Kitabı oku: «Historia nacional de la infamia»
Historia nacional de la infamia
Historia nacional de la infamia
Crimen, verdad y justicia en México
PABLO PICCATO
Traducción de Claudia Itzkowich

Primera edición, 2020 | Primera edición en inglés, 2017
Título original: A History of Infamy. Crime, Truth, and Justice in Mexico
Traducción de Claudia Itzkowich
Fotografía de portada: © Rodrigo Moya, El pistolero
Fotografía de solapa: © Xóchitl Medina
Diseño de portada: León Muñoz Santini y Andrea García Flores
D. R. © 2020, Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC
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ISBN 978-607-98762-6-5 (Grano de Sal)
Índice
Agradecimientos
Introducción | Hacia una historia nacional de la infamia
Primera parte | Espacios
1.Una sola mirada al escenario del crimen | La justicia y la publicidad en el espejo de los jurados criminales
Historia y estructura
María Del Pilar Moreno
Toral, Conchita y el descenso hacia la opacidad
Conclusiones
2.No pisar los charcos de sangre | La nota roja y la búsqueda pública de la verdad
El negocio de las páginas policiacas
Los productores de la realidad
Las narrativas de la nota roja
Conclusiones
Segunda parte | Actores
3.Detectives perdidos | Los policías, la tortura y la ley fuga
Detectives anómalos
Policías oscuros
La ley fuga
Conclusiones
4.Crímenes horribles | Los asesinos como autores
Alberto Gallegos
Goyo y el criminólogo
Asesinos sin gloria
La multiplicación de los asesinos
Conclusiones
5.Tipos cuidadosos | Los pistoleros y el negocio de la política
Política y pistolerismo
Los valores del oficio
El negocio de ser pistolero
Tres asesinatos
Conclusiones
Tercera parte | Ficciones
6.Nuestra época, nuestras perspectivas | El surgimiento de la novela negra mexicana
La comedia policiaca
Las revistas crean lectores y autores
El misterio literario de Leo D’Olmo
Conclusiones
7.Nuestros modelos del Espanto | El crimen como venganza, justicia y arte
María Elvira Bermúdez: la obsesión literaria
Rodolfo Usigli: el criminal y el artista
Juan Bustillo Oro: el director y el criminal
Rafael Bernal: el detective se convierte en el pistolero
Conclusiones
Conclusiones | Mantener los ojos abiertos
Apéndice | Estadísticas del crimen en México en el último siglo
Notas
Abreviaturas de las fuentes de archivo
Para Xóchitl, Catalina y Aída
Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos que intentaban mantener los ojos abiertos en medio del sueño.
Soñé con crímenes horribles Y con tipos cuidadosos que procuraban no pisar los charcos de sangre y al mismo tiempo abarcar con una sola mirada el escenario del crimen.
Soñé con detectives perdidos en el espejo convexo de los Arnolfini: nuestra época, nuestras perspectivas, nuestros modelos del Espanto.
ROBERTO BOLAÑO, La Universidad Desconocida
Agradecimientos
Si no hubiera sido testigo del ejemplar rigor, el arduo trabajo y las largas horas que mis hijas Catalina y Aída dedicaron a sus estudios de preparatoria y universidad, probablemente me habría tardado muchos años más en escribir este libro. Su amor por el conocimiento, sin embargo, me hizo darme cuenta de que valía la pena unírmeles durante no pocas noches en vela para producir algo que en un futuro pudiera ser de interés para otros estudiantes. Todo esto fue posible, por supuesto, porque Xóchitl Medina, mi esposa, maestra de maestras, nos enseñó a trabajar duro y hacer las cosas bien. Mis conversaciones con las tres acerca de las historias de este libro me ayudaron a mejorarlo y a darme cuenta de su relevancia. Ya sea que las haya escrito cerca de ellas o a distancia, cada una de las líneas que siguen está en deuda con las tres.
Es probable que haya comenzado este libro, sin saberlo, el primer día de clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1983. Mientras esperaba a que llegara un maestro, leí un relato de André Gide acerca del misterioso caso de una mujer que había sido encerrada en un cuarto oscuro durante 25 años; mi hermana me había regalado el libro por mi cumpleaños. 32 años después me encontré con una cita del mismo libro en Violette Nozière, de Sarah Maza: “Mientras más conocemos las circunstancias, más profundo se vuelve el misterio.”1 La coincidencia dice mucho acerca de las razones por las que estudié y escribí historia en los años que transcurrieron entre uno y otro suceso, pero también acerca de las deudas en las que he incurrido desde entonces. La sed de leer de todo, pero siempre volver a Jorge Luis Borges, se la debo a mi familia, incluida mi hermana Cecilia, mi hermano Antonio, mi madre Ana y mi difunto padre Miguel Ángel. Leí el libro de Maza porque Kate Marshall, la editora de University of California Press, me lo envió como parte de la asesoría y el impulso que le dio a este proyecto. También estoy agradecido por el trabajo de Luis Herrán, Bradley Depew, Francisco Reinking y Sue Carter. Mi colaboración con los coeditores de la serie sobre la historia de la violencia en Latinoamérica a la que pertenece este libro, Paul Gillingham y Federico Finchelstein, también ha sido un factor invaluable. Paul ha sido una fuente de energía y saber. Su profundo conocimiento del siglo XX en México me ayudó a agudizar mis argumentos y a ubicarlos en el contexto adecuado. Federico además fue clave en el empuje para terminar este proyecto, así como en mi esfuerzo por conceptualizar la violencia y la política. Estoy muy agradecido por su lectura del manuscrito, la cual sacó a relucir ideas que no se habían formulado bien en un inicio. Mi deuda con los lectores de University of California Press es muy profunda: Mary Kay Vaughan, Elaine Carey y Robert Buffington mejoraron este libro de maneras decisivas. Rob ha leído mis últimos tres libros, de modo que mi gratitud hacia él es particularmente profunda. Adela Pineda, Thomas Rath y Benjamin T. Smith fueron extremadamente generosos al leer el manuscrito, hacer comentarios y mejorarlo. La desbordante erudición de Ben ha enriquecido este libro, que sólo espero establezca un diálogo con su reciente obra sobre el crimen y la prensa.
Agradecer a las numerosas personas que ayudaron a la producción de este libro no es una mera formalidad, sino un modo de recordar muchas buenas conversaciones y colaboraciones. Las primeras de ellas fueron aquellas que tuve con mis colegas y amigas queridas Caterina Pizzigoni, Nara Milanich y Amy Chazkel, quienes hicieron las primeras, perspicaces lecturas de estos capítulos. Recibí apoyo decisivo y atinadas preguntas y sugerencias de Claudia Agostoni, Marianne Braig, Lila Caimari, Gabriela Cano, Hélène Combes, Angélica Durán Martínez, Tanya Filer, Gustavo Fondevila, Cathy Fourez, Serge Gruzinski, Ruth Halvey, Paul Hathazy, Aída Hernández, Marc Hertzman, Eric A. Johnson, Ryan Jones, Dominique Kalifa, Alan Knight, Regnar Kristensen, Alejandra Leal, Eugenia Lean, Annick Lempérière, Everard Meade, Daniela Michel, Mariana Mora, Saydi Núñez Zetina, Nadège Ragaru, Margareth Rago, Ricardo Salvatore, Gema Santamaría, Luana Saturnino Tvardovskas, Elisa Speckman Guerra, Pieter Spierenburg, Mauricio Tenorio, Geneviève Verdo, Edward Wright-Rios, Rihan Yeh, René Zenteno y mis compadres Theo Hernández y Carla Bergés. Los estudiantes de Columbia con quienes he trabajado en estos años merecen mención aparte por su interés continuo y los entusiastas comentarios que hicieron a los largos borradores de los capítulos: Sarah Beckhart, Andre Deckrow, Marianne González le Saux, Sara Hidalgo, Paul Katz, Daniel Kressel, Daniel Morales, Rachel Newman, Allison Powers y Alfonso Salgado. La colaboración de Rachel fue esencial en las últimas fases del proceso, tanto en la mejoría del manuscrito como en la búsqueda de las imágenes. También conté con la invaluable ayuda de Laura Rojas, quien me hizo descubrir a María del Pilar Moreno, y con la de Xóchitl Murguía, Julia del Palacio, Natalia Ramírez, Kimberly Traube y María Zamorano. Le agradezco a Susan Flaherty y Rodrigo Moya por ceder la foto del Güero Batillas, a Carlos Peláez Fuentes y Luis Francisco Macías, de La Prensa, y a Marina Vázquez Ramos, de la Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña.
Recibí apoyo financiero e institucional de la Universidad de Columbia por medio del Instituto de Estudios Latinoamericanos, el Departamento de Historia, el Institute for Social Research and Policy y el Programa Alliance, que hizo posible una estancia en la Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. También tuve el apoyo del Center for U. S.-Mexican Studies de la Universidad de California, en San Diego, para una útil estancia en La Jolla; del DesiguALdades Project de la Freie Universität Berlin, para un periodo productivo en Berlín; de la Universidade Estadual de Campinas, para otro fructífero mes en São Paulo; del American Council of Learned Societies, y de la familia Shorin-Ores, por un rato de tranquilidad en Lakeville, Connecticut.
La versión en español de este libro fue posible gracias a la iniciativa de Gustavo Fondevila y el respaldo de los demás colegas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Aprecio particularmente el sello de aprobación que significa la coedición de este libro bajo el auspicio del CIDE. Tomás Granados Salinas, de la editorial Grano de Sal, también es responsable de que podamos haber llegado a este punto. Sobre todo, quiero agradecer a Claudia Itzkowich. Este libro ha mejorado gracias a su cuidadosa lectura y su inteligente traducción. El proceso de colaborar con Claudia en la versión en español ha sido un verdadero aprendizaje por su minucioso profesionalismo y su conocimiento del español y el inglés.
Introducción
Hacia una historia nacional de la infamia
Como cualquier otro libro de historia, éste trata de entender el presente. En el caso de México, el presente significa violencia e impunidad en una escala tal que el nombre del país se ha convertido prácticamente en sinónimo de infamia. La violencia y la impunidad parecen estar arraigadas en una deshumanización de las víctimas que tanto el gobierno como un amplio sector de la población acepta como inevitable. El asesinato no suele investigarse; más bien se explica simplemente como consecuencia de disputas entre sospechosos cuyos derechos se violan de manera rutinaria. Este libro sostiene que dicha negligencia es resultado de un proceso histórico. El régimen político que emergió de la Revolución de 1910 fue un modelo de estabilidad para América Latina durante el siglo XX, mas no un ejemplo exitoso de transición hacia la democracia y el Estado de derecho. Al mirar la historia nacional a través de la lente del crimen y la justicia, este libro examina el surgimiento, entre los años veinte y los años cincuenta del siglo pasado, de una amplia tolerancia por parte de la sociedad civil mexicana hacia el castigo extrajudicial y la victimización del inocente. Esta tolerancia se desarrolló a pesar del surgimiento paralelo de perspectivas críticas que condenaban severamente la incapacidad del Estado para buscar y reconocer la verdad.
El vínculo entre el crimen, la verdad y la justicia es una premisa de la sociedad moderna: todos creemos que debe haber una relación ente los tres. Una vez que se comete un crimen, la policía debe establecer qué sucedió y quién es responsable, y el sistema judicial debe darle seguimiento con un castigo adecuado. En México, esa premisa es tan antigua como la nación misma. Sin embargo, durante esas cuatro décadas de mediados del siglo XX, los mexicanos llegaron a definir la realidad más bien por la ausencia de esa conexión: la verdad acerca de los crímenes específicos solía ser imposible de conocer, con lo cual la justicia podía obtenerse sólo de manera ocasional, las más de las veces al margen de las instituciones estatales. De los años veinte a los cincuenta también vemos el desarrollo del lenguaje y los temas que le permitieron a los ciudadanos hablar del problema y mantenerlo en un lugar central de la vida pública. Sin embargo, este libro no se trata únicamente de símbolos o ideas. Incluso las percepciones —una palabra utilizada comúnmente por los políticos contemporáneos para insinuar que ellos saben más acerca de la realidad que la población— son resultado de prácticas llevadas a cabo lo mismo por actores sociales que por el Estado. Este libro rastrea las formas en las que se rompió el nexo entre crimen, verdad y justicia, y examina los intentos de la sociedad civil por restablecerlo. El periodo de la historia nacional que se aborda aquí, precedido por una dictadura y una guerra civil, fue testigo del desarrollo de una serie coherente de conocimientos y prácticas en torno al crimen y la justicia. Estas nociones básicas sobrevivieron más allá del fin de este periodo, cuando nuevas formas de crimen organizado y de complicidad y violencia por parte del Estado rebasaron la habilidad de la sociedad civil para lidiar con ellos.
