Kitabı oku: «Velasco y la prensa 1968-1975»

Los medios informativos en 1968

¿Cuántos diarios, revistas, emisoras de radio, de televisión, encontraron los militares del 68? ¿Quiénes eran los propietarios, sus empresas, sus intereses? ¿Qué partidos políticos o ideología apoyaban o sostenían?

¿Contamos con material para dar respuestas a estas interrogantes que serán importantes para la comprensión, o explicación, de los severos adjetivos que el presidente Velasco dirigió principalmente a los diarios, y de las réplicas y argumentos contrarios?

Deberíamos acompañar a la historiadora mexicana Celia del Palacio y sus colegas (2006): «Un grupo cada vez más amplio de investigadores nos hemos dedicado al estudio sistemático de los periódicos, saltando las barreras de la descripción, a fin de poder adentrarnos en las entrañas de sus procesos de producción, sus soportes económicos, formales e ideológicos con el objeto de saber por qué y cómo publicaron lo que publicaron, por qué callaron lo que no fue impreso, por qué aparecieron y desaparecieron en un determinado momento y por quiénes y para qué fueron leídos».

En nuestro medio tenemos pocos, pero importantes estudios que han avanzado más allá de la descripción, como reclama la historiadora. Así, para la historia de los medios audiovisuales están, entre los principales, los trabajos de Luis Rocca Torres (1975), Fernando Vivas (2001) y Emilio Bustamante (2012), sobre telecomunicaciones, televisión y radio, respectivamente.

Y en el periodismo diario, en lo referente al siglo XX, podemos revisar textos de María Mendoza Michilot (2013), Juan Gargurevich (1972, 1977, 1987, 1991, 2003), Luis Peirano (1978) o Dennis Gilbert (1982), entre otros. Hay, por supuesto, publicaciones en revistas académicas que son fáciles de ubicar en internet.

Muchos medios informativos han escrito su propia historia, como es el caso del diario El Comercio de Lima. Carlos Miró Quesada Laos, primero, y luego el historiador Héctor López Martínez nos han ofrecido versiones de parte que contrastan con otras interpretaciones sobre el comportamiento del diario en coyunturas determinadas. La familia propietaria ha publicado varios libros de elogio a sus miembros.

Si el estudioso desea, finalmente, acceder a los diarios como fuente primaria para examinar sus posiciones editoriales, contamos con varias hemerotecas valiosas, como las de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la República, el Instituto Riva Agüero, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras menores, pero también importantes, como el Centro de Estudios Histórico-Militares.

El Comercio, fundado en 1839, y el diario oficial El Peruano, en 1825, son los únicos periódicos que conservan su colección completa desde su fundación. Pero en la mayoría de los libros y colecciones de periódicos no están todas las respuestas a nuestras preguntas iniciales. Hay que recurrir entonces a los historiadores, economistas, sociólogos y profesionales que han utilizados los medios, en especial la prensa impresa, como fuentes secundarias y en ocasiones incluso primarias, debido a la falta de documentación o de acceso a archivos. Tales son los casos de Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Alberto Tauro del Pino o Pablo Macera, entre los principales, que publicaron textos de historia en los que se pueden traslucir conductas editoriales que influyeron en episodios recogidos como relevantes por la historia.

La otra prensa

A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX circuló con fuerza una nutrida prensa proletaria, anarquista, anarcosindicalista y sindical, con publicaciones que trataron de difundir información e ideas que eran imposibles de divulgar en la prensa diaria, por entonces muy politizada y partidaria.

La Idea Libre (1900), El libre pensamiento (1896), Los Parias (1904), Germinal (1904), Redención (1905), La Protesta (1911), El Oprimido (1907) y muchas otras trataron de independizarse de las imprentas industriales y organizaron métodos de recaudación de fondos. Así, los Luchadores de la Verdad, que editaban La Protesta, convocaron esfuerzos para comprar la imprenta Proletaria y lograron su propósito. En las nuevas instalaciones fue impreso también El Obrero Textil.

Guillermo Sánchez Ortiz (1987), estudioso de ese esfuerzo, apunta la reacción empresarial: Como era de esperarse, toda acción que apunta a la conquista y bienestar de los trabajadores habría de provocar el rechazo total de los sectores dominantes. Desde La Crónica y La Prensa, dos de sus principales voceros, trataron de minar el reciente auge con una propaganda malsana con la que no hacían otra cosa que exteriorizar sus sentimientos de clase.

José Carlos Mariátegui fue uno de los que comprendió temprano que para que los trabajadores se organicen a mayor nivel, no eran suficientes las revistas: había que editar un diario. Y así nació La Razón, en 1919, que alcanzó a circular varios meses, apoyando campañas obreras y estudiantiles hasta verse obligado a cerrar por presión del segundo gobierno de Augusto B. Leguía, quien derrocó a José Pardo mediante un golpe militar-civil, y se convirtió luego en un autoritario dictador civil, igualmente derrocado luego de once años (Gargurevich, 1977).

Mariátegui partió a Italia ese mismo año de 1919, y al volver a Lima persistió en la importancia de la divulgación mediante la prensa. En 1923, todavía acompañando a Víctor Raúl Haya de la Torre, editó el periódico Claridad, con poca fortuna. Luego lanzó la famosa revista Amauta, en 1926, y después Labor, en 1928, como animador de las organizaciones obreras.

Su meta, sin embargo, era fundar un diario, como lo afirma en un texto publicado en 1924: «Un diario será el más poderoso instrumento de propaganda de los ideales proletarios. Ninguna gran organización obrera ha podido desarrollarse en ninguna parte del mundo mientras no ha dispuesto de una hoja diaria»1. Su temprana desaparición privó a los trabajadores del diario que ansiaba editar.

