Kitabı oku: «La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)», sayfa 3

capítulo 1

1.1. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2002

Es común en Colombia que, de cara a unos nuevos comicios electorales, la actividad militar de los grupos armados ilegales se incremente. Son varias las razones de este comportamiento: en unos casos, estos grupos buscan impedir el desarrollo libre de las elecciones; en otros, mostrar que constituyen un poder territorial, aunque, sin lugar a dudas, pretenden incidir en los resultados de la contienda electoral. Como una rutina que suele repetirse cada cuatro años, la guerrilla despide al presidente saliente y recibe al nuevo huésped de la Casa de Nariño (sede de gobierno) con una ofensiva militar.1 Con esta conducta, tratan de mostrarle al nuevo presidente que son un actor político con el que tendrá que contar, presionar el ingreso del tema de la paz en la agenda del presidente recién elegido y forzar otra vez el inicio de las negociaciones.

En ese momento, como en otras ocasiones, estaba en curso en Colombia un proceso de paz (entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—). Es habitual que durante los diálogos de paz, el activismo armado de la guerrilla se incremente, buscando mejorar su posición en la mesa de negociación. En esta ocasión, la guerrilla pretendía, con su activismo armado, mejorar dicha posición y obligar al nuevo presidente a continuar con los diálogos de paz. A su vez, las operaciones armadas de los grupos paramilitares estaban dirigidas a consolidar y expandir su dominio territorial, a debilitar las conversaciones en curso y, sobre todo, a buscar el reconocimiento de estatus político como actores del conflicto. La actividad militar de estos grupos en los límites de la “zona de despeje” ocasionó innumerables reclamos por parte de las FARC al Gobierno y produjo constantes desencuentros entre las partes.2 Además, se convirtió en uno de los pretextos de esa guerrilla para dar por terminados los diálogos de paz y culpar al gobierno del presidente Pastrana por el fracaso.

En esta coyuntura, se adelantaban también dos procesos electorales en Colombia: elecciones parlamentarias en el mes de marzo y presidenciales en el mes de mayo. Los asuntos del orden público y de la seguridad de los candidatos fueron ampliamente debatidos en la prensa:

Este año los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República tienen dos retos: llegar vivos a las elecciones y luego ya elegidos, hacer profundas reformas al sistema político si quieren evitar un colapso institucional. Los actores armados ilegales —guerrilla, paramilitares y narcotraficantes— han logrado apostarse en espacios estratégicos de la sociedad y pretenden amedrentar a quienes compiten por el poder en las urnas […] Los candidatos, todos, han eliminado itinerarios por tierra y reuniones a campo abierto. Su trabajo proselitista se hace, principalmente, a través de los medios de comunicación. Pocas reuniones de plaza pública se verán en los próximos cinco meses […] En la actualidad cuatro congresistas aparecen secuestrados por las Farc […] El nivel de riesgo que se cierne sobre los congresistas los llevó a aprobar el año pasado una ley que los habilita para ser elegidos, si están secuestrados […].3

Las condiciones de seguridad obligaron a los candidatos a realizar el debate electoral básicamente a través de los medios de comunicación. En consecuencia, el conflicto armado y su solución estuvieron en el centro de la discusión pública, mientras que otros asuntos de interés, como la gestión macroeconómica, el desempleo y la desigualdad social, perdieron relevancia en esa coyuntura.

Entre tanto, el gobierno de Andrés Pastrana se percibía por la opinión pública como débil; era un mandato que había hecho del tema de la paz su bandera y que, no obstante, carecía de una estrategia concreta de negociación. Su gobierno no había pactado, previamente a las negociaciones de paz, un cese de hostilidades con la guerrilla, ni establecido desde un principio controles claros por parte del Estado para el territorio “despejado”. Todo esto era interpretado por un sector de la opinión, incluidos algunos candidatos a la presidencia, como exceso de concesiones por parte del Gobierno a la guerrilla. Estas ventajas, decían, habían sido utilizadas de manera hábil por la guerrilla para fortalecerse militarmente y continuar con su proyecto estratégico de toma del poder por la vía armada. Particular polémica generó el uso que las FARC hicieron de la llamada “zona de distensión” o de “despeje”, que comprendía cinco municipios del suroriente del país.4

Las innumerables crisis del proceso de paz y su posterior ruptura tuvieron una amplia difusión en los medios de comunicación. Si en algo coincidieron analistas políticos de distintos matices era en que ningún balance que se hiciera del proceso podía ser optimista, entre negro, gris y preocupante, como lo definió el diario El Tiempo:

