otras similares sobre cojos y mancos, surgidas en otros pueblos por idénticos motivos.12 Sobre Joaquín Santana Suárez, el informe reconocía que recogió en el Ayuntamiento telas robadas en el comercio de Alejandro Muniz y que tuvo «un comportamiento muy noble» con los detenidos; no obstante se decía que fue uno de los encargados de incautar trigo. Finalmente se mencionaba al «sujeto» José Carrillero Martín, acusado de participar en los destrozos de las iglesias de la zona, por lo cual «le fue aplicado el Bando de Guerra en los primeros días de agosto».
En este momento la instrucción sufrió un gran parón provocado por el reajuste general realizado en toda la zona controlada por los sublevados en lo relativo a la represión y a la maquinaria judicial militar. Dicho cambio se inició en noviembre con dos importantes medidas: la primera legislación sobre la inscripción legal de los desaparecidos y la creación de la Fiscalía del Ejército de Ocupación, cuyo mando recayó en el jurídico militar de la II División Felipe Acedo Colunga, conocido por su dureza en consejos de guerra tan señalados como el de las autoridades civiles y militares de Huelva –el primero de este tipo de los celebrado en el territorio de Queipo– o el del diputado socialista Juan Gutiérrez Prieto, todos ellos resueltos, como ya se ha dicho, con condenas de muerte ejecutadas al aire libre en los primeros días de agosto, al mismo tiempo que se iniciaba la gran matanza al amparo de la noche en las cunetas y paredones de los ya extensos dominios de Queipo. Acedo Colunga utilizaba además en sus memorias anuales la expresión desinfectar el solar español para definir la misión de la Justicia Militar.
El instructor concluyó el auto a finales de marzo del 37. Comenzaba así:
Que en la Villa de Lepe, provincia de Huelva, el día 18 de julio último, las masas populares alentadas y capitaneadas por el Alcalde Juan Manuel Santana Suárez, ya fallecido por aplicación del Bando declarando el estado de Guerra, y otros dirigentes de las organizaciones marxistas de la localidad, se hicieron dueñas del pueblo, montando guardias para vigilar las comunicaciones y edificios, así como a las personas de significación derechista, en cuya actitud permanecieron hasta el 21 del expresado mes, en que después de detener a las personas de derecha, las turbas comenzaron a desbordarse, cometiendo incendios, destrozos, robos y saqueos en la Iglesia Parroquial...
En diferentes resultandos se detallaban los supuestos culpables de los destrozos, primero de la iglesia, luego del casino y finalmente de los comercios y casas particulares. El 3.° de los resultandos decía:
Que como dirigentes de tales asaltos, saqueos y destrozos, a la par de como participantes en dichos actos de violencias figuraron el que era Alcalde de Lepe Juan Manuel Santana Suárez, el Presidente del Sindicato Francisco Vides Conde, el directivo de la CNT Cipriano Martín Cordero, así como Francisco Muriel Rodríguez «Fondo», José Conde Cordero «Piojito», Manuel Rodríguez Guerrero, Francisco Camacho Fernández «Marra», Manuel Camacho González «Campiña», Antonio Florencio Santana «Zosquino», Manuel Nieves Povea, José Isidro Trinidad «Cuneto de Sopa», Manuel Cordero Morgado «Porrón», Manuel Ramírez Carballo, Manuel Mendoza González «Correa», Cristóbal Rodríguez Cáceres, Andrés Peña Palma, Manuel Pacífico Camacho «Tinoco», Juan Santana Prieto, Manuel Villegas Reina y Manuel Cortés Prieto «Chaparro», todos fallecidos por aplicación del bando declarando el estado de Guerra.
Después se enumeran los que hicieron los guardias, los encargados de los víveres, los que actuaron de enlace, los que transportaron alimentos, los tres que se vistieron con ropas religiosas o los dos que pusieron un cigarro de papel en la boca de la imagen de San Pedro paseándola por la plaza, y los simples escopeteros. El octavo resultando estaba dedicado a Juan Luis Freniche Sánchez y a Manuel Silveira Prieto, ambos miembros del Comité Circunstancial y respectivamente presidente de Izquierda Republicana y primer teniente de alcalde. También se aludía a las requisas de trigo y a los objetos encontrados en los registros domiciliarios. En los considerandos se establecían, según la responsabilidad, tres tipos de delitos: rebelión militar (veinte personas), auxilio a la rebelión (treinta y una personas) y hurto (cuatro personas). El considerando cuarto exponía que «puesto que la muerte extingue la responsabilidad penal, forzoso es reconocer la caducidad de la contraída por los paisanos...», tras lo cual se leía nuevamente el listado de personas asesinadas hasta ese momento. Finalmente el quinto considerando dictaba prisión preventiva para cincuenta y cinco personas.
El sistema por el que fueron tomadas las declaraciones –lectura de supuestas acusaciones tomadas de otros detenidos, algunos de ellos ya muertos– motivó un terrible cruce de historias que desbordó al propio instructor, quien en sus informes, dadas las edades tempranas de muchos de los detenidos, debía reconocer que muchas de las acusaciones se debían a «disgustos de muchachos». El instinto de supervivencia causó estragos. Prueba de ello es un largo informe del instructor en el que nombre a nombre se detallan los acusados y los cargos: Juan Santana Suárez (no se trata del alcalde), Antonio Lorenzo Orta, Antonio Rodríguez Rodríguez, Juan Camacho Ponce, Manuel Jiménez Díaz, Francisco García Orta, José Maestre Camacho, Juan Oria Márquez, Juan Martín Rodríguez, Andrés Conde Cordero, Francisco García Díaz, Andrés González Gómez, etc. Uno destrozó el órgano, otro la puerta del cuarto de los cirios, otro los ojos de la imagen de la Virgen, otros se llevaron tubos del órgano, otro mató gallinas, otro se llevó cosas de alguna tienda..., pero eso sí, a ninguno se le ocurrió asesinar a los elementos de orden de la localidad, siempre protegidos por las autoridades. Uno muy joven se presentó en su casa con uno de los tubos del órgano y decía en su declaración que cuando su padre lo vio llegar a casa se lo rompió en la cabeza. Especialmente dramático fue el caso de José Cordero Camacho y Francisco Santana Oria, quienes fruto del sistema de interrogatorios cayeron en la trampa de acusarse mutuamente de colocar un cigarro de papel en la boca de la imagen de San Pedro. Les costó la vida. Hubo muy pocos acusadores, por lo cual casi todos los cargos se basaron en los informes de la Guardia Civil o de la Alcaldía, que a su vez procedían del rumoreo local.