Las visiones críticas

Siempre hubo críticas severas a los diarios por sus visiones interesadas y estrechas dictadas por la política y por los intereses de los propietarios. Por ejemplo, el famoso librepensador Manuel González Prada reunió en 1908 una serie de artículos publicados en periódicos obreros al que tituló Horas de lucha. Este libro incluía el breve ensayo «Nuestro periodismo», en el que opina sobre los diarios con dureza inusitada para la época, sobre todo proviniendo de un personaje lejano a las clases obreras: «Los males causados por la falta de sinceridad y honradez resaltan en los diarios de Lima, casi todos sin opiniones fijas ni claras, defensores sucesivos del pro y del contra, apañadores de los más odiosos negociados fiscales, voceros de bancos, empresas de ferrocarriles, compañías de vapores y sociedades en que impera el agio y el monopolio […]. Van donde el negocio les llama, habiendo tenido la imprudencia de afirmar que el periodismo no es una cátedra sino una empresa industrial».

No han faltado acusaciones personales, como la de José Pardo Castro, quien fuera jefe de redacción de El Comercio por dos décadas y fue despedido sin contemplaciones. En 1961 publicó Amos y siervos en El Comercio, La historia negra de los Miró Quesada en sus relaciones con los periodistas, en el que recrimina duramente a los Miró Quesada, administradores y propietarios del diario, y provocó sorpresa en el medio.

Durante años la prensa no diaria de izquierda criticó a los diarios de Lima, pero la escasa circulación y la constante acusación de comunista a quien osara indagar o denunciar desanimó a muchos. Sin embargo, no fue el caso de Carlos Malpica Silva Santisteban, político, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) e investigador, que en 1964 publicó el texto Los dueños del Perú como anexo del libro Guerra a muerte al latifundio, un proyecto de su partido para una reforma agraria.

Dos años más tarde el texto se publicó como libro con gran éxito de ventas. Tomando como base otros estudios, como los de Bravo Bresani (1968, 1969), sistematizó la presencia e influencia de los grupos de poder. En la segunda sección de su análisis se refirió al control de la opinión pública, para lo cual describe a las agencias noticiosas; las agencias de publicidad y sus relaciones con los principales diarios, revistas, canales de televisión y radio; los propietarios de los principales medios de comunicación de masas; y otras formas mediante las cuales los países imperialistas ejercen influencia sobre la opinión pública:

De los diarios capitalinos, con circulación nacional y por ende los más importantes del país, sus propietarios son los siguientes:

De La Prensa y Última Hora, Pedro Beltrán Espantoso y un grupo de agrarios, mineros e industriales. Siempre defienden la «libre empresa», la libertad de cambio, y son enemigos declarados de las empresas estatales y de las nacionalizaciones. Básicamente representan los intereses de los exportadores.

El Comercio pertenece a la familia Miró Quesada, casi siempre tiene una línea nacionalista y es partidario de las empresas estatales y del control de cambio. Es el baluarte fundamental en la campaña por la nacionalización de los campos petrolíferos de La Brea y Pariñas, detentados ilegalmente por la International Petroleum Company.

Expreso y Extra fueron originalmente creados y controlados por Manuel Mujica Gallo, rico hacendado costeño. En años recientes se reorganizó la empresa siendo el principal accionista Manuel Ulloa, presidente del directorio de Deltec Banking Corporation, una de las tantas organizaciones financieras de la familia Rockefeller. Los otros accionistas son grandes empresas comerciales e industriales, pertenecientes a dos grupos: el denominado «carlista» formado por adinerados amigos del presidente Belaunde, y el grupo de los «jóvenes», agrupados en la entidad titulada «Acción para el Desarrollo».

La Crónica, con dos ediciones, pertenece a la familia Prado, dueños de uno de los bancos más importantes (Popular), compañías de seguros, fábricas de cemento, textiles y muchas otras industrias e inversiones inmobiliarias, así como una refinería de petróleo, vinculada con capitales imperialistas.

Correo es de propiedad de Luis Banchero, el magnate pesquero, quien además posee una cadena de diarios de provincias con el mismo nombre (Tacna, Piura, Huancayo y Arequipa) y varias revistas especializadas, como «Íntima».

La Tribuna, el diario oficioso del Partido Aprista, grupo político que nació antiimperialista y marxista y devino en pro-yanqui.

Mencionó Malpica también los diarios de la cadena de La Industria en Piura, Chiclayo y Trujillo, de la familia Cerro Cebrián. De las revistas opinó que Oiga y Caretas eran «bastante más objetivas que los diarios». Y agregó más adelante:

Conociendo el nombre de los propietarios de los principales diarios, cadenas de televisión y radioemisión, es fácil explicarse el control casi absoluto que los grandes intereses económicos y extranjeros —especialmente estadounidenses— ejercen sobre los medios de comunicación de masas. La plena libertad de prensa e información solo existe en el enunciado constitucional: la realidad muestra a cada instante que los únicos usufructuarios de la libertad de prensa son los directivos de las grandes empresas y —hasta cierto punto— los dueños y directores de diarios, revistas y otros medios de información.

Las advertencias presidenciales

Desde el inicio de su gobierno, el general Velasco Alvarado no ocultó su animadversión a la prensa diaria que criticaba las decisiones del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, también desde el comienzo del proceso. Y es fácil comprobarlo revisando los discursos, conferencias de prensa y testimonios posteriores y memorias de ministros o allegados. Augusto Zimmermann escribiría varios años después:

En los primeros días del mes de junio de 1974 el general Velasco me llamó a su despacho y me dijo:

—Estoy pensando en proponer al gabinete que el 28 de julio se dé a publicidad al Plan Inca. Pero ahí hay una partecita que tú no conoces.

Abrió su escritorio y extrajo un documento con el sello de SECRETO. Era el original del Plan de Gobierno. La única copia era guardada por el general Graham en una caja fuerte del comité de asesoramiento de la presidencia.

