Kitabı oku: «El precio de la democracia»

Introducción
El agotamiento democrático

32 euros. Ése es el precio de tu voto.

“¡Pero mi voto no está a la venta!” Sí, ya sé lo que piensas. Lejos está la época en que las elecciones se celebraban a cielo abierto, de modo que los potentados locales podían vigilar las boletas depositadas por aquellos a los que habían sobornado. Sin embargo, ahí están los hechos. Mientras más gasta un candidato durante una campaña electoral, más capacidad tiene de alquilar grandes salones, convocar a sus seguidores, difundir sus mensajes, saturar los medios y las redes sociales, y más aumenta su probabilidad de salir victorioso. Así es en Estados Unidos, sin duda, pero también en Europa y particularmente en Francia.¹ El dinero está en el centro del juego político; en la democracia, el que paga gana. Este libro, para el cual construí una base de datos sin precedentes sobre la evolución del financiamiento de la democracia y los gastos electorales alrededor del mundo, examina quirúrgicamente estos mecanismos y, sobre todo, toma las lecciones de las vicisitudes actuales y propone, para el futuro, reglas innovadoras para reencontrar la democracia.

32 euros. Ése es el precio de tu voto.

Si sabemos que el Estado consagra cada año menos de un euro por cada ciudadano francés al financiamiento público directo de la democracia,² pero reembolsa en promedio unos 165 euros anuales a los cerca de 290 mil contribuyentes que han financiado al partido político de su elección —¡y casi 5 mil euros a cada uno de los 2900 hogares que más contribuyen!³—, podemos comprender mejor los interrogantes en torno a la calidad de nuestra democracia. ¿Por qué el dinero público debería permitir a ciertas personas “comprar” el equivalente a casi cinco votos, e incluso, para los más ricos, más de 150 votos? ¿De verdad nos parece que nuestra democracia necesita ese sesgo adicional a favor de los ya favorecidos?

Y eso es sin tomar en cuenta el gasto fiscal asociado a las donaciones a las campañas.⁴ Mientras el Estado reembolsa, en promedio, 52 millones de euros anuales al conjunto de candidatos que participan en la contienda electoral —y mucho más en los años electorales—, las diferentes campañas reciben 12 millones de euros en donaciones particulares, lo cual genera casi 8 millones de euros en reducciones fiscales: 8 millones contra 52 millones, claro, pero son 8 millones que se repartirán entre unas cuantas decenas de miles de individuos que han expresado sus preferencias políticas por medio de donaciones privadas (es decir, cientos de euros por donador, o incluso varios miles de euros para los más ricos), mientras que los 52 millones de euros de financiamiento público se reparten entre todos los franceses, es decir, menos de un euro por ciudadano.

He aquí una estadística para resumir el absurdo —y la injusticia— del sistema francés: en 2016, el Estado gastó 29 millones de euros en reducciones fiscales asociadas a donaciones a partidos para el 10% de los franceses más ricos, es decir, más de 21 veces más de lo que gastó para la mitad menos privilegiada de los contribuyentes;⁵ es decir, gastó la misma cantidad para el 0.01% de los franceses más adinerados que para la mitad menos favorecida.

No sólo es que, en la democracia, el que paga gana, sino que además, en Francia —como en muchas otras democracias occidentales, por cierto— se ha institucionalizado un sistema de financiamiento público que permite que el Estado subvencione las preferencias políticas de los más ricos, además del dinero privado con que cuentan. Es un sistema de financiamiento público que no beneficia en la misma medida a todos los movimientos políticos: podemos comprobar que, en promedio, los partidos políticos clasificados como “de derecha” reciben cada año donaciones mucho más cuantiosas que los partidos clasificados como “de izquierda” en el espectro político. Semejante sistema puede aumentar la capacidad de los más privilegiados de ganar la contienda electoral y “comprar” las políticas públicas de su elección.⁶ De manera más general, puede conducir a una transformación de las condiciones de funcionamiento de los movimientos políticos (tanto de “derecha” como de “izquierda”) y a perturbar los frágiles límites que, durante mucho tiempo, han garantizado cierta representación a los sectores más populares.

Entonces, si como votante hace mucho que te hartaste del juego de la democracia —“¿de qué sirve moverme si mi voto cuenta tan poco, para qué seguir un equipo si el juego está arreglado?”—, como ciudadanocontribuyente deberías escandalizarte por este nivel de desigualdad y por la manera en que se gasta el dinero público. Un ejemplo: para un individuo con ingresos gravables de 100 mil euros, el costo real de una donación de 6 mil euros a un partido político es de 2040 euros. Los 3960 euros restantes van por cuenta del Estado, es decir, de los contribuyentes en su conjunto. ¿Cuál sería el costo de la misma donación para un estudiante, un trabajador precario o un jubilado con ingresos gravables menores de 9 mil euros? 6 mil euros.⁷ En Francia, más de la mitad de los hogares, en cuanto unidades fiscales, están exentos del impuesto sobre la renta, lo cual implica que, aunque esos contribuyentes tengan, por lo demás, una fuerte carga impositiva, deben pagar por completo sus contribuciones políticas, mientras que los más ricos están subvencionados por el Estado en dos terceras partes. El que más puede, menos paga: así funciona el sistema fiscal de financiamiento público indirecto de la democracia en Francia, un sistema retrógrado e injusto en el que los pobres pagan por los ricos.

