Kitabı oku: «Largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito»

Historia A cargo de esta colección: Julio Pinto Vallejos

© LOM Ediciones
Primera edición en Chile, junio de 2019
Impreso en 1000 ejemplares
ISBN: 978-956-00-1189-3 eISBN: 9789560012678 Las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Diagramación, diseño y correcciones LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 00 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Registro N°: 205.019 Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile
Presentación
Los ciclos históricos no suelen amoldarse a los números redondos (décadas, medios siglos, siglos completos). Pero las personas sí necesitamos valernos de esas fechas para emprender evaluaciones de largo aliento, para hacer un balance menos inmediatista de las coordenadas en que nos estamos moviendo, y a partir de allí proyectar posibles escenarios futuros. Eso fue lo que ocurrió durante 2018 con los treinta años del plebiscito de 1988 y así seguramente seguirá ocurriendo durante 2019 y 2020 con otros hitos que gatillaron el inicio de la postdictadura (elección de Patricio Aylwin en diciembre de 1989 y cambio de mando presidencial en marzo de 1990). Este libro, surgido de una iniciativa de LOM Ediciones y escrito por un colectivo de historiadoras e historiadores, más un crítico literario y un periodista, convocados para aventurar miradas panorámicas sobre estas tres décadas, obedece a ese mismo impulso de saldar cuentas y sugerir claves de sentido. Y en una de esas –las páginas que siguen lo dirán– discernir un posible ciclo histórico que efectivamente encaje dentro de ese número tan «redondo».
La secuencia de capítulos, concebidos en clave ensayística o interpretativa más que monográfica, se abre con una contribución del editor general del libro y autor de estas palabras preliminares, orientado a establecer un marco general para la historia de estos treinta años. Se dibujan allí algunos trazos gruesos que a juicio del autor atraviesan el período demarcado, ordenando pero a la vez tensionando una multitud de eventos y procesos que a primera vista podrían aparecer dispersos o desconectados. Sacrificando hasta cierto punto los matices y especificidades que se tornan visibles ante una mirada más microscópica, la idea era más bien articular una visión de conjunto que invite a discernir lo esencial de estas tres décadas, emitir los juicios que dicho cuadro suscite, y evaluar si nuestra posición actual responde a una lógica de continuidad histórica, o constituye más bien una encrucijada hacia un futuro de signo diferente, o de creciente incertidumbre.
Sigue a continuación un escrito de María Angélica Illanes, en que se conjuga la denuncia ecologista, la empatía con las luchas indígenas y la reivindicación feminista, todo ello anudado en torno a un clamor anti-neoliberal que apunta al meollo de la problemática auscultada en este libro. Con su característico estilo, entre poético, metafórico y desenfadadamente político, Angélica toma impulso desde la muerte emblemática de dos mujeres mapuche, Macarena Valdés y Nicolasa Quintreman, para arremeter en contra de la privatización de las aguas, a menudo en beneficio de las grandes transnacionales, consolidada durante los treinta años de postdictadura. Para ella, este proceso retrata en toda su crudeza un modelo a la vez depredador y antinacional, que ella identifica acertadamente como el gran lastre colectivo que hemos heredado de la dictadura. Como lo revelaría prístinamente este episodio, en el que hace confluir con mucha lucidez tanto la lógica expoliadora que mueve a tal modelo con tres de los movimientos contra-hegemónicos más potentes de estos años –el mapuche, el ecologista y el feminista–, los trazos de continuidad se perfilan para ella con mucha mayor claridad que los de ruptura. En tal virtud, no vacila en clasificar al período como una «dictadura constitucional de la burguesía».
En el siguiente capítulo, Rolando Álvarez ausculta la amarga travesía recorrida por las izquierdas chilenas tras la doble derrota, política y estratégica, que para ella significó la refundación dictatorial. Lanzados a los márgenes por la evaporación de la opción revolucionaria y la consolidación del «sentido común» neoliberal, los herederos de la propuesta allendista se vieron enfrentados a la mortificante disyuntiva entre la irrelevancia electoral, la cooptación por parte de un modelo que niega sus valores más básicos, o el hundimiento en la nostalgia. Sin dejarse arrastrar por el pesimismo, Rolando se da maña para rescatar de estos difíciles años la capacidad de seguir liderando las luchas sociales, la búsqueda de nuevos proyectos, y la voluntad (no exenta de tensiones o prioridades divergentes) de conjugar lo político con lo social. Esta combinación de resiliencia y afán de reinvención le han permitido a «las izquierdas», según concluye Álvarez, llegar al final del período en condiciones bastante más auspiciosas, volviendo a ser «un actor político relevante, con voluntad de poder y con ambiciones de convertirse en alternativa de gobierno».
El capítulo de Mario Garcés vuelve con mayor profundidad sobre una de las principales dimensiones, la de los movimientos sociales, en que se ha expresado la dialéctica de parálisis, resistencia y recuperación izquierdista retratada por Álvarez. La reflexión de Mario se inicia con la paradoja que significó la desmovilización postdictatorial de aquellos mismos actores que habían hecho posible el término de la dictadura. Insistiendo en que este fenómeno respondió a un diseño explícito de los conductores políticos de la transición –hipótesis que atraviesa este libro– su presentación se cuida de demostrar que la parálisis nunca fue total y que diversos movimientos (por los derechos humanos, sindical, feminista, mapuche, estudiantil) se encargaron de mantener viva la llama, aunque reconoce –y lamenta, pero procurando explicarlo– que el movimiento poblacional no recuperó la centralidad que había tenido durante las décadas anteriores, incluyendo muy especialmente las grandes luchas anti-dictatoriales. En el largo plazo, estas resistencias, alimentadas por nuevos actores y nuevas demandas, han desembocado sin embargo en una indesmentible reactivación de los movimientos sociales como factores centrales en la pugna por desnaturalizar el capitalismo neoliberal y proponer formas alternativas de convivencia social. La presencia masiva en las calles a partir de 2011 (estudiantil, contra las AFP, feminista) le permite a Garcés cerrar su balance de 30 años en una nota comparablemente optimista a la de Rolando Álvarez.
En el quinto capítulo, el periodista Francisco Figueroa se focaliza en una de las dimensiones más estratégicas y determinantes del Chile postdictatorial, la de los medios de comunicación y su aporte a la «degradación» del debate público. Ahondando en otra de las paradojas de este ciclo postdictatorial, el texto hace notar que la recuperación de la libertad de expresión, uno de los beneficios más anhelados del retorno a la democracia, no trajo consigo una mayor pluralidad y representatividad del espectro mediático. Muy por el contrario, el copamiento de este espacio por el gran empresariado y la obsesión de los gobiernos transicionales por la gobernabilidad se tradujo en un discurso más acotado y elitista que el de los últimos años de la dictadura, contribuyendo a la despolitización de la ciudadanía y al creciente divorcio entre política y sociedad. Aunque Francisco argumenta vigorosamente en contra de una visión reduccionista del público receptor, que lo haría un simple objeto pasivo de la manipulación, sí sostiene que la concentración de la propiedad de los medios –y la consiguiente uniformidad de enfoques– ha conducido a un «empobrecimiento» de nuestra apropiación simbólica del mundo. Contrariamente a lo que se suele pensar, esta tendencia no habría sido neutralizada por los cambios tecnológicos, sobre todo el advenimiento generalizado de las redes sociales. La simple acumulación de opiniones individuales, que a menudo derivan en exabruptos protegidos por el anonimato, en ningún caso reemplaza, dice Figueroa, el tipo de debate razonado y fundamentado sobre el que se construyen las verdaderas democracias. Al contribuir de ese modo al debilitamiento del nexo entre ciudadanía y toma de decisiones, concluye, el periodismo postdictatorial se ha constituido en otro obstáculo más para la necesaria construcción de comunidad política.
A continuación, Verónica Valdivia reflexiona sobre las profundas ambivalencias con que el Chile post-dictatorial ha vivido las relaciones entre poder civil y poder militar, y su incapacidad de dejar verdaderamente atrás una «militarización de la política» que el sentido común quisiera circunscribir exclusivamente al período pinochetista. A su entender, este fenómeno tiene raíces mucho más antiguas (al menos desde la Segunda Guerra Mundial), lo que hace de la dictadura menos una anomalía histórica que una profundización de tendencias que venían incubándose por décadas, y que cuestionan seriamente el supuesto pasado democrático que, bajo el rótulo de «Chile republicano», las elites transicionales han querido reivindicar en clave de auto-legitimación. En esta lectura, la «recuperación democrática» no significó el fin de las tensiones cívico-militares, ni menos la plena imposición de la autoridad civil. Como lo demuestra Verónica, el pinochetismo pervivió –y pervive– al interior de las filas castrenses, y peor aun, las propias autoridades civiles recayeron una y otra vez en la militarización o la policialización de la política para enfrentar presuntas amenazas al orden público y la seguridad nacional, tanto en el manido y obsesivo terreno de la delincuencia (la denominada «seguridad ciudadana»), como en el de los movimientos sociales, sobre todo el mapuche, al que se ha insistido majaderamente en calificar de «terrorista», aplicándole medidas coercitivas originadas en plena dictadura. Bajo ese prisma, treinta años después del plebiscito de 1988, la recuperación de la democracia se perfila más como una interrogante que como un logro.
