Kitabı oku: «La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur»
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
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La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich Del Sur, en un contexto de rediseño geopolítico mundial
La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich Del Sur en un contexto de rediseño geopolítico mundial
Gustavo E. Barbarán
Coordinador - Compilador

EUCASA
EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
SALTA - ARGENTINA
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Presentación de las II Jornadas (Salta, 8-9 de junio 2018)
Prólogo. Marta Y. Tejerizo
1. Geopolítica del Atlántico Sur. Gustavo E. Barbarán
2. Seguridad y defensa en el Atlántico Sur. Alejandro Benavidez
3. El poder militar del Reino Unido y la «Fortaleza Malvinas». Gustavo L. Beguet
4. Incidencias del Brexit en la cuestión Malvinas. Martín Andrés Rodríguez
5. El Comunicado Conjunto de septiembre de 2016 y sus implicancias en el contexto de la política e xterior del gobierno del Ing. Mauricio Macri. Carlos Biangardi Delgado
6. La Argentina y su derrotero en los foros internacionales. Roberto Camardelli Carrasco
| La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur : en un contexto de rediseño geopolítico mundial / Marta Tejerizo ... [et al.] ; compilado por Gustavo Barbarán. - 1a ed . - Salta : Universidad Católica de Salta. Eucasa, 2020.Archivo Digital: descarga ISBN 978-950-623-212-21. Islas Malvinas. 2. Derecho Internacional. I. Tejerizo, Marta. II. Barbarán, Gustavo, comp.CDD 341.4 |
Para citar este libro:
Barbarán, G. E. (Coord. Comp.) (2020). La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur en un contexto de rediseño geopolítico mundial. Salta: EUCASA (Ediciones Universidad Católica de Salta).
Para citar una parte:
Benavidez, A. (2020) «Seguridad y defensa en el Atlántico Sur»; en: Barbarán, G. E. (Coord. Comp.) (2020). La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur en un contexto de rediseño geopolítico mundial. Salta: EUCASA (Ediciones Universidad Católica de Salta).

© 2020, por EUCASA (EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA)
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Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, sin autorización escrita del editor.
Presentación de las Jornadas
El Instituto de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Salta (IDI) ha previsto la realización periódica de Jornadas Académicas sobre la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. El resultado de las Segundas Jornadas Salteñas es este libro.
Las Primeras Jornadas se realizaron en el marco conmemorativo de los 30 años de la guerra de las Malvinas los días 4 y 5 de mayo de 2012; en ellas pusimos énfasis en los aspectos históricos, la legitimidad de los títulos sobre los archipiélagos, el proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, los casos similares en otras regiones del mundo, la seguridad hemisférica en la época del conflicto armado de 1982, y el contexto de la diplomacia argentina y británica a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Consecuencia de aquellas fueron dos ediciones del libro La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, ambas agotadas (la de 2015, en versión corregida y aumentada).
En aquella ocasión, nos habíamos propuesto «reflexionar serenamente sobre la problemática sin anteojeras ideológicas ni patrioterismo y con visión de largo plazo». El tiempo transcurrido nos pareció suficiente para retomar la problemática del Atlántico Sur, tan indisolublemente unida a nuestro destino como Nación. En 2015 concluyó un ciclo político e inició otro que no produjo avances sustanciales, mucho menos en lo que hace a la cuestión de fondo, esto es, el debate inconcluso sobre la soberanía. El Reino Unido impone su agenda y sigue manejando los tiempos.
Varios sectores académicos y políticos de nuestro país han orientado acertadamente sus análisis y debates hacia una relectura de los tiempos que corren en la política mundial, los juegos de poder de los principales actores internacionales, la seguridad individual y colectiva y las cuestiones vinculadas con el aprovechamiento de los recursos naturales, en especial del mar y su subsuelo. Esta actitud, estrechamente ligada al imperativo de la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional, genera en nosotros un compromiso adicional cual es el de mantener vivos nuestros derechos sobre las islas y los espacios marinos circundantes —además de su proyección antártica— desde el extremo norte de nuestra geografía continental, como un modo de reafirmar el carácter profundamente nacional y justo del reclamo.
Conviene recalcar que la Argentina es la octava extensión territorial del planeta, subpoblada y con población mal distribuida, con escasas «puertas» de entrada y salida al país. A nuestra superficie continental le debemos sumar los espacios marítimos, la plataforma continental, los territorios insulares irredentos y la península antártica, todo lo cual indica el inmenso valor de lo que la Argentina arriesga.
Aparte del mencionado imperativo constitucional, reiteramos los siguientes principios básicos de nuestra mayor causa nacional:
1.º Unidad de la disputa, en tanto el conflicto involucra a los tres archipiélagos y sus espacios marítimos adyacentes, la plataforma continental y su proyección antártica.
2.º Las partes involucradas son la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sin perjuicio de los intereses y el modo de vida de los isleños.
3.º Se trata de una situación de colonialismo, tal como lo han definido varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1960 en adelante.
4.º Estamos obligados a solucionar pacíficamente el conflicto por expresas disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones específicas dictadas al respecto.
5.º El apoyo de países y foros internacionales, aunque es importante, no es suficiente para resolver el centenario conflicto iniciado con la usurpación de 1833.
Por su parte, las Segundas Jornadas —llevadas a cabo 8 y 9 de junio de 2018—dividieron la temática en cuatro paneles, atendiendo a lo sucedido entre 2012 y 2018, razón por la cual se tuvieron en cuenta datos y cifras disponibles en esa época. El primer panel —a cargo de Carlos Biangardi Delgado y Roberto Camardelli Carrasco— apuntó a dos aspectos de la política exterior y de la diplomacia argentina durante la gestión del expresidente Mauricio Macri: «El Comunicado Conjunto de septiembre de 2016 y sus implicancias en el nuevo contexto de la política exterior argentina» y «Argentina y su derrotero en los foros internacionales». El segundo panel —con Martín A. Rodríguez y Melisa R. Languasco— apuntó a las «Incidencias del Brexit en la cuestión Malvinas» y al «Aprovechamiento de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental». El tercer panel —Alejandro Benavidez y Gustavo L. Beguet— se refirió a la sensible cuestión de «La seguridad y defensa en el Atlántico Sur» y «El poder militar británico». Y el último, a «La problemática del Atlántico Sur en el marco geopolítico global» y la «Construcción del poder nacional», a cargo de Federico de Singlau y Gustavo E. Barbarán.
Asimismo, debemos señalar que los ensayos se ubicaron de manera distinta al orden en que fueron expuestos en las Jornadas, por considerarse más adecuado a los efectos de esta publicación.
Actuaron como moderadores cuatro miembros de nuestro instituto: Mag. Valeria R. Vorano; Ab. Prof. Marcelo R. López; Ab. Marcelo A. Peyret y Mag. Prof. Víctor F. Toledo, respectivamente.
Queda claro que lo expuesto en este libro es opinión exclusiva de los respectivos autores y, por ende, no compromete ni al IDI ni a la UCASAL. A ellos nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado y por su compromiso con la causa de Malvinas.
Salta, octubre de 2019
Ab. Prof. Gustavo E. Barbarán
Director del Instituto de Derecho Internacional
Prólogo
Prologar este libro me generó un sinnúmero de emociones, las cuales invaden mi espíritu cuando se aborda el tema Malvinas. Porque la problemática de las Malvinas no solo representa el reclamo legítimo de cada uno de los argentinos sobre esas hermanas perdidas en el inconmensurable celeste mar, sino que conlleva un sentimiento de legitimidad e identidad que el paso del tiempo no logrará olvidar.
Mucha literatura ha tratado este tema, pero la claridad con que este libro plantea dicha cuestión atrapa no solo a quienes conocemos sobre derecho y política internacional, sino a todos aquellos que deseen saber las causas del conflicto, conocer si funcionaron los tratados y compromisos que asumieron las partes, y si, actualmente, los gobiernos de turno han trazado una política internacional de Estado en resguardo de nuestros derechos soberanos.
Seis profesionales con anclaje académico se dedicaron a investigar y estudiar la «cuestión Malvinas» con mucha precisión (lo demuestran las abundantes citas bibliográficas) y sencillez, que puede ser captada por todos los estudiosos que deseen conocer esta parte de nuestra historia nacional.
Gustavo E. Barbarán, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), docente, investigador incansable, un estudioso de estos temas, sostiene en el capítulo I, denominado «Geopolítica nacional y del Atlántico Sur», que la construcción del poder necesita de una estructura económica nacional para poder insertar al país en el nuevo orden mundial. «Los partidarios del globalismo lo son generalmente de la ortodoxia económica librecambista, en cambio, los multipolaristas preferirían la heterodoxia», dice el autor.
Barbarán profundiza en el análisis geopolítico argentino con citas de grandes analistas como Guglialmelli y Storni. Advierte sobre el poco interés que el Estado argentino tiene por el mar, a pesar de que nuestro país tiene un amplio litoral marítimo, y resalta que existe un retroceso en este aspecto tal como lo ha demostrado la tragedia del submarino ARA San Juan (noviembre de 2017).
Se suma a autores argentinos como Juan Archibaldo Lanús y Carlos Biangardi Delgado, quienes sostienen que el interés nacional de este siglo debe centrarse prioritariamente en la Patagonia con proyección austral a los océanos Pacífico, Atlántico y Antártico. Señala, además, que la Argentina debe buscar apoyo para consolidar nuestra proyección peninsular, incluidas las islas del Atlántico Sur y la Antártida, para así cumplir con la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
Concluye diciendo que los principales desafíos geopolíticos son seguridad, defensa y desarrollo; y muestra preocupación por la situación demográfica, particularmente por el despoblamiento en la Patagonia y el envejecimiento paulatino de la población, por lo que señala que la Argentina deberá atender los asentamientos poblacionales concentrados en un tercio del territorio y lograr el equilibrio poblacional. Cita la Resolución N° 71/1 del año 2016 sobre la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, donde se recomienda a los Estados las políticas a seguir para alcanzar el «equilibrio poblacional».
Barbarán sostiene, como conclusión, que se necesita un gran debate nacional para diseñar nuestra geopolítica con el fin de asegurar nuestra supervivencia como nación en los decenios que siguen. Las Malvinas y la Antártida son, pues, los ejes centrales de todas sus reflexiones.
El capítulo II, «Seguridad y Defensa en el Atlántico Sur», está a cargo del Cnel. (RE) Alejandro Benavidez, quien comienza su trabajo citando, por un lado, hitos importantes acaecidos en el mundo en este siglo multipolar y globalizado, y, por otro, la fragmentación motivada por problemas étnicos, raciales y religiosos, con un terrorismo y fundamentalismo indiscriminados.
