Kitabı oku: «Derecho administrativo sancionador»

Yazı tipi:




Rojas López, Juan Gabriel

Derecho administrativo sancionador entre el control social y la protección de los derechos fundamentales / Juan Gabriel Rojas López. – Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2020.

473 páginas ; 21 cm.

Incluye referencias bibliográficas (páginas 413-447)

ISBN: 9789587902891

1. Procedimiento administrativo 2. Sanciones administrativas 3. Administración pública -- Aspectos jurídicos 4. Protección de los derechos fundamentales 5. Derecho administrativo 6. Derecho administrativo disciplinario I. Universidad Externado de Colombia II. Título

344SCDD 15

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.

Febrero de 2020

ISBN 978-958-790-289-1

©2020, JUAN GABRIEL ROJAS LÓPEZ

©2020, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá

Teléfono (57-1) 342 0288

publicaciones@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Primera edición: abril de 2020

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Corrección de estilo: Néstor Clavijo

Composición: Álvaro Rodríguez

Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres

Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad del autor.

Diseño epub:

Hipertexto – Netizen Digital Solutions

A Elizabeth, Isabel, Santiago y a mi padre, Gabriel José

CONTENIDO

PROEMIO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO Fundamentos de la potestad sancionadora de la Administración

Introducción

Sección I. De la justificación y finalidad de la potestad sancionadora del Estado

Sección II. Los fines de la sanción punitiva

Sección III. La potestad sancionadora de la Administración. Noción conceptual, características y finalidades

Sección IV. Fundamentos constitucionales de la potestad sancionadora de la Administración

CAPÍTULO SEGUNDO Análisis sobre las diferencias y semejanzas entre la infracción penal y la administrativa

Introducción

Sección I. Aproximaciones a la noción conceptual de la sanción administrativa

Sección II. Análisis sobre las diferencias y semejanzas entre la infracción penal y la infracción administrativa

Sección III. Concepciones teóricas en torno a la distinción entre la infracción administrativa y el delito

CAPÍTULO TERCERO Principios orientadores de la potestad sancionadora de la Administración

Introducción

Sección I. El principio de legalidad

Sección II. El principio de culpabilidad

Sección III. El principio de presunción de inocencia

Sección IV. El principio de non bis in idem

Sección V. El principio de proporcionalidad

Sección VI. El principio del debido proceso

CAPÍTULO CUARTO El derecho administrativo sancionador y las garantías históricas del derecho punitivo estatal. Una reflexión crítica al derecho sancionador colombiano

Introducción

Sección I. Reflexiones sobre el non bis in idem y su interpretación y aplicación en el derecho colombiano

Sección II. De la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad como conquistas históricas en el derecho punitivo estatal y su aplicación matizada en Colombia

Sección III. La huida del derecho penal o el doble ámbito sancionador

Sección IV. El derecho administrativo sancionador garantista. Una propuesta para Colombia

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE GENERAL

NOTAS AL PIE

PROEMIO

Este libro es el resultado una investigación adelantada durante varios años que ha continuado alimentándose de los incesantes acontecimientos que a diario se presentan en los ámbitos académicos y jurisprudenciales.

Ahora hemos decidido que es momento de hacer la publicación y poner este libro a consideración de la comunidad académica, pues algunas de las reformas legales que se veían venir1 o por las cuales se clamaba, como por ejemplo la definición clara de la responsabilidad subjetiva en materia de pérdida de investidura, hoy constituyen una realidad normativa2. De igual forma se han emitido trascendentales decisiones judiciales que han contribuido a la evolución del tema desarrollado, por lo que ha valido la pena la espera para que este trabajo sea difundido con la esperanza de que sirva para decantar las instituciones y garantías en el campo de las crecientes potestades sancionadoras de la Administración.

Es momento de reconocer que sin el apoyo de tantas personas que de una u otra forma contribuyeron a la terminación del trabajo de investigación con sus aportes, recomendaciones bibliográficas, revisiones y observaciones, no habría llegado este trabajo investigativo a buen puerto. En especial, infinitos agradecimientos al doctor Juan Carlos Henao, quien con erudición revisó y orientó la investigación desarrollada.

Igualmente debemos agradecer a los profesores Alberto Montaña Plata, Carlos Bernal Pulido, Alexánder Sánchez, Jaime Ossa Arbeláez y Hugo Marín, por sus pertinentes observaciones; al profesor José Fernando Botero Bernal, por sus recomendaciones bibliográficas y su disposición; a los doctores Édgar Cortés y Julia Rodríguez, por el apoyo recibido; y a Gabriel José Rojas Orrego, por su dedicación.

Por último, nuestros agradecimientos a la Coordinación de los programas de doctorado y al Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, por el apoyo constante.

INTRODUCCIÓN
I. LAS RAZONES QUE CONDUJERON A LA ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN QUE SIRVE DE SOPORTE A ESTA OBRA

El observar con estupefacción el crecimiento casi desmedido de las potestades punitivas de la Administración, las cuales se ramifican en todos los sectores de la sociedad y de la actividad económica, y que ha venido acompañado de una tendencia a una mayor drasticidad de las sanciones administrativas, en la misma forma en que se abre paso un discurso teórico afín a la admisión pacífica de la “matización” de las garantías históricas del derecho punitivo en el ámbito del derecho administrativo sancionador, ha sido la razón primordial para realizar este trabajo, que pretende plantear la necesidad de llegar a un punto de equilibrio entre la necesidad de la realización del control social, por la vía punitiva administrativa, y la protección de los derechos fundamentales.

Por ello se ha tenido la intención de trascender el análisis estrictamente disciplinar del derecho, con el propósito de dar una mirada desde el punto de vista de una disciplina tan cercana como lo es la sociología jurídica. Desde esta perspectiva se mira el derecho tanto en su conjunto como en sus partes, para dar lugar al análisis de las instituciones que han surgido con el paso de los siglos3, como el delito y su represión, los derechos subjetivos4 y, valdría agregar, la infracción administrativa y su sanción.

Por tanto, y tal como lo plantea el profesor Vincenzo Ferrari, la sociología del derecho se ocupa entre otras cosas, “de la relación entre previsiones normativas jurídicas, acciones y comportamientos, así como de los procesos decisorios que conducen a definir socialmente acciones y comportamientos como lícitos o ilícitos”5. Además, desde un ángulo de la sociología jurídica se concibe al derecho como un instrumento de control social, por ser fundamentalmente una “actividad dirigida a orientar a los individuos en la observación de comportamientos conformes a finalidades generales de orden y paz social, según la visión de quienes detentan el poder”6.

Desde este punto de vista es claro que el derecho en general y el derecho sancionador en particular constituyen instrumentos de control social7, pues sirven para garantizar la conformidad de los individuos con las exigencias conductuales que les son impuestas por el sistema social, lo que se refuerza con el establecimiento de un sistema de sanciones encaminadas a garantizar el funcionamiento de dicho orden8.

En efecto, dentro de la sociología jurídica existe una ramificación que lleva a un mayor nivel de detalle el objeto de estudio, la cual se conoce como sociología del castigo, que tiene entre sus objetivos analizar las diferentes teorías sobre el delito, que es desde donde de manera tradicional se hacen los análisis en esta materia9, pero que sin duda puede hacerse extensiva hacia todos los ámbitos punitivos estatales.

Ahora bien, partiendo de la base de que el objeto primordial de estudio lo constituye la potestad punitiva de la Administración y el derecho encargado de regularla, analizada esta como un instrumento de control social que debe estar sometido a claros límites que permitan la salvaguarda de los derechos individuales frente a la permanente tensión generada por la necesidad de hacer prevalecer el interés general, se cree que se aborda uno de los capítulos fundamentales de la disciplina sociojurídica con un tinte de novedad, cual es el análisis desde el punto de vista del derecho administrativo y no solo desde el derecho penal.

Por otra parte, y desde la perspectiva de las instituciones políticas, es claro que el ius puniendi del Estado surge como consecuencia lógica de la posesión del poder político de parte del Estado, de la necesidad de justificar y de mantener el monopolio de la violencia10 legítima, lo cual se pretende lograr primero por la vía de la norma y después por la habilitación con el uso de la fuerza11, incluso como coacción directa12, si fuere del caso.

El derecho surge como producto de los acuerdos sociales y políticos. Es, si se quiere, la política con otro ropaje, lo que es apenas lógico si se parte de la base de que los fenómenos sociales, económicos y políticos terminan incidiendo en la modelación del derecho. Ello se observa de manera prístina por ejemplo en el hecho de que es el legislador, en el contexto de su ejercicio político natural, el que define lo que habrá de ser considerado como delito o infracción administrativa.

¿Qué puede tener más estirpe política que la expresión del poder punitivo de un Estado? Por eso, y parafraseando a Robert Dalh, a la política pertenecen las relaciones de gobierno, autoridad y poder13, y siendo el ius puniendi del Estado una emanación del poder político de este, quizá el rostro más connatural al poder constituya una de las instituciones políticas por esencia.

II. UNA CONCEPCIÓN DEMOLIBERAL Y GARANTISTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. PUNTO DE PARTIDA PARA LAS IDEAS EXPRESADAS

Se reconoce que la prevalencia del interés general es un elemento fundamental de toda organización política, pero ello no tiene por qué significar el sacrificio desproporcionado de los derechos individuales y mucho menos la anulación de las libertades. De allí el título de este libro, que pretende evidenciar la tensión presentada y que ha justificado la investigación adelantada (el control social y la protección de los derechos fundamentales).

Sin embargo, el autor reconoce que una propuesta de esta estirpe, que puede en realidad ser calificada como garantista, implica, en los tiempos actuales, nadar en contracorriente, pues cada día son mayores las voces que abogan por un sistema de control social punitivo más eficaz y menos garantista apoyado en la lógica de las políticas de seguridad para enfrentar los tiempos de la sociedad del riesgo, en la cual se justifican en ocasiones los medios, con tal de alcanzar los fines propuestos.

En ese contexto, hasta las conquistas históricas del derecho penal se ponen en tela de juicio, estableciendo categorías que desconocen los fundamentos filosóficos que le sirvieron de base al desarrollo de esta disciplina, y se pasa por ejemplo de hablar de ciudadano a enemigo, con toda la carga simbólica que de ello se desprende y, sobre todo, las consecuencias que desde el punto de vista práctico puede acarrear tal transformación del lenguaje en la garantía de los derechos.

Si dichas tensiones se presentan en el contexto del derecho penal, qué decir de lo que ocurre en el marco del derecho administrativo sancionador, subsistema normativo que es tratado como un derecho punitivo de poca relevancia o un derecho poco invasivo, hasta tal punto que se suele admitir sin controversia que los principios históricos del derecho penal no se tienen que aplicar con el mismo rigor en el ámbito del derecho administrativo sancionador y, en ocasiones, hasta se pueden omitir en este ámbito del derecho punitivo.

Por esa razón las ideas aquí expresadas se erigen para propugnar la reivindicación de los derechos de quienes se ven enfrentados a la potestad punitiva de la Administración, no para abogar por la eliminación de tal facultad estatal, sino para tomar partido por el establecimiento de un sistema más riguroso que permita garantizar controles efectivos al poder, de suerte que la imposición de las sanciones administrativas esté siempre precedida de las correspondientes garantías que deben ser inherentes al ejercicio del ius puniendi del Estado.

En síntesis, se le dice sí a la potestad punitiva de la Administración, pero sometida a límites; se le dice sí a la utilización del derecho punitivo como mecanismo de control social, pero no al uso desmedido, desproporcionado y arbitrario que implique una doble sanción y el desconocimiento de los derechos del supuesto infractor; se le dice sí a la utilización del derecho administrativo en vez del derecho penal para garantizar el interés general, pero en tanto no se haga a costa del sacrificio o vulneración de los derechos individuales; se le dice sí a la potestad sancionadora de la Administración, pero también se les dice sí a las libertades individuales y a los derechos fundamentales.

III. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MARCO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO SUPONE UN EQUILIBRIO ENTRE EL CONTROL SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La posición demoliberal desde la cual se ha enfocado este libro no se opone a los postulados del Estado social de derecho, pues en este la reivindicación de los derechos fundamentales hasta el punto de la exaltación de los derechos sociales a ese nivel es la razón de ser de la organización política, pues el interés por alcanzar los cometidos sociales del Estado no tiene por qué significar la aminoración del valor del individuo. Por ello, Estado social de derecho no es lo mismo que Estado de anulación individual; si así fuera, tendría que reconocérsele a Hayek que sus temores más profundos expresados en “camino de servidumbre” terminaron convertidos en una realidad.

La potestad sancionadora de la Administración representa una importante pero poderosa herramienta con la que se dota al Estado para ampliar el espectro de su capacidad punitiva, en aras de garantizar el control social, de guiar las conductas humanas individuales y sociales hacia ciertos objetivos políticamente propuestos, justificada por lo demás ante la evidente insuficiencia del derecho penal para cumplir su función preventiva, y sobre todo, porque este tiene un papel de intervención de ultima ratio.

Precisamente por lo que significa dotar a la Administración de esta prerrogativa punitiva es necesario establecer límites claros que eviten, o cuando menos disminuyan, la posibilidad de su ejercicio de manera arbitraria, y tales límites se encuentran relacionados precisamente con el respeto de los derechos fundamentales de quien se encuentre sometido al rigor de dicha potestad pública.

IV. LA POTESTAD PUNITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN, AL IGUAL QUE LA POTESTAD PUNITIVA PENAL, EMANA DE UN FUNDAMENTO COMÚN: EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO

Entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador existe un fundamento común, el ius puniendi del Estado, que es aquella facultad que recae sobre todos los Estados de determinar las conductas que serán objeto de reproche punitivo y establecer las correspondientes sanciones.

Por tal razón, y partiendo de la base de que el ius puniendi es uno solo, se plantea en este trabajo que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son instrumentos de control social encaminados a garantizar la adecuación de las conductas a ciertos objetivos políticamente definidos por el legislador, que es al que en el Estado le corresponde la labor de determinar las infracciones y sanciones para procurar garantizar un orden social determinado, lo que implica que con estos dos campos derivados de la facultad de punir se busquen los mismos objetivos, utilizando métodos formal o cuantitativamente diferentes.

V. ENTRE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DELITO NO EXISTEN DIFERENCIAS SUSTANCIALES, PERO PUEDEN ESTABLECERSE DIFERENCIAS ADJETIVAS A PARTIR DE LA NORMA

El derecho es producto de la sociedad, es consecuencia de ella y por ende refleja lo que cultural o políticamente cada sociedad es, desea o aspira a ser. Allí resulta fundamental comprender que ni el derecho ni la norma son preexistentes al hombre, y por tal razón no existen conductas que ontológicamente hablando puedan ser consideradas delito o infracción administrativa, pues es en últimas el legislador, en el contexto de la libertad de configuración legislativa, el que se encarga de definir si un comportamiento merece ser reprochado y, en caso de que así sea, de establecer el tipo de intervención estatal para determinar si se eleva a la categoría de delito o de infracción administrativa, lo que implicaría utilizar esa facultad punitiva para garantizar el control social.

Ahora bien, tal libertad de configuración legislativa no es ilimitada, puesto que en el contexto del Estado de derecho existen límites definidos políticamente para procurar controles al poder, como por ejemplo la Constitución Política, los derechos fundamentales, la dignidad humana y los tratados internacionales.

Con todo, la determinación de lo que habrá de ser considerado delito o infracción administrativa es un asunto de definición política, y por ello entre estas dos categorías jurídicas no existen diferencias sustanciales, pues en últimas, tal como se ha dicho, quien define el nivel de reproche y de intervención estatal en un caso dado frente a una conducta es el legislador.

Sin embargo, afirmar que entre el delito y la infracción administrativa no existen diferencias sustanciales no significa que no se puedan considerar diferencias a partir de la norma, puesto que así como el legislador tiene la facultad de calificar y situar la conducta en un ámbito punitivo determinado, también puede establecer diferencias desde otras perspectivas, como por ejemplo, según el tipo de sanciones que se pueden imponer, las autoridades competentes para su imposición, los procedimientos correspondientes, etc.

VI. CON EL ESTABLECIMIENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS SE BUSCA LA PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS

La infracción administrativa y el delito no solo tienen en común su fundamento político, el ius puniendi del Estado, y representar instrumentos de control social, sino los objetivos que con ellos se persiguen, puesto que de manera inmediata lo que se pretende por medio del establecimiento de estas conductas objeto de reproche punitivo es la protección de ciertos bienes jurídicos.

El bien jurídico es el elemento que legitima la imposición de una sanción, que de una u otra manera implicará para un sujeto la restricción de sus derechos, y por ende es fundamental justificar las razones por las cuales los derechos e intereses de un sujeto deben ceder cuando de la imposición de una sanción se trata, y tal justificación debe estar relacionada con la pretensión de amparo del Estado de bienes jurídicos de especial relevancia que justifican este tipo de protección.

