Kitabı oku: «Camino al colapso»

CAPÍTULO 2
De Menem a la Alianza
I. El segundo gobierno de Menem (1995-1999)
Quiebres en el menemismo y el nacimiento de la Alianza (1995-1997)

El 8 de julio de 1995 comenzó el segundo mandato de Carlos Menem. Tras echar una breve ojeada retrospectiva, el inicio de este mandato se mostraba diametralmente distinto al de seis años atrás. El país ya no estaba sumergido en una feroz crisis hiperinflacionaria, no había caos, saqueos ni eran contemplados grandes problemas sobre el horizonte. Los peligros del “efecto Tequila” parecieron quedar pronto atrás ni bien se ratificó el triunfo electoral de Menem, puesto que los depósitos bancarios volvieron a crecer el mismo mes de la nueva asunción y, desde allí, el grueso de las variables recuperó en poco tiempo sus tendencias positivas: el ingreso de capitales y de préstamos no tardaron mucho en volver, las tasas de interés y del riesgo país comenzaron ininterrumpidamente a descender, mientras que el sistema financiero mostraba una fortaleza mucho mayor a la imaginada previamente. De este modo, la convertibilidad y el orden social que giraba en torno a ella parecieron quedar asegurados hacia el futuro. Con lo cual, si durante su primer gobierno Menem tuvo como principal misión salir lo más rápido posible de la situación desesperante que había heredado y hacer lo indispensable para romper con ella, las marcas de esta segunda gestión deberían darse más por sostener la continuidad que por introducir cambios. En este sentido, y con respecto a esto último, en muy poco tiempo Menem y su gobierno comenzarían a quedar presos también de sus propios éxitos, puesto que lo que se entendía que eran sus principales logros parecieron quedar tan asentados y ser lo suficientemente fuertes como para ya no depender más de su persona como única garantía del modelo. Además, la propia Constitución reformada en 1994 no permitía un tercer mandato consecutivo para Menem, lo cual habilitaba con más fuerza la competencia política y la emergencia de nuevos contrincantes que pudieran continuar los mismos esquemas que aquel había inaugurado, ahora consolidados. Así, hacia el futuro la disputa política podría centrarse no ya en “cambiarlo todo” sino tan solo en corregir y mejorar aquellos vicios que el menemismo parecía dejar como herencia pero que lucían como inherentes al mismo (corrupción, personalismo, poco respeto por la división de poderes, etc.) y que, por lo tanto, no podría ser su propio titular el más adecuado para suprimirlos. Con ello, la competencia política que se abría en 1995 parecía más dispuesta a mostrarse como lo suficientemente sólida para “superar y conservar” los principales logros del menemismo y no con intenciones de romper con estos, lo que produjo una cada vez más clara separación entre Menem y su modelo, del cual ya buena parte de la sociedad y del arco político se había apropiado, al adoptarlo como un legado necesariamente imperturbable. De este modo, con la naturalización del orden neoliberal, sería posible que se iniciara la competencia sobre quién se encargaría de gobernarlo de cara al futuro. Por su parte, algunos sutiles desplazamientos y reacomodamientos de los principales actores sociopolíticos comenzaron a marcar pronto el pulso del tiempo que se abría con este segundo mandato para configurar un nuevo panorama político.

En agosto de 1995, un mes después de haber comenzado la segunda presidencia menemista, en el Congreso de la Nación se logró constituir una comisión anti mafia, alentada por un acuerdo entre Alfonsín y Álvarez. Dicha comisión había nacido por las denuncias de Domingo Cavallo en la Cámara de Diputados, según la cual había “mafias enquistadas en el Estado” (Clarín 24/08/1995), y señalaba vínculos apócrifos entre Menem y el empresario Alfredo Yabrán. En septiembre, el MTA de Hugo Moyano se reincorporó a la CGT, actuando ahora como facción interna de esta y redefiniendo el perfil del sindicalismo oficialista, que comenzó a recorrer un camino cada vez menos permisivo y más confrontativo con el gobierno.

Ya para octubre el horizonte político empezó a traslucir algunas modificaciones más. Si bien el PJ había logrado retener la mayoría de las gobernaciones durante ese año, un acuerdo de último momento entre el Frepaso y la UCR modificó el resultado final en Chaco, lo cual permitió que el radical Ángel Rozas se quedara con esa gobernación en vez del peronismo. En el mismo mes, cuando se realizaron las elecciones a senadores en la Capital Federal, el Frepaso obtuvo un amplio triunfo con fuerte olor antimenemista con la boleta que encabezaba Graciela Fernández Meijide, apuntalando así el ascenso político de esta. El mes de noviembre fue aún peor para el gobierno. La flamante CGT reunificada realizaba el segundo paro general en su historia contra un gobierno de Menem, inaugurando con este el nuevo trato político, puesto que al año siguiente continuaría esta misma línea, realizando tres huelgas generales más (agosto, septiembre y diciembre) y teniendo reuniones públicas con la UCR y el Frepaso para intentar paliar la situación social.

En abril de 1996 fue el turno de actuar del gremio que agrupaba a los maestros públicos, CTERA, cuando decidió establecer una Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación. Desde allí, docentes estatales de todo el país realizarían huelga de hambre y actividades de todo tipo con figuras nacionales e internacionales provenientes del campo del espectáculo y de la cultura para reclamar una nueva ley de financiamiento para la educación pública.

Del mismo modo, el interior del país también sería protagonista de nuevos desplazamientos, a partir de una serie cada vez más explosiva de “estallidos sociales”. En 1995 fueron la antesala directa en Córdoba para lograr en julio la renuncia del gobernador Angeloz, mientras que en septiembre casi ocurrió lo mismo en Río Negro con el gobernador Pablo Verani; un año después, en 1996, en el partido de Cutral-Co –provincia de Neuquén– una fuerte pueblada había logrado la solidaridad de un amplio espectro social; en Tartagal y General Mosconi –provincia de Salta– ocurrió igual, con protestas lideradas principalmente por trabajadores desocupados. Así, en el interior del país y con las economías regionales cada vez más en crisis, desde sindicatos hasta partidos de oposición, se alzaron voces para señalar los límites a un modelo económico que estaba fabricando continuamente una masa enorme de excluidos.

En este sentido, no debe dejarse de lado tampoco la reconversión que comenzó a hacer la Iglesia Católica Argentina a partir de la segunda presidencia de Menem. Con el nombramiento de Monseñor Estanislao Karlic al frente del Consejo Episcopal Argentino (CEA) y los cambios en la Pastoral Social (con la llegada del Cardenal Primatesta) la bendición general con la cual había contado Menem en su primer mandato (con Antonio Quarracino como titular del CEA) comenzó a desfigurarse (Del Piero, 2004). Con el avance de la vulnerabilidad social, el desempleo y las crecientes denuncias sobre corrupción (leídas como “decadencia moral y espiritual”) empezaron a alarmar a numerosos miembros de la Iglesia. A principios de 1996 un grupo de obispos publicaron en conjunto un manifiesto –el cual dejaba en claro los cambios y reacomodamientos internos en la Iglesia–, señalando contra el gobierno que “la gravedad de la situación social y la existencia de corrupción en diversos niveles del Estado y la sociedad, acompañada de una notable impunidad [es alarmante]” (Página 12 13/03/1996). Además, el grueso de las protestas sociales realizadas en el interior del país contó con el apoyo eclesiástico, y utilizó misas y demás espacios como plataforma de esas luchas¹.

Con relación a estos cambios, es importante señalar que en muy poco tiempo el clima general de apoyo con el cual había contado el menemismo había comenzado a desmoronarse. Si a mediados de 1995, cuando obtuvo la reelección, la imagen de aprobación superaba con creces el 50%, para fines de ese año había disminuido hasta el 35%. Ya para mediados de 1996 se encontraba en torno al 20% en todos los sondeos (Novaro, 2009: 494). Una de las explicaciones con respecto a esto ha sido el desgaste, de alguna manera natural, que se suele producir con los gobiernos cuando comienzan su segundo mandato consecutivo, esto es algo que le pasó a Perón desde 1952, le pasaría al kirchnerismo a partir de 2008 y era algo que le estaba ocurriendo a Menem. En este caso, porque el recambio de gobernantes en las repúblicas tiende a tomarse como un valor en sí mismo, como además los actores sociales y políticos se encuentran en mejores condiciones de enfrentar a los gobiernos ya establecidos, puesto que conocen cómo funcionan sus lógicas internas y cómo golpear para obtener respuestas a su favor, como a su vez, algunos temas importantes que habían estado en un segundo plano durante su primer mandato, y que ocuparon un lugar periférico frente a otras cuestiones consideradas como prioritarias, suelen tener más peso en un segundo mandato y ganar así el centro de la escena política. Particularmente para el gobierno de Menem, su imagen congénitamente asociada a la corrupción continuó acentuando el perfil que lo relacionaba con prácticas políticas poco honestas, la malversación de fondos, los amiguismos y demás hechos ilícitos que se habían vuelto un lugar común del espacio político argentino. En este sentido, una vez que el orden socioeconómico menemista pareció finalmente asegurado, se instaló un nuevo clima de opinión, como una suerte de proyecto fundacional común, en el cual una vez garantizadas primero la democracia (con Alfonsín y la UCR) y luego la estabilidad (con Menem y el PJ), debía construirse una nueva política y una mejor república todavía, bajo una regeneración moral, capaz de acabar con lo que comenzaba a denominarse el “horror de la corrupción” y que debía erradicarse como principal utopía política hacia el futuro. Como había dicho por esa época Álvarez: “Yo creo que terminar con las tranzas, los canjes y la corrupción es parte de la utopía de los años 90” (Página 12, 11/04/1994). Ahora la corrupción ya no era percibida como resultado de un caso individual aislado, sino bajo una lógica sistémica general que todo lo carcomía. Y con ello, se ratificaba una imagen espuria y de cierto hartazgo social por el tipo de prácticas dudosas que se le atribuían cotidianamente a Menem y a su gobierno, estableciendo una narrativa omnipresente que reforzaba el componente melodramático del problema. Desde diarios de centro izquierda como Página 12 (bajo las plumas de Horacio Verbitsky, Román Lejtman o de Gabriela Cerruti), o de centro derecha, como La Nación (con columnas de reflexión a cargo de Mariano Grondona o de Joaquín Morales Solá), y de programas de televisión que realizaban periodismo de investigación, como Telenoche investiga (de canal 13, que luego amplificaba sus denuncias en las tapas del diario Clarín, del mismo grupo empresario) y el programa Día D (a cargo de Jorge Lanata, por canal 2), se referían una y otra vez a temas como coimas, sobreprecios, contratos irregulares, compras sin control, negocios con empresas fantasmas y todo tipo de mecanismos de captura de fondos estatales por parte del gobierno de Menem, en los cuales se hacían cámaras ocultas, se sugería la existencia de negociados y se revelaba información oficial en clave de sospecha. Varios libros se habían convertido en auténticos fenómenos de venta en torno a casos de corrupción así como las “biografías no autorizadas” de políticos, legisladores, gobernadores, jueces de la Corte Suprema, militares y hasta del entorno familiar del presidente. Títulos como Robo para la corona (Verbitsky, 1992), Todo tiene precio (Capalbo y Pandolfo, 1992), La corrupción (Grondona, 1993), Hacer la Corte (Verbitsky, 1993), Narcogate (Lejtman, 1993) El palacio de la corrupción (Carnota y Talpone, 1995) y El otro (López Echague, 1996) construían una y otra vez una imagen de abusos inescrupulosos por parte de políticos, los cuales quedaban recurrentemente impunes gracias a tener una red de protección garantizada por esa misma corporación política de la que se sospechaba. Incluso, el legislador por el Frepaso Juan Pablo Cafiero llegó a pedir la instauración de una suerte de nueva CONADEP, pero ya no para abordar el tema de la desaparición de personas, como había sido luego de la última dictadura militar, sino para investigar la corrupción, pedido que era recurrentemente promovido por el periodista Mariano Grondona desde su programa Hora clave, por canal 9.

Sin embargo, que la retórica “anticorrupción” haya ganado una centralidad inusitada durante la década de 1990 en el país no puede ser atribuido únicamente a los medios de comunicación, por más que ellos hayan cumplido un rol importante en esto. Por empezar, porque según los relevamientos empíricos que se han realizado, durante el periodo 1990-2001 fueron principalmente políticos (oficialistas y opositores) y funcionarios públicos los responsables de originar el 56% de las denuncias que se convirtieron en “escándalos de corrupción” y que tuvieron gran notoriedad pública, cuando los periodistas o los medios de comunicación generaron solo el 13,8% en ese periodo (Pereyra, 2012: 271); más aún, durante el segundo gobierno de Menem, cuando el tema tuvo mayor relevancia política, los medios de comunicación y los periodistas tuvieron su menor participación en ello, originando el 8,6% de aquellas denuncias (id.: 272). Es decir, el tema de las denuncias y los usos simbólicos de la corrupción deben ser entendidos más propiamente como un recurso que se generó al interior de la propia corporación política y que sirvió principalmente como un instrumento de lucha política y de posicionamiento entre líderes y partidos políticos en aquel contexto, donde además serían –precisamente– los partidos de oposición los que más hincapié harían en esta temática, siendo el Frepaso el caso más activo y destacado al respecto, al apelar a este tópico como parte de su estrategia de relucir como el partido de la “nueva política²”. De igual modo, ante un clima de consenso mayoritario sobre los esquemas económicos vigentes, el uso reiterado de hablar sobre la corrupción era una rápida vía de escape que permitía ganar consenso fácil al tocar un tema de acuerdo universal (¿quién se opondría a eliminar la corrupción?) pero que evitaba, sobre todo, discutir otras cuestiones en un contexto en el cual la debilidad ideológica tendió a aflorar, sin promover una disputa por proyectos políticos alternativos más que por combatir el tema de la corrupción. Un buen ejemplo al respecto es el de Chacho Álvarez, cuando hablaba acerca los principales problemas del país a poco de asumir Menem su segundo mandato: “La contradicción no es ya inflación o recesión, ni se trata de bajar sueldos, sino que hay que empezar a bajar los bolsones de privilegio, luchar contra la corrupción y tener un presupuesto equilibrado con control parlamentario, a partir de allí, con un nivel de austeridad muy fuerte, se puede discutir la situación económica” (Página 12, 2/11/95). Como vemos, el prerrequisito antes de esbozar cualquier cambio no podía ser otro más que la transparencia, el control de los gastos y la austeridad. De este modo, se solía esgrimir que los problemas económicos y sociales del momento (desempleo, concentración de la riqueza, desigualdad, exclusión, primarización del aparato productivo, sobreendeudamiento, etc.) eran debidos a la corrupción y no ya al modelo que los provocaba y que tácitamente se naturalizaba al no ser cuestionado. Con lo que, bajo estas premisas, se terminaba por construir una visión degradada y peyorativa del mundo político, representado como homogéneo, espurio y sin otra motivación más que el lucro individual, la inmoralidad y el robo, y en el que se fabricaba una imagen de distancia cada vez más grande de “la gente” frente a aquellos que debían representarla (“los políticos” y la “partidocracia”).