El proceso de paz resiste balances de diferentes matices, aunque ninguno de ellos dé lugar al optimismo. El primero y más evidente, es negro. En el 2001 fueron voladas 254 torres, destruidos docenas de inermes pueblos y secuestradas casi 3.000 personas. Paramilitares y guerrilleros cobraron la vida de 2.060 civiles, hubo 4.820 operaciones del Ejército (1.600 más que en el 2000), incontables masacres y cerca de 1.000 desplazados que salieron cada día de más de 500 municipios. Fueron asesinados 153 líderes sindicales y 13 defensores de derechos humanos, y muchos más fueron amenazados o partieron al exilio. Un segundo balance es gris. Las negociaciones con la guerrilla transcurren en el mejor estilo kafkiano, y los diálogos con el Eln y las Farc pasaron más tiempo suspendidos que activos […] Un tercer balance, preocupante, es el de la opinión. El pesimismo es generalizado y hay síntomas de derechización en sectores medios que lamentablemente ven una salida en el ángel de la muerte de las Autodefensas o en la guerra total […].5

La ausencia de resultados y las fallas del proceso fueron ampliamente comentadas y circularon continuamente en la prensa: “Tres años después de iniciarse el proceso de diálogo entre el Gobierno y las Farc, la paz no llega y el conflicto se ha degradado por culpa de la guerrilla y los paramilitares”.6 Analistas políticos y candidatos trataban de explicar lo que sucedía: “Las Farc han ganado sin negociar, mientras que el Gobierno ha negociado sin ganar”, dijo Pedro Medellín, analista político. “Volvieron el Caguán una especie de Escuela Superior de Guerra”, manifestó Luis Eduardo Garzón, candidato a la presidencia por el Frente Social y Político. “Pero es mejor tener diálogo que no tenerlo”,7 apuntó Gustavo Petro, representante a la Cámara por el Movimiento Vía Alterna y candidato a esa corporación, otra vez con el aval del mismo movimiento.8

Para Pedro Medellín, que las FARC ganaran sin negociar, significaba que aprovecharían el tiempo para tomar aire y rearmarse, sin avanzar en ningún punto de la agenda. El concepto del entonces candidato del Frente Social Político sobre la “zona de despeje” expresó el sentimiento dominante en la opinión pública: la crítica al uso que las FARC hicieron de ese territorio despejado de la presencia de fuerza pública, no como zona para adelantar diálogos y negociación, tendientes a la búsqueda de la paz, sino como lugar para entrenar sus tropas y avanzar hacia una nueva fase de la guerra. Desde esta perspectiva, la negociación con el Gobierno fue parte de una estrategia de la guerrilla conducente no a la paz, sino a la guerra.9

El punto de vista de Gustavo Petro, de insistir en continuar con el proceso de paz, no obstante expresar críticas al mismo, representó un sector de la opinión que, en la puja por la presidencia, coincidió con el del candidato oficial del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe. El candidato liberal mantuvo en esta campaña la línea que siguió a lo largo de su carrera política, y que respondía a una tendencia del electorado colombiano hasta ese momento, la de preferir las políticas de diálogo y negociación;10 por tanto, optó por presentarse ante los electores como el candidato de la paz y la reconciliación nacional, decisión que, a la postre, no benefició sus aspiraciones presidenciales.

En uno de los tantos episodios de crisis, el comisionado de Paz del Gobierno, Camilo Gómez Alzate, confirmó la ruptura: “El Gobierno trajo propuestas y alternativas que permiten darle perspectivas al proceso. Las Farc las han desechado y solo insisten en que debemos cambiar los controles de la zona [de despeje] y no ha considerado las posibilidades concretas para avanzar”.11

Los candidatos expresaron sus opiniones frente al hecho consumado. Algunos, como Álvaro Uribe, ya habían pronosticado su fracaso. Las posiciones de los aspirantes a la presidencia influyeron en la representación que se formaron los colombianos, no sólo del proceso de paz, sino también de los candidatos a la presidencia (elección que en Colombia es principal y capta la mayor atención del electorado): ¿cuál de ellos sería el más “idóneo” para gobernar a Colombia en un escenario sin proceso de paz y en el que se preveía un mayor escalonamiento de la guerra?

