Kitabı oku: «¿Cuánta desigualdad puede soportar la democracia?»

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EL PAÍS QUE NUNCA HEMOS CONSTRUIDO (O CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ)

Raimon escribió, en un contexto muy adverso: «D’un temps que serà el nostre, d’un país que mai no hem fet, cante les esperances i plore la poca fe». Es decir: «De un tiempo que será el nuestro, de un país que nunca hemos construido, canto las esperanzas y lamento la poca fe».

El país que nunca hemos construido está lleno de calamidad, de desigualdad, de plutocracia (donde lo que manda es el dinero), y las decisiones que se toman desde un marco institucional europeo sin alternativas ni contrapesos están teniendo unas consecuencias desastrosas.

¿La crisis es una catástrofe o una calamidad? ¿La desigualdad es causa o consecuencia de la crisis? Estas son, en mi opinión, las preguntas clave.

Una catástrofe tiene un origen natural, es una circunstancia que cae del cielo, que difícilmente podríamos evitar y, mucho menos, prever. Por el contrario, la calamidad es consecuencia de la acción del hombre —y, en contadas ocasiones, de la mujer—, de sus decisiones y omisiones.

Yo me inclino claramente por la opción de la calamidad. Estamos donde estamos porque se ha construido un modelo basado en la depredación del medio; se permitió que la burbuja de la especulación se hinchase y la gente se olvidó de la desigualdad y de la lucha contra la misma, de las diferencias de clase. Ya sabemos cómo sigue la historia: se ha aceptado que la salida de la crisis pase por el sufrimiento de las víctimas, que no la han creado, y que son la inmensa mayoría de las personas.

Si se comete el error de pensar que lo que nos pasa es una catástrofe, la actitud ante la crisis es «no podemos hacer nada». Si se parte del convencimiento de que es una calamidad, de que el origen es la acumulación de los recursos en muy pocas manos, podemos albergar la esperanza de cambiar la correlación de fuerzas, con propuestas diferentes, con otras formas de actuar.

Solo si estamos convencidos de que lo que nos ocurre tiene un origen, y es humano, no divino, podemos conseguir pasar de la resignación a la acción, y de la acción a la estrategia para empezar a cambiarlo todo.

DESIGUALDAD, CAUSA O CONSECUENCIA

El otro interrogante es si la desigualdad es la causa de la crisis o una de sus consecuencias. Si es la causa, las políticas que incrementen esta desigualdad volverán la crisis todavía más profunda.

Supongo que todos somos conscientes de que vivimos en una de las sociedades más desiguales de la Unión Europea. Según el estudio de la Fundación 1.º de Mayo, España es el segundo país de la UE en términos de desigualdad social, por detrás de Letonia. Esos datos se ven ratificados en el informe que presentó Oxfam-Intermón, que ilustraba que, en España, veinte familias disponen de tantos recursos como el 20% de las personas con menos recursos.

Si se aplica el índice de Gini, puede comprobarse que la desigualdad en España entre 2005 y 2010 aumentó 2,1 puntos, del 31,8% al 33,9%, mientras que la media de la Unión se reducía en una décima y pasaba del 30,6% al 30,5%. En el año 1977, en plena Transición, la remuneración de la población asalariada representaba el 67,3 % del PIB, mientras que en el año 2012, cuatro décadas después, este porcentaje se ha reducido al 53,4%.

El problema de fondo es que en los años de crecimiento no se realizó una política de redistribución de la riqueza que sentase las bases de un modelo mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental y social.

El aumento de la desigualdad en relación con la distribución de la renta se disparó entre 2001 y 2007. Las cifras son contundentes: «Los hogares más ricos registraron una renta media mensual de 9.158 euros en 2001, mientras que, en el caso de los más pobres, la media fue de 758 euros. Eso significa que los hogares más ricos tuvieron una renta 9,1 veces más alta que los hogares más pobres. Esta brecha aumentó un 6 % entre 2001 y 2007, hasta llegar a 9,8 veces de diferencia».

Eso pone de manifiesto que el milagro económico español no ocurrió para todos por igual. Por ejemplo, entre 2001 y 2006 «los ingresos medios del 10% de la población más rica crecieron un 23 %, frente a un 11 % del conjunto de la población».

Estos datos acreditan que, a pesar de haber crecido mucho durante estos años, los gobiernos de turno, con ejecutivos conservadores, pero también las izquierdas mayoritarias, no supieron emplearlo para que se realizase una mayor redistribución de la riqueza y, por lo tanto, lograr un crecimiento mucho más sólido. Así pues, los diferentes gobiernos, incluido el de Entesa, no se centraron en la política distributiva porque la izquierda mayoritaria jamás entendió que se tratase de una prioridad.

Las cifras y el comportamiento no son fenómenos aislados de España. El incremento de las desigualdades a escala global, y particularmente europea, se produce desde la década de 1980, bajo el liderazgo de Reagan y Thatcher. El incremento de la desigualdad es resultado de un cambio en el que el poder financiero se impone al poder político e, incluso, al económico. La desigualdad, como señala Tony Judt, es «corrosiva, en la medida en que corrompe las sociedades desde dentro».

Grantham, uno de los principales expertos en economía financiera, dice que el sistema financiero ha sido para la economía «como correr con una sanguijuela pesada, grande y en crecimiento sobre los hombros». Es decir, las finanzas están actuando como mecanismo de extracción de rentas del resto de sectores, y desde la década de 1990, están cambiando a su favor la distribución de ingresos salariales y de rentas.

Estudios como los de Margrit Kennedy han subrayado los extremos grotescos de la financiarización del sistema productivo. Con datos de finales del siglo pasado para Alemania, se analizaron los costes de un producto o de un servicio municipal teniendo en cuenta todo el ciclo de producción, desde la extracción de materias primas hasta la venta del producto. El estudio apuntaba que, de media, el 50% del coste del producto correspondía al pago de intereses o dividendos. El peso de la financiación variaba según el producto, del 12 % en el caso de la recogida de residuos, al 77 % en el alquiler de viviendas sociales.

