Kitabı oku: «El reformismo social en España (1870-1900)»

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EL REFORMISMO SOCIAL EN ESPAÑA

(1870-1900)

EN TORNO A LOS ORÍGENES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

EL REFORMISMO SOCIAL EN ESPAÑA

(1870-1900)

EN TORNO A LOS ORÍGENES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Miguel Ángel Cabrera

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2014

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ISBN: 978-84-370-9613-1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. FRUSTRACIÓN DE EXPECTATIVAS Y REFORMISMO SOCIAL

2. LA CRISIS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

3. UN NUEVO INDIVIDUALISMO

4. EL PROBLEMA SOCIAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO

4.1. El movimiento obrero

4.2. La Comisión de Reformas Sociales

5. LAS REFORMAS SOCIALES

5.1. La moralización de la economía

5.2. La intervención del Estado

BIBLIOGRAFÍA

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

El año 1900 se promulgaron en España sendas leyes sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños y sobre los accidentes de trabajo. A estas primeras leyes siguieron otras, en los años posteriores, sobre el descanso dominical (1904), la inspección de trabajo (1906), las huelgas (1909), la jornada máxima de trabajo de ocho horas (1910-1919) y el seguro obrero obligatorio (1919). Al mismo tiempo, se crearon dos organismos cuya función era, respectivamente, ocuparse de la situación de los trabajadores y gestionar el sistema de pensiones de vejez y de seguros obreros, el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908). Esas leyes y organismos eran considerados como medidas de reforma social y su objetivo era contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. La aprobación de dichas medidas fue el resultado de la puesta en práctica de los postulados y las propuestas del denominado reformismo social. Esas medidas legales e institucionales estuvieron precedidas de un prolongado y vivo debate público entre partidarios y detractores del reformismo social en el que los primeros fueron ganando terreno a costa de los segundos, hasta alcanzar la influencia suficiente como para lograr la aceptación de sus propuestas por parte de las Cortes. Además de esa nueva legislación laboral, que es el resultado más visible y novedoso de la influencia alcanzada por el reformismo social, éste promovió medidas de reforma social en muchos otros terrenos, como el educativo, el económico, el moral y el religioso. Las leyes y organismos mencionados constituían una novedad con respecto a la situación precedente y supusieron una brusca reorientación de la política oficial en el terreno de las relaciones laborales y, en particular, en lo relativo al papel del Estado. Con anterioridad había prevalecido el principio de que el Estado debía abstenerse de intervenir en las relaciones entre obreros y patronos, mientras que a partir de ahora la intervención estatal se considera no sólo como necesaria sino como legítima. Una convicción que no dejaría de robustecerse y de extenderse en las décadas siguientes, hasta llegar a formar parte del sentido común cultural y político de la mayor parte de la sociedad española. Asimismo, esa primera legislación laboral abrió el camino y sentó las bases preliminares del llamado Estado del bienestar, que se desarrollaría en España a lo largo del siglo siguiente.

Las medidas de reforma social promulgadas a partir del cambio de siglo tenían como objetivo resolver el denominado problema social, término que hacía referencia, en general, a las desigualdades y a los conflictos sociales existentes en ese momento. El reformismo social nació como respuesta a la persistencia y recrudecimiento de dicho problema y estaba movido por el propósito expreso de encontrar remedios más eficaces con que resolverlo. Dado que el más importante de esos conflictos se localizaba en el terreno laboral y estaba protagonizado por las organizaciones obreras, éste constituía el principal objeto de preocupación del reformismo social. Mediante la adopción de medidas de reforma social los reformistas sociales pretendían apaciguar el descontento y la agitación de los trabajadores, contener el crecimiento del movimiento obrero y conjurar la amenaza de una revolución obrera. Y, de hecho, ésta era la manera en que se concebía y se presentaba a sí mismo el propio reformismo social, como una respuesta y un antídoto frente al riesgo de una posible revolución social. Dado que los reformistas sociales pensaban que el malestar obrero estaba causado por la existencia de desigualdades sociales y por las condiciones de trabajo y de vida de los propios trabajadores, sus medidas de reforma social se dirigían a reducir dichas desigualdades y a mejorar esas condiciones.

El término reformismo social –ya utilizado por sus propios partidarios– designa a un movimiento ideológico-político surgido en la década de 1870 que propugnaba y promovía la reforma de la sociedad liberal. Movidos, como he dicho, por la preocupación por el problema social y con el propósito de resolver éste, los reformistas sociales consideraban que era necesario modificar determinados aspectos de la presente organización social y adoptar ciertas medidas suplementarias. Esa reforma del régimen liberal incluía desde una revisión y reformulación de algunos de los principios del liberalismo clásico a una rectificación de la forma en que esos principios habían sido puestos en práctica e institucionalizados. En particular, el liberalismo reformista propugnaba una rectificación del régimen económico de libre concurrencia y una revisión de la noción de libertad económica sobre la que éste se asentaba. Frente al régimen de economía de mercado clásico, el reformismo social defendía la necesidad de introducir mecanismos correctores que evitaran los efectos perniciosos ocasionados por la libre concurrencia, uno de los cuales era, precisamente, en su opinión, la persistencia del problema social. Y ello porque pensaba que el hecho de que el interés propio fuera el único móvil reconocido de la actividad económica impedía una mayor distribución de la riqueza y, de ese modo, exacerbaba el descontento y alentaba las protestas de los trabajadores. En función de esa revisión teórica del liberalismo clásico, de ese diagnóstico sobre las causas del problema social y de ese propósito de rectificación práctica del sistema económico liberal, el reformismo social propuso una serie de soluciones o medidas de reforma. Entre ellas, la más novedosa –y, con el tiempo, la principal– fue la intervención del Estado mediante la promulgación de una legislación laboral que contrarrestara lo que consideraba como efectos indeseados del régimen económico de libre concurrencia.

El objetivo de este trabajo es investigar el origen y el proceso de formación del reformismo social español en el último tercio del siglo xIx, con el fin de contribuir a explicar su génesis histórica, sus presupuestos ideológicos y sus propuestas de reforma. Para llevar a cabo esta tarea, se ha procedido según el siguiente método. El punto de partida de la investigación han sido las declaraciones, manifestaciones e iniciativas prácticas de los propios reformistas sociales y la reconstrucción empírica, lo más atenta posible, de las ideas, las intenciones y las razones de algunos de los más destacados y activos miembros del movimiento (dirigentes políticos, intelectuales, académicos y publicistas), así como de los argumentos teóricos esgrimidos por ellos para justificar sus propuestas de reforma. Antes que nada, parecía necesario conocer de primera mano el ideario, las convicciones y la interpretación de la realidad circundante que profesaban los reformistas sociales y que guiaban e impulsaban sus acciones. De esta forma se ha pretendido evitar, hasta donde esto es posible, tanto caer en el anacronismo histórico de atribuirles ideas e intenciones que no tenían, como subsumir sus acciones en modelos teóricos preconcebidos carentes de base empírica. Dos de las flaquezas de que se han visto aquejados con frecuencia los estudios sobre la formación histórica del Estado del bienestar.

Una vez realizada esa operación preliminar de reconstrucción empírica del pensamiento reformista social, el paso siguiente ha sido el de indagar el origen y analizar el proceso de gestación de ese pensamiento. En este punto, se hacía particularmente necesario analizar y desentrañar la génesis del diagnóstico reformista sobre el denominado problema social, no en vano éste constituía no sólo su objeto primordial de interés y de preocupación, sino que era su razón de ser (pues fue la convicción de que existía un problema social lo que hizo que surgiera el reformismo social). A este respecto, parecía imprescindible indagar por qué y de qué manera los reformistas sociales comenzaron a interesarse y preocuparse por ciertos fenómenos sociales y a interpretarlos de la manera en que lo hicieron y, en particular, indagar cómo se forjó la idea de que dichos fenómenos constituían un problema que tenía raíces sociales (y no sólo individuales) y por qué, para solucionarlo, propusieron y creyeron en la eficacia de un cierto tipo de medidas, como la intervención del Estado. Sin una indagación de este tipo, difícilmente se podía llegar a explicar el surgimiento, las propuestas y el programa de acción práctica del reformismo social.

Era una obviedad empírica que el reformismo social había nacido como respuesta a fenómenos como la existencia de desigualdades sociales, la pobreza obrera y los conflictos laborales, pues así lo proclamaban los propios reformistas. Ahora bien, la existencia de dichos fenómenos no parecía ser suficiente para explicar ni la aparición del reformismo social, ni la forma concreta que adoptó su respuesta ni, en consecuencia, el tipo de medidas que propuso. Es cierto que alguno de esos fenómenos, como el movimiento obrero, había experimentado recientemente cambios visibles, como el aumento de los conflictos laborales, el crecimiento de las organizaciones obreras y el renacimiento y renovación del socialismo. Y es igualmente cierto que esos cambios suscitaron la preocupación y el temor de los reformistas sociales. Pero aun así parecían insuficientes para explicar la aparición, el programa de acción y hasta la propia preocupación de dichos reformistas. En primer lugar, porque lo que parecía suscitar la preocupación de éstos no era tanto el aumento de la conflictividad y de las organizaciones obreras como el hecho, desconcertante a sus ojos, de su persistencia en el tiempo. En segundo lugar, porque en estos momentos emergió una preocupación similar e igualmente inédita por esos otros fenómenos que, como las desigualdades sociales y la miseria obrera, existían desde mucho tiempo antes y, además, habían permanecido casi inalterados, en un país cuya estructura socioeconómica se había transformado muy lentamente en las décadas precedentes. Cabía pensar, por supuesto, que aunque tales fenómenos existían con anterioridad, no se había reparado en ellos hasta este momento. Pero tampoco esta explicación resultaba convincente, porque cuestiones como las desigualdades sociales, la pobreza y la conflictividad obrera habían sido objeto de interés, de debate público y de tratamiento político desde hacía décadas, pero sin embargo fue sólo en este momento cuando propiciaron la aparición de un ideario, un diagnóstico y un programa como los del reformismo social. Llegados a este punto, aún cabía pensar que el reformismo social surgió como consecuencia de la influencia alcanzada por alguna corriente de pensamiento o tendencia política. Sin embargo, como se verá más adelante, ésta tampoco parecía una explicación plausible, no sólo porque los reformistas sociales tenían una procedencia ideológica y política muy diversa, sino porque el tipo de soluciones que proponían no tenía precedentes en el programa de ninguna de las corrientes o agrupaciones políticas de las que procedían (ni siquiera el republicanismo y el denominado krausismo).

Por el contrario, lo que una observación más atenta parecía poner de manifiesto es que la preocupación de los reformistas sociales por los fenómenos mencionados y la manera en que los interpretaron y los trataron fueron una consecuencia de que, en su observación de tales fenómenos, partían de ciertos supuestos y se servían de ciertas categorías. Es decir, que la relevancia, las causas, el significado y las implicaciones que atribuían a tales fenómenos eran el resultado de que los reformistas sociales percibían y analizaban éstos desde una determinada perspectiva teórica y dando por hechos ciertos presupuestos. Entre estos presupuestos se incluían una determinada concepción de la historia humana basada en la noción de progreso, el postulado de que existe una naturaleza humana y de que ésta condiciona las relaciones sociales y económicas, la premisa de que la organización social es susceptible de manipulación consciente y la convicción, derivada de todo lo anterior, de que es posible instaurar un tipo ideal de sociedad de la que estén ausentes los conflictos. De hecho, como se verá, las desigualdades sociales, la pobreza obrera y los conflictos laborales constituyen un problema únicamente si se parte, como hacen los reformistas sociales, de tales presupuestos y, en particular, del supuesto de que la sociedad humana tiende de manera natural hacia la igualdad y la armonía. En todos los casos, se trata de presupuestos y categorías que forman parte de la concepción moderna del mundo humano, en la que están profundamente arraigados, y de la cultura política liberal de la que los reformistas sociales están imbuidos. Desde este punto de vista, el reformismo social no podría considerarse como un efecto de la existencia de los fenómenos sociales de referencia, sino más bien como el efecto de una cierta forma, conceptualmente mediada, de aprehender, concebir y analizar esos fenómenos.

