Kitabı oku: «No lo vieron venir»
© LOM ediciones Primera edición, diciembre de 2020 Impreso en 2000 ejemplares ISBN IMPRESO: 9789560013804 ISBN DIGITAL: 9789560014092 RPI: 2020-a-9733 fotografía de portada: Marcha del 25 de octubre de 2019. @Paulo Slachevsky <https://www.flickr.com/photos/pauloslachevsky/> Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 00 lom@lom.cl | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile
Índice
Introducción
Política nacional
Ciudad y desarrollo sustentable
Municipalismo
Internacional
Introducción
Muchos de quienes han sido protagonistas principales de la política en los últimos treinta años aseguran que no lo vieron venir. A pesar de las innumerables protestas que se sucedieron en este periodo, convocadas siempre por los mismos actores, siempre con las mismas demandas, primero con 50.000, luego con 200.000, luego con 500.000, después con un millón, y al final de este largo camino, con más de 2.000.000 de personas movilizadas simultánea y pacíficamente, afirman que nadie podía prever lo que se estaba incubando.
Muchos de los que han tomado las decisiones en nombre de lo que Chile necesitaba, aquellos que prometieron una y otra vez que atenderían los problemas, los dolores, las angustias y los sueños de nuestro pueblo; los que proclamaron a los cuatro vientos, en 1990, que la alegría ya venía, no lo vieron venir.
La burbuja en la que se sumergieron finalmente los cegó. El espacio de confort en el que habitaban, tan cerca del poder, ese poder al que se fueron acostumbrando hasta el punto de casi fundirse con él, los transformó en ciegos y sordos a las demandas y expectativas de ese pueblo al que juraron defender y por el que juraron trabajar incansablemente.
No lo vieron venir. Sin embargo, el 18 de octubre de 2019 quedará en la historia de nuestro país como el día en que ese malestar que se venía incubando hace años cristalizó por fin.
Es verdad, ese día Chile despertó y por eso lo recordaremos por siempre como el día en que se inició la verdadera transición a la democracia plena, el día en que la huelga económica se transformó en una verdadera huelga política y estuvo al límite de la insurrección. Lo recordaremos como el punto de inflexión en donde el pueblo llano, acompañado de todos aquellos movimientos, organizaciones sociales y unos pocos partidos políticos, que venían protestando por separado, cada uno por sus propias demandas y justas reivindicaciones materiales e inmateriales, se cansaron y se unieron.
Lo recordaremos como el día en que el pueblo de Chile, ese actor tan fundamental para el curso de toda democracia, pero que había sido expulsado por una élite del panorama social y político de nuestro país, decidió reaparecer para subirse de nuevo al escenario de su propia historia a jugar un papel de protagonista principal, decidido a no aceptar nunca más el papel de actor secundario que la clase dominante le tenía reservado para después del golpe de Estado, con el fin de mantener y ampliar sus privilegios.
Lo recordaremos como el día en que el pueblo de Chile volvió a aparecer en las calles de todo el territorio nacional de manera simultánea, obligando a quienes los habían olvidado a reintegrarlos en sus discusiones, en los textos de historia, en los discursos políticos, incluso en los medios de comunicación que servían y sirven a la clase dominante con un profesionalismo patético y desprovisto, la mayor parte de las veces, de toda ética y con pretensión de objetividad; el día en que el pueblo unido volvió a ser protagonista de su historia, y también de los estudios y las columnas de opinión de esa parte de la academia que había devenido en aplausómetro de las políticas neoliberales de todos los gobiernos postdictadura; el día en que ese actor tan fundamental para toda democracia, que había sido reemplazado conceptualmente por una masa amorfa de consumidores, más un puñado cada vez menor de ciudadanas y ciudadanos, solo capaces de definir cambios dentro de la continuidad determinada por las élites, volvió a decir basta e hizo temblar los cimientos de un modelo que los ignora y los desprecia.
Extrañamente, había pasado casi idéntica cantidad de años entre ese día y el golpe, de los que separan la instalación de la Constitución de 1925 y el triunfo de la Unidad Popular, como si el proceso de acumulación de fuerzas tuviera memoria, como si de un día para otro hubiese salido de un letargo que no era más que eso, un largo y lento proceso de acumulación de fuerzas para intentar, una vez más, transformar a Chile en un país para todas y todos.
Ese día, luminoso, formidable y potente, el pueblo de Chile entendió que separados jamás tendrían la fuerza para trasformar este país. Ese día, las y los trabajadores, las y los estudiantes, las mujeres, las y los jóvenes, las y los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, los marginados de siempre, los excluidos, los explotados, los que sufren de desesperanza aprendida, se unieron en una sola voz para exigir, de una vez por todas, cambios reales en un país que se había venido acostumbrando al abuso, a la desigualdad y a la incapacidad estructural de tener una vida digna que el modelo le impone a una abrumadora mayoría.
Ese día se inició la verdadera transición a la democracia postdictadura. Ese día partió la construcción de un Chile capaz de infundir esperanza en las nuevas generaciones, sin las cuales ningún cambio es posible; un Chile donde los sueños de todas y todos tengan el mismo valor; un Chile donde la dignidad sea costumbre y también Constitución.
Ello no implica desconocer los avances que en materia de libertades y mejoramiento de algunos indicadores socioeconómicos se materializaron en nuestro país en los últimos treinta años, pero el triunfo del pueblo de Chile, movilizado en un proceso ascendente, sistemático y continuo, a lo largo de esos mismos treinta años, terminó por arrancarle a una mayoría del sistema político esa convicción tan propia de la burbuja en la que habitaban, de que vivíamos en un oasis de paz y tranquilidad producto de un modelo que había sido ampliamente difundido como ejemplo, a lo ancho y largo de todo el mundo.
Muchos de ellos y ellas aseveraron que no lo vieron venir. Que nadie podría haber anticipado el malestar que se había incubado en esa mayoría social que durante años había hecho todo lo que el modelo le había dicho que tenía que hacer para tener una vida buena, y lo único que había conseguido a cambio de años de sacrificio y buen comportamiento, era presenciar cómo una minoría se enriquecía y vivía a sus anchas a costa del sacrificio de las grandes mayorías.
La certeza de que la vida buena jamás llegaría, que los sueldos y las pensiones seguirían siendo miserables, que la salud y la educación nunca alcanzarían para todos y todas, y que la dignidad había sido arrancada no solo de los textos, de los discursos y de las promesas electorales, sino de la vida misma. Esta certeza, vino a dar por terminada y fracasada la apuesta que una mayoría social y política hizo en 1988, de que era posible salir de la dictadura manteniendo la Constitución de la dictadura, el modelo económico de la dictadura, la impunidad para los crímenes de la misma y manteniendo en el aparato del Estado, en las FF.AA y en las policías la misma cultura organizacional que desarrollaron durante los 17 años de dictadura. Y como si fuera poco, dándole además al sector político que había gobernado con ella una mayoría parlamentaria que nunca tuvo su correlato en las urnas, pero que aseguraba que jamás podrían cumplir sus promesas, sencillamente porque siendo mayoría absoluta, nunca tendrían en el Congreso Binominal los votos necesarios para hacerlo.