Reforzando esta idea, debemos decir que el discurso anticorrupción lejos de ser un elemento que pudiera amenazar al orden social de aquel contexto, era más bien funcional al mismo, no solo porque era una herramienta que evadía poner en entredicho ciertos esquemas de poder, sino que incluso permitía insertarse dentro de las claves de disputas políticas propias del neoliberalismo, en el cual el combate acérrimo contra la corrupción envuelve solapadamente su oposición irrestricta a toda forma de intervencionismo estatal. Justamente, uno de los principales argumentos utilizados por Menem y por la prédica neoliberal al inicio de las reformas estructurales, fue asegurar que al privatizar las empresas públicas y desregular los mercados se aniquilaban las “bases estructurales de la corrupción”, señalando implícitamente que la transparencia solo podría lograrse con menos Estado y con más mercado (Astarita, 2014). Con lo que, el Estado y “los políticos” no solo terminaban por ser fácilmente ubicados como los focos y causas por antonomasia de la corrupción, sino que se hacía hincapié en la separación tajante entre técnica y política, donde la primera se considera neutral, científica y objetiva, mientras que la segunda sería espuria, arbitraria y cargada de vicios inherentes. De allí que el discurso “antiestatal” y el de la “anticorrupción” neoliberal tendieran a confundirse uno con otro y a generar finalmente un posicionamiento “antipolítico” como lugar común, en el cual se evitaba la discusión de los proyectos económicos y sociales alternativos al neoliberalismo y al orden imperante, y en el que su corolario no era otro más que la sugerencia de que la diagramación de las políticas públicas debería recaer ahora únicamente sobre los “técnicos”, libres de cualquier sesgo político o ideológico. De igual modo, con la instalación del tema de la corrupción como principal eje de las discusiones también se comenzaría a construir la importante demarcación dentro del espectro político de la supuesta división entre “honestos y corruptos” y ser con ello un clivaje fundamental de las articulaciones partidarias. Una prueba representativa de esto, y no sin casualidad, fue que las figuras que se estaban estableciendo como los principales líderes de la oposición (Chacho Álvarez, Fernando De la Rúa, Graciela Fernández Meijide, etc.) comenzaron a sacar jugosos frutos políticos de este tipo de dicotomías, bajo su aura de hacer política con decoro, respeto por las formas y austeridad, pero por sobre todo por hacerlo “sin corrupción”³. Así, este tipo de dinámica cultural sobre el mundo político no solo iría cimentando una mirada cínica y desesperanzada de los problemas públicos –con cierta negatividad y desentendimiento sobre la política y los partidos–, sino que también permitiría vaciar de contenidos los temas de discusión –o por lo menos a empobrecerlos–, poniendo fin a las cuestiones que habían sido fundamentales bajo la edad de oro del Estado de Bienestar –ligadas a la distribución, la igualdad y al desarrollo industrial–, para centrar ahora parte de los conflictos en torno a la institucionalidad y la ética pública.

Igualmente, junto con el nuevo clima político que se estaba edificando, los cambios más importantes que se produjeron en él fueron los realineamientos internos realizados en el propio gobierno y que jugaron también un rol de peso para transformar el horizonte. En este caso, porque la elaborada alianza que había logrado construir un sólido bloque gubernamental entre Menem, Cavallo y Duhalde terminó finalmente por fragmentarse y luego por estallar con los primeros tiempos del segundo mandato del PJ. La competencia y rivalidad de estas tres figuras –que habían funcionado como aliadas, logrando estructurar al menemismo hasta entonces bajo una exitosa coalición de gobierno–, abrirían ahora interrogantes hacia el futuro sobre los rumbos de la política nacional.

Con respecto a la figura de Cavallo, debemos decir que si bien no fue el más importante promotor del giro neoliberal llevado adelante por Menem y el peronismo, solo con su llegada al ministerio de Economía a principios de 1991 y el lanzamiento de la convertibilidad el gobierno pudo tener por primera vez un control de la situación y ganar el consenso suficiente para legitimar el giro realizado y todo el plan de reformas. Es por ello que, desde ese momento, a partir del éxito casi inmediato que tuvieron sus medidas y por el tipo de perfil discursivo que llevó adelante, Cavallo fue teniendo peso propio al convertirse en el principal defensor ideológico del programa de gobierno, lo cual le fue permitiendo escalar en sus posiciones y a hacer desembarcar a hombres de su riñón en una amplia serie de cargos gubernamentales de importancia, excediendo con mucho su influencia por fuera de su ministerio y pudiendo controlar así áreas estratégicas del Estado (Cancillería, Banco Central, Ministerio de Trabajo, Salud, Interior, DGI, etc.). A su vez, por el estilo expresivo que lo caracterizaba, de tipo tecnocrático, avasallante y totalmente acorde al rumbo pro mercado encarado por Menem, terminó por consolidar un alto protagonismo que no solo se complementaba y conjugaba muy bien con el carisma político del Presidente, sino que le daba visos de racionalidad económica al gobierno y que devino fundamental para ganar el apoyo del gran empresariado y de los mercados financieros. Incluso, el mismo talante y apoyos ganados por Cavallo proyectaron en más de una ocasión una rivalidad no tan larvada con el presidente. Sin embargo Menem, a pesar de la peligrosa autonomía que pudiera desplegar Cavallo y de que pudiera estar convirtiéndose en un amenazante competidor político, debió asumir su relación con este de manera resignada como una sociedad imprescindible, puesto que era su ministro verdaderamente quien le garantizaba la paz económica y el apoyo empresario suficiente para sostener la convertibilidad y el modelo económico en el cual sustentaba su capital político. En cada ocasión que intentó desprenderse de Cavallo, las señales y presiones que recibió para que no lo hiciera fueron las que se terminaron por imponer: desde el FMI y los organismos multilaterales de crédito, hasta las embajadas de los países centrales y dueños de las empresas privatizadas, los empresarios del capital concentrado local, bancos privados extranjeros, inversores y grupos importantes de la población a través de encuestas se lo impedían. Como era habitual ante cada rumor de ruptura, frente a conflictos públicos o disputas de protagonismo entre uno y otro, en los diarios solían aparecer solicitadas por parte del mundo de los negocios diciendo: “Expresamos nuestro más decidido apoyo a la política del presidente Menem ejecutada por su ministro Cavallo”, y en la que hablaban frente a la prensa sobre que “no imaginamos un país sin Cavallo” o “es el mejor ejecutor económico que conocemos” (Clarín, 12/09/1995 citado en Novaro, 2009)⁴, como también lo respaldaban en las denuncias de corrupción que sucesivamente lo iban llevando a enfrentarse con Menem y con el propio gobierno. Del mismo modo, Menem solía contraatacar remarcando que el plan de Cavallo no había implicado un cambio de rumbo al que ya previamente su gobierno se había decidido a realizar, y que el único y verdadero “garante del modelo” era él. Decía Menem: “Vamos a ser muy claros en este aspecto, el presidente de la nación es el padre de la criatura” (Clarín, 13/09/1995). Con todo, tras la reelección y nuevos chispazos entre ambos, Menem se había decidido a terminar con la dependencia de su ministro, por lo que comenzó a recortarle atribuciones, espacios de injerencia, funcionarios y a montar operaciones de prensa en su contra, especialmente al comenzar 1996, cuando lo signos de recuperación económica empezaron a tonificarse. Así, y a pesar de estar viviendo su peor momento político, el presidente intentó hacer una muestra de fortaleza y dar por terminada su vinculación con Cavallo, señalando que la supervivencia de la convertibilidad ya no dependía de ninguna personalidad.

La noticia del final de la era Cavallo se oficializó el 26 de julio de 1996, cuando este fue reemplazado por el que había sido hasta entonces presidente del Banco Central, Roque Fernández, y fue una noticia que –más allá de los temores– finalmente no afectó la marcha de la economía ni sacudió al mundo de los negocios. Tampoco implicó un éxodo masivo de funcionarios detrás de aquel o un quiebre en las lógicas económicas previas. Igualmente esta ruptura le sirvió a ambas partes para liberarse al uno del otro y ensayar sus propios planes políticos. Puesto que con su salida del gobierno, Cavallo se sintió habilitado para construir un espacio propio. El ejemplo reciente de lo sucedido en Brasil con Fernando Henrique Cardoso parecía serle un excelente espejo en el cual mirarse, dado que este había recorrido un camino casi paralelo al de Cavallo: se acercó al mundo político partidario luego de haberse ganado un nombre propio fuera de él en el ámbito académico profesional, fue Canciller y luego Ministro de Economía de un gobierno que tenía como principal meta domar una salvaje hiperinflación, y así, tras lanzar el Plan Real en 1994 (un plan económico con anclaje cambiario similar a la convertibilidad) (Brenta, 2006), redujo abruptamente la inflación con lo que coronó un alto éxito político que le permitió crear su propio partido político, disputar una elección presidencial y terminar imponiéndose en ella. Del mismo modo, Cavallo lanzó su propia agrupación partidaria, Acción por la República (APR), con la cual tendió a disputar el espacio de centroderecha y a ganar el apoyo del mundo de los negocios que, como dijimos, veían en el exministro al mejor garante de la visión empresarial y del rumbo económico sobre el cual transitaba el gobierno, espacio que había quedado vacante luego de la reducción partidaria de la UCeDé. Desde allí, Cavallo construiría una plataforma política que buscara acentuar el curso neoliberal y continuar desarrollando sus denuncias de corrupción y sentar las bases para llevar a cabo su disputa en la carrera presidencial que se abría hacia 1999; sin descuidarse tampoco de presentar a su partido en las elecciones legislativas de octubre de 1997.

Por su parte, la relación y el conflicto entre el gobierno de Menem y Duhalde eran más entrelazados que para el caso de Cavallo, por lo que su desarrollo por ende debía surcar otros caminos. En principio, porque fue la alianza política entre ambas figuras la que les había permitido a uno y otro consolidar su poder en la década de 1980 y escalar hasta la presidencia de país⁵. Luego, fue también esa alianza la que terminó por relegar definitivamente a Cafiero como polo de poder interno del peronismo, no solo en la interna partidaria de 1988, sino también en el plebiscito provincial de 1990. Un año después, en 1991, se repitió una situación similar cuando Menem necesitó ratificar el curso de su proyecto político y asegurarse la provincia más importante del país, donde la figura de Eduardo Duhalde devenía central, dado que era quien encabezaba todas las encuestas. Así, tras un tironeo inicial, Menem logró negociar con Duhalde para que este aceptara la candidatura a la gobernación a cambio de otorgarle un fuerte subsidio de fondos en caso de ganar, para que pudiera administrar la provincia sin problemas de presupuesto, y que duraría cinco años (1992-1997). Medida que se ratificó por ley, cuando se creó el “Fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense”, un jugoso caudal de dinero constituido por el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, del cual Duhalde podría disponer libremente para hacer obras públicas, distribuir recursos con intendentes, legisladores, ganar lealtades y expandir su aparato político, y colonizar así al peronismo bonaerense⁶. De esta manera, en 1991, con ese acuerdo y esos fondos, si bien Menem sabía que podía estar construyendo a un poderoso rival hacia el futuro, también sabía que el conurbano bonaerense y la provincia eran irrelegables, los cuales debían estar inexorablemente bajo control de un peronista para gobernar con tranquilidad el país y que más fácil o difícil este debía ser su aliado. Así, con el triunfo de 1991 en la provincia de Buenos Aires –gracias en gran medida a Duhalde– y al lanzamiento del plan de convertibilidad con Cavallo en igual contexto, fue que el menemismo definitivamente selló sus esquemas y sus alianzas principales de poder, con los cuales coronaría hacia adelante mayores triunfos y apoyos. De allí que Menem, con el poder y apoyos cosechados, pudiera llevar adelante el sueño de la reforma constitucional para obtener la reelección presidencial en 1995, pero la que también obligó a Duhalde a reconfigurar sus aspiraciones políticas, dado que por esos años no contaba con el poder suficiente como para disputarle a Menem la candidatura presidencial peronista de 1995. Duhalde, en vez de apostar por enfrentarse a Menem y competir contra él, decidió posponer su proyecto presidencial y esperar hasta 1999, sosteniendo el juego colaborativo que habían realizado hasta entonces. Así, bajo la opción de mantener la cooperación con el presidente, trazó una estrategia similar en la provincia a lo hecho por Menem en la Nación: logró modificar la constitución provincial para obtener la chance a un nuevo periodo como gobernador (la cual obtuvo con un cómodo 62%) y, desde allí, soñar con la presidencia para 1999. De esta forma, tanto Menem como Duhalde, apoyados uno en el otro, lograron ambas reelecciones en 1995 y comenzar un nuevo periodo de gobierno, uno como presidente de la nación y otro como gobernador. Sin embargo, como dijimos arriba, una vez reelectos ambos hombres fuertes del PJ, a partir de 1995 la alianza funcional de apoyos recíprocos comenzó a agrietarse de manera acelerada, puesto que ambos comenzaron a fijar como objetivo último coronar un triunfo presidencial en 1999.

