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Efectividad de las medidas cautelares
Efectividad de las medidas cautelares. Colombia, Ley 1437 de 2011
Desde los autores clásicos ha sido universalmente aceptado que la tutela cautelar tiene una estrecha relación con la tutela judicial efectiva y es una forma de justicia provisional que permite evitar que el derecho que se pretende resulte ilusorio por el tiempo que transcurre desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva. Uno de los dilemas que afronta la jurisdicción contenciosoadministrativa de distintas naciones es, sin duda, la extrema lentitud en la tramitación de los procesos judiciales, que, en la mayoría de las ocasiones, es generada por la cantidad de litigios que se presentan en las instancias judiciales y provoca una dilación en la duración de los procesos, que trae como consecuencia que la decisión que en definitiva se adopte resulte ser ilusoria. Dado lo anterior, en distintos ordenamientos jurídicos, se han construido mecanismos como las medidas cautelares que permiten asegurar la eficacia práctica de las providencias judiciales. Colombia no fue ajena a esta situación, y en un acto transformador, con la Ley 1437 de 2011, dejó como resultado, entre otras, una ampliación de la potestad cautelar. Después de más de cinco años de consagrada, se indaga cómo dicha ampliación ha sido acogida en el ordenamiento jurídico colombiano a través de un indicador que permita determinar en qué grado han sido solicitadas y decretadas las medidas distintas de la suspensión provisional a partir del estudio de caso en los juzgados administrativos de la Sección Primera de Bogotá.
Palabras clave: tutela judicial efectiva, proceso contencioso-administrativo, plazo razonable, medidas cautelares, suspensión provisional, medida cautelar innominada, códigos contenciosoadministrativos.
Effectiveness of precautionary measures. Colombia, Law 1437 of 2011
Starting from classical authors, it has been universally accepted that precautionary protection has a close relationship to effective judicial protection and is a form of provisional justice that allows avoiding that the intended right become illusory due to the time that elapses from presenting the claim to the final sentence. One of the dilemmas faced by the contentious-administrative jurisdiction in different nations is undoubtedly the extreme slowness of the judicial processes, which, in most cases, results from the number of litigations that occur in judicial proceedings, causing a delay in the duration of these processes, due to which the eventually adopted decision becomes illusory. Given the above, in different legal systems, mechanisms such as precautionary measures have been created to ensure the practical effectiveness of judicial measures. Colombia was not immune to this situation and in a transformative act, with Law 1437 of 2011, it established, among others, an extension of the precautionary power. More than five years after it was implemented, this study examines how said extension has been received in the Colombian legal system through an indicator that allows determining to what extent measures other than provisional suspension have been requested and decreed, based on a study of cases in the administrative courts of the First Section of Bogotá.
Keywords: effective judicial protection, contentious-administrative process, reasonable term, precautionary measures, provisional suspension, unnamed precautionary measure, contentious-administrative codes.
Citación sugerida / Suggested citation
Sierra Barrera, Germán Ricardo, Efectividad de las medidas cautelares. Colombia, Ley 1437 de 2011, Bogotá, D. C., Editorial Universidad del Rosario, 2021.
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846638
Efectividad de las medidas cautelares Colombia, Ley 1437 de 2011
Germán Ricardo Sierra Barrera
Sierra Barrera, Germán Ricardo
Efectividad de las medidas cautelares. Colombia, Ley 1437 de 2011 / Germán Ricardo Sierra Barrera. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2021.
Incluye referencias bibliográficas.
1. Derecho administrativo – Legislación – Colombia. 2. Recurso contencioso-administrativo – Legislación – Colombia. 3. Procedimiento administrativo –Legislación – Colombia. 4. Medidas cautelares. – Estudio de casos. I. Sierra Barrera, Germán Ricardo. II. Universidad del Rosario. III. Título.
| 342.861066 | SCDD 20 |
Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI
| DJGR | Enero 29 de 2021 |
Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995
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© Germán Ricardo Sierra Barrera
Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 n.º 12B-41, of. 501
Tel: 297 02 00, ext. 3112
Primera edición: Bogotá D. C., 2021
ISBN: 978-958-784-661-4 (impreso)
ISBN: 978-958-784-662-1 (ePub)
ISBN: 978-958-784-663-8 (pdf)
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846638
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario
Corrección de estilo: Eduardo Franco
Montaje de cubierta: César Yepes y Luz Arango
Diagramación: William Yesid Naizaque Ospina
Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.