Esto no fue un estallido social como algunos quieren plantear; esto fue un largo proceso destituyente de la institucionalidad heredada de la dictadura con la que algunos decidieron, a nombre del pueblo de Chile, convivir pacíficamente y servirse de sus privilegios. El 18 de octubre de 2019 hizo evidente algo que la Concertación de partidos por la democracia le había ocultado a todo Chile durante treinta años: que al menos una parte de ese conglomerado, sino todo, había vivido un proceso de convergencia ideológica, en lo económico, con la dictadura. Y los que no, simplemente habían renunciado a retomar la senda de construcción de un país más justo y solidario.
Por ello, las promesas contenidas en el Programa de los primeros gobiernos de la Concertación, de desmantelar el modelo restaurando los derechos sociales, laborales y económicos que la dictadura había arrebatado al pueblo de Chile, eran solo declaraciones vacías de contenido que lograron engañar a una parte importante del pueblo durante algún tiempo, pero que jamás lo conducirían al cumplimiento de sus sueños.
El pasar de los años y los sucesivos gobiernos irían develando esta verdad incómoda, en la medida que el flujo de inversiones extranjeras que había evitado llegar a Chile durante la dictadura y que lo inundaron en los primeros años, fue decayendo y las bonanzas económicas generadas por ellas y por el modelo primario exportador se fueran diluyendo en un modelo que solo proveía riqueza para unos pocos a costa de la incertidumbre y la angustia de las amplias mayorías.
La presente recopilación solo busca refrescar la memoria a todos aquellos que afirman que no lo vieron venir, solo con el objetivo de colaborar y aportar algunas pequeñas luces para una mejor comprensión de este largo proceso destituyente, que luego del plebiscito del 25 de octubre pretende transformarse en proceso constituyente. La lucha continúa.
Hasta que la dignidad se haga costumbre… y Constitución.
Política nacional
01 junio 2006
Brutalidad policial, vergüenza nacional
Definitivamente la figura del enemigo interno sigue estando presente, como una huella indeleble, en el código genético de nuestras Fuerzas Armadas, de orden y seguridad.
Por más que se esmeren, las autoridades militares y de carabineros, en presentar ante la sociedad una nueva cara bajo el paraguas de una nueva doctrina institucional, la doctrina de seguridad nacional y el compromiso con un modelo económico y no con la sociedad a la que deben proteger es lo que caracteriza a las fuerzas policiales del Chile de hoy.
Las imágenes que hemos visto en estos días, de carabineros atacando y golpeando de manera brutal, enfermiza y sin razón a manifestantes de escasos 15 años, golpeando a periodistas y jactándose de las violaciones a los derechos humanos en las que incurren como si fueran actitudes heroicas, muestran a una policía llena de odio y que se entiende a sí misma solo como un instrumento de dominación de clase y no como eufemísticamente la definen los textos legales y sus propias supuestas prácticas y doctrinas.
Ellas sienten que su función y motivo de existencia es reprimir y aniquilar cualquier intento, de cualquier grupo social, por generar cambios al sistema impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar, y se identifican a tal grado con «la obra del gobierno militar» que cuando observan a alguien o a algún grupo social criticarla, se sienten criticados ellos mismos, como si el modelo neoliberal y las Fuerzas Armadas y de orden fueran una y la misma cosa.
Esa doctrina, que surgió de la misma fuente de la que nació el Consenso de Washington y la doctrina neoliberal, ha marcado de manera casi permanente a nuestras Fuerzas Armadas, y recuperarlas para el pueblo de Chile se presenta hoy como una necesidad urgente e impostergable. No vayamos a tener que arrepentirnos nuevamente de alguna víctima inocente asesinada solamente por el delito intolerable de pensar y soñar con un mundo mejor.
Y las posibilidades no son muchas: o la decisión de criminalizar la protesta social es una decisión que viene de lo más alto de las esferas de gobierno; o las fuerzas de orden tienen vida y política propias, independientes de las autoridades civiles, elegidas mediante elecciones formales y supuestamente democráticas. Claramente la remoción de uno de los responsables no es respuesta suficiente a lo que todo Chile observó por las pantallas de televisión. El gobierno deberá demostrar con sanciones mucho más ejemplares, tanto a los responsables políticos como a los responsables directos de lo que vimos, que no comparte el accionar de carabineros y que, como suele decirse, nadie está por sobre la Ley.
El desarrollo organizacional plantea que cuando determinada cultura organizacional es demasiado fuerte y definida, logra trazar una frontera impermeable entre los valores de dicha organización y los de la sociedad en la que se inserta.
Esto podría significar que la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas y de orden que Pinochet refundó en nuestro país, luego del golpe de Estado, podría ser tan sólida que no se deja permear por los cambios culturales que se supone han operado en Chile en los últimos años.
Será tarea del gobierno de turno generar las condiciones para que la cultura nacional en reconstrucción, supuestamente democrática, participativa e inclusiva, además de respetuosa de los derechos humanos, permee de una vez por todas y de manera clara a estas instituciones, que no son ni deben ser un fin en sí mismo, ni un instrumento de dominación de una clase sobre otra, y mucho menos los perros cancerberos de un modelo económico que la mayoría del país comienza a rechazar.
Si esto no sucede en un plazo relativamente breve, que nadie se sorprenda entonces cuando volvamos a ver en la calle cada día más jóvenes encapuchados enfrentándose a Carabineros como si fueran enemigos, pues la definición nace no de los jóvenes, sino de la actitud de Carabineros de tratarlos como tales, de la misma manera como lo hicieran durante la dictadura militar, lo que constituye una señal demasiado elocuente para no entenderla.
Vanos serán los intentos de convencerlos de actuar a cara descubierta y bajo los criterios democráticos de quienes violan sus derechos fundamentales, cuando la realidad dice que es mejor desconfiar de las autoridades y de los uniformados y cuidarse de un Estado que te considera un enemigo interno por el solo hecho de soñar una sociedad mejor y atreverte a construirla mediante la movilización social y la lucha callejera. Sobre todo si consideramos que ni siquiera el sistema electoral es capaz de dar garantías mínimas de representación a quienes no son partidarios del modelo, y solo te deja esas herramientas para hacerte escuchar y para ser considerado como un verdadero sujeto social y político.
No puedo terminar de escribir sin volver a saludar a los secundarios y agradecerles por la tremenda lección que nos han dado a la sociedad toda, mostrándonos el camino por el cual deben transitar nuestros sueños de cambio real: la unidad, la movilización y la lucha social.
Julio 2006
Vivienda social en Chile: entre la realidad y el mito
Hace años que las políticas de vivienda social de nuestro país son presentadas como modelo en todo el mundo por el éxito que han obtenido en la disminución del déficit habitacional. Esta visión exitista ha sido propagada desde esferas de gobierno que, con la vista puesta en las campañas electorales, han conceptualizado las viviendas sociales como objetos casa, es decir, como una cantidad mínima de metros cuadrados orientados a satisfacer, fundamentalmente, el sueño cultural de la casa propia, sin lograr comprender el impacto que este espacio vital posee para la vida de las personas.
Por otro lado, ostentamos también el record de las viviendas sociales más baratas del mundo, lo que se ha logrado anulando la responsabilidad del Estado en este tema y traspasando a los privados la ejecución y la responsabilidad de su ubicación en la trama urbana, con una baja significativa en la calidad de las mismas y ubicándolas en zonas periféricas, cuyo valor es solo compatible con los intereses de las constructoras que han hecho enormes utilidades a costa del ahorro, de los sueños y las expectativas de los más pobres de nuestra sociedad.
