Kitabı oku: «La perestroika de Felipe VI»

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EL LAPSO HEGEMÓNICO DEL PP (2011-2012)

Del PP se esperaba que obtuviese unos 11,5 millones de votos y no llegó a los 11, luego algo no terminó de funcionar. Respecto a los resultados de las elecciones generales de 2008 ganaron votos en Canarias, Aragón, Cataluña, Extremadura y Andalucía, pero los perdieron en Cantabria, Murcia, Madrid, la Comunidad Valenciana, Navarra y Asturias. La mayoría absoluta del PP, como ya se ha apuntado, se basó en el ingreso de casi 1,5 millones de electores procedentes del PSOE, un dato principal e irrefutable que remitía a ciertos costes populares que permanecían ocultos. En concreto, el PP había transferido unos cuatrocientos mil votos a UPyD y alrededor de un millón de sus votantes de 2008 se habían desmovilizado. UPyD ocupaba ya al inicio de la campaña la posición del entorno del millón de votos que finalmente refrendaron las urnas, por lo tanto el partido de Rosa Díez no era la razón que explicaba el mal resultado del PP en número de votos. En definitiva, la mayoría absoluta alcanzada por Mariano Rajoy en 2011 se sustentó en un electorado inicial de menor tamaño que el de Zapatero en su última legislatura, un respaldo social muy insuficiente.

En esas elecciones generales se evidenció la crisis de representatividad del sistema de partidos en su conjunto. Se había producido una abstención profunda del electorado socialista que, junto al millón de populares, arrojaba un total de 3 millones de electores desmovilizados del bipartidismo. Sin embargo, la suma de los escaños del PP y del PSOE solo había retrocedido veintisiete actas y solo en ocho comunidades autónomas.

IU/ICV había ocupado espacio en Andalucía (2), Aragón (1), Asturias (1), Cataluña (3), la Comunidad Valenciana (1) y Madrid (3), lo mismo que UPyD en Madrid (4) y Valencia (1). Aparte de estos partidos, solo se habían beneficiado cuatro formaciones políticas autonómicas del retroceso del bipartidismo y en particular del PSOE. Fueron CiU (de 10 a 16), Amaiur (7), Compromís-Equo (1) y el asturiano FAC (1). Ninguna otra candidatura mejoró sus resultados.

El elector tenía la experiencia reciente del gobierno socialista recortando los salarios a los funcionarios, congelando las pensiones y abaratando el despido, medidas eficaces en euros y en la imagen de una sociedad ordenada y solvente que es capaz de asumir los sacrificios que se le pidan. Zapatero se había dedicado la segunda mitad de su segunda legislatura a defender la imagen de solvencia de España en las cumbres de la Unión Europea, incluso le habían prestado una silla al efecto en una cumbre del G-20 celebrada en Washington.

Desde entonces la política económica estaba unificada en España y no se decidía en La Moncloa, sino en la Alemania de Merkel y la Francia de Sarkozy, o al menos así lo entendían las personas corrientes. Había que cumplir los presupuestos y nada más en tanto no fuéramos convergentes. Y esto significaba que el Estado tenía que gastar mucho menos, que era exactamente lo mismo que tenía que hacer el elector medio con su economía privada.

La imagen de solvencia de España que mantuvo la ministra Elena Salgado hasta el mismo día de las elecciones generales de 2011 se desvaneció cuando el 6,0% de déficit comprometido para ese año se transformó en el 8,51% reconocido por el nuevo gobierno de España. La conclusión del ciudadano alemán o del francés pudo ser que los políticos españoles no cumplen con sus compromisos ni son transparentes. El elector interiorizó que esto de la convergencia no era ninguna tontería: o se cumplía con las exigencias de la Unión Europea o la economía española terminaría intervenida, como la de Grecia.

Después de ganar las elecciones Rajoy desapareció. Un comportamiento que la gente no olvida, porque explica determinada interpretación de la exposición ante los medios y las comparecencias públicas. Al límite de la paciencia ciudadana cuatro de sus ministros anunciaron el 30 de diciembre de 2011 la aprobación de un decreto sobre medidas de orden económico y social y de corrección del déficit público. El gobierno decretó el incremento de los impuestos de bienes inmuebles (IBI) y de la renta de las personas físicas (IRPF), además de la congelación del sueldo de los funcionarios y la tasa de reposición de empleo público.