Plantea los nuevos problemas que asoman en el siglo XXI, algunos de carácter económico, otros tecnológicos, que derivaron en el hecho de que China se posicionara en el nuevo escenario mundial como un actor poderoso, lo que generó que el poder económico se trasladara hacia el Pacífico donde vive la mitad de la población mundial.
Benavidez argumenta que el desarrollo hidrocarburífero tanto en el Atlántico Sur como en el continente Ártico serán lugares de nuevas disputas que determinen la explotación de esos recursos. A ello suma el problema de las migraciones como factor condicionante de este siglo.
Dedica buena parte del capítulo a describir las implicaciones que posee el Atlántico Sur como un espacio geoestratégico de bajo nivel de conflictividad y elevada accesibilidad a diversos recursos naturales.
Cita los distintos foros internacionales en los que la Argentina recibió apoyo a nuestra soberanía sobre las Malvinas. Sostiene que es una causa regional y global, y que la explotación de los recursos naturales, especialmente hidrocarburos, por potencias extranjeras constituye un «detrimento al derecho de soberanía de la República Argentina sobre su plataforma continental».
Se pregunta ¿qué roles tienen las grandes potencias como el Reino Unido y los EE. UU. en el Atlántico Sur? Para el primero, si bien las Malvinas no están dentro de sus prioridades, la administración de Theresa May le asignó un interés estratégico, de fácil acceso a los recursos naturales, y una vía alternativa de comunicación en caso de un eventual cierre del canal de Suez con una proyección hacia la Antártida. En tanto para los norteamericanos, problemas como el narcotráfico, terrorismo, migraciones, etc., en el Atlántico Sur, no tendrían impacto para su seguridad por la lejanía de ese país respecto de las Malvinas. Destaca la presencia argentina en la Antártida, a través de sus bases, como una forma de ejercer su título de soberanía.
Aborda los «procesos políticos» que Gran Bretaña sostiene para su pretendida soberanía en las islas, citando su inclusión como territorio de ultramar en el Tratado de Lisboa, protestada oportunamente por la Argentina. Ante el posible Brexit, se pregunta si mantener el reconocimiento que el Tratado de Lisboa hizo de nuestro archipiélago seguirá contribuyendo a la posición británica. Concluye afirmando que todas estas cuestiones debilitan la actual política, tanto interna como internacional, que Gran Bretaña realiza desde 2018 en adelante.
Con respecto a la Seguridad y Defensa en el Atlántico Sur, a pesar de la vigencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), EE. UU. no se involucró debido a su condición de miembro de la OTAN, por estar ligado con Gran Bretaña, ambos miembros de ese pacto defensivo. Así, la «seguridad colectiva», que preconiza el TIAR, «recibió un golpe fatal al comprobarse su ineficacia» en esta causa tan querida por los argentinos.
Benavidez destaca con precisión cómo nuestro país, teniendo un amplio litoral marítimo, ha aumentado considerablemente su superficie después de entregar a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental COPLA (2017) de Naciones Unidas el informe técnico-jurídico, estableciendo la distancia del borde exterior de nuestra plataforma continental y los recursos con que contamos en ese espacio marítimo.
Aboga para que la Argentina diseñe una política de Estado para fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, de manera pacífica, con un mecanismo de cooperación multilateral y con el envío de misiones de paz que servirán para fortalecer nuestro reconocimiento en el mundo.
El capítulo III, a cargo del Mag. Gustavo L. Beguet, se denomina «El poder miliar del Reino Unido y la Fortaleza Malvinas». En este describe el potencial bélico que posee Gran Bretaña con el fin de comprender su comportamiento en la toma de decisiones, mediante un derecho basado en la tradición (costumbre) y la ley. Con un régimen monárquico que perdura en el tiempo y un Parlamento fuerte, el Reino Unido dirige los destinos de excolonias del mundo occidental. No obstante, perdió su condición de gran potencia en lo referente a poderío militar, a pesar de los despliegues bélicos que realiza en zona o lugares que Gran Bretaña entiende prioritarios (Chipre, Irak, Brunei, Afganistán, etc.).
El autor cita lugares (antiguas colonias, protectorados o dominios británicos) donde las fuerzas armadas británicas han instalado bases militares o apostaderos navales para prevención (según declaraciones inglesas) del terrorismo transnacional, de la piratería marítima y otros delitos internacionales, con equipamiento aéreo y naval de última tecnología, algunos de los cuales se encuentran hoy asentados en las Malvinas.
Concluye su análisis sosteniendo que el conflicto bélico de 1982 «hizo tomar conciencia a Gran Bretaña y al mundo acerca del valor estratégico de Malvinas», lo ilustra con mapas que servirán al lector para ubicar con mayor precisión las distancias y su valor geoestratégico para este mundo en el siglo XXI.
El capítulo IV, a cargo del Lic. Martín A. Rodríguez, se denomina «Incidencias del Brexit en la cuestión Malvinas». Analiza el impacto económico en pesca, petróleo, carne, turismo, que pudiera llegar a tener la cuestión de la soberanía en las Malvinas ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), y cómo quedará su relación con este organismo supranacional. Diferencia, con buen criterio, el significado de los conceptos «interés» (sostenido por la Argentina) y «deseos» (sostenido por Gran Bretaña), principios que sostienen ambos países a la luz de la Resolución N.º 2065 (AG XX) por la cuestión de las Malvinas.
Analiza e ilustra los impactos que el Brexit pudiera tener para los ingleses que habitan en las Malvinas, como también para la Corona Británica. La pesca de calamares, merluzas negras, etc., sufriría una pérdida para los isleños. La lana, segundo producto más exportado, junto con carne de oveja y de cabra, también sufrirá una merma si se aplica el denominado Brexit «duro». Rodríguez sostiene que al no ser rentables el petróleo, el turismo, la ciencia y la defensa, dejan de ser temas atractivos para la Unión Europea, sobre todo si se aplica una salida dura.
También señala casos como el del archipiélago de Chagos, del que Gran Bretaña se apoderó ilegítimamente, y trae al debate la opinión consultativa emitida en mayo de 2019 por la Corte Internacional de Justicia, la cual dictaminó que Gran Bretaña «debía poner fin a la administración en la isla», exhortando a todos los Estados a cooperar con las Naciones Unidas en ese proceso descolonizador. Cita resoluciones del máximo órgano judicial en apoyo de esta tesis, caso muy similar al sucedido en las Malvinas.
Concluye su trabajo (actualizado hasta las elecciones primarias del pasado 11 de agosto de 2019) reflexionando que la salida del Brexit para Gran Bretaña será más dura por no contar con el apoyo de la Unión Europea, y que la nueva administración deberá redoblar los reclamos ante los organismos internacionales y la Unión Europea, y con la sugerencia de que las Naciones Unidas lleve a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el tema.
El capítulo V, a cargo del Dr. Carlos Biangardi Delgado, miembro de la AADI, defensor incansable de las causas del Atlántico Sur, abordó el tema «El comunicado conjunto de septiembre de 2016 y sus implicancias en el contexto del gobierno del Ing. Mauricio Macri». El autor, con gran solvencia y mirada política, el desarrollo que la cuestión de las Malvinas tuvo hasta llegar la presidencia de Macri.
Con un evidente malestar, que comparte esta prologuista, cita publicaciones y declaraciones —ante las que ya ha protestado la Argentina— que afectarían nuestro derecho sobre las islas, muchas de ellas obligan al gobierno nacional a rectificar, cambiar o sacar de circulación notas periodísticas y mapas que atañen nuestros derechos soberanos, hasta billetes nuevos que en ese momento acuñaría el Banco Central de la República Argentina. Por ello sostiene, apoyándose en una cita de Félix Peña, que, bajo la presidencia de Macri, funcionarios de rango añoraban la época de 1830-1930, denominada «dependencia compartida», a pesar de que el autor de este trabajo afirma que las condiciones para el Reino Unido han cambiado y son irrepetibles.
Con una mirada aguda y crítica, analiza los rasgos que han caracterizado la política exterior argentina en el aspecto económico, particularmente en el gobierno del expresidente Macri, con el «macroendeudamiento, sin capacidad de pago, el doble déficit fiscal, para sostener nuestra balanza de pagos cada vez más debilitada».
En este análisis complejo entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de nuestras islas, trae a colación los comunicados conjuntos y el Decreto N.° 29/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, donde nuestro «país renunciaba a su inmunidad soberana, y se sometía a los Tribunales de Londres y Nueva York con relación a los acuerdos que se suscriben en el futuro con relación a la deuda pública».
Desarrolla una crítica constructiva de nuestra diplomacia argentina sosteniendo que no podemos tener una relación privilegiada con el Reino Unido a causa de la ocupación ilegítima de nuestras islas y el usufructo ilegal, que a diario realizan, de nuestros recursos vivos y no vivos en el Atlántico Sur.
Sus citas y la relación con el derecho internacional público, las relaciones internacionales y el derecho nacional, nos muestran un estudioso y gran conocedor de estos temas y con una actualización constante que enriquece el conocimiento y cubre lagunas del saber en esta problemática tan compleja.
Con agudeza de buen internacionalista, enumera el apoyo que la Argentina tuvo en los foros internacionales, así como el reconocimiento que Gabriela Michetti (2017) hiciera en las Naciones Unidas, alineada al Grupo de los 77. Sin embargo, el ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según opinión de estudiosos del tema, crearía una incompatibilidad, la cual, resalta este autor, tiene un argumento infundado, por citar países que pertenecen a ambas organizaciones internacionales.
Analiza parte del «Comunicado Conjunto» y la información dada a conocer en la prensa de nuestro país sobre pesca (comisión que hace más de diez años no se reunía) e hidrocarburos, cuya proyección ilegítima habría comenzado en el 2010, lo que benefició solamente a Gran Bretaña y empresas extranjeras.
Concluye afirmando que la «hoja de ruta» nos coloca nuevamente en una situación de debilidad y en riesgo ante los foros internacionales por la prospección ilegal de los hidrocarburos y el aislamiento logístico y comercial del archipiélago, por lo que resultará difícil para nuestro país recuperar la «credibilidad en su reivindicación de soberanía».
Con buen criterio sostiene que el punto de partida debe ser la denuncia del Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, y a partir de allí «construir políticas de Estado» que afiancen nuestra soberanía en las islas, consolidando la integración regional para poder interrelacionarnos en los centros de poder mundial.
El capítulo VI, a cargo del Lic. Roberto Camardelli Carrasco, se titula «Argentina y su derrotero en los foros internacionales». Nos plantea su autor la complejidad que la Argentina tiene con los distintos actores de este siglo para lograr su inserción en el orden mundial, y las estrategias que la administración actual y las sucesivas deberían tener presente para trazar una política de Estado para recuperar las Malvinas.
