Kitabı oku: «Construcción de paz, reflexiones y compromisos después del acuerdo»

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G633

Gómez Vélez, María Alejandra, editor compilador

Construcción de paz, reflexiones y compromisos después del acuerdo / Editores compiladores María Alejandra Gómez Vélez, Hernando Blandón Gómez y John Jaime Bustamante Arango-- Medellín: UPB, 2020

299 páginas: 17 × 24 cm.

ISBN: 978-958-764-825-6 (Versión e-pub)

1. Acuerdos de paz – Colombia – 2. Víctimas de la violencia – Colombia I. Blandón Gómez, Hernándo – II. Bustamante Arango, John Jaime. (Título)

CO-MdUPB / spa / RDA

SCDD 21 / Cutter-Sanborn

© María Alejandra Gómez Vélez

© John Jaime Bustamante Arango

© Hernando Blandón Gómez

© Cathalina Sánchez-Escobar

© Natalia Andrea Salinas-Arango

© Néstor David Restrepo Bonnett

© Luis Alberto Castrillón-López

© Carlos Arboleda Mora

© Verónica Andrade Jaramillo

© Conrado de Jesús Giraldo-Zuluaga

© María Claudia Paredes-Castañeda

© Editorial Universidad Pontificia Bolivariana Vigilada Mineducación

© César Salazar-Hernández

© Luis Guillermo Sañudo Vélez

© Jorge Andrés Rico Zapata

© Mauricio Montoya

© John Freddy Arboleda

© Juan Manuel Serrano

© Leidy Katherine Valencia

© Carlos Andrés Gómez

© Wílmer A. Zuleta

© Sol Natalia Arango

© Iván Adolfo Ríos

© José Luis Zuluaga

© Juan Manuel Álvarez

Construcción de paz, reflexiones y compromisos después del acuerdo

ISBN: 978-958-764-825-6 (Versión e-pub)

Primera edición, 2020

Escuela de Ciencias Sociales-Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales-IEMR UPB

CIDI. Grupo Construcción de paz. Proyecto: Diversidad, pensamiento y sentido: el papel de las construcciones simbólicas en la revolución intercultural del siglo XXI.

Gran Canciller UPB y Arzobispo de Medellín: Mons. Ricardo Tobón Restrepo

Rector General: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda

Vicerrector Académico: Álvaro Gómez Fernández

Decano Escuela de Ciencias Sociales: Ramón Arturo Maya Gualdrón

Editor: Juan Carlos Rodas Montoya

Coordinación de Producción: Ana Milena Gómez Correa

Diagramación: María Isabel Arango Franco

Corrección de Estilo: Fernando Aquiles Arango

Ilustraciones: Hernando Blandón Gómez

Dirección Editorial:

Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2020

Correo electrónico: editorial@upb.edu.co

www.upb.edu.co

Telefax: (57)(4) 354 4565

A.A. 56006 - Medellín - Colombia

Radicado: 1934-05-12-19

Prohibida la reproducción total o parcial, en cualquier medio o para cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

Diseño epub:

Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Contenido

Introducción

Sociedad en transición: estrategias de acción para la construcción de paz en perspectiva sociojurídica desde la memoria y la reivindicación de las víctimas

Cathalina Sánchez-Escobar

Natalia Andrea Salinas-Arango

Ética del rostro: memoria y perdón

Néstor David Restrepo Bonnett

Luis Alberto Castrillón-López

Carlos Arboleda Mora

Transitando del conflicto a la paz: la inclusión sociolaboral como aspecto clave para la construcción de futuro

María Alejandra Gómez Vélez

Verónica Andrade Jaramillo

El círculo virtuoso: palabras, gramáticas y narrativas de paz

Hernando Blandón Gómez

Ética y política en María Zambrano. Aporte a la democracia

Natalia Andrea Salinas-Arango

Conrado de Jesús Giraldo-Zuluaga

El borde urbano rural: escenarios de cicatrización del conflicto cultura-naturaleza Caso de estudio: parte alta de la Comuna 8 de Medellín

María Claudia Paredes-Castañeda

César Salazar-Hernández

Luis Guillermo Sañudo Vélez

Las fuerzas militares en la construcción de paz en Colombia: retos y perspectivas

Jorge Andrés Rico Zapata

Separata: selección de textos del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano

Mauricio Montoya

John Freddy Arboleda

Juan Manuel Serrano

Leidy Katherine Valencia

Carlos Andrés Gómez

Wílmer A. Zuleta

Sol Natalia Arango

Iván Adolfo Ríos

José Luis Zuluaga

Juan Manuel Álvarez

Notas al pie

Introducción

María Alejandra Gómez Vélez

Hernando Blandón Gómez

John Jaime Bustamante Arango

Profesores titulares Universidad Pontificia Bolivariana,

Sede Medellín, 2019

En noviembre del año 2016, la firma de un acuerdo de paz en Colombia generó un ambiente de esperanza para vivir en una sociedad más justa, equitativa y dispuesta al diálogo y convivencia. La firma del acuerdo para “...la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera” motivó a la Universidad Pontificia Bolivariana y a sus investigadores a fortalecer y profundizar la reflexión sobre la construcción de la actitud pacífica. Entendiendo la paz, como una construcción colectiva que se beneficia del acuerdo de dejación de armas, pero, compromete aún más, a la construcción de una narrativa simbólica que pretenda entender la paz, como un bien social y moral que se teje alrededor de tres factores: 1. Una educación para la reconciliación, 2. el desarrollo de los territorios y 3. la relación entre gobernanza y construcción política desde la ciudadanía. La academia y la investigación denominada posconflicto en Colombia, compromete la utilización de la convergencia, y de igual manera, las diferentes disciplinas y análisis para aportar a la construcción. La paz, no proviene del estado por generación instantánea, la actitud pacifica es eficaz en el orden social, si el territorio experimenta los bienes políticos de la seguridad humana, la convivencia social y la justicia.

En este marco de realidades, el artículo publicado en el periódico El Tiempo (24 de mayo de 2019), por Sergio Gómez Maseri, destaca en su texto una editorial del diario norteamericano “The New York Times”, en el cual se afirma que “la paz en Colombia se está desintegrando”. Para aquellos que han sido “incrédulos del proceso de paz”, el abanico de hechos violentos dentro del contexto del posacuerdo, es un motivo más para ratificar su incredulidad “duradera”. Advierten que las numerosas muertes de líderes sociales, especialmente por el reclamo justificado del derecho y restitución de tierras, sumado al recrudecimiento del microtráfico y los enfrentamientos de las autoridades con las bandas criminales y el ascenso sin tregua de la corrupción en el país hacen que la paz sea un ejercicio casi imposible.

Por su parte, el libro “Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo”, Clacso (2017) recalca que, precisamente el año 2017 “... será recordado en la historia como el año en que se puso fin a un conflicto armado que duró más de cinco décadas y produjo 8.530.000 víctimas, entre ellas cerca de 250.000 muertos, la inmensa mayoría de civiles indefensos” (p. 8). Y no era para menos, pues ante tales cifras, la esperanza se diluye trayendo a la memoria la violencia de más de 60 años gestada por los intereses políticos, económicos y sociales de unas minorías en Colombia. Asimismo, el texto (Clacso, 2017) enfatiza que, a pesar de terminar la guerra, lo que estaba en discusión no era precisamente aquello, sino “la calidad del postconflicto” y “el camino que elegiremos en la transición”, la transición hacia una paz duradera y crecida de confianza, con sentido de pertenencia y el reconocimiento entre los diferentes actores de nuestra sociedad, como una posibilidad que nos permite abrir caminos de esperanza y de futuros de paz.

De hecho, las preocupaciones en esta materia no han estado al margen del reconocimiento en el escenario internacional, Colombia ha contado con el apoyo de numerosas entidades reconocidas en este tipo de procesos y que, a pesar de las dificultades que hoy enfrenta el mismo, es considerado como un camino necesario por recorrer y cuyo proceso de consolidación es de vital importancia para instalar en el imaginario colectivo, el respeto por la vida del otro, su reconocimiento, el trato digno y con derechos, es decir, la posibilidad real y concreta de una renovada humanización de la vida en sociedad.

Estas ideas motivaron que los trabajos de investigación de diferentes profesores se unieran en un esfuerzo editorial, el cual ofrece en este libro, como un ejercicio editorial y de coordinación de esfuerzos, para tratar de evidenciar un conjunto de acciones de paz, de reflexiones orientadoras que postulan pensar no solo en que el Acuerdo debe ser viable y posible, sino que apuntan hacia una serie de ejercicios ciudadanos fundados sobre diferentes estudios y discursos interdisciplinares, saberes heterogéneos con diversidad de enfoques que se oponen al reduccionismo del compartimento disciplinar y de los lugares comunes cuando se analiza el tema de la paz en el marco del posacuerdo.

Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña y German Guzmán (2005), en su trabajo sobre la “Violencia en Colombia”, señalan que “el odio nos invadió”, que “el odio rompió los patrones elementales de la convivencia”, argumentan categóricamente que “fue el odio lo que, en su culminación de crimen atroz, sadismo, exilio, expoliación, se llamó violencia colombiana” (p. 443). Sin embargo, los autores no se quedaron en señalamientos, sino que realizaron una serie de propuestas o acciones a seguir para superarla. En efecto, bien vale la pena traer a colación esas acciones, bajo la figura indicada por ellos como “Sugerencias para una terapéutica” de la violencia en Colombia, de las cuales resaltamos que:

• La violencia tiene, pues, irremediablemente una dimensión humana. Hay que buscarla en el espíritu y en el corazón de los hombres.

• Es necesario crear de nuevo en los colombianos “un pensamiento, un interés y una voluntad de nación”.

• En el alma misma del pueblo están ocultos los óptimos recursos para surgir de nuevo, gobernantes, jerarcas, técnicos, científicos, investigadores, profesionales, pueblo y líderes deben orientarse por esta consigna; estos pueblos poseen un alma en vibración, es de allí de donde hay que partir (pp.498-499).

Cabe decir que los trabajos elaborados por los investigadores que participan en la presente publicación entienden, en ese mismo camino de acciones que la paz es posible, a pesar del marco de adversidades por las que ha transitado el posacuerdo. Pensamos que este objetivo de país no es fácil y exigirá de mayores esfuerzos de civilidad, respeto por los pactos y de mayores gestiones para que su implementación sea viable y duradera.

Toda utopía como la paz se reconoce compleja y difícil, pero compartimos una visión esperanzadora sobre la que habrán de profundizarse las acciones necesarias, unas ya formuladas en la firma del Acuerdo y otras complementarias, por instituciones nacionales e internacionales, y por lo que será necesario fortalecer y ratificar un proceso que se inició con la firma del Acuerdo en noviembre del 2016.

Los textos que se presentan en este libro recogen diferentes acciones y reflexiones en la dirección de aquella idea planteada antes y que ratifican la posibilidad de fortalecer el proceso de paz.

El primer texto, “Sociedad en transición: estrategias de acción para la construcción de paz en perspectiva sociojurídica desde la memoria y la reivindicación de las víctimas”, de las profesoras Cathalina Sánchez-Escobar y Natalia Andrea Salinas-Arango, de la Universidad Pontificia Bolivariana, formulan que “... debe construirse una concepción de paz estable y duradera, que no solo es responsabilidad de los actores del conflicto involucrados en los procesos de paz, sino también un compromiso ciudadano, a partir de su fortalecimiento y de una idea sólida del bien común, de la comprensión histórica, social y política del conflicto mismo y del posacuerdo. Es por ello por lo que las estrategias de acción para la paz, desde la mirada interdisciplinar de las ciencias sociales, pueden orientarse a una intervención social y jurídica, que acompañe a las víctimas del conflicto armado, potenciando sus procesos organizativos y de participación, integrando la reparación simbólica desde la construcción y resignificación de la memoria y la reivindicación de derechos sociopolíticos”.

Desde otra perspectiva, los profesores Néstor David Restrepo Bonnett, Carlos Arboleda y Luis Alberto Castrillón-López, adscritos a la Escuela de Filosofía, Teología y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, consideran en su reflexión sobre “Ética del rostro: memoria y perdón” que, “La paz como propósito humano es el resultado de la justicia y equidad social, que permite que un territorio se construya como comunidad política. Los análisis al proceso de desarme que Colombia afronta con las Farc son un avance importante en el compromiso que tiene el Estado de brindar garantías sociales de seguridad y desarrollo de los territorios. Pero es necesario esclarecer que no solo nos enfrentamos a un proceso de estabilización de las instituciones, el orden y la justicia. Lograr la paz, como alcance social, necesita de otros elementos asociados a la restitución simbólica, el reconocimiento de la diversidad de los territorios y el restablecimiento no solo de la seguridad humana y de las instituciones jurídicas y políticas, sino también de los imaginarios colectivos de vida social y comunitaria”.

Por su parte, las investigadoras María Alejandra Gómez Vélez y Verónica Andrade Jaramillo, en su trabajo “Transitando del conflicto a la paz: la inclusión sociolaboral como aspecto clave para la construcción de futuro”, establece y formula que “... en materia comunicacional, de gestión humana y políticas organizacionales [se] han puesto en marcha organizaciones para la generación de empleo de personas asociadas al conflicto armado. Al ser la inclusión al trabajo de personas desmovilizadas, un proceso que suscita ciertas reservas entre las empresas por los riesgos reputacionales, de seguridad y clima laboral inherentes, la presentación de este trabajo aporta a la comprensión de la realidad que vive el país, en la que se requiere un mayor compromiso personal, organizacional y social para lograr la integración y un futuro de no repetición de las formas de violencia que ha padecido el país por cerca de 50 años”.

En su reflexión sobre “El círculo virtuoso entre palabras, gramáticas y narrativas de paz”, el investigador Hernando Blandón Gómez, de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, señala que “... desde el proyecto matriz Narrativas del desplazamiento se relacionan los antecedentes lingüísticos y sociales que permiten comprender cómo la carga semántica de las palabras se desplaza después del conflicto hacia nuevos significados”, formulando, por demás que “La experiencia investigativa confirmó el poder transformador de la palabra como dispositivo y vía para la reapropiación, resignificación y reconciliación de las comunidades participantes con el territorio en el marco del posacuerdo”.

En el planteamiento hacia la ética, elaborado por la profesora Natalia Andrea Salinas-Arango y el profesor Conrado de Jesús Giraldo-Zuluaga, denominado “Ética y política en María Zambrano, aporte a la democracia”, se postula que “La dimensión política, en el pensamiento filosófico de María Zambrano, debe visibilizarse con el propósito de destacar el aporte que hace a la democracia contemporánea y a la configuración de una praxis política basada en la persona humana como sujeto político. Más aún, para pensar más allá de la coyuntura colombiana, este capítulo busca traer a colación una reflexión histórico-filosófica sobre la ética, la política y la democracia aportada en el pensamiento zambraniano”, destacando, adicionalmente, que es posible mostrar la existencia de una “... relación de la ética y la política en la vida y obra de la filósofa española María Zambrano, con lo cual se espera aportar a la reflexión sobre la democracia y la paz”.

Desde una perspectiva territorial, los profesores María Claudia Paredes-Castañeda, César Salazar-Hernández y Luis Guillermo Sañudo Vélez, de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, en su propuesta de “El borde urbano rural: escenarios de cicatrización del conflicto cultura-naturaleza. Caso de estudio: parte alta de la comuna 8 de Medellín”, plantean que “Tanto las grandes metrópolis como las ciudades intermedias se han convertido en escenarios de conflicto, atizados no solo por la disyuntiva naturaleza – artificio, sino también por las marcadas diferencias socioeconómicas de la población, ya que parte de esta se ve abocada a una lucha constante para acceder a los derechos que les son inherentes al ciudadano”.

