Kitabı oku: «Alcance y aplicación del principio de eficacia directa»

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La eficacia directa, garantía de los derechos y obligaciones de los particulares

Normalmente los Estados no persiguen dotar de eficacia directa a los tratados internacionales, ni mucho menos que estos sean susceptibles de aplicación inmediata por sus tribunales nacionales, pero la intención manifestada por los Estados de reconocer en el derecho comunitario el alcance general, encuentran en éste un fundamento para que los órganos judiciales de los Estados miembro hayan de aplicar lo creado por la organización supranacional².

1.1. El principio de eficacia directa en el derecho comunitario

Los tipos de integración económica de los tratados constitutivos de las comunidades exigen de los particulares, para ser más precisos, de los agentes económicos, una participación activa dentro del ámbito jurídico, en el que se les permite exigir beneficios y derechos en el sentido de que estos asuman responsabilidades por el incumplimiento de sus obligaciones³.

Pues bien, respecto de esta primera parte referente a que los ciudadanos de los Estados miembro pueden invocar derechos subjetivos con el fin de que el juez local los proteja, se ha concebido una “presunción” en virtud de la cual la norma comunitaria goza de un régimen de aplicabilidad directa⁴.

Asimismo, un canal básico de comunicación entre el derecho comunitario y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro se encuentra en la facultad de invocar ante los órganos judiciales locales aquellas disposiciones que cumplan con los atributos de claridad, precisión e incondicionalidad, lo que permite apreciar que estas tienen que cumplir con la condición de no generar obligación o actuación de carácter positivo alguno para su ejecución por parte de los Estados miembro⁵.

En el presente capítulo se estudia el principio de la eficacia directa, que recobra una importancia trascendental, pues este declara que el derecho comunitario no solo genera obligaciones para los Estados miembro, sino también derechos para los particulares. En consecuencia, estos últimos pueden alegar los derechos otorgados por una norma comunitaria e invocar directamente este tipo de normas ante las jurisdicciones nacionales, sin necesidad de que los Estados miembro tengan que hacer actos de transposición para la inserción de la norma comunitaria en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados⁶.

En este sentido, la participación de un Estado en una organización internacional de integración significa necesariamente que en su sistema jurídico interno empezarán a coexistir normas nacionales y disposiciones de la organización de integración, que al tener con frecuencia el mismo destinatario podrán entrar en colisión. Ello plantea problemas relacionados no solo con la primacía del derecho comunitario, al referirse a la confrontación de normas comunitarias con normas internas de los Estados miembro de la organización de integración, sino también con la eficacia directa, en relación con la forma de recepción e interacción, de las decisiones elaboradas por la organización, en los ordenamientos jurídicos internos.

Así las cosas, el principio de eficacia directa del derecho comunitario es uno de los factores que mejor permiten valorar el grado de madurez jurídica alcanzado por un proceso de integración⁷.

Para abordar el estudio del principio de eficacia directa, en un primer momento se hace referencia al concepto de este, para luego en un segundo punto tomar en consideración las características con las que cuentan y están dotadas aquellas normas jurídicas propias del derecho de integración. En esta medida, se considera relevante analizar el principio de eficacia directa en el derecho comunitario europeo y, posteriormente, en el derecho comunitario andino. Para finalizar, se presentan algunas distinciones y semejanzas entre el principio de eficacia directa y la figura jurídica de aplicabilidad inmediata.

1.2. El concepto del principio de eficacia directa

El principio de eficacia directa presenta su noción desde dos perspectivas, la primera enmarcada en la relación entre el derecho internacional y el derecho interno de los Estados y una segunda inmersa en la aplicabilidad del derecho comunitario en los Estados miembro⁸.

En este primer sentido, el enunciado concepto se refiere al grado de aplicabilidad de los tratados internacionales en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro, relación que depende de la teoría adoptada por el Estado parte del tratado internacional. De esta forma, existen distintos sistemas o doctrinas para llevar a cabo la interacción del principio mencionado, dentro de las cuales como una primera teoría se encuentra el dualismo, que hace alusión a que el derecho proveniente de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales no es directamente aplicable en los ordenamientos jurídicos locales de los Estados miembro, “mientras que el Estado firmante no asuma en su derecho interno ese compromiso”⁹.