El libro concluye con un capítulo del poeta Naín Nómez dedicado al mundo de la cultura, entendida básicamente en su acepción de creación plástica, musical, literaria o cinematográfica. Sobre el trasfondo del «apagón cultural» provocado por la dictadura, y que él demuestra que estuvo lejos de sofocar la productividad de artistas y creadores, Naín levanta un bastante pormenorizado catastro de las múltiples y muy dinámicas respuestas que los desgarros de este último tiempo han suscitado en un contexto que se distingue precisamente por su sensibilidad, su inconformismo y su irreverencia. De esta forma, la precariedad, la distopía, la rebeldía y el desencanto se transmutan en materiales para una actividad autoral que conjuga la estética con la política, el testimonio contingente con la experimentación futurista, el abatimiento con la reivindicación del derecho a disentir, a transformar y a soñar. Gracias a ello, en un balance global (el del libro) en que las sombras tienden a menudo a prevalecer sobre las luces, este capítulo permite constatar que no hay tiempos tan oscuros que no puedan reivindicarse al menos parcialmente, a partir de la capacidad humana para empujar y sobrepasar los límites.
Como es evidente, las siete miradas que se acaban de resumir no agotan las múltiples facetas de un período lleno de acontecimientos, pugnas, supervivencias y transformaciones. Hacerlo habría requerido de un contingente autoral mucho más amplio y diverso del que aquí confluyó. También podrá objetarse el «sesgo» eminentemente crítico que atraviesa estas páginas, reflejo de posturas efectivamente compartidas en cuanto a la prevalencia del continuismo por sobre la transformación. No por nada hemos calificado estas tres décadas de «post»-dictatoriales, es decir, una prolongación más que una ruptura. Esta coincidencia se hace igualmente extensiva al juicio que las y los autores tenemos sobre nuestro propio «Chile actual» (con el permiso de Tomás Moulian), mucho más cercano a 1988 (o a 1987) de lo que a muchos les gustaría creer. Este libro nunca aspiró a levantar un balance «neutro» sobre este ciclo, y no fue su propósito reunir a partidarios, detractores e indiferentes para articular una suerte de miscelánea multi-abarcadora en la que todos y todas se sintieran representadas. Lo que hemos querido es reflexionar de manera ciertamente crítica, pero también responsable y sistemática, sobre el pasado reciente que nos ha tocado vivir, y que múltiples señales ambientes sugieren que ahora sí se encuentra en vías de más sustantiva, aunque en dirección imprevisible, transformación. En ese sentido, lo que ofrecemos no es más que un insumo para hacer un diagnóstico de los procesos y coyunturas que nos han conducido de manera más inmediata al lugar en el que nos hallamos, y para aportar a un muy necesario debate sobre el futuro que querríamos (y deberíamos) construir. A final de cuentas, ese y no otro es el sentido esencial de la historia.
Julio Pinto Vallejos
Marzo de 2019
Treinta años de postdictadura: una mirada panorámica
Julio Pinto Vallejos
Universidad de Santiago de Chile
La dictadura se resistía a morir. Ni las masivas protestas de 1983-1986, ni las acciones armadas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (incluyendo el atentado contra el mismísimo Pinochet), ni la presión de políticos «centristas», la Iglesia Católica y el propio gobierno de los Estados Unidos habían logrado modificar sustantivamente el control militar sobre el país, mucho menos derrocar al régimen o alterar su agenda institucional. A pesar de los intensos esfuerzos desplegados en los años anteriores, ya fuese por vía dialogante, de activismo callejero o insurreccional, ni el modelo neoliberal ni la Constitución impuesta en 1980 habían sido seriamente amagados. Fue en ese contexto que dichos grupos «centristas», liderados políticamente por el futuro presidente Patricio Aylwin y por el futuro ministro Edgardo Boeninger, se resignaron (con mayor o menor entusiasmo, según los casos) a aceptar el itinerario establecido por la propia dictadura para transitar hacia una mayor apertura política e institucional. Lo que verdaderamente se jugó en el plebiscito de 1988 no fue, por tanto, la derrota del régimen dictatorial (al menos no en sus basamentos más profundos), sino la administración inmediata de ese proceso de transición.
Esta lectura, progresivamente afianzada con el correr de los años, dista mucho de los compases «épicos» con que en su momento se rodeó el triunfo del «No», sirviendo durante décadas como principal dispositivo legitimante para los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Dicho eso, no puede negarse que la derrota electoral del dictador sí dio lugar, en un primer momento, a una genuina explosión de júbilo social, alimentada por la ira acumulada durante 17 años, pero también por el fracaso de todas las tentativas anteriores de terminar con su reinado. Hasta quienes descreían de la estrategia negociada de recuperación de la democracia (o al menos algunos de ellos y ellas) se vieron momentáneamente arrastrados por la oleada celebratoria y por la perspectiva de cambios políticos que ayudaran a dejar atrás la larga noche dictatorial. Por su parte, ese 43% del electorado que todavía en 1988 estuvo dispuesto a apostar por la continuidad de Pinochet, al igual que los poderosísimos círculos empresariales, políticos y militares que vivían plenamente a gusto bajo ese ordenamiento institucional, no se sentían del todo tranquilos frente al traspaso de la administración del país a manos «ajenas», por mucho que esto se enmarcase dentro de los parámetros y en los tiempos diseñados por ellos mismos, y por mucho que sus encargados se esmerasen en rodear el proceso de todo tipo de «amarres» y garantías de perpetuación. Ni la historia ni la política suelen sujetarse disciplinadamente a las previsiones o a los planes elaborados por auto-investidos conductores de los destinos sociales. Más allá de pactos, impotencias y componendas, el resultado del plebiscito sí pudo verse, al día siguiente del 5 de octubre de 1988, como el inicio de una nueva etapa, al menos potencialmente dotada de proyecciones y perspectivas impensadas.
A treinta años de esa fecha, el balance histórico tiende a ser más sobrio. No puede (ni debe) desconocerse que el término de la dictadura sí acarreó transformaciones importantes en diversas esferas, desde el respeto a las libertades públicas, pasando por la valorización de los derechos humanos, hasta las innegables mejoras (o restauraciones) en materia de políticas sociales. En relación a lo primero, nadie que haya vivido bajo el terror dictatorial, con su cortejo cotidiano de atropellos, represiones y muertes, podría minusvalorar la recuperación de derechos como el de libre expresión, el de (más o menos) libre circulación por los espacios o el de (relativa) inmunidad frente al arresto arbitrario, la tortura o la desaparición. De igual forma, y como necesario correlato de lo anterior, no podría calificarse de trivial la elevación del respeto a los derechos humanos a la condición de núcleo ideológico del nuevo régimen, y como su principal elemento diferenciador respecto del que quedaba atrás. Porque aun cuando este respeto haya sido vulnerado más de alguna vez en las prácticas concretas de la política concertacionista (tratándose, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las disidencias sociales o de la juventud popular), claramente no es lo mismo que vivir en un contexto en que tales vulneraciones constituyen la norma o la esencia misma del orden político en vigencia. Por último, tampoco resulta trivial que los gobiernos transicionales hayan optado por atenuar los peores estragos del capitalismo neoliberal sobre el tejido social y sobre las condiciones de existencia de los sectores más pobres y desvalidos. A diferencia de la dictadura, en que la miseria y el hambre se convirtieron en rasgos estructurales y permanentes (¿necesarios?) de la existencia popular, los años de la Concertación se caracterizaron por una ampliación de las protecciones sociales y una disminución de los niveles de pobreza que, por mucho que hayan respondido también a los efectos «espontáneos» del ciclo económico, o no hayan rectificado nuestros escandalosos índices de desigualdad, ni hayan abandonado el principio dictatorial de «focalizar» las ayudas estatales sólo en los sectores más pobres (es decir, no en el conjunto de la comunidad), ni menos hayan erradicado la pobreza «dura», han hecho de éste un período reconocidamente menos apremiante desde el punto de vista material («los mejores años de nuestra historia», según una muy reciente y autocomplaciente declaración del político concertacionista Víctor Barrueto). De hecho, y como lo revela la frase recién citada, aquí reside el segundo gran dispositivo legitimante de la coyuntura postdictatorial.
Pero una vez hechos estos necesarios (y justos) reconocimientos, no puede negarse que en el diseño concertacionista, o en el devenir histórico que se desplegó bajo su conducción, terminaron primando más las continuidades que las rupturas, más las profundizaciones o consolidaciones que los virajes. Es por eso que, sin caer en la descalificación simplista o en la caricatura bipolar, no están tan desencaminados quienes tienden a visualizar este período, sobre todo en retrospectiva de tres décadas, como el colofón «con rostro humano» que permitió hacer sostenibles (y soportables) los ingredientes más profundos y radicales del proyecto dictatorial. Sin la presencia agobiante del dictador y sus aparatos de seguridad, sin el miedo y la incertidumbre como compañía cotidiana, sin la miseria como telón de fondo inconmovible, la adopción del neoliberalismo y de un modelo individualista y competitivo de convivencia social podían tornarse más digeribles, y al menos entre algunos círculos, hasta más deseables o «naturales». Tras la catástrofe, la normalización.