Todo esto se hizo antes de empezar a hablar, porque el objetivo del decreto era corregir 15.000 millones de euros de las cuentas públicas para absorber una desviación que el PSOE había ocultado en el cumplimiento de la cifra de déficit público. Así lo presentaron los ministros y lo llamaron herencia. Al elector no le sorprendieron estas medidas, aunque no estuvieran escritas en el programa electoral del PP. Tampoco lo estaban algunas de las decisiones trascendentales de los gobiernos de Zapatero, como la reforma laboral o la constitucional.

Sin embargo, poner como excusa la herencia era poco menos que insultar a las personas en ámbitos determinados como en la Comunidad Valenciana, con los acreedores llamando a la puerta y los cajones llenos de facturas que ni siquiera se habían contabilizado. «Que salgan las facturas de los cajones que las pago», dijo Montoro y aparecieron muchas en las administraciones gobernadas por el PP que se justificaban gracias a la herencia que atribuían íntegramente a los socialistas. Cualquier herencia valenciana o madrileña era necesariamente del PP, que disponía ya de una colección respetable de presuntos culpables que finalmente deterioraron la credibilidad de las estadísticas oficiales españolas en la Unión Europea y en los mercados financieros. La Unión Europea le comunicó al elector común, en julio de 2014, que los gobernantes autonómicos valencianos del PP habían falseado sistemáticamente las cuentas. Esto también es la herencia. En el contexto valenciano un presunto culpable que no dimite no está en la política para representar a las personas, porque hay muchos otros limpios del todo que pueden hacerlo y el sentido común invita a retirarse. El escaño no es suyo, es de los votantes. Y si al final resulta que era inocente, los votantes lo celebrarán. Todo el mundo tiene mala suerte alguna vez, y ser imputado por un juez en un momento determinado puede suceder. Pero que todos los imputados permanezcan en sus cargos también es herencia. Luego construyen una historia falsa, pero la mentira cae como fruta madura en determinados ámbitos territoriales.

Las encuestas decían de las medidas del gobierno que, aun siendo impopulares, se estaban adoptando en el momento adecuado. Así pues, Rajoy tenía el margen del ganador, por lo que podría contar con la expectativa de la mejor gestión: todo lo que hiciera en estos primeros meses gozaría de un plus de benevolencia ciudadana. Decidió gastar ese margen de golpe con una decisión estratégica: el anuncio de la llegada de medidas presupuestarias de la máxima dureza, advirtiendo además que la situación económica no mejoraría durante los dos años siguientes.

Desde ese momento cambió el panorama. La propuesta de Rajoy a la mayoría social no era otra que su empobrecimiento sostenido en el tiempo. España ya es muy desigual, pero en ese momento la sociedad empezó a romperse. La gran mayoría de las personas siempre ha vivido al límite, con el riesgo de no poder cubrir sus gastos, con independencia de la marcha de la economía. Lo que dijo Nicolás Redondo en 1992 era una verdad como un templo en 2012: el problema era y es cultural. Aquí el poder patrimonial no sabe aplicar adecuadamente el capitalismo porque no sabe cuidar a las personas, que son las piezas de su maquinaria de hacer dinero. El bloque burocrático español y el propietario antiguo tienden a abusar de la ignorancia del administrado y del empleado en unos parámetros culturales que no son europeos ni occidentales. Esta es la herencia verdadera.

El gobierno del PP continuó su camino y el 5 de enero de 2012 anunció un plan para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, lo que venía a significar que se imponía disciplina y control. Sin embargo, no eran más que palabras porque a finales de marzo informaron sobre una ley de amnistía fiscal. Para la gente corriente que no tiene dinero opaco los beneficiarios de esta amnistía eran inequívocamente los políticos corruptos, los burócratas, los poderes patrimoniales y financieros, las rentas más altas, los empresarios y el crimen organizado. El elector entendió que el poder representativo se disponía a premiar el fraude. Desconozco la eficacia en euros de la medida, pero indudablemente tuvo un coste para el PP en términos electorales.