Si éste era el caso, entonces para explicar adecuadamente la aparición, el ideario y las iniciativas del reformismo social no bastaba con prestar atención a los fenómenos y situaciones sociales que eran objeto de su interés y preocupación. Era preciso, además, tratar de identificar y sacar a la superficie ese conjunto de supuestos de sentido común y de categorías subyacentes y tomarlos como una variable explicativa primordial. Sin hacer esto, sería imposible explicar por qué tales fenómenos adquirieron la condición de problema social, por qué se le atribuyeron ciertas causas y por qué se tenía la convicción de que era un problema resoluble y se arbitraron las correspondientes medidas de reforma. Sin la mediación de los supuestos y categorías mencionados, difícilmente tales fenómenos hubieran aparecido, a los ojos de los contemporáneos, como un problema ni, en consecuencia, hubieran propiciado la aparición del reformismo social. Como se expondrá más adelante, lo que hizo que esos fenómenos y situaciones devinieran un problema social fue el hecho de que constituían una perturbación inesperada y, en consecuencia, provocaron el desconcierto, teórico y práctico, de quienes los contemplaban desde la óptica del imaginario moderno-liberal. Dada la incapacidad de la teoría liberal clásica para dar cuenta de la persistencia y agravamiento del problema social, fue necesario revisar el viejo diagnóstico sobre las causas del mismo, elaborar nuevas fórmulas para resolverlo, adoptar una estrategia diferente frente a las luchas obreras y acometer la correspondiente reorganización de la sociedad.

En la aparición de este Nuevo Liberalismo –como comenzó a denominarse ya desde esa época– y en sus profundas implicaciones prácticas es donde se encuentra el origen del Estado del bienestar contemporáneo.1 Éste no tiene su origen, como suele afirmarse, ni en la modernización económica e industrial, ni en la expansión del Estado, ni en el fortalecimiento del movimiento obrero, ni en las necesidades de reproducción del sistema capitalista, ni en el deseo de integrar políticamente a la clase obrera, ni en el afán de la clase dominante por aumentar el control social sobre las clases bajas, ni en la iniciativa de una u otra corriente ideológica ni, mucho menos, en algún tipo de impulso humanitarista.2 Todas estas explicaciones hacen alusión, sin duda alguna, a hechos que fueron ingredientes del proceso, a factores que intervinieron en él y a circunstancias que contribuyeron a ponerlo en marcha, pero ninguno de ellos operó como una causa generadora del Estado del bienestar. En el sentido de que ninguno de ellos implicaba ni tenía que dar como resultado la aparición de un movimiento reformista social, la adopción de medidas de reforma social y la implantación del Estado del bienestar. De hecho, muchos de esos modelos explicativos son construcciones teóricas excesivamente abstractas, tienen una base empírica muy débil y fragmentaria y, lo que es más importante, no prestan la suficiente atención a las ideas, motivaciones, intenciones e interpretaciones de la realidad de los propios protagonistas y de los grupos y organizaciones implicados. Y lo mismo puede decirse de aquellas explicaciones históricas que parten de presuposiciones que no han sido suficientemente contrastadas, como la ya mencionada de que el reformismo social fue promovido por ciertos grupos de ideología progresista (en el caso de España, el republicanismo de inspiración krausista), impulsados por su preocupación por la situación de pobreza de las clases bajas. La causa de que surgiera el Estado del bienestar parece encontrarse, sin embargo, en otro lugar: en la quiebra teórica y práctica experimentada por el liberalismo clásico y su proyecto de sociedad y en la consiguiente reorganización de las relaciones sociales, económicas y laborales derivada de dicha quiebra. Ésta es, al menos, la conclusión que se desprende de la investigación que he realizado sobre la génesis y formación del reformismo social en España.

1 Sobre la formación del Nuevo Liberalismo puede verse Michael Freeden, The New Liberalism. An Ideology of Social Reform, Oxford, Clarendon Press, 1978, D. Weinstein, Utilitarianism and the New Liberalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, Avital Simhony y D. Weinstein (eds.), The New Liberalism. Reconciling Liberty and Community, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 y William Logue, From Philosophy to Sociology. The Evolution of French Liberalism, 1870-1914, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1983. Para el caso de España, ver Ángeles Lario, «La difusión en España del “Nuevo Liberalismo”. El Sol y la defensa de un Estado social de derecho», en Francisco Carantoña Álvarez y Elena Aguado Cabezas (eds.), Ideas reformistas y reformadores en la España del siglo xIx. Los Sierra Pambley y su tiempo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 434-443.

2 Aquí estoy haciendo referencia a algunas de las principales explicaciones y modelos explicativos elaborados por los científicos sociales que se han ocupado del estudio del Estado del bienestar (desde historiadores, sociólogos y científicos políticos a economistas y antropólogos). No obstante, escapa por completo al objeto de este trabajo realizar un estado de la cuestión y entablar un debate sobre el tema. Quienes deseen profundizar en este asunto quizás puedan encontrar útil la bibliografía general incluida al final del trabajo. La inaplicabilidad al caso español de algunos de esos modelos explicativos ha sido discutida en A. Guillén, El origen del Estado de Bienestar en España (1876-1923), Madrid, Instituto Juan March, 1990.

1.FRUSTRACIÓN DE EXPECTATIVAS Y REFORMISMO SOCIAL

Para explicar la aparición y los postulados del reformismo social y las medidas de reforma a que éstos dieron lugar, es necesario tener en cuenta las condiciones históricas que los hicieron posibles y los términos del debate en que los reformistas sociales se vieron envueltos. Los reformistas sociales estaban movidos, como no cesaban de proclamar, por su preocupación por la existencia de desigualdades sociales y por la intensificación de los conflictos obreros y actuaban expresamente con el propósito de dar solución a ambas cuestiones. La existencia de esas desigualdades y conflictos no basta, sin embargo, para explicar ni el surgimiento del reformismo social ni la constitución del propio problema social como objeto de preocupación. Esa existencia es, sin duda, una condición material necesaria, pero no es una condición suficiente para explicar el hecho de que se suscitara esa preocupación, de que tales fenómenos fueran considerados como un problema que debía ser resuelto y de que se llegara a la convicción de que había que promulgar ciertas reformas sociales y de que éstas eran un medio apropiado para pacificar y estabilizar la sociedad. El reformismo social y el problema social parecen ser el resultado de un proceso histórico bastante más complejo y en el que intervinieron algunos otros factores. Por eso, para explicar la aparición de ambos es preciso dar una especie de rodeo analítico y prestar atención en primer lugar a las circunstancias que propiciaron y modelaron esa creciente e inédita preocupación por las desigualdades sociales y la conflictividad obrera.

Lo primero que se observa, cuando se rastrea el origen del reformismo social, es que el factor que desencadenó su aparición fue la insatisfacción y el desencanto de los propios liberales con respecto a los resultados producidos por la puesta en práctica de los principios del liberalismo. Fueron esa insatisfacción y ese desencanto los que llevaron a algunos liberales a ver con nuevos ojos y a prestar mayor atención a las desigualdades y conflictos laborales, pues éstos aparecían como una evidencia del fracaso del liberalismo para instaurar el tipo de sociedad que había prometido. Esta afirmación no es una mera inferencia derivada del análisis histórico, sino que reproduce las manifestaciones de los propios protagonistas. La decepción por el fracaso del liberalismo clásico fue la razón esgrimida por los propios liberales reformistas para justificar su distanciamiento de éste y su adhesión a los nuevos postulados y para explicar su cambio de actitud con respecto al movimiento obrero. Por supuesto, la insatisfacción y el desencanto con respecto al régimen liberal existían desde mucho antes, casi desde la revolución liberal misma. Durante décadas, liberales críticos y socialistas habían venido criticando al régimen liberal y el liberalismo hegemónico había tenido que defenderlo de tales ataques. En este caso, la insatisfacción y el descontento provenían básicamente de la convicción de que el ideal liberal no se había llevado plenamente a la práctica y de que para subsanar la discordancia existente entre los principios proclamados –como los de libertad e igualdad–y su plasmación legal, institucional y social era necesario completar o concluir la revolución.

Sin embargo, la insatisfacción y el desencanto que surgen en las décadas finales del siglo XIX son de una naturaleza diferente, pues no están provocados por una supuesta realización imperfecta de los ideales, sino por la constatación de que los resultados producidos por la puesta en práctica de esos ideales no son los previstos. Esos resultados aparecen como insatisfactorios no ya a la luz de unos principios liberales ideales, sino a la luz de los principios liberales tal como éstos han sido puestos realmente en práctica. Lo que se produce en estos momentos no es una mera desilusión, sino una frustración de expectativas, con respecto no sólo al régimen liberal, sino al propio liberalismo. Por eso se trata de una frustración que afecta ya no sólo a los liberales críticos, sino, sobre todo, a los propios partidarios del régimen liberal vigente y de los principios individualistas que sirven de fundamento a éste. Y de ahí que estos liberales fueran abrazando, cada vez en mayor número, los postulados del reformismo social y prestando su apoyo a las medidas de reforma social. Esa frustración de expectativas obligó a revisar algunas de las premisas y principios del liberalismo clásico, a buscar las causas de que su puesta en práctica no hubiera producido los resultados previstos y a realizar las correcciones y rectificaciones necesarias. El resultado de esta triple operación y, en general, de la crisis interna experimentada por el liberalismo clásico, fue el surgimiento del reformismo social. Es por ello que éste no constituye, como a veces se piensa, una mera prolongación del liberalismo crítico previo (aunque adopte e incorpore elementos de éste), sino que es un fenómeno nuevo, resultante de una transformación, teórica y práctica, del propio liberalismo. El hecho de que el reformismo social tuviera su origen en la frustración de expectativas con respecto al liberalismo clásico explica su fisonomía, su visión y su diagnóstico de la realidad social y la naturaleza y objetivos de las medidas de reforma que propone. Todos éstos son efectos de esa frustración y, por tanto, no pueden entenderse y explicarse cabalmente sin tener ésta en cuenta.

El liberalismo clásico partía del supuesto de que la puesta en práctica de los principios liberales daría como resultado una sociedad cada vez más igualitaria, estable y armónica. Se suponía que la derogación de la desigualdad legal, la instauración de la libertad de acción y la eliminación de toda intervención estatal (especialmente en el terreno económico y laboral) permitirían que la naturaleza humana y la iniciativa individual se desarrollaran sin trabas y que ello se traduciría en un aumento del bienestar general y en un orden social carente de conflictos. En particular, se suponía que la implantación, en el terreno económico, de la libre concurrencia y de la libertad de contratación, unidas a la búsqueda del interés personal, daría como resultado un incremento y una distribución más equitativa de la riqueza y unas relaciones laborales pacíficas. Todos estos supuestos se fundaban, a su vez, en una filosofía moderna de la historia según la cual ésta seguía un curso ascendente regido por el progreso que culminaría en el establecimiento de una organización social perfecta.

Durante décadas, éstas habían sido las convicciones profesadas por todos los liberales, ya pertenecieran a la corriente ortodoxa o a la crítica, ya fueran conservadores, progresistas o demócratas. A medida, sin embargo, que el tiempo transcurría y que el régimen liberal no producía los resultados previstos y anunciados –al contrario, la inestabilidad social crecía a ojos vistas–, el optimismo inicial fue dando paso a la frustración, y ésta a la búsqueda de nuevos medios para alcanzar ese objetivo de una sociedad igualitaria, estable y armónica. El hecho, por tanto, de que se partiera de los referidos supuestos hizo que la frustración del proyecto liberal fuera percibida y experimentada como un fracaso. Y ello determinó la naturaleza de la reacción y de la respuesta de los liberales. Si se trataba de un fracaso, entonces lo primero que la situación requería era buscar sus causas y rectificar los errores de cálculo cometidos y, a continuación, diseñar nuevos medios para alcanzar el objetivo perseguido. A partir de cierto momento, algunos liberales comenzaron a preguntarse abiertamente a qué se debía ese fracaso en las previsiones y a tratar de encontrar los medios para rectificar el rumbo del régimen liberal con el fin de recuperar su eficacia como medio para instaurar el orden social ideal. El medio encontrado para llevar a cabo esa rectificación fue el reformismo social. Por eso los reformistas sociales jamás pusieron en duda los supuestos básicos de partida, es decir, que la historia humana es un curso de progreso hacia la perfección social, que ésta es un objetivo realizable y que el régimen liberal, aunque sea con las necesarias rectificaciones, es el medio idóneo para alcanzar ese tipo de sociedad.