Una muestra dramática de aquello es el caso de las casas inconclusas entregadas en la ciudad de Calama, sin agua ni luz eléctrica, o las viviendas construidas en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas servidas en la misma ciudad, o las casetas sanitarias entregadas en el sur, o aquellas que han debido ser demolidas en otras partes del país porque no resistieron siquiera la primera lluvia luego de su entrega.
Esta cruda realidad, asistida por las fuerzas de la naturaleza, nos recuerda el verdadero lugar que ocupan las políticas de vivienda en nuestro país, desde la dictadura militar hasta nuestros días, y nos llaman de manera urgente a no seguir por el mismo camino. Casas de nylon, casas chubi, casas enanas y otros apelativos peores muestran los verdaderos resultados de estas políticas que, si bien han logrado disminuir el déficit, no han logrado atender las reales necesidades del habitar y han generado problemas sociales mucho más complejos y difíciles de resolver.
La vivienda debe ser entendida como un espacio que incluye el entorno físico, social y ambiental, en el cual se desarrolla lo esencial de la vida, incluidas las relaciones sociales y la autorrealización de las personas. En síntesis, la vivienda debe ser asumida como el lugar privilegiado que condensa, como en el mejor de los resúmenes, lo esencial de la vida.
Pocos comprenden, por ejemplo, que la conformación de extensos y lejanos barrios construidos a partir de programas de vivienda social, homogéneos en sus características socioeconómicas y culturales, ha generado una especie de islas de pobreza en donde los problemas urbanos y sociales se agudizan, provocando una percepción desesperanzadora acerca del futuro, lo que se ha convertido en tierra fértil para el surgimiento de comportamientos fuera de norma y delincuencia, generando la creciente sensación de inseguridad ciudadana, tan de moda en nuestros días.
Problemas como el desempleo, la drogadicción, el alcoholismo, la deserción escolar, el embarazo adolescente y la desvinculación del resto de la sociedad, junto a la falta de equipamiento básico como salud y educación, el hacinamiento y la falta de privacidad al interior de la vivienda, más la carencia casi absoluta de servicios ambientales capaces de mitigar los efectos de la contaminación y de la sobrexplotación de los territorios que acogen a nuestras ciudades, han contribuido a generar una nueva forma de exclusión social que agudiza la situación de desamparo y dificulta las posibilidades de abandonar el círculo de la pobreza.
Todo esto ha convertido las viviendas sociales en productos desechables que desde el minuto de su entrega pasan a engrosar el parque de viviendas deficitarias, generando un desarrollo urbano y habitacional a todas luces no sustentable, puesto que invierte una cantidad tremenda de recursos en acciones que no solo no logran solucionar los problemas para los cuales fueron diseñadas, sino que además generan otros mucho más difíciles de resolver.
De ahí que sea imprescindible ligar las políticas de vivienda a políticas de inclusión social que incorporen el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al esparcimiento y a la cultura, al deporte, a las áreas verdes y a los servicios ambientales necesarios para un buen vivir.
Se hace necesario, por último, incluir en las políticas habitacionales criterios de selección de sitios y de diseños urbanos que permitan incorporar temas como el cuidado y la protección del medio ambiente y el manejo de los territorios, para evitar que se repitan los tristes episodios de los últimos años, caracterizados por la ubicación de proyectos de viviendas en sectores inhábiles o de riesgo, absolutamente inapropiados para la vida humana, lo que ha devenido en pérdidas millonarias de recursos del Estado desperdiciados en reparaciones de calles, viviendas e infraestructura básica, cuando no en la demolición de las mismas.
Por lo mismo es que aparece como urgente que el Estado reasuma su responsabilidad en la producción de viviendas sociales sustentables, porque claramente éstas no pueden seguir siendo solo un buen negocio.
22 agosto 2007
El sueldo ético en el país del milagro económico
Amigos y amigas. Compañeros y compañeras. Hace mucho que no escribo, es cierto, y más de alguno de ustedes me ha llamado o escrito para preguntarme por qué. No han sido buenos tiempos, y como siempre y como a todos y todas, las cosas malas se nos juntan y parecen destruirte un poco por algún tiempo. La última fue la partida de mi padre, y déjenme decirles, antes de seguir adelante con el tema que hoy me ha invitado a volver a escribir, que todos ustedes, todos los que estuvieron y me acompañaron en ese momento me recordaron a los imprescindibles, a esos que no se cansan, a los que están en las buenas y en las malas, a los que dejan de verdad huellas indelebles en las vidas de los que aman, gracias a todos y a todas, gracias por recordarme, como dice Neruda, nuestro gran poeta, que junto a ustedes no termino en mí mismo. Gracias nuevamente.
Hoy vuelvo a escribir para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un debate que, para algunos, ha abierto la iglesia en los últimos días, al hablar uno de sus representantes, de la necesidad de retribuir al trabajo con un «sueldo ético», como lo llamó el obispo Goic.
Digo para algunos porque en este país nos hemos acostumbrado tanto a la censura encubierta de los dueños de los medios de comunicación, que tanto dicen defender la libertad de expresión, que solo nos dejan leer estas opiniones en sus medios siempre y cuando no sea un enemigo del modelo el que las diga.
Fue el caso, por ejemplo, de la necesidad de estatizar el transporte público que el Partido Comunista viene planteando hace muchos años, pero cuya discusión recién salió a la luz cuando lo planteó Frei.
Lo mismo ha pasado con muchos temas que mi partido viene levantando hace años, como la crisis de la educación y de la salud, o el tema de los derechos laborales de los trabajadores, conculcados desde la dictadura y que permanecen en esa condición a excepción de algunos tímidos avances que han permitido, sobre todo, la presión de la lucha social y la protesta de los trabajadores organizados, que una vez más han logrado romper el estado de cosas para poner al centro las verdaderas transformaciones que aún están pendientes y que sin ellas los pilares fundamentales del modelo económico de la dictadura siguen intocables.
Ahora bien, más allá de quien logre abrir el debate, lo importante es que se abra, y por eso quiero partir saludando al obispo Goic y al mismo tiempo quiero condenar la histérica reacción de la senadora Matthei, que parece que además de saber de economía solo lo que es capaz de sustentar su posición ideológica, parece saber menos de ética y de política. Su disfraz democrático no resistió el estallido de la esencia autoritaria y déspota que lleva en su interior, y como es lógico en quienes no son capaces de discutir con argumentos, salió lisa y llanamente a descalificar a su oponente, pues era el único recurso que le quedaba.
Lo que me ha sorprendido en todo caso es que todos discutan del sueldo ético y nadie haya discutido hasta ahora acerca de las utilidades éticas y de los salarios máximos éticos. Porque está claro que la discusión del sueldo es una discusión multivariable en donde se debe considerar lo que los trabajadores y sus familias necesitan para llevar una vida digna que les permita un desarrollo integral como personas, y no solo la reproducción de la existencia física para seguir funcionando, generación tras generación, como mano de obra barata de la clase dominante.
