Kitabı oku: «Las letras del horror. Tomo II: La CNI»

Capítulo I. La derrota de Manuel Contreras
1.1. El frustrado secuestro del director de Qué Pasa

La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, comandada por el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, impuso el terror a partir de fines de 1973. En sus cuarteles secretos las diversas brigadas de la DINA torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a decenas de prisioneros del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR; del Partido Comunista, PC; del Partido Socialista, PS; y de ciudadanos de diversos orígenes y procedencias que habían sido partidarios del presidente Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular.

El coronel Contreras, que solo obedecía al general Augusto Pinochet, extendió sus actividades represivas hacia Argentina, Uruguay, Brasil y otros países de América y Europa. Los agentes de la DINA asesinaron al general Carlos Prats en Buenos Aires; intentaron matar al dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton en Roma; y atentaron contra algunos de los principales líderes de la Unidad Popular en el exilio. En septiembre de 1976, volaron de un bombazo el automóvil del excanciller Orlando Letelier en el centro de Washington, en Estados Unidos, acabando con la vida del exministro y de su secretaria, Ronnie Moffitt.

Al iniciarse 1977 las actividades de la DINA complicaron cada vez más a la dictadura militar y, en especial, a los civiles que colaboraban con los uniformados y trataban de imponer el modelo económico neoliberal en Chile. El fiscal estadounidense Eugene Propper empezó a aproximarse a los asesinos de Orlando Letelier y, paralelamente, los organismos de derechos humanos, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, la Iglesia Católica y la solidaridad internacional, aumentaron las presiones en contra de la Junta Militar que encabezaba Pinochet.

Así, al promediar 1977 el coronel Contreras redoblaba sus esfuerzos para mantenerse al frente de la DINA, mientras el general Pinochet medía cuidadosamente el nuevo escenario que comenzaba a enfrentar.

En la tarde del martes 28 de junio de 1977 el director de la revista Qué Pasa, el abogado Jaime Martínez Williams, salió de la sede de la publicación luego de un intenso día de trabajo. Subió a su automóvil, se acomodó en el asiento del conductor y cuando se disponía a encender el motor un hombre escondido en el asiento trasero le puso una pistola en la nuca. Un segundo sujeto abrió la puerta lateral y se sentó a su lado. Martínez saltó del vehículo y empezó a gritar pidiendo ayuda. De la revista salieron varios empleados que rodearon al abogado y uno de ellos anotó el número de la patente de un automóvil Fiat 125 que velozmente se acercó al vehículo de Martínez y recogió a los frustrados secuestradores; más tarde se sabría que el móvil pertenecía a la Municipalidad de Quinta Normal, cuyo alcalde se negó a proporcionar cualquier antecedente, invocando una orden superior del Ministerio del Interior.

El intento de secuestro del director de Qué Pasa conmocionó aquella noche a varios de los ámbitos más influyentes del país. Martínez Williams era un abogado estrechamente ligado a prominentes miembros de la derecha criolla¹. A través de Hernán Cubillos y Roberto Kelly, Martínez se vinculaba con el diario El Mercurio y con la Armada, promotores del modelo económico neoliberal y de los principales empresarios y ejecutivos que estaban asesorando a los militares desde los ministerios de Hacienda, Economía, Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), del Banco Central, de la Dirección de Presupuesto y desde todas las principales entidades de control financiero y económico.

Los gremialistas, que dirigía Jaime Guzmán, y los “Chicago boys”, que encabezaban Roberto Kelly, Sergio de Castro y Miguel Kast, habían logrado finalmente coincidir en un modelo de desarrollo económico, político y social que pretendían imponer en Chile a través del régimen militar. Y lo estaban consiguiendo, pese a los esfuerzos de algunos nacionalistas –militares y civiles– que se les oponían tenazmente, entre ellos el coronel Manuel Contreras, cabeza de la DINA.

El fallido secuestro de Jaime Martínez tuvo su origen en un intento por intimidar a las revistas informativas Qué Pasa y Ercilla –las únicas dos existentes– que investigaban el confuso rapto del joven Carlos Veloso Reidenbach, de 16 años, hijo de un empleado de la Fundación Cardjin, muy cercana a la Vicaría de la Solidaridad, quien había sido sometido a torturas e incluso violado por una banda de cuatro sujetos relacionados con “grupos terroristas de la oposición”, según la versión entregada por el gobierno.

Periodistas de ambos semanarios publicaron las numerosas discrepancias entre los dichos oficiales y los testimonios de los familiares de los supuestos autores y de testigos de los hechos, además de antecedentes incluidos en los recursos de amparo presentados a favor del muchacho y de los acusados como responsables del crimen.

Lo que realmente había ocurrido era un burdo pero dramático montaje de la DINA para comprometer a la Iglesia Católica en acciones subversivas y en la incipiente reorganización de sectores laborales que poco a poco se atrevían a levantar la voz para reclamar por sus derechos.

El proceso contra los acusados de tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, organización para derrocar al gobierno constituido, incitación a la formación de grupos armados, atentados o privación de libertad a las personas, usurpación de funciones, abusos deshonestos y lesiones se inició por un requerimiento del Ministerio del Interior, firmado por su titular, el general César Benavides, que señaló:

Los hechos delictivos que habrían cometido las personas mencionadas y que al parecer serían sus responsables directos, se inician con su relación con la Fundación Cardjin, organismo dependiente de la Vicaría de la Solidaridad, y en consecuencia, en forma indirecta del Arzobispado de Santiago; las señaladas personas formaban parte de un grupo subversivo de aquellos que se han formado en esta fundación y cuyo objetivo fundamental consiste en cumplir labores subversivas al amparo de una actividad eclesiástica y religiosa, tendiente a socavar el actual gobierno del país².

Los cuatro sujetos detenidos –William Zuleta Mora, Osvaldo Figueroa Figueroa, Humberto Drouillás Ortega y Luis Mardones Geza– en verdad fueron capturados por agentes de las DINA entre el 9 y el 12 de mayo y sometidos a golpizas y duros apremios antes de ser acusados y puestos a disposición de la justicia militar, tras obligarlos a firmar confesiones falsas. El joven Veloso, en tanto, fue secuestrado por dos agentes de la DINA a la salida de la Fundación Cardjin, en calle Cienfuegos al llegar a Erasmo Escala, un barrio situado al poniente del centro de Santiago donde se ubican la sede del arzobispado y otras dependencias de la Iglesia Católica.

El menor llevó ese día un recado de su padre, Carlos Veloso Figueroa, a un compañero de trabajo, luego de enterarse de que era buscado por civiles desconocidos. Veloso Figueroa había sido coordinador de la Central Única de Trabajadores, CUT, y dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Plástico. Tras dos años de cesantía, finalmente consiguió un trabajo en la Fundación Cardjin y en ella ayudó a escribir a máquina una declaración emitida por 126 federaciones de sindicatos el primero de mayo.

Los agentes de la DINA subieron al muchacho a un automóvil Chevy negro y de inmediato lo empezaron a golpear y a interrogar sobre las labores de su padre. Lo vendaron y llevaron a una casa donde lo siguieron castigando, le apagaron cigarrillos en las manos y en el cuerpo, lo condujeron a una pieza cercana donde le mostraron a un hombre que sangraba profusamente y lo amenazaron con que le pasaría lo mismo.

Luego le exhibieron fotografías de algunos vecinos en la Villa México y acusaron a su padre de ser colaborador de la DINA. Más tarde, tras advertirle que su progenitor corría serio peligro, lo liberaron cerca de la medianoche a pocas cuadras de la casa de su abuela.

En los días siguientes la familia Veloso Reidenbach y las de los otros secuestrados por la DINA acudieron a la Vicaría de la Solidaridad y recurrieron de amparo ante los tribunales. El caso inquietó a los obispos, algunos de los cuales incluso fueron a entrevistarse con el general Augusto Pinochet. El asunto siguió agravándose hasta fines de ese mes de mayo. El día 23 dos sujetos a bordo de un automóvil Ford Falcon blanco esperaron a la salida de la Fundación Cardjin al sacerdote Luis Antonio Díaz Herrera, asesor de la entidad y exsecretario del cardenal Raúl Silva Henríquez. El religioso abordó su vehículo Volkswagen y se percató de que era seguido; intentó eludirlos, pero los hombres de la DINA le lanzaron el Ford Falcon encima en repetidas oportunidades. El cura logró escapar de sus perseguidores y refugiarse en la iglesia de los Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia, desde donde pidió ayuda.

En cosa de semanas el caso sufrió un vuelco espectacular. Todos los acusados recuperaron su libertad y fueron sacados del país. Luego del intento de secuestro del director de Qué Pasa, el escándalo llegó a los medios de prensa y a los tribunales. El diario El Mercurio editorializó en duros términos y afirmó que “la acción de ciertos sectores extremistas está ahora revestida de características que no se ajustan a los moldes habituales del comunismo o la ultraizquierda marxista”. Al mismo tiempo, los comentarios de repudio de los mismos partidarios del gobierno militar llegaron rápidamente a oídos de Pinochet.

Por esos días se efectuaba el Curso Básico en la Escuela de Inteligencia de Nos, donde el jefe del Departamento de Servicio Secreto del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el teniente Julio Corbalán Castilla, asistido por el sacerdote español Felipe Gutiérrez, exhibía a sus alumnos un video ilustrativo sobre la estructura de la Iglesia Católica chilena. El entonces teniente del Servicio Religioso del Ejército, Felipe Gutiérrez, al culminar su curso básico de Inteligencia, escribió la correspondiente memoria de requisito sobre el tema “Aspectos Éticos de la Inteligencia Militar”. En los días y semanas siguientes le ayudaría al teniente Corbalán a penetrar algunos de los más delicados archivos del Arzobispado de Santiago.

Subrepticiamente, la DINA intentaba en aquellos meses cazar a los integrantes de la nueva dirección del Partido Socialista. El 2 de mayo fue capturado Jaime Troncoso Valdés, 27 años, apodado “Iron”, miembro suplente de la Comisión Política clandestina del PS. Una docena de agentes lo atraparon en la esquina de las calles Diez de Julio con Arturo Prat cuando intentaba establecer contacto con uno de sus enlaces en el partido. Troncoso caminaba apoyado por muletas desde que una poliomielitis fulminante lo dejara inválido cuando apenas tenía un año de edad. Acosado por los agentes, solo alcanzó a lanzar al aire sus muletas y gritar desesperadamente su nombre por si alguien lo escuchaba y daba cuenta de su captura.

Varios sujetos lo levantaron del suelo y lo introdujeron a un vehículo de color plateado, sin placa, que enfiló hacia el poniente. Lo apretaron en el piso del automóvil y le pusieron una capucha. Intentó protestar, pero lo callaron metiéndole el cañón de una pistola en la boca.

Media hora más tarde sintió la vibración del vehículo sobre un suelo empedrado y los cerrojos de un portón que se abría. Era el cuartel secreto de calle Borgoño, muy cerca del río Mapocho, al norte del centro de la ciudad. Lo arrastraron hasta una sala subterránea donde le quitaron la capucha y le vendaron los ojos. En ese breve instante se percató de que estaba en una habitación amarillenta y sucia, habilitada como recinto de primeros auxilios, con una camilla, un armario blanco, un mesón con instrumental de cirugía, jeringas y apósitos, y unos frascos con lo que parecía eran órganos humanos.