Esta frustración de expectativas tuvo como consecuencia una transformación del liberalismo clásico. Pues éste tuvo que ser modificado para hacer inteligible, poder dar cuenta y afrontar la situación social creada por la puesta en práctica de los propios principios liberales. Para poder explicar los efectos no previstos del régimen liberal y tratar de superar las dificultades para estabilizar la sociedad, fue necesario revisar las premisas de partida y desarrollar una serie de suplementos teóricos. El liberalismo se vio forzado a transformarse con el fin de mantener su eficacia como medio de alcanzar la armonía social. Para que continuara siendo plausible la afirmación de que la búsqueda del interés propio y el régimen económico de libre mercado conducían a un orden social igualitario y armónico fue necesario modificar y actualizar los postulados y nociones del individualismo clásico. Por supuesto, durante esa operación de reelaboración de la teoría liberal, el núcleo conceptual original de ésta se preservó intacto. La nueva realidad social obligó a revisar y reajustar los presupuestos teóricos de partida, pero éstos nunca fueron puestos en cuestión. Nunca se puso en duda que existía una naturaleza humana universal, que el individuo es un agente libre y que la organización social y económica debe ser una proyección de dicha naturaleza. De hecho, la propia interpretación de la nueva realidad social y la explicación de los efectos no previstos del régimen liberal fueron el resultado de la aplicación analítica de estos mismos presupuestos teóricos. Y de ahí que esos efectos aparecieran, a los ojos del reformismo social, no como un fracaso de los presupuestos de partida, sino más bien como un error de cálculo que podía ser subsanado desde dentro del propio liberalismo, mediante el perfeccionamiento de éste.

Ese sentimiento de frustración es el que mueve y orienta a los reformistas sociales españoles finiseculares y el que los impulsa a indagar las causas del fracaso y a buscar los medios para enmendarlo. Gumersindo de Azcárate constata que la «armonía» y la «igualdad» sociales no existen en la realidad y se pregunta a qué se ha debido, si «a que son imposibles por naturaleza» o «a vicios y defectos de la organización social» y, «si es lo segundo, ¿cuáles son los medios de corregirlos en todo o en parte?». En esto consiste, según él, el «problema social».1 Según expone Azcárate, en contra del absolutismo y el privilegio del antiguo régimen, «la revolución proclamó la li bertad en el orden político y la igualdad en el orden social». La primera, exalta la personalidad de los individuos y se opone a la intervención absorbente del Estado; la segunda, «protesta con tra las desigualdades creadas y mantenidas por la ley». Dado que la existencia de desigualdades sociales se atribuía a la existencia de privilegios, amparados por el Estado, se creyó que la proclamación de la libertad y la igualdad legal daría como resultado la igualdad social. «Se creyó, y se creyó con fe –dice Azcárate–, que uno de los efectos mágicos de proclamar la una [libertad] habría de ser el conseguir la otra [igualdad]». Pronto, sin embargo, «vino el tiempo a mostrar cuán ilusoria era esta espe ranza».2 Y no sólo eso. No sólo la libertad no trajo consigo una mayor igualdad social, sino que la propia libertad se convirtió en un factor agravante de las desigualdades. Según el propio Azcárate, «se creyó que la abolición de los privilegios iba a traer como consecuencia, ipso facto, la igualdad social, y resultó que parecía como si del seno de la libertad proclamada surgiera una desigualdad análoga a la que antes produjera el privilegio».3

También Segismundo Moret percibió y experimentó esa frustración de expectativas, y realizó una vívida descripción de la misma y de sus efectos. Según él, los revolucionarios liberales actuaron movidos por el «ardiente amor del ideal» de alcanzar un orden social perfecto.4 Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado. La existencia de ese ideal no pudo impedir «ciertas inevitables consecuencias», como la aparición del desencanto, provocado por el hecho de que ni la prosperidad económica ni la paz social prometidas han sido alcanzadas, o al menos no lo han sido con la rapidez esperada. Moret utiliza el símil del viajero que, tras una larga noche de viaje, no encuentra la ciudad esperada, sino una desierta llanura. Y describe en qué consiste el desencanto actual y cuál es su origen: «Cuando al individuo como a los pueblos, una vez convencidos de sus males se les promete el remedio, ensalzando las bienandanzas que acompañan a un nuevo estado social; cuando se fantasean y coloran ante sus anhelantes miradas las maravillas de la tierra de promisión, entonces, si al llegar a ella la realidad se queda inferior a las promesas; si después del esfuerzo hecho y del sufrimiento experimentado la paz pública no aparece, ni la riqueza se desarrolla en la proporción y en el plazo deseados; si los beneficios se realizan en esa forma genérica y vaga que la mayoría disfruta sin apercibirse de sus ventajas, mientras que los rozamientos y las dificultades que nacen de las nuevas circunstancias se sienten y tocan por do quiera, entonces llega un momento en que el abatimiento se apodera de los espíritus y el escepticismo de las conciencias».5

A partir de cierto momento, pues, comenzó a pensarse que el liberalismo y los economistas políticos clásicos habían pecado de un exceso de optimismo. Y los liberales españoles empezaron a hacerse eco entonces de aquellos autores extranjeros que habían comenzado a rechazar ese «optimismo sentimental», como lo denomina Azcárate.6 A este declive del optimismo liberal y al consiguiente sentimiento de desencanto que empezaba a experimentarse en España se referirá Moret, años más tarde, cuando habla de «la tendencia pesimista» que caracteriza a «nuestra generación». Y que él atribuye al hecho de que «la crítica histórica, que ha deshecho tantas afirmaciones tenidas hasta ahora por exactas, ha producido necesariamente la desconsoladora negación de un sin número de creencias, que eran, por decirlo así, el ideal de lo bello en la historia y el consuelo de muchas amarguras en el presente».7 Tras salir de «las tinieblas y de las tristezas de aquel período que empezó en 1808 y que sólo en apariencia terminó con la primera guerra civil –había ya afirmado Moret en otro momento–, el entusiasmo de los reformadores y los anhelos de los pueblos hicieron creer a la generalidad en el próximo y fácil disfrute de bienes y de progresos que otros países gozaban ya en posesión tranquila. Bastaba, al parecer, extender la mano para alcanzarlos, y el voto de una ley se creía suficiente para naturalizarlos en nuestro país. Un esfuerzo no más, y el bien estaba conseguido».8

Pero transcurría el tiempo y los resultados esperados no se producían. En palabras de Moret, «se hizo el esfuerzo y se repitió varias veces sin temor al sacrificio, y el fin no se conseguía».9 Y, como consecuencia, sobrevinieron la decepción, el conformismo y el desapego con respecto al régimen liberal. «Y cuando aquella risueña esperanza –prosigue Moret–, agigantada por nuestra imaginación meridional, no se ha realizado en la medida y tiempo por cada cual soñado; cuando después de tantas desgracias y de convulsiones tan diversas los males continuaron, y los bienes, sobre todo los que nacen de la paz y de la estabilidad, no se han logrado; cuando generación tras generación un esfuerzo ha seguido a otro esfuerzo sin llegar nunca al término; entonces estas continuadas decepciones han debido engendrar una serie de movimientos más o menos excéntricos, pero ya fuera de la dirección primitiva, y modificar la situación general de los espíritus antes tan compactos y unidos, y por eso hoy, mientras unos maldicen el camino emprendido y se niegan a continuarlo, otros vuelven la vista y aun los pasos hacia atrás, y la mayoría, escéptica, descreída y poco segura del mañana, atiende sólo a utilizar, sin reparar mucho en la forma y la manera, los provechos de la hora presente, única realidad cierta y segura».10 Además, según Moret, la intensidad del entusiasmo inicial ha hecho que el desencanto actual sea aún mayor. El mismo ardor, dice, con que se abrazaron aquellos ideales y esperanzas «explica el desencanto y la tristeza de los presentes días», pues la «misma predicación elocuentísima y sonora que acarició nuestros oídos en la juventud, pintándonos las excelencias del progreso y haciendo casi una religión de la armonía en la vida humana», aparece hoy como un sarcasmo y como el fruto de la vanidad.11

El actual «estado de descreimiento y de falta de voluntad, con todo el cortejo de males que acompaña invariablemente al escepticismo», ha contribuido, según Moret, a agravar aún más la conflictividad social. Pues el desánimo y la pasividad provocados por ese escepticismo han envalentonado a las «masas» que, «apercibidas de su fuerza, se adelantan amenazadoras a reclamar su parte en el botín», como se ha puesto de manifiesto en la Commune de París.12

José Canalejas también considera que se ha producido una frustración de expectativas con respecto al liberalismo y la achaca al hecho de que los ideales liberales, proclamados en la teoría y en las leyes, no se han plasmado plenamente en la práctica. Según Canalejas, «la generosa democracia individualista adelantó bien poco en el áspero sendero de las realidades; y si llena el texto de la ley con sus máximas, si dulcifica con su influjo las costumbres, si facilita el acceso a las primacías políticas y hasta a la riqueza, proclamando principios cardinales como la igualdad jurídica, la proporcionalidad del impuesto y el haber, la independencia individual y el reconocimiento de los derechos del hombre, sus fórmulas, inspiradas en el individualismo político y económico, difundidas por la propaganda de oradores y de filósofos, impuestas mediante procedimientos de violencia, no han logrado imperar en el régimen económico y social».13 La revolución liberal, continúa, otorgó «al hombre derechos para combatir libremente por su emancipación y bienestar», pero la «soñada abolición de la miseria, que fue su estímulo primero, es en los actuales momentos problema abrumador que nos preocupa y nos amenaza».14 Pocas de las promesas del liberalismo han trascendido, según Canalejas, «desde el Código a la vida». El «bienestar económico» ha crecido, pero en desiguales proporciones: geométrica para las clases acomodadas, aritmética para los trabajadores; los salarios no están en relación equitativa con los beneficios y las tasas de analfabetismo continúan siendo elevadas.15

La frustración de expectativas afectó, de manera particular, a la Economía Política clásica. Y ello porque ésta era la que había proporcionado gran parte de los supuestos y principios teóricos en que se basaban la organización económica y las relaciones laborales del régimen liberal. El hecho de que fuera en el terreno económico y laboral donde se localizaba el problema social y en el que tenía su origen el movimiento obrero provocó que el desencanto con respecto a los postulados económicos del liberalismo fuera especialmente intenso. Al ser precisamente en el terreno económico donde el fracaso del liberalismo era más patente, la Economía Política aparecía como responsable directa de dicho fracaso. Y de ahí que la necesidad de revisar y reformular sus premisas fuera especialmente acuciante y que, en consecuencia, la crítica de la Economía Política constituyera la fuente primordial y el motor más poderoso del surgimiento del reformismo social. En particular, fue la crisis de credibilidad del individualismo económico clásico lo que determinó que la intervención del Estado se convirtiera, para los reformistas sociales, en el instrumento fundamental para resolver el problema social.

La Economía Política partía del supuesto de que sus premisas teóricas expresaban leyes naturales que reflejaban las inclinaciones intrínsecas de la naturaleza humana y de que, por tanto, al ser puestas en práctica, esas premisas darían como resultado un orden económico y social natural. Dado que el móvil natural de los seres humanos es la búsqueda del interés propio, el régimen económico y social que se corresponde con esa ley natural es aquél basado en la libertad económica y la libre concurrencia. La búsqueda individual del interés propio produciría no sólo un incremento continuado de la riqueza, sino un aumento del bienestar general. La libertad económica –de producción, de contrato y de intercambio– constituye, por tanto, el medio idóneo y más eficaz para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y resolver, en consecuencia, el problema social. A medida que el tiempo pasaba y que los resultados anunciados no se producían –o no lo hacían en el grado esperado–, la confianza en los principios de la Economía política comenzó a flaquear y dichos principios comenzaron a ser objeto de escrutinio y de revisión críticos.