A consecuencia de las diferencias surgidas entre los acusados, es uno de los pocos consejos de guerra de la época en el que hubo varios defensores, hecho carente de toda importancia si tenemos en cuenta que en la representación judicial-militar predominaba la intención ejemplarizante orientada a neutralizar a la sociedad civil. Los defensores, por ejemplo, no siempre se ponían en contacto con sus defendidos y, por sistema, aunque el fiscal hubiera solicitado una docena de penas de muerte, pedían la absolución.
A día 9 de agosto de 1937 el instructor de los «sucesos de Lepe» solo había podido documentar la defunción de cuatro personas, tres de ellas «eliminadas por aplicación del Bando de Guerra», según el informe del juzgado, y fallecidas «a consecuencia del Movimiento Nacional», según la inscripción del Registro. Se trataba del alcalde Juan Manuel Santana Suárez y de José Isidro Trinidad, José Conde Cordero y Francisco Sánchez Falla, «no pudiendo remitirse otras (certificaciones) por no haber sido inscritos»:
Sánchez Falla, de 43 años, fallecido en Lepe el 9 de septiembre e inscrito el 23 de marzo de 1937.
Santana Suárez, de 43 años, fallecido en Cartaya el 4 de septiembre de 1936 e inscrito el 12 de abril de 1937.
Conde Cordero fallecido en Huelva el 3 de agosto a los 26 años e inscrito el 24 de mayo de 1937.
La otra certificación que mandó el médico fue la de José Isidro Trinidad. Se leía en ella que falleció a la edad de 47 años en la Casa de Socorro el día 9 de septiembre de 1936 «a consecuencia de fractura de la bóveda iradiada de la base», siendo inscrito al día siguiente.13 A continuación se relacionaban 18 nombres de personas eliminadas cuyas muertes el instructor no pudo documentar:
Camacho Fernández, Francisco
Camacho González, Manuel
Camacho Tinoco, Manuel Pacífico
Cordero Morgado, Manuel
Cortés Prieto, Manuel
Florencio Santana, Antonio
Maestre Muriel, Francisco
Martín Landero, Cipriano
Mendoza González, Manuel
Muriel Rodríguez, Francisco
Nieves Poves, Manuel
Peña Palma, Andrés
Ramírez Carballo, Manuel
Rodríguez Cáceres, Cristóbal
Rodríguez Guerrero, Manuel
Santana Prieto, Juan
Vides Conde, Francisco
Villegas Reyes, Manuel
El consejo de guerra tuvo lugar finalmente el 24 de agosto de 1937, influyendo evidentemente en sus resultados el renovado clima de violencia que se vivía en la provincia a consecuencia del cada vez más acuciante problema de los huidos14 y de la consiguiente declaración del estado de guerra en la mitad de la provincia. La sentencia empezaba:
Que declarado el Estado de Guerra en todo el territorio de esta Segunda División Orgánica el día diez y ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, a partir de esta fecha los revolucionarios marxistas de la villa de Lepe se alzaron en armas y formaron un Comité Circunstancial de Defensa compuesto por los partidos del Frente Popular...
RESULTANDO: (...). JUAN LUIS FRENICHE SÁNCHEZ, marxista, ateo y de malos antecedentes políticos, Presidente del partido de Izquierda Republicana y Maestro de Escuela en Lepe, que estuvo adherido a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza afecta a la UGT, fue Presidente del Comité Circunstancial de Defensa y como tal actuó, dio órdenes, repartió y recogió armas, asistió a reuniones y publicó Bando, si bien en éste, de acuerdo con la ideología de su partido y la táctica hipócrita del mismo, procuró atenuar los efectos de la rebelión por él incubada con tanto calor y dirigida en los días que la villa vivió bajo el dominio rojo.
Y concluía:
FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos como autores del delito de Rebelión Militar con las agravantes de grave daño y trascendencia del hecho a la pena de muerte a los procesados Juan Luis Freniche Sánchez, Manuel Silveira Prieto, Antonio Lorenzo Orta «Casita», Antonio Rodríguez Rodríguez «Pirulí», Juan Camacho Ponce «Talliscón», Francisco García Díaz «El Galano», Andrés González Gómez «Costero», José Cordero Camacho «Hermenegildo», Francisco Santana Ortiz y Alejandro Mendoza Prieto. Como autores del mismo delito y con la concurrencia del mismo agravante y de la atenuante de la menor perversidad demostrada a la pena de reclusión perpetua a los procesados Juan Santana Suárez «Valentín», Juan Martín Rodríguez «Gaita», Andrés Conde Cordero, José González Camacho «Puyita», Manuel Tenorio Martín «El Gorrión», Francisco Donoso González, José Donoso González, Manuel Ortiz Palma «Valeria», José Peña Pérez «Carnicero», María Ignacia de los Santos, Rafael Santana González «Relevo», José García Álvarez «El Chasca» y Cayetana Castañeda Oria. Como autores del mismo delito y con la concurrencia de la circunstancia de menor edad penal a la pena de veinte años de reclusión menor a los procesados Francisco García Orta «Chasca», José Maestre Camacho y Antonio Vázquez Mena «Soplá». Como autores del delito de Auxilio a la Rebelión con la concurrencia de atenuante a la pena de doce años y un día de reclusión menor a los procesados Ignacio Pérez Sousa «Morita», Josefa Martín Cordero «Alcatrá», Francisco Morales Carrasco, Manuel Aguaded Tinoco y Joaquín Santana Suárez, a todos los condenados para caso de indulto de la última pena a las accesorias legales y en todo caso a los que se condenan a pena privativa de libertad, así mismo a la responsabilidad civil que se determine en el periodo de ejecución de sentencia a todos ellos, y que debemos absolver y absolvemos libremente a los procesados Juan Manuel Oria Márquez «Tapagujeros», Manuel Cortés Vela, Rafael González Cordero «Piloto», Manuel Medina Acosta «San Pedro», Francisco Dacosta Martín «Vareta», Juan Pérez Franco «Matarratas», Manuel Peña Pérez, Daniel Rodríguez Camacho «Cocina», Antonio Leiva Flores, Rafael Villegas Acosta «Tejero», José Pérez González «Purrio», Rafael Gutiérrez Anselmo, Manuel Martín Rodríguez «Conejera», Enrique Ramírez Acosta «Hijo del Trompero», Juan Fernández Muriel «El de la Huerta», José Greña Barba «Hijo de la Ruperta», Manuel Toscano Martín-Cano «Misericordia», Antonio Camacho Rodríguez «Matilde», José Camacho González «Cagadulce», Cayetano Oria Gómez «Culón» y Cayetano Rodríguez Madrigal.