Agrega el secretario de prensa que el presidente leyó en voz alta la parte referida a la prensa y luego le contó que plantearía el tema al gabinete de ministros para formar una comisión mixta, esto es, de militares y civiles, a fin de que propusieran el destino de los diarios, el sistema que los convertiría en democráticos y los haría de propiedad social.

Es verdad que se divulgó el Plan Inca, pero no parece verosímil que permaneciera secreto desde el principio, desde octubre de 1968, porque ya para entonces, mediados de 1974, una serie de señales y rumores indicaban que las principales empresas periodísticas pasarían a ser controladas por el gobierno. Lo que no se sabía, porque no existía, era la resolución final.

En el primer aniversario de la toma del poder, y en el mensaje a la nación del 3 de octubre de 1970, el presidente arremetió contra los adversarios del proyecto, reclamando comprensión, denunciando abusos en referencia a la reforma agraria e insistiendo en que la revolución se estaba haciendo sin costo de vidas. Y al reprochar duramente a sus críticos no olvidó a la prensa, con frases que vale la pena reproducir:

Inclusive, pareciese que más allá de nuestras fronteras, se aquilata mejor la significación histórica de este gran movimiento revolucionario del Perú. Porque algunos periódicos, algunos de nuestros ‘honrados’ y ‘objetivos’ periódicos criollos, creen que es honrado y objetivo ocultarle al pueblo lo mucho y lo bien que se habla hoy del Perú en el mundo. Pero no importa. Día vendrá en que aquí se sepa cuánto y con cuanta perfidia ocultaron la verdad los dueños de ese periodismo cuya única preocupación es la defensa de inconfesables intereses y un malévolo sensacionalismo. Y todo esto, bajo el manto piadoso de una pretendida libertad de prensa tras la cual se oculta un turbio mundo de apetitos fariseos y de insidia, cuando no de calumnia cotizable.

Las acusaciones presidenciales abarcaron también a las agencias de prensa internacionales, y en cuanto a los periodistas, dejó a salvo a «la inmensa mayoría de los periodistas peruanos, que no son responsables de la línea de acción que impone la mayor parte de los propietarios de los medios de prensa».

En resumen, del discurso que duró varias horas, citamos al propio general Velasco: «Sabemos que frente a la revolución hay una conjura tenebrosa manejada por elementos externos, que persigue detener el proceso de cambio en el Perú».

Pocos días después, el 8 de octubre, en la plaza central de su Piura natal, dio otro mensaje en el que insistía en el tema de la prensa subversiva: «Hemos dicho que los medios de comunicación, que la prensa, en su gran mayoría, han representado siempre círculos de interés de la oligarquía; y es la verdad».

Al día siguiente viajó a Talara para celebrar la toma de los yacimientos, en lo que se llamó a partir de entonces «Día de la Dignidad Nacional», y allí dijo, entre otras cosas: «Cipayos en el periodismo, cipayos en la política, se unieron en una verdadera subasta de conciencias para servir a los intereses de la International Petroleum Company y traicionar a la patria […] el Gobierno Revolucionario rinde patriótico homenaje a esa minoría ilustre de diarios, de revistas y hombres, que valerosamente resistió todas las presiones, todos los silencios, todas las amenazas».

Menos de un año después, dirigiéndose a oficiales en retiro, el 3 de marzo de 1970, insistió en sus denuncias y sobre el periodismo: «Día a día los grandes y ‘objetivos’ periódicos limeños reproducen artículos y comentarios publicados en la prensa reaccionaria y proimperialista de otros países, atacando al Perú y a su gobierno en base a la mendaz acusación de que está sujeto a una inventada influencia extremista».

La novedad esta vez es que incluyó en la crítica a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), «institución que representa a la reacción periodística de América Latina y a los grandes intereses del imperialismo económico». La SIP se convertiría más adelante en el más importante organizador de la presión periodística internacional contra las decisiones del gobierno militar respecto de los medios de comunicación.

El 28 de Julio de 1970, aniversario patrio, justificó la primera medida importante sobre el periodismo, el Estatuto de la Libertad de Prensa, de diciembre de 1969: «Cumplimos seis meses de la aplicación de ese dispositivo legal, sin embargo, resulta evidente a todos los peruanos que era falsa la acusación de que el Estatuto constituía un instrumento represivo. Hoy todo el Perú es testigo de que aquí existe la más completa libertad de expresión oral y escrita».

Citaremos, finalmente, en esta parcial recolección del pensamiento velasquista sobre la prensa, frases del discurso de conmemoración del segundo aniversario de la toma del poder, del 3 de octubre de 1970:

Constantemente los periódicos reaccionarios llenan sus páginas de mentira y de insidia. Detrás de quienes así escriben se mueven la mano y el dinero de la vieja oligarquía que nosotros arrojamos del poder […]. Los periódicos reaccionarios han desatado una intensa campaña contra el Gobierno de la Fuerza Armada. ¿Qué son esos periódicos? ¿Son como ellos dicen, ‘órganos de expresión’? ¿Voceros de la opinión pública? ¡No! Son solo propiedad e instrumentos de círculos económicos de la oligarquía arrojada del poder. No representan ni los intereses, ni el pensamiento, ni los deseos del pueblo peruano. ¿Quién las ha dado el derecho de hablar en nombre del país? ¿Quién los ha designado portavoces de las mayorías?

Los medios de comunicación masiva estaban en la agenda militar desde los tiempos de la conspiración que culminaría con el derrocamiento de Belaunde Terry. Para reforzar la afirmación, debemos agregar que en términos parecidos al presidencial se pronunciaban con cierta frecuencia ministros importantes. El problema, repetimos, era la forma de abordar el tema más allá de los dispositivos legales que fueron promulgando quizá creyendo que una ley de prensa, el Estatuto de Prensa de 1969, intimidaría a las empresas y sus leales periodistas.