Cristóbal Botella ofrece una descripción bastante precisa de esta frustración de expectativas con respecto a la Economía Política entre los propios liberales. Y aunque el hecho de que el autor sea un defensor de ésta última imprime a sus palabras un tono irónico y hasta caricaturesco, ello no resta exactitud a su descripción. Según el cuadro dibujado por Botella, cuando el «triunfo» de la Economía Política «fue incontestable, algunos espíritus, de suyo fáciles al sentimiento y a la pasión, anunciaron que sus principios, a la manera de panacea universal, curarían todas las enfermedades sociales, pondrían remedio a los problemas más pavorosos, y hasta resolverían las crisis tremendas ocasionadas por la miseria». Sin embargo, continúa, «los resultados no correspondieron por entero a esas risueñas ilusiones. Los principios de la economía rectificaron errores, modificaron instituciones, destruyeron privilegios, pero no dieron cuenta de todas las enfermedades sociales, porque no disponían de fuerzas sobrehumanas para realizar empresas tan gigantescas». Como consecuencia de ello, según él, «esos mismos espíritus impresionables, esos mismos optimistas, auxiliados por los adversarios de la ciencia novísima que andaban por el mundo, como el pueblo judío, errantes y dispersos, llorando desastres y fracasos, levantaron en todas partes sordo y creciente clamoreo contra la ley que fija el valor y el precio y sirve de base al cambio; contra la libertad comercial; contra la libertad del trabajo, de la agricultura y de la industria; contra la libre concurrencia...; en suma, contra los conceptos fundamentales proclamados por Quesnay y Smith». Este «clamoreo», concluye la descripción de Botella, «se hizo público, se extendió rápidamente y se convirtió sin tardanza en crítica severa, que juntó a todos los enemigos de la nueva ciencia. Pronto sucedió a la crítica la afirmación de otras doctrinas, y los vencidos recobraron fuerzas, se presentaron animados por grandes energías y dispuestos a mantener ruda contienda en todas partes, con toda clase de armas y a todas horas».16

Eduardo Sanz Escartín especifica los términos y las consecuencias de la frustración de expectativas con respecto al liberalismo económico clásico, al tiempo que señala abiertamente cuáles son las implicaciones prácticas de esa frustración. Según él, «creyeron los generosos iniciadores de la revolución económica, impresionados por la vis ta de los males producidos por el exceso de la intervención oficial, que con apartar en el orden de la producción y del cambio todo obstáculo, con proclamar la libertad del trabajo y la igualdad legal entre patronos y obreros, se había hecho todo lo necesario para que se es tableciese la armonía de todas las clases socia les, y las hasta entonces desvalidas o igno rantes, se elevaran en bienestar y cultura al pleno desarrollo de todas sus facultades». Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió y, como consecuencia, el principio de libertad económica ha comenzado a ser puesto en entredicho y se ha fortalecido la tendencia a la intervención estatal. En palabras de Sanz Escartín, «no sucedió así, empero; y una triste expe riencia se ha encargado de probar que el prin cipio de libertad, entendido como apartamien to absoluto del Estado de cuanto toca al orden económico y como abandono del individuo a sus propias fuerzas, es notoriamente insuficien te para fundar una organización social basada en justicia [sic], y en la que todos puedan gozar de las ventajas de la civilización, sin menoscabo de la libertad personal y sin el temor constante del mañana».17

Desde este punto de vista, el fracaso de la Economía Política radica en que ha sido incapaz de propiciar una distribución más equitativa de la riqueza y unas relaciones laborales pacíficas y, en consecuencia, no ha podido instaurar la armonía social que prometía. Es esta circunstancia la que ha provocado «los desengaños amargos» con respecto al «optimismo económi co» anterior, según la expresión de Cánovas en su discurso en el Ateneo de 1890.18 Como explica el propio Cánovas en otro lugar, citando a Jules Domerques, lo que ha obligado a revisar los postulados la Economía Política han sido las «promesas irrealizadas» de los economistas.19 El liberalismo económico clásico y, en particular, autores como Bastiat –continúa Cánovas parafraseando a Domerques– profetizaron el fin de las huelgas, mediante la concu rrencia universal. Sin embargo, éstas «nunca han sido más fre cuentes ni más temibles». Profetizaron «la vida fácil para el pobre, la moralización de las masas, la futura inutilidad de la gendarmería o guardia civil y de las cárceles, la progresiva elimina ción de los armamentos militares...». Pero «a todo eso el presente estado del mundo le da un gran mentís».20 Y concluye Cánovas: «Ninguna de esas profecías, tiene M. Domerques razón, se ha reali zado hasta ahora, ni se realizará jamás: dejando en muy mal lugar, fuerza es decirlo, el optimismo a veces cándido, soberbio a veces de la Escuela. Inútil es, por tanto, que continúe fulminando excátedra (sic) sus anatemas, porque todo el mundo anda ya enteradísimo de que no es, ni mucho menos, infalible».21

Como se ve, la insatisfacción y el desencanto con respecto al liberalismo económico clásico están provocados en particular por la incapacidad de éste para mejorar la situación de los trabajadores y, de este modo, apaciguar la conflictividad social (dado que se considera que entre ambas existe una conexión). Como escribe Canalejas, «la economía clásica esperaba una serie de milagros de la derogación de las trabas antiguas y del libre juego de la oferta y la demanda. A la vista están los resultados». Y de ahí que estén decayendo en el mundo entero «los antiguos entusias mos por la pretendida libertad del trabajo» y se estén buscando los medios para mitigar los «desastrosos efectos» de dicha libertad.22 Según expone Adolfo Buylla, refiriéndose al socialismo de cátedra alemán, una de las causas que provocó el surgimiento de éste fue, precisamente, la incapacidad de la Economía Política para resolver la denominada cuestión social. Dicho socialismo surgió, dice, como consecuencia del «recrudecimiento que en estos últimos tiempos se nota en lo que ha dado en llamarse cuestión social, y el poco fruto que hasta ahora produjeron los medios propuestos por la Economía antigua». Pues, prosigue, «no obstante sus teorías sobre la ilimitada concurrencia, la grande industria, la libertad de trabajo, la asociación, la instrucción de las clases trabajadoras, el ahorro, el laissez faire, el problema continúa en pie, el capital dominando, el salario decreciente, la ignorancia en alza, la desmoralización en aumento y si bien las hambres no despueblan territorios enteros, como en otros tiempos sucedía, no es raro que el pauperismo extienda su horrible garra sobre la clase operaria para recordarnos que el problema social lo tenemos al lado y en torno nuestro...». O, como sentencia más abajo, el socialismo de cátedra nació de la convicción de que «poco o nada se ha logrado con las predicaciones de los Economistas».23

En el caso de España, esta reacción crítica se produjo una vez que el régimen económico liberal había estado en vigor durante un tiempo lo suficientemente prolongado y tras tres décadas de predominio teórico y político de la Economía política clásica, predominio que llegó a su apogeo durante el Sexenio, momento en que la aplicación institucional de sus principios alcanzó un punto culminante. Sin embargo, durante ese tiempo –y, sobre todo a partir, precisamente, del Sexenio–, la inestabilidad social, en lugar de amainar, se había recrudecido. El renacimiento del socialismo (encarnado en la Primera Internacional), el crecimiento del movimiento obrero y el aumento de la conflictividad laboral venían a contradecir la suposición de que el régimen económico de libre concurrencia traería consigo la solución del problema social. Fueron estas circunstancias las que obligaron a revisar los postulados del individualismo económico clásico y a buscar nuevos medios para estabilizar la sociedad.

La frustración de expectativas con respecto al liberalismo tendrá una serie de consecuencias e implicaciones. La primera consecuencia es que provoca una reacción dentro de las filas del propio liberalismo. Moret considera que para hacer frente a esta situación de desencanto con respecto al régimen liberal es necesario reaccionar cuanto antes, con el fin de recuperar la iniciativa y de restablecer la estabilidad y la paz sociales. Esta «crisis del espíritu», dice, requiere una «reacción vigorosa», con el fin de «recobrar el equilibrio y la salud» de la sociedad.24 Además, para alcanzar ese fin ya no bastaba con dejar a los principios liberales a su propio impulso y aguardar pasivamente, como se había hecho hasta ahora, a que produjeran los frutos esperados, sino que era preciso adoptar una actitud más activa. Como argumenta el propio Moret, dada la gravedad de la crisis, la consecución del fin perseguido no se va a producir de manera espontánea, sino que requiere de una intervención decidida. Sin ésta, la organización social continuará deteriorándose. No esperéis, sentencia Moret, «que el exceso del mal traiga por sí el remedio, esperanza vulgar que la historia no confirma: antes bien, todo en ella tiende a probar que cuando un organismo social entra en un estado enfermizo y decadente, cuanto más tiempo pasa y más camino recorre en esa senda, más difícil le será ya abandonarla», como le ocurrió al Imperio Romano y a la España del siglo XVII.25 Este cambio de actitud es de gran significancia histórica, pues supone una recusación y una pérdida de confianza en el espontaneísmo liberal. Es decir, en el postulado de que el orden social ideal surgirá de manera espontánea de la simple proclamación y puesta en práctica de los principios liberales y de que, por tanto, la arribada de ese orden social es sólo una cuestión de tiempo, según la arraigada y continuamente esgrimida convicción liberal. Nos encontramos, pues, según la gráfica expresión del político conservador Salvador Bermúdez de Castro, ante una auténtica recusación de los «pasivos optimismos», provocada por el «general desengaño ante un presente tan distinto del que ilusionado nos auguraba [el optimismo liberal]». Y, en particular, una recusación del «quebrantado» «optimismo económico a lo Bastiat» y de la «fórmula del laissez-faire».26

La segunda consecuencia de la frustración de expectativas fue que obligó al liberalismo a indagar las causas de su fracaso práctico y a buscar los medios para corregir el rumbo hacia la instauración de la organización social ideal. Como argumenta Moret, no sólo no hay que ceder al «desaliento» y al «escepticismo» y hay que reaccionar frente a ellos, sino que es preciso además buscar las causas que han llevado a esta situación. Pues «sólo entonces podrá darse cuenta de los errores y de las deficiencias del pasado» y «rectificar el rumbo».27 Y a partir de ese momento, efectivamente, el nuevo liberalismo consagrará sus energías a la elaboración de un diagnóstico sobre las causas del fracaso práctico del régimen liberal –o lo que es lo mismo, a las causas del problema social y de su recrudecimiento– y a la búsqueda de nuevos y más eficaces medios para culminar con éxito el proyecto liberal de sociedad. En esa búsqueda de los factores que habían impedido que los resultados del liberalismo fueran los previstos, los liberales se vieron abocados, como se expondrá más adelante, a revisar y reformular algunos de los principios teóricos del liberalismo clásico y, en particular, su concepción de la naturaleza humana. El resultado de esa pérdida de confianza en el liberalismo clásico, del diagnóstico elaborado sobre las causas de su fracaso, de la revisión teórica del individualismo clásico y del diseño de nuevos medios de acción fue el auge del reformismo social a partir de la década de 1870.

Una vez que hubieran sido diagnosticadas las causas del fracaso y actualizados los principios teóricos liberales y una vez que esa doble operación hubiera permitido definir nuevos medios de acción, lo que cabía hacer, según los reformistas sociales, era poner en práctica los postulados del reformismo social. O dicho con palabras de Azcárate, lo que cabía era proceder a la reorganización de la sociedad sobre la base de esos principios liberales renovados. A lo que aspiraba Azcárate era «a que la sociedad moderna cristalice de nuevo, aunque sobre distinta base que la antigua, para que pierda la disgregación que hoy la caracteriza, y salga del atomismo reinante por virtud de una reorganización».28 El instrumento para llevar a cabo esa reorganización de la sociedad eran las reformas sociales, una muestra señera de las cuales es la legislación laboral que comenzó a aprobarse a partir de finales de siglo.

La búsqueda de las causas del fracaso liberal se funda en un conjunto de supuestos de partida, que son los que establecen los términos de la indagación y orientan ésta en una dirección determinada (al tiempo que excluyen implícitamente otras, por ser inconcebibles). El más básico de esos supuestos es el de que lo que se ha producido es efectivamente un fracaso del liberalismo, entendido como una discrepancia entre las expectativas implícitas en la concepción liberal del mundo y los resultados obtenidos por el régimen liberal. En razón de ello, la cuestión que había que esclarecer antes que nada era por qué la implantación del liberalismo había tenido esas consecuencias imprevistas y no deseadas. Desde este punto de vista, ese fracaso sólo podía ser achacable o bien a la imperfección de alguno de los principios teóricos liberales o bien a que la puesta en práctica de éstos se había realizado de manera incorrecta. La posibilidad de que la causa se encontrara en otro lugar no podía ser siquiera contemplada, por inconcebible, ya que los liberales reformistas percibían el mundo y analizaban la situación social engendrada por el liberalismo desde dentro y mediante los propios supuestos y categorías liberales. Lo cual suponía dar por sentado que las entidades y fenómenos a que se refería el liberalismo (como la naturaleza humana, el individuo y el progreso histórico) tenían una existencia real y que, por tanto, la organización social era una proyección de las mismas y debía estar en consonancia con ellas.

Imaginemos, por un momento, que los liberales reformistas hubieran realizado su análisis de la realidad social desde fuera –y no desde dentro– de los supuestos liberales. En ese caso, bien podrían haber llegado a la conclusión, por ejemplo, de que la causa del fracaso se encontraba en que el liberalismo partía de una serie de premisas erróneas, como la de que existe una naturaleza humana. Ahí radicaría entonces la causa de que el régimen liberal no hubiera producido los resultados augurados. En tal caso, la solución del problema social requeriría, necesariamente, abandonar el concepto de naturaleza humana y prescindir de él como principio organizador de la vida social. Pero no fue esto lo que ocurrió. Dado que el liberalismo reformista continuaba sirviéndose de las propias categorías liberales, no podía ponerlas en duda ni trascender sus límites. Lo único que podía poner en duda era que la formulación de esas categorías fuera la correcta. Y así, por ejemplo, los nuevos liberales no dudaban de que existía una naturaleza humana, pero discrepaban de la caracterización que el individualismo clásico había hecho de la misma. Desde este punto de vista, la causa del fracaso no podía encontrarse en los principios liberales, sino únicamente en la manera deficiente o incompleta en que esos principios habían sido formulados. Por continuar con el ejemplo, la causa no podía encontrarse en la inexistencia de la naturaleza humana, sino en la visión incompleta que el liberalismo clásico tenía de ésta.

