Kitabı oku: «Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995»

Sociedad y conflicto

en el estado de Guerrero, 1911-1995

Poder político y estructura social de la entidad

Jorge Rendón Alarcón

CoNtRaStE

(Problemas de México, 1)

Sociedad y conflicto

en el estado de Guerrero, 1911-1995

Poder político y estructura social de la entidad

Jorge Rendón Alarcón

CoNtRaStE

2020 Primera edición electrónica

© Jorge Rendón Alarcón

© Contraste Editorial S. A. de C. V.

I. Ramírez 4, Chilpancingo, Guerrero, 39000

Contacto: contrasteeditorial@hotmail.com

Diseño de la portada: © Arq. Juan Carlos Rendón Alarcón

Imagen de la portada: Detalle de un cuadro de © Joel Martínez

ISBN: 978-607-97617-6-9

Reservados todos los derechos conforme a la ley

Hecho en México

A mis padres, Gustavo y Aurelia Rendón

y a su estado de Guerrero,

de cielos instantáneos

A la ciudadanía guerrerense:

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

pide que el camino sea largo,

pleno de aventuras, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al colérico Poseidón…”

C. P. Cavafis, Ítaca

Nota a la presente edición

Las voces que con mayor hondura se expresan en la historia política de México nos siguen hablando, como lo hace Juan Rulfo, de una historia política irresuelta por lo que se refiere a la constitución de una auténtica comunidad humana en lo que atañe a la libertad y a la justicia, pues esas voces insisten —no podía ser de otra manera—, en el vínculo que existe en nuestro país entre la desigualdad social y la ausencia de una voluntad legítima del poder político contrapuesta a cualquier forma de coacción. Así lo refiere Rulfo a propósito del abandono y de-samparo experimentados frente al ejercicio del poder:

—¿Y las leyes?

—¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la Media Luna a algún atravesado?

—Sí, hay uno que otro.

—Pues mándalos en comisión con el Aldrete. Le levantas un acta acusándolo de “usufruto” o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió. Que conmigo hay que hacer nuevos tratos.

Pedro Páramo

Quien esto escribe ha querido mantenerse abierto a esas voces: las voces del conflicto de una sociedad que todos experimentamos en primera persona.

Jorge Rendón Alarcón

Diciembre del 2019

… cuando vemos en un pueblo costumbres y leyes laudables, deducimos sin temor a equivocarnos que sus ciudadanos y su constitución también han de ser laudables, cuando advertimos que la vida privada está llena de ruindad y los asuntos públicos rebosan injusticia, aseguramos, lógicamente, que las leyes y las costumbres privadas del pueblo en cuestión, su constitución íntegra, es perversa.

Polibio, Historias (VI 47, 1-6)

Advertencia

Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995 es un estudio que concluyó en el año 2000 y tuvo como propósito conocer aquella estructura del estado de Guerrero que nos permitiera a su vez comprender los fenómenos más representativos de esa entidad, sobre todo el atraso social y económico así como la inestabilidad política relacionada con la violencia social. Tener presente aquello que heredamos del siglo pasado puede ayudarnos a comprender mejor nuestra realidad social y sobre todo a situarnos en el espacio público actual de México. Pensamos así que la comprensión de la historia política, en este caso del estado de Guerrero, tiene que apuntar más allá del solo registro de los hechos para referirse más bien a la comprensión común de nuestra realidad política.

Jorge Rendón Alarcón

Verano del 2003

Contenido

Consideraciones preliminares

Primera Parte. Guerrero, una entidad organizada políticamente desde el “oficialismo revolucionario”

La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y la estructura del poder local

La inestabilidad de los gobiernos locales

El caso guerrerense: ¿anomalía o realidad del régimen político mexicano?

Caciquismo, centralismo y el autoritarismo del régimen

Segunda Parte. La estructura social y económica

La significación social de la Revolución mexicana en Guerrero

La crisis de la agricultura (1929-1940) y la marginación social en el medio rural

La estructura socioeconómica de Guerrero

Tercera parte. El poder y el conflicto social y político en Guerrero

Ciudadanos inermes

Cultura cívica y estructuras de poder autoritarias

Participación electoral en Guerrero (1980-1993)

Conclusiones. El régimen mexicano: monopolio político y complejidad social

Epílogo. El reto de la sociedad política

Bibliografía y Hemerografía

Sobre el autor

Consideraciones preliminares

El problema

Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995, tiene como objetivo general llevar a cabo una indagación sobre las condiciones histórico-estructurales que pueden contribuir a explicar el atraso social, la violencia e inestabilidad política que se ha manifestado a lo largo de la configuración del sistema político mexicano a nivel local, sobre todo a partir de 1929. Se trata, en el sentido más general, de una investigación analítico-integrativa que busca estudiar, desde una visión crítica del desarrollo del régimen mexicano, la realidad social y política de Guerrero, así como el papel polémico del estado en la vida pública nacional.

Aspectos particulares de esta reflexión habrán de ser, entonces, la forma en que se obtiene y se ejerce el poder, es decir, las reglas no escritas del régimen político, el carácter corporativo del mismo, el tipo de relación que se produce entre el centro y sus regiones y la manera como incidió la ideología de la revolución en las prácticas del poder en México. Se trata también, por ello, de un estudio que busca mostrar ciertos rasgos inherentes al régimen político, así como sus efectos y consecuencias a nivel estatal.

En su análisis sobre El sistema político mexicano,¹ Daniel Cosío Villegas destacaba que la organización política de México llamó constantemente la atención por su estabilidad. Señalaba así que de 1929 a 1972 el sistema político mexicano había dado un espectáculo sorprendente de siete sucesiones presidenciales hechas pacíficamente, además de una vida pública en la que no hubo una conmoción perceptible hasta 1968 y después en 1971, con ocasión de la rebeldía estudiantil.

A la caracterización que hace Cosío Villegas del sistema político se puede oponer que la etapa a que se refiere también se caracterizó por la inexistencia de procesos electorales en los que se cumplieran las reglas de participación, competencia y pluralidad. Puede decirse así que la presunta estabilidad política no tenía su origen en la legitimidad electoral. En realidad, las bases políticas de esa gobernabilidad fueron socialmente cada vez más frágiles, como se demostró en Guerrero en los años sesenta, es decir, varios años antes de lo que Cosío Villegas juzga la excepción de una vida pública tranquila.

Al respecto, Teresa Estrada Castañón, en su estudio sobre Guerrero,² tiene razón cuando afirma que dicho estado suele ser visto como una excepción más que como una regla en el conjunto del sistema político del país, cuando en realidad muchas de sus características son inherentes a dicho sistema: “centralismo político, autoritarismo, caciquismo, control clientelar de la elección, personalización del poder y escasa positividad de la norma, no son privativas de Guerrero, afectan al sistema en su conjunto”.³ Desde nuestro punto de vista, y tal como lo intentaremos demostrar, tales singularidades del régimen, sobre todo su condición jerárquico-corporativa, tendieron a obstaculizar el desarrollo del estado en todos los órdenes.

Es un hecho que Guerrero no vivió a partir de 1929, y menos después de 1960, la estabilidad política que se menciona y que correspondía más bien a una apreciación de carácter nacional pero no estatal, donde ya se manifestaba la insuficiencia de las estructuras políticas oficiales. Cosío Villegas señaló también que a esa situación inusitada de tranquilidad pública había que agregar, desde los años cuarenta y hasta los setenta, un progreso económico del país sin paralelo en toda su historia anterior.

Por el contrario, Moisés Ochoa Campos, en su Guerrero: análisis de un estado problema,⁴ destaca que para los años cincuenta y sesenta Guerrero se encontraba ya profundamente rezagado en términos de alfabetismo y con relación a la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, además de que ocupaba, respecto al resto del país, los últimos sitios en industrialización y productividad. Puede decirse que la pobreza como fenómeno generalizado en el estado tiende a reproducirse debido a factores estructurales que conciernen también al sistema político, puesto que por su carácter corporativo y clientelar ha contribuido a mantener situaciones como el acceso no equitativo a las oportunidades, así como una economía campesina de subsistencia.

La estructura de poder en el estado de Guerrero, además de su incumplimiento con las normas constitucionales y, como consecuencia de ello, de la corrupción en las prácticas del poder, se ha mostrado ineficiente para hacer posible la expansión de la participación ciudadana. Los movimientos cívico-políticos de los años sesenta que no encontraron respuesta a sus demandas en las esferas del poder local, son hechos políticos que deben ser explicados en esa perspectiva.