Sin embargo, sus investigaciones no terminaban ahí: Kennedy estudió el balance de la aportación de los ingresos y los gastos financieros en la población alemana, clasificada por deciles según el nivel de renta. El decil de renta mayor era 10, y el menor, 1. La investigación concluía que, mientras que los primeros ocho grupos de renta, del 1 al 8, eran contribuyentes netos (pagan más de lo que reciben), y el grupo 9 no realizaba ninguna contribución neta, el grupo 10, el de la renta más alta, era el que recibía las contribuciones de todos los demás. El sistema financiero alemán constituía un formidable instrumento de transferencia de recursos financieros de todos los segmentos de población hacia los más ricos por la vía del pago de intereses de capital. Viendo lo que ha sucedido en la última década, es muy probable que la situación haya empeorado.

Y ¿cuál es el motor de estos desequilibrios? La necesidad de crecimiento económico. Para crecer hay que endeudarse, y hacerlo con intereses de tipo compuesto, que generan unas magnitudes que crecen exponencialmente y convierten el sistema económico en una especie de juego piramidal. Quien va el último en el juego debe pagar las ganancias del que va delante. Salta a la vista que nos hace falta un nuevo modelo que no obligue a crecer por el mero hecho de tener que pagar los intereses de la deuda, sin aportar casi beneficios al 90 % de la sociedad. Y el sistema se retroalimenta en todo momento, ya que la capacidad de ahorro se concentra en los más ricos y, por lo tanto, el desequilibrio en el flujo financiero entre pobres y ricos crece.

De hecho, tal como asegura alguien tan moderado como Antón Costas, las «élites favorecidas por la acumulación de renta y la riqueza suelen desarrollar una fuerte insensibilidad hacia los costes humanos y las pérdidas del bienestar que experimentan los más débiles como consecuencia de conductas y políticas que perjudican gravemente el bienestar individual».

No es demasiado aventurado decir que esa política fue una de las causantes de la crisis. Es la desigualdad lo que propició un fuerte endeudamiento. Son la desigualdad y la nula redistribución lo que provoca que haya una acumulación de capitales sin precedentes. Y la desigualdad es consecuencia de un modelo financiero que la incrementa.

¿Por qué se produjo la crisis? Es probable que no exista un único factor, pero sin duda influyó poderosamente la pérdida de sentimiento de clase. El debate sobre las clases sociales desapareció por completo durante la década de 1980, noventa, la primera década del siglo XXI..., como si las clases no hubieran existido nunca. Cuando hablabas de «clase social», parecías un extraterrestre que acababa de bajar de un planeta extraño, cuando en realidad estabas describiendo el abecé de cómo se estructura cualquier sociedad.
Así pues, desde el momento en que todo tiene un precio y todo se puede comprar, la conciencia de lo público deja de tener sentido. Y creo que en la primera década del siglo XXI, en un momento de crecimiento económico en el que todo se podía comprar y todo se podía mercantilizar, eso provocó que un determinado modelo de capitalismo entrase en los hogares, y se perdiese el sentimiento de clase.

A pesar de que todos los asalariados son trabajadores, ¿cuánta gente se considera como tal? Durante décadas, se ha querido aparentar que nadie pertenecía a la clase trabajadora, que todo el mundo era de clase media, aunque fuese un asalariado. Eso ha hecho que la gente creyera que podía comprar cualquier cosa y que todos podían hacerse ricos.

Esta pérdida del sentimiento de clase permitió que la posible especulación, la compra de un piso para venderlo al cabo de dos años, se apoderase de la esfera más íntima desde la que se hace la política: de los hogares, de las conversaciones de sobremesa, de lo último que le dices a tu pareja antes de irte a dormir.

Esta pérdida del sentimiento de clase, el espejismo de que todo marchaba bien, hizo posible el país que nunca hemos construido.

DEMOCRACIA O PLUTOCRACIA

Para que todo eso haya sido posible, para el incremento de las desigualdades, nuestro funcionamiento democrático se ha ido acercando a una plutocracia. Uno de los factores desencadenantes de la crisis es que en las decisiones económicas no hay democracia. No se habla lo suficiente de este tema, y es un factor determinante. Uno de nuestros grandes problemas es que la democracia representativa tiene un grave déficit: que no hay marcos de deliberación reales para tomar las decisiones que afectan al interés general. Si no hay instrumentos de democracia participativa, de interacción y control sobre nuestros representantes, la democracia se limita a elegir un representante y pensar que al cabo de cuatro años ya pasaremos cuentas. La crisis económica es, por lo tanto, también una crisis de la representatividad y una crisis de la política, que se supedita a determinados intereses que parecen económicos pero que, en realidad, son intereses puramente financieros, sin base en la economía real. Es un problema que afecta a todo el planeta, pero que entre nosotros es todavía más acusado.

Los debates energéticos o fiscales, debates trascendentes, están muy condicionados por los intereses económicos, que pueden acabar afectándose los unos a los otros. De hecho, si un debate social puede acabar suponiendo que alguien pierda determinados privilegios, lo que casi siempre acaba imponiéndose es que este alguien impida que el debate se lleve a cabo.

Por lo tanto, la cuestión es si estamos en una democracia, en la que deciden las personas, o bien en una plutocracia, en la que las decisiones se toman en función del dinero que hay detrás.

Tenemos el caso de democracias asentadas que funcionan como tales. Estados Unidos actúa con frecuencia como una plutocracia, ya que las grandes decisiones económicas de la sociedad se toman en función del interés particular de determinados sectores económicos. El ejemplo más paradigmático se encuentra en el ámbito de la salud. Y, en ese ámbito, decisiones que eran muy racionales han obtenido (y todavía obtienen) una gran resistencia, porque la forma de elegir congresistas o senadores está sufragada por los intereses particulares de determinadas empresas que hacen que las decisiones de estos representantes no sean libres.

Corrupción legal. Este aparente oxímoron es lo que acaba suponiendo y expresando una forma de actuar. En realidad, en una plutocracia es habitual la captura o el secuestro de las instituciones en beneficio de unos pocos. Hablo de actuaciones que pueden hallarse dentro de los márgenes de la legalidad, pero que son profundamente inmorales y se basan en el aprovechamiento de la posición de poder y de un contacto directo y privilegiado con los gobernantes.