La noción del principio de eficacia directa se fundamenta en el entendido de que existen dos entidades jurídicas autónomas e independientes, sin que se pueda determinar la prevalencia de uno de estos sobre el otro¹⁰, es decir, que los dos se encuentran en un equivalente pero del cual es importante recalcar que existe una concurrencia en la entrada del derecho internacional en la legislación interna de cada uno de los Estados¹¹.

Lo anterior encuentra su justificación debido a que el ordenamiento jurídico internacional y el interno de los estados tienen fundamentos y fuentes jurídicas totalmente diferentes, y no existe ningún tipo de sometimiento de una instancia sobre la otra¹². De esta forma, bajo esta teoría es permitido entender que estos dos tipos de ordenamiento jurídico diversos y recíprocamente independientes son capaces de coexistir, sin que esto llegue a representar la existencia de un solo ordenamiento omnicomprensivo, pues es dable encontrar las características del derecho internacional y del derecho interno de los Estados sin la superioridad de uno sobre el otro¹³.

Ahora bien, contrario a esta doctrina, existe una segunda teoría llamada monista, que a su vez puede ser de dos tipos, de carácter constitucionalista o de tipo internacionalista¹⁴. Al respecto, la teoría monista de carácter internacionalista explica que todas las normas del derecho internacional deben ser aplicadas por los distintos órganos de los Estados miembros no pudiendo invocar razones incluso de derecho constitucional para abstenerse de hacerlo¹⁵.

Es así como, mediante esta corriente monista internacionalista, se concibe que “el ordenamiento jurídico es único, de ahí que al ser aprobado el Tratado internacional por parte de los Estados miembro, este se aplica de manera inmediata sin necesidad de acto de traspolación o similar dentro del derecho interno”¹⁶.

Es entonces como, desde una perspectiva inicial, la noción del principio de eficacia directa se fundamenta en la teoría monista de carácter internacionalista, en el sentido de la cesión de competencias o de soberanía que realizan los estados miembro a la organización de integración, conforme al cual todas las normas del derecho internacional deben ser aplicadas por los distintos órganos de los Estados miembro¹⁷.

Asimismo, es de resaltar que el monismo internacional tiene como fundamentos dos grandes características, la primera de ellas es la permisión de la aplicación de carácter casi inmediato de los instrumentos jurídicos internacionales en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos que se suscriben o se adhieren a estos, y, en segundo lugar, debido a que la validez del ordenamiento jurídico propio depende del derecho internacional¹⁸.

Lo anterior en virtud de que “el orden jerárquico ubica al derecho interno por debajo del derecho internacional, ya que es de éste de donde nace un orden normativo superior”¹⁹.

Ahora bien, por el otro lado del monismo se encuentra el monismo constitucional, el cual hace referencia a que se irá a dar prevalencia al derecho interno sobre el internacional, postura que presenta como característica principal la de condicionar la obligatoriedad de las normas internacionales a la previa aceptación de estas por parte del derecho interno²⁰.

No obstante lo anterior, el monismo, ya sea internacionalista o constitucionalista, cuenta con posiciones radicales y moderadas dentro de cada una de sus doctrinas. Es así como dentro de una postura fundamentalista internacional se sostiene que toda norma contraria al derecho internacional es nula, mientras que dentro de una posición internacionalista moderada es plausible entender que el derecho interno que sea contrario a las disposiciones internacionales deberá ser modificado internamente para que no se ponga en tela de juicio la responsabilidad del Estado a nivel internacional²¹.

Ahora bien, una posición monista constitucionalista moderada sería aquella que indicaría la existencia de un control de constitucionalidad previo y anterior de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales, en el entendido de que estas disposiciones, para poder ser obligatorias dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados, estarían condicionadas a la aprobación por parte de estos²².

Una postura constitucionalista más radical, en cambio, indicaría que toda norma internacional contraria al ordenamiento jurídico debería ser derogada, es decir, que ninguna norma podría contradecir lo expuesto en los ordenamientos jurídicos propios²³. En definitiva, la eficacia directa va a depender enteramente del modelo jurídico que respete el Estado miembro adscrito del tratado internacional siempre y cuando se tenga un sistema abierto al derecho internacional en el que se le dé una aplicación a las obligaciones allí contenidas y se aplique el derecho emanado de las instituciones internacionales²⁴.