De otro lado, el profesor Jorge Andrés Rico Zapata, en su texto “Las Fuerzas Militares en la construcción de paz en Colombia: retos y perspectivas”, señala que “Los componentes que marcan el camino a la construcción de paz son diversos, y se adhieren a los procesos de articulación social e institucional, a partir de enfoques realistas y prácticos, los cuales no busquen crear imaginarios basados en malinterpretaciones sobre las posibilidades reales de Colombia, sus territorios y población para asumir los desafíos en materia de seguridad, en el momento actual y a futuro”.

Finalmente, el libro incluye una separata sobre “100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano”, coordinado por el profesor Mauricio A. Montoya Vásquez y su equipo de trabajo. Estas preguntas orientadoras cuestionan la necesidad de ser consecuentes y claros con las diferentes fuentes, análisis y aspectos a ser considerados en el estudio y reflexión de un proceso de paz. Señala el profesor Montoya que, “Es claro que actualmente existe una gran cantidad y variedad de literatura especializada sobre el conflicto nacional, pero muchos de esos referentes son desconocidos, varios de ellos poco leídos y, en la mayoría de las ocasiones, solo trabajados por inquietos y estudiosos del tema, ya que suelen utilizar lenguajes altamente técnicos”.

Esperamos que estas diversas reflexiones y posturas, en el marco de las consideraciones y acciones para la continuidad de un proceso de paz, contribuyan a establecer directrices y orientaciones de gestión territorial y sea posible, hoy aún, para que esa paz transite de la contemplación utópica a un proyecto posible, alcanzable, que establezca las condiciones para que la gente en todos los territorios, ciudades y zonas rurales, se acerque a la posibilidad de sentir y vivir en un país equitativo, política, social y económicamente viable, más seguro, estable y con mejores condiciones de bienestar para su proyecto de vida. ¡Sea pues hacer posible la rehumanización de los territorios en los que vivimos cada día!


Autor: Hernando Blandón

Obra: Distopía o la estética de lo peor

Técnica: escultura en resina

Año: 2019

Sociedad en transición: estrategias de acción para la construcción de paz en perspectiva sociojurídica desde la memoria y la reivindicación de las víctimas 1

Natalia Andrea Salinas-Arango2

Cathalina Sánchez-Escobar3

Introducción

Este capítulo surge como parte de la investigación “Víctimas del conflicto armado y sus procesos organizativos y de participación sociopolítica en Medellín 2014 – 2016” y de los planteamientos del texto “Trascendiendo el conflicto armado a través de la cultura para la paz. Procesos de ciudadanía en perspectiva de la mujer víctima” (Salinas Arango & Sánchez-Escobar, 2017).

Hacer evidentes procesos participativos, organizativos y de construcción de ciudadanía, da importancia a las experiencias de víctimas del conflicto armado que en la actualidad ejercen nuevos roles sociales y políticos de las organizaciones que integran para la reivindicación de sus derechos, lo cual permite una mirada distinta de la victimización, evitando la estigmatización sistemática de la víctima; como ser vulnerable sin posibilidades de movilizar sus potencialidades y acciones, que solo ahondan el conflicto, excluyen y empobrecen su condición de ser humano. Por el contrario, una perspectiva de la víctima como sujeto empoderado que reivindica y ejerce sus derechos, posibilita ubicarla como categoría sociopolítica clave, tanto en los procesos sociales como en la legislación vigente en el marco del conflicto y del posacuerdo.

En este sentido, en la investigación se propuso como objetivo general comprender la importancia de la memoria, como estrategia de acción para la construcción de paz en perspectiva socio jurídica, a partir de las experiencias organizativas y de reivindicación de las víctimas, en una sociedad en transición como es la colombiana, después de los acuerdos de paz, en 2017 - 2018. Así mismo, los objetivos específicos apuntan a 1) indagar en el contexto del conflicto armado en Colombia y el lugar de las víctimas, 2) identificar la memoria como estrategia de reparación simbólica, significativa para las víctimas del conflicto armado y 3) reconocer la importancia de la memoria como aspecto relevante para la intervención interdisciplinar socio-jurídica.

Por tanto, este capítulo se compone de tres apartados. El primero, da cuenta del contexto del conflicto armado en Colombia, el proceso de paz y los acuerdos con las Farc y, en ese marco, la identificación de los sujetos de análisis de la investigación, las víctimas del conflicto armado. El segundo, presenta la apuesta del Estado por la reparación simbólica a partir de la memoria del conflicto, teniendo en cuenta la participación de las víctimas, aludiendo así a la legislación y, con ello, a una de las formas más concretas y potentes de la aplicación de la reparación simbólica, que es la experiencia del Museo Casa de la Memoria -MCM.

Por último, en el tercer apartado se presenta la memoria como componente de las nuevas formas de intervención socio-jurídica en el marco del posacuerdo, resaltando lo significativo de la interdisciplinariedad, como mirada holística y oportunidad de apoyo, intercambio y complementariedad de saberes sociales y jurídicos para la incidencia en las problemáticas y situaciones asociadas a las víctimas.

El trabajo presentado da cuenta de un análisis inferencial producto de la investigación empírica, en la que se empleó el método cualitativo desde un enfoque metodológico histórico- hermenéutico. Se utilizaron como estrategias metodológicas la historia oral, la investigación documental y los grupos de discusión. La modalidad de la investigación es el estudio de caso múltiple, dada la indagación que se hizo específicamente a las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado en Medellín. Utilizando estrategias metodológicas como la investigación documental, la historia oral y los grupos de discusión.

Por tanto, el sujeto de análisis, además de la indagación realizada en el Museo Casa de la Memoria, se seleccionó bajo la estrategia de muestreo cualitativo de bola de nieve, a partir del encuentro realizado en la primera inmersión en el campo, en la organización representativa de víctimas, denominada Mesa Municipal de Víctimas de Medellín, teniendo en cuenta únicamente las organizaciones integradas por mujeres. Para tal efecto, las técnicas cualitativas de recolección de información buscaron la recuperación de las experiencias, prácticas y contextos de las organizaciones en su dimensión sociopolítica, tales como la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y técnicas interactivas.

Por ser cualitativa, la muestra es intencionada de acuerdo con los siguientes criterios de selección: la población-sujeto de análisis fueron las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado que han desarrollado procesos de participación, que reivindican sus derechos de inclusión sociopolítica en Medellín, basado en este principal criterio se seleccionarán las organizaciones de mujeres víctimas para la realización del estudio de casos múltiple y la identificación de sus integrantes.

1. Contexto, víctimas y mujeres víctimas en Medellín
Reflexiones sobre el escenario histórico del conflicto armado y las víctimas en Colombia

El escenario histórico del conflicto armado colombiano desde el siglo XX tuvo como antesala La Violencia política4, periodo marcado por agudas confrontaciones entre la élite política y los ciudadanos adscritos a los partidos liberal y conservador. Los hechos acaecidos precipitarían, a principios de la década de los sesenta, la creación de grupos armados de izquierda y derecha, la agudización de la confrontación con las fuerzas militares legítimas del Estado y en la década de los ochenta, el involucramiento de otros actores como el narcotráfico, complejizando la confrontación armada con varios actores, prácticas y escenarios a lo largo y ancho del país, aunque con distintas intensidades en las regiones y localidades, así como una composición temporal disímil.

El conflicto colombiano es mucho más antiguo que los que se consideran generalmente en el marco de la noción de ‘una nueva guerra’, (…) El conflicto colombiano es de aquellos que cambian de manera permanente; pero como otros conflictos internos, comprende estratos de diversas épocas (Pécaut, 2006, p. 530-531).

Además de la dureza propia de la guerra entre actores armados, lo aterrador de este conflicto es que implica a los ciudadanos, mediante la vulneración continuada de los derechos humanos, a partir de múltiples hechos victimizantes como el desplazamiento y la desaparición forzada, la violencia sexual, los bombardeos y las tomas armadas en zonas urbanizadas, los falsos positivos, las minas antipersonales, las detenciones ilegales, las torturas, persecuciones y denigración de la dignidad en todas sus expresiones.

El resultado de estos y otros vejámenes cometidos por los grupos armados legales e ilegales, pero también por las omisiones y debilidades del Estado en garantizar la protección de los derechos humanos en los órdenes local y nacional, es la emergencia de un actor del conflicto, las víctimas. Pese a su vulneración, invisibilización y soledad, es un actor social que sorprende, en muchos casos por su capacidad de resiliencia y lucha por la reivindicación de sus derechos, por su clamor de justicia. Por las víctimas que existen y para evitar su proliferación, es que se justifica que se hagan procesos de paz en Colombia, luego de intentos fallidos por acabar la guerra a través de las armas durante más de medio siglo, en donde prevalezca el diálogo con justicia, reparación y memoria.

El beneficio de la guerra es poco evidente para los actores armados, en la perspectiva de los valores políticos y de justicia social que otrora pretendían, imponiendo a lo largo del tiempo la lucha por el poder territorial y económico, como máximo botín de guerra. Es así como la demanda por pacificar los territorios resulta infructuosa bajo estos intereses. Más aun cuando las élites políticas, como lo hicieron en el período de La Violencia, favorecen la fragmentación y polarización política y social en el país.

En este contexto, la desmovilización de las Farc es significativa, si se revisan en retrospectiva histórica las dinámicas del conflicto armado. Con su desarticulación no se acaba el conflicto armado en Colombia y pone en la escena a nuevos actores que se atomizan e incluso adquieren mayor potencia; pero sí logra mostrar en prospectiva varios caminos, por ejemplo, que la vía política es una alternativa para acabar la guerra, también la necesidad de fortalecimiento del Estado y sus instituciones y su urgente presencia efectiva en los territorios. Y, sobre todo, que este proceso de paz es la oportunidad para que sus víctimas salgan del anonimato en la opinión pública y puedan ejercer como actor político su derecho a participar en el devenir de la nueva nación que se configura en el posacuerdo.

Víctimas en perspectiva social y jurídica

La principal consecuencia del conflicto es la vulneración de los derechos humanos y es por ello que el reconocimiento de los derechos de las víctimas, de los sobrevivientes del conflicto, se constituye en un aspecto fundamental al momento de regularizar un país al final de las hostilidades. De ahí que sea indispensable definir qué/quién es víctima del conflicto para poder garantizarle sus derechos.

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, establece que las “víctimas” son

las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985).

Este criterio debe ser aplicado a todas las personas sin distinción alguna y es importante su determinación, porque de él se desprende que las personas (naturales y jurídicas) que sean reconocidas como víctimas, puedan acceder a ciertos beneficios establecidos en normas nacionales e internacionales.

El ordenamiento jurídico colombiano, observando los criterios internacionales, ha desarrollado un marco jurídico para las víctimas, dándole alcance y contenido al concepto para efectos de su atención, asistencia y reparación integral. Son varias las normas y las sentencias de la Corte Constitucional que se han pronunciado al respecto; dentro de las más destacadas están la Ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), así como las sentencias C-052/12, C-250/12, C- 253A/12 y C-781/12 que brindan una definición de víctimas con referencia a daños por infracciones ocurridas con ocasión del conflicto armado.

En ese sentido, el artículo 5 la Ley 975 de 2005, modificado por el art. 2 de la Ley 1592 de 2012, cuando presenta una definición de víctima, relaciona que “los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley”. Esta definición recoge el concepto internacional y lo contextualiza al entorno colombiano, a la situación política y social del momento, y a la finalidad misma de la Ley: “la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” (Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005).

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se encarga de definir a las víctimas en la “Ley de víctimas”.

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Congreso de Colombia, 2011).

Igualmente, esta definición extiende la categoría a familiares próximos de la víctima directa, y ampara también dentro de esta categoría a “las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización” (Congreso de Colombia, artículo 3, Ley 1448 de 2011).

Esta definición presenta dos novedades, primero, el establecimiento de una condición temporal de la ocurrencia de los hechos victimizantes y, segundo, esta norma se constituye en el primer reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, aunque más adelante el mismo artículo aclare que la definición de víctima no conlleva el reconocimiento del carácter político de los grupos armados ilegales.

Este reconocimiento es de gran trascendencia por cuanto de allí se desprenderán una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en favor de las víctimas, a través de un sistema de justicia transicional, tendiente a “hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas” (Congreso de Colombia, Ley 1448 de 2011).

La Corte Constitucional, en Sentencia C-253A de 2012, aborda la noción de conflicto armado a partir de criterios objetivos y presenta una concepción amplia de “conflicto armado”, que reconoce toda la complejidad real e histórica que ha caracterizado a la confrontación interna colombiana. La Corte Constitucional ha examinado el contexto en el cual se produce la vulneración de los derechos de las víctimas y ha reconocido que se trata de víctimas del conflicto armado cuando los hechos acaecidos guardan una relación de conexidad cercana y suficiente con este (Sentencia C-781, 2012).

Dentro de la categoría de víctimas, las mujeres merecen un reconocimiento particular por cuanto son víctimas de variadas y específicas formas de violencia con ocasión del conflicto armado. Estas circunstancias se suman a unas situaciones preexistentes de exclusión, estigmatización y discriminación; el conflicto lo que hace es incrementar las violencias acostumbradas en la cotidianidad, por cuanto su dinámica impone el orden por la fuerza, según esquemas patriarcales del ejercicio de autoridad.

Las mujeres pueden ser víctimas directas o indirectas de diferentes situaciones y consecuencias del conflicto armado, por el solo hecho de ser mujeres y como resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras, hermanas o por el ejercicio de su liderazgo y autonomía (Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia & Departamento Nacional de Planeación, 2013, pág. 10).

El impacto de las violaciones a los derechos de las mujeres en el marco del conflicto tiene efectos particulares y diferenciados, y considerando las características etarias, étnicas, de orientación sexual e identidad de género, discapacidad y ubicación geográfica o lugar de origen (sea esta rural o urbana), dichos efectos diferenciados se agravan (Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia & Departamento Nacional de Planeación, 2013, pág. 10).

Las mujeres víctimas del conflicto armado enfrentan obstáculos para la garantía plena del goce efectivo de sus derechos con reconocimiento de sus afectaciones particulares, pues los entornos y prácticas socioculturales las desconocen como sujetos de derechos, enfrentando dificultades en el acceso a la atención y restablecimiento de sus derechos.

2. Reparación simbólica a partir de la memoria colectiva y de las víctimas

Para percibir el desarrollo y contenido del concepto de reparación se hace preciso efectuar un análisis normativo de un término complejo, que presenta múltiples significados y alcances, sobre todo por su relación directa con temas de gran actualidad como los Derechos Humanos, la violencia, la justicia transicional y justicia restaurativa.

Acercamiento a la reparación como concepto sociojurídico

Uno de los principios del derecho internacional público en materia de responsabilidad del Estado es la obligación que tienen los Estados de reparar a las víctimas (a sus parientes y compañero/as) de violaciones de derechos humanos; así ha sido consagrado en el “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos para la lucha contra la impunidad” de Naciones Unidas (ONU, 1997) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición son los criterios de reparación que ha establecido el derecho internacional público (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2005).

Las Naciones Unidas, en la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, consagra los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conceptualizado en diferentes sentencias5 la reparación en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible (…) cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados (Trujillo Oroza vs. Bolivia, 2002, párr. 61).

Según este concepto, la reparación radica en el restablecimiento de la situación de la víctima al momento anterior al hecho ilícito, borrando o anulando las consecuencias de dicho acto u omisión ilícitos (Nash Rojas, 2009, p. 25). Es decir, dejar las cosas como estaban antes del hecho victimizante, suprimiendo, cuando esto es posible, las consecuencias inmediatas del hecho e indemnizando –a modo de compensación– patrimonial o extrapatrimonialmente, los perjuicios causados.

Sin embargo, las víctimas no pueden siempre “volver a la situación anterior a la violación” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2005), sobre todo cuando se trata de situaciones de violaciones de los derechos humanos y es por eso que aparece la reparación simbólica como un acto reparatorio por parte de la justicia; como un medio eficaz para que finalicen los efectos de las violaciones y a la vez, buscar medidas preventivas que impidan la repetición de estas violaciones en el futuro.