El camino hacia la elección presidencial (1997-1999)

Los resultados de las elecciones de octubre de 1997 fueron una sorpresa en más de un sentido. Con la creación de la Alianza fue la primera vez en toda una década que un partido político nacional se mostró realmente como una amenaza electoral para el peronismo, la cual incluso terminó por vencerlo en varios distritos. Aunque por supuesto, fue sin dudas el resultado alcanzado en la provincia de Buenos Aires el más importante de todos. Allí, el triunfo de Graciela Fernández Meijide (con el 48,3% de los votos) sobre Chiche Duhalde (41,4%) había mostrado la viabilidad electoral y la contundencia que la Alianza era capaz de ofrecer, y modificó el mapa político del país. Por su parte, esa victoria encontraba también en Fernández Meijide una candidata capaz de volverse virtualmente la próxima presidenta de la nación, puesto que con su logro había herido malamente al proyecto duhaldista, el rival que lucía como más importante por parte del PJ con miras a 1999 y que ahora yacía derrotado en su propio distrito.

Para entender las razones del vuelco político que implicó la Alianza con su éxito, debemos explicar los motivos que hubo para constituir tal coalición, dado que solo al comprender la naturaleza de aquello que se enfrenta y que posibilita una unión es más fácil caracterizarla. La Alianza no se había formado como pudo ocurrir en otros países en los cuales también los principales partidos opositores conformaron una coalición ya sea para derrotar una dictadura, llevar a cabo una profunda transformación social, detener un candidato o partido antisistema o de perfil fascista autoritario, ni tampoco evitar una guerra civil, salvar un régimen democrático débil o iniciar una transición política postdictatorial (Ollier, 2001). La situación argentina no era tan dramática. Sino que la unión se realizaba únicamente con el fin de debilitar la hegemonía peronista y enfrentar la visión supuestamente patrimonialista que daba al poder. Motivos que contaban con mucho peso en aquel contexto. Vale decir que la Alianza se impuso a pesar de que la situación económica había mejorado con respecto a 1995 (la economía creció al 7% ese año y la desocupación estaba bajando), y que su triunfo se logró sin realizar propuestas claras de cambio ni cuestionamientos al modelo vigente, por lo que los votos recibidos no fueron a favor de una ruptura que expresara un malestar económico. A su vez, parece difícil aplicar algún tipo de determinismo económico para entender tal resultado político ya que, paradójicamente, dos años atrás, en 1995, cuando el país estaba en crisis por el Tequila, la economía se desplomó y el desempleo tocó niveles realmente altos, el peronismo no tuvo problemas para imponerse. Es decir, que la Alianza haya alcanzado en 1997 una victoria en un contexto económico mucho más holgado que el de la anterior elección no solo era un mérito importante, sino que indicaba la fuerza con la que se había instalado la idea y la “necesidad” de transparentar la política y combatir la corrupción¹⁶. Como también, la Alianza, en vez de cuestionar el esquema económico, se había manifestado a favor de continuar con el mismo y había señalado que sería más bien una garantía de que este también podía funcionar pero ahora con “políticos honestos”. Como advirtieron Álvarez y Terragno antes de las elecciones frente a empresarios estadounidenses, para ellos “la estabilidad no se toca” (Clarín 02/10/1997) y como también aseguró Fernández Meijide después de los comicios: “La gobernabilidad está asegurada” (Clarín 28/10/1998). La falta de reacciones adversas en los mercados una vez conocido el triunfo opositor también daba cuenta de que nadie ponía en duda que la Alianza garantizaría igualmente la continuidad de la convertibilidad y de las pautas económicas. Por ello mismo, los líderes de la Alianza comenzaron a perfilar casi como bandera sus críticas al “estilo” de Menem más que al modelo mismo que este comandaba (Dikenstein & Gené, 2014). Dicho triunfo también indicaba todavía más el carácter consensual del ordenamiento sociopolítico vigente, en el cual la oposición podía triunfar electoralmente sin prometer cambiar prácticamente nada. La Alianza era así una oposición a imagen y semejanza del menemismo (Bonnet, 2007).

Sin embargo, a pesar de la espuma inicial que pudiera implicar el resultado obtenido por la Alianza, existían varios elementos a tener en cuenta. Para comenzar, es preciso relativizar los alcances de su triunfo, puesto que de los quince distritos donde se realizó la unión, esta se impuso solamente en seis (Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones), dando cuenta de la fortaleza que todavía registraba el peronismo en el interior del país. Por su parte, en los otros nueve distritos donde la coalición no se llegó a formar esto no se debió únicamente a que las elecciones internas ya se habían realizado y que, por más intentos que se hayan hecho, no hubo forma de que quienes se habían impuesto desistan de encabezar las boletas –aunque en algunos casos fue así–, sino que se debió principalmente a dos motivos más: el primero, es que en varios distritos del interior la UCR y el Frepaso estaban fuertemente enfrentados y era imposible la convivencia entre ellos¹⁷; y el segundo y más importante aún, era que donde el radicalismo era verdaderamente fuerte y/o el Frepaso muy débil, no existían incentivos suficientes para compartir aunque sea mínimamente los espacios. Esto último fue lo que sucedió en cuatro de las cinco provincias gobernadas por la UCR (la sola excepción fue Chaco), lo que sugería con cierta contundencia que la Alianza era más bien un matrimonio por conveniencia y que a sus miembros no los unía el amor a un proyecto común, sino el espanto de nuevas victorias peronistas¹⁸. Igualmente, y a pesar de estos bemoles, también debemos decir que la imagen global pareció clara: si se suman los diputados conseguidos donde se formó la Alianza (47) y los que obtuvieron por separado la UCR (12) y el Frepaso (3), se totaliza en 62 bancas, lo que alcanzó para superar las 50 que obtuvo el PJ en esa elección, como también para obtener un millón y medio de sufragios más que aquel y conquistar así el 45,54% de los votos del país (un 9% más que el peronismo); con lo cual, de repetir estos guarismos en 1999, los aliancistas podían soñar con hacerse del gobierno nacional sin mayor dificultad.

CUADRO 2.1. RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN DE OCTUBRE DE 1997

Fuente: Ministerio del Interior de la Nación.

De esta manera, el camino de la Alianza hacia la presidencia de la Nación parecía relativamente despejado, aunque para asegurar esto debía terminar de consolidarse como espacio político y ofrecer una significativa unidad que le permitiera mostrar una imagen de opción de gobierno sólida y no solamente de oposición electoral. Puesto que, de no lograr suturar las diferencias que la habitaban, podría costarle muy caro. Así, existían varios dilemas políticos que debía sortear en relación a ello y con vistas a su futuro. El primero se refería a encontrar una forma de estructurar y definir las candidaturas del espacio sin entrar en una confrontación que lo disolviera, ya que el riesgo de generar heridas que luego no pudieran sanar era grande, como también lo era el de poder integrar con cierta armonía las heterogeneidades que existían en la coalición. Una parte importante del problema ya estaba resuelto previamente cuando se negoció inicialmente la conformación de la Alianza y se estableció que un miembro de alguno de los dos partidos de la coalición encabezaría la boleta presidencial, mientras que el otro partido encabezaría las boletas de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a jefe de gobierno porteño y que completaría la fórmula presidencial con el vice, y que se intercalarían las postulaciones a los ejecutivos y legislativos entre una y otra fuerza. Sin embargo, el gran dilema pendiente que restaba por resolver entonces era sobre qué mecanismos se definiría el primer lugar de la fórmula. Las opciones que se barajaron fueron tres. La primera de ellas era hacerlo por consenso y según los números que mostraran las encuestas. Este mecanismo, si bien ofrecía la posibilidad de generar menor desgaste interno y una baja confrontación entre dos partidos que debían funcionar como aliados, permitiéndole al Frepaso compensar su debilidad institucional frente al radicalismo, guardaba la dificultad de que había dos candidatos en la Alianza que eran igual de potentes según los sondeos (tanto De la Rúa como Fernández Meijide se imponían sobre cualquier candidato del PJ)¹⁹, como además era una forma de sentar sospechas y de ser, como en el Pacto de Olvidos, un acuerdo cerrado solo entre elites, sin representar la transparencia que los miembros de la Alianza deseaban proyectar. De esta manera, las otras dos opciones que existían eran realizar elecciones internas, ya sea cerradas (solo para miembros de la UCR y del Frepaso) o bien abiertas (incluyendo también a quienes estuvieran afiliados a otros partidos políticos y los independientes). Siendo esta última opción la que se escogió y en la que se estableció como fecha de votación fin de noviembre de 1998.

Del mismo modo, el camino a dicha elección interna final también dejaba abiertos otros problemas, especialmente por las diferencias internas que atravesaba la UCR. En este caso, porque en contraste con lo que ocurrió con el Frepaso –que designó sin dificultad a Fernández Meijide como su candidata partidaria para la interna–, el radicalismo debió batallar en varias oportunidades para presentar un candidato de unidad, puesto que Terragno –presidente de la UCR– estaba decidido a competir contra De la Rúa por esa candidatura. A su vez, el partido también tenía que terminar de alinear a los sectores díscolos del interior del país que no aceptaban conformar la Alianza en sus distritos. El caso más notorio al respecto era el de Ramón Mestre, gobernador de Córdoba (segunda provincia en importancia en el país), que era inclaudicable al respecto²⁰. No obstante, en estos dos casos la UCR logró finalmente avanzar bastante: por presión de Alfonsín y de los gobernadores, Terragno terminó por declinar su candidatura en pos de De la Rúa, mientras que se logró que la Alianza se conformara esta vez en 21 de los 24 distritos electorales (las excepciones terminaron por ser sólo Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero)²¹.

Asimismo, y para asegurar un compromiso todavía mayor en la conformación de la Alianza, desde el “grupo de los 5” se presentó el programa de gobierno que llevaría a cabo la Alianza en caso de llegar a la presidencia, el cual se denominó “Carta a los Argentinos”, oficializado en un acto a mediados de agosto de 1998 –tres meses antes de la interna partidaria–. La Carta, sin embargo, más que un programa de gobierno, era una laxa declaración de buenas intenciones, puesto que era un documento muy escueto y redactado de modo suficientemente ambiguo para no establecer compromisos firmes ni propuestas claras, lleno de mensajes generales y de afirmaciones incluso contradictorias entre sí. Esta imprecisión fue un objetivo deliberado por parte de ambos partidos para lograr la flexibilidad suficiente durante la campaña y también para no desatar conflictos internos, ya sea entre los partidos socios o bien al interior de ellos. Así, aunque la Carta buscó acentuar en su plataforma sus propuestas económicas es poco lo que finalmente se afirmaba al respecto. Por ejemplo, se defendía a la convertibilidad, aunque aclarando que solo sería posible conservarla si se puede “consolidar la economía en diferentes frentes”; se hacía énfasis en eliminar el déficit fiscal, pero sin explicar cómo y, al mismo tiempo, se hablaba de aumentar fuertemente el gasto público en infraestructura; se proclamaba por casi duplicar las exportaciones en apenas cuatro años aunque reconociendo que con la caída de los precios internacionales sería muy difícil hacerlo. Cuando se asumía posiciones tajantes, las mismas resultaban ser muy livianas en sus consecuencias: no proponía aumentar el gasto social, sino distribuirlo; señalaba que las empresas privatizadas eran monopólicas, generaban concentración de la riqueza y perjudicaban la equidad, pero no proponía revisar o anular sus contratos, sino fortalecer los entes reguladores (Pousadela, 2003). En fin, las propuestas parecían simplemente asegurar el neoliberalismo y proclamar la intención general de “trasparentar las instituciones” y de “gobernar sin corrupción”, pero sin señalar cambios de peso, lo que permitiría improvisar las medidas sobre la marcha en función de lo que marcasen las encuestas o de lo que la agenda periodística de coyuntura pudiera imponer.

Por su parte, y con respecto a la resolución perentoria entre Fernández Meijide y De la Rúa, el debate entre ambos se terminó por centrar en una confrontación mesurada y sin agresiones, y en la cual no asomaron diferencias muy claras por parte de uno y otro candidato²². El resultado final resultó ser no obstante perfectamente previsible: el candidato radical triunfó con el 64% de las preferencias frente al 36% obtenido por Meijide, en una elección en la que participaron 2,3 millones de personas (La Nación 30/11/1998). Allí, la consolidada maquinaria partidaria de la UCR se impuso sin problemas ante la endeble base organizativa del Frepaso. Cómo comentó Álvarez tiempo después:

[N]o se le podía pedir a nuestra fuerza que renunciara a la posibilidad de competir. Y menos mal que no lo hicimos y que hubo internas. Si hubiese sido de otra manera, muchos habrían tenido la certeza de que se podía ganar. Yo, aún con dudas, creía percibir parte de lo que pasó: que Graciela [Fernández Meijide] no era una figura con tanta fuerza y carisma como para movilizar, por sí sola, tantos independientes para derrotar a la poderosa estructura radical. Salvando las distancias y las diferencias, no se podía reproducir el fenómeno de Menem cuando derrotó al aparato cafierista en las internas partidarias del peronismo de 1988. Por otro lado, tiene cierta lógica que en la primera experiencia de una Alianza [en la Argentina], el presidente pertenezca al partido más estructurado, con más recursos de todo tipo. En las cámaras legislativas y en las provincias, el radicalismo tenía un poder institucional varias veces más importante que el nuestro, y esta base de sustentación es muy significativa a la hora de gobernar. Al aceptar la idea de hacer la Alianza con el radicalismo era muy improbable que nosotros pudiéramos conducirla (Álvarez & Morales Solá, 2002: 91).

Un mes después de los comicios internos, la Alianza terminó por diagramar su propuesta electoral cuando Chacho Álvarez anunció que sería el compañero de fórmula de De la Rúa y que Fernández Meijide sería candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires (Clarín 05/12/1998). Por último, debemos decir que la Alianza también debió surcar el dilema sobre qué posición adoptar frente a los planes de Menem de buscar un tercer mandato consecutivo. En este caso, los líderes aliancistas se sintieron tentados en más de una oportunidad de formar un frente común junto a Duhalde para detener tal ambición. Sin embargo, finalmente desistieron de ello optando por privilegiar una ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia en caso de que esta habilitara al riojano. Así, podrían tener un posicionamiento más institucional y menos riesgoso políticamente²³, como también relegar el tema a la interna peronista y que sirviera esto para que los hombres del PJ se desgastaran mutuamente entre ellos.

