Kitabı oku: «Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México»

Introducción

Los procesos de globalización y de apertura del campo mexicano han vulnerado cada vez más las condiciones de vida de los grupos indígenas, obligándolos a migrar hacia las ciudades e incorporarse a franjas de espacios urbanos marginados para trabajar en actividades informales de bajos ingresos y con alta exposición a riesgos de todo tipo. Tales procesos se conectan con mecanismos históricos de segregación, exclusión y discursos y prácticas discriminatorias a los que las personas indígenas tratan de escapar a partir de distintos mecanismos de negación de su identidad y orígenes étnicos. Lo anterior se refleja en las propias estadísticas intercensales de 2000 y 2010 y en el conteo de población de 2005, instrumentos en los que se aprecia la generalizada reducción de población indígena en las zonas de origen y el aumento de población en las medianas y grandes ciudades cercanas a su entorno, con el agravante de que en ellas dicha población no se reconoce como indígena, lo que muestra una estrategia de negación de origen cultural para poder ser parcialmente aceptados en los entornos urbanos y lograr subsistir.

Así lo han venido constatando las investigaciones que inicialmente mostraban la magnitud del fenómeno migratorio de indígenas a las grandes ciudades, especialmente a Ciudad de México, iniciados con Arizpe (1976) y seguidos por otras investigaciones (Hiernaux, 2000; Albertini, 1999; Bar Din, 1992; Bertely, 1997 y 1998; Cooning, 1999; Oehmichen, 2001; Saldívar, 2006; Horbath, 2008a) y estudios para pequeñas y medianas ciudades (Anguiano, 1997; Durin, 2003; Fernández, 2003; Köhler, 2004; Lestage, 2001; y Valencia, 2000). El aumento en el interés sobre la inter y multiculturalidad y la diversidad étnica en México fue mayor desde la década de los noventa del siglo pasado a partir del reconocimiento de los derechos indígenas que se ha venido dando a partir de reformas constitucionales (Comboni y Núñez Juárez, 2003: 41) y de la incorporación de las bases para los cambios en materia educativa que llevaron a profundas revisiones de los programas de educación (Bertely, 2003). Un ejemplo de ello son los estudios sobre niños indígenas en escuelas urbanas que se han concentrado en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Pachuca y Ciudad de México, en donde se muestran las fuertes agresiones de las que son víctima y la discriminación social que padecen, además del débil soporte del sistema educativo por la poca preparación de los maestros para enfrentar el fenómeno que, además, tiene como consecuencia la pérdida de la lengua materna (Crispín, Delgado y Athie, 2006; Saldívar, 2006; Martínez y Rojas, 2006; Durin, 2007 y Raesfeld, 2009).

Las penosas condiciones sociales y laborales que la población indígena ha registrado desde décadas atrás se agudizan ahora por los problemas económicos de las regiones rurales. Los cambios climáticos con el consiguiente empobrecimiento de la tierra, la creciente dificultad para encontrar mercados para sus productos, la internacionalización de la economía y el desequilibrio regional han llevado a esta población a hacer de la migración una de las estrategias centrales para la sobrevivencia, principalmente el desplazamiento hacia las ciudades como lugares con mayores posibilidades de brindar recursos económicos. La magnitud de este movimiento migratorio lo convierte en un importante fenómeno socio económico, socio político y sociológico, dentro de cuyo marco se puede observar cómo se crean y recrean prácticas discriminatorias que agravan situaciones de exclusión y marginación: resulta indiscutible que la migración a las ciudades no se traduce en una transformación definitiva de las condiciones laborales y económicas de las y los indígenas.

Como primer señalamiento podemos referirnos a los lineamientos de las políticas públicas, que definen a aquellos a quienes van dirigidas en términos de poblaciones “pobres” y vulnerables”, asociadas además a la idea de campesinos. Al englobar a la población indígena dentro de esta definición se la despoja de su identidad particular y se la margina respecto de su derecho a participar de la construcción del sistema social urbano. Otra de las observaciones que podemos hacer en cuanto a los programas específicos es que están dirigidos casi exclusivamente a atender a las áreas rurales, pero no contemplan la existencia de la población indígena que habita las ciudades en condiciones de extrema precariedad.

Las ya mencionadas situaciones de exclusión y marginalidad se hacen presentes en todos los ámbitos: laborales, de vivienda, de educación y de salud. La posibilidad de las y los indígenas de acceder a un empleo asalariado es escasa y cuando lo logran lo hacen en condiciones de precariedad en relación al salario y prestaciones sociales, mientras que la mayoría solo puede integrarse a la economía informal, con el ambulantaje como principal recurso de sobrevivencia, actividad que demanda largas horas de andar por la ciudad y durante las que sufren situaciones de fuerte discriminación. Respecto a la vivienda, en su mayoría habitan colonias en zonas de la periferia carentes de servicios básicos y generalmente alejadas de los centros educativos y/o de los lugares donde pueden recurrir a la venta callejera. Además de lo que se señaló más arriba sobre el tema de escolaridad, debido a las condiciones de pobreza y marginación en que está inmersa la mayor parte de la población indígena urbana, otro de los motivos del observable fracaso escolar se debe a que las niñas y niños indígenas abandonan la escuela para contribuir con su trabajo al ingreso de la familia.