Mientras el terror lo invadía, lo esposaron a una silla y empezaron a golpearlo. Luego lo trasladaron a otra pieza, lo dejaron en el suelo y le pusieron electrodos en diversas partes del cuerpo. Una magneto rudimentaria empezó a girar y sintió las descargas eléctricas en la boca, en los genitales y en el aparato ortopédico de su pierna derecha. Perdió la noción del tiempo hasta que lo dejaron tranquilo. Pudo escuchar el movimiento de mucha gente, la emisión de una radio que transmitía música de moda e incluso a un agente prometerle por teléfono a una hija que le llevaría chocolates en la noche.

En las ocho jornadas siguientes Jaime Troncoso fue torturado tres veces al día en sesiones que se prolongaban por más de una hora. Pudo oler el hálito alcohólico de sus interrogadores y el aroma a colonia Flaño en algunos. Al noveno día, ya exánime, lo trasladaron a una habitación más pequeña y a través de los bordes de la venda vio un sillón de dentista empotrado en el suelo y un lavatorio. Cada cierto tiempo sus captores lo tomaban en vilo y lo arrojaban por unas escaleras. Un día lo envolvieron en una frazada y lo metieron a una camioneta donde lo trasladaron a Villa Grimaldi. Allí estuvo dos días encerrado en una jaula de concreto de un metro por lado hasta que lo devolvieron a Borgoño.

Durante una nueva sesión de tortura, al recuperarse de un desmayo, se encontró rodeado por varios médicos que lo examinaban y le ponían una máscara de oxígeno. La pesadilla parecía interminable, hasta que el 23 de mayo, tres semanas y un día después de su arresto, lo subieron a un vehículo y lo condujeron hacia un destino indefinido. Pensó lo peor, pero de pronto se detuvieron, lo bajaron y los agentes le dijeron que no se sacara la venda de los ojos hasta que ellos estuvieran lejos. Esperó un par de minutos y al descubrirse la vista, se encontró en un sitio baldío. A lo lejos divisó las luces del Estadio Nacional.

Jaime Troncoso permaneció ocho meses oculto en un convento de monjas en Puente Alto hasta que tras varios intentos fallidos logró abandonar el país rumbo a Suecia.

Su enlace en el PS, el estudiante Vicente Israel García Ramírez, con quien debía reunirse el día de su detención, había caído tres días antes en manos de la DINA junto a su esposa y varios familiares. García extravió una correspondencia que Troncoso le había pedido que enviara a miembros de la dirección del PS en el exterior, pero un descuido hizo que esos mensajes fueran sustraídos por colaboradores del servicio de seguridad, quienes aparentemente estaban infiltrados entre sus conocidos. La cónyuge y los parientes de García recuperaron la libertad; el estudiante socialista, en tanto, permanece desaparecido hasta hoy³.

El 18 de junio de 1977, luego de tres años en prisión sin que se formularan acusaciones formales en su contra, el exsenador comunista Jorge Montes fue canjeado por 13 presos de la República Democrática Alemana, RDA, tras lo cual la dictadura declaró que “no quedaba en Chile ningún detenido en virtud de la ley de Estado de Sitio”. Ese mismo mes un grupo de familiares de detenidos desaparecidos inició una huelga de hambre en la Cepal pidiendo saber el paradero de sus parientes.

1.2. Antorchas nocturnas en el cerro Chacarillas

Desde 1975 los gremialistas controlaron la Secretaría Nacional de la Juventud y eligieron el 9 de julio para recordar a los 77 jóvenes muertos en el combate de La Concepción durante la Guerra del Pacífico. Ahora, en 1977, cuando Jaime Guzmán Errázuriz por fin había convencido al general Pinochet para que fijara un calendario de normalización institucional, otros 77 jóvenes serían condecorados en el torreón de Chacarillas, una de las cumbres del cerro San Cristóbal⁴. La ceremonia sellaría el compromiso entre Pinochet y sus generales más cercanos con los gremialistas y los Chicago boys para instaurar el modelo neoliberal de desarrollo político y económico.

El arquitecto italiano Vittorio Di Girólamo asumió la producción, ayudado por Enrique Campos Menéndez, asesor cultural de la Junta Militar desde el golpe, recompensado más tarde con el Premio Nacional de Literatura en 1986 y nombrado embajador de Chile en España.

El Frente Juvenil de Unidad Nacional, brazo político de la Secretaría Nacional de la Juventud, a cargo del ingeniero agrónomo Ignacio Astete, se hizo cargo de movilizar a los jóvenes hacia el cerro. El movimiento estaba inspirado en la organización juvenil del régimen franquista, el Frente de Juventudes de la Falange Española.

A los casi mil jóvenes que asistieron se les entregaron dos antorchas a cada uno. Las llamas representaban “la instauración de una democracia autoritaria, protegida, tecnificada y de auténtica participación social”, el sueño de Guzmán. Los símbolos de aquella noche fueron elocuentes: el fuego en manos de los jóvenes que miraban el cielo, los compromisos que los presentes debieron corear en voz alta, el general Pinochet enfundado en una capa gris que lo cubría entero, gran presencia de militares y marchas castrenses como sonido de fondo. La nostalgia del nazismo y del fascismo se palpaba en el aire.

El abogado Javier Leturia, y los veinteañeros Luis Cordero y Juan Antonio Coloma colaboraron para que el plan de Jaime Guzmán resultara perfecto. En primera fila se ubicaron Sergio Fernández, Gonzalo Vial, José Piñera y Jovino Novoa, todos los cuales pocos meses más tarde ingresaron al gabinete.

Cristián Larroulet, quien trabajaba con Joaquín Lavín en Odeplán, recordaría años más tarde:

Sé que en ese momento hubo una discusión muy intensa al interior del régimen. Los nacionalistas tenían mucha fuerza. Chacarillas fue un punto de quiebre que permitió la institucionalización del gobierno militar y la llegada, meses después, de un gabinete blando.

Sergio Fernández también rememoraría aquel instante:

Sabíamos que las Fuerzas Armadas no podían seguir gobernando como tales. Tampoco era conveniente que el poder se ejerciera colectivamente por una junta. Teníamos el mal ejemplo de los otros países latinoamericanos donde las juntas habían terminado muy mal. Chacarillas enfatizó por ello el rol de Pinochet como conductor, pero impuso un calendario para volver a la normalidad democrática.

El discurso que leyó Pinochet fue íntegramente redactado por Guzmán. En él se delinearon tres etapas para democratizar el país. Una primera, que se inició ese día y que debía terminar como máximo el 31 de diciembre de 1980, período en que las Fuerzas Armadas ejercerían integralmente el poder con la colaboración de los civiles. Una segunda etapa de cinco años se extendería hasta el 31 de diciembre de 1985. En ella la Junta conservaría sus atribuciones legislativas, aunque perdería poder real. Paralelamente, los civiles podrían crear una especie de Cámara Legislativa designada por Pinochet y la Junta Militar. Una tercera etapa de “normalización” comenzaría el 31 de diciembre de 1985 cuando una cámara legislativa parcialmente elegida designara a un Presidente de la República por seis años. Para concluir, se declaró “fenecida” la Constitución de 1925 y se les entregó a los militares el papel de “garantes de la institucionalidad” en la Constitución de 1980.

Ignacio Astete fue el encargado de pronunciar el discurso donde por primera vez se habló de “pinochetismo”. “Nos declaramos hoy pública y explícitamente pinochetistas y llamamos a todos los chilenos a estrechar filas en torno a una movilización cívica que convierta al pinochetismo en la fuerza arrolladora que consolidará la institucionalización democrática”, afirmó el dirigente gremialista.

Un mes después, en agosto, Pinochet precisó:

Cuando señalé que habría participación de la comunidad muchos afloraron de inmediato hablando de elecciones y en mil tonos decían que tenían que ir a las urnas. A ellos les vuelvo a repetir: las elecciones para representantes de una Cámara Legislativa no se harán antes de ocho o diez años, en el mejor de los casos⁵.

1.3. El retorno de un adversario temible

En julio de 1977, diez meses después del asesinato de Orlando Letelier en Washington, el FBI detuvo a algunos cubanos anticastristas que reconocieron a Juan Williams Rose –una de las identidades falsas de Michael Townley– como el sujeto rubio que había participado en el atentado.

Ese mismo mes el general Pinochet comunicó a Contreras su decisión de terminar con la DINA.

El 12 de agosto de 1977 se anunció oficialmente la disolución del organismo represivo y su reemplazo por la Central Nacional de Informaciones, CNI. La noticia se hizo pública durante la permanencia en el país de Terence Todman, asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, quien en un gesto de apoyo a la defensa de los derechos humanos visitó la sede de la Vicaría de la Solidaridad.

Ese mes se registraron muy pocas detenciones. Desde hacía varias semanas los arrestos e interrogatorios los venían practicando los integrantes de la Brigada de Asaltos de la Policía de Investigaciones.

Por medio del Decreto Ley N°1.876, del 13 de agosto de 1977 se derogó el Decreto Ley N°521 que había dado creación legal a la DINA. El Decreto Ley N°1.878, que ese mismo día creó a la CNI, le entregó el personal y el patrimonio de la DINA y justificó su existencia por “la conveniencia de estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias las atribuciones de un organismo creado en situación de conflicto ya superada”.

La CNI quedó constituida de un modo muy similar a la DINA en cuanto a su definición, características, funciones y objetivos. Las diferencias más importantes fueron su subordinación jerárquica, pues pasó a depender del Ministerio del Interior y no de la Junta de Gobierno, como era en el caso de la DINA; y una nueva función genérica de “mantener la institucionalidad vigente”. Según el artículo primero del decreto de creación, la CNI fue definida como un “organismo militar especializado de carácter técnico profesional”. Para ello podía “reunir y procesar todas las informaciones a nivel nacional provenientes de los diferentes campos de acción que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas” y se le facultó para “la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales, y mantención de la institucionalidad constituida”.

A la CNI se le entregaron atribuciones para arrestar, en virtud de una orden judicial, para allanamientos a locales habitados o deshabitados en que se presumiera la existencia clandestina de armas de fuego, explosivos, sustancias químicas, etc., o la comisión del delito de organización de milicias privadas⁶.

Tras la muerte legal de la DINA, Contreras quedó nominalmente al frente de la CNI, pero bajo la intervención del jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, el general Héctor Orozco.

Por esos días Pinochet fue invitado por el gobierno del presidente Jimmy Carter para asistir el 5 de septiembre junto a todos los gobernantes del continente, a la firma del tratado que devolvería a Panamá la soberanía sobre la zona del canal que une a los océanos Pacífico y Atlántico. Contreras le pidió que lo autorizara a designar a los mejores oficiales de la DINA para que lo acompañaran a Washington. Sería –le dijo– como un gesto de reconocimiento al trabajo que habían efectuado. Pinochet aceptó y el propio Contreras gestionó las visas para él y 54 de sus hombres. El trámite se lo solicitó como un favor especial al delegado del FBI en Buenos Aires, Robert Scherrer, quien no dudó en otorgárselas. El agente federal norteamericano consideró que era una oportunidad única para tener las fotografías de los más sobresalientes cuadros de la DINA. En uno de los pasaportes que ya se tramitaban en el consulado estaba el de un tal Morales Alarcón, el propio Contreras. Todos los documentos con sus respectivas fotografías fueron copiados. Los permisos para porte de armas solo fueron 13.