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Autor
Germán Ricardo Sierra Barrera
Abogado especialista en Contratación Estatal y su Gestión por la Universidad del Rosario y magíster en Derecho Administrativo de la misma universidad. Con amplios conocimientos y competencias en el área del derecho administrativo, contratación pública y privada, así como experiencia en asesoría contractual, litigio ante la jurisdicción ordinaria, contencioso-administrativa y arbitral. Actualmente es abogado consultor y litigante en temas de derecho administrativo, civil y comercial.
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.
Contenido
Lista de tablas
Lista de figuras
Introducción
Capítulo 1. Del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
Capítulo 2. Las medidas cautelares
Capítulo 3. Las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico colombiano
Capítulo 4. Componente empírico, cuantitativo y cualitativo: recolección, sistematización y análisis de la muestra
Conclusiones y recomendaciones: aproximación a las causas de la baja frecuencia de solicitud de medidas cautelares distintas de la suspensión provisional y propuestas de solución
Bibliografía
Lista de tablas
Tabla 1. Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 2. Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 3. Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 4. Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 5. Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 6. Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 7. Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 8. Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 9. Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 10. Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 11. Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 12. Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 13. Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 14. Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 15. Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 16. Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 17. Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 18. Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 19. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 20. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 21. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá, frecuencia de tipo de proceso nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 22. Consolidado de juzgados administrativos de Bogotá, Sección Primera, frecuencia de tipo de proceso versus solicitud de medida cautelar
Tabla 23. Consolidado de juzgados administrativos de Bogotá, Sección Primera, frecuencia de tipo de proceso de nulidad simple versus tipo de medida cautelar
Tabla 24. Consolidado de juzgados administrativos de Bogotá, Sección Primera, frecuencia de tipo de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho versus tipo de medida cautelar
Tabla 25. Sistematización de la información perceptual recopilada para abogados litigantes de Bogotá
Tabla 26. Sistematización de la información perceptual recopilada para los jueces administrativos del Circuito de Bogotá
Lista de figuras
Figura 1. Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, división por tipo y número de procesos
Figura 2. Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, solicitud medida cautelar sí/no
Figura 3. Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, división por tipo y número de procesos
Figura 4. Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, solicitud medida cautelar sí/no
Figura 5. Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, división por tipo y número de procesos
Figura 6. Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, solicitud de medida cautelar sí/no
Figura 7. Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, división por tipo y número de procesos
Figura 8. Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, solicitud medida cautelar sí/no
Figura 9. Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, división por tipo y número de procesos
Figura 10. Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, solicitud medida cautelar sí/no
Figura 11. Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, división por tipo y número de procesos
Figura 12. Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, solicitud medida cautelar sí/no
Figura 13. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá, división por tipo y número de procesos
Figura 14. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá, solicitud medida cautelar sí/no
Figura 15. Consolidado de juzgados administrativos de Bogotá, Sección Primera, división por tipo y número de procesos
Figura 16. Consolidado de juzgados administrativos de Bogotá, Sección Primera, solicitud medida cautelar sí/no
Figura 17. Mayor frecuencia demandante
Figura 18. Mayor frecuencia demandado
Figura 19. Pregunta 1, encuesta abogados litigantes de Bogotá
Figura 20. Pregunta 2, encuesta abogados litigantes de Bogotá
Figura 21. Pregunta 3, encuesta abogados litigantes de Bogotá
Figura 22. Pregunta 4, encuesta abogados litigantes de Bogotá
Figura 23. Pregunta 1, encuesta a jueces administrativos de Bogotá
Figura 24. Pregunta 2, encuesta a jueces administrativos de Bogotá
Figura 25. Pregunta 3, encuesta a jueces administrativos de Bogotá
A la memoria de mi madre, María del Carmen, por haberme forjado como la persona que soy.
A mi padre Efraín, por su apoyo incondicional y verdadero.
A mis hermanos, Andrés, Daniel y Carlos, por estar en todo momento.
A Luisa Fernanda, por su amor infinito e incondicional.
Al doctor Manuel Alberto Restrepo Medina, por su constante guía en la escritura de este libro.
A Dios sobre todas las cosas.
