Kitabı oku: «Un lugar indefinido. El género en la agenda municipal»
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El Colegio Mexiquense, A. C.
Dr. Víctor Humberto Benítez Treviño
Presidente
Dr. José Antonio Álvarez Lobato
Secretario General
Dr. Emma Liliana Navarrete López
Coordinadora de Investigación
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| 323.40972G897 | Guadarrama Sánchez, Gloria JovitaUn lugar indefinido. El género en la agenda municipal. La reconstrucción local de la política nacional en el Estado de México / Gloria Jovita Guadarrama Sánchez —Zinacantepec, Estado de México: El Colegio Mexiquense, A.C., 2015.208 p.; cuadros y anexosIncluye referencias bibliográficasISBN: 978-607-7761-87-71. Mujeres —Participación política —México. 2. Mujeres —Estatus legal, leyes, etc. —México (Estado). 3. Identidad de género —México (Estado). I.t. |
Edición y corrección: Leonardo Arturo Sepúlveda Pérez
Formación y tipografía: Xiomara Espinoza Velázquez y Luis Alberto Martínez López
Diseño y cuidado de la edición diseño de portada: Luis Alberto Martínez López
Diseño e ilustración de portada: Fernando Cantinca Cornejo
Primera edición 2015
D.R. © El Colegio Mexiquense, A. C.
Ex hacienda Santa Cruz de los Patos s/n,
Col. Cerro del Murciélago,
Zinacantepec 51350, México
MÉXICO
Página-e: www.cmq.edu.mx
Edición en formato digital:
Ave Editorial
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Hecho en México/Made in Mexico
ISBN: 978-607-7761-87-7
Presentación
Este libro trata sobre la forma en la que los gobiernos mexicanos en los años recientes han decidido enfrentar los problemas que se crean a partir de las condiciones de desigualdad de las mujeres y se reúnen estudios que fueron desarrollándose a partir de la reflexión sobre el conjunto de actividades que con mucho esfuerzo realizan las dependencias creadas en los gobiernos municipales para atenderlos, pero que no parecen ser la vía idónea para modificar las estructuras y prácticas que les dan permanencia. En el fondo, se trata de una reflexión sobre la pertinencia de la transferencia de modelos ideales de política pública, sobre los incentivos que crean y los obstáculos que enfrentan para su instrumentación y apropiación en los diversos ámbitos en los que operan, se describe la experiencia adquirida en las instancias que se establecieron en el Estado de México, para concretar y hacer realidad las políticas de género. En ese contexto, muchos de los juicios y reflexiones aquí vertidas se recogieron mediante el contacto directo con las responsables del organismo estatal y de las instancias municipales de la mujer, a quienes agradezco su colaboración.
Un libro es resultado del trabajo de investigación académica y en general descansa sobre un conjunto de datos, informes y estudios previos realizados a lo largo de muchos años; durante ese tiempo se recibe el apoyo de diversas personas e instituciones, algunas de las cuales —a pesar de su importancia— quedan diluidas en el marco general del texto. Este libro en particular y los estudios que lo sustentan han podido desarrollarse en el marco de mi labor como profesora investigadora en El Colegio Mexiquense, A. C. Aquí he tenido la oportunidad de alimentar los enfoques para su desarrollo con mis colegas investigadoras e investigadores, y discutirlos en el seno del seminario “Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas” en el que he participado durante ocho años; en ese espacio y en otros organizados por la Red de Instituciones y Desarrollo, tuve la oportunidad de expresar algunas ideas tempranas y debatir las dificultades para lograr integrar una línea analítica interdisciplinaria entre las perspectivas de las políticas públicas, los estudios de la organización y las de la construcción del género en la sociedad. Aprecio mucho los comentarios y opiniones de mis colegas que me ayudaron a dilucidar y enfrentar el reto de incursionar en este campo. Estoy especialmente agradecida con el doctor Nelson Arteaga Botello; sus comentarios sobre la gestión local de las políticas públicas ampliaron la percepción favorable que tenía sobre los programas, dependencias y mecanismos mediante los cuales se ha instrumentado la política nacional en este campo. Hubo versiones preliminares de los capítulos que fueron presentadas en coloquios y documentos de avances de investigación, referidos en el texto. Conté también con el valioso apoyo de asistentes de investigación que desde 2009 me ayudaron a revisar documentos, ordenar datos, integrar expedientes y a buscar en los archivos de las dependencias públicas los elusivos hechos que han ido marcando el devenir de las políticas de género en el Estado de México: Carolina Martínez, César Salazar y Esmeralda Pliego realizaron aportaciones significativas a la investigación. Agradezco con énfasis a Walter Ortega su contribución para integrar el análisis del Instituto de la Mujer de Toluca; sus puntos de vista y su apoyo fueron muy valiosos para trazar el perfil del desempeño institucional.