Es así indispensable analizar la estructura de poder en Guerrero, caracterizada por lo que pareciera ser “la falta de mecanismos y procesos capaces de asegurar la representación política en el sentido general del término, para los intereses y expectativas sociales de la entidad”.⁵ Para ello es necesario referirse tanto al carácter jerárquico-corporativo del régimen mexicano y su supuesto carácter reivindicativo inspirado en la revolución, así como a la forma en que se llevó a cabo la organización política de la sociedad guerrerense desde el régimen. Conviene discutir, en consecuencia, cómo en Guerrero los procedimientos de intermediación y control político han sido la matriz misma de la formación, desarrollo y consolidación de los grupos de poder locales.

Para explicar la situación política de Guerrero es necesario, entonces, considerar tanto el problema de los cacicazgos políticos locales y su función de intermediación respecto de la estructura vertical y corporativa del régimen político mexicano, así como la forma en que estos dieron lugar a la incorporación de la sociedad guerrerense a ese sistema. Estudiar además la configuración de la cultura política local, la manera en que la misma asumió las reivindicaciones que el propio régimen de la revolución proclamaba pero que luego entró en conflicto con esa estructura caciquil ajena a la Constitución y, por tanto, no sometida a control jurisdiccional. Conviene también, como dijimos, referirnos al atraso económico de la entidad que ha contribuido a exacerbar las contradicciones sociales.

Estructura del estudio

Para analizar el tema enunciado de sociedad y conflicto en Guerrero, y con objeto de afrontarlo metodológicamente, destacaremos, desde el punto de vista histórico-estructural, los siguientes problemas:

Violencia e inestabilidad política

El estado de Guerrero se ha singularizado, en el contexto del sistema político mexicano, por la reiterada violencia que en él se manifiesta, ya que allí se han producido no solamente reclamos al poder político local que han terminado en enfrentamientos, sino también una insurgencia guerrillera que habría de provocar posteriormente, como respuesta del gobierno federal, la promesa de una reforma electoral y política. Sin embargo, recientemente se han dado nuevos brotes de violencia debido al incumplimiento de esas promesas, así como por la inconformidad social frente a un ejercicio discrecional del poder. Aunado a lo anterior, destaca también la inestabilidad de la estructura política local que ha dado lugar a continuos relevos de gobernadores que no han terminado su periodo. Todo lo anterior genera un malestar proclive al conflicto.

La violencia en el estado de Guerrero se ha convertido en un rasgo característico de la entidad debido a que su persistencia adquiere además un carácter político puesto que casi siempre es el resultado de demandas sociales insatisfechas, y porque frente a ella el régimen ofreció reformas políticas, en el marco de la Constitución, para hacer posible la democratización de la vida pública, reformas que por contraponerse al ejercicio del poder propio del régimen no se han llevado a cabo.

El atraso económico y social

El atraso en Guerrero se manifiesta sobre todo en la situación del campesinado; por esta razón habremos de dedicarle particular atención. Es allí donde aparece de la manera más clara el involucramiento entre las estructuras del poder político y las condiciones de vida de ese sector social. En efecto, el manejo político oficial impuesto a la reforma agraria con objeto de someter a los campesinos como votantes cautivos del régimen y la atención prioritaria que el gobierno del estado ha concedido al rubro turístico en detrimento de la industria, y sobre todo de la agricultura, han traído consigo la insatisfacción campesina respecto de una organización política clientelar que da lugar a la manipulación de sus demandas ya que la gestión de las mismas no se realiza de manera directa, sino a través de las estructuras corporativas del régimen.

Si se toma en consideración, además, que el crecimiento económico de México posterior a la revolución se sustentó en buena parte en el comportamiento de la agricultura —puesto que a partir de 1935 la producción agrícola se elevó con una tasa real del 4.4% al año⁶— pero que tales índices responden en realidad a la agricultura comercial, el resultado es que ese crecimiento dio lugar, también, a una concentración de los recursos, como ocurrió en otros sectores de la economía. En el caso del estado de Guerrero ha prevalecido una agricultura de autoabasto que no es redituable para la población campesina e indígena de la entidad.

Lo anterior se expresa en la restricción de oportunidades económicas y sociales al alcance de los campesinos, con la consecuente crisis del sector agrícola en una sociedad, como la guerrerense, eminentemente campesina, pues dicho rubro ha decrecido en los últimos años en términos de su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) estatal —como lo mostraremos en su oportunidad— e igual situación se ha producido en la industria, mientras que solamente el sector terciario ha tenido un crecimiento sostenido al respecto.

La paradoja del desarrollo mexicano consiste así en que la estrategia económica del gobierno, que ha concentrado el ingreso y agudizado la pobreza, se ha producido en el marco de un régimen político producto de una revolución. De aquí la incongruencia de tal modelo de desarrollo, pero que se explica si se toma en cuenta que la estructura política que surge de ese movimiento revolucionario tiene como una de sus funciones el control político de la sociedad mexicana y, en consecuencia, la reducción de la demanda social. Ambos aspectos, tanto el control de los campesinos como la reducción de sus demandas, dieron lugar a una situación social y económica que mantiene en la postración a la agricultura de subsistencia. En Guerrero esto se expresa de la manera más crítica.

Puede destacarse, al respecto, que desde sus orígenes se produce en el régimen mexicano una estructura política formal y orientada por ciertos fines sociales (los de la Revolución de 1910) y, por otra parte, una estructura informal, la de la burocracia y las élites políticas, controladas finalmente por el Presidente de la República. Ello como consecuencia de la doble pretensión del régimen de la revolución de enfrentar el atraso económico y de organizar políticamente a las masas para alcanzar ese objetivo, lo que ha propiciado, dado su carácter corporativo, un ejercicio discrecional del poder al amparo de las instituciones oficiales.

Lo anterior nos obliga a discutir las verdaderas consecuencias sociales y políticas que ha tenido el partido del gobierno en cuanto organización subordinada al Ejecutivo federal. Para ello habría que destacar el carácter informal y autoritario de las decisiones que efectivamente se ponen en práctica por dicha organización y que revelan la naturaleza del régimen político mexicano.

Pobreza y violencia

Además de la violencia, los índices de la estructura social y económica del estado de Guerrero revelan una condición de atraso extremadamente aguda, tanto por lo que se refiere a las condiciones de vida (68% vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema⁷) como también por los aspectos relativos a la cultura y educación (23.9% de la población de 15 años y más no sabe leer ni escribir, lo que representa el nivel de analfabetismo más alto a nivel nacional solamente después del de Chiapas⁸, y 21.9% no terminó la primaria⁹). Además, según datos oficiales, en 1997 el 28.16% de la población no recibía ingresos y percibía menos de un salario mínimo el 21.77%.¹⁰

El problema en conjunto de la entidad es el de un atraso que se manifiesta en todos los niveles sociales. Lo que caracteriza así a Guerrero es una fragmentación social y económica y un ámbito de lo público en extremo inestable dado su desapego a las leyes del país, lo que pareciera explicar en parte la violencia que allí se produce de manera reiterada.

Consideraciones de orden metodológico

Las preguntas que sobre los problemas señalados pueden formularse para hacer posible un análisis histórico-crítico de los mismos son las siguientes: en primer término, y con relación a la violencia, conviene preguntarse en qué medida la misma es la expresión de la carencia de un orden político institucional capaz de dar cabida a las demandas más agudas de la población conforme a los derechos ciudadanos. Lo anterior en el marco de un régimen político que a partir de la Revolución mexicana ofreció dar cabida a las demandas sociales y responder institucionalmente a las mismas; es decir, la violencia social sería así no solamente resultado del atraso social y económico y de una carencia de institucionalización del poder político conforme a derecho, sino también de expectativas no resueltas por las estructuras del poder local. Puede afirmarse al respecto que dentro del propio sistema político se procesó una cultura política aspirativa que luego no solamente no encuentra respuesta dentro de dicho marco, sino que además tiende a enfrentarse conflictivamente con las estructuras del poder político local.

En segundo término, es necesario también preguntarse sobre el atraso económico del estado y, sobre todo, por qué la estructura de poder a nivel local no ha dado lugar a una gestión política del desarrollo y sí, en cambio, a grupos de poder que han sido incapaces de llevar a la práctica un programa social coherente para resolver los problemas locales. Lo que llama la atención al respecto es que el estado de Guerrero pareciera ser una de las excepciones, junto con Chiapas y Oaxaca, en el marco de lo que hasta los años setenta constituye el aparente éxito del régimen político mexicano, es decir, el crecimiento económico. Es revelador, al respecto, que el Producto Interno Bruto del estado de Guerrero se haya mantenido, en los últimos años, en 1.7% del total nacional y que la entidad haya ocupado el trigésimo lugar en términos del PIB per capita.¹¹

Incluso en la obra de Pablo González Casanova, La democracia en México, se afirma que el Estado mexicano y el tipo de instituciones que formó fueron un “excelente instrumento para el arranque del desarrollo nacional”,¹² no obstante que allí se subraya mediante el análisis de las estadísticas oficiales la polarización del ingreso en el marco del régimen político. La cuestión que debe plantearse al respecto es por qué, en cambio, este hipotético éxito del sistema político mexicano, por lo menos hasta los años sesenta, no se ha visto reflejado en el estado de Guerrero. Más aún, puede decirse que justamente a partir de esa fecha la situación social y política de la entidad ha tendido a deteriorarse.