La reforma de la educación

Una distinguida académica francesa preparó un interesante informe para la Unesco sobre la reforma de la educación: «Aunque las Fuerzas Armadas tomaron el poder en 1968, e iniciaron diversas transformaciones radicales dentro del país, la orientación general de la reforma educativa no pasó a ser del dominio público hasta el año 1970. El complejo total de reformas se había concebido como una necesidad social y un rasgo fundamental de los cambios estructurales que habían de efectuarse» (Bizot, 1976).

La Ley General de Educación fue promulgada recién en 1972 y provocó un intenso debate que debió quizá suscitarse cuando se publicó en 1970 el informe general sobre la reforma educativa, redactado por un numeroso equipo de especialistas dirigido por Emilio Barrantes, Walter Peñaloza y Augusto Salazar Bondy, quizá el más influyente del grupo (Salazar Bondy y otros, 1970).

El informe proponía numerosos cambios sustantivos y novedosos en la educación, pero recogemos ahora solo los que afectarían más adelante a los medios masivos de información, como por ejemplo la extensión educativa, que fue definida como «acciones, dentro y fuera del ámbito escolar, que impulsan el proceso de educación permanente de la población nacional, a nivel de concientización, actualización de los conocimientos y enriquecimiento de los recursos estimativos y expresivos. Dichas acciones de apoyo provienen, entre otros, de los siguientes sectores: cultural, cooperativo, familiar, laboral, religioso, deportivo, etc.».

Leamos parcialmente la sección titulada «Comunicación educativa y medios de comunicación colectiva»:

Dentro de los múltiples elementos que deben ser utilizados para las acciones de extensión educativa, adquieren especial importancia todos los medios de comunicación colectiva y entre ellos particularmente la radio y la televisión, que tienen un poder persuasivo extraordinario, tal vez mayor del que corresponde al periodismo escrito y con un alcance no limitado al sector alfabetizado.

La conciencia de este poder y la necesidad de usarlo cautelando el interés social son causas de que en casi todos los países del mundo la radio y la televisión sean actividades no operadas como empresas comerciales ordinarias.

En los países subdesarrollados es aún más importante que en los países desarrollados el cautelar el empleo de estos medios de comunicación colectiva con finalidad social, porque son los que más pueden influir en forma decisiva en la capacitación de los recursos humanos y, por tanto, en la aceleración del desarrollo.

Luego, el informe señala que en el Perú los medios operan con fines de lucro, con poca participación estatal en los contenidos. Finalmente, el informe propone acciones:

Para lograr la eficacia de las acciones de la extensión educativa es indispensable asegurar el buen uso de los medios de comunicación colectiva, o sea que no basta tener acceso a ellos a través de unos cuantos espacios cedidos por las emisoras comerciales en horarios más o menos convenientes. Es absolutamente necesario tener poder de decisión en lo que se refiere a contenidos, a fin de que los medios de comunicación colectiva no destruyan lo que pretende construir el nuevo sistema educativo.

[…]

La convicción de que el sistema educativo es factor fundamental del desarrollo nacional e instrumento de desalienación de nuestro pueblo debe orientar el contenido de los programas de actividades educativas, tanto de aquella que se llevan a cabo en los centros educativos propiamente dichos, como de aquellos que se realizan a través de los medios masivos de comunicación. En ambos casos debe realizarse una adecuada labor de concientización2.

Propusieron, además, fundar un instituto nacional de extensión educativa y cultura para desarrollar programas de «concientización, cultura y actualización de conocimientos».

Este proyecto, como se sabe, fue aplicado por la ley general de telecomunicaciones, mediante la cual el gobierno intervino las empresas de televisión de Lima y las emisoras de radio que consideraron importantes para sus fines, según veremos adelante. Pero no tocaron a la prensa, que todavía para entonces seguía en discusión.

La controvertida ley general de educación, de marzo de 1972, incluyó también el tema de la extensión educativa, pero dado que las telecomunicaciones habían sido ya intervenidas, no abundó en los detalles del informe. Citó como objetivos suscitar en cada miembro de la comunidad peruana un espíritu crítico que permita su desarrollo persona, promover la cultura nacional, etcétera. Y en el artículo 239 de la ley expresó, cautamente: «Para sus acciones propias, la extensión educativa dispondrá del apoyo adecuado de los medios de comunicación colectiva, particularmente la televisión, la radio, el cine, el teatro y la prensa, de conformidad con las disposiciones legales vigentes».

Hubo todavía más indicios cuando se divulgó como libro el Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975, en el que se lee, en la parte de Transportes y Comunicaciones, que se considera: «Reforzar e incrementar la participación del Estado en la presentación de servicios de radio y televisión dirigidos básicamente a los fines educacionales, culturales y artísticos» y agrega «reservar para uso exclusivo del Estado determinadas frecuencias de radiodifusión y canales de televisión» (Instituto Nacional de Planificación, 1971-1972).

La televisión y la radio

En el último semestre de 1971, el diario Expreso, ya en manos de sus trabajadores, acompañado de La Crónica, acentuó su crítica a la televisión, acusándola de alienante y reclamando su control.

La respuesta la asumió La Prensa, que al acercarse la fecha prevista hizo por lo menos veinte notas en su página editorial, destacando la que alertaba sobre el presunto futuro monopolio:

¿Qué razón puede justificar el monopolio por el Gobierno de todos los medios de radio y televisión? El Estado tiene todos los recursos dentro del sistema hoy existente para hacer respetar en los programas los principios de patriotismo, moralidad y los demás valores de interés social, sin necesidad de implantar monopolio alguno para tal fin. El Estado cuenta con emisoras propias de televisión y radio. Nada impide que Canal 7 de Televisión se convierta en una gran emisora y que realice los debates sobre los grandes problemas nacionales, o cualesquiera otras clases de programas que se considere necesarios. ¿Qué necesidad hay entonces de establecer un monopolio?3

En octubre, la nueva de que pronto la televisión sería intervenida era nuevamente un secreto a voces, a tal punto que solo dos días antes el ministro de Educación, general Alfredo Carpio Becerra, declaró a los periodistas que la ley de telecomunicaciones «saldrá cuando menos piensen […] porque en todas partes debe haber educación, y para que haya educación fuera de los ámbitos de la escuela necesitamos medios de comunicación adecuados». Y el ministro de Guerra, general Montagne, puntualizó que «estará lista posiblemente el próximo martes»4.