Plasmar el desarrollo de las políticas de género, tampoco hubiera sido posible sin la colaboración abierta del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, como la institución responsable de coordinar la política estatal en la entidad mexiquense; mi reconocimiento sobre todo a Lorena Cruz Sánchez, vocal ejecutiva del Consejo entre 2007 y 2011, y a Rosalba Vera Núñez, por haber visto con interés mi trabajo y haberme facilitado el acceso a fuentes de información.
El Colegio Mexiquense, A. C., ha sido la casa donde he podido contar con otros respaldos igualmente sustantivos para integrar este volumen; Tania Lilia Chávez Soto y Luis Alberto Martínez López, responsables de las unidades de Informática y Publicaciones, respectivamente, aplicaron sus conocimientos para guiar este libro hacia su publicación. Su consejo y participación en distintos momentos de la escritura resultaron también fundamentales.
Gloria Jovita Guadarrama Sánchez
Zinacantepec, Estado de México
Febrero de 2015
Introducción
El siglo xx fue el marco de importantes avances en la condición de las mujeres. En el panorama mundial, como consecuencia directa de sus reclamos, ellas consiguieron ejercer sus derechos políticos, a la escolaridad y al empleo; tomar decisiones fundamentales sobre la reproducción y su sexualidad, su cuerpo y la familia; asimismo, se incrementó su presencia y participación en la vida pública de la cual habían sido anteriormente excluidas. Así, las mujeres comenzaron a tener mejores oportunidades, vidas más largas y menos sacrificadas. Los cambios fueron relevantes, pero no suficientes, ya que, en muchos países, esos movimientos coexistieron con importantes rezagos que mantuvieron entornos desfavorables para que pudieran, en condiciones de igualdad, ocupar un lugar en el mundo económico, laboral, político y social. Siguiendo el curso de ese imbricado camino, podemos decir que desde cierta perspectiva el siglo xxi continuó con mejoras y avances; pero que desde otra, ha presentado reveses descorazonadores y numerosas evidencias apuntan a que los avances son frágiles y no están consolidados.1 El avance y retroceso en la condición de las mujeres obedece a diferentes causas; muchas de ellas están insertas en el establecimiento y la continuidad de las acciones de los gobiernos; ello obliga a preguntarnos sobre el lugar que ocupan las mujeres en la agenda gubernamental y a revisar cómo se construyen, institucionalizan y consolidan las políticas destinadas a su atención. En ese punto, cabe notar que en muchos países, como en el caso de México, se crearon dependencias específicas para la puesta en práctica de lo que se ha denominado la “agenda de género” en las políticas públicas.
Una parte de esas preguntas está dirigida a cuestionar el sentido que ha tenido la adopción de una agenda gubernamental de género y el funcionamiento de la red de organismos públicos que la hacen operativa, ya que por un lado se destacan sus virtudes y el papel que cumplen en asegurar la continuidad de los avances en el mejoramiento de la condición de las mujeres, y por otro lado, se les mira como instancias marginales e irrelevantes, como asuntos de importancia solamente discursiva y coyuntural —electoral— para los gobiernos. Con el propósito de contribuir a responder esas preguntas, en estas páginas interesa discutir el posicionamiento del género en la acción pública y la pertinencia de las estrategias y de las dependencias establecidas para construir el curso de la política respectiva.