Durante las últimas semanas de septiembre y en el mes de octubre Contreras se mantuvo cerca de los agentes civiles de la DINA. Los oficiales de carrera empezaron a volver a las filas de sus respectivas instituciones. En los primeros días de la primavera estalló una serie de bombazos en El Mercurio, en el Citibank y en la antigua residencia de Pinochet. Muchos periodistas y el personal de la embajada de EE.UU. estaban convencidos de que los responsables pertenecían a la DINA.

El 22 de octubre, en extrañas circunstancias, se suicidó de un balazo en la cabeza el jefe de Protocolo de la Cancillería, Guillermo Osorio, quien era considerado un testigo clave por haber firmado los pasaportes que fueron utilizados por algunos de los implicados en el asesinato de Orlando Letelier. La muerte del funcionario diplomático ahondó aún más las sospechas sobre la DINA.

En noviembre de 1977 Pinochet convocó a su despacho al coronel Contreras.

–Dime, Mamo, ¿dónde quieres que te destine? Elige lo que quieras –ofreció el general.

–Mi decisión está tomada, general: el Comando de Ingenieros –replicó.

Pinochet le pidió a Contreras que asumiera como consejero especial en materias de seguridad nacional y que actuara como delegado suyo en el manejo de las delicadas relaciones con Argentina, tarea que entusiasmó sobremanera al exjefe de la DINA⁷.

En las horas siguientes el coronel Manuel Contreras fue ascendido a general junto a otros siete coroneles y destinado al Comando de Ingenieros. Pocos días después una delegación de oficiales del arma de Ingeniería, al mando del director de la Escuela de Tejas Verdes, coronel Julio Bravo Valdés, llegó hasta las instalaciones del Comando en calle Santo Domingo, en Santiago.

–Soy un oficial disciplinado. Si mi general Pinochet tomó la decisión de terminar con la DINA, por algo será. Él es el comandante del Ejército. Yo ahora dedicaré todos mis esfuerzos a conseguir que la mayor cantidad de oficiales del arma de Ingenieros ingrese a la Academia de Guerra y llegue a los altos mandos de nuestra institución. Ese es ahora mi desafío y quiero pedirles a ustedes que me ayuden a conseguirlo –les dijo Contreras.

No obstante, la complacencia del general tuvo un vuelco inesperado cuando se enteró de que Pinochet había nombrado como director de la CNI a uno de sus principales enemigos, el general (r) Odlanier Mena, a quien Contreras creía haber vencido para siempre hacía dos años. Todas las informaciones que tenía indicaban que el elegido para ese cargo sería el general (r) Fernando Paredes. La designación de Mena lo indujo a pensar que estaba siendo marginado del principal anillo de influencias que rodeaba al comandante en jefe. Presintió también el peligro, el inesperado riesgo de que algunos de sus hombres fueran entregados a la justicia estadounidense. Desconfiaba profundamente de algunos de los asesores más asiduos al piso 22 del Edificio Diego Portales, donde tenía su despacho Pinochet, a quienes consideraba demasiado sumisos a los intereses de Washington.

Mena había sido un aventajado miembro de la inteligencia militar durante nueve años, antes de que en 1973 lo designaran comandante del Regimiento Rancagua, con asiento en Arica. Ahora Pinochet lo reintegraba al Ejército y lo traía de regreso de Uruguay, donde estaba como embajador.

El nuevo director de la CNI llegó a comienzos de diciembre de 1977 al cuartel central de calle Belgrado 11 con un grupo de ayudantes de su total confianza. En las siguientes tres semanas fueron eliminados cerca de mil agentes, la mayoría civiles, a través de renuncias voluntarias o despidos. Decenas de miembros de lo que había sido la DINA debieron abandonar sus puestos.

Los removidos estaban en una lista que se distribuyó en todos los accesos y puestos de guardia de la CNI. La orden era perentoria: los incluidos no podían ingresar a ninguna oficina ni cuartel de la institución.

A la jefatura de Inteligencia Interior accedió primero el coronel Juan Jara Cornejo, que luego ocupó la Dirección de Operaciones, dejando su puesto al coronel (r) Daniel Concha.

Una tarde de enero de 1978 Concha apareció en el cuartel central acompañado de Andrés Terrisse Castro, ingeniero electrónico dedicado a la computación y asesor del mayor Ítalo Seccatore Gómez en L5, la Unidad de Computación de la CNI. Estaban haciendo una encuesta sobre los métodos de trabajo de la DINA. Mena transformó a L5 en un centro de apoyo a la dirección y lo trasladó al primer piso de un edificio ubicado en Vicuña Mackenna 69. Terrisse diseñó un sistema que permitía archivar, procesar la información y centralizar el trabajo de las brigadas.

Como unidad operativa piloto se eligió a la brigada Caupolicán, a cargo de los partidos de izquierda, al mando del capitán Manuel José Provis Carrasco (“Francisco Valenzuela”) y recién instalada en el Cuartel Borgoño, un vetusto edificio que había pertenecido al Servicio Nacional de Salud, ubicado en el comienzo de lo que es hoy la comuna de Independencia.

La exmirista Luz Arce, colaboradora de la DINA, cuenta en su libro:

Tuve acceso a parte del trabajo de Andrés Terrisse. Además del desarrollo y del sistema que comenzó a probarse en Caupolicán, existía otro denominado “LIDES”, nemotécnico con el cual hacían referencia al “Listado de Desaparecidos” […] También se comenzó a ingresar la información del archivo de microfichas de la subdirección de la CNI. Es un trabajo que realizó el personal de digitadores de L5 […] En una oportunidad le dije a Andrés Terrisse que la información de los detenidos de la DINA la había manejado el suboficial Manuel Lucero Lobos. Dijo no saber nada al respecto⁸.

El 7 de diciembre de 1977 la comisión de las Naciones Unidas que investigaba la situación de los derechos humanos en Chile resolvió en contra del gobierno de Pinochet. Una semana después, el 14 de diciembre, la Asamblea General aprobó la resolución “con preocupación especial e indignación” por el “incumplimiento de promesas del gobierno chileno de que mejoraría la situación de los derechos humanos”. Noventa y seis países votaron en contra del gobierno de Pinochet, 26 se abstuvieron y solo 14 se pronunciaron a favor.

Pinochet decidió convocar a un plebiscito –que luego llamaría Consulta Nacional– para el 4 de enero, argumentando que el pueblo chileno debía manifestarse frente a la condena de las ONU. Al día siguiente de la convocatoria, la Fuerza Aérea condenó el acto señalando que era “propio de regímenes personalistas” y que violaba los estatutos de la Junta, sobrepasando los propios límites que se había fijado el jefe de Estado.

El almirante José Toribio Merino, por su parte, lo consideró improcedente tanto en el fondo como en la forma. La Armada agregó que Pinochet “con su actuar, ha vulnerado y atropellado las atribuciones de la Honorable Junta de Gobierno y la ha marginado de la más importante de las decisiones políticas de los últimos años”, insistiendo en su completo desacuerdo con la realización del plebiscito, al igual que todos los almirantes.

Héctor Humeres, el Contralor de la República, también coincidió con la ilegalidad de la consulta. Lo mismo que los expresidentes Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Gabriel González Videla.

El 27 de diciembre Pinochet informó que convocaría a la consulta a través de un decreto supremo –el DL 1308– sin necesidad de pedir la firma a los miembros de la Junta Militar de Gobierno. Al día siguiente, el Contralor insistió públicamente en que la consulta no tenía sustentación jurídica, recomendando que se tramitara mediante un decreto ley que requería la firma de todos los miembros de la Junta. Humeres afirmó ante los periodistas que la Contraloría rechazaba en la forma y en el fondo la consulta.

Pinochet ordenó entonces que se diera curso a la jubilación de Héctor Humeres y nombró, en cosa de horas, mediante el decreto supremo 1295, a un nuevo contralor que le otorgara validez legal a la consulta: el elegido fue el abogado puntarenense Sergio Fernández, recomendado por Mónica Madariaga.

Los primeros días de 1978 se caracterizaron por una dura represión en contra de quienes se atrevieron a llamar a votar No. Sin las mínimas garantías que requiere un proceso plebiscitario, el 4 de enero el Sí obtuvo el 75 por ciento de los sufragios.

El 14 de enero, acusados de participar en reuniones políticas, fueron relegados a distintas localidades apartadas del país 12 integrantes del Partido Demócrata Cristiano que habían osado manifestarse públicamente a favor del No: ellos eran Tomás Reyes, Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Ignacio Balbontín, Juan Manuel Sepúlveda, Samuel Astorga, Guillermo Yunge, Hernán Mery, Georgina Aceituno, Elías Sánchez, Juan Claudio Reyes y Enrique Hernández.

1.4. La caída del “Pelao” Carmona

El 7 de diciembre fue asesinado Augusto Heriberto Tadeo Carmona Acevedo (“Oslo”), 38 años, casado, dos hijas, periodista, redactor de la revista Punto Final, miembro del Comité Central del MIR y del secretariado que dirigía la resistencia en el interior. Carmona murió en un falso enfrentamiento con efectivos de seguridad, en un inmueble del populoso barrio de San Miguel.

Los hechos transcurrieron de un modo diferente a lo informado por la CNI. Cerca de las 20:30 horas de ese día llegó hasta el vecindario una veintena de vehículos que cubrió todo el barrio. De ellos descendió un numeroso grupo de civiles fuertemente armados. Allanaron la vivienda ubicada en la Calle Barcelona número 2425 y la contigua a esta. Entraron disparando pero no había nadie. Luego ordenaron a todos los vecinos que fueran a sus casas. A pocos minutos de la medianoche llegó Augusto Carmona caminando, se paró frente al umbral de su casa y extrajo las llaves para abrir la puerta. En ese momento le dispararon desde dentro de la vivienda dos o tres veces y el periodista cayó al suelo. Los agentes abandonaron rápidamente al lugar.

Los agentes de la CNI habían dado con Augusto Carmona gracias a una información que les fue proporcionada por una detenida.

Cuando lo mataron, intentaba asilar a un colega, también del partido. Aquel mirista había abierto poco antes algunos flancos por donde la CNI pudo finalmente detectar y golpear la red que trabajaba con Carmona.

Frente a la detención y desaparición de compañeros, agudizadas en 1975 y 76, “El Pelao” inició de inmediato una campaña de denuncias al extranjero. Escribía hasta altas horas de la noche, mientras su mujer, la periodista Lucía Sepúlveda, trataba de aislar las paredes para evitar que los vecinos escucharan su Olivetti portátil. Cuando se realizó la reunión de Cancilleres de la OEA, Carmona organizó la campaña para denunciar la situación de los desaparecidos⁹.