Fueron condenados a muerte:
Camacho Ponce, Juan, 18, campesino
Cordero Camacho, Juan, 24, campesino
Freniche Sánchez, Juan Luis, 24, maestro
García Díaz, Francisco, 33, campesino
González Gómez, Andrés, 26, campesino
Lorenzo Orta, Antonio, 41, campesino
Mendoza Prieto, Alejandro, 37, marinero
Rodríguez Rodríguez, Antonio, 37, zapatero
Santana Ortiz, Francisco, 25, campesino
Silveira Prieto, Manuel, 32, carpintero
El fusilamiento tuvo lugar el 3 de septiembre de 1937 a las 6 de la mañana en los muros del cementerio de la Soledad y fue ejecutado por piquetes de la Guardia Civil. Con ellos fue también fusilado, entre los veintidós de ese día, Cándido Caro Valonero, el último alcalde republicano de Zalamea La Real. Otros catorce encausados fueron condenados a reclusión perpetua. Uno de ellos, Juan Santana Suárez, sería indultado en marzo de 1938 por su espontánea colaboración inicial y por su actuación dentro del Requeté. De los restantes, tres fueron condenados a 20 años y cinco a 12 años; los demás, unas veinte personas, fueron absueltos.
Veamos las razones de las diez condenas a muerte:
– Juan Camacho Conde fue fusilado por un solo testimonio que aseguró que intervino en los destrozos de la iglesia.
– José Cordero Camacho fue fusilado por haber puesto un cigarro de papel en la boca de una imagen.
– Contra Juan Luis Freniche Sánchez solo pudo obtenerse la acusación de un muchacho de 16 o 17 años, quien se limitó a decir que fue presidente del Frente Circunstancial. No obtuvieron ni un solo testimonio acusador que lo considerara dirigente o responsable de los sucesos de Lepe. Luego se tratará más ampliamente este caso.
– Francisco García Díaz fue condenado a muerte por participar en el saqueo de una tienda.
– Andrés González Gómez fue acusado por alguien de asaltar una tienda, pero este acusador «no vio que la asaltara».
– Antonio Lorenzo Orta fue acusado por alguien de destrozar los cirios, «negando los hechos a pesar de estar afiliado a la UGT».
– Alejandro Mendoza Prieto solo fue acusado de hacer guardias y de asalto a tiendas.
– Antonio Rodríguez Rodríguez fue acusado exclusivamente y por una sola persona de destrozar cirios.
– Francisco Santana Ortiz fue fusilado, como su compañero Cordero Camacho, por lo del cigarro.
– Manuel Silveira Prieto no fue acusado de nada, aparte de ser teniente de alcalde socialista. No lo salvó ni el testimonio de la propia Guardia Civil, vecina de su casa y a la que ofreció su ayuda y protección.
Es decir, se eliminó a dos dirigentes (Freniche y Silveira), a cinco acusados de los destrozos de la iglesia (Lorenzo Orta, Rodríguez, Camacho, Cordero y Santana) y a tres más a los que se responsabilizó de los asaltos a tiendas, aunque concretamente uno de ellos, Francisco García Díaz, fue acusado de «pedir la cabeza» de un influyente propietario derechista. Visto el sumario, la conclusión era imprevisible, igual posibilidad había de absolverlos a todos como de fusilar a dos docenas. Resulta evidente el carácter ejemplarizante del terrible castigo sobre personas inocentes o sobre las que, en cualquier caso –los implicados en asaltos y destrozos–, hubieran recaído multas o penas de prisión. Y más aún si se tiene en cuenta que por idénticos motivos por los que unos perdían la vida otros eran condenados a prisión. Pero resulta evidente que la arbitrariedad fue componente fundamental de la justicia impartida por los vencedores.
En todos los pueblos de la provincia se tuvo conciencia de lo que se vino en llamar «la segunda vuelta». Ciertamente, en las serranías del centro y norte de la provincia, sobre todo en torno a la Pata del Caballo, Valverde y Aroche, los huidos dieron muchos problemas durante largo tiempo. Ocurre sin embargo que con el pretexto de terminar con los huidos y sus bases de ayuda se aprovechó para realizar lo que se conoció como «la segunda vuelta». Estas operaciones revelaron su verdadero carácter en los pueblos donde no existían ni sierras ni huidos, caso de Rociana o Lepe.
EL CASO DEL MAESTRO JUAN LUIS FRENICHE SÁNCHEZ
Como máximo responsable local de Izquierda Republicana y como miembro del Comité o Frente Circunstancial surgido a consecuencia del golpe militar, Freniche Sánchez, de 24 años de edad, estaba en el punto de mira de la derecha local desde que se ocupó el pueblo. Los enemigos le venían del propio Lepe y de Ayamonte, donde residió hasta 1933 y trabó estrecha amistad con el también maestro socialista y exmasón Manuel Moreno Ocaña, una de las bestias negras de la derecha onubense.15 En su favor actuaba un importante elemento: su noviazgo con Antonia Muniz Marruz, hija de José Antonio Muniz Verano, nieto del político liberal Alejandro Verano Madrigal, líder del Partido Reformista de Lepe en 1915 y ahora jefe local de Acción Popular. Es indudable que fue esto lo que, a pesar de ser detenido el 29 de julio, lo mantuvo con vida durante el verano del 36 y lo que llevó al gobernador militar Gregorio Haro Lumbreras en octubre de ese año a abrir un expediente «en averiguación de la conducta observada por Freniche Sánchez». Lo cierto es que la simple existencia de Freniche constituía una provocación para los elementos de orden de Lepe.
Declararon una vez más los derechistas detenidos y también gente que había tenido relación con Freniche en Ayamonte, caso de falangistas originarios de esta localidad como Gonzalo Rodríguez Centeno, Baltasar Pérez Toscano, Tomás Martín Bernabeu y Manuel Prieto Camacho. Cuando los testigos no querían problemas se limitaban a exponer generalidades que a nadie comprometían. Entre los derechistas detenidos prestaron declaración Manuel Ovando Ríos (juez municipal), Felipe García Sánchez-Barco (alcalde y farmacéutico), José Infante Rodríguez o Genaro Acosta Rodríguez. En algunos se percibe que deseaban rodear la figura de Freniche por las connotaciones familiares que tenía. Sin embargo mostraron abiertamente su apoyo a otros dirigentes izquierdistas, caso de Joaquín Santana Suárez, quien formó un grupo armado para la defensa de los detenidos, iniciativa que incluso le llevó a exponer su propia vida. Algunos no olvidaban que, para mayor seguridad, los presos fueron recluidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde no solo fueron tratados con respeto, sino que incluso se les permitió disponer de guardias de su confianza, algunos de ellos falangistas. Y detrás de esa decisión había estado Freniche. A otros responsables de esa actitud, como el alcalde, no los mencionaron por no existir ya y por no buscarse problemas, pues ¿para qué hablar bien de personas a las que en teoría se les había aplicado merecidamente el bando de Queipo? Así pues nadie agradeció nada a los socialistas, cenetistas y republicanos a cuya protección debían la vida. Tan convencidos de su inocencia estaban estos que ni huyeron.