Introducción
La tutela judicial efectiva ha sido entendida como la posibilidad que tiene toda persona de acudir ante el aparato jurisdiccional para ser oída por un juez independiente e imparcial, frente al cual se puedan ejercer todas las garantías que se desprenden del derecho al debido proceso, para obtener dentro de un plazo razonable la debida protección del Estado.1
Dentro de los elementos constitutivos de la tutela judicial efectiva se encuentran, por un lado, el plazo razonable, y por el otro, la efectividad de la sentencia. El primero ha sido entendido como una garantía relacionada con la duración de los procesos o actuaciones en los que se involucra un derecho u obligación de carácter civil, administrativo, laboral, penal, entre otras, en que el Estado debe, en un plazo razonable, sin dilaciones, ni obstáculos injustificados, expedir la respectiva providencia. Y el segundo comprendido como una garantía del ciudadano frente al Estado, en que la administración de justicia debe, por todos los medios posibles, brindar a los ciudadanos la posibilidad de que sus peticiones sean atendidas, además de garantizar que los efectos de la sentencia se cumplan, pues, de lo contrario, estaríamos ante la inefectividad del derecho a la tutela jurisdiccional.2
Uno de los dilemas que afronta la jurisdicción de lo contencioso-administrativo de distintas naciones es, sin duda, la extrema lentitud en la tramitación de los procesos judiciales, que, en la mayoría de las ocasiones, ha sido producida por la cantidad de litigios que se presentan en las instancias judiciales, hecho que ha traído como consecuencia que la decisión que en definitiva se adopte, como lo señala Chinchilla Marín, pierda o deje en su camino su eficacia.3
La notoria prolongación en la tramitación de los asuntos judiciales, a veces de muchos años, ha obligado a tener una visión reflexiva sobre la importancia de los plazos, no solo de la administración, sino también en la justicia, en que la realidad hace que la única justicia oportuna sea la de las medidas cautelares, pues la mayoría de las sentencias judiciales son tan demoradas en el tiempo y de tan difícil ejecución que se tornan ilusorias para la mayoría de los ciudadanos.4
En Colombia, el profesor Manuel Restrepo plantea la dificultad que ha vivido el ordenamiento colombiano en materia contencioso-administrativa, en razón de los progresivos incrementos en la congestión de los procesos tramitados por la jurisdicción especializada y de la escasa evolución que para su momento había tenido el fenómeno cautelar en Colombia. Al respecto, el citado doctrinante realizó un estudio que permitió establecer la existencia y magnitud de la congestión administrativa tanto en el ámbito local5 como regional,6 concluyendo que las causas de la masificación judicial se debían a una alta demanda de acceso a la justicia, que traía como consecuencia que los procesos tuvieran una duración superior a la legalmente prevista; para el citado autor, ese fenómeno podría solucionarse con la ampliación de la tutela cautelar prevista en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que, al solo disponer de una medida cautelar, esto es, la suspensión provisional del acto administrativo,7 no se garantizaba verdaderamente el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las medidas cautelares en Colombia aparecen a partir de la expedición de la Constitución Política de 1886, que reguló la figura denominada suspensión de los actos administrativos, en los artículos 191 y 192,8 ampliada y complementada por el Acto Legislativo 3 de 1910, la Ley 130 de 1913, la Ley 28 de 1922 y la Ley 80 de 1935.
No obstante, durante un primer periodo que podemos ubicar entre 1886 y 1941, la única cautela a la que escuetamente se hacía referencia era la suspensión de los actos administrativos, sin que se encontrara una regulación de forma sistemática y ordenada; por el contrario, lo que existía era una normativa dispersa, situación que cambió con la expedición de la Ley 167 de 1941, segundo Código Contencioso Administrativo, estatuto que recogió y condensó la normativa sobre suspensión de los actos administrativos.
En particular, sobre las medidas cautelares, la Ley 167 de 1941 no estableció en su cuerpo normativo un título denominado medidas cautelares, pero mantuvo como única medida cautelar la suspensión de los efectos de los actos administrativos y ratificó su génesis, trámite y efectos jurídicos como de naturaleza jurisdiccional, así como su condición de institución excepcional al principio de legalidad de los actos y como medida cautelar en los procedimientos judiciales de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho,9 recogiendo la normativa dispersa que se encontraba en el anterior estatuto y condensando su contenido.