1.5. El verano caliente de 1978

Los diarios de Santiago, todos proclives a la dictadura, acogían en sus páginas, sin confirmación alguna, los comunicados que les entregaban los servicios de seguridad. Así, cuando en enero de 1978 la CNI comenzó a buscar intensamente a Hernán Aguiló Martínez, máximo dirigente del MIR en Chile, los periódicos publicaron fotografías suyas y entregaron los datos proporcionados por los agentes. Según estos, Aguiló tenía 31 años, era ingeniero de Ejecución, 1,78 de estatura, pelo rubio, ojos claros. Había sido presidente del sindicato del diario Clarín y del Provincial Santiago de la CUT. En 1973 pasó a integrar el Regional Santiago del MIR como encargado de trabajos sindicales y en 1974 llegó al comité central, en calidad de suplente de la comisión política. Ese mismo año quedó a cargo de Organización. El vespertino La Segunda, dirigido entonces por el abogado Hermógenes Pérez de Arce, agregó:

En 1975 Aguiló estuvo a cargo de los vínculos internacionales de la organización recibiendo remesas de dinero de Argentina, de las que se apropió. En el mes de octubre de 1975, cuando se asilaron los líderes máximos, pasó a ser secretario general del MIR. Era casado con Margarita Marchi Badilla, pero luego convivió con Pilar Achurra Rodríguez. Usa los nombres de “Nancho”, “Roberto” y “Aldo”. También emplea la identidad falsa de Carlos Pedro Guirardi Giordano. En 1976 huyó por minutos de un allanamiento en calle Venecia 1722¹⁰.

En la mañana del 17 de enero dos microbuses con carabineros y agentes de la CNI llegaron a un departamento situado en el tercer piso del edificio signado con el número 010 en la calle Pablo Goyeneche Iver, en La Cisterna, a la altura del paradero 24 de la Gran Avenida, en Santiago. Lanzaron gases lacrimógenos y empezaron a disparar. En su interior el ingeniero mirista Gabriel Octavio Riveros Rabelo, 28 años, soltero, ingeniero en Ejecución Mecánica, repelió el asedio por casi media hora, pero finalmente lo mataron de un balazo en la cabeza.

En el lugar fueron detenidas la pareja de Riveros, Sara Eliana Palma Donoso, y la madre de esta, Sofía Donoso Quevedo, y llevadas a Villa Grimaldi, donde fueron torturadas durante varios días. Luego fueron trasladadas a la Cárcel de Mujeres y de allí expulsadas del país.

Gabriel Riveros formaba parte del apoyo logístico de Germán Cortés y de Haydée Palma Donoso y en su departamento esporádicamente se reunía la dirección del MIR.

El día que mataron a Riveros, Hernán Aguiló se dirigía hacia el lugar en un taxi para intentar retomar contacto con Cortés, quien no había llegado a algunos puntos de encuentro en los días previos.

Dos días más tarde la CNI informó que a las 0:20 del miércoles 18 de enero agentes de seguridad ultimaron al exseminarista Germán de Jesús Cortés Rodríguez (“Cura Luis”, “Jerónimo”, “Bascur” o “Atrala”), 29 años, miembro del Comité Central del MIR. La versión oficial sostuvo que Cortés era jefe del aparato militar y que tras ser detenido se le llevó a su casa, donde extrajo una pistola oculta bajo una cama y disparó a los funcionarios de seguridad, quienes, al repeler el ataque, le ocasionaron la muerte.

La verdad, sin embargo, era muy distinta. Germán Cortés fue detenido el 16 de enero y conducido a Villa Grimaldi. Tras ser intensamente torturado se le trasladó a su domicilio en calle Estados Unidos N°9192, en La Florida, para luego sacarlo y ejecutarlo fríamente. Una persona que estuvo cautiva junto con él relató que unos días después de su aprehensión fue conducida a la casa de Germán Cortés, a quien llevaban en otro automóvil. Al llegar a ese lugar pudo apreciar cómo lo sacaron arrastrando y con la cabeza caída, ya que se encontraba en muy mal estado debido a las torturas recibidas. Un instante después escuchó los balazos y la voz de uno de los guardias dando cuenta por un transmisor de que Cortés ya estaba muerto.

Años después, Sofía Donoso Quevedo entregaría su testimonio sobre lo vivido en aquellos días:

El día 16 de enero de 1978 llegaron a la casa donde vivía mi hija Haydée, a eso de las 14 horas. La golpearon en la cara, le botaron los lentes y casi aturdida la llevaron a Villa Grimaldi junto a otras personas. Después, como a las 4 de la tarde llegaron a mi casa, donde yo vivía con mi hija Eliana y su compañero Gabriel Rivero Rabelo, quien trabajaba en la Embotelladora Andina. Venían armados con metralleta, entraron violentamente golpeando a mi hija, quien se defendía con mordiscos y patadas. En ese momento no me daba bien cuenta de lo que pasaba, porque todo era una confusión; donde sentían un ruido ametrallaban… comencé a gritar desde el baño qué era lo que pasaba. Yo me libré solamente en un rincón… todo lo demás quedó hecho pedazos con la metralleta. Hasta que uno de los hombres me hizo salir con las manos en alto –de mi hija Eliana no supe dónde se la habían llevado– y me condujeron por toda la casa que estaba completamente destrozada. Me preguntaron acerca de quién era esa persona que estaba ahí (por el compañero de mi hija); ellos dijeron que era un extremista y continuaron disparando hacia las piezas donde él se encontraba. Luego pidieron refuerzos a Carabineros, quienes empezaron a tirar bombas lacrimógenas, las que le produjeron asfixia a mi yerno. Este se acostó en su cama y ahí un carabinero le dio el golpe de gracia con un disparo en la cabeza. Ellos querían que yo fuera donde mi yerno para matarme también y así no quedara ningún rastro. Yo verdaderamente no lloré, tenía rabia en ese momento y me encontraba impotente al no poder hacer nada.

Me subieron a un auto con carabineros y militares a cada lado, armados. No dejé de hablar y saqué mi mano fuera del vidrio, grité que nos llevaban detenidos, que no teníamos armas y esto que hacían era un atropello a personas que no tenían nada que ver con lo que ellos buscaban. En ese momento no sabía que habían tomado a mi hija Haydée.

Cuando llegué a la Villa Grimaldi lo hice con mi hija Eliana, a quien la sacaron primero; a mí me dejaron con la vista vendada, con la cabeza agachada afirmada en el auto. Sentía de lejos los gritos de mi hija. Sería esto como a las nueve de la noche. Momentos después, cuando aún estaba con la cabeza agachada comenzaron a pasar unos hombres y cada uno de ellos me golpeaba en la espalda, en la cara, en la boca, hiriéndome en un ojo y botándome un diente. Después de esto me llevaron a otro lugar custodiada por un militar al que yo le enrostré lo que hacían.

Durante esa noche y a pesar de estar vendada, traté de ver a las otras personas que allí había. Reconocí a mi hija Haydée, a la señora que le arrendaba una pieza y a Germán Cortés –un joven que era amigo nuestro desde hacía muchos años–, al que lo tenían con las manos atrás, parado y apenas podía sostenerse en pie. Cada vez que a Germán lo llevaban a las sesiones de tortura, me ponían en una silla al lado de él para que yo sintiera todo lo que le hacían; pero a mí me pasó algo extraño, no sentía dolor, ni alegría, ni pena; me quedé en blanco, pero me daba cuenta de todo y escuchaba cuando a Germán lo golpeaban y le decían: ‘Oye cura, tú que fuiste cura llama a tu Dios para que te venga a salvar’. Otra noche llegaron otros hombres y le preguntaron: ‘¿Y bueno, este cura habló?’. ‘No ha hablado ninguna palabra, está mudo’. ‘¡Ah! Este que está mudo yo lo voy a hacer hablar para que su Dios lo venga a salvar’. Y le dio un tremendo golpe con la culata de la metralleta en el estómago, dejándolo inconsciente. Al día siguiente, de amanecida, lo llevaron a su casa, donde lo asesinaron disparándole en la cabeza.

Todos los días de esa semana y a cada momento llevaban a mis hijas a sesiones de tortura, aplicándoles corriente y otros tipos de flagelaciones y tormentos. Yo sentía los gritos desde lejos¹¹.

El viernes 20 de enero de 1978 fueron puestas a disposición de la Tercera Fiscalía Militar otras seis personas detenidas por la CNI. Se trataba de Bernarda Nubia Santelices Díaz, conviviente de Cortés Rodríguez, detenida en el domicilio de calle Estados Unidos; Guillermina Reina Figueroa Durán, Aurora Giadrosic Figueroa y Dinko Giadrosic Figueroa, domiciliados en San Isidro 1414; y Sofía Haydée Donoso Quevedo y Sara Eliana Palma Donoso, detenidas en el departamento de Riveros Rabelo.

1.6. Bultos secretos en un vapor alemán

El 27 de febrero de 1978 el embajador de Estados Unidos en Chile, George Landau, entregó a la Cancillería un exhorto de la justicia norteamericana relativo al asesinato de Orlando Letelier. El documento venía acompañado de las fotografías de dos hombres jóvenes y de pelo corto. A comienzos de marzo periódicos de Estados Unidos y de Chile publicaron cuatro fotografías, que correspondían a tres oficiales de Ejército y al ciudadano estadounidense Michael Townley, identificado como un militante del desaparecido Frente Nacionalista Patria y Libertad.

En las semanas siguientes, los nuevos mandos de la CNI y las jefaturas de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, conocieron la verdad del asesinato de Letelier.

El 2 de marzo de 1978 Manuel Contreras habló con Townley. “El gringo” estaba inquieto; temía ser traicionado y desaparecer en manos de ejecutores enviados a cerrar sus labios para siempre. Tres días después, hizo lo mismo con Fernández Larios, al que convocó a su casa en las Rocas de Santo Domingo. El capitán también se veía nervioso. Las instrucciones para ambos fueron perentorias: nieguen los viajes al extranjero.

Contreras intentaba tapar todos los orificios que dieran origen a una posible filtración. En eso estaba cuando el 20 de marzo de 1978, el vicecomandante del Ejército, el general Carlos Forestier, lo convocó a su oficina y le comunicó que Pinochet había decidido cursar de inmediato su baja del Ejército. El exjefe de la DINA recibió la noticia como un martillazo en mitad de la frente.

Aquella noche todas las luces de la residencia de la avenida Príncipe de Gales se encendieron para recibir a quienes llegaban a solidarizar con Contreras. A los oficiales de la DINA se sumaron mandos de la FACh, de Carabineros e incluso el ministro de Defensa, el general Herman Brady. Cerca de las 22 horas hizo su entrada la esposa del general Pinochet, Lucía Hiriart, que abrazó efusivamente al general en desgracia.

Los nombres de los generales Sergio Covarrubias, René Vidal y René Escauriaza sonaron en los pasillos y en los jardines. Los amigos de Contreras lo culpaban de haberse aliado con los ministros civiles y con Jaime Guzmán, el influyente líder gremialista que se había transformado en uno de los principales asesores de Pinochet.

En las dos semanas siguientes los acontecimientos se precipitaron. Townley, arrinconado por todos, decidió ponerse a disposición de Odlanier Mena; mientras, en Estados Unidos, emisarios de Pinochet acordaban los términos para la entrega del agente de la DINA que aparecía como el autor material del asesinato de Letelier. Una de las exigencias chilenas era que las confesiones de Townley no se emplearan para investigar otros episodios donde estuviera involucrada la policía política que había dirigido Contreras, especialmente el asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires.