También debe considerarse el valor socialmente aceptado del trabajo que se realiza, por varias razones. Una de ellas es porque si la propiedad privada, como todos dicen, nace del trabajo, es indispensable que a cada trabajador se le pague lo que vale su trabajo y no menos, ya que quienes les pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo, lo que hacen en definitiva, a pesar de gritar a los cuatro vientos que son defensores de la propiedad privada, es destruir precisamente la propiedad privada del trabajador para construir la gran propiedad privada de ellos, los grandes empresarios, asegurando a sus familias por varias generaciones a costa de lo que, en justicia, debiera recibir cada trabajador en retribución por su trabajo.
Por último, debe considerarse un hecho esencial y que es el que determina la gran brecha existente en nuestro país entre ricos y pobres: cuánto de la riqueza generada en el proceso productivo va a retribuir el riesgo del capital invertido, como le llaman; cuánto a retribuir la inversión en medios de producción como la tierra y las maquinarias, y cuánto finalmente queda para retribuir a la fuerza de trabajo, que es la que en definitiva genera la riqueza con su esfuerzo hasta convertir ese trabajo en productos y servicios transables en el mercado.
En muchos países la diferencia entre estas variables es bastante menor, y muchas veces esta se inclina hacia la retribución a la fuerza del trabajo como condición fundamental para construir la equidad. De hecho, en la mayor parte del mundo la participación de los sueldos y salarios supera el 50% del Producto, y en nuestro país solo llega al 30% y algo más. Claro, esos países tiene una clase empresarial bastante más culta y solidaria que la nuestra, participan de negocios con tasas de ganancias que bordean el 13% de la inversión y entienden que los trabajadores felices y bien retribuidos trabajan más y mejor, de hecho trabajan menos horas que nosotros y producen casi tres veces en promedio lo que nuestros trabajadores. Lamentablemente en nuestro país no hay empresarios que trabajen o mejor dicho arriesguen sus capitales con tasas de retorno menores al 20 o 25 %, y esa diferencia explica de sobra los magros salarios que ayudan a engrosar las utilidades de los que ya no saben en qué gastar las utilidades y el patrimonio que han acaparado en estos años en nuestro país.
Lo mismo pasa con los salarios máximos y mínimos que en algunas partes del mundo no sobrepasan las 10 o 15 veces dentro de las organizaciones, mientras en nuestro país llegan a más de cien y doscientas veces el uno del otro.
Es necesario preguntarse hasta dónde es ético seguir acumulando riquezas, ¿hasta asegurar tres, cuatro o cinco generaciones hacia delante mientras otros se debaten entre vivir el día a día sin saber si mañana se tendrá lo necesario para subsistir y para satisfacer las necesidades de sus seres queridos?
Nadie dice –porque pocos se atreven, y los que se atreven no salen en los medios de comunicación–, que necesariamente para reducir la pobreza y disminuir la desigualdad habrá que limitar la riqueza. Porque si alguien piensa que el objetivo debe ser incrementar los niveles de consumo y generación de desechos de los pobres hasta los niveles de las capas medias o de los ricos, es porque aún no ha caído en la cuenta de que el mundo es finito y de que cuando alguien consume más de lo que necesita, necesariamente alguien se queda consumiendo menos de lo que requiere para reproducir su existencia.
Lamentablemente, estos debates están prohibidos precisamente en donde pudieran ser relevantes, ya que el sistema electoral se las arregla, con la complicidad de la derecha y de la Concertación, para dejar afuera del lugar en donde se discuten y se hacen las leyes que rigen el comportamiento de los actores sociales y productivos, precisamente a los que piensan distinto, y mientras eso no cambie, mientras el parlamento siga siendo un reducto de los defensores del modelo y se siga discutiendo solo el cambio dentro de la continuidad, seguirá habiendo gente que optará estúpidamente por hacer callar a los que digan cualquier cosa que ponga en peligro sus intereses y los de la clase que representa, como vulgarmente lo ha hecho la senadora Matthei.
Agosto 2010
Piñera o la nueva forma de contaminar
El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser suspendido por el Presidente de la República, luego de que la aprobación del mismo por parte de sus representantes en los organismos competentes causara la indignación de las comunidades involucradas y de los hombres y mujeres con algo de conciencia medioambiental que existen en nuestro país1. Finalmente, la administración Piñera tuvo que ceder ante la presión ciudadana, siendo obligado, por la fuerza, a respetar una de sus promesas de campaña. Todo indica que habrá que estar alerta para evitar lo que, de lo contrario, podría ser un lamentable legado en materia medioambiental de la nueva forma de gobernar.
Este desafortunado episodio nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más, la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país, ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo, pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable2.
Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto, mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la Concertación ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.
La Corema se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la ley y con consulta al Presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.
Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.
Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.
Lo segundo es terminar con la integración vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.
Lo tercero es mantener una Línea Base3 oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los recursos necesarios para enfrentar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella existe en la institucionalidad vigente.
Por último, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y de diseñar con la comunidad las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.
Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares, generando incluso un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.
Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico, en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.
16 junio 2011
El eterno retorno de la crisis de la educación
De vuelta están los estudiantes en la calle. Con ellos, las tomas y paros, la solidaridad de la mayoría de la población y, por supuesto, las autoridades de turno que buscan desprestigiar al movimiento para debilitarlo y salir de la crisis, sin reconocer sus responsabilidades y, al mismo tiempo, persistir en el viejo anhelo de la dictadura: aniquilar la educación pública para convertirla paulatinamente en una nueva área de negocios.
A pesar de lo anterior, la educación suele ser mencionada como pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades y la superación de la pobreza y la desigualdad en todos los discursos políticos y académicos de nuestro país; y en las discusiones que buscan mejorarla, se suele recurrir, de manera liviana y con poco fundamento, a un cuerpo de ideas creado precisamente para mejorar y asegurar la calidad de cualquier proceso productivo: la Gestión de Calidad.
Lo lamentable es que los sectores más neoliberales de nuestra sociedad se han habituado a copiar modelos a medias, pasándolos por el cedazo de la ideología dominante y centrando la responsabilidad de todo producto final en el mundo de los trabajadores, y excluyendo de ellos toda exigencia a los empresarios y, en este caso, a los sostenedores de la misma.
De esta manera, en la discusión sobre educación, se centra la preocupación en el control y la evaluación de los profesores, que actúan sólo en la fase final del proceso, sin asegurar la infraestructura, el clima laboral y los recursos necesarios para que realicen su parte del trabajo, y, lo más grave, sin abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades concurrentes de cada actor con los destinatarios del proceso de producción de la educación.
Tampoco se discute con el cuerpo social el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos, lo que sería consistente con el enfoque hacia el cliente, tan propio de los modelos de gestión de calidad. La calidad, entonces, es entendida como fin y no como medio para el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestra sociedad.
Ahora bien, como es sabido, la gestión de calidad se basa en hacer las cosas bien a la primera, realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y, por sobre todo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, tanto internos como externos.
En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los directivos, docentes, codocentes, padres y apoderados, alumnos y a la sociedad en su conjunto, que son los miembros del sistema y aquellos a quienes deseamos servir con el mismo. Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, representa un ejercicio meramente retórico.
Se afirma buscar calidad en la educación, pero sin la participación de los actores, lo que demuestra nula preocupación por los destinatarios internos y finales del proceso.
Tampoco existe preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, ni porque los recursos necesarios estén disponibles o sean claramente suficientes. Como si fuera poco, se plantea que primero debe llegar la calidad, para ser premiada luego con los recursos necesarios para lograrla.
