Kitabı oku: «Esta es mi tierra», sayfa 3
Mecanismos de transferencia: una propuesta metodológica
Aunque en la literatura existe una amplia comprensión de los incentivos iniciales que hacen que surja un conflicto armado y sobre el papel que juega la tierra en los objetivos que buscan cada uno de los actores que intervienen en las acciones violentas, son escasos los trabajos que se ocupan de las dinámicas o mecanismos, legales e ilegales, por medio de los cuales los diferentes grupos ejercen presión sobre la transferencia de tierras. Esto tiene dos explicaciones: en primer lugar, existe una tendencia a la generalización de los mecanismos de transferencia de tierras en zonas de conflicto haciendo una conexión directa entre estos y los hechos violentos, lo cual desconoce comportamientos particulares de los mercados de tierra que podrían ser propiciados por el conflicto, pero que no hacen parte necesariamente de él. En segundo lugar, falta información de campo que permita caracterizar y conceptualizar los diferentes tipos de mecanismos por medio de los cuales se transfieren derechos de propiedad por vías legales o ilegales en contextos de conflicto armado.
Así pues, una tipología de los mecanismos de transferencia de la tierra incluye la caracterización de una serie de aspectos de cada uno: en primer lugar, reconoce que todo proceso de transferencia busca unos objetivos, persigue unos fines, se identifican aquellos que se intentan alcanzar a través de cada mecanismo; segundo, precisa quién es el agente que realiza la acción en cuestión (quién lleva a cabo, permite o acciona el acto de transferencia de tierras) y quién es el beneficiario;15 tercero, identifica la lógica interna de cada mecanismo: la forma en que opera o funciona; cuarto, muestra la naturaleza del mismo entendida como el carácter: legal o ilegal, formal o informal; y finalmente, evidencia los incentivos (de conducta y contexto) que hacen que el mecanismo sea deseable o estratégico para los agentes y beneficiarios.
Este enfoque centrado en los mecanismos de transferencia de tierras permite retomar los elementos teóricos expuestos: primero, la violencia no sería un mecanismo propiamente, sino que se trata de un dispositivo que activa o inhibe algunos de ellos. Segundo, la debilidad o fortaleza de la presencia del Estado y de los derechos de propiedad en una región crea una estructura de incentivos que promueve o inhibe algunos mecanismos para ciertos actores (una “selectividad estratégica”). Tercero, reconocer y diferenciar entre actores (agencias estatales, grupos armados no estatales, civiles, sectores productivos) es importante en tanto que algunos mecanismos son preferidos por ciertos actores mientras que son desdeñados por otros. Además, puede haber enfrentamientos (violentos) entre actores que se encuentran inmersos en procesos de apropiación de tierras, sea para redistribuirlas o para enriquecerse a través de ellas; igualmente, la salida o entrada de un actor a la escena puede tener efectos sobre las dinámicas del conflicto y los mecanismos preferidos. Finalmente, algunos dispositivos son especialmente adecuados como medios para alcanzar ciertos fines –estratégicos, militares, económicos– mientras que otros parecen ser fines en sí mismos. Todo lo anterior significa que la visión y concepción que se tiene de la tierra es determinante a la hora de conectar objetivos y mecanismos.
De esta forma, hay muchos retos intrínsecos en la identificación y construcción de tipos de mecanismos de transferencia de tierras que permitan develar relaciones entre acciones violentas y estructuras de propiedad, se destacan dos: primero, proponer una comprensión de las dinámicas del conflicto (actores, díadas, lógicas y control territorial) que permitan analizar la incidencia de los actores en el territorio, sus motivaciones y su concepción de la tierra; y segundo, una conceptualización de los mecanismos de transferencia de tierras que se desarrollaron en medio del conflicto y la región.
Capítulo II
Urabá: escenario de lucha armada
Urabá es un laboratorio de la realidad colombiana. Aquí siempre pasa primero, lo que va a pasar en el resto del país.