VII. TANTO POR LA VÍA DEL DERECHO PENAL COMO POR LA VÍA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE PUEDEN AFECTAR PROFUNDAMENTE LOS DERECHOS DE QUIEN SE ENCUENTRE SOMETIDO A LA FACETA PUNITIVA DEL ESTADO

En el derecho colombiano es común que se afirme que el derecho penal tiene unas consecuencias más lesivas que el derecho administrativo sancionador para quien resulta sancionado, entre otras cosas porque en el derecho penal se puede afectar la libertad del individuo, mientras se considera que en el marco de la sanción administrativa solo es posible hacer una restricción patrimonial.

En principio tal consideración es aceptable, pero se considera, sin embargo, que esa percepción es relativa porque en primer término la única sanción prevista como consecuencia del delito no es la pena privativa de la libertad, puesto que existen también sanciones pecuniarias como la multa, para citar un ejemplo, en la que la libertad corporal del individuo no se limita.

En segundo término, se considera que en el marco de la sanción administrativa también se puede afectar la libertad del sujeto, entendida no en un sentido restringido solo a la libertad corporal del individuo, sino a la libertad de actuar en un contexto determinado, por ejemplo, de ejercer una actividad productiva, un empleo público, ser elegido a un cargo público, etc. Estas restricciones son limitativas de la libertad del sujeto en sentido amplio.

En tercer lugar, la definición de lo que es más grave en un momento dado es subjetiva, pues cada individuo, teniendo en cuenta sus expectativas frente a su vida, su escala de valores e intereses, podrá definir o valorar si para él es más importante su libertad personal o su patrimonio, de lo cual deriva la manutención de su familia.

Es este un tema relativo que debe ser manejado con sumo cuidado, y por tal razón no puede simplemente afirmarse que las consecuencias del delito son más graves que las que se derivan de la infracción administrativa. Prima facie ello parce ser verdad, pero no se puede generalizar o plantear como una verdad absoluta.

VIII. COMO LOS EFECTOS DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA PUEDEN SER TAN RESTRICTIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE QUIEN RESULTA SANCIONADO, SE DEBE GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HISTÓRICOS DEL DERECHO PUNITIVO ESTATAL

Como la potestad sancionadora de la Administración no es poca cosa, así como no son irrelevantes los efectos que se pueden derivar de la imposición de una sanción administrativa, se tienen que garantizar los derechos fundamentales del supuesto infractor para evitar que la Administración camine por la senda de la arbitrariedad y del abuso.

La potestad sancionadora de la Administración se justifica en los tiempos actuales como un importante instrumento de control social para garantizar la prevalencia de los intereses generales mediante la protección de los bienes jurídicos cuya definición determine el legislador. Pero ello no significa que por muy justificados que sean los fines que le sirven de fundamento se puedan utilizar todos los medios, en especial cuando estos medios restringen de manera desproporcionada los derechos fundamentales del supuesto infractor sometido al rigor punitivo de la Administración, con tal de obtener los resultados perseguidos.

Es allí donde debe entenderse que la sanción administrativa debe estar precedida de la observancia rigurosa de los principios históricos del derecho punitivo estatal, que fundamentalmente se han decantado en la disciplina jurídico-penal y que serían aplicables en el ámbito del derecho administrativo sancionador por tener un mismo fundamento político y una misma finalidad.

La observancia de tales principios, entre los que se encuentran los principios de legalidad, culpabilidad, non bis in idem, presunción de inocencia y debido proceso, entre otros, es lo que termina dándole la legitimidad a la sanción eventualmente impuesta, pues solo en un caso de respeto de los derechos fundamentales del supuesto infractor se hace tolerable la restricción de sus derechos en el contexto de un Estado democrático.

IX. EN ESTE LIBRO SE ABOGA POR UN MODELO GARANTISTA DE LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO EN EL MARCO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

En un Estado democrático y constitucional de derecho, la restricción de las libertades y derechos debe estar sometida a claros límites y parámetros que eviten que lo excepcional se termine convirtiendo en la regla general. Lo excepcional es la restricción de los derechos y las libertades. Solo poderosas razones deben servir de justificación a tales limitaciones.

El Estado ya es titular de la potestad sancionadora, es decir, ya sobre él recae el poder para determinar qué justifica ser elevado a la categoría de conducta punible o infracción administrativa y para imponer las sanciones correspondientes. Lo que corresponde ahora es establecer límites a esa potestad, pues como se advirtió, el poder ya recae en él.

El derecho administrativo sancionador debe concebirse como un instrumento que sirva de cauce al ejercicio de tal potestad, que establezca las barreras que permitan garantizar un equilibrio entre las finalidades que justifican esta extraordinaria prerrogativa, que terminan siendo los móviles relacionados con el control social y la protección de los derechos fundamentales, pues cuando estos últimos deben ceder, se debe procurar garantizar el cumplimiento de los principios históricos del derecho punitivo estatal, que tienen como fin último defender al ciudadano, al individuo, del ímpetu del poder estatal. Por esas razones se aboga por la aplicación de un modelo garantista del derecho administrativo sancionador en el cual la imposición de la sanción administrativa tenga que estar precedida del respeto de los principios históricos del derecho punitivo estatal y de los derechos fundamentales del supuesto infractor.

X. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

En la elaboración del libro se quiso partir de una fundamentación teórica que permitiera entender la potestad sancionadora de la Administración desde diversos puntos de vista. Por tal razón, el primer capítulo, titulado “Fundamentos de la potestad sancionadora de la Administración”, permite dar una mirada a su justificación y finalidad, partiendo de un análisis histórico encaminado a reflexionar sobre el origen de esta institución y su fundamento en el ius puniendi del Estado, para proceder en un segundo momento a identificar los fines que esta potestad está llamada a alcanzar. Para tal propósito, se estudiaron las más emblemáticas teorías que han pretendido identificar y exponer los fines de la sanción punitiva, específicamente en el ámbito del derecho penal.

Cumplido el propósito de explicar sus fines, se procuró realizar una aproximación conceptual de la potestad sancionadora de la Administración e identificar sus características y sus fundamentos jurídicos a partir del texto constitucional, todo lo cual contribuyó a una adecuada caracterización del objeto de estudio.

En el segundo capítulo, titulado “Análisis sobre las diferencias y semejanzas entre la infracción penal y la administrativa”, se comienza por realizar una aproximación conceptual a la sanción administrativa, como punto de partida para el posterior análisis sobre las diferencias o semejanzas entre la infracción penal y administrativa. En este punto se pretendió establecer la diferencia entre el vocablo sanción, entendido en sentido amplio, y la palabra sanción, concebida desde la perspectiva del derecho punitivo del Estado.

Realizada tal precisión conceptual, se expusieron las posiciones que sobre el tema se suelen expresar en el derecho colombiano y se analizaron las diferentes concepciones teóricas que se han preocupado por sostener la existencia de diferencias sustanciales u ontológicas entre la infracción administrativa y el delito, para dar paso en un segundo momento a la exposición de las tesis contrarias que no reconocen la existencia de tales distinciones. En todo caso, con posterioridad al análisis detallado de tales corrientes teóricas, se tomó partido por una tesis que niega la existencia de diferencias sustanciales pero reconoce diferencias normativas, para lo cual se subraya que en última instancia es un criterio fundamentalmente político el que permite el establecimiento de las diferencias entre la infracción administrativa y el delito y que tal fundamento se soporta sobre la libertad de configuración legislativa del Congreso; pero se expuso, sin embargo, que tal facultad se halla sometida a límites desde distintas perspectivas, siendo el surgimiento del concepto de bien jurídico uno de los más importantes.

Por su parte, el tercer capítulo, denominado “Principios orientadores de la potestad sancionadora de la Administración”, pretende evidenciar la importancia nuclear que tienen los principios para el ejercicio de la actividad pública, y en especial para el desarrollo de la potestad punitiva del Estado, pues se parte de la base de que tales principios constituyen conquistas históricas en favor del respeto de las libertades de quienes se pueden ver enfrentados al rostro más hostil de la Administración, el derecho punitivo del Estado.

Precisamente en este capítulo se procura dar cuenta de la importancia que tiene para todo el derecho punitivo estatal la aplicación rigurosa de los principios decantados en la disciplina jurídico-penal al ámbito del derecho administrativo sancionador, admitiendo, en ciertas circunstancias, la existencia de matizaciones en la aplicación de tales principios en el campo del derecho administrativo sancionador, justificadas suficientemente pero concebidas como algo excepcional.

A partir del análisis de los principios del derecho punitivo del Estado se puede evidenciar la tensión que existe entre la utilización de la potestad punitiva de la Administración como instrumento de control social y la protección de los derechos fundamentales del supuesto infractor.

Por último, el cuarto capítulo, titulado “El derecho administrativo sancionador y las garantías históricas del derecho punitivo estatal. Una reflexión crítica al derecho sancionador colombiano”, parte de un análisis crítico sobre la forma como se viene interpretando y aplicando el principio de non bis in idem en el derecho colombiano, en el cual se formula un reproche al admitirse pacíficamente el establecimiento de un doble esquema sancionador, tanto penal como administrativo, a partir de la realización de una misma conducta, para proceder en un segundo momento a la formulación de propuestas que permitan reivindicar los derechos fundamentales de quienes se vean enfrentados al ejercicio de la potestad punitiva de la Administración.

Después se estudia la aplicación del principio de presunción de inocencia y de culpabilidad y la forma como se viene interpretando en Colombia, para evidenciar la continuidad de la tensión entre la herramienta de control social y la protección de los derechos fundamentales, para continuar con un análisis que parte de la pregunta sobre la huida del derecho penal o el doble ámbito sancionador, y por último se toma partido por una propuesta garantista que abogue por un equilibrio entre el control social y la protección de los derechos fundamentales en el derecho colombiano.

XI. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL LIBRO

Como el lector podrá apreciarlo, el libro está conformado por cuatro capítulos, cada uno de los cuales se encuentra dividido en secciones temáticas y parágrafos numerados que tienen el propósito de facilitar la referencia interna de los temas abordados y de la futura actualización de esta obra. Se ha optado por el sistema de citación en nota de pie de página, para facilitarle al lector la consulta de las fuentes bibliográficas o jurisprudenciales utilizadas y para hacer comentarios o ampliaciones que se estiman de interés. De igual modo, en la tabla de contenido general al comienzo de la obra aparece la división del trabajo en capítulos y secciones, y al final del libro aparece la tabla de contenido específica, que incluye también los parágrafos que conforman las secciones.

CAPÍTULO PRIMERO FUNDAMENTOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
INTRODUCCIÓN

1. La potestad sancionadora de la Administración es un instrumento del control social y representa una prerrogativa del poder del Estado. La potestad sancionadora de la Administración constituye una de las principales construcciones teóricas desarrolladas con el propósito de ampliar las posibilidades de ejercicio del control social por fuera del ámbito de influencia del derecho penal, encaminada a la consecución de la convivencia social en un marco de respeto de la normativa jurídica y la prevención de riesgos que atenten contra la seguridad y el bienestar individual y colectivo.

Así mismo, la potestad sancionadora de la Administración representa una prerrogativa pública extraordinaria que refleja el poder estatal, y por ello debe estar sometida a claros límites jurídicos que garanticen el cumplimiento de los cometidos estatales por medio de cauces legítimos y respetuosos de los derechos fundamentales de quienes se vean enfrentados al ejercicio de tal facultad.

Por esa razón, partiendo de la importancia que tiene el entendimiento de esta figura, se considera necesario analizar en este capítulo sus orígenes históricos y filosóficos para explicar su justificación, sus características, fundamentos jurídico-políticos y su relación de principio con el derecho penal, todo lo cual servirá de soporte teórico a los planteamientos expresados en los capítulos posteriores.

SECCIÓN I. DE LA JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO

2. El derecho administrativo sancionador como expresión del ius puniendi del Estado. Hablar sobre el derecho administrativo sancionador obliga de manera necesaria a referirse al ejercicio de una potestad de la Administración que tiene como fundamento habilitante una construcción teórica según la cual toda autoridad estatal, para sancionar a los ciudadanos como consecuencia de una infracción administrativa o la realización de una conducta punible, emana de su ius puniendi o poder punitivo del Estado14.

El ius puniendi o poder punitivo del Estado es, en sentido subjetivo, la facultad de la cual el Estado se encuentra investido para determinar qué conductas contrarían o perturban el orden social y para establecer e imponer las consecuencias sancionadoras penales, o en todo caso, jurisdiccionales15 y administrativas, derivadas de su transgresión16. Por esa razón, el sistema normativo del derecho administrativo sancionador, del cual se derivan las potestades sancionadoras de la Administración, constituye una expresión del ius puniendi del Estado. En sentido objetivo, el ius puniendi es el conjunto de normas sancionadoras previstas por el ordenamiento jurídico17.

Al respecto, se considera importante recordar algunos de los comentarios emitidos por la Corte Suprema de Justicia en providencia del año 1983, respecto de la materia comprensiva del derecho punitivo del Estado, pues en aquella oportunidad señaló la citada corporación judicial que este “es una disciplina del orden jurídico que absorbe o recubre como género cinco especies, a saber: el derecho penal delictivo (reato), el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional y el derecho de punición por indignidad política (impeachment)”18.

Los argumentos esbozados en la providencia en mención han sido citados y reiterados en un número significativo de decisiones judiciales tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, y se le reconoce su gran valor por determinar en ellos con toda claridad que el poder punitivo del Estado es uno solo, pero que admite variadas manifestaciones, como explícitamente se menciona19.

3. El ius puniendi es inherente a la existencia del Estado. El poder o la facultad que tienen los Estados de establecer las conductas que serán objeto de reproche punitivo constituye una de las formas de concreción del poder público, es decir, representa una de las facetas del poder del Estado, y por consiguiente, es inherente a su existencia, pues no podría concebirse un Estado que careciera de tal facultad, necesaria por lo demás, para garantizar el control social y por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos, lo cual constituye uno de los principales propósitos estatales20, o como lo afirma García Amado, el Estado, en su total concepto y en su plenitud efectiva, posee el poder fáctico para forzar las conductas de sus ciudadanos y castigar al reticente a sus órdenes21.

Ahora bien, la afirmación de que el ius puniendi es inherente a la existencia del Estado no significa que se plantee que en todos los Estados se asuma de la misma forma, porque una cosa es su concepción desde la lógica de un modelo liberal (encaminado al control del poder punitivo del Estado y a la garantía de las libertades públicas) y otra bien distinta, la que se funda en modelos proclives a la limitación de las libertades públicas, sustentados en la estrecha vinculación del derecho penal con ciertas concepciones morales, como es el caso de los sistemas teocráticos, para citar un ejemplo22.

4. El ius puniendi del Estado se materializa mediante las diversas funciones públicas. El poder punitivo del Estado se refleja en prácticamente todas las funciones públicas, de lo que se deriva que el ius puniendi no sea una función pública, sino una potestad del poder público y, por ende, del Estado mismo, que se concreta mediante las diversas funciones públicas23.

Así ocurre, por ejemplo, con la función constituyente, la legislativa, la administrativa, la jurisdiccional, la de control y en general en todas o casi todas las funciones públicas, que de una u otra forma participan en la concreción del poder público.

5. El ius puniendi del Estado es normativo. El ius puniendi del Estado en el contexto del Estado de derecho es normativo porque, sin excepción, las funciones públicas se encuentran sometidas al imperio de la ley24, y su forma de realización, en consecuencia, se lleva a cabo por los cauces del derecho, arrojando como resultado en el específico caso del poder punitivo del Estado que todas las actuaciones que tengan por objeto su ejercicio deban estar representadas en disposiciones jurídicas, bien sea abstractas de facultad o concretas de aplicación, pero en todo caso el derecho será el lenguaje natural de tal potestad25, y en efecto, será la ley el fundamento habilitante para su ejercicio26.

Por esa razón, es importante precisar que la potestad punitiva del Estado puede darse en tres momentos esenciales a saber: 1) el establecimiento, referido al momento de la creación normativa general y desarrollado en el marco de la función legislativa de manera principal27; 2) la imposición, relacionado con la actividad de las autoridades competentes para imponer la sanción como consecuencia de la verificación de la infracción; y 3) la ejecución, derivada de la imposición y radicada en cabeza de las autoridades que impusieron la sanción o en aquellas determinadas por el ordenamiento jurídico, cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en virtud de las potestades sancionadoras28.

Dicho poder debe ser jurídicamente regulado y ejercerse con respeto de ciertas barreras valorativas para que pueda ser considerado poder jurídico y al mismo tiempo legítimo, puesto que el poder no es jurídico sino en tanto sea normativamente controlado, pero el control no solo puede ser lógico-formal, sino también valorativo29, para que sea compatible con los postulados axiológicos de la Constitución Política, o dicho en otras palabras, el poder punitivo del Estado está sometido a límites30.