Cita Camardelli Carrasco cómo se desarrolló esta cuestión bajo la administración de la Sra. Cristina Fernández, el tratamiento que se diera en las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización (2017), como también en la Organización de los Estados Americanos (OEA), al considerar el reclamo argentino como un tema de «interés hemisférico permanente». Se pregunta si estos organismos ejercen activamente un rol para el mantenimiento de la paz y la seguridad hemisférica.
La problemática también se abordó en las cumbres iberoamericanas y en declaraciones ministeriales de grupos internacionales, donde solicitaban que la Argentina y Gran Bretaña reanudasen las negociaciones por la «cuestión de las Islas Malvinas», de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.
Destaca el logro del gobierno argentino en encontrar apoyo a través de organismos latinoamericanos como Mercosur, Unasur, CELAC y otros respecto de la explotación de hidrocarburos que Gran Bretaña acomete en nuestra plataforma continental.
Finaliza este capítulo preguntándose si el reconocimiento multilateral resulta eficaz o si la actual estrategia solo busca apoyos declarativos con otras medidas para lograr la recuperación de nuestros territorios irredentos.
Concluyo este Prólogo recordando que la identidad nacional solo se afianzará con el verdadero conocimiento de la realidad nacional. A ello se abocaron estos autores, que, con sus plumas, defienden nuestros derechos soberanos.
Constituye una obra de gran versatilidad, de fácil lectura y comprensión para los estudiosos del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Debido a la cantidad de datos informativos y bibliográficos, al inicio parece densa, pero, sin lugar a dudas, es completa y sugerente, plantea interrogantes que permitirán a los lectores afrontarla desde distintas perspectivas y con diversos intereses. Nos servirá a docentes, alumnos y público en general comprometidos con esta causa a la que no claudicaremos ni con el paso del tiempo.
A todos ellos, muchas gracias.
Marta Y. Tejerizo
Presidente
Asociación Argentina de Derecho Internacional
CAPÍTULO I
GEOPOLÍTICA DEL ATLÁNTICO SUR
Gustavo E. Barbarán (1)
Resumen
El mundo avanza hacia reacomodamientos geopolíticos en una era globalizada, en la cual lo que antes convergía ahora se confronta. Cada país debe construir y consolidar su poder nacional atendiendo a los recursos de los que dispone. Para lograrlo es imprescindible fijar una meta y tras ella diseñar políticas de Estado para el largo plazo. El siglo XXI posee una impronta oceánica y espacial; en tal marco, los océanos y sus recursos adquieren enorme importancia. La Argentina peninsular constituye una hipótesis plausible para reconstruir nuestra cualidad de país continental, bioceánico y patagónico-antártico.
Palabras clave
globalización y Estado nacional - cambio de época - multipolarismo - construcción del poder nacional - proyecto - recursos de poder - Argentina peninsular - geopolítica y geoestrategia - agenda de mediano y largo plazo
Abstract
The world goes to geopolitical rearrangements in a globalized era, in which confront different ways of convergences. Each country must build and consolidate its own national power taking into account its own resources. In order to achieve it, it becomes mandatory to have a goal and to design State politics to medium and long term. The XXI century is oceanic and spatial; within this frame, the oceans and their resources acquire an enormous importance. Peninsular Argentina then becomes a plausible hypothesis in order to reaffirm our quality of continental country, bioceanic and patagonic-antarctic.
Key words
Globalization and National State - Change of Time- Multipolarization - Building of national power - Project- Power resources - Peninsular Argentina - Geopolitics and Geostrategy - Agenda to medium and long term
1.1. Introducción
En la retórica política de la Argentina cotidiana, la expresión «construcción de poder» se entiende como las maniobras practicadas por un equipo de gobierno al que le toca conducir los asuntos de Estado a fin de afianzar o aumentar su poder político, para, de ese modo, asegurar la gobernabilidad del ciclo. Subyace en tal percepción el interminable conflicto entre política agonal y política arquitectónica.
Aquellas maniobras, en muchas ocasiones, discurren por canales poco transparentes. Si eso sucede, o sea, cuando se acumula poder por el poder mismo, la sociedad involucrada, por lo general, navega a la deriva. Entonces, la única forma de sortear obstáculos es precisamente recuperando el sentido arquitectónico de la política. En su ensayo «La política por excelencia», José Ortega y Gasset (1963, p. 102) indicaba que ello implica «… tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una Nación». En nuestro mundo globalizado, ¿mantiene vigencia esa percepción?
La «construcción de poder» referida en este capítulo es cualitativamente distinta. El poder nacional acá imaginado apunta más alto y más lejos de las coyunturas, trampas de las que la dirigencia argentina no puede escapar desde la recuperación democrática en 1983 (y mucho antes también).
¿Cómo construyeron su poder nacional los países centrales? ¿En qué se basaron? ¿Puede haber grandeza nacional sin vocación protagónica y existir esta sin poder? Para alcanzarla hacen falta análisis, debates y acuerdos en los más variados ámbitos y niveles, y, como toda construcción, ha de realizarse de abajo hacia arriba para ganar legitimidad a partir de la conciencia de su necesidad y su adecuación a la idiosincrasia e intereses de toda la sociedad.
Cómo se construye poder es una cuestión básica, pero no lo es menos cuándo se hace. En verdad, no tiene plazo de finalización y su éxito se relaciona estrechamente con la calidad de los objetivos: si se depende de la mayor o menor extensión de superficie sembrada o de las contingencias climáticas, será una cosa; otra, si se relaciona con una transformación industrial basada en I+D.
¿Y quién construye poder nacional? La sociedad en su conjunto, apoyada en y respaldada por sus instituciones, colaborando con el Estado en el diseño del proyecto y proponiendo los objetivos adecuados. Si la política se divorcia de la sociedad, todo se hará más difícil si no imposible (2). Esta aspiración depende de la lucidez de las dirigencias (entendidas en sentido amplio), y es evidente que su calidad ha menguado en muchos países. Por lo tanto, un orden internacional será estable en la medida en que sus actores centrales —todavía los Estados— exhiban una estabilidad legitimada en el plano interno. A este se suma una ventaja adicional: cuando una sociedad ha definido su meta, su proyecto nacional, la trascendencia de los objetivos y el vigor intelectual de su elaboración operan como anticuerpos para la corrupción sistémica que ha deslegitimado a las democracias en todos los continentes.
Hay países cuya política interna está basada y condicionada por la política internacional. Generalmente son pocos y responden a la categoría de gran potencia, caracterizada por el alcance universal de sus intereses y por el modo de articular negocios con seguridad estratégica. Esa conjunción nunca fue fácil e incruenta, y expresa de manera descarnada las disputas de poder en cualquier época y lugar.
La amplitud de la política exterior de una potencia mediana, su eficacia para sostener y proyectar intereses legítimos, en la mayoría de los casos, depende tanto de la situación mundial como de vaivenes políticos internos. Lo incuestionable es que, más allá de la amplitud de los recursos de poder disponibles por cada país, la política interna y la política externa están obligadas a complementarse en un mínimo de unidad de acción, donde la primera es el hilo conductor insustituible.
En un marco de reiteradas crisis políticas y económicas, los gobiernos suelen proponer «políticas de Estado», concepto funcional para cualquier declamación, muchas veces desnaturalizado cuando no surge de un amplio debate político, económico y social. De allí la necesidad de precisar dichas políticas cuando se planifica para el mediano y largo plazo.
Pero por encima de los objetivos estratégicos —propios de cualquier política de Estado— es requisito imprescindible tener la meta previamente establecida, y para que esta sea factible resulta indispensable la reflexión geopolítica. ¿Tenemos meta en la Argentina? ¿Estamos preparados para proponernos una y diseñar los objetivos estratégicos consiguientes, fijando prioridades en el momento de implementarlos? En un contexto de sociedad desarticulada no suele haber meta. Se alcanzará cuando la dirigencia —toda dirigencia, no solo la política que tiene la carga de sus responsabilidades institucionales— al reconocer la urgencia de definirla, movilice un amplio debate social. Hemos desaprovechado el sexenio de los Bicentenarios, momento más que oportuno para replantearnos todo en un contexto mundial de «sociedades líquidas» y empantanadas, especialmente en Occidente (Barbarán, 2009) (3). La República Argentina integra el Grupo de los 20, y son muchas las especulaciones sobre nuestros merecimientos para tal membresía. He aquí un objetivo estratégico: constituirnos en una voz responsable que incida en los asuntos mundiales por su capacidad potencial de alimentar a millones de personas, que equilibre intereses contrapuestos y trabaje por una comunidad internacional desarrollada, solidaria y pacífica. Para lograrlo no queda otra posibilidad que la de construir poder nacional.
La geopolítica no tiene cabida hoy en la agenda cotidiana de la dirigencia argentina por un cúmulo de razones que hacen a nuestros dilemas como sociedad. Por ende, este trabajo no deja de ser un llamamiento para que la intelectualidad argentina la recupere para el debate académico. Que las dirigencias hayan descuidado hace tiempo la reflexión geopolítica no quiere decir que no se siga cultivando en ámbitos como las fuerzas armadas, escuelas de defensa, cancillerías y sociedades académicas. Tampoco abundan los foros específicos en donde los especialistas —geógrafos, historiadores, sociólogos, economistas, entre tantos— compartan estudios más allá de la procedencia disciplinar.
En los años sesenta y setenta del siglo pasado, eran habituales los estudios geopolíticos que correspondían al tensionante mundo de la Guerra Fría. Cuando se dio la crisis de los cohetes de Cuba, en 1962, empezó a rotar el eje del conflicto de este-oeste a norte-sur, y se intensificaron los análisis desde el punto de vista de la seguridad estratégica. En aquellos años había abundante producción bibliográfica, según lo constató Guglialmelli (1979, pp. 17-26) (4). En nuestros tiempos, numerosos estudiosos renuevan el análisis geopolítico desde distintos abordajes. Muchos lo hacen revalorando los espacios geográficos en procura de una renovación conceptual del estudio de las temáticas relacionadas con el Estado, para resignificarlas desde la perspectiva del espacio global. Si la geografía política clásica —opina la geógrafa Ana Lía Guerrero— se centraba en el territorio (en tanto fenómeno socioespacial) y en el Estado, la Nueva Geografía Política (NGP) «apunta al estudio del Estado a través de relaciones de poder en el espacio y en distintas escalas», en el punto preciso donde las relaciones políticas interfieren con las relaciones de poder. De este modo, la NGP procura identificar las asimetrías desde un «enfoque multiescalar», propuesta metodológica que no interfiere con la perspectiva geopolítica como modo de abordaje de la realidad, ya que
… lo geopolítico hace alusión a la forma como los individuos, grupos humanos, actores, instituciones o estructuras de poder se posicionan en el espacio en múltiples dimensiones (económica, política, ambiental, social y de seguridad), procurando incidir en los procesos de toma de decisiones haciendo prevalecer sus respectivas estrategias (Guerrero, 2018).