Entrevista 9, 2011
Urabá ha sido un territorio en construcción caracterizado por distintas disputas que se han expresado frecuentemente por medios violentos (Uribe de Hincapié, 1992, p. 151). Esas disputas se llevaron a cabo en cinco escenarios: 1) la lucha por la tierra, 2) la configuración de los espacios urbanos, 3) los conflictos laborales, 4) la lucha por el poder político y 5) el conflicto armado propiamente dicho. Se entiende que este trabajo discurre sobre los escenarios 1 y 5. Entre 1980 y el periodo que comprende los procesos de desmovilización paramilitar de comienzos del siglo XXI y el acuerdo con las FARC en 2016, el conflicto armado ha sido uno de los principales ejes articuladores del conjunto de enfrentamientos sociales, económicos y políticos. Dicho conflicto, como se explicó en el capítulo anterior, abarca una diversidad de fines y motivaciones que imbrican siempre las enemistades políticas y la búsqueda de recursos o rentas, las cuales fungen como mecanismo de financiación, de legitimación o de enriquecimiento. En este capítulo se describe la trayectoria de las confrontaciones armadas que se dieron en el territorio de Urabá durante el conflicto armado reciente. El análisis se concentra en aquellos acontecimientos que modificaron la configuración del territorio y la presión sobre la tierra. Cada periodo entonces tendrá características propias de actores y conflicto, además, de mecanismos de transferencia de la tierra particulares que serán profundizados en el tercer capítulo. Este análisis complementa las contribuciones de Uribe de Hincapié (1992), García y Aramburo (2011) y de Gómez, Montoya y Nanclares (2019), entre otros.
Como resultado del análisis documental y el trabajo de campo,16 se identificaron cinco periodos de confrontación armada, cada uno de ellos con diferentes características, actores, lógicas, díadas de confrontación (por ejemplo, las FARC vs. el Estado) y mecanismos de transferencia de tierras. Generalmente, cada periodo tiene como punto de partida un hecho histórico para la región: se empieza con la llegada de las primeras guerrillas al territorio urabaense, pasando por desmovilizaciones de algunos grupos insurgentes, luego por años con altos índices de desplazamiento, hasta llegar a una nueva lógica del conflicto de naturaleza económica. A continuación, se desarrollan en detalle cada uno de los periodos de enfrentamiento, incluyendo uno de antecedentes y otro del presente más cercano.
Antecedentes del conflicto armado: 1970-1980
Las guerrillas de izquierda surgen en el Urabá antioqueño a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. Para entonces en algunos municipios de Urabá ya se podían señalar tres actores armados: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército Popular de Liberación (EPL) y Ejército Nacional. El EPL nace en el Alto Sinú y el Alto San Jorge del departamento de Córdoba a finales de los años sesenta, asentándose donde antes habían estado las zonas de refugios de las guerrillas liberales y creando una base de apoyo de la periferia en los municipios de Dabeiba, Mutatá y Chigorodó del departamento de Antioquia; de donde también partiría un proceso de colonización de tierras baldías y de invasiones a predios privados.
Entonces toda esa gente se fue viniendo para acá [Urabá] a hacer tierra, como la desplazaron de allá […], vos te venís, te gusta la tierra, abrís la tierra y todo […] entonces vos cogés, tumbas la montaña, le siembras maíz, y enseguida le siembras el pasto y vas haciendo eso, en dos años vos tenés un potrero ya, y ya la casita, los ranchos de paja. Entonces vos llamás a tu hermano, ve, esto está muy bacano por acá, venite (Entrevista 9, 2011).17
En particular, personas desplazadas por La Violencia –como se ha llamado, en particular, a la guerra civil colombiana de mitad de siglo XX– se aprovechaban de grandes extensiones de tierras baldías y de la poca presencia estatal para ocupar estos terrenos y emprender proyectos productivos y de vivienda. Así pues, en la década de los setenta, el proceso de transferencia de tierras estuvo de la mano “de la concentración de la propiedad y su legalización en manos de agentes extrarregionales, interesados en ella para ser utilizada en forma de ganadería extensiva o para la producción de banano y palma africana” (Uribe de Hincapié, 1992, p. 155). Por su parte, las FARC llegan a Urabá en 1975 bajo mandato de su cuerpo directivo, el Secretariado: el Frente Quinto arribó a la zona comandado por Alberto Martínez y compuesto por aproximadamente 20 hombres (Entrevista 13, 2011). En este primer momento, las FARC y el EPL llegan de manera casi paralela, sin confrontación directa entre ambos y rápidamente logran permear la sociedad, incentivando la formación de cooperativas de trabajadores, labores sociales y la alfabetización de los campesinos, formando así bases sociales que les servirían, años más tarde, de apoyo político.