Entre los testimonios a favor de Juan Antonio Freniche destacaron el de José Antonio Muniz Verano, «a pesar de la diferencia de ideales», y el de su hija Antonia. También los de Manuel Verano Abreu y Julián Contreras Camacho. José Ojeda Reyes, que se refirió a la influencia ejercida por el maestro ayamontino Moreno Ocaña sobre Freniche, dijo que a pesar de ello ya hacía tiempo que era «más de orden». El cura Fernando del Molino, que catalogó a Freniche de «fanfarrón y vanidoso pero sin maldad», reconoció que no obstante su ideología solía acompañar a su novia a la puerta de la iglesia. Del Molino Abreu era también natural de Ayamonte. Otros testigos citados en su defensa le fallaron totalmente. Uno de los detenidos se limitó a tacharlo de «presuntuoso»; otros informaron negativamente. Un escrito de la Alcaldía de Ayamonte decía que «según parece sus ideales eran comunistas y su conducta moral nada buena, dejando mucho que desear». La inspectora de enseñanza Beatriz Guillén fue más escueta, limitándose a decir: «Es ateo».
Una declaración inusual fue la del guardia civil Carlos Galice Mancera, quien centró su testimonio en cierto bando del que nadie parecía acordarse. Galice afirmó que Freniche, como presidente del Frente Circunstancial, participó con otras autoridades locales en la edición de un bando donde se animaba a restaurar la normalidad y a contener los excesos. Como no aparecía ningún ejemplar de dicho bando, el instructor pidió al guardia civil que lo intentase reconstruir mentalmente y se lo enviase por escrito. El resultado, un escueto borrador, decía:
Don Juan Freniche Sánchez, Presidente del Frente Circunstancial en defensa de Lepe, hago saber: Artículo 1.° = Todos los obreros se reintegrarán a sus respectivas faenas. Artículo 2.° = Los comerciantes no alterarán los artículos alimenticios en sus precios ni en las medidas y pesos. Artículo 3.° = Los que aprovechando las circunstancias cometieran raterías y destrozos en propiedades, arbolado o ganadería deben ser denunciados. (El bando, sin firma alguna, constaba de tres sellos, los de Izquierda Republicana, la Unión General de Trabajadores y el Comité Comunista de Lepe).
Ninguno de los izquierdistas del pueblo dijo nada en contra de Juan Luis Freniche. Incluso se llegó a demostrar que antes de enero de 1936 se había dado de baja en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, una de las graves losas que pesaban sobre su reputación. Además nadie entre los izquierdistas detenidos lo identificó como dirigente de los sucesos de Lepe ni interviniente en detenciones ni en saqueos. Pero daba igual, pues todo el proceso contra Juan Luis Freniche evidenciaba que previamente ya se había tomado una decisión.
El último asalto a la memoria del maestro Juan Luis Freniche Sánchez se llevó a cabo en 1968, treinta y un años después de su muerte. Ese año el canónigo de la catedral de Sevilla Juan Ordóñez Márquez vio publicado su trabajo titulado La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva. Allí, en la página 102, podía leerse en referencia a Lepe:
El Magisterio local se había corrompido en medio de aquel ambiente. Un maestro masón secundó las prescripciones republicanas contra el crucifijo en las escuelas. Lo hizo a todo rito: poniendo el crucifijo sobre el suelo, hizo desfilar a todos los niños por encima, pisoteándolo.
La morbosidad nacional-católica hizo que por casi todos los pueblos circularan historias tremebundas como esta de los niños en fila pisoteando crucifijos o como aquella del maestro que encierra en un cuarto a un niño y le dice que pida a Dios o a la Virgen que lo saquen de allí; como nada ocurre el maestro vuelve a decir al niño que se lo pida ahora a él, tras lo cual, henchido de diabólica perversidad y entre grandes risotadas, le abre diciendo al liberado y a sus compañeros «¡Veis como Dios no existe!». Estas historias y otras más virulentas fueron esparcidas por el Servicio de Propaganda a lo largo y ancho de los territorios ocupados. En un primer momento se contaban en un lugar como si hubieran ocurrido en otro relativamente lejano, pero con el paso del tiempo y a medida que los vencedores se iban apoderando de la memoria del pasado se convirtieron en viejas historias de cada localidad. De cualquier forma, Ordóñez Márquez sabía perfectamente cuando escribió su obra que, al igual que Moreno Ocaña abandonó la masonería a comienzos de la República, el maestro Freniche ni fue masón ni obligó nunca a niño alguno a realizar semejantes estupideces.16
Contamos, excepcionalmente,17 con unas veinte cartas que Juan Luis Freniche escribió a Antonia Muniz entre febrero y agosto de 1937. Para mediados de febrero del 37, fecha de la primera carta, Freniche llevaba ya casi siete meses en la Prisión Provincial. Harto de la situación, era ya para entonces fácil víctima de depresiones, de las que solo el recuerdo de Antonia Muniz lograba sacarlo. El simple pensamiento de que si todo hubiera seguido su curso ya estarían casados le amargaba la vida en aquella celda, agarrándose a las cartas de ella como si de balsas se trataran: «ten siempre, por mucho que la fatalidad nos persiga, la seguridad de que el cariño de tu chatilla es inquebrantable». Pero inmediatamente le absorbía la imagen obsesiva de cómo habría sido su vida si todo hubiera seguido su curso: su pueblo, los días en la playa, los proyectos comunes..., «Algún día bien cumplida la condena o absuelto por el Consejo de Guerra que me ha de juzgar…», se repetía incansablemente. La mente del maestro Freniche, ante la horrible realidad que le rodeaba, huía constantemente hacia el pasado añorado o hacia el futuro deseado. «Hace poco ha ingresado en esta prisión otro maestro más; está en el Departamento de Políticos, conmigo. La novia también está detenida. ¡Qué felicidad!», decía en junio.