Siguiendo este punto, debemos decir que luego de conocerse el resultado de octubre de 1997 con el cual triunfó la Alianza, fue –justamente– el espacio peronista el que terminó por entrar en crisis, sin hallar la forma de salir del pantano al que había caído. En principio, porque hasta ese momento el peronismo parecía tener en Duhalde una figura en ascenso y un “candidato natural” con las condiciones suficientes para imponerse en 1997, y con ello se suponía que podría arrebatarle el liderazgo del PJ a Menem, ordenar el espacio partidario y finalmente tener un fuerte impulso triunfador hacia 1999. Sin embargo, la victoria aliancista arruinó dichas perspectivas y dejó a Duhalde herido en su propia provincia. Además, el proyecto “Duhalde 99” también sufrió los golpes de la Alianza en los distritos donde estaban los gobernadores peronistas más cercanos al proyecto de Duhalde: Jorge Obeid (Santa Fe), Jorge Busti (Entre Ríos) y Arturo Lafalla (Mendoza), lo que significó que sus virtuales aliados habían salido sumamente debilitados de esas elecciones. En contraposición a esto, muchas de las listas del PJ alineadas con Menem pudieron igualmente vencer en sus provincias (La Rioja, Jujuy, La Pampa y Corrientes). En consecuencia, el resultado no podría haber sido peor para Duhalde, ya que con esos valores desde el menemismo se sintieron con el suficiente aire como para continuar con el control partidario y con la pelea por una nueva candidatura presidencial de Menem para 1999, alegando ahora también que solo Menem era capaz de asegurar un triunfo partidario allí. Por lo que, finalmente, y con estos resultados, Duhalde no pudo evitar el mal trago y terminó por declararse al otro día de las elecciones como “el padre de la derrota” (La Nación 27/10/1997).

A partir de entonces, Duhalde se vería obligado una y otra vez a destinar gran parte de sus energías en detener los planes de Menem para que este no consolidara su liderazgo en el peronismo o habilitara su candidatura presidencial, así como también –y paralelamente– volver a reflotar su alicaído proyecto hacia 1999. La interna peronista –frente al contraste de la experiencia que arrojaba la Alianza de reglas claras, convivencia y prolijidad–, cargaba con muchas dificultades y trabas para pensar un horizonte de resolución cierto. Asimismo, la carrera por atender todos estos desafíos debía hacerse de manera necesariamente conjugada, atacando todos los frentes a la vez, puesto que ellos eran sumamente dependientes entre sí. Menem ya venía desplegando desde tiempo atrás sus estrategias; ganaron algunas de ellas más peso mientras que otras se hundieron de forma rápida. Por ejemplo, mientras que por un lado logró sumar a Ortega a su gabinete como Secretario de Desarrollo Social y le ofreció ser su compañero en una virtual fórmula para 1999²⁴, por otro, la ambición del Presidente por lograr una nueva reforma constitucional se terminó de desmoronar una vez que la Alianza se impuso en las urnas, ya que esta le quitó bancas al PJ en el Parlamento y resultaba ahora imposible siquiera soñar con alcanzar los números para tal empresa. Finalmente, y con estas perspectivas, solo la vía judicial quedó disponible como opción para habilitar una nueva reelección. Así, para atravesar este último camino, desde el menemismo comenzaron a hacer una larga serie de presentaciones en juzgados y provincias de todo el país con el fin de hallar algún juez que le diera respaldo legal a sus pretensiones, aunque aguardando como verdadera esperanza no tanto lo que pudiera pasar en fallos de primera instancia, sino en lo que la Corte Suprema pudiera resolver en algún momento. Tras obtener algunos avances y retrocesos –donde el grueso de sus presentaciones fueron rechazadas en los tribunales–²⁵, logró también que alguna de ellas se filtrara y llegara hasta la Corte Suprema en junio de 1998. Sin embargo, el máximo tribunal eludió dar una sentencia final atrapado entre dos fuegos: rechazó el pedido menemista alegando una excusa técnico formal (faltó firmar un papel) y quedó –de ese modo– sin fijar una sentencia de fondo, lo que en los hechos no denegaba totalmente los deseos de Menem, pero tampoco los ratificaba como este había intuido que pasaría (Clarín 12/06/1998). Porque las presiones sobre ese fallo eran muchas, en las que desde el duhaldismo –y luego desde la Alianza– habían comenzado a hablar de un “golpe de estado jurídico”. Por eso mismo, la Corte no podría habilitar a Menem para un tercer periodo porque hacerlo hubiera desencadenado seguramente un peronismo dividido, y aun cuando esto no pasara, era muy difícil pensar que Menem podría igualmente derrotar a la Alianza, con lo que esta junto a Duhalde podrían tener motivos suficientes para impulsar juicios políticos y remover a los integrantes del máximo tribunal. Es decir, la supervivencia de quienes formaban parte de la Corte Suprema también estaba en juego, ya que la habilitación menemista solo podría lograrse si su jefe lograba expresar un alto consenso político y el respaldo suficiente para darle también un respaldo seguro a la Corte. Por su parte, un mes después de esta evasiva del Tribunal Superior, Duhalde se decidió a apurar los tiempos políticos al convocar a un plebiscito no vinculante en su provincia contra la reelección menemista (La Nación 10/07/1998) y en la cual todos los sondeos señalaban que el grueso de los votantes terminarían por poner fin a la cuestión rechazando la opción de que Menem pudiera presentarse. Del mismo modo, también separó a los legisladores bonaerenses del peronismo en el Congreso Nacional (el grupo más grande) para amenazar con una ruptura partidaria si el partido llegara a respaldar a Menem en sus ambiciones. La respuesta de Menem ante estos desafíos que lo acorralaron fue convocar a un Congreso partidario para demostrar que su poder interno dentro del PJ era grande y que no estaba solo sino que el grueso del partido lo apoyaba. Sin embargo, allí los planes tampoco resultaron: con la ausencia del numeroso contingente de delegados bonaerenses –controlados por Duhalde–, la flaca concurrencia de varias provincias (Entre Ríos, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz) y el retiro a último momento de los concurrentes de Santa Fe –que respondían a Carlos Reutemann–, el plenario quedó deslegitimado y sin fuerza. Además, el plebiscito duhaldista en Buenos Aires era casi inminente y aseguraba una derrota que humillaría públicamente a Menem, cerrando toda especulación sobre su liderazgo. En definitiva, el presidente no tuvo más alternativa y anunció por medio de una carta abierta su decisión de “excluirme de cualquier curso de acción que conlleve la posibilidad de competir en 1999” (La Nación 22/07/1998), disfrazando su derrota política en una elección personal.

Ante el importante triunfo político que representó para Duhalde el fin de una virtual nueva candidatura de Menem, el plebiscito rápidamente fue desactivado y aquel comenzó su estrategia de diferenciación política con vistas a delinear un perfil programático para 1999. Duhalde ya había invertido demasiado energía y tiempo en acabar con los planes de Menem, como también debía garantizarse, aún con la derrota que le había causado al riojano, de que este no continuara con el control partidario, lanzara nuevos competidores alternativos (como Ortega, todavía en carrera a pesar del retiro de Menem) u otros candidatos del PJ que lo pudieran desafiar en pos de la candidatura partidaria (como la débil opción que comenzó a representar el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá). Por ello, del mismo modo en que Menem había buscado convertir al peronismo en un clásico partido conservador y liberal de derecha, Duhalde, como ya mencionamos, pulseaba por llevarlo en otra dirección y rumbear más bien hacia un perfil neodesarrollista, que lindaba con el populismo tradicional, en el cual reclamaba más participación del Estado en la economía y que hubiera una mayor sensibilidad social. En este caso, si el menemismo había terminado por construir una coalición detrás de la convertibilidad en la que se alineaban el capital financiero, los bancos, las empresas privatizadas y los organismos de crédito multilaterales, Duhalde intentó conformar una articulación entre sindicatos, pequeños y medianos productores locales y el grupo de empresarios con intereses mercadointernistas y de perfil exportador, sin excluir tampoco a grandes grupos económicos locales. Así, primero señaló con contundencia que “el modelo está agotado” (Clarín 27/07/1998), sugiriendo que las perspectivas económicas abiertas por el ciclo de la convertibilidad y del tipo de cambio fijo estaban languideciendo, dado que una recesión estaba en curso, el desempleo era un problema muy grave y que la competitividad externa del país iba de mal en peor. Decía al respecto Duhalde: “El modelo está agotado porque cumplió los objetivos para los cuales fue creado, que fueron derrotar la inflación y asegurar la estabilidad […] mientras más tardemos en darnos cuenta que este modelo está irremediablemente agotado, más vamos a tardar en poner en marcha uno nuevo” (Clarín 03/08/1998). De allí que fuera instalando como principal lema de campaña electoral la consigna “Concertación ahora” y elaborara distintos tipos de propuestas para motorizar la economía luego del estancamiento recesivo en el que entró el país durante la segunda mitad de 1998. Las medidas que fue planteando, no sin ciertos zigzagueos y ambigüedades, eran de corte activo y keynesiano: suspender los despidos por un año como una forma de luchar contra la desocupación, realizar una moratoria de la deuda externa del país, crear un seguro universal de desempleo, bajar el IVA del 21% al 15%, aumentar el haber jubilatorio “como primera medida de gobierno” y aplicar alternativas económicas para favorecer a los sectores “productivos”, reforzando la idea del “compre argentino”. Por otra parte, también logró sumar al vicepresidente del país, Carlos Ruckauf –enfrentado con Menem–, para que lo acompañara en su proyecto, acordando con este para que fuera su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Aunque, inexorablemente, para que su plan global y aliados se estructuraran detrás de sí en una coalición viable, le era indispensable contar con un fuerte respaldo dentro del PJ como hilo vertebrador de todas sus fuerzas.

Ahora bien, más allá de los avances que Duhalde pudiera realizar para terminar de delinear su proyecto político, era el peronismo el que continuaba siéndole esquivo. Porque Menem, a pesar de haber dejado de lado sus pretensiones de reelección –por lo menos públicamente–, comenzó a volcar todo su esfuerzo político en sabotear las oportunidades del proyecto duhaldista. Para ello, Menem no solo continuó con buena parte del control oficial del peronismo, sino que trazó distintos tipos de incentivos hacia los gobernadores del PJ (económicos, políticos, de obra pública, etc.) para que estos separaran las fechas de los comicios de sus provincias de los nacionales, buscando así, de esta forma, que las maquinarias partidarias del interior del país no estuvieran activas al 100% en la elección presidencial, sino con una menor disposición de acompañar a Duhalde. Muchos de los gobernadores peronistas, del mismo modo, parecieron estar dispuestos a tomar medidas de este tipo, puesto que no confiaban además en que el PJ pudiera imponerse a la Alianza en la elección presidencial de octubre de 1999. Por lo tanto, resguardar sus distritos y desvincular lo que allí sucediera de los resultados nacionales era la mejor actitud que pudieran tener como estrategia de supervivencia política individual. Fueron así 16 provincias las que adelantaron las fechas de su elección a gobernador, casi escalonadamente, antes de la presidencial. Además, muchos gobernadores no deseaban que un bonaerense se hiciera de la presidencia puesto que ello implicaría un desequilibrio regional en la transferencia de los recursos a favor del centro y en perjuicio de los distritos del interior²⁶. Con esta estrategia Menem podría asegurarse que el peronismo pudiera continuar gobernando en el interior del país, pero no que triunfara su candidato presidencial, y con ello el riojano podría seguir con el control partidario luego de 1999 y presentarse por el PJ en 2003. A su vez, con la bicefalia peronista que debilitaba la verticalidad del partido les permitió a los gobernadores ganar mayor peso, tener más autonomía, capacidad de hacer demandas y desconcentrar el poder en pos de un renovado federalismo y horizontalidad.

En este contexto, el calendario electoral comenzó en diciembre de 1998 en Córdoba. Curiosamente fue una provincia gobernada por el radicalismo la primera en competir y la que más adelantó su elección (casi un año con respecto a la presidencial). Esto se debió a que, como vimos, el gobernador Mestre no estaba dispuesto a unir el destino de su provincia a la Alianza, como además pensaba que el radicalismo era lo suficientemente fuerte allí como para ser derrotado. Sin embargo, los cálculos fallaron: el peronismo detrás de Juan Manual de la Sota se impuso en Córdoba por primera vez desde el retorno de la democracia. Un mes después de la elección, al comenzar 1999, la devaluación brasilera golpeó la economía argentina, sembrando dudas sobre la continuidad de la convertibilidad en un año electoral. Las dos sorpresas, tanto la victoria del PJ en Córdoba como el shock externo, generaron cierta intranquilidad, la cual fue aprovechada por Menem para volver al centro de la escena. En este caso porque con la victoria peronista de Córdoba, volvió a reflotar su proyecto reeleccionista, ya que confiaba en que los números electorales –después de todo– mostraban que todavía tenía apoyo, al tiempo que lograba que el juez Bustos Fierro habilitara su candidatura. A su vez, frente a este panorama, decidió hacer hincapié una vez más en que solo su figura podría garantizar el modelo frente a los golpes externos y presentar su propuesta de dolarización total de la economía como la mejor alternativa para blindar la convertibilidad²⁷. Así, Menem, detrás de su proyecto dolarizador, comenzaba a tejer un guiño hacia los Estados Unidos y a la ambición del país del norte de crear una plataforma continental de libre comercio, el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).