Las reparaciones simbólicas son medidas específicas de carácter no pecuniario ni indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e individualidad en las que suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a derechos humanos, ampliando hacia la comunidad el dolor de las víctimas, a través de una mirada crítica de lo pasado que trasciende al futuro (Patiño Yepes, 2010, p. 54).

La reparación simbólica incluye múltiples acciones y condiciones cuyos propósitos amplios pueden percibirse como el cierre o alivio de las heridas no reparables, la facilitación del perdón, la reconciliación nacional, la preservación colectiva de la memoria y la dignificación de las víctimas (Vera Piñeros, 2008, p. 763). La resolución de la ONU agrupa todas las medidas simbólicas consideradas bajo la denominación de “medidas de satisfacción”, pero Vera Piñeros (2008) sugiere que pueden dividirse en tres dimensiones:

1. Buscan afectar positivamente y de forma restaurativa la esfera moral individual de la dignidad, o brindar “satisfacción moral” (restauración de la dignidad, disculpa, resarcimiento, desagravio oficial, entre otras).

2. Buscan paliar en cierto grado la decepción individual y social (revanchas o retaliaciones) ante la falta de aplicación de justicia retributiva, o brindar “satisfacción judicial” (revelación pública, sanción mínima).

3. Tienen impacto duradero en el manejo social de la verdad sobre lo ocurrido, de preservación de la memoria colectiva y aseguramiento de la transmisión tangible e intangible de un “pasado irrepetible” o medidas de “satisfacción memorial” (homenajes, conmemoraciones, monumentos a la memoria de las víctimas).

De acuerdo con estos principios, el Estado debe velar porque el ordenamiento jurídico interno disponga de consideraciones especiales para las víctimas, sus familiares y compañero/as, de manera que se les repare su daño y no se revictimicen. En este sentido, el Estado colombiano creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, encargado de la formulación y/o ejecución de planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.

Asimismo, consagra en su legislación medidas de reparación de las víctimas que comprenden la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Estas medidas se deben implementar en favor de las víctimas, según la vulneración sufrida en sus derechos y las características de los hechos victimizantes.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Congreso de Colombia, 2011, art. 141).

Por su parte, el Decreto 4800 de 2011, que reglamenta la Ley 1448 de 2011 estableció “mecanismos y herramientas para brindar asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, mediante la implementación de un programa masivo de reparaciones que surge como complemento indispensable a la reparación de las víctimas en sede judicial” (Decreto 4800, 2011). Y en su artículo 170 define la reparación simbólica como aquella que “comprende la realización de actos u obras de alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social” (Presidencia de la República de Colombia, 2011, art. 170).

De esta manera, se ve entonces cómo la reparación simbólica a partir de la memoria es una obligación de los Estados que implica modificaciones de sus ordenamientos jurídicos, de su cultura jurídica y adecuación de todos los medios estatales para respetar y garantizar los derechos de las víctimas. En este sentido lo expresa la Corte Constitucional en la Sentencia T-083 de 2017.

Los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano son fundamentales y tienen protección constitucional. Por ello el Estado tiene como deber garantizar su protección y ejercicio, estableciendo medidas que les permitan a los afectados conocer la verdad de lo ocurrido, acceder de manera efectiva a la administración de justicia, ser reparados de manera integral y garantizar que los hechos victimizantes no se vuelvan a repetir (Sentencia T-083, 2017).

Una estrategia de reparación simbólica: el Museo Casa de la Memoria en Medellín

Como se mencionó anteriormente, derivada de los procesos de paz, se creó una legislación en cuanto al restablecimiento de derechos de las víctimas, en la que se contemplan la restitución de tierras, la atención integral a las víctimas, los procesos de reconciliación y de memoria histórica. En Medellín, mediante la Unidad de Víctimas, se desarrollaron los programas del Museo Casa de la Memoria –MCM-6 y las Unidades Móviles de Prevención y Protección, para evitar la revictimización y para que se generen nuevos procesos de inclusión social y política, transformando el rol de víctima en actor social, conocedor de su historia y constructor de ciudadanía.

La creación del MCM es resultado de un proceso de una década de la administración municipal de Medellín y de la legislación de víctimas y de justicia y paz, significativo en el contexto sociopolítico colombiano, que se destaca como proceso participativo de diversos colectivos de víctimas de la ciudad, en el que se incluyeron a la ciudadanía para edificar no solo con ladrillos sino con ideas, sueños y expectativas el escenario de la memoria histórica del conflicto y sus víctimas, como un potente mecanismo de reparación simbólica.

En el ámbito local, el MCM facilita la dinamización de la memoria colectiva en la resignificación del conflicto y sus víctimas, la articulación de las organizaciones de víctimas en Medellín y la garantía de la no repetición de los hechos victimizantes y el fortalecimiento ciudadano. Es así como la investigación logró la identificación del vínculo del MCM con las mujeres víctimas y sus organizaciones sociales, destacando su función pública de reparación simbólica y de reconfiguración de la memoria colectiva.

El MCM se constituye en un espacio para el reconocimiento, la dignificación y la memoria de las víctimas de la violencia reuniendo y recuperando el material documental, testimonial y artístico que dé cuenta de procesos sociales como estrategias para, como lo nombra Elsa Blair (2002), poner en la escena pública el dolor de la guerra para reparar y no repetir.

En el MCM las puertas están abiertas para que la ciudadanía, las personas individuales y las organizaciones sociales compartan su versión sobre la historia, en la que las experiencias de los hechos victimizantes del conflicto armado colombiano y de la violencia en Medellín se ponen en público para no repetirlos, para tramitar el dolor, para incidir como actores de una ciudadanía activa que participa y revindica su derecho de tener voz, la que otrora fuera silenciada por el miedo, por la violencia.

Entonces el MCM cumple su idea de ser una casa, la casa de todos. Así como también la idea de conservar, transmitir y reinventar la memoria a través del escenario museológico, en el que el arte del no-olvido, en el que, por ejemplo, se le da nombre y rostro a los seres asesinados, desplazados, afectados por las minas antipersonales y los testimonios de los familiares, quedan escritos en placas de acrílico y narrados en audios que se repiten una y otra vez.

La invisibilidad de la población por los grupos del conflicto armado aparece cuando hay ausencia de la ciudadanía, cuando la persona no se siente merecedora o teme al reclamo de sus derechos o al cumplimiento de los deberes. Es por ello de la importancia del MCM, que surge a partir de la necesidad de visibilizar a un grupo de personas que en el trascurso de la historia se ha mantenido bajo todo tipo de vulneración de derechos, daño a su integridad y limitaciones al ejercicio de su ciudadanía.

Actualmente el MCM cuenta con una serie de espacios para el uso de sus visitantes, como la explanada, que sirve de galería estable para la narración de la historia en la voz de sus protagonistas; las salas de exposiciones temporales, la Galería de la Memoria y el auditorio. Así como programas rectores en los que se encuentran actividades relacionadas con investigación, formación, museología o museografía, acuicultura, y otros contenidos en torno al conflicto armado, el perdón, la reconciliación y la paz.

La participación de las lideresas de las distintas organizaciones de víctimas, en los programas propuestos por el MCM, ha sido más activa que la de otros actores. Dice Gabriel Jaime Bustamante, director en el 2014 del Área Social MCM que,

Las mujeres son más organizadas, más comprometidas, las mujeres se preocupan más por lo sustancial, por ejemplo, les preocupa mucho el daño psicológico que ha generado la guerra en los niños y en ellas mismas, por esto, a los grupos psicosociales van más mujeres. La iniciativa hacia los programas y proyectos es de lado y lado, las organizaciones proponen y el museo propone, ya que es una construcción colectiva, una praxis de diálogos y saberes7.

La memoria se convierte en un deber del Estado y en un derecho que debe ser garantizado a través de la implementación de las normas que protegen a las víctimas. Por eso el MCM tiene como una de sus principales funciones, ser el operador de lo expresado en la legislación al respecto. Las víctimas del conflicto armado encuentran en el MCM un escenario de la memoria colectiva, identificando cómo la construcción de dicha memoria les permite, además de comprender por qué pasó lo que pasó, ejercer el derecho a la verdad y a la reparación simbólica.

La población en general, que desconoce la realidad histórica del conflicto armado, tiene la posibilidad de enterarse y entender aquellos acontecimientos que para muchos han quedado en el olvido. Para las víctimas, este ejercicio de la memoria permite dar sentido e importancia a aquello que es causa de mucho dolor, sin quedarse en él, buscando ir más allá del hecho victimizante y generar, junto con los procesos de reconstrucción, recreación y dinamización de la memoria, una movilización eficaz de la ciudadanía activa.

Por lo tanto, el MCM en Medellín se constituye en un modelo nacional como estrategia de reparación simbólica, que evidencia ser un espacio público que facilita la integración, la consolidación y transformación de procesos organizativos, apoyando y potenciando sus intervenciones a partir de la memoria.

3. Estrategias de intervención sociojurídica e interdisciplinar como aporte para la construcción de paz

Se puede pensar en la construcción de paz para superar el conflicto armado, no solo desde la firma de los acuerdos con los grupos al margen de la ley, esta construcción es una tarea diaria, que involucra a dichos actores, al Estado y a los ciudadanos. Desde estos últimos, las soluciones para construir paz devienen de procesos de concienciación de la realidad histórica del país, en el reconocimiento de la memoria del conflicto, así como en las herramientas que se tienen a la mano, como son las formas de vinculación social a partir de las organizaciones.

Es así como las organizaciones de víctimas del conflicto armado, en tanto fortaleza ciudadana, transforman las realidades de los sujetos sociales que de ellas participan, potenciando el tejido social, desde la cooperación, la solidaridad, el empoderamiento y la conciencia de sus problemáticas, el tratamiento del pasado, la construcción de la memoria, resignificándola.

Los cientistas sociales, encargados de acompañar los procesos de intervención social, a partir de disciplinas aplicadas como el trabajo social, la psicología, la pedagogía, el derecho, entre otras, integran elementos fundamentales para el tratamiento de procesos de intervención que faciliten la concienciación de la propia realidad y situaciones problemáticas, potencien las habilidades de las personas, orienten sus capacidades para la solución de problemas y fomenten liderazgos capaces de replicar, en sus grupos y comunidades, experiencias exitosas.

Es por ello que la intervención social incluye la investigación diagnóstica, los procesos socioeducativos que promueven potencialidades y capacidades desde los conocimientos tradicionales- populares con los saberes de la ciencia. Así mismo, facilita y orienta la planeación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades, que las organizaciones sociales pueden llevar a cabo para conducir la acción a resultados que transformen los problemas en posibilidades y conlleven al mejoramiento de condiciones de vida. Y por supuesto, replicar los aprendizajes adquiridos a partir de la experiencia conduce a que más personas se unan en procesos de red que fortalezcan a toda una comunidad.

La intervención es eminentemente política, en tanto es acción. Si se entiende la política como aquella actividad y el ejercicio del poder en cualquier relación social humana, en la que se articulan formas de interacción e incluso de ordenamiento, de acuerdo con condiciones históricas, ideológicas y culturales para su establecimiento en una sociedad. La intervención es poder y, por tanto, hay un ejercicio político y también ético. En el que aparece la idea del consenso, enfrentando las fuerzas contrarias a partir del diálogo o la concertación para llegar a un fin que logre estar en beneficio de una sociedad, llegar a decisiones del bien común o de la esfera pública.

Luego, la intervención sociopolítica tiene una incidencia en la medida en que involucre no solo los ámbitos políticos, sino que logre implementar estrategias socioeducativas que impacten lo público, a los ciudadanos. La política es acción, por lo que se le asocia a la esfera pública, que es el escenario de la democracia, del bien común, de la deliberación colectiva.

Es en lo público donde el ejercicio del poder lo llevan a cabo los ciudadanos de manera directa o indirecta. Para el ejercicio de la política en Estados democráticos es una necesidad y un deber la educación en valores ciudadanos, que permita que los ciudadanos mismos como sujetos políticos esenciales, tengan elementos suficientes para la deliberación sobre el bien común y así la elección y legitimación a sus gobernantes o representantes en escenarios de poder político.

Para las ciencias sociales, es fundamental la formación y el conocimiento de la política, dado que la intervención es acción, por tanto, hay un ejercicio político en ello, en la medida en que el profesional se constituye en un agente que facilita, dinamiza o moviliza procesos de cambio social y de potenciación de sujetos sociales, mediante acciones orientadas al bien común, al empoderamiento de grupos y comunidades en su propio ejercicio de poder, a la orientación de políticas públicas sociales, a la contribución para la construcción de ciudadanía basada en valores democráticos.

En este orden de ideas, la política, la cultura y la educación están en primer plano en la intervención social, en el contexto actual de transición en el que se encuentra Colombia, anclado en los valores públicos, el ejercicio de la ciudadanía, los derechos humanos y el valor de la democracia. Entre las funciones de los cientistas sociales están las de acompañar, asesorar, orientar, educar, apoyar, investigar, planear, evaluar, etc., en distintos procesos, favoreciendo la potenciación de los sujetos sociales (individuales y colectivos), para cambiar sus realidades, mejorarlas, buscando la calidad de vida, el bienestar y desarrollo social.

Por tanto, en el contexto del conflicto y del posacuerdo se propone que la intervención social se dirija a actuar en cinco dimensiones. La primera, en la investigación social, para entender las dinámicas del conflicto, reconocer a sus actores y escenarios; de esta manera hacer seguimiento al posacuerdo y seguir indagando sobre sus consecuencias. La segunda, en el fortalecimiento de la ciudadanía, que consiste en creer en la fuerza ciudadana y que, a partir de la participación, la organización y la movilización, es posible el fortalecimiento de la ciudadanía y la reivindicación de los derechos.

La tercera, en el acompañamiento psicosocial que se facilita mediante la intervención interdisciplinaria y multisectorial con individuos, grupos, familias y comunidades que se hayan visto afectadas por el conflicto, para permitir la elaboración de duelos, el restablecimiento de sus derechos y la reivindicación de las comunidades con miras a su desarrollo sociocultural. La cuarta, en el aporte a los procesos socioeducativos, para un cambio de conciencia sobre las prácticas de resolución negociada de conflictos, ayudando a crear una cultura política basada en el consenso más que en las soluciones de hecho.

La quinta, en construir procesos de memoria histórica, que permitan hacer duelos sociales, recordar para no repetir y subsanar las heridas de la guerra mediante actos fácticos y simbólicos, que además sirvan como formas de reparación; entendiendo en este contexto, por memoria histórica “todas las medidas tendientes a evitar que las violaciones de Derechos Humanos, las víctimas de estas violaciones y las condiciones en las que se presentaron esas violaciones, caigan en el olvido” (Orozco Abad, 2005). En este sentido, citando a Martín-Barbero, Elsa Blair en el texto Memoria y narrativa. La puesta del dolor en la escena pública reconoce que hay dos formas de abordar la memoria,

(…) la primera es deshacer aquellas cicatrices que cubrieron las heridas sin curarlas, es decir, desmontar la farsa con que se recubrió lo que dolía sin curarse en realidad y, la segunda, es evocar y celebrar la memoria de la que estamos hechos, esa que puede ayudarnos a comprender la densidad simbólica de nuestros olvidos, tanto en lo que ellos contienen de razones de nuestras violencias como de motivos de nuestras esperanzas. (Blair Trujillo, 2002, p. 18)

Estas cinco dimensiones para la intervención son posibles y adquieren sentido sociojurídico desde un enfoque de Derechos Humanos, que dentro del contexto que se ha desarrollado se debe entender desde la reivindicación de estos. En este orden de ideas, la creación y preservación de la memoria histórica es una forma en particular de reparar las violaciones de Derechos Humanos.

Si los simbolismos reparadores buscan i) nombrar y dignificar las víctimas; ii) recordar la verdad y iii) solicitar perdón asumiendo responsabilidad, ¿cómo lograr que esa forma de reparación sea útil y logre cumplir su cometido? ¿Qué tanto se debe olvidar, y qué tanto se debe recordar? Dar respuesta a estos interrogantes desde la perspectiva de una intervención socio-jurídica busca la realización de acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y a difundir la verdad de lo sucedido.