El día 9, ya conociendo seguramente hasta detalles de la ley, el presidente de la Asociación Nacional de Radioemisoras del Perú (ANRAD) publicó en varios diarios un gran aviso titulado «Radio y TV rechazan calumnias de Expreso y reafirman confianza en gobierno», planteando sus puntos de vista ante lo que creían sería un monopolio de la radiodifusión y expresando confianza en que el Gobierno no caería en el error de intervenir los medios, afirmando que «la radiodifusión es íntegramente peruana desde su nacimiento y rechazamos airadamente los infundios y bajezas que pretenden suponernos al servicio de intereses extranacionales»5.

Finalmente, aquella noche del 9 de noviembre de 1971 la Policía Fiscal ingresó sin problemas a locales de empresas de radio y televisión de Lima para cumplir con los decretos supremos que expropiaban la mayoría de sus acciones, decisión que acompañaba a la promulgación de la nueva ley general de telecomunicaciones.

El decreto 026-71-TC expropió el 51% de Teledós (Canal 2), Panamericana Televisión (Canal 5), Compañía Peruana de Radiodifusión (Canal 4), Bego Televisión (Canal 11) y Radio Continental, de Arequipa.

El otro Decreto, 025-71-TC, expropió solamente el 25% de Radiodifusora Victoria, Radiodifusora Reloj, Empresa Difusora Radio Tele, Radio Disco, Empresa Radiodifusora Excelsior, Radio Atalaya, Promotora Siglo XX Radio El Sol, Emisoras Populares, Emisoras Nacionales, advirtiendo en el mismo decreto que se podría extender la expropiación hasta el 100%. Un año más tarde, mediante el decreto 026.72-TC, se ordenó la expropiación del 100% de las acciones de Radio Atahualpa (Cajamarca), Radio Andina (Huancayo), Radio Juliaca (Juliaca) y Radio La Voz del Altiplano (Puno).

Al anunciar la nueva ley que regiría a su sector, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, general Aníbal Meza Cuadra, hizo una severa crítica al sistema que ahora se pretendía regular:

La Ley de Telecomunicaciones pone al alcance del Perú el servicio y la importancia de los medios modernos de comunicación masiva, destinados a cumplir un rol social y no de privilegio particular. Medios que deben contribuir al proceso de desarrollo del país y no a frenarlo en beneficio de unos pocos.

Respondiendo a las críticas sobre monopolios y recorte de la libertad de expresión que habían precedido la decisión, el ministro dijo en su discurso:

Si estos son, en último análisis, los fines que persigue la ley de telecomunicaciones, ¿por qué la preocupación y las angustias de quienes hasta ayer fueron los únicos dueños de estos medios? Si su funcionamiento ha sido correcto, si todos los peruanos tenemos como único ideal servir a nuestra patria ¿cuál es el temor o la preocupación de que el Estado se asocie con ellos? ¿Acaso las empresas no buscan al Estado para asociársele, ya que es conocido que su presencia es aval, respaldo económico y garantía de pago? ¿Por qué tanta agitación cuando el Estado ha decidido colaborar en la tarea de educación que dicen vienen cumpliendo, y en la cultura del pueblo peruano?

Luego de citar cifras que probaban la fuerte concentración de radioemisoras en pocas manos, agregó en su extenso discurso: «El contenido de los programas de radiodifusión propalados por esos grupos de poder ha tenido un sentido domesticador y manipulador de la opinión pública, en valores, actitudes y marcos de referencia […], desarrollando para ello una programación deformadora e interesada que empleaba en muchos casos procedimientos incompatibles con el respeto que merece la ciudadanía»6.

La nueva ley también atendió al problema de la participación laboral, que se había iniciado por las disposiciones de la también nueva ley de industrias, que veremos más adelante.

En uno de los varios comunicados que publicó el gobierno, luego de listar las empresas parcialmente expropiadas, señaló que en cada una se había nombrado un personero y «en cuanto a los radioyentes y televidentes, deberán tener la confianza de seguir manteniendo su obvio derecho a escoger, que se determina por la calidad de la programación […]. La ley, en definitiva, garantiza, en forma real, la libertad de expresión de las ideas y el respeto por la dignidad de las personas»7 .

Prácticamente desde el día siguiente fue claro que la puesta en acción no iba paralela a la intención y el interesante nuevo discurso teórico. En la radio y la televisión las exigencias de las disposiciones de la OCI respecto a contenidos y limitaciones a la publicidad considerada alienante tropezaron con fuerte resistencia de los técnicos primero y de los clientes, después. Las inversiones en publicidad sufrieron una fuerte retracción. Y, como se sabe, la radio y la televisión dependen totalmente de la publicidad en un contexto clásico capitalista como el Perú de entonces y de hoy; no es el caso de los diarios, que eventualmente podrían obtener ingresos por la venta de ejemplares. En esos dos medios de comunicación no hay ingresos sin publicidad.

De cualquier modo, el Estado se percató pronto de que no bastaba, en el caso de la televisión, con poseer el 51% de las acciones de los canales para controlar los contenidos, y especialmente de los programas elaborados en el país. Para conseguirlo se creó «Telecentro», organización que asumió la producción de programas nacionales, incluyendo los noticieros, con directivos nombrados directamente por el gobierno.

