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Capítulo 1
Perspectiva geohistórica de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta

Las comunidades indígenas en el mundo, a través de la historia humana, han sufrido una serie de injusticias tales como discriminación, pérdida de tierras e influencias de la colonización. De esta manera algunos pueblos han transmutado sus costumbres y culturas, quedando en desigualdad de condiciones para su desarrollo y engrosando así las filas de la pobreza de los diferentes países. Así las cosas, podría sospecharse que ser indígena es sinónimo de ser pobre.

No se puede olvidar que, en el imaginario de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, su territorio es sagrado dado que es la armonización de todo lo que existe, comparándolo con la mujer que provee la vida. Como el cuerpo, la tierra también tiene sus puntos vitales, y un indígena sin tierra no tiene fuerza. Esta pertenencia ha sido alterada por el conflicto colombiano, toda vez que estas poblaciones han sido víctimas del desplazamiento forzado generado por los diferentes grupos armados que operan en el país, pero también por colonos que han venido a buscar nuevos horizontes de vida, muy a pesar de que el Gobierno colombiano, en 1973, delimitó las fronteras de los territorios ancestrales de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta a través de la “línea negra”, establecida simbólicamente como punto de partida de sus luchas reivindicativas.

En ese sentido, Leonor Zalabata, coordinadora de derechos territoriales del pueblo arhuaco, manifestó al diario El Tiempo:

[…] La presencia guerrillera y paramilitar entraba por este lugar donde se dieron secuestros, crímenes, robos, violaciones de mujeres, muchos niños en la orfandad, por lo cual las autoridades indígenas consideraron mantener la paz y la tranquilidad en el ejercicio del control.

“[…] Por su parte, Hermes Torres, secretario de la Confederación Indígena Tairona, dijo que el territorio de la Sierra Nevada “es sagrado, porque lo consideramos una especie de libro que está lleno de conocimientos y saberes” (Fontalvo Díaz, 2014, párrs. 5 y 6).

Tal como lo mencionó el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Todd Howland, “los pueblos indígenas […] son las personas más afectadas por el conflicto armado en Colombia” (Redacción Nacional El Tiempo, 2015, párr. 7), viéndose forzadas a desplazarse hacia las zonas urbanas, donde se ven abocadas al alcoholismo y a la drogadicción, influenciadas por la cultura occidental. Viven procesos de transformación cultural, en los que sus tradiciones se pierden al estar lejos de la comunidad.

Esta pérdida de cultura sucede porque las generaciones indígenas jóvenes se ven influenciadas más fácilmente por la cultura dominante: lo supuestamente moderno y que produce desarrollo. Así, vivir fuera de su comunidad para acceder a una escuela les da alcance a tecnologías como televisores, celulares, internet, entre otras, que les hacen perder interés por aprender sus saberes tradicionales. Un ejemplo de ello es la pérdida en la cultura wiwa del procesamiento del algodón para la elaboración de sus vestimentas, tradición que tiene un significado profundo; en la actualidad se observa que algunos de sus miembros están prefiriendo el uso del algodón sintético.

Se puede considerar que la tradición oral aún se mantiene como una de las dificultades para conservar la cultura y tradición puesto que los mayores son la fuente primaria en donde están cultivados la historia y los conocimientos. Algunos de ellos están muriendo y no tienen la oportunidad de intercambiar saberes con los niños; por eso se ha de rescatar la enseñanza de su cultura incorporándole algunos aspectos de las otras culturas, necesarios para encontrar un equilibrio entre sus saberes ancestrales y las nuevas formas de vida a las que estos indígenas están siendo abocados, para lograr mejorar su calidad de vida.

Valorando ese conocimiento que se transmite de forma oral, se podrían evocar las narraciones que se realizan en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los mamos o líderes espirituales relatan a los jóvenes, niños y niñas historias sobre los orígenes de las cosas y seres. En la comunidad iku, por ejemplo, no hace falta la narración del origen del mundo legada por los mamos a los niños en lengua vernácula6.

Estos aspectos han de ser aprovechados por los actores escolares, siempre en la búsqueda de estrategias metodológicas e investigativas que propicien un escenario virtuoso de interculturalidad. De este modo, es posible una integración cultural de manera horizontal entre dos o más comunidades, luchando contra la exclusión social, sin importar las diferencias individuales y colectivas. Con frecuencia, esta exclusión se convierte en un problema de educación puesto que, en el acto pedagógico, no puede faltar en el discurso docente el concepto “diversidad” como principio axiológico que propicie el diálogo en doble vía en las comunidades educativas, siguiendo el compromiso moral de formar de manera integral a sus estudiantes. Estos últimos deberían recibir la oportunidad de ser coherentes con una sociedad multicultural, de cara a un futuro global en una sociedad sostenible que conduce a una transformación permanente de los diferentes grupos culturales y al aprendizaje de los variados saberes de las diversas personas que constituyen los distintos grupos sociales.