Nombrar y dignificar a las víctimas consiste en reconocerlas públicamente, aceptar su existencia y la razón que las llevó a tener ese carácter. El derecho a la verdad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho colectivo o social a conocer la verdad y como un derecho individual (Nash Rojas C., 2009, p. 91), señalando en casos como Baldeón García Vs. Perú, que, al ser reconocido el derecho a la verdad en cada caso concreto, puede configurarse un medio efectivo de reparación para la víctima, y correlativamente un deber satisfacción por parte del Estado. Facilitando, de igual forma, la no repetición y la prevención de nuevos daños, esfera colectiva del derecho (2006, párr. 196).

Consideraciones finales

Teniendo en cuenta el período en el que se escribe este texto, que es posterior a la firma de los acuerdos de paz con las Farc y el primer trimestre del gobierno presidencial 2018-2022, los aportes de este capítulo tienen vigencia en la medida en que desde la intervención sociojurídica, las ciencias sociales puedan aportar a la construcción de paz en el contexto colombiano del posacuerdo. Para concluir, podría decirse que:

La comprensión del fenómeno histórico y social del conflicto armado implica una relectura del conflicto armado, los procesos de paz y las víctimas, que determinan un cambio estructural en políticas públicas y regulación normativa y que, por ende, exige un entendimiento de los sujetos implicados, de los acontecimientos y de las consecuencias que marcaron la historia multidimensional del país.

El poder de los procesos organizativos de las víctimas del conflicto armado y la reivindicación de sus derechos, permiten la visibilización de los procesos de participación y movilización desde las organizaciones de víctimas, como sujetos sociopolíticos, constructores de nuevas formas de ciudadanía. Ello implica un compromiso político del Estado y de la ciudadanía de abrir escenarios, facilitar recursos y promover la educación en cultura política que conlleve a la legitimación de las víctimas como actores políticos, así como el derecho a la no repetición, la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación real y simbólica.

La reparación simbólica trasciende a las víctimas, incluye a toda la sociedad, buscando que se pueda enfrentar el pasado de forma permanente, para (re)construir una sociedad que honre a sus víctimas y evite la repetición. Se pretende que toda la sociedad sienta el dolor de las víctimas, comprenda los hechos victimizantes, asuma su responsabilidad y no se repita esa historia. Es fundamental en una sociedad en transición, es decir, aquella que supera el conflicto armado a partir de formas negociadas, concebir la memoria como una estrategia de acción social y política para la construcción de la paz en perspectiva sociojurídica, que promueva la reivindicación de las víctimas y la sociedad en general.

La generación de propuestas de intervención sociojurídica desde las dimensiones de la investigación, los procesos psicosociales y socioeducativos, exalta la importancia y aporte de la interdisciplinariedad como la posibilidad de reconocer de manera integral y holística el fenómeno social de los actores del conflicto armado, en especial de las víctimas, y los procesos sociales tejidos a partir de la organización, la movilización y la participación.

Referencias

Asamblea General de las Naciones Unidas. (16 de diciembre de 2005). Resolución 60/147 . Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Ginebra.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (29 de noviembre de 1985). Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Obtenido de Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx

Blair Trujillo, E. (2002) Memoria y Narrativa: la puesta del dolor en la escena pública, en Estudios Políticos, N° 21, Medellín, Universidad de Antioquia

Caso Baldeon García vs Perú (Fondo, reparaciones y costas), Serie C 147 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 6 de abril de 2006).

Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, Serie C-92 (Corte Interamericana de Derechos Humanos (fondo) 26 de enero de 2000).

Congreso de la Republica de Colombia. (25 de junio de 2005). Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Bogotá D.C, Colombia: Dario Oficial 45.980.

Congreso de Colombia. (10 de junio de 2011). Ley 1448 de 2011. or la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C, Colombia: Diario Oficial No. 48.096

Congreso de la República de Colombia. (3 de diciembre de 2012). Ley 1592 de 2012. Bogotá D.C, Colombia: Diario Oficial No. 48.633 .

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia & Departamento Nacional de Planeación. (25 de noviembre de 2013). Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En: Lineamientos de la Política Pública para la Prevención y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado: http://escuela.unidadvictimas.gov.co/cartillas/Conpes_ESCUELA.pdf

Nash Rojas, C. (2009). Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Centro de Derechos Humanos.

Patiño Yepes, A. (2010). Las reparaciones simbólicas en la justicia transicional. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 21(2), 51-61.

Pécaut, D., (2006). Entre el conflicto colombiano y otras guerras internas contemporáneas. En: Crónica de cuatro décadas de política colombiana. Bogotá: Norma, págs. 530-531

Orozco Abad, I. (2005). Reflexiones impertinentes: sobre la memoria y el olvido, sobre el castigo y la clemencia. En A. Rettberg, Entre el perdón y el paredón, preguntas y dilemas de la justicia transicional. Ediciones los Andes.

Presidente de la República de Colombia. (20 de diciembre de 2011). Decreto 4800 de 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Colombia: Diario Oficial 48289.

Salinas Arango, N., & Sánchez-Escobar, C. (2017). Trascendiendo el conflicto armado a través de la cultura para la paz. Procesos de ciudadanía en perspectiva de la mujer víctima. En J. Bustamante Arango, & H. Blandón Gómez, Proceso de paz. Prácticas y narrativas (págs. 13-36). Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

Sentencia C-052/12, expediente D-8593 (Corte Constiucional, MP. Nilson Pinilla Pinilla 8 de febrero de 2012).

Sentencia C-250/12, expedientes D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados (Corte Constitucional, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 28 de marzo de 2012).

Sentencia C-253A/12, expedientes D-8643 y D-8668 (Corte Constitucional, Mp. Gabiel Eduardo Mendoza Martelo 29 de marzo de 2012).

Sentencia C-781/12, expediente D-8997 (Corte Constitucional, M.P. Maria Victoria Calle Correa 10 de octubre de 2012).

Sentencia T-083/17, expediente T-5.711.182 (Corte Constiucional, M.P Alejandro Linares Cantillo 13 de febrero de 2017).

Vera Piñeros, J. (2008). Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracaciones al derecho internacional humanitario: complementos a la perspectiva de la ONU. Papel Político, 13(2), 739-773.


Autor: Hernando Blandón

Obra: Distopía o la estética de lo peor

Técnica: esculturas en resina y acrílico

Año: 2019

Ética del rostro: memoria y perdón

Néstor David Restrepo Bonnett1

Luis Alberto Castrillón-López2

Carlos Arboleda Mora3

La paz como propósito humano es el resultado de la justicia y equidad social que permite que un territorio se construya como comunidad política. Los análisis al proceso de desarme y reconciliación que Colombia ha venido afrontando con las Farc son un avance importante en el compromiso que tiene el Estado de brindar garantías sociales de seguridad y desarrollo de los territorios. Pero es necesario esclarecer que no solo se enfrenta un proceso de estabilización de las instituciones en el orden y la justicia. Lograr la paz, como alcance social, necesita de otros elementos asociados a la restitución simbólica, el reconocimiento de la diversidad de los territorios y el restablecimiento no solo de la seguridad humana y de las instituciones jurídicas y políticas, sino también de los imaginarios colectivos de vida social y comunitaria. Los alcances investigativos sobre interculturalidad en los órdenes antropológico, ético y fenomenológico vuelven la mirada a la experiencia, al relato y al testimonio pues como dice Melich (2001) para el Holocausto,

Los relatos de la Shoa son algo más que los recuerdos de los supervivientes. Son relatos de ausencias. Los protagonistas, sus verdaderos protagonistas no son los autores sino las victimas que surgen en el relato, y que no han sobrevivido para poder contarlo. Estas víctimas no tienen lenguaje para dar testimonio, no están presentes para decirnos que pasó, ni que les pasó. (pp. 23-24).

En este orden, el acontecimiento experimentado es el de una comunidad y en Colombia, no comenzamos los procesos de restauración de una forma adecuada por las experiencias y mucho menos por la reparación simbólica. El objetivo de este trabajo es presentar una crítica a los procesos de reconciliación que se basan solo en un perdón desde la ley sin escuchar la voz de las víctimas, considerando los actos de violencia como hechos completamente sometidos a la cirugía de los tribunales, y presentar una alternativa de considerar a las víctimas como personas concretas, históricas, a las que hay que escuchar pues han experimentado el acontecimiento, lo vivieron en su propia carne y lo narran con verdad, y al hacerlo se reconstituyen como personas dignas.

Metodología

El análisis hermenéutico hecho en esta investigación se encamina a resaltar que la interpelación del rostro y la restitución simbólica más allá de la ley, se convierten en elementos constitutivos para debatir los alcances de la reconstrucción social de una Colombia que clama equidad y justicia. Se utilizan autores como Jean Luc Marion, Emmanuel Lévinas, Christina Geschwandtner, Joan Carles Melich, Reyes Mate y otros que, en la búsqueda de una salida no metafísica al problema de la intersubjetividad, plantean en la donación, la aparición del otro, la mirada y el rostro, elementos experienciales de constitución del yo y de la realidad del otro en el mundo y en la temporalidad. Así se abre la puerta una reconstrucción social de alcance integral y no solo legal. Es algo nuevo en Occidente como dice Reyes Mate (2006, p. 35), esto de pasar del logos a la memoria atribuyéndole a esta función de juez en cuestiones de verdad y existencia acontecimentales. Se pretende lograr así que los procesos de consecución de paz y reconciliación partan de la experiencia de las víctimas, tengan en cuenta la restitución simbólica y no permanezcan únicamente en la norma o en técnicas de ingeniería social.

De la jurídica de los acuerdos a la restitución simbólica en la cultura

El contrato social brinda a los ciudadanos una visión casi ideal de sociedad, tal vez, uno de los errores es concebir que la perfección del contrato está en lo que el Estado y sus constituciones políticas ofrecen como una finalidad ya lograda por estar enunciada. Las aspiraciones de los grupos humanos no se limitan a lo enunciado como promesa en el contrato social. La humanidad necesita de una visión ideal de comunidad donde la gente vive su mundo de la vida, su realidad encarnada, construyendo en el presente un futuro feliz sobre la base de una memoria que se revive en el día a día evitando la repetición de lo que pudo ser opresivo o inhumano.

Por ende, el reto para estos tiempos, es fortalecer el proceso de construcción pacifica, que no se reduce a la firma de los acuerdos de paz. Los resultados de los diálogos de La Habana y la firma de documentos son el inicio de un proceso de restablecimiento de las instituciones y un desarme de las estructuras que estaban fuera de la ley. El reto que ello establece es pasar de un lenguaje tradicional dualista y juridicista que crea exclusiones y encasillamientos a un modelo de reintegración social. Para que eso suceda se necesita de la implementación de un proceso de restitución simbólica como punto de partida de la construcción de comunidades abiertas, resilientes, incluyentes que se transforman desde la actitud pacífica. Es una reconstrucción de la convivencia humana desde el proyecto mismo de vida de los involucrados y no solo la sujeción a una norma que viene de fuera, es decir, de la voluntad del legislador.

Ahora bien, la reparación integral que compromete la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios (Ministerio del Interior, 2012), como todo lo que se desprende del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera del 24 de noviembre de 2016, puede trazar un camino hacia el esclarecimiento de la verdad sucedida, pero más allá, la restitución simbólica que requiere un colectivo humano afectado por la violencia sistemática necesita una respuesta más integral. Por ende, el aparato simbólico debe ser la razón de ser de todas las herramientas jurídicas que propicien la reconstrucción de sociedad. Todas las instituciones culturales, sociales y jurídicas se ven comprometidas a reconstruir el imaginario colectivo de justicia, verdad y solidaridad humana, que no solo se limitan a la función el Estado de dar cumplimiento a las garantías sociales que ofrece la Constitución, sino que tiene que avanzar y restituir la identidad colectiva sobre el conflicto humano, que no se esclarece solo en el dato, sino en el deseo de interpelar la verdad y el compromiso humanizado de una sociedad de no repetir las formas de vulneración sistemáticas sobre la vida humana (Cfr. art. 11-12, Ley 1448).4

Ahora bien, el papel que se le asigna a la restitución simbólica no intenta superar o reemplazar la reparación administrativa, sino más bien, fungir como complemento. Esta ampliación de óptica, interdisciplinar y multidimensional sobre los por qué de la historia violenta se puede ver truncada por reducciones que se presentan en la vida social, al tocar el tema de la restitución de lo humano como camino para un desarrollo equilibrado de las comunidades tocadas por la violencia.

Consideraciones que impiden una mirada holística a la reconstrucción social

No partir de las experiencias de lo simbólico que posee todo grupo humano, puede reducir nuestra comprensión del problema, y por ello se enumeran tres características que diezman la comprensión de lo simbólico en la reconstrucción social.

Considerar el perdón como olvido

El tema del perdón como actitud social se impone en el escenario de la restitución simbólica, como la salida alternativa a las secuelas de la violencia que dejan venganza, rencor y dolor. Pero, suele manifestarse en la acción de perdonar una idea de olvido. Es un tema discutido ya que las grandes religiones comparten la idea del perdón pues perdonar es un acto grato a la divinidad, pero en su aplicación tienen sus divergencias. En el cristianismo contemporáneo está muy difundida la idea de que el perdón incluye el olvido, basándose en textos como “El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos” (Proverbios 17,9); o “Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en sus corazones, Y en sus almas las escribiré. Añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados é iniquidades” (Hebreos 10, 16-17). Esto exige una virtud heroica que la sociedad no puede practicar. Hay también corrientes de sanación interior que plantean el olvido como condición para recuperar la paz argumentando que no olvidar significa que no se quiere perdonar por completo. Sin embargo, en la actualidad, dados los hechos del siglo XX, la reflexión marcha por el lado de perdonar, pero no olvidar. En Israel es exigido recordar: “Dios dijo: «Recuerda, Israel, que tú eres mi fiel servidor. No te olvides de mí, porque yo soy tu creador. Yo hice desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes en el cielo. ¡Vuelve a obedecerme, porque yo te di libertad!» (Isaías 44, 21-22) y es fundamental rememorar la liberación de Egipto: “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre (de la esclavitud)” (Éxodo 20, 2). “Este día tiene que servirles de memoria, y tienen que celebrarlo como fiesta a Jehová” (Éxodo 12, 14). Y en el Nuevo Testamento, la pascua es la memoria de la liberación actuada por Cristo. “Sabiendo que habéis sido liberados de la conducta estéril heredada por tradición, no con cosas corruptibles -oro o plata- sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha” (1Pedro 1, 18-19): recordar su muerte es actualizar lo que significa. En otros términos: perdonar sin olvidar para que los hechos no se repitan, pues hacer memoria es construir el futuro recordando en el presente. Olvidar sería llegar a una falsa reconciliación en la que hay cierta complacencia con algunos logros alcanzados con los ejecutores de la injusticia imponiendo una mentalidad de “perdonar y olvidar” a la fuerza y por necesidad de una paz a todo costo. La consecuencia es la permanencia de la semilla de la venganza en el corazón del pueblo que conlleva la subsistencia de la espiral de la violencia. Perdón y reconciliación suponen tener claro lo sucedido para saber qué se perdona y qué se repara para que la memoria del pasado lleve a la esperanza en el futuro:

Se tiene razón al recordar siempre que el perdón no es el olvido. Al contrario, requiere la memoria absolutamente viva de lo imborrable, más allá de todo trabajo de duelo, de reconciliación, de restauración, más allá de toda ecología de la memoria. No se puede perdonar más que acordándose, incluso reproduciendo, sin atenuante, el mal hecho, lo que hay que perdonar. Si no perdono más que lo que es perdonable, lo venial, el pecado no mortal, no hago nada que merezca el nombre de perdón. Lo que es perdonable está perdonado de antemano. De ahí la aporía: lo que siempre tenemos que perdonar es lo imperdonable. Esto es lo que se llama hacer lo imposible. Y, por lo demás, cuando no hago más que lo que me es posible, no hago nada, no decido nada, dejo que se desarrolle un programa de posibles…´ Un perdón que conduce al olvido, o incluso al duelo, no es, en sentido estricto, un perdón. Este exige la memoria absoluta, intacta, activa, y un mal, y un culpable (Derrida, 2000).