Lo que pudo ocurrir es que el sistema político, por su carácter jerárquico-corporativo, ha contribuido tal vez con más eficacia que las mismas decisiones públicas de estrategia económica a compaginar el crecimiento del Producto Interno Bruto con la aguda concentración del ingreso, todo ello en condiciones de una cierta estabilidad nacional. Es decir, se alcanzó el crecimiento económico a costa de la inmovilidad política del sistema y de la carencia de una auténtica representación ciudadana en el mismo. En el caso de Guerrero, donde persistía ya el atraso económico y de la agricultura en particular, el carácter autoritario del régimen impidió avanzar hacia el desarrollo.

Definición de problemas

Centralismo y caciquismo

Uno de los medios para llevar a cabo el control político de la entidad lo constituyó, de manera destacada, el caciquismo como recurso consustancial a la instalación del sistema político en el estado. Su función de intermediación política permitió a los caciques locales conservar su fuerza política y acrecentar su poder económico en tanto que miembros de excepcional importancia de una estructura autoritaria.

Al respecto, cabe insistir que el sistema político que surgió con la Revolución mexicana reclama su legitimidad de acuerdo con el objetivo de enfrentar el atraso económico a través de sus organizaciones e instituciones políticas. Bajo estos postulados la propiedad, sobre todo de la tierra, debería subordinarse a su utilidad social; de allí que se aceptara y se promoviera, por medio de la reforma agraria, la propiedad colectiva de la tierra. Para ello se dio primacía al Ejecutivo sobre los otros poderes. La Constitución de 1917 consagró a su favor facultades más amplias que las anteriores leyes fundamentales y, de facto, reunió poderes enormes como centro del poder político. Lo anterior para actuar, supuestamente, en favor de los campesinos y los trabajadores urbanos, dando lugar no obstante a prácticas autoritarias en el ejercicio del poder político, a pesar de la existencia de un marco legal formalmente democrático.

Lo que queremos destacar como problema respecto al caciquismo y el sistema político mexicano, es que el régimen revolucionario le dio al nuevo Estado una base social por medio de la reforma agraria. Sin embargo, dicho régimen dio lugar a una estructura informal con una organización política apoyada en los caciques locales e impuesta de manera autoritaria. Tal situación, producto de un Ejecutivo sin contrapesos y de un partido de Estado, contribuyó a la permanencia de esas formas de dominación y control clientelar que se fueron distanciando, cada vez más, del interés general de la sociedad.

La monopolización del poder y sus efectos en el atraso social y económico del estado

Se puede sugerir también, como problema, que la carencia de desarrollo político puede trastocar además el desarrollo social y económico porque la monopolización del poder y la carencia de institucionalización política en una sociedad sin estructuras propias dan lugar a la monopolización de la actividad social y económica. De esta manera, en Guerrero se privilegió la infraestructura turística a partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952), lo que tendió a agudizar los conflictos sociales, sobre todo porque ello contribuyó al abandono del problema de la tierra como reivindicación social y condición de legitimidad del sistema político. En nuestra explicación, intentaremos mostrar los rasgos más característicos del sistema político mexicano, así como la manera en que han incidido en el atraso del estado.

La cultura cívica como sustento de los movimientos políticos de la entidad

Los rasgos del sistema político mexicano, sustentados en el supremo arbitraje presidencial y en un pacto vertical y centralizado, tendieron a contraponerse cada vez más con los criterios de legitimación que el Estado reivindicó a partir de la Revolución mexicana y dieron lugar a una ruptura entre la cultura política que se derivó de ese movimiento y las realizaciones del propio Estado.

La hipótesis que puede formularse al respecto es que los conflictos sociales que se han producido en Guerrero son el resultado, también, del deseo de cambio social y de una concepción de la política heredada de los movimientos populares (como el de la revolución), así como de la incapacidad del propio Estado para modificar sus estructuras de gestión social, con la consecuente pérdida de legitimidad política que se ha manifestado con claridad en los procesos electorales recientes que aquí analizaremos.

Primera Parte. Guerrero, una entidad organizada políticamente desde el “oficialismo revolucionario”
La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y la estructura del poder local

El estado de Guerrero ha tenido un carácter controversial en el contexto del régimen político mexicano producto de la revolución. Ello se debe, en parte, a que pareciera singularizarse del resto del país por la violencia e inestabilidad política que allí se manifiestan. La violencia, no obstante, se genera en la pobreza que afecta a la gran mayoría de la población guerrerense y en muchos de los casos pareciera ser el resultado, también, de la insatisfacción de sus demandas por las instancias del gobierno y de la manera en que operan las instituciones que debieran hacer cumplir la legalidad constitucional. La violencia, en una primera aproximación, pareciera vincularse entonces con la forma en que se ejerce el poder y, sobre todo, con ciertos medios de intermediación y control político, con la parcialidad del orden jurídico y con las acciones represivas del gobierno, circunstancias que surgieron y se han hecho presentes de manera reiterada en la historia política reciente de la entidad.

Para entender el ejercicio del poder local, conviene referirse a las circunstancias históricas que dieron lugar a las prácticas del poder que luego habrían de afianzarse y de adquirir forma en las instituciones políticas del régimen de la revolución, sobre todo a partir de 1929, lo que además nos permitirá distinguir entre las formas de legitimación propias del caciquismo local y la organización política y clientelar que se impone con el “oficialismo revolucionario” que habría de desembocar, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el corporativismo.

Cabe recordar, al respecto, que la inestabilidad y los conflictos políticos en Guerrero anteriores a la revolución tenían su origen, en buena parte, en la inconformidad que privó entre los caciques y políticos locales contra la subordinación del estado al interés político nacional durante el gobierno de Benito Juárez y, sobre todo, de Porfirio Díaz. La resistencia a esa política provino, en un principio, de los grandes caciques militares de la entidad, de manera destacada de Juan Álvarez (cuyo dominio del Sur fue sancionado con la fundación del estado de Guerrero en 1849, convirtiéndose así en el primer gobernador de la entidad), pero también de su hijo y heredero político Diego Álvarez y de quienes disputaron a este el poder local: los generales Vicente Jiménez, de Tixtla, y Canuto A. Neri, de Chilpancingo.

En cuanto al relevo político de los caciques militares y debido a las consecuencias económicas y políticas del porfiriato, con el cambio de siglo la oposición a los poderes centrales habría de expresarse, sobre todo, en grupos de clase media que se sentían injustamente desplazados, tales como los rancheros del norte de Guerrero, Francisco, Rómulo y Ambrosio Figueroa; propietarios agrícolas de la Costa Grande, como el maestro de escuela Silvestre G. Mariscal; terratenientes como Eucaria Apresa y Amado Rodríguez Espinosa de Chilapa y Rafael del Castillo Calderón, político y propietario de Tierra Caliente. Estos grupos e individuos protagonizaron revueltas políticas locales y participaron después en el levantamiento maderista de 1911. En efecto, la mayor parte de quienes se rebelaron en esa fecha procedían de la clase media urbana y rural del estado. Pueden mencionarse además, con relación al levantamiento maderista, a Julián Blanco en Dos Caminos, Héctor F. López, propietario de tierras en Coahuayutla; Enrique Añorve Díaz, propietario agrícola de la Costa Chica; José Inocente Lugo de Ajuchitlán, Manuel D. Asúnsulo de Chichihualco y Jesús H. Salgado de Teloloapan,

Se trató, por ello, de una insurrección de los grupos sociales que se formaron sobre todo durante el profiriato. Es en este sentido que se ha afirmado que “la Revolución mexicana en Guerrero no fue iniciada por campesinos sin tierra sino por rancheros relativamente prósperos”.¹³ Puede decirse así que las causas inmediatas del levantamiento de 1911 fueron políticas; esto no significa que no existieran condiciones económicas y sociales que favorecieran la subversión social en gran escala, lo que decimos aquí es que quienes influyen de manera decisiva en los orígenes del movimiento armado son aquellos grupos sociales que se sienten agraviados por las imposiciones y disposiciones del centro del país. Lo que buscamos explicar con ello son las condiciones locales que permitieron que prosperara, incluso por las profundas contradicciones sociales del estado, y el endémico faccionalismo de la política local, el proyecto prioritario de la Revolución mexicana de construir un Estado fuerte para consolidar un proyecto nacional e impulsar el desarrollo económico del país, aunque lo que en realidad se consiguió fue un poder político sin contrapesos institucionales y que después sería usado de manera discrecional por la burocracia política.