La más evidente de esas continuidades, y la que en definitiva ha resultado más difícil de socavar, es la instalación del capitalismo neoliberal. No parece necesario abundar en la caracterización de un modelo que ha sido analizado y diseccionado prácticamente hasta el cansancio, ya sea para celebrar sus supuestos méritos y fortalezas, ya para denostar sus innegables vacíos y contradicciones. Mucho se ha hablado, en el primero de estos registros, sobre la «dinamización» que esta forma de organizar la economía ha traído para un país que habría vegetado durante décadas en el estancamiento y la ineficiencia. Es gracias a ella, afirman y repiten sus apologistas, que los índices de crecimiento alcanzaron durante la primera década postdictatorial tasas sin precedentes; que las finanzas nacionales se sanearon y consolidaron; que el país atrajo capitales extranjeros en dimensiones tan «generosas» como envidiables; y que nuestra vida material alcanzó niveles que, aun sin igualarse a los del mundo verdaderamente desarrollado, nos habrían dejado prácticamente en el umbral de esa codiciada condición. Fue gracias a ella, en suma, que nos habríamos convertido en los «jaguares» de América Latina, alarde que se prestó, durante esa misma década de 1990, para una aguda parodia televisiva que nos caricaturizaba –merecidamente– como los «nuevos ricos» del continente.
Es innegable que algunos de estos juicios no están tan divorciados de la realidad como quisieran sostenerlo los detractores más furibundos del Chile transicional. Los indicadores macroeconómicos efectivamente mejoraron en relación a los años de la dictadura, aunque no tanto en relación a períodos anteriores de la historia, cuando el crecimiento de mediano plazo fue bastante menos paupérrimo de lo aseverado por los publicistas del neoliberalismo. El ingreso y el consumo per cápita efectivamente crecieron de manera significativa, aunque es verdad que medidos en promedios que maquillan profundas desigualdades y que en muchos casos se sostienen sobre un endeudamiento que se ha convertido en otro rasgo estructural del nuevo ordenamiento económico. Los niveles de pobreza y extrema pobreza disminuyeron, sobre todo en comparación con las impresentables cifras que en este ámbito produjo la dictadura. Y por último, la imagen (y sobre todo la auto-imagen) económica del país experimentó una notoria mejoría. En ningún caso podría decirse que el «milagro» postdictatorial haya sido un simple espejismo.
Pero es igualmente innegable que, por debajo y por fuera de todas estas cuentas alegres, el modelo económico finalmente apropiado y legitimado por los gobiernos de la Concertación sigue exhibiendo una serie de distorsiones e insuficiencias que, además de abrumar nuestra convivencia social presente, auguran complejos y conflictivos escenarios para el porvenir. Entre esas insuficiencias, la más flagrante y justicieramente denunciada es la desigualdad, condición en que ocupamos uno de los lugares más destacados a nivel continental y mundial. Puede que seamos ahora, en promedio, un país más rico que hace tres décadas, pero seguimos siendo un país sumamente –y porfiadamente– desigual, con índices de concentración y mala distribución del ingreso que el mercado por sí solo ha sido incapaz de corregir, y que las relativamente tímidas intervenciones de un Estado mucho más débil que el anterior a la dictadura tampoco ha logrado (¿o querido?) modificar. De acuerdo a las mediciones más recientes, Chile es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club de países ricos del cual formamos «orgullosamente» parte desde 2010. Peor aun: hacia el año 2012, Chile se ubicaba entre el 15% de los países más desiguales del mundo, ocupando el lugar 117 sobre un total de 1341. Es decir, seríamos un país rico (dentro de un marco de respeto irrestricto a las normas del capitalismo neoliberal), pero desigual.
Somos además un país en donde, más allá de la recuperación en la inversión social que los gobiernos concertacionistas bregaron por implementar, las personas gozan de un nivel comparativamente bajo de protecciones sociales, quedando muchas situaciones de indefensión (la enfermedad, la desocupación, la vejez) entregadas esencialmente al esfuerzo individual, o a apoyos bastante magros por parte del Estado (desde las «modernizaciones» pinochetistas, los empleadores se desligaron completamente de esta responsabilidad). Esta condición encuentra su correlato en una precarización generalizada del acceso al trabajo y de las condiciones salariales, que si bien no alcanzan las dimensiones dramáticas que presentaron durante gran parte de la dictadura, no ofrecen, para un segmento muy significativo de la población, perspectivas estables de desarrollo personal y laboral, o de mejoramiento sostenido de su situación material. No podría ser de otra forma en un sistema económico que se sostiene en gran medida sobre la «flexibilidad» de la fuerza de trabajo (es decir, sobre la posibilidad de contratar y despedir sin mayores impedimentos); sobre la reducción de los costos asociados al factor trabajo («tercerizando» o subcontratando faenas, suprimiendo los aportes patronales a la seguridad social, obstaculizando la formación o la acción de los sindicatos, etc.); o lisa y llanamente manteniendo los salarios en los niveles más bajos que se pueda. El Chile transicional puede ser un país con mayor acceso al consumo que en épocas anteriores, pero al precio de una fragilidad endémica, agudizada por el recurso a un endeudamiento indispensable para sostener o mejorar dicho acceso, o simplemente para sobrevivir durante las frecuentes interrupciones del ciclo laboral.
Lo que se verifica de esta forma en el plano individual, se reproduce también a nivel colectivo. Una economía que funciona esencialmente con base en la exportación de materias primas con bajísimos índices de elaboración, o de la oferta de facilidades inmejorables (y a menudo leoninas) para la inversión extranjera, claramente no dispone de muchos resguardos frente a la adversidad o los imprevistos, ya sea que éstos se presenten bajo la forma de sobresaltos en el comercio internacional, de fluctuaciones en la confianza de los grandes operadores mundiales, del agotamiento o sustitución de recursos naturales intrínsecamente degradables y que hasta aquí se ha hecho bastante poco por proteger, o de decisiones de política económica foránea sobre las cuales no se tiene ningún control. Así quedó demostrado durante las dos grandes coyunturas recesivas que se vivieron durante estos treinta años (la crisis asiática de 1998-1999, y la crisis de los mercados hipotecarios de 2008-2009), pudiendo haber sido el daño aun mayor, por lo menos en el segundo de los casos citados, si la explosiva demanda china no hubiese compensado parcialmente el desplome de los mercados europeos y norteamericanos. En ambas ocasiones, los gobiernos concertacionistas en ejercicio se congratularon de la capacidad de sus equipos económicos para maniobrar con la suficiente destreza «técnica» para minimizar los impactos recesivos, objetivo que en alguna medida efectivamente se logró (ninguno de esos episodios alcanzó las dimensiones devastadoras de las dos depresiones vividas en dictadura). Pero ello no alcanza a ocultar la vulnerabilidad estructural a que está expuesta una economía pequeña, con bajísimos índices de autonomía tecnológica y absolutamente entregada al agotamiento de sus recursos naturales o a los vaivenes de los mercados mundiales.
Podrían seguirse enumerando fragilidades o menoscabos emanados del modelo económico instalado por la dictadura y ratificado por los gobiernos postdictatoriales. Podrían consignarse, por ejemplo, sus implicancias respecto de las solidaridades colectivas, los sentidos de pertenencia comunitaria, o la cohesión social de un patrón de convivencia articulado en torno al individualismo, la competitividad y la mercantilización de las relaciones sociales. No son pocas las señales de alarma gatilladas por la generalización de conductas personales signadas por la agresividad, el ascenso individual a cualquier precio, el exitismo chabacano y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Por sólo nombrar una, Chile ostenta el dudoso privilegio de tener una de las tasas más altas de neurosis depresiva o consumo de fármacos a nivel continental. Tampoco resulta ajena a la racionalidad neoliberal (maximizar las ganancias a como dé lugar) la propagación de la corrupción hacia los más diversos círculos, o la explosión del narcotráfico en los sectores populares. El Chile predictatorial puede haber sido más pobre, apocado y «provinciano», pero era ciertamente más solidario y socialmente empático que el actual. Al menos durante ese tiempo no se sospechaba sistemáticamente de los vecinos, no se prodigaba más afecto a las mascotas que a las personas, no se vivía obsesionado por el crimen (que en términos estadísticos no es peor que el de otros países de la región), ni se llenaban nuestras calles y plazas de indigentes que sólo sobreviven gracias a la caridad de grupos religiosos.
En otro plano, podrían también sopesarse los efectos medioambientales de un extractivismo desenfrenado, consecuencia más o menos previsible de una política económica que ha apostado todas sus fichas a la explotación en gran escala de sus recursos naturales (o como se dice en la jerga anglófona que también forma parte del Chile neoliberal, de sus commodities). Por mucho que los beneficiarios y panegiristas del sistema insistan sobre la acción «natural» de las ventajas comparativas, o sobre la racionalidad «intrínseca» de unos mercados que teóricamente irán resolviendo los problemas a medida que se presenten, el cortoplacismo de la euforia neoliberal no debería dejar indiferente a un país que ya vivió los estragos históricos de la crisis del salitre, o los estragos más contemporáneos de la industria del salmón. Si no se toman medidas concretas para la protección de recursos que se degradan a ojos vistas, o para el desarrollo de pilares menos inestables para el crecimiento futuro, lo que se instala es un gran signo de interrogación sobre la sostenibilidad de nuestra celebrada bonanza. Lo que hoy se ha dado en llamar «zonas de sacrificio», consecuencia inevitable aunque hasta aquí localizada de un modelo como el nuestro, podría ser un anuncio de lo que nos espera a nivel mucho más extendido en un porvenir no demasiado lejano.