Así, geógrafos y demógrafos, historiadores y sociólogos, cientistas políticos, analistas de la política internacional, economistas y militares argentinos están contribuyendo a que el espacio argentino y sus poblaciones sean atendidos y revalorizados como corresponde y se merecen. Posiblemente está faltando la convocatoria a un gran Congreso Nacional de Geopolítica, como un foro donde se encuentren y articulen todos los que percibimos su importancia y necesidad. Tengamos muy en claro que no se ama lo que no se conoce y, por ende, no se defiende lo que no se ama.
1.2. La globalización en las primeras décadas del siglo XXI
¿En qué contexto se aplican las reflexiones precedentes y las que siguen? Desde hace tiempo se discute acerca de la vigencia del «orden de Westfalia», aludiendo al conjunto de reglas basadas en los principios de soberanía, autodeterminación y equilibrio de poderes (5), apurado por otro debate paralelo intenso, y aún abierto, concerniente a la globalización y sus efectos respecto de lo cual giran más conjeturas que certezas. En tal escenario, la pregunta central apunta a saber si el Estado, tal como desde entonces se concibe, sigue siendo un instrumento apto para afrontar los complejos desafíos del siglo XXI. Cuestionar el orden de Westfalia no implica asumir que el paradigma globalización desplazará al Estado como actor principal de la política internacional. Son varias las posibilidades que habría para enmarcar en el nuevo orden mundial. La cuestión central consiste en resolver si en el «mundo sin orillas» —que describía Juan A. Lanús (1996)— el Estado nacional es un obstáculo. Sin perjuicio de la cantidad de actores internacionales, públicos y privados, deseables e indeseables, ¿conviene cerrar la etapa histórica estatocentrista? ¿La vertiginosidad de los cambios políticos, tecnológicos, económicos y sociales es suficiente argumento?
Asumamos que vivimos un cambio epocal en el cual se confrontan las dos posibilidades (mundo con Estados - mundo sin Estados) con algunas variantes; restaría saber cuál excluirá al otro o si es posible una convivencia interdependiente. Estamos comenzando una era de reacomodamientos con resultados todavía inciertos, razón por la cual debemos analizar con precisión estos años confusos para establecer nuevas reglas de juego y afianzar las vigentes relacionadas con el Estado (6) (Barbarán, 2011).Los profesores R. Keohane y J. Nye, autores reconocidos por su libro Poder e interdependencia (1988), plantearon una «interdependencia compleja» desde la óptica de una superpotencia económica y militar que influye el análisis de la política internacional de la posguerra fría, lo que confronta con el realismo. De hecho, interdependencia y cooperación son conceptos inescindibles y multifocales que se fueron adaptando a los requerimientos de la sociedad humana en todas las épocas, con mayores o menores costos: «Nuestra perspectiva implica que las relaciones interdependientes siempre implicarán costos, dado que la interdependencia reduce la autonomía; pero es imposible determinar a priori si los beneficios de una relación serán mayores que los costos» (Keohane y Nye, p. 23).
Luego de la implosión de la URSS a inicios de los años noventa, sobrevino en Occidente una instancia unipolar de las relaciones internacionales: había ocurrido el «fin de la historia», según proclamara Francis Fukuyama (1992) (7). «Democracia, derechos humanos y libre comercio» (como entiende y aplica los Estados Unidos) fueron las consignas vencedoras en la confrontación bipolar estratégica y económica de la segunda mitad del siglo XX. Europa cedió su condición de vocera y árbitro de los intereses de las grandes potencias a los EE. UU., único país capaz de garantizar la seguridad europea. Con tales consignas, la diplomacia norteamericana proponía desarrollar las relaciones internacionales e imponer su geopolítica de esencia talasocrática.
Unos años después de Fukuyama, Zbigniew Brzezinski (8) expresó en términos geopolíticos una hipótesis similar en su libro El Gran Tablero Mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos (1998), cuyo título es una declaración de estatus de superpotencia rectora: «Por primera vez en la historia, una potencia no-eurasiática ha emergido no sólo como árbitro clave de las relaciones de poder en Eurasia, sino también como la potencia más importante del mundo» (p.12).
Luego de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, Brzezinski consideró, como uno de los dilemas de nuestro tiempo, la cuestión nacional desde la óptica de la pérdida de la seguridad soberana. Seguridad nacional y seguridad mundial operarían como dos caras de la misma moneda y se imbrican con la geopolítica. Sin embargo, en un ensayo titulado «Hacia un realineamiento global», publicado en abril de 2016, en la revista The American Interest, Brzezinski morigeró sus pretensiones abogando por un entendimiento de los Estados Unidos con China y con Rusia:
A medida que termina la era de su dominación global, los Estados Unidos tienen que tomar la iniciativa en el reajuste de la arquitectura de poder global. Cinco hechos básicos relativos a la redistribución del poder político emergente global y el despertar político violento en Oriente Medio están mostrando el inicio de un nuevo reajuste global. El primero de estos hechos es que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial política, económica y militarmente más poderosa, pero, teniendo en cuenta los cambios geopolíticos complejos en los equilibrios regionales, ya no es el poder imperial global (Brezezinski, citado por Mike Whitney, 2016).
Esta mutación parece confirmar una vez más que el mundo no se adecua a cada doctrina de los Estados, sino que las políticas se adaptan a los hechos.
Lo dicho no implica desconocer el «hecho» globalización (distinto a globalismo), un entramado universal de efectos inmediatos en cualquier rincón del mundo, proceso de ocurrencia cíclica en la historia humana, aunque hoy se presenta más vigorosa por los asombrosos avances tecnológicos en materia de comunicaciones y transportes (9).
En los planos jurídico y sociológico, Zlata Drnas (2012) la caracteriza como un proceso
… sus [cuyas] bases ordenativas no se hallan en el acuerdo de los estados, carece de tratados internacionales formales; no cuenta con un sistema orgánico de funcionamiento; se centra en interacciones entre individuos y sociedades de variado tipo de distintas partes del mundo; […] traspasa las fronteras de los estados con su solo poderío económico, financiero, de comunicaciones, de información y de transporte […], vaciando o debilitando la autoridad de los Estados en numerosos ámbitos de gobierno (p. 2 separata).
Esta descripción, a nuestro criterio, tampoco cierra el ciclo del Estado nacional. El orden eurocéntrico gestado en Westfalia finalizó con la guerra de 1914-1918, y habilitó el sistema de Naciones Unidas, cuyas bases ideológicas —los «ocho puntos» de la Carta del Atlántico, acordados en agosto de 1941 entre F. D. Roosevelt y W. Churchill (Barbarán, 1995)— se expresan en los siete principios establecidos por el artículo 2 de la Carta. A partir de entonces, el orden mundial quedó supeditado a los vaivenes de la bipolaridad política y estratégica de la Guerra Fría.
Joseph Stiglitz, execonomista jefe del Banco Mundial, de sólida formación clásica, cuestionó el rumbo económico mundial en su libro El malestar de la globalización (2002). En el último capítulo de esa obra, «Camino al futuro», señala que «La globalización actual ya no funciona» y menos para los pobres de la tierra, razón por la que enjuicia severamente la ineficacia de las instituciones de Bretton Woods y las políticas del Consenso de Washington: «El descontento con la globalización no surge solo de la aparente primacía de la economía sobre todo lo demás, sino del predominio de una visión concreta de la economía —el fundamentalismo del mercado— sobre todas las demás visiones» (p. 277). En otras palabras, la visión ideologizada de la economía tarde o temprano resultará contraproducente para la estabilidad mundial.
El sistema acordado en la Conferencia de San Francisco, en 1945, fue el complemento político de los Acuerdos de Bretton Woods, celebrados un año antes, abril de 1944, para reconstruir Europa y reordenar una economía mundial que debía ser controlada y monitoreada por las potencias industriales. Ambos modelos están, desde hace décadas, cuestionados por las mismas razones, no tanto por lo que hicieron, sino por lo que no quisieron o no pudieron hacer (Barbarán, 2009). De tal modo, resultaría incompleto replantear aquel orden secular sin enjuiciar el que habilitaron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en los planos económico y político (10).Pero el mundo, claro está, no se circunscribe a Occidente. Dos países-continentes, que representan casi la mitad de la población de la tierra, reafirman cada día su presencia en la escena internacional, exponiendo su propia concepción de política exterior y relaciones internacionales. China y la India indujeron el viraje geopolítico mundial hacia la cuenca del Pacífico y no parecen dispuestas a que se prolongue, menos aún, a que se reitere el etnocentrismo occidental que padecieron a lo largo del siglo XIX y hasta mediados del XX (11). Eso explica las reflexiones de Henry Kissinger (2016, caps. 5 y 6), cuando propuso considerar y comprender el «orden regional asiático» en el marco de las políticas de equilibrio. Tanto para este como para Brzezinski, la clave estará siempre en el equilibrio de poderes entre grandes potencias, expresado en el insostenible mecanismo de votación del Consejo de Seguridad previsto en el artículo 27 de la Carta de la ONU. En estos tiempos, argumenta el catedrático español F. Jiménez García (2010), no se cuestiona tanto la existencia de un ordenamiento jurídico internacional «estatalista» cuanto su legitimidad y justicia, pues Naciones Unidas no logró garantizar la paz y seguridad internacionales.
Esta apreciación se corrobora con las objeciones al sistema de Naciones Unidas + Bretton Woods, responsable para los gobiernos de varios países de los desequilibrios endémicos en los países emergentes y subdesarrollados. El economista S. Sztulwark (2005), analizando el caso latinoamericano, lo expresó de este modo:
La influencia de las instituciones globales (FMI, BM u OMC) que supervisan la economía mundial y de las empresas trasnacionales en materia de decisiones de inversión, plantea a los países de la región una reducción en la capacidad de maniobra de sus políticas. Esta situación […] define para los países de Latinoamérica un horizonte de planeamiento, de definición de metas y objetivos nacionales, cada vez más condicionados por parámetros y estructuras de carácter global (p. 120).
El resurgimiento de populismos de izquierda y de derecha de estos años es un fenómeno cíclico y en esta ocasión cuestiona la legitimidad democrática interpelando a la globalización misma y sus efectos contraproducentes para las naciones. Los populismos son nacionalistas, en muchos casos con improntas separatistas, y cuestionan la globalización en tanto fenómeno que diluye las identidades particulares, las que, desde antes de la creación del Estado moderno, operaron como factor de cohesión y contención social.