Esta estrategia explica en buena parte el mismo estallido de la crisis y sus extremos más obscenos. ¿Cuál es el origen de la proliferación de grandes infraestructuras faraónicas y absolutamente inútiles? Trenes sin pasajeros, aeropuertos sin aviones o autopistas sin coches. Unas infraestructuras que, además, no dan respuesta a los problemas de la gente, que en su mayoría toma trenes de cercanías y transporte público en general. ¿Cómo se explica que sigamos siendo uno de los países que más dependen energéticamente del exterior y, en cambio, se pongan todas las trabas posibles a las energías renovables mientras se paga a precio de oro la energía contaminante? ¿Cómo se explica que ante la amenaza de la burbuja inmobiliaria no se actuase para impedir el sobreendeudamiento, para controlar las prácticas de riesgo que se llevaban a cabo, para regular los sueldos de los directivos? ¿Cómo se explica que no se persiga el fraude fiscal y se decrete una amnistía, y que no se tomen medidas para impedir la ingeniería fiscal que pretende pagar menos impuestos? ¿Cómo se explica, en definitiva, un sistema que permite dedicar miles de millones a salvar bancos pero dice que no tiene dinero para aplicar una renta garantizada de ciudadanía, mientras las pymes y las personas trabajadoras pagan religiosamente todo lo que les toca?

En definitiva, no es que de repente se haya descubierto que existe la corrupción, es que el modelo de crecimiento de los últimos años alimenta y necesita el acto corrupto de asegurar que se defiende el interés general cuando en realidad se representan intereses absolutamente particulares. Este modelo se aprovecha de la debilidad de nuestra democracia, de un Estado débil y de la connivencia de ciertos partidos políticos que defienden y promueven este modelo, y que operan en un funcionamiento alérgico al control y la transparencia.

Estas prácticas son los ejemplos claros de la «corrupción legal» del mismo sistema. La ley hipotecaria, las preferentes, el rescate de los bancos, la venta de los servicios públicos —sea el agua o la sanidad— a precio de saldo, la amnistía fiscal... Todo esto solo puede entenderse desde un modelo que necesita cómplices para permitir un espolio de los recursos políticos hacia los bolsillos de unos pocos.

De este modo, crisis y corrupción forman parte de la misma estafa. La respuesta fácil es la mala gestión de los políticos. La paradoja es que pocas veces nos fijamos en las caras de los responsables económicos.

LA OPORTUNIDAD PERDIDA

El país que nunca hemos construido no viene de las respuestas obtenidas ante la crisis, sino de mucho antes. De cuando podíamos enfrentarnos a la desigualdad y hacer políticas que la combatiesen, de la época en la que teníamos que esforzarnos y echar el resto para que las decisiones económicas y sociales fuesen a favor del interés general y no del interés particular.

En mayo de 2010 vimos las primeras medidas de austeridad por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero. A pesar de que el origen estaba en unas políticas que incrementaban la desigualdad y los desequilibrios, sobre todo en la etapa del gobierno de Aznar, la oportunidad se perdió en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, la que transcurrió desde 2004 hasta 2008.

Intentemos refrescar la memoria. El PSOE pensaba que no llegaría al poder en las elecciones de 2004. Zapatero consiguió la secretaría general del PSOE en unas circunstancias determinadas y por los pelos. Es un hombre que pasó de ser el portavoz del PSOE en la comisión de administraciones públicas, diputado por León, a tomar las riendas del partido a raíz de unas circunstancias excepcionales, y que después llegó a presidente del gobierno también a partir de unas circunstancias excepcionales. Todavía me acuerdo de cuando, en una asamblea de Iniciativa celebrada en 2003, uno de los invitados, Santiago Carrillo, nos comentaba que no sabía nada de Zapatero y que eso era sospechoso cuando se trataba de alguien que hacía tiempo que ocupaba cargos de representación.

En esa época construimos un país que ganó en el terreno de las libertades individuales. Pero en el ámbito económico y social su pensamiento fue débil, muy débil. El programa electoral del PSOE de 2004 decía que estábamos en un escenario de burbuja inmobiliaria y que lo que hacía falta era deshincharla. Pero cuando llegaron al poder, decidieron surfear la ola, porque no aplicaron ninguna medida en el terreno económico que cambiase mínimamente las cosas. Habríamos podido deshinchar la burbuja, pero no lo hicimos, y al final acabó estallando.

Una oportunidad perdida... para ganar la igualdad

Veníamos de una sociedad que, incluso en los años de crecimiento, se había vuelto profundamente desigual. Y para ganar la igualdad, habría sido necesario llevar una fiscalidad más justa. Pero el gobierno consideró que eso no era una prioridad. De hecho, cuando lo hablábamos y discutíamos, personas tan relevantes como la ministra Salgado decían que la redistribución llegaba a través de los gastos, sin entender que lo que se necesitaba era una redistribución de rentas de quien más tenía hacia la economía productiva y de derechos, es decir, hacia la mayoría.

Después llegó lo de «bajar los impuestos es de izquierdas», en un país con una estructura fiscal que estaba diez puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. Se pensó que esos impuestos extraordinarios que se derivaban de la construcción eran impuestos ordinarios.

Sin embargo, incluso si nos centramos en las rentas laborales, lo que encontramos es que hay una discriminación a favor de quienes ganan mucho más que la mayoría. Dicen que tenemos el marginal (el tipo aplicable) del IRPF más alto, pero este tipo se aplica a partir de 300.000 euros, mientras que en otros países, por ejemplo Suecia, se hace a partir de 60.000 euros.

El dato más relevante es el tipo medio efectivo: es decir, lo que se paga de manera efectiva a Hacienda después de las desgravaciones. La gente con unos ingresos de 120.000 euros al año debería pagar un 51 %, pero acaba pagando un 28,6 %. Quien gana 175.000 euros, que debería pagar el 55 %, paga de manera efectiva el 29,9 %. Las rentas de 300.000 euros al año, que tendrían que pagar hasta un 56%, pagan un 30,3%. Pero lo más extraordinario es lo que pasa entre los más ricos: quien dice ganar 600.000 euros paga un 27,3% de media, un porcentaje incluso inferior al de quienes ganan 120.000 euros.