Eran días de actividad frenética para intervenir en los entornos financiero, laboral, industrial y empresarial. El 27 de enero de 2012 el gobierno suprimió los incentivos a las empresas de energías renovables con el objeto de contener el déficit tarifario. Ese mismo día presentó un anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera orientado a establecer multas a las administraciones no convergentes en la reducción del déficit público conforme al espíritu de la reforma constitucional. El gobierno del PP trasladaba con ello la presión de Bruselas a las comunidades autónomas: la medida abriría un frente revisionista de las aportaciones y la financiación autonómica. También el 3 de febrero, el gobierno presentó un decreto de saneamiento del sector financiero de 50.000 millones de euros para una mayor cobertura de los activos de los bancos. El día 10 se promulgó otro decreto, esta vez de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que significó la generalización del despido con veinte días por año trabajado y toda la flexibilidad para el empresario. Así, en pocos días, el elector de la ruptura veía primero que los impagos de los bancos los tendrían que asumir las personas normales y, segundo, que podían cambiar por completo las condiciones de trabajo. El día 17 el gobierno intervino en las retribuciones de la dirección en el sector público empresarial estableciendo límites salariales. El 24 propuso quitas a los proveedores de las administraciones y presentó un anteproyecto de ley de reforma de organismos supervisores que unificaba los ocho en uno, la comisión nacional de mercado y la competencia; racionalización, simplificación, control.

Pero no toda la actividad se desarrollaba en los despachos. El 15 de febrero de 2012 se iniciaron los sucesos de lo que se llamó la primavera valenciana, que se resume en una brutalidad policial inusitada ejercida contra la población de forma indiscriminada. Tuvo su origen en las protestas de los estudiantes del instituto Lluís Vives de Valencia y culminó con la ocupación de la ciudad por las masas. Eran el poble, no l’enemic y habían echado a la policía de la calle. Aquello debió de ser un «no quiero protestas» que se les fue de las manos. Las batallas de la opinión se ganaban ya en la red y los valencianos habían ganado a quienes dieron esas órdenes o a quienes las interpretaron de ese modo.

Siguiendo con la crónica de los acontecimientos, el 2 de marzo el gobierno fijó el objetivo del déficit público en el 5,8% del PIB. Rajoy presentó esta cifra como un acto de soberanía, pero a los diez días la Unión Europea determinó que sería el 5,3%. Como el gobierno lo asumió sin rechistar, quedó patente la idea de que la soberanía económica estaba definitivamente cedida. También el 2 de marzo se hizo público el cuadro macroeconómico del gobierno con una caída del 1,7% del PIB y una tasa de paro del 24,3% de la población activa: no habría recuperación ni creación de empleo a corto plazo. Una semana más tarde, el 9 de marzo se creó el fondo para la financiación de pagos a proveedores de las administraciones públicas. La banca sindicó un préstamo de 35.000 millones para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas pudieran pagar sus deudas con proveedores. El día 16 el gobierno presentó un plan de racionalización del sector público empresarial que eliminaba unas veinte empresas públicas. Etcétera. España estaba en obras, en reformas constantes.

Las siguientes elecciones que se celebraron fueron las autonómicas del 25 de marzo de 2012 en Andalucía. Todo lo que sucedió lo daban por descontado unos u otros encuestadores excepto una cosa: el electorado popular contribuiría a la abstención con más votos que los razonablemente estimados. Al PP se le calculaba alrededor de 1,8 millones de votos, que era quedar por debajo de su resultado andaluz de las recientes elecciones generales pero por encima de su posición autonómica de 2008. No fue así, se quedó en algo más de 1,5 millones de votos, que eran casi doscientos mil menos que en las últimas elecciones autonómicas y la friolera de cuatrocientos mil votos menos que en las elecciones generales de noviembre de 2011, celebradas tan solo cuatro meses antes.

Sobre quiénes fueron y por qué se desmovilizaron estos electores andaluces del PP distingo al menos tres colectivos y razones: los recién llegados procedentes del PSOE reactivos a las reformas de Rajoy, otros electores del lado extremo del PP que nunca han aceptado al líder gallego y son los mismos que no le votaron en las elecciones generalesy, por último, determinados electores populares andaluces que nunca votarían a Javier Arenas.