Por supuesto, a la reacción de los reformistas sociales frente a la situación social creada por la implantación del liberalismo subyace un supuesto aún más profundo, el de que lo ocurrido constituye efectivamente un fracaso. Como ya he sugerido, lo que hizo que dicha situación fuera percibida, experimentada y conceptualizada como un fracaso fue que se operaba con una cierta noción normativa de éxito. Es decir, que se operaba con el supuesto de que la historia humana tiende hacia una forma perfecta de sociedad y que los principios moderno-liberales son el medio para alcanzar ésta. Si la realidad social aparece como un fracaso es porque se la compara con ese tipo ideal de sociedad y porque, en consecuencia, se utiliza a esta última como patrón normativo y teórico para evaluar y analizar dicha realidad social. El reformismo social surgió porque sus artífices parten de una distinción de lo realmente ocurrido y lo que debería haber ocurrido y, en razón de ello, llegan a la conclusión de que el liberalismo ha fracasado porque ha sido incapaz de instaurar el tipo de sociedad que supuestamente tendría que haber resultado de la puesta en práctica de sus principios. Algo parecido ocurriría, un siglo después, con los resultados obtenidos por el socialismo. También en este caso, esos resultados fueron experimentados y concebidos como un fracaso, pues se partía igualmente del supuesto de que la puesta en práctica de los principios socialistas conduciría a un orden social perfecto y a la culminación de la civilización humana. Y es lógico que así fuera, pues también en esta ocasión los hechos son analizados y evaluados mediante la misma matriz conceptual proporcionada por el imaginario moderno.29

Imaginemos de nuevo que dicho supuesto no hubiera existido y que los liberales decimonónicos no hubieran partido de él. En ese caso, los resultados hubieran sido completamente distintos y el reformismo social no habría podido surgir. Sin la mediación conceptual de ese supuesto, la referida situación social no habría aparecido como un fracaso, sino simplemente como el producto de la puesta en práctica del ideario liberal, y los liberales se hubieran limitado a constatar su existencia. Con lo que el problema social no se hubiera constituido como tal, porque los fenómenos sociales de referencia de éste ni hubieran sido objeto de preocupación ni habrían adquirido la condición de problemas que se debían y podían resolver. Pues si las desigualdades sociales, la pobreza obrera y la conflictividad laboral fueron consideradas como problemas fue porque constituían fenómenos anómalos en relación con el modelo moderno-liberal de sociedad ideal.

La frustración de expectativas aquí descrita se acentuó y extendió muy rápidamente con el paso del tiempo, con el consiguiente auge del reformismo social. A medida que crecía el desencanto con respecto al liberalismo clásico, lo hacía también el número de partidarios de las reformas sociales. Este auge del reformismo social se puede observar con claridad, por ejemplo, en la evolución de las discusiones sobre la cuestión celebradas en uno de los principales foros de debate público del momento, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP). Dicha evolución constituye un revelador y significativo índice del avance experimentado por el reformismo social. Todavía a comienzos de la década de 1890, como hace notar Buylla, predominan entre los miembros de la Academia la defensa del individualismo y de la Economía Política clásicos y la consiguiente oposición a cualquier tipo de intervención del Estado, como se vio, por ejemplo, en la discusión sobre las reformas sociales decretadas en Alemania que tuvo lugar en 1890. Como relata Buylla, en esa discusión, conservadores y liberales se opusieron por igual al «intervencionismo del poder público para regular las relaciones entre patronos y obreros», con la tímida excepción de conservadores como el marqués de la Vega de Armijo y el conde de Torreánaz. En esos momentos, «domina todavía el santo horror a la legislación que repercutir pueda en merma del sagrado derecho de la propiedad real» y unía a todos «el grande amor del fetichista respecto a las intangibles leyes económicas; leyes necesarias, fatales, universales». La postura predominante dentro de la Academia aparece representada, como señala Buylla, por intervinientes como Laureano Figuerola, quien defiende la libertad de contratación y rechaza cualquier intervención estatal.30

La postura favorable al intervencionismo, sin embargo, fue ganando terreno muy rápidamente, como se puso de manifiesto en las discusiones de los años siguientes. En ellas los participantes no sólo se hacen eco cada vez más de la crisis de la Economía Política clásica y del consiguiente auge que está experimentando en Europa el intervencionismo estatal, sino que un número creciente de ellos se muestra partidario de la intervención del Estado en la esfera de las relaciones laborales. Este cambio de tendencia se observa ya, por ejemplo, en la discusión de 1893 sobre los gremios. A estas alturas, la necesidad de la reforma social y de la intervención estatal, como medios de hacer frente y encauzar al movimiento obrero, comenzaron a ser defendidas abiertamente en el seno de la Academia. En la sesión del 11 de abril, Mena Zorrilla «encareció la necesidad de mejorar la situación de los obreros», dada la «urgencia que hay de conjurar los peligros que entraña el malestar de las clases trabajadoras, cada día mayor y más general, según las informaciones hechas en todas partes».31 Y en la sesión del 18 de abril, Linares Rivas considera que el anhelo de las «masas» de «mejorar su situación, conquistando los derechos de que carecen» debe ser atendido, no sólo porque se trata de un deseo «hasta cierto punto» justo, sino porque, dado el número de sus miembros, sería vana la pretensión de detener su marcha y, por tanto, lo que hay que hacer es tratar de encauzar esa marcha mediante la introducción de reformas. Lo que «toca y cabe hacer a los poderes públicos es encauzarla, dirigirla e inducirla al bien, como brújula que guía la nave al puerto; no empleando para ello medios violentos, sino el atractivo de las ventajas y concesiones beneficiosas que se otorguen a las grandes agrupaciones de obreros que se asocien para fines legítimos».32

Un índice aun más revelador y significativo de la profundidad de la crisis del liberalismo y de la frustración de expectativas y de la rapidez con que se produjo la transición hacia el reformismo liberal es la trayectoria seguida por algunos destacados intelectuales y dirigentes políticos liberales. Se trata de liberales que inicialmente eran defensores acérrimos del individualismo económico, de la libre concurrencia y de los principios de la Economía Política, pero que, en poco tiempo, modificaron sus puntos de vista, se sumaron a las críticas al liberalismo clásico y acabaron abrazando los postulados del reformismo social y convirtiéndose en adalides de éste. Éste es el caso, por ejemplo, del economista José Manuel Piernas Hurtado. A la altura de 1870, Piernas Hurtado hace una encendida defensa de los principios de la Economía Política y de la tesis liberal clásica de que la libertad económica es el único medio para resolver el problema social, de que éste es un residuo del pasado y de que, por tanto, desaparecerá por sí solo con el tiempo.33 Unos pocos años después, como veremos, Piernas Hurtado se había convertido en un severo crítico del individualismo económico clásico y en un ardiente defensor del reformismo social.

Quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos de la crisis y la transformación experimentadas por el liberalismo durante estos años sea la trayectoria seguida por Antonio Cánovas del Castillo. A finales de los años 1860, Cánovas se proclama individualista, se declara defensor incondicional de la Economía Política y considera que el individualismo es el medio para alcanzar la armonía social (frente al socialismo y a otras doctrinas sociales). Se declara, según sus palabras, «individualista, en el sentido filosófico y económico de la palabra» y afirma que, sobre cualquier otro ideal de «asociación humana», está el «ideal moderno» [individualista], porque es el que «constantemente enaltece y perfecciona a los individuos».34 Según Cánovas, Dios creó al ser humano como «individuo» y aunque la sociedad existe y es el medio en que el ser humano actúa y se desarrolla, el individuo tiene primacía (no es el individuo el que está hecho para la sociedad, sino a la inversa, afirma). En cada ser humano hay más «libre albedrío» que en la sociedad entera y el ser humano es el responsable último de sus acciones.35 Unos años después, reitera sus argumentos en defensa del individualismo y sostiene que la «humanidad» no es «sino una mera agregación de individuos libres» y heterogéneos.36

Con respecto al problema social, Cánovas se opone a toda intervención del Estado y defiende como únicas soluciones el ejercicio de la caridad y la resignación de los obreros. Así lo hace, por ejemplo, en 1871, en el debate parlamentario sobre la Primera Internacional. Aquí considera que la miseria y la desigualdad social son fenómenos naturales y que, por tanto, se trata de problemas que no pueden ser resueltos. Según él, «la verdad es que la miseria es eterna; la verdad es que la miseria es un mal de nuestra naturaleza, lo mismo que las enfermedades, lo mismo que las pasiones, lo mismo que las contrariedades de la vida, lo mismo que tantas otras causas físicas y morales como atormentan nuestra naturaleza». En cuanto a las desigualdades sociales, también son naturales, pues son el resultado del hecho de que los individuos son desiguales por naturaleza. Y de ahí que cualquier intento de igualar a los individuos sea antinatural.37

Cánovas se muestra contrario, por consiguiente, a todas las soluciones a los «problemas sociales contemporáneos» habitualmente propuestas, a las que considera de «escasa eficacia».38 Entre ellas, menciona las «sociedades cooperativas», el «patronazgo voluntario» (propuesto por Le Play para resolver el problema del pauperismo), la participación de los trabajadores en los beneficios, la creación de nuevos gremios, los jurados mixtos, las sociedades de socorros mutuos, los créditos y la reducción de la jornada de trabajo. Cánovas acepta que esas medidas puedan ser adoptadas, pero duda de que sean eficaces. Con ellas, sentencia, «ni el espíritu de los trabajadores ni el malestar social habrán de mejorar sensiblemen te».39 El único remedio que él considera eficaz, reitera, es la «caridad cristiana o religiosa» y la resignación. Dicha caridad, afirma, es el único «agente a propósito para mediar entre ricos y pobres, suavizando los choques asperísimos, que por fuerza ha de ocasionar entre capitalis tas y trabajadores el régimen de la libre concurrencia», mientras que «la resignación o contentamiento con la propia suerte, buena o mala», es el «único lazo que mantiene en haz las heterogéneas condiciones individuales».40 Menos de dos décadas después, como veremos, Cánovas pasa a criticar abiertamente al individualismo económico clásico y a la libre concurrencia, negará que la caridad sea un remedio eficaz y se convertirá en defensor y promotor de las reformas sociales y de la intervención del Estado. Y así, aunque en su discurso de 1890 Cánovas reiterará su opinión de que todas las soluciones mencionadas («asociaciones voluntarias, cooperativas, patronazgo voluntario que preconizó Le Play, participación en los beneficios...») han resultado ineficaces para resolver el «hondo malestar social», lo hará no para defender la caridad y la resignación, sino para defender las medidas de reforma social.41

El hecho de que el reformismo social tenga su origen en la crisis del liberalismo clásico es lo que explica, asimismo, en primer lugar, que los reformistas sociales tengan una procedencia y una adscripción ideológicas tan diversas. Y, en segundo lugar, que la filiación ideológica, política o intelectual de los reformistas sociales sea un factor de tan escasa relevancia en el surgimiento, la configuración y el programa del reformismo social (y, por tanto, una variable irrelevante a la hora de explicar éstos). Como se verá, el hecho de que los reformistas sociales procedan ideológicamente de una u otra de las corrientes liberales existentes (desde el republicanismo al liberalismo conservador) apenas entraña diferencia alguna en los términos de su reacción crítica contra el individualismo clásico, en su caracterización del problema social y en sus propuestas de reforma. El reformismo social no constituía la ideología y el programa de ninguna de esas corrientes en particular, sino que surgió de la mencionada crisis del paradigma liberal y de la consiguiente transformación sufrida por éste al tener que dar cuenta de y hacer frente a una nueva situación social caracterizada por el recrudecimiento del problema social. Dado que todos ellos eran liberales e individualistas económicos, los términos tanto de su desencanto como de su respuesta fueron sustancialmente los mismos, con independencia de su adscripción ideológica previa. El reformismo social no nació de una disputa entre diferentes corrientes o tendencias del liberalismo, sino de una pugna entre viejo y nuevo liberalismo y de ahí que el debate reformista se extendiera a todos los grupos liberales. La única diferencia que se observa a este respecto es la que se da entre aquellos liberales que creían que el liberalismo estaba en crisis y aquellos otros que negaban ésta y, en consecuencia, persistieron en la defensa de los postulados del liberalismo clásico. Es decir, entre liberales reformistas y liberales puros u ortodoxos. Es por ello que la referida pugna afectó por igual a todos los grupos políticos (republicanos, conservadores y liberales). Aunque en el caso del Partido Liberal, dada su mayor fidelidad al liberalismo clásico, esa pugna interna se desarrolló algo más lentamente.