La trayectoria y reconstitución de la agenda de género en los ámbitos locales
En sentido estricto, el concepto agenda de género no refiere exclusivamente a los problemas de la condición de las mujeres, pues el género es una categoría distintiva que permite capturar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en el mundo social; la categoría ha sido utilizada para examinar las causas y efectos de las acciones públicas en función de esas diferencias, pero es necesario destacar que el género es ante todo una construcción social en permanente debate y reactualización que marca de manera significativa la condición de las mujeres; ello ha conducido a vincular género y mujeres, lo que ha estimulado la identificación de la agenda de género con los problemas y la posición de las mujeres en la sociedad.
En México, la agenda de género ha sido contradictoria en sus fines y medios; también ha corrido con mayor celeridad o lentitud de acuerdo a las vías que se seleccionaron para alcanzar las metas esperadas. Aquí nos ocuparemos de las vicisitudes de la conformación de un modelo nacional de políticas de género y de explicar cómo se articularon las estrategias para ponerlo en marcha en el territorio nacional, particularmente, en el caso de los municipios. En el acercamiento que realizamos a la forma en la que se enfrentaron los retos que planteaba el establecimiento de condiciones de equidad para las mujeres, la incorporación de las políticas de género a la agenda de los gobiernos puede considerarse el resultado de la convergencia de corrientes de presión que configuraron demandas y soluciones, aportaron los recursos para su instrumentación, así como del impulso y liderazgo de actores políticos. Se aprecia también que las formas que adoptó el proceso de su implementación a partir del establecimiento de dependencias y programas públicos, fueron determinadas por las relaciones entre el gobierno federal, los de las entidades federativas y de los municipios, con esquemas de provisión de recursos que apoyaron o restringieron determinadas estrategias para enfrentar, no solamente los rezagos en las condiciones de igualdad de las mujeres, sino las nuevas problemáticas derivadas de las transformaciones de la sociedad.
Nuestro punto de vista aporta claridad al hecho de que en las entidades federativas y en los municipios de nuestro país, el proyecto nacional de género se asumió como resultado de cierta coerción impulsada por el flujo de los recursos económicos por parte del Estado, así como un producto de la coordinación entre los ámbitos de los gobiernos y que el rumbo que se marcó a la intervención gubernamental en el género ha sido resultado de la adaptación, el ajuste y la negociación de las estrategias entre fuerzas y actores políticos colectivos e individuales. Advertimos también que las líneas nacionales interactuaron con las dinámicas locales, de tal modo que el ajuste y el ritmo de su aplicación respondieron a las características del contexto regional, expresándose como un proceso diferenciado y de alguna manera independiente, entre los estados y los municipios de la República.