Incluso el faccionalismo, y los conflictos de las cuatro agrupaciones regionales que impulsaron la revolución en Guerrero (Rómulo Figueroa en el Norte, Jesús H. Salgado en Tierra Caliente, Julián Blanco en el Centro y en la Costa Chica y Silvestre G. Mariscal en la Costa Grande), fue favorecido por el “oficialismo revolucionario” que al impulsar un proyecto político hegemónico medió entre los caciques y caudillos locales, puesto que para Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la construcción de un Estado fuerte y su propio liderazgo político se convirtieron en la prioridad del movimiento armado. De esta manera, el conflicto político local que se presentó era el resultado, también, de la prioridad del “oficialismo revolucionario” de subordinar al estado de Guerrero a un poder de índole nacional con la mediación de los jefes revolucionarios locales. Por ello se les promovió en algunos casos y en otros se arbitró entre ellos. Los jefes revolucionarios, por su parte, reclamaban una cierta independencia, pero solamente como instrumento para ampliar su poder, desde sus propias regiones, a todo el estado. Se trató así, en cierta forma, del antagonismo entre los medios asociativos y de clientelismo político del “oficialismo revolucionario” y los antiguos estilos de índole personal de la política caciquil local.

En efecto, siguiendo el modelo de los viejos caciques militares que predominaron durante el siglo XIX en Guerrero, los jefes revolucionarios establecieron una clara hegemonía territorial como base de su fuerza y se enfrentaron entre ellos no solamente en razón de una visión distinta del problema de la tierra —como sucedió por ejemplo entre los Figueroa de origen ranchero y Jesús H. Salgado, quien efectivamente representaba intereses campesinos ligados al zapatismo—, sino además para ensanchar su poder militar al estado de Guerrero en su conjunto. De la misma manera también que los caciques militares, todos ellos hacendados que favorecieron una relación padrino-cliente, los jefes revolucionarios se legitimaban

…por haberse enfrentado a otras facciones… Pero todo esto será a costa de restablecer el equilibrio patronal con nuevas facciones “revolucionarias” de fundamento igualmente clientelar. El “caudillismo” podría encontrar ahí su explicación, o acaso su apoyo lógico, sobre todo si lo interpretamos como una variante del clientelismo sostenido en la violencia.¹⁴

Con la construcción de un Estado fuerte y cuya legitimidad buscaba sustentarse en la redención social sobre todo del campesinado, los mandos nacionales de la revolución buscaron restablecer un nuevo equilibrio con base ahora en una organización política de cobertura nacional que se impusiera al conjunto de intereses caciquiles del país subordinándolos a esa estructura y, en ese sentido, actualizando las relaciones padrino-cliente conforme a la nueva organización política del país. Lo anterior sería favorecido por el relevo de los jefes locales de la revolución en favor de jóvenes figuras revolucionarias como fue el caso de Rodolfo Neri (hijo del antiguo cacique y general Canuto A. Neri), quien con el apoyo de Obregón se convirtió en gobernador del estado el 1 de abril de 1921 y hasta el 31 de marzo de 1925, no obstante la vigorosa oposición que le representó el último de los caudillos militares guerrerenses, Rómulo Figueroa.

De esta manera, en la etapa de construcción del régimen político mexicano que comprende los años de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, la inestabilidad política de Guerrero se dio porque mientras el “oficialismo revolucionario” se empeñaba en afirmar su control sobre la entidad, los grupos rivales buscaban también —como ocurrió durante la fase armada— el apoyo de los “jefes de la revolución” para alcanzar el poder. La inestabilidad de los poderes locales pareciera responder así, en esos años, a una pugna sin reglas y ajena a los intereses de la sociedad civil, por lo que la lucha política no era en realidad sino la confrontación abierta de los grupos por el poder, sancionada en última instancia por el “oficialismo revolucionario”.

Después de los años cuarenta, la estructura del poder local quedó subordinada a los grupos que, habiéndose formado en esas circunstancias, detentaban el poder político e incluso controlaban los recursos del estado como consecuencia de la forma patrimonialista en que se ejercía el poder. Los grupos políticos locales se encontraban, además, estrechamente relacionados con el centro político del país a través de las estructuras corporativas del régimen. El monopolio en el ejercicio del poder político y la imposibilidad de enfrentar eficazmente en esas condiciones los problemas sociales de la entidad dieron lugar a una nueva escalada de inconformidad y de violencia, como la que protagonizaron los copreros, el movimiento cívico-estudiantil de 1960 y, en una situación extrema, la guerrilla a partir de esos años y hasta 1974.

Las pugnas de los grupos locales sin una base social real (puesto que su protagonismo deriva de la capacidad que tienen para mantener el control del estado a través de la manipulación de las demandas sociales), han dado lugar a una inestabilidad agravada porque en última instancia la permanencia en el poder de esos grupos obedece a sus vínculos y apoyos políticos con la burocracia del centro del país. Así, los gobernadores mantienen su condición de representantes de los poderes locales en la medida en que puedan conciliar, de alguna forma, los intereses de esos grupos y además cumplan las tareas impuestas por el “oficialismo revolucionario”, pues sobre todo se encuentran subordinados al Ejecutivo federal, cuyo instrumento privilegiado ha sido un partido de Estado, primero federativo y después corporativo, que, más que procesar la demanda ciudadana, tiende a mediatizarla a través de sus distintos sectores.

A partir de esta caracterización general de la estructura del poder local, resulta necesario llevar a cabo un recuento de la historia política de la entidad desde el momento en que el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se impuso localmente, estableciendo así las condiciones de una estructura del poder nacional que da forma y condiciona las estructuras de los poderes locales.

A las circunstancias de conflictividad social y política que han existido en el estado se suma un atraso social y económico, por lo que ya en el informe de diciembre de 1930 el gobernador Adrián Castrejón (1de abril de 1929-28 de marzo de 1933) se refería a la necesidad de crear “nuevas condiciones de desarrollo” y reconocía que “si bien es cierto que hasta hoy [la entidad] ha brillado en las páginas de la historia nacional con los hechos heroicos de sus valientes hijos, ha quedado relativamente apartada de la acción civilizadora que por sus mejores condiciones económicas, impulsa y alienta a las demás entidades de la República”.¹⁵ Con estas palabras, Adrián Castrejón se refería a la paradójica situación del estado pues, no obstante que sus caudillos habían participado activamente en el movimiento de Independencia y en las luchas civiles posteriores, el atraso económico e incluso el aislamiento de la entidad eran hechos manifiestos.

En el caso de Acapulco, hasta los años veinte había que trasladarse a Manzanillo o a Salina Cruz para continuar en tren hacia la ciudad de México, situación propiciada por los intereses económicos de las casas españolas asentadas en la costa a fin de mantener el monopolio económico de esa región. Las casas Alzuyeta y compañía, fundada en 1821; B. Fernández y compañía, fundada entre 1824 y 1826, y Fernández Hermanos, establecida en 1900, se constituyeron en los consorcios que regían la vida económica de Acapulco y de las costas. Incluso poseían también enormes extensiones de tierra. La empresa B. Fernández y compañía, entre otras propiedades, era dueña de la hacienda San Luis y Anexas, con 35 mil hectáreas en la Costa Grande, y junto con otras dos firmas, también españolas, tenían dos fábricas textiles: una en el Ticuí (Atoyac) y otra en Aguas Blancas, próxima a Coyuca de Benítez.

