Kitabı oku: «El feudo, la comarca y la feria»

Presentación

De pibes la llamamos la vedera

y a ella le gustó que la quisiéramos.

En su lomo sufrido dibujamos

tantas rayuelas.

Julio Cortázar. (1995).

Veredas de Buenos Aires y otros poemas ¹

¿Por qué surgen tantas dificultades y conflictos con respecto al uso del espacio en Lima? En nuestra universidad, los alumnos obstruyen pasillos y se apropian de las escaleras al sentarse en ellas cual parque público. En el distrito de La Molina, privatizan vías con tranqueras y levantan un cerco en el límite con otro distrito (más pobre). En complejos residenciales, los habitantes destruyen la armonía arquitectónica añadiendo pisos en los aires, cercando el estacionamiento público, abriendo negocios en zonas de viviendas y en áreas comunes. Los vecinos de todos los sectores sociales están enrejando el acceso a vías públicas y apropiándose de parques, sin autorización de las instancias correspondientes. Sin olvidar la usurpación de la calle por el ambulante, de las playas por el NSE A, de las avenidas y autopistas por el transporte para recoger pasajeros en cualquier sitio, de los parques públicos por autoridades municipales que los cercan, cobran entrada y limitan exageradamente los usos permitidos… Todas son formas de imponer y excluir, en vez de compartir y convivir con la diversidad y hacer del espacio público uno de los lugares privilegiados para ejercer la ciudadanía, las diferencias y, también, el anonimato. Son maneras de actuar que privilegian lo privado: el beneficio, el deseo y la necesidad individual sobre los derechos de los demás.

En Lima, somos parte de un proceso preocupante que está ocurriendo en las llamadas ciudades posmodernas: una constante disminución en la disponibilidad y en el uso del espacio público². La creciente privatización o privatismo en las ciudades globalizadas es un tema común y recurrente en los estudios urbanos contemporáneos (Gottdiener, Hutchison y Ryan, 2015). A partir de los años ochenta, los designios de las grandes ciudades han pasado a ser crecientemente influenciados o determinados por decisiones e intereses particulares, entre los cuales tienen especial peso las empresas inmobiliarias y de construcción. Esta actuación se concreta claramente en el tratamiento del espacio urbano, cuyo nivel de privatización varía de sociedad en sociedad; se observan, por ejemplo, notables diferencias entre los países desarrollados, donde la privatización es más común en las ciudades estadounidenses que en las ciudades europeas, especialmente las escandinavas (Logan y Molotch, 2007).

Aunque no hay acuerdos inequívocos sobre lo que implica la privatización, es posible definirla como un conjunto de procesos y acciones que privilegia la iniciativa privada o particular como principal determinante de las políticas y decisiones urbanas. El desarrollo de la ciudad resulta, entonces, del agregado de iniciativas particulares que, normalmente, tienen al mercado como mecanismo esencial para la toma de decisiones. Otras esferas de toma de decisiones –como las gubernamentales, comunales o personales– pasan a un segundo lugar o son consideradas subyacentes a los intereses particulares. Según Logan y Molotch (2007), en el nuevo urbanismo se favorece el valor de cambio sobre el valor de uso, a pesar de que este último resulta esencial para entender las disposiciones de la mayoría de los habitantes de una urbe, especialmente en la creación de lugares. El concepto de «lugar» es utilizado por las ciencias sociales para definir un espacio que ha sido dotado de significados personales, y normalmente se expresa en el grado de apego, place attachment en inglés (Smaldone, Harris y Sanyal, 2008). Es evidente que este apego no puede reducirse a un valor monetario (precio), sino que va ligado a opciones de vida y de interacción social.

Como se señaló anteriormente, una de las manifestaciones más preocupantes de la privatización es la disminución del espacio público, sea este medido en términos de área o en el deterioro que sufre en al menos una de las tres funciones que debería cumplir: su libre acceso, transparencia y multifuncionalidad. Como bien indica Borja (2003), la crisis de la ciudad posmoderna se expresa con más fuerza en lo compartido:

En los espacios públicos se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en gran medida la ciudadanía. Su polivalencia, su centralidad, su calidad generan ciertamente usos diversos que entran en conflicto (de tiempo y espacios, de respeto o no del mobiliario público, de pautas culturales distintas, etc.), pero también pueden ser una escuela de civismo. (p. 210)

Al constituirse en las principales áreas de encuentro y desencuentro de múltiples usuarios con diversos intereses, expectativas y demandas, los espacios públicos son los lugares de contestación por excelencia; siempre están signados por la disputa y la negociación: en sociedades democráticas, refieren directamente a la calidad de la ciudadanía y de las instituciones.

La ciudad de Lima no ha sido ajena a la privatización, especialmente a partir de la apertura económica que comenzó en la década de los noventa y su aceleración en el nuevo milenio, producto del crecimiento sostenido de los últimos trece años (Vega Centeno, 2006; Ledgard y Solano, 2011; Ludeña, 2011; Gonzales de Olarte, Solar y Del Pozo, 2011). La gran diferencia con otras ciudades globales –como se verá en detalle más adelante– es que la tendencia a privatizar, y la subsecuente reducción de espacios públicos, se ve exacerbada por dificultades en el cumplimiento de las normas. La falta de respeto al espacio público –como lugar de todos y territorio en el cual se ejerce el derecho constitucional a la libertad de tránsito– es una expresión socioespacial de lo que en los últimos años ha sido identificado como «anormalidad normativa» (Durand, 2013), «cultura de transgresión» (Portocarrero, 2004), «desapego a la ley» (Vargas Llosa, 2012) o «poca legitimidad y efectividad de la norma» (Díaz-Albertini, 2010). Todos estos conceptos apuntan hacia la anomia, clásico concepto sociológico que describe «un estado de desorientación y desesperación provocado por los procesos de cambio del mundo contemporáneo que hacen que las normas sociales pierdan influencia sobre el comportamiento individual» (Giddens, 2002, p. 854). Si a ello se añade la debilidad del Estado, medida por su poca interrelación con los ciudadanos; su tolerancia hacia lo informal o delictivo; su poca capacidad de sanción; y los altos niveles de corrupción de sus funcionarios y autoridades; se llega hasta apropiaciones ilícitas de espacios sin que haya intentos serios y sostenidos de hacer cumplir la ley.

Se produce así una particularidad poco común en ciudades globales desarrolladas y que es uno de los temas centrales de este libro: la apropiación ilegal de las veredas, las calles y los parques de la ciudad por acción de los residentes, sin resguardo de las normas y con la complicidad o tolerancia de las autoridades. Por ejemplo, en países desarrollados ha aumentado la creación y oferta de «comunidades enrejadas» (gated communities), pero ello ocurre bajo el amparo de una normativa que las regula y controla, comúnmente sancionada por la zonificación y que toma la forma de propiedad en común (como los condominios)³. En cambio, son pocas las comunidades cerradas formales –es decir, legales– que existen en Lima, en particular si se tiene en cuenta los condominios de tipo horizontal compuestos de viviendas unifamiliares (Plöger, 2007). Abundan, por el contrario, las vías públicas obstruidas por rejas, tranqueras u otros impedimentos que buscan controlar el acceso y uso del espacio público, y discriminar el acceso de las personas ajenas a la urbanización. La gran mayoría de estas acciones se realizan al margen de la ley y de las regulaciones establecidas al respecto⁴. Como resultado, se nota un retraimiento de la población hacia los ámbitos privados o cuasipúblicos, a la preponderancia de las tecnologías de la virtualidad en la comunicación y recreación de los pobladores, y a la pérdida de las comunidades de dimensiones físicas. Al reducirse los espacios de encuentro entre los dispares y disímiles, tiende a aumentar la segregación y a exacerbar la desigualdad.

Sin embargo, en contraposición a la privatización y como fenómeno en paralelo, se está incrementando el interés por el espacio público. Esto se debe a varios factores que Akkar (2005, 2007) sintetiza como los siguientes:

• Una creciente nostalgia por el espacio público tradicional, que incluye la crítica al urbanismo modernista y la necesidad de recuperar los lugares de encuentro y diálogo en la ciudad. En muchos casos, este clamor no es más que una idealización del papel que cumplía el espacio público en el pasado. Asimismo, hay un sentimiento de que la democracia de base se está perdiendo, que existe la necesidad de recuperar el control de nuestra cotidianidad y que los mejores lugares para expresar esto son las veredas, calles y parques que transitamos. Aunque a veces este afán se traduce en propuestas que segregan, ya que buscan recuperar la ciudad y hacerla «habitable» para una élite.

• Más interés en actividades callejeras. Francis (1991) fue uno de los primeros en observar la preocupación de los sectores de mayores ingresos por recuperar la calle como espacio público, muchos de los cuales regresaban a la ciudad después del fallido éxodo hacia los suburbios. De ahí que surgieran movimientos para asegurar y crear: (a) calles peatonales como elementos revitalizadores de los centros históricos, especialmente de las actividades comerciales (tiendas, cafés, restaurantes); (b) calles «habitables» (livable streets), que defienden la importancia de la vía en el entorno y ambiente que genera, esenciales para una vida social saludable en las ciudades; y (c) calles privadas, cerradas y privatizadas, que dan origen a enclaves sociales homogéneos. Al igual que en el punto anterior, detrás de muchas de estas propuestas de recuperación se distingue un trasfondo elitista o intereses comerciales.

• Mayor preocupación por estar en forma y practicar deportes. Las calles y los parques de la ciudad se van convirtiendo en centros para ejercitarse, ya sea al caminar, correr o hacer ciclismo, gimnasia, taichí, patinaje, skate, entre otros. En el caso de Lima, por ejemplo, los vecinos del distrito de San Borja en 2008 reaccionaron inmediatamente en contra de la venta de una sección del enorme terreno del Cuartel General del Ejército del Perú –popularmente conocido como el Pentagonito– a particulares para proyectos de vivienda. Cualquier visita rápida a los alrededores del cuartel pone en evidencia por qué los vecinos se resistieron: hay vías para paseantes y corredores, ciclovías, parques con juegos y zonas de recreación con actividades programadas por la municipalidad. El aumento de la densidad habitacional, junto con la mayor cantidad de estacionamientos y automóviles, destruiría una parte significativa de estas condiciones. Un reciente reportaje del diario El Comercio examina cómo la ciudad se está volviendo un espacio para ejercitarse y señala como sustento que «[en] 2010, 250 mil personas se ejercitaban al año en el circuito deportivo del Pentagonito. Hoy, la cifra alcanza las 840 mil» (Soto Fernández, 2015).

• El impulso a recuperar áreas para los turistas, ya sea aprovechando el paisaje natural o mediante un proceso conocido como «musealización» de partes de la ciudad. Las llamadas «burbujas turísticas» buscan garantizar un espacio seguro, pero que a la vez refleje lo «típico»; en ellas se combina museo con el patrimonio monumental, arquitectura con «historia» renovada o recreada, artesanía y restaurantes. Se puede apreciar este impulso, por ejemplo, en el mero centro de Lima y la recuperación de las cuadras próximas a la Plaza de Armas, lo que incluye una oferta culinaria dirigida a los turistas en algunos de sus pasajes.