En este sentido, el maestro indígena kogui Virgilio Gil (2015) manifiesta, en relación con el objetivo de la escuela:

Establecer canales de comunicación entre las tradiciones de nuestro pensamiento, para que dialoguen con las tradiciones de pensamiento occidental y de otras procedencias, en la generación de respuestas culturalmente pertinentes a los retos y problemas que enfrentamos conjuntamente como sociedad (V. Gil, comunicación personal, 7 de septiembre de 2016).

De otra parte, en Colombia se vienen haciendo esfuerzos con el fin de obtener una educación propia para las comunidades indígenas. Es así como desde el año 2007 se han realizado reuniones conjuntas entre el Ministerio de Educación y las organizaciones indígenas (CIT7, Opiac8, ONIC9, AICO10) que conforman la Contcepi (Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas), creada por el Decreto 2406 de 2007. En dichos encuentros se ha elaborado el perfil del indígena en el sistema educativo partiendo de la intención del Gobierno de transferir paulatinamente la administración de la educación de las comunidades indígenas. Esto se reglamenta en el Decreto 2500 del Ministerio de Educación, de julio de 2010, por el cual transitoriamente se establece la concertación para la contratación de la implementación del SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio), que debe contribuir a tener una educación pertinente con las realidades indígenas, fortaleciendo su cultura y sus costumbres y reconociendo una verdadera interculturalidad.

Respecto a lo dicho en el párrafo anterior, cabe anotar que en Colombia los pueblos indígenas no cuentan con una educación pertinente con su cultura, su cosmovisión y su contexto sociocultural. El reto es, por tanto, impartir una educación que rescate, respete y promueva la identidad cultural, las tradiciones y las costumbres de estas poblaciones, aunque en la Ley 115 de 1994 se estipula que la educación ha de estar relacionada con el ambiente, lo social y lo cultural de los pueblos étnicos.

De otra parte, al abordar la salud situada para las poblaciones indígenas del país, se encuentra que esta va ligada a atender lo clínico, desatendiendo lo preventivo. Es así como en junio del 2016 la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre los altos índices de tuberculosis entre las comunidades indígenas del Amazonas, donde se presentaron 58 casos, de los cuales 18 correspondieron a niños con desnutrición. Igual ha venido sucediendo en La Guajira, donde en el 2015 se presentaron 37 muertes por la misma situación. Ante esta realidad, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno nacional diseñar un plan de emergencia eficaz que diera solución definitiva a esta problemática (Redacción Nacional El Tiempo, 2016).

Lo mismo ocurre en las comunidades wayúu en el departamento de La Guajira, donde se reportaron 43 casos de muertes en el 2014 (Corte Constitucional. Sentencia T-302/17, 2017). Estos casos son asociados a la desnutrición, y cabe suponer que podrían ser más todavía puesto que la mayoría no son reportados por las distancias. En todo caso, en este fenómeno se observa una clara violación a los derechos humanos, sobre todo tratándose de personas de la primera infancia.

En declaraciones del secretario de salud del Distrito de Santa Marta, Larry Laza, en abril del 2016 al periódico local Hoy Diario del Magdalena, el funcionario asegura que la población indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta es de alto riesgo por el flagelo de la desnutrición. De hecho, varios niños han sido remitidos a clínicas de la ciudad por esta problemática, lo que demuestra la poca atención en materia de salud. “La atención en salud con los indígenas es compleja. Hay una serie de situaciones que pasan alrededor de estos menores, teniendo en cuenta que tienen un componente etnocultural que no puede ser alterado” (Redacción Hoy Diario del Magdalena, 2016, párr. 4).

Por lo anterior, surge la necesidad de tener un sistema de atención que combine la medicina occidental con la medicina tradicional, intermediada por lo menos con la participación de un miembro representativo de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En ese mismo sentido, el personero del Distrito de Santa Marta hizo mención al caso de un niño perteneciente a la etnia kogui que, con 15 días de nacido, tuvo un peso de 1.000 gramos, lo cual demuestra el abandono del Estado y la falta de oportunidades que impiden el normal crecimiento de los niños. De este modo el funcionario subraya el deber de su entidad de velar por los derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestar Salud Colombia, afirmó en entrevista con el odontólogo Luis Armando Vila (uno de los investigadores del presente estudio) que:

[…] se debe trabajar coordinadamente con las entidades relacionadas con la atención en salud y la ingesta de alimentos, como es el caso de Bienestar Familiar, pues estas falencias conllevan enfermedades como la diarrea, que pueden terminar en la muerte. De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Salud, el Magdalena puede convertirse en el segundo departamento con un mayor reporte de casos de desnutrición (E. Torrenegra, comunicación personal, 11 de agosto de 2016).