En la comprensión de la trayectoria de las políticas de género es importante tener en cuenta que su establecimiento en el país comprende un amplio espectro de finalidades y objetivos sociales, difícil de capturar en su conjunto. Una dificultad mayor se encuentra en la heterogeneidad de las regiones y localidades en las que se contempló su aplicación; obviamente, los municipios no pueden ser tratados como un grupo homogéneo en el modo en el que se fueron conformando las estrategias de género en cada uno de ellos; las mujeres tampoco pueden clasificarse como una clase indiferenciada. Frente a estos retos, en este texto se tiene el propósito de aproximarse a la forma en la que las políticas nacionales se fusionaron con las dinámicas locales y examinar si pudieron o no ser incorporadas como nuevas prácticas, en seguimiento al proceso en dos vertientes: una primera corriente amplia, descriptiva de las estrategias nacionales, y luego una vertiente explicativa de su articulación, con enfoque al caso de una entidad federativa. Así nos detenemos y profundizamos en la forma en la que en el Estado de México se fueron desplegando esos esfuerzos y referimos cómo surgieron instituciones, reglas, dependencias y programas públicos, destinados a establecer una esfera de atención para las mujeres.2
Asimismo, se considera que la agenda gubernamental de género es un tema complejo e inagotable dada la multiplicidad de sus componentes y la heterogeneidad de las situaciones en las que se desarrolla; por ello, con el afán de ubicar nuestro análisis, y traer al primer plano algunos temas pendientes en la agenda, marcamos tres líneas que podían contribuir a dar unidad y coherencia a la reflexión: la primera sigue la implementación de las políticas en los gobiernos municipales en el Estado de México como un proceso asociado a las capacidades de la gestión municipal; se argumenta que, la apropiación de las capacidades que permiten a las organizaciones instrumentar y alcanzar los objetivos de las políticas, depende de decisiones políticas, y que los acuerdos operativos en este rubro determinan las potencialidades para que las dependencias cumplan con sus funciones. La segunda línea considera diferencias en los patrones que van incorporándose a la acción de las dependencias en dos aspectos: las reglas formales y las reglas informales, las cuales se traducen en mayores o menores capacidades para la gestión de las políticas mediante el examen de las reglas denominadas “procedimientos de operación estándar”, que identifican las reglas establecidas y seguidas por los actores involucrados, independientemente de ser acuerdos tácitos o reglas no escritas. La tercera línea busca acercarse a los procesos de construcción de la agenda local, al examinar, por una parte, los programas de las dependencias desde la visión que tienen sobre la posición de las mujeres frente al desarrollo y, por otra parte, sus diferencias con el modelo nacional.
Otras líneas que guían la reflexión se encuentran insertas en la idea de observar con mayor amplitud y objetividad la pertinencia de un modelo nacional articulado con una visión de género distante de las necesidades, demandas, iniciativas y posibilidades de las organizaciones locales responsables de su ejecución. Intentamos mostrar y apreciar que las dependencias constituidas para la ejecución de las políticas de género realizan una tarea intensiva, pero que su orientación general, sus programas, su infraestructura y posición en la administración municipal, condicionan sus capacidades para incidir de manera significativa en los objetivos para los cuales fueron constituidas. En esas circunstancias, la reconfiguración de la agenda nacional como una agenda local, se explica como un proceso de enriquecimiento, adaptación y ajuste de la política nacional centralizada.
Apuntes para explicar el desenvolvimiento de la agenda de género
Para ubicar el ángulo desde el cual vemos el desenvolvimiento de las acciones, conviene recordar al lector que, aun cuando en México se ha incrementado y extendido la investigación académica sobre la condición de las mujeres, existen relativamente pocos estudios orientados a explicar cómo se articula la perspectiva de género en las políticas regionales y municipales; entre ellos se pueden identificar aquellos dirigidos a describir e informar sobre la condición de las mujeres en aspectos específicos: demográficos, educativos, familiares, laborales, de participación política y salud reproductiva; y los orientados a examinar los efectos de las políticas públicas en función de indicadores de mejoramiento de la situación y posición de las mujeres en diversos aspectos de la vida económica, política y social del país. Al lado de estos estudios, el campo específico del análisis de la conformación de la política nacional de género y de la institucionalización de sus distintos contenidos y enfoques en las áreas de la política pública, ha sido explorado en varias investigaciones —Kusnir (1994); Incháustegui (1999); Barrera y Massolo (1998, 2003); Massolo (2004); Incháustegui y Ugalde (2006); Barquet y Méndez (2001); Zaremberg (2007); Tarrés (2007); López Estrada (2009, 2009a), Guzmán (2007), Tepichin (2009, 2010) y Barrera (2011)— que han contribuido con importantes distinciones conceptuales sobre el género y examinado algunas de las pautas que ha seguido su institucionalización en el país; varios de los presupuestos y resultados de estos estudios se aplican en nuestro análisis y aparecen documentados en los apartados correspondientes.