Habría que añadir a estas tendencias un argumento más: el apego a lo local y cercano, al espacio que habitamos y transitamos, no se destruye por la globalización, sino que, por el contario, se ve fortalecido en todos los estratos sociales. En el caso de las élites, el espacio citadino sigue siendo importante porque –al decir de Castells (2001)– es lo que ofrece las mayores posibilidades para el realce personal, para mostrar el consumo conspicuo y la posición social, para mandar a los hijos a la escuela apropiada, visitar el museo, el desfile de modas, entre otros. Mientras que para los demás, el barrio, el parque y la plaza se mantienen como los espacios asequibles en un mundo que se les está escapando de las manos gracias a las fuerzas globales que ahora controlan y dominan sus destinos.

Como consecuencia, coexisten dos procesos en pugna en Lima, así como en otras ciudades del mundo posmoderno:

• Un primer proceso que impulsa el debilitamiento o abandono del espacio público y tiende a acercarnos a una ciudad más privatizada, fragmentada y excluyente. Está constituido por fuerzas que contribuyen a la paulatina desaparición de los pocos lugares de encuentro entre los diferentes. Se puede sintetizar estas fuerzas en tres: (a) el temor al otro y la inseguridad, expresados en la «agorafobia»; (b) la motorización de las ciudades, que atenta contra la construcción de lugares vecinales y locales; y (c) el dominio y la preferencia por lo «privado» en las ideas hegemónicas de la actualidad (el liberalismo).

• Un segundo proceso que, por el contrario, se caracteriza por la conquista y apropiación del espacio por parte de diversos grupos de habitantes de la ciudad, en el intento de construir lugares, sean de recreación, actividad física, área verde, entre otros. Este segundo proceso es difuso, no obstante, y aún no constituye un sentimiento arraigado y de clara evolución.

La modernidad postergada

La presente investigación guarda relación con un tema que he trabajado en la Universidad de Lima desde hace más de una década: el tránsito incompleto hacia la modernidad (y posmodernidad) de la sociedad peruana. En estudios anteriores, he examinado los cambios en la cultura de trabajo de los jóvenes limeños; en la relativa importancia de los méritos y los contactos personales en el mercado de trabajo; y, finalmente, en los aspectos que contribuyen a la relativización de la norma y la informalidad en la sociedad limeña (Díaz-Albertini, 2000, 2004, 2010). En las tres investigaciones he hallado dificultades y resistencias estructurales que entorpecen la asunción de procesos y conductas características de la modernidad: el respeto a los derechos ciudadanos, el reconocimiento del otro como igual, la identidad y práctica ciudadana, la construcción de instituciones sólidas, la generación de reglas de juego que faciliten la convivencia, entre otros. En su lugar, se evidencia el reino de lo personal, de la excepción, del refugio en lo particular y la contextualización del respeto a las reglas de convivencia. Creo que estos mismos procesos pueden ayudar a explicar algunas de las manifestaciones espaciales y territoriales de la ciudad de Lima. Es decir, se parte de la hipótesis de que los mismos procesos que dificultan nuestro tránsito pleno a la modernidad, como sociedad, son «espacializados» vía la acción personal y colectiva sobre los espacios públicos⁵.

Dada la importancia del espacio público en la construcción de una ciudad integrada y de una ciudadanía capaz de convivir con los demás (especialmente con los «diferentes»), este resulta ser uno de los principales territorios sobre los cuales se lleva a cabo la inclusión. De ahí que seleccionara al espacio público, con los siguientes objetivos: (a) conocer los efectos que ha tenido la reducción de espacios públicos en la percepción y acciones de diferentes sectores socioeconómicos de la ciudad de Lima; y (b) identificar y priorizar los factores que conducen a temer el espacio público (agorafobia) como lugar de encuentro con los «otros».

Para lograr los objetivos planteados, se diseñó una metodología en gradación –de lo general a lo específico– que permita acceder a las opiniones y vivencias de los actores sociales desde múltiples miradas, de modo que se enriquezca la información para el análisis:

• En primer lugar, para poder apreciar percepciones y opiniones generales sobre el espacio público, realizamos una encuesta a una muestra representativa de los habitantes de la ciudad. El cuestionario priorizaba las percepciones de inseguridad, los usos del espacio público y la identidad territorial.

• En segundo lugar, llevamos a acabo observaciones semiestructuradas a un grupo seleccionado de cincuenta y seis espacios públicos, cuasipúblicos y privados emblemáticos de la denominada ciudad formal.

• En tercer lugar, con la información de la encuesta y las observaciones, condujimos seis grupos focales con mujeres del NSE A, jóvenes de los NSE A/B, skaters y deportistas, con la finalidad de profundizar en las percepciones y opiniones sobre aspectos centrales en la relación con el espacio público y la identidad territorial.

• En cuarto lugar, entrevistamos a los encargados municipales de la gestión del espacio público en siete distritos de la Lima moderna o ZAR (zona de alta renta) y a los funcionarios del Servicio de Parques de Lima (SERPAR) de la Municipalidad Metropolitana para descubrir las visiones, proyectos y preocupaciones que manejaban al respecto. En las entrevistas se quiso conocer, además, qué opiniones tenían los funcionarios sobre el uso que hacían los vecinos de sus distritos de los espacios públicos.

A pesar de que la intención original de esta investigación era indagar sobre el espacio público desde los múltiples actores sociales de la ciudad, decidí limitar la pesquisa –especialmente a partir de las observaciones, grupos focales y entrevistas– a los sectores socioeconómicos A y B residentes de los distritos de la zona que IPSOS denomina la «Lima moderna»⁶. Tomé esta decisión porque resultó evidente que los espacios públicos con clara vocación metropolitana se encuentran en los distritos de residentes de los sectores medios y altos. Es decir, es mucho más probable y común que los residentes populares de la ciudad utilicen los espacios públicos de los distritos de los niveles medios y altos que viceversa. Asimismo, distritos residenciales como San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco también tienen ejes viales esenciales para toda la ciudad, lo cual implica que buena parte del transporte público transita por sus calles y avenidas, por lo que son más asequibles y céntricos que los distritos de los conos limeños.

Las tres privatizaciones

Como resultado de estas indagaciones, he podido constatar que la privatización asume tres formas principales, según el origen de la iniciativa, y las he denominado como el feudo, la comarca y la feria, en clara referencia a tres grandes instituciones del Medioevo (Díaz-Albertini, 2012).

• El feudo tiene al Estado como principal impulsor y surge cuando este actúa como si el espacio público fuera su «propiedad privada» (Formiga, 2007), en vez de ser definido de mutuo acuerdo con los habitantes-ciudadanos. Al enrejar, limitar funciones, cobrar entrada, concesionar y hasta «vender o alquilar» veredas, calles y parques, el Estado está priorizando factores como la eficiencia (por ejemplo, mantener los parques limpios) sobre otras consideraciones que son importantes y contribuyen a cuán habitable es una ciudad. En el caso particular de Lima, la autoridad municipal avasalla el espacio público, determinando sus formas y funciones sin mayor consulta ciudadana y en desmedro de los derechos de los vecinos y ciudadanos. Este proceso afecta negativamente a las tres características esenciales del espacio público: el libre acceso, al cobrar admisión y otras modalidades; la transparencia para decidir la estructuración y usos, pues no se hace una consulta ciudadana; y la multifuncionalidad, al restringir los usos en demasía. Pone en evidencia lo que algunos arquitectos llaman la «feudalización» de las ciudades por algunas autoridades, porque afecta «el derecho de la ciudad de hacer vida en común y recreativa en los parques públicos» (Hernández, 2009, p. 32). Las principales manifestaciones se concretan en parques restringidos en términos de acceso (enrejados) o en sus funciones (solo ornamentales); otros en los cuales se cobra la entrada; en lugares públicos en consorcio con el sector privado, etc. (Ledgard y Solano, 2011).

• En la comarca, la privatización nace del usuario mismo, como resultado combinado de su mayor sentido de individualismo, el temor a la inseguridad y el deseo de distinguirse socioeconómicamente. Estos factores llevan a la subsecuente búsqueda de sistemas formales e informales residenciales y comerciales que controlen el acceso, lo que disminuye los espacios por los cuales puede transitar el resto de la ciudadanía, sean vías o parques (Giglia, 2008; Low, 2008). La comunidad local se apropia del espacio público –normalmente parques y calles– excluyendo a los distintos. Impone sobre la ciudad un tramado fragmentado y desarticulado, a la vez que genera un sentimiento de exclusión (Vega Centeno, 2006). El dominio de lo público pasa del encargo estatal a la organización o asociación de vecinos, que determina el uso en desmedro del derecho al libre tránsito. Esto es menos evidente en las comunidades cerradas verticales, situación cada vez más común en la ciudad, o en las pocas comunidades cerradas horizontales formales (como El Haras, en el distrito de La Molina). Pero sí se manifiesta con creciente presencia en las miles de calles públicas enrejadas por sus vecinos, casi todas sin la autorización respectiva de sus municipalidades. Como se señaló anteriormente, es una forma de privatización informal, es decir, ilegal. Sin embargo, al ser tolerada por las autoridades, se transforma en un cotidiano y flagrante cuestionamiento y disminución de la ciudadanía en la urbe.

• En la feria, el sector privado genera espacios cuasipúblicos cerrados y autocontenidos que crean la ilusión de ser una alameda – que es el significado de mall en inglés– festiva, con la intención básica de retener al usuario e incentivarlo a consumir más. Más allá de apelar al anhelo consumista que caracteriza a la sociedad posmoderna (Bauman, 2004), esta exitosa estrategia también se fundamenta, primero, en que concentra al comercio en una ciudad extensa y descentralizada, y, segundo, en el creciente temor y la inseguridad. En la encuesta, por ejemplo, el 83,5 % de las limeñas y los limeños respondieron estar totalmente de acuerdo (15,5 %) y de acuerdo (68,0 %) con la oración «Prefiero pasear en un centro comercial que en las calles». Otros estudios muestran que ellos se sienten menos inseguros en el centro comercial que en sus propias casas (Díaz-Albertini, 2012). De ahí que algunos analistas definan a los centros comerciales como espacios «cuasipúblicos» (Borja, 2000; Francis, 1991; Akkar, 2005, 2007), principalmente por el libre acceso y porque no obliga a consumir –aunque sí lo alienta– como requisito para beneficiarse de su infraestructura. La apropiación de los centros comerciales por diversos grupos sociales, no obstante, va cuestionando y replanteando los fines mismos de estos espacios. Un ejemplo en este sentido –que se desarrollará en este libro– es el uso que los adolescentes y jóvenes le dan al mall, especialmente a las áreas recreativas y de comida (Pérez, Salcedo, y Cáceres, 2012). Inclusive, los grupos focales con jóvenes señalaron que en los centros comerciales gozaban de mayor libertad que en los parques de los distritos residenciales, ya que en estos últimos era común que los serenos los interrogaran o intervinieran porque los vecinos llamaban a denunciar que había jóvenes «sospechosos» haciendo bulla.