Y es que el tema de salud en las comunidades indígenas ha de ser prioritario, como lo mencionó la procuradora nacional delegada para los temas de infancia, adolescencia y familia Ilva Mirian Hoyos Castañeda: “la desnutrición debe considerarse un problema de salud pública y de pobreza” (Redacción Nacional El Informador, 2016, párr. 1). Por lo tanto, las políticas y estrategias para mejorar este problema deberían ser coordinadas por la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN). Ante esto surge la necesidad de implementar unas políticas de prevención de la desnutrición y estrategias de educación para la salud que puedan incluir a la población indígena en diferentes programas del Estado, siendo coherentes con sus costumbres y cosmovisiones.

Los inconvenientes más relevantes relacionados con la salud de los pueblos indígenas en Colombia se presentan por los elevados índices de morbimortalidad, el alto grado de desnutrición, la falta de conocimiento de la medicina tradicional, la cosmovisión, la cultura y la no integración o complementariedad de las prácticas en salud de la medicina tradicional con las de la occidental en los servicios de salud que cubren a la población indígena, necesarios para mejorar la calidad de vida de la población. El hecho de que la esperanza de vida de las comunidades indígenas sea 20 años menor en comparación con el resto de la comunidad mayoritaria (occidental) es una clara muestra de esta problemática.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2015) señala, en su informe del sistema nacional de cultura para Colombia, que el país cuenta con 87 pueblos indígenas diferenciados aproximadamente. Estos representan el 1,5% de la población total del país, usan 64 lenguas de 22 familias lingüísticas y son poseedores de una gran variedad cultural y conocimientos en salud.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (s.f.) afirma que, en la anualidad 2019, en todos los 32 departamentos del país se halló ubicada población indígena, pero se presentó con mayor visibilidad en 25 de ellos, teniendo como forma territorial el resguardo: 718, distribuidos en 14 municipios y 12 corregimientos. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2014), el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), a diciembre del año 2000, debió haber constituido 545 resguardos indígenas diseminados por el territorio colombiano.

Según el tercer censo nacional agropecuario (DANE, 2014), las comunidades indígenas en Colombia residentes en el área rural suman 834 mil habitantes, y el 33,4% (3,9 millones de hectáreas) del territorio de grupos étnicos tiene uso agrícola. Asimismo, se estableció que en el 2013 el 74,9% de las unidades de producción agrícola ubicadas en los espacios de la geografía nacional donde estaban asentados grupos étnicos tenían rozas donde se sembraban cultivos de pancoger para el autoconsumo. De otra parte, se determinó que esta población está constituida en un 48,5% por mujeres entre los 5 y 19 años y que el 22,2% de la población indígena mayor a 15 años no sabía leer ni escribir.

Mapa 1: Ubicación de los pueblos indígenas en Colombia


Fuente: (Pineda, 1997, p. 110).

De acuerdo con la Unicef (2015), la tasa de mortalidad infantil en Colombia ha disminuido durante los últimos años, pasando de 28,1 por cada 1.000 nacidos vivos en 1998 a 25,6 para el año 2001, lográndose disminuir según la meta establecida para el año 2000 de 26. Ahora bien, con relación a la tasa de mortalidad infantil en los indígenas, es 2,6 veces mayor que la media nacional, y la mortalidad por desnutrición es dos veces mayor que el promedio nacional en aquellos municipios con población indígena. En el 2013, además, la mortalidad materna en la población indígena fue 8,8 veces mayor que el promedio nacional.

Comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Los grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta son cuatro: kankuamos, wiwas, arhuacos y koguis. A continuación, se hace una sucinta caracterización de ellos.

Los kankuamos

Habitan en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los pueblos de Atánquez, Guatapurí, Chemesquemena, Los Haticos, La Minha y Río Seco, correspondientes al departamento del Cesar, limitando con los resguardos de los koguis, los wiwas y los arhuacos. Según el censo del 2013, alrededor del 50% de los kankuamos viven desplazados en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Santa Marta, pero conservando sus costumbres. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante estos individuos acuden a un sitio sagrado para poner en orden sus ideas y alcanzar sus metas propuestas. En la base de datos del Ministerio del Interior aparecen con una población de 3.802 habitantes (aun cuando el DANE no los tiene registrados), una vez retomaron su cultura y sus costumbres, identificándose como grupo indígena después de un periodo de adopción de la cultura occidental (Bahamón, 2012).