En el México posrevolucionario, la historia del crimen está entrelazada con la historia política. A partir de 1876, el régimen porfirista logró proyectar una imagen de paz por encima de una realidad de violencia social y política. El gobierno hablaba del crimen, en particular de los robos insignificantes y del alcoholismo, como razones para desplegar el castigo como una forma de ingeniería social. Durante la Revolución, la definición legal del crimen prácticamente carecía de sentido, ya que los actos colectivos de robo, asesinato y violación no se castigaban y las autoridades no tenían la capacidad para garantizar la vida o la propiedad. Inmediatamente después de la guerra civil, la confluencia del acceso generalizado a las armas, el conflicto de clase y la laxitud del gobierno en relación con el crimen amplió el margen de tolerancia para la transgresión.1 Los años veinte vieron la consolidación de un gobierno basado en una amplia alianza entre las organizaciones de trabajadores y campesinos, los intelectuales progresistas y los capitalistas nacionales. A partir de 1929, un sistema de un solo partido oficial minimizó la competencia electoral y disciplinó a la clase política en todo el país, aunque no eliminó el clientelismo. Más o menos al mismo tiempo, nuevos códigos y otras reformas legales presagiaban un sistema penal moderno. Sin embargo, tras la fachada de una estabilidad corporativista, la vida pública era inestable y descentralizada, y los distintos actores sociales estaban encontrando nuevas formas de negociar sus relaciones con el Estado y traspasar las divisiones de clase. Las viejas prácticas criminales subsistieron, pero además emergieron formas modernas de criminalidad, las cuales se volvieron más prominentes en la vida pública.
Hacia fines de los años veinte del siglo pasado dio inicio una era distinta en la historia del crimen, a la cual se sumó un crecimiento urbano masivo en los años cuarenta. Estudios recientes confirman los vínculos entre la modernización y las nuevas formas de criminalidad, al considerar el crimen como un síntoma del nuevo individualismo urbano asociado con el capitalismo, el surgimiento de los medios de comunicación masivos nacionales y la influencia cultural de Estados Unidos. El gángster urbano arquetípico —anteriormente asociado con el lado estadounidense de la frontera— se convirtió en el tropo dominante del nuevo submundo mexicano. Esos hombres violentos de origen humilde hacían alarde de su éxito por medio del consumo más que notorio de ropa cara, autos y armas. En esta nueva era de la búsqueda del progreso, la legalidad se convirtió en un componente inconsecuente, marginal, de lo que estos hombres consideraban tan sólo como un negocio. Las lecciones morales de las historias de gángsters tenían únicamente que ver con su éxito o su fracaso personales. El paradigma criminológico dominante a fines del siglo XIX, que consideraba al criminal como un individuo primitivo, al margen del mundo civilizado, no tenía cabida para esta nueva expresión de la criminalidad, en la que los gángsters definían el éxito. La tajante línea que dividía lo criminal de lo legal se había atenuado.2
Las pruebas cuantitativas, descritas en el apéndice, respaldan la idea de un periodo distinto entre los años veinte y los años cincuenta. Los niveles de delincuencia en general bajaron desde el fin de la Revolución, alrededor de 1920, hasta mediados de los años ochenta, cuando los delitos contra la propiedad comenzaron a aumentar, mientras que los crímenes violentos continuaron en una tendencia a la baja que sólo se revirtió con la llamada guerra contra el narcotráfico de la primera década del siglo XXI. Para fines de los años sesenta, el número de consignaciones por tráfico de drogas había aumentado, lo cual revela el recién descubierto interés del Estado en este tipo de delitos. Los efectos de estas nuevas políticas en términos de corrupción y violencia dieron paso a una nueva fase en la historia nacional del crimen, una era que sigue vigente, pero que está fuera del alcance de este libro. En el mismo momento en el que las drogas se volvieron la obsesión del gobierno federal, éste reveló también su propensión a utilizar la violencia contra los disidentes políticos. Desde los años sesenta, la guerrilla rural, los movimientos de los trabajadores y los estudiantes opositores denunciaron y a menudo respondieron a la violencia subyacente de la política mexicana. La represión se manifestó del modo más dramático en la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, un episodio emblemático de la guerra sucia contra los movimientos sociales, en la que los presidentes le daban a los servicios de inteligencia, la policía, el ministerio público y las fuerzas armadas una gran libertad para utilizar la violencia. Los miembros de estas ramas del Estado también utilizaron su poder exacerbado para explotar el cada vez más redituable negocio de la extorsión y el tráfico de drogas. La política se mezcló con los cambios sociales y culturales para transformar las prácticas criminales mismas, que a partir de entonces estarían representadas por el tráfico y el consumo de drogas, la delincuencia juvenil y algunos ejemplos tristemente célebres de policías convertidos en ladrones.3
El crimen siempre estuvo presente en México, pero sólo después de la Revolución se convirtió en el hecho más prominente de la vida urbana y en objeto de una investigación sistemática. Cada crimen dejaba pruebas materiales, desde un cadáver y un nutrido rastro de testimonios hasta sentimientos, opiniones y otras pistas. La averiguación era la operación básica para revelar lo que había pasado; en México, implicaba métodos y habilidades que dominaban aquellos profesionales llamados detectives, pero los ciudadanos comunes también se apropiaron de esas técnicas. Profesionales y civiles operaban bajo el supuesto de que había una respuesta verídica al enigma que planteaba el crimen. Sin embargo, éste fue también el momento en que el vínculo entre la realidad detrás del delito y el conocimiento público, veraz, de sus causas, así como la responsabilidad penal, se volvieron un problema.4 Restricciones institucionales y políticas limitaban la capacidad y también el prestigio de los detectives mexicanos, quienes no se preocupaban mucho por obtener pruebas materiales y se fiaban más bien de su habilidad para embaucar, amenazar y torturar a los sospechosos. Esto abrió la labor detectivesca a otros actores. Una diversidad de lectores y escritores externaban sus opiniones sobre los casos famosos que parecían envueltos en misterio. Esta participación cívica no tenía parangón en otros campos de la vida pública, en especial porque la movilización política, la política electoral y el debate abierto sobre el régimen en la esfera pública estaban cada vez más controlados por el partido oficial y su élite gobernante.
Esta participación resulta aún más notable porque todos sabían que la verdad acerca de un delito no determinaba el castigo que administrarían las instituciones penales. Los procesos judiciales eran lentos y difíciles de entender. Para las víctimas y sus familiares, las demoras disminuían la sensación de vindicación —y en ocasiones, los juicios infligían incluso más humillación y dolor—. La impunidad era alta: en los casos de asesinato, entre 1926 y 1952, en todo el país, sólo 38 por ciento de los imputados fueron declarados culpables y un gran porcentaje de las investigaciones ni siquiera culminó en una acusación.5 Los archivos presidenciales durante esos años contienen miles de cartas de parientes de víctimas de homicidio que denuncian la impunidad de los asesinos y exigen la intervención del presidente. En el caso de los delitos menores, como el robo o la extorsión, los periódicos publicaban abundantes ejemplos de impunidad y corrupción por parte de los jueces y los agentes de policía. El encarcelamiento no estaba ligado necesariamente a la culpabilidad criminal. Los prisioneros carecían de información sobre su estatus. Lo que sí sabían era que a menudo los culpables andaban sueltos y los inocentes permanecían tras las rejas.
La verdad, en otras palabras, tiene una historia y una serie de particularidades locales. En México, de los años veinte a los cincuenta del siglo XX, surgieron nuevas preguntas que podían responderse con veracidad. En el pasado, lo único que se necesitaba era establecer los hechos de un crimen, por lo regular en forma de una narración, en la que los criminales, las víctimas y las autoridades se distinguían entre sí con claridad. La Revolución fue un tiempo de ilegalidad, en el que el crimen y la política se mezclaron, lo cual volvió más complicado establecer la verdad sobre un delito, en particular en casos de asesinato. Los defectuosos métodos empleados por las autoridades mexicanas desviaron la atención de los ciudadanos hacia las palabras de los propios sospechosos, la versión más confiable de lo que realmente había sucedido. Como lo dijo Manuel Múzquiz Blanco en un relato publicado en 1931 en Detective, “Y si la verdad judicial, las constancias procesales, la imaginación reporteril y la zaña [sic] de los acusadores y las versiones de los testigos dieron al asunto modalidades de grand guignol, la verdad escueta hasta hoy dicha por el principal personaje del drama, Dolores Bojórquez […] es aún más hosca, más fría, más brutal.”6 Ahora, por ejemplo, era legítimo explorar la subjetividad del criminal con el apoyo del periodismo, la ciencia e incluso la literatura. Como la policía y el sistema judicial carecían de la autoridad social para producir un informe creíble de los sucesos, entonces los pensamientos, los sentimientos y los impulsos de los criminales empezaron a considerarse como una base legítima para la discusión pública. En el establecimiento de la verdad acerca del crimen, los métodos científicos, que habían sido acreditados como los únicos legítimos, ahora competían con la sinceridad conmovedora de los informes personales, en particular las confesiones de los asesinos. Los criminólogos tuvieron que adaptar su aproximación a su objeto de estudio favorito, “el criminal”. Si bien todavía se usaban las ideas positivistas acerca de los criminales natos como seres humanos primitivos, ahora compartían la escena con aquellas de los psiquiatras, los médicos y los psicoanalistas, quienes exploraban a los criminales bajo el supuesto de que tenían personalidades complejas y de que sus palabras podían esconder la verdad, pero también revelarla.
Sobra decir que las confesiones no estaban a salvo de la crítica. Los parientes de las víctimas de asesinato podían participar en los juicios como civiles, o por medio de la prensa, para defender la reputación de las víctimas. Los lectores de periódicos y de novela negra estaban al tanto de la ineptitud, la corrupción y la impunidad de los cuerpos de seguridad. Sabían ya que las confesiones podían obtenerse mediante coerción. Con todo, la mayoría de la gente creía que la verdad quedaba en algún lugar de las páginas policiales (también llamadas policiacas o policíacas). La historia mexicana de la indagación detectivesca, por lo tanto, cuestiona la premisa de que el Estado era una garantía, la entidad confiable dentro del proceso judicial, y de que, una vez que las pruebas se habían establecido, se podía contar con una sentencia de culpabilidad. En México, múltiples actores, entre ellos periodistas, abogados, miembros del jurado, testigos, sospechosos y víctimas, discutían acerca de lo que constituía la verdad. El Estado tenía un papel en el proceso, pero no lo controlaba. Incluso a los escritores se les dificultaba restablecer una percepción de orden por medio de la literatura. En suma, la indagación detectivesca era un proceso complejo, pero no tanto como para que la gente perdiera la esperanza de alcanzar algún día la verdad. Puede que sus debates no siempre hayan conducido a una sentencia judicial, pero alcanzaron cierto grado de validación en el tribunal de la opinión pública.7
El crimen era un tema clave en la esfera pública. Gente de todos los ámbitos lo narraba, lo explicaba, lo fotografiaba y lo debatía. Analizar estas discusiones nos permite mostrar cómo el crimen producía representaciones de la realidad que, a su vez, le daban forma.8 Detectives, sospechosos, víctimas, testigos, jueces, periodistas y lectores convergían para discutir historias de crímenes. Las pruebas que reunían eran variopintas y confusas, libres de las ataduras que podían imponer los criterios legales o incluso las normas morales. El crimen ofrecía hechos objetivos, independientes del conocimiento científico o legal sancionado por el Estado. Las narraciones de casos famosos y las imágenes de asesinatos y cadáveres eran tan reales como podía serlo cualquier hecho acerca de la vida social. Los juicios por jurado, las noticias policiales y la novela negra le daban a los ciudadanos una plataforma para diseminar sus propias explicaciones y convertirse en autores de historias y narraciones —a algunos sospechosos se les permitía incluso dar discursos y entrevistas—. En estos relatos, el asesinato era un acto lleno de significado, algo que debía explicarse e interpretarse con el uso de la razón y la emoción, e incluso juzgarse desde una perspectiva estética.