En la noche del viernes 7 de abril del 78 Townley fue llevado al cuartel central de la Policía de Investigaciones convencido de que sería enviado a Concepción, donde tenía un juicio pendiente¹². En la madrugada siguiente, al llegar a la losa del aeropuerto y ver a dos agentes del FBI parados junto a la escalerilla de un avión de Ecuatoriana de Aviación, “El gringo” percibió que había sido traicionado y que su única salida era hablar, contarlo todo.

En medio de esos turbulentos días, el general Contreras llevó del brazo a su hija camino al altar para ser desposada por el subteniente Carlos Moller. Al término de la ceremonia religiosa, varios jóvenes oficiales desnudaron sus sables y se sumaron al tradicional arco nupcial que los militares realizan en esas ocasiones. Contreras estaba radiante.

Sin embargo, habituado a leer los pequeños indicios que revelan la cercanía de acontecimientos mayores, Contreras sentía el peligro. Si era eliminado se borraría para siempre cualquier vestigio que pudiera incriminar al régimen militar. Decidió ser precavido y con algunos de sus hombres más cercanos, optó por sumergirse en un seguro refugio en el litoral central.

Reapareció el jueves 20 de abril para dirigirse por vía aérea a Punta Arenas y embarcar 23 maletas en el carguero alemán “Badenstein” rumbo al puerto de Hamburgo. Otros bultos misteriosos los envió a través de Lufthansa con destino Nueva York-Frankfurt. Ese despacho, que Contreras ha negado hasta hoy, fue confirmado por fuentes seguras a la revista Qué Pasa y al vespertino La Segunda, medios que dejaron constancia del hecho en sus páginas. Versiones posteriores indicaron que la carga que iba en Lufthansa fue transferida a Braniff e interceptada en Nueva York por el FBI.

El 2 de agosto de 1978 se ordenó el arresto de Contreras junto al capitán Armando Fernández Larios, y los coroneles Pedro Espinoza y Vianel Valdivieso. Todos fueron instalados en el Hospital Militar.

Muchos de los hombres de Contreras le seguían fieles, pero el general sabía que Odlanier Mena era un peligroso enemigo. Ordenó entonces a algunos de sus hombres de mayor confianza que quemaran los archivos de la DINA.

Al promediar 1978 el coronel Pedro Espinoza cumplía una de las misiones más importantes de su carrera militar como comandante del Regimiento de Infantería N°10 “Pudeto”, en Punta Arenas. Las relaciones con Argentina empeoraban y la frontera se calentaba por la disputa de tres islas en el canal Beagle. Espinoza diseñó una cuidadosa red de servicio secreto que se extendió hasta Río Turbio y Río Gallegos, en territorio argentino, y que entregaba un permanente flujo de datos sobre las fuerzas aéreas y militares trasandinas que, desde abril de ese año, crecían progresivamente en el denominado Teatro de Operaciones Austral.

A fines de julio, cuando supo que sería detenido, Espinoza debió hacer rápida entrega de la comandancia del “Pudeto” y antes de salir hacia la capital, reunió a su plana mayor y le dijo:

–Señores, estamos en presencia de una hábil maniobra de la CIA para perjudicar a nuestro gobierno.

Espinoza había llegado a comandar el “Pudeto” tras desempeñarse como agregado militar en Brasil, con asiento en Brasilia, junto a otro oficial que había sido miembro de la DINA, el mayor Marcelo Moren Brito.

El exagente de la DINA, Osvaldo Romo Mena, refugiado varios años en Brasil, relató más tarde en los tribunales de justicia chilenos que uno de los departamentos que ocupó en los inicios de su estadía en el país carioca, se lo arrendó personalmente al coronel Espinoza.

Hijo de un suboficial de Infantería, Espinoza egresó de la Escuela Militar en 1953 como alférez de la misma arma en que había servido su padre. En la Academia de Guerra se especializó en Inteligencia, llegando a ser profesor del ramo en ese instituto superior castrense. De su primer matrimonio, tuvo dos hijos, ambos militares y también del arma de Infantería.

Amigo cercano de la agente DINA conocida como Liliana Walker, la eligió personalmente para cumplir una misión en Washington junto al capitán Armando Fernández Larios, oficial con prestigio de seductor impenitente y el que habría recibido la imperativa orden de Espinoza de “no tocarle ni un pelo” a la mujer.

Su gran ambición era llegar a ser general de Ejército y muchas de sus acciones –según algunos de sus cercanos– las emprendió sin vacilar, suponiendo que el acatar y cumplir en la mejor forma las mismas, lo conduciría hacia las tan ansiadas presillas de cuatro estrellas, deseo que finalmente no pudo lograr.

Desde comienzos de 1987 Espinoza –en comisión de servicios del Ejército– estuvo destinado en Sudáfrica, cumpliendo funciones administrativas con el rango de consejero de la embajada chilena. En aquel tiempo, informes de prensa argentinos lo sindicaron como el contacto chileno con la empresa Anglo American Corporation, AAC, transnacional sudafricana que intensificó en esa época su presencia en Chile y en Brasil para la extracción de oro, mineral del cual se extraen porcentajes no despreciables de uranio. La AAC era una de las principales explotadoras del uranio de Namibia, motivo por el cual las Naciones Unidas acusaron a Sudáfrica de expoliar económicamente a ese territorio, ocupado ilegalmente.

1.7. Arrivederci Chile

A comienzos de abril de 1978 los neofascistas italianos que colaboraban con la DINA, encabezados por Stefano Delle Chiaie, decidieron abandonar Chile. Ellos habían sido confirmados como asistentes de la CNI por el general Odlanier Mena, sobre todo en tareas de análisis de inteligencia, aspecto en que el aparato represivo presentaba deficiencias. Un día impreciso de aquel mes, en condiciones bastante precarias, uno de los militantes de Acción Nacionalista Revolucionaria, Pedro Medina Murúa¹³, sacó a los italianos apresuradamente del país por el paso fronterizo de Puyehue, en Osorno.

Antes, hicieron una escrupulosa entrega a Medina de gran parte del material que les había confiado la DINA y la CNI: seis equipos de radio VHF-UHF, varios sets de fotografías aéreas de instalaciones de radar en el sector sur del territorio peruano, fotografías de bases móviles de misiles tierra-aire y un número impreciso de carpetas con antecedentes misceláneos.

Medina tomó contacto con un oficial de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y le consultó acerca del mejor destino posible para ese material. El oficial le sugirió que lo más lógico era ponerlo a disposición del general Manuel Contreras. Medina accedió de inmediato.

Poco después, en altas horas de la noche y con el mayor de los sigilos, el teniente coronel Rolf Wenderoth, entonces subdirector de la Escuela de Ingenieros, concurrió a la casa del oficial contactado por Medina e incautó todo el material abandonado por los italianos.

Oficialmente no se supo más de ellos. Tan solo el abogado Guido Poli afirmaría más tarde haber seguido teniendo contacto epistolar con Delle Chiaie.

Al promediar el otoño de 1978 Pinochet empezó a enfrentar un creciente deterioro en su gobierno. A la condena de la ONU se sumó la creciente tensión con Argentina, el impacto del caso Letelier y la ruptura de relaciones con Bolivia. Decidió entonces cambiar la imagen de su régimen otorgando un papel preponderante a los civiles, la mayoría de ellos vinculados al movimiento gremialista.

El primer ministro del Interior civil fue el abogado Sergio Fernández, el mismo que hacía poco más de tres meses había sido nombrado Contralor de la República para que aprobara la realización de una Consulta Nacional. Una de las primeras tareas de Fernández fue promulgar una Ley de Amnistía para cubrir los crímenes de la DINA, quedando al margen solo el caso Letelier.

En una entrevista concedida a la revista Qué Pasa, en tanto, el nuevo jefe de la CNI, Odlanier Mena, marcó el rumbo de sus pretensiones.

–Usted, como director del organismo máximo de inteligencia del país, debe manejar un cúmulo de información y de personal. ¿Podría ocurrir que, sin su conocimiento, alguno de sus funcionarios se “arranque con los tarros” y se extralimite en sus funciones? –preguntó la periodista.

–Absoluta y categóricamente no. La CNI está conformada como una unidad militar, con procedimientos normales de relaciones entre las personas al uso de las unidades militares. Hechos como detenciones no pueden pasar inadvertidos por el director. De eso puedo dar fe. En cualquier momento me pueden preguntar cuántos detenidos hay, en qué lugar, en qué circunstancias y por qué razones…

–¿Cuántos hay actualmente?

–Ninguno. El sábado pasado entregamos cinco a la justicia. No puede ser que alguien corra con colores propios. Esta es una organización jerarquizada, disciplinada, con valores éticos y morales propios como cualquier unidad militar. Y todos los procedimientos son absolutamente legales.

A comienzos del mes de julio, en la ciudad de La Serena, los máximos dirigentes del Frente Juvenil de Unidad Nacional, controlado por el gremialismo, llamaron a los chilenos a crear un movimiento cívico, “el pinochetismo”, el que debería transformarse, según ellos, “en una fuerza arrolladora que consolide la nueva institucionalidad democrática”.

El comandante de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Leigh, envió entonces una carta a Pinochet cuyos principales contenidos hizo trascender concediendo una entrevista al periódico italiano Il Corriere della Sera.

En ella, Leigh reveló que había solicitado a Pinochet la ejecución de cinco medidas inmediatas. Ellas eran: la normalización del país en un plazo de cinco años, la redacción de estatutos para el funcionamiento de los partidos políticos, la restauración de los registros electorales, una ley de elecciones y la preparación de una nueva Constitución.

La sola mención de un itinerario para devolver la democracia a Chile fue considerado por Pinochet y sus asesores más cercanos como un gesto de alta traición a la Patria.

Seis días después de conocerse las declaraciones del general Leigh, Pinochet ordenó la ocupación militar del Ministerio de Defensa y de los alrededores del Edificio Diego Portales. Simultáneamente, decretó la destitución de Leigh de la Junta Militar de Gobierno. De los 20 generales de la Fuerza Aérea, solo uno decidió seguir en servicio activo¹⁴.

1.8. Espías en Argentina

El 1 de agosto el fiscal estadounidense Eugene Propper acusó a ocho personas ante un juez federal por el asesinato de Orlando Letelier. Cinco eran cubanos y tres, chilenos. Una semana más tarde, el 10 de agosto de 1978, un incesante repiquetear de cacerolas se escuchó en las poblaciones mineras de Chuquicamata. Aquella célebre forma de protesta que había impuesto la oposición al gobierno de la Unidad Popular, retornaba para manifestarse en contra de la dictadura militar. Pinochet decretó el Estado de Sitio y relegó a diez dirigentes de la División Chuquicamata a la localidad de Chonchi, en los confines de Chiloé.

El 16 de agosto se concluyó la redacción del anteproyecto de reforma constitucional. En sus páginas nada se mencionó sobre el proceso de transición a la democracia. Casi un mes más tarde, el 11 de septiembre, durante la celebración de un aniversario más del golpe militar, Pinochet informó que el anteproyecto de reforma constitucional sería estudiado por el Consejo de Estado. Luego sería examinado por la Junta de Gobierno para enseguida ser plebiscitado. Si llegaba a promulgarse, se iniciaría una transición de seis años. En ese período se instalaría un Parlamento enteramente designado por la Junta de Gobierno. En ningún caso, agregó, habría elecciones antes de 1985. Catorce meses antes, en el discurso de Chacarillas, Pinochet se había comprometido a realizar elecciones libres en 1985.