6. La potestad punitiva del Estado tiene varias manifestaciones. El poder punitivo del Estado puede concebirse de diversas formas según el sistema político y la especial visión que se tenga sobre él en un Estado determinado. Por ejemplo, en algunos sistemas se consideró de manera tradicional que el ius puniendi solo podía ser admitido en la esfera de la actividad judicial, lo que implicaba una dimensión única del poder punitivo del Estado desde la perspectiva del derecho penal31, mientras que en otros se ha admitido de manera adicional la potestad punitiva de la Administración, generando así un sistema paralelo de control punitivo estatal.

7. Originalmente se creyó que la potestad punitiva del Estado debía estar concentrada en los jueces. Durante mucho tiempo se consideró en muchos Estados que era conveniente que la potestad punitiva del Estado se radicara de manera exclusiva en los jueces32 —al menos en lo que a su aplicación se refería—, para evitar la concentración del poder en el Ejecutivo. La consecuencia lógica de esta consideración fue la radicación del ejercicio de la facultad sancionadora en los jueces y tribunales, los cuales tenían el monopolio sobre la imposición de todo tipo de penas y castigos, como ocurría por ejemplo en Inglaterra, Estados Unidos y en general en todos aquellos Estados de influencia de la tradición jurídica del common law33, en los cuales, tal como lo recuerda Parada, con fundamento en el principio consignado en el artículo 2.º de la Carta Magna de 1215[34], se consideró la incapacidad represiva del monarca y del Ejecutivo35.

Sin embargo, y no obstante esa tradición, la tendencia actual en aquellos Estados es la del reconocimiento de potestades sancionadoras a ciertas autoridades administrativas, lo que evidencia que hoy por hoy es difícil encontrar un Estado con un sistema punitivo concentrado de manera exclusiva en los jueces y tribunales como antaño llegó a presentarse36.

Prueba de tal tendencia es la aprobación de la Ley del Parlamento del Reino Unido (Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008), que ha venido a configurar, por primera vez en ese Estado, un derecho administrativo sancionador ad hoc37, pues se trata de una ley que tiene por objetivo mejorar la calidad de la aplicación de las leyes de parte de las administraciones públicas locales estatales del Reino Unido, dotándolas, además, de una auténtica potestad sancionadora general de carácter administrativo, de la que carecían38.

8. En Francia también se consideró durante mucho tiempo que la Administración debía estar desprovista de facultades sancionadoras. De igual manera, Francia se caracterizó por atribuir el monopolio de la aplicación de las sanciones y de los castigos a los jueces y tribunales39, pero por razones muy propias de su proceso histórico y por ende, distintas de las de Inglaterra, pues su fundamento se hallaba en la clásica noción de la división tripartita del poder público y en “la tradición liberal que prohíbe al Ejecutivo entrar en el campo de la represión”40, surgida a partir de la superación del Antiguo Régimen. Empero, en la actualidad ya son muchos los campos en los cuales se ha revertido esa tradición y desde los años setenta41 ha proliferado el reconocimiento de competencias sancionadoras directas a la Administración42, bien sea como consecuencia del fenómeno de la despenalización, o por la utilización de los mecanismos administrativos para la regulación de sectores nuevos de la vida económica o social43.

El fenómeno de la “avanzada” del derecho administrativo sancionador en Francia se ha visto fortalecido por una serie de decisiones adoptadas por el Consejo Constitucional. Entre ellas destacan la del 17 de enero de 1989[44] y en especial la del 28 de julio de 1989[45], en las cuales se admitió la constitucionalidad de la institución de las sanciones administrativas, siempre que se respete un régimen de garantías formales y materiales configurado prevalentemente siguiendo el modelo penal46.

Sobre este particular resulta importante señalar los comentarios de Georges Dellis, que afirma que las garantías revolucionarias del derecho penal son, en últimas, principios comunes a la actividad represiva y por ende aplicables a la actividad administrativa sancionadora. Al respecto, plantea:

Ces garanties sont alors applicables à tout exercice de la répression étatique, indépendamment de la forme pénale ou administrative qui sera empruntée. Par conséquent, les garanties révolutionnaires du droit pénal sont en réalité des principes communs de la répression, transposables aussi en matière administrative. Cette affirmation a encore plus d’intérêt aujourd’hui, en raison de l’importance accrue du système répressif extra pénal47.

Lo antedicho evidencia la tendencia al crecimiento de la potestad sancionadora de la Administración en Francia48, donde se pueden imponer dos categorías de sanciones administrativas, a saber: las de carácter disciplinario49 y las de carácter económico50, que se ven aumentadas por la expansión de las sanciones de carácter comunitario europeo51.

9. Otros Estados europeos también aceptaron de forma paulatina la radicación de competencias sancionadoras en la Administración. En el mismo sentido, Italia52 y Alemania53 hicieron tránsito de un sistema punitivo inicialmente concentrado en los jueces, para dar paso a uno que reconoce la existencia de la potestad sancionadora de la Administración mediante operaciones legislativas de despenalización, que convirtieron en infracciones administrativas conductas anteriormente catalogadas como delitos54.

En otros Estados, como en el caso español, se ha admitido la doble dimensión de la potestad sancionadora del Estado. Allí, a más del ámbito penal y su aplicación por los jueces, se reconoce de vieja data la esfera de la potestad sancionadora de la Administración pública55, que en realidad tiene fundamento explícito en el texto constitucional56.

10. Origen histórico del ius puniendi del Estado. El ius puniendi, institución que le sirve de fundamento a la potestad sancionadora de la Administración57, es el resultado de un proceso histórico que tiene sus orígenes en el “régimen de confusión de poderes característico del Estado absoluto, en el cual autoridades que hoy han devenido puramente administrativas ostentaban simultáneamente funciones judiciales de orden penal”58, lo cual permite aseverar desde esta perspectiva que el origen histórico de esta institución se halla en una fase previa a la consolidación del Estado de derecho en la que no se había configurado la división funcional del poder público59 y mucho menos, el establecimiento de parámetros legales que permitieran establecer garantías para quienes se vieran involucrados en asuntos de naturaleza punitiva o sancionadora60.

11. El origen jurídico del derecho administrativo sancionador es posterior a su origen histórico. Es fundamental recordar que el origen histórico de la actividad punitiva, y por ende de la pena simple y llanamente considerada, difiere de su origen jurídico61, pues este, que le sigue por muchos siglos al origen histórico, solo viene a decantarse en la modernidad, cuando se concibe el derecho a castigar como el ejercicio de un derecho62 que tiene la autoridad del Estado63, lo cual representa cuando menos la garantía de que tal facultad no podrá ser ejercida lícitamente por cualquier persona que se sienta lesionada en un derecho suyo y que desee utilizar la venganza como medio de solución de un conflicto64.

12. El ius puniendi del Estado en las primeras fases de la modernidad. El absolutismo. Los fundamentos más significativos sobre la potestad punitiva del Estado comienzan a esbozarse en la primera etapa del desarrollo del Estado moderno —el absolutismo—, en la cual se concibe que el ius puniendi constituye una potestad inherente a la soberanía del Estado y que su fundamento, tal como lo describe Hobbes, no está en el hecho de que los súbditos den al soberano el derecho de castigar, sino en haberse despojado de los suyos (derechos) para conformar el Estado, y en consecuencia este queda facultado para usar este derecho que le es propio de la forma que le parezca adecuada para la conservación de todos aquellos, siendo en consecuencia no un derecho dado, sino “dejado a él”65.

En el contexto descrito el poder se hallaba concentrado en el monarca, en quien convergían todas las atribuciones propias de la soberanía y por lo cual, ante la falta de distinción y separación de funciones, ostentaba el ius puniendi sin mayores restricciones y de una única manera, es decir, sin discriminar el ámbito penal o administrativo en el que aquel se materializara y sin más límites que los establecidos por su propia voluntad. En palabras de Carbasse:

la confusion organique des compétences administratives et juridictionnelles correspond á la confusion matérielle des fonctions de prévenir et de réprimer. A part dans l’Empire romain, cette situation se encontre couramment sous l’Ancien Régime. Ceci est tout a fait normal pour la justice “retenue” par le roi; celui-ci réunit en sa personne totutes les composantes du pouvoir étatique66.

En ese contexto, el ejercicio de la potestad sancionadora se presentaba generalmente en la órbita del derecho penal, y allí la justificación y la finalidad de la pena eran entendidos en términos descritos por Foucault como:

Un aspecto del derecho del soberano a hacer la guerra a sus enemigos: castigar pertenece a ese “derecho de guerra”, a ese poder absoluto de vida y muerte de que habla el derecho romano con el nombre de merum imperium, derecho en virtud del cual el príncipe hace ejecutar su ley ordenando el castigo del crimen. Pero el castigo es también una manera de procurar una venganza que es a la vez personal y pública, ya que en la ley se encuentra presente de cierto modo la fuerza físico-política del soberano67.

Así, la pena era considerada una venganza, como la justa equivalencia al mal causado por el delito68. En síntesis, en esta etapa se identifica el derecho de castigar con el poder personal del soberano69, pero debe tenerse en cuenta que este no era el único que ejercía la función de juzgar los delitos, pues a más de sus agentes directos, “por motivos de tesorería, se atribuye el derecho de vender oficios de justicia que le ‘pertenecen’, es por lo que encuentra frente a él a unos magistrados, propietarios de sus cargos”70, lo cual es la causa de una infinidad de conflictos de poder y jurisdicción, por la utilización excesiva de este recurso de “tesorería”71.

Era normal que los magistrados con su poder casi discrecional y con su tendencia a la arbitrariedad dispusieran que los castigos se materializaran en agresiones corporales o en afrentas a la dignidad de las personas, y por ello se recurría con frecuencia al suplicio para castigar los crímenes más graves, aunque también se apelaba a la privación de la libertad, el destierro y la multa72.

De igual forma era evidente el tratamiento punitivo diferenciado según las clases sociales73, lo que en no pocas ocasiones generó descontentos populares que, aunados a las críticas y protestas contra los suplicios, fueron generando las condiciones para el establecimiento de límites al ejercicio del poder punitivo del gobernante, hasta tal punto que en 1789 se planteó: “Que las penas sean moderadas y proporcionadas a los delitos, que la muerte no se pronuncie ya sino contra los culpables de asesinato, y que los suplicios que indignan a la humanidad sean abolidos”74.

13. La primera distinción sobre la dualidad del poder punitivo del Estado es anterior a la consolidación del Estado de derecho. El Estado absolutista no permaneció estático en su evolución, y por ello, bajo la variante ilustrada apoyada en las ideas iluministas del siglo XVIII, dio pie para el desarrollo de la llamada ciencia de la policía75, que determinará la doctrina del gobierno y de la administración dentro del Estado, encaminada a la atención de asuntos de interés colectivo tales como la salubridad pública, el orden moral, religioso y el orden público76, dando paso así a un primer bosquejo de distinción funcional previo a la consolidación del Estado de derecho propiamente dicho y estableciendo por primera vez la dualidad en el ejercicio del ius puniendi del Estado77, en la que se discriminaba entre los asuntos criminales (ius puniendi penal) y otros asuntos de interés general (ius puniendi administrativo).

14. Los aportes del contractualismo y de la filosofía de la Ilustración resultaron fundamentales para la modelación de la noción conceptual moderna del ius puniendi del Estado. En medio del absolutismo y como reacción en su contra, Locke esboza que el cuerpo político solo puede ser el resultado del consentimiento de las personas, que siendo libres, iguales e independientes, convienen en unirse en sociedad para su conservación y seguridad mutua78, de lo cual se desprende que el Estado deriva su potestad punitiva no de que se le “hubiese dejado el derecho de castigar”, sino de la decisión consciente y voluntaria de los asociados de habilitarlo para que de acuerdo con las leyes se castigue a quienes las infrinjan. Al respecto, plantea:

Mas aunque todo hombre que ha entrado a formar parte de cualquier sociedad civil y se ha convertido en miembro de un Estado ha renunciado a su poder de castigar las ofensas contra la ley de la naturaleza según le dicte su juicio personal, ocurre que, junto con la entrega de ese poder de juzgar que él ha cedido a la legislatura en todos aquellos casos en los que le fue posible recurrir a un magistrado, también ha dado al Estado el derecho de emplear su propia fuerza personal para que se pongan en ejecución los juicios de dicho Estado. Y estos juicios formulados por el Estado son, ciertamente, juicios suyos tanto si son hechos por él mismo como si los formula su representante. Y ahí tenemos el origen del poder legislativo y ejecutivo de la sociedad civil, poder que consiste en juzgar, mediante las leyes, hasta qué punto deben castigarse las ofensas cuando son cometidas dentro del Estado79.

En Rousseau puede leerse que el poder punitivo radica en el pacto social, que tiene por finalidad la conservación de los contratantes, y en el reconocimiento que se le hace al Estado de la facultad que tiene para sancionar a quienes infringen el contrato social80, puesto que todos, según este autor, han de enajenar totalmente sus derechos a favor de toda la comunidad81, bajo la dirección de la voluntad general, y esta, adoptando la forma de cuerpo político, soberano o Estado82, determinará los “dones”83 o los derechos que cada individuo habrá de tener, así como las consecuencias derivadas de las transgresiones al derecho social y a las cuales se harán acreedores.

Beccaria plantea que el soberano sustenta su derecho a castigar los delitos en la necesidad de “defender el depósito de la salud pública de las particulares usurpaciones”84, y que la facultad para la determinación de las penas de los delitos “debe residir únicamente en el legislador que representa toda la sociedad unida por el contrato social”85. Anselm V. Feuerbach, por su parte, sostenía:

El derecho penal del soberano debe agradecer su existencia jurídica a la concesión especial de los ciudadanos, tanto cuando le transfirieron su derecho penal como medio para preservar sus derechos contra los atentados ajenos, como cuando le dieron el derecho de elegir todos los medios para sostener el Estado, entre los que está comprendido el derecho de amenazar con penas y ejecutarlas86.

De esta forma, las teorías contractualistas superaron las tesis según las cuales el Estado, y con él, el poder, provenían de Dios87, dando paso a la explicación del acuerdo pactado entre los ciudadanos, que querían asegurar su libertad y una convivencia pacífica imponiendo para ello un orden jurídico y por ende coactivo88.

15. Los grandes cambios presentados en los siglos XVIII y XIX incidieron en el establecimiento de garantías ciudadanas frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. Fue precisamente en la transición del siglo XVIII al XIX, con el advenimiento de los grandes cambios políticos y socioeconómicos presentados en el mundo occidental, en especial en Francia con la Revolución francesa, en Inglaterra89 con la Revolución industrial y en América con el proceso independista norteamericano, enmarcados todos en el contexto de la filosofía de la Ilustración, como comenzó el desarrollo de una nueva etapa en la concepción del ius puniendi del Estado, en la cual se establecían ya algunos límites para el ejercicio de la potestad punitiva y garantías para la defensa de los derechos ciudadanos evidenciadas, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano90.

Esta declaración, proclamada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, constituyó uno de los primeros y principales instrumentos de protección de los derechos del hombre, representando el fin del Antiguo Régimen, dando lugar a un nuevo modelo inspirado en el respeto de la libertad91 y en el sometimiento de las autoridades a la ley.

De todo ese movimiento enmarcado en la filosofía de la Ilustración y en la teoría del contrato social se derivaron importantes consecuencias en la concesión del poder punitivo del Estado, relacionadas con el hecho de que en adelante este solo podría concebir como punibles aquellas conductas que resultaran lesivas de los derechos de otros o contrarios a la sociedad y no cualquier tipo de conductas consideradas simplemente reprochables por el ejercicio de la fuerza92, inmorales o simplemente pecaminosas93, y lo más importante, que la potestad para la determinación de las conductas que podían ser catalogadas como punibles debía obedecer a la decisión que el propio cuerpo social, mediante la representación popular en los órganos legislativos, adoptara sobre tal propósito, quedando superada la etapa de la decisión unilateral y arbitraria del soberano sobre la determinación de las conductas que podían ser objeto de reproche punitivo94.

Precisamente sobre la base de los aportes del contractualismo, de la filosofía de la Ilustración y de esas transformaciones sociopolíticas enunciadas, se pudo entender que la misión del Estado está orientada a la búsqueda de la coexistencia ciudadana, pacífica convivencia y garantía de los derechos individuales y colectivos, lo cual constituye la principal justificación para el otorgamiento de la potestad punitiva del Estado.

16. La potestad punitiva del Estado es producto del acuerdo de los miembros de la sociedad. Existe un punto de encuentro entre quienes desde las variadas perspectivas del contractualismo se preocuparon por justificar el ius puniendi del Estado a partir de la identificación de su característica fundamental, como es el hecho de que se conciba que la potestad punitiva del Estado, de una u otra forma, deriva de la autorización o del acuerdo de los miembros de la sociedad, que siendo conscientes de la necesidad de establecer mecanismos para garantizar su convivencia y coexistencia, aceptan y reconocen tal facultad como consecuencia lógica de la organización política y como fundamento para el mantenimiento de un orden social, que tiene como presupuesto necesario la conformación de un orden jurídico que lo garantice95.