Así pues, la presión fiscal en nuestro entorno está muy por debajo de la media europea. Más de diez puntos. Un diferencial que se encuentra en la distancia en el IRPF; pero sobre todo en la gran diferencia que existe en el impuesto de sociedades efectivo entre las grandes empresas, así como en la baja fiscalidad sobre el capital.

Normalmente, cuando se habla de impuestos, solo se menciona la literalidad de la ley. Pero resulta que el tipo efectivo para las rentas de 100.000 dólares al año es del 32 %, por debajo de Turquía, Bosnia, la India, Grecia, y alejado del de Suecia, Alemania o Bélgica.

Los datos más relevantes no se producen en las rentas laborales. Según analiza el número 6 de la revista Alternativas Económicas, en el IRPF se pasó de aportar 72.614 millones en 2007 a 70.618 millones en 2011 en las finanzas de las administraciones, con una caída de la recaudación del 2,7%, a pesar de que en ese mismo período, el paro se triplicó y las rentas del trabajo cayeron por debajo del 50 % en el conjunto del PIB. Pues bien, en el mismo período, el impuesto de sociedades cayó un 52,1 % y pasó de los 44.283 millones a los 21.435 millones, cosa que hizo que el 70 % de la caída de los ingresos proviniese de la caída en el impuesto de sociedades, una reducción que no se ha producido en ningún otro país.

Hay numerosas razones, pero, sin duda alguna, lo que más pesa son los instrumentos no de evasión sino de elusión fiscal, mediante generosas deducciones, desgravaciones o técnicas contables impulsadas por la reforma de 2007.

En el ámbito teórico, el impuesto de sociedades sobre los beneficios es del 30 % (el 25 % para la pequeña y mediana empresa). Sin embargo, en la práctica, una vez aplicadas las deducciones, el tipo efectivo es el 11 %, por debajo incluso del 12,5% irlandés.

Es cierto que no todas las empresas tienen la capacidad ni el volumen para aplicarse estas deducciones. De hecho, quienes mejor lo hacen son las grandes empresas, y todavía lo hacen mejor las grandes corporaciones. Como describe Pere Rusiñol en Alternativas Económicas, las compañías independientes consiguieron pasar de pagar el 22,6% de sus beneficios en 2007, al 16,7 % en 2011. ¿Y los grupos consolidados? Pasaron de pagar el 9,9 % de sus beneficios en 2007 al 3,5% en 2011, según los datos que se registran en la Agencia Tributaria. Unos datos del 3,5 % de impuestos sobre un resultado contable fiscal de 85.940 millones en el año 2011. Vale la pena destacar que cerca de dos tercios (el 63,9 %) de los beneficios empresariales proceden de grupos empresariales, y que estos solo suponen el 2,8 % de las sociedades inscritas.

A este fenómeno debemos sumar la multiplicidad de instrumentos que permiten la elusión fiscal, con formas como las SICAV, las presuntas sociedades de inversión que en realidad son el «chiringuito» financiero que permite que grandes fortunas tributen un ridículo 1%. Por no hablar del fuerte nivel de fraude fiscal, procedente en un 73 % de grandes empresas, y que solo en Catalunya supone una cifra de 16.000 millones de euros.

Así pues, mientras Zapatero pactaba todas las políticas sociales y de derechos civiles con una izquierda muy «diezmada», pactaba todas las políticas económicas con Convergència i Unió. Y, por este motivo, no se sentaron las bases de una política de izquierdas, que era la redistribución.

Una oportunidad perdida... para favorecer a la democracia

El otro gran reto era cambiar la manera de tomar las decisiones. Todavía recuerdo, citando al filósofo Philip Pettit, que Zapatero insistía en que los ciudadanos votan cada cuatro años, mientras que los poderosos votan cada día, al descolgar el teléfono y cambiar una ley. Pero de las palabras a los hechos hubo un abismo, porque el modelo de crecimiento continuó dependiendo de determinados intereses.

De 2004 a 2008, las políticas sobre las obras públicas, la energía o el sector financiero se definieron más veces en el consejo de administración de determinadas empresas que en las sedes de los ministerios.

Del ámbito de las obras públicas se ha hablado hasta la saciedad. Pero se ha hecho después de que todo el mundo —o casi todo el mundo— las alabase. El AVE no era una obra racional, pero hace apenas cinco años casi nadie lo criticaba, y a quienes lo hacíamos nos acusaban de detener el progreso. Los argumentos que dábamos eran solventes: un kilómetro de AVE multiplica la inversión por tres respecto de un tren que circula a 220 km/h y, además, esta segunda opción es compatible con los trenes de mercancías y las infraestructuras ya existentes. Pero finalmente se optó por construir el AVE. Y no solo con el propósito de conectar Madrid con un modelo radial en el que todo pasase por la capital, sino principalmente porque había quien ganaba mucho con una decisión tan irracional. La decisión obedecía a intereses económicos, a los que yo añadiría también las percepciones de clase. El AVE era un tren que podrían utilizar las élites, a diferencia de los abandonados trenes de cercanías, en los que apenas se ha invertido y que están desconectados de la vida cotidiana de quienes tomarían después las decisiones.

Lo más grave es que en el terreno de las infraestructuras, se ha impuesto la lógica de la socialización de las pérdidas, después de haber privatizado las ganancias. Todavía recuerdo una de las últimas escenas que pude ver en el Congreso. Una enmienda que permitía un crédito de centenares de millones de euros para autopistas —las radiales de Madrid— por las que no pasaban coches.

La banca es el segundo de los factores en los que me gustaría detenerme. Y no solo para hablar de la desproporción de los recursos destinados a salvarla —375.000 millones, entre créditos y avales—, sino para determinar cómo la misma banca ha influido en los diagnósticos para salir de la crisis. En realidad, son sus gabinetes económicos, a falta de think tanks progresistas en materia económica y una vez silenciados los gabinetes económicos de las centrales sindicales, los que terminaron imponiendo sus propuestas en cada una de las soluciones que se han adoptado para salir de la crisis.