Ciertos comentarios y la urgencia cada vez mayor con la que Juan Luis Freniche urgía a su novia a que lo visitara nos permiten imaginar la terrible experiencia por la que igualmente hubo de pasar Antonia Muniz, quien, aunque amparada por su familia, hubo de padecer el ambiente violento y sofocante del pueblo, cargado de muerte y violencia, y el no menos agobiante del entorno carcelario. Freniche acabó reduciendo su vida a sus cartas, a los encuentros personales y al mundo de los sueños, que cada día lo transportaban donde quería. Cada vez más, la vuelta a la realidad era peor. «No me cabe duda de que me quieres con sinceridad hoy en mi ocaso, en las sombras de la cárcel, como ayer me quisiste cuando la vida me sonreía, y como me seguirás queriendo mañana, cuando vuelva a tu lado para no separarme más de ti». Era ya julio del 37 y recordando los veranos en La Antilla decía: «La playa, la playa; la cárcel, la cárcel. ¡Qué contraste!». Le estallaba en la cabeza el recuerdo de aquel día en el que, sentados en la arena ante la casa de los Muniz, vieron a lo lejos acercarse a un hombre. Aquel hombre, al que ni siquiera conocían, «resultó ser un fascista» que se dirigió a él y le dijo que le acompañara. «No puedo seguir porque la pluma me tiembla», añadía, y de pronto soñaba que todo aquello era un mal sueño del que iba a despertar sentado en la playa junto a su novia un día de julio del 36... Entonces volvía a la realidad e imaginaba lo que haría al salir. Un pensamiento sin salida le venía a veces: «el dolor de verse privado de libertad sin motivo», pero rápidamente lo apartaba. Era preferible soñar. Preocupado por la continuidad de su relación afectiva con Antonia Muniz, prefería eliminar de su cabeza el consejo de guerra e imaginarse en una situación posterior con la condena, que imaginaba breve, ya cumplida. El resto del tiempo, aprovechando que algunos de sus compañeros eran telegrafistas, lo dedicó a aprender morse o a forrar con hilos de colores la cajita de madera que Antonia Muniz conservaría durante toda su vida.
A mediados del 37 empezó a preocuparse por el consejo de guerra, confiado en la defensa que había de hacer el abogado Manuel de Mora Romero. Aunque contemplaba que lo liberaran inmediatamente, admitía como posibilidad alguna condena, que en su caso, sin antecedentes y con buenos informes –creía él–, sería mínima. Y nuevamente remontaba el vuelo y se veía recogiendo conchas en la bajamar en los largos días del verano. «Voy al Consejo de Guerra, aunque conducido por la Guardia Civil y esposado, con tranquilidad de conciencia. Nada he hecho y sentarme en el banquillo de los acusados no me denigra. (...) Nuestro cariño me da fuerzas para continuar por este jardín de espinas». Aunque se le dijo que faltaba una semana para el consejo de guerra, todo se alargó un mes más. Días terribles por los que atravesó siempre con la foto de Antonia junto al corazón. «Ya supongo que estarás morenita, bronceada, como te vi aquella vez que regresé de Madrid. (...) Aquí hace un calor sofocante, un calor que molesta. Ningún airecillo, ninguna brisa. ¡Qué bien se estará en la playa, a la frescura del mar, en la orilla a las horas de la brisa!». Ya en esos días de finales de julio Juan Luis Freniche empezó a repetir(se) dos ideas: que por encima de toda condena lo importante era salvar la vida y que las condenas por motivos políticos nunca se cumplían totalmente: «Somos presos políticos y en ningún país los presos políticos cumplen sus condenas». Y siempre y sobre todo su Antoñita, a la que ya adelantaba que en julio del 38, ya casados, recordarían como lejanos y borrosos los dos julios anteriores y brindarían.
Por estos días Antonia Muniz cumplió 23 años. «No pienses, alma mía, en el Consejo», le repetía Juan Luis Freniche, quien a estas alturas seguía sin saber por qué había sido detenido y de qué se le acusaba. El paso por prisión del jefe de la Policía de Ayamonte le aclaró que, al contrario de lo que se rumoreó en el pueblo, la acusación no procedía de allí. «¿Qué he hecho yo? Me hago tantas veces esta pregunta que nadie me contesta que ya he desistido de repetirla». A mediados de agosto Juan Luis Freniche cayó en un profundo desánimo. Convencido de que habría de sufrir una fuerte condena intentó aplacar el ansia de libertad que lo consumía; la posibilidad de ser condenado a muerte ni se le planteaba. La declaración de zona de guerra de parte de la provincia modificó considerablemente el panorama vital de los presos. El incremento de detenidos provocó la llegada de nuevo personal desde Sevilla y la aceleración incontrolada de los sumarios pendientes. «Ya puedes imaginar mi preocupación, pues yo soy sensible, muy sensible a todo». Al día siguiente, 17 de agosto, decía: «los días me son amargos, muy amargos; las inquietudes muchas». Y cada vez más el pensamiento central: «no te desanimes porque mi permanencia en Prisiones se prolongue, lo principal, lo principalísimo en estos momentos es salvar la vida, poder vivir». Esta pavorosa evolución desde la seguridad de que quedaría libre a la toma de conciencia sobre la larga condena que habría de sufrir, hasta finalmente el simple deseo de conservar la vida, debió de resultar evidente para Antonia Muniz. Intentando asirse a algo, una y otra vez volvía a repetir lo de los delitos políticos y la llamada constante: «¿Cuándo vas a venir? No tardes, alma mía, que eres mi mayor consuelo, el alivio más grande».
La última carta que se conserva de las que mandó a Antonia Muniz, de 18 de agosto, dice:
Me han procesado por «Rebelión Militar» y yo por más que busco detalles, por más que intensifico los recuerdos, no viene a mi memoria ningún hecho por mí cometido para estar encerrado y menos para que se me juzgue. Los que calumniándome, los que aprovechando los momentos actuales dieron riendas sueltas a venganzas personales, por medio de denuncias e informes falsos, tronchando así una felicidad, tendrán que sonrojarse si el Tribunal proclamara mi inocencia.
Consciente de que «el ambiente había variado», Juan Luis Freniche vivió amargado los días que precedieron al juicio. Todo contribuía a sofocar su existencia salvo la ayuda y atención constante de su querida Antonia, a la que dedicó sus últimos recuerdos:
Volveremos, alma mía, a estar juntos para siempre; volveré yo a tu lado a limpiar de tus mejillas los surcos hechos en este largo tiempo por esas lágrimas de amor. Yo quisiera, vida mía, sufrir yo solo, no contarte mis pesares, pero no puedo...
De las cartas de despedida que debió de escribir ante de su asesinato contamos con la que dirigió a sus padres:
Mis queridísimos padres y hermanos: siento grandemente el dolor tan intenso que sufrís ante mi situación tan desesperada. Nunca pude pensar que siendo inocente se me condenara a una pena tan dura como irreparable (el Tribunal me ha condenado a tres penas de muerte). Más que mi amargura, llevo la vuestra, más que mis dolores, llevo los vuestros. No soy responsable ni de mis desgracias ni de vuestras lágrimas. Esto es un consuelo ya, impone un poco de alivio. Yo nunca me hubiese personado si la causa de mi desgracia, y de la vuestra por lo tanto, me la hubiese buscado yo. Pero no. No es así. Yo soy inocente, soy inocente. No hay pruebas que puedan hacerme culpable de tal o cual hecho. Son las pasiones pueblerinas, son las ambiciones, las causas de todos mis males.