Horacio Serpa manifestó: “No me resigno a que el futuro sea de guerra. Tenemos que seguir luchando por la reconciliación nacional”. Álvaro Uribe, en cambio, dijo que: “La zona de distensión era insostenible como estaba. Se necesita veeduría internacional y cese de hostilidades […] El país se tiene que convencer con lo que pasó que a los grupos violentos se les puede frenar cuando el Estado ejerce autoridad y les demuestra que es capaz de derrotarlos”. La candidata Noemí Sanín anotó: “Obviamente, no es una buena noticia para el país […] La responsabilidad única de la situación en que se encuentran el conflicto y el proceso de paz es de las Farc”.12

Mientras que Noemí Sanín culpaba a las FARC por la ruptura y Horacio Serpa insistía en la necesidad de continuar luchando por la reconciliación nacional, el candidato Álvaro Uribe repitió las mismas críticas al diálogo y a la zona de despeje que sostuvo durante el proceso de paz y en el desarrollo de su larga campaña por la presidencia frente a distintos públicos y escenarios.

1.2. DIÁLOGOS DE PAZ Y ESTRATEGIAS DE GUERRA

Más allá de las declaraciones públicas del Gobierno y las FARC en las que cada uno expresaba su buena voluntad y no cesaba de culpar al otro por el fracaso del proceso, los analistas especularon sobre las causas del rompimiento de los diálogos y, en tal dirección, indagaron en la estrategia de negociación de las partes. Para algunos, el proceso tuvo un “denominador común”:

[…] dialogar sin avances mientras se prepara la guerra por eso hoy impera otra verdad estratégica: el gobierno muestra su nueva logística. Dos batallones de alto entrenamiento militar y asesoría de EU, aviones, helicópteros, unidad de alta montaña, en síntesis, una nueva infraestructura para forzar la paz. Pero las Farc tampoco han desaprovechado las falencias del proceso para fortalecerse. Basta recordar el escándalo de la frustrada compra de 50.000 fusiles A-K47 de procedencia jordana, o la captura de tres irlandeses, a quienes se acusa de pertenecer al Ejército Republicano Irlandés, IRA, y prestar entrenamiento a la guerrilla en la zona de distensión. Ha sido el juego de hablar de paz mientras se arma la guerra.13

De acuerdo con este balance, la crisis del proceso de paz dejó al descubierto la agenda oculta de las partes: negociar la paz era una estrategia para ganar tiempo mientras se avanzaba en la preparación de una nueva fase de la confrontación. Esta visión es discutida por analistas del proceso de paz como Daniel Pécaut, quien la califica de “simplista”, aunque si se mira con cuidado su tesis, él mismo reconoce que algo de esto también pudo existir: “es más verosímil que hayan buscado medir las posibilidades de llegar a unos acuerdos así fuesen parciales. Sin embargo, es cierto que desde un comienzo actuaron en función de la probabilidad de que se fracasara, diseñando estrategias alternativas”.14

La negociación como parte de la guerra (“continuación de la guerra por otros medios”, invirtiendo la sentencia de Karl von Clausewitz) tiene antecedentes importantes para recordar en los procesos de paz de la década de los ochenta. Así pues, mientras entre los años 1966 y 1982, las FARC tuvieron un crecimiento vegetativo, circunscrito a zonas periféricas del país, como lo describen estudiosos del conflicto armado colombiano como Eduardo Pizarro15 y Daniel Pécaut,16 en los años ochenta ese crecimiento se disparó a raíz de la tregua pactada en los procesos de paz adelantados por el presidente Belisario Betancur y por el ingreso de flujos de dinero provenientes del narcotráfico a las finanzas de esta organización. Así, de 15 frentes en 1982, se pasó a 40 en los años noventa y a más de 60 en el 2000. En efectivos, se pasó de 2.000 en 1982, a 8.000 en 1990 y a 17.000 en el año 2000.17

En síntesis, durante estos dieciocho años, los frentes se multiplicaron por cuatro y los efectivos por ocho y medio, cifras que realmente muestran de manera contundente la existencia de un problema serio, que no se puede minimizar con la célebre fórmula de negar el conflicto y de afirmar que todo se reduce a un fenómeno de terrorismo, sin matices de ninguna clase y simplificando el diagnóstico con fines de retórica política.