Hacia el período 2004-2005, cuando planteábamos la legislación para evitar el sobreendeudamiento familiar, el menosprecio hacia estas ideas era absoluto. Durante una negociación de presupuestos llegamos a convencer a Pedro Solbes de que suprimiera las desgravaciones en el acceso a la compra de vivienda. Por ejemplo, si un piso costaba 100 y el gobierno ponía 10 en concepto de desgravaciones, esta cifra la internalizaba el promotor, que se veía con derecho a subir el precio del inmueble; así pues, se trataba de una transferencia del Estado al promotor. Si eliminábamos las desgravaciones de manera parcial (y no retroactivamente), podíamos empezar a desinflar la burbuja inmobiliaria, sin esperar a que esta acabase estallándonos en la cara, como al final ocurrió. Pues bien, convencimos a Solbes, pero cuando Solbes fue a la Oficina Económica de la Moncloa, Miguel Sebastián, jefe de la oficina, dijo que ni hablar.

Eran los años en los que se imponía la tesis de que los activos inmobiliarios no bajarían, una tesis que se mantendría incluso cuando llegó la crisis. Y eso es lo que hizo que la política económica y financiera del gobierno fuese tan negativa y desastrosa. Por ejemplo, conviene recordar que Jordi Gual, economista jefe de La Caixa, previó en el informe de la entidad de 2009 que la bajada de los precios de los inmuebles sería exclusivamente estacional, porque después volverían a subir. Seguramente, el conjunto de todas las entidades financieras hizo que no se actuase como se tenía que actuar, y creó desde el principio un banco malo, sin esperar que la situación siguiera degradándose.

Y la situación llegó hasta tal punto que el último indulto del gobierno Zapatero fue a Alfredo Sáenz. Una anécdota que tiene carácter de categoría y que ilustra muchas cosas: no solo la connivencia del poder financiero con el político, sino también la forma en la que un gobierno en funciones indulta al segundo de los banqueros más poderosos de España al mismo tiempo que la noticia tiene una trascendencia muy limitada. De hecho, ese indulto fue precedido, tal como informa en Papel mojado el periodista Pere Rusiñol, de una invitación de Botín al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil para los principales periódicos estatales. De ese modo, no solo los mimaba con un viaje a Brasil, sino que hacía una demostración de poder. En un solo acto, en un solo escenario, conseguía transmitir que disponía de la información antes que ellos y, al mismo tiempo, mantenía a los principales periódicos del país de su parte, justo cuando la prensa tenía una información que podía hacerle mucho daño.

Otro ejemplo es el caso de las cesiones a crédito, un producto financiero creado por el Santander en la década de 1990 que fue denunciado como instrumento de fraude fiscal descomunal. La Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar, pero después de abrir el caso, con el primer gobierno Aznar, le pararon los pies. Se decidió que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se posicionarían en defensa de los intereses de la administración defraudada. Nos llegó el caso y, cuando estaba a punto de archivarse, ante la incomparecencia del Estado en defensa de sus intereses —los intereses del erario público—, decidimos personarnos nosotros, llevar el caso a los tribunales, como Iniciativa, gastándonos un dinero que no nos correspondía gastar, con el objetivo de que se juzgase a los responsables del fraude y que se devolviese el dinero defraudado. Una vez que el PSOE llegó de nuevo al gobierno del Estado, la primera iniciativa que presenté en el pleno fue una interpelación al ministro Solbes para pedirle que se personasen. El ministro respondió como si no supiera de qué iba la cosa. Pocos meses después, se realizó una jurisprudencia ad casum, a medida, nos negaron la legitimación activa, o dicho de otro modo, nos negaron el derecho a hacer la acusación, que estaba reservada solo a quienes estuvieran directamente afectados. De ese modo, el juez no tenía que juzgar los hechos —más que probados—, sino que por la simple incomparecencia del Estado (gobernado primero por el PP y después por el PSOE), ni el Santander ni Botín asumieron responsabilidad alguna.

El tercer sector en el que me gustaría detenerme es el energético. Como ya he mencionado, estamos en uno de los rincones de Europa con una mayor dependencia energética del exterior, lo que hace que nuestra balanza comercial se vea muy perjudicada y que la perspectiva de futuro sea complicada.

Una de las reivindicaciones de siempre, de muchos sectores ecologistas y económicos, ha sido que se aprobase un decreto de autoconsumo. Se trata de algo tan sencillo como permitir que, cuando colocas placas solares en casa —por ejemplo—, puedas conectar a la red al precio del mercado la energía que no consumas, y no al precio superior al que se vende toda la energía de tipo renovable. El decreto interesaba a todo el mundo. Permitía a la gente realizar pequeñas inversiones y tomar conciencia de lo que cuesta generar electricidad. Y conseguíamos caminar hacia un modelo de generación distribuida que diese más garantías en el suministro. Esta fue una petición exigida por muchas personas. Incluso algunos pudimos tener acceso a varios borradores posibles que, sin embargo, se quedaron en un cajón del Ministerio de Industria.

Finalmente, el decreto vio la luz. En 2013, con el gobierno Rajoy, España fue el primer país en poner barreras al acceso al autoconsumo, obligando a pagar un alto precio por vender electricidad a la red. Y fue así porque el autoconsumo interesa a todo el mundo salvo a las grandes compañías eléctricas, que habían invertido en nuevas centrales (en su mayoría de ciclo combinado) que no funcionaban a las horas previstas. Estas centrales permanecían demasiadas horas paradas, y solo les faltaba que la generación pasase a manos no de centenares de miles de personas, sino de millones, cosa que habría hecho todavía más ruinosas sus inversiones.

La ley Piqué, de 1997, teóricamente liberalizaba el sector, pero, en el fondo, lo que hace el sector es controlar por completo el mercado. Existe un modelo de fijación de precios absolutamente perverso que hace que cada año las eléctricas se lleven 5.000 o 6.000 millones. Es un sistema muy complejo. Supongamos que alguien tiene un ciclo combinado, que es la energía que cuesta más de producir, y otra persona tiene una hidroeléctrica o una nuclear amortizada, que puede ser una energía más barata de producir cuando ya ha amortizado la instalación. Ambos van al mercado, donde se vende la electricidad al precio de la tecnología más cara en venta. La fijación de precios de la energía implica que, si uno la produce a 100 y el otro a 10, a los dos se la pagan a 100. Por eso, entre otros factores, existe un déficit tarifario de 30.000 millones de euros a favor de las eléctricas. Y por eso las eléctricas, a pesar de la fuerte crisis y de la disminución de la demanda, continúan presentando unos beneficios astronómicos.