Un examen particular de los desafíos y obstáculos que enfrentaron los Institutos Estatales de las Mujeres para implementar y operar las políticas de género fue realizado por María Luisa Tarrés en 2007. En 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) publicó un estudio sobre Indicadores de Desarrollo Humano y Género en las entidades federativas de México; el estudio incluye un examen de las capacidades institucionales de las Instancias de las Mujeres. En la esfera de las instancias municipales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) realizó un diagnóstico de la observancia, el seguimiento y la evaluación de la política de igualdad entre mujeres y hombres por regiones, que incluyó tanto a las dependencias estatales como a las instancias municipales; por sus características y cobertura es la investigación más amplia sobre los organismos municipales que se ha realizado hasta ahora en el país (cndh, 2009). Muchos datos y resultados de estos estudios quedaron incorporados en el desarrollo de este volumen.
La investigación académica relativa a los temas de género y focalizada en el ámbito particular del Estado de México y sus municipios es reciente y diversa, siendo más numerosa aquella dirigida a examinar los distintos aspectos de la evolución y características de la condición de las mujeres. En el rubro de los estudios sobre el desenvolvimiento de las políticas públicas de género, éstos son escasos, aunque se advierten los de Graciela Vélez Bautista (2002) y el de Vélez y Martínez (2007), que se centran en los obstáculos que enfrentan las mujeres para su participación y desempeño en puestos públicos. El campo específico de la institucionalización de la política de género ha sido abordado por Ivonne Vizcarra, quien ha estudiado la transformación del discurso global sobre la equidad de género a través de mecanismos institucionales, a partir del caso del Instituto Mexiquense de la Mujer (Vizcarra, 2002).
Con fundamento en ese marco general, la mirada que proponemos se centra en los organismos públicos que concretan el proceso de constitución y operación de estrategias propias de política pública. A partir del caso del Estado de México, se miran con detalle las formas constitutivas de los organismos municipales de la mujer, sus capacidades técnicas, los arreglos institucionales en que se encuentran insertos, y los procesos de operación de las políticas en cuestión. El perfil de la conformación de una agenda municipal con contenido de género se traza desde las políticas nacionales, arrojando luz sobre la adopción de formas de intervención relativamente estables que regulan e inclinan la orientación de las acciones y el funcionamiento de las dependencias para la atención de los problemas, en ámbitos específicos de la sociedad o del territorio. Por esa razón, la primera parte de la exploración que realizamos está dedicada a presentar las concepciones y líneas principales que han incidido en el establecimiento y singularidad de la agenda de género.
La identificación de las distintas orientaciones con las que se fue posicionando el género en la agenda gubernamental mexicana permite entonces construir una secuencia de los enfoques que el gobierno incorporó como subconjuntos de principios o marcos que guían la acción pública en un periodo determinado. En razón de su importancia se desarrolla con mayor detalle la adopción del enfoque conocido como gender mainstreaming o “corriente principal de género”, que es la orientación constitutiva del modelo nacional vigente y la que en la actualidad es considerada como el principio rector de sus avances en el orden mundial; en consecuencia, se marcan los cambios con relación a enfoques previos, para saber si las políticas y los programas que se han ido estableciendo en los distintos ámbitos de gobierno se corresponden o no con esa perspectiva.
En ese sentido, a lo largo de los apartados del texto se discute si las políticas para atender los problemas de las mujeres han sido construidas desde el enfoque del gender mainstreaming, que implica la transversalidad del género y, si ese marco cognitivo se ha incorporado o no a las acciones públicas.3 Como nos lo ha hecho notar Flérida Guzmán, las políticas han ido cambiando y evolucionando a lo largo de varias décadas; las variantes responden a enfoques distintos sobre las causas de la desigualdad que derivan en estrategias diferentes; el enfoque transversal de la perspectiva de género representa el punto de mayor avance al plantear un cambio en las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, es decir, al hacer del género un criterio del ordenamiento social (Guzmán, 2007: 145).