Es evidente que hay otras formas de privatización que resultan de la acción empresarial en la ciudad global, algunas de las cuales ya se han mencionado. En términos residenciales, aumenta la oferta de condominios cerrados, sean verticales u horizontales. En términos corporativos, se incrementan las edge cities en los suburbios. En los centros de las ciudades, la empresa privada también crea espacios abiertos (plazas, paseos, galerías, jardines), y «hoy en día la oferta de dichos espacios por el sector privado representa un cambio fundamental en la creación y el consumo del espacio público en el centro de la ciudad» (Loukaitou-Sideris y Banerjee, 1998, pp. 86-87)⁷.

En sus diferentes manifestaciones, la apropiación privada de los espacios públicos de la ciudad de Lima es una muestra de lo que Gonzalo Portocarrero denomina la «falta de ciudadanía». Y explica que esto es así porque «una sociedad es ciudadana si está compuesta de gente que prefiere poner la ley por encima de sus conveniencias particulares» (Portocarrero, 2015). Al quedar relegadas las leyes, quien tiene mayor fuerza impone sus condiciones sobre el resto de los ciudadanos, lo que genera una ciudad fragmentada.

El camino por recorrer

En el capítulo 1, se examina brevemente el concepto de espacio público, especialmente sus principales características y las tendencias actuales en las ciudades globales. Una vez establecida la definición, se analizan algunas de las principales amenazas que enfrenta. En primer lugar, el incremento de la delincuencia y la creciente sensación de inseguridad ciudadana. En segundo lugar, el dominio del parque automotor sobre las vías y veredas, lo cual aumenta los riesgos sobre los peatones y ciclistas, e inhibe una mayor presencia de ellos en las calles y veredas de la ciudad. En tercer lugar, la hegemonía del paradigma liberal y su cuestionamiento de lo público como mecanismo eficiente de gestión de la ciudad, que se traduce en asumir que las fuerzas del mercado son las más apropiadas para asignar los usos de los espacios urbanos. Para finalizar, indago sobre la relación entre el territorio y la identidad social en el pasado y el presente. Intento, principalmente, discutir sobre el efecto de la globalización en nuestra relación con el territorio.

Sobre la base de estas observaciones y los datos recolectados –siguiendo la metodología que detallo al final del libro–, construyo la imagen de una ciudad que se privatiza, pero bajo la condición de la sub-institucionalidad⁸. Con ello, me refiero a una situación en la cual las normas formales y las instituciones encargadas de formularlas y hacerlas cumplir tienen baja legitimidad. Ello conduce a la relativización de las reglas y a comportamientos particularistas, que reducen la efectividad de los marcos normativos. En términos referenciales e ilustrativos, en los tres capítulos que siguen describo y analizo las tres principales formas de privatización bajo el signo de la informalidad, cada una en un capítulo separado.

Con el feudo, en el capítulo 2, me refiero al patrimonialismo –la apropiación privada de lo público– que ejercen algunos alcaldes sobre el espacio público, muchas veces en complicidad con grupos de vecinos o empresas. En términos espaciales, incluye la reestructuración inconsulta de parques y plazas, la restricción de usos y acceso, el cobro de admisión, la rebaja de la condición ciudadana por la de usuario, por inversiones de dudosa necesidad y estética, entre otros. La autoridad municipal «feudal» saca provecho de las reglas de juego de un sistema político de baja legitimidad, en el cual se busca el apoyo de los vecinos vía prácticas populistas y clientelistas. Esto se logra ejecutando obras, casi siempre de carácter efectista y, desafortunadamente, como solución cortoplacista. En este proceso, la ciudad termina perdiendo ante la ausencia de visiones de mediano a largo plazo, a la vez que no se cultiva la participación ciudadana.

En el capítulo 3, se ve cómo, en la comarca, los vecinos se apropian del espacio público como si fuera propio y restringen el acceso y uso de los demás ciudadanos. La creciente delincuencia e inseguridad es esgrimida como principal razón detrás del enrejado de calles y urbanizaciones. Pero ello se realiza sin autorización gubernamental, por lo que constituye una violación de facto del derecho al libre tránsito, y debilita más aún la institucionalidad democrática en la ciudad. Mis pesquisas, no obstante, confirman lo analizado por otros autores: la inseguridad puede ser una razón para enrejar, pero de igual o mayor importancia es el afán de excluir.

En la ciudad posmoderna surgen espacios públicos alternativos a los tradicionales, y este es el tema del capítulo 4. Entre estos espacios el shopping mall es el más importante⁹. El mall cumple varias funciones importantes en ciudades como Lima –de gran extensión y multicéntrica– al concentrar el comercio de bienes y servicios en una zona. Su carácter festivo y lúdico lleva a asociarlo con las ferias regionales de los últimos dos siglos del feudalismo. Sin embargo, es evidente que su principal razón de ser es el consumo y que restringe las posibilidades de expresión ciudadana por ser propiedad privada. De ahí que expertos lo cataloguen como espacio «cuasipúblico». La enorme popularidad de estos centros y el éxodo hacia ellos desde la calle y el parque, debido a la inseguridad –real y percibida–, preocupa porque no es un proceso muy propicio para el fortalecimiento de la ciudadanía. En este capítulo, se analizan esta y otras cuestiones, y se indaga sobre el uso de estos espacios por los adolescentes y jóvenes que nacieron cuando los malls ya eran hechos concretos y cotidianos.

En el epílogo, intento rescatar las principales ideas y preocupaciones examinadas, casi todas ellas relacionadas con el peligro de una creciente privatización acompañada de informalidad. Como se verá, no es ningún consuelo que en varias partes del mundo existan procesos de privatización, especialmente cuando nos comparamos con países desarrollados. Estos últimos tienen sociedades que consolidaron sus instituciones democráticas durante la modernidad y ahora estas son el soporte que permite conjugar la convivencia con los procesos de hiperindividualización que caracterizan a la posmodernidad. Nuestra realidad, en cambio, es muy distinta porque estamos ante procesos de gran individuación, pero en ausencia de instituciones sólidas. El liberalismo económico no ayuda en este sentido, pues convierte en un fetiche el mercado y el crecimiento, restando importancia a los otros procesos que hacen posible una ciudad justa: democracia, equidad, diversidad y sostenibilidad (Fainstein, 2005).

Los aspectos metodológicos de la investigación se abordan en la coda metodológica, en la cual se desarrolla cómo se recolectó la información que sustenta las interpretaciones presentadas en los capítulos previos. He ubicado este capítulo al final para no interrumpir el análisis sobre los espacios públicos de la ciudad. Asimismo, su tratamiento por separado permite tocar algunos hallazgos importantes que resultaron marginales al énfasis interpretativo. No tiene el carácter analítico de los capítulos anteriores, sino que más bien cumple una tarea afín a un inventario de procesos y resultados. Es decir, relata la aventura de la investigación y la indagación. Me permite, entonces, compartir mis impresiones de un proceso metodológico que me facultó para armar la información como piezas de un rompecabezas. Así ofrezco un panorama general de qué opinan los habitantes de la ciudad sobre los espacios urbanos y sus usos. Primero, examino cómo los limeños se apropian y usan sus espacios públicos, cuán seguros se sienten en ellos, qué opinan de sus vecinos y barrios, y qué prácticas aprueban o desaprueban. Para ello, fundamentalmente, cuento con los datos de la encuesta realizada y comparo esta información con otros estudios y encuestas de los últimos años. Segundo, narro cómo organizamos –con los alumnos y alumnas– las visitas a diferentes espacios públicos y cuasipúblicos de la ciudad, y muestro algunas de las principales observaciones sistematizadas. Tercero, presento una breve síntesis de los grupos focales efectuados, información que resultó esencial para recrear los imaginarios de los niveles socioeconómicos (NSE) A/B. Para terminar, analizo las entrevistas a los funcionarios municipales, prestando especial atención al lugar que ocupan los espacios públicos en las políticas y gestiones ediles.

Durante el desarrollo de la investigación, tuve la oportunidad de publicar artículos y preparar ponencias con los avances de diferentes etapas de este estudio. En el presente libro, incluyo algunos de estos textos, que han sido parcialmente modificados para encajar mejor dentro de la lógica y organización antes descrita.

Como todo esfuerzo intelectual, la investigación que condujo a este libro fue posible gracias al apoyo de muchas personas. Debo agradecer, en primer lugar, al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima por el apoyo financiero, el respaldo anímico y la paciencia. A mis colegas –muchos de ellos también mis amigos–, gracias por compartir sus impresiones y sugerencias respecto a la investigación; especialmente a quienes me acompañaron en los cursos de Sociales y de Problemática Nacional que fueron pacientes y generosos con sus ideas. Agradezco especialmente a los alumnos y alumnas de la Escuela Universitaria de Humanidades, que me apoyaron con las observaciones in situ. A mi compadre –antropólogo y sociólogo Iván Mendoza–, por enviarme con regularidad artículos académicos sobre los espacios públicos y ser un atento escucha y comentador de los avances del estudio. Finalmente, el apoyo del «frente interno», de mi familia, siempre crucial por ser el soporte cotidiano de mis actividades, por inspirar y por acompañarme dentro y fuera de los espacios públicos. Raquel, Kai y Miguel son una parte esencial de este libro. Fue justo pensando en las familias –particularmente en los hijos y las hijas– que me inspiré para realizarlo. Los padres y las madres que vivimos en Lima nos preocupamos, con toda razón, por nuestros hijos cuando deambulan por las veredas, calles y parques de la ciudad. Con frecuencia nos sentimos tentados a pedirles que se queden en casa por los riesgos percibidos, pero también somos conscientes de que para crecer sanamente deben «tener calle» y que la mejor manera de hacer frente a los riesgos es prepararlos para ello. Sin embargo, también es necesario que los ciudadanos nos apropiemos de estos espacios porque nos pertenecen y luchemos para que se conviertan en lugares acogedores de la diversidad.

Javier Díaz-Albertini

Capítulo 1.
El espacio público: entre la privatización y la reivindicación

La barricade ferme la rue mais ouvre la voie.

[La barricada cierra la calle, pero abre el camino.]

Grafiti, París, mayo de 1968

1.1 El espacio como sentido e identidad

A pesar de la importancia del espacio en el desarrollo de la vida social, mucha de la teoría e investigación sociológica ha tendido a tratarlo como algo dado, preexistente o, en todo caso, como un escenario dentro del cual los actores ejercen sus papeles sociales. Desde esta visión, lo importante no es el escenario, que es visto como un sitio vacío, sino lo que ocurre entre los actores, el montaje, la decoración, el vestuario y maquillaje. La acción humana –en este caso, al montar una obra teatral– ocupa el espacio pre-establecido y lo adorna, como tomándolo prestado, por el tiempo que duran las funciones. Luego hay que desmontar la obra para armar un nuevo espectáculo y un renovado proceso de «vestir» o «llenar» el espacio. En esta perspectiva, las personas y las cosas son plenamente reconocidas como creaciones humanas, mientras que se considera que el espacio de la acción ha estado siempre presente. Son visiones parecidas a las interpretaciones sobre el espacio propuestas por la mecánica clásica o newtoniana, en las cuales –en conjunto con el tiempo– el espacio tenía un valor absoluto: todo minuto y metro era similar y exacto, en todo momento y lugar¹.