Una de las diferencias de los kankuamos con otros grupos de la Sierra Nevada son sus vestidos, pues las mujeres usan dos mantas cruzadas, y los hombres, pantalón corto y sombrero de paja. Su idioma, en cambio, es parecido al de los iku. La casa ceremonial masculina es Teruarica, donde se discuten temas trascendentales para la comunidad con los mamos, quienes son la autoridad espiritual y social. El pagamento, ofrenda que se hace a los dioses y ancestros, es el eje principal de continuidad con su pasado como indígenas y se realiza en sitios sagrados. Políticamente, están unidos bajo la Organización Indígena Kankuama (OIK).

Los wiwa

Llamados también arsarios o malayos, residen en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Comparten las tierras con parte de los resguardos de los arhuacos y los koguis. Unos de sus principales asentamientos en la vertiente suroriental y en el norte de la Sierra Nevada de Santa Marta es el resguardo kogui-malayo-arhuaco que se ubica en la cuenca media alta de los ríos Ranchería, Cesar y Badillo. Otra parte habita en el resguardo Campo Alegre, en la Serranía del Perijá, municipio de Becerril, Cesar.

Los hombres wiwa visten pantalón y camisa blancos, mochila blanca de fique y sombrero de paja; la mujer, por su parte, tiene una gran importancia, hasta tal punto que puede llegar a ser saja, con las mismas potestades del mamo. La composición social y territorial actual de este pueblo está dada por la colonización, que con su agricultura y ganadería expandió su frontera, sobre todo después de la Guerra de los Mil Días llevada a cabo en Colombia entre 1899 y 1902.

Esta última coyuntura favoreció las migraciones indígenas y la llegada de los misioneros franciscanos, con sus orfelinatos y escuelas, que influyeron determinantemente en los cambios en la cultura de los wiwa. De acuerdo con sus ancestros y creencias, a este grupo le fueron asignadas las tierras bajas y cálidas de la parte norte de la Sierra Nevada para su cuidado y protección. “Wiwa” significa gente de tierra caliente, y se piensa que son descendientes de la misma madre de los kogui. Sus asentamientos están conformados por dos clases de edificaciones: la casa ceremonial para hombres y mujeres, y sus habitaciones.

De otra parte, fenómenos como la colonización, la aparición de grupos armados y la bonanza marimbera generaron una diáspora de las cincuenta comunidades que conformaban esta etnia. Según Barragán (citado en Torres, 2009), son descendientes de Kalawia y Kalashe, padres del bosque, por lo cual su misión es cuidar los bosques. Sin embargo, han seguido siendo alejados por colonos y grupos armados que talan y queman los montes del macizo montañoso.

Así pues, los asentamientos de estas comunidades han sido objeto de desplazamientos, asesinatos, desapariciones, invasión de sus territorios sagrados y prohibición de sus prácticas ancestrales. De esta forma, han sido victimizados en su historia sociocultural por actores del Estado y del conflicto armado que se desarrolla en el país, con prácticas que han castrado muchos principios y valores relacionados con su cultura y sus maneras de abordar la salud de sus miembros. En esta coyuntura, la comunidad wiwa de Zalemakú Sertuga se reunió en el año 2015 con funcionarios del Gobierno nacional de la época para solicitar el acompañamiento del Estado, con el fin de empezar a escribir su memoria histórica y a la vez rendir un homenaje póstumo a los innumerables indígenas que habían sido blanco de los grupos armados, así como ir trazando un camino que los llevara a recuperar sus territorios de vida, representados en su ideal de conservar la naturaleza que los rodea y sus costumbres legadas.

Un punto de referencia cosmogónica con lo dicho en el párrafo anterior se puede ilustrar con el hecho ocurrido el 11 de octubre de 2014, cuando un rayo cayó en una de las casas ceremoniales (Unguma) construidas en el resguardo de Kemakumake y mató a once miembros de esta etnia. El mamo Ramón Gil se refirió a este hecho en los siguientes términos:

Le dije a la comunidad, el trueno está bravo, dice que nos mandó el primer castigo el verano, pero como suplicamos mucho, manda el aguacero, pero no pagamos y ahora va a venir guerra de la naturaleza y de la humanidad (Herrera, 2014, párr. 6).

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