Kitabı oku: «Emergencia, Derecho y objetividad»

Matías Parmigiani

Emergencia, Derecho

y objetividad

Apuntes filosóficos para un futuro (menos) incierto

Prólogo de

Jordi Ferrer Beltrán

LIMA, 2022

Emergencia, Derecho y objetividad

Apuntes filosóficos para un futuro (menos) incierto

© Matías Parmigiani

Yachay Legal - Primera edición digital, marzo de 2022

Con el respaldo institucional de Cátedra de Cultura Jurídica - Universitat de Girona

ISBN EBook: 9786124880612

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú

N.° 2022-00620

©2022: Corporación Yachay SAC

Para su sello editorial YACHAY LEGAL

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Diseño de portada: Danitza M. Hidalgo Velit

Acerca de la edición impresa:

Yachay Legal, primera edición, enero de 2022

ISBN: 9786124827891

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“Ninguna situación es ni puede ser una emergencia por sí misma sino en comparación con los límites del modelo con el que se la encara”

Ricardo Guibourg

Para Lily, que es mi vida.

Y para Alfonso, que es nuestra vida.

Agradecimientos

Este libro no hubiera sido posible sin la contribución de numerosos actores e instituciones. En primer lugar, quisiera agradecer tanto a CONICET (Argentina) como a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona (España), por financiar mi estancia de investigación postdoctoral cuyos frutos recogen estas páginas. En particular agradezco a mi director histórico de CONICET, el Dr. Pablo E. Navarro, por haber tenido la generosidad de vincularme por primera vez con Girona, y al Dr. Jordi Ferrer Beltrán, por darme plena confianza para trabajar desde la Cátedra con total libertad. Durante mis años de investigación en Girona conté con la cálida compañía de las siguientes personas: D. Papayannis, C. Vázquez, P. Rapetti, S. Figueroa, S. Agüero, J. Sendra, A. Kristan, M. Chahuan, P. Haddad, M. Segatti, F. Ferraro, A. Botero, J. Baquerizo, E. Pereira, M. Taruffo (QEPD), I. Torres, C. Fernández Blanco y M. Narváez Mora. Ellas no sólo fueron importantes para acercarme material bibliográfico o ponerme al tanto de cuestiones jurídicas que personalmente desconocía, sino también para hacerme sentir en el extranjero como parte de una gran familia.

Aunque muchas de las ideas aquí vertidas vieron la luz en Girona durante los años 2014-2015, su germen ha de buscarse más atrás en el tiempo, en un seminario sobre emergencia jurídica que dirigiera el Dr. Jorge A. Barbará en el marco de la Sala de Filosofía del Derecho del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba (Argentina). Agradezco entonces no sólo a Jorge por brindarme el espacio para empezar a pensar en estos problemas, sino también a los participantes de esa Sala, entre ellos: M. D. Barbará, D. M. Miranda, C. R. Ayán y H. L. Aimar.

Tras mi estancia en Girona, he continuado desarrollando y discutiendo estas ideas en otros espacios. Una versión inicial del capítulo 1, por ejemplo, fue presentada en el Congreso Internacional sobre Justicia Intergeneracional y Cambio Climático celebrado en Córdoba en el año 2017. Mi más sincero agradecimiento a S. Truccone Borgogno por la organización del evento y a quienes con generosidad comentaron allí mi presentación, como el Prof. Alessandro Pinzani. Asimismo, muy enriquecedora ha sido para mí en estos años la experiencia de participar en el equipo de investigación presidido por M. C. Parmigiani, M. E. Gómez del Río y P. Peláez, con quienes abordamos, entre otros temas, los fundamentos de las decisiones judiciales en campos de tensión público-privado. En este espacio tuve más de una ocasión de presentar las ideas aquí plasmadas, por lo que estoy especialmente reconocido a sus miembros por la escucha atenta y los consejos oportunos. También me he beneficiado enormemente de los comentarios formulados por los revisores anónimos que evaluaron en su momento cada uno de los capítulos reunidos en este volumen, originalmente publicados como artículos en el Anuario del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales editado por la Universidad Nacional de Córdoba y en las revistas Doxa y Diritto e Questioni Pubbliche.

En el año 2017, junto a Matija Žgur, editamos en esta última revista un número especial sobre emergencia jurídica, al que titulamos “Emergency Legislation in a Globalized World”. Agradezco no sólo a Matija por su amistad y enorme compromiso académico, sino también a Marco Brigaglia por haber coordinado ese número y a todos los que contribuyeron con sus valiosos artículos, de los cuales he aprendido mucho. En los últimos tiempos he mantenido numerosas conversaciones sobre algunos de los temas aquí tratados con Jaime Rodríguez Alba, y creo que muchas de ellas se reflejan en el Post Scriptum que cierra este trabajo. Hacia él, pues, toda mi gratitud, lo mismo que hacia Paula Gastaldi, con quien recientemente escribimos un artículo sobre Derecho y educación en Argentina en el contexto de la pandemia del COVID-19, también citado en el Post Scriptum.

Por último, siempre estaré en deuda con aquellos seres queridos que a lo largo de estos años de investigación y docencia me acompañaron incondicionalmente con su aliento y comprensión. Una vez más, Lily ha sido fundamental en este proceso, pero también mis padres, hermanos, cuñados, suegros, sobrinos, colegas, amigos, tíos y primos, aunque un renglón aparte merezca en este sitio mi querida prima María Milagros: sin dudas, un verdadero ejemplo de perseverancia y vitalidad en tiempos de emergencia.

Prólogo

Suelo sufrir el síndrome de la página en blanco cuando me enfrento al inicio de un trabajo. Miro una y otra vez la impoluta pantalla de mi ordenador, como si esperara que de pronto de ella empiecen a surgir las letras y las palabras con las que tanto me cuesta arrancar. Pero si ello me sucede en cualquier tipo de escrito, la sensación es sin duda mayor cuando enfrento la tarea de escribir un prólogo. Entiendo entonces lo que una vez me dijo Riccardo Guastini: “si algo no domino en absoluto es el estilo literario de los prólogos”. Creo que una de las razones de esa incapacidad es la responsabilidad que impone escribir unas pocas páginas que antecedan a un libro valioso. Es claro que no tiene sentido prologar un libro carente de interés, de modo que el lector o lectora podrá ya presumir la opinión favorable del prologuista. Siendo así, sin embargo, uno siente el temor de escribir unas páginas que desmerezcan al libro prologado. Esta es la razón por la que Guastini me manifestó su aversión a aceptar el encargo de prologar un libro y es también la que explica mi redoblado síndrome de la página en blanco. ¡Cuánto quisiera no escribir este prólogo!

Sin embargo, algunos amigos son perseverantes. Son tan apreciados como amigos y tan tenaces en su perseverancia que al final consiguen encontrar el momento de debilidad en que uno acepta escribir el prólogo en cuestión. Habrá adivinado usted, lector o lectora, que Matías Parmigiani es un buen amigo de quien esto escribe y que entre sus virtudes (o defectos) se encuentran la capacidad de insistir, la paciencia y la autoconfianza en que logrará encontrar el momento de debilidad. Así que aquí estoy confesando y escribiendo…

Conocí a Matías a finales de 2013 cuando inició una estancia en Girona, gracias a una beca postdoctoral del CONICET para trabajar sobre seguridad jurídica en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Esa beca nos regaló a los gironins que pudiéramos disfrutar durante dos años de un excelente investigador, un estupendo compañero de trabajo y una muy buena persona. Así que lo mínimo que merece es que uno supere sus mundanos síndromes de la página en blanco.

Sin embargo, ese período de estudio en Girona no sirvió solo para cimentar amistades, sino que puede verse reflejado claramente en el objeto de este libro y en sus perspectivas de análisis. Si el valor de la seguridad jurídica equivale al de la previsibilidad de las decisiones jurídicas, la emergencia se configura como la otra cara del problema. En efecto, la emergencia es, por un lado, el factor habilitante para que las administraciones y hasta los legisladores adopten políticas y creen un derecho de excepción, que escapa por definición a la previsibilidad. Y el control de ese presupuesto habilitante por parte de los jueces y tribunales es, a su vez, tan imprescindible como peligroso, por constituir una ocasión más para la discrecionalidad y hasta la arbitrariedad. Es por esto que el estudio del derecho de emergencia y del control judicial de ese derecho, con la mirada puesta en la reducción de la discrecionalidad y la búsqueda de una objetividad no ingenua, es hoy más que nunca un elemento imprescindible para el desarrollo de la seguridad jurídica.

Es claro que los ciudadanos exigimos la reacción y la protección de los poderes públicos ante situaciones de emergencia, causadas por desastres naturales o artificiales, que ponen en riesgo lo que consideramos nuestros bienes básicos. Pero no es claro qué deba contar como emergencia ni cuáles son las políticas públicas adecuadas ante esas situaciones, lo que nos pone ante el problema de los límites del derecho y las medidas de excepción. En mi opinión, son cinco los problemas principales a abordar: 1) el propio concepto de emergencia, como presupuesto habilitante del derecho y las políticas de excepción; 2) hasta qué punto las emergencias son imprevisibles y, en función de ello, qué políticas y regulaciones son exigibles de las autoridades para prevenir las emergencias y evitar tener que recurrir al derecho de excepción; 3) qué medidas son adecuadas para reparar, paliar o responder frente a cada situación de emergencia; 4) cuál es el alcance del presupuesto habilitante de la emergencia y, por tanto, la determinación de los contornos que delimitan la respuesta legítima de las autoridades a la emergencia frente a excesos que toman simplemente a la emergencia como excusa para políticas o regulaciones que van mucho más allá de ella; y 5) cómo debería realizarse el control del propio presupuesto habilitante y de las medidas adoptadas por parte de los jueces y tribunales.

Todas esas cuestiones están lejos de ser pacíficas y suscitan una cantidad de problemas teóricos y prácticos muy considerable. Lo es ya el propio concepto de emergencia, que Parmigiani analiza de modo muy cuidadoso en el capítulo I del libro. Pero si los casos de emergencia se utilizan como presupuesto para habilitar y justificar medidas excepcionales, tanto políticas como jurídicas, la importancia de su delimitación va mucho más allá del mero análisis conceptual. Así, una de las preguntas que debemos realizarnos es hasta qué punto la emergencia resultaba imprevisible y, en consecuencia, si no era abordable desde políticas y regulaciones jurídicas preventivas que pudieran evitar el recurso a la excepcionalidad. Esa exigencia de previsión se hace evidente cuando la emergencia resulta de la propia conducta, por acción u omisión, de las autoridades (i.e., emergencias “auto-infligidas”). En ocasiones, por ejemplo, se aducen razones de emergencia para escapar de las previsiones legales sobre la adjudicación de obras públicas, facilitando así la corrupción, cuando la propia emergencia ha sido causada por la dejadez de las autoridades al no adjudicar las obras con tiempo suficiente. En otras ocasiones, como destaca Parmigiani en el capítulo IV, aunque la emergencia resulte de un desastre natural ajeno a la voluntad de quien gobierna, es perfectamente cuestionable si el desastre era realmente evitable y si se podía prevenir con políticas públicas, infraestructuras o regulaciones. Los casos de las infraestructuras que pudieran evitar grandes inundaciones, las políticas de cuidado y regulación ambiental que pudieran prevenir pavorosos incendios o las limitaciones al desarrollo urbanístico descontrolado son claros ejemplos de ello. Y ante estas situaciones cabe preguntarse en qué medida las mismas autoridades que omitieron actuar preventivamente en las políticas y el derecho “de normalidad” pueden aprovechar de la emergencia para llevar adelante políticas y regulaciones “de excepción”.