Por su parte, el PSOE obtuvo el resultado catastrófico de 1,5 millones de votos y un retroceso de más de seiscientos mil respecto a su posición previa. Un registro lamentable que debió proporcionarles cuarenta y un escaños y no cuarenta y siete. Griñán estaba radiante pero no su electorado. Habían perdido cientos de miles de votos, aunque sumaran con IULV-CA para seguir gobernando en Andalucía. También fracasaron el Partido Andalucista y UPyD que no consiguieron ni un solo diputado en unas condiciones extraordinariamente favorables. Ese mismo día naufragó el PP en Asturias derrotado por el partido de Francisco Álvarez Cascos y así llegaban los de Rajoy al borde del mismo abismo electoral que el PSOE en la legislatura anterior.

El 3 de abril de 2012 Rajoy insistía en la idea de que no veríamos resultados a corto plazo y eso era ya mucho insistir. Había dibujado ante el ciudadano un panorama económico peor de lo que cabía suponer, lo contrario de lo que había hecho Zapatero, para comunicarle en ese escenario su intención de cumplir con la cifra de déficit público que indicara Bruselas. El mensaje era sencillo y lo entendió el elector con claridad: Rajoy sería el más fiel guardián de la política económica de la Unión Europea y su gestión se diferenciaría de la de Zapatero en que él sí respondería a las expectativas comunitarias.

Para la gente de a pie esta política económica se resumía en «dame más y toma menos». Eso es lo que hizo el PSOE, es lo que estaba haciendo el PP y es lo que harán los siguientes en la legislatura de 2015. La valoración de la gestión de Rajoy dependía por completo de la aceptación social de unas políticas que en el tiempo podían ser percibidas como injustas o inasumibles por parte de la mayoría social. De hecho, la reforma del mercado laboral decretada por Rajoy fue interpretada como una exigencia de la Unión Europea que no ayudaría a crear empleo sino todo lo contrario. Una medida que, sin estar escrita en el programa, no sorprendió a nadie porque la gente ya había perdido cualquier capacidad de asombro. Rajoy lo fiaba todo a la benevolencia de las personas ante una situación muy complicada de gestionar y, a los tres meses de empezar, apelaba continuamente a una paciencia que el elector tiene y no hace falta recordarle.

Enfrente se encontraba el PSOE, que no estaba legitimado para hacer una política de oposición frontal al PP, puesto que había participado de los mismos principios de actuación y esto incluía a Eduardo Madina y Pedro Sánchez, quien también saltó al campo y jugó minutos cubriendo donde le dijeron. Y no solo eso, sino que además los socialistas habían engañado deliberadamente sobre el cumplimento del objetivo de déficit público o, en caso contrario, eran incompetentes, lo que a los efectos prácticos venía a ser lo mismo, porque la ministra Elena Salgado había proclamado en plena campaña electoral que la economía española alcanzaría sin dificultades el objetivo comprometido del 6,0% del PIB para el año 2011.

Así pues, el panorama se había ensombrecido por completo para Rajoy. El PP había fracasado en Asturias, y en Andalucía no había aritmética y gobernaría la coalición del PSOE con IULVCA. El gobierno había presentado los presupuestos indicados por Bruselas del 5,3% de déficit público y naturalmente no se los había creído nadie. La expectativa ciudadana sobre una mejor gestión de la economía en manos del PP se derrumbó precipitadamente con la caída de Rodrigo Rato en mayo de 2012. El margen que daba ser ganador de las elecciones generales se había terminado y, con la crisis de Bankia (la misma que la de Caja Madrid, la CAM o cualquier otra caja expoliada por los políticos), el mito de la mejor gestión de la derecha pasó a mejor vida. Todos eran igual de incompetentes y ninguno era de fiar. Ya se planteaba el rescate de la banca española porque estaba desplomándose la confianza de los acreedores y de los inversores en la solvencia de la economía. El 30 de mayo la prima de riesgo alcanzaba un máximo histórico de 547 puntos básicos y todavía subiría más.