Si bien durante siglos la cultura occidental ha venido produciendo estereotipos referidos a las así llamadas “minorías” (aunque no siempre esta denominación se corresponda con una cantidad real), en el caso de los indígenas la discriminación originada en gran parte por estos estereotipos se exacerba cuando se refiere a los grupos que viven en las ciudades. Un aspecto que vale señalar es cómo desde las instituciones (oficinas, escuelas, instituciones de salud, espacios públicos) se van naturalizando tratos diferenciales producto de la falta de comprensión –y hasta del menosprecio– del valor de la cultura indígena, lo que dificulta grandemente la efectiva inserción de esta población en el espacio urbano.

Alcance de la investigación, sujetos de estudio y estrategias de producción de información

Este libro se basa en un trabajo de investigación de tres años de duración realizado con financiamiento de la convocatoria de Ciencia Básica de CONACYT que buscó identificar las condiciones de acceso a los servicios sociales (salud, educación, vivienda) y las oportunidades laborales de la población indígena en distintas zonas urbanas del país. Después de un estudio base realizado en la Ciudad de México y financiado por INDESOL en la convocatoria 2007 (incorporamos algunos de los resultados en la tercera parte del informe) continuamos la investigación en una región con alta presencia de grupos y comunidades indígenas como es el sureste mexicano y agregamos la segunda zona urbana del país. Por el tamaño y dinámica de estos lugares, la migración indígena del sureste del país se dirige principalmente a las ciudades de Campeche y Ciudad del Carmen (población maya), Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de las Casas en Chiapas (población tsotsil, tsetzal y mam entre otras migrantes), a Chetumal, Cancún y Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo(sobre todo población maya peninsular), a Villahermosa en Tabasco (población chontal) y a Mérida, Tizimín y Valladolid en Yucatán (población maya). Todas estas ciudades se caracterizan por tener altos crecimientos de población y una disminución de su población indígena en casi todas, lo que responde a la estrategia de no contestar las preguntas de auto-adscripción indígena o dominio de lengua indígena.

Teniendo en cuenta lo anterior se seleccionaron ciudades que permitieran iniciar un proceso de comparación sistemática de carácter regional busca fin de contrastar las ciudades más importantes el sur del país con las grandes ciudades y zonas metropolitanas. Las ciudades escogidas fueron Guadalajara(Jalisco), Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y el sistema urbano-regional de la península de Yucatán: Campeche y Ciudad del Carmen (Campeche), Mérida y Tizimín (Yucatán) y Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad (Quintana Roo).

Para efectuar el contraste y utilizando técnicas mixtas, primero se midió la magnitud y se reconstruyeron las manifestaciones y efectos de la discriminación social, laboral e institucional que experimentan los indígenas en cada una de estas ciudades a partir de distintas fuentes secundarias de información, especialmente documentos e informes oficiales, planes de desarrollo y programas sociales de salud, educación, vivienda y trabajo, y muestras de los Censos de Población de 2000 y de 2010. Asimismo, mediante técnicas cualitativas, se establecieron las relaciones, interacciones y vínculos de orden material y simbólico que tienen lugar en los espacios urbanos. El propósito fue formular recomendaciones para la política pública que no sólo coadyuvaran a visibilizar en acciones afirmativas la discriminación hacia estos grupos sino que apuntaran a transformaciones estructurales insertas en las lógicas de funcionamiento de espacios urbanos complejos que requieren ser pensados articuladamente con el entorno rural-regional en el que se inscriben1.

El grupo de población estudiado fueron hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad con diferentes formas de permanencia en las ciudades propuestas, considerando la especificidad de los grupos etáreos (de 18 a 29 años como jóvenes-adultos, 30 a 59 años como adultos y de 60 y más años como adultos mayores). Para localizar a la población indígena con presencia en estos espacios geográficos se consideraron dos criterios: que residieran o laboraran en dichos espacios, es decir, que desarrollaran en los mismos parte de su vida cotidiana.

Para la producción de datos en terreno se elaboraron: a) guías de entrevistas cortas de léxico a indígenas originarios y migrantes residentes en las ciudades (ver Anexo 2), b) entrevistas abiertas a expertos en la temática y funcionarios de organismos gubernamentales (OGs) y no gubernamentales (ONGs) que tienen contacto directo con la población indígena (ver Anexo 3), c) entrevistas semi-estructuradas a indígenas urbanos efectuadas de manera individual a una muestra de informantes bajo el criterio de saturación teórica (ver Anejo 4) y grupos focales conformados por entre 6-10 personas indígenas, funcionarios y representantes de OGs, ONG’s, asociaciones civiles (ACs) y de organizaciones indígenas (ver Anexo 5)2. Estas herramientas se implementaron en distintos momentos junto con guías de observación directa no sistemática en distintos ámbitos e instituciones de la ciudad (ver Anexo 6).