Una vez producida la emergencia, el legítimo reclamo de la ciudadanía o de los afectados será la actuación urgente de los poderes públicos. Aquí resultará de interés identificar con objetividad los efectos ya acaecidos o previstos de la emergencia, así como sus causas y qué medidas pueden llevarse a cabo para intervenir causalmente o para reparar los daños. No es extraño que, en ocasión de la emergencia, las autoridades actúen de forma inadecuada, porque las medidas adoptadas sean incapaces de evitar los daños o de repararlos, o que intervengan de forma excesiva, porque aprovechen la emergencia para adoptar políticas o regulaciones de excepción que poco tengan que ver con la emergencia misma.

Todo ello, claro está, debe estar sometido al control judicial, especialmente cuando de un modo u otro se afectan derechos subjetivos, fundamentales o no. Y aquí aparece de nuevo el problema de los límites de ese control, que se bifurca en dos escollos fundamentales: por un lado, evitar en el razonamiento judicial el objetivismo ingenuo que perfectamente identifica Parmigiani y, por otro, evitar también el abuso de la posición de control y la adopción de decisiones para las que la judicatura no está situada en la mejor posición epistémica. Un buen ejemplo de esto último lo hemos visto en estos meses de pandemia en España, con un reguero de decisiones judiciales en las que Jueces y Tribunales se han pronunciado de todas las maneras posibles sobre las medidas preventivas frente a la pandemia adoptadas por instituciones administrativas. ¿Cuál es la competencia sustantiva en epidemiología de los juzgadores para evaluar la efectividad prevista o la necesidad de concretas medidas pensadas para disminuir el índice de contagios del covid-19? ¿Sobre qué base adoptan esas decisiones, muchas veces de sentidos totalmente opuestos unas a las otras? El peligro de arbitrariedad legislativa o administrativa se torna aquí en peligro de arbitrariedad judicial, con las consiguientes consecuencias de hacer inefectivas las medidas contra la emergencia y de hacer imprevisible la regulación jurídica resultante del control judicial.

Todos estos problemas tienen aristas que deben ser analizadas desde perspectivas distintas (morales, epistemológicas, políticas y jurídicas). Y a todas ellas se enfrenta Matías Parmigiani en este corto pero profundo libro. Un trabajo que resulta imprescindible, especialmente en tiempos convulsos como los que estamos viviendo, y que estoy seguro que los lectores apreciarán por su calidad y rigor.

Jordi Ferrer Beltrán

Girona, octubre de 2021

Introducción

¿Problemas globales y soluciones locales?

“Esto es solo el principio”, se tituló el artículo de Guillermo Cid sobre los incendios en Australia, publicado el 9 de enero último en El Confidencial (cf. Cid, ٢٠٢٠). Como sabemos, la situación que atravesara el país oceánico a inicios del ٢٠٢٠ fue desesperante. Más de tres meses de fuego dejaron como saldo negativo numerosas víctimas fatales, unas ٢.٠٠٠ propiedades destruidas, cientos de animales afectados (algunas especies en peligro cierto de extinción) y un ambiente prácticamente irrespirable, al punto de que el humo que cubriera las principales ciudades del país, como Sidney o Melbourne, con el correr de los días empezó a sobrevolar la superficie de regiones tan remotas como Chile o Argentina, situadas en el otro extremo del globo terráqueo.

En su artículo, Cid reflexiona sobre las causas de este fenómeno. Apoyándose en datos aportados por Fernando Valladares, profesor e investigador del CSIC y miembro de la Fundación Gadea Ciencia, Cid señala dos factores que pueden parecer tan triviales como predecibles: las sequías y las altas temperaturas. Detrás de estos factores, sin embargo, se encuentra una causa común: el cambio climático a nivel mundial, cuyos efectos concretos ya no pueden soslayarse por más tiempo.

El diagnóstico, desde luego, no es novedoso. Por lo menos desde la década de 1970, poseemos un conocimiento científicamente riguroso de los efectos amenazantes que el uso de clorofluocarbonos (CFC) produce sobre la capa de ozono (cf. Singer, 2003: 27). En el año 2001, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o IPCC presentó el Tercer Informe de Evaluación, en cuya elaboración participaron numerosos autores y expertos de distintas partes del mundo (cf. ibíd.: 28). Los datos recabados en ese entonces ya eran escalofriantes. Lo que revela el informe, tal como relata Singer, es que la década de 1990 había sido la más calurosa y “1998 el año más caluroso en los 140 años para los que se han conservado datos meteorológicos”; que el nivel del mar había aumentado “entre 10 y 20 centímetros a lo largo del pasado siglo”; y que, “desde la década de 1960, la capa de hielo y nieve” había “disminuido en un 10 %” (ibíd.). El problema es que todos estos datos, por no mencionar el “incremento sin precedentes en la concentración de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno en la atmósfera, producido por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y (en el caso del metano) la producción ganadera y arrocera” (ibíd.), han ido empeorando en las últimas dos décadas.1

Lo que está ocurriendo en Australia, pero también en otras partes del mundo, como California, la selva amazónica o incluso las sierras de Córdoba, es sólo una muestra de los efectos que produce el calentamiento global, agravado por algunos factores de incidencia local, como la complicidad de algunos gobiernos en materia de desmonte, deforestación, desarrollo urbanístico no sustentable y falta de inversión adecuada en infraestructura y prevención. Con el calentamiento global no sólo aumentan los riesgos de incendio, sino también de inundaciones, al variar drásticamente el régimen de lluvias. Las evidencias al respecto también son globales y elocuentes, según consta en numerosos documentos e informes.2 Hay, por cierto, otros fenómenos igualmente preocupantes, como la reaparición de viejas epidemias, la aparición de otras nuevas o las crisis migratorias que algunos de estos fenómenos generan, las cuales también poseen un impacto global.3

Ante un panorama así de sombrío, y previendo un futuro no menos desolador, se impone una sola pregunta: ¿qué hacer? Algunas directivas sobre cómo afrontar estos tipos de fenómenos vienen siendo propuestas desde hace décadas por distintas comisiones, instituciones y especialistas. Sin dudas, el Protocolo de Kioto de 1997 significó un hito en este sentido, no sólo por el grado de consenso alcanzado en torno a qué hacer, sino por los exigentes compromisos que fijó en materia de “reducción o limitación de emisiones de gases causantes del efecto invernadero en 2012 para 39 naciones desarrolladas” (Singer, 2003: 35). El camino transitado desde entonces, sin embargo, ha sido difícil. En el año 2001, Estados Unidos abandonó el Protocolo, siendo la principal potencia generadora de gases de efecto invernadero. Pero, así como ha habido retrocesos, también cabe constatar algunos avances. El Acuerdo de Copenhague (2009), que volvió a incluir a los Estados Unidos, como así también la Cumbre de Clima de Varsovia (2013) o la Cumbre de Clima de París (2015), en la cual se celebró un acuerdo histórico que volvió a comprometer a las naciones desarrolladas a implementar las medidas y los recursos necesarios para reducir la temperatura global del planeta, permiten contar con una hoja de ruta bastante más certera y esperanzadora. Hoy, pues, el problema principal ya no sería el de ‘qué hacer’, sino el de visualizar qué herramientas resultan más efectivas para lograr que los principales actores a nivel mundial finalmente cumplan los compromisos asumidos. En este plano, tanto la política como el derecho internacional están llamados a asumir un rol clave.

Todo esto, por cierto, resume en líneas muy gruesas el creciente nivel de concientización que hemos alcanzado en torno a un fenómeno cuyo tratamiento resulta impostergable. Pero también es verdad que las consecuencias de este fenómeno ya son visibles en varias regiones del planeta, habiéndose vuelto muchas de ellas tan inevitables como irreversibles. En algunos casos, como el de Australia, la magnitud del daño producido por el calentamiento global es tan grande que su mitigación probablemente exceda con creces la capacidad de dicho país para hacerle frente. Si tomamos en cuenta que Australia representa una de las potencias que más contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero, habrá quienes sugieran tratar su caso bajo el famoso apotegma: «el que las hace, las paga». Sin embargo, obrar de esta manera no sólo dejaría sin solución a algunas regiones del planeta que sufren consecuencias similares a las de Australia sin haber contribuido en la misma medida a generarlas, sino que implicaría desconocer el impacto que estas mismas consecuencias, a su vez, producen en otros países y regiones. Como lo puso cristalinamente Ulrich Beck al referirse a “la globalización de los riesgos civilizatorios”:

A la producción industrial le acompaña un universalismo de los peligros, independientemente de los lugares de su producción: las cadenas de alimentos conectan en la práctica a todos los habitantes de la Tierra. Atraviesan las fronteras. El contenido en ácidos del aire no ataca sólo a las esculturas y a los tesoros artísticos, sino que ha disuelto ya desde hace tiempo las barreras aduaneras modernas. También en Canadá los lagos tienen mucho ácido, también en las cumbres de Escandinavia se mueren los bosques (Beck, 1998: 42).

Por eso, hay dos cuestiones que deberíamos diferenciar con mucho cuidado. Por una parte, está la cuestión de cómo distribuir los costos entre los causantes de cierto fenómeno, la cual ciertamente plantea obstáculos prácticos de gran envergadura, en especial debido a la reticencia que siguen exhibiendo muchas potencias a asumir las responsabilidades que les competen y a la dificultad de establecer sanciones realmente efectivas por parte de la comunidad internacional. Pero, por otra parte, está la cuestión de cómo comportarnos en el mientras tanto frente a algunos hechos que tienen incidencia directa en nuestras comunidades, es decir: en la medida en que las soluciones a la primera cuestión sigan postergándose en el tiempo. En todo caso, el carácter global o heredado de un fenómeno no tiene por qué implicar que no haya nada que pueda hacerse a nivel local para combatir o mitigar su impacto.