Como bien indica Castells (2001), el espacio social –para diferenciarlo de las ciencias físicas– no es un mero reflejo de la sociedad, sino más bien su expresión misma. Es así porque es el soporte material de las prácticas sociales: una parte inseparable de la acción humana. Para Giddens (1986), toda acción ocurre en un marco temporal y espacial, y este anclaje es lo que remite a su existencia. En otras palabras, la estructura solo cobra existencia en la acción humana misma, que necesariamente ocurre en un marco temporal y espacial. En el ejemplo anterior del teatro, el escenario no es un espacio vacío que debe ser llenado; por el contrario, su misma presencia indica que tiene nombre y existencia, porque es parte del soporte y sentido de la actividad que se realiza. El escenario ha sido rediseñado y recreado incesantemente en la historia humana. No fue, significó y expresó lo mismo en la Inglaterra isabelina que en nuestros días, cuando compite con el cine, la televisión y el YouTube. Las vivencias actuales en el teatro quizás guarden algunas coincidencias con las del pasado, pero el conjunto de esta actividad y su mismo soporte (espacio) han variado radicalmente. Se encuentra, entonces, que, por una parte, el espacio impone ciertas condiciones físicas a la conducta humana (topografía, clima, área), pero, al mismo tiempo, la acción humana es capaz de transformarlo, asimilarlo, redefinirlo al darle variados significados, formas, contenidos, segregaciones y relaciones².

Al observar el espacio, se intenta entender al grupo social específico que lo activa. Esto abre las puertas a la comprensión de las relaciones sociales, porque es una indicación de cómo organizamos nuestras interacciones, de cómo se plasman las jerarquías existentes y los desplazamientos que todo esto motiva en nuestro diario vivir. Un ejemplo conciso es la simple constatación de la ubicación de los distritos residenciales de ingresos medianos a altos en Lima (véase el plano 1). Estos distritos tienden a ser contiguos y siguen, en líneas generales, cierta proximidad a la avenida Javier Prado, desde La Molina hasta Magdalena y San Miguel. De acuerdo con los cálculos de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) (2014), el 72,9 % de los limeños del nivel socioeconómico A –el más alto– vive en los distritos destacados (sin considerar Barranco ni Surquillo).

Plano 1

Zonas residenciales A y B de Lima (destacadas en amarillo)

Este limitado espacio es Lima para la mayoría de los integrantes del NSE A, a pesar de que solo alberga al 15 % de la población y ocupa una parte reducida del área de la ciudad. Es denominada como moderna por la empresa IPSOS para sus estudios de mercado-opinión y corresponde a lo que Pereyra (2006) llama ZAR (zona de alta renta) en su investigación sobre la segregación en la ciudad. Tiende a ocupar una parte esencial del área agrícola de antaño y, gracias a la infraestructura de riego, sigue ahora verde, elemento claro de diferenciación en una ciudad ubicada en pleno desierto. Los sectores de menores ingresos habitan los cerros rocosos pelados y los arenales. Lo destacado en amarillo también es el espacio con mayor integración a lo moderno y posmoderno, a la vez que comulga diariamente con una globalización consumidora.

El espacio tiende a coincidir con –y exacerbar– las diferencias socioeconómicas y de clase. Un caso lo ilustra con claridad. Hace unos años evalué un proyecto que intentaba erradicar o disminuir el trabajo adolescente en el empleo doméstico y tuve la oportunidad de realizar una dinámica grupal con un grupo de veinte púberes y adolescentes que participaban en él. Una de sus principales líneas de acción era la creación de un «lugar de encuentro» para las chicas trabajadoras, en el cual hallaban la posibilidad de compartir, capacitarse y protegerse mutuamente. El encuentro ocurría todos los domingos en los salones de una parroquia ubicada en un asentamiento humano de Chorrillos, a donde acudían las jóvenes para tomar cursos de capacitación, conversar entre ellas, divertirse, sostenerse, entre otros. Como parte de la evaluación del proyecto, les pregunté qué actividades del «lugar» les habían producido mayor satisfacción. Casi todas mencionaron que fue cuando el proyecto las invitó al cine. Al principio no entendía cómo podían apreciar tanto una actividad que me parecía prácticamente rutinaria en la vida de cualquier metrópoli. Cuando insistí en el asunto, la respuesta resultó inmediata y clara: fue su primera ida al cine. Lo sorprendente es que no eran inmigrantes recién llegadas del campo; todas habían nacido en Lima, estaban vestidas a la moda juvenil, bailaban y cantaban los éxitos musicales del momento y portaban teléfonos celulares. No era una juventud sumida en la extrema pobreza, es decir, podían pagar una entrada al cine de vez en cuando. ¿Pero por qué no lo habían hecho?

Reflexionando sobre esta pregunta, me di cuenta en aquel momento (2003) de que los cines «modernos» no habían llegado a las zonas populares de Lima. Por un largo periodo, el video (y la piratería) había significado la muerte de los cines de barrio en la Lima popular y la decadencia de los cines de estreno en la Lima central o residencial. Recién en los años noventa comenzaron a crearse los multicines, primero en las zonas de mayores ingresos y lentamente en el resto de la ciudad. La primera gran incursión hacia la «otra» Lima se llevó a cabo con el centro comercial Megaplaza en 2004. Las jóvenes entrevistadas habían crecido con referentes espaciales que no incluían el cine y no habían participado de una experiencia emblemática urbana³.

Desde esos años, ha existido una mayor desconcentración comercial. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo notable porque la nueva estructuración está marcada por flujos de información cuyos principales nodos continúan concentrados en los distritos de la Lima moderna o zona de alta renta (ZAR):

Esto es relativamente comprensible si sabemos que los principales centros de producción del capitalismo avanzado se situarán en los lugares que presenten mejores condiciones para su rendimiento: mayor cantidad de gente con educación superior, mejores canales de comunicación, menor violencia urbana, mayor dotación de servicios públicos y privados, etcétera. Debido a que estos factores no están igualmente distribuidos en toda el área metropolitana, es clara la tendencia del sistema a reproducir la desigualdad entre las zonas «conectadas» y las zonas «desconectadas» de la ciudad. (Ramírez Corzo, 2006, p. 116)

En uno de los libros más importantes de sociología urbana en los últimos años –Place Matters [El lugar importa]–, Dreier, Mollenkopf y Swanstrom (2004) muestran cómo en las principales ciudades de Estados Unidos el lugar de residencia todavía es esencial en la determinación de la calidad de vida y las perspectivas futuras de las familias e individuos. La disposición de servicios públicos e infraestructura, la seguridad ciudadana y la certidumbre personal, la calidad de la educación y la salud, el acceso a bienes y servicios, la existencia de áreas verdes y recreativas, y muchos aspectos más, dependen fuertemente del lugar. Y la calidad del lugar, a su vez, tiende a estar en función de los ingresos personales y familiares. A pesar de que el desarrollo de las TIC lleva a pensar que el espacio, la geografía y el tiempo son menos importantes, estos autores consideran que tal afirmación es una falacia y que incluso entre los que gozan de mayor conectividad, o sea, los altos ejecutivos y profesionales de éxito, sigue siendo esencial dónde viven y trabajan. La zona residencial resulta fundamental en la determinación de la calidad de las escuelas, el perfil socioeconómico de los vecinos y cuán asequibles son los servicios que valoran desde su vecindario. Pero para los demás, señalan estos autores:

El lugar se vuelve mucho más importante cuando descendemos en la escalera económica. Ubicados en el lado equivocado de la «brecha digital», las familias pobres y de clase obrera tienen menor probabilidad de poseer una computadora, un acceso a internet, o la capacidad de enviar y recibir e-mails. Las redes locales son más importantes al momento de ayudarlos a encontrar un empleo u otras oportunidades económicas. Con frecuencia no cuentan con un auto (o servicio de transporte público adecuado) y deben vivir cerca de donde trabajan. No pueden enviar a sus hijos a colegios privados y dependen de las escuelas públicas locales. Tampoco pueden pagar guarderías y, por ello, las familias de menores ingresos necesitan de familiares y amigos que funcionan como sistema de guardería informal. (p. 4)⁴

En torno al espacio social, es posible estudiar una gama muy variada de aspectos y temas. No obstante, debido a las características que he resaltado en los párrafos anteriores, resulta que hay dos que destacan debido a su peso en la vida de las ciudades posmodernas: (a) la situación de su espacio público y (b) cómo se forman las identidades territoriales. La situación del espacio público permite examinar hasta qué punto en una ciudad desarticulada y fragmentada como Lima existen condiciones espaciales que puedan paliar la creciente segregación, desigualdad y concentración de recursos en la ciudad. Las identidades territoriales, por su parte, conducen a entender cómo los habitantes se están apropiando simbólicamente de su ciudad o parte de ella. Para muchos especialistas, el estudio del tipo y forma de espacio público es esencial para comprender las principales dinámicas de la ciudad (Borja, 2001), e incluso tiene «relación directa con las prácticas socioespaciales, el respeto a las normas, las relaciones interpersonales, el sentido y el concepto del “otro”» (Formiga, 2007, p. 173). Por su parte, el análisis de la identidad territorial posibilita una aproximación a cómo las personas en la era posmoderna incorporan el territorio en la construcción de su identidad y sentido de pertenencia. En las próximas dos secciones, se examinarán estos dos conceptos en mayor detalle.

1.2 Definiendo el espacio público

El espacio público es un subtipo de lo que se denomina el dominio público y se caracteriza por su carácter libre y no-excluyente, de uso común y abierto, gratuito, impersonal e ilimitado (Dromi, 2005). Su uso, no obstante ser libre, siempre se encuentra enmarcado dentro de la normatividad vigente, que justo permite una utilización variada, pero respetuosa de las múltiples necesidades que convocan a los habitantes de la ciudad. Según Grant y Curran (2007), el tipo de propiedad, el relativo acceso y la función del espacio son los elementos que determinan cuán privado o público llega a ser un espacio. El grado de privacidad o publicidad es un continuo que responde a cómo definimos y qué consideramos apropiado para la satisfacción de las diversas necesidades culturales y fisiológicas que tiene el ser humano en una sociedad; surgen así los espacios públicos (parques, calles), cuasipúblicos (centros comerciales), semiprivados (condominios), privados e íntimos (Formiga, 2007).

Las características del espacio público son múltiples, como se puede verificar al examinar la tabla 1.1, en la cual sintetizo las propuestas de varios estudiosos del tema.

Tabla 1.1

Características del espacio público, según autores diversos

Autores	Características del espacio público
Grant y Curran (2007)	• Propiedad pública: colectiva o común • Acceso totalmente libre o con pocas restricciones • Función definida por los usuarios
Akkar (2005, 2007)	• Acceso físico (universal) • Acceso a actividades y discusión • Acceso a información • Acceso a recursos • Bien común
Rabotnikof (2008)	• Visible (transparente) • Abierto (inclusivo) • Espacio en que los ciudadanos formulan asuntos de interés general
Iazzetta (2008)	• Capacidades que el Estado debe garantizar para conformar un espacio común y compartido • Concepto jurídico, administración pública: garantiza acceso a todos y fija condiciones de uso
Borja (2003)	• Sociocultural: lugar de relación, identificación, expresión • Supone: dominio público, uso colectivo, accesibilidad y multifuncionalidad

Esta variedad de definiciones y caracterizaciones se puede resumir en tres aspectos principales: el acceso universal, la transparencia y la multifuncionalidad (diversidad de usos y usuarios), que se explicarán a continuación.