Estas narraciones y debates crearon lo que denomino “alfabetismo criminal”, es decir, una serie de conocimientos básicos acerca del mundo del crimen y la ley penal. El alfabetismo criminal incluía información ecléctica acerca de las instituciones, los casos famosos, las prácticas cotidianas y los lugares peligrosos que le ayudaba a la gente a sortear los complejos problemas prácticos de la vida urbana moderna. La incertidumbre que rodeaba a la justicia y la policía volvió aún más necesario ese conocimiento. El dato básico del alfabetismo criminal en México era que la verdad nunca era definitiva, siempre era una versión debatible. La realidad, en otras palabras, no era la información en bruto que uno recolectaba caminando en las calles de la ciudad o asomándose a la escena del crimen: era la organización de esa información en patrones predecibles que hacían del delito el objeto de un diálogo productivo y prometían el restablecimiento de la seguridad después de una transgresión.9
La reputación de México, tanto dentro como fuera del país, ha estado durante mucho tiempo enturbiada por la violencia y la impunidad. A ojos de los visitantes, durante los años de inestabilidad que siguieron a la Independencia, el país estaba prácticamente en manos de los bandoleros que asaltaban los caminos. En el porfiriato, las prisiones y las calles de la ciudad parecían infestadas de degenerados borrachos y marihuanos que blandían sus cuchillos. La Revolución de 1910 trajo consigo una explosión de violencia y desorden de una escala tan amplia, que las imágenes de las ejecuciones y los cadáveres en México se imprimían en postales. Para mediados del siglo XX, México era un lugar más tranquilo, un refugio tolerante para los viajeros en busca de entretenimiento ilícito, ya fuera psicoactivo, erótico o de cualquier otro tipo. William S. Burroughs elogiaba la Ciudad de México en 1949 por “la atmósfera general de libertad” que la violencia y la ilegalidad ofrecían. (Atmósfera que sin duda le ayudó a eludir el castigo por el disparo accidental a su propia esposa.)10
Este libro entiende la infamia, para usar las palabras de Jorge Luis Borges, como una “superficie de imágenes”.11 Sin embargo, detrás de las historias apócrifas o distorsionadas que componen su Historia universal de la infamia de 1935, hay un argumento sutil acerca de la necesidad de revisitar las conexiones entre ficción y realidad, y las reputaciones y los hechos. Borges escribe sobre personajes despreciables a lo largo de la historia mundial cuyo logro en común es la propia infamia. Tom Castro, por ejemplo, es el impostor que, después de salir de prisión, da conferencias en las que o bien se defiende, o bien confiesa su culpabilidad, dependiendo de las preferencias del público. A esos criminales debe agradecérseles, sugiere Borges, porque hicieron posible “la negra y necesaria ocasión de una empresa inmortal”; es decir, contar su historia, como el compadrito de Buenos Aires que mata a su adversario y “consagra su vejez a la narración de ese duelo tan limpio”.12
Primera parte
Espacios
1. Una sola mirada al escenario del crimen
La justicia y la publicidad en el espejo de los jurados criminales
Entre 1869 y 1929, la capital mexicana albergó la institución que mejor ha encarnado las posibilidades y los límites de la búsqueda de la verdad en el crimen: el sistema de jurados en los juicios penales. Un grupo de residentes de la ciudad, de sexo masculino y seleccionados al azar, tenía el poder de decidir sobre los hechos en casos de delitos graves. Los abogados y los jueces mantenían un papel prominente en el proceso y las voces de los testigos y los sospechosos también se escuchaban durante las audiencias públicas, pero la decisión sobre la justicia estaba básicamente en manos de unos cuantos hombres de bien que, al carecer de cualquier tipo de interés directo en el conflicto en cuestión, votaban con base en su conciencia y, de ese modo, representaban a la opinión pública. A pesar de las constantes críticas que recibían por parte de juristas y otros expertos, los jurados populares, como se les llamaba con frecuencia, funcionaron con suficiente transparencia e independencia como para alcanzar una autoridad considerable. Para los años veinte del siglo pasado, la institución había alcanzado la cúspide de su influencia, pero fue abolida en 1929 mediante un decreto presidencial que reemplazó el código penal del Distrito Federal. A partir de entonces los procesos criminales siguieron un sistema inquisitorial, idéntico al establecido en otras jurisdicciones, que mantenía la mayor parte del trabajo de los fiscales y los jueces fuera de la mirada pública. Las razones por las que se abolió el sistema de jurados, como veremos, fueron a la vez políticas y jurídicas. En todo caso, a partir de 1929, el proceso penal se volvió completamente opaco para los ciudadanos comunes.
Durante los años veinte, los juicios por jurado eran reconocidos en la esfera pública como los lugares donde distintos actores presentaban narraciones y explicaciones del crimen a una amplia variedad de públicos. Los casos famosos movilizaban el creciente poder de los periódicos y la radio, y eran particularmente fascinantes para sus audiencias, porque exponían la subjetividad de aquellos actores al escrutinio inquisitorio del público y, simultáneamente, canalizaban la crítica al régimen posrevolucionario.1 Los juicios por jurado funcionaban como telón de fondo de influyentes debates sobre la feminidad y, a su vez, contribuían a la transformación del papel de la mujer en la vida pública —si bien, como veremos, no necesariamente de un modo que las empoderara—. Los juicios por jurado fueron un lugar clave para la construcción del alfabetismo criminal y catalizaron el surgimiento de públicos que harían frente al problema de la violencia y la impunidad en las décadas posteriores. Los estudios de los jurados criminales en otros países enfatizan su papel como espacios de la esfera pública en los que es posible explorar muchos temas además de la justicia: las emociones, los roles de género, la privacidad o la cuestiones raciales. Estos juicios se parecían al teatro y, en efecto, resulta tentador verlos como un escenario en el que una variedad de interesantes tramas y papeles se representaban en forma de melodrama. Las expectativas cambiantes de las mujeres en relación con lo violento y lo doméstico se ponían en juego en este teatro. En México, sin embargo, los juicios por jurado eran también el escenario principal para la búsqueda de la verdad y la justicia. Múltiples actores, desde los abogados y los propios sospechosos hasta el público y los periodistas, participaban en debates contenciosos, mientras los miembros del jurado evaluaban las versiones rivales.2 Los agentes del Estado tenían sólo un limitado control del proceso. El resultado fue el surgimiento de un escepticismo duradero con respecto a la ley. Observar la forma de operar de esta clase de juicios más allá de la estructura del melodrama muestra cómo las mujeres y los adversarios políticos del gobierno también podían utilizarlos para cuestionar su subordinación.
Tras una breve historia de los juicios por jurado y su contexto político, este capítulo describirá su operación recurriendo a los testimonios de sus defensores y de sus detractores. Parecería que estos juicios no tenían nada de serenos o balanceados: los debates entre los abogados acerca de un caso particular podían ser tan mordaces como las disputas acerca de la forma en que funcionaba la institución. La pregunta básica que dividía esas opiniones era si los miembros del jurado podían ser manipulados fácilmente mediante viles recursos emocionales o intereses ocultos, o si eran los custodios de una institución verdaderamente democrática. La segunda parte del capítulo abordará un caso famoso que marcó el cénit de la influencia del juicio por jurado en la esfera pública, cuando en 1924 una muchacha fue absuelta tras asesinar a un político. La tercera parte estudiará la caída de la institución, tras el juicio en 1928 del asesino del presidente electo, en un veredicto que se alcanzó en el contexto de la presión política, el conflicto religioso y el interés obsesivo de los medios. Estos dos casos ejemplifican otro legado perdurable de los juicios por jurado: la justificación abierta, por parte de ciertos miembros de la sociedad civil, de la justicia informal y el castigo extrajudicial como las mejores maneras de lidiar con las limitaciones del Estado.
HISTORIA Y ESTRUCTURA
Los juicios por jurado, establecidos tras el medio siglo que siguió a la Independencia, un periodo marcado por la guerra civil y la invasión extranjera, prometían una forma ilustrada de abordar los conflictos que todavía asolaban a la nación en todos los niveles de la vida pública y privada. El ministro de Justicia Ignacio Mariscal y otros liberales que propusieron esa institución la identificaban con la democracia y el progreso, y ofrecían una genealogía prestigiosa: el jurado era una invención de la Antigüedad clásica, perfeccionada por el pueblo inglés, codificada por la Revolución francesa y adoptada por Estados Unidos.3 En México, el Congreso Constituyente de 1856, convocado por una coalición liberal, debatió la idea de incluir jurados criminales en la nueva Constitución y faltaron sólo dos votos para lograr su aprobación. Tras la guerra civil con los conservadores (1857-1861) y la invasión francesa que impuso la última monarquía (1861-1867), el mismo grupo de liberales volvió a insistir en la idea. Esta vez establecieron juicios por jurado en el Distrito Federal por medio de una ley que propuso Mariscal, que el Congreso aprobó casi por unanimidad y que el presidente Benito Juárez firmó en abril de 1869. Como un espacio en el que los ciudadanos comunes podían, al menos en teoría, intervenir directamente en el proceso de la justicia, el “jurado popular” parecía ser una animada expresión de la soberanía popular.4 Había un antecedente mexicano que Mariscal evitó reconocer. Desde la década de 1820 y hasta 1882, con algunas interrupciones debido a la inestabilidad política, se había juzgado mediante jurados a los periodistas. En 1869, sin embargo, Mariscal trató de no dar la impresión de que los jurados criminales tendrían las mismas fallas que los jurados de prensa, que muchos consideraban caóticos y predispuestos a favor de los sospechosos.5
Los partidarios del jurado creían que podía enseñarle a la población a afrontar complejas situaciones éticas y políticas y, al mismo tiempo, redimir un sistema de justicia que carecía de autoridad. Benjamin Constant, una fuerte influencia para los primeros liberales mexicanos, sostenía que el jurado era un pilar de la gobernanza porque canalizaba el interés de los particulares en la ley.6 El jurado era valioso porque le permitía a los ciudadanos ordinarios no sólo hacer cumplir la ley, sino también trascenderla, utilizando su sentido común para llevar a cabo una función básica de la opinión pública en su papel clásico de juzgar la reputación de las personas. A pesar de que sólo se les pedía decidir acerca de los hechos de un caso, los miembros del jurado llevaban más lejos su sentido común, apropiándose de las emociones del juicio y adoptando una perspectiva negativa de la ley cuando pensaban que era defectuosa. Los miembros del jurado en los casos criminales ponían su conciencia por encima de la letra de la ley y las instrucciones de los jueces. Para ese prócer liberal que fue Guillermo Prieto, el exceso de orientación de las autoridades alteraba la esencia del jurado y lo convertía en una mera rama del sistema judicial.7 Si la educación podía conducir a la injusticia, la ignorancia era una virtud.
Y la ignorancia no era difícil de conseguir. Para 1869, la legislación penal era todavía un revoltijo de códigos coloniales, leyes nacionales y normas tradicionales. La turbulencia y la guerra civil habían vuelto a los magistrados vulnerables a la corrupción, a las presiones políticas o, en el caso de los jueces de los tribunales inferiores, a la inexperiencia. Los liberales argumentaban que sólo la participación directa de los ciudadanos podía remediar tal “podredumbre judicial”.8 La naturaleza democrática del jurado le ayudó a ganarse el amplio apoyo que consiguió desde el inicio, como testimonio de las dificultades de las que el país acababa de salir airoso. Escribiendo desde El Monitor Republicano, “Juvenal” sostenía que el pueblo tenía que reivindicar el poder de juzgar: “No deleguemos en manos del poder —exhortaba— […] facultades que con tanto trabajo, que merced a tantos esfuerzos, hemos podido quitarle.” Mariscal sostenía que el jurado era un nuevo derecho del pueblo mexicano: como una representación del pueblo, el jurado prevendría la politización de la justicia y otros abusos de poder.9
Más que un derecho, el jurado era una expresión de la soberanía popular, una representación directa de la voluntad popular por medio de la conciencia de los particulares. El ideólogo liberal Ignacio Ramírez explicó que “el pueblo soberano” era el juez por antonomasia, del mismo modo en que lo había sido en la plaza pública de la Antigüedad y en ese momento lo era en Estados Unidos.10 Según la ley de 1869, no podía apelarse en contra de los veredictos del jurado si nueve de once de sus miembros estaban a favor de una condena. Una mayoría simple era suficiente para obtener un veredicto, aun si éste conducía a la pena de muerte. En los años siguientes, los críticos vieron en esta autoridad tan amplia una aberración provocada por el idealismo. Reformas posteriores le dieron a los jueces la autoridad para escuchar apelaciones en contra de la decisión del jurado en caso de un error de procedimiento, pero mantuvieron la excepción cuando el voto era casi unánime. La premisa era que sólo los ciudadanos particulares podían ser honestos y estar libres de la influencia del dinero y del poder que tan fácilmente corrompía a los funcionarios públicos. Cada miembro del jurado decidía desde el subjetivo ámbito de sus convicciones, donde no tenía que rendirle cuentas a nadie, con excepción, quizá, de dios.11 Así, por ejemplo, incluso si a un miembro del jurado se le pedía votar acerca de los hechos del caso, tenía la libertad de emitir su fallo con base más bien en su valoración de la moralidad de la acción del sospechoso. A diferencia del juez, al “aplicar la ley moral que cada hombre lleva en su conciencia”, el miembro del jurado estaba por encima de la letra de la ley y las intenciones del legislador.12
La letra de la ley, sin embargo, era equívoca con respecto a las obligaciones del jurado. La preguntas que le hacía el juez se restringían a hechos concretos (“¿J. Jesús Rodríguez Soto, es culpable de haber privado de la vida a Marcos Tejeda Soto, infiriéndole la lesión descrita en el certificado médico respectivo?”, o “¿La muerte de N. fue debida a la peritonitis determinada por la herida?”).13 No obstante, cuando los miembros del jurado comenzaban a deliberar, debían jurar: “¿Protestáis desempeñar las funciones de jurado sin odio ni temor y decidir, según apreciéis en vuestra conciencia y en vuestra íntima convicción, los cargos y los medios de defensa, obrando en todo con imparcialidad y firmeza?”14 Más allá de esa demanda subjetiva, la ley no imponía regla alguna para el modo en que los miembros del jurado debían llegar a sus decisiones. Después de todo, la autoridad del jurado residía en la conciencia individual de cada uno de sus miembros: lo que importaba no era su inteligencia ni su conocimiento, sino su creencia sincera en el valor moral de las acciones del sospechoso.15
Desde el inicio, el juicio por jurado provocó resistencia por parte de ciertos sectores de la profesión jurídica. Al principio, los abogados podían ver el beneficio de un sistema que aumentaba la imparcialidad de los jueces. Antes de que a los jurados se les asignara la tarea de decidir sobre hechos concretos, los jueces tenían que llevar a cabo el doble papel de fiscal y mediador, reuniendo pruebas y luego dictando la sentencia. El jurado popular, así como la oficina fiscal especial creada para complementar su tarea, le dejarían al juez el trabajo de coordinar el proceso y decidir sobre asuntos relacionados con la ley, lo cual le permitiría conservar su imparcialidad. Pero a medida que la profesión jurídica creció en tamaño y especialización, algunos comenzaron a hacer comentarios críticos de dicha “mejora democrática” en la administración de la justicia.16 Así, a la ley de 1869 le siguieron decretos y legislaciones que reflejaban un creciente escepticismo. El Tribunal Superior del Distrito Federal propuso eliminar los jurados criminales desde 1880. En lugar de eliminarlos, el código de procedimientos penales de 1881 para el Distrito Federal redujo el alcance del jurado a crímenes con una sanción de más de dos años de prisión. Un nuevo código de procedimientos de 1894 limitó aún más los delitos sobre los cuales los jurados podían decidir y expandió el papel de los jueces. Más delitos, como la bigamia, se excluyeron en 1902, y en 1907 el trabajo de los jurados quedó restringido a delitos con sanciones de más de seis años de prisión; también se exceptuaron casos que involucraran duelos, adulterio y ataques a funcionarios públicos. Durante esos años, otros estados que también habían tenido jurados criminales los abolieron.17 Poco antes de la Revolución, los juristas auguraban que el jurado popular tenía los días contados. Sin embargo, el Primer Jefe Venustiano Carranza incluyó el jurado popular en su proyecto para una nueva Constitución a fines de 1916 y en esa oportunidad los diputados constituyentes lo aprobaron.18 Las regulaciones para el Distrito Federal se mantuvieron vigentes hasta 1929, cuando se aprobó un nuevo código penal. La posibilidad de recurrir a jurados en lugar de jueces permaneció en la Constitución hasta 2008, pero únicamente para unos cuantos delitos, como la traición y la difamación.