Así pues, la oportunidad perdida, con una renuncia bastante clara a que se instaure la igualdad y un menosprecio muy acusado por ganar la democracia, terminó arrojándonos a una crisis profunda, muy profunda, que primero negamos, y a la que, después, respondimos tarde y mal.

EL KEYNESIANISMO BASTARDO

Keynes predicaba las políticas de inversión porque, cuando hay recesión, lo mejor que se puede hacer es invertir. Pero por desgracia, en los primeros años de la crisis, además de negarla, la respuesta se limitó a lo que algunos economistas, como Joan Robinson, calificaron como «keynesianismo bastardo»; es decir, la política de inversión que no cambia en absoluto el modelo productivo.

Después se acabó poniendo en práctica una retahíla de frivolidades, como el cheque bebé u otras cosas que no tienen base ni fundamento.

El Plan E, anunciado en 2009, una vez asumida la crisis, era una política de inversión demasiado simple, de keynesianismo bastardo —cambiar lo anecdótico pero no cambiar el modelo productivo—, un plan muy influido por determinados sectores económicos. Y un plan para el que, una vez más, no se escucharon determinadas propuestas, que no interesaban ni a los grandes constructores ni al sector energético. Todavía recuerdo cómo se planteó la posibilidad de que esos recursos se destinasen a un plan de rehabilitación energética de edificios. De ese modo, se promovía la reconversión del principal sector industrial, el de la construcción, y se conseguía hacer emerger a un sector marginal, el de la rehabilitación energética. Dicho plan habría permitido mejorar sustancialmente los balances energéticos. Pero, una vez más, la decisión no se tomó en función del interés general, sino del de los bancos, que tenían inmuebles por colocar, y lo que menos les convenía era que se incorporasen otros pisos al mercado; de las grandes constructoras, preparadas para hacer obras públicas pero no para rehabilitar; y de las compañías eléctricas, que con una propuesta como esa podían perder facturación y, sobre todo, diversificar las fuentes de generación de electricidad.

Así pues, en 2010 fue preciso dar el giro. Y ese giro mató el relato de Zapatero. Sin embargo, puede que el problema no fuese el cambio de relato, sino que ese relato no era coherente con la política financiera, energética y económica que se realizaba. El 10 de mayo de 2010 fue para muchos el día de la gran traición de ZP. El día en que se desdijo de todos sus propósitos. El momento en el que todo cambió. Pero no fue eso exactamente lo que ocurrió. Fue el día en que empezó a caer el mito, tal vez porque antes ese relato no había ido acompañado de un cambio profundo de lo que era imprescindible hacer y se tenía que hacer. Hasta 2010, se navegó sin rumbo en el terreno económico, y lo que nos encontramos en 2010 fueron las consecuencias de esa deriva.

Hay quien se pregunta por qué no se plantó delante del Banco Central Europeo y sus exigencias, por qué no dimitió y convocó elecciones. En lugar de eso, renunció a la política, a otra política económica, y lo hizo con la incorporación de una nueva redacción de la Constitución. La traición más sublime es el artículo 135 de la Carta Magna: anteponer las políticas de déficit a las políticas fiscales. La pérdida de sentido absoluto de los valores de la socialdemocracia.

En 2010, Zapatero podría haberse plantado y haber convocado elecciones. Sin embargo, eligió el peor camino posible: renunció a hacer política.

EUROPA, PARTE DEL PROBLEMA

Hasta aquí el relato aproximado de lo que ocurre. Pero creo que este relato no está completo si no se explica qué ha sucedido y continúa sucediendo en Europa. Y es que si hay un espacio material que ha dejado de ser nuestro, es Europa. El sueño europeo. Europa es gran parte del problema y, al mismo tiempo, Europa es la solución.

Porque Europa, o mejor dicho, las políticas que nos dibujan como las únicas posibles son una de las causas —cuando no la causa principal— del momento en el que nos hallamos.

Decisiones que aparentaban neutralidad tienen mucho que ver con lo que nos ha pasado, con lo que nos pasa y con lo que está por llegar.

¿Cuál es el lastre principal para nuestra economía? La deuda privada. Ahora estamos al 100 % del PIB de deuda pública, pero ha subido mucho durante los últimos años porque hemos convertido deuda privada en deuda pública, deuda de los bancos en deuda pública, y la hemos asumido entre todos. A pesar de eso, estamos cerca de la media europea. No es un endeudamiento desbocado, y si ha subido es como consecuencia de las políticas de rescate en el sector financiero. En cambio, tenemos una deuda privada descomunal, un 280% del PIB.

¿Lograremos salir del pozo si tenemos que pagar todo eso? No. O sí, lograremos salir pero con el peaje del sufrimiento de la gente. Un sufrimiento que puede durar décadas si seguimos las condiciones draconianas que se imponen a unos y a otros. Por poner un ejemplo, a Grecia se le han dado 50.000 millones de euros y ya ha devuelto 70.000. Podemos pagarlo a costa de un empobrecimiento generalizado, que es lo que los representantes de la troica decían a los griegos: vamos, devaluación competitiva hasta llegar al nivel de Rumanía. Y la pregunta es: ¿hasta dónde llegaremos nosotros?

¿A qué se debe esta deuda privada? Por una parte, al hecho de que la paridad peseta-euro, dracma-euro, lira-euro, se hiciera a favor del marco alemán. Es decir, el cambio que se definió estaba pensado para que nosotros pudiésemos adquirir mucho producto alemán a partir de la sobrevaloración de nuestra economía y de nuestras monedas. El economista griego Costas Lapavitsas lo describe a la perfección en Crisis en la eurozona, cuando expone que los países periféricos perdieron competitividad en relación con Alemania a causa de unos elevados tipos de cambio iniciales y de la capacidad de los empresarios alemanes a la hora de presionar con dureza a sus trabajadores. Vale la pena recordar que hoy en día Alemania tiene más de 7 millones de trabajadores pobres.