A fines de septiembre del 78 Pinochet anunció la creación de un nuevo rango en el Ejército, el de teniente general, otorgándoselo a los generales Herman Brady, César Benavides y Carlos Forestier, que habían cumplido ya 41 años de servicio.

Simultáneamente envió al general Sergio Covarrubias, hasta entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, a la jefatura de la Quinta División en Punta Arenas, nombrando en su reemplazo al general René Escauriaza. Otro cambio importante en el Ejército fue la remoción del general Héctor Orozco desde la jefatura de la Dirección de Inteligencia.

El 18 de octubre del 78 el ministro del Interior Sergio Fernández anunció nuevas facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y la proscripción de siete confederaciones y federaciones de trabajadores que agrupaban a más de 150 mil obreros y empleados.

En los primeros días de noviembre los servicios de inteligencia argentinos detuvieron a varios exagentes de la DINA que operaban en el país trasandino, acusándolos de espionaje. Entre ellos figuraban algunos hombres que habían tenido una relevante participación en los preparativos para asesinar al general Carlos Prats y en la desaparición de numerosos chilenos. Los arrestados eran Enrique Arancibia Clavel, Mario Igualt Pérez, Nicolás Díaz Pacheco, Germán Vogel Blaya, Jaime Patricio Arrau y Eduardo Segundo Quilodrán, todos chilenos, además de los argentinos Eladio Vicuña y Humberto Zanelli¹⁵.

En Santiago, mientras, las investigaciones realizadas por obispos y vicarios sobre las violaciones a los derechos humanos durante la existencia de la DINA llevó a la Conferencia Episcopal a emitir una severa declaración el 9 de noviembre de 1978. En ella, los obispos expresaron que “las personas detenidas desaparecidas deben, a nuestro parecer, darse por detenidas por los servicios de seguridad del gobierno”. Y agregaron: “Hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo ocurrido”.

Entretanto, los continuos atropellos cometidos en contra de los derechos laborales, decidió a la central sindical estadounidense AFL-CIO a presentar una moción ante la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, para declarar un boicot en contra del gobierno de Pinochet. Similar actitud se tomó en contra del régimen de Anastasio Somoza, en Nicaragua, y de Fidel Castro, en Cuba.

1.9. La esposa que pudo dormir tranquila

A fines de julio del 78 la justicia chilena ordenó el arresto de Contreras, Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios y Vianel Valdivieso. La resistencia fue mínima y solo verbal. El 2 de agosto los cuatro se instalaron en el Hospital Militar. Contreras se puso a escribir un “Ayudamemoria” de lo ocurrido, provocando el nerviosismo entre sus partidarios y enemigos.

Cierta mañana Contreras recibió en su habitación del sexto piso del Hospital Militar al que había sido uno de sus más enconados adversarios: el prefecto de Carabineros de Santiago, el general Germán Campos.

Durante 1977 ambos se enfrentaron en ásperas disputas. El jefe policial recibía diarios informes recogidos de los siete mil carabineros distribuidos en las calles de la capital. Una oleada de bombazos sacudía los barrios y los uniformados habían observado sospechosos movimientos.

En las horas previas a las explosiones se habían visto los mismos tipos de vehículos, la misma rubia bonita que ya era conocida y las mezclas de los detonantes eran similares, entre otros numerosos y repetidos indicios. Campos concluyó que los atentados los efectuaban los mismos agentes de la DINA.

El ministro del Interior, el general Herman Brady, había enfrentado a Contreras y Campos ante la presencia del jefe de la Guarnición y del Intendente de Santiago, los generales Enrique Morel Donoso y Rolando Garay. No obstante, pese a las advertencias, el prefecto no se había dejado intimidar.

Uno de los episodios más oscuros se registró cuando una patrulla de carabineros detuvo a tres sujetos por el robo de una renoleta, propiedad de un ciudadano francés. En una rápida investigación, los policías ubicaron a los ladrones y cayeron repentinamente sobre ellos. La sorpresa fue mayúscula: los arrestados eran el cabo de Carabineros Emilio Troncoso, el cabo de Ejército Manuel Leyton Robles y el sargento de Carabineros Heriberto Acevedo, todos adscritos a la DINA.

El grupo había recibido una orden del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, “Don Jaime”, miembro de la plana mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, uno de los encargados de ubicar y detener a los dirigentes del Partido Socialista. Barriga les había encargado que “consiguieran” una renoleta porque estaban “faltos de repuestos”.

Cerca de la medianoche del 24 de marzo de 1977 Campos recibió un llamado telefónico:

–Campos, tengo perdida una patrulla. Probablemente los secuestraron o los mataron. ¿Puedes ayudarme?

–Voy a poner a 400 hombres de las fuerzas especiales a buscarlos. Avísame si querís más.

Contreras se enteró en los minutos siguientes que sus hombres estaban en poder de Carabineros. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Campos.

–Campos, ¿me estái hueveando…?

–No, Contreras. No puedo hacer nada. Están detenidos y van a ser puestos a disposición de la justicia militar.

–Qué huevá estái haciendo, Campos. No me arrastrís el poncho…, podís cagar –respondió el jefe de la DINA.

Contreras ordenó que se alistara la guardia del cuartel central. Minutos después en varios automóviles salió rumbo a la comisaría donde estaban detenidos los tres agentes de la DINA.

–¡Vengo a buscar a mi gente! –dijo Contreras al ingresar con sus hombres al recinto policial. Portaba en sus manos una metralleta.

–Un oficial intentó oponerse.

–¡Hácete a un lado, concha de tu madre! ¡Ya, entréguenmelos! ¡Si no, aquí queda la cagá!

Contreras salió con los tres agentes de la DINA, rodeado por su guardia. Los carabineros no se atrevieron a reaccionar.

La investigación siguió su curso en la justicia militar. El día 30 de marzo del 77, Leyton debía presentarse a declarar. La DINA informó que había muerto de un infarto al corazón, producto de los apremios ilegítimos a que había sido sometido por carabineros. Años después, Michael Townley reveló en Estados Unidos que el cabo había sido asesinado con gas sarín por sus propios compañeros luego de comprobarse que había declarado en contra de su jefe, el capitán Barriga.

Leyton era el mismo que años atrás, a instancias del capitán Miguel Krassnoff, había contactado a Osvaldo Romo para que colaborara con la DINA.

Poco antes de que Contreras tuviera que internarse bajo arresto en el Hospital Militar, el jefe de la Guarnición Militar de Santiago, el general Enrique Morel, recibió una sorpresiva visita del prefecto Campos.

–Tu general Contreras corre peligro de muerte –dijo Campos secamente.

Morel esbozó una sonrisa.

–Lo van a matar y no son extremistas –agregó el prefecto.

–¿De qué mierda estás hablando? –preguntó el general mientras el semblante de su cara cambiaba bruscamente.

–Te estoy diciendo que van a matar a Contreras. Pero esa es una cuestión de ustedes. Yo no me voy a meter.

–¿Estás seguro de lo que estás diciendo?

–Mi información es firme. Te advierto, voy a impedir que maten a Contreras. Yo soy el responsable de lo que pase en Santiago y no voy a aceptar que ocurra esto.

–¿Qué más sabes?

–Lo van a matar en su casa, en Príncipe de Gales. Le van a disparar cuando vaya saliendo. Con tu apoyo o sin tu apoyo, voy a poner a cien carabineros de las fuerzas especiales frente al equipo militar que tienes ahí.

–¡No puede ser! ¡Tus fuentes están equivocadas!

–Averigua tú mismo. Llama a inteligencia militar…

–¡Pero esta es una cagá muy grande! ¡Es muy jodido! Dame un poco de tiempo. Tengo que preguntar.

Cuando Campos se retiró, el “Tigre” Morel hizo tres llamados telefónicos. El cuarto fue al mismo Campos.

–Tienes razón. Procede no más y pon a tu gente. Desde este momento no hay más soldados frente a la casa de Contreras. Y si aparece uno, dispárale.

Dos unidades de las fuerzas especiales de Carabineros, de 50 hombres cada una, se apostaron rodeando la casa del general Contreras. Los comandos del Ejército que permanecían allí abandonaron el lugar poco después.

El mayor a cargo de la fuerza policial se presentó ante la señora María Teresa Valdebenito para comunicarle que desde ese instante estaba a cargo de la seguridad de su casa.

La esposa del exjefe de la DINA agradeció. Los carabineros, fuertemente armados, tomaron posiciones dentro y fuera de la propiedad.

Permanecieron allí durante más de dos meses.

Por eso aquel día, en la pequeña habitación de Contreras, ambos hombres se miraron a la cara y el jefe de la DINA estiró su brazo estrechando la mano del prefecto Campos.

–Gracias, mi general. Mi esposa ahora duerme tranquila.

En los minutos siguientes los dos oficiales analizaron la salida del general Gustavo Leigh de la Junta de Gobierno y de la comandancia de la FACh a fines de julio. Coincidieron en que Pinochet recibía muy malos consejos¹⁶.

Llegó la primavera de 1978. El general Contreras seguía escribiendo y leía mucho: novelas de espionaje y lo que le llevaran sobre los servicios de inteligencia del mundo, su tema preferido.

En noviembre empezaron a formarse, primero tímidamente y luego incluso con publicaciones en los diarios, los Comités de Ayuda para la Defensa de Manuel Contreras. El primero en aparecer públicamente fue el de Osorno. Lo integraban Gustavo Galdámez, Ricardo Schilling, Gustavo Ellwanger, Marta de Hamann, Germán Waeger, Hernán Follert, Estanislao Vásquez, Harry Jürgensen, Roberto Vicenzio y Jorge Butte.

A fines de 1978 los chilenos se vieron enfrentados a dos momentos dramáticos. El 30 de noviembre quedaron en evidencia los métodos utilizados para hacer desaparecer a los disidentes. En la localidad rural de Lonquén, a unos pocos kilómetros al oeste de Santiago, sepultados en unos antiguos hornos de ladrillos, fueron encontrados los cadáveres de 15 hombres asesinados después del golpe militar. En su interior, con sus manos atadas con alambres de púas a la espalda, se hallaron 15 cuerpos cubiertos con cal. Varios de esos hombres, en su mayoría campesinos, habían sido detenidos y sepultados vivos en los últimos meses de 1973.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de los tribunales. El juez Adolfo Bañados estableció la verdad, identificó a los culpables y luego se declaró incompetente. En la justicia militar el caso fue prontamente amnistiado¹⁷.

Por esos mismos días la guerra estuvo a las puertas de las fronteras. El 20 de diciembre de 1978 iba a iniciarse la invasión militar argentina¹⁸.

A fines de año un capitán que prestaba servicios en la Escuela Militar fue destinado a la CNI para integrarse a la brigada encargada de combatir al MIR. Su nombre era Carlos Herrera Jiménez¹⁹.