Así, el punto de partida es la supuesta existencia de conjuntos de principios, ideas, representaciones, demandas y expectativas que han guiado la orientación y la transferencia de las políticas, algunas de las cuales han sido parcialmente institucionalizadas mediante normas, programas, dependencias y prácticas, lo que ha generado formas válidas y aceptadas de atención a los problemas que guían la conducta de los actores. La posición que ocupa el ser mujer en cada uno de esos subconjuntos incide en las formas mediante las cuales se atiende la desigualdad y tiene efectos distintos en las posibilidades de transformación de la condición de las mujeres.
Como una parte importante de ese análisis, el proceso de apropiación de ciertos patrones que estructuran el orden social —en la perspectiva del neo-institucionalismo— es visto como aceptación y permanencia de pautas de actuación que dan respuesta a problemas o inquietudes recurrentes, y supone su inserción y posterior sedimentación en las dinámicas de funcionamiento de las organizaciones. La posición implica reconocer que las instituciones se crean y se desarrollan siguiendo ciertas fases y que al seguir las etapas de evolución de la institución, se pueden identificar diferentes niveles de institucionalización.4 De ese modo, como lo menciona Philip Selznick (1996: 271), el proceso de institucionalización es percibido como la emergencia de patrones de ordenamiento estables y que se encuentran socialmente integrados.5
En lo que concierne a las políticas de género, su institucionalización nos refiere a los procesos mediante los cuales ciertos patrones de política adquieren carácter de permanencia y asumen también formas relativamente estables de respuesta a los problemas. La institucionalización de determinadas formas de intervención sobre los problemas o la modificación de las existentes, se observa en los cambios en las agendas, en programas específicos, en la creación de nuevas instancias, leyes, normas y recursos asignados al avance de la situación de las mujeres (Guzmán, 2001: 5).
Con ese énfasis nos interesa estudiar el proceso de transferencia del modelo nacional —construido desde la corriente principal de género— a las dependencias que se constituyeron como sus canales y centros de ejecución, sus características principales, sus limitaciones y potencialidades; teniendo a la vista los avances y los obstáculos de las acciones gubernamentales. Ello, sin olvidar que también están presentes en la agenda de género componentes de enfoques previos que fueron adoptados como parte de una cierta cultura política y que se fueron sedimentando como patrones aceptados en el actuar del gobierno.
La institucionalización de formas diferentes de intervención sobre los problemas de las mujeres en la acción gubernamental, es así entendida como un proceso evolutivo de cambio y adaptación al medio ambiente y de sedimentación de las transformaciones, mediante lo cual se conforman nuevas prácticas. En ese mapa, la mirada general (inserta en el marco del nuevo institucionalismo) fue dirigida a dar visibilidad al hecho de que las instituciones políticas expresan y por fuerza contienen elementos normativos que estructuran las interacciones que tienen lugar entre y dentro de ellas (March y Olsen, 1989: 107).