Por solo dar algunos ejemplos, y sin pretensión de ser riguroso, es útil recordar que mientras en el sistema privado el promedio de alumnos por sala se acerca a los 30, en el sistema público bordea los 46.
Mientras en el sistema privado se gasta por alumno cerca de $100.000, a todo evento, en el sistema público se gastan $ 40.000, siempre que tengan 100 % de asistencia.
Como si fuera poco, del total de horas contratadas por profesor, en el sistema privado cerca del 80% de ellas se destina a hacer clases y el resto a preparar las mismas y a corregir trabajos y pruebas. Mientras tanto, en el sistema público el 100 % de la horas contratadas se dedican a hacer clases y los profesores terminan preparando las mismas y haciendo todas las demás actividades que implica su labor en sus casas, los fines de semana o en las tardes y noches, luego de llegar de hacer su trabajo, obligados a dejar de lado a su familia y su descanso.
Seguimos así, sin entender que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados, con la presión de ser los únicos responsables de los resultados y a los alumnos obligados a estudiar en pésimas condiciones, sin la infraestructura necesaria y sin una buena alimentación y un justo sistema de transporte, es un mal camino para tratar de alcanzar la tan mentada calidad, sino el peor.
En este contexto, el marco normativo que rige la educación en Chile debe ser transformado radicalmente, incorporando mecanismos y procedimientos para la participación de todos los miembros en las definiciones del sistema, ya que son la esencia del mismo y sólo su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la sociedad y de los destinatarios finales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos.
Paralelamente, debe dotarse al sistema de los recursos necesarios para tener a los miembros del sistema orgullosos, satisfechos y contentos de la labor realizada, abandonando de una vez y para siempre la agonía programada por quienes sueñan con que el sistema público muera de inanición por abandono y desinversión.
Resulta obvio que para certificar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso.
Estos requisitos no deben estar condicionados por resultados, pues si aspectos como la infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos son un premio por la calidad y no una condición para ella, jamás lograremos mejorar la educación.
08 julio 2011
Lucro e ideología
Me cuesta encontrar puntos de acuerdo con Joaquín Lavín, pero no puedo negar que las declaraciones que aparecen en los periódicos nacionales, respecto a que en la discusión del lucro »hay mucha ideología detrás», lo lograron, aunque seguramente con un sentido completamente distinto al que el ministro le pretende otorgar a su afirmación.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ideología es todo conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Ahora bien, según Marx, ideología es todo.
En Sociología se llama ideología a todo conjunto más o menos sistemático de creencias que intentan explicar al hombre y el mundo, a la vez que orientar su conducta a partir de ciertos valores aceptados como correctos. En este sentido general, toda teoría del mundo es una ideología, incluidas aquellas que sostienen las posiciones políticas, incluidas las reaccionarias, las conservadoras, las progresistas, las reformistas y las revolucionarias. En este sentido, también en la defensa que algunos hacen del lucro en la educación y en toda actividad humana hay mucha ideología. El tema es saber cuál y al servicio de quién.
Quienes abrazamos las ideas desarrolladas a partir de la teoría de Marx, entendemos la ideología de un modo tan amplio que casi identificamos ideología con cultura. De hecho, en Crítica de la economía política nos dice Marx que la ideología abarca el derecho, la política, la religión, el arte, la filosofía, y hasta la misma ciencia.
Pensamos además que las ideologías no describen al hombre y su situación en el mundo y la sociedad de un modo correcto, sino de un modo deformado o simplemente falso.
Esa deformación es consecuencia del interés de las clases dominantes por mantenerse en su situación de dominio. Para ello, dispone de los medios de producción material, pero también del control y producción de los bienes espirituales, de la producción de la cultura y por supuesto, de la información, por lo que las ideas que en toda sociedad operan como mínimo común denominador del pensamiento social son, normalmente, las que la clase dominante quiere que dominen.
Desde esta perspectiva, las ideologías son un «producto social»: los pensamientos de los hombres son consecuencia de la sociedad en que viven y más particularmente del orden económico vigente y no al revés.
Dada esta interpretación de la ideología como una forma de alienación o de autoengaño, una de las tareas más difíciles de lograr en las clases dominadas es el desarrollo de una conciencia propia, pues, dado el control que tiene la clase dominante de las distintas formas de producción espiritual, cultural y material, muchas veces los que más reclaman contra la sociedad, por la exclusión que la misma impone sobre ellos, terminan defendiendo ideas que no les convienen, ideas que son las que a la clase dominante le interesa que se defiendan.
En ese sentido el recurrente intento de distintos personeros de gobierno por desacreditar todo aquello con lo que no están de acuerdo, estigmatizándolo como ideología, pretende, solamente, encubrir los reales intereses del gobierno del cual forman parte y los intereses de los grandes empresarios a los cuales, como gobierno, representan.
Cabe recordar que incluso en el nacimiento del liberalismo económico, como ideología, su padre espiritual, Adam Smith, en su libro acerca de la riqueza de las naciones, afirmaba que en las sociedades todo debía estar subordinado a las todopoderosas y eternas leyes de mercado, salvo tres áreas en donde el mercado, es decir el lucro y el afán de riqueza, no debía intervenir debido a la incompatibilidad de intereses entre éste y las primeras: educación, salud y defensa.
Solo años después, otra ideología, derivada de la primera, pretendía borrar esta frontera ética existente para los negocios, afirmando que en la sociedad actual no deben existir áreas vedadas para el mercado. Esa es la ideología neoliberal.
Ideología de la cual el ministro Lavín y el gobierno al que representa son los mejores exponentes.
Afortunadamente, existen muchas otras formas de pensar y de entender la realidad; entre ellas, las que tan valientemente defienden en estos días los estudiantes, los profesores, los apoderados y la sociedad en su conjunto. Para esa «ideología», el bien común, el derecho a la educación y a la salud, el derecho a la felicidad, el derecho a un medio ambiente sin contaminación, es mucho más importante que las utilidades de unos pocos.
Lo importante, entonces, no es develar si en la discusión sobre educación y lucro existe o no mucha ideología, ya que eso está de más; la clave es develar al servicio de qué intereses está cada una de las ideologías que se encuentran en disputa y ver cuál de ellas es más cercana a lo que Chile, y no los que se sienten dueños del país, necesita.
8 marzo 2012
Las regiones y el modelo
Cada vez que se analizan conflictos como los de Puerto Aysén o Calama, escuchamos una serie de lugares comunes que, aunque correctos, no parecen suficientes para dar una solución definitiva a nuestras regiones más extremas y a los territorios que se ubican distantes de los procesos propios de la globalización neoliberal.
Se habla de la necesidad de la descentralización de la toma de decisiones y de la desconcentración de los recursos del Estado; de la elección directa de los Cores y de las autoridades unipersonales de las regiones, como si solo con ello pudiéramos resolver un tema que es mucho más complejo de lo que la mayoría de la nación logra vislumbrar.
De partida, el problema no es solo de Calama, Puerto Aysén o Magallanes. Algo similar sucede en cientos de comunas mucho más cercanas y anónimas, que ni siquiera tienen la fuerza para generar un conflicto, pues no solo están abandonadas y con dificultades para seguir adelante, sino que además cada día tienen menos población porque los viejos no tienen a dónde ir y los jóvenes no tienen a qué quedarse.
Las razones para ello no son solo la falta de recursos y el centralismo. También juega un rol el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura en un proceso carente de toda participación ciudadana y asesorado única y exclusivamente por el monopolio de las armas.