A fines de 1978 el director de la CNI, el general (r) Odlanier Mena, ordenó al coronel Fernando Suau Baquedano, un destacado oficial de inteligencia, crear un Estado Mayor de Inteligencia (EMI) “para reorganizar y centralizar el análisis de la información política de todo orden”. De ese Estado Mayor dependieron todas las divisiones, departamentos y brigadas operativas que siguieron los pasos de los líderes de oposición, escucharon y grabaron sus conversaciones instalando micrófonos en sus casas y oficinas.

1.10. Batalla entre hombres duros

En el verano de 1979 Santiago volvió a estremecerse por los bombazos. Los peritajes de la Policía de Investigaciones y de Carabineros señalaban que los artefactos eran fabricados con trotil; la CNI sostuvo que el trotil solo lo empleaban las Fuerzas Armadas. En los tres organismos se pensaba que los autores de los atentados eran exmiembros de la DINA. Desde el estallido de una bomba el 22 de noviembre de 1978 en la casa del presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez –poco después de que decidiera acoger a proceso la petición de la justicia estadounidense para extraditar a Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios–, hasta fines de marzo de 1979, la prensa informó de la colocación de 23 artefactos explosivos, 19 de los cuales estallaron y los otros cuatro fueron desactivados. De los 19 que explotaron, ocho lo hicieron en casas particulares; otros once en locales fiscales, empresas privadas y secretarías gubernamentales; y uno en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Todas las bombas eran de baja potencia, ubicadas en lugares estratégicos para evitar heridos y con mecanismos de relojería para que explotaran por las noches. Hasta marzo de 1979 no se registraban heridos entre las víctimas de los atentados, pero sí seis muertos entre los presuntos autores: tres en una explosión en Coquimbo, dos durante un tiroteo en Santiago y uno al estallar un artefacto que se preparaba en una casa de Quinta Normal.

En el mismo período se informó de 46 detenidos como confesos fabricantes de bombas o cómplices. De esos 46, cuatro quedaron en libertad por falta de méritos y 15 fueron amnistiados. De los 27 restantes, 12 estaban siendo procesados por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y solo 15 en tribunales militares por delitos a la Ley de Control de Armas.

El ministro de la Corte de Apelaciones Sergio Dunlop –que investigaba la bomba en casa del juez Bórquez cuando estalló otra en la suya– afirmó que las bombas estaban fabricadas con trotil. También el general Germán Campos, entonces prefecto de Carabineros de Santiago, aseguró que todas las bombas que estallaron en 1978 estaban fabricadas con trotil. La CNI, en cambio, fue enfática para afirmar que “no son de trotil, porque este elemento es usado solo por las Fuerzas Armadas”. Desde entonces, los medios de prensa informaron que, según fuentes de seguridad, tal o cual bomba era de polvo de aluminio o amongelatina. Pero hubo excepciones: el 14 de febrero de 1979, El Mercurio dio cuenta de una bomba que estalló en el sector de La Granja y que, según Carabineros, “estaba confeccionada con 500 gramos de trotil”.

El 14 de mayo de 1979, en un fallo de primera instancia, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Israel Bórquez, anunció su rechazo a las extradiciones de Contreras y Espinoza solicitadas por el gobierno de Estados Unidos.

Seguros de que las condiciones habían cambiado, ambos exjefes de la DINA decidieron iniciar un fulminante contraataque y el 31 de mayo acusaron constitucionalmente a los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y de Educación, Sergio Fernández, Hernán Cubillos y Gonzalo Vial, respectivamente.

Contreras y Espinoza los culpaban de haber interferido en sus defensas e influir de mal modo ante diversas instancias públicas para que no se les ayudara. Afirmaban que uno de sus abogados, Jorge Balmaceda, jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, había sido presionado por el ministro Vial para que abandonara el caso.

De acuerdo a la acusación de los exjefes de la DINA, el embajador estadounidense George Landau habría señalado a Cubillos su inquietud por la situación irregular de Balmaceda. Y este, junto a Fernández, habría acicateado a Vial para que presionara a Balmaceda. Para Contreras y Espinoza esa conducta resultaba inadmisible. Se trataba de una intervención extranjera que, con la complicidad de tres ministros, comprometía e1 honor de Chile y atentaba contra el legítimo derecho de defensa que tiene todo ciudadano.

La Junta de Gobierno se reunió y determinó que no procedía jurídicamente la acusación constitucional. El gobierno, en tanto, declaró que jamás se había pretendido intervenir en el proceso sobre las extradiciones, ni para privarlos de defensa, ni para entorpecer la acción de la justicia.

Los ministros aludidos no guardaron silencio. En una enérgica declaración emitida a últimas horas de ese mismo día refutaron los cargos que se les imputaban, manifestando que nunca han aceptado presión alguna y reiterando su adhesión a los valores de la dignidad y honor de la Patria. Y agregaron:

Resulta entre audaz y grotesco, por decir lo menos, que los referidos reclamantes se atrevan en estas circunstancias a formular semejantes declaraciones de índole moral y jurídica, con lo que queda de manifiesto que su propósito es el de intentar una burda maniobra política.

Manuel Contreras, por su parte, replicó al día siguiente:

Lo único que puedo declarar es lo siguiente: mi general Pinochet ha estimado que esta situación está totalmente superada. Yo, como militar, estoy dispuesto a cumplir, una vez más, las órdenes de mi general, pese a la actitud ignominiosa de algunos de los lacayos que actualmente lo rodean.

Pinochet reiteró su confianza a los ministros y el Ejército se cuadró con su comandante en Jefe. A las 8:30 de la mañana del jueves 7, llegó hasta el gabinete de Pinochet el cuerpo de generales a presentarle su saludo con motivo del día de la Infantería. En representación de ellos, el general René Escauriaza manifestó su adhesión el gobernante:

Queremos decirle a aquellos ilusos que aún pretenden minar la lealtad de la institución, que no confundan serenidad con temor ni silencio con desafección, pues cuando el Ejército, cuyo símbolo humano es la infantería, tiene que responder, sabe hacerlo sin titubeos²⁰.

Casi un mes antes, el 26 de abril, el canciller Cubillos había invitado a almorzar a su casa al embajador estadounidense George Landau, a quien le confidenció que en las últimas dos semanas había recibido dos amenazas de muerte de Contreras.

En un documento secreto de tres páginas desclasificado por el gobierno norteamericano en marzo de 2001, Landau había informado en abril de 1979 al Departamento de Estado: “Cubillos me dijo que había recibido dos amenazas de muerte porque había firmado el original de la orden de arresto en su contra y que estaba muy consciente que la política exterior de Chile enfrentaría serios problemas si la Corte falla en contra”.

Los chilenos presenciaban por esos días las primeras grandes batallas de una guerra al interior del régimen militar que se prolongaría más allá del fin de su existencia. Los bandos en pugna fueron identificados como “duros” y “blandos”, atribuyéndoles características y posiciones antagónicas en el manejo económico, en las relaciones exteriores, en los planes políticos, en la educación, en suma, en todos los ámbitos ideológicos y administrativos del gobierno.

El general Pinochet decidió impulsar un gran movimiento cívico-militar que robusteciera los pilares de su gestión. La tarea recayó en el mismo hombre que poco después del golpe militar de septiembre de 1973 le recomendó reemplazar sus incrustaciones de oro en la dentadura, despejar su frente y levantar la altura de su gorra: el publicista Federico Willoughby. Trabajaría codo a codo con un coronel de Ejército en Cema Chile y emplearía como verdaderas monitoras de la idea a las esposas de los oficiales y de los funcionarios de las intendencias regionales.

En los últimos meses de 1979 Willoughby había logrado fichar a 240 mil chilenos. No obstante, la sombra del corporativismo con un penetrante olor a fascismo había caído sobre el tan esperado movimiento y Pinochet ordenó congelarlo hasta una nueva orden.

1.11. El conglomerado empresarial del “Mamo”

Manuel Contreras había previsto el fin de la DINA, su retiro y el de sus hombres. Pensando en ello creó una sociedad de responsabilidad limitada –Pedro Diet y otros– destinada a dotar de casas a todo el personal que conformaba el estado mayor del organismo de inteligencia. También, en sociedad con Vianel Valdivieso –Víctor Víctor, como le decían en la DINA– formó la empresa CONAS, dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y mantenimiento.

Otras empresas bajo el control de Contreras al iniciarse los años 80 eran Conapala, una compraventa de automóviles; Enelectro, de artículos electrodomésticos; Impromet, en el rubro de la metalurgia; y su empresa regalona: Servicios de Asesorías Integrales Alfa Omega Ltda.

El general decidió instalarse en el tercer piso de Santa Lucía 270, en unas oficinas que arrendó a su amigo y exagente DINA Eduardo Romero Olmedo, que justo las había rematado poco tiempo antes.

Romero era dirigente de los camioneros durante la Unidad Popular, época en que se hizo muy amigo de Contreras.

En mayo de 1980 se descubrió una gigantesca evasión tributaria, superior a 250 millones de pesos –unos 20 millones de dólares– que involucró a la empresa Union Trading Co. Ltda., propiedad de Romero, y ubicada un piso más abajo de las dependencias que ocupaba Contreras.

Entre mayo y agosto, tanto la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones, Bridec, como los medios de prensa, recogieron múltiples antecedentes que indicaban la presencia de un grupo económico con vínculos y negocios insospechados.

Los principales socios de Romero, con dilatada trayectoria en el mundo empresarial, eran el colombiano nacionalizado estadounidense Jorge Bendek Bendek; su cuñado, Jorge Masihy Duery, y Manuel López Jiménez, un hombre que también había trabajado en la DINA, en el departamento encargado de falsificar cédulas de identidad y pasaportes²¹.

“No nos van a amedrentar y les aseguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no nos vamos a detener, caiga quien caiga, porque es necesario investigar a fondo los alcances del fraude”, dijo el general Ernesto Baeza, director de Investigaciones, al contar en esos días a los periodistas que tanto los agentes de la Bridec como sus familiares habían sido amenazados.

En uno de los muchos nexos del escándalo, un nombre llamó la atención de los investigadores: Álvaro Miguel Barría Duque, que aparecía como el principal proveedor de cobre para exportación de Union Trading. Entre mayo de 1979 y marzo de 1980 Barría había cobrado IVA por 245 millones de pesos, cheques de Tesorería que él mismo había cambiado en la sucursal Avenida Matta del Banco Español-Chile.

¿Que había de extraño? Álvaro Miguel Barría Duque había sido detenido por agentes de la DINA desde su domicilio el 15 de agosto de 1974 y visto por última vez en la casona de calle Londres. Era un detenido desaparecido.

Otra de las personas que aparecían cobrando cheques de IVA era Bonifacio Catacora Zarzuri, nombre falso del exsargento Juan de la Cruz Cepeda Baraona.

Romero, López y Cepeda fueron a dar al Anexo Cárcel de Capuchinos, vigilados muy de cerca por el teniente primero de gendarmería Orlando Manzo Durán. Ese gendarme, adscrito a la DINA, había estado entre 1974 y 1977 a cargo del campo de prisioneros de Cuatro Álamos, y el 2 de octubre de 1978 había declarado ante el ministro en visita Servando Jordán, que investigaba algunos casos de detenidos desaparecidos, entre ellos el de Barría Duque.