Durante esta década, Urabá era tierra bananera por excelencia, no obstante, una crisis en el mercado internacional presionó a los cultivadores bananeros a incrementar su productividad, limitada por los costos de transporte y la poca tecnología. Como resultado, hubo una reducción de costos laborales, lo cual mermó significativamente las condiciones de los campesinos trabajadores, creando un ambiente de malestar entre ellos. Esta situación histórica fue la oportunidad perfecta para la expansión de la simpatía de la población por las guerrillas, las cuales proveían un respaldo político y armado a las luchas laborales. Así, el conflicto entre “patrones y obreros” fue el escenario ideal para consolidar bases sociales significativas a través del trabajo político.
A fines de la década siguiente, la administración del presidente Virgilio Barco Vargas buscaba reactivar la reforma agraria18 con la expedición de la Ley 30 de 1988, en medio no solo de un nuevo intento de paz con los grupos insurgentes, sino también de una intensa agitación social. A lo largo de los veinte años anteriores a dicha ley, hubo muchas protestas y movilizaciones campesinas e indígenas en el país, en las cuales pedían tierra y protección económica, y se quejaban de las deudas, la construcción de hidroeléctricas y el ingreso de compañías madereras y mineras al país (CNMH, 2016). Por eso, la voluntad de la gente era alta de cara a una reactivación de la reforma agraria, mientras que para el presidente Barco Vargas fue una oportunidad de quitarle base social a la guerrilla (CNMH, 2016).
Así, a mediados de la década de los setenta había un claro apoyo a los principales sindicatos de la región, Sintragro y Sintrabanano, quienes tenían apoyo del EPL y las FARC, respectivamente. Empero, “el proceso de sindicalización se caracterizará por la presión de las armas y se desarrollará bajo la consigna de mantener el conflicto, más que de lograr reivindicaciones para los trabajadores” (Organización Internacional del Trabajo, 2004, p. 28), lo cual generó una presión directa de los grupos armados en contra de los empresarios. Al respecto, una líder de víctimas en Urabá menciona que:
La guerrilla estaba explotando de manera muy severa a los empresarios, y digo muy severa con vacunas, con extorsiones, con de todo, y les daban armas, les daban ropa, les daban medicamentos, o sea, una cosa en aras de fortalecer a un movimiento guerrillero, fue violentando demasiado también a los empresarios (Entrevista 5, 2011).
En 1970, debido a las fallas de la reforma agraria en Colombia (Ley 135 de 1961), se gestó un nuevo proyecto campesino: en la celebración del primer congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC),19 se desestiman los procesos de colonización como herramientas para adelantar una reforma agraria, haciendo necesario buscar otras soluciones para la redistribución donde se pudiera otorgar la tierra a quien la trabajara, de este modo, se aprobó la expropiación como mecanismo para entregar predios, y se propuso el establecimiento de explotaciones agrarias colectivas (Rudqvist, 1983).
Lo anterior sienta las bases para que se lleven a cabo invasiones en tierras que se consideraban no utilizadas, dando paso a que la expropiación se convirtiera en un instrumento usual de transferencia de tierras en el territorio nacional. En Urabá, especialmente el EPL la hizo popular (Uribe de Hincapié, 1992). En 1973, se lleva a cabo una de las primeras invasiones propiciadas por este grupo, en el corregimiento El Tres, municipio de Turbo, un predio con grandes bondades, tierras extensas y planas en medio del eje bananero, y cercano a la cabecera municipal. Dos años más tarde, en 1975, se llevaría a cabo otra invasión estratégica, propiciada por la ANUC en las afueras de Currulao y aledaña a la vía Turbo-Apartadó. Lo importante de estas invasiones era que permitían acercarse más hacia el eje bananero, zona de interés para los grupos y asociaciones campesinas de izquierda, donde podían encontrar tierras ideales para el cultivo y cercanas a corredores viales estratégicos. Como consecuencia,
[...] entre 1970 y 1976 se agudizó el proceso de las invasiones masivas a las áreas de ganaderías extensivas, proceso que también abarcó la zona de Urabá; en ella estuvo acompañado de desalojos, asesinatos de líderes agrarios, encarcelamientos y de las primeras denuncias de violación a los derechos humanos […] (Uribe de Hincapié, 1992, p. 162).