Los críticos del sistema de jurados se mostraban pesimistas acerca del ciudadano promedio y su capacidad para expresar la voluntad popular. Para Santiago Sierra, la ilusión de “nuestra experiencia democrática” había consagrado una institución que era un reflejo mediocre y efímero de la justicia.19 Cuarenta años después, otro porfirista, Francisco Bulnes, sostenía que la autoridad del jurado debía restringirse porque “no merecemos justicia, porque no la merece el que no sabe hacerla”.20 Bulnes describía el jurado en México como una mala parodia de modelos augustos: “Los veintiséis hombres justos de la pudibunda Inglaterra, primitivos representantes solemnes del pueblo en sus actos de justicia, se transformaron en México en doce léperos que felicitaban a los violadores por los buenos cueros que habían disfrutado, se mofaban de los maridos víctimas de escandalosos adulterios, admiraban el honor exquisito de los matadores de sus concubinas o de mujeres públicas, ardían de entusiasmo con el heroísmo de los rijosos, la astucia de los asesinos madrugadores, las estratagemas de los ladrones”.21 Sin embargo, la acusación más coherente en contra del jurado vino del prominente abogado Demetrio Sodi, un jurista que adquirió considerable influencia y riqueza durante el porfiriato. Sodi publicó El jurado en México en 1909, en el que promovía la eliminación del juicio por jurado, cuyo fin creía inminente: la mayor parte de los estados ya lo habían abolido, estableciendo “procedimientos más acordes con el progreso científico del derecho criminal”.22 El libro se hacía eco de la crítica positivista en contra del liberalismo, pero enfatizaba la perspectiva de que la profesión jurídica ya había adquirido un mayor prestigio para ese momento. Sodi sostenía que el jurado no era una institución democrática —¿cómo podía serlo, si las listas las producían los funcionarios de gobierno de manera arbitraria?— y descartaba la idea de que los jurados fueran necesarios debido a las fallas de la institución judicial. Incluso si la mayoría de los jueces carecían de una educación de calidad, los defectos del jurado eran de tal magnitud que abolirlo era una mejor opción. Con base en su larga experiencia judicial, Sodi combinaba las citas habituales de autoridades legales con anécdotas insólitas de juicios por jurado reales. Al enumerar las muchas maneras en las que la justicia podía ser socavada, señalaba que uno de los peligros más grandes eran las argucias y la retórica de los abogados, “porque los jurados deciden por impresión y no por íntima convicción”.23
Los informes de frecuentes irregularidades en el juzgado respaldaban las peticiones de abolir los jurados populares. Los espectadores en la sala trataban de influir en el jurado con sus escandalosas reacciones a los discursos y los testimonios. En algunos casos se descubrieron sobornos y amenazas. Los miembros del jurado a menudo apresuraban sus conclusiones, sin darse tiempo de sopesar las pruebas con seriedad. Los abogados recurrían a la sofistería o se tomaban atribuciones que no les correspondían. Las acusaciones más fuertes a los juicios por jurado surgieron a partir de unos cuantos casos particularmente escandalosos en los que los jurados exoneraron a sospechosos de crímenes graves como el homicidio. A pesar de que los periódicos cubrían la mayor parte de estos acontecimientos como algo rutinario, algunos ejemplos parecían particularmente indignantes y dieron pie a las primeras solicitudes de abolir la institución o suspender temporalmente las garantías constitucionales. Se escribieron obras inspiradas en esas injusticias y hubo una amplia cobertura de exoneraciones particularmente lamentables porque eran resultado de votos del jurado que contradecían las pruebas. Incluso ante las múltiples confesiones de un sospechoso, como sucedió en el caso de Felipe Guerrero, acusado de asesinato en 1895, los jurados no siempre emitían un veredicto de culpabilidad. Para los críticos, la conclusión era simple: el tipo de gente que servía en los jurados era egoísta y por lo tanto simpatizaba con el criminal, o bien era tan crasa y vulgar que no lograba ver la aberración del crimen.24
Estos argumentos pasaban por alto el hecho de que, en muchos casos, la exoneración se apoyaba en contundentes pruebas y de que, en otros, los veredictos de culpabilidad conducían a la pena de muerte.25 De acuerdo con una cuenta realizada en 1929 por unos jueces que presidían juicios por jurado, de 260 casos, 70 por ciento resultó en sentencia de culpabilidad, 5 por ciento había sido de “veredictos absurdos, principalmente por defectos de acusación” (en los que los fiscales solicitaban severos castigos por delitos menores) y, el resto, exoneraciones por “delitos de orden pasional”.26 Las cifras, a pesar de ser parciales, contrastaban favorablemente con los datos reunidos en 1880, cuando los jurados en una pequeña muestra de casos absolvieron a más de 70 por ciento de los acusados.27 La mejoría, sostenían los periódicos, era resultado de su cobertura, que había vuelto más transparente la operación del juicio. Hasta la selección del jurado podía volverse un evento público, al punto de que los periódicos mostraban nombre y retrato de los elegidos.28
El perfil social de los miembros del jurado era la razón principal por la cual los abogados profesionales se oponían a este sistema. Según la ley de 1869, los jurados se componían de once miembros. No había requisitos de ingresos, pero se exigía de sus miembros “No ser empleado, ni funcionario público, ni médico en ejercicio, ni tener otra ocupación que impida disponer con alguna libertad del tiempo sin privarse del jornal o sueldo necesario para su subsistencia.”29 Sólo tenían que ser, explicaban los legisladores, hombres de “buenas costumbres y buen sentido común”.30 Así pues, las exclusiones se basaban en el estatus social, no en la ideología. Los analfabetas quedaban excluidos, al igual que los artesanos y, más tarde, aquellos que estuviesen por debajo de cierto nivel de ingresos. Lucio Duarte, dueño de una pulquería, logró que lo excusaran de su obligación de ser jurado “por carecer de los conocimientos que deve [sic] tener la persona que desempeñe tal comisión”.31 Los extranjeros con tres años de residencia y los antiguos partidarios del Segundo Imperio, a quienes en otras instancias se consideraba traidores, podían ser incluidos —después de todo, solían ser hombres educados, de clase alta—. En 1880, el liberal moderado Santiago Sierra abogó por un jurado más pequeño “pero bien elegido entre ciudadanos que reunieran ese conjunto de cualidades que constituyen la honorabilidad”.32 Una reforma de 1891 a la ley redujo a nueve el número de miembros del jurado y estableció que debían ganar cien pesos al año o tener una profesión.33
Antes de cada juicio, los nombres de los miembros del jurado se extraían al azar de una lista de “personas caracterizadas” en cada barrio, recopilada por las autoridades municipales.34 En la práctica, el perfil social de los miembros del jurado estaba determinado por el proceso de selección de los nombres en la lista. Muchos ciudadanos pedían que se les excluyera por motivo de enfermedad, ignorancia, sordera, vejez u otras razones. Los que tenían amigos en el gobierno podían ser borrados fácilmente. El resultado eran listas arbitrarias, incompletas y no actualizadas, que a menudo incluían a personas inexistentes. Según un juez, esto causó “graves inconvenientes, que poco a poco, destruye[ro]n y enerva[ro]n la institución de Jurados”.35 Los jurados, decían sus críticos, incluían a gente con poca educación, comerciantes, inmigrantes españoles de baja calaña y motivados por el interés, e incluso a borrachos. Demetrio Sodi denunció la existencia de “miembros del jurado profesionales”, también conocidos como “coyotes” o “milperos”, que conocían muy bien los procedimientos legales. Eran “vagos” que se las ingeniaban para ser seleccionados en los jurados con el fin de recibir el pequeño estipendio que correspondía a la tarea. Su truco era adivinar el resultado que el juez deseaba, de modo que los “seleccionaran” de nuevo.36 Veinte años después, los periódicos seguían ridiculizando a los miembros del jurado que se vendían al mejor postor, que no representaban “la ingenuidad limpia y espontánea del ciudadano humilde”, sino más bien la astucia de personajes urbanos superficialmente educados que buscaban aprovecharse de los intersticios de un sistema defectuoso. Al convertir el servicio en el jurado en un oficio, pervertían los objetivos de la institución y hacían posible una “sentina amenazadora donde la corrupción hierve y burbujea”.37 La corrupción podía jugar a favor o en contra de cualquiera de las partes. En 1929, los miembros de un jurado en un caso de asesinato vinieron juntos desde Iztapalapa; eran, según El Universal, “indios” enviados por un cacique. Durante un receso de las sesiones en el juzgado, almorzaron con un empleado de la defensa que les dijo cómo votar.38
Un vistazo al resto de los participantes en los juicios sugiere que en efecto había otros actores que podían socavar esa expresión de la soberanía popular que era el jurado. Los jueces controlaban el proceso de los juicios antes de la audiencia pública final. Estaban a cargo de la fase de investigación inicial del proceso, que consistía en reunir todas las pruebas en un archivo escrito. Las audiencias públicas ante el jurado comenzaban con la lectura por parte del secretario del juzgado de la acusación del fiscal y del contraargumento de la defensa, con una monotonía tal, que dormía tanto a los miembros del jurado como al público. Luego los sospechosos respondían preguntas y se le presentaban pruebas adicionales al jurado. Durante esta fase, según la ley, el juez “puede hacer cuanto estime oportuno para el esclarecimiento de los hechos: la ley deja a su honor y conciencia el empleo de los medios que puedan servir para favorecer la manifestación de la verdad”.39 El juez era el actor más activo y poderoso en el proceso judicial, el que interrogaba y reñía a los sospechosos si sus declaraciones contradecían cualquiera de las pruebas existentes o si decían no recordar los hechos. Según Carlos Roumagnac, un observador avezado del mundo del crimen y las prisiones, los jueces actuaban bajo el supuesto de que el sospechoso era culpable y dejaban de lado “la calma, la imparcialidad, y en muchos casos hasta la piedad, que […] deben ser las principales características del verdadero juez”.40 Los jueces perdían parte de su poder en la siguiente fase del juicio, cuando el fiscal y el abogado defensor resumían el caso utilizando todas sus herramientas retóricas. Ése era el momento en el que todos ponían atención y en el que la retórica adquiría un papel central, porque los abogados defensores hábiles podían voltear a los miembros del jurado y al público en contra del fiscal.41
Los abogados desplegaban las herramientas de la retórica y la emoción personal, socavando la estructura del proceso establecido por la ley. El código le indicaba a los fiscales que debían limitar sus conclusiones a “una exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado”, sin citar autores ni leyes, y le permitía al abogado defensor hablar “con toda libertad sin más prohibición que la de atacar a la ley, a la moral o a las autoridades, o injuriar a cualquiera persona”.42 En la práctica, sin embargo, había un margen de libertad considerable. Si bien el juez podía detener los discursos si éstos transgredían estos límites, los abogados utilizaban una variedad de recursos para influir en los miembros del jurado. Algunos comenzaban con bromas. Los fiscales citaban a criminólogos para poner énfasis en las características evidentemente criminales del sospechoso. Ambas partes desplegaban “las figuras retóricas de relumbrón y los golpes escénicos” en los que la inspiración literaria cobraba mayor prioridad que los hechos.43 Pero la defensa era la que realmente podía recurrir al arte para suscitar emociones y motivar la empatía de los miembros del jurado hacia los sospechosos. Provocar los mismos sentimientos hacia las víctimas era más difícil, pues resultaba más sencillo imaginar la venganza que el sufrimiento.