En segundo lugar, cuando las economías del sur de Europa crecían en porcentajes por encima del 2% y del 3%, con índices de inflación que nunca bajaban del 2% y del 3%, el BCE (con sede en Frankfurt) impuso que el precio del dinero se situase en el 1%. Si tienes el precio del dinero al 1% y la inflación al 3%, el tipo de interés es negativo; es decir, en esa época el dinero «se regalaba», pero bajo criterios profundamente antieconómicos, pues recalentaba la economía y favorecía el sobreendeudamiento de empresas y familias. Sin embargo, eso sirvió, y mucho, para que una Alemania con estancamiento económico pudiera incrementar su producción, no a partir de un aumento de la demanda interna alemana, sino de un consumo más alto derivado de un endeudamiento más elevado.

De forma paralela, iba calando la nula política de redistribución en toda Europa y especialmente en el sur. Así lo explica el nuevo presidente del Banco Central de la India, Raghuram G. Rajan, en Grietas del sistema, porque la economía sigue amenazada. De hecho, las clases medias ya habían empezado a sufrir una pérdida de poder adquisitivo mucho antes de que estallase la crisis. El sistema que se ideó para mantener el consumo a pesar de la constante pérdida de poder adquisitivo y de derechos fue un mayor acceso al crédito; dicho de otro modo, ante tanta desigualdad, se dio prioridad a una respuesta insensata. Así podían evitarse las tensiones que exigían más igualdad y redistribución, todo a costa de hacer una inmensa bola de nieve en forma de crédito. La desigualdad se incrementó, y el método para paliarla no fue combatirla, sino dejar que se produjera a través de la emisión de deuda.

Sin embargo, los salarios no subían, y en el sur de Europa se construyó el peor de los escenarios posibles. El consumo subía, pero no lo hacía a partir de un incremento de los salarios, o de una política redistributiva, sino del apalancamiento del conjunto de la economía, de empresas y familias, con consecuencias que todavía sufrimos.

Alemania salió adelante en el terreno económico con 7 millones de trabajadores pobres a partir de nuestro sobreendeudamiento porque, entre otras cosas, marcó poderosamente las reglas del juego que permitían que los del sur acabásemos endeudándonos más que nunca.

¿Nos equivocamos al sobreendeudarnos? Sí. ¿Nuestro legislador no quiso regular el sobreendeudamiento? También. ¿Se ganó competitividad a costa de reducciones salariales y se mantuvo el consumo a costa del endeudamiento? Sí. Pero las reglas fijadas por la entrada del euro y los tipos de interés fijados por el BCE propiciaron un endeudamiento sin precedentes.

Por lo tanto, se producen dos cosas. Primero, hay un factor de endeudamiento debido a que la constitución del euro se realiza pensando en el escenario de la reunificación que tenía Alemania y en sus necesidades exportadoras. Y segundo, hay un acceso al crédito fácil, diseñado para compensar con creces las constantes devaluaciones salariales.

El BCE elaboró una política para que nosotros nos endeudásemos. Y la pregunta es: ¿y ahora tenemos que asumir esa deuda en su totalidad? Fruto de este análisis, se desprenden algunas conclusiones. Debemos entrar en un escenario de renegociación de la deuda global del sur de Europa. ¿Por qué? Nosotros asumimos parte de la deuda, pero no solo nosotros, también quienes se han beneficiado de ella, quienes diseñaron una estrategia que propició el fuerte endeudamiento de mucha gente, y en especial, de las economías del sur de Europa.

El proyecto europeo, su arquitectura institucional, la pérdida de referentes morales... Europa es parte del problema o, mejor dicho, lo es la falta de un proyecto de progreso para Europa, pues lo que se impone es una Europa-mercado, sin derechos. Un problema que en buena medida deriva, aunque tengamos que alejarnos un poco más en el tiempo, del Tratado de Maastricht, y que se acentúa con las últimas decisiones en el proceso de construcción europea y con la arquitectura del Banco Central Europeo, que asume responsabilidades sin ningún tipo de contrapoder. Si nos fijamos bien, en la actualidad, en el debate político europeo existe gobierno pero no oposición. Cuando hablamos de las decisiones europeas, nos referimos a ellas como si fuesen decisiones asépticas. Hablamos de comisarios, como José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, y Joaquín Almunia, hablamos de familias políticas diferentes, pero, en cambio, no existe la contraposición de modelos ni de ideas, y el liderazgo político es claramente conservador. Supuestas decisiones tecnocráticas están profundamente sesgadas desde el punto de vista político y económico.

En solo una generación, hemos pasado de una Europa que era el sueño al que aferrarse, a una Europa que solo en contadas ocasiones nos aporta buenas noticias y conquistas de derechos.

A pesar de todo, muy a menudo nuestros gobernantes se amparan en decisiones que aparentemente les vienen impuestas. ¿Cuántas veces asistimos a debates en los que el gobernante de turno nos dice que algo se nos impone desde Europa? Pero cuando vamos al origen de la supuesta imposición, encontramos a sus familias políticas, sus eurodiputados, sus ministros votando lo que definen como un «mandato». De esa forma, Europa acaba siendo el refugio de los cobardes.

Y AHORA..., ¿EL MOMENTO DE LA RESIGNACIÓN?

Una vez descrito el panorama, lo que nos proponen es que los nuevos tiempos sean los de la resignación. Los tiempos de «no hay alternativa». El momento de tirar la toalla.

Lamento la poca fe. La poca fe de quienes, con instrumentos y cantando la cantinela de «no hay alternativa», nos proponen una vida en la que los derechos se nos escurren entre las manos. La poca fe de quienes hacen que lo injustificable parezca inevitable. Es la poca fe ejemplificada en la política diseñada por la troica y seguida por el BCE como una estafa monumental.