En las condiciones sociales precarias y en el aislamiento en que sigue viviendo Guerrero aún después de la revolución, se produjo en el estado un cierto reformismo social, toda vez que la vida política de Guerrero de 1921 a 1924 se caracterizó por el enfrentamiento entre el gobernador Rodolfo Neri y quien resultó ser el último de los caudillos revolucionarios en el estado, Rómulo Figueroa, quienes representaban intereses distintos, puesto que la influencia de Figueroa se basaba en su control sobre las fuerzas militares de la entidad; Neri, en cambio, era activo defensor de los grupos agraristas y obreros que constituían su principal apoyo. A Neri habría de sucederle Héctor F. López (1 de abril de 1925-1 de febrero de 1928), quien proclamaba la necesidad de respetar los derechos tanto de los ejidatarios como de los propietarios “porque la iniciativa y el trabajo del hombre deben respetarse”.¹⁶

Los choques entre los intereses representados por Rómulo Figueroa y el gobernador Neri fueron también frecuentes en la costa, donde Juan R. Escudero, político radical de Acapulco, se convirtió en activo defensor de los derechos de los trabajadores. Tanto en la Costa Grande, como en Acapulco, se produjo un reformismo social impulsado por partidos locales, como el Partido Obrero de Acapulco (POA) fundado en 1920, situación que se reprodujo también en Coyuca y en Tecpan, pero el activismo social se extendió a Atoyac y La Unión. De esta manera, en las elecciones municipales de diciembre de 1922 Escudero ganó la alcaldía de Acapulco por un año más —luego de haberla ganado en 1921— pero también triunfaron Amadeo Vidales por el Partido Obrero de Tecpan, Andrés G. Galeana en Atoyac y Rosendo Cárdenas por el Partido Obrero de Coyuca.

Juan R. Escudero fue asesinado en 1923. Luego de su muerte, la costa siguió bajo el control de los agraristas, dirigidos ahora por Amadeo y Baldomero Vidales, quienes impulsaron la creación de la sociedad cooperativa agrícola Unión de Ambas Costas en la zona de La Sabana y sobre terrenos que habían sido de las haciendas La Unión y El Mirador. A principios de 1929, Vidales y sus seguidores abandonaron la lucha armada y se reincorporaron a la vida civil. Con ello se inició una segunda fase de reformismo social impulsada por el gobernador de origen zapatista Adrián Castrejón quien, como señalamos, llegó al poder el 1 de abril de 1929.

En esas condiciones, Castrejón convirtió al agrarismo en programa de gobierno pero, a diferencia de Rodolfo Neri, la iniciativa estuvo a cargo del gobernador del estado, al constituir el Partido Socialista de Guerrero. Con ello, el recurso organizativo de los reformistas ya no eran los partidos locales de la costa, sino el nuevo Partido Socialista de Guerrero de cobertura estatal. En el que habría de ser el último informe de Castrejón, rendido el 1 de septiembre de 1932, se dirigía a los campesinos y obreros quienes, habiendo sido “el brazo armado de la Revolución para conquistar sus derechos sagrados” se habían convertido en “el baluarte inconmovible de nuestras Instituciones y el respaldo magnífico del Gobierno que presido”.¹⁷

El gobernador del estado se convirtió, así, en el organizador político de los campesinos, con un radicalismo ideológico que en el futuro habría de diluirse cada vez más en función de la manera en que se ejerce el poder, puesto que la justificación del mismo se encuentra no en los principios constitucionales de convivencia democrática, sino en su capacidad para encauzar la demanda social, de allí la importancia del agrarismo como base social del gobierno de Castrejón. No se trata de construir un gobierno conforme a las leyes, sino sobre todo un gobierno que satisfaga las demandas populares y, para ello, las decisiones personales del gobernador, incluso cuando contravienen los principios legales, resultan justificadas.

En cuanto a las condiciones políticas imperantes a nivel nacional, el reconocimiento del atraso guerrerense en el informe de Adrián Castrejón se producía casi dos años después de constituido el Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1929, y bajo las condiciones en que empieza a consolidarse la nueva estructura del poder en la entidad afín a ese partido.

La coyuntura política en los años de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas produjo en Guerrero inestabilidad política porque, como dijimos, mientras localmente los grupos rivales —agraristas, caudillos militares y revolucionarios civiles— luchaban por el poder, la corriente del “oficialismo revolucionario”, impulsada desde los poderes centrales, buscaba establecer su control sobre el estado así como en el resto del país. Se produjeron entonces los mecanismos informales de poder y control social que funcionaron por sobre los postulados de la revolución. Uno de los momentos clave, al respecto, se presentó con el asesinato de Obregón el 17 de julio de 1928, situación que venía a poner fin a la alianza de los diversos grupos políticos que a nivel nacional se empeñaban en su reelección.

En esas condiciones, y como veremos posteriormente, Calles se vio obligado a buscar una salida conciliadora para superar el descontento y la fuerza política del obregonismo, al mismo tiempo que reafirmaba su control sobre la política nacional. Por esta razón, la coyuntura política que se produjo en esas fechas incidió de manera importante en la llamada “institucionalización de la Revolución mexicana”.

Por lo que se refiere al estado de Guerrero, con Adrián Castrejón se inició, en 1929, lo que podríamos considerar una nueva etapa en la estructura del poder local en la medida en que este antiguo combatiente zapatista buscó dar una base social a su gobierno. Para ello organizó, como ya dijimos, al Partido Socialista de Guerrero (PSG) y a la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero a fin de acceder a la gubernatura con ese respaldo.

En su primer informe de gobierno, el 1 de diciembre de 1929, Castrejón afirmaba que “la comisión local agraria ha tratado de convertir en realidad el supremo ideal de la redención económica del campesinado”, y anunciaba también que se había verificado los días 3, 4 y 5 de octubre el Primer Congreso Agrario “con asistencia de más de 400 Delegados de los pueblos que han recibido y solicitado [sic] tierras ejidales [y] en el que se trataron con todo entusiasmo cuestiones de alto interés agrario, entre otras la instalación de un Banco Cooperativo Agrícola Refaccionario y la formación de Cooperativas Ejidales”.¹⁸

Por lo demás, el PSG se convertiría en una de las muchas organizaciones que habrían de adherirse al nuevo frente político —el PNR— impulsado desde el poder central. El PNR habría de convertirse en una estructura que respondía a los requerimientos del “oficialismo revolucionario” a fin de dar forma a sus objetivos integrando y subordinando a ellos los demás intereses. El carácter federativo que originalmente asumió dicho partido de Estado habría de resultar fundamental en el cumplimiento de ese propósito. Al integrar a los distintos grupos regionales y locales de la sociedad mexicana a esa estructura, el PNR se convirtió en una confederación de grupos y “partidos caciquiles”.

La eficacia de ese mecanismo se mostró desde el momento mismo de la constitución del partido, pues las gubernaturas se convirtieron, a través de esa maquinaria del Estado, en extensiones del poder central, obligando a los gobernadores a fungir como “gestores” del PNR a nivel regional. Lo anterior se puso ya claramente de manifiesto en el estado de Guerrero cuando el gobernador Adrián Castrejón, en su informe de septiembre de 1931, decía que como ciudadano y hombre público se identificaba con los principios del Partido Nacional Revolucionario, a quien consideraba genuino representante de los intereses políticos del país, por lo que le otorgaba su abierta ayuda fijándole “un subsidio de trescientos pesos mensuales” y poniendo “a disposición del Comité de Estado Local, un edificio ubicado en una de las principales arterias de esta ciudad”,¹⁹ es decir, de la capital del estado, Chilpancingo. Y en el decreto número 105, del 21 de febrero de 1933, se creaba la partida del “Subsidio para el Partido Socialista del Estado de Guerrero dependiente del Partido Nacional Revolucionario…”.²⁰

La inestabilidad de los gobiernos locales

Por lo que se refiere a la inestabilidad de los gobiernos locales cabe hacer notar que, no obstante que con Adrián Castrejón se inició lo que el régimen consideró “la modernización política” en el estado de Guerrero y que con él se llevó a cabo también, de forma sistemática y organizada, la reforma agraria —pues ya el primer año de su gestión se caracterizó por un rápido aumento en el reparto de tierras que consolidó la base social de su gobierno—, al final de su gestión habría de enfrentar una serie de dificultades con el PNR que le impidieron culminarla.

En primer término, porque su obra agrarista se vio obstaculizada por la nueva orientación que dio Plutarco Elías Calles a la reforma agraria en México al impulsar la propiedad privada de alta productividad y en la que el ejido resultaba ser solamente una etapa en las tareas del régimen. De esta manera, disminuyó la distribución de tierras expropiadas en 1928 y, ya para 1929, Calles fijó un término al reparto agrario. En contraposición a ello, Castrejón impulsó el agrarismo a nivel local creando una situación que contravenía lo dispuesto por el oficialismo revolucionario.

Una nueva situación adversa al gobierno de Castrejón se produjo con la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio el 1 de septiembre de 1932, con quien había establecido una relación cercana. Lo anterior propició que al final de su mandato, cuando el Partido Socialista Guerrerense y la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero intentaron llevar al poder, por decisión del propio Castrejón, al senador Ezequiel Padilla, quien terminó por imponerse fue el general Gabriel R. Guevara con el apoyo de Calles y del PNR.