La habilidad para movilizar la sentimentalidad por encima de la ley volvió muy populares a ciertos abogados defensores. Eran oradores talentosos a quienes se veía como artistas cuyo trabajo tenía relevancia política. El más conocido de ellos era Querido Moheno. Abogado y miembro del congreso durante el porfiriato, Moheno abogó por un régimen parlamentario y fuertes restricciones a los derechos al voto con el fin de garantizar una transición pacífica tras el fin de la benévola dictadura del envejecido Díaz. Esto significó, en los escritos de Moheno, un papel dominante para la opinión pública, a la que definió como la voz de los sectores más educados de la sociedad. Durante la guerra civil que comenzó con el golpe en contra del presidente Francisco I. Madero en 1913, Moheno se unió al gabinete del general Victoriano Huerta y tuvo que salir del país con el triunfo de la Revolución. Volvió en 1920, aparentemente renunciando a la política, para trabajar como periodista y abogado defensor en la Ciudad de México. Durante esa década, sus discursos, algunos de los cuales duraban varias horas, se elogiaban como obras de arte, mientras que sus columnas en el periódico arremetían en contra del régimen posrevolucionario. Era tan popular, que el público le aplaudía desde antes de que comenzara a hablar y los oyentes celebraban la conclusión de sus discursos con “Gritos, aplausos, llanto, manos que se extremecían [sic], todo confundido en el homenaje al gran tribuno”; incluso lo llevaban en hombros, a pesar de su peso considerable.44 Sus éxitos en el juzgado a menudo se interpretaban como victorias políticas. Los diputados oficialistas en el congreso se referían a él como “el cínico de Querido Moheno, que no conforme con haberse manchado con el crimen del huertismo, todavía así quiere mancharse con su complicidad en todos los crímenes de las mujeres prostitutas de la Ciudad de México”.45 Moheno utilizaba todos los recursos de la oratoria para persuadir a los miembros del jurado de votar a favor de la exoneración, al combinar los preceptos básicos de la retórica clásica con una astuta manipulación de las emociones del público.
Moheno compartía las ideas del sociólogo político Gustave Le Bon acerca de las masas. Por ello, hacía del juicio por jurado la pieza angular de una teoría política más amplia acerca del papel de las emociones y la violencia en la vida pública. Le Bon, admirado tanto por los porfirianos como por los revolucionarios, sostenía que las multitudes podían ser estudiadas y manipuladas como organismos vivos. Las describía como impulsivas, simplistas, autoritarias y conservadoras. Los jurados eran sólo una variedad particular de esas masas y, como tales, los influía más la imaginación que el razonamiento o las pruebas. Le Bon ofrecía unas cuantas reglas para influir en los jurados: explotar su tendencia a ser indulgentes con los delitos que por lo regular no los afectan, modificar el discurso según las reacciones del jurado y dirigirse a aquellos que aparenten ser los líderes del grupo.46 El Universal tradujo esto al contexto mexicano: “Un jurado es una colectividad. Y una colectividad no obra por razones, sino por sentimientos. A una colectividad nada ni nadie la convence; pero antójase hasta cierto punto fácil conmoverla. Y conmoverla es vencerla, anonadarla, aun con riesgo de la justicia.”47 Desde esta perspectiva, las emociones podían ser un fundamento legítimo para los veredictos; se asumía que los miembros del jurado simplemente canalizaban el juicio de la opinión pública. Esto obviamente contradecía el modelo de la verdad racional, lógica, que se suponía caracterizaba las investigaciones judiciales. Pero funcionaba como parte de las estrategias retóricas de Moheno. A menudo se rehusaba a fundar su defensa en detalles factuales; argumentaba que el destino de sus clientes “no ha de resolverse por esas minucias sino por los grandes hechos y las grandes generalizaciones”.48
Para Le Bon, “conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas es conocer el arte de gobernarlas”.49 Las implicaciones políticas de estas ideas fueron particularmente relevantes en el México de los años veinte. En manos de Moheno, hicieron de la oratoria un arma en contra del abuso del poder por parte del régimen posrevolucionario. En sus discursos ante jurados y en sus columnas periodísticas, defendía el uso de la violencia como resistencia heroica en contra de la tiranía. Como abogado en esa década, Moheno sostenía que el jurado era la representación más alta de la opinión pública —prácticamente lo mismo que había sostenido acerca del Congreso antes de 1913—. Junto con otros abogados defensores famosos, insistía en que el jurado era la única institución que podía ofrecer algo de justicia en un sistema judicial corrupto —“la única verdadera garantía de que aún disfruta el ciudadano entre nosotros”—. El jurado desbancaba a la ley escrita porque era “el resumen de la conciencia social”.50 La “justicia oficial”, después de todo, no era más que una manera de delegar temporalmente al gobierno el derecho del pueblo a buscar la justicia. La “convicción íntima” de los miembros del jurado traducía al plano de la acción pública un profundo escepticismo respecto del Estado, el cual Moheno cultivaba en discursos que hacían que las acciones de los acusados parecieran una forma de resistencia en contra de la corrupción del régimen. Mientras defendía a Alicia Jurado, que había matado a su marido, sostenía que la Revolución había provocado confusión moral e impunidad y que, como consecuencia, la justicia había perdido su autoridad; si a los asesinos de Madero y Zapata no se les había castigado, y los hombres que se habían robado los muebles del propio Moheno durante la Revolución ahora los usaban sin miedo al castigo, ¿cómo podía el jurado condenar a una mujer indefensa?51 La Revolución había sido “esta espantosa pesadilla […] estos diez años de horrible carnicería entre hermanos, durante la cual ha perecido un millón de mexicanos”.52
La defensa de la opinión pública por parte de Moheno se basaba en una concepción racista de la sociedad. Sostenía que un jurado auténticamente independiente tenía que extraerse de una lista que representara el “nivel intelectual” de la sociedad mexicana: ni los intelectuales ni los “huarachudos” ignorantes,53 y sostenía que “la única forma posible de la democracia es el gobierno del pueblo por los mejores del pueblo”.54 La decadencia del sistema judicial era resultado del mestizaje que estaba “estrangulando la república”.55 Moheno, que había vivido en Cuba y Estados Unidos durante su exilio, aludía al “salvajismo africano” de los negros en la isla, quienes, aseguraba, mataban a niños blancos y se los comían. En sus textos, elogiaba al sur de Estados Unidos, donde “la ley de Lynch autoriza cierta clase de ejecuciones populares” como protección del honor de las mujeres blancas y como una representación directa de la soberanía popular —el mismo razonamiento que había utilizado el liberal Ignacio Ramírez seis décadas antes, cuando los juicios populares se propusieron por primera vez—.56 Otros autores mexicanos compartían el punto de vista de Moheno acerca de las jerarquías sociales, una visión fuertemente marcada por preconcepciones raciales, así como su rechazo conservador de la Revolución.57 El éxito de los discursos de Moheno probablemente orilló al gobierno a eliminar la institución en 1929.58 Si bien estas ideas no condujeron a ideologías fascistas similares a las que se estaban desarrollando en otros países, en México dejaron un legado menos abierto pero más resiliente de escepticismo generalizado hacia el sistema judicial y la policía, y de tolerancia al castigo extrajudicial.
Regresando a la práctica judicial, las posibilidades para la manipulación estaban restringidas por la ley. El jurado sólo entraba en escena como el actor principal de los procesos judiciales después de escuchar estos discursos y las instrucciones del juez. Éste le proporcionaba a los miembros del jurado las preguntas sobre las cuales tenían que votar. El cuestionario seguía un orden lógico en el que una respuesta negativa a una pregunta podía evitar que se discutiera la siguiente. Las circunstancias atenuantes y agravantes, por lo tanto, se consideraban únicamente después de que el jurado había votado acerca de la culpabilidad del sospechoso. El juez tenía que evitar términos técnicos y hacer las preguntas lo más simples posible, pero a menudo las respuestas del jurado eran ilógicas: podían presentar, por ejemplo, circunstancias agravantes después de declarar que no había tenido lugar ningún crimen. Junto con las preguntas, el jurado recibía un manual con artículos relevantes sobre los códigos procesales. El juez también les daba instrucciones con el fin de preservar la integridad del proceso de decisión. Por ejemplo, al jurado se le indicaba que debía ignorar el destino que le esperaría al sospechoso de acuerdo con su veredicto. Nadie tomaba estas órdenes muy en serio y el jurado sí tomaba en consideración el castigo cuando votaba sobre los hechos del caso. Fuera de esto, no había reglas para la deliberación del jurado. El juez sólo podía entrar a su sala de reunión para esclarecer algún punto de la ley, pero sí podía presionar al jurado a llegar a un veredicto rápido, prohibiéndoles abandonar el juzgado antes de haber votado o negándose a traerles comida, a pesar de que las sesiones se programaban por la tarde y la noche. Estas tácticas, argumentaban algunos críticos, conducían a votos evidentemente erróneos como consecuencia del agotamiento.59
El papel del jurado no se limitaba a su deliberación y su voto después de la audiencia. El jurado ofrecía una perspectiva unificadora a todo lo largo del juicio, comunicándose activamente con los otros participantes y manteniendo, no obstante los argumentos de los críticos del sistema, una competencia pareja entre las partes en la búsqueda de la verdad. La mejor descripción general de la diversidad de voces que se escuchaban en los juicios por jurado durante los años veinte proviene de las memorias de Federico Sodi, El jurado resuelve, publicadas en 1961. A diferencia de su medio hermano Demetrio, quien en 1909 escribió El jurado en México, Federico alababa la institución y su caos polifónico, y no ponía mucha atención en las cuestiones jurídicas. Los grandes discursos a cargo de abogados famosos, según Sodi, “no determinaban nunca la suerte de un procesado. Un caso se ganaba o se perdía gracias a las pruebas que se ponían a la vista de los jueces del pueblo.” Más que ser el objeto de una manipulación emocional, “el instinto del jurado le hacía distinguir la verdad de la mentira con una precisión matemática […] todo por un maravilloso fenómeno intuitivo”, de modo que su opinión ya estaba formada desde antes de las observaciones finales por parte de los abogados. Así, por ejemplo, Sodi logró obtener una absolución para la sospechosa de homicidio Bernice Rush a pesar del prejuicio en contra por su nacionalidad estadounidense y su pasado como prostituta. Al cabo de unos cuantos días, los miembros del jurado comenzaron a comprenderla a pesar de su mal español, gracias a “esos pequeños elementos fugaces, por los imponderables que sólo se captan y se transmiten de espíritu a espíritu humanos”.60