Es indudable que, más allá de las marchas y contramarchas que las páginas anteriores se han esforzado por resumir, y más allá de las voluntades de detractores y partidarios, el Chile que emerge de estos treinta años es muy diferente del que asistió al plebiscito de 1988 y muchísimo más del que padeció el golpe militar de 1973. Aparte de los cambios deliberadamente impuestos por los diseñadores del Chile neoliberal, y mantenidos con mayores o menores modificaciones por el Chile concertacionista, el país ha experimentado cambios «subterráneos» que dichos planificadores no previeron, pero que pesan muy fuertemente sobre nuestra convivencia actual. Por sólo nombrar los más evidentes, ni los más «visionarios» arquitectos de lo que Tomás Moulian denominó el «Chile actual» deben haber previsto la mayúscula revolución comunicacional provocada por las tecnologías del computador y la telefonía celular, que, junto con conectar a las personas de maneras tan diversas como incontrolables (y no siempre en un sentido positivo), han terminado incluso por socavar la influencia de baluartes tan inconmovibles del pinochetismo como el duopolio de la prensa escrita y el abanico no mucho más amplio de la televisión abierta. De igual forma, la «liberalización» de las costumbres y la diversificación de los estilos de vida, en alguna medida consecuencia directa de la modernidad globalizada tan promocionada por esos arquitectos, han erosionado concepciones conservadoras sobre la moralidad personal y la estructura familiar que sus referentes políticos, en un gesto no exento de contradicción, hubiesen querido articular con el imperio absoluto de las «libertades» económicas. No por nada, fue durante estos años transicionales que en Chile, contra la obstinada resistencia de sectores de derecha, por fin se dio un reconocimiento legal del divorcio y de algunas causales restringidas para el aborto. Y por último, en referencia a lo que ha sido sin duda uno de los cambios históricamente más relevantes de estos últimos tiempos, la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos atraídos precisamente por la promesa de este Chile neoliberal y «rico», cuya baratura laboral no le produce ningún problema a un empresariado siempre feliz de seguir reduciendo costos, está tensionando visiblemente las auto-percepciones de un país que siempre se ha creído homogéneo y que nunca, por cierto que equivocadamente, se ha reconocido racista. Qué podrían augurar estos cambios en profundidad para un posible (y tal vez ya comenzado) ciclo post-transicional es muy difícil de prever. Lo que sí está claro es que los dilemas y las luchas del mañana podrán ser parcialmente los mismos (porque la dictadura de los mercados y la hegemonía empresarial siguen siendo realidades muy vigentes), pero no serán exactamente los mismos del ayer.
¿Estaríamos, por tanto, después de treinta años, finalmente al término del interminable ciclo transicional? Es difícil saberlo, pues la historia no suele acomodarse mansamente a los números y las efemérides redondas. Pero resulta a lo menos simbólico que este trigésimo aniversario se cumpla bajo un gobierno de derecha (el segundo elegido democráticamente desde 1988 y el tercero desde que se puede hablar propiamente en Chile de «izquierdas» y «derechas») y que ese gobierno haya podido darse el gusto de celebrar dicho aniversario casi como si fuera propio. Es también sintomático que las derechas mundiales estén comenzando a gravitar visiblemente hacia posturas que el neoliberalismo «clásico» habría considerado por lo menos inquietantes, como el proteccionismo anti-mercadista de Donald Trump o los devaneos populistas de las ultra-derechas europeas o el Brasil de Bolsonaro. Tensionada por estas fuerzas, la derecha chilena hoy gobernante vacila entre una reapropiación en plenitud de lo obrado bajo los gobiernos concertacionistas y un acercamiento a expresiones políticas que la retrotraen a los años más oscuros de la dictadura –o peor. Pero más expresivo aun del agotamiento de un ciclo es el estado en que emergió la antigua Concertación de Partidos por la Democracia tras las elecciones de 2017. Derrotada por segunda vez en las urnas, fragmentada profundamente en su interior, dañada programáticamente por la despolitización que ella misma fomentó y los cambios sociales que ayudó a consolidar, no parece muy probable (aunque en la historia es muy arriesgado emitir pronósticos) que este conglomerado político recupere el protagonismo que indiscutiblemente mantuvo durante los últimos treinta años. Con una Concertación malherida y una derecha nuevamente en el gobierno, aunque algo desconcertada por los fenómenos que se precipitan a su alrededor, tal vez sí estemos ante un nuevo cambio de ciclo. Y como ocurrió tras el plebiscito de 1988, o de cualquier otra inflexión histórica de ese tipo, sólo de las dinámicas concretas articuladas por los actores políticos y sociales dependerá que la balanza se incline hacia la «alegría» que en aquella oportunidad se proclamó (y que ha sido muy discutiblemente alcanzada), o hacia el desconsuelo que tan difícil nos está resultando remontar.
1 Datos sacados de Javier Rodríguez Weber, «Desarrollo económico y desigualdad durante la transición a la democracia en Chile» (1990-2009), Cuadernos de Coyuntura 22, Santiago, Fundación Nodo XXI, octubre de 2018.
2 Cifras extraídas de Andrés Solimano, «¿Es posible reducir la desigualdad en Chile?», Le Monde Diplomatique, edición chilena, noviembre de 2018.
3 Agradezco este dato a mi estudiante de maestría Pablo Seguel Gutiérrez.
4 Debo esta metáfora a mi colega Pedro Milos, quien la formuló años atrás en una conversación personal.
«Water rights for sale»*. Contrarreforma en las aguas dulces y resistencia de los pueblos. Chile, 1967-2017
María Angélica Illanes Oliva
Universidad Austral de Chile
Preámbulo
| Macarena Valdés, joven luchadora por la salud y el agua de la Madre Tierra y madre de cuatro hijos, fue cobardemente asesinada un muy triste día lunes 22 de agosto de 2016 y colgada de una viga de su casa en la localidad de Tranguil en Panguipulli, Chile Sur. Allí la encontró uno de sus hijos, quedando de espanto marcados a fuego todos los suyos, cercanos y lejanos, para memoria y regeneración de su lucha. A pesar de la impunidad, el silencio y la mentira oficial que ha rodeado a este asesinato, a todas luces éste corresponde a lo que podríamos llamar un «femicidio empresarial», cuyos actos cobardes y viles impregnan las páginas de la historia de las luchas medioambientales de Centro y SurAmérica actual. Tal es también el caso de Berta Cáceres, mujer, ambientalista, líder indígena y madre de cuatro hijos, asesinada en su propia | Atravesando la verde espesura te han clavado vigas, MacarenaMadreMapu, en forma de cruces crucificándote, colgándote de cables eléctricos que te degüellan por kilómetros, cortando el libre fluir de la sangre de tu río: asesinándote MaMacarena todos los días lunes, cuando tu nombre decía «ser feliz»**.Cientos de Torres de alTa Tensión van bajando de tus montes húmedos MapuMacarena, desde el ojo íntimo de tu origen, succionando la luz de tus aguas, ahogándote sin un grito, mientras tus hijos piden socorro. Los cobardes han venido a hacer su presa de conquista protegidos, armados con fierros y papeles sucios. Han venido, como cada lunes, a plantar las cruces para colgarte de los cables de tu degüello. Los conquistadores quieren silenciarte, entubando tus aguas libres, para que no cantes tu dicha, MacarenaMadreMapu, saltando sobre |
| casa en Honduras pocos meses antes que Macarena, el 2 de marzo de 2016. Como lo asegura su pareja, sobreviviente y testigo del asesinato, detrás de este cobarde acto están empresas transnacionales para cuyos proyectos hidroeléctricos Berta, defensora de los cuerpos de agua de la tierra de todos, era un grave obstáculo6.También Macarena y su esposo, el werken Rubén Collío, eran/son líderes ambientalistas indígenas en Tranguil, Chile Sur, dirigiendo la lucha por la libertad del agua y la tierra y en defensa de sus sustentables economías turísticas locales. Esta lucha la llevaban y la llevan adelante junto a miembros de las comunidades indígenas locales contra la empresa austríaca R.P. Global, asociada con capitales chilenos.Berta y Macarena son míticas heroínas de esta gran lucha por la libertad de la tierra de América, explotada, oprimida, exprimida y cableada para alimento de consumidores de departamentos y ciudades todo-eléctricas que, enchufadas 24 horas, han roto el cordón umbilical con la tierra y no saben hoy ni sabrán mañana cuidar el agua de la Vida.Pero el carácter mítico y quizás místico de Berta y Macarena no ha de ser para | las piedras cantando pájaros río abajo, hasta tu lago de ritmo suave, amoroso, donde juegan tus hijos en la playa.Tus asesinos han llegado a plantar palos en cruces de alTa Tensión en tu fértil humus, pronunciando palabras con pl/pr: plata, progreso, producción, plusvalía, precios, propiedad… Los cables de tu degüello son también para nosotros y para ellos. ¿Acaso podemos, pueden salirse de tu cuerpo MaMacarena para otro vientre de la galaxia? ¿Acaso piensan que colgarte de los cables que succionan la luz de tus aguas es matar a un fragmento de cuerpa? No aprenden que degüellan en sus cables a la MaMacarena que da a Luz. Y, poco a poco caminando, bajando por las Torres de tu degüello de alTa Tensión, todos y todas nos vamos quedando sin Luz. La MacarenaMadreMapu no es renovable: su ser agoniza cuando los conquistadores cometen, todos los días lunes, el cotidiano Matricidio de este tiempo. Todos somos, estamos hoy colgando de las vigas de la MacarenaMadreMapu. Sus-nuestros hijos tendrán que haber nacido para dar la gran lucha y recuperar la MaMacarena cantando tu dichosa vida. |
| consuelo de adoradores de santos. Su lucha y su muerte debe ser la tierra fértil del cuestionamiento del régimen de producción a que estamos sometidos como países neo-colonizados de Sudamérica; ellas han de ser los nombres de una lucha por el resguardo de la vida y del agua que recién comienza. Ellas serán la inspiración de un camino de resistencia de los hijos en pos de la protección de la Madre de los depredadores. Berta y Macarena son la Matria nuestra fluyendo su dulce agua por las conciencias libertarias. | ![]() |
1. Nuestros cuerpos-de-agua inmolados
«Nicolasa fue capaz de pelear con los enemigos más poderosos, Endesa y el Gobierno de Chile, por nuestros derechos históricos» 5 .