A fin de ilustrar de manera más clara lo que quiero decir, considérese un ejemplo del ámbito local. En el año 2015, se sucedieron en la Provincia de Córdoba una serie de inundaciones que dejaron un saldo de siete muertos y más de 1500 viviendas dañadas.4 Es claro que las extensas precipitaciones en breves períodos de tiempo configuran un paisaje cuya constatación resulta cada vez más frecuente en distintas partes del mundo y en la que el calentamiento global sin dudas juega su parte. No obstante, como sostienen los especialistas, la incidencia de las lluvias no habría sido la misma si algunas medidas preventivas se hubieran tomado a tiempo, especialmente en lo que atañe a la realización de obras hídricas, así como al control del desmonte y la desforestación. Hace mucho que en la Provincia de Córdoba se discute la necesidad de reformar Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley N° 9814) actualmente vigente. La reforma de esta ley no sólo parece necesaria para que la Provincia finalmente se adecúe a la Ley Nacional 26.331, sino también para evitar que Córdoba continúe figurando entre las regiones líderes del planeta en materia de deforestación: entre 1998 y 2006, la tasa de deforestación fue ni más ni menos que del 2,5 al 2,9 por ciento anual (cf. Groshaus, 2015). En consecuencia, ¿no resulta evidente que la naturaleza global de un problema no tiene por qué comportarse como un impedimento insuperable para el surgimiento de soluciones locales perfectamente capaces de hacerle frente?

El caso de Córdoba, como así también el de otras provincias argentinas, resulta además una excelente ilustración de lo mucho que pueden incidir la política y el derecho a la hora garantizar un mundo mejor. Lamentablemente, la ilustración aquí opera en sentido negativo, pues lo que estos casos exhiben son justamente los problemas que plantean algunas malas decisiones. Por ejemplo, para volver a situarnos en la Provincia de Córdoba, considérense ahora las inundaciones que se produjeron durante el verano de 2017, las que llevaron a la Comisión de Emergencia Agropecuaria a declarar en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a zonas de 23 cuencas hidrogeológicas.5 Como producto de esta declaración, muchos productores rurales recibieron subsidios y exenciones impositivas tendientes a amortiguar el costo de las pérdidas ocasionadas por la lluvia. Sin embargo, lo que las evidencias muestran es que el monocultivo que en los últimos años ha venido a reemplazar al bosque nativo, al neutralizar la capacidad de absorción del suelo, se encuentra entre las principales causas de las pérdidas ocasionadas (cf. Vettorello et al., 2017). La actuación de la Comisión, pues, despierta algunas inquietudes. Por lo pronto, ¿por qué razón hubo de conceder beneficios impositivos a quienes, según parece, fueron los principales responsables del problema en ciernes?

Una respuesta tentativa es que estas medidas tuvieron que tomarse en virtud de que la población de productores fue la principal afectada. Sin embargo, ¿fue la única? Más aún, ¿cómo se define el universo de potenciales afectados? Por caso, entre los actores convocados por la Comisión para analizar la situación aparecen legisladores departamentales, entidades rurales, representantes de organismos como el INTA y del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Bolsa de Cereales de Córdoba. ¿Pero qué hay del ciudadano común que ha visto desaparecer extensas superficies de bosque nativo sin recibir nada a cambio? Los subsidios y demás concesiones impositivas que se otorgan como fruto de una declaración de emergencia surgen de las arcas del Estado, a la cual aportamos todos los contribuyentes. Por ende, ¿no hubiera correspondido que al ciudadano común también se lo convocara a sentarse en la mesa? ¿Y qué hay de la propia desaparición del bosque nativo? ¿No ameritaría ella misma una auténtica declaración de emergencia ambiental?

Aunque los capítulos que integran el presente volumen no pretenden reflexionar directamente sobre la situación ambiental de la Provincia de Córdoba, sí procuran abordar preguntas de un tenor semejante, relacionadas con el modo en que algunas de las principales instituciones iberoamericanas han tendido a encarar algunos hechos de fuerza mayor, sean de origen estrictamente natural o artificial. En rigor, su objeto de interés estriba en la dimensión valorativa que rodea a las emergencias y, en particular, en el valor de la objetividad que debería honrar cualquier intervención sobre la realidad social que se presuma efectiva. Este valor, según se comprobará, cobra una relevancia central en cualquiera de los siguientes planos de análisis: el moral, por supuesto, pero también el epistemológico, el político y el jurídico. Cada uno de estos planos recibirá una atención eminente a lo largo de las siguientes páginas, en las que intentaré explorar qué presupuestos, concepciones, puntos de vista, valoraciones, propósitos e intereses se plasman en el discurso justificatorio que acompaña a ciertas intervenciones institucionales. La intención de proceder así, como se adivinará, es fundamentalmente crítica, aunque el objetivo más ambicioso de este trabajo consiste en develar si no es el propio valor de la objetividad el que ofrece la mejor alternativa para controlar los grados de discrecionalidad y arbitrariedad que ya nos hemos habituado a constatar en las actuaciones de la clase política. Con ese fin, no sólo será necesario analizar qué se ha dicho desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial sobre la materia, sino también qué puede aportar la filosofía para comprender y, en última instancia, revisar lo que a veces no alcanza a observarse a simple vista.

Las razones por las cuales aquí se ha elegido el valor de la objetividad son diversas y, en más de un sentido, difíciles de articular, aunque creo que la razón principal responde a una intuición que fue gestándose entre los años 2014 y 2018, precisamente los años en los que se desarrollaron las investigaciones cuyos frutos recoge este volumen. En sus inicios, la intuición surgió como una reacción a lo que, como veremos más adelante (cf. infra, capítulo II, sec. §3 y capítulo III, sec. §3), González Lagier denomina ‘objetivismo ingenuo’ en ciencias sociales, el cual se plasma en numerosos fallos judiciales tendientes a revisar las actuaciones del poder político a la hora de declarar una emergencia o, como sucede en Argentina, respaldar un decreto de necesidad y urgencia. Según esta forma de objetivismo, habría ciertos hechos ofrecidos por la realidad a los que todos tendríamos acceso de manera fiel, transparente o no problemática, esos mismos hechos cuyo desconocimiento simplemente provocaría que cualquier intento de apelar al instituto de la emergencia carezca de sustento. Por supuesto, lo que mi intuición indica es que esta aproximación a los hechos y, con ella, a las emergencias, resulta profundamente equivocada.

Sin embargo, con el desarrollo de mis investigaciones no sólo se fueron haciendo cada vez más evidentes los motivos de esta equivocación, sino también los que explican otra equivocación de envergadura equivalente a la anterior, en este caso atribuible a un conjunto de perspectivas a las que bien cabría concebir ni más ni menos que como la contracara de aquel objetivismo ingenuo. Como veremos especialmente en los capítulos I y IV de este trabajo, tales serían las perspectivas que en cierta medida adoptan autores como Posner, Troper, Tusseau o Marazzita, y en las que cabe detectar la influencia de algunas corrientes filosóficas no siempre conciliables, como el decisionismo schmittiano, el contractualismo hobbesiano, el perspectivismo nietzscheano, el realismo jurídico italiano, el neopragmatismo rortiano, ciertas formas de constructivismo social y hasta el deconstruccionismo francés. Más allá de esta pluralidad de fuentes inspiradoras, hay algo que todas ellas parecen compartir y que podría resumirse en la convicción de que la verdad y, junto con ella, la objetividad, tan sólo representarían una manifestación de la voluntad de poder de ciertos actores. Por ese motivo, simplemente no habría espacio para un ‘control objetivo’ de las emergencias, o al menos no para uno que no se reduzca en última instancia al intento de reemplazar una perspectiva subjetiva por otra perspectiva no menos subjetiva —y, por ende, no menos arbitraria— que la primera. Para estos planteos, pues, la única clave estribaría en determinar quién detenta el poder. Una vez más, mi intuición es que ver las cosas de esta manera conlleva un grave error, pues la objetividad no sólo no es un ‘mito’, como creen algunos autores (cf. Najmanovich, 2016), sino que, correctamente entendida, permitiría hallar un refugio seguro desde el cual protegernos de la arbitrariedad de los poderes del Estado, sin que esto nos haga caer en una suerte de elitismo epistémico antidemocrático.

Como he dicho, los capítulos que recoge este volumen se gestaron entre los años 2014 y 2018. Todos ellos fueron publicados en su momento como artículos en diversas revistas jurídicas del medio local e internacional, si bien las versiones aquí contenidas difieren de las versiones originales. Tal es el caso, sin ir más lejos, del texto que conforma el Capítulo I, escrito inicialmente en inglés. En este capítulo, tal como se infiere de su título, intento realizar una aproximación uniforme a las emergencias y los desastres naturales, no porque entre estos fenómenos no haya diferencias ontológicas significativas —oportunamente, veremos que muchas emergencias poseen un componente sociocultural que no se encuentra presente en los desastres—, sino porque ninguna de estas diferencias sería estrictamente relevante para una evaluación objetiva de su ocurrencia. Aunque el capítulo haya sido el último en redactarse desde el punto de vista cronológico, la razón por la cual aquí encabeza este trabajo responde al carácter general de su contenido. Como comprobará el lector, puesto que allí es donde exploro con mayor detenimiento la noción de ‘objetividad’, será allí adonde deberá acudirse a fin de ampliar algunos de los principales supuestos filosóficos que se constaten en los capítulos siguientes. En este primer capítulo, además, defiendo un enfoque constructivista en materia moral fundado en la noción de ‘bienestar’, adoptando un compromiso que profundizaré en la última parte del Capítulo II, pero que también se hará evidente en etapas posteriores del trabajo.

A diferencia del Capítulo I, que posee una impronta generalista y marcadamente epistemológica, los capítulos restantes, comenzando por el Capítulo II, se abocan de lleno a analizar el modo como las principales instituciones políticas y jurídicas de Iberoamérica han lidiado con el instituto de la emergencia. Desde luego, su objeto de interés central viene dado por las actuaciones del Poder Judicial iberoamericano, fundamentalmente de Argentina, Colombia y España. Sin embargo, puesto que no es posible comprender dichas actuaciones sino como reacciones a lo que hace o deja de hacer el poder político, mucho de lo que diga en un plano de análisis (i.e. el jurisdiccional) irá inextricablemente ligado a lo que diga en los otros (i.e. el político y/o legislativo).

El Capítulo II, pues, pretende hacer explícitos dos presupuestos doctrinarios que colorearían las actuaciones del Poder Judicial a la hora de controlar la legislación de emergencia, para luego reflexionar sobre los compromisos valorativos que necesariamente tiñen el ejercicio de dicho poder y las implicancias políticas que esto genera. Es en este capítulo en el que intento tomar distancia del objetivismo ingenuo antes referido, el cual se vería reflejado en varios fallos judiciales.