Arendt (2006), en la misma línea, indica que no se puede olvidar pues el perdón precisa de la memoria, del recuerdo de aquello que se va a perdonar. No podemos dominar el pasado en la medida en que no podemos hacer como si no hubiera acontecido (p. 31). Si se va reconstruir la convivencia hay que tener en cuenta a la víctima como ingrediente central de la historia “[…] sin prescripciones de tiempo ni ligaduras a satisfacciones materiales e inmediatas” (Ricoeur, 2004, p. 270). Lo que significa un paso fundamental que deroga el perdón como virtud religiosa y lo convierte en una virtud política.

La reducción de lo vivido al hecho y no al testigo, es decir, el trauma antes que el rostro. La vulneración fenomenológicamente descrita, es un acontecimiento natural a lo humano, el exceso de reducción de lo acontecido al dato crea una insensibilidad social frente a lo sucedido a ese rostro humanizado: el testigo. Reyes Mate lo hace muy bien cuando distingue entre el hecho y el acontecimiento:

El ‘deber de la memoria’ consiste precisamente en tomar nota de esa experiencia y convertir el acontecimiento impensable en el punto de partida de la reflexión política, moral o estética. Eso es exactamente la memoria; para mí, es saber que a la hora de emprender una tarea intelectual hay que empezar con algo que no está en un silogismo, sino que es un acontecimiento. Un acontecimiento que es formalmente Auschwitz, pero que solo es un símbolo de algo que ocurre más banalmente en la vida, y es el sufrimiento. En el fondo, el ‘deber de la memoria’ se sustancia en ese dictum adorniano, ‘dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad’; ése es el ‘deber de la memoria’, más que acordarse de los judíos (Castañeda & Alba, 2014, p. 180).

Generalmente la prensa y la televisión pasan informes de cosas sucedidas para simple información. Se toma la realidad como un insumo de la labor comunicativa, que luego es analizada por los estadísticos y sociólogos en términos de números, frecuencias, porcentajes. Los empleados gubernamentales convierten esos números en un código para los informes de gestión y para la entrega de ayudas materiales o sicológicas y los datos configuran poblaciones vulneradas, pero no logran contener la afectación global que todos como miembros del grupo sufrimos por lo acontecido a alguien o algunos en particular. Aquí se presentan dos contingencias a reflexionar. Una frente a las víctimas pues la Ley 1448 dice: “[…] la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante” (art. 25). ¿Hay un dispositivo y sistema consolidado que pueda responder de forma humanizada, sin revictimización a las personas que sufren el dolor de la violencia? Y la otra sobre los victimarios. ¿En lo complejo de este conflicto, si es posible identificar cuando los victimarios pudieron ser víctimas, y por ende la reparación integral debe transitar a un escenario de reintegración social?

El predominio del estereotipo

La verdad tiene muchos enemigos en los procesos de reconstrucción, pero lo más peligroso es reducir lo acontecido a los roles que cada rostro ha adquirido en el conflicto, utilizando una clasificación binaria absoluta entre víctima y victimario, que no compone toda la sinfonía de los actores del conflicto, y por lo que el papel principal en muchas ocasiones lo asume el indiferente. Se crean unas categorías duras que clasifican y definen: “En el corazón de las lógicas de perdón y reconciliación se sitúa el concepto de las ‘zonas grises’ de colapso de la diferencia entre víctimas y victimarios, cuyas figuras más representativas son ciertos tipos de ‘colaboradores’ y los ‘vengadores’” (Orozco, 2003, p. 3). Las zonas grises impiden considerar que hay víctimas puras y victimarios puros. Todos podemos ser víctimas y victimarios y esto ayuda a entender la verdad histórica, a descargar culpabilidades y a sentar las bases del reconocimiento y del perdón. Los asuntos penales tratan de ser limpios y precisos como un bisturí, pero la realidad de las personas y los procesos del conflicto son más amplios e inabarcables en su tremenda complejidad. De manera metafórica, todos somos culpables e inocentes; aunque Arendt (2007) hace reflexionar sobre esto diciendo que dicha frase puede ser una declaración de solidaridad con los malhechores (p. 151). Pero sí se puede afirmar que todos hemos sido, de alguna manera, responsables del mal. Ni siquiera en Auschwitz había clara distinción entre unos y otros. (Orozco, 2003, p. 39). Aunque la guerra lleve a consideraciones del tipo “el otro como victimario-víctima culpable y así mismos como víctimas-victimarios inocentes” (p. 41). Esto ha venido sucediendo en Colombia desde la llamada época de la violencia, lo que crea una espiral de intimidación que produce más violencia. No es solo la permanencia de situaciones sociales de desigualdad, injusticia, exclusión, inequidad las que generan la violencia, sino que hay un mecanismo de venganza continuada que influye en la acritud de las actitudes y en la continuidad de la debacle social (Arboleda y Castrillón, 2013, p. 472).

La sociedad se divide radicalmente en buenos y malos en forma vertical, y generalmente los “malos” son los que van a ser excluidos (sicario, pobre, guerrillero, paraco, desaparecido, desechable, entre otros). La realidad es muy diferente, no clasificable en blanco y negro. Las víctimas y los victimarios puede que no lo sean para siempre. Hay una sobreposición de víctimas y victimarios, aunque para la ley sea difícil comprender los conflictos personales, sociales e históricos que pueden hacer de una víctima un victimario y viceversa (Cfr. Orozco, 2003). Se añade a esto, la permanencia mental de la Ley del Talión, “ojo por ojo, diente por diente”, o la versión popular de “el que la hace la paga”.

No ha de entenderse que si todos son responsables no hay, por tanto, ningún responsable o que todos quedan perdonados por la historia. Hay una diferencia grande entre el que ocasionalmente hace el mal y el que planea racionalmente el mal. Hay víctimas inocentes y victimarios culpables y no se puede disimular la crueldad bajo un manto de comprensión histórica de la época. Eso llevaría a olvidar de nuevo la crueldad y la situación inhumana a que fue sometida la víctima. Además, como dice Reyes Mate (2006): “El duelo y la deuda son las formas en las que hoy podemos concretar ese débil poder mesiánico, del que habla Benjamin: podemos reparar el buen nombre de las víctimas y podemos afirmar que la injusticia sigue vigente mientras no se repare. No es mucho, pero sin esos mínimos no podemos ni siquiera hablar de justicia” (p. 12).

A la problemática descrita para afianzar la necesidad de restituir desde lo simbólico se requiere establecer las formas de reinterpretación de lo antropológico desde el rostro. Por tanto, puede enunciarse que esta reflexión tiende a superar el efecto “silueta”, que desde la otredad ontológica ha configurado al individuo como sujeto de derechos, pero no se ha profundizado sobre la carne, sensibilidad, sentimientos que allí se vinculan.

La antropología del rostro, como alteridad descubierta y encarnada

El primer riesgo que se corre, cuando se invoca la antropología es describir una alteridad contenida en lo metafísico. Ha de pasarse de la concepción de la persona como objeto, víctima, victimario, responsable legal, a una concepción antropológica del otro como rostro, con carne, con historia, con sentimientos, con proyecto de vida lo que esboza una renovada manera de ver la alteridad como alteridad descubierta, basada en la carne. La fenomenología en el siglo XX ha venido haciendo esta reflexión especialmente desde los trabajos de Emmanuel Lévinas. El otro no es una cosa o un objeto, sino un rostro, es decir, un “ser para alguien, “un ser ante alguien”. Cuando se me aparece el otro se me aparece como rostro, rostro que interpela, que me dice “no me mates”, este “no me mates” supera en el siglo XX el imperativo categórico y se convierte en la nueva máxima moral que es un pedido de reconocimiento. El aparecer del rostro del otro se constituye en mi responsabilidad ética, lo que Lévinas considera es la filosofía primera. Esa aparición del rostro me constituye, pues soy lo que soy porque otro me solicita serlo. La expresión de dolor, alegría, rechazo, es respuesta segunda, pues lo primero es la aparición del rostro del otro como llamada. Es una nueva metafísica que se fundamenta en la llamada o aparición del rostro del Otro. Metafísica que es ética pues el rostro del otro me antecede, dando origen a mi libertad de respuesta. No es el yo que se crea a sí mismo, sino el yo que es creado a partir de la visita del otro. Lo que se denomina alteridad descubierta o desnuda, consiste en el llamado a reivindicar la carne. “He sido llamado para…”. El sujeto ético es el que dice “Heme aquí porque me has llamado, aquí estoy”. Es una nueva metafísica de la llamada, por tanto, no soy activo sino pasivo, soy constituido y no constituyente, de ahí que la pregunta ética no puede ser ¿qué es el hombre?, sino, ¿dónde está tu hermano? (Génesis 4, 9-10). Y la respuesta inhumana es ¿acaso soy guardián de mi hermano? Que es lo mismo que decir ¿acaso soy responsable del otro?

El otro es una Haecceitas, un rostro único y diferente, que me convoca y me llama a no ser indiferente, especialmente a su situación de miseria, rechazo, exclusión. El otro es un rostro que revela una interioridad al situarse junto a mí revelando todo de él, pero sobre todo convocando mi responsabilidad con él, constituyéndome “ser responsable” ante él. La aparición del rostro del otro me constituye como sujeto responsable. Ese rostro no es mi representación conceptual de él, sino que él mismo se revela, se expresa, se manifiesta (Lévinas, 1999, p. 74). Esa manifestación destruye mi conceptualización anterior y me da la propia realidad del otro, desquiciando mis cuadros de interpretación, revelándome su ser, desafiando mi poder de escucha y apelando a mi responsabilidad por él (Lévinas, 1999, pp. 74-75).

El otro me constituye no porque se presente como un ser fuerte que se impone sobre mi yo, sino porque se presenta en su vulnerabilidad, es una fragilidad que se nos presenta en “una resistencia total sin ser una fuerza” (Lévinas, 1999, pp. 76). Es una manifestación, no en la claridad de un objeto que se analiza, sino en la revelación del más allá a través de una visitación exterior a mí. Ese rostro es un rostro encarnado a través del cual se me manifiesta de manera específica el dolor, el amor, el sentimiento… Es este rostro y no otro, pues el rostro manifiesta la haecceitas única de cada rostro que me convoca. No es un código sino una exterioridad única la que me solicita a la responsabilidad con su historia y su proyecto.

Ese otro es otro encarnado. Es importante reflexionar sobre la carne pues la humanidad ha tratado de rechazar el cuerpo. Para el cristianismo hubo épocas en las que se insistió en que los tres genios de la tentación eran el demonio, el mundo y la carne. Se decía popularmente: “yo no le tengo tanto miedo al demonio, al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne”. La llegada de la modernidad propicia una visión del hombre desencarnado. Descartes modela el problema mente-cuerpo al proponer que el cuerpo o res extensa y la mente o res cogitans pertenecen a dos campos distintos, aunque sean paralelos. El cuerpo pertenece al orden mecánico y la mente al orden de la libertad y la inmortalidad. Este dualismo cartesiano se profundiza en el predominio de lo racional sobre lo corpóreo. Es la decapitación de la carne que trae como consecuencia una conciencia sin cuerpo y así lo corporal es inferior a lo racional. La conciencia es igual al pensamiento y esta forma la conciencia. Este dualismo se continúa con los empiristas británicos, el desarrollo del método científico y la nueva racionalidad científica que se continúa en la racionalidad weberiana de fines y métodos. Con la Revolución Francesa se culmina el proceso de racionalización, libertad individual y respeto absoluto a los derechos del individuo. Kant con su “yo constitutivo” da la base epistemológica para la constitución del sujeto occidental: un yo potente que constituye la realidad y lo que no ingrese por las categorías de él, no existe o no tiene valor. Lo más importante y el criterio de todo resultado científico es su racionalidad. No interesa lo afectivo o emocional pues es “puro romanticismo”. Este yo constitutivo exige libertad, libre elección, “el cuerpo es mío y lo gestiono yo” (“il corpo é mio, e lo gestisco io” como dicen las feministas italianas). Kant, además, al declarar la imposibilidad de conocer el Noumeno, de experimentar la cosa en sí que está más allá de las categorías a priori, declara que lo pensable tiene que adecuarse a las estructuras de la mente. La trascendencia del otro levinasiano es inalcanzable para la ciencia.

Todos estos fenómenos que contribuyen a excarnar el rostro, pueden llevar a la sociedad a insensibilizar los fenómenos que vulneran la vida y logran crear resistencia sobre la corresponsabilidad social de cuidado sobre la misma. La antropología y con ella la ética y la política del rostro, expresan la condición natural de los grupos humanos a hacerse corresponsables los unos con los otros.

Ahora bien, si la nueva manera de pensar está en una renovada concepción integral de sentido humano, dicha antropología al suscitar una ética del rostro, provoca a cada existencia el compromiso de interpelarse y ser interpelado. Es decir, la reparación integral es la acción de restituir el cuidado que todos como humanos y ciudadanos sobre la vida misma y la vida comunitaria. Y en el orden al proceso de reconstrucción social, la enunciada garantía de no repetición de la Ley 1448, dice:

“La creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos en la verdad histórica” (artículo 149, literal e). Se convierte en el epicentro para promover la construcción comunitaria de sentidos, para que el desarrollo y el hábitat sean lugares humanizados. Por ello, la restitución es simbólica, porque apelamos a lo íntimo y profundo del pensar originario sobre el ser humano: amar y cuidar la vida. Esta actitud renovada debe reintegrar a los alcances de la justicia, la legitimidad moral o axiológica de todo grupo humano. Y cuando se enuncia dicha reintegración, se evoca la complementariedad de los discursos tanto jurídicos como teleológicos para resolver los conflictos sociales.

Esta ética-estética acontecida en la interpelación del rostro necesita dos elementos simbólicos que muchos autores instan a que deben volverse valores sociales o al menos categorías que se integren a los procesos de reparación administrativa o firma de acuerdos: la memoria y el perdón.

La memoria como mecanismo de restitución simbólica

La memoria es la recuperación del sentido profundizando a través del hecho lo que acontece, como lo dice Francisco (2013): “Memoria del pasado y utopía hacia el futuro se encuentran en el presente que no es una coyuntura sin historia y sin promesa, sino un momento en el tiempo, un desafío para recoger sabiduría y saber proyectarla” (p. 1).

Recordar, hacer memoria, es lo fundamental en una cultura que quiere construir el futuro trabajando en el presente. Eso implica no reducir el conflicto a hechos sino saber asombrarse del acontecimiento que habla y que hace historia. Y quien puede hablar con verdad es la víctima, que en su narración no transmite datos, sino que es un rostro, una persona, que cuenta la historia como fue. No es la víctima un objeto de investigación de las ciencias sociales, ni una estadística más en los informes oficiales, sino una historia viva en la carne de un humano. Por ello, la responsabilidad jurídica debe conservar como finalidad apropiar y difundir la memoria histórica del conflicto.

El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. (Ley 1448, art. 143)

La víctima no es un objeto de clasificación o de taxonomía conceptual, sino una historia viva que rechaza toda claridad conceptual. Por ende, puede ser titular de la verdad, pero está en profunda relación con los otros roles que se suscriben al conflicto: el victimario, el indiferente. Por eso se puede decir que todos somos víctimas, tal como lo plantea el papa Francisco (2017): “[…] todos, al final, de un modo u otro, también somos víctimas, inocentes o culpables, pero todas víctimas. Todos unidos en esa pérdida de humanidad que supone la violencia y la muerte” (p. 48-53).

Todos al contar su historia están abriendo el camino de la verdad pues este narrar los hace testigos firmes de lo sucedido. “Ustedes llevan en su corazón y en su carne huellas, las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual de fe y esperanza” (Francisco, 2017, p.48). El testigo es el que ha tenido la experiencia y la cuenta. El que lo ha visto, va y lo comunica. Su confesión es verdad y memoria.