Con ello se afirmaba la preeminencia de los poderes centrales por sobre los intereses locales, haciendo prevalecer el criterio de la unificación nacional, pero en realidad dando lugar a la subordinación de las distintas fuerzas políticas del país a un mando único: el del “Jefe Máximo”. Gabriel R. Guevara (1 de abril de 1933-5 de noviembre de 1935) llegó a la gubernatura del estado en función de los nuevos intereses latifundistas prevalecientes y con el decidido apoyo de Calles.

Como dice Ian Jacobs, con la elección de Guevara el PNR habría obtenido un triunfo sobre “la organización política de un gobernador en ejercicio”, puesto que se trataba además de una organización que, como vimos, se encontraba vinculada a intereses populares, en particular a los del agrarismo. Con ello se demostraba que la propia maquinaria política impuesta desde el centro podía pasar por alto dichas demandas si así convenía a sus intereses. En esas condiciones, se entabló una abierta confrontación entre el Partido Socialista de Guerrero y el PNR, como lo demuestra uno de los comunicados que se dictaron entonces:

…no conformes con la derrota que tuvieron en la designación del candidato al gobierno del estado… pretenden mantener el poder público en beneficio de un reducido número de serviles del general Castrejón y en contra de los postulados del PNR de quien hacían alarde pertenecer. Esto puede justificarse con la llamada de todos los presidentes municipales de todo el estado por el gobernador Castrejón a la ciudad de Chilpancingo, donde recibieron consigna de mantener la supremacía autoritaria del Partido Socialista del Estado que es jefe nato el mismo Castrejón en contra del PNR de quien abiertamente se ha indisciplinado.²¹

Guevara se vio obligado incluso, para consolidar su administración, a desconocer los ayuntamientos castrejonistas en abril de 1933, buscando también el control de los comisarios ejidales.

Con Gabriel R. Guevara la familia Figueroa regresó al poder en Guerrero, después de su participación en la fase armada de la revolución. En efecto, según lo informaba el gobernador Guevara el 1 de septiembre de 1934, en las elecciones del mismo año para diputados y senadores, así como presidente de la República, el Partido Nacional Revolucionario habría declarado triunfantes “Como diputados a la H. Cámara federal por el Primer Distrito Electoral a los C.C. Alberto R. Guevara [hermano del gobernador y colaborador estrecho tanto de Rómulo como de Francisco Figueroa], e Ingeniero Rubén Figueroa”. En esa misma relación aparecían también el general Alberto F. Berber por el quinto distrito electoral y Alejandro Gómez Maganda por el sexto, quienes habrían de ocupar la gubernatura posteriormente, sin poderla concluir en ambos casos.

En cuanto a la gestión de Adrián Castrejón, la cámara de diputados de Guerrero lo desaforó cuando solamente faltaban tres días para que concluyera su periodo constitucional. Sin embargo, “no parece que los diputados consiguieran el objetivo de hacerlo polvo, pues la Secretaría de Gobernación se negó a reconocer la destitución —entre otras razones porque no había ya tiempo para ello”.²²

Los problemas del gobernador Adrián Castrejón a solo unos cuantos días de terminar su mandato fueron, como se puede ver, el resultado de los conflictos entre los políticos y grupos locales y el poder político central. A partir de entonces la caída de los gobernadores por las mismas razones, y en función también de una subordinación cada vez mayor a ese poder, se convirtió en una situación común en la historia política local.

Después de Adrián Castrejón, tampoco terminó su mandato Gabriel R. Guevara (el gobernador que lo sucedió), debido a la puesta en marcha del programa político del régimen revolucionario impulsado por Cárdenas y al que ahora Guevara resultaba contrapuesto. A Guevara lo sucedió el licenciado José Inocente Lugo el 6 de noviembre de 1935, quien terminó dicho periodo el 31 de marzo de 1937: “En 1935, cuando Cárdenas luchaba por el poder con el ‘Jefe Máximo’, fueron depuestos siete callistas gobernadores de estado, entre ellos Gabriel Guevara, de Guerrero”.²³

El general Alberto F. Berber, siguiente gobernador electo (1 de abril de 1937-18 de febrero de 1941), tampoco terminó su periodo y fue sustituido por el profesor Carlos F. Carranco Cardoso el 19 de febrero de 1941. En la caída del gobernador Berber fueron decisivas sus diferencias, a partir de 1939, con el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que había sustituido ya al PNR el 30 de marzo de 1938, lo que culminó con la imposición de Rafael Catalán Calvo por el PRM y por sobre los deseos del gobernador Berber, en las elecciones de mayo de 1941 y que lo llevaron al poder el 1 de julio de ese año como gobernador de Guerrero, dando lugar así a la completa subordinación de los poderes locales a las disposiciones del Ejecutivo federal. Catalán Calvo fue el sexto gobernador electo constitucionalmente desde el triunfo de la revolución. Con excepción de Rodolfo Neri, quien permaneció en el cargo hasta entregar la gubernatura a su sucesor Héctor F. López, y el controvertido caso de Adrián Castrejón, ninguno de los antecesores de Catalán Calvo había concluido su periodo y todos ellos afrontaron serias crisis políticas. El periodo de Catalán Calvo habría de coincidir con el auge de la agricultura comercial en México después de 1940 y con el inicio de la industrialización, ambas situaciones favorecidas por la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, Catalán Calvo habría de reconocer que la función política del gobierno del estado era “débil y desconcertada” como consecuencia de la carencia de programas y de las circunstancias políticas nacionales, por lo que el gobernador no era sino “una autoridad sujeta a otras voluntades”. Su reconocimiento al carácter contingente del gobernador del estado frente a los problemas sociales y al régimen político, lo conducía, sin embargo, a una conclusión paradójica solamente explicable porque su propia designación había sido decidida bajo las reglas que desde el centro se habían impuesto a los distintos estados. El gobernador Catalán Calvo invocaba, en última instancia, su apego y subordinación al Partido revolucionario:

En tales condiciones, lo primero que se ocurre es recobrar la necesaria autonomía para desarrollar una política que satisfaga las necesidades regionales y para ello no hay como recurrir a la vigorización de una verdadera organización política del Estado de Guerrero, filial del Partido Revolucionario Nacional.²⁴

A partir de ese momento, el acceso a la gubernatura del estado solamente habría de ser posible a quien, practicando escrupulosamente las nuevas reglas del régimen político, fuera además capaz de propiciar ciertos arreglos entre los grupos ligados al poder local. Durante la década de los años cuarenta y cincuenta, como consecuencia de la situación internacional y del crecimiento económico de México a partir de 1940, también se modificó la situación socioeconómica del estado, sobre todo en el caso de la costa.

Es en estos años cuando Acapulco se transformaba en un centro turístico de importancia por las inversiones del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952). En el mismo periodo, se otorgaron y ampliaron grandes explotaciones forestales a empresas como Maderas Papanoa y Chapas y Triplay S. A., entre otras. También en estos años se impulsaron las huertas de copra y de café que sustituyeron los sembradíos de ajonjolí en la costa guerrerense.

Sin embargo, en el ámbito político la nueva estructura de poder dio lugar a la manipulación, sobre todo de los campesinos como votantes cautivos, al regateo por las cuotas de poder y al control patrimonial de las organizaciones y sus recursos. En estos años se produjo, además, el declive del agrarismo y el despojo de los campesinos: “El General Juan Valdés, tío del ex presidente Alemán, se ha quedado con las tierras de la Cooperativa de Cacalutla, según se afirma en Acapulco”.²⁵ Lo anterior hace decir a Manuel Gill: “¡Trágico destino el de Acapulco! Primero en poder de los gachupines, ahora en las manos de los políticos ‘revolucionarios’”.