Después de diferentes leyes especiales, se expidió el Decreto Ley 1 de 1984, tercer Código Contencioso Administrativo, el cual, de igual forma, mantuvo la suspensión de los efectos de los actos administrativos y la estableció como auténtica medida cautelar, potenciando su estructura, añadiendo distintos requisitos de forma y fondo para su solicitud y decreto judicial, precisando cuáles serían los efectos jurídicos inmediatos y los recursos procedentes tras su adopción o no. Cabe resaltar que el mencionado estatuto procesal creó unas formas atípicas de suspensión, las denominadas suspensión provisional en prevención y suspensión automática, figuras que fueron eliminadas posteriormente a partir de diferentes modificaciones al referido estatuto.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la suspensión provisional de los actos administrativos fue modificada; sin embargo, se mantuvo el común denominador de las anteriores normativas, esto es, la facultad exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo de suspender los efectos de los actos administrativos, que incluye en esta última denominación todos los actos emanados de las distintas autoridades estatales, en los ámbitos nacional, departamental y local, así como de los actos expedidos por personas naturales que cumpliesen funciones administrativas.10
Entre 1984 y 2011, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se pronunció sobre la suspensión provisional de los actos administrativos en varias ocasiones, en relación con su procedencia, los requisitos y las exigencias que debe cumplir la parte que solicita la medida para que esta sea decretada; para algunos autores,11 esas exigencias ocasionaron que la figura de la suspensión provisional como medida cautelar se dimensionara desde un punto de vista restrictivo, lo cual ocasionó que su aplicación fuera excepcionalísima.
Posteriormente, con el Proyecto de Ley 198 de 2009 Senado, que después se convertiría en la Ley 1437 de 2011, cuarto Código Contencioso Administrativo, se tuvo como finalidad principal que la tutela judicial efectiva de los administrados, que sistemáticamente se había visto desconocida por la administración, tuviese un efectivo reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico colombiano, y tratándose de medidas cautelares, estas se constituían en el más novedoso y eficaz instrumento para lograr la efectividad del mencionado derecho.12
El fenómeno cautelar y su consagración en la Ley 1437 de 2011 se constituye en una de las principales y más impactantes transformaciones que introduce el referido estatuto, que dejó como resultado, entre otras, la ampliación de la potestad cautelar tanto para el juez administrativo como para el usuario de la administración de justicia, superando la visión tradicional que se limitaba a establecer la suspensión provisional del acto administrativo como única medida cautelar.
El cuarto Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, fue especialmente generoso sobre medidas cautelares, figura que podemos clasificar, según su estructura general, de la siguiente manera:
En primer lugar, tenemos las medidas cautelares que se pueden dictar en pretensiones típicas contencioso-administrativas; en segundo lugar, las medidas cautelares referidas a las acciones constitucionales, y en tercer lugar, las medidas cautelares del procedimiento ejecutivo, tratándose de ejecución de sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales y obligaciones derivadas de contratos estatales.13
Ahora bien, dentro de la primera clasificación, esto es, las medidas cautelares que se pueden dictar en pretensiones típicas contencioso-administrativas y que son de nuestro interés, podemos encontrar a su vez otra clasificación: medidas cautelares nominadas y medidas cautelares innominadas.
Las medidas cautelares nominadas son aquellas que el legislador ha previsto o tipificado en un estatuto procesal y que para el caso corresponden a las consagradas en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, estatuto que a su vez clasificó las medidas cautelares en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y de las cuales la citada norma ofrece un listado enunciativo de medidas que el juez o magistrado puede decretar, entre ellas, ordenar que se mantenga la situación, suspender un procedimiento o actuación administrativa, impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer, todas ellas para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
Por su parte, las medidas cautelares innominadas son aquellas que derivan de la amplia facultad otorgada al juez de lo contencioso-administrativo para tomar cualquier medida pertinente, sin que esta esté expresamente prevista o tipificada por el legislador, situación que, además, se extiende al usuario de la administración a quien también le es permitido la solicitud de una medida cautelar distinta de las consagradas en el artículo 230, cuyo objetivo será igualmente proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
Una vez estudiado el régimen cautelar general en Colombia y atendiendo al propósito y finalidad consagrado en la Ley 1437 de 2011, en especial en cuanto al régimen de medidas cautelares, cabe entonces preguntarse lo siguiente: ¿la ampliación de la potestad cautelar consagrada en la Ley 1437 de 2011 ha logrado garantizar la tutela judicial efectiva a partir de la solicitud y decreto de las medidas cautelares distintas de la suspensión provisional?