Más allá de nuestras fronteras, en mayo de 2012, se produjo otro acontecimiento fundamental: la quiebra del sistema electoral griego. En las elecciones parlamentarias, el PASOK comenzó su imparable declive y pasó a ser el tercer partido más votado desbordado por Syriza, una coalición electoral que emergió en dos o tres meses. En la repetición de las elecciones griegas de un mes más tarde, Syriza mejoró sus resultados proponiendo el caos como programa, mientras que el PASOK los empeoró defendiendo el euro. Con ello, el PASOK, es decir, la vieja izquierda del siglo XX pasaba a ser el lado izquierdo del sistema en todo el sur endeudado. Una observación muy sencilla: en términos de mercado, el PSOE formaba parte del lado izquierdo del sistema UE.

Una parte del electorado griego había definido el nuevo espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa. Los votantes de Syriza eran personas de todos los orígenes electorales que se enfrentaban a su poder representativo. Grecia nos permitió tomar medidas electorales de la insumisión a los acuerdos comunitarios y la negación de las políticas en curso, la auditoria y la moratoria. La depuración de responsabilidades. Enfrente de todo, sin ser sistema ni parecerlo.

El hecho incuestionable es que el PASOK se decidió por apoyar el programa de Nueva Democracia y no el de Syriza, y esa fue la solución para gestionar el euro en Grecia. La enseñanza de este episodio es doble. Lo primero que aprendió todo el mundo fue sorprendente, ahora se podían ganar las elecciones proponiendo el caos. La segunda enseñanza encierra el secreto o la debilidad del marco referencial del sistema: la idea de que un Estado de la zona euro no es viable fuera de ella y se derrumbaría al día siguiente de la salida de Europa. Esta es la debilidad última de la posición política de la Unión Europea sobre las sociedades endeudadas del sur de Europa y es lo que propició la fusión de la izquierda y la derecha griegas del siglo XX como ente gestor. El sistema se salvó in extremis, pero el poder representativo griego había explotado, la izquierda y la derecha se reunieron, y frente a ellas quedaron los ciudadanos indignados con Syriza. Algo parecido sucedió más tarde en Italia y algo similar es lo que sucederá en 2015 en España.

El mensaje que enviaron los resultados de las dobles elecciones griegas fue diáfano y amargo para el PSOE: ser un partido mayoritario histórico ya no garantizaba ser la segunda fuerza política en España. Lejos de ponerse a pensar un poco, miraron a la Francia de Hollande, un recurso característico del político español que es profundamente incapaz de hacer autocrítica. Los resultados griegos obligaban a una reflexión muy profunda y más compleja aún, porque esas elecciones definieron tres escenarios posibles en España.

1) Una contienda convencional entre el PSOE, el PP, IU/ICV y UPyD por la hegemonía de los votos del sistema, con los ciudadanos dispuestos a asumir lo que indique el gobierno o la Unión Europea. Esta mayoría social es decreciente.

2) Una mayoría electoral creciente que es consciente de los problemas de la desigualdad y la corrupción, de la ausencia de futuro o de su empobrecimiento inexorable. El caso griego permitió visualizar esta nueva mayoría frente a la vieja izquierda que se explica con la figura «todos la mitad de ricos; tú también, Evangelos».

3) En España, además hay un tercer escenario en el que compiten las naciones que no son la española o castellana, que viven desde siempre su particular lucha para llegar a la ruptura con el Estado uninacional.

Este tercer escenario es transitorio, porque si el siglo XXI es el de la unificación política de Europa las disputas territoriales se terminan. Actualmente no hay orgullos patrios ni posiciones irreconciliables ni ultrajes ni otras historias. Hay Estados soberanos, confederados y federaciones de Estados que se han fusionado en una unidad política. Hay de todo y hay donde elegir. Todo tendrá estabilidad en ese horizonte de la unificación. La España actual tiene un encaje fácil o natural confederando Estados como en Bélgica. Se trata en todo caso de encontrar una solución transitoria que resuelva el hecho de la plurinacionalidad de modo convergente en ese proceso. Todo lo demás es ruido en el plano teórico de la unificación política de Europa.