Con todo, se trató también de dos periodos de relativa estabilidad de los poderes locales, como ocurrió con los periodos de los gobernadores Rafael Catalán Calvo y el general Baltasar R. Leyva Mancilla, comprendidos del 1 de julio de 1941 al 31 de marzo de 1951.²⁶ No obstante, por la pugna con los poderes centrales tampoco terminó su periodo el gobernador siguiente, Alejandro Gómez Maganda (1 de abril de 1951-20 de mayo de 1954), quien fue sustituido el 21 de mayo de 1954 por el ingeniero Darío L. Arrieta Mateos y a quien le sucedió el general Raúl Caballero Aburto (1 de abril de 1957-4 de enero de 1961), transición que representó, en la etapa reciente, la situación más trágica en el estado como consecuencia del descontento social que se produce por las estructuras de un poder autoritario y, en el caso de Caballero Aburto, abiertamente represivas, como se manifestó a lo largo de su gestión y con los decretos que promulgó al final de su régimen contra la difusión de ideas, la rebelión y la sedición y otros desórdenes públicos.²⁷

En efecto, no obstante sus proclamas iniciales de acuerdo con la ideología oficial, el general Caballero Aburto reafirmó las medidas autoritarias del poder y dio lugar a una etapa de represión social que terminó trágicamente en diciembre de 1960 con la insurgencia cívica y estudiantil, en varias poblaciones del estado, frente a sus prácticas políticas. La centralización del poder y el nepotismo, rasgos inherentes al régimen político en su conjunto, contribuyeron al desgaste final de su gobierno. Por lo anterior fue relevado el 5 de enero de 1961 por el licenciado Arturo Martínez Adame. Terminó también su mandato el gobernador siguiente, Raymundo Abarca Alarcón (1 de abril de 1963-31 de marzo de 1969), aunque durante su administración se suscitaron graves problemas políticos: en Acapulco fue asesinado por policías estatales el líder de colonos Alfredo López Cisneros; en ese lugar se produjo también una violenta represión a los integrantes de la Unión Regional de Productores de Copra —que demandaban rebajar el impuesto a la copra y el desconocimiento de los líderes oficialistas de su organización—, con un saldo de 82 copreros muertos, 140 heridos y varios desaparecidos, y se encarceló en Iguala a Genaro Vázquez Rojas, líder de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), así como a José María Suárez Téllez, candidato opositor a la gubernatura del estado.

No terminaron tampoco su periodo los dos siguientes gobernadores: el profesor Caritino Maldonado Pérez debido a un accidente en el que murió y fue relevado por Israel Nogueda Otero el 18 de abril de 1971, gobernador sustituto que tampoco terminó por diferencias políticas con el gobernador electo para el periodo siguiente, ingeniero Rubén Figueroa Figueroa. Por esta razón, Javier Olea Muñoz, antiguo procurador durante el régimen de Raúl Caballero Aburto, cubrió un breve interinato entre febrero de 1975 y el 31 de marzo del mismo año.

Además del ingeniero Rubén Figueroa Figueroa (1 de abril de 1975-31 de marzo de 1981), terminaron su periodo el licenciado Alejandro Cervantes Delgado (1 de abril de 1981-31 de marzo de 1987) y el licenciado José Francisco Ruiz Massieu (1 de abril de 1987-31 de marzo de 1993), pero igualmente fue relevado de la gubernatura Rubén Figueroa Alcocer el 12 de marzo de 1996 a causa de la muerte de 17 campesinos provocada por la policía del estado en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995. Se trata, no obstante, de una manifestación más de lo que ha sido común en la estructura del poder local: el recurso a la violencia del gobierno frente a las demandas sociales, con lo que no solamente no se resuelven los problemas de la entidad, sino que se contribuye a agudizarlos en un marco de violencia generalizada y de desapego al Estado de derecho.

Aquí cabe señalar que si bien el retorno político de los Figueroa a la gubernatura del estado en 1975 con Rubén Figueroa Figueroa fue posible, como dice Ian Jacobs, porque habían abandonado “el papel de caciques autónomos locales y se aprendieron las reglas del proceso político del nuevo México”,²⁸ en el caso de su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, fue precisamente el agotamiento de esa estructura de poder y las prácticas políticas a que dieron lugar esas reglas lo que complicó su propia administración hasta generar una crisis que lo obligó a abandonar el poder.

En efecto, Figueroa Alcocer fue relevado por quien fungió hasta esa fecha como dirigente estatal del PRI, Ángel Aguirre Rivero. Las reglas del régimen político mexicano dieron lugar a que quien llegara a la gubernatura interinamente fuera aquel político local que más abiertamente había expresado su apoyo al mandatario estatal, pues Aguirre Rivero, en su condición de dirigente estatal del PRI, encabezó dos días antes de la renuncia de Figueroa marchas priístas en Acapulco y Chilpancingo en apoyo del todavía gobernador.

En este caso no se recurrió al Senado para declarar la desaparición de poderes en la entidad. Sin embargo, también prevaleció la voluntad del Ejecutivo al respecto a través de la Secretaría de Gobernación. Fue en esa dependencia donde se habría negociado la renuncia de Figueroa Alcocer, así como las condiciones de su relevo. El secretario general de Gobierno durante los últimos meses de la administración de Rubén Figueroa Alcocer, Zótico García Pastrana —quien fungió también como coordinador del Congreso local—, aseguró que el gobernador “negoció su salida con Emilio Chuayffet —secretario de Gobernación— y propuso como su sustituto a Ángel Aguirre Rivero”. “Él [Figueroa] sabía que la situación era insostenible y que en cualquier momento la Secretaría de Gobernación le pediría su renuncia, que en caso de que se negara a hacerlo el presidente Zedillo iba a solicitar al Congreso de la Unión que declarara la desaparición de poderes en Guerrero”,²⁹ afirmó García Pastrana a un grupo de periodistas el 11 de noviembre, días antes de concluir su periodo como diputado local.

Aun cuando instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría Especial para el caso Aguas Blancas realizaron investigaciones sobre estos hechos de violencia, ha prevalecido otro de los rasgos del régimen: la impunidad como consecuencia de la inexistencia de un Estado de derecho, puesto que el resultado de dichas investigaciones no ha demostrado verdadera responsabilidad de las autoridades estatales y quienes sí han sido consignados, o han negado su participación en la masacre, o bien han declarado haber aceptado su procesamiento judicial a cambio de ciertos beneficios.³⁰

Puede decirse, en suma, que lo que prevaleció en la política local fue la disputa de los distintos grupos por acceder al poder y beneficiarse con él. A ello contribuyó la inexistencia de poderes públicos que obraran conforme a derecho y respondieran en su estructura y fines a lo dispuesto por la Constitución. Pero aunado a lo anterior, y en el marco del funcionamiento del régimen político, las destituciones de gobernador tienen su origen en las pugnas por el poder entre los grupos locales y en las circunstancias y apoyo que encuentran en el “oficialismo revolucionario”.

También en este sentido se hace prevalecer la voluntad presidencial. Teresa Estrada lo hace notar de la siguiente manera: “Los casos de declaratoria de desaparición de poderes en Guerrero revelan la mediación del Senado como instrumento de la voluntad presidencial; muchas veces por encima de esa misma norma, así como un marcado intervencionismo federal en la soberanía estatal”.³¹

De esta manera, las sucesivas intervenciones de los poderes federales en la desaparición de los mismos en la entidad no solamente no se ajustan a un Estado de derecho, sino que tampoco tienen como propósito el de preservar poderes políticos constitucionales abocados al cumplimiento de las normas establecidas, puesto que la desaparición de poderes obedece, más bien, al interés de someter a los poderes públicos locales a los dictados del Ejecutivo. La inestabilidad política de los gobiernos guerrerenses ha obedecido así, sobre todo, a la carencia de legitimidad constitucional de esos gobiernos y a las pugnas por el poder local y nacional con el concurso de mecanismos de poder informales que han contribuido a fortalecer un sistema político presidencialista en detrimento de poderes públicos autónomos y atentos a la demanda social.

El caso guerrerense: ¿anomalía o realidad del régimen político mexicano?

No es el uso del poder o el hábito de la obediencia

lo que deprava a los hombres, sino el desempeño

de un poder que se considera ilegítimo, y la obediencia

al mismo si se estima usurpado u opresor.

Alexis de Tocqueville, La democracia en América

Después de destacar dos de los aspectos característicos de la forma en que operan los poderes políticos en el estado de Guerrero, nos referimos a la inestabilidad de los mismos y a su desapego a las leyes; conviene preguntarse en qué medida estos rasgos son el resultado del carácter y condiciones impuestas por el régimen político mexicano a nivel local, así como la relación que existe entre los procedimientos de la estructura del poder y la forma en que estas prácticas están vinculadas al atraso, tema que habremos de desarrollar en la segunda parte.

La clave para explicar la forma en que operó el régimen político, tanto a nivel nacional como a nivel local, se encuentra, desde nuestro punto de vista, en el carácter primero federativo del PNR y después corporativo del sistema. Al respecto conviene recordar que la Constitución de 1917 surgió como un documento de cierta radicalidad, sobre todo por lo que se refiere a los artículos 3, 27 y 123, en los que se reconoce el rezago educativo y el atraso social y económico de la gran masa de la población campesina y de los obreros, lo que justificó el contenido social de la Constitución, puesto que esos artículos que trataban la reforma agraria, los derechos obreros y la educación bajo un criterio de democracia que incluso se definió como “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”,³² hacían explícito el compromiso de la revolución con la atención a los grandes problemas del país. Habría que subrayar que en medio de las contradicciones de los intereses sociales representados en la revolución, el nuevo régimen se comprometía con el desarrollo educativo, social, económico y cultural como condición de su propia legitimidad.