A la par de los vertiginosos avances tecnológicos, persiste la miseria y la pobreza en vastas regiones del planeta. Producen agobio la concentración de la riqueza a escala mundial, la corrupción y pobreza estructurales, la crisis de valores, la inseguridad ciudadana, los daños ambientales por acción u omisión, el accionar delictivo trasnacional, etc.
Tanto como la cuestión de la seguridad nacional y mundial, otro de los dilemas de la época es el capitalismo, el cual posee aceptación generalizada como motor de la economía planetaria que evoluciona e involuciona constantemente.
Su aspecto financiero es centro de controversias, en tanto desplaza a la inversión productiva y genera una brecha casi insalvable en la distribución del ingreso y de la riqueza. Thomas Piketty impactó a los círculos académicos con su libro El capital en el siglo XXI (2012), en donde analiza, en la parte III, la «estructura de la desigualdad», para proponer, en la parte IV, «repensar un impuesto progresivo sobre el ingreso» y establecer un impuesto mundial sobre el capital.
También la Iglesia católica enjuició el rumbo de la economía mundial mediante encíclicas, documentos y discursos de los papas posteriores al Concilio Vaticano II, los cuales centraron su interés en la dimensión social de los bienes, criterio opuesto a la motivación egoísta que subyace en el «capitalismo salvaje». Así el problema se circunscribe a imaginar cómo equilibrar la distribución de la riqueza y a la vez disminuir su concentración en pocos actores.
Mientras discutimos si el mundo avanza hacia un esquema multipolar (Kissinger, Dugin, Huntington, Wallerstein (12)) de Estados continentales (Methol Ferré, 2015; Rifkins, 2012), de globalismo atlantista (Brzezinski, 1996) y sus variantes, hacia el multilateralismo promovido desde las burocracias internacionales (13) (Bokova y otros, 2017), los países más extensos o densamente poblados van escalando posiciones en el rediseño geopolítico que alumbrará un nuevo orden mundial y su correspondiente esquema de seguridad estratégica, probablemente distinto al previsto en los capítulos V, VI y VII de la Carta de la ONU dedicados al Consejo de Seguridad. Y así como no se puede negar la presencia de nuevos actores de la política internacional —benéficos o nocivos— tampoco es muy lúcido desconocer la globalización mundial, aun con las crisis del capitalismo y de la legitimidad política, con serias amenazas para la humanidad que trascienden las fronteras estatales, pero a la vez plena de desafíos y oportunidades (14). Para finalizar este capítulo, diríamos que la situación mundial actual es inestable de norte a sur y de este a oeste; por ende, el panorama político, económico y social en el corto plazo se presenta desalentador. La confrontación Estado nacional-globalización persistirá un buen tiempo, y es difícil, como ya dijimos, predecir qué sucederá en adelante, pues numerosos factores pueden desequilibrar el balance en una u otra dirección. Mientras tanto la cuestión de la seguridad como la del capitalismo, dilemas de nuestra época, serán factores de desestabilización nacional y mundial.
En definitiva, el esquema que se imponga será la culminación de un juego de realineamientos no exento de tensiones, contradicciones y desestabilizaciones.
1.3. Acerca del poder nacional y de su construcción
La comunidad internacional avanza hacia modelos más integrados, pero no necesariamente igualitarios. Hace un cuarto de siglo, el catedrático bilbaíno Celestino del Arenal Moyúa (1983,) propuso la tarea de verificar su estructura en el momento histórico y según estos parámetros: primero, la estructura económica determina la estructura del poder y, en consecuencia, de la propia sociedad internacional, por tanto, es una cuestión de interacción multilateral; y segundo, todo cambio en la estructura de poder y de dominación lleva consigo, a mediano plazo, un cambio estructural en la comunidad internacional, lo cual va perfilándose desde el arranque de este siglo (p. 504).
La emergencia de China y de la India en los años ochenta y noventa, por un lado, y la perseverancia de Japón y de Corea del Sur, por otro, corroboran el atractivo económico que impulsó la rotación del eje geopolítico mundial hacia la cuenca del océano Pacífico, promoviendo la celebración de distintos tipos de acuerdos entre sus países costeros.
Aunque la globalización en varios aspectos haya resentido el paradigma estatal, no es suficiente para comprometer la vigencia del Estado y, por ende, del interés nacional. El concepto fue criticado por su ambivalencia (15): ¿un instrumento de análisis o instrumento político? (H. Morgenthau, 1986). Quizás ambas cosas: si el Estado nacional es un producto histórico, sería un contrasentido disociarlo de sus intereses mientras su proyección se practique respetando los principios de derecho internacional, reglas de juego derivadas, como dijimos, de su propia naturaleza y expresadas en tratados, o reconocidas como obligatorias por prácticas consuetudinarias. Dicho de otra manera: si el futuro orden internacional mantiene la interestatalidad, el interés seguirá siendo un elemento inescindible de cada política nacional. Por tanto, corresponde definirlo, identificar sus constantes y obrar en consecuencia, siempre en la línea de evitar el uso o la amenaza del uso de la fuerza, resolver los conflictos por medios pacíficos y cooperar internacionalmente cualquiera sea el esquema de poder y seguridad que finalmente se imponga.
Por lo demás, resulta dificultoso construir poder nacional sin la previa descripción de los intereses permanentes y legítimos de cada nación. Y eso vale tanto para los Estados Unidos como para China, Letonia, Nigeria, Afganistán o la Argentina. Esther Barbé (1990, XL) señalaba en su «Estudio preliminar» sobre Morgenthau, que «El concepto de interés nacional es básico en la construcción teórica del autor del paradigmático Política entre las Naciones, ya que, junto al equilibrio de poder, constituyen categorías centrales de análisis de la política internacional», desde Westfalia a la fecha (16). Aun siendo un concepto no exento de críticas respecto de su rigor científico, su estrecha vinculación con el Estado, en tanto protagonista central de la política internacional, obliga a tenerlo en cuenta a la hora de practicar la diplomacia (17). Dicho esto sin perjuicio de la validez de la cooperación solidaria y la responsabilidad intergeneracional a que las circunstancias contemporáneas están obligando. Tampoco es factible defender intereses si no expresan el poder nacional y sus recursos disponibles. H. Morgenthau (1986) los dividía entre los relativamente estables (geografía, población, materias primas y carácter nacional) y los sometidos a cambios constantes (alimentos, capacidad industrial, aprestos militares). C. del Arenal distingue entre recursos tangibles e intangibles (1983, p. 510 y ss.), según la materialidad de unos u otros. Podremos aumentar y disminuir elementos del poder nacional o extender la lista, pero, en definitiva, su carácter cualitativo organiza el ranking de las naciones.
Entre los analistas argentinos, Luis Clementi (2009) considera el poder nacional como una sumatoria de fuerzas espirituales y materiales que subyacen en una nación; se expresa también en la capacidad de tomar decisiones que impactan en el conjunto de la sociedad, lo cual a su vez apareja la adopción de lineamientos estratégicos en función de un proyecto geopolítico: «El poder se articula sobre un espectro de componentes que hacen al todo: el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder científico-tecnológico y el poder psicosocial» (p. 52), los cuales, en interrelación, determinan cada potencialidad nacional.
Por su parte Eduardo Varela (1998), valorando las vertientes «clásicas» de la teoría del poder, entiende que estas no interfieren en otras perspectivas al respecto, provenientes del aporte de teóricos europeos (P. Bourdieu, M. Foucault y N. Luhmann, entre otros), desde el final de la bipolaridad estratégica y con perspectiva posmoderna.
La acumulación de recursos trasciende lo cuantitativo, apunta siempre a lo cualitativo. Los recursos disponibles y su movilización se potencian cuando responden a una idea de país sensatamente consensuada. La calidad se da tanto por el proyecto como por la lista de objetivos: no es lo mismo construir un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Mar del Plata que reconstruir todos los ramales cargueros del Ferrocarril General Belgrano, canalizar el río Bermejo, o procurar energías alternativas con el aprovechamiento del mar; no es lo mismo exportar cloruro de litio que fabricar baterías de ese mineral al lado de los yacimientos; tampoco, concentrar la actividad exportadora-importadora en el eje portuario Rosario - Buenos Aires o en el aeropuerto de Ezeiza que habilitar en costas patagónicas las «capitales portuarias» que propiciaba el Vicealmirante Storni, y abrir en las provincias más estaciones aéreas con conexiones internacionales para transporte de pasajeros y de carga.
Los argentinos hemos pasado por alto un mandato constitucional sistemáticamente obstruido por la imprevisibilidad y por nuestro unitarismo fáctico. El inciso 19 del artículo 75 de la Constitución, reformada en 1994, amplió la «cláusula del progreso» del antiguo artículo 67, inciso 16, al propender al «crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio», como también a la promoción de «políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones».
Lo que vale, en suma, es el poder actual; el poder potencial es una referencia. El desafío consiste en trabajar sin desconocer que persisten los indicadores del subdesarrollo (18), y, de esta manera, saber dónde plantar las bases del poder nacional. Cada indicador señala cómo estamos realmente y puede servir de guía para ir modificando los desajustes macroeconómicos de la Argentina. Un proyecto, o plan maestro si se prefiere, debe ser producto de una construcción colectiva y su destinatario, el bien común, sin perjuicio de matices y énfasis de cada gobernante de turno al implementar sus objetivos de gobierno. Tal armado se relaciona con criterios estructurales, es decir, qué se quiere, para qué, cómo y quién lo hará (Monti, 1974). Cuanto más abierto el diálogo y más amplia la base aportadora de ideas y propuestas, el proyecto o plan se arraigará más y se proyectará en el tiempo, de modo que sus líneas centrales nunca se modifiquen o se abandonen sin la debida justificación y debate entre los actores sociales involucrados.
Importa ahora señalar la diferencia conceptual entre proyecto estratégico y planificación estratégica. El primero requiere una definición de alta política, ya que presupone la fijación previa de la meta, para luego plantear los objetivos y prioridades acordados para alcanzarla. La planificación hace a una actividad puntual y operativa, relacionada con uno o varios objetivos del proyecto, deferida preferentemente a especialistas e insertada en el plan maestro de cada conducción política. Es imposible planificar si los recursos reales o potenciales no han sido antes identificados en función de objetivos preseleccionados.
Creemos conveniente aclarar otra diferencia conceptual poco percibida: no es lo mismo crecimiento que desarrollo, y, sin embargo, se los considera sinónimos. Crecimiento alude a lo cuantitativo, a cantidades, a subas y bajas de índices varios; en cambio, desarrollo es de orden cualitativo y se relaciona con el aumento constante de la capacidad económica para producir bienes diversificados. Tal confusión ha incidido a la hora de planificar a mediano y largo plazo.