En efecto, mientras que el sujeto dispone de lo que constituye, el testigo no dispone de lo que da a ver, tal como el predicador que no posee la palabra de Dios que testimonia. Es por tanto la voz de las cosas, del prójimo o la de Dios que puede dar fuerza al testimonio, y por este hecho, el testigo no tiene una autoridad sino transitiva en eso que remite más allá de sí mismo. Además, el testigo habla y actúa, pero no por sí mismo: no se testimonia más que en una comunidad, y es porque el testigo es la persona en su fin interpersonal. Una vez más, el testigo es aquel que se descubre experiencialmente en la prueba de la alteridad, pues se da él mismo en respuesta en la comunidad. Mientras que para un sujeto el otro hombre es primero un objeto de su mundo entorno, que puede analógicamente ser reconocido como un alter ego, para el testigo el prójimo es también un testigo, y es en calidad de testigos que existimos unos para los otros. Dicho de otro modo, el testigo no es primeramente este ser que es para y por él mismo, y que se pregunta después cómo puede ser para el otro, pues es este ser que desde el comienzo responde para y ante otro hombre de lo que le comunica (Housset, 2007, pp. 470-471).

El sujeto que hace el relato no es una entidad distinta de sus experiencias, se convierte en un rostro acontecido e interpelado. Él comparte el régimen de la identidad dinámica propia de la historia contada. El relato realiza la identidad del sujeto, la identidad narrativa que construye la identidad de la historia contada. Es la identidad de la historia que hace la identidad del personaje (Ricoeur, 1990, p. 175.). El testigo cuenta a través de la narración. La memoria no se construye únicamente por la narración, sino que se complementa con la interpretación de quien ha vivido la narración. Así, la construcción de una memoria común implica una confrontación entre las diferentes significaciones que pueden ser dadas a los eventos que han tenido lugar en el pasado. La cadena de las voces se fortalece en la comunicación, la participación en la experiencia, el encuentro del sentido de lo vivido y la comunidad de vida y de futuro que crea. Estas interpretaciones de sentido cambian las identidades de los individuos. Así, quienes han cometido grandes violencias consiguen transformar su historia en ejemplo o modelo para hacer una ocasión de aprendizaje para ellos mismos y para los otros. Esta interpretación puede favorecer nuevas formas de reapropiación del pasado para víctimas y victimarios. Así se asume el pasado del grupo, se aprende a no excluirlo de nuestra herencia porque no queremos que la historia se repita ni en el presente ni en el futuro. Lo que ha ocurrido es un acontecimiento que vivimos y sentimos, que cambia nuestra vida, que nos habla, nos llama y nos aboca a dar una respuesta que es la paz, no como estado logrado sino como construcción comunitaria, siempre en obra, pues no es un hecho ya pasado sino un camino a recorrer. No puede ser que el pasado vuelva atrás pues el futuro es la esperanza. La historia es la construcción del futuro teniendo en cuenta el pasado trabajando en el presente. Siempre habrá conflictos, es casi una ley sociológica, en las comunidades y grupos sociales, pero es posible encontrar los mecanismos de solución humana de los mismos.

Habrá que comenzar a emplear el concepto de testigo en lugar de víctima o victimario pues todos han tenido la experiencia del dolor infligido o del dolor causado y en el encuentro de sus relatos se puede llegar a la verdad y comenzar la sanación. Como ambos fueron vulnerados en su carne por el odio y la violencia, pueden encontrar la paz en el perdón y la reconciliación. Habiendo sido testigos del horror y la deshumanización pueden ahora ser constructores de humanidad reconciliada. En cuanto su testimonio sea libre y voluntario, no obligado sino existencial, se puede sanar la carne y reconstruir la relación. Tanto víctima como victimario pueden ser testigos, especialmente el victimario si quiere redimirse, si quiere recuperar su dignidad, tiene que hacer su confesión. Cuando el victimario se rehúsa al testimonio, crece la indignación de la víctima y ahonda su herida. Es difícil el testimonio del victimario y más cuando si este justifica su accionar definiéndose como víctima, pero es condición sine qua non para redimirse y recuperar su dignidad.

El testimonio de víctima y victimario puede frenar la mentalidad de venganza cíclica del país. Tantos años en guerra han producido la espiral de la venganza y máxime cuando en las ocasiones que se han hecho procesos de narración de los testigos en los cuales hay presencia de narraciones, escucha y encuentro cara a cara, esta ha estado desarticulada, no ha adquirido su función didáctica para la no repetición o por supuesto se ha revictimizado en la burocracia que puede crear el manejo del sistema de reparación.

El encuentro marca el inicio del reconocimiento del otro como alguien que se asoma a mi vida, me cuenta su historia y sus proyectos, me plantea su narración, y me exige mi responsabilidad con él. Es el rostro que me interroga con su narración exigiéndome responsabilidad, no odio. El ver el rostro del otro permite superar el yo, el individualismo, y ver la plenitud trascendente que se me aparece. No es el ver racional que ve en el otro un cliente, un paciente, un guerrillero o un paraco, un consumidor o un contendiente. Es un yo sensible encarnado cuya visión crea humanidad, reconocimiento de la diferencia, exigiendo de mí un comportamiento ético.

Se abre paso una ética de la armonía con el otro que muestra su carne, su historia, su sentido, y yo acepto ser compañero de camino. Compañero de camino cuidador, pues los otros se me aparecen para que los cuide. Soy el que cuida del otro y de lo otro.

Una ética del cuidado que supone una dramática de la vulneración (reconocer las violencias inhumanas), una estética (reconciliación simbólica ritual del encuentro) y una teoría o discurso antropológico (propuesta de comunidad soñada) hacia el futuro.

Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse o para, engañosamente, creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente es un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso adelante por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a un país entero. Es cierto que en este enorme campo que es Colombia todavía hay espacio para la cizaña. Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el trigo y no pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24). Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz (Francisco, 2017, p. 51)

El perdón como actitud socio-política de relación en la reconstrucción

La superación de la espiral de la violencia solo se frena con el perdón pues es el único que puede destruir el odio que permanece inscrito en los asuntos de la sociedad. El remedio, nos dice Arendt, contra la irreversibilidad y la imprevisibilidad del proceso fijado por el hombre no nace sino de una facultad más alta, que es una de las potencialidades más altas de la acción misma. El rescate posible del apuro de la irreversibilidad - de la incapacidad para deshacer lo que uno ha hecho es la facultad de perdonar. (Arendt, 1959, pp. 212-213). Prácticamente en todas las grandes religiones aparece el perdón como medio de rescate cuando se ha infringido la norma áurea de no hacer a los demás lo que no se desea para sí mismo. Aunque estamos en tiempos de secularización, hay una fórmula, que viene del catolicismo, elaborada en los siglos XI y XII, que sirve de modelo del proceso. Pedro Abelardo establece que la perfección de la penitencia observa tres elementos: la contrición del corazón, la confesión de boca y la satisfacción de obra. Esta enseñanza ha sido conservada en el número 1450 del Catecismo de la Iglesia católica (1992): “La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción”. Abelardo reconoce que la reconciliación con Dios sucede en la contrición, el pecador contrito y arrepentido está perdonado, no necesitaría satisfacción ni pena externa por el mal que ha hecho (Lombardo, 2003, p. 145). Ese momento introspectivo (reconocer y arrepentirse del mal causado) del victimario es fundamental según Abelardo, pero no lo exime totalmente de la confesión, aunque no sea sino para retrasar un poco la tentación de volver a pecar debido a la vergüenza que causará tener que contarle el delito a alguien. Y la satisfacción del daño causado no queda anulada por el arrepentimiento, sino que es necesaria para exteriorizar el dolor que provoca reconocer que se ha despreciado a Dios y reparar al que se ha ofendido. Eso es lo que Abelardo (1979) llama “fructuosa poenitentia” (cap. XIX)5.

Otro aspecto de la tradición cristiana, que hoy se ha perdido, es el sentido social del perdón y la reconciliación que indicaba los efectos sociales de lo que se hacía mal y la necesidad de recuperar la reconciliación en la comunidad (Narváez, 2003).

La invitación al perdón es un proceso integral que permite superar los resentimientos, el deseo de venganza, el odio, el rencor y la rabia acumulada. Es algo que se pone en el campo de la donación y no de lo exigido por la justicia. La pregunta que queda es la de la posibilidad de perdón por parte de cada ser humano, o si es una posibilidad únicamente reservada a quien acepta posiciones religiosas. Ahí hay que recurrir a lo más humano del amor que hace posible la heroicidad, difícil en un mundo que exige siempre indemnizaciones por el más mínimo motivo. La reparación integral e íntima de un acontecimiento que cercena la vida humana no puede reducirse a un acto amoroso banal, salido de cualquier lógica racional o a una simple solicitud de perdón público. No se puede negar que hacen falta actos simbólicos, pero es de sumo cuidado no reducir el acto de perdonar de una víctima o de pedir perdón del victimario a un simbolismo mediado por lo jurídico.

El perdón es una petición presencial, vocal y testimonial, arrepentida, por parte de quien hizo el daño y, por otra parte, la concesión o re-donación del amor por parte de quien sufrió el daño. Dar sin buscar reciprocidad nos sitúa fuera del intercambio y de las recompensas, nos sitúa en el terreno del don. Una donación que permite entender fenómenos radicales como el erotismo, el sacrificio, el perdón y que reconstruye la convivencia y la vida comunitaria. Solo así se construye la actitud pacífica y se supera la mera justicia taliónica de la modernidad, que limita el ejercicio de la restitución a acciones recíprocas de intercambio.

Amelia Valcárcel (2010) así lo ha propuesto en su libro La memoria y el perdón. Es difícil porque hay que llegar hasta no pedir la justicia a la que se tiene derecho (aunque no la excluye) para hacer la donación del perdón, pero pide y exige el arrepentimiento del causante del daño.

Una sociedad que no hace un “perdón fundante” no puede seguir existiendo, porque hay ocasiones en que es más importante asegurar la continuidad de la convivencia que reclamar la justicia. El cristianismo triunfa porque es la gran religión del perdón, es la respuesta a un mundo que quiere un cierto tipo de unidad que la filosofía no ha sido capaz de darle porque la filosofía es para élites. Más bien, es la gran innovación moral del cristianismo, su triunfo como religión (Valcárcel, 2010)

Dicho de otra manera, el perdón no fundante declarado por la justicia humana propicia el inicio de la justicia, siempre vindicativa y punitiva, más conocida como Ley del Talión. La violencia abre una cadena interminable de violencia. Para romper esa cadena se inventa la ley penal, que cierra las venganzas porque se venga por quien es ofendido. Pero la ley se desentiende de la víctima, lo que le importa es el delito, y eso implica que hay algo que queda sin pagar. En el Gólgota culmina el sentido último de la vida de Cristo y de su mensaje profético: la superioridad moral del perdón ilimitado, el único que vence al mal y cura la herida de cualquier ofensa (Valcárcel, 2011). La lógica del perdón es el desbordamiento del amor misericordioso.

Hay una memoria del victimario que, si es sincera, implica una confesión de sus hechos que forma parte de la memoria de la comunidad. El victimario reconoce en su confesión la verdad del agravio y su ferocidad. Hay una contrición que sugiere la recepción agradecida del perdón con la decisión de no agraviar de nuevo, pues sabe que ha realizado un acto inhumano, que ha violado el amor fundamental y que se ha considerado dueño del otro y se prepara para recibir agradecido el don del perdón.

Las religiones tienen un papel profético y social en el campo del perdón pues pueden darle el sentido de excedencia que no puede dar la ley. Esta puede coaccionar, pero no cambiar el corazón. La excedencia es un don y no una obligación. Una ética de la excedencia del amor puede crear una comunidad real y no solamente ideal. Pero lo importante es mostrar que el perdón no es asunto confesional sino profundamente humano, en cuanto es un don que se renueva (per-don) en el acto del amor al otro en su vulnerabilidad, aunque sea el verdugo.

El amor como complemento de la justicia. El rostro interpelado

Jean-Luc Marion considera que la ética del rostro levinasiana se queda corta pues no personifica al otro, sino que lo deja en el campo de lo indeterminado, es una ética de excedencia que considera al otro como fenómeno saturado, pero no lo personaliza. Hay que personificar al otro como un tú que me hace un llamado de amor, es el reclamo de Marion. Mientras que Lévinas indica una llamada pura y anónima, Marion personaliza la llamada; el otro es un tú que puedo amar y que tiene nombre, historia y cuerpo. Lévinas, según la crítica de Marion, deja el rostro del otro abstracto, neutral y anónimo, es otro universal, mientras que solo el amor personaliza al otro. Lévinas no puede hablar del otro como un individuo por su énfasis particular en la ética y, por eso, Marion trata de moverse de la ética al amor. La verdadera individuación solo es posible en el eros-caritas, no en la ética (Gschwandthner, 2005).

La clave de la individuación del otro es el amor pues este es el lugar en el que los rostros se exponen uno al otro llegando a ser únicos el uno para el otro (Marion, 2002, p. 100; Geschwandtner, 2005, p. 72). Cuando el padre llama por su nombre al hijo, responde a la llamada del hijo con un nombre propio, lo saca de la indeterminación y lo reconoce como su propio hijo al que ama. La llamada por su propio nombre individualiza al hijo y lo reconoce como don que se da al padre y como don que se da al hijo. Con la víctima ocurre algo semejante: la victima que me mira es una llamada de amor, no es un código, un número, una estadística, sino una súplica amorosa de un ser humano, de una historia concreta.

Hay un desarrollo de la llamada del otro desde Heidegger hasta Marion. Heidegger presenta la llamada del ser a ser acogido, Lévinas la llamada del otro a ser responsable, Marion la llamada del otro a ser amado6. Y solo en este último es concretizado el otro como amante-amado.

La filosofía, según Marion, ha abandonado el amor para quedarse en conceptos más racionales que se pueden desglosar, definir y tratar de abarcar.

¿‘Amor’? suena como la palabra más prostituida –estrictamente hablando, la palabra de la prostitución. Por otra parte, espontáneamente recogemos su léxico: el amor se ‘hace’ como se hacen la guerra o los negocios, y ya solo se trata de determinar con qué acompañantes, a qué precio, con qué beneficios… en cuanto decirlo, pensarlo o celebrarlo, silencio en las filas […] Así el mismo término de ‘caridad’ se halla, si fuera posible más abandonado: por otra parte también se ‘hace’ caridad –o más bien, para evitar que se vuelva limosna y se reduzca a la mendicidad, le quitamos incluso su magnífico nombre y la cubrimos de harapos supuestamente más aceptables, ‘fraternidad’, ‘solidaridad’ (Marion, 2005, p. 10).

Ricoeur insiste en una relación dialéctica entre amor y justicia, y ello, puede fundamentar la necesidad de colocar en diálogo la lógica de la equivalencia con la lógica de la sobreabundancia. Occidente le ha dado potestad a la justicia sobre la primera y a la religión y la moral sobre la segunda, pero el acontecimiento humano se atestigua en la vida y, por ende, esa división no puede producir como fruto dos lógicas contrapuestas para superar y transformar el conflicto. “Ella hace, sin embargo, de la justicia, el medio necesario del amor, precisamente porque el amor es supra moral, solo entra en la esfera práctica y ética bajo la égida de la justicia” (Ricoeur, 1990, p. 33). El reto es provocar un encuentro entre esas dos lógicas inmersas en el rostro.