El retroceso del PP de Rajoy en las encuestas entre los meses de noviembre de 2011 y mayo de 2012 (45-43-41-42-39-39-36-3637-37) no fue distinto del sufrido por el PSOE de Zapatero entre los meses de mayo y noviembre de 2009 (41-42-40-39-40-39-3838-36). El PP fue perdiendo apoyos hasta julio de 2012 y desde esa fecha los sondeos indicaban que ya no ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta, mientras que el PSOE se mantenía a duras penas en su resultado logrado en 2011. IU/ICV, UPyD y otras fuerzas políticas progresaban en ausencia de ofertas aglutinantes del nuevo espacio ciudadano de ruptura.

En julio de 2012, Rajoy había incumplido todas sus promesas y España estaba al borde del rescate, Rato pulverizado y con él el mito de la mejor gestión de la derecha. El miniciclo hegemónico del PP había terminado. En ese mes y después de décadas de convivencia tormentosa se produjo el divorcio entre la mayoría social y la clase política española en general. Desde entonces, cada uno va por su lado.

El bipartidismo parlamentario había funcionado ininterrumpidamente desde mediados de 1992 hasta el mes de mayo de 2010. Con la caída del PSOE, se dio paso a un fugaz período de hegemonía electoral del PP, que ganó las elecciones generales de 2011 con una mayoría absoluta que en menos de un año ya había perdido según los sondeos. Desde entonces, la cámara resultante en unas elecciones generales sería claramente pluripartidista, pero, sobre todo, la mitad más joven del censo había reforzado la abstención hasta definir el espacio ciudadano de ruptura con su sistema de representación. La abstención superaba el 40% del censo electoral, y siete de cada diez abstencionistas eran menores de cuarenta y cinco años de edad.

Los números del CIS en julio de 2012 indicaban de un modo inequívoco que el sistema electoral estaba dejando de representar a las personas, porque el bipartidismo había perdido casi 12 millones de sus votos mientras que el supuesto reemplazo de IU/ ICV y UPyD solo había sumado 3 millones por 1,5 de otros partidos y los votos en blanco. La estabilización de la suma de IU/ ICV y UPyD en algo más de 4 millones de votos indicaba que los comunistas no serían capaces de conquistar más de ochocientos mil electores procedentes del PSOE, que no estaban incorporando a votantes partidarios de la ruptura y que perdían a los más críticos. También significaba que UPyD no sería el reemplazo convergente del PP, porque ahí había espacio, pero tampoco el voto de castigo del PP extremo. Además, pasado un año apareció VOX.

Personalmente, hice un estudio con el que comprobé que la recuperación del PSOE y el PP hasta producir una tasa de participación similar a la de 2011 no le proporcionaría a ninguno de los dos un número suficiente de escaños para arrollar al otro sumando con terceros. El sistema estaba roto y sabíamos que sería así por lo menos hasta la tasa de participación del 68%. Seguiría fragmentado aunque el bipartidismo reincorporase 3 millones de electores como umbral superior de la movilización posible. No había más porque suponer una participación superior a la de 2011 sin los votantes de la ruptura no era realista.

Desde entonces nos encontramos inmersos en el quinto ciclo del comportamiento electoral en España, que es pluripartidista como el primero (iniciado en 1977), aunque desde 2012 presentaba la particularidad de que el sistema había dejado de representar a varios millones de electores sobre todo jóvenes. El análisis demográfico es concluyente. Un ejemplo que se visualiza bien: Ada Colau, candidata a la alcaldía de Barcelona con una fuerza política de nuevo cuño, es una ciudadana nueva del mundo global que tenía un año en 1975, que tiene muchísimas cosas que hacer, y cuando recibe un orden que no le sirve construye el suyo que tiene otra forma, funciona y es resolutivo.

La debilidad electoral del PP que observamos en las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias se confirmó en el País Vasco y luego en Cataluña, como veremos a continuación. Solo pudieron defender sus resultados en Galicia, aunque de forma muy insuficiente. Los votantes del PP se marchaban a la abstención para reunirse con los desmovilizados del PSOE. Quedaba confirmado que el bipartidismo había perdido más de 10 millones de votos respecto al año 2008 de los que más de la mitad estaban en la abstención.