Siempre tuve una conducta pura, limpia como la luz del día. Siempre en el estudio y en los deseos de superarme más, de haceros felices a vosotros, guié mis pasos. Y cuando empezaba a corresponder a vuestros sacrificios, la fatalidad me persigue y en estos instantes que lo veo todo tan triste, en los mismos días de la terrible petición fiscal en el Consejo de Guerra, condenado a muerte, sólo os pido que no guardéis rencor ni odio a aquellos que son los causantes de mi desgracia. Compadecerlos solamente, pues son unos pobres hombres que en su conciencia llevarán toda la vida el estigma de lo que han hecho. Ya tienen bastante. Huelva entera vibra, todas las clases sociales saben de mi inocencia, y esto ya es bastante.
A ti, hermano, que nunca trates por acaloramiento, etc. etc. de vengarme, aguarda tiempos y si algún día es propicio, sólo pide justicia, no sólo para mí, para todos los que hemos derramado la sangre por defender la libertad.
Recibid un millón de besos y abrazos de vuestro hijo y hermano que os lleva en lo más hondo del corazón.
Juan Luis Freniche Sánchez fue asesinado en la madrugada del día 3 de septiembre de 1937 en el cementerio de la Soledad. Tenía 24 años. De las semanas siguientes, Antonia Muniz conservó varias cartas de la familia de Juan Luis, de su padre y de sus hermanos Casimiro –«queridísima e infortunada cuñada»– y José, el más pequeño –«mi queridísima y desventurada Antoñita»–. El padre, José Freniche, destrozado, afirmaba en una de las cartas que eran dos los seres que había perdido, «porque no sólo he perdido a mi Juanito (q.e.p.d.) sino también a ti a quien quería y quiero con toda mi alma, porque te lo mereces por lo buena y santa que eres, Dios te lo premiará si es verdad que lo hay».
LA LIMPIEZA CONTINÚA: DEPURACIÓN DE LOS DÍAS ROJOS (II)
El mismo día 24 de agosto en el que se celebraba el anterior consejo de guerra y se dictaba sentencia se iniciaron las actuaciones de otra nueva causa en la que fue nombrado instructor el capitán Enrique García Romeu. Podría considerarse como una causa desgajada de la anterior. Bastaría decir que al comienzo del expediente constan a modo de antecedentes una serie de extractos de las declaraciones tomadas por la Guardia Civil en agosto de 1936, al término de los cuales se confirmaba la actuación contra los que, siendo mencionados, ni habían desaparecido por aplicación del bando de guerra ni habían sido encausados anteriormente, es decir, contra los que conservando la vida hasta ese momento se habían librado de pasar por los tribunales militares. En el listado final aparecían nuevamente nombres y apodos de vivos y muertos a la espera de que la lista fuera depurada: Paleán, Pepe Perinola, Antonio Riera, Sebastián el Carnicero, los Remononos, el Hijo de Rosalía, Frasco Rosalía, Vinagre, etc. Como ya se había hecho antes, se solicitaron infructuosamente certificados de defunción de varias personas, pues a un año de los hechos todavía no existía constancia legal del fallecimiento de la mayoría de los represaliados. ¿Quién lo iba a saber mejor que el juez municipal Manuel Ovando Ríos, uno de los detenidos del Ayuntamiento y testigo mudo de todo lo ocurrido en Lepe a partir de su ocupación?
Los primeros a los que se tomó declaración fueron Hermenegildo Luján Magro, Serafín Muriel Oria, Pedro Barriga Toscano y José Brito García, detenidos a mediados de agosto, unos días antes de que comenzara la instrucción de la causa. Los dos primeros negaron toda participación. Barriga Toscano, por su parte, adujo que cómo él, que era propietario, iba a colaborar en aquello, y Brito Díaz Perinola reconoció haber entrado a curiosear en la iglesia pero nada más, remitiendo en todo caso para cualquier informe a su patrono, el armador onubense Nicolás Vázquez de la Corte. En los primeros días de septiembre prestaron declaración Antonio Riera Gey, Ángel Barriga Rodríguez (padre de Pedro Barriga), José Antonio Paleán Cordero y Manuel Domínguez Martín Vinagre, celador de arbitrios desde los tiempos en que José Infante Rodríguez era alcalde de Lepe durante la Dictadura y que fue liberado inmediatamente de toda sospecha. De los demás tampoco se pudo sacar nada: uno estuvo en la almadraba, el otro no salió y el otro estuvo en el campo. Coincidiendo con esta falta de resultados, los informes de la Guardia Civil que comenzaron a llegar eran todos favorables. Los siguientes en declarar con idéntica falta de resultados fueron Manuel Pérez Eugenio Miojito, Francisco González Santana Frasco Rosalía y Manuel Rodríguez Aguaded. Paralelamente también fueron ofreciendo su testimonio algunos de los detenidos o afectados por los daños, caso de Juan Muniz Verano, el alcalde Felipe García Sánchez-Barco, el juez Ovando Ríos y el industrial Eladio Fernández García.
Después de nuevas detenciones, declaraciones e informes tan infructuosos como los anteriores, el juez instructor decidió el día 18 de septiembre que el, hasta ese momento, desconocido número de encausados se limitaría a seis «por no haber cargos concretos contra los demás». Esos seis fueron Luis Cordero Cardoso, Hermenegildo Luján Magro, Pedro Barriga Toscano, Serafín Muriel Oria, José Brito García y Manuel Pérez Eugenio, a los que se acusó nada menos que de rebelión militar. Y así, con informes contradictorios, con ausencia de testigos o con testigos que declaraban según rumores, y siempre con los sucesos de la iglesia de fondo, se llegó al 29 de septiembre, cuando se celebró el consejo de guerra, en donde como de costumbre el fiscal solicitó muerte para los seis y el defensor, Manuel de Mora Romero, el que fue presidente de Acción Popular de Huelva, absolución para todos. La sentencia absolvió a Pedro Barriga Toscano, al que de todas formas se acusó de intervenir en los destrozos de la iglesia y del casino. Hermenegildo Luján Magro, acusado de intervenir en la iglesia, fue condenado a doce años, y a Serafín Muriel Oria, del que se dijo que había cometido delito de sedición y había excitado a las masas, le cayeron veinte años. Manuel Pérez Eugenio fue condenado a reclusión perpetua por haber portado escopeta e intervenido en el asalto a la iglesia. Y finalmente Luis Cordero Cardoso y José Brito García fueron condenados a muerte. Brito García, de 58 años, fue acusado de participar en el destrozo de la imagen de la Virgen y de intervenir en los asaltos. El marinero cenetista Cordero Cardoso, de 27 años, tuvo en su contra varias acusaciones, especialmente de algún detenido que aseguró haberlo visto desde los balcones del ayuntamiento, y de otros personajes que lo acusaron de ejercer mando entre los izquierdistas. La mayoría de las acusaciones procedían de informes o testimonios basados en rumores.