Esta circunstancia es la que explica que aunque la filiación ideológica y política de los reformistas sociales españoles era heterogénea, el movimiento reformista como tal fue bastante homogéneo. Porque la adopción de los postulados del reformismo social no obedeció a razones ideológicas (por ejemplo, a una mayor preocupación por la pobreza de las clases bajas), sino que fue el resultado de la reacción frente a lo que se consideraba como un fracaso del individualismo clásico, sobre todo en el terreno económico, para llevar a término el proyecto liberal de sociedad. Ya se trate de republicanos o de conservadores, todos ellos piensan y reaccionan como liberales desencantados y, por tanto, la manera en que experimentan el fracaso del régimen liberal y los medios que conciben para superarlo son esencialmente los mismos. Y de ahí que liberales críticos republicanos y conservadores defiendan, promuevan y lleven a la práctica el mismo programa reformista social y que ambos convivan sin conflicto y colaboren estrechamente en los organismos e instituciones relacionados con la reforma social, desde la Comisión de Reformas Sociales (creada en 1883) hasta el Instituto de Reformas Sociales. Por encima de sus discrepancias ideológicas, ambos están unidos e impulsados por un mismo factor causal, la frustración de expectativas con respecto al liberalismo clásico y la pérdida de confianza en la capacidad de éste para resolver el problema social y estabilizar y pacificar la sociedad. Esta homogeneidad, esta colaboración y esta unanimidad programática no podrían haber existido si el reformismo social hubiera sido un fenómeno ideológico, es decir, la creación de alguna de las corrientes liberales existentes o el resultado de la influencia ejercida por alguna escuela ideológicofilosófica previa en particular. De hecho, también a este respecto los reformistas sociales tienen una procedencia heterogénea y con frecuencia opuesta, pues incluye, por ejemplo, tanto a partidarios como a detractores del denominado krausismo.

Una evidencia de que el reformismo social no es un fenómeno ideológico, sino que es de naturaleza distinta y tiene su origen en la mutación del paradigma teórico liberal propiciada por la frustración de expectativas es la génesis de su propuesta de intervención del Estado, uno de los componentes primordiales y más distintivos del reformismo. La intervención estatal en la esfera económica y laboral es una medida de nuevo cuño, que no formaba parte previamente del programa de ninguna de las corrientes liberales que abrazaron el reformismo social ni pudo constituir, por tanto, una contribución de ninguna de ellas a este último (con anterioridad, sólo era propugnada por el socialismo). En particular, antes de la década de 1870, la intervención estatal como medio de resolución de la denominada cuestión social era rechazada de manera unánime por todas las corrientes del republicanismo y por los economistas de orientación krausista. La propuesta de intervención del Estado surgió como consecuencia de la necesidad de hacer frente al recrudecimiento del problema social y de encontrar nuevos medios para resolver éste que fueran más eficaces que los proporcionados por el liberalismo clásico. De hecho, como veremos, si la intervención estatal se convirtió en el más importante y característico de esos medios fue precisamente porque entrañaba una rectificación de dicho liberalismo.

Las únicas diferencias apreciables que se observan entre los reformistas sociales se dan no en el punto de llegada, sino más bien en el punto de partida de su viaje hacia el reformismo social. Pues mientras los liberales críticos o republicanos ponen el acento en el fracaso del liberalismo clásico para realizar su proyecto, los liberales conservadores, además de ello, tienden a atribuir cierta responsabilidad a la revolución liberal por el recrudecimiento del problema social. Como es de sobra conocido, el conservadurismo decimonónico reprochaba a la revolución liberal el que no hubiera sido capaz de instaurar un orden social tan estable como el que había derrocado. Según la crítica conservadora, la revolución liberal destruyó el sistema de valores del régimen anterior, pero no había implantado un nuevo sistema de valores capaz de garantizar una estabilidad y un consenso similares a los prevalecientes con anterioridad. Esta había sido una de las consecuencias de la secularización llevada a cabo por la revolución liberal y del consiguiente abandono de la religión como dispositivo de consenso social. Como sostiene, por ejemplo, Eduardo Sanz Escartín, al tratar del origen del problema social, la secularización había traído como consecuencia que en las clases bajas se debilitaran sus sentimientos de resignación y de aceptación del orden social y que ya no se sintieran satisfechas con una recompensa tras la muerte y exigieran el bienestar en esta vida. De modo que, según él, al romper los antiguos lazos morales que daban estabilidad a la sociedad, la revolución liberal abrió una fase histórica de lucha de clases.42 Es en razón de este diagnóstico que el liberalismo conservador propone, a lo largo del siglo XIX, como remedios de la llamada cuestión social la restauración del sistema de valores religioso, el ejercicio del paternalismo y de la caridad de las clases altas y la resignación de las clases bajas. Además, el conservadurismo reprocha al liberalismo hegemónico el haber alentado y propiciado la movilización y la participación política de las clases bajas, lo cual habría contribuido también a favorecer la agitación de éstas. Por último, hay que tener en cuenta que el individualismo profesado por el conservadurismo tiene un carácter menos homogéneo que el del liberalismo ortodoxo. Pues aunque los conservadores son acérrimos partidarios del individualismo económico y del régimen de libre concurrencia, a la vez tienen una concepción más organicista de la sociedad.

Así pues, el hecho de que el reformismo social tenga su origen inmediato en la crisis del individualismo económico hizo que muchos conservadores llegaran a abrazar y promover el reformismo social. Al mismo tiempo, sin embargo, sus recelos precedentes con respecto al individualismo político ortodoxo y su concepción organicista de la sociedad fueron factores que facilitaron, sin duda, la rápida transición de esos conservadores hacia el reformismo social y la defensa de la intervención del Estado, que tenían como base, precisamente, una reformulación organicista del individualismo. Su menor apego al individualismo ortodoxo contribuyó, asimismo, sin duda, a que los conservadores llegaran a adoptar posturas reformistas más radicales que los republicanos, como en el caso de la regulación de la jornada laboral, que comenzaron a defender abiertamente a partir de finales de siglo. De hecho, los propios conservadores llegaron hasta el punto, incluso, de arrogarse la condición de reformistas sociales por excelencia, es decir, de ejecutores naturales de las reformas sociales y de la renovación del sistema liberal destinada a resolver el problema social. Es lo que hace, por ejemplo, Eduardo Dato, al sostener que los conservadores eran los llamados de manera natural a realizar esas reformas y resolver ese problema. Según él, aparte de que despierta menos desconfianza y recelos en las clases altas, el conservadurismo está más cualificado para realizar las reformas sociales necesarias porque es menos «individualista» y, por tanto, atiende no sólo al individuo, sino a la «masa».43 Lo que cuenta, no obstante, con respecto a la génesis, los postulados y la práctica del reformismo social es que, una vez aceptada la necesidad de adoptar reformas sociales, no se observan diferencias sustanciales entre los reformistas sociales en razón de sus antecedentes ideológicos. Ya se trate de reformistas sociales de filiación política conservadora, republicana o liberal, los términos de su crítica al individualismo económico clásico, su diagnóstico sobre las causas del problema social, sus propuestas de reforma social y el papel que atribuyen al Estado son similares.44

Conviene tener siempre presente, por último, que el reformismo social es un fenómeno transnacional, y no exclusivamente español. Y que, además, las ideas, argumentos teóricos y propuestas prácticas del liberalismo reformista hispano tienen, en su casi totalidad, una procedencia exterior. Los reformistas españoles apenas hicieron contribución original alguna en este terreno, sino que se limitaron a reproducir y a adaptar los debates, las críticas y los argumentos previamente desarrollados en otros países. De igual modo que sus propuestas de reforma social y sus iniciativas legislativas fueron con frecuencia meras imitaciones de sus homónimas extranjeras, al menos durante estas primeras décadas. La especificidad española es casi puramente de orden cronológico, puesto que la crisis del liberalismo clásico se inició en España más tarde que en otros países, como Alemania, Gran Bretaña y Francia. Este retraso temporal se debió al hecho de que en España la implantación del régimen económico liberal fue posterior y su período de vigencia había sido menor. También en España, como en esos países, fue necesario que transcurriera el tiempo suficiente para que se produjera la frustración de expectativas con respecto al liberalismo clásico. Hasta que en España no se comenzó a experimentar en la práctica la ineficacia estabilizadora del individualismo económico, no se produjo el correspondiente movimiento de reacción crítica y se desencadenó la crisis del liberalismo clásico. Y para ello fue necesario aguardar hasta la década de 1870.

A partir de ese momento, la influencia exterior desempeñó un papel decisivo, pues no sólo proporcionó a los reformistas españoles un cuerpo teórico e ideológico ya elaborado y un programa de reformas ya en marcha, sino que actuó como un estímulo de la crisis del liberalismo y de la Economía Política clásicos españoles. Los liberales reformistas españoles no sólo estaban muy bien informados de la situación de esos países y conocían perfectamente los debates internacionales y las medidas de reforma que se habían estado implementando. Además, el liberalismo reformista español se inscribe explícitamente a sí mismo en el amplio y prolongado debate que se viene produciendo en Europa en torno a la crisis del liberalismo clásico. Buylla, por ejemplo, no sólo reproduce los términos de ese debate, sino que además él mismo se sitúa en su seno. La revolución liberal supuso, explica, una ruptura con la situación anterior de «absorción del individuo en el Estado» y la sustitución de ésta por el individualismo y la «teoría del contrato», teoría trasladada a la economía por los economistas clásicos.45 Pronto, sin embargo, continúa, aparecieron críticos y adversarios del individualismo, como los pensadores contrarrevolucionarios (como De Maistre y De Bonald) y la «escuela armónica de Krause», todos ellos «concordantes en demostrar la necesidad de un enlace interno y positivo entre el Estado y el individuo que venga a sustituir al externo casual y arbitrario que deriva de la citada teoría».46 Actualmente, son muchos otros los autores (como Ahrens y Von Mohl) que impugnan la teoría del contrato social, sostienen la doctrina orgánica de la sociedad y propugnan la «intervención protectora» del Estado en la economía.47

Es por ello que los análisis, diagnósticos y propuestas del reformismo social español no se basan exclusivamente en la realidad social del país, sino en la del mundo liberal capitalista en general. Cuando se refieren a los efectos de la industrialización o de la libre concurrencia, no tienen en mente sólo la situación española, sino también la de esos otros países. Es más, en el reformismo social español late siempre el propósito de prevenir, atajar o anticiparse a algunos de esos efectos, observados en otros países, que aún no se han producido en España. Y lo mismo podría decirse con respecto al movimiento obrero. La preocupación por éste no está provocada sólo por la agitación obrera española, sino por el auge del movimiento obrero y del socialismo en toda Europa. En todo caso, el papel y el alcance de la influencia extranjera en la formación del liberalismo reformista español es un tema que escapa por completo al objeto de este trabajo. Lo que éste se propone es analizar el proceso de gestación del reformismo social y del Estado del bienestar en un lugar concreto y contribuir al conocimiento de un fenómeno histórico general mediante el estudio de un caso particular.

1Gumersindo de Azcárate, Resumen de un debate sobre el problema social, Madrid, 1881, pp. 9-10. En todas las citas se ha actualizado la grafía.

2Ibid., pp. 10-11.

3Gumersindo de Azcárate [«Leyes obreras, sociales o del trabajo»], Discurso leído el 10 de noviembre de 1893 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, Madrid, 1893, p. 15.

4Segismundo Moret y Prendergast, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885 en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras, Madrid, 1885, p. 1.

5Ibid., pp. 2-3.

6Gumersindo de Azcárate, Estudio sobre el objeto y carácter de la ciencia económica y su relación con la del Derecho, Madrid, 1871, p. 43.

7Segismundo Moret, Discurso leído el día 17 de noviembre de 1894 en el Ateneo con motivo de la apertura de sus cátedras, Madrid, 1894, pp. 26-27.

8Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, p. 3.

9Ibid., p. 4.

10Ibid.

11Segismundo Moret, Discurso leído el día 17 de noviembre de 1894 en el Ateneo con motivo de la apertura de sus cátedras, p. 31.

12Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, pp. 5-6.

13José Canalejas Méndez [«Aspecto jurídico del problema social»], Discurso leído en la sesión inaugural del curso de 1894 a 95 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación celebrada el 10 de diciembre de 1894, Madrid, 1894, p. 9.

14Ibid.

15Ibid., p. 7.

16Cristóbal Botella, Naturaleza y estado actual de la Economía Política, Discurso leído en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de la sección de ciencias morales y políticas, curso de 1888 a 1889, Madrid, 1889, pp. 20-21.

17Eduardo Sanz Escartín, La cuestión económica, Madrid, 1890, pp. 18-19.

18Antonio Cánovas del Castillo, «La cuestión obrera y su nuevo carácter» [Discurso en el Ateneo de 10 de noviembre de 1890], Problemas contemporáneos, Tomo III, Madrid, 1890, p. 461.

19Antonio Cánovas del Castillo, «De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista», Problemas contemporáneos, Tomo III, Madrid, 1890, pp. 447-448.

20Ibid., p. 448.

21Ibid., p. 449.

22José Canalejas, «Prólogo» a Práxedes Zancada, El obrero en España (Notas para su historia política y social), Barcelona, 1902, p. 23.

23Adolfo A. Buylla, «Discurso leído en el solemne acto de apertura del curso académico de 1879 a 1880 en la Universidad Literaria de Oviedo», en José Luis Malo Guillén (ed.), El krausismo económico español, Madrid, RACMP, 2005, p. 248.

24Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, pp. 7-8.

25Ibid., p. 8.

26Salvador Bermúdez de Castro, El problema social y las escuelas políticas, Madrid, 1891, pp. 60-61 y 65. El autor realiza una descripción de la frustración de expectativas con respecto a las promesas del liberalismo económico clásico, propone una rectificación del mismo, aboga por una reorganización de la sociedad sobre la base de los nuevos principios y se muestra partidario de la intervención del Estado en la esfera económica.

27Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, pp. 8-9.

28Gumersindo de Azcárate [«Leyes obreras, sociales o del trabajo»], p. 15.

29Con el tiempo, la noción de fracaso del liberalismo sería asumida y utilizada por algunos estudiosos de la historia del reformismo social. Así, por ejemplo, J. Vicens Vives y J. Pérez Ballester se refieren al «fracaso práctico del liberalismo ante el problema social» y lo atribuyen a sus «errores teoréticos». El más importante de los cuales fue pensar que la sociedad era un mero «agregado de individuos, carente de toda estructura unitaria superior a ellos». Para evitar el «caos» a que conducía este individualismo excesivo, explican los autores, el liberalismo hubo de aceptar la «necesidad de imponer restricciones a las libertades y derechos individuales, de modo que quedase a salvo el orden social». Una tarea que correspondía desempeñar a la «autoridad social» (es decir, el Estado). De este modo, la versión de los propios reformistas sociales adquiría la condición de tesis explicativa del surgimiento del reformismo social (J. Vicens Vives y J. Pérez Ballester, El problema social. Génesis, planteamiento, soluciones, Barcelona, Teide, 1958, pp. 92 y 90).

30Adolfo Á. Buylla y G. Alegre, La reforma social en España, Discurso de ingreso en la RACMYP, Madrid, 1917, pp. 717-718. Ver «Extracto de la discusión promovida en la Academia con motivo de un estudio leído por el Sr. Marqués de Pidal, acerca de la significación y consecuencias probables de los recientes rescriptos del emperador de Alemania sobre la legislación nacional e internacional del trabajo, y del estado de la opinión en las diferentes escuelas y gobiernos respecto de dicho punto (Sesiones de 19 y 25 de febrero, 6, 13 y 20 de mayo, 3, 17 y 24 de junio de 1890)», Memorias de la RACMYP, Tomo VII, Madrid, 1893, pp. 473-492.

31«Extracto de la discusión habida en la Academia acerca del tema “¿Sería conveniente restablecer los gremios de artes y oficios? El restablecimiento de las instituciones gremiales ¿podrá facilitar o dificultar los medios de resolver la cuestión social?”» [febrero-junio de 1893], Memorias de la RACMYP, Tomo VIII, Madrid, 1898, p. 360.

32Ibid., p. 365.

33José Manuel Piernas Hurtado [«La propiedad según el derecho, la economía política y la historia»], Discurso leído en la apertura del curso académico 1870-1871, en Santos M. Coronas González (ed.), El «Grupo de Oviedo». Discursos de apertura de curso de la Universidad de Oviedo (1862-1903), Oviedo, Universidad de Oviedo, 2002, pp. 106-138. Según Piernas Hurtado, con la instauración del régimen económico liberal «no han desaparecido el vicio, ni la miseria, sombras eternas de la imperfección del hombre; pero disminuyen en vez de crecer y permiten confiar en su reducción sucesiva a un grado, que apenas descomponga el cuadro del bienestar general. Entre tanto, ese resultado nos autoriza para atribuir el mal que subsiste, no a lo que sobra de libertad, sino a lo que falta de ella, no al sistema, sino a su desarrollo incompleto todavía» (p. 137).

34Antonio Cánovas del Castillo, «Del socialismo en 1848», Estudios literarios, Tomo II, Madrid, 1868, pp. 464-466. Escrito en 1867 como «Introducción» a Nicomedes-Pastor Díaz, Los problemas del socialismo, Obras, Tomo IV, Madrid, 1867, pp. VII-XL.

35Ibid., p. 466.

36Antonio Cánovas del Castillo, «Discurso pronunciado el día 26 de noviembre de 1872» [en el Ateneo de Madrid], Problemas contemporáneos, Tomo I, Madrid, 1890, p. 137.

37Antonio Cánovas del Castillo, «Discurso pronunciado el 25 de noviembre de 1871», Problemas contemporáneos, Tomo I, Madrid, pp. 74-75.

38Antonio Cánovas del Castillo, «Discurso pronunciado el día 26 de noviembre de 1872», p. 144.

39Ibid., pp. 145-146, 148 y 150-151.

40Ibid., pp. 151-152 y 137.

41Antonio Cánovas del Castillo, «La cuestión obrera y su nuevo carácter», pp. 461-463.

42Eduardo Sanz y Escartín, El Estado y la reforma social [1893], Granada, Ed. Comares, 2010, pp. 5-7.

43Luis Morote, «Lo que dice Dato», El pulso de España, Madrid, 1904, p. 373.

44Algo parecido cabría decir también con respecto al catolicismo social, que se desarrolló en España a partir de la última década del siglo XIX. Como ha estudiado Inmaculada Blasco Herranz, el origen del catolicismo social se encuentra igualmente en una reacción crítica contra el individualismo económico clásico, y de ahí que los argumentos que esgrime contra éste y las soluciones del problema social que propone sean similares a los del reformismo social. Es por ello que el catolicismo social puede ser considerado, esencialmente, como una variante del reformismo social o como una corriente dentro de éste (Ver Inmaculada Blasco Herranz, «Catolicismo social y reforma social en España», en Miguel Ángel Cabrera [ed.], La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, Santander, Universidad de Cantabria, 2013, pp. 61-90).

45Adolfo A. Buylla, «Discurso leído en el solemne acto de apertura del curso académico de 1879 a 188...», p. 273.

46Ibid., p. 274.

47Ibid., p. 275.

2.LA CRISIS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

La frustración de expectativas empujó a algunos liberales, como he dicho, a buscar las causas del fracaso del régimen liberal. O lo que para ellos era lo mismo: las causas del problema social, puesto que, a sus ojos, éste era una evidencia de dicho fracaso (si el liberalismo hubiera tenido éxito en su empresa, el problema social no existiría). Los liberales desencantados procedieron, pues, a realizar un diagnóstico de los factores que habían impedido que la instauración de los principios liberales, en contra de lo que se preveía y parecía lógico esperar, no hubieran producido los resultados previstos. La identificación de esos factores constituía una tarea de vital importancia, pues era la condición para encontrar los medios con que resolver el problema social y corregir, de ese modo, el rumbo del régimen liberal. Además, dado el tiempo transcurrido, ya no era plausible atribuir la existencia del problema social a la pervivencia de residuos de la sociedad anterior y confiar, en consecuencia, en que aquél se iría disolviendo con el paso del tiempo, como sostenían los liberales ortodoxos. Por el contrario, el propio régimen liberal parecía tener cierta responsabilidad en la persistencia y el recrudecimiento del problema social. Aunque dicho régimen no fuera, desde luego, la causa de ese problema, no sólo había sido incapaz de resolverlo, sino que, en su forma actual, podía estar obstaculizando y retardando su solución. En este cambio de diagnóstico sobre la relación entre problema social y régimen liberal se encuentra el origen inmediato del reformismo social y radica la discontinuidad entre éste y el liberalismo clásico.

La búsqueda de las causas (teóricas y prácticas) del fracaso liberal se lleva a cabo de manera preferente en el terreno de la economía. Y ello por dos razones. La primera es de orden puramente práctico y deriva del hecho de que es en ese ámbito donde se localiza buena parte de los fenómenos de los que deriva el problema social. El malestar obrero y los conflictos laborales están motivados en su mayor parte por el descontento de los trabajadores con respecto a las relaciones económicas vigentes. Los obreros tenían, por supuesto, muchos otros motivos de queja y el problema social poseía también otras facetas, pero el funcionamiento del régimen económico liberal constituía un foco primordial de inestabilidad social. Además, la indagación en el terreno económico se hacía más necesaria por la función que el liberalismo atribuía a la actividad económica: la de crear las condiciones materiales que traerían consigo la armonía social. El hecho, por tanto, de que el aumento de la producción no hubiera llevado aparejada una mayor estabilidad social requería de una investigación particular.

La segunda razón del interés por la economía deriva de la posición prominente que la teoría económica ocupaba dentro del régimen liberal. La Economía Política clásica no sólo era un componente esencial del liberalismo, sino que constituía su auténtico armazón teórico, pues era la que proporcionaba una parte sustancial de los principios que regían no sólo en la actividad económica, sino en la vida social y política en general. Conceptos como los de naturaleza humana, libertad, igualdad y armonía social, que eran piedras angulares de ese armazón teórico, habían sido definidos y elaborados en buena medida por los economistas clásicos. Además, el hecho de que se atribuyera a la Economía Política la condición de ciencia, confería una mayor autoridad y legitimidad a los postulados del liberalismo y a las prácticas inspiradas en ellos. La Economía Política clásica era la que certificaba que el liberalismo se asentaba sobre una base científica. Por todo ello, cualquier indagación de las causas del fracaso liberal y cualquier revisión subsiguiente de los principios liberales tenían que afectar obligatoriamente a la Economía Política clásica. Y de ahí que el reformismo social sea, en gran medida, el resultado de la crítica y la reformulación teóricas de ésta.

La Economía Política clásica se asentaba sobre tres supuestos fundamentales. El primero, que la actividad y las relaciones económicas están regidas por leyes naturales y universales, que la propia ciencia económica ha podido discernir y a las que debería adecuarse la organización social. El segundo, que los seres humanos, en tanto que agentes económicos, son sujetos naturales y autónomos cuyo móvil es la búsqueda del interés propio. De lo que se sigue que la organización económica natural es aquélla basada en la libre concurrencia y en la libertad de trabajo y de intercambio y en la que los precios son fijados por la relación entre la oferta y la demanda. El tercero, que esa búsqueda del interés personal y la interacción libre entre los individuos en la esfera económica tendían a producir por sí mismas un aumento de la riqueza y del bienestar general. De modo que la libertad económica y la supresión de cualquier obstáculo que estorbara la iniciativa individual y la libre concurrencia darían como resultado una prosperidad económica general y unas relaciones sociales cada vez más armónicas. Estos supuestos aparecían como incontestables a los ojos de los liberales españoles de las décadas centrales del siglo XIX, constituían el credo de la denominada «Escuela economista» española y alcanzaron su apogeo institucional, como ya he dicho, durante el Sexenio.1

A partir de la década de 1870, sin embargo, comenzó a manifestarse una creciente pérdida de confianza en la Economía Política clásica y las críticas a sus postulados y prescripciones arreciaron cada vez más. No se trata ya sólo de las consabidas críticas procedentes del socialismo, que prosiguen en este momento y continuarán en el futuro. Lo que ahora comienza a arreciar son las críticas procedentes del interior del propio liberalismo. Las críticas de quienes, aunque asumiendo los supuestos del individualismo económico, consideran que éste debe ser revisado y puesto al día. Una postura que les lleva a chocar con los economistas liberales más ortodoxos, quienes consideran, por el contrario, que no es precisa revisión alguna y que dicho individualismo continúa plenamente vigente como base de la estabilidad social y como medio de alcanzar los objetivos liberales. De ahí que las críticas se dirijan también contra la actitud de suficiencia de esos economistas y la cerrazón que muestran frente a las críticas. Como escribe en tono de reproche Buylla, los economistas clásicos, «encastillados en lo que pudiéramos llamar su Iglesia y entusiasmados con su Credo», dieron por acabados y definitivos sus principios, se opusieron a cualquier intento de crítica y «lanzaron anatemas y excomuniones» contra quienes, «estimulados por el laudable deseo de mejorar la condición material de las llamadas clases trabajadoras», se atrevieron a proponer medios para conseguir esa mejora diferentes de los propuestos por esos economistas.2