Solo en esa medida el ius puniendi del Estado puede ser justificado a la luz de los modelos políticos actuales, en los cuales la ciudadanía en ejercicio de la soberanía popular es la que se encuentra habilitada para delegar en el Estado el ejercicio de la facultad sancionadora96.

17. Existen otras concepciones teóricas que difieren de la idea de la única potestad punitiva del Estado. Un sector de la doctrina ha planteado, en oposición a la tesis de la única potestad sancionadora del Estado, que más bien lo que se presenta es “la coexistencia paralela de dos potestades sancionadoras, la penal y la administrativa”97, y que esta última se encuentra relacionada con el concepto de gestión o intervención, más que a una tesis policial98.

Esa consideración que vincula la potestad punitiva del Estado con un modelo de intervención es importante para reflexionar sobre cuál es el auténtico propósito de dicha potestad, puesto que esta puede ser entendida como un simple instrumento de represión social, aproximándose a la cuestionada tesis policial expresada por autores como Alejandro Nieto, o por el contrario, una forma de intervención del Estado en procura de garantizar el alcance de sus fines, proveyendo los medios para el adecuado desenvolvimiento social.

Lo anterior, sin embargo, no significa que dicha intervención deje de representarse por medio del ejercicio de una potestad en últimas sancionadora, que no puede ser concebida en la actualidad como un simple instrumento de represión, dado que es claro que ha sido conferida con el propósito de la consecución de unos fines tales como: la prevención de riesgos, la seguridad, salubridad pública, el respeto del orden jurídico y, claro está, la protección de ciertos bienes jurídicos, pero que de todas formas, como mecanismo de control social busca disuadir las conductas que puedan entorpecer el logro de dichos cometidos estatales, y para ello la amenaza de sanción es una importante herramienta en la evitación de la transgresión de la norma.

Es claro que la potestad punitiva de la Administración evidencia una nueva faceta de intervención del Estado, precisamente en momentos en que por razones de crecimiento de las actividades estatales, atribuible por ejemplo a la adopción de cierto modelo de Estado, o de descrédito e ineficacia del derecho penal, se acude a la potestad sancionadora de la Administración como alternativa viable que permita en mejores términos el ejercicio del control social, puesto que es aquí donde radica su peculiar forma de intervención.

Tanto la potestad sancionadora de la Administración como la potestad punitiva desde el punto de vista penal son, a su manera, formas de intervención y de control social, y ello en sí mismo no supone un argumento que haga rodar por el piso la consideración de que la potestad punitiva del Estado sea una sola pero que de ella emanan sus dos ramificaciones, la penal y la administrativa.

18. En la actualidad existe una tendencia hacia la consolidación de un ius puniendi supraestatal. Hay quienes consideran que el ius puniendi no es un atributo exclusivo del Estado y que por tal razón no resulta plausible el argumento tradicional que así lo considera.

Al respecto, y para apoyar tal consideración, Alejandro Nieto expone como ejemplo la potestad punitiva de la comunidad europea, que sin ser un Estado, se halla facultada para ejercerla y que le aporta, según su lectura, argumentos que “superan por los cuatro costados ese ius puniendi del Estado que en la dogmática convencional califica con ingenuo estatocentrismo de único”99.

Sin desconocer la agudeza de tal observación, en este trabajo se considera que el hecho de la existencia de organismos supranacionales o internacionales que en algún momento puedan estar dotados de ese poder punitivo supraestatal no mengua el valor teórico y dogmático de la consideración del ius puniendi como atribución del Estado, porque dicha aseveración halla su fundamento no solo en el reconocimiento de que en cuanto a su origen el ius puniendi es de creación estatal y no supraestatal, sino en que cuando se alude a tal concepción —el ius puniendi—, suele hacerse referencia a la innegable facultad que tiene el Estado en abstracto para penar y sancionar a los infractores de la normativa penal y administrativa, y que en el contexto de un Estado determinado solo a él le está dada tal potestad punitiva.

Es válido entonces hablar del ius puniendi como atribución estatal, pues por lo general a este nivel opera el ejercicio de esa facultad, pero por obvias razones el poder punitivo del Estado está sometido a los límites de su propia soberanía territorial, lo que implica que si bien es cierto el ius puniendi es una noción conceptual abstracta referida al Estado, también lo es que su concreción se radica en cuanto el Estado existe, de lo que resulta que individualmente considerados, todos los Estados son titulares del poder punitivo, pero ninguno tiene la facultad legítima de ejercerlo por fuera de sus límites territoriales y mucho menos de imponerlo a otros Estados sin su consentimiento.

Ahora bien, resulta apenas obvio que ante la necesidad de interacción interestatal y del aumento de las relaciones internacionales de toda índole, se requiere la creación de una nueva nomenclatura jurídica para establecer las condiciones que las regirán. En este punto, los tratados, las instituciones y organismos internacionales y supraestatales se dan como resultado de los acuerdos entre Estados que deciden libremente reconocer en ocasiones ese poder punitivo a organismos supraestatales100.

Es precisamente el surgimiento de la potestad sancionadora administrativa de la Unión Europea, por ejemplo, o el establecimiento de tribunales internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional, la circunstancia que obliga a reflexionar sobre la potestad sancionadora supraestatal, que materializada en normativas jurídicas actualmente vigentes, da actualidad al tema expresado por Nieto101.

Sin embargo, y profundizando un poco más los argumentos de Nieto, valdría la pena aclarar que en el caso de la Comunidad Europea la incorporación y la aplicación del derecho comunitario son competencia de los Estados parte. Con la excepción del artículo 81-86 CE sobre las reglas de competencia, porque el tratado CE no provee explícitamente de poderes de supervisión, control o sanción penal o administrativa de alcance comunitario102, lo cual significa ni más ni menos que por regla general la Comunidad Europea depende de las estructuras administrativas nacionales de aplicación y cumplimiento no solo en cuanto a la incorporación del derecho comunitario, sino también en lo que respecta a su supervisión, control y sanción103.

Pero es claro que el reconocimiento eventual de la potestad punitiva a organismos supranacionales no tiene por qué significar oposición entre el reconocimiento del ius puniendi como atribución estatal y la existencia de un ius puniendi de carácter supraestatal, que si existe es gracias a la decisión de los Estados parte o miembros de dicha organización de reconocer esa facultad104.

Por ello, a pesar de la existencia de una tendencia hacia la “internacionalización” del ius puniendi, en el sentido de la proliferación de acuerdos o tratados internacionales que cada vez más reconocen tal facultad a organismos internacionales, se considera que sigue vigente la idea de la potestad punitiva del Estado, en la medida en que son estos los que habilitan a tales organismos para que puedan desarrollar dicha función, de lo que resulta que en la actualidad el ius puniendi como potestad tenga este nuevo contexto para el ejercicio del control social, ahora desde la perspectiva internacional.

En consecuencia, el ius puniendi aún es una atribución del Estado, sin perjuicio de que se reconozca que tal facultad pueda estar radicada en organismos internacionales.

SECCIÓN II. LOS FINES DE LA SANCIÓN PUNITIVA

19. No existe un criterio unívoco sobre los fines de la imposición de la sanción punitiva. A lo largo de la historia, el tema de los fines de la sanción punitiva ha generado profundas confrontaciones doctrinarias que se han visto reflejadas en las múltiples concepciones que desde las más variadas aristas han procurado la justificación y la definición sobre la finalidad de la sanción punitiva105.

En ese contexto, la pena, considerada por algunos autores como la legítima consecuencia del derecho penal106 y como máxima expresión del derecho punitivo del Estado, concebida como mecanismo para la protección de los intereses de la vida humana107, no ha sido asumida de manera pacífica en cuanto a sus funciones dentro del desarrollo de la disciplina jurídico-penal, a causa de esa variedad de criterios108.

Ejemplo de lo anterior es la existencia de múltiples teorías sobre la pena, que agrupadas en dos corrientes fundamentales, han servido de epicentro de algunas de las más importantes discusiones jurídicas en el ámbito del derecho punitivo estatal, y que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de tratar de hacer una aproximación a la justificación de la sanción desde el punto de vista administrativo, pues debe reconocerse que en cuanto a desarrollo y maduración teórica se refiere, el derecho penal se ha decantado mucho más que el derecho administrativo sancionador, y sin duda, le sirve a este como punto de referencia y, en efecto, como fuente nutricia en cuanto a instituciones y principios.

20. Las teorías absolutas de la pena son un punto de partida para analizar la justificación de la sanción punitiva como medida de control social. La primera de las corrientes teóricas sobre los fines y la justificación de la pena agrupa a las denominadas teorías absolutas de la pena (Nemo prudens punit quia peccatum est, sed non peccetur)109, diferenciadas en la tesis de la expiación y de la retribución110.

La teoría de la expiación explica que la pena se justifica como mecanismo de reconciliación del delincuente consigo mismo y con el ordenamiento quebrantado111. Corresponde a una concepción metafísica en la cual el culpable se libera de su culpa y alcanza con ello de nuevo la plena posesión de su dignidad personal112. Desde esta perspectiva se concibe la expiación como comprensión de parte del autor del injusto realizado, así como de la necesidad de la pena, con la consecuencia de una reconciliación con la sociedad113.

En palabras de Goldschmidt, el fundamento de la pena, visto según esta teoría, descansa en la fuerza de la expiación y purificación del dolor114. En la actualidad, la expiación no representa una justificación de la pena dentro del contexto social y jurídico115.

La teoría de la retribución o de la justicia, por su parte, en su versión moderna116, considera que la pena —y en consecuencia, el ius puniendi—, tiene como propósito fundamental imponer al delincuente un mal que corresponda al grado de su culpabilidad117, y esta no está justificada en virtud de la utilidad social, sino solo por la idea de la justicia118, razón por la cual no se pena para alcanzar una determinada finalidad en el campo empíricamente demostrable, sino porque tiene un valor intrínseco que es el de ocasionar un sufrimiento a alguien que ha quebrantado el derecho119. Al respecto, Kant, que puede considerarse uno de los precursores de tal posición en torno al papel de la pena, planteaba:

La pena judicial, por la que el vicio se castiga a sí mismo y que el legislador no tiene en cuenta en absoluto, no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo, sea para la sociedad civil, sino que ha de imponérsele solo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otro ni confundido entre los objetos del derecho real120.

De acuerdo con Kant, la retribución concebida como igualdad constituye el fundamento y el grado de castigo121, razón por la cual su modelo se estructura sobre una premisa básica: la pena no puede tener jamás la finalidad de mejorar o corregir al hombre, ya que un fin utilitario sería ilegítimo desde su perspectiva122. La pena según Kant es, en síntesis, la retribución a la culpabilidad del sujeto; ese es su único fin123, pues la pena tiene un valor en sí misma124. Hegel, que también fue partidario de esta postura, expresó:

La lesión que afecta al delincuente no es solo justa en sí: por ser justa es al mismo tiempo su voluntad existente en sí, una existencia de su libertad, su derecho […]. La eliminación del delito es una compensación en la medida en que, según su concepto, es la lesión de una lesión125.

De acuerdo con Hegel, la pena es la negación de la negación del derecho, cumple entonces un papel restaurador o retributivo y, por tanto, según sea el quantum o intensidad de la negación del derecho, así también será el quantum o intensidad de la nueva negación que es la pena. Ningún otro factor influye sobre ella126.

En similar sentido se expresaron algunos de los máximos exponentes de la escuela clásica italiana, entre los que vale la pena señalar a Francesco Carrara, en cuya opinión la pena es un contenido necesario del derecho, su fin primario es el restablecimiento del orden externo de la sociedad127.

En sentir de Carrara, el fin de la pena no es ni que se aplique justicia, ni que el ofendido sea vengado, ni que sea resarcido el daño padecido por él, ni que se amedrenten los ciudadanos, ni que el delincuente expíe su delito, ni que se obtenga su enmienda. Todas esas pueden ser consecuencias accesorias de la pena, y algunas de ellas ser deseables; pero la pena continuaría siendo un acto no criticable, aun cuando todos esos resultados faltaran128.

En Alemania, Binding señala que la pena es retribución de mal con mal129. Pues según la lectura de Bustos, este autor plantea que de lo que se trata es justamente de confirmar simplemente el poder del derecho, y para ello es necesario el sometimiento, aun por la fuerza, del culpable. Luego cualquier otro fin no tiene sentido130.

Por su parte, Welzel concibe que la pena se funda en el postulado de la retribución justa, que “cada uno sufra lo que sus hechos valen”, esto es, según explica, el postulado de la armonía entre merecimiento de felicidad y felicidad, merecimiento de pena y sufrimiento de la pena131. Vistas así las cosas, la pena se justifica como retribución adecuada a la medida de la culpabilidad.

En síntesis, desde la perspectiva de las teorías absolutas (retributivas), la pena se concibe como un castigo merecido que recae sobre un sujeto que ha cometido un mal desde el punto de vista jurídico, y su papel se ve limitado en ese sentido.

21. La versión contemporánea de la teoría de la retribución aboga por su defensa como límite a los excesos de las teorías apoyadas en la prevención. Como lo advierte Bazzani, existen otras corrientes más recientes que defienden la retribución como límite a los excesos a que puedan conducir las teorías que miran hacia la prevención. Así, independientemente de las consecuencias que en el futuro pueda representar la imposición de una pena, lo cierto es que esta no puede ir más allá de la aflicción necesaria que debe causarse al delincuente. Es, en últimas, la justificación de la proporcionalidad entre delito y sanción132.

22. Las teorías relativas sobre la pena representan un avance en la concepción de la finalidad de la sanción punitiva. La segunda corriente teórica tiene otra visión sobre los fines de la pena, que corresponde a las denominadas teorías relativas, justificadas en la utilidad de su imposición para la prevención del delito hacia el futuro, bien sea desde la perspectiva del delincuente o de la sociedad en general133. En últimas, surgen de una concepción funcional del derecho penal, y tienden a responder a la pregunta ¿para qué sirve la pena?

En la modernidad destacan como precursores de la concepción preventiva o intimidatoria, Beccaria en Italia y Feuerbach en Alemania. Beccaria consideró en su célebre obra De los delitos y las penas que el fin de las penas no era atormentar y afligir a un ente sensible ni deshacer el delito ya cometido, pues no era otro que impedirle al reo causar nuevos daños a los ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales134.

Por su parte, Feuerbach diferenciaba entre el fin de la amenaza de la pena y el fin de la ejecución de esta (y en ello representa una diferencia con sus antecesores), ya que sostenía que el fin de la amenaza de la pena era la intimidación135, en tanto el fin de la ejecución de la pena era la efectividad de la amenaza misma136. Por esa razón sostenía que mediante la pena se tenía que conseguir que el sujeto lograra un contrapeso frente a los impulsos que lo invitaran a delinquir. Este autor se considera un clásico exponente de la teoría de la prevención general negativa porque según su postura, el papel fundamental de la pena es servir de amenaza para disuadir a otros de delinquir137.

La concepción de la prevención general negativa considera que el fin de la pena no es ni la retribución ni la actuación sobre el delincuente, sino la incidencia sobre la comunidad, que mediante la amenaza y la ejecución de la pena aprende a respetar las prohibiciones legales y es intimidada para que se abstenga de infringirlas138, logrando así la prevención general como mecanismo de control social.

La prevención general positiva, conocida también como prevención-integración, parte de una prevención prospectiva del delito, de futuro, por medio de un efecto de aprendizaje motivado de forma pedagógico-social, un aprendizaje que no se adquiere con la intimidación o el temor, sino mediante un tomar de conciencia139, un reforzamiento de la conciencia colectiva, de los valores éticos de la convicción jurídica140.

La pena tiene como tarea fundamental la estabilización social orientada al mantenimiento del sistema, mediante el ejercicio de la fidelidad del derecho, tal como lo concibe la versión de la teoría de la prevención general positiva defendida por Jakobs141, quien con su visión funcionalista del derecho penal ha atribuido nuevas funciones a la pena, como es la búsqueda de la afirmación de la estructura social vigente más allá de la defensa de cualquier bien jurídico142.

Otra vertiente de las teorías relativas es la denominada teoría de la prevención especial, que parte de la base de que la pena, como consecuencia del delito, servirá para prevenir que el delincuente reincida ante la disuasión generada por el daño o la lesión que la pena le infringe, y por ello dicha prevención especial se encuentra referida al delincuente en particular y no al conglomerado social en general143.