Pero Telecentro nació con una frágil estructura legal y con una todavía más endeble situación económica, y pese a que pudo producir programas, tropezó con la administración de los canales en manos privadas y un cierto boicot de anunciadores, además de un sinnúmero de problemas legales, incluyendo juicios interminables con los antiguos propietarios de los medios. El hecho es que casi desde su fundación se sumió en una crisis económica prácticamente insalvable que la puso al borde de la quiebra.

Respecto a los contenidos de los programas, el Ministerio de Educación fue encargado originalmente de su vigilancia por medio de la Dirección de Extensión Educativa. Se llegó inclusive al control de los avisos comerciales, y los anunciadores debían recabar autorización especial antes de lanzar sus campañas. Pero poco tiempo después, tal responsabilidad fue trasladada al Sistema Nacional de Información para más tarde ser olvidada.

Un bloque de emisoras fue trasladado al control de ENRAD-PERU y otras semiexpropiadas continuaron trabajando como si nada hubiera pasado. Pronto, los administradores descubrirían que les sería fácil burlar las disposiciones de control sin irritar a la Oficina Central de Información, base del sistema. Citemos solo un ejemplo: había quedado estipulado que debía propalarse un alto porcentaje de música nacional, sin avanzar más allá en la caracterización de aquella música. Y entonces se comenzaron a trasmitir ritmos extranjeros... grabados por músicos nacionales.

Como el gobierno se desentendió, la música peruana prácticamente volvió a desaparecer de las programaciones luego de una breve primavera nacionalista. Tanto en la radio como en la televisión, la incapacidad local de producir suficientes programas como para completar las horas de transmisión obligó a seguir contratando programación extranjera, y es así como la televisión no cambió nunca de rostro. Citemos otro ejemplo de contradicción respecto a este medio: el Instituto Nacional de Teleducación (INTE) fue encargado de producir programas infantiles, pero como la televisión era semiprivada, las producciones debían pagar por los espacios que utilizaban. Debió primero entonces aceptar horarios baratos y clamorosamente inadecuados; y más tarde se vio obligado a retirar los programas, quedándose solo con el canal estatal.

SINAMOS

En junio de 1971, por decreto ley 18896, el gobierno creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), que tenía como objetivo principal, según enunciaban en las primeras líneas de creación del sistema, «la efectiva participación de la población nacional en las tareas que demande el desarrollo del país».

Al reunir una serie de oficinas burocráticas, pronto se convirtió en un organismo de gran relevancia en la política, y su generoso presupuesto le permitió reclutar a buen número de académicos y políticos. Si bien estaba a cargo del general Leonidas Rodríguez, nombraron como director general al antropólogo Carlos Delgado, quien más tarde sería personaje de influencia en numerosos episodios de la Primera Fase del gobierno militar.

Una decisión significativa fue la edición de la revista Participación, en la que miembros destacados de SINAMOS planteaban temas revolucionarios, comentaban decisiones, etcétera, lo que la volvió rápidamente indispensable para quienes seguían con atención las decisiones gubernamentales. Si un tema estaba en Participación era porque había pasado por la aprobación revolucionaria.

Por esto convocó la mayor atención un extenso texto del sociólogo e historiador Hugo Neira, destacado funcionario de SINAMOS, referido a la problemática de los medios de comunicación. En la segunda edición de Participación, de febrero de 1972, suscribió el artículo «El poder de informar».

Fueron veintidós páginas, incluyendo numerosas ilustraciones, en las que Neira expuso con detalle la situación de los medios informativos, basándose en varias investigaciones académicas y enfatizando que la revolución todavía no había alcanzado a los medios de comunicación de masas: «Diversas voces han señalado el peligro de una activa supervivencia de una radio y televisión comercializada, una prensa reaccionaria, una publicidad alienante que alimentan la permanente contrarrevolución, desde las capas de subprivilegiados […]. Diversas voces han señalado este peligro. En efecto, la revolución peruana no puede desatenderse de los medios de comunicación».

Luego de una crítica detallada de los malos resultados de la expropiación de los medios audiovisuales avanzó hacia las advertencias: «Sería un error considerar que el equipo revolucionario que comanda el proceso político no ha reparado en la situación de los mass-media peruanos». Luego se extiende sobre la posibilidad de una prensa social: «Ciertamente, deberá haber una prensa para el Estado. Pero deberá haber, también, una prensa al servicio de sus lectores hecha por los periodistas mismos. Una prensa de la sociedad y no del “establecimiento” (aunque este sea revolucionario). El equilibrio entre ambas necesidades requiere de órganos complementarios pero distintos».

La reacción de los periodistas

Los periodistas recibieron mal la noticia del golpe militar de 1968, pero no hubo unanimidad en el rechazo porque se dividieron de inmediato. Solo una facción protestó formalmente, acompañando a los propietarios de los medios; la otra guardó silencio, porque sus empleadores saludaron las primeras acciones de la Revolución.

La histórica división de los profesionales de la prensa en el Perú no solo se confirmó entonces, sino que se agudizó al surgir como tercera posición el sindicalismo crítico, que asumió una decidida crítica y reprobación de la vieja y empresarial definición de la libertad de prensa.

Nos referimos a las posturas que asumieron la Federación de Periodistas del Perú y la Asociación Nacional de Periodistas, las organizaciones principales por su presencia en las capitales de provincias. Surgiría después el movimiento sindical comprometido, que daría origen a la creación de una fracción de la federación.

Los periodistas peruanos han visto nacer y liquidar por lo menos tres clases de proyectos de instituciones que les pedían adhesión. Las empresariales, impulsadas por razones de interés económico o político de los editores; las gremiales, restringidas a la promoción de la ética y la libertad de prensa; y las sindicales, que pretendían avanzar hacia reivindicaciones de tipo laboral.