En el Capítulo III, por su parte, ahondo en los mismos compromisos e implicancias tratados en el Capítulo II, pero ya no con la vista puesta en criticar al Poder Judicial, sino en evitar caer en el extremo opuesto, lindante en un decisionismo schmittiano condescendiente con el poder político. Con ese fin, exploro allí una serie de fórmulas tendientes a capturar lo distintivo de las situaciones de emergencia y expreso por qué ninguna de ellas estaría exenta de dificultades.

Y en el Capítulo IV, finalmente, tras repasar el diagnóstico efectuado, postulo una fórmula inspirada en un fallo del Tribunal Constitucional de España que, a mi modo de ver, estaría en condiciones de capturar qué son objetivamente las emergencias, sin incurrir en los errores a los que nos conducen las otras aproximaciones filosóficas. En comparación con el resto de los capítulos que integran el presente trabajo, sin dudas que este se trata del capítulo más propositivo. Por supuesto, la solución a la que arribo puede que carezca del carácter taxativo que muchos quisieran ver reflejado en un trabajo de pretensiones prácticas. Sin embargo, no puede perderse de vista que, como casi siempre ocurre en los terrenos de la política, la moral y el derecho, no hay recetas mágicas ni salidas definitivas (cf. Dworkin, 2017: cap. 7). A pesar de todo, confío en que la solución propuesta tenga al menos el mérito de alentar un debate que apunte reducir, hasta donde sea posible, la incertidumbre del futuro que se avecina.

1 Al respecto, véase Summary for Policymakers (Special Report: Global Warming of 1.5°C), el informe del año ٢٠١٨ elaborado por el IPCC, recuperado el ١٢ de febrero de https://www.ipcc.ch/sr١٥/chapter/spm/.

2 Una lista detallada de las inundaciones que tuvieron lugar en Norteamérica puede obtenerse del siguiente sitio: http://floodlist.com/america/usa; sobre las inundaciones y causas de las mismas en Latinoamérica, véase en especial Gascón, 2005.

3 En el Post Scriptum de este trabajo aludo al desafío que actualmente plantea para el derecho y la política la epidemia mundial generada por el Covid-19, un virus que tiene otros antecedentes históricos. Dos de ellos son, por caso, el SARS que hacia el año 2002 azotara a la provincia china de Cantón, o el MERS-Cov, detectado en el año 2012.

4 Al respecto, véase “Las inundaciones en Córdoba se deben a la deforestación y a la pésima administración ambiental, según especialistas”, Télam, recuperado el 14 de 2020, de https://www.telam.com.ar/notas/201502/95434-las-inundaciones-en-cordoba-se-deben-a-la-deforestacion-y-pesima-administracion-ambiental-segun-especialistas.html).

5 Al respecto, véase “Inundaciones: la mitad de Córdoba será declarada en emergencia”, La Voz del Interior, recuperado el 14 de febrero de 2020, de http://agrovoz.lavoz.com.ar/clima/inundaciones-la-mitad-de-cordoba-sera-declarada-en-emergencia.

Capítulo I

¿Qué significa ser objetivo?

Delineando una aproximación objetiva a las emergencias y los desastres naturales

¿Qué significa la noción de ‘emergencia’? Durante muchos años, la doctrina jurídica se esforzó en alcanzar una definición uniforme de la misma. El desafío tenía sentido. Como se infiere de algunos estudios empíricos, “la referencia abusiva a la emergencia como un pretexto para librar una batalla política de manera ilegal, así como para introducir modificaciones permanentes en la legislación sin respetar los procedimientos legalmente instituidos”, para citar a G. Tusseau, constituye un hecho reconocido incluso en sistemas constitucionales que contienen normas explícitas para regular lo que puede hacerse cuando se desencadenan circunstancias imprevistas (Tusseau, 2011: 500; cf. Camp Keith, Poe, 2004).6 En consecuencia, suponiendo que estemos comprometidos con los principios del Estado de Derecho y creamos en la existencia de mecanismos para controlar lo que hacen las autoridades políticas, es razonable pensar que una de las maneras más efectivas de hacerlo será contar con una definición de emergencia con los grados suficientes de uniformidad y precisión que la semántica respalde. Desafortunadamente, vistos en retrospectiva, tales esfuerzos han demostrado ser inútiles. Las emergencias, al menos en un sentido, justamente son “situaciones imprevistas” (Guibourg, 2003), por lo que parece más bien paradójico exigir por adelantado una definición de algo que nadie sabe muy bien cómo lucirá en el futuro.

A diferencia de la noción de ‘emergencia’, parecería que la noción de ‘desastre natural’ se presta menos a la manipulación política. Más aún, los enunciados sobre desastres naturales reclamarían un tipo de objetividad que no parece estar presente en muchos enunciados sobre situaciones de emergencia, excepto cuando esas situaciones constituyen el correlato de desastres naturales. Sin ir más lejos, comparemos eventos tales como terremotos o inundaciones, por un lado, con eventos como recesiones económicas o crisis de seguridad, por el otro. Mientras los eventos de la primera tipología generalmente concitan un acuerdo unánime sobre su ocurrencia, los eventos de la segunda tipología tienden a generar disputas interminables y puntos de vista irreconciliables. ¿Por qué sucede esto? ¿Será acaso porque los enunciados sobre desastres naturales, en contraposición a los enunciados sobre emergencias, se encuentran libres de valoraciones subjetivas? ¿O será porque los desastres poseen una dimensión ontológica que simplemente está ausente en las emergencias?

Muchas personas temen que, si este fuera el caso, la legislación de emergencia se volvería incontrolable, pues la referencia objetiva constituye el único antídoto en contra de la arbitrariedad política (Pampou-Tchivounda, 1983; Jestaz, 1968). Tanto en el presente capítulo como en los siguientes, sin embargo, intentaré despejar ese temor. Apelando a terminología de Searle (1997), argumentaré que incluso si pudiéramos asegurar para los desastres el tipo de objetividad ontológica que algunos les han adjudicado, esa misma objetividad ontológica que estaría ausente en las emergencias, nada de eso garantizaría que hayamos de contar con toda la objetividad necesaria para justificar decisiones políticas e innovaciones jurídicas. Junto a la objetividad ontológica a la que alude Searle, se ubican otras clases de objetividad, y muchas de ellas no sólo son necesarias, sino también suficientes, para arribar a decisiones justificadas que permitan enfrentar cualquier tipo de problema, sea un desastre natural o una emergencia pública. Por esa misma razón, a lo largo de este capítulo, la distinción conceptual entre emergencias y desastres, suponiendo que realmente exista, frecuentemente será minimizada.7

He aquí un esquema general del recorrido que seguiré en las próximas páginas. En la sección §1, ofreceré una caracterización general de la objetividad en relación a nuestras representaciones, concentrándome en uno de sus aspectos salientes, a saber: la precisión o exactitud. La elección de este aspecto es en cierto modo arbitraria, pero ella responde al único propósito de permitirnos entender de qué forma la objetividad suele ser aludida en los contextos prácticos. En la sección §2, me centro en la conexión que se constata entre la objetividad y nuestro universo de valores y propósitos, dada la importancia que esta cuestión ocupa en el ámbito de la filosofía práctica. En las secciones §3 y §4, seguramente las más importantes del capítulo, lidio con el problema de la objetividad en la justificación política y el razonamiento jurídico a la hora de evaluar la naturaleza real de las emergencias y los desastres naturales, entre otros tipos de fenómenos. Con ese fin, invoco una concepción constructivista del bienestar humano inspirado en autores como N. Rescher y J. Rawls. Y finalmente, en la última sección (§5), reflexiono sobre por qué hay razones para creer que los enfoques de inspiración schmittiana a las emergencias, muy en boga en la actualidad, deben gran parte de su atractivo a una negativa a ver todo lo que podría estar implicado cuando aludimos a la objetividad en los planos de la moralidad pública, el derecho y la política.

§1. Objetividad y discurso objetivo: hechos, representaciones y puntos de vista

“La noción de ‘objetividad’ —supo decir Gareth Evans— surge como resultado de concebir una situación en la cual un sujeto tiene una experiencia que involucra una dualidad: por una parte, está aquello sobre lo cual versa la experiencia (una parte del mundo) y, por otra, está la propia experiencia de eso (un evento en la biografía del sujeto)” (Evans, 1985: 277). Como un marco general para lidiar con la objetividad, la reflexión de Evans captura una verdad básica que cualquier enfoque haría bien en reconocer: la noción de objetividad involucra una dualidad, pues no puede funcionar sin apelar a la noción de subjetividad, como sea estas nociones se definan. No obstante, en tanto marco general, la reflexión resulta demasiado específica para llegar a proporcionar todos los elementos necesarios. Más aún, también parece inadecuada para proporcionar siquiera lo que podríamos denominar los fundamentos básicos de la objetividad. Por lo pronto, porque ella se centra principalmente en la distinción ontológica entre aquello que existe de cualquier modo [“that which is there anyway”] (Williams, 1997: 178) y aquello que no se puede concebir a menos que algún ser humano lo piense o lo perciba. Pero todos sabemos que la ‘objetividad’ comporta al menos otra distinción importante, a saber: aquella que separa a los objetos, eventos, propiedades o cuestiones de hecho cuyo conocimiento puede ser asegurado con independencia de algunas de nuestras características particulares o subjetivas, de los objetos, eventos, propiedades o cuestiones de hecho para cuyo conocimiento se requiere algo más específicamente subjetivo o relativo a nuestra propia identidad idiosincrásica (cf. Searle, 1997). Es en virtud de esta última distinción epistemológica que solemos considerar a los colores como objetivos y no, en cambio, al ‘sentido de humillación provocado por el trato de X’, aunque los colores puedan ser, según sostienen algunos autores, entidades ontológicamente subjetivas (Stroud, 1999: cap. 4). Sin incluir esta dimensión en la pintura final, cualquier aproximación a la ‘objetividad’ distará de resultar completa.