Las reacciones que se generaron fueron de distinto tipo. Por el lado del peronismo, Ortega terminó por cerrar un acuerdo con Duhalde en febrero para ser su compañero de fórmula, ya que había perdido la confianza en que Menem finalmente lo apoyara o que aquel pudiera presentar su candidatura. A su vez, también sirvió para que la Alianza, junto a Duhalde, Rodríguez Saá y Cavallo se unieran para poner fin a las ambiciones de Menem, puesto que la amenaza a partir de la habilitación judicial de Bustos Fierro pareció más real que nunca y con visos de llevar a una fractura institucional al país (La Nación 22/03/1999). En paralelo a la unión publica de todo el arco político contra la habilitación, se dieron una serie de reveses contra Menem (nuevos fallos adversos de otros magistrados, la derrota del candidato menemista en Catamarca –Ramón Saadi–, amenazas de convocar a plebiscitos por parte de Duhalde y de la Alianza, así como la asociación de estos en Diputados contra el presidente), los cuales fueron un cóctel demasiado duro que terminó por cercar el sueño menemista de manera definitiva. Con ello, Duhalde pudo asegurar su candidatura junto con Ortega y quedar como única fórmula peronista –sobre todo cuando Rodríguez Saá se vio obligado a retirar la suya (Página 12 03/08/1999) – aunque no pudiera, igualmente, contar con todo el respaldo partidario detrás de sí, puesto que careció del importante apoyo de los caudillos de Córdoba (De la Sota) y de Santa Fe (Reutemann). Por otro lado, debemos decir que la incertidumbre que se pudiera haber presentado con la devaluación brasilera hizo que se fortaleciera en el país un más robusto consenso conservador de defensa de la convertibilidad, ya que una salida de ella pareció representar el temor cierto de la destrucción de la estructura de contratos (pactados en gran medida en dólares), de un default gubernamental, la suba del riesgo y de las tasas de interés, corridas bancarias y cambiarias, así como también el fantasma de un pronto retorno a las épocas de alta inflación. Es por ello que a medida que avanzó el año 1999 y el clima de campaña electoral comenzó a imponerse, desde la Alianza prometieron abiertamente que –de imponerse y casi como única promesa expresa de campaña– se continuaría con la convertibilidad, lo cual le permitió asegurar su primacía electoral a la coalición y su casi segura victoria según todos los sondeos²⁸. De una manera mucho más endeble, Duhalde tuvo más problemas para asumir una posición clara, sin terminar de certificar su estrategia de diferenciación con la obra de Menem, ya que a veces la recuperaba mientras que en otras oportunidades anunciaba que la cambiaría. Así, al estar siempre por detrás de la Alianza en las encuestas, debió hacer propuestas más arriesgadas y animarse a plantear cambios concretos –como las críticas que llamaban a “romper con el modelo” –, aunque poco después se desdecía de ello porque el apoyo a la convertibilidad era muy alto en la población, con lo que finalmente terminaba sin definir un mensaje nítido y solo generaba inquietud sobre lo que haría en caso de triunfar²⁹. Ante este horizonte, contempló hasta tres meses antes de la elección presentar una alianza o fórmula electoral junto a Cavallo³⁰, se encargó de continuar con sus críticas al modelo, aunque señalando que para él “la consigna sigue siendo Convertibilidad o muerte” (Clarín 20/08/1999); asimismo, cuando el FMI pidió conocer los planes económicos de los tres candidatos con más chances de acceder a la presidencia, Duhalde envió allí a su principal referente económico, del mismo modo en que lo hicieron Cavallo y la Alianza, para afirmar los tres juntos que –cualquiera triunfase– se garantizaría la continuidad del tipo de cambio fijo y de los lineamientos económicos básicos en caso de ganar (fueron a Washington Jorge Remes Lenicov, Adolfo Sturzenegger y José Luis Machinea respectivamente) (Página 12 01/08/1999), sin embargo, poco más de un mes después de eso, Duhalde criticó con dureza las propuestas hechas por el Fondo para la Argentina y afirmó que, si él se imponía, tomaría un rumbo distinto³¹.

Finalmente, frente a las contradicciones y balbuceos duhaldistas, la Alianza una vez que asumió un compromiso expreso de sostener la convertibilidad, dedicó el último tramo de la campaña a los aspectos que parecían más débiles del peronismo, como eran su imagen de poca transparencia institucional y de prácticas políticas deshonestas. Para ello, el grueso de la estrategia electoral se concentró en resaltar la figura de su candidato, Fernando De la Rúa. En este caso, porque según los estudios privados realizados por los aliancistas era la persona de De la Rúa una de las mayores fortalezas electorales que podía ofrecer la Alianza: una persona serena, de perfil austero, moderado, que no era agresivo ni confrontativo y que tenía una larga carrera política respetando las instituciones. Es decir, un hombre que lucía ideal para alcanzar la presidencia y para representar los valores que buscaba gran parte del electorado por ese entonces, en pos de mayor institucionalidad y de respeto por las normas, a la par que para los aliancistas personalizar la campaña en su candidato contribuía a desideologizar sus propuestas (evitando así tocar temas espinosos y los compromisos tajantes) como también a reforzar el liderazgo y autoridad de aquel. Un caso donde se cristalizó claramente esta táctica fue en el spot publicitario que tuvo mayor circulación en la televisión y la radio, y que comenzaba con la frase “Dicen que soy aburrido”. Aquí se buscó trasmitir que la figura de De la Rúa era el contraste absoluto con la de Menem (asociado al despilfarro y el descuido por las normas) y se hacía converger en el candidato aliancista los ideales que la coalición prometía efectivizar: privilegiar un tiempo de paz con continuidad y tranquilidad, una vida nacional sin sobresaltos que permitiera que todo fuera claro y previsible (casi hasta ser “aburrido”)³². En síntesis, la campaña de la Alianza se centró en expresar el programa módico de prometer mayor neoliberalismo y convertibilidad pero sin corrupción. Según los sondeos, con esto la victoria parecía inevitable.

No obstante, la recta final de la campaña tuvo un único sobresalto, cuando a mediados de septiembre se produjo un asalto a un banco con toma de rehenes en la localidad de Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires. Este hecho, conocido como la “masacre de Ramallo”, desembocó en el asesinato de varios de los rehenes, aunque no por las balas de los delincuentes sino de la policía provincial –que una vez más fue el centro de las críticas– y sobre todo porque uno de los asaltantes sobrevivientes terminó muerto en la comisaría bonaerense en la que se lo detuvo, simulando un suicidio. El nuevo hecho de violencia y la mala actuación de la policía duhaldista dejaron a Duhalde sin esperanzas de revertir las tendencias previas³³. Por lo cual, más allá de todos los esfuerzos trazados y de competir por el peronismo –un partido que solía garantizarse pisos electorales de entre el 35 y el 40% de los votos–, el proyecto “Duhalde 99” debió sucumbir ante lo inexorable de su derrota. Dado que, mientras la Alianza se mostraba como la continuidad económica, pero sin los peores vicios a los cuales se asociaba al peronismo –tanto de Duhalde como de Menem–, el bonaerense terminó por construir la imagen de su proyecto político de modo inverso: aparente continuidad de las prácticas políticas oscuras que tanto se repudiaban pero con quiebres económicos inciertos. Así, Duhalde trató de hacer varias advertencias de último momento: “No quiero ser pájaro de mal agüero, pero el año que viene puede pasar como en el 89, cuando le explotó la economía en las manos al expresidente Raúl Alfonsín”, señalando que su “modelo productivista” era lo único verdaderamente opuesto al “modelo del ajuste” que encarnaba la Alianza³⁴. En el acto de cierre de campaña, buscó ser más claro aún: “El domingo habrá muchos argentinos que estarán tentados de expresar su bronca. Querrán que cambie el gobierno. Pero la Alianza no quiere cambiar nada. Nosotros somos el cambio” (Clarín 22/10/1999). No obstante, más allá de sus advertencias, el resultado electoral fue el esperado: la Alianza se impuso en casi todo el país alcanzando la presidencia y dejó a Duhalde en segundo lugar –Cavallo terminó tercero con el 10% de los votos–, para dar desde allí la promesa de inicio de una nueva era política.

II. La Alianza en el gobierno y su lenta desintegración (de diciembre de 1999 a febrero de 2001)
Primeros meses de gobierno: ajustes estatales, tensiones internas, triunfos electorales

El 10 de diciembre de 1999 le tocó a la Alianza asumir el gobierno de la Nación. Su triunfo se había logrado sin demasiados problemas, replicando en gran medida el resultado obtenido en 1997. Sin embargo, aún la relativa sencillez y facilidad con la que había escalado hasta conquistar la presidencia, el apoyo político acumulado y cierto horizonte apacible, los integrantes de la coalición debían prestar atención a una serie de dificultades y limitaciones que ya antes de comenzar su gestión amenazaban con condicionar su capacidad de acción. Desde la Alianza era preciso tomar en consideración tanto las fortalezas como las debilidades que asomaban para trazar a partir de ello diversos tipos de estrategias y lograr así sortear un panorama que pudiera volverse eventualmente complejo. Con lo que, si la victoria electoral era un motivo de festejo y alegría, lo cual brindaba esperanzas y oportunidades, empezar a gobernar requería no descuidar problemas que restringían el ámbito decisorio.

Para comenzar, debemos decir que las limitaciones institucionales que encontraba el nuevo gobierno no eran pocas. Una de las más duras sin dudas fue la sorpresa final recibida la noche misma de la elección cuando se descubrió que Graciela Fernández Meijide no había logrado imponerse en la provincia de Buenos Aires. Las encuestas de los meses previos habían señalado una elección muy pareja entre la candidata de la Alianza y el candidato del peronismo, Carlos Ruckauf, en la que era muy difícil anticipar un resultado certero. Para ello desde el PJ se intentó no repetir ciertos errores ocurridos en 1997 y se elaboró una estrategia diferente, centrada no tanto en la disputa entre bonaerenses y porteños, sino en el tema “seguridad”. Allí Ruckauf se mostró como un hombre dispuesto a resolver el tema de manera firme y habló de “meterle bala a los delincuentes” (Clarín 04/08/1999), tocando este tema también para sacarle votos a la candidatura del excomisario Luis Patti, como a su vez acusar a Fernández Meijide de “abortista”. La “masacre de Ramallo” permitió orientar luego muchos votos a favor del discurso de “mano dura” de Ruckauf. Mientras que, por su parte, desde la Alianza, cuando se conformó la boleta electoral no se lo hizo con el fin de presentar a los candidatos que pudieran tener una mejor performance, sino con el de mantener los equilibrios de poder, ya que el radicalismo no postuló a Federico Storani como su candidato a la vicegobernación –un hombre que se identificaba con la UCR y que era atrayente en la provincia– sino a Melchor Posse –con menos talante–, lo que le impidió a la Alianza retener en gran medida el voto radical allí³⁵. Por último, el peronismo también logró establecer un acuerdo de último momento en la provincia con Acción por la Republica (APR) –el partido de Domingo Cavallo– y con la UCeDé. De esta forma, la unión de los tres partidos le permitió a Ruckauf sumar más votos y quedarse con la gobernación, aun cuando la Alianza logró imponerse con su fórmula presidencial (cuadro 2.2)³⁶. La consecuencia de esta derrota implicaba que la Alianza debería gobernar el país sin contar con un aliado en el distrito más importante a nivel económico, político, institucional y poblacional de la nación. Un hecho casi inédito en la vida política contemporánea de la Argentina –solo Alfonsín había atravesado tal situación durante los dos años finales de su mandato– y que sería la base de duras dificultades. Del mismo modo, tras el fracaso de Meijide, el Frepaso terminó por reforzar su rol como socio menor de la Alianza, ya que en menos un año una de sus principales figuras había sufrido dos derrotas de peso (primero con De la Rúa y ahora con Ruckauf); lo cual no era un dato menor cuando el principal objetivo llevado adelante por la Alianza era de corte electoralista. Así, el Frepaso debió resignarse no solo a tener un menor caudal institucional del estimado, sino que este se tradujera en la conformación de un poder político notablemente desbalanceado: además de quedar sin la provincia de Buenos Aires y de que la UCR obtuvo el premio mayor y sin comparación de poner al presidente en un país de larga tradición presidencialista, el equilibrio interno del gabinete nacional terminó por relegarlo mucho: solo tuvo dos ministerios de un total de diez, ocho secretarías (de 42) y cuatro subsecretarías (de 58) (Ollier, 2001: 159). Es decir, la “paridad” de fuerzas se quebró rápidamente y la Alianza se convirtió en una coalición de acentuado sesgo radical³⁷.

CUADRO 2.2. RESULTADOS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1997-1999)

Fuente: Ministerio del Interior de la Nación.

Sin embargo, las limitaciones de la capacidad institucional de la Alianza no terminaban allí, puesto que el peronismo, con su estrategia de adelantamientos electorales provinciales, pudo además hacerse con la gobernación de 14 provincias (el 60% del total) –contando con las tres más grandes, ya que, además de las mencionadas Buenos Aires y Córdoba, retuvo Santa Fe–, mientras que la Alianza, por más que triunfó con su boleta presidencial en casi todo el territorio, solo pudiera tener para sí plenamente seis (Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Chaco, Río Negro y Chubut), muy parcialmente una séptima (San Juan, en la que la coalición de partidos que se impuso allí tenían un rol menor tanto la UCR como el Frepaso), y un octavo territorio que era solo una ciudad (Capital Federal) (ver cuadro 2.3). Asimismo, la Alianza tampoco había logrado conquistar un pleno dominio legislativo en el Congreso Nacional. En este caso, si bien alcanzó a convertirse en la primera minoría en Diputados con 119 bancas (83 de la UCR y 36 del Frepaso), estaba a diez bancas de contar con quórum propio, no podría tratar proyectos sobre tablas y tampoco tendría mayoría, lo que obligaría a la coalición a guardar una estricta disciplina interna y a tener que lograr acuerdos con otros partidos políticos. Además, el PJ no estaba tan lejos de los diputados aliancistas (contaba con 100), lo que también le permitiría a este tener cierto dominio de la cámara baja si lograra establecer acuerdos con otras fuerzas. En este sentido, el partido de Domingo Cavallo había logrado un bloque de diputados modesto (11 escaños), pero que podía resultar decisivo en ciertas votaciones y que, por ende, le podría dar capacidad de árbitro entre las propuestas de la Alianza y el PJ (los partidos provinciales, dispersos en varias provincias, podrían ocupar un rol similar con las 25 bancas que tenían). De modo todavía más desventajoso, el Senado dejaba a la Alianza en una situación complicada. Aquí el peronismo contaba con mayoría y quórum propios (39 senadores), un poder que casi duplicaba al aliancista, que guardaba solo 21 bancas (20 por la UCR y una sola por el Frepaso)³⁸. Con lo cual, la Alianza debía encontrar la forma de lograr atravesar esta debilidad si deseaba hacer aprobar sus leyes, por lo menos hasta las elecciones de octubre de 2001, cuando toda la cámara Alta se renovara y se eligieran por primera vez en forma directa los senadores (ya que caducaría la designación de estos por las cámaras legislativas provinciales, dado el cambio de la Constitución de 1994). En este escenario, el vicepresidente Álvarez, en su cargo simultáneo de presidente del Senado, debería actuar en un ambiente en que se encontraba en minoría y en el cual el peronismo podría utilizar para presionarlo y dificultar las funciones de gobierno (Serrafero, 2008a). Además, varios senadores del PJ demostrarían tener mucha independencia de lo que decidieran los gobernadores de sus propias provincias, encontrándose en más de una ocasión enfrentados a ellos, por lo cual no era fácil lograr acuerdos o negociaciones por parte del gobierno o del PJ con estos³⁹. Con respecto al poder judicial, desde el nuevo gobierno no elaboraron ningún plan de remoción para los jueces de la Corte Suprema o la introducción de cambios. La idea de proyectar continuidad republicana y evitar conflictos amainó todo esbozo de desarmar la “mayoría automática” menemista allí, lo que sumaba un nuevo elemento de negociación política con un poder del Estado. En fin, como podemos ver, si bien la Alianza había ganado la presidencia del país, detrás de sí no contaba con los recursos acordes para gobernar con holgura o con autonomía suficiente, sino que se encontraba atrapada en una suerte de cerco y en situación que apenas la alejaban del “empate institucional”. De allí que la multiplicidad de factores de veto con los poderes institucionales implicara un peligro cierto de atasco que empantanara o directamente hiciera imposible ciertas acciones de gobierno, volviéndolas lentas o muy modestas.