El abogado Jorge Villalobos Bolt, exfiscal de la DINA, asumió la defensa de Romero Olmedo.

Dos de los principales involucrados alcanzaron a huir de Chile antes de que los detectives los ubicaran para detenerlos. Se trataba de Jorge Masihy, cuñado de Romero, y Jorge Bendek Bendek.

Ese fraude, como muchos otros procesos, abandonó las páginas de los diarios y de las revistas, pasando bruscamente al olvido.

El miércoles 5 de septiembre de 1990, diez años después de lo relatado, en una operación conjunta del Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual de Carabineros, OS-7, y del Servicio de Aduanas, se descubrió una red internacional de tráfico de drogas, dependiente del Cartel de Medellín, que operaba enviando cocaína desde Santiago a Miami.

La conexión surgió cuando fueron detenidos en el aeropuerto de Pudahuel tres chilenos y un colombiano portando 61 kilos de cocaína, avaluada en el mercado negro en 1.200 millones de pesos, unos tres millones de dólares.

Cinco días después el OS-7 informó que los detenidos en Pudahuel eran Jaime García Ruiz, 49 años, colombiano; y los chilenos Fernando Cortese Stevenson, 43 años; Francisco Canales de la Cerda Fuentes, 31 años; y, Miguel Ángel Candia Morales, 53 años. En los días siguientes, los agentes antinarcóticos habían arrestado a Óscar Barker Cárdenas, 43 años, chileno; Guillermo Franjola Orellana, 43 años, chileno; Carlos Guevera Bonilla, 38 años, chileno, Florencio Fuentealba Aguayo, 56 años, chileno, y Jorge Bendek Bendek, 62 años, ingeniero químico, colombiano nacionalizado estadounidense.

El colombiano Bendek, el mismo que había sido socio de Romero Olmedo en el fraude al IVA detectado en 1980, era el jefe de la operación en Chile y trabajaba junto a un cubano-estadounidense, entrando y saliendo de Chile desde 1988.

Su lugarteniente, Florencio Fuentealba Aguayo, tenía también un pasado interesante. El miércoles 12 de septiembre de 1990, el diario La Tercera de la Hora escribió sobre él:

La “ficha” de Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo –uno de los nueve detenidos por el grandioso descubrimiento de cocaína– comenzó a nutrirse en junio del año 1970, cuando sustrajo armas de regimiento, donde servía con el grado de capitán.

En esa oportunidad, Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo, acompañado de su primo, Luciano Cruz Aguayo, fallecido en extrañas circunstancias hace algunos años atrás, se dirigió a la población La Bandera, donde pretendieron instalar un foco armado de resistencia extremista de izquierda. Después del 11 de septiembre estuvo enrolado en organismos de seguridad.

En la actualidad a Fuentealba Aguayo se le conoce como fuente laboral una oficina exportadora de figuras en lapislázuli, de escaso movimiento, pero con una numerosa planta de personal.

Hace pocos meses estuvo conectado a un empresario español que pretendió instalar máquinas tragamonedas en Santiago, a lo que se opusieron la Municipalidad y la Intendencia, fallo que confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese empresario residió antes en Colombia.

En 1981, poco antes de que Alfa Omega entrara en su fase terminal, Contreras había logrado reunir junto a él a los generales en retiro Galvarino Mandujano y Pablo Schaffauser Acuña, ambos del arma de Ingenieros; Agustín Toro Dávila, de Infantería, y al coronel Ramón Larraín.

Entre sus principales clientes estaban la discoteca Eve, la planta de Vicuña Mackenna de IRT y numerosas financieras pequeñas. Para satisfacer sus compromisos comerciales, tenía a diez analistas de seguridad, todos exoficiales de Ejército.

Una de sus ventajas era ofrecer servicios de seguridad casi exactamente iguales a los que exigía la comandancia de la Guarnición Militar de Santiago.

En uno de aquellos días Contreras, con algunos tragos en el cuerpo, después de concluir una comida de camaradería con sus colaboradores de Alfa Omega, se emocionó al recordar los funerales del generalísimo Francisco Franco en 1975, a los cuales asistió acompañando a Pinochet. Narró que miles de falangistas luciendo sus camisas azules saludaron con el brazo en alto el entierro del gobernante español en el Valle de los Caídos, mientras entonaban el “Cara al Sol”, himno de la Falange que fundara José Antonio Primo de Rivera.

Contreras, con lágrimas en los ojos, comentó:

–¡Esa es la mística que necesitamos en Chile!

–¡Tómese el gobierno, mi general, nosotros lo apoyamos! –lo instó uno de sus asesores.

–¡Sí, mi general! ¡Usted sabe que hay muchos que estarán junto a usted! –se entusiasmó otro.

El general pareció reflexionar algunos segundos. Luego, respondió:

–No; mi lealtad hacia mi general Pinochet es irrestricta, pero les aseguro que voy a quitar de circulación a esos cabrones de los gremialistas.

¹ Entre ellos Jaime Guzmán Errázuriz, Gonzalo Vial, Emilio Sanfuentes, Francisco Bulnes Ripamonti, Hermógenes Pérez de Arce, Francisco Orrego Vicuña, Ricardo Rivadeneira, Orlando Sáenz, Cristián Zegers Ariztía, Ricardo Claro Valdés, Hernán Cubillos Sallato y Roberto Kelly.

² Ver Eugenio Ahumada y otros: Chile. La Memoria Prohibida; Tomo II. Santiago de Chile: Pehuén Ediciones, 1989.

³ Proceso rol N°21.485 del Segundo Juzgado del Crimen de La Granja, iniciado el 24 de mayo de 1977. Ver también Marcelo Miranda: “El Vía Crucis de un torturado”, El Periodista, 3 de diciembre de 2004.

⁴ En ese lugar se ubica hoy la piscina Antilén.

⁵ Andrea Lagos A.: “A 25 años del encuentro de Chacarillas. La noche en que nació el Pinochetismo”, Siete+7; 28 de junio de 2002. Ver también “El descenso de Chacarillas”, diario La Tercera, 30 de junio de 2002.

⁶ Las leyes N°18.314 y 18.315, del 17 de mayo de 1984, que tipificaron las conductas terroristas, facultaron a la CNI y a otras fuerzas de orden para detener previa orden del Ministerio del Interior, de los intendentes regionales, de los gobernadores provinciales o de los comandantes de guarnición, sin necesidad de una orden judicial. También se le autorizó a detener en sus propias dependencias.

⁷ A comienzos de enero de 1978 Pinochet decidió encomendarle al general Manuel Contreras una misión delicada y confidencial. El exjefe de la DINA debía viajar a Argentina y convencer al general Jorge Rafael Videla para una reunión con Pinochet. Contreras tuvo éxito y el 19 de enero ambos jefes de Estado se reunieron en el aeropuerto Plumerillo de Mendoza.

⁸ Ver Luz Arce Sandoval: “Confesiones de una agente DINA-CNI”. Declaración de Luz Arce ante la Comisión Rettig: Revista Página Abierta, Santiago de Chile, 18 de marzo de 1991.

⁹ Ver Ernesto Carmona. Morir es la noticia. Santiago de Chile: Ernesto Carmona Editor, 1998. También: El Combatiente, Periódico Oficial de la Comisión Militar del MIR, N°11, noviembre-diciembre de 1989.

¹⁰ La Segunda, viernes 20 de enero de 1978.

¹¹ “Dónde Están”. Boletín 4, enero-abril 1984; Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

¹² Michael Townley planificó un asalto a una central eléctrica en Concepción desde donde el gobierno de la UP interceptaba con un oscilador las emisiones piratas de Canal 5 de Televisión, dependiente de Canal 13 de Santiago, que dirigía el sacerdote Raúl Hasbún. En el asalto, efectuado por un comando de Patria y Libertad el 20 de marzo de 1972, encabezado por Juan Manuel Sessa y Carlos Vial, resultó muerto por asfixia el obrero José Tomás Henríquez, a quien los atacantes amarraron, le pusieron tela adhesiva en la boca y le aplicaron cloroformo. Townley y sus secuaces escaparon de la justicia viajando a Argentina.

¹³ Hijo del coronel Pedro Medina Arriaza y sobrino de Jorge Medina Arriaza, uno de los implicados en el secuestro del general René Schneider.

¹⁴ Ver Verónica Valdivia Ortiz de Zárate: El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980. Santiago de Chile: Lom ediciones, septiembre de 2003.

¹⁵ Ver Manuel Salazar: Las letras del horror. Tomo I La DINA. Santiago de Chile: Lom ediciones, 2011.

¹⁶ Ver Manuel Salazar: Contreras. La historia de un intocable. Santiago de Chile: Grijalbo-Mondadori, 1995.

¹⁷ Ver Claudio Orrego y Patricia Verdugo: Una herida abierta. Santiago de Chile: Editorial Aconcagua, marzo de 1980.

¹⁸ Ver Ernesto Videla: “Historia secreta del conflicto Chile-Argentina”, serie publicada por el diario La Segunda en seis fascículos entre el viernes 23 de julio de 2004 y el viernes 27 de agosto del mismo año.

¹⁹ Carta de Herrera Jiménez al director de la DINE fechada el 9 de noviembre de 1990.

²⁰ Blanca Arthur: “Las granadas de Contreras”, revista Ercilla, Santiago de Chile, 13 de junio de 1979.

²¹ El periodista Gabriel Figueroa publicó un completo cuadro de las empresas a las que, de una u otra forma, estaba vinculado Romero. Entre ellas aparecían: Sociedad de Turismo Costa Brava Ltda.; Caroicar y Cía. Ltda.; Sociedad Minera Pucalán Ltda.; Sociedad de Buses Flecha Verde Ltda.; Romero y Cia. Ltda.; Romero Bendex Ltda.; Masihy Alfaro y Ortega Ltda.; Romero y Diez Ltda.; Transportes Internacionales Santiago Ltda.; Metalúrgica Lamifor Ltda.; Union Trading Ltda.; Comercial Fundación Ltda.; Agrícola y Forestal La Cascada Ltda.; Compañía Nacional Metalera Ltda.; Cofema Ltda.; Minera y Mercantil Ramayana; Comercial Hual Ltda.; Somalco M.R.; Turismo Alfa Tour; Tisal Tour; Fundicol Ltda., y Comercial y Minera World. Romero aparecía, además, conectado a una red de negocios en el exterior, donde figuraban la agencia aduanera Elissalde y Poblete, y las sociedades panameñas Marbat S.A. y Ketol S.A. También había intentado conseguir la representación para Chile de las tarjetas de viaje Big Travel Club Inc., de Miami, Florida, empresa presidida por el cubano norteamericano Ray Velásquez. Entre las personas ligadas a estas sociedades –aparte de Romero, Bendek, Masihy y López Jiménez– destacaban: José Navarrete González, Miriam Bannura Babul, Abraham Jarur Puery, Manuel Ortega Pizarro, Osvaldo Huerta Pino, Alfredo Alfaro Motles, Nayo Rojas Abud, Héctor Palacios Green, Miguel Navarrete Cáceres, Carmela Hernáez Aute, Cornelio Albornoz Allende, Julio Solar Solar y Jorge Díaz Utrera. Ver revistas Hoy 151, 158 y 161, entre junio y agosto de 1980.