El cuerpo de Nicolasa Quintreman, emblemática líder mapuche pehuenche que luchó incansablemente contra la intervención del río Biobío para la instalación de la mayor central hidroeléctrica del país, flotaba sobre las aguas de su amado río un día de Navidad del siglo XXI. Su cuerpo y su alma se hacían físicamente uno con el río, porque ella era la vocera de sus aguas, su cuerpo era el mismo del río prisionero, una célula íntima de su cuerpo acuoso, su propio espíritu, revelándose esa unidad al caer su cuerpo a sus aguas para su propia Navidad: era el inicio –diciembre de 2013– del nuevo ciclo maya de su estrella.
Macarena asesinada y Nicolasa inmolada constituyen monumentos y avanzadas de una lucha contra la reconquista del territorio chileno-americano por parte de conquistadores extranjeros y criollos que, a nombre de la «globalización», del «crecimiento y el progreso» y por medio de gobernantes «realistas» anti-Carreras, anti-O'Higgins, han renunciado al resguardo del territorio y sus inseparables aguas, para entregarlas a aquellos particulares que, secularmente, han construido su poder sobre la conquista de Sudamérica y sus nativos (indígenas y sudamericanos) habitantes guardianes de la tierra-agua de nuestrAmérica.
¿Cómo se explica este fenómeno de reconquista en Chile y de asesinato e inmolación de sus libertadoras? Quisiéramos plantear desde una mirada de proceso histórico que, a 45 años del golpe de 1973 y a 30 años del «NO» a Pinochet, vivimos una segunda fase de la dictadura civil-militar que podríamos identificar como de «dictadura constitucional de la burguesía», momento caracterizado por el matrimonio civil entre el Estado «democrático» y la burguesía nacional y extranjera, expresado en la legitimación política de los textos dictatoriales (Constitución del 80, decretos con fuerza de ley de Pinochet, etc.), otorgándoles el estatus de leyes regentes del sistema «democrático», perfeccionando y avalando su mandato.
Una de las expresiones más claras de la existencia de este régimen de «dictadura constitucional de la burguesía» es el actual Código de Aguas, decretado en dictadura civil-militar y legitimado en «democracia», texto-instrumento que arrasa la independentista y reformadora Ley 16.640 de 1967 que, como veremos, declaraba todas las aguas de la nación en calidad de «bienes nacionales de uso público» y, por ende, como un bien expropiable resguardado por el Estado Nación para el «uso racional y beneficioso» de todos los ciudadanos y sus economías territoriales.
Actualmente vivimos la prolongación y legitimación del proceso de «contrarreforma de los cuerpos-de-agua» en plena «democracia» del siglo XXI. Esta «contrarreforma de los cuerpos-de-agua», o la privatización como ley general del régimen de aguas en el territorio nacional, ha significado, por una parte, la grave concentración de este bien, esencial para la vida de todos, en las pocas manos de unas cuantas familias terratenientes organizadas en la poderosa y golpista SNA; por otra parte, la enajenación de los grandes cuerpos-de-agua del territorio nacional a capitales extranjeros, a nombre de la «globalización», ha venido a sustituir al Estado-Nación y su rol estratégico en los proyectos de desarrollo, reconquistando y recolonizando el territorio, a través de mega-proyectos hidroeléctricos que, sin ninguna sustentabilidad, violentan el ecosistema y eliminan a los propios habitantes y sus economías locales, generando graves conflictos territoriales y el repudio general de los pueblos. A juicio de uno de los autores latinoamericanos estudioso de los graves problemas generados en nuestro continente en tiempos de globalización, dichos problemas son fruto del «agotamiento de un estilo de desarrollo ecológicamente depredador, socialmente perverso, políticamente injusto, culturalmente alienado y éticamente repulsivo»6.
Respecto de nuestro Código de Aguas vigente desde la dictadura, creemos importante plantear que no estamos ante la privatización de un mero «recurso natural» (como los minerales, por ej.) sino que ante la enajenación de nuestro territorio propiamente tal, de nuestro cuerpo territorial en su expresión de cuerpo-de-agua. Queremos, asimismo, reafirmar –como lo han hecho organismos internacionales–, que la privatización y enajenación de estos cuerpos-de-agua constituye una violación a los derechos humanos, sociales y ambientales de todos los habitantes de Chile y de todos los seres vivos que habitan en sus orillas, sobre y al interior de sus aguas.
Esta enajenación de nuestro cuerpo ha sido facilitada por la pérdida, a partir del golpe civil-militar de 1973, del Estado de Derecho Social-Territorial que se define como un Estado que, en representación de toda la ciudadanía que lo constituye, se responsabiliza del «uso racional y beneficioso»7 del territorio nacional y de sus bienes naturales en justicia de todos. En su reemplazo se ha instalado –como dijimos– una dictadura constitucional de la burguesía que opera –a menudo en forma oculta, silenciosa, lobista, con sus múltiples redes y tentáculos– a todo nivel: gobiernos postdictadura, parlamentarios, medios de comunicación, etc.
Ante esta pérdida de un Estado de Derecho Social-Territorial respecto del «uso racional y beneficioso» de los recursos y del territorio, según necesidades y requerimientos de toda la ciudadanía, quisiéramos plantear la urgencia de la refundación, no de un Estado-Nación –decretado abstracto e «imaginario» en esta era global8–, sino de un Estado-Región firmemente afianzado, en el seno de la globalización, sobre el territorio de nuestra región-chilena; Estado-Región fundado en su calidad de Estado de Derecho Social-Territorial para la soberanía regional de Chile, en defensa de su cuerpo-tierra y de sus cuerpos-de-agua, como condición misma de la existencia real y regional de su cuerpo-territorio y del habitar de sus pueblos en esta era global.
2. El Estado de Derecho Social-Territorial (Chile, 1967)
La década de 1960, en Chile y Sudamérica constituye el punto referencial de la fundación de un modelo y régimen de Estado que recogió la experiencia histórica de un siglo y medio de República y se puso en sintonía con las demandas y necesidades más sentidas de sus pueblos. Sin necesidad de reformar la Constitución que lo regía desde 1925, a través de una serie de leyes emblemáticas se fue levantando un Estado de Derecho Social-Territorial (EDST) en Chile en pos del cuidado de su cuerpo-territorio y de la equitativa distribución de sus medios de producción y sus bienes.
Ley emblemática de la construcción de este EDST es la No. 16.640 promulgada el 16 de julio de 1967: como Ley de Reforma Agraria que, en su Título V, define la naturaleza y rige el uso de los cuerpos-de-agua del país. Una ley de la tierra-y-el-agua, entendidas como inseparables, llamada a levantar la figura de un Estado responsable por el derecho del «uso racional y beneficioso» del agua –como reza dicha ley– para el goce y la producción de todos los habitantes de la tierra chilena.
¿Cuáles son los hechos fundamentales que establece esta ley y que serán revertidos con el golpe civil-militar de 1973? En primer lugar, dicha ley establece que «todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público» (BNUP). En segundo lugar, con el fin de incorporarse a esa calidad de «dominio público», todas las aguas del territorio se declaraban de «utilidad pública» y pasaban a ser expropiados todos aquellos cuerpos-de-agua que, hasta la fecha de vigencia de dicha ley, eran de dominio particular. En tercer lugar, el beneficio privado de dichas aguas sólo podría hacerse en virtud de un «derecho de aprovechamiento» (DAA) concedido por la autoridad competente; este derecho de aprovechamiento consistía en el derecho de uso de aguas por un particular, el que no podía cederse entre particulares y siempre quedaba bajo la regulación y la adjudicación por parte del gobierno y la Dirección General de Aguas (DGA). En cuarto lugar, el Presidente de la República sería quien, de acuerdo a la DGA, fijase la «tasa de uso racional y beneficioso» o el volumen anual de agua de riego de un territorio, considerando los cultivos predominantes de una determinada región, sus condiciones ecológicas y las técnicas eficientes de riego. Por último, cuando fuese prioritario destinar agua a bebida y usos domésticos o cuando lo requiriese la economía de un territorio, el Presidente de la República podría declarar la extinción total o parcial del derecho de aprovechamiento de las aguas de una zona9.
En suma, era el Estado chileno, a través del derecho legal del Presidente de la República y la DGA, quien se constituía en rector y responsable de los cuerpos-de-agua del territorio nacional, con el fin de resguardar su «uso racional y beneficioso» por parte de todos los habitantes del país, cuidando la supervivencia y la economía de cada una de las regiones. A través de la Ley 16.640 claramente se configuraba esta figura de Estado de Derecho Social-Territorial, con el objetivo de determinar y regir el habitar «racional y beneficioso» de la vida y la economía de los moradores de la tierra-agua chilena.