CUADRO 2.3. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 1999 A NIVEL NACIONAL (PRESIDENTE, DIPUTADOS Y GOBERNADORES)

Fuente: (Cheresky, 2003: 40).

Aunque sin dudas, si las limitaciones institucionales eran un problema, todavía lo eran más los condicionamientos políticos y económicos que afloraban. Con respecto a estos últimos, respetar el compromiso electoral de sostener la convertibilidad se presentaba como una carga demasiado compleja hacia el futuro para sortearla sin problemas. Hacia el momento en que la Alianza asumió el gobierno el país ya llevaba un año y medio de recesión, el Estado debía hacerse cargo de un pesado endeudamiento sobre sus espaldas, el déficit público era agobiante e impedía hacer políticas activas o de expansión, el desempleo estaba otra vez en niveles muy elevados y se hallaba en aumento, mientras que existía un déficit externo agudo (con un promedio anual de 10.000 millones de rojo) que sería difícil equilibrar con los precios de los productos argentinos cayendo, sin devaluar o sin tomar nueva deuda. La estrategia del “piloto automático” aplicada durante el segundo gobierno de Menem para mantener la convertibilidad ya se mostraba insostenible: la situación social debía ser atendida urgentemente para garantizar la gobernabilidad y asegurar la paz social, los créditos externos se estaban agotando y encareciendo mucho, la opción de establecer “devaluaciones fiscales” era imposible de continuar para el fisco, mientras que el lento y doloroso camino de la deflación para recuperar competitividad exportadora estrangulaba la economía sin darle respiro, volviéndola un valle de lágrimas. Del mismo modo, un horizonte próximo de sobreacumulación de vencimientos de pagos de deuda asfixiaría todavía más al fisco durante todos los años de gobierno de la Alianza (vencerían 11.000 millones en 2000, 9.200 millones en 2001, 12.200 en 2002 y 16.300 en 2003) (BCRA), lo que volvía al país más dependiente de los volátiles capitales internacionales, que ya estaban en retirada y comenzando a desconfiar de una economía con indicadores financieros en deterioro creciente. En suma, sostener los esquemas económicos vigentes empujaba al gobierno a andar por un delicado desfiladero que parecía no tener una salida clara en el horizonte y lo hacía caer en el duro dilema sobre cómo sostener la convertibilidad y todo lo que ella implicaba, pero con la obligación de hacer cambios de peso urgentes si se deseaba estar alejado del abismo, como también que estos cambios –de producirse– tuvieran el signo “progresista” que la coalición se había comprometido a darle. No obstante esto último y frente a este escenario, la transformación en el discurso aliancista arribó pronto y en él comenzó a relegarse el tono esperanzador con respecto a la economía que había aflorado durante la campaña para abrazar un espíritu más bien de cautela y moderación, lindante con la resignación y el pesimismo de la austeridad. Como afirmó Fernández Meijide, un mes después de haber asumido como ministra de Desarrollo Social, “No sé cuánto tiempo tiene esta sociedad de tolerancia y paciencia. Ni cuánto demorará la recuperación […] [pero] comparto con Chacho Álvarez que no se puede ser epopéyico y decir que este es un nuevo ciclo”, presentando otro tipo de expectativas a las anteriores y terminar por sincerar que, ante un clima incierto, la pobreza y el desempleo se iban a quedar por mucho tiempo en el país (Clarín 24/01/2000)⁴⁰.

En un escenario como este, no era fácil augurar entonces una buena relación con el sindicalismo. En este caso, porque la central sindical mayoritaria del país, la CGT, era un actor con una vinculación política indeleble con el peronismo y solía ser fuertemente impiadosa con las autoridades de otro signo partidario cuando estos gobernaban, con propensión fácil a las huelgas, paros y movilizaciones, además de poco proclive al diálogo o la paciencia, lo que hacía recordar la repetición del ciclo de conflictos de los años 80 con Alfonsín. La cuestión todavía podría volverse más grave si se considera que durante su último mes de mandato, Menem le transfirió por decreto a la CGT el Fondo Solidario de Obras Sociales –el cual contaba con 360 millones de pesos/dólares–, una medida que desde la Alianza inmediatamente buscaron anular y que despertó los primeros enfrentamientos. Del mismo modo, las diferencias internas en la CGT también agrietaron el panorama, puesto que la central terminó por dividirse en dos apenas se produjo el cambio de gobierno: un sector mayoritario y denominado CGT “oficial” o “dialoguista” a cargo de Rodolfo Daer y otro más combativo a cargo de Hugo Moyano, denominado CGT “rebelde” o “intransigente”. Esta separación le impediría al gobierno contar con un interlocutor único en el ámbito gremial y le daba incentivos a las diferentes centrales para la competencia entre sí con el fin de ver cuál sería la más dura con el gobierno, embarrando las perspectivas de paz social. La opción con la que contó inicialmente el gobierno para sobrellevar sus inevitables duelos con la CGT fue recostarse en la CTA, ya que varios de los principales líderes de esta o bien eran parte del Frepaso o bien simpatizaban públicamente con la Alianza. Por ejemplo, Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA, había asistido a la presentación de la “Carta a los argentinos” y coqueteó en más de una oportunidad con que su central se convirtiera en “la pata sindical” de la Alianza; sin embargo, esta última opción fue apenas contemplada⁴¹.

De igual modo, la oposición política estaba en camino a la fragmentación, puesto que el peronismo al dejar el gobierno perdió su verticalidad, sin contar con un liderazgo unificado, lo que lo hizo tender a la multiplicación de actores y estrategias para actuar. El partido no solo mantenía la clásica rivalidad entre Menem y Duhalde que había caracterizado la segunda mitad de la década del 90, sino que el nuevo gobierno fue también protagonista de espacios emergentes. El más importante de ellos fue la conformación del “Frente Federal y Solidario”, el cual buscó darle articulación orgánica a los once gobernadores de las provincias denominadas “chicas” que deseaban un lugar equidistante entre los demás líderes y facciones del partido –para evitar así quedar devorados por alguno– y ganar autonomía para poder negociar con voz propia y en mejores condiciones con el gobierno. Ya que separadas dichas provincias no sumaban muchos recursos, pero en conjunto lograban sumar 40 diputados y 22 senadores del peronismo (La Nación 13/03/2000). Por su parte, los tres gobernadores de las provincias “grandes” tendrían en Ruckauf, De la Sota y Reutemann tres candidatos en ascenso, con proyecciones de volverse los próximos presidenciales del PJ con miras a 2003. Por lo que estos se verían empujados a competir entre sí, ganar autonomía y formar alianzas con otros miembros del PJ (legisladores, senadores, sindicalistas, gobernadores e intendentes) para construir sus proyectos de poder y trazar las estrategias para volver a ser gobierno. Todos estos elementos si bien le daban al nuevo gobierno la oportunidad de enfrentar a una oposición dividida y con tendencia a la atomización –y por ende, la facilidad de dominar la escena sin sobresaltos–, también representaban un peligro por la multiplicidad de rivales que implicaban, puesto que esto podría llevar a la Alianza a atender a cada uno de ellos para negociar y ver envuelta así sus acciones en un mar de contradicciones sin llegar con eso a ningún puerto firme. De este modo, lo que podría ganar al acercarse a algunos, podría perderlo también al tener que enfrentarse entonces abiertamente a otros, acrecentando los frentes en conflicto y finalmente pudiendo ser devorado por todos. De allí que el manejo del campo opositor fuera un delicado terreno para actuar.

Cabe decir, igualmente, que aun teniendo en cuenta todas las limitaciones repasadas y de que el terreno con el cual se encontraba la Alianza al asumir no era el ideal, sus condiciones eran, sorpresivamente, las mejores si se las coteja con las recibidas por los cinco primeros gobiernos argentinos desde el retorno de la democracia en términos económicos, políticos, institucionales, fiscales o sociales. Los casos de los dos presidentes anteriores a De la Rúa (Raúl Alfonsín en 1983 y Carlos Menem en 1989) como de los dos posteriores (Eduardo Duhalde en 2002 y Néstor Kirchner en 2003) fueron infinitamente peores al respecto, mostrándose la transición aliancista como la más ordenada y mejor lograda de todas. Los condicionamientos hallados y los problemas al hacerse cargo del gobierno no eran en sí determinantes para temer alguna explosión virtual futura, sino elementos a considerar para que la coalición actuara de forma unida y acorde al escenario.

En este sentido, desde la Alianza se debía dejar atrás el faccionalismo que pudiera contener dentro de sí y abrazar una estrategia de gobierno que favoreciera la cooperación, la disciplina interna y se decidiera por ejecutar un plan integral que se ocupara de todos los frentes. Aunque por supuesto, declamar posturas de este tipo es mucho más fácil que realizarlas, sobre todo cuando la heterogeneidad inicial es la regla y porque los dos socios de la Alianza cargaban con sus propias limitaciones. En el radicalismo, que era el partido mayor, se debía hallar una forma en la cual integrar su dispersa vida interna con el gobierno y articular así la presidencia de la Nación –en cabeza de una persona con escaza gravitación dentro de la UCR como era De la Rúa– con el liderazgo confederado que ejercía Raúl Alfonsín (quién no dudó en formalizar su poder filas adentro del radicalismo asumiendo la presidencia del partido una semana antes de que De la Rúa se hiciera cargo del gobierno, lo que señalaba una distancia entre uno y otro) (Clarín 03/12/1999)⁴². A su vez, porque el peso de los cargos dentro del partido, como la relevancia de varios de sus dirigentes y de sus líneas internas en perpetua competencia entre sí, no permitía que a estos se los pudiera marginar con facilidad de los cargos de gobierno o de su rumbo, pero tampoco armonizar con él, especialmente cuando las ideas políticas y económicas de De la Rúa fueran contrarias a las del grueso de la estructura partidaria. Porque mientras el presidente era un cultor del pensamiento conservador y de la ideología neoliberal, Alfonsín e importantes cuadros radicales eran propensos al keynesianismo, la intervención estatal y al resguardo del mercado interno en sus concepciones –y anhelaban al Estado de Bienestar como modelo–, contraste que en más de una oportunidad podría despertar ciertas tensiones. En las designaciones de gabinete se sintieron ya algunos resquemores cuando los grupos del sindicalismo docente –como los que lideraba Marta Maffei en el Frepaso–, académicos –pertenecientes a ambos partidos– y de la militancia universitaria radical –estos últimos agrupados en Franja Morada– debieron ver desembarcar a Juan José Llach como ministro de Educación (un economista liberal y de concepciones privatistas, ex viceministro de Economía de Menem) que parecía diametralmente opuesto a las concepciones de aquellos de fortalecer la educación pública; del mismo modo, el presidente debió darles lugar casi sin entusiasmo a dos de sus históricos competidores internos (Rodolfo Terragno y Federico Storani, nada menos que en los puestos de vital importancia como eran la jefatura de gabinete y el ministerio del Interior, respectivamente), así como también al alfonsinismo tradicional en Ricardo Gil Lavedra (ministro de Justicia), mientras que el resto de los puestos –aparte de los dos ministerios a cargo del Frepaso– recayeron exclusivamente en el núcleo de amigos íntimos, familiares y del entorno de más confianza de De la Rúa, con un cargado perfil pro mercado y de adscripción al más duro monetarismo. Los enfrentamientos larvados y las desconfianzas añejas debilitaban el trabajo en equipo e impedían el juego colaborativo. Por citar un ejemplo, cuando se fijó como tipo de acción de gobierno inicial de la Alianza apuntalar al terreno económico como principal campo de batalla, alineando a todo el gabinete detrás del que fuera designado ministro de Economía, José Luis Machinea (el economista de mayor relevancia para Alfonsín y para el partido), De la Rúa intentó marcar su impronta y buscó cercenar la acción de este para que no se convirtiera en un “superministro” que condicionara su imagen como lo fue Cavallo con Menem, con lo que le sacó atribuciones a su cargo. Fue así que se creó el ministerio de Infraestructura y Vivienda, a cargo de un amigo del presidente, Nicolás Gallo. En igual dirección y en pos de aminorar aún más la independencia de Machinea, De la Rúa llenó el gabinete de economistas ortodoxos y de su propio entorno con el fin de que las decisiones de peso fueran debatidas siempre coartando cualquier autonomía del ministro. Así, López Murphy recaló en Defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini en Cancillería y Fernando de Santibañes en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), además del recién mencionado Llach en Educación. Bajo esta dirección, muchas figuras delaruistas, con nulas o pobres credenciales partidarias terminaron ganando peso y una alta relevancia en la toma de decisiones a espaldas o incluso en contradicción de lo deseado por los hombres del partido. El mismo Alfonsín temió que la UCR repitiera lo sucedido con Menem una década atrás cuando técnicos e ideólogos del más duro neoliberalismo colonizaron el gabinete y luego el Estado sin tener vinculación orgánica alguna, dando un giro ultra ortodoxo (Novaro, 2009), para lo que señaló cuando asumió la presidencia de la UCR que De la Rúa y el partido tenían que trabajar juntos, aunque advirtiendo: “No vamos a permitir que desde afuera le indiquen a nuestro gobierno qué medidas tomar para hacer frente al grave endeudamiento y el alto déficit fiscal” (Clarín 04/12/1999).