1.2.1 Acceso libre (universal)

Al crecer y densificarse la ciudad, aumenta significativamente el proceso inmobiliario de especulación y el costo de la tierra. Esto, por un lado, lleva a una clara diferenciación entre la propiedad privada en cuanto espacio controlado por el individuo –sea como actor económico en la empresa o como actor social en su vivienda– y el espacio público en cuanto lugar de encuentro y vida colectiva. El espacio privado residencial, no obstante, va reduciéndose, lo que provoca que los habitantes se vuelquen hacia las calles. Como resultado, aumenta la «publicidad» de la vida urbana al jugar, comer, pasear, ejercitarse, leer, cantar y protestar a la vista y paciencia (no siempre) de los demás. Una primera característica del espacio público, entonces, es su libre accesibilidad.

En el espacio privado –sea residencial o empresarial–, el control social nace del poder que otorga la propiedad o posesión sobre ese territorio particular. En algunos casos, la estructura de poder familiar es la que determina el uso del espacio, las costumbres y las reglas que gobiernan la conducta de sus miembros, y establece quiénes tienen acceso al espacio y con qué derechos. En otros casos, son los documentos de constitución, estatutos y reglamentos los que fijan las conductas y usos apropiados del espacio, sea en la empresa, iglesia, museo o restaurante. En cambio, en el espacio público el control social es más complejo porque requiere de voluntades colectivas, siendo la más importante la tolerancia y la capacidad de construir consensos entre los habitantes y con las autoridades. Para el reconocido urbanista catalán Jordi Borja (2001):

El espacio público es un concepto jurídico: un espacio sometido a una regulación específica por parte de la Administración Pública, propietaria o que posee la facultad de dominio de suelo, y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. El espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana […] y la propiedad pública […], que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, etc.). (pp. 12-13)

El mismo autor, sin embargo, enfatiza que el espacio público también tiene una dimensión sociocultural, porque es el lugar de contacto, de expresión de la comunidad, de encuentro entre conocidos y extraños. De ahí que pueda existir y crearse espacio público sin que lo sea jurídicamente, como cuando los ciudadanos se apropian de algún local abandonado, del espacio entre edificios, de las estaciones de buses, trenes o subterráneos, lo cual muestra que «l o público es el uso y no el estatuto jurídico» (Borja, 2001, p. 13)⁵. Es por ello que Loukaitou-Sideris y Ehrenfeucht (2012) recomiendan que la «publicidad» debe ser evaluada en el transcurso del tiempo, porque las actividades que ocurren en un determinado espacio pueden variar y con ello aumenta o disminuye la función pública. Por ejemplo, como se verá más adelante, el espacio del centro comercial es de acceso público, pero las actividades están restringidas por un reglamento interno (no se puede montar bicicleta, hacer una demostración, filmar, entre otros). Sin embargo, los púberes, adolescentes y adultos jóvenes han estado apropiándose de sus pasillos, alamedas, escaleras, patios de comida, y transformándolos en lugares de encuentro alternativos a los parques.

Blakely (2006) insiste en la centralidad del acceso universal. Considera que, en una ciudad, la élite no solo se distingue por quienes la conforman, sino también por aquellos a los que logra excluir. Ocurre así porque el carácter excluyente nace del estatus social que detenta, pero asociado a la distancia físico-social que establece con respecto a los demás. Esto es inevitable en cualquier ciudad democrática, en la cual las personas pueden decidir con quiénes se juntan y asocian. No obstante, la ciudad moderna también se construyó sobre procesos que han debilitado y parcialmente diluido esta distancia, siendo uno de los esenciales la conformación del espacio público; aspecto que cobra, además, enorme importancia al disminuir el espacio privado del que se dispone (fenómeno que afecta a todos los sectores). Como se mencionó antes, las personas se vuelcan hacia la calle y a compartir bienes públicos. En el proceso de compartir se vuelven parte de la comunidad, se transforman en ciudadanos (Blakely, 2006).

La accesibilidad característica del espacio público no se limita a poder llegar y entrar a él, o sea, no se define en términos puramente físicos. También tiene que estar acompañada de lo que Akkar (2005) denomina el acceso «simbólico»: hasta qué punto el tipo de personas presentes, la disposición del espacio, los signos, las señales, las ordenanzas y el mobiliario resultan ser un estímulo o impedimento al uso por parte de los diversos grupos que conforman la ciudad. Por ejemplo, en muchas ciudades están aumentando, como mobiliario, bancas diseñadas de tal manera que las personas no puedan sentarse cómodamente o que limitan enormemente la posición del cuerpo y el poder compartir el espacio con otra persona.

1.2.2 Visibilidad y transparencia

Una segunda característica de lo público es su visibilidad y transparencia (Rabotnikof, 2008), mientras que lo privado y, más aún, lo íntimo, tiende a estar parcial o totalmente oculto de la mirada del resto de la sociedad. Por esta razón, el espacio público es el ámbito donde los ciudadanos formulan asuntos de interés general (Iazzetta, 2008) y también es el escenario propicio para expresar preocupaciones y demandas políticas. La línea divisoria entre la esfera privada y la pública es tenue y se encuentra en constante debate y conflicto político. Un ejemplo claro al respecto fue la intensa lucha de los grupos feministas para que el ámbito doméstico (espacio privado familiar-conyugal) estuviera abierto al escrutinio y debate público. Estudios y testimonios mostraban que, detrás de la privacidad doméstica, se encontraban casos frecuentes de abusos, maltratos y violencia intrafamiliar. Su ocultamiento era refrendado por la inacción de las instituciones estatales y las culturas complacientes que repetían que los «trapitos sucios se lavan en casa». De ahí que surgieran iniciativas e instituciones que hicieron «públicos» los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes como espacios de defensa y promoción del bienestar de todos los integrantes de la familia.

En cuanto a la política, el espacio ha resultado esencial en las luchas democráticas. La burguesía y los trabajadores se adueñaron de calles y plazas en su enfrentamiento contra la aristocracia. Le arrebataron a la monarquía el espacio público, el cual, según Foucault (2002), era el ámbito donde esta expresaba su poder y lo ejercía⁷. Para Salcedo (2002):

En la sociedad renacentista la idea de una esfera pública estaba incompleta. La burguesía estaba aún integrada a la estructura tradicional del poder y acomodaba sus demandas a las condiciones políticas de la sociedad. La aparición de la esfera pública requería del cuestionamiento burgués a la forma de gobierno. Una vez que este desafío se presenta, aparecen nuevas instituciones (y también espacios), que se convierten en centros de poder democrático y ciudadanía: conferencias, espectáculos públicos, salones y prensa escrita. (p. 5)

El espacio público, que los monarcas ilustrados construyeron, embellecieron y expandieron como parte del discurso modernizador que buscaba legitimarlos ante la burguesía, terminó siendo un lugar de encuentro, discusión y consolidación de voluntades democráticas. Las fuerzas democráticas, entonces, se apropiaron del espacio y ello fue fundamental en el derrocamiento de las monarquías. Sin embargo, los gobiernos burgueses pronto descubrirían que las calles y los parques también podían ser apropiados por otros sectores, continuando así los conflictos de poder sobre la base de las diferencias de clase social. En términos políticos, las calles se transformaron en el espacio de la política de oposición manifestada por el proletariado y otros sectores excluidos. Según Salcedo (2002), ahí nace un acuerdo implícito entre la burguesía y las organizaciones obreras, por el cual las calles se constituyeron en parte de la estrategia política de los sectores menos favorecidos. A pesar de que esto podría generar conflictos, en términos generales, favorecía una forma de expresión democrática que en la mayoría de los casos no significaba un peligro para el poder, sino que brindaba legitimidad al sistema democrático.

Para Iazzetta (2008), lo público no solo consiste en ser el ámbito de expresión y encuentro ciudadano, sino que también se construye sobre las capacidades colectivas que el Estado debe garantizar para conformar un espacio común y compartido⁸. Además de la universalidad en el acceso y uso de lo público, la acción estatal tiene que garantizar la igualdad ante la ley y la equidad en oportunidades. Pero estas garantías no son suficientes si los mismos ciudadanos y ciudadanas no tienen la capacidad de ejercerlos. Por eso, otra importante capacidad colectiva está relacionada con la vigencia de los derechos y el potencial de ejercerlos, lo cual implica que el Estado debe ser un promotor activo de las condiciones que fortalecen la democracia vía la educación de calidad, el funcionamiento apropiado de sus instituciones y una renovada capacidad de sanción cuando fuera necesaria. Akkar (2005) denomina esto como el «acceso a la información y a la discusión» en la determinación de los espacios públicos.

1.2.3 Multifuncionalidad

Una tercera característica del espacio público es su multifuncionalidad. Como se explicó antes, el espacio público es determinado por el uso que le dan los ciudadanos y ciudadanas, dentro de los límites impuestos por la normatividad. En espacios clásicos como el Central Park en Nueva York, los usos son múltiples y dependen del deseo y disposición de los que acuden al parque. Se encuentra a quienes se ejercitan, juegan, enamoran, comen, pasean a su perro, toman una siesta, alimentan a las palomas, hacen turismo o solo transitan. También están los que exhiben sus artes por unas monedas y los que venden diarios, comida o curiosidades.

Esta concepción de multifuncionalidad se convierte, en la práctica, en una crítica al modernismo, movimiento de gran influencia en el urbanismo de la primera mitad del siglo XX, que intentó separar las funciones urbanas en espacios autorreferenciales y segregados: autopistas para coches; bloques residenciales para vivienda; centros empresariales y fábricas para el trabajo, áreas verdes para la recreación (Akkar, 2007). En el caso de Lima, las residenciales como San Felipe, en el distrito de Jesús María, representan el ideal del modernismo al separar al peatón y residente del tráfico, del comercio y de la producción. Esto es muy diferente de lo que ocurre en las ciudades antiguas y densas, en las cuales las calles eran compartidas por el peatón, el motorista y el comerciante.

Las residenciales seguían los dictados de Le Corbusier, que planteaban abolir el sistema tradicional de cuadras y manzanas en las calles de la ciudad, ya que este solo había generado tugurización, suciedad y sufrimiento para todos, especialmente para los más pobres. Le Corbusier proponía segregar las cuatro principales funciones de la ciudad (residencia, transporte, producción, recreación). Por ejemplo, recomendaba entregar al transporte el dominio de sistemas modernos de autopistas y recluir a los habitantes en zonas residenciales de superbloques rodeados de un mar de verde (parques), sol y aire, y así lograr que estén más cerca de la naturaleza. Sugirió demoler París y construir un gran número de edificios de sesenta pisos para albergar a sus tres millones de habitantes, interconectados por zonas peatonales y rodeados de enormes parques y jardines.

El habitante de la ciudad, no obstante, rara vez transita para cumplir una sola función (trabajo, diversión, descanso), sino que combina varias de ellas y, por eso, prefiere tenerlas cercanas. Más allá de la legítima preocupación del modernismo por el habitante de la ciudad, en el fondo, lo estaba condenando a una ciudad estandarizada que reflejaba la eficiencia de la fábrica u oficina burocratizada. Los superbloques, con sus líneas arquitectónicas sobrias-rectas-limpias, a veces reflejaban el tedio y la monotonía de la vida moderna.