3. Golpe civil-militar y contrarreforma en los cuerpos-de-agua
El inconstitucional y violento golpe civil-militar de septiembre de 1973 instaló en Chile un régimen político de terrorismo de Estado fundado en la más siniestra y macabra aniquilación de los ciudadanos pro-gobierno constitucional, considerados como enemigos, para realizar su «obra» demoledora de todo el sistema democrático –institucional, legal, político, social, económico y cultural– construido en el siglo XX, con gran esfuerzo de los movimientos sociales y populares, de los partidos políticos y del sistema legislativo. Uno de los mayores trabajos de demolición consistió en la negación de la Constitución vigente de 1925, así como de la Ley 16.640 de Reforma Agraria (que incluye su Régimen de Aguas), representando una doble negación constitucional y legal que no sólo le permitió a ese Estado de Terror echar atrás una de las reformas más sentidas y significativas de toda la historia de Chile desde la conquista española del territorio, cual fue la Reforma Agraria, sino también hacer tabla rasa de la calidad legal de «dominio público» de todos los cuerpos-de-agua del territorio-país.
El nuevo Estado de Terror, mediante un camino de sangre, fue llevando a cabo la aniquilación de las emblemáticas leyes parlamentarias democráticas –como la antedicha Ley No. 16.640– y realizando simultáneamente su contrarreforma, revirtiendo estas leyes a través tanto de la ilegítima Constitución del 8010, como por la vía de decretos oficiales dictatoriales, como el DFL No. 1122, que despejaba el camino para la priva/tización de los cuerpos-de-agua chilenos, priva/ndo a los pueblos de su soberanía territorial y vital, y amenazando su habitar y su vida. Así se abría el camino no sólo para la contrarreforma agraria sino, conjuntamente con ello, para una grave contrarreforma decretada sobre los territorios y sus cuerpos-de-agua en Chile, afectando a todos sus pueblos.
En efecto, el 13 agosto de 1981 fue promulgado por la dictadura civil-militar dicho DFL No. 1122 con el texto que denomina «Código de Aguas»11. ¿Cuáles son los hechos principales que establece este decreto y que tuvieron como efecto inmediato revertir lo estipulado en el Título V de la Ley No. 16.640 democráticamente aprobada en el gobierno del presidente constitucional Eduardo Frei Montalva? Si bien el DFL No. 1122 mantiene el carácter de las aguas en calidad de «bienes nacionales de uso público», revierte el carácter que se le otorga al «derecho de aprovechamiento» de ellas por parte de particulares, lo que, en los hechos, contradice su carácter general de «bien nacional de uso público». Dicho «derecho de aprovechamiento» se define, en este decreto de Pinochet, como un «derecho real» que otorga las aguas como «dominio de su titular», siendo un derecho concedido a través de escritura pública inscrita en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces12. Allí se plantea tajantemente que «el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad. La posesión de los derechos así constituidos se adquiere por la competente inscripción», pudiendo «ser hipotecados» y libremente enajenados según «todas las disposiciones que rijan la propiedad raíz inscrita»13. Se especifica que estos «derechos de aprovechamiento son consuntivos», es decir que «facultan a su titular a consumir totalmente las aguas en cualquier actividad», y «no consuntivos», pudiendo emplear las aguas sin consumirlas14 y con derecho a «construir canales a sus expensas en suelo propio o ajeno». El derecho de aprovechamiento «comprenderá la concesión de los terrenos de dominio público necesarios para hacerlo efectivo» 15. El DFL No. 1122 contempla la posibilidad de «expropiación» de dichos «derechos de aprovechamiento» en el caso de ser necesario disponer de estas aguas «para satisfacer menesteres domésticos de una población por no existir otros medios para obtener el agua», reservándose al expropiado el agua necesaria para esos fines domésticos16.
En suma, este DFL No. 1122 de la dictadura, si bien en teoría reitera el carácter de los cuerpos-de-agua como BNUP, define el «derecho de aprovechamiento de las aguas» en Chile como una propiedad privada de dominio particular, con todos los elementos que definen y legitiman legalmente a una propiedad privada. Este hecho niega, efectivamente, el carácter público de los cuerpos-de-agua del territorio nacional, lo que aparece, así, como una mera abstracción declaratoria, sin realidad legal ni factual. Este «carácter público» se reduce a la facultad expropiatoria del Estado en caso de necesidad perentoria y extrema, carácter expropiatorio que también rige para toda la propiedad privada en general. Esta facultad de expropiación requiere de una voluntad política que, a juzgar por el oneroso reparto de agua todos los veranos por parte de camiones municipales en el sur de Chile, ha estado muy lejos de activarse para cubrir las sentidas necesidades de las poblaciones del territorio nacional. En palabras de Katia Spoerer, licenciada en Derecho,
(…) hoy en día, si un particular desea hacer uso de las aguas debe solicitar un DAA a la DGA, el órgano público encargado de su gestión, y si se cumplen las exigencias legales que regula el CA, la DGA estará obligada a otorgar dicho derecho. Además, las características del DAA son bastante incoherentes, si consideramos que el agua es un BNUP, ya que se otorga de manera gratuita, es un derecho comerciable, es a perpetuidad (no posee causales de caducidad), no tiene limitaciones de uso, no es obligatorio inscribirlo (…) y está protegido constitucionalmente con el derecho de propiedad en el artículo 19, N° 24. Consecuentemente, permite que su titular haga lo que se le plazca con el recurso. Si le agregamos a esto que la mayoría de los DAA están actualmente en manos de privados y constituyen derechos adquiridos, es un hecho que la mayoría del agua de la nación chilena, en última instancia, es usada solamente para satisfacer los intereses particulares de sus titulares, llegando incluso a vulnerarse intereses públicos como la conservación medioambiental y el uso sustentable y eficiente17.
Estas palabras son elocuentes: los cuerpos-de-agua del territorio chileno han sido entregados a discreción –por efecto directo del golpe civil-militar de 1973 y por convicción gubernativa en el tiempo postgolpe– a intereses particulares nacionales y transnacionales, en detrimento del bien común y del humano-derecho-de-aguas democrático que debe existir en cualquier sociedad que se precie de estar «bien constituida».
4. El statu quo de la contrarreforma en los cuerpos-de-agua y la lucha de las mujeres mapuche por la salvaguardia del río Biobío (1990-2004)
«A esta tierra mía no la daña nadie, ni la viola nadie y por eso nunca me voy a cansar de luchar» 18 .
La alegría que despertó en la mayoría del pueblo chileno la salida de Pinochet del gobierno fue también esperanza para el pueblo mapuche con la promulgación de la Ley Indígena en 1993, que reconocía a «los indígenas» el derecho a la tierra como fundamento de su existencia y cultura e incorporaba recursos para su restitución. Si bien dicha ley prohibía la enajenación de la tierra indígena en Chile, permitía su permuta por otra, dejando abierta la puerta para una política de virtual despojo de tierras ancestrales y su traslado hacia otras. Esta política fue desarrollada en la época colonial con las comunidades indígenas alto-peruanas, trasladadas de acuerdo a las conveniencias productivas y tributarias de la corona española19.
A esos reyes españoles les obsesionó secularmente el río Biobío, emblemático y poderoso cuerpo-de-agua de Chile Sur, muro fronterizo que puso límites a su orgullosa conquista continental, siendo expresión de la férrea unidad entre el guerrero pueblo mapuche y la tierra-agua de su heredad. Cuatrocientos años después de esa gran rebelión mapuche de 1598, que puso atajo y frontera en el Biobío al avance conquistador español, la empresa española ENDESA comenzaba la construcción de la represa Ralco (1998), la mayor central hidroeléctrica construida en territorio chileno e instalada en el bello Alto Biobío, concretando el sueño colonial del rey de vencer al pueblo mapuche, oprimiéndolo desde el cuerpo mismo de su ser libre: su río Biobío.
A partir de 1990 comenzó el lobby de ENDESA y su compra de derechos de agua en el Alto Biobío. La empresa proyectaba la construcción de 6 centrales en dicho alto río, generando una intervención megalómana equivalente a la caída de una bomba en la zona, matando todo el ecosistema. La primera etapa, Pangue, se inauguró en marzo de 1997. La segunda etapa, Ralco, que inundaría 3.500 hectáreas, inmenso territorio donde arrasaría con el ecosistema, con la flora y la fauna, con la tierra y los cementerios indígenas, no fue aprobada en un primer Informe de Impacto Ambiental (IIA). En ese momento actuó directamente el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, algunos de cuyos ministros estaban enlazados íntimamente a intereses de ENDESA20. El Presidente Frei interviene a CONAMA, cambia su dirección e induce la aprobación del IIA. En 1998 se autoriza Ralco, comenzando el vía crucis de la tierra del Alto Biobío sufriendo su tortura y muerte a manos de la tecnología: camiones, máquinas excavadoras, dinamita y cemento. Hereda el megaproyecto el gobierno de Ricardo Lagos, quien lo apoya realizando gestiones personales en este sentido.
Desde los primeros momentos, cuando llegaron profesionales a recorrer la zona, se prendieron luces rojas en las siete comunidades mapuche habitantes de esas tierras. «A fines de los 90, el abogado Sergio Oliva, adscrito a la CONADI, interpuso un recurso en representación de ocho pehuenches, acusando a funcionarios de ENDESA e Ingendesa de estar ejecutando trabajos ilegales en la zona, ingresando a los predios pehuenches sin permiso y amenazando a los comuneros. ‘Irarrázabal y Figueroa recorren en forma permanente las tierras del sector ribereño del río Biobío de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco, amenazándolos para que desalojen las tierras y se trasladen a un fundo hacia el interior denominado El Barco’, detalla el escrito presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción»21.