Para simplificar, podemos decir que en la actualidad existen tres categorías de ciudadanos: por una parte, los ciudadanos “comunes”, es decir, la gran mayoría, que se conforma con expresar sus preferencias por medio del voto y sólo obtiene beneficios marginales del financiamiento público de la democracia; por otra parte, los “militantes” o afiliados, que consagran tiempo y dinero (sus cuotas) al partido político de su preferencia, aunque a menudo son los “olvidados” de la generosidad fiscal del Estado, y finalmente, los “mecenas”, generosos donadores o plutócratas, que se benefician plenamente de las reducciones fiscales y cuyas preferencias políticas están subvencionadas en gran medida por los contribuyentes, incluidos los menos privilegiados. El equilibrio de las fuerzas nunca ha sido muy favorable a los “comunes” y quizás en otro tiempo los “militantes” tuvieron la ilusión de jugar en igualdad de condiciones con los “mecenas”, pero, cada vez más, son estos últimos quienes dirigen el baile.

Este sistema no sólo es retrógrado y profundamente inequitativo, sino que además entraña el riesgo de conducir, en las décadas por venir, a un aumento aún mayor de las desigualdades, un rechazo aún más generalizado a los políticos, las instituciones y el juego democrático, y un auge de los populismos, ante el cual podría ser demasiado tarde. En el siglo XXI, ya no son los diplomáticos quienes prevalecen sobre los hombres de acción, sino los hombres de negocios sobre las decisiones de nuestros funcionarios electos. De hecho, en un país como Estados Unidos, las embajadas están a la venta… También los ricos se atreven a todo y precisamente por eso se les reconoce.

EL RECHAZO A LA DEMOCRACIA ELECTORAL

Y SU FINANCIAMIENTO PÚBLICO:

UNA RESPUESTA PELIGROSA A UNA CRISIS REAL

En este libro haré el recuento de los intentos —a veces infructuosos, pero siempre instructivos— de regular las relaciones entre el dinero y la democracia y, sobre todo, intentaré extraer lecciones para el futuro. Parto del principio de que es posible cambiar las cosas, siempre y cuando cada uno se apropie de los términos de ese debate esencial; esto implica entrar en los “detalles” de las legislaciones y las experiencias de distintos países.

No todo pinta mal, sobre todo de este lado del Atlántico, donde aún es fuerte el apego por cierto ideal de democracia e igualdad. Por ejemplo, desde 1990, las donaciones a partidos y campañas, en Francia y Bélgica, están sometidas a una estricta supervisión, lo cual limita efectivamente el poder de los más adinerados. En Italia y España también existen límites, aunque el tope es más alto. Y en otros países donde no se aplican estas reglas, como Alemania y el Reino Unido, se han hecho esfuerzos de transparencia en los últimos años, a fin de reducir el riesgo de que los intereses privados capturen a los políticos. La existencia misma de un sistema de financiamiento público de la democracia —sistema que tardó mucho en instaurarse y que en realidad jamás se ha pensado ni debatido lo suficiente en sus fundamentos filosóficos y políticos, ni en su funcionamiento concreto— es algo excelente, a pesar de todas sus imperfecciones y de las reformas que es necesario aplicarle.

Pero ¿qué observamos? Por una parte, cada vez en más países se cuestionan los topes que limitan los montos autorizados de las donaciones privadas, en nombre de la sacrosanta “libertad de expresión”, convertida aquí en bastión de los conservadores deseosos de mantener sus beneficios financieros a cualquier costo. Por otra parte, cosa aún más inquietante, se ponen en entredicho los sistemas de financiamiento público de la vida política. El sentimiento generalizado —que corresponde a la realidad— del secuestro de la democracia electoral por una minoría conduce, muy a menudo, al rechazo de dicha democracia en todas sus formas. En Estados Unidos, donde quedó bien establecido que los políticos sólo respondían a las preferencias de los más adinerados, los ciudadanos no sólo han dejado de acudir a las urnas, sino que rechazan cada vez más que el dinero de sus impuestos se utilice para financiar elecciones.⁸ La elección de 2016, que vio la victoria del inquietante Donald Trump, marcó oficialmente el fin del financiamiento público —mecanismo que perduró por más de 40 años— de la democracia nacional estadounidense. El creciente abstencionismo en Francia parece demostrar que seguimos el mismo camino. En cierto modo, presenciamos el fracaso de la representación (figura 1).

FIGURA 1. ¿El fracaso de la representación?: desplome generalizado de la participación electoral en las elecciones legislativas desde 1945 en Francia, Estados Unidos, el Reino Unido e Italia.

En Italia, el Movimento 5 Stelle [Movimiento 5 Estrellas], desde su creación, hizo de la supresión del financiamiento público a los partidos políticos uno de sus principales caballos de batalla. Y ganó terreno con rapidez: la ley que ponía fin al financiamiento directo se aprobó en 2014 y las última formas de financiamiento se suprimieron en 2017. La elección de 2018 en Italia, que concluyó con la aplastante victoria de los partidos populistas de derecha y de izquierda, fue la primera, en 40 años, en desarrollarse sin reembolso de los gastos de campaña. Al mismo tiempo, el gobierno italiano subvenciona cada año las preferencias políticas de los más acomodados, y sólo de los más acomodados.⁹

Por supuesto, el auge de los populismos no puede reducirse al secuestro de la democracia electoral por el dinero y los intereses privados, pero sí que podemos hacer preguntas. Podemos preguntarnos, por ejemplo, por los 37 millones de euros¹⁰ gastados en el Reino Unido durante el referéndum más caro en la historia del país, el del Brexit. Podemos dudar de la buena salud de un sistema democrático —el británico— que casi no permite el financiamiento público de sus partidos políticos, pero que sí permite a un millonario¹¹ gastar más de 460 mil euros¹² para publicar, en los principales diarios del país, anuncios que representan bulldogs ingleses con la bandera británica a modo de corbata. Un millonario que, quizás ocupado en pasear a su perro —y defender sus intereses—, se olvidó de declarar sus gastos ante la Comisión Electoral, que le impuso una multa de 14 mil euros.¹³