El espacio público multifuncional es lo que permite que cada comunidad pueda expresar sus prioridades y significados. Esta le otorga un carácter muy propio, que frecuentemente se ha cristalizado en términos étnicos, como son los famosos barrios Little Italy (en Nueva York), Chinatown (San Francisco) y la Pequeña Habana o Calle Ocho (Miami). Las personas se apropian del ambiente y controlan así los usos y el desarrollo de actividades. Por el contrario, cuando no lo hacen, se pueden producir dos resultados negativos: (a) otros se apropian del espacio (gobierno, grupos de interés), y/o (b) es abandonado y entonces ocupado por delincuentes, narcotraficantes, mendigos, entre otros.

Según Francis (1991), es en la diversidad donde se debe buscar un equilibrio mixto de usos y usuarios, en el que se intente respetar los derechos y deseos de todos ellos. Estos lugares de libre acceso, transparencia y diversidad solo pueden sobrevivir si la mayoría de sus usuarios se comprometen a defenderlos y a limitar las ansias desmesuradas de control social. Normalmente, esto se logra si las personas se apropian de los espacios (sus calles, parques, veredas), porque es una forma de involucrarse en su uso y destino. Este autor señala que la apropiación ciudadana, habitualmente, se nota en pequeños actos que reflejan el apego al lugar: plantar árboles y flores, mantener las viviendas limpias y pintadas, salir y conversar con vecinos en la vereda o cómodamente sentados en sillas mientras se observa a los niños y niñas jugar, entre otros. En estos espacios es más difícil que avance la delincuencia y la peligrosidad, aunque es imposible erradicarla por completo, pues el riesgo siempre está latente.

Las preocupaciones sobre la protección y la seguridad son las que han llevado a que el espacio público sea entregado a la decisión y arbitrariedad de autoridades y funcionarios gubernamentales, quienes con frecuencia concesionan estos lugares al sector privado para que dejen de ser públicos. Pero el énfasis puesto para que el gobierno o la empresa controlen los espacios públicos, como mecanismo para protegernos de un «otro» considerado peligroso, tiene un costo alto. Según Francis (1991):

En las calles democráticas, no obstante, se debe lograr un acuerdo apropiado entre la protección y las cualidades negadas por la privatización, como son el descubrimiento y el reto. Esto es particularmente importante para los niños y niñas. El riesgo y el descubrimiento contribuyen a su desarrollo individual y competencia ambiental, y un sentido de protección puede mantenerse sin eliminar los retos de la calle. (p. 31)⁹

El respeto a lo multifuncional hace más complejo el control social y la armonía en los usos, lo cual con frecuencia se traduce en conflictos, pero que en la mayoría de los casos se pueden resolver con la participación y negociación. El ejercicio de la tolerancia y la negociación convierte a los espacios públicos en escuelas prácticas de la democracia. También, de acuerdo con Francis (1991), llevan al amor por las calles, los parques y por la misma ciudad.

Más allá de las connotaciones idealistas –y hasta románticas– del espacio público y su importancia en la conformación de la ciudadanía (Salcedo, 2002), diversos estudios muestran que su pérdida implica una lenta, pero inexorable transición hacia ciudades más fragmentadas y segregadas, lo cual magnifica las diferencias sociales y económicas existentes entre sus pobladores. Como resultado, salvo en pequeños territorios y en reducidas geografías, el habitante de la urbe siente que la ciudad le es «extraña», «foránea» y, en muchas ocasiones, «peligrosa» (Dammert, 2004). Este hecho plantea considerables cambios en cómo visualizamos a la ciudad misma –y a los que habitan en ella– y en las formas como construimos nuestra identidad territorial y ciudadana.

El limeño de clase media de hace cuatro décadas transitaba por el Centro Histórico, el Rímac, Barrios Altos y La Victoria, al mismo tiempo que podía hacerlo por Miraflores y San Isidro. De esta manera, se apropiaba de un sector importante de la ciudad, a pesar de las marcadas diferencias en la conformación física, social y económica de estos ámbitos. Reconocía así al otro, a su conciudadano, y compartía con él un bien común y público: el parque, la playa, el café, lo monumental. No siempre lo hacía en paz y, muchas veces, buscaba controlar o desalojar al pobre o diferente (ambulantes y mendigos, por ejemplo), pero de una forma u otra el espacio se transformaba en un lugar de intercambio y de expresión, de vivencia de nuestra diversidad y diferencias.

Actualmente, vivimos en una ciudad que ha pasado de tener un centro multifuncional que concentraba la economía y finanzas, la burocracia estatal, la oferta cultural y vida social, a ser una ciudad distinta, caracterizada por nuevas y múltiples centralidades y jerarquías que dependen más del flujo de la información que de la ocupación de un territorio determinado (Vega Centeno, 2007). Hasta cierto punto, esta evolución nos ha separado porque no han surgido otras centralidades transversales, es decir, capaces de cruzar barreras de clase, etnia, raza, género. Aunque hay algunos candidatos que quizás logren esta integración –como son el mar, el malecón y la Costa Verde–, todavía es temprano para asegurar que las fuerzas integradoras superen a la tentación de la privatización. Los mayores peligros para el espacio público no provienen de la falta de una centralidad, sino más bien de procesos que se han acelerado en los últimos años, como el incremento de la inseguridad, el dominio del parque automotor y, finalmente, el imperio del liberalismo como ideología dominante detrás de las propuestas urbanas. Examinaré cada uno de estos procesos a continuación.

1.3 El temor y la inseguridad

La inseguridad es esgrimida como razón principal para abandonar o intentar limitar los espacios públicos. En una ciudad crecientemente fragmentada, la mayoría de los habitantes se transforman en «otros», en foráneos y desconocidos. La idea que prima es que el encuentro con estos «otros» siempre conlleva riesgo y peligrosidad. Esta apreciación tiende, además, a ser jerárquica. Por ejemplo, en una ciudad como Santiago de Chile, según la opinión de sus ciudadanos sobre la peligrosidad, esta siempre depende del estrato socioeconómico del interlocutor:

Por ejemplo, Providencia es visto como peligroso para los entrevistados de los niveles más altos, pero no para los estratos socioeconómicos medios. Para éstos, el peligro está radicado en las poblaciones más pobres aledañas a sus barrios. Por su parte, para los entrevistados de los estratos socioeconómicos más bajos, dicha percepción configura la existencia de «barrios» o «sectores» marcados dentro/fuera de la población; es decir, siempre se ubica otro más peligroso y desconocido. (Dammert, 2004, p. 93)

Un tema recurrente de la sociología contemporánea es que la modernidad tardía o posmodernidad está signada por el riesgo, lo cual genera inseguridad, desconfianza y temor (Giddens, 2002). Para Beck (2002), lo que distingue los riesgos actuales es que han sido manufacturados, es decir, han sido creados por el mismo ser humano, y no como antes, cuando eran producto de desastres e infortunios causados por la naturaleza. Nuestras incertidumbres son alimentadas por las mismas estructuras y sistemas sociales que sostienen a la sociedad. A ello contribuye la pérdida de credibilidad en la ciencia (energía nuclear, destrucción masiva, debilitamiento de la capa de ozono, transgénicos), en la economía (crisis de mercados, burbujas financieras, flexibilidad laboral, desempleo), en la industria (contaminación, calentamiento global, obsolescencia planificada, consumismo, migraciones masivas), en la política (terrorismo, guerras, nacionalismos, autoritarismos), en la cultura (fundamentalismos, intolerancia) y hasta en la sexualidad (ETS, sida). La incertidumbre aumenta, además, con el predominio del individualismo –muchas veces manifestado solo en un consumismo desenfrenado–, lo cual dificulta la construcción de las acciones colectivas necesarias para responder a estos riesgos y disminuir las incertidumbres.

Por otro lado, como bien ha analizado Bauman (2000), bajo la noción de seguridad se manejan, por lo general, tres conceptos interrelacionados –aunque analíticamente diferentes– que se expresan en inglés como safety ‘estar a salvo, protegido’, certainty ‘certidumbre’ y security ‘seguridad’. La sensación de riesgo y temor actual es resultado del debilitamiento simultáneo y combinado de estos tres factores. No nos sentimos a salvo porque las instituciones protectoras tradicionales (familia y comunidad) ya no tienen la capacidad de hacerlo, y las instituciones modernas han perdido su legitimidad y eficacia ante el embate de los eventos globales sobre nuestras vidas. La incertidumbre ha aumentado por muchas razones, pero una de las más importantes es la pérdida de confianza. Finalmente, la inseguridad tiende a ser el resultado del debilitamiento del «contrato social» y del fracaso de las grandes ideologías que paliaban las divisiones entre seres humanos, generaban un sentido común en la sociedad y ofrecían alternativas de solución a los problemas/dilemas (marxismo-liberalismo).

Para Bauman (2000), el problema del temor surge porque el individualismo imperante y la total pleitesía al mercado ubican a las libertades económicas como fin máximo de la sociedad y, por ende, del Estado. Esto restringe el marco de acción estatal e inhibe las acciones que podría tomar para proteger o generar mayor certidumbre. En otras palabras, hay poca o nula acción estatal para reforzar el sentido de safety y certainty, ya que actuar sobre ellos significaría afectar las libertades individuales y del mercado. Por ejemplo, la protección contra el desempleo o la creación de mayor certidumbre en la capacidad adquisitiva de los ingresos percibidos implicaría ir en contra de la flexibilización laboral demandada por los defensores del mercado libre y los grandes empresarios. Sin embargo, el Estado sí puede actuar reforzando la seguridad (security), especialmente cuando se la entiende como la segregación y/o separación de aquellos individuos (y poblaciones) que son considerados como «peligrosos»¹⁰.

El tema de la seguridad da, además, réditos políticos, ya que, ante la real o percibida peligrosidad, los ciudadanos buscan liderazgos fuertes con un discurso de «ley y orden», de lucha frontal contra la delincuencia. Los medios masivos también hacen eco porque su rating se beneficia. Michael Moore, en su galardonado filme Bowling for Columbine (2002), señala con maestría cómo los medios masivos en la sociedad estadounidense sobredimensionan las noticias y los reportajes sobre los crímenes violentos y el pandillaje. Las estadísticas oficiales, sin embargo, muestran reducciones sostenidas en la delincuencia en la sociedad estadounidense, inclusive en sus principales ciudades: en 1993, el índice de los crímenes violentos fue 747 por 100 000 habitantes y en 2012 fue de 387, una reducción del 48 %¹¹.

Como ya se ha indicado, la sensación de peligrosidad e inseguridad contribuye directamente al descuido, huida y hasta abandono del espacio público. Como bien explica Vega Centeno (2007), en el caso de Lima, estos espacios pasan de ser «lugares de todos» a «tierra de nadie». Por ende, la reacción ciudadana es exigir mayor control sociopolítico sobre el espacio público, lo que tiene como consecuencia un proceso de debilitamiento o negación de su esencia, pues (a) se restringe el acceso, (b) se entrega su control al Estado o a la iniciativa privada, (c) se limitan el uso y las actividades realizadas.