Hasta aquí, la objetividad ha demostrado poseer tanto una dimensión ontológica como una dimensión epistémica. ¿Pero qué sucede en relación con nuestro discurso? En el lenguaje de todos los días, la gente alude a lo que otros dicen recurriendo a términos como ‘objetivo’ y ‘subjetivo’. Así, por ejemplo, cuando llueve copiosamente y Pedro afirma (1) “afuera se cae el cielo”, Mario, su interlocutor, puede aceptar esta manera de hablar como objetiva, a pesar de su apariencia metafórica. Por el contrario, si Pedro intenta referirse al mismo hecho mediante el enunciado (2) “llueve como cuando era niño”, difícilmente Mario esté en condiciones de interpretar su afirmación en la misma liza. Debe notarse que cuando las personas eligen hablar del modo ejemplificado por (1), el éxito comunicativo casi nunca se explica por el significado literal de los términos empleados, como si ellos detentaran una suerte de poder misterioso para ponernos en conexión con los hechos (Pettit, 1991). Los enunciados cumplen sus roles dependiendo del contexto más amplio en el que tienen lugar, y no, en cambio, de los supuestos significados literales proporcionados por sus términos. Por eso, si (1) cumple un rol descriptivo y, por esa razón, se lo considera más objetivo que (2), eso no puede suceder porque (1) nos conecte con los hechos de un modo en que (2) no sea capaz de hacerlo. Pues, de hecho, (2) se muestra en perfecta forma para cumplir este fin: si asumimos, por un lado, que los recuerdos de Pedro son reales, los que incluyen representaciones de lluvias de cierta intensidad, y, por el otro, que Mario tiene acceso a estos recuerdos, el enunciado (2) lo tendrá todo. Sin embargo, el modo en que (2) nos conecta con los hechos parece al menos más indirecto que el modo en que (1) lo hace. Para expresarlo toscamente, ¿por cuántas experiencias diferentes deberíamos transitar antes de caer en la cuenta de que los recuerdos que tiene Pedro de ciertas tormentas se parecen exactamente a la tormenta que tanto él como Mario están experimentando? Seguramente que la validación de un enunciado como (1) no exige de nuestra parte un rodeo tan exhaustivo.

Es habitual que el discurso objetivo sea caracterizado por su nivel de exactitud o precisión (Potter, 1998; Williams, 2002).8 En este sentido, un enunciado como (3) “se ha producido un terremoto que causó un considerable número de víctimas y daños” luce, a priori, menos exacto que un enunciado que expresa que (4) “se ha producido un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter que causó 125 víctimas y la destrucción de edificios”. Por supuesto, si (4) fuera falso (i.e. el número de víctimas ascendiera a 80) y (3) fuera verdadero, (3) podría resultar para muchos más objetivo que (4). No obstante, sería un error caracterizar a (4) como subjetivo. Un enunciado falso falla en tener un referente; un enunciado subjetivo no lo hace. Todavía más, dado que (4) es falso, un enunciado semejante ni siquiera logra posicionarse como un candidato para un enunciado exacto en términos generales. Por la misma razón, dado que un enunciado verdadero es verdadero en virtud de su referencia, el mismo puede ser objetivo o subjetivo. Los enunciados ‘exactos’, ‘menos exactos’ o ‘inexactos’, pues, constituyen variantes posibles dentro del discurso verdadero, cuya propiedad viene determinada por los valores e intereses que nos gobiernan en un determinado contexto discursivo.

Por lo general, la exactitud se postula como una dimensión distintiva del discurso objetivo, en virtud de su enorme potencial para evaluar el grado de correspondencia que se da entre nuestros enunciados y los hechos. Los enunciados inexactos o cargados de vaguedad son mucho más difíciles de aceptar que los enunciados exactos y precisos, por la sola razón de que ellos dificultan el seguimiento de los hechos. La jurisprudencia ofrece numerosos ejemplos en este sentido. En España, como volveremos a corroborarlo en los capítulos que siguen, el Tribunal Constitucional rechazó un decreto de emergencia aprobado por la Legislatura en razón de que su preámbulo justificatorio contenía “fórmulas rituales de marcada abstracción y, por ello, de prácticamente imposible control constitucional”, como la referencia a la “cambiante situación de la economía internacional” o a la presencia de “nuevas oportunidades más variadas que… en etapas anteriores” (STC 68/2007, de 28 de mayo, FJ 10). Como veremos oportunamente, la posición del Tribunal español brinda un antecedente sumamente valioso para ensayar una fórmula evaluativa que incorpore el requisito de precisión entre sus características salientes (cf. infra, capítulo IV, sec. §5). De todas formas, por el momento, lo que quisiera hacer es explorar un asunto que está estrechamente emparentado con las cuestiones de la exactitud y la objetividad.

Al poner en jaque los enunciados descriptivos aludidos en el decreto legislativo, al Tribunal Constitucional español no se rehusó a considerar la naturaleza propositiva de la exactitud. Por el contrario, hizo precisamente eso, como lo revelan sus constantes referencias a lo largo del documento a los objetivos y necesidades entrevistas por los legisladores (STC 68/2007). Por eso, en opinión del Tribunal, la exactitud debe ser interpretada en estrecha relación con el universo práctico de necesidades, valores, objetivos e intereses. Sin embargo, parecería que hay al menos una manera alternativa para entender la exactitud, y, con ella, quizá también la objetividad. ¿Qué sucedería si los enunciados son concebidos no ya por su referencia a hechos que están allí afuera (sin importar lo que esto significa), sino como expresiones sinceras de representaciones empíricas que tienen lugar en nuestras mentes? ¿A dónde nos llevaría esto?

Como sabemos, las representaciones perceptivas en particular deben gran parte de su contenido a la perspectiva adoptada por su portador, tal como el grado de proximidad en el que se sitúe con relación a un evento determinado (cf. Moore, 1997: 9). De este modo, el enunciado (5) “hay una multitud marchando hacia el congreso”, formulado por un individuo que observa el fenómeno a 2 km de distancia y situado a la misma altura que la multitud observada (llamémoslo agente A), parece menos exacto que el enunciado (6) “a lo sumo hay 10.000 personas marchando hacia el congreso”, formulado por alguien que observa el fenómeno desde una distancia más corta y situado en la cima de un edificio céntrico (llamémoslo agente B). Si (5) es todo lo que la representación del agente A lo autoriza a decir, entonces (5) será todo lo exacto que puede ser juzgado desde su perspectiva. Mutatis mutandis, lo mismo puede decirse en referencia a (6). Tomado en sí mismo, ningún enunciado puede considerarse más exacto que el otro. Pero ahora supóngase que el agente C, situado al lado del agente B, debe decidir cuál de los dos enunciados es más exacto. Probablemente elegirá (6), debido a que comparte la perspectiva de B.9 No obstante, lo que él no podría decir es que (6) es más exacto si se lo juzga desde la perspectiva de A, ya que (5) es todo lo exacto que puede ser desde esta misma perspectiva.

Aunque las pasadas advertencias apuntan a señalar de qué modo la precisión es relativa a la adopción de una perspectiva determinada, sin ser por eso mismo un rasgo claramente objetivo de nuestro discurso, la objetividad puede ser alcanzada a partir de una ruta alternativa.10 Supóngase que sumamos las representaciones del agente A y del agente B y las integramos en una sola representación inclusiva. De acuerdo a esta nueva representación (llamémosla C), dadas las perspectivas A y B, la representación de A es todo lo precisa que puede llegar ser y la representación de B es todo lo precisa que puede llegar a ser. De hecho, la representación C es una representación cuyo contenido viene dado por la conjunción de otras dos representaciones, A y B, relativizadas a las perspectivas o puntos de vistas de sus agentes respectivos. Pero la representación C también es relativa a una perspectiva diferente, cuyo nivel de precisión debe evaluarse en sus propios términos. ¿Cuáles son las implicancias? A fin de que la objetividad pueda obtenerse, si eso significa alcanzar una representación cuyo nivel de precisión supere el nivel de precisión de sus competidoras, la falta de relatividad no tiene por qué ser un requisito, incluso si damos por sentado que algo así como una “concepción absoluta del mundo” no constituye una idea problemática (cf. Williams, 1997: 177 y sigs.; Putnam, 1992). Todo lo que necesitamos asumir es que la perspectiva en cuestión se relaciona con los mismos hechos con los que se relacionan las perspectivas restantes, proveyendo una explicación razonable de cómo las otras dos representaciones (en este caso, A y B) pudieron ser generadas. Sea, pues, (7) “hay 9.870 personas marchando hacia el congreso” el contenido del enunciado D, formulado por un funcionario público. El enunciado (7) será compatible con los enunciados (5) y (6), y será capaz de explicar por qué, desde la perspectiva de A, resultó razonable percibir una multitud; y por qué, desde la perspectiva de B, resultó razonable percibir, a lo sumo, 10.000 personas.

Aquí, como se habrá notado, hemos alcanzado una representación que es, tomada individualmente, menos ‘relativista’ que las otras dos, aunque todavía sea insuficiente para que la consideremos ‘carente de toda clase de relatividad’. Por supuesto, si esto es todo lo que significa ser objetivo, entonces habremos salido airosos en nuestra búsqueda de la objetividad. Sin embargo, la propiedad de ser “más inclusiva” que caracteriza a esa representación no conlleva la propiedad de ser “más exacta o precisa”. ¿En qué sentido una representación como C, que indudablemente es más abarcadora que las otras dos, podría ser más exacta que ellas? En lo que resta de esta sección, quisiera reconciliar la exactitud y la objetividad enfatizando la naturaleza propositiva de nuestras prácticas representacionales.11

El propósito eminente de la pasada discusión apuntó a dejar en claro que la representación perceptiva (5) puede considerarse más precisa o exacta que la representación perceptiva (6) sólo cuando cada una de ellas alcanza a evaluarse sobre la base conformada por un mismo propósito, tal como el de determinar exactamente cuántas personas se encontraban marchando hacia el congreso (de aquí en más, sea P1). Ese propósito, a su vez, podría hundir sus raíces en otro propósito, tal como el de redactar un reporte oficial (P2), el cual, a su vez, podría hundir sus raíces en otro propósito, como el de realizar una comparación entre protestas durante un período histórico determinado (P3), y así sucesivamente. Por el contrario, si el propósito consistiera en determinar, por ejemplo, cómo lucía el panorama desde un mismo punto geográfico de la ciudad (P4), las representaciones (5) y (6) no serían aptas para ningún tipo de comparación. Pero otra representación, en posesión de un individuo (agente E) situado en las mismas coordenadas espaciales que el agente A, seguramente podría reunir esta aptitud. Supongamos, entonces, que el agente E sostiene lo mismo que el agente B, a saber: que (6’) “a lo sumo hay 10.000 personas marchando hacia el congreso”. Ese enunciado sería más exacto o preciso que el enunciado del agente A en relación a P1 y al hecho de que efectivamente había 9.870 personas marchando hacia el congreso. No obstante, ¿sería el enunciado más objetivo?