Ambos fueron fusilados en la madrugada del 14 de octubre de 1937 en los muros del cementerio de la Soledad en compañía de otras nueve personas, entre ellas Daniel Navarro Torres, el último alcalde republicano de Castaño de Robledo.
LA INACABABLE VENGANZA: LA DEPURACIÓN DE LOS DÍAS ROJOS (III)
El mismo mes de agosto de 1937 en que se desarrolló la causa anterior, el brigada de la Guardia Civil de Lepe Carlos Galice Mancera, en representación de los «elementos de orden» de la localidad, pensó que los «sucesos de julio» no habían sido aún suficientemente depurados. No bastaba con las cuarenta y tantas personas que habían pagado hasta ese momento con sus vidas las trescientas mil pesetas en que se valoraron los destrozos causados a edificios, casas y comercios. Así que, a la par que el instructor militar llevaba la causa anterior, el brigada inició otra ronda de interrogatorios a finales de agosto del 37:
Miguel López Franco Panete, 30 años, UGT
*Bella Morgado González La Miguela, 48 años, «simpatizante» CNT
*Dolores Morgado González, 39 años, simpatizante de la CNT
*Manuel Tinoco Sánchez, 27 años, CNT
Bella Martín Rodríguez La Talla, 39 años, CNT
*José Cordero Ramírez Capón, 40 años, CNT
*Luciano Aguaded Martín Jeremías, 30 años, CNT
*Antonia González Prieto Talita, 37 años
*Francisco Romero Revuelta La Barranca, 43 años, CNT
Manuel Rodríguez Cortés Hijo de Julio, 40 años
*Enrique Romero Santana, 44 años, UGT
*Juana Martín Cordero La Caña, 36 años
*Manuel Gómez Santana Sonsorito, 46 años, CNT
*Francisco Domínguez Caraballo Laberinto, 33 años, UGT
*José Infante Prieto, hijo de Rafael La Carlos, 30 años, UGT
*Antonio Domínguez Caraballo Laberinto, 31 años, UGT
*José Franco Ferrera Zupo, 58 años, CNT
*Manuel Camacho Flores Porito, 30 años, UGT
Manuel Villegas Alfonso Talito, 48 años
Juan Tinoco Franco Tajadito, 30 años, CNT
José Prieto Alfonso Jubilón, 52 años
Isabel Fernández Martín La Canita, 50 años
Dolores Eugenio Toscano La Marín, 56 años
Después de prestar declaración, todas las personas señaladas con asterisco fueron puestas a disposición del Gobierno Militar por delitos de sedición y auxilio a la rebelión. El 16 de septiembre fueron conducidas desde Lepe a la Prisión Provincial treinta personas relacionadas con esta causa y la siguiente. El instructor fue nuevamente el capitán Enrique García Romeu. Factor común a todas las declaraciones, entre las que por primera vez encontramos a siete mujeres, fue la ausencia absoluta de denuncia alguna. Reconocieron su militancia y su presencia en lugares públicos en aquellos días, pero negaron toda participación. Algunas de esas mujeres habían sido rapadas en el verano del 36 y algunos de esos hombres, caso de Cordero Ramírez, Romero Revuelta o Rodríguez Cortés, pertenecían ya entonces a Falange.
Estos eran acusados respectivamente de ser el encargado del ganado existente en el campo, de la detención de Eladio Fernández y de llevarse un trozo del paso del Nazareno. Las mujeres, por el contrario, debían responder por un supuesto motín que impidió que un camión de madera partiera hacia Isla Cristina. Para los hermanos Domínguez Caraballo hubo acusaciones específicas y consideradas graves: Francisco había paseado con una pistola al cinto y con una faja roja «como si fuera un general de la CNT» y Antonio fue acusado sin prueba alguna de destrozar con una azada la pila del agua bendita y los altares. Otros fueron acusados de buscar sin éxito alguno al funcionario municipal Horacio Cassá Muniz, que anduvo escondido; otro de llevar una hoz y decir que quería cortar cabezas; otro de llevar en una ocasión en una manifestación una bandera comunista en la mano; otra, Isabel Fernández, de ser «muy adicta» al Frente Popular... Las mujeres debieron aclarar, para sorpresa del instructor, que el supuesto motín se produjo en 1935 y fue debido a que en Isla Cristina se negaron a admitir marineros de Lepe. Los acusados de llevar armas responsabilizaron a gente ya fusilada de haberlos obligado a ello. Los informes de la Guardia Civil no se cansaban de repetir la monserga «su conducta pública y privada deja mucho que desear», incluso el de José Antonio Franco Ferrera, uno de los que, en la asamblea en la que se decidió si los presos derechistas debían ir a Huelva o permanecer en Lepe, abogó por lo segundo. Por su parte, la Alcaldía no se quedaba atrás: Tinoco Sánchez era de la CNT, bebía, usó escopeta y tomó parte en la destrucción de la Virgen; José Domínguez Caraballo tenía doble militancia ugetista-cenetista y destrozó la pila, y su hermano Francisco era de conducta dudosa y llevó pistola y faja roja.
Una de las declaraciones más sorprendentes de este proceso fue la de Manuel Romero Alcón, al que ya vimos de concejal frentepopulista por el PSOE y había sido encargado de los expedientes de depuración. Pues bien, este electricista de 56 años, acusado de intervenir en una detención, declaró en su defensa que era confidente de la Guardia Civil desde hacía años y que precisamente aceptó la invitación del alcalde Santana de ser concejal para informar a la Benemérita de todo lo que se trataba en el Ayuntamiento en los días del Frente Popular. Relató sus actividades desde el 18 de julio, informando a la Guardia Civil de Huelva desde los teléfonos de Sevillana, y su participación en la detención de Eladio Fernández García, tanto por orden recibida del alcalde como porque el cuñado de Fernández, el médico Manuel Toresano García, consideraba que era lo más conveniente. Ahora militaba en Falange, pero ya en tiempos de Primo de Rivera perteneció al Somatén. «Colaboración constante con la Guardia Civil y con toda la gente de orden», decía el informe del brigada Galice Mancera.