La posibilidad del perdón ágape parece imposible en una sociedad secular. Muchos la desestiman con base en la crítica moderna de la religión que niega su utilización en un mundo racional y jurídicamente justo. En verdad, el ágape se caracteriza por deslizarse del cálculo y buscar no solo la supresión de la deuda sino también la reconstitución de la relación yo-tú perdida en la violencia. Así el “hombre al que se ve delante” es el destinatario de la reconstitución de la relación. “El verdadero perdón es una relación personal con alguien” (Jankélévitch, 1967, p. 12), o como dice Ricoeur: “el perdón es, en principio, lo que se le pide a otro, en primer lugar, a la víctima” (Ricoeur, 1995, p. 82). En una visión moderna, el ágape es un estado imposible y hay que dejar todo a la justicia y seguir bajo el ámbito de la ley. Se supone acá que el perdón olvida también la memoria, pero esa no es la tradición neotestamentaria que habla de una culpa manejada y de una memoria purificada (Cfr. Lucas 2, 51; Hebreos 7, 25-27).

Es posible pensar que pueda darse un paso del ágape a la justicia con una justicia restaurativa sin negociaciones ni componendas que incluya el perdón sin dejar de lado la completa reparación y el arrepentimiento apoyados culturalmente de restituciones simbólicas que produzcan la restauración de la dignidad, de la historia y de la sana convivencia de la comunidad. Ese perdón no puede ser banal, y en eso puede ayudar la tradición abrámica de Occidente. De hecho, han existido perdones, amnistías, remisiones y condonaciones.

Kant (2005) en la Metafísica de las costumbres, hablando del derecho, se opone al perdón:

Aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros (por ejemplo, decidiera disgregarse y diseminarse por todo el mundo el pueblo que vive en una isla), antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, para que cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este castigo: porque puede considerársele como cómplice de esta violación pública de la justicia (pp. 168-169).

En la misma línea se colocan muchos hoy, de hablar de justicia sin perdón. Cada día, no obstante, el tema del perdón aparece en las discusiones políticas cuando se habla de acuerdos de paz, y el pensamiento de filósofos como Ricoeur, Arendt y Jankélévicht planea en todo ello. El perdón se constituye en asunto social y político y la restitución simbólica va adquiriendo status de instrumento esencial en la reconstrucción de la convivencia.

Es preciso establecer como reto social la restitución simbólica, explorar esa sensibilidad humana que conecta las diferencias a un mismo proyecto vital, que identifica interculturalmente las múltiples manifestaciones, y a partir de ello construir un proyecto de reconstrucción social.

El verdadero amor trata de alcanzar lo mejor según la máxima de mientras más amor más conocimiento. El amor va más allá del entendimiento pues tiene la capacidad de conocer lo que ni la ley ni la razón permiten: entrar en el mundo del otro, en la historia del otro, no para dominarlo o esclavizarlo, sino para incluirlo. Es un amor erótico pues no se separa el amor de la carne real, de la carne histórica, de la carne masacrada. Cuando se ama se reconstituye al otro como sujeto, sujeto que había sido masacrado. Hay que superar el miedo erótico que caracteriza a la metafísica desde la Edad Media hasta nuestros días y suprimir el olvido cartesiano en el que se ha mantenido al amor en la filosofía.

Es preciso establecer como reto social la restitución simbólica, explorar esa sensibilidad humana que conecta las diferencias a un mismo proyecto vital, que identifica interculturalmente las múltiples manifestaciones y a partir de ello construir un proyecto de reconstrucción social. Aquí cobra sentido un proyecto de reintegración social multidimensional e inclusivo, que no nos permita borrar la interpelación del rostro humano.

Las herramientas, dispositivos jurídicos que establezcan la verdad, la no repetición y un especial cuidado de no revictimizar a las víctimas del conflicto. De no propiciar un enfoque de derechos que encasille el conflicto en focos poblacionales, por la no reparación simbólica no se convierta en la suma de actividades para dar cumplimiento al acuerdo solamente, sino que en realidad transforme el imaginario colectivo de las comunidades afectadas.

La restitución simbólica debe prever la creación de espacios, imaginarios y acciones que representen la reconstrucción de una sociedad. Allí, es válido el cumplimiento jurídico de crear centros de memoria y pedagogías sociales sobre las víctimas, la memoria histórica y el conflicto. Pero no se puede olvidar que el trasfondo del problema es la vulnerabilidad humana que acontece allí en el cual se ha cercenado la vida. Tocar lo íntimo del dolor humano producido a las víctimas, excarnar la conciencia humana de quien ha hecho daño, es un proceso que requiere tiempo y superar las lógicas de la condonación económica o jurídica. Tiene espacios personales y comunitarios, pero sobre todo necesita de una reflexión multidimensional de nuestro sentido humano y este será el garante de la no repetición de la excarnación que se le propicia al cuerpo, a la carne humana cuando hay deshumanización de los rostros que se interpelan.

Conclusiones

En presencia de una justicia de orden punitivo con claras herencias modernas e ilustradas, se hace necesario pasar a una justicia que tenga en cuenta la posibilidad real del perdón y la reconciliación. Estos últimos se van convirtiendo en actos políticos y sociales de responsabilidad histórica que, conservando la memoria de lo sucedido, la verdad existencial de los hechos y la restauración del ágape con justicia, hagan realidad el anhelo de la comunidad reconciliada.

La responsabilidad histórica y la realización de la justicia implican mantener la memoria a través del testimonio del sujeto concreto que ha sufrido la violencia. El testigo real, no el espectador neutral, ha de ser escuchado pues su voz es la verdad del acontecimiento, en su carne tiene grabadas las garras de una historia propia y única (que es la historia de todo un pueblo).

La restitución simbólica debe prever la creación de espacios, imaginarios y acciones que representen la reconstrucción de una sociedad. Allí, es válido el cumplimiento jurídico de crear centros de memoria y pedagogías sociales sobre las víctimas, la memoria histórica y el conflicto. Pero no se puede olvidar que el trasfondo del problema es la vulnerabilidad humana que acontece allí en el cual se ha cercenado la vida. Tocar lo íntimo del dolor humano producido a las víctimas, excarnar la conciencia humana de quien ha hecho daño, es un proceso que requiere tiempo y superar las lógicas de la condonación económica o jurídica. Tiene espacios personales y comunitarios, pero sobre todo necesita de una reflexión multidimensional de nuestro sentido humano y este será el garante de la no repetición de la excarnación que se le propicia al cuerpo, a la carne humana cuando hay deshumanización de los rostros que se interpelan.

El verdadero amor trata de alcanzar lo mejor según la máxima que mientras más amor, más conocimiento. El amor va más allá del entendimiento pues tiene la capacidad de conocer lo que ni la ley ni la razón permiten: entrar en el mundo del otro, en la historia del otro, no para dominarlo o esclavizarlo, sino para incluirlo. Es un amor erótico pues no se separa el amor de la carne real, de la carne histórica, de la carne masacrada. Cuando se ama se reconstituye al otro como sujeto, sujeto que había sido masacrado. Hay que superar el miedo erótico que caracteriza a la metafísica desde la Edad Media hasta nuestros días y suprimir el olvido cartesiano en el que se ha mantenido al amor en la filosofía.

No es posible construir el futuro borrando lo sucedido con una amnistía general de perdón y olvido, ni tampoco con un castigo eterno para los victimarios. Hay que mantenerse en la “construcción simbólica de la memoria como un continuo re-sentir, estremecerse con el acto del horror, indignarse moralmente y llevar la palabra, ese silencio-ausencia-presente, hasta la esfera pública” (Villa, 2016, p. 154).

El perdón es un acto heroico, que generalmente solo se puede dar en el hombre religioso y que no pertenece al Estado darlo o imponerlo. El principio de subsidariedad funciona acá. Las confesiones religiosas abrámicas tienen ese elemento como parte de su riqueza espiritual y pueden aportarlo a la nación. Ellas no pueden imponer el perdón, pero sí ofrecer espacios de encuentro, ofrecer ese signo a la nación, promoviendo nuevas formas de “racionalidad” o encuentro personal entre los hombres (Pikaza, 2012, p. 3). Si muchas veces ellas fueron causa de enfrentamiento ahora pueden ser lugares de reconciliación, especialmente en países en los que la mayoría son creyentes y tienen la base espiritual para realizarlo, y aún más, si sus adherentes dan el primer paso reforzándolo como acto político sin confesionalismos, pues la excedencia del amor no es de una religión sino una categoría estructural humana.

Referencias

Alto Comisionado para la Paz. (24 nov. 2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-yconversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf

Arboleda, C., & Castrillón, L. (2013). Testigo, memoria y esperanza. Cuestiones teológicas, 40(94), 457-478.

Arendt, H. (1959). The Human Condition: A Study of the Central Conditions facing

Modern Man. New York: Dobleday Anchor Books.

Arendt, H. (2006). Hombres en tiempos de oscuridad. Madrid: Gedisa.

Arendt, H. (2007) Responsabilidad y juicio. Barcelona: Editorial Paidós.

Castañeda, T., & Alba, F. (2014). “Hay que repensarlo todo a la luz de la barbarie” Entrevista a Manuel Reyes Mate. Revista de Estudios Sociales, (50): 179-186.

Derrida en castellano (2000). Entrevista con Antoine Spire, publicada por Le Monde de l’Éducation, n. 284, septiembre de 2000 en una versión más corta y ligeramente modificada. Recuperada de: https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/derrida_otro.htm.

Francisco. (2013). Encuentro con la clase dirigente de Brasil. Discurso del santo padre Francisco. Teatro Municipal de Río de Janeiro, 27 de julio de 2013. http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html

Francisco. (2017). Palabras del Santo Padre: gran encuentro de oración por la reconciliación nacional. En Francisco en Colombia. Todos los discursos y homilías que pronunció S.S. Francisco en su viaje apostólico a Colombia. Recuperado de https://www.aciprensa.com/ebooks/FranciscoenColombia.pdf

Gschwandtner, C. (2005). Ethics, eros, or caritas? Levinas and Marion on individuation of the other. Philosophy Today, 49(1), 70-87.

Housset, E. (2007). La vocation de la personne. París: PUF.

Jankélévitch, V. (1967). Le pardon. París: Aubier-Montaigne

Kant, I. (2005). La metafísica de las costumbres. Madrid: Tecnos.

La Santa Sede. (1992). Catecismo de la Iglesia católica. Recuperado de http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html

Lévinas, E. (1999). Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Salamanca: Sígueme.

Lévinas, Emmanuel. (1983). Filosofía, justicia y amor. Entrevista realizada por Raúl Fornet-Betancourt y Alfredo Gómez-Muller los días 3 y 8 de octubre de 1982. http://www.topologik.net/LEVINAS_Topologik_6.pdf

Marion, J.L. (2002). Prolegomena to Charity. New York: Fordham University Press.

Marion, J.L. (2005). El fenómeno erótico. Buenos Aires: El Cuenco de Plata.

Melich, J.C. (2001). La ausencia del testimonio. Ética y pedagogía en los relatos del holocausto. Barcelona: Anthropos Editorial.

Ministerio del Interior de la República de Colombia (2012). Ley de víctimas y restitución de tierras y decretos reglamentarios. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Orozco, I. (2003). La posguerra colombiana: divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación. Helen Kellogg Institute for International Studies. Recuperado de http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/306.pdf

Pedro Abelardo (1979). Ethica seu Scito te ipsum. Oxford, Editorial Clarendon Press.

Pedro Lombardo. (2003). Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano. Buenos Aires: Editorial Losada, 2003.

Pikaza, X. (05 ago 2012). Perdonar para vivir (3). Perdón cristiano y justicia social. Recuperado de https://www.religiondigital.org/el_blog_de_x-_pikaza/Perdonar-Perdon-cristiano-justicia-social_7_1370632930.html

Reyes Mate, M. (2006). ¿Existe una responsabilidad histórica? Claves de razón práctica, 168: 34-39.

Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un Autre. París: Seuil.

Ricoeur, P. (2004). La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Ricoeur, P. (1995). Le pardon peut-il guérir? Esprit (1940-), 77-82.

Valcárcel, A. (2010). La memoria y el perdón. Barcelona: Herder.

Valcárcel, A. (2011). La memoria y el perdón. 1ª parte. Programa: Sin distancias. Espacio: Filosofía. Fecha emisión: 1-IV-2011. Madrid: UNED. Recuperado de https://canal.uned.es/video/5a6f9ca5b1111f0b4c8b4a8b

Vera Piñeros, D. (2008). Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario: complementos a la perspectiva de la ONU. Papeles políticos, 13(2): 739-773.

Villa, L. (2016). Ante el daño absoluto, la resistencia: una lectura desde Vladimir Jankélévitch. Eidos, (25): 129-156.


Autor: Hernando Blandón

Obra: Distopía o la estética de lo peor

Técnica: esculturas en resina

Año: 2019

Transitando del conflicto a la paz: la inclusión sociolaboral como aspecto clave para la construcción de futuro 1

María Alejandra Gómez Vélez2

Verónica Andrade Jaramillo3

Introducción

El presente capítulo tiene el objetivo de sensibilizar a la comunidad en general, y a las organizaciones de trabajo del país en particular, respecto de la importancia de favorecer y concretar estrategias que permitan incluir a personas que están en proceso (o lo han culminado) de reintegración al mercado de trabajo formal, como aspecto vital para la no reincidencia, no repetición y abandono definitivo de los grupos ilegales al margen de la ley, y para el tránsito y la permanencia en la vida civil. Lo anterior bajo la premisa que, aunque el cambio requerido en el país para que ello ocurra sea largo, costoso y difícil económica, social y culturalmente, debido a razones tan poderosas como la estigmatización y la desconfianza de los demás ciudadanos, seguirá siendo una mejor opción para la construcción de una paz duradera y estable, tan requerida para el bienestar y el desarrollo del país. La sociedad civil, representada también en las organizaciones de trabajo, pueden realizar un gran aporte en dicha construcción, como ya algunas lo vienen haciendo.

Este capítulo hace parte de la investigación Procesos de cambio organizacional para la vinculación laboral de personas asociadas al conflicto armado en Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, que tiene como propósito identificar los procesos de cambio que han puesto en marcha organizaciones de cara a la vinculación laboral de personas asociadas al conflicto armado.

No es la primera vez que se hace en Colombia un proceso de desmovilización y reincorporación; cuenta con 30 años de experiencia (Fundación Ideas para la Paz, FIP, 2019). La última realizada colectivamente antes de la del 2016 con las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, fue en el año 2003 llevada a cabo con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC -, cuando se subscribió un acuerdo denominado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado entre el Gobierno y las AUC. Con el acuerdo de paz firmado en el año 2016 con las FARC, cobra importancia nuevamente la reincorporación a la vida civil de los llamados desmovilizados como un aspecto clave para la construcción de la paz en el país.

Esta firma del acuerdo de paz con las FARC planteó una oportunidad para los colombianos con miras a pensar formas distintas de convivencia; y sería equivocado pensar que a partir de este acuerdo ya se hace la paz; esta requiere, en particular, un permanente proceso de trabajo sobre condiciones de inclusión social tanto de los desmovilizados, como de todos los colombianos, donde se consideren los derechos y los deberes de todas las partes. Para que esto se logre en buena medida, se requiere además de voluntad política de quienes firmaron el acuerdo de paz, la de los nuevos gobernantes, de la participación de las empresas, los ciudadanos, de las víctimas y los victimarios que participaron de los procesos de paz, que se hayan firmado tanto en el pasado como en el presente.

Para contextualizar al lector, en la Tabla 1 se presentan los componentes del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes para llegar a la reintegración a la vida civil, destacando la importancia del acceso al trabajo para completar el proceso.

Tabla 1. Componentes del proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración


ComponenteDescripción
El desarmeConsiste en la recolección, documentación, control y eliminación de armas, explosivos y artillería pesada y liviana utilizada por los grupos armados de manera ilegal, y a veces también por la población civil.
La desmovilizaciónSe define como el licenciamiento formal y controlado de miembros activos de los grupos armados ilegales. La primera fase es la concentración de estos actores en zonas designadas especiales para esta operación.
La reinserciónConsiste en el paquete de apoyo temporal o beneficios para su reubicación. Es la asistencia que es ofrecida a integrantes de los grupos desmovilizados, pero anterior a la reintegración. En esta fase se otorgan beneficios como auxilio económico, alimentos, ropa, albergue, salud y entrenamiento para el empleo.
La reintegraciónA través de este proceso el desmovilizado adquiere estatus civil, y se espera la consecución de empleo e ingreso sostenible. Consta de dos etapas: la reinserción inicial y la de largo plazo.