Sospechas de sobornos en el Senado y la renuncia de Álvarez

El entramado político con el que se había conformado la Alianza, según pudimos ver, estaba lejos de ser simple. Los equipos, cuadros y objetivos eran bien dispares en las diferentes áreas de gobierno. Casi desde su hora cero la Alianza había demostrado estar lejos de funcionar como una unidad articulada y actuaba más bien como una yuxtaposición de miembros heterogéneos que representaban las más diversas orientaciones, muchas veces enfrentadas entre sí. Aunque si bien inicialmente se buscó revolver con gestos de cordialidad los conflictos y diferencias dentro del gabinete, los ministerios y secretarias, los choques fueron frecuentes y despertaron tensiones, rispideces y desconexión en los planes a llevar a cabo, con lo que predominó la falta de coherencia programática y el desorden, cuando no la más absoluta parálisis⁴⁹. A su vez, si este tipo de problemas no es algo que ningún gobierno se pueda permitir si desea llevar adelante una gestión exitosa, el asunto cobraba mucha más gravedad si consideramos el cuadro de situación que debían enfrentar los miembros de la Alianza dado el “empate institucional” que le habían dado las urnas. Con lo que, el nuevo gobierno debía buscar primero acuerdos necesariamente en su seno para luego salir a trazar alianzas con otros partidos y espacios, puesto que –de no hacerlo– resultaría muy fácil caer en el atasco y la dispersión. No obstante, si estas dificultades permeaban las áreas de gobierno casi in toto, era más claramente en el vértice gubernamental donde se encontraban los mayores problemas de coordinación.

En efecto, el núcleo duro de la toma de decisiones de la Alianza había ido mutando su composición desde la conformación de la coalición hasta su llegada al gobierno, desplazando a algunos de sus actores. Desde el inicio de la gestión la máxima dirección ya no estaba a cargo del “grupo de los cinco” como antes sino que dicho agrupamiento decantó finalmente a solo tres figuras: De la Rúa, Álvarez y Alfonsín (sobre todo porque Terragno y Fernández Meijide habían perdido mucha gravitación interna y no estaban en condiciones de imponer nada), con lo que se perdió cierto carácter de equilibrio confederal originario y la “troika” remanente estaba lejos de ser horizontal, siendo bastante despareja en varios sentidos. Por un lado, porque De la Rúa había asumido la presidencia del país por la unión de dos partidos a los cuales no controlaba pero con los que debía convivir, ya que ellos eran sus auténticos respaldos y las plataformas con las que había ascendido, más allá de que su carrera política personal se hubiera trazado por fuera de las estructuras partidarias, y que lo habían sostenido en el alto grado de aceptación de las encuestas. Por su parte, los dos líderes partidarios, tanto Álvarez como Alfonsín, debían actuar como figuras concertadoras entre presidente y partidos, y donde sus preferencias no podrían ser de ninguna manera excluídas, puesto que De la Rúa no tenía un cheque en blanco para gobernar, sino tan solo la conducción formal de la coalición. Así, por más que las campañas electorales se hubieran centrado en la persona de De la Rúa como síntesis y emblema de la Alianza, una cosa eran las publicidades y otra la realidad. Igualmente, y a pesar de todo esto, los roles que tácitamente debían respetarse como primer mandamiento de acción en poco tiempo fueron relegados lentamente, en lo que cada miembro de la troika fue asumiendo estrategias y objetivos diferentes, muchas veces cercanos a la colisión. Por parte de Alfonsín, en principio, debemos decir que no se había mostrado exigente, sino que había dado bastante aire político y solo atinó a funcionar como el catalizador de algunos sectores del radicalismo con respecto al gobierno. Sin embargo, a poco de andar empezó a ensayar posiciones cada vez más revisionistas de los objetivos iniciales de la Alianza, considerando que la acción del gobierno no debería estar centrada únicamente en las denuncias de corrupción –puesto que entendía que esto era una forma de “judicializar la política” (La Nación 27/06/2000) –, amén de que los gobernadores y legisladores del partido le habían trasmitido que no se encontraban cómodos con las querellas permanentes sobre ese tema o las sospechas que pudiera recaer sobre ellos, sus entornos o –incluso– en la misma oposición peronista de sus distritos. Del mismo modo, Alfonsín había empezado a mostrarse como la figura más heterodoxa dentro de la Alianza en función de los postulados económicos que se fijaron. Según el viejo líder radical, el gobierno “se estaba poniendo un poquito a la derecha” (Clarín 07/06/2000) cuando la realidad demostraba, al contrario de la ortodoxia hasta allí ensayada, que era indispensable comenzar a replantear los componentes básicos del modelo económico vigente, en los cuales veía un lastre demasiado pesado que más temprano que tarde habría que atacar y abordar de otro modo al fijado: continuar con la convertibilidad tal cual esta funcionaba, sostener el peso cada vez más grande de la deuda sobre las finanzas públicas, permitir el rol del FMI en la diagramación del programa de gobierno y los sucesivos ajustes eran todos, según aquel, elementos que no se podrían mantener en el mediano y largo plazo, y mucho menos de la forma conservadora –rayana al dogmatismo– en la cual el gobierno se empecinaba en hacerlo. Así, Alfonsín tuvo varios encuentros públicos con Duhalde, señalando que los giros económicos y sociales que este había planteado durante su campaña no podían subestimarse o dejarse de lado (tales como obtener una moratoria de la deuda o cuestionar el tipo de cambio fijo), abogando entre ambos líderes por conformar una concertación patriótica amplia entre partidos políticos, sindicatos y demás fuerzas sociales para establecer pronto un “cambio de modelo” y abandonar lo antes posible “el neoliberalismo⁵⁰”. En el caso de Álvarez sus preferencias, estrategias y objetivos eran muy diferentes, ya que si bien había aceptado un lugar subordinado en la escena política detrás de De la Rúa, no había dejado de proyectarse como el más inquieto luchador contra la corrupción. En su cargo de presidente del Senado había advertido en más de una oportunidad que no estaría en el recinto solo para “tocar la campanita”, sino para conducir la cámara con mano de hierro y acabar con los privilegios corporativos, amenazando con investigar casos de corrupción “hacia atrás” y proceder hasta el fondo del asunto, especialmente con causas de la década de los 90. A su vez, estas acciones se complementaban con la tarea autoasignada de ser el máximo paladín de realizar recortes en el denominado “gasto político” de la administración pública, legislaturas provinciales y demás dependencias del Estado, con el fin de terminar con las “cajas negras de la política”. Decía Álvarez: “Los senadores peronistas quieren convertir al Senado en un lugar de privilegio con las mismas prácticas que tuvo el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. […] Quieren quedarse con el control administrativo para poder hacer caja y financiar sus actividades políticas. […] Si no los enfrento me llevan puesto” (La Nación 25/06/2000); poco después amenazó con publicar la lista de “700 u 800 ñoquis” que existirían en el Senado, nombrados por los legisladores peronistas (La Nación 29/06/2000). De allí que, entre ambas formas, pudiera acorralar al justicialismo y obligarlo a negociar las leyes necesarias, siempre con la amenaza latente de denunciar y enfrentar “a los corruptos” en la prensa. El objetivo más amplio que se podría alcanzar detrás de esto sería para Álvarez, además, el de dejar atrás a la “vieja política” y conformar un espacio superador, en el que confluyesen nuevas prácticas y discursos, desarmando las identidades obsoletas que habían sido el sostén de un bipartidismo en decadencia. Vale recordar que en la concepción de Álvarez jamás alguno de sus espacios políticos –ni el Frepaso, la Alianza o algún otro– haya sido un fin en sí mismo, sino solo medios para fundar un nuevo tipo de política –regenerada, pura, moderna y sin corrupción–, la cual podría alcanzarse de forma transpartidaria y con los elementos individuales que aún pudieran salvarse del sistema político que tenía por misión redimir. Fuerzas políticas como Acción por la República, partidos provinciales y algunos peronistas potables podrían quebrar la disciplina partidaria y sumarse según el vicepresidente a la renovación institucional que la Alianza debía encarar. Por lo que, acechar a personajes oscuros y liquidar sus cajas era una forma no solo de avanzar hacia mejores mecanismos de transparencia institucional, sino de depurar a dirigentes y partidos políticos sospechados y establecer con eso nuevos clivajes de votantes: la “trasversalidad” entonces era el único camino posible para por fin poder fundar la “nueva política” prometida, lo cual era, finalmente, “lo que la gente quería y pidió con su voto” (Novaro, 2009). Sin embargo, y en una dirección totalmente contraria, el presidente De la Rúa no estaba muy feliz con este tipo de tácticas, puesto que este apostaba a lograr una convivencia pacífica y sin confrontaciones con el peronismo, como además su estilo político se había delineado con una imagen serena y calma que apelaba más a la cordialidad que a los escándalos, y que –a su vez– le impedía estar interesado en romper el bipartidismo político en el que tan bien había anidado. Así, su razonamiento político iba en una dirección casi simétrica a la de Álvarez, confluyendo en algunas de las actitudes de Alfonsín: el consenso y las leyes solo se podrían lograr con una fuerte base bipartidista, la cual debía estar asentada más en los acuerdos con la oposición que en las presiones o amenazas hacia ella. El caso testigo de la ley de reforma laboral pareció darle la razón a De la Rúa, ya que esta se había logrado con el apoyo del peronismo a pesar de que muchos sectores internos se habían mostrado reacios a votar un proyecto como ese y que incluso Menem había desestimado pedírsela a su partido cuando era presidente para evitar confrontaciones con él. Con lo que, De la Rúa, como había sido su característica histórica, terminó por asociar el éxito de la gobernabilidad de la mano de la mayor moderación que se pudiera logar. Por último, Álvarez y De la Rúa, con todo y sus divergencias, se hallaban igualmente cerca entre sí al trazar distancia de los esbozos heterodoxos de Alfonsín en materia económica, ya que ambos apostaban a continuar con la marcha de la estrategia de la disciplina monetarista y ajustes que creían que no podría demorarse mucho en funcionar. En fin, en la troika aliancista, con posturas y preferencias que se alejaban y repelían a la vez, a pesar de avanzar por caminos incongruentes, casi incompatibles en algunos casos, habían logrado convivir bastante bien durante un tiempo, dejando en segundo plano sus conflictos larvados mientras no aparecieran inconvenientes mayores.

Ahora bien, el sistema latente de incompatibilidades inevitablemente tendría que ponerse al descubierto e incluso estallar una vez que alguna cuestión ganara protagonismo político y ello obligara al pronunciamiento público discordante entre los líderes sobre cómo proceder. Entonces, las diferencias podrían aflorar y así el armisticio palaciego ya no podría ser más la regla sino que se tendría que dar lugar a otros mecanismos de funcionamiento para el gobierno, los cuales permitieran igualmente la coexistencia de los estilos contrarios; especialmente esto último era fundamental ante un eventual y peligroso choque entre el presidente y su vice. La cuestión que operó como disparadora de los clivajes fueron sospechas de pago de sobornos en el Senado, en las que se rumoreó que el gobierno había comprado el voto de varios senadores para que aprobaran la ley de reforma laboral. En este caso, sin embargo, vale aclararlo, dichas sospechas no se instalaron en la agenda política de un solo golpe, sino que fue un proceso que ganó peso lentamente, sobre todo por la propia dinámica que los protagonistas le fueron dando en función de las heterogéneas disposiciones que asumieron. La ley bajo sospecha, como dijimos, fue aprobada en el Senado a fin de abril, empero, el primer manto de duda sobre ella apareció recién dos meses después en un diario porteño (La Nación 25/06/2000). Tal nota, realizada por el periodista Joaquín Morales Solá, sugería la posibilidad de sobornos en un párrafo muy periférico, sin datos certeros ni nombres y con poca precisión. Por lo que, en principio, ella sola no fue motivo suficiente para que las sospechas ganaran la relevancia que luego tuvieron, sobre todo en vistas a que el mismo fin de semana en que fue publicada había dominado en los medios de comunicación la muerte del cantante de cuarteto “el potro” Rodrigo Bueno. A su vez, así como Menem había tenido un sinfín de denuncias, sospechas y notas periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción y había sobrevivido políticamente durante años a ellos, algunos operadores políticos de la Alianza recomendaban actuar con sigilo y dejar que el asunto quedara en la nada, sepultado en el olvido. Sin embargo, la dialéctica política bajo el imperio de la Alianza conllevaba disposiciones muy diferentes a los viejos tiempos menemistas, ya que las sospechas calaban ahora en el epicentro del discurso personal que Álvarez y parte de la Alianza llevaban como bandera. A su vez, el tema tuvo mayor repercusión todavía a mediados de agosto cuando el líder sindical de la CGT disidente –Hugo Moyano–, que se había decidido a encabezar el frente opositor contra el gobierno y la lucha contra el neoliberalismo –especialmente contra la ley de flexibilización laboral– comentó en la televisión un diálogo que habría tenido con el ministro de Trabajo Flamarique antes de que se aprobara la ley. Allí señaló: “Cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista y la ley no iba a pasar, él me dijo ‘para los senadores tengo la Banelco’”. Por su parte, el senador del PJ Antonio Cafiero involucró a algunos de sus pares al respecto en la prensa y en la Justicia, acusando puntualmente a Ángel Pardo, Eduardo Bauzá y a Ramón Ortega (La Nación 31/08/2000).