La guerra de Arauco parecía latir cuando la opción de la permuta de tierras y el ofrecimiento de sabrosas prebendas y altas sumas de dinero a aquellos mapuches que las aceptaron, dividió al pueblo pehuenche del Alto Biobío. Setenta familias mapuche aceptaron la permuta, mientras muchos de los hombres ingresaron a trabajar de obreros en las faenas. La conquista española de la frontera parecía presa fácil. Sin embargo, cinco mujeres libres, sin marido, no aceptaron trasladarse. Berta y Nicolasa Quintreman, dos valientes mujeres mapuche habitantes de Ralco-Lepuy en Alto Biobío, lideraron la resistencia de mujeres y encarnaron la ancestral fuerza guerrera del pueblo mapuche, levantando la ira de su palabra ante todos los poderes del mundo. «Hacer Ralco es matar al río y con eso a su gente»22. «Yo no salgo de mi tierra. Yo estoy aquí no más». «El copihue es el espíritu mío…». «¿Porqué no hacen un lago más chico? Aquí a lo largo de su orilla están enterrados nuestros antepasados… ellos agradecen (nuestra visita y ofrendas), nos dan más energía y valentía, buena suerte, buena salud». «¿Hasta cuándo tendré que soportar este sufrimiento?... por el agua, por el río…»23. Estas son palabras de la buena ira de Berta y Nicolasa, resistiendo hasta morir, inmolada Nicolasa en las aguas del río de su dolor.
A pesar de que finalmente las mujeres mapuche en resistencia tuvieron que dejar la ancestral tierra de su habitar, su lucha ha sido, históricamente, muy significativa. En palabras del autor Cristián Opaso, «Las Quintreman se constituyeron en símbolos emblemáticos de la fiera resistencia a la construcción de megacentrales en su territorio de la cordillera del centro sur de Chile»24. A nuestro juicio, por una parte, su lucha reveló ante los ojos del mundo la violación a los derechos humanos y naturales por parte de megaproyectos que rompen el equilibrio del habitar de los territorios donde se instalan, en función de una producción en gran escala que se aleja de toda economía sustentable, comprometiendo el desarrollo integral del territorio local y nacional. En segundo lugar, su lucha permitió develar la pervivencia, en los gobiernos postdictadura, del influjo gubernativo de la burguesía transnacional y de la hegemonía política de sus megaproyectos, en detrimento de las sociedades y economías territoriales nacionales. Ello ha generado desintegración social y una escalada de conflictos ambientales ciudadanos a lo largo del país y su irradiación hacia el conjunto del pueblo mapuche que, desde otras zonas, acudió en apoyo de las mujeres rebeldes del Alto Biobío, reproduciendo a mayor escala su lucha por la defensa de los territorios amenazados. En suma, la resistencia de las Quintreman fue la avanzada de otras luchas y resistencias por venir, ya que la ciudadanía y el pueblo mapuche han aprendido acerca del régimen político que vivimos: de solapada dictadura ejercida por la burguesía nacional y transnacional, a través de los gobiernos y la legalidad constitucional 80/post-90.
5. Nuestros cuerpos-de-agua enajenados. La resistencia de los pueblos: Aysén y San Pedro (2007-2017)
«Water Rights for Sale: You can make an offert.
Toltén River:
Location: 1 Kilometer from Villarrica, Chile;
Quantity: 3.000 liters / second;
Type: Consumptive;
Price: $ 480.000.000;
Capture: 1 kilometer from Villarrica Lake. (…).
(Propiedades Austral)» 25 .
Las profecías del año 2000 amenazaban con un desastre de proporciones por la desconfiguración que se produciría en las computadoras. Ello podría hacer saltar los botones de control de los centros nucleares, se profetizaba. Así, dábamos vuelta la hoja de un nuevo milenio con emoción y temor. El inicio del siglo XXI traería grandes cambios, como había ocurrido a principios del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pensamos en conflagraciones mundiales, en convulsiones sociales y políticas, imaginamos los avances tecnológicos, confiamos en el protagonismo joven… Si bien las computadoras no fallaron, los cambios tecnológicos y los conflictos internacionales se aceleraron, impactando la civilización, ya que se abría paso a la revolución cultural de internet y los celulares, enlazando a medio mundo, mientras los Estados exnacionales se arrodillaban en el templo, culto y rito del mercado y se enfrentaban el Oriente y los Estados Unidos, cayendo éste gravemente herido en su arrogancia un inolvidable 11 de septiembre del año 1 del siglo XXI.
A menudo se tiende a pensar en los fenómenos históricos en términos fácticos, espectaculares. Sin embargo, si bien esos fenómenos factuales son manifestaciones eventuales, otros muy significativos se crían en el seno de un magma profundo, oscuro, invisible y silencioso de la historia… hechos tan significativos como la oculta enajenación del territorio madre que nos habita, a través de negociaciones virtuales y reales plasmadas en las oficinas de corredores, abogados y notarios. Internet permitía, ahora, enajenar todos los días, ante los ojos de todos y en el gran mercado del mundo, los más emblemáticos ríos nuestros.
«Water in Chile» nace el año 2000 con el fin de ayudar a personas interesadas en desarrollar proyectos vinculados a derechos de agua. Conectamos al cliente con los profesionales adecuados para inscribir nuevos derechos de agua en Chile y le ayudamos a comenzar el negocio que elija, contactándolo con abogados, ingenieros agrónomos, expertos en pisciculturas, ingenieros eléctricos, etc., pero por sobre todo nos ocupamos de la compra-venta de derechos de agua. Bienvenido a los excelentes resultados de «Water in Chile»26.
Desde este comienzo de segundo milenio, el listado de ríos chilenos en venta por «Water in Chile» es amplio. Si abrimos su sitio virtual cualquier día, podemos saber que aquellos abundantes ríos nuestros llenos de sur, de flujo suave, de verde profundo, están siendo enajenados, enajenándonos. Nuestro gran río Toltén, por ejemplo, nacido en el lago Villarrica, espejo de su volcán blanco y cónico, fluyendo sus aguas azul acero, arteria vital de nuestro cuerpo sur regando flora, conteniendo gordos peces grises abrazados por pescadores, agua dulce de sus pueblos, orilla de Pitrufquén, territorio del lonco Paillalef, generoso donante de tierras a colonos de todos los colores y mixturas… nuestro río Toltén está a la venta por la suma sideral de $480.000.000 como enajenación de derechos de aguas «consuntivas»27, es decir, «derechos que facultan a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad»28.
Nuestro bello río Cruces, nacido de la falda del volcán Villarrica, flujo de aguas suaves y lentas, descansando en el sagrado santuario creado por la propia energía telúrica, nido azul verde de blancos cisnes enamorados criando polluelos en sus juncales bajo nubes (que luego de morir envenenados por la industria humana, hoy reviven gracias a la lucha de los conscientes), piel acuosa donde se desplazan los remos en sigilo y silencio para no despertarlos… nuestro cuerpo-de-agua santuario río Cruces está a la venta por la suma de $500.000.000 que les otorga a sus compradores el «derecho» de consumo total de sus aguas29.
Nuestro larguísimo río Biobío, caudalosa serpiente sur-andina que llega al mar saltando valles, emblema de libertad de la nación mapuche tras la victoria de Curalaba, marca de frontera de nuestra historia, ancho derrame de cuerpo-de-aguas alimentando pueblos en su ribera, juego de kayaks, que a trechos navega barcos, levanta puentes, recibe desechos de celulosa y lágrimas de mujeres mapuche defensoras de su nutricio cuerpo-de-agua… está a la venta en su trecho de Chiguayante en la suma de $90.000.00030. Y así suma y sigue, decenas de ríos y esteros chilenos están a la venta por internet, incitando a extranjeros a comprarlos con todas las facilidades legales. Cabe entonces plantear si es posible hablar de «democracia» cuando casi no existe realidad histórica para el concepto de «bien público», especialmente cuando se niega dicho concepto al elemento esencial de la vida humana, que es el agua dulce. Entonces, ¿podemos considerarnos una «sociedad bien constituida» cuando unos pocos se han apropiado de sus recursos más esenciales?
Recién inaugurada la central hidroeléctrica Ralco, cuya resistencia ciudadana y mapuche dio la vuelta al mundo, el Presidente de la República, Ricardo Lagos, envió al Congreso un proyecto de ley que establece algunas modificaciones al Código de Aguas, el que fue aprobado y promulgado como Ley No. 20.017 el 16 de junio de 200531. Esta reforma introdujo el concepto de «reserva de caudal», mecanismo que «se creó en virtud del interés público y prioritario de reservar agua para el consumo humano, cuando no hayan otros medios para obtener agua». Es el presidente quien puede hacer uso de esta prerrogativa mediante decreto fundado y previo informe de la DGA. «Lo que hace el decreto es negar parcialmente la creación de nuevos DAA, cuando se funde en la no disponibilidad de otros recursos hídricos de agua potable para la población, o por circunstancias excepcionales o de interés nacional»32 . Si bien esta ley representa un gesto de conciencia gubernativa respecto de la gravedad del régimen de propiedad de aguas que nos rige, esta normativa ha sido mal calificada por algunos parlamentarios, catalogando como «débil y tardío el efecto de las consideraciones ambientales incorporadas por la Ley 20.017, reducidas a una definición semántica de responsabilidad a la autoridad competente y caudal ecológico mínimo, así como discretas las facultades relativas de la Dirección General de Aguas al respecto»33. Quizás la intención de este gesto legal fue tratar de realizar una «compensación sicológica» para la ciudadanía ante el nuevo megaproyecto que ENDESA, junto a Colbún, preparaba ese año 2005, previa adquisición de derechos de agua: la construcción de cinco represas en la Patagonia, a través de HidroAysén.