El 21 de octubre de 2012 se celebraron elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. En las de Galicia, el PP de Alberto Núñez Feijóo había revalidado la mayoría absoluta pero la noticia escondía un retroceso de más de cien mil votos respeto al año 2009. Lo que acababa de suceder lo anticiparon en mayor o menor medida los sondeos que se publicaron con la única excepción de la Alternativa Galega de Esquerda (AGE) de Xosé Manuel Beiras, cuya progresión se produjo en la segunda semana de la campaña. Este nuevo electorado no respondía a la partición del nacionalismo gallego en dos mitades, el votante de origen, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), era uno de sus ingredientes principales pero otro igual de importante era el socialista ya desmovilizado. AGE nacía en un nuevo espacio ciudadano que era transversal y de ruptura con el statu quo, dando así respuesta a un elector insumiso y necesitado de aliados en las instituciones para imponer otras políticas. Venía a ser la Syriza gallega y así se la llegó a conocer. El PSOE saldó estos comicios con una derrota contundente, y lo mismo le sucedió en el País Vasco. También deberían preguntarse en UPyD por qué fueron marginales en Galicia cuando las encuestas los situaban por encima del millón de votos en España y promediando más del 8% de los votos válidos en circunscripciones como Madrid, Alicante, Guadalajara o Murcia. Rosa Díez había creado un partido asimétrico en lo territorial que era marginal en las comunidades autónomas donde hay nacionalistas, como Galicia, Cataluña, Navarra o el País Vasco.

En las elecciones al Parlamento vasco, el PNV y los partidos de EH-Bildu progresaron del 28 al 38% del censo, mientras que el PP, el PSOE y UPyD retrocedieron del 29 al 23% y la abstención del 41 al 37%. La mayoría electoral se manifestó claramente nacionalista, consiguiendo cuarenta y ocho de los setenta y cinco escaños autonómicos, a dos de los dos tercios de la cámara pero sin dudas, no como en Cataluña. Antonio Basagoiti había fracasado al frente del PP vasco y también Patxi López al frente del PSE-EE; el primero, con muy buen criterio, desapareció.

Desde las elecciones generales de 2011, se habían celebrado cinco elecciones autonómicas, pero en 2013 no se votaría nada. Esos cinco resultados autonómicos eran, por lo tanto, centrales para estimar la evolución de la estructura electoral durante el año 2012 y proyectarla hacia el 2013, porque las únicas referencias que tendríamos serían las encuestas de los periódicos y los estudios del CIS y sus equivalentes autonómicos. Pienso que es aquí donde se perdieron la generalidad de los analistas de los partidos y los proveedores de encuestas. Todos los resultados de todas las elecciones de todos los ámbitos definen una estructura donde el movimiento de un dato en un momento dado y en un ámbito concreto explica algo relativo a otro ámbito y otro tipo de elección. La cuestión es disponer de herramientas adecuadas y las que requiere la situación actual no se improvisan.

Cualquier resultado de cualesquiera elecciones tiene una ubicación exacta en un ámbito y un continuo temporal de resultados definitivos de un tipo —locales, autonómicas, generales o europeas—, permite extrapolar valores interelectorales referidos a otros ámbitos o tipos de elección y describe el relato del comportamiento electoral. De este modo, los resultados del PP, del PSOE y la abstención que se produjeron en las cinco comunidades autónomas donde se votó en 2012 nos permiten calcular otros valores razonables para elecciones generales y municipales que, dependiendo de cada ámbito, transitan por encima o por debajo del valor medio total de España en valores y tendencias conocidos a lo largo de la historia electoral. Los resultados estimados así obtenidos sirvieron para saber cómo estaban evolucionando las fuerzas políticas, como por ejemplo IU y el PSOE, en el reparto de los veintiún puntos de censo que aún conservaba la vieja izquierda española; entre los siete a catorce del ámbito estatal y los diez a once de algunos municipios metropolitanos había un abismo. En definitiva, los porcentajes sobre censo que obtuvieron los partidos en los comicios de 2012 explicaron algo muy concreto al tiempo que algo muy general sobre las características y la evolución del comportamiento electoral. Sin este planteamiento se perdería la pista a los números de situación durante 2013, puesto que no se tenían que celebrar elecciones de ningún tipo.