De esta corriente se distinguen, como lo recuerda Lesch144, y según la concepción de von Liszt, tres formas de actuar y concepciones diferentes de la prevención especial: la primera es la denominada concepción de la prevención especial negativa, que se funda en la idea del aseguramiento de la sociedad mediante la reclusión de los autores de la conducta penal. La segunda se apoya en la idea de la intimidación al autor mediante la pena, para que no cometa en el futuro nuevos delitos. La tercera se conoce como la prevención especial positiva, que ha encontrado en la resocialización el elemento legitimador del derecho penal145. Al respecto, Silva Sánchez manifiesta que esta propuesta no se limita, como la intimidación individual o la inocuización, a la intervención negativa sobre el delincuente, sino que pretende proporcionarle los medios que lo capaciten para una vida futura en libertad dentro de la sociedad146, convirtiéndose así en una auténtica tesis humanitarista del derecho penal en la cual el propósito de la pena no es ni el castigo ni la amenaza general simple y llanamente considerada, sino la resocialización del delincuente, pues con ella se pretenden transformar estructuras sociales con objeto de lograr una sociedad mejor y eliminar sus disfuncionalidades147.

23. Las teorías mixtas pretenden dar una mirada integral y sistémica a la justificación de la pena a partir de las críticas formuladas a cada una de las concepciones teóricas clásicas. Más allá de las dos corrientes tradicionales (absolutas y relativas) surgen otras teorías que desde las más variadas perspectivas pretenden justificar la existencia de las penas y con ello la razón misma de ser del ius puniendi del Estado, retomando algunos de los principales aspectos de las corrientes teóricas tradicionales.

Entre ellas sobresalen las teorías mixtas, eclécticas o de la unión, justificadas en la necesidad de integrar visiones pluridimensionales en torno al papel de la pena, para integrar aspectos de la prevención general y de la prevención especial148, y en efecto, en algunos eventos, de la teoría de la retribución.

Como lo anota Bustos Ramírez, las posiciones más simples son todas aquellas que trataron de combinar junto al criterio fundamental retributivo criterios preventivos especiales. Otros procuraron combinar la retribución con la prevención general149, y también han estado presentes quienes han vinculado las posiciones de prevención general con prevención especial150.

24. Las teorías de Roxin tratan de superar las teorías mixtas que tan solo yuxtaponen unos criterios a otros. Según Claus Roxin, podría hablarse de una teoría unificadora preventiva dialéctica, apoyándose en el entendimiento de que la pena sirve a los fines de prevención especial y general. Se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este límite en tanto lo hagan necesario exigencias preventivo-especiales y a ello no se opongan las exigencias mínimas preventivo-generales151.

La teoría de Roxin diferencia los distintos momentos en que actúa el derecho penal (la pena aparece en tres momentos diferentes y en cada uno tiene una función). Su primer momento es el de la creación de la ley penal (conminación penal), en el que aparece en primer plano la prevención general; el segundo momento es la imposición y medición de la pena, que sería el de la realización de la justicia; y el tercer momento es el de la ejecución de la pena, que sería el de la prevención especial, el de la reinserción o resocialización del delincuente152.

25. Según Ferrajoli, el derecho penal y la pena, en el contexto de un derecho penal mínimo, cumplen una función preventiva en un doble sentido. Expresa Luigi Ferrajoli que el derecho penal asume como fin una doble función preventiva, en ambos casos de signo negativo, pues por una parte se busca la prevención general de los delitos, y por la otra, la prevención general de las penas arbitrarias o desproporcionadas. Empero, este autor, de manera categórica, se inclina por acentuar la especial importancia del segundo de los fines indicados ante la evidente ineficacia del derecho penal para cumplir su función preventiva general (disuasión), al considerar que podría decirse que el fin del derecho penal no es otro que impedir que los individuos se tomen justicia por sus propias manos, o dicho en otros términos, la contribución a la minimización de la violencia en la sociedad153.

26. Desde el punto de vista de la sociología, también se ha estudiado la función del castigo en la sociedad. Algunos de los más renombrados sociólogos han realizado importantes contribuciones a lo que se conoce como la “sociología del castigo”. Entre ellos destacan Émile Durkheim, Max Weber, Niklas Luhmann y David Garland.

Émile Durkheim, expositor de lo que podría llamarse la teoría funcionalista del delito y la pena, parte de la identificación y conceptualización de los hechos sociales154, para dar paso a la distinción entre lo que puede ser considerado normal (hechos sociales normales) y aquellos que podrían ser calificados como patológicos, explicando que si existe algo en la sociedad que pueda encajar dentro del concepto de hecho social normal, es precisamente el delito155.

Según Durkheim, el delito no tiene entidad ontológica, ya que es producto de las normas y convenciones sociales, y en oposición a Garofalo, niega que pueda existir una naturaleza criminal del acto delictivo156, pues además es consciente de que el delito, o más bien, lo que puede ser considerado delito, puede variar dependiendo del lugar y del tiempo157.

Este autor considera que el delito cumple una importante función de evolución de la moral y el derecho, pues el crimen desempeña una función social muy precisa: provoca una reacción social que estabiliza a la sociedad y mantiene vivo el sentimiento colectivo de conformidad con las normas. Es un factor de cohesión social. El delito y la pena refuerzan la adhesión de la colectividad a los valores dominantes158.

Max Weber, con su sociología comprensiva y la elaborada teoría de la estructura burocrática159, concibe que esta, la burocracia, constituye el principal instrumento de dominación moderna en la sociedad de masas, que pasa a servir de regla administradora de cuerpos y de almas a ser un modelo para un nuevo concepto fundamental, la disciplina160, crucial en el entendimiento de lo que permitirá el establecimiento de consecuencias para quien quebrante el orden jurídico.

Niklas Luhmann, célebre exponente del funcionalismo europeo de la segunda mitad del siglo pasado, desarrolló todo un entramado teórico de la sociedad, la teoría sistémica, con el propósito de explicar todos los fenómenos sociales presentados en la sociedad, entre ellos el fenómeno jurídico (sociología jurídica), aplicando la teoría de sistemas al subsistema jurídico161.

De acuerdo con Luhmann, la sanción es un elemento fundamental para el mantenimiento de las normas, pues el derecho debe tener cómo hacerse exigible, y por eso la sanción es un elemento esencial del derecho, porque solo de este modo es posible el mantenimiento de la función del derecho como pautador de conductas162.

David Garland considera el castigo como una compleja institución social que tiene tanto elementos culturales como estratégicos, que es, además, un ámbito de expresión de los valores y las emociones, así como un proceso de control social de un profundo contenido simbólico vinculado con las propias raíces del orden social. El castigo es, de esta manera, un signo de la autoridad y constituye la materialización final de su fuerza, indispensable por lo demás para la existencia de cualquier sociedad163. Expresamente plantea:

Hoy por hoy el castigo es un aparato para hacer frente a los delincuentes, una entidad administrativa circunscrita, discreta, legal. Sin embargo, también es la expresión del poder del Estado, la afirmación de la moralidad colectiva, un vehículo de la expresión emocional, una política social condicionada por motivos económicos, la representación de la sensibilidad vigente y un conjunto de símbolos que despliega un ethos cultural y ayuda a crear una identidad social164.

En opinión de Garland, las instituciones penales son parte de la estructura de acción social y un sistema de poder, al mismo tiempo que un elemento significante dentro de un ámbito simbólico165, y afirma que los castigos se determinan en parte por la estructura específica de nuestras sensibilidades y que, a su vez, dichas sensibilidades están sujetas a cambios y evoluciones166.

27. Las concepciones teóricas sobre los fines de la pena son un punto de partida para reflexionar sobre los fines de la sanción administrativa. Si se parte del reconocimiento de la existencia de algunas diferencias —no sustanciales— entre la infracción administrativa y el delito167, se entenderá que los discursos construidos durante los últimos siglos para justificar la imposición de las penas también constituyen referentes necesarios que tributan teóricamente para la justificación de la imposición de las sanciones administrativas, pues desde la perspectiva del Estado de derecho, sería inconcebible la aceptación del otorgamiento de competencias punitivas a las autoridades administrativas sin que existiera una finalidad que justificara de manera suficiente la titularidad de tan extraordinarias prerrogativas públicas.

Allí, la reflexión sobre la función preventiva de la infracción administrativa y su amenaza de sanción, así como el carácter resocializador de esta, tienen que desempeñar un papel clave que desvirtúe el otorgamiento de potestades a la Administración sin miramiento de los fines que le deben servir de fundamento. Por esa razón, el estudio de las teorías que a lo largo de la historia han procurado justificar las penas son un punto de partida que de manera necesaria debe tenerse en cuenta en la construcción de la dogmática en materia sancionadora administrativa.

SECCIÓN III. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. NOCIÓN CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES

28. El concepto de la palabra potestad. El punto de partida. Planteada y aceptada la tesis de la potestad punitiva del Estado en su doble dimensión, corresponde ahora ahondar el estudio de la potestad sancionadora de la Administración, tema central del libro.

Se ha dicho que una sociedad cualquiera no podría subsistir sin un poder social destinado a asegurar su funcionamiento168, y que dicho poder, radicado en el Estado, constituye la nota esencial de este169. De dicho poder surge la expresión potestad, entendida como manifestación del poder, y en ocasiones como un concepto equivalente al de soberanía170, pero que se concibe como una forma de manifestación de la legalidad en virtud de la cual se otorgan facultades de actuación, es decir, poderes jurídicos que permiten la actuación estatal171.

La potestad del Estado o potestad pública implica la posibilidad que tienen las autoridades públicas de ejercer actividades dotadas de prerrogativas extraordinarias ajenas a los particulares y que constituyen, como ya se ha dicho, un reflejo del poder del Estado172.

Según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, el término potestad significa ‘dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo’173, y desde la lectura del derecho administrativo el vocablo potestad se entiende también como una especie del término genérico de poder, porque se parte de la base de que este es un atributo del Estado, en tanto la potestad se concibe como una prerrogativa inherente al ejercicio de una función174, que en este caso es pública, pues todas las actividades públicas tienen origen necesario en una potestad, parten de un ordenamiento175 y son en consecuencia de una u otra forma manifestaciones del poder público instituido, ya que la autoridad para el ejercicio de una función proviene del derecho, toda vez que quien tiene la autoridad para el ejercicio de la función está habilitado para ejercer el poder del Estado176.

29. La potestad sancionadora de la Administración constituye una prerrogativa pública. Entendiendo la potestad sancionadora de la Administración como la prerrogativa pública177 que la faculta para establecer por sí misma, con la previa observancia del procedimiento debido y en consecuencia en atención a la ley, si una persona infringió la normativa establecida, y por ende es merecedora de las sanciones administrativas correspondientes derivadas de su transgresión, se concluye que tal potestad constituye una posibilidad extraña a las facultades o derechos reconocidos a los ciudadanos en el desarrollo de sus relaciones sociales y privadas, siendo pertinente precisar que en consecuencia, el origen de la potestad en abstracto no procede del tráfico jurídico de la creación o innovación de relaciones jurídicas mediante negocios, actos o hechos jurídicos, sino directamente del ordenamiento178.

30. En la creación de la potestad sancionadora de la Administración intervienen todas las funciones públicas. La potestad sancionadora de la Administración está encaminada a su desarrollo práctico en el contexto del ejercicio de la función administrativa, y como tal representa una prerrogativa pública que le es inherente a esta función, haciendo la aclaración de que, en todo caso, en su creación intervienen casi todas las funciones públicas, bien sea otorgándola dentro del contexto del ordenamiento jurídico, o ejerciéndola según el principio de legalidad.

31. La potestad sancionadora administrativa es reglada. Esta potestad sancionadora de la Administración es de carácter reglado179, lo que se constituye en la primera garantía para evitar el ejercicio arbitrario del poder que en ella se encuentra representado, pues su ejercicio está condicionado por una serie de parámetros normativos encaminados a evitar el abuso y la arbitrariedad, orientados, en últimas, a la consecución del interés general que le sirve de fun-damento180, pues tal como lo sostiene el profesor Alberto Montaña Plata, el difícil papel del derecho está orientado, entre otras cosas, a limitar el poder181, lo que resulta de especial relevancia frente a la potestad sancionadora de la Administración. Sin embargo, debe reconocerse que no existen potestades absolutamente regladas, y en ese contexto aparecen importantes márgenes de discrecionalidad administrativa de sumo cuidado en el ámbito punitivo.

32. Con la potestad sancionadora de la Administración se busca el bienestar general. El propósito de la potestad sancionadora de la Administración no puede ser otro que el bienestar general, el bien común, pero es claro que dentro del contexto del Estado social de derecho debe ejercerse con plena observancia de las garantías constitucionales y legales, buscando siempre la consecución de los fines del Estado, sin que ello implique la habilitación para la vulneración de los derechos fundamentales de quienes se encuentren involucrados en un procedimiento sancionador, sino, por el contrario, se erige como un mecanismo para su defensa.

La forma específica de intervención estatal por medio de la utilización de la potestad sancionadora administrativa se ve reflejada no solo en la regulación de los asuntos internos de la actividad de los organismos del Estado, como ocurre por ejemplo con el derecho disciplinario, sino también en la intervención estatal en las actividades sociales y económicas de la comunidad, encaminadas siempre a evitar la exposición a riesgos, infracciones y a daños que puedan llegar a la afectación de los derechos e intereses individuales, sociales o colectivos y en últimas, a la vulneración del ordenamiento jurídico.

En este contexto, el derecho administrativo sancionador se debe presentar como un derecho garantista que permita un perfecto equilibrio entre el control social y el amparo de los derechos fundamentales. Lo anterior sirve de fundamento para plantear que la potestad sancionadora de la Administración es la facultad jurídica que la habilita para la imposición de sanciones administrativas a los particulares, a los servidores públicos e incluso a las propias entidades u organismos del Estado, que han incurrido en infracciones determinadas que afectan de una u otra forma el orden social y que representan una vulneración de la normativa jurídica182.

33. La potestad sancionadora de la Administración no es autónoma. Debe precisarse que esa prerrogativa de la Administración representada en la potestad sancionadora no es autónoma, sino delegada, porque la facultad para su ejercicio no emana de la voluntad de la propia Administración, sino que en el contexto del Estado democrático y de derecho, tiene que ser otorgada por los órganos de representación popular o por el soberano directamente, mediante el ejercicio de la función constituyente o de la función legislativa, para determinar de esa manera el conglomerado jurídico de funciones y competencias estrictamente sometidas al principio de legalidad que permitirán su ejercicio.

34. La potestad sancionadora de la Administración no tiene una finalidad represiva. La potestad sancionadora de la Administración no tiene una finalidad represiva, sino más bien preventiva, en el sentido de disuasión o persuasión de las conductas, porque la sanción administrativa se erige como la ultima ratio de la actividad pública administrativa, y la eficacia de tal potestad debe ser vista paradójicamente no en función de la sanción impuesta, sino de la inexistencia de la necesidad de tener que imponerla, lo cual constituye el fundamento central de justificación de tan extraordinaria prerrogativa pública.

SECCIÓN IV. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

35. La Constitución Política de Colombia no contiene una disposición explícita que aluda a la potestad sancionadora de la Administración en general. En el derecho colombiano no existe explícitamente una disposición constitucional que confiera la potestad sancionadora de la Administración de manera general como ocurre en España, para traer un ejemplo, pero sí existen múltiples disposiciones constitucionales que implícitamente permiten entenderla conferida o explícitamente la refieren para aspectos particulares183.

36. El artículo 2.º de la Constitución constituye el primer fundamento constitucional implícito de la potestad sancionadora de la Administración. El primer fundamento constitucional se halla en el propio artículo 2.º, que establece como fines esenciales del Estado, entre otros, el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo184.

Lo anterior implica que el Estado en general y la Administración en particular deban propender al mantenimiento de unas condiciones que permitan el disfrute pacífico de los derechos de las personas, para lo cual deberá utilizar, si es del caso, las facultades sancionadoras inherentes al ejercicio del poder público, porque para eso fueron instituidas las autoridades de la República, tal como reza el aparte final de la norma en mención185.

Esta última consideración es importante porque el Estado en general, y la Administración en particular, se habilitarán para el ejercicio de la potestad sancionadora, donde quiera que se presenten lesiones o amenazas a los distintos tipos de derechos (individuales, sociales o colectivos) que pongan en peligro la pacífica convivencia y la coexistencia dentro del grupo social y que puedan afectar la consecución de los fines del Estado.

Por ello, frente a la consideración de que Colombia es un Estado social de derecho y, por ende, de que el compromiso del Estado va más allá de la garantía de los derechos fundamentales, el Estado está llamado a realizar una labor de intervención constante en los diversos frentes sociales y económicos en procura de lograr la realización de sus fines. Así, de esa forma, el artículo 150, numeral 8, de la carta, consagra que el Congreso por medio de las leyes expedirá las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que señala la Constitución186. De la mano de dicha intervención estará implícita la posibilidad de que el Estado ejerza su potestad sancionadora penal o administrativa.