Sin embargo, las estructuras de poder informal que terminaron por prevalecer, así como el carácter corporativo y jerárquico del sistema político, pronto habrían de desvirtuar los postulados sociales del régimen en función de un desarrollo económico acelerado y concentrador del ingreso. En este caso, el corporativismo resultó eficaz no para resolver las demandas sociales de la población, sino precisamente para moderarlas y bloquear la formación de fuerzas políticas independientes. El régimen mexicano se habría de enfrentar así a lo que ha sido su gran dilema: el carácter excluyente de la expansión económica y el desarrollo desigual de las regiones han puesto en cuestión los logros sociales del gobierno que, por lo demás, constituían la justificación del corporativismo y de la alianza social en que se apoyaba, habiéndose consolidado durante el gobierno de Cárdenas.

En efecto, los postulados sociales de la revolución y la movilización campesina y de los trabajadores que dieron lugar a la viabilidad del Estado, así como a la satisfacción de ciertas demandas populares, propiciaron una alianza entre los trabajadores y el Estado que se afirmó a través de un mecanismo político corporativo de control vertical. El resultado de ello fue que mientras se ampliaba la base económica del país en las condiciones de un desarrollo económico desigual conforme a las distintas actividades económicas, por otra parte la incorporación de las distintas fuerzas sociales a la acción del gobierno impidió la construcción de un orden político fundado en el pluralismo.

Más tarde, la estructura por sectores del partido de Estado frenó el movimiento social o bien lo redujo drásticamente. Todo ello en función de los requerimientos de la burocracia estatal. No obstante, la clave del funcionamiento del régimen político se encuentra en el corporativismo, porque este permitió que los distintos grupos sociales organizados bajo la tutela del Estado se convirtieran, en realidad, en extensiones del mismo, dando lugar así a nuestra peculiar estructura de poder.

Tal situación determinó que las demandas sociales fuesen recogidas y procesadas por las instituciones gubernamentales no en función de las carencias y necesidades reales, sino sobre todo por la presencia efectiva que las distintas organizaciones nacionales y locales alcanzaban dentro de esta estructura de poder. Ello explica que en situaciones como las de Guerrero, con un marcado atraso, las condiciones para impulsar esas organizaciones fueran realmente limitadas y, como se puso de manifiesto desde un principio, prácticamente se reducían al ámbito campesino, además de que la debilidad de las mismas afirmó su condición de meras extensiones del poder político local y nacional.

Para mostrar la manera en que lo anterior se presentó en Guerrero conviene volver a lo ocurrido con los gobiernos de Adrián Castrejón y Gabriel R. Guevara, es decir, conviene tener presente el maximato de Plutarco Elías Calles y el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues son estos los años que parecen ser decisivos en la conformación de las prácticas del poder en México.

En efecto, es entre 1929 y 1940 cuando se consolidó una estructura del poder y un ejercicio del mismo de carácter plenamente centralista y donde privó la voluntad del Ejecutivo a través de la eficacia con que se desempeñaron, sobre todo, el PNR primero, y el PRM después, como partidos dependientes, primero de la voluntad del “Jefe Máximo” y, posteriormente, del presidente en turno. Esta situación se reproduce en las estructuras políticas locales.

Al respecto, y como lo señalamos, el asesinato de Álvaro Obregón llevó a Calles a buscar una salida de carácter institucional, pero que al mismo tiempo le permitiera mantener el control de la política nacional. Bajo estas circunstancias Calles concibió la necesidad de un organismo político que fungiera de acuerdo con los requerimientos del oficialismo revolucionario. En sentido estricto, se trataba de revestir de una cierta forma institucional la voluntad política del “Jefe México” y de constreñir las prácticas del poder en México a esa estructura de poder. El ejercicio de la política fuera del PNR, del PRM y del PRI, fue imposibilitado por el propio Estado.

Rafael Loyola Díaz recogió en su libro La crisis Obregón-Calles y el Estado mexicano los motivos expuestos por Emilio Portes Gil para la creación de ese organismo político del régimen, destacando al respecto la necesidad de una organización que integrara a los “dispersos elementos revolucionarios y disciplinara debidamente a las tendencias dislocadas de los grupos regionales”, con el propósito de “trazar los cauces del progreso de la nación”.³³ En suma, se necesitaba un partido que diera lugar a la organización del oficialismo revolucionario, así como al desarrollo de la nación. Todo ello, por supuesto, bajo la égida de Calles. Lo decisivo es que se accedía así a un arreglo aparentemente institucional para hacer valer la voluntad de quien bajo esas condiciones se había convertido en el hombre fuerte del poder en México: Plutarco Elías Calles.

Es en ese sentido que el PNR respondió a la necesidad de ampliar el poder político del “Jefe Máximo” a todos los ámbitos del país, de allí su carácter federativo. Por lo demás, la estructura corporativa reforzó tal poder, en manos del Presidente después de 1938 con el PRM. Por ello, en sentido estricto no se trató de establecer un partido político, en el sentido democrático-liberal del término que diera lugar a una competencia abierta por el poder, sino más bien se buscó crear una organización como sustento del régimen mexicano para asegurar el control político de la nación.

Podemos decir, así, que con el PNR se buscaba constituir un frente que integrara a los cientos de grupos revolucionarios que se manifestaban en el país bajo un mando único a cuyas decisiones todos se sometieran. Lo anterior como resultado del pragmatismo político de Calles a fin de hacer valer sus propósitos tanto en el ámbito de esos grupos, como por extensión en la sociedad.

Por lo que se refiere al papel que cumplieron las organizaciones impulsadas por el gobernador Adrián Castrejón en el contexto de esa nueva estructura del poder en México, cabe decir que tanto el Partido Socialista de Guerrero como la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero habrían de cumplir con el objetivo primordial del PNR, por lo demás formulado en el momento mismo de su constitución el 4 de marzo de 1929: ganar las elecciones presidenciales de noviembre de ese año en favor de Pascual Ortiz Rubio.

Así, Adrián Castrejón en su primer informe de gobierno del 1 de diciembre de 1929 y de conformidad con lo dispuesto por el gobierno de Emilio Portes Gil, a la vez que instrumentaba medidas represivas pretendió dar la imagen de neutralidad en el proceso electoral, invocando incluso una supuesta actitud democrática al afirmar que “el Ejecutivo a mi cargo giró una circular a todos los presidentes municipales recomendándoles que en lo absoluto se abstuvieran de interponer su influencia [el gobernador Castrejón seguramente quería decir lo contrario] en pro o en contra de determinada candidatura”. Castrejón afirmaba, unas líneas antes, que las elecciones para presidente de la República “se verificaron sin que se registraran choques sangrientos, con excepción de la ciudad de Iguala, en la que los vasconcelistas, dieron la nota salvaje y antidemocrática del asalto a tres casillas, habiendo sido lesionado con tal motivo un representante del Partido Socialista del Estado”.³⁴

En esas condiciones, el Partido Socialista de Guerrero y la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del estado cumplieron plenamente su papel como parte de la nueva maquinaria política impuesta por el régimen, como lo demuestran las cifras expuestas por Ian Jacobs al respecto. De acuerdo con estas, en las elecciones presidenciales de noviembre de 1929 Pascual Ortiz Rubio habría obtenido en la entidad 40 855 votos frente a 216 para José Vasconcelos y para el candidato comunista Pedro Rodríguez Triana,³⁵ cifras realmente increíbles como las que se dieron a nivel nacional: 1 947 848 votos para Ortiz Rubio, 110 979 para Vasconcelos y 23 279 para Rodríguez Triana.³⁶

La consolidación de esa maquinaria política tanto a nivel nacional como local para asegurar el control político del país explica, también, que Gabriel R. Guevara, quien sucedió a Adrián Castrejón con intereses latifundistas abiertamente opuestos a este último, proclamara que “no se propugne por la irrisoria igualdad política, que ha sido el opio con que se han adormecido a las masas trabajadoras, sino que su acción se dirija hacia la conquista de la igualdad económica”.³⁷ Tal afirmación, de un carácter puramente declarativo, solamente puede explicarse en correspondencia a la sumisión política e ideológica impuesta desde el proyecto y realización de un organismo dócil a los dictados del “Jefe Máximo”. En realidad, el atraso económico del estado y la debilidad organizativa de los campesinos exacerbaron las estructuras de poder jerárquicas y centralistas y convirtieron a los campesinos en la base electoral del régimen a nivel local. De allí la inadecuación entre la ideología oficial y el ejercicio real del poder.