Las pruebas llegaban al jurado desde distintas perspectivas. Cuatro partes interrogaban a los sospechosos y los testigos en orden: el juez, quien por lo regular trababa de respaldar los resultados de la investigación previa; el fiscal, quien contribuía al caso esperando un veredicto de culpabilidad; los abogados defensores (a menudo un equipo que podía incluir a abogados de oficio), quienes trataban de poner en duda la acusación y, a la vez, crear una historia alternativa y, por último, los abogados que representaban a la parte civil. Estos últimos eran contratados por las víctimas o la familia de una víctima de homicidio para conseguir una compensación monetaria y defender la reputación del fallecido. Se sentaban frente a una mesa sobre una plataforma junto al juez, los fiscales y los abogados defensores; participaban en los interrogatorios y también daban un discurso de cierre. Su papel podía ser importante: en el caso de María del Pilar Moreno, el representante de la familia de la víctima fue más vehemente en la exigencia de castigo que los fiscales.61 Los representantes de la parte civil también podían contribuir al tono emocional del juicio. En un caso en el que un hombre que había matado a su esposa y al hombre con el que lo engañaba conmovió al público con sus lágrimas, los parientes del amante contrarrestaron el efecto con un abogado que había sido, en opinión de Sodi, ridículo pero efectivo: “Se decía de él, probablemente por sus malquerientes, que tenía una tarifa de honorarios de tres categorías y precios diferenciados: defensa con voz lacrimosa, defensa con sollozos y defensa con llanto corrido.”62 Todos los abogados podían trabajar, en diferentes momentos de su carrera, en cualquiera de las cuatro modalidades mencionadas arriba. Así, incluso después de las peores batallas, solían tomarse un trago junto con sus adversarios, a menudo en un bar que quedaba frente al juzgado.63
Los miembros del jurado también escuchaban otras voces durante la presentación de las pruebas. Los fiscales y los abogados defensores, según Sodi, podían ser dominantes durante los discursos, pero perder el control durante los interrogatorios. Los mejores, como Moheno, reunían información acerca de los testigos antes del juicio y los sorprendían revelando datos acerca de sus vidas y preparando el terreno para las conclusiones, una narración melodramática con personajes rigurosamente delineados. La veracidad de los testimonios también se exponía durante el careo, la confrontación cara a cara entre el sospechoso y los testigos o las víctimas. El juez exigía que ambas partes conciliaran sus testimonios y las dejaba hablar libremente, sin la intervención de los abogados. El resultado no producía muchas pruebas nuevas pero sí diálogos fascinantes aderezados de insultos, acusaciones y chismes, como en un caso que involucraba a dos esposas de una víctima de asesinato, en el que cada una cuestionaba la moralidad de la otra, u otro entre dos hombres implicados en un duelo que se resistían a admitir que la causa de la disputa era la esposa de alguien más. Los sospechosos podían, por lo demás, intervenir en las discusiones e, incluso durante el interrogatorio del fiscal, daban sus propias explicaciones y emitían sus críticas de las pruebas presentadas en su contra. Los miembros del jurado también podían hacer preguntas recurriendo al juez o, como sucedió en el caso contra Rush, hacer comentarios acerca de la precisión de la traducción de su declaración.64 Los testigos también tenían un papel activo en el proceso, más allá de sus declaraciones. Este rubro incluía todo tipo de personas intrigantes, desde un enfermo mental traído del psiquiátrico hasta un famoso detective; podían dormirse mientras esperaban su turno o permanecer involucrados activamente como parte del público.65
La más disonante de estas voces era, por supuesto, la del sospechoso. Algunos de ellos tenían una presencia tan imponente que se volvieron una suerte de celebridad. Ciertas mujeres que fueron absueltas gracias al trabajo de Federico Sodi terminaron, como él mismo temía, siendo víctimas de su propia fama repentina, pero otras adquirieron reputaciones duraderas.66 El público venía a los juzgados a ver de cerca a estos personajes fascinantes. Un español acusado de asesinato, por ejemplo, atrajo la curiosidad de todo el mundo porque su apariencia no concordaba con ninguno de los estereotipos del criminal que ofrecía la ciencia. En el famoso caso del Desierto de los Leones, la imagen de una mujer de negro, cubierta por un velo, sentada junto al cráneo del hombre al que ayudó a matar y enterrar, superaba cualquier película en términos de la puesta en escena.67 Los sospechosos manipulaban al jurado, según Sodi: “Procuran hacerse simpáticos al tribunal; buscan la manera de hacer reír a sus jueces, o bien, los conmueven con relaciones sentimentales y con infortunios fingidos”; las sospechosas alquilaban niños “para poder conmover, por medio de una maternidad fingida, al sencillo y cándido jurado”. Algunos también escondían la supuesta prueba anatómica de su propensión criminal, como las orejas grandes, los brazos largos, la piel oscura o la barba rala —como buen positivista, Sodi consideraba que estos rasgos eran pruebas objetivas de tendencias criminales.68

FIGURA 1. Boletos para el jurado. Excélsior, 29 de abril de 1928, p. 6. “ELLA: Bueno, si no hay teatros, llévame esta tarde al jurado. / ÉL: No pude conseguir entradas, mujer… / ELLA: ¡Caramba!… ¿Pues dónde nos vamos a divertir?”
La puesta en escena era muy apreciada por las multitudes que asistían a los juicios por jurado. El juzgado distribuía un número limitado de boletos gratuitos, los cuales, para los casos famosos, se vendían afuera del Palacio de Justicia. La presencia física de los espectadores en la sala era perceptible; a medida que la temperatura se elevaba, los olores a sudor, alimentos, humo de cigarro y flashes podía ser sofocante. La gente chiflaba, abucheaba, lloraba, aplaudía y, en algunos casos, según Sodi, coreaba: “‘¡Absolución!’ Como las ‘porras’ de un partido de futbol.”69 Al menos en uno de los casos, examinado a continuación, los miembros del público atacaron físicamente a los sospechosos. Los que no podían entrar a la sala tenían que ser retenidos afuera por soldados, pero estos espectadores potenciales aún podían expresar su opinión desde la calle. A los abogados y los periodistas les gustaba comparar estas multitudes con los públicos que se encontraban en los teatros, en los cines baratos, los mercados callejeros o los cabarets.
En 1907, el escritor Federico Gamboa solía asistir por la mañana a los juicios por jurado para escuchar a los oradores más prometedores, antes de disfrutar de un almuerzo en el Country Club. La diversidad de públicos lo fascinaba. Gente de todos los ámbitos podía conseguir boletos y hacer sentir su presencia: desde mujeres de clase alta, burócratas de elevado rango, diplomáticos extranjeros y otra “gente decente” hasta “hampones” y todo tipo de chusma de los barrios que rodeaban la cárcel de Belem, donde estaban los juzgados de la Ciudad de México.70 Para la sensual y aburrida mujer de la caricatura de Cabral que se muestra en la figura 1, el jurado era una distracción necesaria cuando no había obras de teatro disponibles; estaba molesta porque su marido no había podido conseguirle boletos.
Para los años veinte del siglo pasado, los juicios por jurado ya tenían sus propios reporteros especializados, quienes generaron una innovadora cobertura fotográfica y narrativa. Las crónicas exhibían la intensidad dramática del escenario, la personalidad de los actores y la secuencia de los hechos, desde la escena del crimen hasta los discursos finales en la sala.71 La figura 2 captura los elementos más llamativos del caso de María del Pilar Moreno: su pequeña aunque circunspecta silueta, el apoyo de su madre, las multitudes en la calle, los rostros de los miembros del jurado, una reconstrucción del momento del disparo y los escritorios del juez, los abogados y los periodistas en la sala.72
El hecho de que los juicios por jurado fuesen un espectáculo no significa que fuesen frívolos. Las mujeres, como veremos en la próxima sección, exploraban los límites del ejercicio femenino de la violencia en defensa de la dignidad. Algunos casos se convirtieron en laboratorios vivos de la justicia y escuelas para construir el alfabetismo criminal. Los cronistas de un caso famoso en 1906 destacaron que ciertos miembros del público, entre ellos algunos estudiantes de derecho, opinaban sobre asuntos de jurisprudencia. Gamboa seguía yendo a los juicios para reunir material para sus novelas, aun si condenaba al jurado como una “imbecilidad democrática”.73 Los criminólogos observaban una variedad de personajes y situaciones criminales en un escenario que, como la cárcel, estaba inherentemente conectado con el “mundo del crimen”. Roumagnac recomendaba que aquellos que estudiasen la ciencia de la vigilancia policial asistieran a las sesiones del jurado; entre el “público que asiste a ellas […] será muy raro que no se hallen individuos del hampa y muy especialmente reincidentes”.74 El propio Roumagnac entrevistó a algunos presos, que le dijeron que asistían a los juicios no sólo para pasar el tiempo, sino también para aprender técnicas delictivas y estratagemas para evadir a los detectives. La radio, un medio que emergió a mediados de los años veinte, contribuyó a expandir el alcance de estas lecciones. Las ramificaciones políticas de los juicios por jurado, como veremos en la siguiente sección, también fueron multiplicadas por los medios y sus públicos.75

FIGURA 2. La exoneración de María del Pilar Moreno. Excelsior, 29 de abril de 1924, sec. 2, p. 1.
MARÍA DEL PILAR MORENO
El caso de María del Pilar Moreno resulta útil para entender cómo las prácticas y las discusiones relacionadas con el jurado criminal llegaron a producir narraciones perdurables. Su historia se volvió un poderoso foco de interés público en todo el país porque incorporaba varias tramas, tanto políticas como privadas. Como “tema de actualidad”, los detalles del caso circularon por todo el país de boca en boca durante varios meses. Lectores de periódicos, jueces, abogados, sospechosos, estudiantes, mujeres e incluso escritores (“todas las clases sociales”, según El Heraldo) conocían los detalles del caso y hablaban de él con emoción y conocimiento. La convergencia de un público tan diverso era consecuencia de que se trataba de una historia compleja con un significado muy rico. Las opiniones inspiradas por el asesinato y el juicio reflejaban que las concepciones en torno a la edad, el género, la privacidad y la justicia estaban cambiando de manera inesperada.76
El 10 de julio de 1922, a los 14 años de edad, María del Pilar mató al senador Francisco Tejeda Llorca fuera de su casa, en el número 48 de la calle de Tonalá, en la Ciudad de México. Dos meses antes, Tejeda Llorca había matado al padre de la pequeña, el diputado Jesús Moreno, pero había eludido una acusación criminal porque era miembro del Congreso. La acción de María del Pilar provocó inmediatas manifestaciones de apoyo y hubo celebraciones tras su absolución en abril de 1924. El resultado se debió en gran medida a la defensa de Querido Moheno, pero también ayudó a María del Pilar la propia explicación de sus motivaciones, diseminada por la prensa, un libro de sus memorias de infancia y el propio juicio. La “tragedia”, como los contemporáneos etiquetaron el caso, no habría sido tan poderosa si no hubiese tenido lugar en medio de la agitación política que en esos días asediaba al gobierno de Álvaro Obregón. La historia de María del Pilar expuso la ferocidad masculina de la política, la creciente brecha entre las instituciones judiciales y la verdadera justicia y la incertidumbre en torno al papel que debían desempeñar las mujeres en una nueva era marcada por una participación política cada vez mayor. El juicio reflejó un creciente apoyo público del uso de la violencia privada para remediar las fallas de la ley y la impunidad asociadas con la política.