Y cuando me refiero a medidas cautelares distintas de la suspensión provisional, lo hago tanto a las medidas cautelares nominadas como a las medidas cautelares innominadas que se puedan dictar en las pretensiones típicas contencioso-administrativas, diferentes de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos.
Para resolver el anterior problema, es posible anticipar lo siguiente: a pesar de que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, consagra una ampliación de la potestad cautelar, tanto para el juez administrativo como para el usuario de la administración de justicia, que garantiza desde lo conceptual la garantía de los derechos, la tutela judicial efectiva, en la actualidad se evidencia que la figura no ha logrado el efecto que pretendía, es decir, prevenir y anticipar que el derecho cuyo reconocimiento se buscaba obtener perdiera su eficacia durante el tiempo que transcurriría entre la presentación de la demanda y la sentencia definitiva, lo cual ha traído como consecuencia una precariedad de la potestad cautelar.
Con fundamento en lo expuesto, se tiene como objetivo principal medir en qué grado ha sido utilizada la ampliación de la potestad cautelar consagrada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo mediante la realización de un estudio de caso, y así determinar con qué frecuencia han sido solicitadas y decretadas las medidas cautelares distintas de la suspensión provisional en los juzgados administrativos de Bogotá, y una vez obtenido el resultado, demostrar si la figura ha garantizado la tutela judicial efectiva.
Para alcanzar este objetivo, será entonces necesario establecer cómo la medida cautelar es una herramienta que permite garantizar la tutela judicial efectiva y determinar cuál ha sido su evolución en los distintos códigos contenciosoadministrativos expedidos en Colombia.
Asimismo, será indispensable establecer en qué grado han sido solicitadas y decretadas las medidas cautelares distintas de la suspensión provisional, a partir de un estudio de caso en los juzgados administrativos de la Sección Primera del Circuito de Bogotá.
Para esta labor, se empleará una metodología dogmática, teniendo como objetivo estudiar las teorías que se han gestado para justificar la tutela cautelar como una modalidad de justicia provisional que tiene una estrecha relación con la tutela judicial efectiva, para lo cual se acude a diferentes doctrinantes nacionales y extranjeros.
De igual forma, se estudiará el tratamiento que han tenido las denominadas medidas cautelares en el sistema jurídico colombiano desde los distintos códigos contencioso-administrativos hasta la Ley 1437 de 2011, normativa que hoy se encuentra vigente.
Para la segunda parte, se empleará, por un lado, una metodología cuantitativa, con la recolección y sistematización de una muestra que permita determinar en qué grado han sido solicitadas y decretadas las medidas cautelares distintas de la suspensión provisional en los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá, específicamente en los despachos judiciales pertenecientes a la Sección Primera, teniendo como base el periodo comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, 2 de julio de 2012, hasta julio de 2018, es decir, comprenderá un periodo de seis años, tiempo suficiente para establecer un resultado estadístico confiable.
A partir de lo anterior, se empleará una metodología cualitativa, la cual se hará a través de una encuesta dirigida principalmente a jueces y abogados litigantes, que permita determinar cuáles son las causas del resultado obtenido e indagar la percepción que tienen tanto los abogados litigantes de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo como los jueces administrativos del Circuito de Bogotá sobre las medidas cautelares distintas de la suspensión provisional de los actos administrativos.
Según la información recolectada, se procede a plasmar las conclusiones a las que se ha llegado y las posibles propuestas sobre este fenómeno en el derecho administrativo.
Notas
1 Rocío Mercedes Araújo Oñate, “Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 13, n.º 1 (2011), pp. 247-291.
2 Juan Manuel Campo Cabal, Medidas cautelares en el contencioso-administrativo, Bogotá, Temis, 1989, pp. 2-17.
3 Carmen Chinchilla Marín, La tutela cautelar en la justicia administrativa, Madrid, Civitas, 1991, p. 28.
4 Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo y obras selectas (11.ª ed.), Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2016, p. 1.
5 Manuel Alberto Restrepo Medina, Dimensión de la congestión en la jurisdicción administrativa, Bogotá, Universidad del Rosario, 2009.
6 Manuel Alberto Restrepo Medina, “Estudio regional de la congestión en la jurisdicción administrativa”, en Estudios Socio-Jurídicos, vol. 12, n.º 1 (2010), pp. 263-283.