37. El cumplimiento de su función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos constituye también fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración. Ejemplo de lo anterior puede observarse con las facultades de la Administración que se desprenden de la actividad relativa a la prestación de servicios públicos.

En el artículo 67 superior se dispone que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos, lo cual pone de presente que para el logro de estos propósitos las autoridades educativas estarán dotadas de ciertas prerrogativas encaminadas a garantizar su concreción, las cuales estarán acompañadas de facultades sancionadoras como herramientas de disuasión o persuasión de quienes deban acatar las disposiciones legales y reglamentarias en materia educativa187. En efecto, este fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración ha sido reconocido por la Corte Constitucional188.

Por su parte, el artículo 365 prevé que en torno a los servicios públicos el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios189, y el artículo 370 estipula, en armonía con la anterior disposición, que corresponde al presidente de la República ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dicho control, inspección y vigilancia de las entidades que los presten190.

38. El artículo 29 constitucional, que consagra el debido proceso, también es fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración. La consagración constitucional prevista en el artículo 29, referente al debido proceso, y que señala que este se aplicará a toda serie de actuaciones judiciales y administrativas, constituye otro soporte constitucional implícito al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, en la medida en que esta necesariamente tendrá que observar con rigor todos los postulados de ese derecho fundamental y macroprincipio, en especial cuando ejercite la extraordinaria potestad punitiva de la que se encuentra investida. Sobre este particular aspecto, ha señalado la Corte Constitucional:

También se tiene el artículo 29 constitucional, el cual consagra el derecho al debido proceso como garantía fundamental de todas las personas. En relación con esta norma y la forma en que ella le sirve de fundamento a la potestad administrativa sancionadora, esta corporación ha señalado: “[...] el artículo 29 de la Constitución expresa que ‘el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas’. El debido proceso comporta una serie de garantías como la publicidad y celeridad del procedimiento, el derecho de defensa y contradicción, el principio de legalidad del ilícito y de la pena, la garantía del juez competente, etc., que solo tienen sentido referidas a la actividad sancionadora del Estado. Es decir, son garantías aplicables al proceso de imposición de sanciones. De esta manera, cuando la carta habla del debido proceso administrativo, implícitamente reconoce la facultad que incumbe a la Administración de imponer sanciones, es decir, la potestad sancionadora de la Administración191.

39. El artículo 80 superior también es fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración en materia ambiental. El artículo 80 constitucional, por su parte, considera una habilitación constitucional explícita para ejercer la potestad punitiva del Estado, al establecer que a este le corresponde prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños. Claro está que entre las posibilidades punitivas derivadas de esta disposición constitucional se encuentra la administrativa, reflejada por ejemplo en la expedición de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fijó el procedimiento sancionador ambiental192.

40. El artículo 92 contiene una referencia explícita en materia sancionadora disciplinaria. Este artículo dispone que cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar a la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas, lo cual constituye una consagración de la existencia de tal facultad administrativa193.

41. El artículo 118 trae una fundamentación constitucional específica en materia disciplinaria. En el artículo 118 puede leerse que entre las funciones asignadas al ministerio público se encuentra la de vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas194, lo cual, más lo dispuesto en el artículo 277 superior, numeral 6, y en el 278, numeral 1, relativo a las funciones del procurador general de la Nación, que dan cuenta de las atribuciones conferidas expresamente en materia sancionadora administrativa, no dejan duda de su fundamento constitucional195.

42. El artículo 334 contiene un importante fundamento constitucional implícito de la potestad sancionadora de la Administración en términos generales. También está presente el artículo 334 de la Constitución Política, el cual establece que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado y, en tal razón, este tiene el deber de intervenir por mandato de la ley en “la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. De esta manera, correlativamente a la expedición de normas de intervención, es necesario que el Estado cuente con las herramientas necesarias para hacerlas cumplir196.

43. Los artículos relacionados con el ejercicio de la función de policía representan otro fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración. De igual forma, están relacionados los artículos constitucionales referidos a la función de policía administrativa, por virtud de la cual el Estado tiene la atribución de regular el ejercicio de las libertades individuales con el fin de garantizar el orden público, entre ellos, el artículo 150, numeral 8, y el artículo 189, numerales 21, 22, 24 y 26[197], de los cuales deriva el fundamento constitucional de tal potestad de la Administración.

44. El significado del fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración es complejo. Sostener que la potestad sancionadora de la Administración tiene fundamento constitucional significa que esta se encuentra consagrada en el texto superior —de manera explícita o implícita— como uno de los mecanismos que puede utilizar el Estado para garantizar el control social por vías menos invasivas de los derechos fundamentales, si se compara con la utilización del derecho penal para tal propósito198.

Pero también significa que la potestad sancionadora de la Administración es un instrumento diseñado para contribuir al logro de los cometidos estatales, razón por la cual su ejercicio debe estar enmarcado en el contexto teleológico de la Constitución y del Estado, lo que implica que necesariamente tal potestad estará sometida a claras barreras tendentes a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues el objetivo de lograr el control social en un modelo de Estado como el colombiano debe darse sobre la base del respeto de tales derechos y no sobre su sacrificio, porque el fin no justifica los medios.

Por tal razón, estas referencias normativas de la Constitución Política son un claro ejemplo de algunos de los fundamentos constitucionales que la potestad sancionadora de la Administración tiene en el derecho colombiano, y por ello, pese a no existir una disposición constitucional que de manera explícita la reconozca con carácter general199, no queda duda sobre la existencia de suficientes argumentos constitucionales que le sirven de sustento normativo y que la convierten en una de las más importantes medidas con las que puede contar el Estado en procura de alcanzar el control social y, por ende, encaminadas al logro del interés general y a la realización de los principios y valores previstos en la propia Constitución Política.

CAPÍTULO SEGUNDO ANÁLISIS SOBRE LAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA INFRACCIÓN PENAL Y LA ADMINISTRATIVA
INTRODUCCIÓN

45. En el derecho colombiano se suele creer que existen diferencias sustanciales entre la infracción administrativa y el delito. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia prevé que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y pese a que los siguientes apartados de dicha norma parecen hacer referencia expresa al ámbito exclusivamente penal, lo cierto del caso es que una interpretación sistemática e integral de la disposición lleva a concluir, como en efecto lo ha hecho la Corte Constitucional en numerosas oportunidades200, que su aplicación cobija todos los ámbitos del ejercicio del poder punitivo del Estado, precisamente porque se consagran los elementos integrantes del debido proceso, entre los cuales destacan el principio de contradicción o derecho de defensa, el principio de non bis in idem, el de presunción de inocencia, el de legalidad y el de culpabilidad.

La precisión anterior es de la mayor importancia, puesto que pese a la claridad del enunciado constitucional de que el debido proceso se aplicará a toda serie de actuaciones judiciales y administrativas, en la legislación colombiana y en la interpretación del ordenamiento jurídico realizada por los jueces se presentan profundas diferencias en cuanto al tratamiento que se les da a tales principios cuando se está frente a la imposición de sanciones penales, ámbito en el cual se interpretan y aplican con el mayor rigor, y a la imposición de sanciones administrativas, contexto en el que “flexibiliza” o matiza su aplicación, pese a que del texto constitucional no se desprenden excepciones ni matices respecto a la aplicación del debido proceso y sus implicaciones frente al control del ejercicio del poder punitivo del Estado.

A causa de ese tratamiento diferenciador, que parte en gran medida de la idea generalizada de la existencia de diferencias cualitativas entre las infracciones penales y administrativas, es necesario analizar y reflexionar sobre las diferencias o semejanzas que existen entre dichas infracciones, pues en el derecho colombiano los principios que deben servir de guía para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado se vienen interpretando de manera diferente en ambos campos sancionadores, con la consecuente aplicación distinta del régimen de garantías y derechos para quienes se ven enfrentados al ejercicio del poder punitivo del Estado en uno u otro sector.

Estas consideraciones evidencian la necesidad de reflexionar en este capítulo sobre si en efecto existen diferencias sustanciales entre las infracciones penales y administrativas en el derecho colombiano, o si, por el contrario, a pesar de la opinión mayoritaria en el medio local, lo que existe es una identidad ontológica o sustantiva entre estas dos manifestaciones punitivas estatales.

Por esa razón, y para procurar generar elementos de discusión que permitan esclarecer el panorama frente a este aspecto en particular, se comenzará por realizar una aproximación a la noción conceptual de la sanción administrativa, se estudiarán las diversas concepciones teóricas que fundamentan las diferencias o semejanzas entre el delito y la infracción administrativa, se analizarán los argumentos que suelen expresarse en procura de justificar las diversas doctrinas sobre la materia y, por último, se tomará partido por la posición defendida en este trabajo, que podría denominarse “tesis de la identidad ontológica y la diferencia normativa”.

SECCIÓN I. APROXIMACIONES A LA NOCIÓN CONCEPTUAL DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

46. El vocablo sanción tiene varias significaciones en el campo del derecho. Antes de abordar el estudio sobre las diferencias o semejanzas que existen entre la infracción penal y la administrativa, se considera fundamental precisar el sentido que la expresión “sanción” adquiere como consecuencia del ejercicio del ius puniendi del Estado, porque en sentido estricto corresponde a una noción conceptual diferente de otras significaciones que al vocablo sanción se le suelen dar en el campo del derecho, pues precisamente la característica esencial de la norma jurídica es su carácter coactivo, es decir, la amenaza de sanción tras su incumplimiento, por lo que en sentido amplio, la transgresión de cualquier norma jurídica acarrearía la imposición de la sanción descrita en el ordenamiento jurídico201, pues para que la sanción aparezca es preciso que se dé la violación de la norma, que esta sufra menoscabo202; o en palabras de Kelsen, la sanción es la reacción específica del derecho contra los actos de conducta humana calificados de ilícitos o contrarios al derecho203.

47. La nulidad de los actos y contratos se considera un tipo de sanción. Así, por ejemplo, en materia civil, tras la configuración de alguna de las causales previstas en el artículo 1741 del Código Civil colombiano, se debe derivar la sanción de nulidad absoluta de los actos o contratos, y se sancionará con nulidad relativa la presentación de otra especie de vicio que implique la falta de los demás requisitos prescritos por la ley para el valor de la actuación jurídica privada204.

48. No toda consecuencia desfavorable derivada del incumplimiento de la ley implica la imposición de una sanción punitiva. Por ello, y como lo anota García Gómez de Mercado, no constituye sanción, en sentido estricto, desde el punto de vista punitivo, cualquier consecuencia desfavorable para el interesado que se derive del incumplimiento de la ley, lo que bien podría considerarse sanción en sentido amplio205.

Por ello se comparte la apreciación de que toda norma jurídica impone de una u otra forma un deber jurídico de cumplimiento u observancia de la previsión establecida por ella206, de tal suerte que por ejemplo, frente a la realización de actos contrarios a lo ordenado por la norma podría decirse que representarían una infracción de ella, y en consecuencia podrían estar viciados, lo cual debería tener ciertas consecuencias que por lo general se conciben como sanciones, como ocurre con la nulidad de los actos o los contratos en materia civil o administrativa, pero que se diferencian de la sanción punitiva propiamente dicha por cuanto no se imponen como consecuencia del ejercicio del ius puniendi del Estado207, y por ende, tan solo corresponderían a la normal consecuencia jurídica prevista ante el incumplimiento de la ley.

Lo anterior obliga a precisar que no siempre que se presente una violación a una disposición jurídica, con independencia de que esta acarree efectos desfavorables al infractor, se estará en presencia del poder punitivo del Estado, por lo que será imprescindible realizar una labor de interpretación208.

49. La sanción punitiva tiene una connotación muy concreta que la distingue de los otros usos del vocablo sanción en el campo del derecho. Por otra parte, cuando se alude a la expresión “sanción” —penal o administrativa— se está haciendo referencia a la consecuencia negativa que puede generarse para un sujeto con fundamento en un antecedente conductual suyo que ha causado una infracción al orden jurídico y que, por ende, implica el deber de enfrentarse a tal consecuencia como resultado del ejercicio de la potestad punitiva del Estado209.

En particular, cuando se hable de sanción administrativa se estará aludiendo a un mal infligido por la Administración a un administrado210 o a un agente suyo, como consecuencia de la infracción a la normativa expedida en desarrollo del ius puniendi del Estado, o como lo sostiene el profesor Franck Moderne, es el poder represivo concedido a la Administración para castigar comportamientos sociales considerados infracciones de la reglamentación211.

50. La sanción punitiva es consecuencia del ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Esta última consideración constituye precisamente la característica diferenciadora que existe entre la sanción penal o la administrativa y la sanción en sentido amplio, como consecuencia de la transgresión de otra norma que no haya sido expedida en ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, o como bien lo anota Martín-Retortillo Baquer, la sanción administrativa se caracteriza por su aspecto punitivo212, o en términos de Santamaría Pastor, sanción, en sentido técnico, existe solo cuando a la conducta ilícita se anuda la imposición de una privación de derechos con una finalidad represiva (de castigo) de la infracción, y preventiva o disuasoria de conductas similares213.

51. La sanción administrativa se presenta en el contexto de la función administrativa. A lo antedicho se debe sumar el hecho de que la sanción administrativa, por ejemplo, se impone en el seno del ejercicio de la función administrativa214, en tanto las “otras” tipologías de sanciones legales, en el contexto del ejercicio de la función jurisdiccional, eso sí, reiterando que no son fruto de la potestad punitiva del Estado, a excepción de la sanción impuesta en aplicación del derecho penal215, y claro está, de la disciplinaria impuesta por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como la pérdida de investidura o del cargo216, que también son jurisdiccionales, no penales.

52. No toda decisión administrativa desfavorable a los intereses de un sujeto implica la imposición de una sanción punitiva. En realidad, existen medidas adoptadas por la propia Administración, que no obstante representar una consecuencia desfavorable para los intereses del administrado, no suponen la imposición de una sanción administrativa propiamente dicha, por no ser la concreción del poder punitivo del Estado. Tal es el caso de la revocatoria de un acto administrativo favorable al ciudadano217 o la medida de toque de queda y la restricción a la venta de bebidas alcohólicas (ley seca) durante ciertos periodos, o la declaratoria de vacancia del empleo público en caso de abandono del cargo218, la expropiación por vía administrativa o la emisión de un fallo con responsabilidad fiscal. También podrían citarse como ejemplos algunas medidas de policía219 y la pérdida de la condición de funcionario220 por la declaratoria de insubsistencia del nombramiento. Todo lo anterior evidencia que el término “sanción” es polisémico, y que por ello se justifica la precisión conceptual que se ha intentado realizar.

Ahora, cumplido el propósito de determinar el sentido en el que se toma el vocablo sanción, se procederá a realizar el análisis en torno a las supuestas diferencias que existen entre la infracción penal y la administrativa.

SECCIÓN II. ANÁLISIS SOBRE LAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA INFRACCIÓN PENAL Y LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

53. En Colombia se suele afirmar que existen diferencias sustanciales entre la infracción penal y la administrativa. En el derecho colombiano221 se tiene la tendencia a dar por sentada la existencia de diferencias sustanciales entre la infracción penal y la administrativa, partiendo para ello de elaboraciones teóricas fundamentadas en las opiniones o ideas expuestas por un sector de la doctrina del derecho comparado que así lo ha afirmado desde hace largo tiempo.

54. La doctrina y la jurisprudencia colombianas han sido proclives a la pacífica aceptación de que en el ámbito del derecho administrativo sancionador es legítimo que se flexibilice el rigor de las garantías del derecho penal. Sobre la base del establecimiento de dichas diferencias, ha venido haciendo carrera, especialmente en el ámbito jurisdiccional y en el doctrinal, la idea de que es incuestionable la legitimidad de la flexibilización del rigor de las garantías propias del derecho penal en el ámbito del derecho administrativo sancionador, hecho evidenciado por ejemplo en la aceptación en algunos eventos, de casos sancionatorios administrativos regidos por un esquema de responsabilidad objetiva, y también en la permisividad del establecimiento de un doble sistema punitivo —penal y administrativo— a partir de unos mismos hechos, a pesar de que en el sistema jurídico colombiano se prevé como garantía del debido proceso en materia sancionatoria estatal, tanto el principio del non bis in idem como el principio de culpabilidad y de presunción de inocencia222.

55. El derecho administrativo sancionador no es una rama del derecho penal, pues existen diferencias entre ambos sistemas normativos. Se ha afirmado que la potestad sancionadora de la Administración representa una de las facetas del ius puniendi del Estado, lo cual, sin embargo, no significa que el derecho administrativo sancionador —instrumento con el cual se concreta tal facultad— sea una rama del derecho penal, por lo que debe tenerse presente que en Colombia, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, no resulta adecuado referirse a este subsistema normativo como “derecho penal administrativo”223, pues tal denominación, sustentada en la idea de que el derecho administrativo también podría concebirse como una faceta del derecho penal cuando este implicara la imposición de sanciones penales224, es ajena a la realidad jurídica del país.