Para responder esta pregunta, no serviría de nada traer nuevamente a colación el enunciado (7), que resulta el más exacto en relación a (P1), ya que probablemente (7) también haya sido formulado desde un lugar que resulta tan relativo como los lugares en los que se sitúan A o B. El punto central, en consecuencia, consistiría en determinar con cuánta relatividad puede convivir un enunciado como (7). Ciertamente, si el funcionario público que pronunció el enunciado se hallara en la misma posición que el agente B, su representación, aunque más exacta que la de este último, de ninguna manera sería más objetiva. Desde una perspectiva realista, parece más bien extraño que nada menos que un funcionario que ha de confeccionar un reporte pueda arribar a un enunciado como (7) sobre ninguna otra base que una representación que ha surgido como resultado de observar el panorama desde lo alto de un edificio. En situaciones similares, suele haber disponibles otros procedimientos estándares, como comparar imágenes televisivas, llevar adelante entrevistas, recolectar testimonios, calcular la cantidad de personas por metro cuadrado, sólo por citar los más habituales. Algunas de estas actividades (i.e. comparar imágenes televisivas) se basan en representaciones perceptivas, las cuales se llevan intencionalmente a cabo para satisfacer un propósito cualquiera, como contar personas, sin ir más lejos. Pero otras (i.e. recolectar testimonios o calcular la cantidad de personas por metro cuadrado) no pueden ser estrictamente equiparadas con representaciones perceptivas. Si ellas guardan alguna relación con estas últimas, se trata de una relación indirecta: una representación basada en un testimonio sólo es indirectamente perceptiva, dado que se vincula con las representaciones perceptivas a través de las experiencias de los testigos. Por eso, cuando analizamos cuán relativas son las representaciones del funcionario público, la respuesta parece más bien difusa, en razón de que es la pregunta la que ahora se ha vuelto problemática.

Una cosa es segura: comparada con la representación del agente B, la representación del funcionario público es mucho menos relativa. Y, por ser así, también parece detentar una mayor dosis de objetividad. Pero poner el asunto en estos términos constituiría una simplificación inaceptable. La representación del funcionario es más objetiva que la representación del agente B no porque los puntos de vista en los que descansa sean más variados que el punto de vista en el que descansa la percepción de B, sino porque depende de puntos de vista cuya naturaleza, estrictamente hablando, no cabría considerar ‘espacial’ o ‘local’. Para ser precisos, si definimos las actividades de contar personas y recolectar testimonios como posibles puntos de vista entre otros, entonces el punto de vista del funcionario público será más objetivo que cualquiera de los otros puntos de vista analizados. Pero no será más objetivo porque no dependa de nada o —lo que es lo mismo— porque sea absolutamente independiente, sino porque su dependencia será relativa a una gama más variada o amplia de puntos de vista, algunos de los cuales ni siquiera poseen una naturaleza espacial o local. En palabras de Thomas Nagel: “Mientras más amplia sea la gama de tipos subjetivos desde la que una forma de comprensión resulta accesible —mientras menos dependa de capacidades subjetivas específicas—, más objetiva será la misma” (1986: 16).

Como podrá apreciarse, la objetividad ha sido reconciliada con la exactitud, pues (7), tal como fue introducido en nuestra historia, claramente resulta menos dependiente de ciertos puntos de vista específicos que las representaciones (5) o (6), por no mencionar a otras que podrían haberse formado alrededor de la protesta. Y, no obstante, en relación con el propósito (P1), (7) también resulta la representación más exacta, si se la compara con las otras dos. Por supuesto, una persona situada en la cima de un edificio céntrico al lado del agente B podría haber afirmado que había 9.870 personas marchando hacia el congreso. Si ese hubiera sido el caso, ¿qué se seguiría? ¿Quizá que el enunciado de esta persona habría sido tan objetivo y exacto como el enunciado del funcionario, relativo a (P1)? No realmente, a menos que esa persona pudiera fundar lo que dice apelando a tantos canales o fuentes de información como aquellos con los que el propio funcionario pudo contar. En el presente caso, sólo una referencia a estas diversas fuentes informativas alcanzaría a proporcionar las razones necesarias para respaldar la afirmación. Y es esta manera de entender la objetividad, a fin de cuentas, la que permite comprender en dónde reside el valor de la exactitud o la precisión de un enunciado.

§2. La objetividad en movimiento: valores, experiencias y decisiones

Como corolario de la discusión precedente, podría decirse que las representaciones perceptivas son relativas (o ‘perspectivistas’) al menos en dos sentidos puntuales: en primer lugar, en el sentido de que ellas no pueden concebirse con independencia del contexto o locación en el que tienen lugar; y, en segundo lugar, en el sentido de que los atributos o características que les son propias, tales como la exactitud, precisión o especificidad, dependen de la existencia de un propósito. Nótese que a lo largo de este capítulo el foco fue puesto mayormente en nuestras representaciones perceptivas, sin traer a colación otras clases de representaciones, como las teóricas o científicas. Ciertamente si ellas no fueron invocadas, esto se debe a que carecen de la relatividad local o espacial que caracteriza a las representaciones perceptuales, y los ejemplos empleados tan sólo buscaron poner en evidencia el modo como la exactitud o precisión dependen de la asunción de cierta perspectiva. No obstante, las representaciones científicas son tan intencionales o propositivamente relativas como cualquier otra representación perceptiva, y ello debería ser suficiente para destacar su naturaleza ‘perspectivista’ o contextualmente dependiente (Suárez, 2010). Ahora bien, si nos focalizamos en las discrepancias, se verá que al menos existe una diferencia que sobresale por sí misma. Mientras las representaciones perceptivas de las así llamadas ‘cualidades secundarias’, por caso, parecen ser espontáneamente “extraídas de nosotros por el mundo” [wrung from us by the world], para emplear la jerga de Coates y de Vries (2009: 138), las representaciones científicas, e incluso las representaciones empíricas como las que lleva a cabo el funcionario público de nuestro ejemplo, carecerían del mismo nivel de espontaneidad. O, para decirlo con otras palabras, ellas serían representaciones en cuya generación nosotros ocuparíamos un rol más activo, lo cual se refleja en actividades tales como construir modelos, recolectar evidencia, discutir con colegas, realizar experimentos, revisar viejas teorías y otras del tipo.

Si ahora comparamos las representaciones perceptivas, las representaciones científicas y el modo como los propósitos y valores a menudo son representados, las diferencias vuelven a tomar relieve. No hay dudas de que los propósitos y valores dependen de la adopción de una perspectiva. Algunos de ellos se originan en nuestros deseos, gustos, proyectos o preferencias, que son estados subjetivos de los seres humanos, quizá tan profunda e intricadamente unidos al corazón de nuestro ser como para hacerlos irreductiblemente perspectivistas (Nagel, 1986; McGinn, 1983). Algunos otros se originan en nuestros intereses y necesidades, que son estados menos subjetivos, con todo lo que la cultura o la idiosincrasia puedan incidir en ellos (Zimmerling, 1990; Garzón Valdés, 1993; Wiggins, 1998a). Si estos modos de concebir los valores impiden la adopción de una actitud más distanciada con respecto a ellos, entonces probablemente no haya la mínima posibilidad de admitir la objetividad en el universo del valor. El expresivismo moral, dicho sea de paso, parece haber tomado nota seriamente de estas particularidades, sacando el máximo provecho de ellas. Pero hay una aproximación diferente a los valores que no parece reflejar ese carácter subjetivo. De acuerdo a una variedad del cognitivismo moral llamada “relacionismo”, nuestras representaciones y enunciados valorativos poseen un contenido descriptivo auténtico, en el sentido de que procuran determinar qué sería necesario para que un determinado ser vivo florezca o progrese, trátese o no de un ser humano. De modo que si, por ejemplo, “podemos precisar la naturaleza de una planta particular y luego descubrir qué estados del mundo serían benéficos para su existencia continuada en el tiempo […] también podríamos aprender qué tendría que ocurrir para que dicha planta florezca” (Moore, 2004: 88). Tal como sostiene Moore, “el valor no está desvinculado del mundo” (ibíd.). De manera similar, si podemos determinar las actitudes y habilidades de Pedro y luego descubrir qué estados del mundo las favorecerían, también podríamos contar con una respuesta sobre lo que resulta objetivamente bueno para Pedro, sin importar lo que él sienta o piense al respecto. Todavía más, también podríamos determinar, sobre la base de sus gustos y preferencias, así como de lo que piensa y siente sobre ellos, qué estados del mundo son objetivamente valiosos para él. Aquí, nuestra posición moral será en última instancia subjetivista, aunque nada de lo que digamos sobre lo que resulta valioso para Pedro carecerá de contenido descriptivo.

Soy consciente de que esta posición enfrenta dificultades insuperables, comenzando por su inconfeso compromiso relativista (Blackburn, 1993: 177-178; Williams, 1997: 177-178). Sin embargo, lejos de tomar partido por el mismo, mi intención es que veamos que cualquier cosa o estado del mundo puede representarse como un valor sin que sea necesario adoptar una postura subjetivista hacia esa misma cosa o estado del mundo. Aquí conviene introducir una aclaración importante. Como notara von Wright, hay valores instrumentales que pueden ser objetivamente constatados por medio de juicios valorativos [value-judgement], es decir: por enunciados susceptibles de verdad o falsedad. Pensemos por ejemplo en un cuchillo filoso. ¿Tiene sentido que nos refiramos al mismo como un buen cuchillo o como un mejor cuchillo? Desde luego que lo tiene. Sólo sucede que, a fin de conocer cuándo y por qué, antes necesitamos presuponer lo que von Wright denomina “la fijación subjetiva del propósito” que podría estar en juego (1963: 25). Por lo pronto, asumamos que él consistiera en “cortar las rebanadas más finas posibles” (ibíd.). Si no hay un cuchillo más filoso para cumplir ese propósito, oraciones tales como “este es el mejor cuchillo” o “este es un cuchillo insuperable” serán objetivamente verdaderas, y “el hecho de que en esos juicios necesariamente presupongamos la fijación subjetiva de un propósito, aunque ellos sean vagos e involucren una referencia inevitable al enunciador” nunca podría amenazar su contenido descriptivo (von Wright, 1963: 29-30). Por razones similares, nuestro juicio valorativo (8) “x es bueno para Pedro” (en donde x puede reemplazarse ya sea por una acción, ya sea por un estado de cosas) también será objetivamente verdadero, incluso a pesar de que algo así como los deseos de Pedro deban presuponerse a modo de hipótesis.