1.4 El dominio del parque automotor

Es un hecho conocido por todos que el transporte motorizado transformó a las ciudades del mundo. En primer lugar, facilitó el éxodo de los sectores altos y medios del centro de la ciudad hacia nuevas urbanizaciones, en busca de la promesa bucólica del suburbio y de mayor privacidad (Francis, 1991). En segundo lugar, hizo posible que la distancia entre el trabajo y la residencia se ampliara, ya que permitía un traslado más rápido a distancias mayores. En tercer lugar, aumentó la peligrosidad, puesto que la principal causa de muerte y accidentes en toda metrópoli involucra a vehículos motorizados. En cuarto lugar, el incremento del parque automotor también modificó el diseño y la configuración física de la ciudad, principalmente porque generó una infraestructura que prioriza el flujo y la velocidad de desplazamiento. En quinto lugar, cambió el comportamiento del habitante de la ciudad, en particular en términos de la actividad física realizada en sus desplazamientos:

De esta manera, el desarrollo de las ciudades se encuentra en estrecha relación con la incorporación masiva de medios de transporte en la vida cotidiana. La urbe fue reorganizada para privilegiar la circulación. Para ello se construyeron amplias vías, entre las que la autopista fue la más importante, que facilitaron los desplazamientos acelerados. Vega Centeno afirma que en las ciudades la circulación se impuso a la habitación (precisamente, en la primera ciudad donde ocurrió esto fue en París, como se puede observar en los poemas de Baudelaire) […]. La urbanización implica la integración de la movilidad como elemento estructurante de la vida cotidiana. (Bielich, 2009, p. 10)

Pero quizás el efecto más importante es el que ha tenido sobre el espacio público. Uno de los principales estudiosos al respecto fue Donald Appleyard (1981), quien, a principios de los años sesenta, realizó un estudio clásico en la ciudad de San Francisco comparando tres vecindarios: el primero con un flujo de tráfico de 2000 vehículos al día, otro de 8000 y el tercero de 16 000. Su investigación mostró que los residentes de la calle menos transitada tenían tres veces más amigos y dos veces más conocidos que los residentes de la más transitada. Appleyard y luego su hijo (Bruce Appleyard, 2005) tienen como punto de partida el insistir en la importancia de la calle como espacio público, el más común y asequible de todos. La calle es compartida por el peatón, el ciclista, el automovilista y el tráfico destinado a los diversos servicios de la ciudad. Con el tiempo, sin embargo, se ha perdido el equilibrio en los usos compartidos y ha terminado siendo dominado por el automóvil. La razón principal es que el flujo de autos restringe el desplazamiento del residente-peatón; especialmente, dificulta que cruce la calle, pero también que la considere como un lugar hospitalario. Asimismo, restringe la actividad recreativa de los niños y niñas, que usualmente es una de las razones detrás de la presencia adulta en la calle y es un elemento de interrelación entre padres de familia y vecinos.

1.5 El imperio del liberalismo

Hasta hace poco, lo público era sinónimo de dominio y administración estatal. El espacio, al igual que los asuntos públicos, era una cuestión delegada al Estado, debido a que se lo consideraba propiedad de todos y debía actuarse sobre él de manera tal que se garantizara su universalidad y el respeto del marco normativo que lo gobernaba (Iazzetta, 2008). No solo era suficiente reconocer que existían espacios y asuntos de dominio público, sino que también se hacía necesario un aparato institucional que defendiera, promoviera y sancionara su acceso libre, su visibilidad, transparencia y la diversidad de usos. Todo esto era función del Estado.

El surgimiento del llamado Estado de bienestar (Welfare State) –ya entrado el siglo XX, con el reconocimiento de los derechos socioculturales– tenía como función extender la universalidad (igualdad ante la ley, equidad de oportunidades, educación y salud de calidad, protección a la niñez, entre otros) hacia todos los habitantes de la nación, sin importar su situación económica. Para Marshall (2009), este impulso a la universalidad del derecho era esencial para garantizar la democracia en sociedades capitalistas, por cuanto el mercado siempre genera desigualdades que el Estado debe disminuir vía el dominio de la ley y la redistribución.

A partir de la década de los setenta, el Estado fue cuestionado y atacado desde dos frentes, lo que produjo su debilitamiento:

• En primer lugar, desde las fuerzas democratizadoras de la llamada sociedad civil. La lucha contra el autoritarismo en los países del bloque soviético y en gran parte de América Latina se libró desde coaliciones heterogéneas que ya no respondían a las clásicas nociones de clase social o partido político. Se fue generando así un espacio «público» que buscaba claramente distinguirse y distanciarse de lo «público estatal», y que ve en su autonomía y representación social su superioridad moral ante instituciones estatales que se habían burocratizado, corrompido y distanciado del pueblo. Por ejemplo, se puede interpretar el auge de las organizaciones no gubernamentales (ONG) como parte de este proceso. Rabotnikof (2008) señala que en este impulso hay una búsqueda de lo común y de la ciudadanía. Minteguiaga (2008b), por su parte, lo denomina como la creación de «lo público de iniciativa privada». En muchos países, asume la forma de asociaciones privadas sin fines de lucro, como maneras de extender lo público, pero sin el Estado, las cuales llegan hasta la gestión de escuelas, de clínicas de salud, de espacios públicos como los parques, entre otros.

• En segundo lugar, el cuestionamiento del Estado se arrecia desde el campo del liberalismo y los defensores de las libertades del mercado. A nivel mundial, en los años ochenta se inicia un giro político hacia la derecha y el conservadurismo, que toma cuerpo en la asunción del poder por Reagan en Estados Unidos y por Thatcher en Inglaterra, así como por la hegemonía del recetario neoliberal. Ya para finales de los ochenta, las políticas económicas se consolidaron en lo que sería denominado el Consenso de Washington. Una parte esencial de las nuevas políticas era el cuestionamiento del Estado de bienestar, lo cual incluyó en muchas sociedades del hemisferio norte la reestructuración de los programas sociales. En este segundo cuestionamiento, se difunde la idea de que los mecanismos del mercado son más eficientes para atacar los diversos problemas de la sociedad y no solo los estrictamente «económicos». Se incentiva así una mayor presencia de la iniciativa privada en áreas como la salud, la educación, la producción de bienes públicos y su administración, casi todo por medio de la privatización (venta, concesión, gestión). Por ejemplo, es conocido que los gobiernos liberales favorecen a los organismos no gubernamentales (llamados en otras latitudes «organizaciones privadas sin fines de lucro») como proveedores de servicios financiados con fondos estatales. Es parte de la denominada «tercerización» y, en este caso, consiste en que las ONG se transforman en una suerte de subcontrata que brinda servicios que antes se encontraban bajo la planilla estatal. Esto representa varias ventajas para el Estado: (a) reduce su personal y no tiene que lidiar con problemas de contratación, nombramiento, pensiones y sindicatos; (b) transfiere parte de los costos políticos de la implementación de los programas a las ONG o firmas encargadas, ya que se responsabiliza a estas por los fracasos; (c) ante problemas diversos puede rescindir contratos y contratar a otros; igualmente, puede interrumpir o terminar programas sin mayor aviso; (d) vía procesos competitivos de proyectos (concursos), saca provecho de la experticia de todos los concursantes (no solo de los ganadores).

El discurso del liberalismo es que el Estado debe disminuir su intervención en las áreas que afectan la iniciativa y libertades individuales, por un lado, y en aquellas áreas en las que resulta ineficiente e ineficaz porque serían mejor abordados desde el afán de lucro. Desde esta óptica, la iniciativa privada es más eficiente y, por ende, representa un beneficio mayor para la ciudadanía. Como se mencionó anteriormente, esto se extiende a áreas tradicionalmente bajo el manto estatal, como la educación y la salud, pero también a la administración de carreteras, penales y, claro está, el espacio público.

Inclusive, con el tiempo se va perdiendo la pretensión de extender lo universal a todos los ciudadanos. Algunos analistas añaden que resulta ser un cambio fundamental en las concepciones sobre el desarrollo y la pobreza (Castillo, 2002; Scribano, 2002). Hasta los años noventa, el énfasis estaba puesto en ampliar y extender los derechos hacia todos (universalizarlos) y, especialmente, a los pobres que se encontraban marginados. La pobreza –término poco usado entonces en el léxico del desarrollo– era vista como una vivencia temporal, una anomalía que sería superada con la ampliación de la ciudadanía y con los bienes y servicios del Estado de bienestar (educación, salud, empleo). Para los mismos sectores de menores ingresos, la palabra pobreza tenía una connotación negativa y rara vez estas personas se definían como tales; más bien, se identificaban como humildes o trabajadores.

Con el neoliberalismo, sin embargo, se normaliza la pobreza y se convierte en un indicador e identidad que abre las puertas a programas sociales. Los pobres son identificados (mapas de pobreza), focalizados (recipientes de asistencia social) y compensados por los posibles estragos sufridos por los programas de ajuste estructural (Castillo, 2002). De parte del Estado hay pocos esfuerzos por solucionar el problema de la pobreza; por el contrario, los programas sociales están orientados a reducir déficits en los servicios, la alimentación y, últimamente, los ingresos. Resulta así porque se considera que el mercado es la fuerza que terminará con la pobreza y el atraso, con lo cual se relega al Estado a funciones de compensación social que «alivian» la pobreza. Los derechos sociales, económicos y culturales no son reconocidos plenamente; muchas veces, se arguye que son «difíciles de identificar», «difíciles de medir» y más aún de viabilizar.

Por ello, también existe un impulso político-ideológico hacia la privatización –sea estatal o privada– del espacio público. Este ha estado bajo el cuidado del Estado, pero con consecuencias consideradas negativas: descuido, peligro, riesgo, subinversión, etc. De ahí que se razone y proponga que, en lo posible, estos espacios deben caer bajo la iniciativa privada, la cual tiene los recursos para invertir y puede asignarlos de manera más eficiente. El siguiente ejemplo refleja el cambio de pensamiento.

Hace 35 años –en 1981 para ser exactos–, el entonces alcalde del distrito de Chorrillos, Pablo Gutiérrez, realizó una manifestación en las afueras del Club Regatas, comba en mano, para tumbar el muro que lo separaba de la playa pública Pescadores. Gutiérrez argumentaba que las playas eran públicas y que el club se había apropiado ilegalmente de un bien de todos los peruanos. No pasó de ser una de las múltiples muestras entre populistas y folclóricas de este político, pero expresaba un sentimiento compartido por muchos, en el sentido de ampliar el acceso de todos a los espacios de la ciudad. En pocas palabras, el impulso era a publicitar lo privado.

Hace unos años, el alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda, cambió el nombre de los parques zonales de la ciudad, es decir, las áreas verdes situadas en zonas populares. Los transformó en «clubes zonales» y, en una entrevista televisiva, mencionó que antes los clubes eran solo para los ricos, pero ahora estaban abiertos para el pueblo (claro, previo pago de boleto de entrada). Es decir, privatizó lo público. Más allá de los claros propósitos populistas, una vez más se estaba rebajando la capacidad estatal para gobernar una ciudad inclusiva.