Jacobo Arenas, legendario líder comunista fundador de las FARC, aceptó, en una entrevista con Arturo Álape, la importancia de los acuerdos de La Uribe18 para el desarrollo institucional de esa organización y en su reconocimiento como actores políticos:

Cuando los acuerdos de la Uribe nos convertimos en un interlocutor político para el establecimiento, y eso nos da una proyección política muy grande en el nivel nacional e internacional. Los acuerdos de la Uribe nosotros en la institucionalización de las Farc, no los podemos pasar por alto […] Al firmar los acuerdos de la Uribe éramos veintisiete frentes, y cuando se da el ataque a Casa Verde llegamos a cuarenta y pico, por eso es que muchos analistas dicen que nosotros utilizamos la tregua para crecer, porque pasamos de veintisiete frentes a más de cuarenta.19

1.3. UN CAMBIO EN LAS REPRESENTACIONES SOBRE EL CONFLICTO Y SUS ACTORES

Aunque en el discurso público los gobiernos han optado a veces por el lenguaje de la confrontación, la posibilidad de emprender diálogos conducentes a la paz con los grupos armados ilegales, especialmente con las guerrillas, ha estado presente en las políticas públicas de las distintas administraciones en las tres últimas décadas. Esta afirmación se puede constatar cuando se observan los distintos “dispositivos formales de negociación del poder ejecutivo”,20 creados para buscar acercamiento con los grupos insurgentes: Comisión de Paz (1981), Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional (1982), Consejería para la Reconciliación, la Normalización —CRNR— (decretos de 1986 y 1991), Consejería para la Paz u Oficina del Alto Comisionado para la Paz (decretos de 1994 y 2001). La Oficina del Alto Comisionado para la Paz se mantuvo durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, adquiriendo “el rango de un ministerio”.21

Los resultados de estas iniciativas fueron parciales, en la medida en que no lograron la incorporación a la vida democrática de la totalidad de organizaciones insurgentes, especialmente de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos de mayor importancia por su antigüedad, y porque las FARC son la organización con más número de combatientes y de frentes. Los esfuerzos de paz de casi tres décadas, con resultados limitados, siguieron un modelo de negociaciones de paz por cuotas, como lo denomina Gonzalo Sánchez,22 y crearon en la opinión pública un sentimiento de frustración con estos procesos. Pero esta vez, varios elementos de la coyuntura nacional e internacional hicieron diferentes las negociaciones de paz en cuestión, a las de otras épocas en las que, tras un fracaso de los diálogos, sobrevenía una nueva negociación.

Después del 11 de septiembre de 2001, la opinión de los colombianos sobre las FARC al parecer estaba transformándose. Para este momento, comenzaban a cambiar su representación sobre esa organización, tanto en términos de la amenaza a la seguridad que ella encarnaba, como de su significación política. La idea de la “insurgencia altruista” comenzaba a perder peso frente a la de una organización “terrorista”, armada y financiada con dineros del narcotráfico, y sin ninguna voluntad de paz. Después de los malogrados diálogos, un importante sector de opinión comenzó a creer seriamente que la derrota militar de la insurgencia era posible. Esta idea puede haber sido fortalecida por el proceso de modernización del aparato militar que el gobierno de Pastrana adelantaba en ese momento (paralelo a la mesa de diálogos), proceso que contaba, además, con el apoyo y la asesoría de Estados Unidos, a través del Plan Colombia.

Sin embargo, aunque la posibilidad de una negociación con los grupos armados ilegales (no sólo con las guerrillas) estuvo presente en el discurso del candidato, Uribe sin duda estaba proponiendo un viraje en el tratamiento del tema del diálogo y la negociación, viraje que se sintetiza en una frase que repitió incansablemente en diferentes ocasiones durante la campaña: “La mano firme contra la violencia no es guerra, la autoridad del Estado es garantía de paz, la autoridad del Estado frena la violencia. Cuando se disuaden los violentos, ahí sí toman el diálogo en serio”.23

En este contexto, para decirlo en términos de Bobbio, tanto la guerra como la paz adquirieron distinto valor: la guerra (confrontación militar de las guerrillas) obtuvo un valor positivo ante la inseguridad y el miedo; la paz (producto de una negociación con las guerrillas), en cambio, recibió un valor negativo,24 en tanto se la veía como la claudicación del Estado frente a las pretensiones de la guerrilla. Esta idea fue reforzada por la actitud de una guerrilla “altanera”, como la describió Lorenzo Madrigal (Héctor Osuna Gil),25 o que padecía “un desmesurado envalentonamiento”, de acuerdo con la expresión utilizada por el editorial del diario El Tiempo.26

Tal vez el candidato que mejor supo interpretar estos sentimientos presentes en el ambiente fue Uribe, cuando propuso darle un giro a la búsqueda de la paz, mediante el ejercicio de la autoridad del Estado y el debilitamiento militar de las organizaciones armadas, especialmente de las guerrillas de las FARC.