La primera observación sobre los comicios autonómicos de 2012 se refiere a la dispersión de las tasas de participación registradas, que además fueron todas atípicas. En Cataluña se produjo la tasa de participación más alta conocida en unas elecciones autonómicas, aunque no deje de ser un registro muy normal, en torno al 70% del censo. En Asturias, Andalucía o Galicia, la participación descendió hasta diez puntos respecto a los registros de las elecciones precedentes. Esta dispersión remite a cambios estructurales en estos ámbitos, donde aparecieron nuevos factores aglutinantes del voto, como la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y la progresión de Ciutadans en Cataluña, o el decremento de posiciones hegemónicas, como las del PP y el PSOE en Andalucía.

Una segunda observación se refiere a la crisis electoral generalizada del PSOE que formalizaron estos comicios incluso en los ámbitos en donde estaba gobernando. Inevitablemente razonable era su evolución hacia el 14% del censo electoral en elecciones generales, entre cinco y seis puntos menos que en 2011. Así lo confirmaban las encuestas de intención de voto en elecciones generales para una participación inferior al 60% del censo, y así se deducía de las tasas de fidelidad de voto de los partidos en los estudios del CIS. Todo era coherente y convergente porque el PSOE había dejado de retener un millón de votos en 2012 respecto a las posiciones precedentes en cinco comunidades autónomas. Dicho de otra forma, el PSOE no solo no remontaba sino que seguiría perdiendo votos.

Otra observación sobre estos cinco comicios tiene que ver con el proceso acelerado de caída electoral del PP, incapaz de doblar en Andalucía el resultado de las elecciones generales, con el Foro Asturias Ciudadano (FAC) por delante en Asturias, y en pleno retroceso en Galicia, aunque el resultado político lo escondiera. El PP estaba ya situado en el umbral de la marginalidad en el País Vasco y Cataluña, donde la progresión de Alicia Sánchez-Camacho resultó muy escasa y Ciutadans les había ganado el espacio unionista de éxito, mientras que los menos de ciento treinta mil votos de Basagoiti en el País Vasco eran, como poco, para reflexionar.

Como cuarta observación, debe considerarse la evolución insuficiente de IU/ICV. Todos los valores de ese año conducían hacia el 7% del censo electoral, salvo en el País Vasco. Lo de Galicia lo explicaba Anova, el nuevo partido de Xosé Manuel Beiras, que era el socio de IU en AGE mientras que lo demás era muy limitado. En Cataluña, Andalucía o Asturias las posiciones de los comunistas resultaron escasas o muy alejadas de las conquistadas en otros tiempos.

Una quinta observación se refiere a la irrelevancia de UPyD en las comunidades autónomas donde concurren candidaturas nacionalistas. Sólo defendió cierto espacio en Asturias, porque su propuesta resultó también insuficiente en Andalucía. El aprendizaje es que la España uninacional no se puede desdoblar en las comunidades autónomas plurinacionales. Esto es, el PP y UPyD son distintos en Madrid o en Alicante pero son lo mismo en Barcelona o en Bilbao. Y Ciutadans, sin embargo, emerge en Cataluña porque dice lo mismo pero es catalán. Una observación final se refiere a los nuevos fenómenos electorales de AGE y la CUP, que nacieron en el espacio ciudadano de ruptura y progresaron espectacularmente durante las campañas electorales. El caso de AGE nos confirmó que el espacio se ocupa con un liderazgo fuerte como el de Xosé Manuel Beiras pero sobre todo que cualquier alternativa nueva podía progresar en las campañas actuales hasta límites aún desconocidos. Así había sucedido en la Comunidad Valenciana con Compromís en mayo de 2011, consiguiendo sus resultados en la segunda semana de aquella campaña, y AGE nos confirmó un año más tarde que esto ya sería así. El caso de la CUP en Barcelona redondeó la teoría del espacio ciudadano de ruptura: no hacía falta un líder preexistente para ocupar el espacio, ni nomenclaturas ni historias, porque quien propongan los ciudadanos será el idóneo aunque nadie le conozca ahora. Luego veríamos que esto es bastante aproximado pero no exacto, porque sin una campaña en los medios convencionales o sin réplicas forzadas por contenidos de éxito en YouTube no habría notoriedad suficiente y, sin esta, no se podría competir. La notoriedad para el candidato y la oferta electoral es como la gasolina para el coche.