«¡PATAGONIA SIN REPRESAS! ¡Destrucción no es solución!», fue el grito de guerra y de amor que, desde sur a norte, atravesó todo Chile. Los defensores se organizaron, se recogieron los recursos, se crearon medios de comunicación y se difundió la lucha a nivel nacional e internacional. Esta vez no fueron cinco mujeres mapuche valientes, sino millones de ciudadanos a lo largo de todo el país, quienes se aprontaron a dar una batalla sin cuartel en todos los medios habidos y por haber, ya que la Patagonia, la bella cuenca del río Baker, estaba amenazada de muerte.
La cuenca del Baker, con su superficie de 26.726 km2, es la segunda más extensa del país, y por la heterogeneidad y singularidad de los paisajes relacionados con los diversos cuerpos de agua que la integran, es uno de los sistemas naturales más notables de Chile. El principal elemento es el río Baker, que, en su largo recorrido desde el lago Bertrand hasta su delta, integra una secuencia heterogénea de paisajes del agua: paisajes fluviales originados por el Baker y sus afluentes, paisajes lacustres compuestos por amplios lagos y lagunas, paisajes de ventisqueros asociados a los campos de hielo y paisajes de canales y humedales que se desarrollan en el delta del Baker formando un ambiente de transición terrestre marina.
Los paisajes del agua en la cuenca del Baker constituyen la expresión espacial de una geografía excepcional por la diversidad y amplitud de los cuerpos hídricos, la heterogeneidad y complejidad del relieve, la abundancia de especies vegetales y biológicas, comunidades y hábitats34.
Río Baker, serpiente patagónica, receptor de hielos seculares, fluyendo suave tu cuerpo profundo, tu azul intenso, tu calipso, tu verde esmeralda orillada de bosque nativo y hierbas bebiendo, aguas calmantes del sufrir, memorial del Paraíso… de pronto arenas, de pronto rápidos, de pronto lagunas calmas espejando nubes, de pronto cavernas de pliegues verdes, de pronto cascadas ante picos nevados reflejándose coquetos en sus aguas puras, de pronto islas y parques íntimos de bosque tupido picado por carpinteros, saltando monitos del monte, de pronto botes a remo, flores de loto en recodos de humedales, de pronto el cielo en la tierra, la tierra en el cielo… de pronto un pueblo, un huemul, de pronto sonrisas ofreciendo brazos agradeciendo la felicidad de tu virgen belleza.
No osarían violarte los depredadores. Esa fue la promesa y la voluntad que creó el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena (CDPCh), un colectivo integrado por 35 organizaciones del país y el extranjero35 el cual, desde 2007 comenzó a hacer una campaña de educación para crear conciencia sobre los efectos mortales de las centrales hidroeléctricas sobre ese campo patrimonial natural y humano, destapando el lobby y los intereses creados, informando el proceso de evaluación ambiental y vigilando de cerca el proyecto y su trenzado político. A una gran campaña de imágenes de prístinos paisajes patagónicos atravesados por cables de alta tensión, se unió una amplia movilización ciudadana que manifestó su oposición al proyecto en mítines, marchas y redes sociales. Junto al amplio despliegue de gráfica concientizadora, el CDPCh sacó a luz «las 9 razones» para oponerse al proyecto HidroAysén: «las insuficiencias e irregularidades del estudio de impacto ambiental, las fallas en la institucionalidad ambiental, los impactos ambientales irreversibles de las represas, el impacto de la línea de trasmisión, la pérdida de especies y ecosistemas, el impacto sobre parques nacionales, la pérdida de los atributos de la región como reserva de vida, la afectación del turismo como pilar de desarrollo, el incremento del monopolio energético y de aguas, el negociado detrás del proyecto, la existencia de alternativas y la necesidad de reducir el consumo y evitar el derroche energético»36. Entrando directamente con su voz a la Moneda, el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena envió cartas abiertas a la Presidenta Michelle Bachelet, «con el objeto de que se restituyera el estado de derecho, la institucionalidad burlada y se cumpliera con los compromisos de su programa de gobierno, principalmente los referidos a profundizar la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental y en el establecimiento de una Estrategia Nacional de Cuencas, pero por sobre todo para proteger a la Patagonia de un desastre ambiental irreversible y totalmente innecesario». En dichas cartas abiertas, el CDPCh daba a conocer su preocupación por el respaldo que varios ministros de Estado habían dado al proyecto (Pérez Yoma, Vidal, Viera-Gallo, Tokman), lo que presumiblemente era «fruto de un lobby que se ha llevado a cabo atrevidamente frente a la Nación, violando el principio de objetividad, imparcialidad y legalidad con que debe actuar la administración y particularmente las autoridades que hoy forman parte del Consejo de Ministros de CONAMA»37.
Al mismo tiempo, en 2007, en otro frente territorial, los pueblos de Valdivia y Panguipulli se levantaban en resistencia contra el proyecto de Colbún de instalar, en el emblemático río San Pedro –protagonista del «Riñihuaso» en el terremoto del 60–, una central hidroeléctrica con embalse de casi 300 hectáreas, presa de hormigón y línea de transmisión eléctrica de 40 kms., con gran impacto sobre esos íntimos bellos parajes y sobre los habitantes amantes del río, compañero de sus vidas y actor principal de sus economías territoriales, afectando a todos los pueblos la pérdida del paraíso San Pedro. «Río arriba, más allá de donde llegan los visitantes, aún más arriba de donde llegan los caminos (…) en este lugar el río evoca el edén, aquí se refugia entre coihues, ulmos, canelos, tepas, notros y arrayanes; árboles añosos que se hacen acompañar de helechos gigantes; nalcas de gruesos tallos, abundantes y tupidas quilas. En este paraíso, acogedor e impenetrable, el río entrega su canto de agua a sus viejos amigos de las tierras aledañas»38. Cuerpo transparente de aguas verde esmeralda, rico en biofauna, alimento abundante de truchas silvestres que atraen pescadores a las orillas de sus remansos y a los deportistas fluyendo en sus rápidos y en cuyas cercanías habitan pudúes, monitos del monte, zorros, pumas, jabalíes y coipos… el cuerpo nuestro sería nuevamente violado, despertando la renovada ira de los pueblos.
El grito de guerra de las organizaciones ciudadanas se escuchó fuerte: «¡CONTRA EL DESPOJO EMPRESARIAL, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL!» «¡VALDIVIA SIN REPRESAS!». A pesar de las cientos de indicaciones técnicas y ambientales ingresadas al proyecto por la ciudadanía organizada y profesionales de la UACH, la COREMA de los Ríos lo aprobó un triste día 22 de octubre de 2008. El proyecto en los hechos y en lo inmediato se mostró inviable, imposibilitado de asentarse en su roca madre, generando derrumbes y amenazando la propia vida de sus habitantes39. Sin embargo nuevos y reiterados intentos se seguirían realizando para la instalación de la presa, deseando matar la cuenca de San Pedro.
La humanidad y toda la vida terrena, histórica y biológicamente, se encuentra abrazada a sus ríos… ¿Cómo pretender romper este cordón umbilical matrístico, cómo pensar en destruir esta unidad íntima o la vida misma, en aras de grandes cantidades de energía eléctrica, la cual es ofrecida directa y gratuitamente por el propio Sol?
Al momento de la elección presidencial de 2010, el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena se reunió con todos los partidos políticos y candidatos, ofreciendo alternativas de inversión en energías renovables no convencionales. La campaña del CDPCh continuó sin desmayo durante la presidencia de Sebastián Piñera, enfocándose principalmente en sacar a luz la red existente entre la burguesía, el lobby publicitario, el gobierno y algunos parlamentarios40, poderosa red que culminó con la aprobación en mayo de 2011, por parte de ese gobierno de la derecha burguesa, del cuestionado proyecto HidroAysén41. Como respuesta se enardecieron las manifestaciones de protesta, realizándose un cacerolazo nacional en todas las plazas de armas del país, además de un apagón de todos los artefactos eléctricos. Miles de manifestantes, de norte a sur del país, se presentaron en marchas con gritos, carteles y piedras contra HidroAysén 42. La ciudadanía y los pueblos de Chile, una vez más, sintieron el fuerte dolor de la violación de su propio cuerpo-de-agua.
La lucha, sin embargo, dio sus frutos43, trazando el movimiento «Patagonia sin represas» un camino a seguir: a) amplitud del movimiento a nivel nacional e internacional; b) gran despliegue de recursos y de creatividad para una campaña educativa de amplia difusión; c) seguimiento sigiloso de los pasos administrativos del proyecto; d) develación de las redes de intervención de los capitalistas a nivel de la clase política y, especialmente, e) amplia movilización en las calles, abriéndose las alamedas para el decidido paso de los pueblos libres en defensa de sus territorios, de sus Macarenas, de sus Nicolasas y de la amenazada vida de todos.
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