¿Qué sucede, no obstante, cuando entran en juego valores no instrumentales? ¿Qué hay de aquellas cosas que son representadas por cierta gente como queridas por sí mismas, como si fueran poseedoras de un auténtico valor intrínseco (von Wright, 1963: 103)?12 En relación a estos valores, siempre es posible adoptar un punto de vista externo y formular un enunciado perfectamente apto en el plano veritativo, afirmando que (9) “x es representado por Pedro como algo intrínsecamente valioso”. Sin embargo, lo que no podemos hacer desde un punto de vista externo es producir una representación de x que le atribuya un valor intrínseco, en razón de que ello involucraría formular una auténtica valoración. Von Wright cree que esto ocurre debido a que, al afirmar (9), no estamos valorando nada en particular sino generando informes o conjeturas “sobre reacciones humanas, i.e. precisamente aquellas a las que denominamos valoraciones” (1963: 74). Puesto que un enunciado como (9) claramente cumple una función informativa, no parece haber objeciones apremiantes en contra de esta tesis. Pero el problema es si la materia u objeto sobre el que versan esos informes puede ser identificada como una mera reacción humana. Si una reacción se define como una respuesta de carácter crudo, incontrolado y espontáneo que es provocada por el mundo sin mediación alguna de la inteligencia o deliberación humanas, entonces difícilmente haya lugar para concebir en calidad de tal a una representación valorativa o propositiva. Ahora, si este es el caso, como parece haber razones de sobra para creer (Wiggins, 1998a; Nussbaum, 1994), entonces al menos algunas representaciones valorativas serán más asimilables a nuestras representaciones científicas que muchas de nuestras representaciones perceptivas, particularmente aquellas que el mundo extrae de nosotros de manera casi espontánea (cf. supra).

Las consecuencias de esta posible asimilación no son fáciles de predecir y, en cualquier caso, por el momento no hay tiempo para que nos embarquemos en un análisis detallado de las mismas. En lo que aquí concierne, el asunto más urgente consiste en determinar si puede haber alguna clase de objetividad reservada para las representaciones sobre valores no instrumentales que realizamos al adoptar una actitud de primera persona. ¿Qué significa la objetividad en este plano? ¿Tiene algún sentido plantear la cuestión de la objetividad en relación con estas representaciones? Algunos autores, como Nagel, tienden a pensar que incluso nuestros deseos y proyectos más personales admiten la adopción de una actitud más o menos distanciada (cf. Nagel, 1986: 329-330). Entre estos autores, destacan algunos filósofos perfeccionistas, quienes no sólo creen que la deliberación racional ofrece el canal más objetivo para aproximarnos a nuestro verdadero yo, sino que sostienen que algunos otros agentes a veces se encuentran en una mejor posición que nosotros para representarse qué hemos de valorar. Los liberales, por supuesto, tienden a discrepar con estos filósofos por razones entendibles (Mill, 1859: cap. 3). Sin embargo, sea como sea, el otro asunto importante estriba en evaluar de qué modo funcionaría la objetividad cuando los valores y propósitos que podrían ser el objeto de una representación, con independencia de si los mismos constituyen una posesión individual o socialmente compartida, generan implicancias prácticas de tal impacto que no sólo despiertan la preocupación de quienes son sus detentores sino de otros individuos, por no mencionar a la sociedad en su conjunto. Seamos o no liberales, ¿quién podría negar que a estas alturas nos estamos moviendo en el terreno de la política, mucho más que en el de la moralidad?

§3. La representación en el ámbito de la política: ¿qué clase de objetividad estamos buscando?

Los propósitos y valores, tal como hemos visto hasta aquí, sirven para transparentar la adecuación de nuestros enunciados descriptivos verdaderos. Con todo, a veces ellos pueden ser infundados, capciosos o incluso arbitrarios. Alguien incapaz de advertir que no tiene ninguna posibilidad de alcanzar un objetivo, pero que aun así insiste en perseguirlo, actúa irracionalmente en virtud de que su propósito no es el que debería ser. Por supuesto, trazar una distinción tajante entre nuestros propósitos arbitrarios y no arbitrarios puede volverse un asunto complejo. En relación con los propósitos y valores ajenos, cuando nos pronunciamos sobre ellos asumiendo una perspectiva externa, siempre existe el riesgo de actuar con un paternalismo inaceptable. En algunas circunstancias, las razones individuales para realizar una acción aparecen tan extrañas o idiosincrásicas que ellas demuestran ser, en palabras de Nagel, objetivamente inaccesibles: “para poner un ejemplo comprensible: las personas que ansían correr veintiséis millas sin detenerse no son exactamente irracionales, pero sus razones pueden comprenderse sólo desde la perspectiva de un sistema valorativo que algunos encuentran más bien extraño, al punto de resultar ininteligible” (1986: 330). En esas ocasiones, la deliberación y las razones pueden resultar inconducentes. Pero cuando los propósitos y valores son nuestros y demandan decisiones que podrían tener implicancias intersubjetivas, la necesidad de ofrecer una justificación siempre se torna apremiante.

Las decisiones políticas son justamente así. Los escenarios conflictivos se presentan todos los días y los actores políticos necesitan estar preparados para afrontarlos sin resignar sus valores y propósitos, los cuales se encuentran parcialmente moldeados por sus ideologías, cosmovisiones y membresías partidarias, entre otros factores influyentes. Aun así, todo tiene un límite, especialmente en política. Allí no todo vale. En un sistema político de raigambre constitucional, republicana, parlamentaria y democrática, los políticos deben adecuar sus valores y propósitos a las restricciones impuestas por el sistema. A fin de que un proyecto de ley sea aprobado, por caso, hay ciertos procedimientos que deben respetarse. Particularmente, los procedimientos deliberativos han sido diseñados para convencer tanto a nuestros adversarios políticos como a nuestros ciudadanos de que las soluciones propuestas para superar ciertas situaciones conflictivas por lo general redundan en nuestros mejores intereses, en nuestros intereses imparciales, como suelen proclamar algunos autores (cf. Nino, 1996: cap. 5). Esto significa que, al final del proceso, tanta gente como sea posible ha de haber sido conducida a reconocer que las razones para apoyar una decisión son más apremiantes que las razones para rechazarla, lo cual hará que la adopción de ciertos propósitos y valores sea algo razonable. En el hipotético caso de que mis propios propósitos (o valores) terminen por obtener la aceptación general, esos propósitos se transformarán en nuestros propios propósitos (o valores), y, por idéntico motivo, mi propia representación personal también podría adquirir un carácter plural, con todo lo que esto conlleva.

En el ámbito de la política ordinaria, dejando de lado las idealizaciones, las cosas funcionan más o menos de esta manera. Pero aquí nuestra preocupación principal tiene que ver con las situaciones de emergencia y los desastres naturales, que son los que parecen conmover la rutina de la vida pública. Si comparamos de qué manera se comportan los universos de propósitos y valores en ambos escenarios, ninguna diferencia significativa saltará a la vista. Situaciones sin precedentes demandan decisiones novedosas, las cuales nos fuerzan a revisar nuestras prioridades preestablecidas con el fin de actuar sobre la base de nuevos consensos. Tanto las reformas legislativas como los decretos ejecutivos y los actos administrativos se acomodan a este patrón general de funcionamiento. Pero las situaciones extraordinarias parecen exigir procedimientos decisionales igual de extraordinarios, de los que se seguirían medidas de no menor extraordinariedad. En la política actual, sin embargo, tal como ha sido extensamente documentado, la excepción parece haberse transformado en regla (Rosenkrantz, 2010; Goodman, 2010). Intentando llamar la atención sobre este fenómeno de alcance mundial, algunos académicos se atreven a sugerir que estaríamos viviendo bajo una dictadura constitucional [constitutional dictatorship] (Levinson y Balkin, 2010). De cualquier forma, más allá de todo calificativo, ¿con qué opciones contamos cuando la discreción política “se inmiscuye en la política ordinaria, amenazando las bases mismas del Estado de Derecho” (Goodman, 2010: 1263)?

La objetividad posee un atractivo inicial incuestionable. En muchos países de Iberoamérica como Argentina, Colombia o España, a fin de que la legislación de emergencia reciba el aval del Poder Judicial, algunos hechos deben darse por acreditados, justamente aquellos hechos que la propia autoridad política ha señalado como merecedores de una respuesta legislativa extraordinaria. En una sección anterior de este capítulo se aludió a la tarea desempeñada por el Tribunal Constitucional Español a la hora de determinar la constitucionalidad de ciertas declaraciones de emergencia. En opinión del Tribunal, cuando un órgano político (trátese del Presidente o de la Legislatura) refiere a ciertos eventos, hechos o estados de cosas, las fórmulas rituales y los enunciados de gran abstracción deben descartarse en procura de un mayor control objetivo. Aquí, como ya se viera, la precisión representa el valor en juego. Para el Tribunal Constitucional de Colombia, por su parte, sería el “apego a los detalles”, más que la precisión, el rasgo auténticamente revelador de la objetividad (cf. C-156/11). Pero si ese requisito es, en palabras de Potter, una “categoría relativa”, y “lo que se considera detallado desde una perspectiva puede considerarse vago e impreciso desde otra” (1998: 209), entonces parece haber razón suficiente para confirmar mucho de lo que ya hemos estado aduciendo hasta ahora, a saber: que, a menos que sepamos cuáles son los propósitos y valores que rigen en un determinado contexto discursivo, ni la precisión ni el apego a los detalles (o la especificidad, digamos) bastarán para garantizar una aproximación objetiva al fenómeno que haya de darse por acreditado.

Por supuesto, una vez que ese requisito se satisface, y en la medida en que nuestros políticos realmente se esfuercen en justificar sus decisiones mediante enunciados precisos y específicos, habrá razones para creer que el camino hacia la objetividad podría verse allanado. Lamentablemente, las cosas tampoco son tan simples. Cuando los valores y propósitos que impulsan a los políticos son por demás pretensiosos, o están influidos por un vano utopismo, es posible que cualquier evento encaje en el molde de una potencial emergencia. A modo de ilustración, pensemos en un político radicalmente comprometido con el valor de la equidad, como sea que se nos ocurra definirlo. En su opinión, cualquier situación social en la cual la equidad no se haya alcanzado aparecerá como intolerable, lo que demandará una respuesta urgente e inmediata. En comparación con lo que sucede en la práctica, el ejemplo es realmente antojadizo, pues la mayoría de nuestros sistemas constitucionales han sido diseñados para asegurar que los poderes discrecionales sólo se ejerzan cuando los eventos que requieran una reacción inmediata sean de carácter exógeno y no anticipado (Goodman, 2010: 1269). En Argentina, sin ir más lejos, una parte considerable de la doctrina especifica que las emergencias sólo deben dictarse para lidiar con situaciones inevitables o imprevisibles (Guibourg, 2003; Ciuro Caldani, 2007). Sin embargo, como ya veremos posteriormente en este trabajo, incluso estas categorías son relativas al contexto y a los propósitos que detenten los agentes políticos (cf. infra, cap. 4, sec. §4). Lo que para un modelo resulta predecible, para otro modelo resultará imprevisible, y el mismo diagnóstico parece aplicable al resto de las categorías.