Frente a un tema que se había ido adueñando totalmente de la escena, el vicepresidente Álvarez concibió que estaba obligado a actuar, pues las coimas, de haber existido, fueron en el propio reciento que él dirigía. Con lo que se decidió a convertir la situación en una oportunidad al utilizar su habitual ingenio político e ir por todo: señaló que un cuerpo legislativo tan importante para la democracia como era el Senado no podía estar bajo sospecha, por lo que para defender su honra este debía ser refundado. Esto último a la luz de las circunstancias brindaría diversas ventajas políticas que según Álvarez habría que aprovechar: no solo este y el gobierno podrían recuperar así el protagonismo político que estaban perdiendo, sino que también se podrían apuntar a dos objetivos más: uno de “máxima”, con el cual pretendía adelantar las elecciones directas a senadores previstas para el 2001 lo antes posible, algo ya anteriormente sugerido por el presidente provisional de Senado José Genoud (decía Álvarez: “Habría que pensar si la Constitución no deja alguna luz para adelantar las elecciones de senadores […] para un cambio de fondo” ya que para que haya “legitimidad de los que lleguen a la Cámara como senadores [tengan que ser] elegidos por el pueblo y no por los acuerdos en las legislaturas provinciales, como ocurrió hasta ahora”) (Clarín 05/09/2000), con lo que la Alianza podría invertir la relación de fuerzas a su favor en la Cámara Alta; y un objetivo de “mínima”, en el que habría que cambiar las autoridades de las comisiones, presidentes de bloques y forzar algunas renuncias en el Senado (decía aquel: hay que “oxigenar el Senado” y “se tienen que producir cambios políticos porque hay una crisis política de representación […] los sospechados deben dar un paso al costado”) (Clarín 02/09/2000). Para cualquier de los dos casos Álvarez citaba recurrentemente el ejemplo del “mani pulite” italiano, en el cual frente a casos de corrupción, muchos políticos habían decidido refundar las instituciones, los cargos y los mecanismos de gobierno, lo que podría ser un antecedente para replicar en la Argentina. Puesto que para ese momento el número de personas que creían que habían existido los sobornos había crecido a toda velocidad: llegó al 71,5% a fin de agosto, una semana después ya era el 83,2% mientras que para principios de septiembre el número era del 93,7% (Clarín 10/09/2000). Es decir, después de que los miembros de la Alianza –especialmente el Frepaso– centraran durante tantos años como principal tema político las causas de corrupción y fomentaran la cultura del escepticismo y la desconfianza –y construyeran una imagen generalizada en la que “todos los políticos roban” –, con solo mencionarse rumores de sobornos casi toda la población terminaba por adoptar la certeza de que eran hechos efectivamente ocurridos –aun cuando no se hubieran presentado pruebas, sino solo sospechas–. Con lo cual, el tema “corrupción” y las sospechas se convirtieron en un boomerang de difícil escapatoria; a su vez, el asunto se volvía más candente si se considera que también el desánimo y la resignación conquistaron la escena como su contrapartida: el 70% de los encuestados pensaban que el caso iba a quedar diluido y sin culpables (Ib.), demostrando que habían perdido la esperanza en la renovación institucional que la Alianza se había comprometido a realizar. Por lo que más que nunca Álvarez leyó en tal situación la chance de convertir la crisis en una oportunidad y volverla algo que no se podría desperdiciar para volcar así la situación a su favor –con lo cual pudieran beneficiarse tanto él como el gobierno– y se lanzó a representar el rol de máximo impulsor de la investigación, empujando para que esta se haga de forma rápida y firme –pero sobre todo pública– con el fin de marcar una clara señal de diferenciación con respecto a cómo había procedido hasta entonces el menemismo, que no hacía nada frente a las sospechas y denuncias, lo que sugería impunidad. Sin embargo, para que tal empresa funcionara su compañero institucional debía estar dispuesto a acompañarlo, cosa que nunca iba a ocurrir: el presidente, en una posición totalmente distinta, continuaba abrazado la mesura de sus acciones y buscó proteger el débil equilibrio de poder institucional que debía conducir. Gobernadores y legisladores de su propio partido le habrían pedido a De la Rúa que controlara a Álvarez, puesto que este era un peligro para la gobernabilidad y los acuerdos partidarios; peligro que ahora se extendía al Senado, en donde los opositores eran una mayoría con la que se tenía que tener buen trato y diálogo para sacar las leyes adelante, pero que empero eran duramente acusados –al igual que algunos oficialistas– de haber recibido coimas pagadas por su propio gobierno. Con lo que de darle mayor lugar a los rumores de sobornos no solo ayudaba a atacar la frágil convivencia institucional con aquellos que debía pactar, sino que empujaba por trasladar las sospechas a la propia Alianza. Como señaló el senador del PJ Eduardo Menem: “Si lo que se dice fuera cierto, incurre en el mismo delito tanto el que da como el que recibe. Vamos a caer todos en el caldero hirviente de la difamación, del cual saldremos todos quemados” (Clarín 09/08/2000). De esta forma, el presidente De la Rúa se dispuso a asegurar la paz y se reunió a mediados de agosto en la quinta de Olivos con los senadores peronistas para llevar tranquilidad sobre el asunto y expresar su “total confianza” en el bloque opositor, ya que estaba seguro que no existieron sobornos. Allí dijo sobre las supuestas coimas: “Esas versiones son totalmente absurdas [con las que] se desprestigia a la Cámara alta sin ningún asidero real. […] Yo tengo la más absoluta seguridad de mis funcionarios” (La Nación 10/08/2000). El presidente del bloque de senadores del PJ, Augusto Alasino, se quejó en dicha reunión sobre las presiones de Álvarez, que acusaba a la oposición con sus denuncias: “Con esta falta de libertad es complicado manejar los temas: si los votamos [a los proyectos del oficialismo] somos corruptos y, si no, obstruimos” (Ib.). La mayoría se sintieron cansados de “la campaña de desprestigio”, aunque aclararon que ahora se sentían “defendidos por el presidente”.

Empero, las recurrentes embestidas de Álvarez para avanzar sobre el tema estaban llevando la situación a posiciones cada vez más enfrentadas, lo que hizo pensar al entorno del presidente que su vice, además de buscar protagonismo político, quería opacarlo, minar su autoridad y tejer así una conspiración contra él, en la que buscaba presentar a De la Rúa como abrazado y protector de los políticos corruptos. En este clima, el presidente comenzó a tomar una distancia cada vez mayor de Álvarez y buscó el amparo del menemismo, que había amenazado con proyectar la misma suerte de los senadores sospechados con la del gobierno (el senador menemista Jorge Yoma había dicho: “Si quiere llegar hasta el fondo de las investigaciones, habría que citar también a declarar a De la Rúa”) (Clarín 19/08/2000). Así, primero tuvo una reunión secreta con Menem en Olivos durante una madrugada de domingo –la cual igualmente trascendió (Clarín 14/09/2000) – para luego tener un encuentro público en la Casa Rosada, en la cual ambos dijeron, tanto Menem como De la Rúa, que era la Justicia la que debería actuar (Clarín 23/09/2000); aunque esa reunión pareció también un intercambio de favores y un pacto político, en el cual el gobierno detendría las “persecuciones” contra los exfuncionarios de Menem y este se comprometería a dar su apoyo legislativo en el Congreso. A su vez, De la Rúa también pretendió con esa reunión unificar al disperso campo opositor, ratificando al riojano con el liderazgo peronista que a este se le cuestionaba dentro del PJ, convirtiendo así al expresidente en su principal interlocutor político y garante de la estabilidad institucional bipartidista. Por último, la alianza proyectada por De la Rúa y Menem también pareció confirmar lo peor al ser asociada a la firma de un acuerdo de impunidad entre ambos, ya que el juez a cargo de investigar la causa –Carlos Liporace– era acusado no solo de ser excesivamente permeable y de fallar siempre a favor del menemismo (incluso terminaría preso tiempo después por esto) (La Nación 12/05/2015), sino también por causas de corrupción y por tener un patrimonio imposible de justificar⁵¹. Todo lo cual sentaba más la sensación de que el oscuro mundo político era inexpugnable y que toda la corporación política era, finalmente, lo mismo, tal cual se sospechaba; lo que incluía también al presidente, el gobierno y a la Alianza.

A las situaciones de oposición y enfrentamiento tácito a las que se estaba dirigiendo la cuestión por las actitudes asumidas por Álvarez y De la Rúa debemos sumar un hecho más. Puesto que la pelea pública entre ambas figuras también debe ser contextuada con la guerra subterránea entre grupos. En este caso, no pueden dejarse de lado los distintos tipos de operaciones de prensa e inteligencia originados desde el entorno delarruista y sufridos por los tres principales miembros del Frepaso y quienes vertebraban a dicho partido: Fernández Meijide, Álvarez e Ibarra. Así, en el caso de Fernández Meijide se habían realizado en marzo denuncias de corrupción contra ella que terminaron por minar su trayectoria política y llevarla hasta un punto ya sin retorno, mientras que los otros dos casos tensaron la convivencia dentro de la Alianza todavía más⁵². Los tres casos eran instigaciones originadas en la SIDE –organismo a cargo de Fernando De Santibañes, amigo íntimo de De la Rúa–, el cual también era uno de los máximos sospechosos en la causa por los sobornos, ya que se sostenía que –de haber existido sobornos– los pagos se realizaron con dinero proveniente de esa secretaría.

Con todo, al final de septiembre Álvarez intentó una última estrategia que podría ser una salida honorable tanto para él como para De la Rúa y que podría poner fin a las disputas públicas y privadas: ella consistía en hacer huir hacia adelante a todo el gobierno, primero reformulando totalmente la Alianza –y especialmente el gabinete– haciendo que los funcionarios oficialistas sospechados dieran un paso al costado (tanto Flamarique como De Santibañes) y logrando que el Frepaso recuperara protagonismo⁵³. A su vez, también empezó a sugerir la construcción de “una Alianza más amplia”, a la cual incluso se pudiera sumar Cavallo –quien había apoyado las posturas de Álvarez contra los senadores–, ya fuera como presidente del Banco Central o bien como reemplazante del ministro Machinea –ministro que Álvarez había comenzado a cuestionar casi a diario–, buscando así un relanzamiento del gobierno en materia económica y que proyectara “expectativas de cambios” (Clarín 28/09/2000)⁵⁴. Es decir, la guerra contra los senadores no debería acabar con estos, sino en un replanteo general de la Alianza e –incluso– en una ampliación de la coalición. Sin embargo, estas opciones chocaron con escollos difíciles de atravesar. Por empezar, porque De la Rúa suponía que poner fin a los funcionarios del gobierno cuestionados significaba aceptar tácitamente que los sobornos pudieron haber existido, con lo que reflexionaba entonces que el camino a seguir debía ser exactamente el inverso al pedido por Álvarez: ratificarlos para negar tajantemente que se hubieran pagado coimas, por lo que no habría que sacarlos del gobierno. A su vez, el presidente tampoco estaba dispuesto a llevar los cambios en el gabinete como sugería Álvarez ni a recibir presiones a su autoridad con respecto a ello (Clarín 28/09/2000). En este sentido, la estrategia del vice de enfrentarse a los senadores, ya sean los del PJ o los de su propio partido, suponía derivar en una guerra institucional muy ajena a la cosmovisión de De la Rúa, sobre todo cuando ya a esa altura Álvarez parecía estar enfrentándose a unos y otros, convirtiéndose en el enemigo de todos (una idea no muy lejana a la de “conspiración” que tanto senadores como el entorno delarruistas no se cansaban de agitar)⁵⁵. Por último, Alfonsín, que había permanecido al margen del conflicto, solo rompió el silencio para oponerse duramente a los planes de Álvarez: el ingreso de Cavallo al gobierno le parecía una pésima idea, totalmente indigerible, señalando que “la Alianza nació con una expectativa de cambio sobre lo que ocurrió en el período del gobierno anterior, y Cavallo fue una presencia muy dominante en ese período. […] Esta es una Alianza hecha con un sentido progresista [y] contra la nueva derecha” (Clarín 29/09/2000); a su vez, sostenía que Machinea era un ministro que el gobierno no estaba en condiciones de desprenderse, para lo que lo defendió con ahínco: “A pesar de las dificultades, lo que está consiguiendo en el FMI es algo realmente extraordinario. […] Si hay un amigo de Chacho Álvarez en el Gobierno ese es Machinea, aunque a veces se presentan las cosas tergiversadamente” (Ib.).

Con una situación empantanada y sin pruebas o indicios concretos sobre los sobornos, De la Rúa se decidió a principios de octubre por actuar de manera firme y dar por terminado el tema, buscando con esto generar una muestra autoridad. Además, pensó que la mejor forma de mostrar respeto por las instituciones y trasparencia era –justamente– dejar que la causa avanzara por vía judicial sin la intervención del gobierno. Para ello aplicó su criterio de modo unilateral e hizo jugar la situación a su favor, terminando con la simulación del “cogobierno”: además de confirmar a Santibañes en la SIDE, le dio un ascenso a Flamarique al designarlo secretario general de la presidencia (el puesto de este fue cubierto por la peronista y exfuncionaria menemista Patricia Bullrich, sugiriendo así la disposición de formar una “Alianza más amplia” de la que en el futuro también podría ser parte Cavallo); a su vez, también ratificó a Machinea y le dio un ascenso solapado al otorgarle más funciones, mientras que abandonaron el gabinete los sectores más representativos de la UCR: Terragno y Gil Lavedra fueron remplazados respectivamente por Chrystian Colombo y por Jorge De la Rúa –hermano del presidente–. Todos estos cambios sirvieron para poner una distancia mayor aún entre gobierno y partidos, con un gabinete más fielmente delarruista y homogéneo, pero que estaba lejos de resolver los problemas y las dudas sobre la autoridad presidencial y que terminaron por contribuir a su aislamiento político. A su vez, estos cambios fueron una ofrenda directa contra la persona de Álvarez, puesto que implicó tomar la dirección exactamente contraria a la que aquel había pedido públicamente, desautorizándolo y dejándolo casi al borde de la humillación. Ya que con estos gestos sería difícil pensar que aquel pudiera presidir ahora el Senado igual que antes o que continuara su lucha allí. Además, no hubo ninguna compensación para él: no existieron consultas, disposición al diálogo o siquiera algún gesto de recomposición del vínculo entre presidente y vice. La situación sugirió una victorial total de uno sobre el otro. Sin embargo, cuando Álvarez fue notificado sobre el nuevo gabinete, y a pesar del notorio golpe de mano que conllevaban los cambios, no protestó ni se opuso. Tampoco exigió una reunión con la UCR, Alfonsín, los líderes aliancistas o incluso con su propio partido⁵⁶. El mismo día de la jura del nuevo gabinete, el 5 de octubre, Álvarez asistió al lado del presidente como mandaba el protocolo, saludó a todos y hasta sonrió para la prensa, por lo que la ceremonia terminó con la cordialidad habitual. Mas fue a la mañana siguiente cuando Álvarez dio a conocer su venganza secreta al anunciar públicamente su decisión de abandonar su cargo a menos de diez meses de haber asumido y sin consultar a nadie –ni a sus compañeros de equipo ni a la cúpula de su partido: todos los miembros de la coalición se enteraron por la prensa–, acostumbrado como estaba al más absoluto individualismo personal.