Se nos impuso un modelo de desarrollo que implicaba un repliegue paulatino del Estado en áreas estratégicas de la economía y en la producción de bienes y servicios de primera necesidad, mediante la eliminación de gran parte de la acción directa del Estado en la reproducción de la vida social y económica de nuestro país.
Para ello se eliminaron todos los subsidios estatales de carácter universal que permitían, en regiones y territorios distantes y poco poblados, el funcionamiento de numerosas actividades productivas y de servicios que bajo las leyes del mercado simplemente no resultaban rentables.
El objetivo de estas medidas era dejar en manos del mercado y la iniciativa privada todo proceso productivo, sin importar si lo producido era un derecho universal, un bien de primera necesidad o un simple bien de consumo.
Se buscaba potenciar las diferencias competitivas de los territorios, eliminando de ellos todas las actividades productivas que no se sostuvieran por sí solas, reemplazándolas por otras que generaran la mayor rentabilidad posible, independientemente de si con aquello se arrasaba con las formas de vida asociadas a las primeras.
Los territorios se fueron especializando de manera radical, generado ciudades y comunas industriales; otras de carácter agrícola o agropecuario; muchas forestales o mineras y algunas restringidas solamente a la actividad turística. La mayoría de los territorios no tuvo cómo elegir, pues su ubicación no les permitía participar de los círculos virtuosos de la globalización neoliberal.
Consecuentemente, la cantidad, variedad y costo de los bienes y servicios, en cada lugar, se fue ajustando a la nueva situación, en directa relación con el rol del territorio y con el tipo y cantidad de la demanda que sus habitantes eran capaces de generar.
Las comunas y los territorios que no tenían cómo competir con aquellas en donde la actividad florecía se fueron apagando en la medida que desaparecían las actividades que por años los habían mantenido con vida.
Los viejos, sin tener adónde ir, se quedaron tratando de sobrevivir cada día con menos recursos. Los jóvenes salieron huyendo en búsqueda de mejores expectativas de vida.
Los territorios reconvertidos casi en unidades monoproductivas entraron en la dinámica de las crisis cíclicas del capitalismo, por lo que sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a épocas de vacas gordas y vacas flacas, convirtiéndose —parte importante de ellos— en población flotante de carácter nacional.
Estos nuevos «ejércitos» de trabajadores desplazados se dedican, hasta el día de hoy, a recorrer Chile en búsqueda de lugares en donde «haya pega». Todo esto a costa de la vida familiar, mientras los sectores dominantes cacarean sobre la necesidad de proteger a la familia como base de la sociedad.
En muchos lugares, la educación pública desapareció, se debilitó de manera significativa o se desplazó a lugares donde la concentración de alumnos la hiciera viable con una subvención que representa menos de la mitad de lo necesario para asegurar una educación de calidad.
Algo similar pasó con la salud pública; con las universidades estatales que desaparecieron o nunca llegaron; con la cultura; con los lugares de recreación y esparcimiento; con la infraestructura deportiva y con todas aquellas actividades necesarias para la realización del ser humano que, lamentablemente, no son rentables en aquellos lugares donde la cantidad de población no da para sustentar un negocio de este tipo.
El resto de los productos, esos que son indispensables, se encarecieron en todos aquellos lugares distantes, pues sin subsidios estatales de carácter universal, los productos y servicios de primera necesidad y aquellos que son derechos universales, cuestan lo que cuesta traerlos de donde están o simplemente no existen.
En este contexto ha surgido un país con dos realidades completamente opuestas: la de aquellos territorios y familias que lograron subirse al escenario de la globalización, y la de aquellos que no pudiendo hacerlo siguen marcando el paso a la espera del día en que el último habitante se muera o decida marcharse, hastiado del indolente y ya demasiado extenso abandono estatal.
Efectivamente, lo anterior se ha visto agravado por la falta de democracia, el centralismo y la concentración de los recursos en las zonas exitosas de la globalización neoliberal, que han recibido todas las inversiones en infraestructura necesarias para subirse al carro de la mundialización; pero no será solo abordando estos males como podremos revertir un proceso que sin cambio de modelo, más rápido o más lento, seguirá por la misma senda por donde transita hoy.
Resulta evidente entonces que de no asumir que, por un lado, necesitamos asegurar una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones sobre su propio destino y, por otro, requerimos de un Estado mucho más comprometido con los derechos universales, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes, independiente del tamaño del mercado que representen y del lugar en que habiten, será mejor que nos vayamos preparando para enfrentar conflictos o abandonar cerca del 95 % del territorio nacional, pues bajo el paradigma neoliberal, aunque haya más participación, todo seguirá relativamente igual.
27 junio 2012
¿Seguridad ciudadana?
El enfoque de Seguridad Ciudadana fue creado por algunos ideólogos de derecha como una extensión de la Doctrina de Seguridad Nacional que, al igual que esta última, define la existencia de un «enemigo interno» al que se debe eliminar y plantea que dentro de las comunidades existen personas que son fuente de inseguridad y hay que «sacarlos de circulación» para ofrecerle seguridad al resto de la ciudadanía.
De esta manera, se instala el temor como elemento unificador de la experiencia urbana, transformándolo en uno de los elementos principales del sistema de dominación y afectando seriamente las interacciones sociales y el desarrollo de la sociedad, y muy especialmente la de los barrios vulnerables.
Se nos invita a desconfiar de todo: del vecino, de aquel que camina en la calle; de los jóvenes que buscan esparcimiento en las esquinas o en las plazas de los barrios, y de cualquier persona que no sea de nuestro círculo más cercano.
La destrucción de la comunidad, de sus redes, y la instalación en su lugar del individualismo más exacerbado, es el resultado buscado por los creadores de este enfoque, el que nos invita a encerrarnos en nuestras casas, a elevar nuestros muros medianeros, a cercar nuestras pertenencias y nuestras vidas, de manera de evitar ser vistos, para no alimentar lo afirmado por el dicho popular que afirma que la oportunidad es la que hace al ladrón.
Lo anterior lleva, inevitablemente, a ceder el espacio público a los individuos y grupos que actúan al margen de la ley, en absoluta impunidad, precisamente gracias a la desaparición de la comunidad.
Desde esta perspectiva, el enfoque de Seguridad Ciudadana ha terminado actuando como una fuerza centrífuga en nuestra sociedad, alejándonos los unos de los otros hasta destruir los lazos que antes nos hacían, solidariamente, responsables de todo lo que pasaba a los miembros de nuestra comunidad.
No hay que sorprenderse, entonces, si después de varias décadas de venir incrementando significativamente el presupuesto dedicado a mantener el orden y la seguridad pública bajo este enfoque, la tendencia al alza de los delitos y de la sensación de inseguridad no ceda y la tendencia de largo plazo siga siendo al alza, de manera sostenida en el tiempo.
Se hace necesario, entonces, revertir este proceso de distanciamiento con un enfoque que actúe como fuerza centrípeta sobre los individuos, de manera de acercarlos entre ellos hasta que cada vez más miembros de la sociedad puedan resolver algunas de sus carencias, en el seno de su propia comunidad.