Para Marcelo Lascano (1982), la clave del desarrollo reside en la ampliación de las posibilidades productivas de la nación, que resulta de combinar tres fuerzas de acción simultánea (aunque no siempre en igual proporción): aumento de la inversión neta, incorporación de nueva tecnología, y mejoramiento de los recursos humanos aplicados a la producción. Por tanto,
… desarrollo significa incremento de la capacidad en tanto el crecimiento es meramente el cociente que describe en cada período el aumento del ingreso nacional real, que puede deberse a una u otra razón. El progreso, por su parte, se asocia con la superación de las etapas que describen el comportamiento de las economías a lo largo del tiempo (Lascano, p. 13).
La corriente económica del estructuralismo latinoamericano, surgida a mediados del siglo pasado en la CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch, confronta la heterodoxia con la «neutralidad» que pregonan los adherentes al neoclasicismo económico. La economía mundial ha variado notoriamente desde que se aplicaran políticas desarrollistas hacia los años sesenta en países latinoamericanos (la Argentina, el Brasil y México, con matices correspondientes a cada realidad nacional).
Llegados los años ochenta, los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher optaron por recetas monetaristas para sus países. El clima de la época era el retorno a la ortodoxia liberal, universalizada por medio del Consenso de Washington, expresada en ajustes estructurales y desregulación de las economías. Los organismos financieros internacionales adoptaron esas recetas, que se aplicaron en los países en vía de desarrollo con consecuencias sociales nocivas (Barbarán, 2001).
Sztulwark (2005) entiende que hoy, para elaborar un plan de desarrollo, cabe remozar las propuestas teóricas:
Dos factores explican parcialmente este movimiento teórico: por un lado la influencia de corrientes teóricas desarrolladas en el «centro», esto es en un contexto diferente al latinoamericano y a sus desafíos. Por otro, ciertos cambios estructurales dados en las últimas décadas que tornan un poco más difusa la identificación de centro y periferia, asociadas al marco tradicional de los Estados Nacionales (p. 116).
La frase adquiere valor si —como expusimos al principio— el cambio en la estructura económica mundial determina la nueva estructura de poder. Ese autor advierte lo siguiente: primero, la confrontación entre economías centrales exportadoras de manufacturas y economías periféricas especializadas en productos primarios «refleja cada vez menos la estructura de flujos comerciales a nivel mundial» (comercio intrasectorial vs. comercio intersectorial); segundo, crece la importancia de los servicios como el sector más dinámico de la economía mundial; tercero, la expansión externa de las potencias industriales está basada actualmente en manufacturas de alto contenido tecnológico, y cuarto, «la fuerte movilidad del capital productivo favorece a los trabajadores calificados», y esto aplica tanto en el centro como en la periferia, aunque en esta el nivel de calificación es muy bajo.
La división internacional del trabajo fue el modo originario en que las economías centrales aseguraron su primacía económica desde inicios del siglo XIX. Lograda su industrialización, procedieron «a retirar la escalera»: los países industriales elaboraban las manufacturas y los periféricos los abastecían con materias primas. Hasta estos días se constata que la relación de intercambio es desigual para economías como la nuestra, pese a circunstancias que favorecen el precio de las commodities, y aun considerando el nivel tecnológico aplicado en agricultura y ganadería.
El libre comercio, como motor del desarrollo, fue posterior al desarrollo industrial. El economista coreano Ha-Joon Chang (2004) demuestra con datos históricos que ni siquiera Inglaterra promovió su desarrollo como consigna política hasta tanto pudo integrar su economía nacional en torno de las industrias. «Retirar la escalera» es una expresión —rescatada por Chang— del economista alemán Friedrich List (1789-1846), quien lúcidamente había entendido en su tiempo que «el grado más alto de civilización, poder y riqueza, solo puede alcanzarse mediante una combinación de manufacturas y comercio con agricultura». List había criticado la «doctrina cosmopolita» de esta manera:
Un ardid muy común e inteligente que practica quien ha alcanzado la cumbre de la grandeza es retirar la escalera por la que ha trepado para impedir a otros trepar tras él. En ello reside el secreto de la doctrina cosmopolita de Adam Smith y de las tendencias cosmopolitas de su gran contemporáneo William Pitt, así como de todos sus sucesores en la administración gubernamental británica (citado en Chang, 2004, pp. 36-37).
Con algunas variantes, el esquema de la escalera se mantiene hasta hoy, quizás agravado: los países más altamente industrializados son los que destinan mayores recursos a I+D, por ende, están mejor preparados para aplicar los avances tecnológicos a nuevas formas de inversión en producción, comercialización, servicios y defensa.
Por cierto, hay una generalizada coincidencia entre autores que están más proclives a la heterodoxia económica en cuanto a replantear qué significa desarrollo en el siglo XXI (19). Se advierte también que los partidarios del globalismo lo son generalmente de la ortodoxia económica librecambista; en cambio, los multipolaristas preferirían la heterodoxia. En resumen, la construcción de poder necesariamente apunta de manera prioritaria a la calidad de la estructura económica nacional, y a la hora de los diagnósticos, resulta básico tener eso claro para acertar con las terapias. Parece irrefutable que esa pretensión esté vinculada al desarrollo integral basado en la infraestructura industrial. La del siglo XX ya es historia; en el siglo XXI el valor agregado provendrá del conocimiento.
Si la política exterior de un país se despliega conforme a sus intereses y necesidades, cuanto más profundice el desarrollo tanto mayor será la inserción mundial del país. Pero nada se da por generación espontánea; antes bien, todo es consecuencia de una amplia construcción social que la Argentina no pudo encarar de modo institucional.
Y sin perjuicio de la persistente contraposición geopolítica entre potencias marítimas y potencias terrestres, en sorda disputa por estos años, la Argentina, dueña de suficientes recursos naturales en tierra y en mar, está obligada a detectarlos, preservarlos y explotarlos en beneficio de sí misma y de la humanidad.
Por último, no se puede pensar el largo plazo en abstracto, y menos compararnos o alinearnos automáticamente con las principales potencias, cuyos intereses estratégicos interfieren en los nuestros. Será la única manera de ahuyentar para siempre los fantasmas que han fracturado nuestra sociedad en varias grietas bien identificables.
1.4. La Argentina peninsular: una consistente hipótesis geopolítica nacional
El general Juan Enrique Guglialmelli (1917-1983) (20) desarrolló durante más de dos décadas una intensa tarea de reflexión, esclarecimiento y difusión de la problemática geopolítica nacional, condicionada, según sus palabras, por un modelo agroexportador que impidió el salto cualitativo hacia el desarrollo integral argentino. Guglialmelli (1979) proponía que todo análisis de geopolítica debía partir de dos premisas: 1. «Los espacios nacionales geoeconómicamente integrados, con alto nivel de industrialización, son polos naturales de atracción»; 2. «El factor geopolítico fundamental es el grupo humano, su capacidad creadora, su fuerza espiritual, su aptitud para aprovechar y transformar la naturaleza» (p. 24). Ambos tienen como eje vertebrador al poder nacional y su incansable construcción. Además, centraba su atención en la geografía nacional desde una perspectiva «peninsular» (p. 61), pues esta representa nuestra configuración territorial desde la fragmentación de Pangea.
La Argentina constituye la mayor parte de la península suramericana, la cual comienza a partir de una línea imaginaria que une el cabo San Antonio (en la boca exterior del Río de la Plata) con San Rafael en Mendoza y, hacia abajo, hasta la conjunción oceánica austral. Abarca toda nuestra Patagonia, los espacios marítimos y plataformas adyacentes, y al compartirla con Chile (desde la X Región hacia el sur), abre una amplia posibilidad de proyectos conjuntos (21). Al elaborar su propuesta, Guglialmelli tuvo en cuenta el pensamiento que el vicealmirante Segundo R. Storni (1876-1954) expuso en su ensayo Intereses Argentinos en el Mar, publicado en 1916. En dicho trabajo, Storni —con influencia del estratega naval norteamericano Alfred Thayer Mahan (1840-1914) y del geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1904)— criticó la falta de interés por el mar y su aprovechamiento, resaltando a la vez su trascendencia para nuestro país en tanto «vehículo y sostén de su fortuna y de su gloria». Desde aquellos años hasta la actualidad, todo fue retroceso en materia de poder naval, y la tragedia del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017, lo expuso con la mayor crudeza (22).
Guglialmelli hizo una revisión crítica de los postulados de Storni ante la necesidad de adecuarlos a los años de la Guerra Fría. Los reclamos de Storni continúan vigentes en cuanto a sostener los intereses marítimos argentinos, cuya promoción dependerá de cuánto tiempo lleve la reconstrucción de la Marina de Guerra, de la Prefectura Naval y de la Marina Mercante.
Argentina, sostenía Storni, posee los caracteres de la insularidad y, por ende, todo lo espera por vía marítima. Guglialmelli se opuso a tal percepción:
La Argentina no es insular, sino «peninsular». En este sentido es continental, bimarítima y antártica. Esto significa no solo una situación geográfica, sino también la necesidad de una economía (en lo sectorial y espacial) integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur, en particular los vecinos y el Perú (1979, p. 22).
Tal condición nos obliga a cambiar de óptica, asumiendo que estamos lejos de todo y de todos (23). La Ley N.º 26651, sancionada el 20 de octubre de 2010, estableció la obligatoriedad de usar el mapa bicontinental de la República Argentina, pero su exhibición en organismos nacionales y provinciales, educativos o no, es de escaso cumplimiento. Esta visión adquiere más trascendencia desde que el principal eje geopolítico se ubicó en la cuenca del Pacífico.
El siglo XXI será un período oceánico y espacial (24). Los mares y su aprovechamiento serán fuente de bienestar y de conflictos, sostienen, entre otros, Juan A. Lanús (2016) y Carlos Biangardi Delgado (2017), razón por la cual nuestro interés nacional debe centrarse prioritariamente en una Patagonia proyectada a los océanos australes y a la Antártida.
Robert Kaplan (2014) renovó el análisis de la geografía política mundial. En las 450 páginas de su libro, no hay referencias al Atlántico Sur ni a la guerra de 1982. Su análisis sobre la incidencia del Atlántico y del Pacífico en la estrategia de las grandes potencias apunta más bien a considerar la relación de los Estados Unidos, Europa, Rusia, la India, China y el Japón con el poder marítimo. Resaltando la importancia de A. T. Mahan, Kaplan expresa que las evidencias históricas indican que «… en lugar de ser el corazón continental de Eurasia el eje geográfico de los imperios, eran los océanos Índico y Pacífico los que determinarían el destino geopolítico», en especial si una potencia marítima puede «proyectar su poder en el anillo continental eurasiático» (Kaplan, p. 145) (25). Esta apreciación nos obliga a ser muy cuidadosos a la hora de las opciones y de los alineamientos.