En la sec. §1 de este capítulo se pusieron en contraste los enunciados fácticos sobre emergencias con los enunciados fácticos sobre desastres naturales, como los que versan sobre terremotos, inundaciones y plagas. A grandes rasgos, estos últimos enunciados parecen exhibir una mayor dosis de objetividad que los primeros. Una manera de explicar la diferencia entre estas clases de enunciados, tal como empecé a sugerir anteriormente, consiste en focalizarse en el tipo de acuerdo que unos y otros son capaces de concitar. Hace muchos años, Feyerabend y Maxwell emplearon la expresión de “enunciados fácilmente decidibles” para aludir todo aquello que “un usuario lingüístico confiable y razonablemente sofisticado podría decidir rápidamente si respaldar o no cuando estuviera realizando un informe sobre una situación determinada” (1962: 13). Por supuesto, su objetivo apuntaba a ofrecer una solución a la vieja dicotomía teórico-observacional en el ámbito de la filosofía de las ciencias. Si no hay más remedio que reconocer que la línea divisoria entre teoría y observación es hasta cierto punto arbitraria, quizá estos enunciados fácilmente decidibles —imaginó Maxwell— podrían hacer el trabajo científico que tradicionalmente les fuera asignado a los enunciados observacionales. ¿Pero qué revela todo esto a propósito de nuestro problema? Parece indudable que los enunciados sobre emergencias tienden a generar disputas de tal envergadura que cualquier pretensión de asimilar el modo como ellos funcionan al modo como lo hacen los enunciados fácilmente decidibles estará condenado al fracaso (cf. supra). En contraste, los enunciados sobre desastres naturales parecen encerrar una mayor dosis de decidibilidad. Sin embargo, en contra de lo que estas impresiones sugieren, mi hipótesis es que la terminología que Feyerabend y Maxwell acuñaron sólo ofrece un nuevo nombre para un viejo problema, mas difícilmente una solución. En pocas palabras, porque bien puede ser que ahora seamos capaces de aceptar que los enunciados sobre desastres naturales sean fácilmente decidibles, aunque al precio de no saber todavía el motivo al que todo esto responde; y, lo que es peor, sin tener la más remota idea de lo que tendría que ocurrir para que los enunciados sobre emergencias ganen mayor decidibilidad.

Para colmo de males, la idea de un enunciado fácilmente decidible introduce por lo menos dos dificultades adicionales. En primer lugar, como se desprende de la definición, su verificación apela a conceptos tales como ‘confiabilidad’, ‘razonabilidad’, ‘sofisticación’ y ‘facilidad’, todos los cuales son contextualmente relativos y valorativamente sesgados. Y, en segundo lugar, tal como ha sido invocada en el contexto de nuestra discusión, la idea tiende a ocultar lo que resulta particularmente distintivo de los desastres naturales, esto es: que tanto su constatación como la medición de su impacto real, lejos de ser asuntos fácilmente decidibles, generalmente suponen una cantidad no menor de trabajo reflexivo. Desde luego, los fenómenos naturales como los terremotos, los tsunamis, las plagas bacteriológicas o las inundaciones, e incluso los fenómenos provocados por el hombre, como las filtraciones radioactivas, los derrames de petróleo o la contaminación del agua (aquí asumo que la línea entre lo ‘natural’ y lo ‘artificial’ puede ser trazada hasta cierto punto), pertenecen todos a la categoría que, siguiendo a Austin, podríamos denominar “bienes secos de tamaño mediano” [middle-size dry facts] (cf. Williams, 1997: 173). Notorios como son, nadie necesita sumergirse demasiado en elucubraciones teóricas para acreditar su carácter verídico. De modo que, si Quine está en lo cierto, los enunciados sobre fenómenos de este tipo se asimilarían a los enunciados observacionales, no sólo en virtud de su carácter ocasional sino también del modo como se hallan “anclados en las estimulaciones neurosensoriales, con independencia de su contenido teorético” (Quine, 1993: 110). Con todo, adviértase que estos fenómenos tampoco tienen por qué remitir en última instancia a desastres naturales. Por ejemplo, ¿clasificaríamos a los terremotos como desastres naturales si, digamos, no se produjeran víctimas fatales y las propiedades existentes no sufrieran afectación alguna? Nada de esto parece probable.

La sociología del desastre ha puesto especial atención en dilucidar de qué hablamos cuando hablamos de ‘desastres’. Hoy, sin embargo, no existe una sola definición que goce de un consenso unánime. Unos pocos ejemplos bastan para ilustrar el punto. Kreps define ‘desastre’ como el conjunto de “eventos no rutinarios que involucran una disrupción social y daño físico” y “entre cuyas propiedades están la posibilidad de prevención, la magnitud de impacto, el alcance del impacto y su duración” (Kroll-Smith, Gunter, 1998: 163). Porfiriev, en cambio, sostiene que un desastre consiste en “un estado o condición desestabilizadora del sistema social que se manifiesta en un malfuncionamiento o disrupción de las conexiones y comunicaciones existentes entre sus elementos o unidades sociales”, representando, por ende, “una destrucción/demolición total o parcial que torna necesario tomar medidas extraordinarias o de emergencia tendientes a reestablecer la estabilidad” (ibíd.). Por su parte, Gilbert define ‘desastre’ como “la pérdida de puntos de referencia clave del sentido común, y la consiguiente dificultad de entender la realidad a través de esquemas mentales ordinarios” (ibíd.). Horlick-Jones aduce que los desastres constituyen “eventos que liberan la ansiedad reprimida, por lo que representan una historia de la pérdida de control del orden social” (ibíd.: 164). Y Dombrowsky, por caso, opta por la siguiente definición: desastre es “la falsificación empírica de la acción humana, como una prueba de la corrección de la comprensión humana sobre la naturaleza y la cultura” (ibíd.). Como se desprende de estos ejemplos, la discrepancia definicional parece reinar entre los sociólogos. Sin embargo, existe al menos una característica que estas definiciones compartirían: de una u otra manera, todos los desastres se vincularían con el bienestar humano. Para ser clasificado como un desastre, un fenómeno natural debe exhibir de qué modo afecta negativamente el bienestar de cierto número de personas, con independencia de cómo alcancen a configurarse los aspectos definitorios de este bienestar, si desde un punto de vista puramente físico, psicológico, económico, etc. En consecuencia, podría inferirse a modo de corolario que, a los efectos de caracterizar a un fenómeno como un desastre, resulta una condición imprescindible que dicho fenómeno exhiba una propiedad relacional o extrínseca, es decir: la propiedad de afectar hasta cierto punto al menos un aspecto que sea definitorio del bienestar humano.

Aquí ciertamente no hay tiempo para explorar con mayor detenimiento la naturaleza de las propiedades relacionales o extrínsecas, un tópico central de la literatura metafísica (cf. Kim, 1982; Lewis, 1983; Vallentyne, 1997; Langton y Lewis, 1998; no obstante, véase infra, cap. III, sec. §4). Por el momento, pues, baste con decir que, si definimos las propiedades extrínsecas siguiendo a Searle, a saber: como “características relativas al observador” predicables de hechos cuya existencia depende de “nuestros intereses, actitudes, perspectivas, propósitos, etc.” (Searle, 1997: 31), o incluso de nuestros valores —podríamos agregar—, los enunciados sobre desastres correrán el riesgo de heredar el tipo de subjetividad que parece rodear a los enunciados sobre emergencias, cuando nuestra intuición más honda precisamente apunta en sentido contrario. En La construcción de la realidad social, Searle es sumamente explícito a la hora de separar la subjetividad/objetividad ontológica de la subjetividad/objetividad epistémica (cf. Searle, 1997: 27). Basados en esta distinción, parecerá evidente que algunos objetos y hechos, así como sus propiedades, resultarán ontológicamente subjetivos y, a pesar de eso, epistémicamente objetivos. Que un objeto de tales o cuales características constituye un destornillador es, desde el punto de vista ontológico, un hecho subjetivo, pues no hay manera de aseverar algo así que no dependa de un acto intencional capaz de asignarle a ese objeto una función determinada. Pero el hecho también evidencia una objetividad de tipo epistémica, ya que existe un criterio tendiente a determinar la verdad del enunciado (i.e. que tal objeto constituye un destornillador) que es completamente independiente de las actitudes, propósitos o intenciones que podrían ser asumidos de manera contingente por algunas personas en ciertas circunstancias.

Por todo esto, si los desastres naturales representan fenómenos ontológicamente subjetivos cuya naturaleza subjetiva responde a sus propiedades extrínsecas (o relativas al observador), la siguiente pregunta cae de madura: ¿cabe considerar a los desastres como fenómenos epistémicamente subjetivos? En última instancia, todo depende de cómo nos las ingeniemos para definir el bienestar humano, que sería el concepto que está detrás de cualquier representación sociológica. La siguiente sección está destinada a ofrecer una respuesta negativa a esta pregunta, para lo cual invocaré un concepto de bienestar que, a mi juicio, está en perfectas condiciones de garantizar el tipo de objetividad que podría ser suficiente en el territorio de la política.

§4. La objetividad epistémica y el rol de la noción normativa de ‘bienestar’

Como lo demuestra la inmensa literatura disponible sobre la materia, cualquier intento de arribar a una definición plausible de ‘bienestar’ plantea una serie de interrogantes realmente difíciles de responder. Sólo por comenzar citando a uno de los más relevantes: ¿tiene algún sentido defender una noción objetiva de ‘bienestar’, como ciertamente lo tiene defender un concepto objetivo de ‘destornillador’? Tal como ocurre con aquellos conceptos cuya referencia viene dada por objetos y hechos en los que ha mediado la intervención humana, como los conceptos de ‘destornillador’ y ‘recesión económica’, el concepto de ‘bienestar’ posee una denotación que sólo se explica por el hecho de que algunos seres humanos tomaron la decisión emplearlo discursivamente con un determinado propósito. Sin embargo, a diferencia de conceptos tales como los de ‘destornillador’ o ‘recesión económica’, cuyas referencias pertenecen claramente al orden de lo fáctico, el concepto de ‘bienestar’ posee una naturaleza que es, al mismo tiempo, normativa y valorativa, la cual permite que sea empleado, no ya a los efectos de identificar un fenómeno determinado, sino a los de evaluar su carácter moral, político o económico (cf. Darwall, 2002: 10-13). Para expresar el punto en terminología kantiana, el ‘bienestar’ sería un ideal regulativo más que un principio constitutivo. Una vez que uno se encuentra en posesión del concepto de ‘destornillador’, puede proceder a identificar los diferentes ejemplares del mismo de un modo que no genera mayores problemas. No obstante, podría ser que no hubiera nada fáctico que se corresponda con el modo como entendemos el concepto de ‘bienestar’. Por supuesto, usualmente predicamos de ciertos objetos que ellos se desempeñan más o menos bien en determinadas circunstancias. ¿Pero son estos enunciados objetivamente verdaderos o falsos? ¿Existe la posibilidad de constatar en ellos una aptitud para la verdad objetiva, aunque el único criterio para ello dependa de algo tan intangible como un ideal?