A pesar del fuerte trabajo social y político que adelantaban el EPL y las FARC en la zona, dentro de estas organizaciones hubo varias fragmentaciones. Entre 1974 y 1975, el primero estaba diezmado “a tal punto de que, para finales de 1975, del EPL escasamente quedaron doce combatientes” (Agudelo, 2005, p. 62). Aun así, estos seguían liderando invasiones, como la realizada en Puerto César en tierras cercanas al mar y ubicadas detrás de Coldesa, una empresa colombo-holandesa emblemática en la zona y que contaba con cuatro mil hectáreas de cultivos de palma africana. Tres años más tarde, en 1978, las FARC tendrían una de las bajas más importantes, cuando uno de sus líderes, Bernardo Gutiérrez, decide salirse de sus filas junto con un grupo de apoyo, dadas las diferencias que tenía con el Secretariado. El descontento del campesinado con esta guerrilla, su modus operandi y la falta de debates dentro de la organización (Villarraga y Plazas, 1994) fueron algunas de las causas para que Bernardo Gutiérrez se separara y comenzara un nuevo trabajo político-militar con el EPL, a través de los núcleos marxista-leninistas. Fue a partir de esta ruptura que se dio inicio al enfrentamiento directo entre ambos grupos, y momento en que se empieza a escribir una de las épocas más violentas en la historia del Urabá antioqueño: época de colonizaciones, invasiones y despojos. En este orden de ideas y en relación con la distribución del control territorial por los grupos insurgentes, la subregión de Urabá se percibe dividida en dos (ver mapa 1), el norte se definió como área de influencia del EPL y el sur se convertiría en área de control de las FARC.
MAPA 1. Composición territorial de grupos armados en Urabá, 1970-1991
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.
1.Primera etapa de confrontación: 1980-1991
Comenzando la década de los años ochenta, el conflicto sindical-laboral persiste en la zona y se ubica en medio del enfrentamiento entre las FARC y el EPL, a esto se le podría llamar un sindicalismo a “sangre y fuego” que llevaría a una militarización del conflicto sindical, haciendo indispensable que el Estado interviniese. Como resultado de este proceso, muchos líderes sindicales fueron asesinados. Fue después del XI Congreso del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista que el EPL decide centrar las baterías en la zona y hacer un trabajo más fuerte con el sector sindical, ingresar más a las cabeceras municipales para apuntar a las áreas urbanas que estratégicamente les daría un mayor control social y político en la región. Así pues, “toda la organización miraba con simpatía ‘los avances de la lucha revolucionaria’ en la zona […] miles de obreros bananeros fueron incorporados a la lucha política sindical. Cientos de hombres nutrieron las filas guerrilleras” (Villarraga y Plazas, 1994, p. 388).
Entre 1982 y 1983, se llevan a cabo las invasiones del barrio Policarpa (Apartadó), la urbana en Necoclí, la de El Totumo (también en Necoclí) y la de Punta Piedra; esta última fue una de las más violentas perpetrada por las FARC, donde 18 campesinos de la base social del EPL fueron asesinados. Según una líder de víctimas: “En el Urabá [entre los años] 82 y 84 fue terrible la violencia entre las FARC y el EPL […] peleando los territorios […] porque si tienes control del territorio, tienes control social” (Entrevista 5, 2011). Desde comienzos de esta década la guerrilla de las FARC comienza a fortalecerse, para este entonces el Frente Quinto ya era comandado por Efraín Guzmán, quien tenía una gran acogida por parte de los diferentes campesinos de la zona; entre 1981 y 1982 esta guerrilla pasa a tener aproximadamente 100 hombres (Entrevista 13, 2011).