Para esto se requiere de voluntad política y de leyes que potencien el rol de las organizaciones sociales en los barrios, mediante un financiamiento basal, acompañado de un esfuerzo significativo para dotar a las mismas de sedes sociales y de una infraestructura capaz de convertirlas en verdaderos centros de desarrollo comunitario, con bibliotecas, infocentros e infraestructura deportiva y recreativa.
De esta manera estaremos construyendo barrios con ciudadanos que ocupen los espacios públicos y establezcan lazos de confianza y de expresión para la formación de varias y variadas colectividades, considerando además ámbitos específicos, así como las vivencias de adultos mayores, jóvenes, mujeres y niños en el diseño de los espacios públicos.
Al mismo tiempo se requiere de manera urgente escuchar la voz, las demandas y las expectativas de quienes cometen delitos, de manera de que comparezcan también, en tanto víctimas de un sistema que los estigmatiza, los excluye y no les da posibilidades de salir del círculo vicioso en que se encuentran, en la búsqueda de soluciones a sus expectativas y carencias fundamentales.
Solo así la comunidad volverá a reencontrarse, a conocerse, a quererse y a cuidarse, y retomará la senda de la convivencia comunitaria y de la recuperación de los espacios públicos, como única forma de establecer un control social informal sobre sí misma, sobre sus barrios y espacios públicos, de manera tal que quienes actúen al margen de la ley no puedan circular tan libremente por sus calles como lo hacen hoy en día.
Si el Estado es capaz de asumir que las organizaciones sociales, tanto territoriales como funcionales, pueden ser socios estratégicos para abordar el tema de lo que suele llamarse inseguridad ciudadana, habremos dado un paso gigante en una batalla que, según los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública, ponen de manifiesto, por una parte, el fracaso evidente del actual gobierno en una materia que fue utilizada como una de las promesas más valoradas de la última campaña presidencial; y por otro, el fracaso de esta forma de abordar el tema de la delincuencia que arrastramos hace ya varias décadas.
23 agosto 2017
Mujeres protagonistas de sus vidas
Las reacciones que ha generado en nuestro país la recuperación de un derecho esencial de las mujeres, como es el decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida en circunstancias tan especiales como las de violación, peligro de vida de la madre e inviabilidad fetal, demuestran que, a pesar de todo lo avanzado, nuestro país sigue debatiéndose permanentemente entre el fundamentalismo y la democracia.
Frases como las que hemos escuchado en boca de algunos conservadores de extrema derecha y en representantes de iglesias que pretenden utilizar al Estado para sus propios fines de proselitismo político y moral, no solo rebajan el debate, sino que invitan además a desarrollar en sus adeptos identidades asesinas que afirman su existencia negando las demás, tratando de convertir a quienes piensan distinto a ellos casi en la imagen misma del mal.
En todo caso, nada debe sorprendernos, toda vez que los que hoy se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales son los mismos que hace setenta años se oponían a que las mujeres votaran, por considerarlas ciudadanas de segunda clase.
Son los mismos que hace treinta años se oponían al divorcio defendiendo la subordinación absoluta de la mujer al hombre, como cabeza del matrimonio.
Son los mismos que hace quince años se oponían a la igualdad de los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, por considerar a estos últimos también como ciudadanos de segunda, y son los mismos que se oponen a que seamos todos iguales, al menos ante las leyes, en temas como el matrimonio y la adopción.
Son también los mismos que se oponen a reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres y a pagar lo mismo a mujeres y hombres cuando hacen el mismo trabajo, pues lo que en realidad les importa es seguir controlando los cuerpos de las personas, para terminar controlando su pensamiento y sus decisiones, siempre con la campaña del terror por delante, siempre planteando que la libertad, con la que tanto se llenan la boca cuando se trata de comprar y vender para aumentar su riqueza, constituye un peligro contra la sociedad, contra las familias y finalmente contra el Estado, que para ellos debe funcionar como un verdadero instrumento de dominación.
En treinta años más, las posiciones actuales de estos grupos conservadores solo existirán en los libros de historia, y todo aquello a lo que se oponen hoy, será visto como obvio por la sociedad toda y se recordará, al menos en los textos serios, que en este gobierno de la Nueva Mayoría, liderado por la presidenta Michelle Bachelet y rodeada de ministras como Claudia Pascual, Paula Narváez, Carmen Castillo y de muchas otras, las mujeres volvieron a ser protagonistas principales de sus propias vidas, y aunque en ese tiempo muchas no sabrán de estos detalles ni de la larga lucha que esto significó, todos los que tenemos buena memoria agradeceremos por siempre la existencia de este derecho, de la Ley de Cuotas con las que hoy la cantidad de mujeres candidatas se ha multiplicado por cuatro, del Ministerio de la Mujer, de la gratuidad, que beneficia sobre todo a las mujeres, que ante la falta de recursos son postergadas por sus propias familias, y por las mujeres jefas de hogar que nunca pudieron soñar con educar a sus hijos, porque habían sido abandonadas por hombres ausentes y simplemente no alcanzaba, y de tantos otros avances que solo el tiempo nos permitirá aquilatar en su verdadera dimensión.
En estos días no han ganado solo las mujeres; en este gobierno hemos ganado todos y todas, porque una sociedad más justa y respetuosa de los derechos y de la dignidad de las mujeres es finalmente una sociedad simplemente mejor.
06 abril 2018
Menos contribuciones, un regalo para quienes tienen más
El pasado 11 de marzo, el presidente Piñera, desde el balcón del palacio presidencial, llamó al diálogo, a la unidad nacional y a cambiar el rostro del gobierno.
Entre las muchas medidas que planteaba para ello, destacaba el pago de una deuda histórica con los gobiernos locales y regionales: la transferencia de mayores recursos, atribuciones y responsabilidades, advirtiendo al mismo tiempo que se les exigiría mayor gestión, una mayor transparencia y una participación más activa de los ciudadanos.
Esto generó una serie de expectativas que se resumen en el anhelo histórico de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos, al menos para el Estado, el mismo valor, representado en un per cápita municipal más justo y equitativo.
Mientras algunos municipios como Las Condes y Providencia poseen cerca o más de un millón de pesos por habitante al año, otros como Alhué, también de la RM, no llegan a los noventa mil pesos, y la gran mayoría no alcanzamos a los doscientos mil, lo que constituye no solo un escándalo, sino que además representa el obstáculo más importante para construir una sociedad más justa, democrática y equitativa.
Todo iba bien hasta que los municipios nos hemos enterado, de forma inconsulta y sin diálogo alguno, que Piñera ha decidido dejar sin efecto el reajuste de un 10% a las contribuciones programado para este año y dejarlo en un 7%.
Lo anterior sucede en un contexto en que una parte importante de los gobiernos locales se encuentran ya en serios problemas financieros y económicos, por el traspaso histórico de nuevas responsabilidades, sin acompañar los recursos necesarios para ellas, lo que se repite hoy con un incremento del gasto en salarios que nos significará la nueva ley de plantas.
Cabe destacar también que el reavalúo de 2018 consideraba más de 6,6 millones de bienes raíces no agrícolas, de los cuales el 75% corresponde a bienes habitacionales, y el 25% restante a propiedades destinadas al comercio, bodegas o estacionamientos, en un contexto en el que el 60% de los bienes raíces no agrícolas está exento del pago de contribuciones.