Por su parte, el teórico ruso Aleksandr Dugin (2017) (26), involucrado en el análisis de la añeja confrontación entre potencias terrestres y potencias marítimas, tampoco tiene referencias geopolíticas al Atlántico Sur o a la Patagonia como espacio vacío. La única mención es para el Brasil, en su condición de integrante del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), grupo que representa una especie de geopolítica del «segundo mundo» (Dugin, p. 140). En su definición del «mundo cuadripolar», el área angloamericana incluye las tres Américas bajo control estratégico norteamericano.
El hecho de que, conforme van encajando las piezas del rompecabezas, el poder mundial se juegue en las cuencas oceánicas boreales no le resta significancia a la problemática de los océanos australes. Kaplan y Dugin representan miradas e intereses contrapuestos, a la vez que expresan la realidad actual que, desde su óptica, siempre condicionará lo que podamos construir en este confín del planeta.
Resulta oportuno en este punto considerar que la delimitación del Atlántico Sur ya es de por sí una cuestión de geopolítica. Analistas ajenos a la región pusieron su mirada en ella luego de la guerra de las Malvinas, motivo suficiente para reconsiderar el papel que juega esta porción oceánica en el diseño de la seguridad estratégica global (Coutau-Begarie (27), 1992; Gallego Cosme, 2014; Koutoudjian y otros, 2015).Usualmente se considera su límite la línea del ecuador hasta el paralelo 60 º de latitud sur, donde empieza el Sistema Antártico previsto en el tratado de 1959. Si se tiene en cuenta que la Organización del Tratado del Atlántico Norte prevé como límite sur el trópico de Cáncer, queda indefinida la franja que va desde el ecuador a dicho trópico.
El país con mayor interés en un mare nostrum es el Brasil, cuya proyección hacia la costa occidental africana e incluso hacia la Antártida constituyen sus constantes geopolíticas (28). En todo caso, el Atlántico Sur contaría con una porción boreal marcada por la línea trazada entre la desembocadura del Amazonas y el golfo de Guinea. Al sur de la línea que va del arroyo Chuy hasta el cabo de las Agujas en Sudáfrica empezaría la porción austral del Atlántico Sur hacia el territorio antártico. La Argentina y el Brasil no deben confrontar entre sí por su dominio, necesitamos que el Brasil entienda y apoye nuestra proyección peninsular, incluido el aval a nuestros reclamos de soberanía sobre los archipiélagos australes, así como nosotros tenemos que respetar la proyección marítima del gigante vecino y respaldar la defensa de sus derechos sobre los ingentes recursos naturales de sus costas y de la Amazonia.
La sola consideración de la vastedad de recursos naturales vivos y no vivos que contienen el Atlántico Sur y la Antártida es suficiente para no involucrarnos en una controversia geopolítica de baja intensidad con el Brasil, subsidiaria de un juego de poder mayor todavía inalcanzable para ambos países. Pero se trata de nuestra problemática y resulta impostergable encararla en tres frentes: vigilancia, explotación de recursos vivos e investigación científica.
La Argentina debe (re)construir la conciencia marítima asumida desde La Quiaca a Ushuaia, y su abordaje debe ser inmediato no solo para recuperar y sostener soberanía, sino para que sea la meta del proyecto nacional. Adolfo Koutoudjian (2015), quien coincide con la «oceanidad» del siglo XXI, considera también que los océanos son la nueva frontera de la geopolítica. Abona su posición analizando «distintas dimensiones» enfocadas en el Atlántico Sur:
- Inmensidad, por su proyección antártica, africana y del Pacífico Sur;
- Permanencia, implícita en la necesidad de su desarrollo, ocupación y defensa;
- Potencialidad, atendiendo su expansión hacia otros continentes y realidades humanas, implica un desafío político-cultural al sistema político, científico y tecnológico;
- Tridimensionalidad, en tanto abarca aguas, lecho y subsuelo marinos que requieren estudios y monitoreos permanentes;
- Ampliación de la ecúmene, ya que al ser «la última frontera dinámica de la Argentina», requiere ser ocupada a través del comercio, la ciencia, la investigación aplicada y el patrullaje naval.
Ariel W. González (2012), cuando analiza la complejidad de la normativa internacional sobre los espacios marinos, plantea que en materia oceánica estamos viviendo un cambio de paradigmas llamativamente asentado en aquella disputa entre Mare clausum de John Selden y Mare liberum de Hugo Grocio. Para Selden los espacios marítimos eran una prolongación del espacio terrestre, por tanto, objeto de dominio potencial de los Estados, que, de ese modo, extendieron a las aguas adyacentes «el ejercicio de su potestas terrestre». En efecto, para ser integral, la protección de nuestros intereses marítimos requiere privilegiar varios niveles de acción, entre otros:
- Diagnóstico comprensivo de la situación del Mar Argentino;
- Defensa «activa» de nuestras actividades de investigación científica marítima y transferencia de tecnologías en el marco de la «oceanografía operacional», asumida esta como componente principal de las políticas de Estado vinculadas con el mar;
- Actualizar la estructura normativa e institucional aplicable a las actividades oceánicas.
La vigilancia de nuestras costas, aguas y espacio aéreo debe ejecutarse de manera permanente y efectiva, pese a las limitaciones que actualmente reducen el patrullaje a niveles preocupantes (29). Todo lo que se haga en consecuencia, aun cuando sea insuficiente, contribuye a la protección del interés nacional y a la prevención de ilícitos que tengan como escenario aguas jurisdiccionales. Además, cumpliría la función de despertar y acrecentar una conciencia marítima tantas veces invocada pero poco practicada. La geografía también se «venga» de las omisiones y negligencias de los países costeros. Resulta imperioso replantear los objetivos estratégicos de la Argentina, como la construcción de puertos de aguas profundas en el área Quequén-Bahía Blanca que habiliten rutas accesibles hacia el Índico, y desplegar más al sur la flota de guerra instalando bases en las principales ciudades portuarias de nuestro litoral.
La reconstrucción de la cultura marítima necesita una industria naval pujante para expandir la marina mercante y las flotas pesqueras tanto de altura como artesanales.
El comercio marítimo, en este primer cuarto de siglo, exige superar el estancamiento de los procesos suramericanos de integración —regionales y subregionales—, en primer lugar el Mercosur (30), pero también mediante la activación de proyectos de similar inspiración con los países hermanos costeros del Pacífico como es el caso de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR), que a la vez permite articular la vasta y postergada región del Norte Grande Argentino (NOA y NEA). Otro asunto altamente sensible para remarcar en este acápite es el despoblamiento patagónico, cuestión sobre la cual urgen políticas demográficas adecuadas (31). ¿Podemos recuperar los archipiélagos sin la recuperación plena de la Patagonia? Ambas problemáticas, seguridad y demografía, merecerán un comentario adicional en el apartado siguiente. La correcta lectura de los tiempos permitirá construir la geopolítica argentina desde la visión peninsular, integrando los otros espacios vacíos y postergados. Tal es el caso de la región del Chaco Gualamba y de la Puna, áreas bisagra que constituyen la «vertebración cultural sudamericana» prevista por Guglialmelli, en tanto confirman nuestra pertenencia histórica y estratégica, que el etnocentrismo portuario del eje Rosario-Buenos Aires ignora prácticamente desde 1810.
El diseño geopolítico nacional, centrado en el desarrollo de la Patagonia, debe ser compatible con los diseños geoestratégicos subnacionales regionales habilitados por la reforma constitucional de 1994 (art. 124), y deben coadyuvar entre sí. En otra ocasión escribimos:
Si la geopolítica consiste en la interpretación de una realidad en función de los elementos que integran su objeto (política, población, espacios físicos), la geoestrategia se ciñe más a la geografía, es decir, refiere a la incidencia de la geografía en un diseño político (Barbarán, 2008) (32).
Tampoco se puede demorar más revertir la concentración de la producción agroindustrial, poblacional y cultural en la franja que fracturó a la Argentina en tres partes y que integra el «cuerno de oro» del Mercosur (33). La Argentina, a dos siglos de su independencia, todavía padece la desintegración física y el debilitamiento identitario subsecuente. En tal sentido, una planificación estratégica de objetivos predeterminados —sean de corto, mediano o largo plazo— ha de ser funcional al proyecto de país bioceánico y antártico, vertebrado con América del Sur, que potencie su cualidad marítima y rescate su variada riqueza económica e intercultural.
La decisión de consolidar una visión geopolítica inserta en el nuevo esquema de poder mundial requiere identificar las hipótesis de conflictos que acechan a la Argentina. Es imperioso identificarlas, asumirlas y trabajar al respecto.
Los argumentos, explicaciones, datos y citas de autores expuestos en este acápite nos permiten considerar, finalmente, que la hipótesis peninsular está suficientemente validada y en concordancia con nuestra posición geográfica y con la situación mundial contemporánea.
1.5. Conclusiones a modo de propuestas
Al cerrar este capítulo, los vaivenes comerciales entre China y los Estados Unidos condicionan no solo la economía, sino la seguridad mundial. Y, en su escalada, Beijing urde su trama global (34). Como dice José Pardo de Santayana (2017), y está sucediendo, «la geopolítica ha vuelto para quedarse», en un contexto complejo que está poniendo fin a más de 500 años de la gran era eurocéntrica, incluidos los casi 100 años de predominio económico-militar norteamericano como componente esencial y líder del europeísmo del siglo XX.
Mientras, la cuestión de las Malvinas sigue atascada por la intransigencia británica y la miopía argentina. Estamos empantanados en otra controversia estéril entre los grupos «soberanistas» y los «flexibles». Para salir de ese círculo tan poco virtuoso, la tarea más larga y compleja es la de construir poder nacional. No hay mejor fórmula.
El poder, en suma, como es un atributo natural del Estado, crece con la acumulación de recursos tangibles e intangibles que dispone cada país. C. del Arenal (1983), una vez identificados el poder actual (real) y el poder potencial (de base), aconsejaba movilizarlos hacia objetivos predeterminados y permanentes, teniendo presente que, al ser un fenómeno multidimensional, es relacional y construible, nunca absoluto ni permanente.