A mediados de los años ochenta, también se da un proceso de invasiones masivas, las cuales presionaron el mercado de tierras bajando los precios de manera significativa. Se daban usualmente en propiedades de empresarios bananeros, pero estas no surgieron por presión de los campesinos, sino que se llevaban a cabo como parte de un proyecto político-social de largo plazo de las guerrillas, que tenían por objetivo recuperar tierras que no estaban siendo productivas, según ellos, para dárselas a campesinos que las utilizarían mejor y que hacían parte de sus bases sociales (Semana, 1988; Lombana Reyes, 2012). Según un funcionario gubernamental entrevistado: “La justicia era la guerrilla y […] para los años 80 […] los campesinos iban a retomar el poder porque el Estado no […], entonces hablaban de que la justicia la hacía la guerrilla […] y el Estado había quedado corto en la legalidad de los suelos, ha quedado corto en todo” (Entrevista 6, 2011).
Dentro de la lógica de la apropiación de las tierras se podía evidenciar cómo las FARC, en su pensar político, adelantaban procesos de colonizaciones e invasiones en la tierra rural. Por el contrario, el EPL se concentró más en las invasiones urbanas, bajo la figura de “extinción de dominio”, invasiones que los acercarían más al eje bananero y a ejercer un control político de grandes cabeceras, como Turbo y Apartadó. Para ese entonces, en la región se daba una poca presencia estatal dada la llegada tardía del aparato coercitivo del Estado; aunque anteriormente existía una presencia limitada del Ejército, la llegada del aparato militar en Urabá se da en 1980, con el Batallón Bejarano proveniente del Amazonas. En 1983, a través de orden ministerial, se crea el Comando Operativo No. 1, en donde era el Batallón Voltígeros, con el cual se buscaba planear y conducir operaciones contraguerrillas (Ejército Nacional, 2006) para poder ejercer un control militar y social en la zona, franja con alta influencia de grupos armados y poca presencia estatal.20
No obstante, la estrategia ideológica por parte de los grupos armados había influenciado profundamente en Urabá, ya que “el control territorial hace parte de esos elementos estructurales de la guerra […] lo que permite sostener unos tejidos sociales, sostener el control territorial y por ende tener el control y el poder” (Entrevista 4, 2011). Las invasiones más significativas que se dieron para ese entonces fueron las del 24 de diciembre en Turbo (1984), vereda California de Turbo (1985) y Coldesa (1986). Gracias a ellas y a su trabajo como autoridad política y militar, el EPL empieza consolidarse y a expandirse, y para 1984 se crea el Frente Jesús María Alzate y la Unidad Urbana Bernardo Franco. Por su parte las FARC pasan a tener 500 hombres en la región y se produce un primer desdoblamiento del grupo, y es a partir de este fortalecimiento que se da paso a la creación del Frente 18 comandado por Román Ruiz, que se ubicó cerca de la ribera del río San Jorge (Entrevista 13, 2011).
La década de los ochenta se caracteriza por el intento de un proceso de paz con el gobierno conservador de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), el cual garantizó un cese al fuego de los grupos guerrilleros,21 lo cual les permitió una reorganización estratégica y la consolidación de sus políticas para consolidar bases sociales. Entre ellas, se intensifican las invasiones de tierra, en particular las dirigidas por el EPL, con el movimiento de “los recuperadores de tierra” a mediados de los ochenta. Tras el fracaso de la negociación y el fin de la tregua, ambas guerrillas pasan a enfrentarse por las tierras cercanas a Currulao, siendo este el momento cuando el conflicto se recrudece, puesto que el EPL trata de invadir algunas tierras en esta zona de Urabá, la cual por años había sido territorio de las FARC por excelencia.
Para 1986 había un tercer frente de las FARC en la zona, el Frente 34, que estaba al mando de Isaías Trujillo, y en 1987 se crea la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de Abril (M-19), y otras guerrillas de izquierda. Dada la confrontación entre las FARC y el EPL, en esta década “el escenario de la lucha por la tierra se hace más complejo y se confunde, a veces, con otros escenarios de confrontación como el armado y el de la lucha partidista por el control institucional y contra institucional del territorio” (Uribe de Hincapié, 1992, p. 165). Así, la confrontación por la tierra en la región del Urabá toma un tinte más político, en el cual “los intereses específicos de las fuerzas sociales se imbrican con las prácticas políticas, y los actores sociales terminan por adscribirse a proyectos políticos o militares de corte ambicioso y de resultados más violentos y complejos” (Uribe de Hincapié, 1992, p. 165).
El siguiente mapa resume el control territorial de los diferentes grupos armados al finalizar este periodo:
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