La pionera, empresarial a todas luces, fue la Asociación de Prensa, promovida por los dueños y codirectores de El Comercio en 18918. Luis Carranza y José Antonio Miró Quesada, civilistas, se enfrentaban al militarismo liderado por el general Andrés Avelino Cáceres, aunque en el contexto era presidente el general Remigio Morales Bermúdez.

Para combatirlo y evitar que se aplique un amenazante «reglamento de moralidad pública», convocaron a los editores de periódicos para fundar una institución que señalaba en su estatuto que uno de los fines de la asociación era «enaltecer la profesión de periodista». Eran tiempos en que se confundían las funciones de periodistas y editores, y en la lista de fundadores figuran más dueños que profesionales de la información.

Morales Bermúdez murió en 1894 en ejercicio de la presidencia, y lo reemplazó Cáceres, quien fue derrocado al año siguiente por Nicolás de Piérola. Así, la Asociación de Periodistas perdió razón de ser y fue abandonada por El Comercio9.

El siguiente intento también fue político empresarial. Un círculo de periodistas fue promovido en 1908 por políticos ligados al diario La Prensa, adversarios del entonces presidente Augusto B. Leguía. La diferencia con el anterior estaba en que contaba con la presencia de algunos periodistas, pero no tuvo relevancia gremial alguna.

La organización de periodistas más importante de la época fue sin duda el Círculo de Cronistas de 1915, en el que no había un solo editor o dueño: todos eran periodistas profesionales. Se destaca la presencia de los jóvenes Abraham Valdelomar, César Falcón, José Carlos Mariátegui, José Gálvez y otros que estuvieron de acuerdo en agremiarse para avanzar hacia reclamos legítimos de mejores condiciones de trabajo. Fueron muy activos, pero el famoso incidente del baile de Norka Rouskaya en el cementerio en noviembre de 1917 los dividió y provocó la renuncia de sus directivos y su desaparición posterior (Stein, 1989).

En 1921, bajo la presidencia de Leguía y con ocasión de celebrarse el centenario de la Declaración de la Independencia, el gobierno gestionó con periodistas amigos la organización de una institución que permitiera cubrir apariencias. Poco antes de la llegada de los invitados convocaron a un Círculo de Periodistas que ofreció algunos agasajos, pero luego desaparecieron. Pocos años después se repitió la farsa cuando se fundó un Círculo de la Prensa que participó en la celebración del Centenario de la Batalla de Ayacucho.

En 1928 se fundó la Asociación Nacional de Periodistas, que todavía funciona con vigor gremial. En el acta de fundación leemos: «La ANP queda instituida en la República por los periodistas y auxiliares del periodismo como dibujantes, reporteros, gráficos y correctores de pruebas […] será una institución de carácter puramente gremial. Quiere ser un órgano de cooperación mutua y de defensa de los derechos e intereses de sus miembros. La ANP declara de modo expreso que no intervendrá en cuestiones religiosas ni en actividades políticas de ningún género».

La fundó un nutrido grupo de periodistas destacados, que tuvieron que enfrentar el rechazo de los propietarios de El Comercio, que dijeron que debía llamarse Asociación Nacional de Empleados de Periódicos, pero que debió retroceder ante los sólidos argumentos de la flamante organización, que recurrió incluso a organizaciones extranjeras y a la Academia de la Lengua para las definiciones.

El año 1950 fue un año importante para la historia de los periodistas nacionales. Una nueva generación de periodistas había llegado a los diarios para reemplazar a una vieja guardia que alternaba el oficio con otras tareas. Esta vez ya estaban las redacciones con jóvenes a tiempo completo, muchos recién egresados de las escuelas de periodismo de la Pontificia Universidad Católica o de la Universidad de San Marcos.

El dueño de La Prensa, Pedro Beltrán, muy cercano a la práctica y novedades del periodismo norteamericano, pugnó por modernizar el viejo diario y consintió el lanzamiento del exitoso vespertino Última Hora, lo que obligó a los demás diarios a renovarse, pues hasta ese año los dos diarios principales cubrían con avisos sus primeras páginas.

Ese año fue fundada la Federación de Periodistas del Perú (FPP), luego de un intento fallido de un grupo de asociados que deseaban sacudirse de la influencia de El Comercio. Fue una batalla electoral en la que los periodistas debieron tomar partido y un importante sector, que en el contexto podríamos calificar de liberal, abandonaron la ANP y marcharon, bajo el liderazgo de Genaro Carnero Checa, hacia la fundación de la nueva entidad.

Allí se encontraron periodistas de La Prensa, del Partido Aprista, jóvenes de La Crónica y de muchas revistas. Fueron un centenar los fundadores de la nueva institución, que muy rápido encontró eco en provincias por su contraste con el conservadurismo y quietud de la Asociación.

«La ANP —dice un crítico del proceso político en relato testimonial— se redujo a ser coto, hasta hoy, de El Comercio, ya que después de 1950 este diario le dio todo su apoyo. La totalidad de los redactores fueron obligados a inscribirse en sus registros, así como sus corresponsales en provincias, determinando que los periodistas que trabajaban en otros órganos de expresión dejaran la entidad para afiliarse a la Federación». Y agregó que «como puede apreciarse, ciertos procedimientos de proselitismo y para el manejo de las instituciones se parecen, aunque las ideologías que los sustentan aparentan ser diferentes» (Chávez Costa, 1978)10.

Luego de varios años sería posible identificar a la FPP con La Prensa y a la ANP con El Comercio, adversarios en lo ideológico, lo político y lo empresarial. Pedro Beltrán era un empecinado partidario del libre mercado, enemigo de la intervención estatal, en especial del control de cambios; los Miró Quesada insistían en su nacionalismo y no reprobaban que el Estado participara en algunas actividades, como el caso del petróleo entregado a empresas norteamericanas. Beltrán tenía ambiciones políticas personales apoyado por los terratenientes agrupados en la Sociedad Nacional Agraria, y sus periodistas principales lo acompañaban fielmente, militando en la Federación.