El concepto de lo punitivo —en la lógica del ius puniendi— se relaciona con la facultad sancionatoria del Estado, más que con el concepto de pena desde el punto de vista penal, como medida que tiende a la privación de la libertad, y si bien es cierto que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son derivaciones de la misma construcción teórica facultativa de la sanción, también lo es que obedecen a una naturaleza jurídica que solo es distinta desde un punto de vista formal225 o normativo, como quiera que en primer término, el derecho penal tiene como ámbito de aplicación, al menos en Colombia, el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, en tanto que el derecho administrativo sancionador, por su parte, se presenta en el marco del ejercicio de la función administrativa, lo cual constituye una primera diferencia fundamental al menos desde el punto de vista adjetivo en el derecho colombiano.

56. El derecho penal es un instrumento de ultima ratio. En un Estado apoyado en la protección de los derechos fundamentales, solo debe acudirse a él cuando no existan otros mecanismos menos radicales de control social. El derecho penal como intervención estatal más radical solo debe imponerse donde no sean suficientes otros medios menos radicales para combatir o impedir fenómenos de perturbación social226 que impliquen un daño efectivo o un grave riesgo a los derechos o bienes jurídicos tutelados en beneficio del conglomerado social; es decir, el derecho penal es el último recurso al cual hay que acudir en el control social227, en tanto que el derecho administrativo sancionador, por su parte, debe entrar a operar donde no se considere estrictamente necesario acudir a la intervención penal para prevenir los riesgos o garantizar el amparo de los derechos individuales, sociales y colectivos, en últimas, la afectación de los bienes jurídicos tutelados, tal como debe ocurrir en un Estado de derecho fundado en el respeto a la libertad.

57. Es común la creencia de que las consecuencias de la transgresión de la normativa penal sean más graves que las que se derivan de la transgresión de la normativa administrativa. Por regla general, se considera que la consecuencia de la transgresión de la normativa penal es mucho más grave que las consecuencias de la transgresión de la normativa administrativa, lo cual, en términos generales, podría resultar cierto porque la manifestación tradicional de la pena, concebida desde la mirada del derecho penal, apunta de manera frecuente a la restricción del derecho de la libertad personal, y la restricción a este derecho fundamental puede representar el más drástico de los castigos228.

Así, por ejemplo, en la Sentencia C-595 de 2010, la Corte Constitucional se refirió a la delimitación del contenido de la potestad sancionadora de la Administración y a la distinción de la potestad sancionadora por la vía penal en los siguientes términos:

En ese contexto y habida cuenta de que las normas demandadas aluden a la sanción de las infracciones ambientales, la Corte entró a delimitar el contenido de la potestad sancionadora de la administración, que se distingue del poder punitivo por la vía judicial penal en los objetivos, particularmente, en los bienes jurídicos materia de protección. La potestad sancionatoria penal propende por [sic] la garantía del orden social en abstracto —bienes sociales más amplios—, la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores y presenta un mayor grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria administrativa, que busca primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la administración y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados, que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad. Si bien se ejercita a partir del desconocimiento de reglas preestablecidas, tiene una cierta finalidad preventiva, al proponer un cuadro sancionador como consecuencia del incumplimiento de las prescripciones normativas. Al mismo tiempo, contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas229.

En esa providencia, uno de los argumentos centrales de la Corte Constitucional sobre los cuales fundamenta la distinción entre la potestad sancionadora de la Administración y la potestad punitiva penal se sustenta en el tipo de consecuencias que podría acarrear la violación de ambas normativas, pues se afirma que la potestad punitiva penal daría lugar a la privación de la libertad, mientras que en la potestad sancionadora de la Administración se descarta la imposición de sanciones restrictivas de tal derecho230.

58. No es cierto que la privación de la libertad sea la única consecuencia de la transgresión de la normativa penal. A diferencia de lo sostenido por la Corte Constitucional en la decisión arriba referenciada y en muchas otras en las que se ha acudido al mismo argumento231, la pena privativa de la libertad no es la única manifestación punitiva en el campo del derecho penal, puesto que junto a ella se erigen a categoría de sanciones penales otras consecuencias menos radicales como la multa y las penas accesorias de restricción domiciliaria, pérdida del empleo público u oficial, interdicción de derechos y funciones públicas; prohibición de ejercer un arte, profesión u oficio, industria o comercio; suspensión de la patria potestad, expulsión del territorio nacional para los extranjeros y prohibición de consumir bebidas alcohólicas, lo cual pone de presente que no siempre la pena estará representada por la privación de la libertad, lo que implica que este aspecto no sea el elemento que por excelencia permita la distinción232.

59. Es posible que las sanciones administrativas sean en realidad más graves que las propias sanciones penales. En ocasiones puede llegar a ocurrir que la sanción administrativa sea igual o incluso más grave que la propia consecuencia penal233.

El ejemplo de esta afirmación podría estar dado por el hecho de que una persona puede llegar a preferir una pena privativa de la libertad no muy prolongada a una sanción administrativa pecuniaria sumamente costosa que podría llegar a significar la inviabilidad financiera de su empresa o negocio, del cual deriva el sustento de su familia, o de manera específica, pueden enunciarse algunas sanciones administrativas de multa, como las previstas en la Ley 1340 de 2009[234], 1438 de 2011[235], en la Ley 1333 de 2009[236], en el Decreto 2245 de 2011[237], o en el propio Estatuto Tributario238, que respaldan la posibilidad de que las sanciones administrativas pueden llegar a ser más graves que algunas de las sanciones penales.

Por esa razón, el tema de la gravedad de la consecuencia de la infracción penal o administrativa, como parámetro diferenciador entre los tipos de sanciones a las cuales se puede hacer acreedora una persona, debe ser mirado con cautela para evitar caer en el equívoco y en la simplicidad de las apreciaciones que consideran que inevitablemente la intervención penal es más grave que la intervención administrativa, lo cual por regla general podría resultar cierto, pero debe reconocerse la posibilidad de que ello no suceda así239. Sobre este particular aspecto, un sector de la doctrina foránea ha expresado:

Como es sabido, entre esos otros medios menos aflictivos figura el derecho administrativo sancionador. Y además —hay que añadir— suele ser el medio menos aflictivo más frecuentemente abogado a sustituir al derecho penal en las iniciativas despenalizadoras.

Sin embargo, se detecta que esa diferencia en aflicción es, en muchos casos, válida solo en la teoría, pues la práctica demuestra con meridiana claridad que el derecho administrativo sancionador puede ser mucho más aflictivo que el derecho penal. En estos casos, decir que se acude al primero porque es menos expeditivo que el segundo, en una aplicación del principio de subsidiariedad, constituye un auténtico fraude de etiquetas240.

60. Hay quienes fincan la diferencia entre la sanción penal y la administrativa en el tipo de reproche de culpabilidad. Se ha sostenido que es también factor diferenciador entre ambos sistemas sancionadores el hecho de que en las sanciones administrativas “el reproche de culpabilidad no es ético-social por el ataque o la lesión a un bien jurídico o derecho subjetivo de los individuos o del Estado, sino casi meramente legal, por la desobediencia o falta de cooperación con la actividad administrativa en la consecución de los intereses socioeconómicos de la Administración”241, lo cual constituye una apreciación bastante limitada en torno al papel que la sanción administrativa está llamada a cumplir dentro del contexto social, pues resulta claro que por lo general la única diferencia entre la infracción penal y la administrativa es la discrecionalidad legislativa; el reproche que representa la sanción administrativa consecuencial a la infracción de la misma naturaleza no se queda en el ámbito de la simple desobediencia del administrado, porque también lleva implícito un reproche ético-social.

61. Otros encuentran la diferencia en la finalidad de la sanción. Algún sector de la doctrina, y en realidad de la propia judicatura242, encuentra la diferencia en la consideración según la cual las condenas penales tienen un marcado acento retributivo, mientras que la sanción administrativa tan solo busca el orden y la tranquilidad243, desconociendo con ello el hecho de que las teorías de la pena, hoy por hoy, no se conciben desde esa perspectiva, y por el contrario, se fundamentan en las teorías de la prevención general, prevención especial positiva y la resocialización del delincuente, o se aproximan más a estas244.

También hay quienes encuentran una diferencia en el hecho de que los punibles de carácter criminal estén dirigidos, a más de la privación de la libertad, a la reinserción del delincuente a la vida social, mientras se considera que las de carácter administrativo no cumplen la función de reconducir la conducta del infractor245. Esta apreciación no puede ser de recibo porque la privación de la libertad no es la única sanción penal existente246, y además, porque se considera que la sanción administrativa tiene entre sus propósitos una finalidad pedagógica que en efecto busca reconducir la conducta del infractor, a más de ser preventiva, pues en el contexto del Estado social de derecho no podría concebirse como una simple herramienta de represión social, y además porque la sanción administrativa también busca prevenir la infracción.

Por último, la consideración sustentada en la idea de que “La potestad sancionatoria penal propende por [sic] la garantía del orden social en abstracto —bienes sociales más amplios—, la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores247”, mientras que la potestad sancionadora administrativa se “ejercita a partir del desconocimiento de reglas preestablecidas, tiene una cierta finalidad preventiva, al proponer un cuadro sancionador como consecuencia del incumplimiento de las prescripciones normativas. Al mismo tiempo, contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas”248, demuestra la forma confusa como se ha abordado el tema, al omitir considerar que la potestad sancionadora de la Administración también propende a la garantía de un orden social en abstracto y que no solo busca asegurar el cumplimiento de decisiones administrativas, puesto que casi siempre lo que pretende exigirse es el cumplimiento de disposiciones legales, como por ejemplo las previstas en el Código Nacional de Tránsito, el Código Único Disciplinario y el Estatuto Tributario, entre otras, lo cual evidencia que, por el contrario, más que una diferencia, lo que existe es una semejanza en el hecho de que en ambos ámbitos sancionadores se aplica por regla general el principio de reserva de ley para determinar las conductas que serán objeto de reproche punitivo249.

62. Las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son estrechas, pero por lo general la diferencia entre la infracción administrativa y el delito es política. Los lazos de origen y de fundamento entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son estrechos, y suele ocurrir que la diferencia entre la infracción penal y la administrativa tan solo radique en la voluntad política del legislador250, representada en la política criminal del Estado y en su mayor o menor grado de interés en la intervención de la sociedad, por lo que desde el punto de vista ontológico no existen diferencias sustanciales, y las formales encuentran como limitante el ámbito de referencia territorial del Estado251.

Todo lo anterior evidencia la necesidad de abordar en este estudio el análisis sobre las concepciones teóricas que en torno a la distinción entre la infracción administrativa y el delito se han esbozado.

SECCIÓN III. CONCEPCIONES TEÓRICAS EN TORNO A LA DISTINCIÓN ENTRE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DELITO

63. Existen múltiples criterios para establecer la distinción entre las infracciones penales y las administrativas. Sea lo primero advertir sobre este particular que los esfuerzos teóricos por encontrar y explicar las diferencias ontológicas entre la infracción administrativa y el delito han sido el reto de un grupo significativo de tratadistas solo superado en número por los que consideran que no existen diferencias sustanciales entre las dos instituciones. A más de ellos están quienes con su eclecticismo encuentran tanto puntos de convergencia como puntos de divergencia entre la infracción administrativa y la penal.

A propósito de ello, en el derecho colombiano tanto la judicatura como buena parte de la doctrina han acogido casi de manera pacífica la teoría de las diferencias ontológicas o cualitativas entre la infracción penal y la administrativa. Esto se puede apreciar por ejemplo en el significativo número de providencias judiciales emitidas por la Corte Constitucional desde 1992 hasta hoy, en las que ha afirmado de manera reiterada la existencia de tales diferencias sustanciales entre los dos tipos de infracciones252.

Por esa razón, en este apartado se procurará analizar cada una de las corrientes teóricas en torno a la existencia de la identidad o diferencia ontológica entre las infracciones penales y administrativas, teniendo como punto de referencia el derecho comparado y reflexionando críticamente sobre la solidez de cada una de las tesis.

64. Los defensores de las teorías cualitativas o diferenciadoras consideran que existen diferencias ontológicas entre la infracción administrativa y el delito. La primera posición, denominada en la literatura administrativa teoría cualitativa o diferenciadora253, supone la existencia de diferencias sustanciales o cualitativas entre la infracción administrativa y la penal; es decir, según sus defensores, existirían conductas que por su naturaleza intrínseca serían, o bien infracciones administrativas, o bien delitos o infracciones penales254.

65. Las concepciones que reconocen la existencia de diferencias sustanciales entre el ilícito penal y el administrativo datan de la modernidad. Como bien se deduce de la lectura de la investigación del profesor Heinz Mattes, publicada de manera póstuma con el título de Problemas de derecho penal administrativo, historia y derecho comparado, el problema sobre el establecimiento de diferencias sustanciales entre el ilícito penal y el administrativo es de vieja data y ha generado importantes reflexiones desde los mismos inicios de la Edad Moderna. Al respecto, plantea Mattes lo siguiente:

La exposición de la evolución histórica del derecho penal de policía, en su caso de la Administración, ha mostrado que no hubo desde el punto de vista jurídico material una diferencia histórica entre derecho penal de policía y derecho penal criminal o judicial (infracciones administrativas e injusto criminal). El derecho penal de policía, nacido con el Estado absoluto en la Edad Moderna, era un derecho penal de los órganos (administrativos) de policía y no estaba separado del resto del derecho penal por caractereses (sic) materiales, de índole diferencial. Solo la doctrina, siguiendo a la teoría iusnaturalista de la Ilustración, intentó demostrar una diferencia de esta clase entre ambos ámbitos de derecho penal255.

Y es que retomando los hallazgos del estudio del profesor Mattes, se comienzan a encontrar los cimientos en que se apoyan algunos de los defensores de la tesis cualitativa en Colombia, pues como se presentará a continuación, los argumentos que aún hoy suelen ser utilizados para la defensa de esta tesis se apoyan en las propuestas esbozadas siglos atrás.

66. El primer argumento diferenciador se apoyaba en la idea de que los delitos generaban un daño a un derecho individual, en tanto las infracciones administrativas tan solo buscaban prevenir conductas peligrosas. Al respecto, uno de los primeros argumentos expuestos para justificar la diferencia sustancial u ontológica entre el delito y la infracción administrativa partía de la diferenciación sustentada en la teoría del derecho natural de que los delitos naturales eran un ataque a los derechos subjetivos, un daño o lesión a un derecho individual, mientras que las infracciones administrativas (injusto policial) solo eran creadas por el Estado para evitar la concreción de conductas de peligrosidad general, que por no haber desencadenado daño alguno, no eran consideradas un genuino injusto criminal256.

Entre los referentes de imperiosa citación que planteaban tal argumento se encuentra Feuerbach257, quien desde principios del siglo XIX expresaba que la esencia del delito era la lesión de derechos estatales o privados, por consiguiente individuales, que eran asegurados por las leyes penales y que servían de fundamento al concepto de crimen en sentido estricto, mientras que los delitos de policía serían esencialmente (por su naturaleza) distintos de esos genuinos crímenes, en tanto el Estado está autorizado a realizar mediatamente sus fines, y mediante leyes de policía podría prohibir acciones que no son en sí antijurídicas258.

De igual forma, Feuerbach pretendió justificar tal diferencia sustancial señalando que los delitos o contravenciones de policía contenían la mayoría de las veces acciones que no eran ni contrarias a derecho ni inmorales, o lo que es lo mismo, que serían moral y jurídicamente irrelevantes, mientras que el auténtico derecho penal criminal, en cambio, en efecto representaría un atentado contra la moral259 .

Pero antes de Feuerbach, von Globig y Huster, a finales del siglo XVIII, ya habían procurado el establecimiento de diferencias entre los delitos de policía y los “verdaderos crímenes”, fundando tal distinción en la consideración de que los primeros estaban relacionados con el mantenimiento de las buenas costumbres y el orden, es decir, con la perturbación de las relaciones civiles. Afirmaban que su punición servía para prevenir los verdaderos delitos, que eran los que constituían verdaderas lesiones del contrato social, es decir, que atacaban de inmediato la seguridad civil260.

67. Otros teóricos de renombre encontraron las diferencias en que la infracción administrativa solo constituía una infracción a la norma. En el siglo XX Goldschmidt desarrolló todo un entramado dogmático encaminado a establecer las diferencias entre el ilícito administrativo y el injusto penal. Según él, el delito administrativo (infracción administrativa) constituye la infracción de un mandato administrativo dictado sobre la base de una autorización legal; es tan solo un injusto administrativo que representa la lesión o puesta en peligro de un interés administrativo, en especial la perturbación o puesta en peligro de la seguridad o el orden público261.