Aunado a lo anterior, el principio de eficacia directa desde la perspectiva del derecho comunitario hace referencia a aquel “fenómeno de fusión o incorporación que afecta la autonomía de los entes integrados, mediante una homogenización o amalgama, en una entidad nueva y distinta, sustitutiva de la pluralidad antecedente”²⁵. Por lo tanto, en este sentido, es la autonomía cedida por los Estados lo que le da el carácter de vinculante y aplicable de su normativa a la de los Estados miembro²⁶.

Efectivamente, estas nuevas organizaciones tienen un poder supranacional para que sus disposiciones tengan la potestad de ser obligatorias en cuanto a su aceptación y su aplicación en los Estados miembro²⁷. Esto se justifica bajo la idea de coherencia de la actuación de los entes estatales, puesto que los Estados al participar dentro de los procesos de integración llevan a cabo una distribución de cargas y beneficios²⁸.

Lo anterior debido a que con la cesión de potestades se establece una sujeción a lo que disponga y determine la organización supranacional desde todos sus ámbitos (judicial, administrativo, legislativo), lo cual se constituye en aquellas cargas y los compromisos a los que se somete el Estado²⁹ en contraprestación a aquellos beneficios relativos a los objetivos fijados los cuales se busca cumplir para llegar a la satisfacción y al disfrute de los derechos y fines comunes de la integración³⁰. Así las cosas,

el derecho comunitario no sólo se integra en el ordenamiento interno de manera automática, sino que además está dotado de la fuerza suficiente para generar efectos inmediatos en la esfera de los particulares, es decir, de hacer nacer para ellos derechos subjetivos y obligaciones, tanto en las relaciones que mantienen con otros particulares como con las administraciones de los Estados. Son, por tanto, disposiciones self executing³¹.

Ahora bien, frente a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, es necesario mencionar que se impone el respeto del derecho comunitario por los Estados miembro en aras de una unidad conceptual que responde a los principios del derecho de la integración³².

Es por esta razón que, a los jueces nacionales en su Estado les está vedado invocar el incumplimiento de los procedimientos constitucionales de recepción o de nacionalización de los tratados internacionales para justificar la aplicación de su derecho interno³³.

Verbigracia, encontramos lo ocurrido en el caso de Reino Unido, Estado que empleó la teoría dualista como mecanismo para renunciar al derecho de integración, de esta manera, las autoridades estatales inglesas buscaban que las decisiones emanadas por el derecho comunitario tuviesen que ser aprobadas por el parlamento inglés para que así llegasen a ser exigibles u obligatorias en el territorio inglés³⁴.

Otro ejemplo es el presentado en las autoridades administrativas del Estado italiano, quienes bajo la justificación de la aplicación del criterio monista de carácter constitucionalista llegaron a prohibir en su orden interno jurisdiccional la recepción de los reglamentos proferidos por el derecho comunitario, bajo la justificación de que lo anterior implicaba desterrar de plano lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la República Italiana³⁵.

Sin embargo, en ambos casos, se confirmó que no es posible acudir a la aplicación del derecho interno para la exclusión de aplicación de la normativa dispuesta y contenida en el derecho comunitario³⁶. En este sentido, es necesario recalcar los diferentes tipos del principio de eficacia directa, el primero de ellos es el denominado de carácter vertical, el cual consiste en la aplicabilidad y exigibilidad de las normas por parte de los particulares frente a los poderes públicos³⁷.

Igualmente, una segunda clase de eficacia directa es la de carácter horizontal, la cual hace alusión a la exigencia del cumplimiento de los derechos y obligaciones que contiene una norma comunitaria por parte de un particular respecto de otro particular, lo que significa que un particular puede solicitar el uso de una norma comunitaria frente a otro particular; en esta medida, a todos los miembro individuales de la comunidad se les reconoce la facultad de exigir ante sus jueces nacionales el reconocimiento de los derechos que les confieren las normas comunitarias y la correlativa obligación de los jueces nacionales de aplicarlos no solamente ante las entidades locales públicas, sino también ante otros ciudadanos, cualquiera que sea la legislación del Estado al cual pertenezcan³⁸.