Ambos diarios, igual que Expreso, eran miembros distinguidos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización de propietarios que tendría más adelante fuerte presencia en el debate por su capacidad de articular opinión internacional.

Reacción periodística al golpe del 68

Como dijimos antes, El Comercio justificó el movimiento militar en editorial del día siguiente, el 4 de octubre, titulado «El pronunciamiento de la Fuerza Armada»:

En menos de veinticuatro horas la vida política del país ha dado un viraje por muchos sectores temido, ante la inexplicable acumulación de circunstancias que, poco a poco, distanciaron al gobierno del presidente Belaunde de sus dos tradicionales columnas de respaldo: la opinión pública y la Fuerza Armada.

[…]

El lema de batalla «la conquista del Perú por los peruanos», no pudo resistir ni al empacho ni a la voracidad de empresas que no quieren actuar en el Perú como socias de nuestro esfuerzo sino como dueñas de lo que no les pertenece, porque es patrimonio de doce millones de personas.

Despreciada la opinión pública a la que se trató de complacer con simbolismos, se ignoró, también, la opinión del Ejército, que en uso de los deberes que la Constitución le asigna para defender las fuentes naturales de riqueza, opuso severas objeciones, de forma y de fondo, a la llamada «solución de las cuestiones pendientes de la Brea y Pariñas».

[…]

La Patria nuestra y la Patria de nuestros hijos hay que reedificarla con sacrificio y desinterés para que el Perú sepa siempre vivir con honor y dignidad.

Y luego de la toma militar de los yacimientos petrolíferos del norte, El Comercio editorializó con entusiasmo el 10 de aquel octubre:

La República está de pie. En muchos edificios públicos, en los hogares de ricos y pobres, pero, sobre todo, en el corazón de todos los peruanos, hay una bandera roja y blanca que lanza sus pliegues al viento y una voz de optimismo que expresa la majestad solemne de esta hora, suprema, que significa no solo la identidad de un país por el vínculo indisoluble del amor a la Patria, sino la noble y generosa reparación de los abusos cometidos contra la nación.

Editoriales así ahondaron severamente las diferencias con La Prensa, que resultaron al final coyunturales. Leamos las primeras líneas del editorial del diario de Pedro Beltrán del viernes 4 de octubre, el día siguiente del golpe militar:

Protestamos por la Violación del Orden Constitucional

El nuevo rompimiento del orden constitucional por un acto de fuerza, que ha depuesto al presidente Fernando Belaunde Terry y lo ha enviado al exilio, y que ha clausurado el Parlamento, suscita la protesta enérgica de quienes, más allá de toda discrepancia política, defendemos el sistema democrático que solo puede sustentarse en el respeto a la ley y a los mandatos legítimamente emanados del voto popular.

El proceso de afianzamiento de la institucionalidad, que se inicia en 1956 y que —tras la interrupción de un año por otro golpe de fuerza— se reanuda en 1963, ha sufrido, una vez más, un doloroso retroceso.

Al día siguiente y en fechas sucesivas, editorializaron sobre la libertad de prensa, llamándola «garantía que no admite limitaciones»:

Al preguntársele si el régimen que encabeza va a respetar la libertad de prensa, el Presidente de la Junta Militar, General Velasco, respondió: «Depende… depende», agregando que cuando un periódico o una radio hable sin tener fundamento, sin tener base, «habrá limitaciones». Tal afirmación reviste una gravedad que no es posible pasar por alto.

Una «libertad de prensa» que se deje sujeta al criterio de lo que los gobernantes consideren que tiene fundamento o tiene base, simplemente no es libertad de prensa, ya que el derecho ciudadano a la libre expresión queda limitado por juicios subjetivos que, por ser subjetivos, resultan arbitrarios.

El grupo beltranista de La Prensa se unió a la reprobación con un comunicado suscrito por el secretario general del Sindicato de Periodistas del diario, Jorge Castro de los Ríos: «El sindicato hace pública su más enérgica protesta por el golpe militar que, desconociendo los principios democráticos y constitucionales que regían al país, ha depuesto a un Gobierno que era la expresión fiel de la mayoría ciudadana»11.

Lo mismo hizo el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Periodistas del Perú: «Hacemos saber a la opinión pública [nuestra] posición de protesta y rechazo al golpe militar que ha depuesto al Gobierno Constitucional»12.

La última unidad del gremio

El entusiasmo de El Comercio comenzó a declinar cuando los militares acentuaron la presión sobre Expreso y detuvieron a su dueño, Manuel Ulloa. Fueron solo un par de días que lo atemorizaron y le hicieron decidir por el autoexilio en el local de su diario, donde se instaló en el salón del directorio, hasta viajar después a Buenos Aires.

El primer día de noviembre, el gobierno clausuró Expreso, Extra y la revista Caretas. Detuvieron al director de esta última, Enrique Zileri, en la primera acción de una crónica y abusiva persecución que duraría hasta el fin del gobierno militar.

Tampoco reaccionó la Asociación de Periodistas cuando la FPP convocó a una huelga de periodistas de 24 horas para una semana después, el día 4. Ese día los diarios no circularon, a excepción de El Comercio, cuyo personal no se sumó al paro.

En la noche de aquel día, un importante grupo de miembros de la Federación se reunió en la Plaza San Martín para protestar, pero la policía les cerró el paso agresivamente. Entonces, luego de una breve negociación, los periodistas fueron autorizados por la policía a caminar, pero en silencio y sin carteles, desde la Plaza San Martín hasta su local de entonces en la amplia avenida La Colmena, a pocos metros de la avenida Tacna.