Los personajes de la historia presentaban ese dilema con la severidad del melodrama. El 24 de mayo de 1922, Tejeda Llorca se encontró por casualidad con Jesús Moreno, el padre de María del Pilar, en las puertas de la Secretaría de Gobernación. Ambos estaban tratando de reunirse con el secretario Plutarco Elías Calles. Tuvieron un altercado y Tejeda Llorca, azuzado por sus amigos, que estaban sujetando a la víctima, le disparó de cerca a Moreno. Tejeda Llorca se entregó de inmediato a la policía y rindió declaración en la comisaría. Sin embargo, como diputado federal, no podía ser acusado, a menos que el Congreso lo despojara del fuero. En las semanas siguientes, María del Pilar y su madre, Ana Díaz, se reunieron con varios políticos de alto rango, incluido Calles, para pedir el arresto de Tejeda Llorca. No se podía hacer nada, les decían, debido a su inmunidad parlamentaria. Tejeda Llorca era el ejemplo de los privilegios de que gozaba una clase política de hombres violentos que parecían estar por encima de la ley. Los miembros del Congreso en particular eran objeto de desprecio, ya que el propio Congreso estaba perdiendo influencia en relación con la presidencia y como representación de la opinión pública.77 La prensa atribuyó la muerte de Moreno a la “pasión política” y las luchas electorales en el estado de Veracruz. A pesar de que ambos pertenecían al Partido Nacional Cooperatista, estaban tratando de socavar sus mutuas candidaturas para el Congreso —Moreno nuevamente para diputado y Tejeda Llorca para senador—. Los dos aseguraban tener apoyo popular, pero sabían que la bendición de Calles, el probable sucesor de Obregón, sería seguramente la que decidiría su futuro. El año siguiente, mientras tenían lugar las audiencias del juicio, una rebelión militar a favor del rival de Calles para la presidencia dentro del gabinete de Obregón, Adolfo de la Huerta, creó una seria amenaza al gobierno y magnificó las implicaciones políticas del caso. Los amigos de Jesús Moreno ahora estaban entre los delahuertistas y, durante el juicio, los abogados de María del Pilar le rindieron homenaje a algunos de los rebeldes ejecutados por el gobierno.78
Con todo, la muchacha de 14 años en el centro del caso parecía estar por encima de la política, ya que atraía la simpatía de todos los interesados en el suceso. Tras la muerte de su padre, María del Pilar reaccionó con gestos dramáticos: cuando vio su cadáver en el hospital, trató de subirse a un barandal para arrojarse a su muerte; luego abrazó el cuerpo de su padre y prometió buscar venganza. En el funeral, bajo una fuerte lluvia y frente a políticos y familiares, estalló en “gritos desgarradores” y exclamó: “¡Justicia, señor! ¡Mi padre ha sido villanamente asesinado!”79 Después de su crimen, confesó que al fin estaba en paz. Recibió flores en la comisaría, en la escuela correccional y durante el juicio; tras su absolución, salió de la sala del juzgado “pisando flores” lanzadas por la multitud que esperaba afuera del Palacio de Justicia de Belem y que detuvo el tráfico durante casi media hora.80 Gente de todo el país le escribió o la vino a ver en persona para abrazarla o besar sus manos. María del Pilar inspiraba estos sentimientos porque, después de su crimen, construyó una narrativa de su vida que exhibía su vulnerable feminidad contra la violenta disrupción de la domesticidad provocada por la política. Según sus memorias, La tragedia de mi vida (escritas con la ayuda de periodistas y publicadas en 1922, después del homicidio), a ella nunca le había dado miedo intervenir en defensa de su padre: una vez se lanzó contra los oficiales que venían a arrestarlo y en otra ocasión siguió a su madre en una larga travesía por el campo para cuidar a su padre enfermo.81
El que María del Pilar hubiese matado a Tejeda Llorca era simplemente otra demostración de su amor filial. Cuando decidió dispararle, se vistió de blanco y le ordenó a su chofer que la llevara a su iglesia favorita, la Sagrada Familia, en la colonia Roma. Su tía Otilia los acompañaba. En la calle de Tonalá, a dos cuadras de la iglesia, María del Pilar salió del coche y se acercó a Tejeda Llorca, que estaba parado en la banqueta con otros hombres. Lo tomó de la solapa y le dijo: “máteme como mató a mi padre”. Él tomó su brazo e intentó hincarla a la fuerza, pero ella logró sacar su pistola y dispararle cuatro veces. Al parecer hubo más disparos, y Manuel Zapata, un amigo de Tejeda Llorca que también había tenido que ver en la muerte de Jesús Moreno, desarmó a María del Pilar y la golpeó. Su madre llegó poco después en otro coche y la llevó a las oficinas de El Heraldo, el periódico que Jesús Moreno dirigía en el tiempo en que fue asesinado. El nuevo director del diario las acompañó a la comisaría, donde María del Pilar confesó, fue arrestada y pasó la noche en compañía de su madre.
En sus declaraciones, María del Pilar dio diferentes versiones; primero dijo que lo había hecho por venganza y luego añadió detalles que podían disminuir su responsabilidad penal. Al principio dijo que el crimen había sido premeditado y que estaba satisfecha por haber vengado a su padre; también lo hizo “por defender mi vida, por defender el honor de mi padre y por defender mi orfandad”. Pero cuando se le cuestionó acerca de los hechos del crimen, declaró que no estaba buscando a su víctima en la calle de Tonalá, que había usado su pistola porque creía que Tejeda Llorca iba a sacar la suya y que no tenía la intención de matarlo, pero que se vio obligada a jalar el gatillo por la dolorosa presión que la víctima ejerció sobre su brazo. Los testigos, sin embargo, sugirieron que todo había estado planeado; algunos habían visto, días antes del crimen, un “coche misterioso” estacionado en su calle con un hombre y dos mujeres adentro; otros declararon que vieron a un “hombre fuerte” dispararle dos veces a Tejeda Llorca mientras se tropezaba, ya herido, rumbo a su casa. La autopsia más adelante reveló que el cuerpo de Tejeda Llorca contenía una bala calibre .38, además de las balas calibre .32 de la pistola de María del Pilar. La investigación subsiguiente, sin embargo, no llevó a ningún otro arresto y las contradicciones entre las declaraciones de la acusada, las de los testigos y las pruebas físicas nunca se resolvieron.82
Los procedimientos que siguieron a la consignación de María del Pilar se enfocaron menos en los hechos que en el antagonismo entre múltiples actores. Los familiares de Tejeda Llorca demandaron a María del Pilar por 30 mil pesos, por lo que estuvieron involucrados directamente en el juicio. Más que el dinero, su objetivo era limpiar el nombre de la víctima ante la opinión pública. María del Pilar presentó el proceso como una confrontación en contra de adversarios poderosos. Cuando se le ofreció libertad bajo fianza, la rechazó, contraviniendo el consejo de su abogado y explicando que se sentía más segura en la escuela correccional. Eso implicaba que sus enemigos podían usar violencia en su contra, pero también era una manera de declarar su confianza en la justicia: más que obtener libertad sin una resolución clara, prefería esperar en prisión y dejar que el jurado decidiera su destino. El caso, sin embargo, se prolongó por casi dos años, una demora que era en sí misma una forma de castigo. María del Pilar permaneció ocho meses en la escuela, de donde salía solamente dos veces por semana para poner flores en la tumba de su padre, hasta que resultó evidente que los fiscales y el juez estaban retrasando la conclusión del juicio, y entonces se mudó de vuelta con su madre.83
El retraso le permitió a María del Pilar proponer una narración de su propia vida que abundaba en las contradicciones entre la violencia de la política y la feliz domesticidad de un hogar próspero y protector. Había estudiado con tutores privados, en el prestigioso Colegio Francés y en la Escuela Normal para Profesoras. Su padre la motivaba a aprender piano, canto y bordado, y esperaba que se volviera periodista. Le pedía a su esposa que excusara a María del Pilar de cualquier tarea doméstica que pudiese lastimar sus manos y esperaba que se vistiese bien, aunque sin ostentación. La respetabilidad de la familia estaba personificada en la casa en la que vivían en 1922. Su padre la había construido, la había llamado “María del Pilar” y había puesto las escrituras a nombre de su hija. Ella le había dicho que le gustaba la colonia Portales, un área escasamente poblada al sur de la ciudad. Los periodistas y el propio Moheno en su discurso final en el juicio describieron la casa de un modo que evocaba la dicha de la vida moderna y autosuficiente de la arquitectura estilo estadounidense y los automóviles característicos de las nuevas colonias de la Ciudad de México.84
La política, la fuente de la prosperidad que había hecho posible esta felicidad, también la amenazaba. María del Pilar y su madre a menudo le pedían a Jesús que abandonara su candidatura para el Congreso y se enfocara en el periodismo. A causa de su trabajo político había estado preso y había sido víctima de persecución, exilio, enfermedad y duelos. En los años veinte, el trabajo en el Congreso todavía implicaba riesgos considerables; en el propio recinto de la Cámara de Diputados hubo balaceras e incluso homicidios. La intriga política era probablemente la razón por la cual varios hombres enmascarados habían acechado la casa de la colonia Portales por la noche e intentado subir a la terraza de María del Pilar. Sin embargo, la forma en que María del Pilar defendió su vulnerable hogar se apartó de la feminidad que caracterizaba a las familias más respetables: disparó un pequeño rifle que había recibido como regalo, con el fin de llamar la atención hacia los intrusos. Como el rifle era demasiado endeble, su padre le dio otro que resultó demasiado pesado y luego le dio una pequeña pistola que mantenía en su buró y que terminaría utilizando para matar a Tejeda Llorca. Durante el juicio, Moheno intentó minimizar la poco femenina familiaridad de María del Pilar con las armas de fuego, ya que podía evocar criminelles passionnelles extranjeras e influir en su contra en los miembros del jurado. Pese a la estrategia de Moheno, a los admiradores masculinos de María del Pilar no les quedaba más remedio que reconocer su valiente uso de un símbolo tan viril del legado de su padre. Confiaba en que esa conexión filial le ayudaría, pues sabía que los miembros del jurado “han tenido padre o tienen hijos” y tendrían que exculparla.85
El distanciamiento más claro de María del Pilar de los roles de género y edad, no obstante, fue su conciencia del efecto de sus acciones y sus palabras en la opinión pública. Después de matar a Tejeda Llorca, le describió a los periodistas las emociones que la llevaron a cometer el crimen. Escribió una autobiografía y siguió dando entrevistas a los periódicos hasta los últimos días del juicio, siempre con énfasis en su feminidad vulnerable pero circunspecta. Por ejemplo, le aseguró a Excélsior que se sentía tranquila, a pesar “de mi temperamento femenil y nervioso”.86 Su actuación durante las audiencias ante el jurado estaba bien sintonizada para conmover al público. Lloraba varias veces durante los interrogatorios y los discursos, pero cuando llegaba el momento de testificar, ofrecía una versión clara y conmovedora de su historia. Además de narrar los acontecimientos básicos, reprobó a Calles por haber rechazado sus súplicas de que se hiciera justicia. En contraste con la imagen común de las mujeres tristes y silenciosas en los juicios criminales (que de todas maneras ella y su madre ofrecieron a los fotógrafos), ella era extrovertida, casi imponente: le pidió al juez que no expulsara de la sala al escandaloso público, invitó al auditorio a mostrar respeto hacia los fiscales y agradeció a los familiares de la víctima por abandonar su solicitud de que el asesinato de su padre se discutiera como parte del juicio. Esta última intervención provocó “una tempestad de aplausos del auditorio, profundamente conmovido”.87 Así María del Pilar pudo dotar a su acción de un claro sentido moral. No volvería a escribir, como prometió en su libro, pero sus ademanes y palabras ante el público del jurado, su autobiografía y sus fotos en la prensa crearon un paradigma del amor filial y la dignidad. Su triunfo se celebró como el triunfo de la feminidad, pero su activa defensa de la domesticidad y su reclamo de venganza parecían confundir las nociones contemporáneas sobre del uso de la violencia y las diferencias de género.
Las conclusiones de Moheno ante el jurado lograron darle una forma retórica efectiva a esta tensión entre las normas de género y el uso de la violencia en nombre de la justicia. Comenzó en un tono menor: la piedad, argumentó engañosamente el abogado, era el objetivo de un buen discurso de defensa, de modo que él profesaba la humildad. Pero luego se presentó como un hombre que había logrado defender a otras mujeres acusadas de homicidio. Es esos casos, también se había enfrentado a la hostilidad del gobierno, que lo caracterizaba “como el abanderado de la reacción”, cuyos triunfos eran “un peligro nacional”. Le recordó a los miembros del jurado y al público que estaba trabajando de manera gratuita, después de haber rechazado un anticipo de los familiares de Tejeda Llorca.88 La presencia de Moheno dominaba el escenario y contrastaba con la imagen de María del Pilar; sudoroso y corpulento, en algún momento pidió una pausa, explicando que estaba muy cansado.
En la parte principal del discurso, presentó la decisión del jurado en términos de las implicaciones morales del crimen, más que de los hechos. Pintó una escena idealizada de la dicha doméstica de los Moreno en la casa de la colonia Portales y la comparó con las “lobregueses de la sórdida vivienda de dos piezas en horrendo patio de vecindad” adonde la acusada y su madre habían tenido que mudarse tras la muerte de su padre. Ahora María tenía que hacer trabajo doméstico.89 Tal infortunio era consecuencia, explicó Moheno a un público con lágrimas en los ojos, de “la política baja, sangrienta y suicida nuestra”.90 La estrategia se calculó para orientar el razonamiento de los miembros del jurado hacia factores que eran a la vez más grandes que el crimen en cuestión, pero igualmente cargados de emociones. El verdadero crimen, manifestó Moheno, había sido el fraude electoral que le había dado a Tejeda Llorca una silla en el Senado, lo cual le había permitido mantener su impunidad después de haber cometido un asesinato. Siguiendo al pie de la letra las ideas de Le Bon acerca de las masas, Moheno incentivó la intervención del público de la sala y, más en general, de la opinión pública; citó sus propios libros, sus columnas y entrevistas en los periódicos. También trató de incitar a los miembros del jurado a la acción, como dictaba la retórica clásica, mediante la calidez y la pasión de las emociones. Sus herramientas en éste y otros discursos eran pocas pero efectivas: la repetición de “grandes ideas” y metáforas, referencias constantes a la religión, la mitología, la historia nacional y la literatura; ataques a los testigos de cargo, representaciones del sufrimiento de la acusada y patéticos llamados al perdón. El clímax, sin embargo, fue una justificación de la venganza violenta que demostraba poca piedad hacia la víctima. Moheno exhortaba al jurado a hacer justicia por mano propia, como lo había hecho María del Pilar, y a absolverla, votando con su conciencia aunque ello significara ignorar la letra de la ley. Le aplaudieron durante varios minutos y hasta el juez lo felicitó por la belleza de su discurso. Tras el veredicto, el público se lo llevó de la sala cargado en hombros.91
La resolución del juicio de María del Pilar fue un ejemplo emblemático de la forma en que los juicios por jurado se habían convertido en un lugar donde los roles de género podían discutirse abiertamente y, en cierta medida, transformarse. Su caso y otros más durante los años veinte crearon un espacio prominente para que la población escuchara historias en las que las mujeres y la violencia aparecían juntas. Eran narraciones fascinantes, lo suficientemente complejas como para hacer posibles distintas interpretaciones, y todas compartían una fuerte protagonista femenina. Con las palabras y las imágenes producidas en las salas de los juzgados, estas mujeres explicaban cómo habían utilizado la violencia para defender su honor y su integridad física. Las absoluciones que muchas de ellas consiguieron, como en el caso de María del Pilar, demostraban que los jurados estaban dispuestos a votar a favor de las acusadas incluso cuando ese voto contradijese la interpretación estricta de la ley.