Según Erik Wolf, la diferencia entre la infracción administrativa y la penal es una diferencia valorativa que reside en la distinta referencia valorativa de los hechos jurídicos de la norma, pues de acuerdo con este doctrinante, el contenido del sentido de la pena administrativa es el de una medida disciplinaria, no contiene una desaprobación de un enemigo de la sociedad, pues el autor no es socialmente dañoso, sino socialmente descuidado262.

68. Constituye argumento adicional aquel según el cual la diferencia se halla en que las infracciones administrativas no implican un juicio de valor ético, mientras el delito sí. Otros, por su parte, centraron sus esfuerzos diferenciadores en expresar que los delitos implican un especial juicio de desvalor ético, mientras que lo ilícito administrativo se agota en la mera desobediencia a las normas administrativas. Se sostiene allí que los delitos serían mala in se y que las infracciones administrativas se castigarían porque están prohibidas, son mala quia prohibita263.

También se sostuvo que las contravenciones policiales (administrativas) estaban encaminadas a garantizar el cumplimiento de preceptos administrativos, en tanto que el delito busca la evitación de lesiones a las esferas jurídicas y al orden público264.

69. En Colombia, muchos de esos argumentos han sido utilizados por las altas cortes de justicia. Estos, entre otros argumentos usados de tiempo atrás, han servido de base para que aún se afirme que en efecto existen diferencias sustanciales entre la infracción penal y la infracción administrativa, como por ejemplo se sostuvo en las providencias que se citan a continuación. En la Sentencia T-145 de 1993, manifestó la Corte Constitucional:

La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la Administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías —quedando a salvo su núcleo esencial— en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido265.

Como podrá observarse, en esta oportunidad el argumento para justificar la aplicación no total de las garantías del derecho penal al campo administrativo sancionador se fundamenta en la identificación tácita de unas diferencias sustanciales entre estos dos ámbitos punitivos. Tal diferencia se finca en la consideración de que el derecho penal protege el orden social en abstracto, lo que sería su objeto, y en su finalidad, que según se dice, está orientada a perseguir fines retributivos, preventivos y resocializadores, en tanto que se sostiene que la potestad sancionadora, y con ella la infracción administrativa, se orienta más a la protección y funcionamiento de la propia Administración. Este argumento retoma algunos de los clásicos elementos de la teorética de la tesis diferenciadora, entre los que se encuentran los de Feuerbach y Goldschmidt. En la Sentencia C-214 de 1994 se sostuvo:

La potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente y por sus fines de la potestad punitiva penal: en esta se protege el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente. La potestad sancionadora de la administración sería, por el contrario, una potestad doméstica, en el sentido de vocada (sic) a la propia protección más que a otros fines sociales generales, con efecto solo de quienes están directamente en relación con su organización o funcionamiento, y no contra los ciudadanos en abstracto266.

Puede apreciarse que en este apartado de la sentencia la Corte Constitucional fundamenta la identificación de la diferencia entre la infracción administrativa y el delito en el mismo argumento de la sentencia citada anteriormente. Según se dice, la diferencia está en sus fines, pues mientras la potestad sancionadora penal busca proteger el orden social colectivo, la potestad sancionadora de la Administración tendría una finalidad “doméstica”, es decir, encaminada solo a quienes tienen relación con la organización o funcionamiento de la Administración y no con los ciudadanos en abstracto. En las sentencias C-597 de 1996 y C-827 de 2001 se plantearon unos argumentos comunes en los siguientes términos:

En ese orden de ideas, la Corte ha expresado que “entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no solo afecta un derecho tan fundamental como la libertad, sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no solo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial —como los servidores públicos— o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal.

”Así, se ha expresado, en forma reiterada, que i) la potestad sancionadora como potestad propia de la Administración es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines, pues ii) permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la Administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos y iii) constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas”267.

Aquí, los argumentos para sustentar las diferencias entre el ámbito penal y el sancionador administrativo se apoyaron, en primer término, en el tipo de sanción para imponer, es decir, en la consideración de que el derecho penal puede afectar la libertad de las personas, en tanto el derecho administrativo sancionador no puede afectar la libertad física.

En segundo término, se fundamentaron en que el derecho penal está dirigido a todas las personas, mientras que el derecho administrativo sancionador, por su parte, opera en ámbitos específicos, ya que se aplica a personas que están sometidas a una relación de sujeción especial, y por último, se sostuvo que el derecho administrativo sancionador está dirigido a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas. En la Sentencia C-506 de 2002 se planteó:

Para la Corte es claro que la imposición por la Administración de sanciones por el incumplimiento de deberes tributarios es actividad típicamente administrativa y no jurisdiccional. Aunque desde un punto de vista conceptual pueda parecer difícil distinguir entre la actividad sancionatoria en cabeza de la Administración y la actividad sancionatoria jurisdiccional, lo cierto es que una y otra acusan diferencias no solo normativas, sino también sustanciales: en cuanto a las primeras, puede decirse que en el proceso sancionatorio administrativo se juzga el desconocimiento de normas relativas a deberes para con la Administración y no de estatutos penales propiamente tales, y que en él está descartada la imposición de sanciones privativas de la libertad. Además, la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta a control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Ahora bien, la jurisprudencia también ha establecido diferencias sustanciales con base en los distintos fines que se persiguen en cada caso: la actividad sancionadora de la Administración persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo 209 de la carta (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), al paso que la actividad jurisdiccional en lo penal se orienta a la preservación de bienes sociales más amplios y a la consecución de fines de tipo retributivo, preventivo o resocializador268.

En esta oportunidad la Corte Constitucional reiteró que el fundamento de las diferencias sustanciales entre las infracciones penales y administrativas se hallaba en los fines perseguidos, pues se sostuvo que la actividad sancionadora administrativa procuraba la realización de los principios constitucionales que gobernaban la función pública a los que aludía el artículo 209 de la Constitución, mientras la actividad sancionadora penal se orientaba a la preservación de bienes sociales más amplios y a la consecución de fines retributivos, preventivos o resocializadores. En esta providencia se intenta hacer una distinción entre las diferencias normativas y las sustanciales en los dos ámbitos sancionadores. En la Sentencia C-616 de 2002 se afirmó:

La potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente de la potestad punitiva penal. Con la potestad punitiva penal, además de cumplirse una función preventiva, se protege “el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente”, mientras que con la potestad administrativa sancionatoria se busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales. La Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la Administración es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones269.

Puede observarse cómo en esta providencia se retoman los argumentos que parten de la identificación de las diferencias sustentadas en la función preventiva para la protección del orden social colectivo, de la potestad punitiva penal, mientras que se considera que la potestad administrativa sancionadora tan solo busca garantizar la organización y funcionamiento de las diferentes actividades sociales y que la Administración es un medio para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado. Por su parte, en la Sentencia C-530 de 2003 se expresó:

[…] entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias importantes. Así, el derecho penal no solo afecta un derecho tan fundamental como la libertad, sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no solo no afectan la libertad física u otros valores de tal entidad, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, actividades o profesiones que tienen determinados deberes especiales. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero operan con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal270.

Se da cuenta en esta providencia de la reiteración de los mismos argumentos expresados en las providencias anteriores. Por su parte, en la Sentencia C-595 de 2010, la Corte Constitucional compiló gran parte de los fundamentos teóricos en los cuales ha apoyado su doctrina al respecto. Allí se expresó:

El ejercicio del poder punitivo del Estado se manifiesta generalmente por la vía administrativa y la vía judicial penal. Las distinciones entre una y otra radican en los objetivos, particularmente en los bienes jurídicos materia de protección.

La potestad sancionatoria penal propende por [sic] la garantía del orden social en abstracto —bienes sociales más amplios—; la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores; y presenta un mayor grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria administrativa al buscar primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la Administración, y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad271.

En esta providencia la Corte reitera el argumento de la existencia de diferencias sustanciales entre la infracción administrativa y el delito a partir de los bienes jurídicos objeto de protección, y sobre todo, de la finalidad buscada con el ejercicio de la potestad punitiva en cada ámbito.

70. Otro de los argumentos aducidos parte de la idea de que los delitos implican la violación o afectación de derechos privados o estatales, en tanto que la infracción administrativa no requiere ser antijurídica, por no estar vinculada al concepto de lesión. Frente a esta tesis, puede discutirse que en efecto los delitos implican la afectación de derechos de esa naturaleza pero que las infracciones administrativas no son ajenas a tal posibilidad, pues en realidad, con su establecimiento se busca la protección de auténticos bienes jurídicos, como ocurre con los derechos colectivos, que en gran medida pretenden ser protegidos en el campo del derecho administrativo sancionador, tal como sucede con el tema ambiental. De igual forma, ciertas infracciones de tránsito protegen bienes jurídicos de carácter individual, como la disposición que exige la utilización del cinturón de seguridad o el casco protector para los motociclistas, disposiciones que sin duda buscan la protección del bien jurídico de la vida por medio del derecho administrativo sancionador.

71. También suele apoyarse tal concepción en la idea de que los delitos implican un especial juicio de desvalor ético, mientras que lo ilícito administrativo se agota en la mera desobediencia a las normas administrativas. Los delitos son mala in se; las infracciones administrativas son mala quia prohibita. La debilidad de esta tesis272 radica en el hecho de considerar que las conductas reprochables desde el punto de vista administrativo no pueden llegar a merecer un juicio de valor ético-social, lo cual constituye, cuando menos, una limitada visión del problema, pues como advierte Roxin, “las contravenciones al derecho de la circulación, en gran parte y aunque sean infracciones de peligro abstracto, protegen la vida y la salud, por lo que quien excede la velocidad máxima o circula por la izquierda no está realizando una acción irreprochable éticamente”273, o como lo expone Gómez Tomillo, la vulneración de normas de seguridad e higiene en el trabajo en sectores como el farmacéutico, alimentario, laboral o ambiental no puede considerarse un comportamiento éticamente neutro274, ni tampoco lo es la realización de una infracción de tránsito como conducir bajo los efectos del licor275. Por ello, en este último ejemplo no podría decirse que desde el punto de vista penal existe un reproche ético-social y desde el punto de vista administrativo sancionador no.

Por otra parte, y como lo hace ver García Amado, esta termina por ser la justificación perfecta para que un Estado se superponga a los ciudadanos y castigue su comportamiento como le plazca276, lo cual sin duda se convierte en una justificación arbitraria, solo explicable en el contexto histórico en el que se presentó en los siglos XVIII y XIX, pero de inadmisible presentación en la actualidad. Sobre este particular aspecto, expresa Zaffaroni:

Cuando se volvió confusa la distinción entre el derecho penal y el administrativo, con la intención de hacer avanzar el segundo sobre el primero, se apeló a la existencia de un injusto penal cualitativamente diferente del contravencional, echando mano de todos los autores que habían pretendido establecer diferencias ónticas entre delito y contravención, aunque no postulasen la naturaleza administrativa de las últimas, en definitiva, la consecuencia práctica de esta discusión terminaba en la potestad jurisdiccional de la policía y de funcionarios y de tribunales administrativos, es decir, en la asignación de competencia jurisdiccional al poder ejecutivo y a sus funcionarios. Es curioso que para ellos se pretendiese incluso invocar a Feuerbach, que consideraba contravenciones a los que hoy son delitos de peligro. En este enorme esfuerzo doctrinario para legitimar institutos monárquicos dentro de un marco republicano no se ahorró la apelación a autores clásicos y, en definitiva, se sostuvo que las infracciones al orden administrativo son un injusto éticamente indiferente, o bien que son delitos de creación política, es decir, choques contra puras leyes positivas277.

Se subraya que este autor reprocha con contundencia las tesis que con argumentos como los citados sostienen la existencia de diferencias cualitativas entre la infracción administrativa y el delito, expresando que la única diferencia es de tipo cuantitativo278.

72. También se fundamenta la diferencia en que la infracción penal da lugar a la intervención de la función pública jurisdiccional; por su parte, la infracción administrativa daría lugar a la intervención de la función pública administrativa. Esta diferenciación resulta apenas obvia e indiscutible, pero claro está, no es de carácter sustancial, puesto que en últimas dependerá de la ley y no de la naturaleza intrínseca de la infracción si el tratamiento que se le llega a dar al infractor es de naturaleza penal y por ende se desarrolla en el marco de la función jurisdiccional, o por el contrario, si es calificada como administrativa, y será la función administrativa, en consecuencia, el campo en el que se desarrolle el tratamiento para el infractor.

73. También se dice que la transgresión de la infracción penal es mucho más grave que la transgresión de la infracción administrativa, de lo que se derivaría también que la sanción penal fuera más grave que la sanción administrativa. En términos generales podría considerarse válida tal afirmación, pues cierto resulta que por norma general la transgresión de la normativa penal es mucho más grave que la transgresión de la normativa administrativa, no solo por el tipo de sanción que podría imponerse, sino por los efectos que desde el punto de vista social le puede acarrear al infractor.

Empero, este tema debe ser mirado con cautela por tres razones fundamentales: la primera es que esta diferencia no es sustancial u ontológica, pues se finca en la consecuencia de la infracción y no en la infracción misma, lo que se justifica por cuanto en últimas le corresponde al legislador determinar la calificación de la infracción como administrativa o penal, y en consecuencia, la determinación de la sanción que habrá de imponerse. Es decir, esta diferencia no es sustancial, sino normativa.

La segunda consideración se relaciona con el hecho de que la gravedad o levedad de la transgresión de la norma implica una valoración subjetiva, lo que conduce a un contexto de posibilidades en el cual puede darse que para algunos, en ciertas circunstancias, sea más grave la sanción desde el punto de vista administrativo que desde la perspectiva penal.

Ahora, frente a la gravedad de las conductas que son objeto de reproche punitivo, se reitera que en últimas será el legislador quien definirá de acuerdo con los tiempos y los cambios sociales a qué conductas les dará tratamiento penal y a cuáles no. De lo que se deriva que esta diferenciación no es sustancial.

74. Se ha dicho que la potestad sancionadora penal propende a la garantía del orden social en abstracto —bienes sociales más amplios—, la búsqueda de fines retributivos, preventivos y resocializadores, mientras que la potestad sancionatoria administrativa busca garantizar la organización y el funcionamiento de la Administración y cumplir los cometidos estatales, así como cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados en la norma. Este argumento resulta bastante ambiguo: ¿qué es eso de bienes sociales más amplios? La respuesta resulta compleja porque partiría de la aceptación de la existencia de bienes sociales menos amplios o restringidos. ¿Acaso tal consideración se relaciona con derechos o intereses colectivos? ¿Con derechos regulados en normas de carácter general? ¿Con bienes jurídicos tutelados en beneficio del Estado? ¿Cuál sería la frontera entre bienes sociales más amplios y bienes sociales menos amplios?

Todas esas interrogantes denotan la complejidad del tema y la falta de claridad en los argumentos, puesto que por regla general el derecho administrativo sancionador también propende a la garantía del orden social en abstracto ya que, en la mayoría de los casos, los destinatarios de dicha normativa son las personas en abstracto y no un grupo de ellas, como ocurriría con los eventos en los que aplican las relaciones de sujeción especial. ¿Acaso la normativa de tránsito no está dirigida a garantizar el orden social en abstracto al igual que la normativa ambiental o la urbanística?

El segundo argumento esbozado parte de una diferencia teleológica, que según se concluye, utiliza como contexto de comparación el derecho disciplinario pero no el derecho administrativo sancionador en abstracto, porque considera que la potestad sancionatoria administrativa busca primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la Administración, olvidando que en abstracto tal potestad lo que busca en últimas es garantizar el control social para la convivencia y coexistencia pacífica y segura.

75. Hay quienes aseguran que la diferencia radica en el hecho de que los punibles de carácter criminal estén dirigidos a la reinserción del delincuente a la vida social, mientras se considera que las de carácter administrativo no cumplen la función de buscar reconducir la conducta del infractor. Según este argumento, la función punitiva desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador sería solamente retributiva, olvidando, como ya se advirtió, que tiene entre sus propósitos generales la prevención de la conducta infractora y también de manera eventual la “reinserción” del infractor en la vida social, claro está, de otra manera, porque en este campo él no fue excluido del contexto social desde el punto de vista físico, como ocurre cuando es privado de la libertad, dimensión desde la cual se suele abordar el tema de la resocialización.

O acaso ¿qué es la pedagogía en materia contravencional de tránsito y qué papel cumple? La respuesta obvia es que se tratará de reconducir la conducta del infractor para que no vuelva a infringir la normativa, para realizar una labor educativa, si se quiere, que no será en estricto sentido resocialización o reinserción en la sociedad, puesto que como se dijo, no ha sido aislado de ella, pero que se le parece mucho en cuanto a sus fines.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.

Yaş sınırı:
0+
Litres'teki yayın tarihi:
22 ekim 2025
Hacim:
514 s. 7 illüstrasyon
ISBN:
9789587903683
Telif hakkı:
Bookwire
İndirme biçimi: