Kitabı oku: «Multitrauma y maltrato infantil: evaluación e intervención»

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Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Barrios Acosta, Miguel Eduardo, 1962-

Multitrauma y maltrato infantil : evaluación e intervención / Miguel Eduardo Barrios Acosta. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina, 2020.

312 páginas : ilustraciones, diagramas. -- (Colección Salud pública y nutrición humana)

Incluye referencias bibliográficas e índice

ISBN 978-958-794-138-8 (rústica). -- ISBN 978-958-794-139-5 (e-book). -- ISBN 978-958-794-140-1 (impresión bajo demanda)

1. Servicios de protección infantil 2. Traumatismo múltiple -- Diagnóstico 3. Maltrato a los niños -- Prevención & control 4. Política pública 5. Adolescentes 6. Violencia en niños -- Evaluación -- Colombia I. Título II. Serie

CDD-23 362.709861 / 2020 NLM- WA320DC7

Multitrauma y maltrato infantil: evaluación e intervención

© Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Medicina - Sede Bogotá

© Autor: Miguel Eduardo Barrios Acosta

Primera edición, mayo 2020

ISBN: 978-958-794-138-8 (rústica)

ISBN: 978-958-794-139-5 (e-book)

ISBN: 978-958-794-140-1 (impresión bajo demanda)


Facultad de Medicina
Decano José Ricardo Navarro Vargas
Vicedecano de Investigación y Extensión Javier Hernando Eslava Schmalbach
Vicedecano Académico José Fernando Galván Villamarín
Coordinadora Centro Editorial Vivian Marcela Molano Soto
Preparación editorial
Centro Editorial Facultad de Medicina
upublic_fmbog@unal.edu.co
Diagramación y diseño Ilustración de portada
Damian Medina Crofort Jeremías Beltrán Pérez
Corrección de estilo y ortotipográfica Colección
Simón Balsero Delgado Salud Pública y Nutrición Humana
Conversión a ePub
Mákina Editorial
https://makinaeditorial.com/

Hecho en Bogotá, D. C., Colombia, 2020

Todas las figuras y tablas de esta obra son propiedad de los autores salvo cuando se indique lo contrario.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Los conceptos emitidos son responsabilidad de los autores y no comprometen el criterio del Centro Editorial ni de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Medicina, la Vicedecanatura de Investigaciones y Extensión y al Departamento de Pediatría por permitir mi crecimiento profesional y humano. Este libro es en gran medida fruto del trabajo realizado durante mi año sabático. Sin esa oportunidad no lo habría logrado.

A mis padres y hermanos, porque construyeron un camino por el que pude prosperar.

A Catalina, quien fue la acompañante fiel en la escritura, encuentros y desencuentros con el manuscrito.

A Jeremías, Samuel y Salomón por estar ahí.

A los niños, niñas, adolescentes y sus familias con quienes comparto la compleja labor de abordar situaciones relacionadas con el maltrato infantil e intentar ayudar como pediatra.

A todo el grupo de profesionales que también participan en la presente gesta.

A María Victoria Eusse, Carlos Montoya, Isabel Cuadros, Lucrecia Caro y Ana María Venegas por haber leído y aportado al texto.

A todos aquellas personas que se sientan identificadas en las reflexiones que se presentan.

AUTORÍA
Miguel Eduardo Barrios Acosta

Médico pediatra y Ph. D en Salud Pública. Profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pediatra social comprometido con la niñez y adolescencia colombiana. Médico de la Universidad de Cartagena. Pediatra de la Universidad del Rosario. Especialista en Género y Políticas Públicas –FLACSO. Puericultor y líder dentro del abordaje clínico, interdisciplinario e intersectorial en el área del maltrato infantil. Miembro regular de la Ray E. Helfer Society, organización internacional que integra a los pediatras subespecialistas en la prevención, diagnóstico y tratamiento del abuso y la negligencia infantil.

SIGLAS Y ABREVIATURAS


ACE Experiencias adversas de la infancia
APS Atención primaria en salud
ASI Abuso sexual infantil
CDC Center for Disease Control and Prevention (Estados Unidos)
CBT Cuidado basado en el trauma
CBITS Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in School
DDT Desorden del desarrollo por trauma
DSM Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales
FDA U.S. Food and Drug Administration
MI Maltrato infantil
MTN Multitrauma en la niñez
NCTSN National Child Traumatic Stress Network (Estados Unidos)
NNA Niño, niña y adolescente
OMS Organización Mundial de la Salud
PTSD Trastorno de estrés postraumático
RBC Relación basada en el cuidado
SNC Sistema nervioso central
TARG Trastorno del apego reactivo grave
TCA Trauma craneano abusivo
TCI Trauma craneano intencional
TE Testigo experto
VRPA Violencia en las relaciones de pareja en los adolescentes

CONTENIDO

PREFACIO

Este libro aborda el maltrato infantil (MI) desde la perspectiva de las experiencias adversas de la infancia (ACE, por su sigla en inglés) y el multitrauma en la niñez (MTN) para ofrecer una guía ilustrada, actualizada y práctica del abordaje clínico y social del mismo. Está dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado y profesionales de las ciencias biomédicas, así como a distintos profesionales vinculados en los sistemas de protección infantil, incluidos los del sector de la justicia, específicamente en aquellos programas de detección y atención a las víctimas del MI. El libro también es de utilidad para educadores y estudiantes de pedagogía. Su realización se basa en una búsqueda y revisión detallada de la literatura científica —no sistemática— y algunos textos académicos pertinentes e incorpora la experiencia del autor y otros colegas con quienes se han compartido ideas y escenarios de prácticas.

Este texto, aunque aborda los conceptos básicos del maltrato infantil, no presenta una revisión extensa sobre las particularidades diagnósticas y terapéuticas de los distintos subtipos de este. El lector interesado en estos aspectos deberá consultar la bibliografía específica recomendada. Los conceptos de ACE y de MTN son relativamente poco conocidos dentro del contexto latinoamericano y, hasta donde sabe el autor, la producción científica y académica en esta región está en su fase inicial de creación. El texto incluye tres referencias internacionales sobre las ACE en Colombia, en dos de estas ha participado el autor. La mayor parte de la literatura científica incorporada dentro del texto es de producción internacional, particularmente hecha en países de habla inglesa. A pesar de lo anterior, el autor ha intentado que los contenidos del libro sean aplicables a los contextos de los países latinoamericanos, en virtud de la relativa similitud con Colombia, su país de origen y trabajo. Dentro de la producción se han incorporado los abordajes e intervenciones que tienen mayor sustento desde la medicina basada en evidencias. Así mismo, se especifica que los lineamientos y recomendaciones propuestos no se ajustan a los funcionamientos legislativos, administrativos o institucionales de ningún país en específico; por el contrario, se han formulado de un modo que puedan ser aplicables en varios contextos, según las mejores prácticas documentadas.

El texto contiene cuatro capítulos. El primero introduce las ACE y el MTN a partir de un recorrido histórico del sistema de protección infantil en Colombia y algunos aspectos históricos del abordaje y la intervención del MI. Este capítulo introduce al lector en los laberintos sociales, políticos y disciplinares implícitos en el abordaje del multitrauma. El segundo desarrolla los conceptos básicos de las ACE y el MTN, incluyendo su desarrollo, las definiciones, la perspectiva ecológica del trauma, los aspectos neurobiológicos y el desarrollo investigativo dentro de la pediatría. El tercer capítulo revisa ampliamente las distintas manifestaciones clínicas del MI y el MTN, así como las herramientas diagnósticas que se usan como elementos de apoyo. Y el cuarto capítulo contiene los principales abordajes que se hacen desde la salud pública, así como en la atención individual. Todos los aspectos clínicos se han desarrollado incorporando la perspectiva bioecológica del desarrollo humano.

El autor ha intentado mantener una relativa independencia de cada uno de los capítulos que permita su lectura de forma autónoma; sin embargo, la realidad es que están íntimamente relacionados y la recomendación para la lectura del texto es que se siga el orden propuesto. En general, se ha tratado que los contenidos no se repitan y que los aspectos del diagnóstico y de la intervención se presenten en sus respectivos capítulos; no obstante, como sucede en la práctica clínica, distintos aspectos del MI y el MTN se mezclan al interior de los capítulos. Incluso dentro de los mismos, por ejemplo, los aspectos de la intervención que se aplican para las acciones colectivas son esenciales dentro del manejo en los escenarios clínicos. De tal modo que si el clínico va directamente a esos apartados se perderá de apropiar algunos conceptos fundamentales. Otras veces, algunos conocimientos se trabajan en más de un apartado del texto por requerimientos propios de los contenidos o por razones pedagógicas. Se espera que este documento sea una herramienta útil para el abordaje del maltrato infantil mediante la incorporación del enfoque de las ACE y el MTN.

Para facilitar la lectura de este texto se usarán de forma genérica los términos niño y niños para hacer referencia a ambos sexos, excepto cuando por razones específicas sea necesario aclararlo. Se usa, por ejemplo, el genérico psicólogo para referirse a los profesionales de ambos sexos. Con lo anterior, el autor no quiere desconocer la importancia de la visibilización del género femenino dentro de la escritura, como tampoco desconoce que la invisibilización del mismo ha servido como un mecanismo para mantener las inequidades relacionadas con el género. Hecha esta aclaración, se especifica que esta forma de escritura solo pretende facilitar la lectura y hacer el texto más ágil, así, de forma anticipada, el autor presenta excusas si dicha decisión genera malestar en algunas personas.

El principal motor para la escritura de este trabajo es el sueño por lograr un mundo amable y protector para los niños. Y, para aquellos que han sido violentados, que se den las mejores respuestas familiares, institucionales y sociales para facilitar su resiliencia. De tal modo, gran parte de los contenidos y propuestas aquí planteadas son apenas una quimera en contextos como el colombiano. Sin embargo, las ideas, conceptos, investigaciones, modelos y experiencias analizadas nos permiten seguir caminando para lograr futuros mejores para los niños, ya que probablemente mucho de lo aquí propuesto aún no se puede aplicar. Finalmente, el autor declara que la realización del presente trabajo fue posible por el tiempo concedido por la Universidad Nacional de Colombia para realizar el año sabático y por los recursos económicos personales invertidos, puesto que ningún apoyo externo de empresas, instituciones o multinacionales soportan esta producción.

CAPÍTULO 1
MALTRATO INFANTIL, SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL EN COLOMBIA Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS HISTÓRICOS
PROTECCIÓN INFANTIL EN COLOMBIA

El maltrato contra niños, niñas y adolescentes (NNA) ha sido constitucional con la historia de la humanidad. De hecho, DeMause (1982) describe el infanticidio como la primera fase de la historia de la niñez. En esa época, desde la antigüedad hasta el siglo IV, era natural sacrificar a un niño para adorar a un dios o por anormalidades congénitas (Chadwick, 2011).

La visibilidad del niño1 y de la niñez es un fenómeno reciente. Aries (1962) describe que en la Edad Media de Europa los niños no tenían un lugar diferenciado dentro de la sociedad, por lo que se criaban insertos dentro de los espacios del mundo adulto, los cuales variaban según la posición social de la familia. Por ejemplo, los hijos de los nobles eran amamantados por nodrizas, quienes los devolvían a las familias después de los primeros tres años de vida. También, se ha sostenido que la alta mortalidad infantil de esas épocas influyó en la disminución del valor social de los niños. En el Medioevo, la infancia era concebida como «la edad del pecado o la edad del error» (Noguera, 2003, p.76), ya que «es una etapa opuesta a la razón», donde se expresa la naturaleza animal del hombre. Ese tipo de concepciones facilitaron el maltrato infantil.

La concepción moderna que se tiene de la familia y del niño en las sociedades occidentalizadas es relativamente reciente en la historia. Según Manrique, esta se consolida:

A partir de la modernidad, con el matrimonio y el amor como eje de la relación marital, y se establece ya de forma clara una dualidad en la familia, como institución del orden social: reproducción, economía con responsabilidades y necesidades derivadas de las exigencias del Estado moderno. Pero también como organización del ámbito privado, que graba en las mentes y los cuerpos de los individuos una forma de ser, una identidad y por tanto, una representación del mundo. (2007, p. 293)

Los principios filosóficos que permiten el posicionamiento de la modernidad, la libertad, la igualdad, la dignidad y la fraternidad no aplican por igual para todas las personas: se circunscriben solo para algunos hombres de cierta clase social en los espacios públicos. En el mundo privado, los niños siguieron siendo formados bajo preceptos religiosos y bajo la autonomía de las familias en alianza con la naciente institución de la escuela.

Según Manrique (2007), en los siglos XVIII y XIX se produce una clara separación de los espacios público y privado y se convierte a la familia en el espacio privado por excelencia y en donde se consagra la opresión de la mujer y de los niños por el poder del hombre. Galvis considera que, aunque la niñez jugó un papel en el nacimiento de la sociedad democrática moderna, su regulación se siguió haciendo bajo los preceptos de la patria potestad. Este mandato, instaurado desde la antigüedad, «establecía la sumisión incondicional de los miembros del grupo familiar al patriarca o páter familias» (2006, p. 91). Sáenz, Saldarriaga y Ospina también consideran que en la modernidad la infancia fue escindida. Por un lado, el proceso de secularización se dio en lo Estatal —lo público— y eso permeó la forma de transmisión del conocimiento para los niños y las niñas; pero, por el otro, la vida y los espacios privados —la familia y los niños— seguían siendo asuntos de la religión ajenos a la injerencia del Estado (1997). De tal modo que, al interior de las familias, que es donde se produce la mayor cantidad de maltrato infantil (MI), la desprotección seguía siendo la regla.

Con el nacimiento de la infancia en las sociedades occidentalizadas de tradición grecojudeocristianas, desde hace aproximadamente 3 siglos, «el niño» adquiere una valoración diferente al estatus que tenía en la Edad Media. A este se le reconoce, entre otras, el valor económico de la niñez, una importancia central del niño para cohesionar el espacio familiar (el mundo de lo privado del nuevo orden social), la importancia de su instrucción y también se consolida la imagen del niño ángel (Noguera, 2003). Estos dos últimos elementos también se asocian con la normalización del MI.

Con el avance de la modernidad se da una modulación de la patria potestad, pero el padre sigue ejerciendo «poder sobre el hijo por derecho y representación, con el fin de subsanar las carencias temporales del hijo varón y las permanentes de la mujer en virtud de su feminidad» (Galvis, 2006, p. 94). A pesar de la apuesta de Rousseau, en particular en su novela-ensayo El Emilio, la categoría jurídica de la patria potestad no varió significativamente. Por el contrario, con la industrialización, las condiciones generales del niño, en especial para los más pobres, se deterioraron. El niño se incorporó en condiciones infrahumanas al proceso de producción industrial.

A su vez, en nuestros contextos, según Arévalo, Ciro y Gutiérrez:

Históricamente ha existido una relación entre la pobreza y la «protección social», la cual ha tendido puentes para su mitigación a través de prácticas como «la medicalización, la educación, la legislación, la filantropía, la moralización y la higienización». (2006, p. 185)

Las familias y personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad social históricamente han sido un objetivo de las políticas de la protección social. Hay referencias desde la época de la colonia en 1565 sobre iniciativas para la creación de refugios a madres desamparadas (DANE, 2004; Barrios et al., 2007).

Los inicios de lo que a futuro serían las políticas de protección social se gestaron a inicios del siglo XVI bajo la regencia de la Iglesia católica. Las instituciones eclesiásticas promovían una «economía de la salvación» mediante la práctica de obras pías y limosnas. La asistencia a los pobres desde el siglo XVII emergió como una práctica institucional para el control social y la reafirmación de las dinámicas de colonización; de esta forma, se crearon hospicios para las mujeres, hospitales para los pobres y sitios de acogida para los recién nacidos abandonados (Ramírez, 2006; Barrios et al., 2007).

En Santafé de Bogotá, el aumento de los niños y mujeres abandonados fue más relevante a partir de la segunda mitad del siglo XVII debido al fenómeno del mestizaje que se dio entre los hombres blancos con las mujeres indias, a quienes se les consideraba indignas para el matrimonio, pero que se objetivaron para satisfacer las necesidades sexuales. Instituciones como el Hospital San Juan de Dios emergieron como sitios de acogida para estas poblaciones (Ramírez, 2006; Barrios et al., 2007).

La pobreza dentro del Nuevo Reino de Granada no tenía una connotación negativa, ya que se comprendía como un producto de las leyes de Dios. Así, su presencia era armónica con la «economía del beneficio», mediante la cual, a través de la ayuda a los pobres, se exculpaban los pecados y se lograba la aprobación de la Iglesia. La caridad era, por tanto, un valor apreciado dentro de esta sociedad (Ramírez, 2006; Barrios et al., 2007).

La caridad a los desfavorecidos se entendía en las épocas coloniales como una forma de protección contra la ira divina. Se temía a los castigos expresados a través de las pestes, las tragedias ambientales, las tasas de mortalidad infantil altas, entre otros. Por lo tanto, la mendicidad se ejercía públicamente y la caridad tenía canales formales de financiación a través de testamentos o fondos de cofradía. Sin embargo, dentro de los desfavorecidos existían poblaciones privilegiadas sobre otras, como, por ejemplo, doncellas huérfanas o viudas de soldados (Ramírez, 2006; Barrios et al., 2007).

En el siglo XVIII se produjo un cambio en el entendimiento social de la pobreza. Esta dejó de comprenderse como una consecuencia divina y se apropió como una problemática social dependiente de los mismos pobres. Esto en las colonias fue un impacto del proceso de modernización de la administración pública que se produjo al interior de las ciudades europeas. La mendicidad empezó a reprimirse y en Santa Fe la movilización de los indios dentro de las áreas centrales y administrativas se restringió por considerarlos peligrosos, perezosos y proclives al vicio de beber chicha, por esto solo podían circular en los días de mercado. En esta época, en los hospicios se enseñaba artes y oficios a los pobres. Se cree que para 1774, lo que hoy corresponde a los habitantes de la calle, en Santa Fe pudo representar el 3 % del total de la población, es decir, un total aproximado de unas 500 personas. En síntesis, los pobres se convirtieron en un posible peligro para la sociedad y su control mediante su censo y ubicación en hospicios representaron expresiones de las políticas formales de su abordaje (Ramírez, 2006; DANE, 2004; Rodríguez, 2006; Barrios et al., 2007).

Con la Independencia, el entendimiento anterior de la «protección social» se mantuvo incluso hasta la segunda década del siglo XX. Durante todo el siglo XIX se acentuó la estigmatización de los pobres y se les adjudicó una conexión directa con la delincuencia y con bajas condiciones higiénicas y de salud. La asociación entre el Estado y la Iglesia en cuanto al manejo de las «políticas sociales» se mantuvo y los pobres nunca alcanzaron el estatus de ciudadano por ser sirvientes domésticos, jornaleros o vagos, de acuerdo con los lineamientos de la Constitución de 1831 (Rodríguez, 2006; Barrios et al., 2007).

En general, la extensión del siglo XIX dentro del nuevo Estado granadino se caracterizó por un deterioro económico, y la protección a los pobres tuvo un carácter de asistencia pública con un enfoque eminentemente caritativo, sin ningún interés estatal por combatir o superar la pobreza. Además, se incrementó la restricción a mendigar porque se impuso un permiso legal para poderla ejercer; de hecho, las personas en situación de pobreza se clasificaban como pobres válidos, pobres vergonzantes, pobres laboriosos, vagos e indigentes (Rodríguez, 2006; Barrios et al., 2007).

Según Ortiz (2004), con la Independencia hubo un deterioro de las condiciones sociales del apoyo a los niños huérfanos y abandonados. De hecho, las guerras de independencia incrementaron la cantidad de niños sin padres y las escasas instituciones de la colonia para ellos se expropiaron y se cerraron. El Hospicio Real, que acogía a una importante cantidad de niños, se cerró, por lo que se desplazó a su población infantil a la calle, quienes se organizaron grupalmente para su supervivencia; así surgió la denominación de chinos de la calle y, después, gamines (Barrios et al., 2007).

Al interior de la primera República Liberal de la segunda mitad del siglo XIX se produjo, según Rodríguez (2006), dentro de los sistemas de protección social, una modernización de la caridad. El Estado adquirió un carácter federal y se descentralizó la administración económica. Se entendió que la Iglesia estaba aliada con el Partido Conservador, por lo que la asistencia social debió administrarse a partir de la beneficencia pública, lo cual se reglamentó oficialmente mediante un código en 1869. Sin embargo, esto no cambió el enfoque de abordaje de la pobreza, por lo que se mantuvieron los preceptos de la caridad privada al interior de las instituciones y los recursos públicos (Rodríguez, 2006; Barrios et al., 2007).

De acuerdo con Ortiz (2004), la resocialización de los niños de la calle se dio hacia 1858 con la reapertura del Hospicio Real, con una capacitación para ellos como lustrabotas. Esto solo funcionó hasta la prohibición de este oficio para quienes no se encontraran formalmente inscritos (Barrios et al., 2007). Sobre la reapertura del Hospicio Real, Cordoves (2006) relata lo siguiente:

Al principio tropezaron con la casi imposibilidad de recluir algunos de los centenares de chinos vagabundos entregados a los vicios más repugnantes, vestidos de andrajos, durmiendo donde les cogía la noche, ejerciendo la ratería en todas las formas y, lo peor, esparciendo el letal contagio con los muchachos que no saben para donde vienen ni para donde van. (p. 1456)

El Hospicio Real en 1883 fue asignado a las Hermanas de la Caridad y fue soportado económicamente por la Beneficencia de Cundinamarca, según Ruíz, Hernández y Bolaños (1998).

La situación social de los pobres se deterioró aún más en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de varias guerras civiles. En 1886 se formuló la Constitución Política, que continuó la exclusión de los derechos políticos a los más marginados. Desde 1880 hasta 1930, la corriente política hegemónica fue la conservadora, cuyos líderes siguieron tomando como ejemplo los lineamientos de la asistencia de los países europeos; por eso, a este periodo se le llamó el asistencialismo importado, que incluyó la subvención de asilos, hospicios y otras actividades de beneficencia. En 1886 también se creó la Junta Central y los Departamentos de Higiene, los cuales tenían funciones policíacas ejecutadas por la policía. Los pobres paralelamente resolvían sus problemas de salud a través de iniciativas de beneficencia privadas, administradas por la Iglesia o mediante prácticas altruistas médicas. Los hospitales concebidos como de caridad eran la representación emblemática del modelo, aunque la beneficencia también incorporaba orfanatos, ancianatos, asilos para personas con problemas mentales, comedores comunales, entre otras. Las juntas de beneficencia fueron usadas por líderes para acceder a otros cargos públicos (Rodríguez, 2006; Hernández y Obregón, 2002; Barrios et al., 2007).

El recorrido histórico inmediatamente presentado del precario «sistema de protección» infantil hasta finales del siglo XIX en Bogotá dio cuenta de cómo este estuvo fundamentado en preceptos caritativos desarrollados desde instituciones privadas religiosas. Las acciones inicialmente se enfocaban en dar un soporte piadoso a madres desprotegidas y a sus hijos, así como a huérfanos y a niños abandonados y después a los niños de la calle, quienes rápidamente se asociaron con la delincuencia juvenil. A partir de esto último, las actividades de hospicio tuvieron la función de control social sobre dicha problemática.

Volviendo a los espacios europeos, las circunstancias de deterioro de las condiciones de vida de muchos niños en el primer cuarto del siglo XX, específicamente de quienes estaban por fuera del núcleo familiar, fueron las que generaron, desde el hacer de organizaciones de la sociedad civil, el posicionamiento de la protección del menor en situación irregular (por fuera de su familia). Los lineamientos de la protección infantil se adoptaron en la Carta de Ginebra, los cuales se aprobaron en la quinta asamblea de la Sociedad de las Naciones en 1924.

El final de la Segunda Guerra Mundial con la puesta en escena del holocausto judío por parte del nazismo y la destrucción masiva de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por la bomba atómica generó la creación de un mecanismo de regulación transnacional: el Sistema de las Naciones Unidas. Con este, se posicionó el discurso de los derechos humanos. Los derechos del niño se establecieron en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada en 1959, la cual es ratificada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Según esos instrumentos jurídicos de carácter internacional, los niños/as «se convirtieron en sujetos titulares de derechos y obligaciones en los cuales se funda la democracia contemporánea» (Galvis, 2006, p. 109). Sin embargo, Galvis opina que «no existe consenso sobre los alcances de la titularidad de derechos y el debate continua» (Galvis, 2006, p. 109).

Como se expuso previamente, en Colombia el concepto de protección a la infancia se posicionó desde el Estado a partir de finales del siglo XIX a través de programas de beneficencia, los cuáles siguen basados en la caridad cristiana, ahora insertados en políticas estatales. Este es el caso de los programas generados desde la medicina preventiva, como La Gota de Leche, que oficialmente empezaron en 1917 bajo el apoyo de la Sociedad de Pediatría y con el liderazgo del Doctor Calixto Torres Umaña (Rodríguez, 2007). También, se posicionaron los programas Sala Cuna en la década de los cuarenta (De la Rosa, 1944). En 1946 se creó el Consejo Nacional de Protección Infantil (Sociedad de Pediatría, 1963). Este tipo de programas generados desde la pediatría social demuestran interés de los pediatras en el abordaje de problemáticas sociales que influyen en el bienestar y la salud de los niños, especialmente en el ámbito nutricional y que guardan estrecha relación con altas tasas de mortalidad infantil.

De acuerdo con Hernández y Obregón (2002), la historia de la protección social en Colombia inició su segunda fase desde la segunda década del siglo XX, con el inicio de la industrialización y el pago asalariado de los trabajadores, así como con el desplazamiento de los campesinos a las ciudades. Por esto, el Estado asumió el abordaje de las problemáticas sociales como un producto de la modernización del mismo. Estos autores describen una sinergia entre la higiene pública y la economía, facilitada por la producción, industrialización y comercialización del café (Barrios et al., 2007).

Sin embargo, los cambios subsiguientes en el siglo XX dentro del sistema de protección social poco afectaron los lineamientos de la protección a la niñez. Es decir, la siguiente trasformación de la protección social, que sintéticamente incluyó la irrupción de la clase obrera y la creación de sindicatos, la creación de asociaciones de comerciantes e industriales (Hernández y Obregón, 2002) y la incorporación de los principios del aseguramiento con la clasificación de distintos tipos de trabajadores (Rodríguez, 2006) llevó a lo que Hernández (2020) en términos de salud denominó como la fractura originaria de los servicios de salud en Colombia.

Tampoco hubo trasformaciones significativas del enfoque asistencialista dentro del sistema de protección de la niñez en Colombia durante el tercer periodo histórico del sistema de protección social del país. Este fue producto de la globalización financiera con la implementación del modelo de competencia regulada en salud. A su vez, dichos lineamientos tuvieron condicionantes transnacionales que seguían los preceptos del consenso de Washington, facilitado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A través de lo anterior, se asumió la política de reducción del Estado y la descentralización administrativa, con lo que se le dio mayor responsabilidad a las administraciones locales y se fomentó la participación comunitaria (Rodríguez, 2006; Hernández y Obregón, 2002; Barrios et al., 2007).

El recorrido histórico institucional de asistencia para los niños huérfanos, abandonados o que viven en la calle da cuenta de muchas de las instituciones que se crearon en el siglo XX para atender a este tipo de poblaciones. Al respecto, en Bogotá se han referenciado:

La conformación en 1930 del Instituto Tutelar y la Escuela de Trabajo; en 1934 el Amparo de Niños; en 1935 las Granjas del Padre Luna; en 1944 el Dormitorio Lourdes, en 1949 el Instituto Montini; en 1950 la Escuela del Redentor; en 1960 la casa maternal Rosa Virginia, y; en 1966 la Residencia Juvenil de Niñas a cargo de las Hermanas del Buen Pastor. (Ruíz, como se citó en Barrios et al., 2007 p. 56)

En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ley 75) y en 1989 se aprobó el Código del Menor, que se sancionó 7 días después de la Convención (Galvis, 2006) y, aunque reconoció los derechos de la niñez, predominó en este la doctrina de la situación irregular. En Colombia, el posicionamiento legislativo del discurso de los derechos del niño solo se hizo realidad en el 2006 mediante la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia. De modo que pasó más de un siglo para que en el país jurídicamente se pasara del «menor como objeto de protección» a los «niños/as como sujetos titulares activos de derechos». Se insiste en que esa transformación jurídica y legislativa de la niñez ha sido el resultado del posicionamiento progresivo en la esfera internacional del discurso de los derechos humanos, que gradualmente ha permeado a la infancia.

La incorporación de la Convención de los Derechos del Niño en la legislación colombiana a través de la Ley 1098 es un adelanto significativo; sin embargo, ese paso no garantiza el cumplimiento de mandato de la protección integral, aunque permite posicionar un ideal utópico y, por tanto, posible. Un ejemplo de lo anterior es que en octubre de 2006, la administración del Distrito Capital de Bogotá publicó la Resolución 1001, que reglamenta los programas e instituciones de educación inicial. Dentro de los lineamientos del proceso pedagógico sobre la garantía de derechos se considera la promoción del aseguramiento en salud y el derecho a la alimentación, al nombre y a la protección contra cualquier tipo de violencia. Sobre el cuidado calificado se incluyen la promoción de la lactancia; la suplementación con micronutrientes, de la salud oral y del buen trato; la verificación de la vacunación; el seguimiento al crecimiento y desarrollo, y el manejo de enfermedades frecuentes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006).

Como puede leerse, el contenido en detalle de esa reglamentación se refiere a lo que, según la Convención de los Derechos del Niño, es parte de los derechos de supervivencia y de protección. Es decir, esa norma está más cerca a la doctrina de la situación irregular que a la de la protección integral. Seguramente las condiciones en las cuales viven los niños y niñas usuarias de las instituciones de educación temprana del Distrito Capital hacen que en ese momento este tipo de abordaje legislativo fuera el pertinente; no obstante, esto condiciona una práctica social más cerca de la asistencia que del abordaje desde la garantía de los derechos del niño. Barrios, Díaz y Koller (2013) documentaron, mediante un estudio de corte etnográfico con inserción de los investigadores dentro de una institución vinculada al sistema de protección infantil en Colombia, que los preceptos que regulan la práctica cotidiana institucional básicamente son de tipo asistenciales.

Desde el último cuarto del siglo XX, las transformaciones socioeconómicas, en particular la dinámica del mercado laboral, ha generado grandes modificaciones en los espacios familiares. La pauperización de la cantidad y calidad del trabajo han venido desplazando al hombre de su condición de proveedor «natural» de la familia, y la mujer, antes confinada a la casa, ha tenido que desplazarse al mercado de trabajo. Esto se ha asociado a un incremento en las tasas de violencia intrafamiliar por parte del hombre, quien intenta ratificar por esta vía su supremacía en la familia. Lo anterior, también en deterioro de las tasas de maltrato infantil (Jelin, 1994).

Igualmente, se produjo un proceso de urbanización con reestructuraciones de la familia para ajustarse a la precarización económica. En particular, en las familias más pobres es común la convivencia de varias generaciones y núcleos familiares insertos dentro de una «nueva forma de familia extensa», que convive bajo un mismo techo para optimizar los escasos recursos monetarios (Pachón, 2007). Las nuevas dinámicas familiares condicionadas por el hacinamiento, la pobreza, la subordinación, las nuevas relaciones de género, entre otras, son proclives a la desprotección de los niños.

Los sistemas de protección social se pueden concebir como una compleja articulación entre concepciones, leyes y dinámicas institucionales insertas dentro de los Estados con la intención de gestar bienestar a todos los ciudadanos, por lo que su equilibrio debe tener en cuenta los aspectos políticos, los recursos económicos y las necesidades cotidianas de las familias para responder al balance entre la economía y los requerimientos de la sociedad (Rodríguez, 2006; Barrios et al., 2007). A su vez, la protección social aplicada a la protección infantil se entiende como la garantía que la familia, la sociedad y el Estado le dan a la niñez para su protección integral, es decir, «el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato» (Sociedad Colombiana de Pediatría, 2011, p. 20).

Según la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, por lo que su responsabilidad trasciende la garantía de los derechos civiles y políticos. Esta condición incorpora también la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, por lo que sus ciudadanos deben tener acceso a la seguridad social, la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. Si lo anterior se cumpliera, en teoría estarían dadas las condiciones básicas para que se generara el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes colombianos (Barrios et al., 2007).

Sin embargo, a pesar de lo enunciado en la Constitución, las familias colombianas más pobres y desfavorecidas tienen pocas probabilidades de facilitar los prerrequisitos básicos del desarrollo integral de la niñez, que se soportan en la garantía de los derechos de segunda generación citados en el párrafo anterior (Barrios et al., 2007). Según Rodríguez (2006), los preceptos de la protección social en Colombia se sustentan en el manejo social del riesgo en contraposición a garantizar los derechos sociales, económicos y culturales según le correspondería a un Estado social de derecho. El enfoque del riesgo se basa en un aseguramiento mixto que incorpora compromisos individuales y privados, dándoles gran responsabilidad a las familias para amortiguar y paliar las condiciones y riesgos que afectan los derechos fundamentales (Holzmann y Jorgensen, 2000; Barrios et al., 2007).

Según el Banco Mundial, el manejo social del riesgo como enfoque predominante dentro de los sistemas de protección se constituye en una estrategia central para la reducción de la pobreza (Holzmann y Jorgensen, 2000). Los riesgos se abordan estratégicamente previniéndolos, mitigándolos cuando ya se ha producido el daño o superándolos cuando ya existen eventos negativos establecidos; las anteriores estrategias están asignadas a un nivel informal cuyos respondientes principales son las familias y la comunidad, al mercado a través de estrategias de aseguramiento privado o al nivel público cuando los dos anteriores niveles son incapaces de responder a las necesidades.

Por esto, existe una amplia variedad de actores participantes dentro de las estrategias de protección social basadas en el manejo social del riesgo que incluyen a ciudadanos, familias, comunidades locales, ONG, instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales, entre otras. No obstante, se señala que el papel del sector público, que debería ser fuerte en cuanto a seguros de enfermedad, vejez, desempleo o invalidez, previsión social, políticas fuertes laborales, entre otras, probablemente tenga menor preponderancia en comparación con los sistemas informales y de mercado (Holzmann y Jorgensen, 2000; Barrios et al., 2007).

Este abordaje de la seguridad social, que es el que aplica el Estado colombiano, va de la mano con otros lineamientos teóricos neoclásicos, como los que se aplican dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que evidentemente no dan respuesta a las necesidades de protección social de los más desfavorecidos. El análisis de la protección social, a juicio del autor, debe hacerse como un todo. Si no se incorporan elementos más amplios, que incluyan las posibilidades reales de protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los grupos familiares, el análisis de sistema de protección de la niñez en Colombia queda solo sustentado bajo las premisas teóricas del discurso de los derechos del niño. Esto condiciona que se desconozcan las condiciones reales de vida de las familias más pobres, excluidas y/o marginadas, las cuales, a su vez, son las que tienen más probabilidades de vivir bajo condiciones que favorecen el multitrauma en la niñez (Barrios et al., 2013).

Legislativamente, la protección de la niñez en Colombia se rige bajo los preceptos de la Ley 1098 o Ley de Infancia y Adolescencia. De forma sintética se puede decir que dicha Ley se fundamenta en los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene como principios fundamentales el derecho a la no discriminación, el del interés superior del niño, el derecho a la supervivencia y el desarrollo y el derecho a ser escuchado y considerado seriamente (Sociedad Colombiana de Pediatría, 2011). La Ley 1098 tiene tres apartados o libros: el primero de ellos básicamente establece las premisas para resolver los distintos tipos de vulneración de derechos de los niños, incluida la violencia y el maltrato infantil; el segundo, aborda la responsabilidad penal juvenil, y, el último, se encarga de los aspectos políticos y administrativos del sistema. Así, analizando críticamente el sistema de protección a la niñez desde la legislación, esencialmente en Colombia, sigue abordando las mismas problemáticas como lo hacía hace más de un siglo, es decir, la desprotección, el maltrato infantil y la delincuencia juvenil. Con lo anterior, el autor no desconoce los significativos avances que se han logrado en materia de los derechos del desarrollo y participación con la participación activa de muchos sectores de la sociedad civil, en particular en el área de educación inicial. Solo se pretende resaltar la prevalencia del maltrato infantil, que es el motor de este trabajo.

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL

En el anterior apartado se ilustró el paso y posicionamiento de la doctrina de la protección integral basada en los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño a través de la historia. La aplicación de esos preceptos debe ser tangible en la atención en salud de niños, niñas y adolescentes, y los prestadores de atención primaria en salud deben estar atentos y comprometidos con que dichos preceptos se cumplan dentro de sus actividades cotidianas de asistencia a NNA. Uno de los principales papeles que tiene el pediatra es la detección de la vulneración de los derechos de la niñez dentro de su atención en salud. En otras palabras, se deben detectar aquellas condiciones de violencia —vulneración— que se presentan en los contextos clínicos como situaciones que simulan condiciones o patologías médicas. Las dos condiciones más importantes relacionadas con lo anterior son los problemas nutricionales y el maltrato infantil.

Los problemas de malnutrición, tanto la desnutrición como la obesidad, tienen alta relevancia en los lineamientos internacionales para la formulación de las políticas de la niñez. De hecho, en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez se plantea combatir las enfermedades y la malnutrición en la atención primaria; también, el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas consiste en erradicar la pobreza extrema y el hambre, y la OMS ha establecido que un buen crecimiento y una adecuada nutrición infantil deben ser los primeros elementos de protección de la vida de los niños. Así, puede afirmarse que los prestadores de salud infantil, especialmente a través de los programas ambulatorios de control del crecimiento y desarrollo, han participado activamente dentro del cuidado de la nutrición infantil (Unicef, 2006; PNUD, 2015). Como se revisó, los primeros programas de pediatría social se enfocaron en la promoción de la lactancia y en una adecuada alimentación y manejo higiénico de los alimentos (Rodríguez, 2006; Sociedad de Pediatría, 1963).

Sin embargo, el papel y compromiso de los prestadores de salud en contra de la violencia hacia los niños y específicamente con el maltrato infantil ha sido cualitativamente distinto. Reece (2011) describe que el maltrato infantil se documenta desde épocas tan lejanas como los primeros años del siglo IX antes de Cristo en las publicaciones de la medicina persa; que Soriano, un ginecólogo griego en el siglo II a. C, promovía el infanticidio en niños que nacían muy temprano, que no lloraban vigorosamente o que no fueran perfectos; que Paulus Zachias, un doctor de Roma en 1651, describió un desastroso trauma craneano en un niño como consecuencia de un golpe, y que James Parkinson, en Londres, en 1800, escribió que las hemorragias intracerebrales y el hidrocéfalo pueden ser consecuencias de golpes craneanos secundarios al establecimiento de la disciplina.

El nacimiento de la pediatría en el siglo XIX y la disminución de la mortalidad infantil a final del siglo XIX y principios del XX en los países que hoy conocemos como desarrollados facilitó de algún modo la visibilización del maltrato infantil. Pero hay que reconocer que fueron las descripciones de Charles Dickens y Víctor Hugo, particularmente con sus novelas Oliver Twist y Los Miserables, respectivamente, en las que se narran las condiciones de abandono, explotación y miseria que vivían los niños, lo que permitió una mayor sensibilidad social al tema (Chadwick, 2011).

Chadwick (2011) sostiene que la primera publicación médica sobre el maltrato infantil fue hecha por el patólogo francés Auguste Ambroise Tardieu, quien en 1860 describió 32 casos. Su serie incluye casos de maltrato físico, abuso sexual y secuelas de negligencia. En particular, describió hematomas subdurales secundarios a traumas craneanos intencionales, así como patrones de lesiones cutáneas infligidas y compromisos de genitales por asaltos sexuales. No obstante, esa descripción tuvo poca repercusión dentro de la ciencia biomédica y solo hasta 1946 el radiólogo John Caffey describió hemorragias intracraneanas asociadas con fracturas en las metáfisis de los huesos largos de 6 lactantes, aunque fue cauto en sugerir directamente un mecanismo de producción intencional. Dichos hallazgos fueron profundizados en 1953 por Frederick Silverman, un radiólogo y discípulo de Caffey, quien describió con más detalles las fracturas en las metáfisis de origen traumático en 3 lactantes. De tal modo, hoy en día se les atribuye a ambos la primera descripción médica de lesiones por maltrato físico en los Estados Unidos.

En 1961, el pediatra Herry Kempe, de origen alemán y judío, siendo jefe del Departamento de Pediatría del Hospital General de Denver y miembro activo de la Academia Americana de Pediatría, retomó las descripciones radiológicas precitadas y su propia experiencia y propuso establecer el síndrome del niño golpeado como una entidad nosológica específica. La apuesta del doctor Kempe tuvo mucha resistencia dentro del ámbito de las sociedades científicas para ser aceptada como una patología médica. En ese momento, existía gran incredulidad para aceptar que los cuidadores de los niños, específicamente sus progenitores, fueran los responsables de ocasionar las lesiones descritas. A partir de ese momento, la producción de la literatura científica médica relacionada con el maltrato infantil se incrementó significativamente (Chadwick, 2011).

A Kempe también se le atribuye la descripción de la repetición intergeneracional del maltrato, el abordaje del MI desde una perspectiva multi- e interdisciplinaria, por lo tanto, posicionó los equipos de abordaje integral del mismo, la recomendación de separar algunos niños de sus padres para su protección y la promoción de la participación de los médicos como expertos dentro de los juicios en los casos de maltrato. Un énfasis adicional sobre esto último fue realizado por Ray Helfer en 1968 (Chadwick, 2011).

Con relación al abuso sexual, históricamente se describe que la retractación de Sigmund Freud de su descripción original, hecha en 1896, sobre la etiología de la «histeria» en las mujeres como una consecuencia del abuso sexual, fue lo que permitió la invisibilidad de esa problemática durante casi un siglo más. El trabajo original de Freud se basó en 18 casos de mujeres que le contaron sobre abusos sexuales por parte de sus padres o familiares cercanos. No se sabe con certeza la razón por la cual Freud cambió su tesis, la que le atribuía la histeria a «fantasías» de abuso de dichas pacientes. Probablemente, esto fue condicionado por presiones sociales o razones personales, pero dicho cambio fue consignado en el libro de Jeffrey Masson como un asalto a la verdad. Esta realidad histórica marcó la representación aún vigente de que el abuso sexual se expresa fundamentalmente en problemas emocionales y, por lo tanto, debe abordarse únicamente por la psiquiatría y la psicología (Chadwick, 2011).

La evolución del maltrato infantil como un campo del hacer dentro de la pediatría fue dándose paralelamente con su posicionamiento como un problema de salud pública, aunque esto último aún no se logra en muchos países. En ese sentido, varios procesos se dan de forma articulada. El reconocimiento del MI como una condición médica formalmente incluida en la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE) de la OMS parcialmente ha permitido hacer visible el problema dentro de las estadísticas oficiales de los sistemas de salud, aunque se señala que la mayoría de los casos reales quedan por fuera de dicho registro. La tabla 1.1 incluye las condiciones relacionadas con el MI, con sus respectivos códigos, contempladas en CIE-10.

Tabla 1.1. Condiciones o diagnósticos relacionados con el maltrato infantil incluidas en el CIE-10.


Código Condición o diagnóstico
T74 Síndromes del maltrato
T74.0 Negligencia o abandono
T74.1 Abuso físico. Síndrome de la esposa/o maltratada/o SAI [sine alter indicatio (sin otra indicación)] • Niño o bebé
T74.2 Abuso sexual
T74.3 Abuso psicológico
T74.8 Otros síndromes del maltrato. Formas mixtas
T74.9 Síndrome del maltrato, no especificado. Efecto del abuso en: • Adulto SAI • Niño SAI
Y04 Agresión con fuerza corporal
Y05 Agresión sexual con fuerza corporal
Y06 Negligencia y abandono
Y07 Otros síndromes de maltrato
Y08 Agresión por otros medios especificados
Y09 Agresión por medios no especificados
Z61 Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez Excluye: síndrome del maltrato
Z61.0 Problemas relacionados con la pérdida de relación afectiva en la infancia. Pérdida de relación emocional íntima, tal como la de uno de los padres, un hermano, un amigo muy especial o una mascota mimada, por muerte o alejamiento permanente o rechazo
Z61.1 Problemas relacionados con el alejamiento del hogar en la infancia Ingreso a un hogar adoptivo o a un hospital u otra institución, que causa tensión psicosocial, o incorporación involuntaria a una actividad alejada del hogar por un periodo prolongado
Z61.2 Problemas relacionados con alteración en el patrón de la relación familiar en la infancia Ingreso de una nueva persona en la familia que produce cambios adversos en las relaciones del niño. Puede incluir nuevo casamiento de uno de los padres o nacimiento de un hermano
Z61.3 Problemas relacionados con eventos que llevaron a la pérdida de la autoestima en la infancia Eventos resultantes en una autoevaluación negativa por el niño, tales como fracaso en tareas con gran dedicación personal, revelaciones o descubrimiento de hechos personales o familiares vergonzantes y otras experiencias humillantes
Z61.4 Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona dentro del grupo de apoyo primario Problemas relacionados con cualquier forma de contacto o exposición entre un miembro adulto del hogar y el niño, que haya producido estímulo sexual, haya sido o no voluntaria la participación del niño en el acto sexual (por ejemplo: cualquier contacto genital, manipulación o exposición deliberada de pechos o genitales)
Z61.5 Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona ajena al grupo de apoyo primario Problemas relacionados con el contacto o intento de contacto del pecho y los genitales del niño o los de otra persona, exposición sexual en confrontación próxima o intento de desnudar o seducir al niño, por una persona considerablemente mayor, no perteneciente a la familia del niño, sea por la posición o nivel de esa persona o contra la voluntad del niño
Z61.6 Problemas relacionados con abuso físico del niño Problemas relacionados con incidentes en los que el niño ha sido lesionado en el pasado por cualquier adulto en el hogar con gravedad significativa desde el punto de vista médico (por ejemplo: fracturas, marcas de contusiones) o que involucran formas de violencia anormales (por ejemplo: golpear al niño con objetos duros o agudos, quemarlo o atarlo)
Z61.7 Problemas relacionados con experiencias personales atemorizantes en la infancia. Experiencias que constituyen una amenaza para el futuro del niño, tal como secuestro, desastres naturales que ponen su vida en peligro, lesiones con una amenaza a su imagen o seguridad o presenciar un trauma grave de una persona querida
Z61.8 Problemas relacionados con otras experiencias negativas en la infancia
Z61.9 Problemas relacionados con experiencia negativa no especificada en la infancia
Z62 Otros problemas relacionados con la crianza del niño Excluye: síndrome del maltrato
Z62.0 Problemas relacionados con la supervisión o el control inadecuados de los padres Falta de conocimiento por parte de los padres de lo que hace el niño o donde está; escaso control; falta de interés o de intento de intervención cuando el niño está en situaciones de riesgo
Z62.1 Problemas relacionados con la sobreprotección de los padres Patrón de crianza que resulta en infantilización y prevención de comportamiento independiente
Z62.2 Problemas relacionados con la crianza en institución Crianza adoptiva grupal, en la cual las responsabilidades de los padres son llevadas a cabo por algún tipo de institución (por ejemplo: guardería, orfanato, hogar para niños) o la atención para algún tratamiento por un periodo prolongado durante el cual el niño está en un hospital, un hogar para convalecientes o similar, sin que, por lo menos, uno de los padres esté viviendo con él
Z62.3 Problemas relacionados con hostilidad y reprobación al niño Comportamiento negativo de los padres enfocado específicamente en el niño en particular, persistente en el tiempo y que afecta diversos comportamientos del niño (por ejemplo: culpar automáticamente al niño por cualquier problema en el hogar o atribuir características negativas al niño)
Z62.4 Problemas relacionados con el abandono emocional del niño Padres que se dirigen al niño en forma despectiva o insensible. Falta de interés en el niño, de comprensión por sus dificultades o de elogio y estímulo. Reacción exacerbada a un comportamiento ansioso y ausencia de bienestar físico suficiente y de calor emocional
Z62.5 Otros problemas relacionados con negligencia en la crianza del niño Falta de experiencias de aprendizaje y juego.
Z62.6 Problemas relacionados con presiones inapropiadas de los padres y otras anormalidades en la calidad de la crianza Padres que fuerzan al niño a ser diferente a las normas locales, por ser inapropiadas al sexo (por ejemplo: vestir un niño con ropas de niñas), a la edad (por ejemplo: forzar a un niño a asumir responsabilidades por encima de su edad) u otra modalidad inapropiada (por ejemplo: presionar al niño a participar en actividades indeseadas o muy difíciles)
Z62.8 Otros problemas especificados y relacionados con la crianza del niño
Z62.9 Problema no especificado relacionado con la crianza del niño

Fuente: adaptada de (Marín, 2007).

La pobreza no solo tiene que ver con las limitaciones económicas, también está asociada con pobres recursos culturales, incluidos los bajos niveles educativos de los padres, el ingreso de los niños a escuelas de poca calidad, entornos con tasas altas de violencia y delincuencia, menor acceso a los servicios de salud y soportes sociales, mayores porcentajes de hogares con madres cabeza de familia, desempleo o subempleo e inseguridad alimentaria, entre otras. A su vez, al interior de las familias más pobres aumentan las dinámicas que más se asocian con el MI: la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia de pareja, el consumo problemático de sustancias psicoactivas y la enfermedad mental en los cuidadores, específicamente la depresión (Wood, 2003).

Berger señala que no existe claridad si la conexión entre pobreza y maltrato es de causalidad o simplemente de correlación. Sin embargo, se han postulado hipótesis sobre las conexiones, como las siguientes: a) el estrés asociado con los pocos ingresos económicos desencadena el maltrato; b) las familias pobres no tienen mayor riesgo de maltratar a los niños, esa asociación solamente es producto del mayor reporte que se hace sobre este tipo hogares; c) las familias que son pobres son reportadas con más frecuencia por negligencia simplemente por sus limitaciones para suplir las necesidades de los niños, o d) existe otro factor subyacente que influye en la correlación entre pobreza y maltrato (2004).

Asimismo, la mayoría de las familias, incluidas las que se encuentran en situación de pobreza, cuidan y protegen a sus hijos, ya que existe el riesgo de interpretar los efectos de la pobreza extrema en las familias como negligencia hacia sus hijos. De hecho, dentro de los sistemas judiciales existen diferencias sobre el entendimiento de lo que se constituye MI por negligencia y las indicaciones para su intervención (DiLorenzo, 2005). Sin embargo, existe consenso sobre los aspectos centrales de la negligencia, que incluyen la incapacidad de brindar adecuada alimentación, vivienda, vestido, educación, cuidado médico a los niños y adecuada supervisión cuando no existen limitantes externas que las condicionen, y sobre la necesidad de ayudar y guiar a las familias en situación de pobreza mediante servicios de apoyo, para que sean capaces de cuidar adecuadamente y suplir las necesidades básicas de sus hijos, antes de judicializarlas, criminalizarlas o retirarles sus hijos por las secuelas de la pobreza.

De la asociación demostrada entre pobreza y maltrato se puede establecer una consecuencia lógica, y es que si se aborda y disminuye la pobreza se podrán disminuir los dos subtipos más importantes: el maltrato infantil en términos de mortalidad y los daños del desarrollo infantil, es decir, de la negligencia y el maltrato físico. Entonces, es coherente que los servicios de protección a la niñez dependan de los ministerios y estancias relacionadas con la protección social de los países. También, es importante que se garanticen los derechos sociales económicos y políticos de las familias por los sistemas de seguridad social de los países, y que los mismos estén interconectados con los sistemas de la protección infantil. Por el contrario, las medidas que se adopten sobre el MI serán un apoyo importante para paliar y corregir parcialmente esta realidad, pero no podrán tener los efectos deseados en términos de cambiar esta realidad y generar una transformación social en los países. Las ciencias económicas han demostrado que un futuro promisorio solo se garantiza cuando los países invierten en la niñez y se garantiza que esta tenga las condiciones favorables para su desarrollo (Mustard, 2006).

Los esquemas de intervención de los servicios de protección infantil a nivel macro se guían por cuatro pasos: 1) evaluación; 2) procesos de intervención; 3) criterios de salida, e 4) indicadores de seguimiento. Desde el punto de vista individual, dentro del manejo de los casos existen algunos principios y apoyos generales que ordenan la acción y contemplan: a) la seguridad del niño y el soporte a las familias; b) la promoción del desarrollo de los niños y sus familias; c) intentar la permanencia del niños con su núcleo familiar; d) los recursos de soporte comunitarios a las familias; e) los servicios centrados en las familias; e) intervenciones coherentes con los contextos culturales de las familias; f) sistemas informáticos amplios e interconectados de seguimiento y evaluación; g) la coordinación de los planes programas y acciones entre los distintos sectores e instituciones implicadas en la respuesta, y h) la creación de un lenguaje común y protocolos de manejo consensuados (DiLorenzo, 2005).

Existen grandes brechas entre la formulación de unos principios generales de trabajo y la puesta en práctica de estos, así como en los niveles de avances hechos sobre aquellos por los distintos países. Según el autor, probablemente los retos más significativos que se deben superar en los países latinoamericanos incluyen las dificultades para articular el trabajo entre los sectores y la carencia de guías y protocolos construidos y acordados colectivamente.

Dentro de los procesos macro en cuanto a la evaluación que deben hacer los servicios de protección, se propone analizar los siguientes tres niveles: 1) las características de las propias agencias e instituciones articuladas en la respuesta, que incluye, entre otras, el análisis de la filosofía y dinámicas de trabajo, los recursos y personas disponibles, los procesos de supervisión y seguimiento; 2) las comunidades locales donde viven las familias, y 3) las características del niño y sus familias donde se examinan condiciones socioeconómicas, demográficas, nivel del abuso, calidad de las relaciones familiares (este será un punto central de uno de los capítulos de este texto). Los procesos de intervención incluyen la atención individual establecida según el protocolo de manejo de casos, que contempla el plan de tratamiento y los servicios requeridos, así como los servicios comunitarios disponibles. La participación de la familia, el conocimiento de la red de recursos comunitarios e institucionales disponibles, la adherencia a los servicios y el plan de tratamiento establecido y, más importante, la apropiación de aprendizajes y fortalezas forman parte de los elementos contenidos dentro de los criterios de salida. En cuanto a los indicadores de seguimiento, los más significativos son la garantía de la seguridad y el adecuado desarrollo del niño, la mejora de la funcionalidad de la familia, la permanencia del niño con su familia si es posible, la estabilidad de los núcleos familiares, la tasa de reunificación familiar dentro de 12 meses, la recurrencia del maltrato, el porcentaje de niños separados de la familia, la tasa de reingreso a las instituciones de protección y la cantidad de niños adoptados dentro de 24 meses (DiLorenzo, 2005).

La revisión detallada de los anteriores procesos notifica que en general existen pocas evaluaciones científicas que correlacionen las evaluaciones, síntomas, diagnósticos e intervenciones con el seguimiento. En otras palabras, aún falta mucho por conocerse y probarse con relación a la efectividad de los abordajes realizados, especialmente con base en seguimientos a largo plazo. De hecho, falta consenso en cuanto a los indicadores de seguimiento que deben usarse (DiLorenzo, 2005). En Colombia, históricamente los servicios de protección infantil han carecido de procesos de evaluación para realizar diagnósticos médicos y de la salud mental de los niños víctimas de maltrato infantil y con frecuencia la intervención se ha realizado bajo preceptos genéricos, en particular en los niños que se encuentran institucionalizados. En nuestro medio como en otros entornos, algunas veces las intervenciones se hacen con base en los recursos disponibles en vez de los que se requieren, ya sea porque no se realizan diagnósticos o porque no se cuenta con los recursos necesarios (DiLorenzo, 2005).

De igual modo, la fragmentación de los servicios ofrecidos a los niños y a sus familias implica la visita a múltiples agencias para intentar resolver los diversos problemas resultantes del MI. Esto es particularmente crítico para las familias más pobres, ya que condiciona a que un adulto deba encargarse de los trámites y el acompañamiento al niño, limitándose la génesis de ingresos económicos que eventualmente pueden aportar dichas personas. También, se resalta que las intervenciones que se realizan son complejas en cuanto a que pretenden remediar y corregir dinámicas sociales y familiares enredadas y con frecuencias confusas e ininteligibles. El tiempo ideal de acompañamiento debe ser de entre 3-5 años para lograr cambios significativos en los comportamientos (DiLorenzo, 2005). Por supuesto, actualmente en el ámbito latinoamericano no es posible realizar ese tipo de seguimiento.

Otros aspectos críticos en América Latina son la escasa formación que los profesionales responsables de la respuesta al MI reciben en sus currículos de estudio y los escasos programas de posgrado en el tema. Por esto, es común que la capacitación sea empírica en el tema, por lo que se asumen los cargos con escasa o nula preparación previa y el aprendizaje se produce a partir de los colegas y el manejo institucional. Al mismo tiempo, hay pocos estímulos para que el trabajador mejore sus niveles de instrucción y destreza, por falta de políticas institucionales, por sobrecarga laboral o por limitaciones de tiempo.

Los tipos de contratos laborales dentro de los sistemas de protección infantil condicionan altas tasas de movilidad. Son pocos los empleos plenos: los contratos son a término fijo y por corto tiempo (incluso de 3 o 6 meses), con altas probabilidades de discontinuidad y con remuneraciones bajas. Todo lo anterior aumenta la probabilidad del recambio y con ello la pérdida de los procesos de formación, cuando se han hecho, y la experiencia adquirida.

En algunos países, la expulsión de los adolescentes de las instituciones pertenecientes al sistema de protección por cumplir la mayoría de edad es otra situación preocupante. En este medio, las tasas de adopción de niños preadolescentes o adolescentes que han sido declarados en condición de adoptabilidad son muy bajas. Así, una alta proporción de estos se convierten en «hijos del sistema»; sin embargo, son pocos los planes a largo plazo que garantizan vivienda, alimentación, educación y empleo para estos niños. Por eso, la posibilidad para este grupo de ingresar al mundo de la marginalidad social, incluida la delincuencia y el consumo problemático de sustancias psicoactivas, es significativo.

Las consecuencias del maltrato infantil en términos de costos económicos directos e indirectos, así como las secuelas sobre el desarrollo individual y social, hacen que esta problemática sea prioritaria dentro de las agendas actuales de la protección social, la salud pública y la justicia. Las posibilidades de agencia e intervención en las regiones dependen de determinantes económicos, políticos, históricos, sociales, culturales, institucionales y conceptuales, entre otros. El camino presentado sobre la historia y el desarrollo de los programas de atención al maltrato infantil sirve al cierre del capítulo para contemplar algunos elementos que se visualizan como posibles dificultades para avanzar al respecto.

Los aprendizajes y progresos hechos en algunos países sirven como ejemplo y esperanza para soñar que las realidades asociadas con el MI se pueden transformar. Los avances que se hagan van a depender de muchas dinámicas, pero la presencia y agencia de personas líderes y comprometidas será uno de los elementos determinantes para el cambio. Estos sujetos tendrán que luchar para posicionar una agenda política de larga duración que trascienda las políticas de gobierno y se instaure como una política de Estado, con todas sus implicaciones. Es decir, la garantía de una inversión constante y significativa de recursos económicos y la trasformación legislativa e institucional donde sea necesario.

Así mismo, se deben promover reformas sociales básicas que faciliten la seguridad integral de las familias; fortalecer el posicionamiento y garantía de los lineamientos y acuerdos internacionales, específicamente los relacionados con los derechos del niño; pensar y planear estratégicamente; lograr la acción y coordinación intersectorial e interinstitucional; mejorar los vacíos existentes de conocimiento sobre el MI; promover un reformismo serio, con base en ejercicios de análisis reflexivos, orientados a un mejor futuro; transformar y/o mejorar la institucionalidad; mejorar el papel y la intervención del sector médico; mejorar la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores de los sistemas de protección; inducir intervenciones autoritarias frente a situaciones críticas que estén comprometido seriamente la vida y el desarrollo de los niños; combatir la corrupción y los clientelismos dentro de las instituciones de protección, en particular en las municipalidades y comunidades locales y/o pequeñas; posicionar el reporte obligatorio; exigir el cumplimiento de guías de intervención y manejo estandarizadas, entre otras (DiLorenzo, 2005).

Al ver lo anterior como un todo, parece una tarea titánica y probablemente imposible de lograr, por eso, las administraciones nacionales y locales deben plantearse metas progresivas y viables, con logros que se puedan cumplir a corto y mediano plazo de acuerdo con los recursos institucionales y financieros que se dispongan y las particularidades políticas, sociales y culturales.

El autor ha presentado todos los anteriores aspectos y dinámicas como el primer capítulo de esta revisión y pretende que el lector tenga una aproximación compleja tanto del problema como de las formas para abordarlo. Considera que las ciencias biomédicas por su practicidad orientada a la atención y solución de los problemas de salud tienen como uno de los paradigmas de trabajo la reducción y simplificación. Esto, por supuesto, es muy útil y pragmático, en especial en el campo de las patologías orgánicas. No obstante, el MI como se reconoce ampliamente, es un problema social complejo con implicaciones para la salud, por lo que su comprensión y manejo requiere de distintos sectores, disciplinas y profesionales comprometidos, que tengan un entendimiento amplio que les permita saber sus posibilidades y limitantes conexas. Se menciona lo anterior porque el autor percibe y entiende que algunas disciplinas, en particular aquellas de la salud mental, han liderado la intervención del MI circunscribiéndola únicamente a este campo. Si se realiza lo anterior, se limitan las posibilidades de trasformación de las víctimas, las familias y la misma sociedad.

Es mucho el recorrido y los avances que se han realizado en el mundo con relación a la protección de la niñez contra el maltrato infantil, desde momentos icónicos como la documentación de orfanatos en Mesopotamia hace 6000 años; el primer hospital para huérfanos o niños abandonados en Milán, Italia, 787 años a. C; la invención de la turret en Francia hacia 1700, que era una especie de tabla giratoria puesta en instituciones religiosas, donde las madres —que estaban en incapacidad de cuidar y criar— podían «depositar» de forma anónima a sus hijos; el establecimiento legal en Inglaterra en 1874, a partir de un concepto de la corte, de poder intervenir y retirar a un niño de su familia, cuya vida no era apropiadamente protegida, o el emblemático caso de Mary Ellen Wilson en New York en 1874, quien fue retirada de un hogar abusivo con el apoyo de la sociedad para la prevención de la crueldad contra los animales, esto por retomar algunos hechos trascendentes (DiLorenzo, 2005). Los sistemas de protección de la niñez están hoy en día frente a un nuevo reto conceptual, político, institucional y de intervención, que ha surgido a partir de la emergencia de las nociones, implicaciones clínicas y de salud pública de las experiencias adversas de la infancia y el multitrauma en la niñez.

REFERENCIAS

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1 Para facilitar la lectura en este texto, se usarán de forma genérica los términos niño y niños para hacer referencia a ambos sexos, excepto cuando por razones específicas sea necesario aclararlo. Con lo anterior, el autor no quiere desconocer la importancia de la visibilización del género femenino dentro de la escritura, tampoco se desconoce que la invisibilización de mismo ha servido como un mecanismo para mantener las inequidades relacionadas con el género.

2 Al respecto, existe gran variabilidad dentro de la normativa de los países. En algunos, dicha práctica no está supeditada a una disciplina, por ejemplo al médico forense, sino al profesional que esté capacitado y demuestre suficiencia para hacer la entrevista forense sin sesgos, que permita obtener pruebas que se puedan sustentar y utilizar en un juicio penal. En otros, existe controversia y disputa, particularmente entre los médicos y los psicólogos forenses, sobre la disciplina autorizada para hacerla. A juicio del autor, dichas disputas obedecen a celos e intereses disciplinares que poco aportan para el bienestar de los niños. Lo importante es que la entrevista se haga por un profesional capacitado, formado y con práctica que permita que se alcancen los objetivos de la misma.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS SOBRE LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS DE LA INFANCIA Y EL MULTITRAUMA EN LA NIÑEZ

Los sistemas de protección de la niñez actualmente enfrentan un nuevo desafío conceptual, político, institucional y de intervención que establece el paradigma y las aplicaciones clínicas y en salud pública de las experiencias adversas de la infancia (ACE, por su sigla en inglés) y el multitrauma en la niñez (MTN). Hoy en día se considera que el abordaje basado en el trauma es la mejor forma de aproximarse e intervenir el maltrato infantil (MI) (Van den Pol y Manning, 2015). Este capítulo desarrolla los conceptos de las ACE y el MTN, sus bases neurobiológicas y su importancia clínica y de salud pública.

INTRODUCCIÓN A LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS DE LA INFANCIA Y EL MULTITRAUMA EN LA NIÑEZ

El estudio pionero de las ACE fue publicado por Felitti et al. en 1998. Este estudio se diseñó con base en la experiencia clínica del médico internista Vincent Felitti, en su trabajo con personas que tenían obesidad mórbida, encontró que aunque un porcentaje de ellas mejoraban significativamente, recaían sin causa aparente. A partir de entrevistas con sus pacientes descubrió el antecedente de traumatizaciones en la niñez y, en ese grupo específico, historia de abuso sexual. Por esto, Felitti formuló la hipótesis de que el aumento de peso de esas mujeres era una forma de defenderse; así, evitaban propuestas sexuales por el cambio en su corporalidad y que sus pacientes no podían manejar (Felitti y Anda, 2009; Van den Pol y Manning, 2015). Su idea fue sencilla: las traumatizaciones en la niñez tienen efectos sobre la salud en la vida adulta.

El estudio inicial para comprobar su hipótesis se realizó en San Diego, California, entre 1995-1996, con una participación final de 8056 personas, con edades entre 19-92, media de 56.1 años, con estatus socioeconómico medio-alto y buenos niveles de educación, el 43 % había terminado algún nivel de educación universitaria y solo el 6 % no habían terminado su educación secundaria. Se resalta el tipo de población vinculada a esa investigación porque, como se expuso en el primer capítulo, los acercamientos, asociaciones y pesquisas sobre el MI suelen hacerse con poblaciones pobres.

A partir de evaluaciones clínicas y paraclínicas hechas a los participantes se determinaron los principales factores de riesgos y morbilidades de los Estados Unidos: enfermedad coronaria, diabetes, accidente cerebrovascular, cáncer, entre otras, número de consultas médicas y a salas de emergencia, uso de medicaciones, entre otras. Al mismo tiempo, se les aplicó una encuesta sobre antecedentes traumáticos antes de los 18 años, los cuales contemplan dos subtipos: el primero, sobre traumas directos recibidos como abuso emocional, físico y sexual; y el segundo, sobre disfunción en el hogar por consumo de sustancias psicoactivas o enfermedad mental en los padres o cuidadores, si la madre era violentada por su pareja o si alguno de los padres o cuidadores estuvo en la cárcel o está vinculado con la delincuencia (Felitti et al., 1998).

Con base en correlaciones estadísticas, esta pesquisa encontró que el antecedente de traumas en la niñez es frecuente y que existe una significativa asociación entre la exposición al trauma (ACE score1) y el desarrollo de comportamientos de riesgo y enfermedades en la vida adulta. El 52 % de los participantes habían sido víctima de uno o más traumas y el 6.2 % reportó cuatro o más. El evento traumático que más se menciona es la exposición al consumo de sustancias psicoactivas en el hogar (25.6 %) y el comportamiento delincuencial es el de menor prevalencia (6.2 %). Asimismo, se encontró que las traumatizaciones tienden a darse agrupadamente (Dunn et al., 2011), de tal modo que la presencia de cualquiera de estas traumatizaciones incrementa en un 80 % el riesgo de una segunda (Felitti et al., 1998).

El estudio demostró en los participantes una correlación directa entre el número de traumas y los comportamientos de riesgo y enfermedades. De esta manera, si hay cuatro o más ACE se incrementa el tabaquismo, la inactividad física, el consumo de alcohol, el uso de drogas ilícitas, la inestabilidad laboral, los comportamientos sexuales de riesgo y la prevalencia de enfermedades en la adultez como obesidad severa, depresión, ansiedad, conducta suicida, enfermedades de transmisión sexual, diabetes, bronquitis crónica o enfisema, hepatitis o ictericia, fracturas esqueléticas, cáncer, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedades gastrointestinales, cefaleas, dolor crónico, problemas de aprendizaje, entre otras (Felitti et al., 1998). Posteriormente, con la participación del Center for Disease Control and Prevention (CDC) de los Estados Unidos, se adicionaron otras tres experiencias adversas a la encuesta: dos directas como negligencia física y emocional, y una sobre el entorno, referida a la separación de los padres, para completar 10 antecedentes traumáticos, 5 por cada subtipo, las cuales se conservan hasta este momento; en el estudio ya han participado 17 000 personas (CDC, 2010; AVA y NHCVA, 2013).

Este estudio fue replicado por el CDC en los Estados de Arkansas, Louisiana, Nuevo México, Tennessee y Washington, con la participación de 26 229 adultos, a quienes, además del ACE score, se les aplicó la encuesta del sistema de vigilancia de factores de riesgo comportamentales (Behavioral Risk Factor Surveillance System [BRFSS]). Se encontró que el 59.4 % de los encuestados reportaron una ACE y el 8.7 % cinco o más ACE. De nuevo, la ACE más común es el uso de sustancias psicoactivas por un miembro de la familia (29.1 %) y la menos prevalente es tener un familiar en la cárcel (7.2 %). Los porcentajes de traumatizaciones directas son maltrato verbal (25.9 %), maltrato físico (14.8 %) y abuso sexual (12.2%). Las ACE asociadas con disfunción familiar incluyen tener padres separados o divorciados (26.6 %); convivir con cuidador deprimido, con alguna enfermedad mental o suicida (19.4 %), y ser testigos de violencia doméstica (16.3 %) (CDC, 2010). Las mujeres tuvieron 50 % más de probabilidades de tener cinco o más ACE (Grasso, Greene y Ford, 2013).

El mismo diseño investigativo anterior se realizó en Hawái en 2010, con la participación de 5 928 adultos. En esta población también persiste una alta prevalencia de ACE: el 57.8 % tiene al menos una y el 8.3 % reporta cinco o más. Hay variaciones del ACE score entre distintos grupos raciales: la prevalencia de al menos una ACE es de 74.9 % para los nativos, de 63.8 % para la población blanca y de 52 % para los filipinos. Las personas que presentan una o más ACE tienen mayor probabilidad de tener mala salud (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ansiedad, depresión, tabaquismo, alcoholismo, limitación para las actividades físicas e insatisfacción con la vida) que quienes no. La probabilidad de enfermarse es directamente proporcional al ACE score (Ye y Reyes-Salvail, 2014).

El multitrauma en la niñez es un fenómeno mundial. El estudio BECAN, hecho en los países Balcánicos (Albania, Bulgaria, Romania, República de Macedonia, Turquía, Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina), con una muestra de 42 272 niños de 11 a 16 años, estableció la prevalencia de maltrato infantil y negligencia. Mediante la aplicación de la encuesta ICAST (International Society of Child Abuse and Neglect Screening Tools) se obtuvieron las siguientes frecuencias de maltrato: psicológico (73 %); físico (65 %); abuso sexual (10 %) y negligencia (31 %). Es probable que estas prevalencias sean un poco más altas que otros promedios reportados, ya que se incluyeron formas más leves de MI (World Health Organization Europe, 2013). De cualquier modo, estas cifras demuestran la alta prevalencia del MTN.

La correlación entre MTN y la adopción de comportamientos de riesgo y enfermedades en la adultez también ha sido documentada en otros países de diferentes niveles de desarrollo. Almuneef, Qayad, Aleissa y Albuhairan (2014) en Arabia Saudita, un país considerado en vía de desarrollo, encuestaron a 931 adultos: el 23 % de ellos registró exposición a una ACE y el 32 % a cuatro o más. Esta última situación incrementa de 8 a 21 veces el riesgo de comportamientos poco saludables y de 2 a 11 veces el de tener enfermedades crónicas. A su vez, un estudio hecho en Inglaterra con una muestra representativa de todo el país (n = 3885) con edades comprendidas entre los 18-69 años también encontró una correlación directa entre el aumento del ACE score con la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica y la diabetes (Bellis et al., 2015).

Para la Unión Europea, uno de los aspectos más importantes de este último estudio fue haber probado que cuatro o más ACE ocasionan un incremento significativo de las cuatro enfermedades crónicas no transmisibles, que conjuntamente causan más de la mitad de las muertes en toda Europa. Es decir, se demostró la asociación entre la mortalidad temprana y la exposición al MTN. Se calcula que para los 70 años, personas con 4 o más ACE tienen el doble de mortalidad que aquellas con puntaje de 0 (Bellis et al., 2015). El CDC ha calculado que en promedio se viven 20 años menos por efectos del MTN (Academy on Violence and Abuse, 2013).

Otro aspecto relevante de dicha pesquisa, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, es que el incremento del ACE score está directamente relacionado con condiciones de carencia e inequidad. Además, cuando se hacen ajustes poblacionales por quintiles de pobreza, las diferencias en cuanto a las tasas de morbilidad y mortalidad temprana se conservan según el índice de ACE (Bellis et al., 2015). Este tipo de resultados ha permitido proponer que mejorando los patrones de relacionamiento familiar y disminuyendo el trauma asociado con el MI es posible mejorar los indicadores de salud pública sin cambiar significativamente la pobreza, que se considera más difícil de intervenir (Danese et al., 2009). Otros hallazgos significativos del estudio de Bellis et al. fueron que se encontró mayor cantidad de multitraumas en las personas más jóvenes, es decir, en aquellas nacidas después de 1969, y que el mayor reporte de MTN se presenta en las mujeres (2014).

Existe consenso en el mundo científico sobre la relevancia del MTN como condicionante de enfermedades crónicas y muerte temprana. Así, la presencia de un ACE score de cuatro o más incrementa el riesgo relativo de enfermarse en los siguientes porcentajes: diabetes (160 %), muertes intrauterinas (180 %), cáncer (190 %), cardiopatía isquémica (220 %), accidente cerebro-vascular (240 %), hepatitis (240 %), enfermedad pulmonar crónica obstructiva (260 %), depresión (460 %) y conducta suicida (1220 %). Se destaca que en cuanto a las repercusiones por carga de enfermedad, el MTN tiene mayor peso que el de todas las enfermedades mentales en conjunto. Así mismo, la OMS ha señalado que la depresión, que es el principal factor de riesgo para la conducta suicida, es la enfermedad más costosa en términos económicos para los países de ingresos medios y altos (Academy on Violence and Abuse, 2013).

Los conceptos de ACE y MTN son relevantes para la salud pública por las repercusiones sanitarias, sociales y económicas que aporta el MI como predisponente de las enfermedades crónicas y la mortalidad temprana en la adultez. Otras consecuencias atribuidas al MI y al MTN son los problemas comportamentales, las enfermedades mentales, el incremento de la delincuencia, la conducta criminal y la violencia, las discapacidades permanentes, la reducción de la calidad de vida y los bajos niveles de ingresos económicos (Fang, Brown, Curtis y Mercy, 2012).

En la actualidad, los lineamientos del neoliberalismo de mercado permean y rigen los sistemas y la administración de los servicios de salud. Por lo tanto, los estudios de los costos económicos secundarios a los problemas y patologías de salud se imponen como referentes en los cálculos de la inversión de los recursos públicos sanitarios. Los costos económicos secundarios al MI y MTN pueden calcularse por dos vías: por un lado, desde la perspectiva de la prevalencia, que usualmente calcula los gastos directos e indirectos relacionados con la presencia del MI en un año y, por el otro, desde la incidencia que calcula todos los gastos que se generan de por vida por la aparición en 1 año de los casos nuevos de MI. Para efectos del MI, ambos cálculos son relevantes (Fang et al., 2012).

Los gastos que se calculan contemplan costos de atención sanitaria, del sistema de justicia, del sistema de protección, de educación especial, por pérdida de productividad y por muertes por MI, de los cuales los de salud y productividad son los más relevantes (Academy on Violence and Abuse, 2013). Fang et al. (2012) calcularon los gastos directos e indirectos en 124 billones de dólares, por prevalencia e incidencia debido al MI en Estados Unidos en el 2008. Esta cifra incluye los gastos de los 579 000 nuevos casos estimados más 1740 por muertes. Sin embargo, el CDC hizo un ajuste de estimación de esos gastos teniendo en cuenta no solo el número de casos demostrados, como se hizo el estudio de Fang et al., 2012, sino proyectando el número de casos que realmente se presentaron; con esto, la anterior cifra se incrementó a 585 billones en 2008. Si la proyección amplía la exposición a todas las ACE, el gasto asciende a 885 billones (Academy on Violence and Abuse, 2013).

Entre los usos que se hacen de este tipo de análisis, se incluye establecer el costo-beneficio de las intervenciones, por ejemplo, si es más rentable invertir en prevención que en atención (Fang et al., 2012). Adicional a los costos de la salud para las personas, los sanitarios para los sistemas de salud y los económicos, existen muchos impactos del MI y el MTN en términos sociales, que en la práctica son muy difíciles de calcular. Dentro de estos se destaca el mantenimiento de circuitos de violencia que se dan al interior de las familias por la falta de detección e intervención y el deterioro de la calidad de vida de las personas y las comunidades. En términos económicos, este otro tipo de gastos, secundarios al MI, se ha estimado en 1 trillón por año (cálculo hecho sobre los gastos del 2008) en los Estados Unidos (Academy on Violence and Abuse, 2013).

POSICIONAMIENTO DE UN MODELO CIENTÍFICO DEL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD DENTRO DEL CURSO DE LA VIDA

La asociación demostrada entre la exposición a ACE y MTN con comportamientos de riesgo y enfermedades crónicas en la adultez condujo a Felitti et al. en 1998 a formular una hipótesis-modelo que explica las influencias y efectos de las ACE sobre la salud en el curso de la vida. En la figura 2.1 se presenta el esquema.


Figura 2.1. Potenciales influencias de las experiencias adversas de la infancia a través del curso de la vida.

Fuente: adaptado de (Felitti et al., 1998). Traducción del autor.

La hipótesis generada expone que a partir de la exposición a las ACE se produce un daño en el desarrollo que altera los dispositivos básicos de la socialización, el manejo de la emocionalidad y las capacidades cognoscitivas; esto conduce a la apropiación de los comportamientos de riesgo previamente nombrados y a la subsiguiente aparición de problemas sociales, discapacidades y enfermedades, lo que finalmente lleva a muertes tempranas (Felitti et al., 1998).

A partir de esa fecha, el segundo bloque de la pirámide se constituyó en una extensa área de investigación dentro de las ciencias básicas y clínicas. Se empezó a comprender cómo las ACE perjudican el normal desarrollo humano durante la niñez y se analizó el funcionamiento del cerebro temprano, el desarrollo infantil y los efectos del estrés tóxico sobre la biología corporal y el comportamiento humano. Al respecto, muchos aspectos relacionados con la biología de la adversidad en la niñez han sido suficientemente probados y, por supuesto, muchos otros campos de exploración están en curso.

Se posicionó el concepto de neurobiología del maltrato infantil (Grassi-Olivera, Haag, Brietzke y Coelho, 2015) bajo la premisa de que los daños asociados al MI pueden explicarse como reacciones normales a circunstancias anormales (Academy on Violence and Abuse, 2013). Esa respuesta normal es la activación conjunta de los sistemas inmune, endocrino, cardiovascular, del comportamiento y del sistema nervioso central al estrés que generan las ACE (Grassi-Olivera et al., 2015).

En la actualidad se han propuesto tres niveles de estrés en la niñez según la posibilidad de este de facilitar el desarrollo o de producir daño, lo cual, a su vez, depende de la intensidad y duración del estímulo estresante, así como de las capacidades de respuesta. Estos tres niveles se clasifican como estrés positivo, tolerable y tóxico. Cuando se habla de multitrauma en la niñez se hace referencia al estrés tóxico (Shonkoff y Garner, 2012).

El estrés positivo se relaciona con los retos y frustraciones inherentes a la cotidianidad, son de corta duración, infrecuentes y tienen una intensidad de leve a moderada. Físicamente se expresa con una leve elevación de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial, así como con algunos cambios hormonales menores. Algunos ejemplos son la inhabilidad de un niño de 15 meses para expresar sus deseos, los tropiezos de un niño de 2 años al intentar correr, la preocupación por una prueba en la escuela, un encuentro deportivo o la angustia que se siente en el momento de la vacunación. Un acompañamiento amoroso y adecuado de los cuidadores primarios, que responda a través del consuelo, para tranquilizar al niño y así prevenir las posibles consecuencias de los riesgos, hacen de esas experiencias estímulos favorables para el desarrollo emocional, cognitivo y social. Es decir, el estrés positivo no es ausencia de estrés, es una exposición gradual y adecuada a este según el nivel de desarrollo y las capacidades del niño y sirve para fomentar la motivación y la resiliencia infantil (Shonkoff y Garner, 2012).

A su vez, el estrés tolerable se refiere a situaciones que superan los retos normativos de la vida, por ejemplo, la muerte de un cuidador primario o experimentar una enfermedad grave. De nuevo, la calidad del cuidado por parte de los progenitores permite que tales situaciones, aunque difíciles, puedan ser tolerables y que potencialmente también faciliten el desarrollo. En términos biológicos, la activación de los sistemas de alarma, del cerebro y de los órganos, se resuelven y recuperan satisfactoriamente (Shonkoff y Garner, 2012).

Las condiciones con el estrés tóxico son diferentes. Son situaciones persistentemente agresivas, de alta intensidad emocional y son producidas por los adultos significativos, que se supone tienen la responsabilidad de proteger al niño (Kisiel et al, 2014); por esto, los mecanismos de protección socioemocional son ausentes o insuficientes. En estos casos, la activación permanente de los sistemas de respuestas neurobiológicos al estrés se mantienen y se altera la respuesta de contra regulación, cuya función es regresar al nivel basal los neuromediadores liberados. Toda esa respuesta hormonal mediada centralmente por el cortisol y por los neurotransmisores dopamina, epinefrina y norepinefrina produce daño citotóxico a las neuronas, destruye las interconexiones dendríticas y genera daño axonal. Los mecanismos exactos mediante los cuales se producen esas alteraciones solo se conocen parcialmente. Dentro de estos se destacan los cambios epigenéticos como la metilación del ADN o la acetilación de las histonas que alteran la expresión genética sin cambiar la secuencia del ADN (Shonkoff y Garner, 2012). Así, el cerebro es el órgano que más se daña en el niño que es víctima de maltrato y violencia doméstica (Van den Pol y Manning, 2015).

TRAUMA Y MULTITRAUMA

La conceptualización de estos términos no es uniforme y la acepción que se adopte tiene implicaciones prácticas para el abordaje clínico, institucional y político. Una primera distinción que se puede hacer es que la vivencia del trauma o el multitrauma puede ser individual, colectivo o ambas. Un par de ejemplos simples de esos tipos de trauma pueden ser los siguientes: una adolescente que ha tenido un niñez armónica, sana y feliz, un día es víctima de un asalto sexual por un desconocido al transitar por un espacio público; o una colectividad rural ubicada al borde de una costa, relativamente prospera, solidaria y sana, un día es parcialmente arrasada por un tsunami. A su vez, desde una perspectiva personal, se puede estar expuesto a una o más situaciones estresantes y traumáticas o a experiencias adversas. También, una comunidad, por ejemplo, puede ser víctima de un desastre natural que se suma a una violencia colectiva entre etnias.

Entonces, vale la pena preguntarse si el estar expuesto a situaciones traumáticas de manera individual o colectiva es equivalente a experimentar trauma: la respuesta es negativa. Antes de seguir, es importante resaltar que las ciencias y disciplinas biomédicas han abordado los traumas con predominio desde la perspectiva individual. A su vez, las ciencias y disciplinas sociales han sido las que han abordado el trauma colectivo (Das, 2008). Ahora bien, con frecuencia, los multitraumas individuales se presentan en entornos donde se convive con la violencia colectiva, lo que dificulta aún más los escenarios de entendimiento e intervención. En esas circunstancias, desconocer los contextos y escenarios macro, políticos, culturales, económicos e históricos traumáticos puede hacer que fracasen los abordajes individuales. Incluir las perspectivas biológicas, sociales y del desarrollo infantil relacionadas con el trauma es lo que puede denominarse como un enfoque bioecológico del mismo (Bronfenbrenner, 2005).

El trauma desde una perspectiva individual se entiende como la alteración del funcionamiento y el bienestar personal, ya sea en el área física, social, emocional y/o espiritual, que se origina como resultado de un evento, serie de eventos o circunstancias que son experimentadas por las personas como físicas o emocionalmente dañinas y/o amenazantes (Academy on Violence and Abuse, 2013). De esta manera, el concepto de trauma adiciona especificidades biológicas ausentes en el término adversidad y establece como requisito que existan pruebas objetivas de alteraciones en las respuestas fisiológicas, corporales o comportamentales que se expliquen como respuesta al estrés tóxico. En la práctica, el trauma está anclado a la biología e incluye los componentes neurológicos, psicológicos, inmunológicos, endocrinológicos y epigenéticos. Lo anterior cambia el enfoque tradicional que relaciona el trauma emocional y social únicamente a los aspectos de la salud mental y el comportamiento.

A su vez, en el trauma colectivo, las consecuencias equivalentes a los cambios biológicos del trauma individual son las repercusiones sociales secundarias a la exposición a circunstancias humanamente dañinas. En estos casos, lo que se lesiona es el tejido social, se alteran los mecanismos y discursos colectivos de regulación y cohesión, se produce fragmentación, pérdida de la solidaridad, falta de control de conductas individuales, marginalidad, entre otras (Das, 2008). El enfoque y las disciplinas biomédicas que tratan a las personas víctimas de violencia no intervienen este tipo de determinantes, y cuando se incluye algún abordaje relacionado, este es jerárquicamente secundario a las acciones de salud mental individual.

El etólogo francés Cyrulnik (2001; 2002) añade un componente a la comprensión del trauma que es la representación del mismo. Este autor expone que para que se produzca un trauma se requieren dos procesos: uno, la victimización directa, que, en concordancia con este texto, se conoce como exposición a una o varias experiencias adversas, y dos, el significado que las personas o las comunidades le dan a lo sucedido a través del lenguaje. Entonces, el trauma se forma y se consolida través de la interpretación y apropiación que hacen los individuos y grupos de los hechos traumáticos. Se presenta el siguiente caso hipotético: una lactante de 8 meses es tocada suavemente en sus genitales en una única ocasión por su hermano mayor de 6 años y la madre corrige apropiadamente a su hijo y el evento se cierra. Las posibilidades de trauma para la niña en las circunstancias presentadas son prácticamente nulas. Si se cambia el escenario, ahora la niña tiene 9 años y quien la toca es su tío materno de 24 años, la comprensión personal y social del hecho por parte de la niña, así como el significado que este tiene para los miembros de la familia, incrementan la probabilidad de aparición de algún nivel de trauma.

Históricamente, el desarrollo del concepto trauma emocional en las ciencias de la salud se describió a partir de lo que se denominó como neurosis de guerra en los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. El trauma asociado al combate se reformuló después de la Segunda Guerra Mundial como fatiga del combate, y fue después de la Guerra del Vietnam que se publicaron investigaciones donde se demostró de forma consistente una serie de síntomas secundarios a la participación en la guerra, los cuales incluyen la reaparición espontanea de las emociones sentidas en la escena del combate (flashbacks), pesadillas, depresión, ideas suicidas, entre otros. A partir de estos, se creó la entidad patológica síndrome de estrés postraumático (PTSD, por su sigla en inglés). En los años 60, el movimiento feminista llamó la atención sobre la presencia de síntomas de PTSD en mujeres víctimas de asalto sexual. Más recientemente, en los Estados Unidos se documentó la aparición de PTSD en víctimas y testigos del ataque a las torres gemelas de Nueva York, conocido como el 9/11 (Van den Pol y Manning, 2015).

Sin embargo, se encontró que los componentes clínicos del PTSD son inadecuados para describir las relaciones causa-efecto, así como el espectro de alteraciones, hallazgos y síntomas asociados con el multitrauma en la niñez (Kisiel et al., 2014). Por eso, en los últimos años se propuso la entidad denominada trastorno del desarrollo secundaria al trauma (developmental trauma), la cual fue liderada por la National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) de los Estados Unidos. Dicha entidad aún no ha sido reconocida dentro de la CIE-10 o el DSM-V. La NCTSN estudió las secuelas del huracán Katrina y determinó que las condiciones sociales como la pobreza incrementan la complejidad y el daño del trauma agudo ocasionado por desastres naturales. Entonces, el multitrauma en la niñez produce daños en un cerebro que está madurando e interrumpe su normal desarrollo, lo que su vez es modulado por las condiciones sociales donde se presentan las injurias (Van den Pol y Manning, 2015).

TRAUMA DESDE LA PERSPECTIVA BIOECOLÓGICA DEL DESARROLLO HUMANO

La conceptualización previa del trauma con sus acepciones individuales y colectivas, las respectivas repercusiones biológicas y sociales y el efecto sobre el desarrollo infantil es lo que hace del enfoque o teoría bioecológica del desarrollo humano una perspectiva útil para el entendimiento y la intervención del MTN. El autor quiere ubicar al lector dentro de ese plano de comprensión antes de describir los elementos más relevantes de la biología del trauma, para evitar caer únicamente en los reduccionismos de la biomedicina, pero, a su vez, resaltando la gran importancia que esta tiene en la comprensión del trauma.

Urie Bronfenbrenner (2005) en 1979 escribió el libro La Ecología del Desarrollo Humano, donde formula su comprensión del desarrollo, la cual se aparta de los entendimientos clásicos del mismo de tipo psicológico individual en cualquiera de sus variantes cognoscitivo, social, psicoanalítico u otro. En estos se define el desarrollo infantil mediante cambios de tipo psíquico que se producen en la neurobiología, la neurofisiología y la neuropsicología. Bronfenbrenner (2005) propuso en su teoría del desarrollo humano cuatro elementos: proceso, persona, contexto y tiempo. Las adaptaciones más importantes de su teoría se han realizado sobre el desarrollo infantil y la interrelación entre los niños y sus cuidadores.

El primer elemento, el proceso, se refiere al relacionamiento repetitivo del niño con los otros durante momentos claves del desarrollo infantil, por ejemplo, con sus padres, cuidadores o símbolos. Las acciones que pueden formar parte de este proceso son la alimentación, el amor, el juego con pares, la lectura, el deporte, entre otros. Puede decirse que para la teoría bioecológica del desarrollo humano, el proceso es el más importante de los elementos.

En relación con el MTN, debe decirse que aún no existe consenso sobre el modo de interrelacionar y procesar la exposición a ACE con la aparición de riesgos comportamentales y patologías en adolescentes y adultos, aunque existen algunos acuerdos. No es posible establecer asociaciones directas entre un riesgo específico y una consecuencia particular, por ejemplo, ser víctima de abuso sexual con sufrir depresión en la adolescencia o la adultez. Existe la tendencia a comprender los efectos de las ACE como un todo, al estilo de un racimo de riesgos que incrementa la posibilidad de daños. Esta ha sido la comprensión tradicional que ha sido liderada por el CDC de los Estados Unidos (2010); sin embargo, algunos investigadores han cuestionado dicha comprensión y prefieren abordar los riesgos según las asociaciones que existen entre ellos y las posibilidades de producir perfiles de daño. Es decir, han hecho asociaciones más diferenciadas con las ACE que las personas han experimentado, que con la suma total de las ACE. En un estudio que aplicó este tipo de abordaje, se tuvo en cuenta el tipo de exposición lo largo de los primeros 14 años de vida y se encontró que dentro de las experiencias adversas estudiadas, las conexas con las relaciones intrafamiliares, específicamente las disputas moderadas y severas, son las que tienen mayor peso de asociación con psicopatologías en la adolescencia temprana (Dunn et al., 2011). Los resultados de esta investigación apoyan la hipótesis de que el proceso de la teoría bioecológica es el elemento más significativo del desarrollo humano, ya que el estrés tóxico está estrechamente ligado con las relaciones humanas. Lo anterior tiene implicaciones para la intervención porque las relaciones saludables son el mejor antídoto para este tipo de estrés.

El segundo elemento, la persona, tiene en cuenta las características individuales del niño, sean de tipo biológico, como el temperamento, las capacidades de responder a los estímulos, o de tipo subjetivo o comportamental, como el nivel de respuesta y compromiso a las dinámicas del medio externo o las creencias personales, entre otras (Bronfenbrenner, 2005). Sin embargo, incluso aquellas características que pueden encasillarse como de tipo eminentemente individual y biológico están permeadas y condicionadas por el significado que el adulto le da a las mismas. En ese sentido, Cyrulnik (2001; 2002) narra como algunas madres interpretan la irritabilidad o las demandas de algunos niños como acciones dirigidas a mortificarlas. El mayor riesgo de maltrato a niños que han nacido prematuramente se ha explicado en gran medida por lo anterior (Christian et al., 2015).

El tercer elemento de la teoría bioecológica, el contexto, se entiende como el espacio físico y las dinámicas relacionales y sociales inscritas en el mismo, donde el proceso y, por lo tanto, el desarrollo se producen. Así, el desarrollo infantil no puede aislarse de la red social donde el niño está inmerso. El desarrollo resulta de procesos reiterativos de ir y venir, como un baile continuo y acumulativo entre la naturaleza —la biología— y el entorno —la cultura—. Bronfenbrenner (2005) describió cuatro tipos de contextos: el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema es el espacio relacional donde sucede el proceso; puede ser el hogar, el colegio, los sitios de juego, etc. El mesosistema es un conjunto de microsistemas que se articulan, por ejemplo, la interacción entre el colegio y la familia. El exosistema se refiere a dinámicas que afectan directamente el desarrollo infantil, pero con los que el niño no tiene contacto directo, como el tipo de trabajo del cuidador, que influye directamente en el tiempo y la forma de relacionarse con los niños/as. El macrosistema forma parte de la organización e ideología de la sociedad que produce un tipo específico de cultura y que influirá sobre el desarrollo. Un ejemplo de esto último es la valoración y el respeto que una sociedad le dé al niño como un sujeto titular de derechos.

Por último, el tiempo se refiere a lo dinámico del desarrollo, los momentos críticos del mismo, los cambios que se producen en los individuos y en los procesos y contextos. Un ejemplo es lo que describió Chasnoff (2011), quien estableció que el daño sobre el desarrollo y el cerebro asociado al consumo del alcohol durante el primer trimestre de la gestación se produce principalmente sobre las estructuras de la línea media. Por esto, el síndrome de alcohol fetal incluye el compromiso de los labios y la nariz. Sin embargo, es evidente que existen variabilidades en la expresión clínica del consumo de alcohol durante la gestación dependiendo del momento, la cantidad y duración de la exposición. Por lo anterior, actualmente se habla de una sombrilla que incluye todas las alteraciones, la cual se denomina espectro de los desórdenes secundarios al consumo de alcohol durante la gestación (FASD, por su sigla en inglés).

De este modo, una muy pequeña cantidad de alcohol, equivalente a una copa en un momento muy sensible, entre la octava y novena semana de la gestación, puede expresarse como el síndrome de alcohol fetal, mientras que en otros momentos hay manifestaciones menos llamativas de este consumo que se han descrito como defectos del nacimiento relacionados con el alcohol (ARBD, por su sigla en inglés) o los desórdenes del desarrollo relacionados con el consumo de alcohol (ARND, por su sigla en inglés). En este último grupo, los niños tiene problemas del desarrollo intelectual, comportamental y emocional, sin cambios o mínimos cambios faciales (Chasnoff, 2011; ICCFASD, 2011).

La importancia de tener en cuenta estos conceptos es que actualmente el FASD se considera como la causa diagnosticable más común de retardo mental y una de las principales causas de problemas comportamentales en los niños en los Estados Unidos (Chasnoff, 2011). Del mismo modo y como se ha revisado, el abordaje tradicional de los ACE no incluye la exposición al alcohol u otras sustancias psicoactivas durante la gestación. En una investigación liderada por Barrios-Acosta et al. (2017), se exploró la relación entre el ACE score y lo que denominaron dentro de dicho estudio como el ACE plus, que incluye, además de las 10 ACE tradicionales, la exposición al consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación y la intervención de los niños por el sistema de protección infantil con el crecimiento de los niños. Se encontró que el ACE plus comparado con el ACE score no incrementa la asociación con alteración en los indicadores antropométricos. Se referencia este estudio por la necesidad de incorporar centralmente la exposición al alcohol y otras sustancias psicoactivas durante la gestación dentro de la perspectiva del MTN.

Así mismo, el tiempo en la teoría bioecológica del desarrollo humano incluye la comprensión histórica de las dinámicas sociales y el curso de vida de los individuos. Un ejemplo puede ser la manera como un padre modifica el manejo de autoridad dependiendo de si el hijo es un lactante, un escolar o un adolescente.

El acercamiento al MTN desde la perspectiva bioecológica del desarrollo humano trasciende la oposición entre la salud mental y la física, las cuales por tradición han tenido una comprensión eminentemente biológica, y ubica la discusión del trauma en conexión con un desarrollo no saludable, incluyendo las alteraciones biológicas, neuroanatómicas, neurofuncionales y comportamentales que se presentan seguidamente.

BIOLOGÍA DEL TRAUMA

El estrés tóxico es el mecanismo más importante de la biología del trauma. Este dentro del MTN tiene la particularidad de que afecta a seres en desarrollo y puede producir alteraciones funcionales y estructurales neurobiológicas, que tienen repercusiones sobre el curso de la vida con impactos relevantes para la salud pública.

La respuesta biológica a situaciones amenazantes condiciona una respuesta automática en los mamíferos mediada por una red de repuestas automáticas que involucra al sistema nervioso central (SNC), al sistema nervioso autonómico, al sistema nervioso periférico, al sistema inmune, al sistema endocrinológico, al sistema osteomuscular, al sistema cardiovascular, en síntesis, a todo el cuerpo. La coordinación de la respuesta se produce en el SNC.

Al interior del SNC existen 3 tipos de cerebros, según el nivel de evolución filogenética asociado a cada uno de ellos: el cerebro inferior o reptiliano, el cerebro medio o emocional y el cerebro superior o cortical. El cerebro reptiliano es la parte más antigua y primitiva, encargada de las funciones autonómicas de supervivencia, como respirar, dormir, comer, el ritmo cardiaco y el control de la digestión, de los esfínteres o del ritmo electroencefalográfico a través del sistema reticular activante. Este cerebro es el responsable de comportamientos depredadores, es decir, que no se pueden inhibir una vez iniciados. Esta respuesta puede ser de destrucción, de huida o de parálisis (Rygaard, 2008). Este cerebro inferior está completamente desarrollado en recién nacidos a término, pero en los nacidos prematuramente, en particular en los de menor edad gestacional, pueden presentarse algunos niveles de inmadurez, que se pueden expresar como apneas e incoordinación entre los mecanismos de succión y deglución.

Rygaard (2008) describió las alteraciones en el funcionamiento del cerebro reptiliano en niños abandonados (se especifica que el abandono es la forma extrema del maltrato por negligencia) como:

Retraso en la respuesta de excitación a la estimulación, hiper o hipoactividad, los problemas de la atención y los problemas de la función inmunitaria. Los lóbulos frontales pueden perder la capacidad de concentrarse y controlar el comportamiento si el cerebro reptil genera muy poca actividad cerebral. (p. 96)

El en el tallo cerebral se encuentra el único de los grandes nervios que nace del SNC, el nervio vago, el cual inerva los grandes órganos ubicados en las grandes cavidades y en la caja torácica y abdominal. Así, la respuesta al estrés activa directamente, a través del vago, respuestas involuntarias que aumentan la frecuencia cardiaca y respiratoria y la tensión muscular y disminuyen el peristaltismo intestinal y la respuesta inmune, entre otras. Por lo anterior, Van den Pol y Manning (2015) sostienen que el trauma en la niñez se diagnostica mejor a través del registro de la frecuencia cardiaca elevada, medida cuando esta debe descender después de la culminación de un estímulo dañino, que por medio de pruebas psicológicas.

Se resalta la funcionalidad y el compromiso del cerebro reptiliano en las víctimas de MTN porque ello puede dar cuenta de una serie de síntomas y compromisos somáticos o comportamentales como, por ejemplo, las alteraciones en los mecanismos de regulación de los esfínteres, que suelen ignorarse en intervenciones psicológicas que no incorporan el enfoque del multitrauma (Van den Pol y Manning, 2015).

Las estructuras cerebrales y los circuitos más significativos implicados en la respuesta al estrés tóxico son la amígdala, el hipocampo, el lóbulo prefrontal, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y el sistema simpático-adrenomedular. También, se destaca la condición de inmadurez del SNC del humano al nacer. Hoy en día se sabe que los procesos de maduración, en particular los asociados con las funciones ejecutivas de los lóbulos prefrontales, toman muchos años, probablemente hasta el inicio de los 30 (Shonkoff y Garner, 2012; Van den Pol y Manning, 2015). Sin embargo, las estructuras, órganos y funciones infratentoriales están maduras al nacimiento, ya que dicho proceso inicia precozmente en la vida intrauterina.

El cerebro medio, emocional o social, llamado también cerebro límbico, es el responsable de las respuestas emocionales e involucra una serie de estructuras del SNC localizadas en la profundidad y en la línea media del cerebro. Las situaciones estresantes generan una serie de respuestas inmediatas que se coordinan mediante la articulación entre la amígdala, el eje hipotálamo-hipofisis-adrenal y el sistema simpático-adrenomedular. La respuesta simpática y parasimpática al estrés ocurre en segundos, mientras que la hormonal toma varios minutos y persiste por más tiempo. Cuando se piensa en la respuesta al estrés, por la emocionalidad asociada y la reacción múltiple que se genera, la evocación más frecuente es al cerebro límbico (Shonkoff y Garner, 2012; Van den Pol y Manning, 2015; Grassi-Olivera et al., 2015).

Ante una situación amenazante, los estímulos aferentes llegan a la central de recepción sensorial, el tálamo, que inmediatamente se conecta con la amígdala y el hipotálamo; esto activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y el sistema simpático-adrenomedular y, de esta manera, se liberan grandes cantidades de cortisol, adrenalina y norepinefrina. La respuesta corporal total al estrés dependiente del sistema límbico tiene en los mamíferos, como en el cerebro inferior en los reptiles, la función de preparar la defensa mediante la pelea, la huida o la inmovilización. A diferencia de los reptiles, esta repuesta en los seres humanos puede ser potencialmente inhibida sin que la acción subsecuente automática se termine completamente. Esto es posible mediante la participación de otros circuitos cerebrales, que en los humanos depende de la corteza superior, en específico de los lóbulos prefrontales (Shonkoff y Garner, 2012; Van den Pol y Manning, 2015).

La amígdala, ubicada en la parte media de los lóbulos temporales y perteneciente al sistema límbico, tiene un papel central en la recepción y activación de las emociones. Mediante estudios neurofuncionales del cerebro se ha documentado que la vivencia del miedo y la furia cursan con gran activación de la amígdala cuando es estimulada por el cortisol, lo que a su vez genera hipertrofia de la misma.

Una situación peligrosa es automáticamente procesada por la amígdala, que es el sensor filogenéticamente más desarrollado para la detección de este tipo de situaciones. Al tiempo se produce una activación del eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal con una elevación significativa de los niveles de cortisol. Conjuntamente, hay una activación del sistema simpático con una impregnación corporal de adrenalina, la cual es esencial para la respuesta de lucha, huida o parálisis. Esta respuesta en condiciones regulares es de corta duración, porque las distintas respuestas, tanto del medio ambiente como del propio cuerpo, con frecuencia generan condiciones de seguridad, que contrarregulan la reacción anterior.

Las condiciones de amenaza permanente a la salud, a la supervivencia, al desarrollo o a la dignidad llevan a un estado de hipervigilancia con una activación persistente de los mecanismos neurobiológicos precitados, que resulta en cambios entre la interrelación mente/cuerpo, que pueden llegar a ser permanentes y, aunque no son saludables, son necesarios para sobrevivir a entornos traumáticos. En el humano, los cuatro sistemas biológicos afectados centralmente por el estrés tóxico son el sistema nervioso central, el cardiovascular, el endocrino y el inmunológico (Academy on Violence and Abuse, 2013; Grassi-Olivera et al., 2015; Danese et al., 2009).

Grassi-Olivera et al. (2015) propusieron el modelo alostático de las alteraciones biofuncionales secundarias al estrés tóxico del MTN. Este es un esquema que se adapta bien con la comprensión bioecológica del trauma. El esquema comprende cinco sistemas y cuatro niveles de respuestas. Los sistemas son inmune, hipotálamo-hipófisis-adrenal, cardiovascular (catecolaminas), comportamental y SNC. Los autores incluyen el comportamiento como un sistema del mismo nivel que otros claramente estipulados dentro de las ciencias básicas de la salud. Dentro de los niveles de respuestas se incluye la fisiológica, la alostasis, la alostasis con sobrecarga y la falla homeostática.

Todos los sistemas incorporados presentan una respuesta fisiológica específica al estrés, que al mantenerse, como ocurre en el estrés tóxico, produce cambios alostáticos. La alostasis se define como una estabilidad que incluye la variación de los parámetros fisiológicos usuales o, en otras palabras, se alcanza una estabilidad dentro del cambio. Esto condiciona la aparición de cargas adicionales específicas sobre cada uno de los sistemas, que se van acumulando hasta que se configura nítidamente un estado de sobrecarga, que si no se corrige puede llevar a la falla de la homeostasis del sistema (Grassi-Olivera et al., 2015; Pereda y Gallardo-Pujol, 2011).

El sistema inmune responde al estrés incrementando la activación de los linfocitos T, los títulos de anticuerpos y los niveles de prostaglandinas y citoquinas. Las consecuencias de la activación permanente, de la sobrecarga y de la eventual falla del sistema inmune, en síntesis, se explican por un proceso de inflamación crónica. Las consecuencias de dichos cambios inmunes se expresan dentro del SNC como en el resto del cuerpo (Grassi-Olivera et al., 2015).

Por fuera del SNC, la inflamación crónica secundaria a la activación permanente del sistema inmune se ha relacionado con enfermedades autoinmunes, inmunosupresión e incluso falla inmune en las víctimas del MI y MTN (Grassi-Olivera et al., 2015). En la adultez, esta inflamación contribuye a la aparición de asma, diabetes tipo II, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, cáncer de hígado, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Alzheimer, pobre salud dental, entre otras (Shonkoff y Garner, 2012; Min, Minnesa, Kima y Singerb, 2013). Así, la disfuncionalidad del sistema inmune se ha establecido como un elemento central que explica los riesgos y enfermedades asociados con las ACE (Min et al., 2013).

Uno de los estudios de tipo longitudinal de seguimiento a una cohorte de niños expuestos al maltrato infantil antes de los 11 años comparados con una población similar sin exposición a este, con un seguimiento de entre 32-38 años, mostró que, en promedio, a los 42 años el MI incrementa el riesgo de diabetes, enfermedad pulmonar crónica, obesidad y problemas de visión. También, se encontraron algunas variaciones entre el subtipo de MI con las alteraciones estudiadas. Desde el punto de vista metodológico, una de las fortalezas que resaltan los autores de este artículo es el seguimiento tipo cohorte y no las asociaciones estadísticas hechas previamente entre el MI con los riesgos y enfermedades en la adultez (Widom, Czaja, Bentley y Johnson, 2012). El estudio de cohorte hecho por Min et al., con un seguimiento por 12 años a 279 mujeres consumidoras posterior al parto, también demostró una asociación entre la exposición a ACE y diferentes enfermedades médicas (Min et al., 2013).

Dentro del SNC, la activación inflamatoria crónica del sistema inmune lleva a la producción de citoquinas (péptidos, proteínas o glicoproteínas), las cuales dentro de ese sistema influyen en distintas áreas que tienen expresiones comportamentales y funcionales concretas como aquellas que se dan sobre el sueño, la memoria, el aprendizaje o la plasticidad neuronal. Las citoquinas a las cuales se les ha demostrado un impacto neuronal directo dentro del SNC son las siguientes: interleuquina1 (IL-1), interleuquina 6 (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) e interferón gamma (INF-gamma). El efecto más significativo de la neuroinflamación producida por las citoquinas es la reducción de la neurogénesis, la cual se configura por tres vías: a) mediante la estimulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal que libera glucocorticoides que suprimen la neurogénesis; b) por el cambio en el funcionamiento de las células gliales, específicamente mediante la producción de neurotrofinas por los astrocitos, y c) por la sobreproducción de radicales de oxigeno que pueden producir daño neuronal directo (Grassi-Olivera et al., 2015).

De forma específica, las IL-1, IL-6 y TNF-alfa están relacionados con la neuroplasticidad. Dentro de los niveles fisiológicos, la IL-1 y la IL-6 aumentan el aprendizaje y la consolidación de la memoria y el TNF-alfa incrementa la memoria espacial. Con aumento concomitante de los niveles de la IL-1 y la IL-6, se comprometen el aprendizaje y la memoria; si se incrementa la IL-1, se presentan comportamientos depresivos; si se aumenta la IL-6, hay disturbios en la actividad serotoninérgica; si se incrementa el TNF-alfa, se produce un potente estímulo de la apoptosis, y si se aumenta el INF-gamma, hay comportamientos depresivos y alteración de la serotonina y del ácido glutamático (Grassi-Olivera et al., 2015).

Otros mediadores intracerebrales afectados por la neuroinflamación crónica del MTN son las neurotrofinas. Estas son una familia de reguladores que median la neurogénesis, diferenciación, supervivencia y apoptosis de las neuronas, así como la plasticidad neuronal. Dentro de estas, la más estudiada es el factor neurotrófico cerebral (BDNF, por su sigla en inglés). El BDNF se produce como respuesta a situaciones estresantes de amplio espectro, que comprenden desde una lesión isquémica del cerebro hasta un simple reto de aprendizaje. Además, el BDNF es específicamente importante dentro de la maduración cerebral y el funcionamiento de las neuronas dependientes de serotonina. Por eso, se han descrito bajos niveles de BDNF en entidades que cursan con déficit serotoninérgicos como depresión uni- o bipolar, esquizofrenia o desorden de pánico. Entonces, las ACE influencian la expresión del BDNF, que ocasionan efectos de largo alcance sobre los procesos neurotróficos al impactar la maduración y la plasticidad cerebral. Otro de los elementos recientemente estudiados sobre el BDNF es la interacción y modulación genética de su producción condicionada por las influencias del medio ambiente y las ACE, es decir, cambios epigenéticos (Grassi-Olivera et al., 2015).

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Yaş sınırı:
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Litres'teki yayın tarihi:
22 ekim 2025
Hacim:
545 s. 26 illüstrasyon
ISBN:
9789587941395
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