Como bien indican Xu y Yang (2008), una de las fuerzas principales en la privatización global de las ciudades es la hegemonía neoliberal. El cuestionamiento al gasto estatal –por ser supuestamente ineficiente, plagado de obstrucciones burocráticas y corrupción– es comparado con las innegables virtudes de las decisiones basadas en la eficiente asignación de recursos vía los mecanismos del mercado. Como resultado, disminuyen las inversiones en la generación de nuevos espacios públicos y, más bien, se prefiere la generación de espacios «cuasipúblicos», sea en la promoción de centros comerciales o en la privatización de los espacios públicos existentes vía el cobro de admisión o concesiones.

1.6 El apego al espacio próximo

¿Será que la ciudad posmoderna solo tiene como función ser un dormitorio para descansar y un escritorio para navegar, y que el espacio público –efectivamente– esté condenado a desaparecer? ¿La creciente virtualización hará que nuestras comunidades cibernéticas reemplacen a la plaza o el parque a la vuelta de la esquina? ¿Con qué «terruño» –si hubiera alguno– es que se identificarán los seres humanos?

De las múltiples fuentes de identidad, una de las más importantes es la posición territorial: la definición de la persona que nace de las diversas unidades espaciales que ocupa y que son socialmente definidas, las cuales varían desde lo más próximo (hogar, collera, barrio) hasta territorios tan amplios como países, regiones y el mismo planeta. El territorio siempre ha estado ligado a nuestra supervivencia como colectivo y como base de nuestra cotidianidad personal, porque está estrechamente relacionado con asuntos como el sentido de protección y pertenencia, el acceso y disponibilidad de recursos, y el sentido básico de compartir un espacio apreciado con otros:

Con muy pocas excepciones, todos los grupos culturales conocidos por la antropología tienen algún apego a un territorio o paisaje. Esto es cierto entre los nómadas como entre los agricultores, los trabajadores industriales y los programadores de computadoras. Las formas de pertenencia naturalmente varían […], pero el lugar ha jugado una parte importante durante la historia cultural humana. (Eriksen, 2004, pp. 55-56)¹²

Es sumamente difícil imaginarse identidades sociales y colectivas sin un referente espacial, porque, como se señaló anteriormente, la acción humana tiene al espacio como soporte material. Esta relación con el espacio se inicia con un sentido de pertenencia territorial. El territorio se puede entender como condicionado por la morfología del espacio, pero esencialmente es una operación social relacionada con ciertos factores que inducen una percepción de fronteras (Gubert, 2005). Todo territorio tiene límites que permiten diferenciarlo de otros, aunque pueden ser establecidos de formas bastante flexibles. La pertenencia significa que alguien se siente parte de algo, en este caso, de un territorio definido socialmente, principalmente con respecto a sus límites o fronteras. En la percepción de fronteras, Gubert (2005) destaca tres factores:

• El principio de similaridad, es decir, en el interior del territorio se encuentran características morfológicas, físicas y culturales, tipos de actividades económicas, entre otros, que son vistos como similares, lo que genera un sentido de unidad. Esto se nota con claridad al observar cómo muchos territorios son identificados con ciertos servicios o productos, como Silicon Valley en California, los casinos en Las Vegas y las salchichas de Huacho. A pesar de que son ciudades en las cuales hay variadas actividades económicas, una de ellas destaca y genera una suerte de percepción de frontera respecto a las áreas aledañas.

• El principio de interdependencia, medido de acuerdo con el flujo gravitacional de bienes, servicios o áreas de intenso intercambio económico. El emporio de Gamarra, por ejemplo, está compuesto por una serie compleja de redes financieras, productivas y comerciales alrededor del área de confecciones, con un alcance local, nacional y global.

• La función de gobernar a las poblaciones humanas lleva al desarrollo de límites territoriales que expresan y producen un sentimiento de destino común o compartido, y organizan así las percepciones que se tienen del territorio. En Lima, es indudable que existe poca diferenciación entre las zonas residenciales colindantes de San Isidro y Magdalena, pero el hecho de ser distritos distintos sí tiene un efecto sobre la delimitación del territorio y el sentido de pertenencia, que el propio gobierno municipal promueve, especialmente cuando existen conflictos de demarcación.

Las identidades territoriales más perdurables son aquellas que son congruentes, es decir, aquellas en las que en un mismo espacio confluyen estos tres principios (Gubert, 2005). Esto era más común en las sociedades nómadas o agrícolas, en las cuales los tres principios se relacionaban sustancialmente en una sola unidad territorial. En un mismo espacio vivía un grupo humano que compartía reglas, actividades económicas y sociales, por lo que la interdependencia territorial era la forma básica de subsistencia (caza, pesca, recolección, agricultura) y también lo que fundamentaba su destino compartido.

Esto cambia radicalmente en la modernidad y posmodernidad, debido a los siguientes factores: (a) la división de trabajo que diluye la interdependencia territorial; (b) la necesidad de acumular grandes sumas de capital para la producción, lo cual tiende a concentrarla en ciertos espacios en desmedro de otros; (c) el desarrollo de las tecnologías de transporte y comunicación, que amplía y extiende las redes de producción y comercialización, separando al productor del distribuidor y el consumidor, entre otros. El territorio se vuelve así más complejo, heterogéneo y extenso. Los límites y las fronteras se diluyen y flexibilizan, debilitando la congruencia que existía en las sociedades premodernas. Nuestra relación con el espacio y el territorio ha evolucionado en un proceso histórico que nos ha llevado a diversas formas de percibir, interpretar y vivir espacialmente.

El espacio-tiempo de la premodernidad era el de la familia y la comunidad, se definía como tal y dominaba a las personas, cuya misma individualidad era negada o minimizada. El espacio se concebía como limitado y predominaba en cuanto estrategia esencial y básica de subsistencia, primero en el territorio necesario para la caza, pesca y recolección, y luego como área de cultivo o pastoreo. El espacio era el de siempre y para siempre, por eso debía conquistarse y controlarse, porque era casi sinónimo de la misma vida y la comunidad. En el Perú, aún perdura esta idea en muchas de las nociones de comunidad: sea la nativa, la campesina o en el asentamiento humano¹³. En la ciudad, se define en la vivienda que se construye para siempre en el trozo de la ciudad que alguien ha reclamado para sí y las futuras generaciones.

El espacio-tiempo de la modernidad es el del ciudadano: el reino del libre tránsito y la migración. El espacio que se divide en lo público y lo privado. El primero es el ámbito de las instituciones estatales; el segundo, el de la persona natural y jurídica. Es el espacio que celebra la era del individuo y el espacio individual, del derecho al anonimato, pero protegido y refrendado por el Estado. Ya no son la familia ni la comunidad, sino otras instituciones las que entran a operar en la definición y protección del territorio. La concentración en la ciudad lleva a buscar el espacio compartido. En la ciudad de Lima, lo público alcanzó su mayor gloria cuando era una ciudad centralizada y en el centro estaba todo: eje comercial, centro financiero, concentración de funciones burocrático-estatales, además de contar con la presencia de la universidad, biblioteca, librería, bohemia e intelectualidad. En sus calles se realizaban las procesiones, los mítines políticos y la protesta callejera. Fue la era más brillante y bulliciosa del espacio público, del encuentro de los dispares de la alteridad. Una ciudad sumamente segregada, pero con espacios de encuentro.

El espacio-tiempo de la posmodernidad va perdiendo todo sentido en un plano cartesiano, porque es un espacio de flujos (Castells, 2001). Lo importante son los nodos que concentran y distribuyen la información y cómo se ubican las ciudades, grupos y personas con respecto a ellos. Según Bauman (1999, 2003), el espacio ha dejado de ser importante para quienes pueden participar activamente en la sociedad posmoderna y globalizada. La tecnología de comunicación y transporte, la inmediatez, las relaciones y los intercambios se liberan, lo que permite superar la tiranía del sitio, ya sea por lo virtual o por la rapidez del desplazamiento físico. El espacio responde ahora al individuo, no como ciudadano abstracto de la modernidad, sino como persona con múltiples identidades, enormes pretensiones de consumo y poca capacidad de comprometerse seriamente con su ciudad o sus territorios. Todo esto implicaría la disminución y, quizás, la muerte del espacio público.

Entonces, ¿qué implican la modernidad y la posmodernidad en términos de la pertenencia e identidad territorial? De acuerdo con el sociólogo funcionalista Talcott Parsons (1970), en el proceso de tránsito hacia la modernidad, las motivaciones y orientaciones de los actores sociales evolucionan siguiendo uno de los polos de lo que denominaba variables-pauta típicas de toda sociedad. Una de ellas tiene que ver con qué criterios utiliza el actor para evaluar contextos (sujetos/objetos) y oscila entre el polo de las orientaciones «particularistas» de las sociedades tradicionales y el polo de las orientaciones «universalistas» de las modernas. Lo particular se refiere a lo fuertemente ligado a motivos personales, mientras que lo universal apunta a que el actor recurre a un marco general aceptado y legitimado por el colectivo social. En términos territoriales, esto se traduce en un tránsito de orientaciones «localistas» hacia orientaciones «cosmopolitas». Es decir, en las sociedades modernas, el actor social deja de orientarse o sentirse parte de localidades próximas y pasa a identificarse con territorios de mayor extensión o nivel de cobertura, se va convirtiendo en un «ciudadano de la nación o el mundo». En términos actuales, se podría decir que Parsons aludía a que las personas se hacían más globales y menos locales.

Diversas investigaciones, sin embargo, cuestionan la validez de este tránsito. Los estudios tienden a mostrar que las personas con una orientación territorial más cosmopolita, normalmente, son individuos con dificultades de integración social. Su desapego por lo local no es producto del cambio en las percepciones territoriales, sino más bien de cierta incapacidad de relacionarse e integrarse a los demás. Por el contrario, en la mayoría de las investigaciones realizadas, en las cuales los actores sociales jerarquizan la importancia relativa de los diversos territorios a los que pertenecen, la tendencia es a asignar más importancia a lo local, en comparación con lo nacional o supranacional (Gubert, 2005; Castells, 2003). Las explicaciones tras estas respuestas y manifestaciones serán examinadas más adelante, pero una de las principales razones se encuentra en los procesos que llevan a diferenciar un sitio de lo que es un lugar.

El concepto de lugar es utilizado por las ciencias sociales para definir un espacio que ha sido dotado de significados personales y, por lo general, se expresa en el grado de «apego al lugar» –place attachment, en inglés– (Smaldone et al., 2008). El apego, según Smaldone et al., se expresa vía dos aspectos principales: (a) la dependencia, que se mide de acuerdo con la percepción del actor de cuán fuerte es su asociación con un lugar (por ejemplo, cómo responde a sus diversas necesidades), fortaleza que puede compararse con respecto a otros lugares; y (b) la identidad, que se refiere a los aspectos emocionales del apego a un lugar e incluye cogniciones sobre el mundo físico, memorias, ideas, valores, actitudes, significados, entre otros. La dependencia tiende a reflejar más los aspectos funcionales del lugar, mientras que la identidad se acerca a lo afectivo y emotivo. Ambos aspectos se ven fortalecidos con la variable del tiempo, sea el vivido o relacionado con un lugar en particular. El marco temporal es uno de los aspectos fundamentales detrás del apego.