En menos de un mes de asumido el nuevo gobierno, ha tirado por la borda el llamado al diálogo y vuelve a transitar por el camino de profundizar las insoportables asimetrías que los municipios más pobres del país tenemos que sobrellevar en un país en donde la forma de financiarse solo reproduce y profundiza las enormes diferencias sociales.
Es importante destacar que casi el 80% de las propiedades existentes en nuestro país no paga contribuciones, y que la mayor parte de aquellas que no pagan, se concentran en comunas que tampoco generan mayores ingresos por la vía de patentes y otros derechos, y que el reajuste planteado solo afectaba de manera marginal a las propiedades de más alto valor.
Y por si fuera poco, para hablar en el lenguaje que más le gusta a la derecha, según la OCDE y el CEP, las contribuciones son, entre todos los impuestos, el más difícil de evadir y el menos dañino para el crecimiento económico, que tanto les importa a los partidarios del gobierno.
La medida gubernamental avanza justamente en el sentido contrario de las recomendaciones más consensuadas en términos de aumentar la cantidad de recursos de libre disposición a los municipios de menores recursos, como una forma de paliar las desigualdades, y viene solo a profundizar el círculo vicioso de la concentración de la riqueza.
Resulta evidente entonces que esta medida es un regalo para los que más tienen, perjudicando a los municipios más vulnerables del país, lo que al parecer viene a confirmar que los tiempos mejores serán solo para los grandes empresarios y para los sectores más conservadores de nuestra sociedad, quienes desde el primer día de esta segunda administración de Piñera han visto reflejados, de manera nítida y sin dobleces, sus propios intereses.
03 mayo 2018
Por un parlamento más eficiente y eficaz
Hace algunos días, la derecha más conservadora de nuestro país, en su afán de demoler todo lo avanzado en el gobierno anterior en lo que a mejoramiento de nuestra democracia se refiere, ingresó un proyecto que busca disminuir la cantidad de parlamentarios en ambas cámaras, con la excusa de ahorrar dinero fiscal y mejorar el proceso legislativo, objetivos que nadie podría dejar de compartir.
Sin embargo, llama la atención que la fórmula que ellos proponen no cambie en nada el proceso legislativo, de por sí tremendamente ineficiente e ineficaz, y solo cumpla con el objetivo de ahorrar dinero fiscal, pero a costo de deteriorar la aun imperfecta democracia que hemos logrado construir y hacerla menos representativa de lo que ya es.
Cabe recordar que el Parlamento actual, a pesar de haber cambiado significativamente, luego de la última modificación del sistema electoral impulsada por la Nueva Mayoría, sigue respondiendo, en muchos ámbitos, a los criterios de diseño de la Dictadura y contiene una serie de dispositivos que buscan distorsionar la voluntad popular, ya sea bloqueando o retardando su expresión en ambas cámaras, de manera de dificultar al máximo posible los cambios que las mayorías demandan.
Este hecho constituye una de las variables que, sin lugar a duda, han ido provocando, en la mayoría de la población, una tremenda frustración y una baja sistemática en la participación y en la valoración ciudadana de nuestra democracia, puesto que, sin importar quién obtenga la mayoría en el Congreso, ésta difícilmente podrá expresarse en las leyes que emanen de allí.
De hecho, el que haya dos cámaras y que una de ellas, el Senado, esté conformada de manera que un voto de la Región de Aysén valga 42 veces más que un voto de la RM y se renueve solo por mitades y cada ocho años, no solo impide que la voluntad popular se exprese al interior del Congreso a plenitud en cada elección, sino que además retarda en, al menos, cuatro años la posibilidad de que las mayorías se manifiesten claramente en el ejercicio legislativo.
El Senado de la República es la institución en donde los ciudadanos somos más desiguales ante la ley, pues mientras más de 7 millones de personas elegimos 5 senadores en la Región Metropolitana, es decir, 1 cada un millón cuatrocientos mil electores, en la Región de Aysén, poco más de cien mil compatriotas eligen tres senadores, es decir, uno cada cerca de treinta y tres mil personas, lo que implica que un voto de un ciudadano de la Región de Aysén pesa 44 veces lo que uno de la Región Metropolitana de Santiago.
A esto se suma el hecho cierto de que si una ley es aprobada por los diputados y el Senado, en uso de sus atribuciones y potestades, le cambia un solo punto, debe pasar por una Comisión Mixta para volver a ambas cámaras a recibir la aprobación final, sin contar con que cada cámara le da a su quehacer las prioridades que la mesa de la misma tiene. Y si ambas mesas poseen intereses o posiciones distintas, puede pasar lo que con muchos proyectos que duermen eternamente en el Congreso, sin importar lo relevante que sea para la sociedad.
Si a esto le agregamos los quórums calificados que hacen aún más difícil la aprobación de leyes que pueden llegar a tener el apoyo de hasta el 60% del parlamento, pudiendo ser bloqueadas por el 40% restante, es fácil llegar a la conclusión de que requerimos transformaciones de fondo que solo podrán darse con una nueva Constitución.
En este contexto, la propuesta que la derecha plantea solo busca volver a subir las barreras de entrada al Congreso Nacional, eliminando la posibilidad de que partidos con menor porcentaje logren escaños, lo que le restará representatividad al parlamento, dejando solo con representación a los partidos más grandes, como era en el Binominal, que imponía una barrera de entrada de un 33% al ingreso al parlamento, sobrerrepresentando además a los que superen la barrera de entrada con los porcentajes de quienes no lo hagan.
Esto obligaría nuevamente a los partidos menores a pactar y a subordinarse a los grandes, lo que evidentemente resta riqueza a la discusión parlamentaria y excluye de la misma a sectores importantes de la población.
En definitiva, lo que la extrema derecha desea es volver a hacer más difícil todavía que la voluntad popular se exprese en el debate parlamentario, para seguir bloqueando, a toda costa, las transformaciones que las mayorías del país demandan.
Ahora bien, si de verdad quisiéramos hacer más eficiente y eficaz el proceso legislativo, objetivos que reitero nadie puede dejar de compartir, debiéramos enfocarnos en cambios que permitieran que el proceso legislativo se desarrollara con la mayor representatividad posible, con la menor cantidad de recursos posibles, pero al mismo tiempo en el menor tiempo posible, de tal manera que la voluntad popular pudiera expresarse oportuna y fielmente.
Por lo mismo, si se quiere disminuir la inversión en nuestra democracia mejorando su calidad, lo que podríamos probar es eliminar la Segunda Cámara, de tal manera que el proceso legislativo no contemple ni asimetrías tan grandes en la representatividad de los escaños, ni cocinas, ni vueltas innecesarias. Esto le significaría al Estado un ahorro de más de 379 millones anuales por cada senador, es decir, $ 18.950.000.000. Los tiempos legislativos se acortarían significativamente y la representatividad del parlamento sería mucho mayor y más pareja.
Adicionalmente, se podría estudiar una rebaja de la dieta parlamentaria, como la que han propuesto algunos sectores políticos, de manera tal que no pudiera ser más de 20 veces el salario mínimo, lo que significaría un ahorro también significativo.
Todos estos cambios, por supuesto, no pueden ser abordados por los incumbentes y, por lo mismo, aparece como lo más lógico que esta discusión pudiera darse en un Asamblea Constituyente, que pudiera por fin construir un Contrato Social para nuestro país que avanzara lo más posible en hacernos iguales ante la ley, en este y en otros temas pendientes.
28 octubre 2019
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