Fuente: Tomado de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas – ACR, que citan al Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilizacion y Reintegracion de la Universidad Nacional de Colombia (2016, p. 15).

La ACR inicialmente se conformó como la PRVC (Programa de Reincorporación a la Vida Civil) en el 2003; posteriormente en el 2006 se convirtió en la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), pasando en el 2011 a ser la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), y desde el 2017 hasta el presente es conocida como la Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN (ARN, 2019).

Como señala Acopi (2016), la integración a la vida civil de los desmovilizados y excombatientes es uno de los pilares más importantes para la construcción de una paz que sea estable y duradera en el tiempo, y para ello se debe “involucrar a todos los sectores: gobiernos, empresarios, víctimas, comunidades receptoras y, por supuesto, personas en proceso de reintegración y su núcleo familiar, pues la paz es tarea de todos” (p. 12). Así mismo lo señala la ARN (2019) en su informe del mes de agosto de este año, al indicar la importancia de los aliados para este proceso que incluye 650 empresas, 67 países, y 20 aliados internacionales que han apoyado y continúan haciéndolo, la retirada de 74.846 personas de grupos armados al margen de la ley entre los años 2001 y 2019 en Colombia.

La ARN (2019) distingue a su vez en la actualidad entre los términos reintegración regular, reintegración especial y reincorporación. El primero, la reintegración regular, se refiere a favorecer el proceso de autonomía para ejercer la ciudadanía de manera integral, dirigido a las personas y sus familias, enfocado en 8 dimensiones que son la personal, la familiar, la salud, la productiva, la educativa, seguridad, ciudadana y hábitat. La reintegración especial se aplica a través de la ley 975 de 2005 para excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que acompaña en aspectos psicosociales, académicos y de formación para el trabajo. Y por último la reincorporación, que se aplica a excombatientes de las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-ejército popular que busca fortalecer el tejido social en los territorios, la convivencia y reconciliación tanto como la democracia local y el desarrollo de actividades productivas.

Montenegro (2015) en su investigación sobre las percepciones frente al proceso de reintegración de los desmovilizados en Bogotá, explica que la postura de personas entrevistadas acerca de la reintegración y el brindar segundas oportunidades, se mueven entre dos posturas, una altruista y otra pragmática; la primera hace referencia a quienes plantean una “obligación moral” de ayuda, y considerar a los desmovilizados como sujetos de derechos que necesitan apoyo de la sociedad civil. La segunda postura, la más frecuente, es la que hace referencia en una actitud dialógica, en tanto los beneficios que ello pueda traer tanto para el excombatiente como a la comunidad a la que se integra, “valorando ante todo la utilidad y el valor práctico que tiene el hecho de apoyar a las/os desmovilizados, por encima de una posición de ayuda incondicional sin recibir nada a cambio” (p. 34).

La inclusión sociolaboral tiene un papel fundamental para realizar una mirada de los antecedentes que se han presentado frente a este tema desde los programas de Desarme, Desmovilización y Reinserción (en adelante DDR) liderados por el Estado, y desde la política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se promueve desde las organizaciones de trabajo a las que generalmente se asocia este tema, y en las que se reconoce que a las personas habitualmente excluidas de la vinculación laboral, se les suman las que han estado asociadas a grupos que han operado al margen de la legalidad y han hecho parte del conflicto armado colombiano.

Entre las razones que llevan a que a los desmovilizados o excombatientes se les dificulte la inclusión en el ámbito laboral formalizado se encuentra la limitada educación, falta de contactos, dificultad para adaptarse rápidamente al contexto de la ciudad, y adicionalmente, por el temor y la percepción negativa que se tiene de ellos, tal como lo señalaba Alejandro Éder Garcés (el entonces director hasta el año 2014 de la entidad de la Agencia Colombiana para la Reintegración) (Acopi, 2016). Para Nussio (2009) los procesos de DDR tienen un destino incierto después de que se disuelven las tropas, porque a veces algunos combatientes no quieren dejar las armas, no cuentan con preparación para la vida civil, presentan traumas de guerra y, en muchas ocasiones, la sociedad los recibe con precaución, resentimientos y miedo.

Adicional a lo anterior, Nussio (2012) manifiesta que quien se ha desmovilizado convive con las emociones que le han quedado de su vida como combatiente, sean estas de arrepentimiento, orgullo o resentimiento. Y, además, debe enfrentar los desafíos de su propia seguridad, dado que está expuesto a la violencia de enemigos y compañeros previos, deben también lidiar con las dificultades económicas y con el estigma de ser desmovilizado dentro de sus comunidades, y con las dificultades con su familia al recibirlo de nuevo en la vida civil.

Nussio (2012) expone que lograr convertir a los combatientes en miembros de la sociedad tras su desmovilización es un desafío para los países fragmentados por la guerra, y agrega que estos procesos no siempre logran un buen final, y pone como ejemplos: los exrebeldes de Nicaragua, los exmiembros del Ejército de Liberación de Kosovo (quienes hacen parte de organizaciones criminales), los mercenarios que se mueven entre las fronteras en África Occidental, tras lo cual este autor hace una pregunta decisiva para los procesos de paz y reintegración “¿Cómo pueden evitarse estos resultados negativos tras la desmovilización?” (p. XXIII).

¿Quiénes son los desmovilizados o excombatientes?

En Colombia se utiliza el término de desmovilizado para referirse a quienes han entregado las armas y se han retirado de grupos armados ilegales, con el objetivo de reintegrarse a la sociedad, y poder acceder a los beneficios que ofrece el Estado, y con la finalidad última de hacer parte activa de la sociedad como ciudadanos con derechos y deberes. Esta es una definición básica que hace referencia al momento específico de entrega de las armas y a la firma de un acuerdo, pero que no profundiza sobre porqué algunos optan por hacer parte de estos grupos ilegales.

De acuerdo con el censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia (UN-CNR, 2017), los excombatientes de las Farc, según el universo encuestado (10.015 personas) proviene en gran medida del sector rural (66%), y en menor proporción de los sectores urbanos rurales (15%) y urbano (19%). Al momento de la encuesta el 77,4% son hombres, y el 22,6% mujeres. El 54% de ellos reportaron tener hijos al momento de la encuesta. El 11% no contaba con ningún nivel de alfabetismo, el 57% con básica primaria, 21% con bachillerato, 8% con media vocacional y 3% con educación superior.

Entre los hombres, un 25% tiene menos de 27 años, y la mitad se encuentran entre los 27 y los 41. La mitad de las mujeres se encuentran entre los 23 y 34 años, y el 25% de las mujeres tiene menos de 23 años. Provienen de todos los departamentos del país, especialmente de “Antioquia con 1364 personas, Meta con 1167, Cauca con 940 y, por último, Caquetá con 932” (Universidad Nacional de Colombia y Gobierno de Colombia, 2018, p. 14).

Respecto al estado civil, más de la mitad tiene pareja, la mayor parte en unión libre (49%), y el 43% se encuentra soltero. Entre los menores de edad, el 19% se encuentra casado o vive en unión libre; de estos, el 33% tiene una pareja estable dentro del grupo. Entre los más jóvenes, el 71% tiene familiares cercanos en las FARC, entre ellos tíos, primos, hermanos o padres. Adicionalmente, “el 77 % no vive con su familia y el 12 % solo lo hace eventualmente. El 94 % está interesado en reencontrarse con la familia” (Universidad Nacional de Colombia y Gobierno de Colombia, 2018, p. 16). En promedio 3,6 personas dependen económicamente de persona que hicieron parte de las Farc-Ep.

Para Gil Pedreros (2016), citando a Esguerra, entre las principales razones que reportan los excombatientes para su ingreso a grupos guerrilleros y paramilitares, se relacionaba con la falta de opciones por estar en desempleo y/o pobreza.

Valencia y Daza (2010) explican que, en el caso de los jóvenes y niños, muchos eligen hacer parte de un grupo ilegal porque poseen el ideal del discurso que divulgan los grupos, o porque se identifican con actores idealizados, o por escapar de situaciones que les son adversas y hostiles en sus entornos, etc. Para estos autores hay cinco motivos primordiales por los que los jóvenes y niños deciden incorporarse a las filas de los grupos armados ilegales.

1. El “estatus” que el menor experimenta al insertarse en uno de estos grupos y cargar un fusil, la sensación de poder y el mayor atractivo que tiene para las chicas, en el caso de los hombres.

2. La creencia que el joven tiene acerca de la mayor protección que tendría en términos de defensa y la mejor oportunidad de conseguir ingresos y mejorar su estatus de vida.

3. La vinculación y familiarización del joven con algún grupo armado ilegal, ya sea por la presencia de este en el lugar en el que vive, por nexos familiares o de amistad.

4. La influencia de los amigos y, en el caso de las mujeres, también la influencia del novio.

5. Y el último motivo que se contempla es el reclutamiento forzado, ya sea mediante la “cuota”, que es la contribución que deben hacer las familias a los grupos armados, o el reclutamiento obligatorio que los grupos armados ilegales hacen en colegios, escuelas o calles.

Para Kemper (2012) el reclutamiento hace referencia al alistamiento obligatorio, forzado o voluntario de niños y niñas a cualquier tipología de grupo o de fuerza armada, que están por debajo de la edad que estipulan los tratados internacionales para ser aplicables a las fuerzas o grupos armados en cuestión.

Como lo explica Sedky-Lavandero (1999) y lo reafirma Arellano (2008) el reclutamiento de niños se ha intensificado en los conflictos armados, porque si bien antes los niños no eran eficaces en las guerras, con la modernización de las armas se ha incluido mucho más a los niños al contar con armamento más liviano y de manejo más sencillo, que además cada vez es más barato de adquirir.

Sobre lo que ha pasado al respecto del reclutamiento, sea “voluntario” o “forzado”, es importante mirar uno de los informes de la Unicef y la Defensoría del Pueblo (s.f.), que da cuenta de un estudio de tipo descriptivo, en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas, a 86 niños, niñas y adolescentes desvinculados del grupo armado, que provienen de más de 60 municipios y veredas ubicadas en su mayoría en zona rural, y que pertenecen a 20 departamentos del país, en especial al Meta, Putumayo y Tolima, y que fueron acogidos en instituciones de protección seleccionadas y supervisadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, en el año 2001. En las entrevistas realizadas a los jóvenes, se les pregunta ¿Cómo ingresó al grupo armado?, y algunos respondieron (p.8):

Desde pequeño, para uno un tiroteo es normal, cuando matan a alguien es común y corriente (joven de 16 años).

Mi padre vino por mí y me llevó a la fuerza, yo vivía con mi mamá y mi padrastro, él los asesinó y me obligó a ir con él (joven de 16 años).

Un miliciano fue a hablar con mi mamá y ella me empacó la ropa y me tocó irme con ellos (joven reclutado a los 14 años).

Yo fui a conocer, pero a mí no me gustó, pero ya no me dejaron salir (joven de 15 años).

Me dijeron que me fuera con ellos o si no me mataban porque yo era novia de un policía (joven de 15 años).

Yo me fui, pero engañada porque me prometieron plata y estudio (joven de 16 años).

Otra de las preguntas clave que realizaron fue sobre: ¿Cuál fue la motivación para ingresar al grupo armado?, y algunas de las respuestas de los jóvenes fueron:

Estar en la guerrilla es bonito, uno aprende disciplina y uno se forma (joven de 16 años).

Mi papá es guerrillero (joven de 15 años).

A mí me gustaba la guerrilla porque yo veía que ellos eran admirados por la gente (joven de 16 años).

Yo estaba aburrida por el maltrato que me daban en mi casa (joven de 16 años).

Pensé que la vida con ellos era bonita, y yo tenía problemas con mi mamá y en la escuela (joven de 17 años).

Tuve problemas con los paracos, así que para mí era mejor entrar a la guerrilla (joven de 16 años).

Sentía que mi familia y amigos se estaban alejando de mí, me sentía solo (joven de 16 años).

Mi sueño era ser guerrillero (joven de 17 años).

Quería saber quién había matado a mi hermano y a mi tío (joven de 16 años).

Otros testimonios significativos fueron respecto a situaciones en las que se sintieron obligados a hacer algo que no querían. A la pregunta: Cuando estaba en el grupo, ¿alguna vez sintió que lo obligaron a hacer algo que no quería? (p. 18):

Caminar enfermo.

Matar. Uno abre un hueco de 2 m × 60 cm, le dice uno que se meta, le da dos tiros, lo abre, le saca las tripas para que no se hinchen y le bota tierra.

Cumplir órdenes porque si no lo sancionan o lo fusilan.

Tener que minar una carretera para cuando pasara un camión del ejército y hacerla explotar.

Engañar a un conocido para que lo mataran.

Cabe señalar que en la misma investigación se indagó sobre la motivación para la desvinculación o deserción de los adolescentes del grupo armado, la cual en algunos casos fue motivada por la presión de algún combate o situaciones en el que considerar la deserción era la única alternativa de supervivencia, algunos expresaron (p.20):

Me mandaron a matar a un militar que era buena gente y yo no fui capaz y me volé (joven de 16 años).

Estaba enferma y no recibí atención, por eso me volé (joven de 17 años).

Me volé porque estaba aburrido de las masacres (joven de 16 años).

No estoy de acuerdo con reglamentos que ellos tienen como matar a un compañero porque se come una lata de sardinas (joven de 16 años).

Yo tenía paludismo y oí la orden por radio de ejecutarme, esa es una regla que hay allá, entonces como pude me volé (joven de 16 años).

Como explica la Unicef (s.f.), los niños se ven afectados por el reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados, por la violencia sexual asociada al conflicto, por el desplazamiento interno, y el confinamiento y la falta de asistencia humanitaria. Si bien las investigaciones e instituciones señalan que no es posible decir una cifra exacta sobre cuántos niños, niñas y adolescentes han estado vinculados a los grupos armados, afirman que entre 1999 y 2013, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 5,417 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de grupos armados ilegales, de los cuales el 28 % eran niñas y 72 % eran niños.

Señalan Brett y Specht (2005), que con la adopción del Convenio 182, en 1999, acerca de las Peores Formas de Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue convocada para que aportara en los esfuerzos internacionales con la finalidad de prevenir y poner fin a la participación de los niños en los conflictos armados, una de las peores formas de trabajo infantil. El Convenio hace un llamado para la eliminación urgente del reclutamiento forzado de niños en conflictos armados. En Colombia, se ratificó el convenio a través de la ley 704 de 2001 (Congreso de la República de Colombia, 2001).

Para González (2004), los motivos de ingreso a grupos armados se presentan por siete grandes razones: pobreza y ausencia de alternativas de vida, maltrato familiar, reclutamiento ilícito, identidad y reconocimiento, poder y aventura, venganza y tradición familiar.

Cabe decir que estos motivos de ingreso de buena parte de personas a los grupos armados al margen de la ley ameritan ser más comprendidos para poder disminuir su repetición en la historia de país, no solo por el reclutamiento forzado o voluntario de niños, niñas y adolescentes, sino además por el ingreso de adultos.

Esto lleva a preguntarse de forma más aguda sobre los porqués del reclutamiento, sea voluntario o forzado, porqué los niños, jóvenes y adultos van a hacer parte de las filas de los grupos armados al margen de la ley, así sea por voluntad propia, pero con un gran peso de manipulación, forzados por las circunstancias o por la falta de oportunidades de construir una vida mejor. Esto plantea la urgencia de indagar y reconocer aspectos de la realidad colombiana, que crean un caldo de cultivo para la proliferación de las diversas formas de violencia.

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Yaş sınırı:
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Litres'teki yayın tarihi:
22 ekim 2025
Hacim:
408 s. 47 illüstrasyon
ISBN:
9789587648256
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