Se recogieron más testimonios positivos que en otras ocasiones. Manuel Rodríguez Aguaded habló a favor de Juana Martín Cordero; Antonio Muniz Verano, a favor de Antonio Domínguez Caraballo (en cualquier caso, «envenenado como la mayor parte de los obreros de la localidad con motivo del establecimiento del Sindicato»), y Manuel Gómez Camacho, a favor de Luciano Aguaded. Mucho más complicado fue establecer los cargos y recoger las acusaciones. El propio secretario del juzgado, Gonzalo Rodríguez Centeno, declaró que ya en tiempos se abrió un sumario con todos los responsables, «la mayoría de los cuales fueron fusilados a raíz de la entrada de las tropas en esta villa». Añadió que «muchos vecinos del pueblo se presentaban en el local social de Falange a denunciar a supuestos participantes en hechos más o menos graves o por ser simplemente simpatizantes del Frente Popular, y el acuerdo de Falange era el de purgarlos y cortarles el pelo, pero sin que de estas determinaciones quedase nota alguna, como tampoco de las personas que presentaban las denuncias». Reconocía que su labor en este sumario fue «dificilísima, porque era imposible encontrar testigos presenciales, unos porque habían olvidado lo ocurrido y otros porque por temor no querían declarar». Debido a esto debieron de ser la Guardia Civil y algunos guardias municipales los que «fueron exponiendo con respecto a todos y cada uno de ellos lo que de rumor público se decía, pero sin que compareciese ni un solo testigo ni sea posible al declarante facilitarlo al Juzgado para comprobar los cargos que se hacen contra los encartados...».
Poco habría que añadir tras estas increíbles declaraciones del secretario del juzgado, aunque parece que siempre es posible dar una nueva vuelta de tuerca. El guardia José Cordero Pérez, por ejemplo, confesó que él reunió los rumores «pero que no podía concretar qué personas fueron testigos ni siquiera quiénes facilitaron los datos que sirvieron de base a los informes», y el guardia municipal Antonio Carrasco Pulido dijo simplemente que «como fue completamente imposible encontrar testigos» se limitó «a informar al Comandante Militar de los hechos que únicamente de rumor público se imputaban a los encartados». Y el único testigo que se pudo citar, alguien que vivía en la plaza y que se dedicó a curiosear por la rendija de la ventana, cuyo testimonio había sido ya utilizado, declaró que él vio salir y entrar a la gente, pero no lo que hicieran dentro. A pesar de esto su testimonio sirvió para acusar a Manuel Tinoco Sánchez de haber participado, una vez más, en la destrucción de la imagen de la Virgen. Sobre este mismo asunto, José Infante Rodríguez declaró, en beneficio de Manuel Camacho Flores, que según tenía entendido los cinco que destrozaron la imagen ya habían muerto, aunque creía recordar que, según se decía, había intervenido alguno más. La cuestión era dejar una puerta abierta para seguir con la purga.
Precisamente Bella Martín fue acusada de ofrecerse voluntaria un día que hablaban en el sindicato de cortarle la cabeza a Infante. Este tipo de acusación fue común, de forma que al que llevaba una hoz pequeña «se le escuchó» que la pensaba usar con alguno y al que portaba una escopeta «se le suponía» inmediatamente el deseo de matar a alguien de quien se hubiera hablado. También pasó por el instructor el zapatero de 64 años Manuel Silveira Mora, quien al preguntarle sobre sus actividades como guardia municipal durante el gobierno del Frente Popular respondió que siempre fue de derechas y que si fue nombrado guardia lo debía exclusivamente al hecho de ser padre de Manuel Silveira Prieto, en prisión y al que quedaban ya solo unos días de vida.
Finalmente, el juez instructor, en su informe, reconoció la dificultad de concretar los cargos, lo que no le impidió enumerar las acusaciones recogidas contra las veintidós personas encausadas: «simpatizante de la C.N.T.», «alentó a las turbas», «se destacó entre las turbas rojas por lo que Falange ordenó se le cortase el pelo», «extremista», «excitó a las masas a cortar cabezas», etc. Una vez más, de entre la lista de oficiales presentada, fue elegido defensor Manuel de Mora Romero. El fiscal pidió cuatro condenas de muerte, seis condenas a reclusión perpetua, tres condenas a veinte años..., y el defensor, tan animoso como siempre, solicitó la absolución para todos y «clemencia para aquellos de gravedad reconocida», petición un tanto inusual y críptica. Cuando el presidente del tribunal, el ya habitual José Vieyra de Abreu y Motta, preguntó si alguien tenía algo que alegar, Luciano Aguaded Martín dijo que los cargos que se le imputaban eran venganzas, Manuel Gómez Santana que reiteraba que no intervino en nada e Infante Prieto que anduvo con una escopeta pero siempre sin cartuchos. Para los tres se solicitaba reclusión perpetua. Francisco Domínguez Caraballo, condenado a muerte, afirmó que nada de lo que se decía de él era verdad, y Villegas Alfonso, para el que también se pedía pena de muerte, entregó documentos que probaban que no estuvo dichos días en Lepe.
La sentencia comenzaba:
RESULTANDO que los elementos sindicalistas, socialistas y demás afines de la Villa de Lepe, secundando la revolución roja iniciada en toda España el 18 de julio de 1936, se levantaron en armas contra la Autoridad Militar legítima y contra las fuerzas del Ejército, ya declarado el Estado de Guerra en todo el territorio de la Segunda División...
Fueron absueltas las mujeres, Tinoco Franco, Contreras Sánchez y los tres falangistas, Cordero, Romero y Alcón. José Antonio Franco Ferrera fue condenado a diez años; Enrique Romero Santana y José Goméz González a doce años; Manuel Gómez Santana a veinte años; Luciano Aguaded Martín, José Infante Prieto y Manuel Villegas Alfonso a reclusión perpetua, y finalmente Manuel Sánchez Tinoco, marinero de 27 años, y los hermanos Francisco y Antonio Domínguez Caraballo, campesinos de 34 y 31 años respectivamente, a la pena de muerte. Contra los tres se quiso utilizar sin resultado el testimonio del que había mirado desde una de las ventanas de la plaza, quien una y otra vez había dicho que no pudo ver lo que hicieron. Los tres casos tenían que ver nuevamente con los destrozos de la iglesia. Fueron asesinados el día 20 de octubre a las 6:30 de la mañana, actuando como médico forense Eduardo Fernández del Tormo. Como los demás que les precedieron, no fueron solos a la muerte, acompañándoles en esta ocasión tres vecinos de Santa Ana la Real, uno de El Cerro de Andévalo y otro de Cañaveral de León. Fueron enterrados en fosa común, patio 3.°, sector San Marcos y lugar a 54 metros de la rosca del patio por el N, 30 por el S, 1 por el E y 8 por el O. Fueron inscritos en el Registro Civil el 23 de octubre.
Con ellos se cerraba el ciclo de muerte abierto en agosto de 1936, mas no el ciclo represivo.
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