Los obstáculos en el camino
En verdad, una visión como la que hemos trazado es en buena medida un arreglo imaginario en el que creemos que es posible identificar subconjuntos percibidos como enfoques, ideas y nociones imbuidas en las políticas y en el proceso de construcción de la agenda de género; la realidad es más compleja, los modos, las ideas y los componentes están imbricados, por lo que ubicar las acciones en un enfoque o en otro, o bien atribuirlos a decisiones tomadas en ámbitos específicos es solamente un intento de lectura de esa realidad. Así, para salvar algunos de los obstáculos que se encuentran entre esas distancias utilizamos herramientas metodológicas distintas: la investigación documental fue más útil para identificar y ubicar los enfoques en el tiempo, para mostrarlos en su desarrollo histórico y para reconstruir y dar cuenta del proceso evolutivo de la agenda de género. Pero, como bien sabemos, las políticas no son solamente concepciones teóricas y no se realizan en el vacío sino que se crean y operan en espacios concretos con características propias que impregnan las estrategias. Por ello se revisa la agenda de género en tres niveles: la constitución de un sistema nacional que integra territorialmente la política, el modelo normativo que la instrumenta mediante un programa nacional, y su observancia en el Estado de México mediante los programas operativos y reglas formales e informales. La construcción del estudio del caso de las instancias municipales de la mujer en el Estado de México, condensada en el Instituto de la Mujer de la ciudad de Toluca, permitió abrir un espacio que diera prioridad a la exploración de la organización de las dependencias, al examen de sus programas y a la identificación de las prácticas; líneas que precisaron el empleo de la encuesta y de las entrevistas con los responsables de su operación. El uso de estos recursos metodológicos se describe en los capítulos correspondientes.
La explicación de la configuración local de la agenda de género requirió la aplicación de algunas categorías conceptuales —como las de capacidades institucionales y la de acuerdos de operación estándar— que facilitaran examinar los procesos, los componentes y las preferencias por cursos de acción determinados; los criterios para su aplicación se aclaran en el texto.
Con ello, no pretendimos abarcar todos los aspectos relacionados con el estudio del género; es una categoría que obviamente puede ser analizada desde muchos ángulos y con una multiplicidad de criterios. Básicamente, los rubros que mencionamos aquí están orientados a distinguir la posición que las mujeres ocupan como agentes o beneficiarias de la intervención del Estado en dos etapas. La primera es en la que las condiciones desiguales de las mujeres adquieren visibilidad en la esfera social y política. La segunda etapa corresponde a la gradual inclusión de las mujeres en las concepciones contemporáneas del desarrollo socio-económico de los países, que se concreta en la formulación de indicadores que consideran la condición de la mujer como componente importante del desarrollo; los indicadores de este periodo integran, tanto la satisfacción de las necesidades básicas, como la igualdad de oportunidades y la formación de capacidades como aspectos sustantivos del desarrollo. Es el caso de los Índices de Desarrollo Humano establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (onu), adoptados por más de cien países desde 1990 (onu, 1998: 179).
El lector encontrará también que las líneas analíticas que se combinan en el texto se detallan en los capítulos correspondientes y que también, cuando se estima necesario, se profundiza en los criterios, las herramientas y las fuentes que sustentan el estudio.
A propósito del Estado de México
Examinar lo acontecido con las políticas de género en el caso del Estado de México no implica que ello fuese igual en todo el país; no obstante, si se considera que de modo general la extensión del modelo de género a los distintos ámbitos de la nación se diseñó en torno a la constitución de dependencias operativas en los estados y municipios, dilucidar lo que ha acontecido en entidades específicas puede ser un elemento valioso para la comprensión de esas dinámicas. En tales circunstancias, el Estado de México en sus 125 municipios presenta una amplia diversidad, ya que al tiempo que existen zonas urbanas muy desarrolladas e industrializadas, observamos otras rurales que presentan atraso y marginación y, en ese espectro de disparidades, algunos municipios tienen muy altos niveles de desarrollo humano, en tanto que otros se ubican en niveles bajos. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para el 2014, el Estado de México tiene una población de 16.6 millones de habitantes, con una relación hombres-mujeres, de 95 hombres por cada 100 mujeres (Conapo, 2010). Asimismo, es la entidad que concentra la mayor población femenina del país, 8.5 millones de mujeres en 2014, ámbito en el que algunos de los organismos de la mujer que se constituyeron para la operación del modelo de género son muy importantes en términos de la población que atienden y de los programas que operan, mientras que otros funcionan con muchas carencias. Dadas esas condiciones, es posible pensar que su caso pueda ser representativo de las vicisitudes de la agenda de género en el territorio nacional.