La construcción de poder, insistimos, exige una meta y una veintena de objetivos estratégicos, para mediano y largo plazo, enmarcados en los tres términos de la «ecuación» argentina: desarrollo económico, democracia republicana y federal, justicia social, todos ellos trabajados en paralelo. El primero apunta a la movilización y modernización de la estructura productiva, a una economía del conocimiento con alto valor agregado (35); el segundo garantiza la forma representativa, republicana y federal de gobierno con pleno respeto a la división de poderes; el tercero significa atender las necesidades básicas del pueblo, especialmente de los sectores más vulnerables y desprotegidos con justa distribución del ingreso. Asegurado este entendimiento, será mucho más fácil responder a la pregunta clave: ¿qué nos hace más nación? Al diseñar políticas de Estado para proyectarlas al mundo, es perentorio abordar las cuestiones enunciadas, cada una con sus respectivos ejes estratégicos, articulando la «península» con el resto del territorio nacional y la continentalidad suramericana. La lista que sigue es meramente enunciativa, se propone como disparadora del debate faltante, cuyas prioridades también deben acordarse:
1. Dimensión económica
• ampliar la matriz energética nacional;
• apuntalar las economías regionales mediante infraestructura e incentivos fiscales;
• potenciar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria;
• renovar y modernizar las flotas fresqueras y poteras;
• recuperar de forma integral el sistema ferroviario fuera del área metropolitana;
• inversión en I+D;
• fomentar acuerdos de integración regional, de carácter nacional y subnacional, que nos vertebren con América del Sur.
2. Dimensión político-institucional
• establecimiento de un eficaz federalismo de concertación, especialmente en materia de coparticipación impositiva;
• revisión integral de la administración de justicia;
• nuevo régimen de partidos políticos y del sistema electoral;
• creación de un Consejo Económico y Social Federal;
• traslado de la Capital Federal y subdivisión de la Provincia de Buenos Aires;
• replanteo de la seguridad interna y de fronteras, reconstrucción de las Fuerzas Armadas hacia la informatización y robótica;
• federalización de la burocracia nacional (INAI, INTI, INTA, INPI, etc.).
3. Dimensión socio-cultural
• rescatar y afianzar la interculturalidad argentina como parámetro de integración espiritual;
• disminución drástica de la pobreza y sus secuelas;
• reforma educativa integral de excelencia para todos los niveles, con pleno respeto por la libertad de enseñanza;
• diseño de una política demográfica nacional;
• inversión en saneamiento y salud pública en las regiones más necesitadas.
Todas estas cuestiones están planteadas en perspectiva nacional, y varias de ellas deben abordarse atendiendo la rica variedad física y sociocultural del país, lo cual habilitaría diseños geoestratégicos provinciales o regionales en función de la misma geopolítica nacional. La Argentina peninsular y oceánica, acá visionada, requiere un armado que contemple estrategias coadyuvantes, evitando la concentración que impone la escala económica centro-portuaria.
Estos tiempos exigen imaginación y esfuerzo; se debe vencer la tentación de la copia, pues las experiencias de otros países no son trasladables. La mejor fórmula sigue siendo estudiar y reflexionar para diagnosticar; debatir y acordar para planificar. No habrá grandes acuerdos políticos superadores sin una nueva visión para la Argentina. Los protagonistas (políticos, empresarios, trabajadores, intelectuales, académicos, sociedad civil) son renuentes a los debates tal vez por no tener claro de qué hablar. Hay mucho para discutir en función de la lista de temas recién señalada, y pueden abrirse tantas llaves como temas, apuntando a la reconstrucción de la nación y bajo el prisma de la geopolítica.
Como se puede advertir, lo propuesto en este capítulo es de naturaleza cualitativamente distinta y, por ende, requiere el esfuerzo adicional de una profunda transformación y convicción interna con el objetivo de superar todas las grietas y barreras que supimos erigir irrazonablemente durante medio siglo.
D. Acemoglu y J. Robinson (2015) plantearon en su libro que los países no fracasan tanto por su situación geográfica, por su cultura o porque «sus líderes no sepan qué políticas enriquecerán a sus ciudadanos», sino por la carencia de instituciones políticas y económicas inclusivas. Teniendo en cuenta la importancia central del nivel de la calidad institucional de un país, ningún país salió del retraso y del subdesarrollo únicamente con leyes bien elaboradas y sin bases materiales para cubrir las necesidades de la población y los intereses nacionales (36). La impericia de las dirigencias suele obedecer a un par de causas raigales: desconocimiento y corrupción (sino la combinación explosiva de ambas) (37). La calidad de la dirigencia depende de múltiples factores y también es una construcción perseverante. Los acercamientos políticos podrían lograrse razonablemente bien, pero carecerán de sustento sin una visión geopolítica que los enmarque, lo cual, a su vez, requiere una toma de posición respecto de las opciones mundiales en danza: multipolarismo, globalismo atlantista, multilateralismo, continentalismo. La primera opción, en clave suramericana, parece más razonable.
A más de lo expuesto, subrayamos dos cuestiones, con sentido de advertencia, que no podemos pasar por alto y que merecen una alusión especial en este acápite conclusivo.
Entre los principales desafíos geopolíticos sobresalen dos problemáticas muy delicadas que se deben encarar de inmediato. Ambas exceden las posibilidades de este trabajo, pero, dada su trascendencia, se exponen aquí para activar estudios y acciones que desde hace décadas debimos haber encarado. Constituyen temas que han sido descuidos imperdonables de la dirigencia argentina, reveladores, además, de una desatenta lectura de la política mundial (38). Una de ellas se relaciona con la seguridad y defensa, a la que remitimos en el próximo capítulo. El otro problema grave es el demográfico, cuestión que, obviamente, atañe a la nación entera, con particular incidencia en la Patagonia (ver nota 31). Entre los tantos déficits de una política enfrascada en su inacabable marasmo cortoplacista, resulta suicida la ausencia de políticas demográficas (39). Hay elementos conceptuales básicos, y por lo general desconocidos, con los que debemos involucrarnos para obrar en consecuencia. Transcurridas dos décadas de este siglo, el mundo arrastra un progresivo envejecimiento poblacional (excepto África), acentuado a partir de la segunda mitad de la centuria anterior. La franja de población joven se ha reducido y ello se refleja en las pirámides poblacionales de distintos e importantes países. Tal situación es un fenómeno multicausal y con consecuencias impredecibles, la primera de las cuales involucra obviamente a la población provecta (Jorge Paz, 2018, p. 26). ¿Quiénes se harán cargo de nuestros ancianos y cómo? ¿Cómo mantener un estándar de vida alto si se reduce la fuerza de trabajo y la población envejece?
Los países con hábito de planificación están replanteando las políticas al respecto a través del diseño de su demografía: mantener un determinado ritmo poblacional implica sostener la gobernabilidad de una sociedad determinada, ya que las consecuencias económicas y sociales del envejecimiento son imprevisibles. Prolongar la vida puede volverse estratégicamente peligroso si, a la par, disminuye la tasa de fecundidad nacional.
La fecundidad es motor del cambio estructural de una población, de forma positiva si aumenta, y negativa si decrece. Aparte de cuestiones ideológicas implícitas en el colectivo «control de la natalidad», impulsado además por varias organizaciones internacionales públicas y privadas (40), también se asignó esa disminución en el bienestar alcanzado en la segunda mitad del siglo XX en Europa. El proceso de reproducción o recambio generacional ocurre con una tasa de 2,1 o más; menos que eso es regresivo (41). Coincidimos con Paz (2018) cuando señala que los planificadores estatales no saben muy bien qué hacer con su demografía frente a «megatendencias» como la globalización, la urbanización de las sociedades, la industrialización o las migraciones internas y externas.
Gerard-François Dumont, en su ensayo «El envejecimiento en el mundo: consecuencias geopolíticas» (2018), analiza los riesgos del envejecimiento poblacional, que en cada país se manifiesta de manera distinta, respecto de la gobernabilidad, en la medida en que un electorado ampliamente constituido por mayores de 50 años cambia las necesidades políticas de la sociedad:
Para analizar las consecuencias políticas del envejecimiento demográfico, conviene considerar las dos escalas geográficas de la geopolítica. La primera depende de la geopolítica interna y, por lo tanto, del estudio de las rivalidades entre diversas fuerzas en el seno de un mismo Estado. La segunda abarca la geopolítica externa, que estudia las rivalidades y las relaciones de fuerza entre diferentes Estados (pp. 38 y ss.).
La República Argentina, con sus 2.780.400 km2 (8.ª superficie del planeta), amplió notablemente esa extensión con la plataforma continental (6.581.500 km2), quizás la más rica y extensa del orbe. Esa ventaja real no se compadece con su escasa población de 44.494.502 personas (calculada a 2018) y no guarda ninguna relación respecto de su tamaño; ocupamos la 32.ª posición, pero con este dato negativo: la mitad de los habitantes se concentra en menos de un tercio del territorio (42). La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el texto de su Resolución N.º 71/1 del 19 de septiembre de 2016 «Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes». Las recomendaciones que en adelante la ONU proponga, en virtud de ella, habrán de ser celosamente analizadas, pues tarde o temprano incidirán en la demografía de los países subpoblados. Tarea primordial será prever cómo alcanzar el equilibrio poblacional en la Argentina, desalentando la aglomeración humana del conurbano bonaerense, lo cual requerirá de un acuerdo político de alto nivel y una planificación de mediano y largo plazo para que la migración interna sea factible y atractiva, con prioridad patagónica. Ratificamos entonces, por un lado, que la academia debe redoblar esfuerzos para recuperar y potenciar el debate geopolítico y ofrecer sus ámbitos para esta clase de reflexiones, y por otro, articular de algún modo todo el material que al respecto se elabore en las distintas instancias de debate. Esto conlleva también una seria responsabilidad para con nosotros mismos y con las generaciones futuras de argentinos, las cuales han de necesitar del diseño geopolítico para sostener y afianzar la supervivencia como nación en los decenios que siguen (43). Ortega y Gasset advertía que «… es una ilusión pueril creer que está garantizada en alguna parte la eternidad de los pueblos. En historia vivir no es dejarse vivir …» (44).
Observando el nivel de inestabilidad en las relaciones internacionales y a la vez nuestros desencuentros en el plano nacional, cabría concluir que la eternidad de los pueblos, en efecto, no está garantizada. Por ende, la persistencia del interés nacional y del proyecto que la contenga ha de ser una construcción interminable de abajo hacia arriba. En buena medida, depende de la lucidez y preparación de las dirigencias —otro primordial recurso intangible de poder— el saber discernir un futuro común sobre bases realistas, responsables y honestas, con la mira puesta siempre en el largo plazo.
No habrá recuperación de nuestra soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes sin vertebrar y desarrollar integralmente a la Argentina. Están en juego no solo esos espacios, también nuestra incuria arriesga la Patagonia entera. De no actuar rápido, la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional será solo la constancia de un voluntarismo infértil.
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