Los liberales reformistas dan por sentado que la Economía Política clásica se encuentra en una situación de crisis, describen y asumen los términos de ésta y se aprestan a señalar las implicaciones que se derivan de ella. Como expone Azcárate en 1875, «hace muy pocos años, la Economía política se ostentaba orgullosa de su posición en el mundo científico: tan satisfecha se mostraba de su valer, de sus adelantos, de la verdad de sus principios y de la excelencia de sus conclusiones, que cuando alguien osaba oponerse a la corriente de su propaganda, lo arrojaba con desdén de sus dominios». En esa época, incluso, la Economía Política «tan segura estaba de sí misma, que lejos de encerrarse en su esfera propia, no traspasando los linderos de las demás ciencias, pretendía imponer a éstas su método y sus tendencias, y parecía como que las consideraba más bien como subordinadas a la Economía que no como coordenadas con ella».3 En los últimos años, sin embargo, esta situación ha cambiado, pues la preponderancia y la autoridad de la Economía política se han ido debilitando y, con ellas, el optimismo que las acompañaba. Según Azcárate, «es muy otro su estado en la actualidad. A la unanimidad ha sucedido la discusión; a la confianza en las conclusiones consagradas, la revisión de todo lo hecho hasta aquí; a la proclamación de principios abstractos, las tendencias realistas, a la intransigencia ortodoxa, la discreción y la tolerancia; al espíritu crítico y negativo, el positivo y reconstructor; al prurito de defender y consagrar el régimen económico existente, el vivo deseo de mejorarlo; al aislamiento y predominio de la Ciencia económica, la aspiración a relacionarla en estrecho vínculo con las demás; a la preocupación exclusiva por la libertad, por los problemas jurídico-económicos, el interés por las cuestiones puramente económicas; al optimismo de los antiguos economistas, las aspiraciones de los modernos a la reforma y mejora de este orden importante de la vida».4

Los reformistas sociales consideran, además, que la crisis de la Economía Política clásica es irreversible. Pues su fracaso práctico ha alcanzado tal magnitud, que sus postulados no pueden seguir siendo sostenidos y aplicados en su forma original y han de ser sometidos inevitablemente a revisión. Como sentencia Piernas Hurtado en 1874, actualmente se está produciendo una «renovación científica» de la Economía, y aunque «la escuela del ilustre Bastiat, a que se hallaba afiliada la mayoría de los economistas españoles, no ha dicho ciertamente la última palabra de esta ciencia», está ya «concluida» y su esfuerzo ha dado ya «todos sus frutos, porque el camino que se trazara, y que recorrió con éxito, aunque iba dirigido a la verdad, y aun la tocó en algún punto, no logró descubrirla enteramente».5 Mientras que para Joaquín Sánchez de Toca, que escribe dos décadas después, lo que se ha producido ha sido una auténtica «bancarrota» de los principios de la Economía Política clásica, en particular del principio de libertad económica.6 Como expone Cánovas, desde hace algunos años se vienen revisando, en diversos países, los principios de la Economía Política, en lo concerniente al comercio internacional, a la cuestión obrera y a la función del Estado. En el caso de España, este movimiento de revisión se inició a partir de 1868 y supuso echar por tierra el individualismo económico de la Escuela de Manchester y de autores como Bastiat. La causa de ello fue que la libre concurrencia se había mostrado tan incapaz de resolver el problema social, que esa revisión, y la consiguiente defensa del intervencionismo estatal, se hicieron inevitables.7 Cánovas ve con buenos ojos este movimiento de revisión y cree igualmente que «el laissez faire, laissez passer no es hoy sino una antigualla».8 De modo que, para él, aunque sin tener que asumir necesariamente los postulados del socialismo de cátedra, hay que aceptar este cambio de orientación y el nuevo papel del Estado.9

Efectivamente, lo que desencadenó la crisis de la Economía Política, indujo a la revisión de sus principios y socavó el optimismo reinante con anterioridad fue la incapacidad del régimen de libre concurrencia para colmar las expectativas proclamadas. Los economistas clásicos advierten de que los resultados previstos no serán inmediatos, sino que será preciso que transcurra un tiempo suficiente. Pero una vez eliminados los obstáculos heredados del régimen social anterior y transcurrido ese tiempo, el nuevo orden social se extendería cada vez más rápidamente, resolviendo de ese modo el denominado problema social. Lo que se observa, sin embargo, según los nuevos liberales, es que, a pesar de haber transcurrido ese tiempo, no sólo los resultados previstos no se han producido, sino que incluso la forma en que se ha practicado la libre concurrencia ha contribuido a retrasar su consecución. Y de ahí la necesidad de que, sin abjurar de los principios de la Economía Política, éstos deban ser revisados y actualizados. Ello con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, que los liberales reformistas continúan considerando no sólo como realizables, sino como el destino natural de la sociedad contemporánea y de la historia humana en general.

Para mejor apreciar los términos de la discrepancia entre reformismo social y liberalismo clásico quizás resulte útil evocar brevemente la postura de este último con respecto al problema social. Los liberales ortodoxos españoles del momento no sólo niegan que el régimen económico liberal tenga responsabilidad alguna en la persistencia del problema social, sino que lo consideran como el medio más eficaz para resolver éste. Frente a quienes se muestran impacientes por la insuficiencia de los resultados obtenidos y están perdiendo la confianza en la Economía Política, esos liberales replican que es una cuestión de tiempo, que para que dicho régimen rinda los frutos esperados es necesario que culmine su proceso de implantación. Como sentenciaba el todavía individualista económico ortodoxo Cánovas en 1872, «la libre concurrencia tiende a establecer a la larga una completa armonía entre los intereses del ca pital y los del trabajo».10 De hecho, afirman esos liberales, la situación de los trabajadores ha mejorado notablemente durante las décadas precedentes y continuará haciéndolo en el futuro. Por tanto, la actitud apropiada es la de aguardar a que el régimen de libre concurrencia vaya resolviendo el problema social de manera gradual. Álvaro Gil Sanz enuncia con claridad, basándose en Condorcet, esta tesis liberal de la mejora social progresiva. Según él, «Condorcet decía, que nuestra esperanza sobre el estado futuro del mundo puede reducirse a tres puntos importantes; la destrucción de la desigualdad entre las naciones; los progresos de la igualdad en un mismo pueblo; y la perfección real del hombre; y se complacía en demostrar que la desigualdad en las condiciones sociales y en el estado de la ilustración, tendían a ir disminuyendo, por más que no puedan desaparecer de una manera completa. Desde los tiempos en que esto escribía, hasta los de ahora, su buen presentimiento ha obtenido notables comprobaciones, merced al poderoso influjo del principio de libertad».11 Si la implantación del liberalismo no sólo ha propiciado un incremento continuado de la riqueza, sino, en particular, un mejoramiento de la situación de los trabajadores, no hay razón alguna para abandonar la senda seguida hasta ahora. Como arguye el propio Gil Sanz, si el «movimiento progresivo» propiciado por el liberalismo ha sido «tan favorable al proletariado», ninguna razón hay para abandonar el camino que tales ventajas ha proporcionado, y mucho menos si se tiene en cuenta que ese movimiento de mejora será cada vez más rápido.12

Los liberales ortodoxos admiten que el régimen liberal presenta algunos defectos y que éstos son causa del descontento obrero. Como dice Vicente Santamaría de Paredes, «dejando a salvo todo cuanto a la esencia del sistema se refiere, no he de negar que la sociedad de nuestro siglo adolece de imperfecciones, que son causas predisponentes de algunos de los males que sufre o con que amenaza la clase trabajadora».13 Desde luego, prosigue, «no es, en verdad, perfecto el medio social en que vivimos, ni de extrañar es completamente que los obreros renieguen de la libertad y del progreso, cuando vemos a bastantes escritores, nada sospechosos de reaccionarios, renegar también de estas ideas, ofreciendo singular contraste con el entusiasmo que acompañó a su triunfo, el pesimismo de este “fin de siglo”». Pero, según él, «importa no confundir en el examen de los males que experimentamos lo que constituye la base esencial del sistema con lo que es propio y peculiar de nuestro período histórico».14 No se trata, por tanto, de defectos del régimen liberal como tal, sino de estados de ánimo pasajeros y, sobre todo, de defectos dimanados del hecho de que dicho régimen aún no se ha implantado plenamente. Esas imperfecciones son residuos del pasado. Como argumenta Santamaría de Paredes, «tiene en primer término nuestra época los inconvenientes de toda época de transición, en la cual se unen, a los males heredados de generaciones pasadas, los trastornos que siempre las novedades producen, los efectos de la lucha con los intereses creados y las deficiencias de toda organización naciente. A tales circunstancias históricas responden muchos de los hechos que injustamente suelen atribuirse al actual sistema, como: la acumulación de la propiedad en algunas comarcas, que es consecuencia del antiguo régimen; la improvisación de fortunas por compras de bienes nacionales, prevaliéndose del retraimiento general de las gentes; los fraudes del crédito y de la especulación, aprovechando la inexperiencia del legislador y del público; y el enriquecimiento merced al proteccionismo y al privilegio, que son precisamente la negación de la libre concurrencia».15

Por consiguiente, esas imperfecciones irán desapareciendo a medida que la implantación del régimen liberal avance. Se irán resolviendo, en suma, con el paso del tiempo. Y no se precisa, por tanto, de ninguna revisión o rectificación de los principios liberales ni de ninguna reforma del régimen liberal. Como sostiene el propio Santamaría de Paredes, la causa de los actuales problemas –incluida la agitación obrera– no se encuentra en la instauración del principio de libertad, sino, por el contrario, en el hecho de que ese principio aún no ha podido implantarse de manera plena debido a la existencia de ciertos obstáculos. El malestar obrero está ocasionado por tales obstáculos y por la juventud del régimen liberal (y no, se entiende, por este último). Si se examinan los hechos que motivan las quejas de los trabajadores, afirma, «podrá observarse que, lejos de depender la falta de trabajo o la insuficiencia de los salarios del progreso y de la libertad, hay que referir esos males a los obstáculos con que tales factores han tropezado, y a no haber alcanzado todavía su necesario desenvolvimiento». Entre los obstáculos que han impedido el desarrollo pleno de la libertad y que, por tanto, impiden la mejora de la situación de la clase obrera, se encuentran, según Santamaría de Paredes, el aumento de la población, que propicia la bajada de los salarios, la falta de cualificación de los obreros, la resistencia de éstos a cambiar de oficio o de localidad, el proteccionismo, la pervivencia del latifundismo, las guerras y el desvío de capitales hacia actividades especulativas, detrayéndolos de las productivas.16 Así pues, la situación de los obreros no es achacable, en modo alguno, al «régimen actual», sino, en todo caso, a factores como los «abusos puramente individuales», los fraudes, los «defectos heredados de generaciones pasadas» y las «imperfecciones propias de toda organización nueva que no se ha desenvuelto plenamente en el tiempo».17

Desde este punto de vista, el régimen de libertad económica no sólo no tiene responsabilidad alguna en la persistencia del problema social, sino que es el remedio más eficaz para resolver éste.18 Si la «libertad en política y en economía» no ha producido hasta ahora todos sus frutos, argumenta Gil Sanz, es porque no se la ha aplicado «más que imperfectamente» y si ha ocasionado algún desastre es porque se la «ha querido contener sin prudencia».19 En razón de este diagnóstico, la libertad continúa siendo considerada como el medio adecuado para alcanzar la igualdad social y acabar con el problema social. Como escribe el propio Gil Sanz, «sin razón se ha inculpado a la revolución política de que por atender a ésta se ha olvidado de la igualdad; censura que no ha podido formularse sino prescindiendo de que para llegar hasta donde es asequible en esa última [sic], es preciso que la libertad no encuentre obstáculos».20 Carecen, por consiguiente, de toda razón quienes proponen como solución del problema social una modificación del régimen liberal.

En gran medida, pues, el reformismo social tiene su origen en la crisis interna experimentada por la Economía Política clásica. Sin la erosión previa de ésta, ni el reformismo social ni las reformas promovidas por él hubieran podido llegar a ser concebibles. Por consiguiente, para explicar la aparición, los postulados y el programa del reformismo es imprescindible conocer los términos de su crítica al individualismo económico clásico. Dado que su objetivo era determinar las causas de la incapacidad del régimen económico liberal para resolver el problema social, los reformistas sociales comenzaron a escrutar de manera crítica tanto los principios en que se asentaba dicho régimen como las consecuencias inesperadas de la puesta en práctica de tales principios. El resultado de ese escrutinio fue la formulación de un cierto diagnóstico sobre las causas de dicha incapacidad que sirvió a su vez de base al programa de medidas con que el reformismo social pretendía subsanar las deficiencias detectadas y corregir los errores de cálculo cometidos.

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