Esta estafa se concreta en el hecho de que, en España, desde el principio de la crisis, la banca haya recibido 300.000 millones de euros en créditos al 1 %. En avales y ayudas, 175.000 millones de euros. Así pues, el BCE financia la banca al 1 % (ahora al 0,25 %) pero la banca financia la administración al 4%, el 5% o el 6%, mientras que los entes privados, si pueden acceder al crédito, pocas veces lo hacen por debajo del 8 %. Así se permite que esos excesos se financien a costa del encarecimiento de la deuda pública y de las dificultades de las empresas para acceder al crédito.

Todo eso contrasta con lo que ocurre en otras latitudes. California, la quinta economía del planeta, tiene un déficit y una deuda pública superiores a los de España. Pero la Reserva Federal puede poner la máquina de fabricar dinero en marcha y comprar deuda de California. El estado de California es tan sistémico como cualquiera de nuestros bancos.

Eso nos lleva a un Estado que podríamos denominar de «deudocracia». El libro de Yanis Varoufakis El minotauro global expone cómo, hoy en día en Europa, las políticas de deuda están pensadas para imponer, a través de la terapia de choque, soluciones que no aceptaríamos en ninguna otra circunstancia. Y así nos obligan a lo que denominan «devaluación interna», que es, al fin y al cabo, la devaluación de nuestras vidas. En muy poco tiempo, han conseguido pasar de una crisis cuyos orígenes y causas están en la desregulación del sector financiero, a centrar el problema en los excesos del sector público, entre otras cosas porque las reglas de acceso al crédito ya se han fijado y porque la crisis ha servido para reducir y cargarse el Estado de bienestar.

Lo más chocante es que tengan la valentía de repetir como un mantra que estamos empezando a salir de la crisis. Y no lo hace solo quien gobierna. Lo hacen especialmente las élites económicas del país: las grandes empresas y corporaciones, que insisten en que este es el camino adecuado. Así pues, el Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa a las principales empresas españolas, detalla en un documento en qué se fundamenta la salida de la crisis: en una profunda devaluación interna. Por ejemplo, se puede leer que «la tasa de crecimiento de los salarios nominales se ha reducido cinco puntos desde la entrada en vigor de la reforma y muestra en la actualidad una tasa de crecimiento cercana a cero», y más adelante que, según un estudio presentado por la consultora Mercer, «España seguirá presentando unos incrementos salariales en el rango inferior de todos los países europeos y en 2013 este aumento será menor que en 2012». El documento es prolijo en datos para corroborar que la OCDE afirma que un tercio de las empresas han revisado a la baja los sueldos de sus trabajadores.

La sinceridad es un valor. La élite empresarial lo dice claramente. Estamos saliendo de la crisis a partir de una reducción de salarios sin precedentes. Y nos anuncia que, si seguimos con esa tendencia, los costes laborales aumentarán en el Estado cuatro veces menos que en Alemania y el Reino Unido, y la mitad que en Francia, para acabar añadiendo que los costes laborales de nuestros universitarios son extraordinariamente más bajos que los de los países de nuestro entorno.

Es un documento esclarecedor: somos el país europeo en el que, desde la década de 1990 hasta el año 2012, más se ha incrementado el margen empresarial por trabajador, medido como diferencia entre lo que se ha producido y el coste por trabajador. Y según la Comisión Europea, España será donde más continuará aumentando este margen empresarial.

Es decir, en una de las sociedades con mayor nivel de desigualdad de la UE, la propuesta que nos hacen es continuar incrementando la desigualdad. Y de hecho, esta propuesta ya ha tenido sus consecuencias.

¿Cuál es el problema? Que hoy en día la única estrategia que se plantea para el sur de Europa se fundamenta en un incremento de la desigualdad, confiando en que esa sea la manera de salir de la crisis. Si la desigualdad es la principal causante de la crisis, el incremento de la desigualdad es la principal estrategia que se ha empleado para salir de ella. Según Credit Suisse, en solo un año, entre mediados de 2012 y mediados de 2013, el número de millonarios había aumentado en España en un 13%, en un período en el que el paro había llegado a máximos históricos y cuando las administraciones aplicaban más recortes que nunca. Así, el número de españoles con más de un millón de dólares se había incrementado en 47.000 personas.

Y la paradoja es que es muy posible que a estas grandes empresas les vaya bastante bien. Es ilustrativo ver cómo sus beneficios en los primeros seis meses de 2013 son sustancialmente superiores a los del año anterior. Sin embargo, estas grandes empresas salen adelante gracias a su acceso al crédito, a los mercados internacionales y a unos trabajadores más baratos.

La consecuencia es que esta estrategia, marcada por las élites extractivas, por muchas de las empresas que basan su hegemonía en legisladores que gobiernan a su favor, supone una multiplicación del sufrimiento incomparable. En primer lugar, porque un sueldo más bajo conlleva en muchos casos una vida mucho más dura, con un porcentaje de trabajadores pobres que se suman a la pobreza severa de los que no encuentran trabajo y a quienes se les acaban o se les recortan las prestaciones. Y en segundo lugar, porque acaba representando una contracción del consumo que termina por hundir a toda la pequeña y mediana empresa. En esa línea, los datos del INE sobre consumo familiar reflejan cómo se reduce drásticamente el consumo de vehículos, ropa, restaurantes y alimentos, mientras aumenta el consumo en aquellas prestaciones que se desregulan todavía más o se privatizan, con incrementos sobre la educación, la salud o el transporte, hasta llegar a una subida del 254 % en el precio de la electricidad.

La consecuencia de todo esto, de lo que técnicamente llamamos «devaluación interna», es el sufrimiento. Una aceleración a velocidad de vértigo hacia las condiciones de un país periférico y un cambio en la estructura social del país, que hace que el grueso de la gente que se divide entre pobres y muy pobres no haga sino aumentar.

El último libro de Josep Fontana, El futuro es un país extraño, defiende la tesis de que el Muro significaba que había un enemigo, que había una amenaza, y, por lo tanto, el capital debía pactar con las clases trabajadoras. Este es el sentido histórico y trascendente de la socialdemocracia en Europa, en las décadas de 1940, 1950 y 1960. En el momento en que el capital deja de tener miedo, cree que ya no existe la necesidad de pactar. Solo así se explica que en la actualidad, en Europa, a pesar de saber que la política de austeridad no funciona, la mantengan.