Sin embargo, sería un error concluir que estos casos fueron parte de un proceso de empoderamiento femenino mediante usos socialmente legítimos de la violencia. Después de todo, el sistema que le otorgaba a estas asesinas una voz pública e impunidad estaba completamente controlado por hombres. Como resultado, las emociones que los abogados removían entre los miembros del jurado no estaban asociadas con la igualdad de género, sino que más bien estos sentimientos podían llevar a los miembros del jurado a interpretar las acciones de las sospechosas como una súplica de mujeres débiles en busca de ayuda masculina. La defensa de Moheno de María del Pilar invocó roles de género patriarcales y representó su historia como una tragedia en la que las funciones de hija y esposa habían sido cuestionadas por factores externos (concretamente, la política mexicana), arguyendo de paso que tenían que regresar a su equilibrio adecuado mediante una fuerza compensatoria, es decir, el sistema de jurados. Así, cuando los miembros del jurado y la opinión pública enfrentaban la ley escrita para promulgar su interpretación moral de la violencia, estaban protegiendo el mismo orden masculino que excluía a las mujeres de cualquier rol prominente en el sistema penal. Los casos de mujeres acusadas ante el jurado podían ser fascinantes, pero no eran un capítulo en una tendencia inequívoca hacia la igualdad de género.
Las mujeres eran primordiales en el público creado por los jurados. Excélsior mencionó que el público del juicio de María del Pilar y la multitud afuera de Belem se parecía muy poco al típico grupo de espectadores de los jurados: esta vez, las mujeres superaban en número a los hombres en la sala, donde había un gran número de personas de clase media y muchas “bellas y elegantes mujeres”.92 Estas “señoras y señoritas de la mejor sociedad” le traían flores a María del Pilar, escuchaban cada una de sus palabras, lloraban con ella, la visitaban y la abrazaban en la escuela correccional, e incluso ofrecían sus casas como cárceles sustitutas.93 El Heraldo justificó su minuciosa cobertura del caso argumentando que “La mujer mexicana nos interesa, ya sea madre, hija, esposa o hermana.”94 Esta presencia femenina en los juicios por jurado también se dio en otros casos famosos. Al escribir para El Universal acerca del público del juicio de Luis Romero Carrasco en 1929, José Pérez Moreno describió una masa ansiosa cuya “curiosidad había llegado a ser paroxística”. Mujeres mayores apuntaban sus binoculares hacia los abogados, un hombre elegante batallaba para conseguir un buen lugar y “muchas mujeres” aportaban color, ya que sus prendas creaban “manchas lila o rosa o rojas escarlata” en la sala. Pérez Moreno comparaba la escena en la sala del juzgado con la de un “salón de espectáculos”.95 Incluso los casos en los que a los hombres se les acusaba de matar a sus esposas ofrecían una oportunidad para expresar sentimientos normativamente femeninos: en 1928, el oficial del ejército Alfonso Francisco Nagore le disparó a su bella esposa y su lascivo jefe y fotógrafo. Durante el juicio, y contraviniendo el consejo de su abogado defensor, Nagore lloró abierta y largamente, como lo hacían muchas mujeres en el público.96 Es posible que a las espectadoras les hayan atraído estos juicios por algo más que las historias sórdidas, la oratoria artística o el melodrama. En las salas de los juzgados también reivindicaban su alfabetismo criminal y participaban en debates acerca del lugar y los derechos de las mujeres en la sociedad posrevolucionaria.
A los críticos les preocupaba la capacidad de estos juicios para socavar las jerarquías de género: además de los casos de Moheno, veían otros juicios famosos de los años veinte que involucraban a mujeres como un síntoma de la decadencia de la institución. Algo acerca de las presencia de las mujeres en los juzgados parecía estar cambiando de manera amenazante, empezando por la presentación de las sospechosas ante los jurados. El pasado reciente ofrecía un ejemplo opuesto del orden. En varios casos famosos durante el porfiriato, los abogados describieron a algunas de las asesinas como simples “harapos de las sociedades” que merecían piedad debido a su ignorancia, aun si también representaban los peores atributos de su sexo. Era el caso de María Villa, una prostituta que fue declarada culpable de matar a otra mujer por celos; su propio abogado la llamó “pantera terrible, que no cuentas con los recursos del claustro craneano”. Estas percepciones de las mujeres infractoras, basadas en la criminología positivista, estaban perdiendo vigencia ante nuevas actitudes.97 Para los años veinte, las mujeres que mataban parecían más complicadas e interesantes, incluso cuando los jurados las declaraban culpables. Los periódicos publicaban retratos de las sospechosas y la gente quería verlas en persona en sus juicios. Los abogados defensores le pedían a los jueces que los soldados que las custodiaban se apartaran para evitar bloquear la vista del público. Con su uso de la violencia, María del Pilar ofreció un ejemplo a seguir. Eso sugirió El Universal cuando en Torreón una niña de 13 años le disparó a un soldado que estaba acosando a su madre. Ahora los hombres se sentían en peligro por las reacciones populares instigadas por las mujeres: los amigos de Tejeda Llorca recibían amenazas anónimas y se rehusaban a asistir a las audiencias del juicio debido a que temían por su propia seguridad. Las historias personales de otras sospechosas, no sólo el hecho de que fueran mujeres, se volvió relevante para entender su necesidad de utilizar la violencia en contra de los hombres. Fue el caso de María Teresa de Landa, la primera “Miss Mexico”, quien en 1929 mató a su esposo bígamo, el general Moisés Vidal, y quien fue absuelta gracias a la defensa que de ella hizo Federico Sodi. Otro caso similar fue el de María Teresa Morfín, de 16 años, quien mató a su esposo cuando le anunció que la iba a dejar y fue absuelta en 1927. Para los críticos, su caso ilustraba perfectamente las consecuencias negativas de la laxitud de los jurados: tras su liberación, Morfín se volvió bailarina de cabaret y fue asesinada después en Ciudad Juárez.98
La experiencia de María del Pilar demostró que las mujeres, incluso las mujeres muy jóvenes como ella, ahora podían ser admiradas cuando hacían uso de la violencia. Ella, sostenía Moheno, había cometido un crimen pasional. Su comportamiento se comparaba con el de “fuertes varones dignos de reverencia”.99 Se solía aceptar que los autores de crímenes pasionales, por lo regular varones, no eran auténticos criminales —al menos no en términos de las clasificaciones somáticas y la causalidad hereditaria de la criminología positivista—, porque cometían crímenes inspirados en emociones exaltadas y ponían el honor por encima de la ley. Moheno apeló a la identificación “íntima” de los varones del jurado con la sospechosa. Les pidió que imaginaran el cadáver de su propio padre y los invitó a empatizar con el “desorden tempestuoso de todos sus sentimientos de ternura, de desesperanza y de indignada cólera”. En esas circunstancias, hacer justicia por propia mano merecía el elogio de todos.100 Las mujeres también tenían derecho a matar en casos de explotación o deshonra. Las respuestas de los varones del público al predicamento de María del Pilar se hacían eco de estos sentimientos: Federico Díaz González, por ejemplo, declaró su “respeto y veneración” por ella, que no tenía otra opción más que “hacerse justicia por sus propias manos” y cumplir con el “deber de hija amorosa”.101 Otros hombres enfatizaban la importancia de su edad y de su deber filial, y la valentía de poner su amor de “hija modelo” por encima de la ley. Algunos ofrecieron su ayuda para completar la tan viril acción: Adolfo Issasi estaba dispuesto a aportar 40 mil pesos para cubrir la fianza de la muchacha y otros ofrecieron sus propios cuerpos para tomar su lugar en la escuela correccional o en la colonia penal de las islas Marías en caso de ser necesario. Para estos hombres, María del Pilar había adquirido atributos masculinos que resultaban aún más admirables debido a su sexo: una “recia personalidad” y una “viril actitud”. Después de todo, argumentaba con cierta ironía un grupo de “obreros honrados”, había conseguido lo que ni los hombres ni las instituciones revolucionarias podían hacer: había castigado a un político.102
Este entusiasmo por las mujeres que realizaban acciones masculinas coexistía con los puntos de vista que enfatizaban roles más convencionales. María del Pilar era la encarnación de la feminidad: otras mujeres habían matado a hombres que vivían con ellas, pero ella venía de “las alturas de su lecho virginal de niña mimada” como “una virgen fuerte y justiciera” en un cuerpo pequeño.103 Tejeda Llorca ofrecía un contraste adecuado: era musculoso, adinerado e intocable, y amenazaba la pureza de la acusada. Incluso los abogados defensores de la acusada desempeñaron el papel de protectores caballerescos de mujeres indefensas. La reputación de Moheno, después de todo, se basaba en un récord perfecto en la defensa de mujeres asesinas.104 La lección moral del melodrama era tan fuerte como el grado en el que sus personajes resultaban emblemáticos de los roles de género.
Por lo tanto, no debe sorprender encontrarse con respuestas negativas a la acción criminal de las mujeres en los mismos lugares y a veces por parte de los mismos actores que habían elogiado la actuación de María del Pilar. En múltiples casos en los que los hombres asesinaban a mujeres por cuestiones de celos, los abogados justificaban el homicidio como una reacción natural en contra de la libertad que las mujeres estaban obteniendo. En un discurso de 1925 en defensa de un diputado que había matado a otro miembro del Congreso que lo había acusado de ser de “sexo dudoso”, el también diputado agrarista Antonio Díaz Soto y Gama sostuvo que el asesinato era una obligación en esas situaciones. “Si [el diputado Macip] no lo hacía, las mujeres se van a volver más terribles contra los hombres, como las prostitutas que defiende Moheno.”105 Díaz Soto y Gama advirtió acerca de los desafíos a las jerarquías sexuales que casos como ése parecían alentar: “La mujer mexicana se está convirtiendo en una mujer criminal, bravía, peor que aquellas mujeres que se nos contaba de España, que llevan la navaja debajo de la media. Ya nuestras mujeres ya casi no son mujeres; es para dar miedo quizás.”106 El asesinato de Tejeda Llorca por parte de una joven y débil mujer ofrecía un ejemplo gráfico del desorden de género. Las transcripciones de su autopsia en la prensa presentaban gráficamente el cuerpo del político expuesto y vulnerable: una de las balas, según los médicos, había salido a través de su pene. La violencia contra las mujeres podía, por lo tanto, ser justificada como una manera de restablecer el equilibrio. Mientras se desarrollaba el juicio de María del Pilar, muchos otros casos de hombres que mataban en defensa de su honor terminaban en su absolución o el retiro prematuro de los cargos. Esto se debía a la orden del procurador general del Distrito Federal para que los fiscales facilitaran la liberación de los hombres acusados de asesinato en esas circunstancias. En un juicio posterior, Moheno, a quien nunca le preocuparon las contradicciones, le pidió al jurado que absolviera a un hombre que había matado por motivo de celos.107
En este contexto, el fin del sistema de jurados en México puede interpretarse como un esfuerzo por mantener el monopolio masculino de la justicia. Los últimos tres casos notables que llegaron al jurado antes de su abolición en 1929 involucraban a mujeres que habían matado a varones. Los juzgados en adelante se volvieron espacios aún más dominados por hombres, en los que las mujeres estaban perdiendo hasta la más mínima protección. Preservar un rol limitado para las mujeres en la vida nacional era a todas luces el objetivo generalizado cuando el Congreso Constituyente de 1916-1917 debatió los derechos al voto: las asambleas y las masas no eran racionales, sostenían los diputados, sino que gobernaban por “sentimentalismo”, la influencia de “idealistas[,] soñadores” y el clero. De modo que decidieron no aprobar una propuesta para otorgar el derecho al voto a las mujeres.108 En contraste, durante los años veinte, el gobierno vio la intervención del Estado en el ámbito doméstico como una herramienta clave para la reconstrucción social y económica. Esto significó una mayor preocupación por la niñez y un renovado énfasis en las responsabilidades domésticas de las mujeres. El movimiento a favor del sufragio fracasó en el esfuerzo por capitalizar la movilización de las mujeres durante los años veinte y treinta, y no logró una reforma constitucional pese a los intentos del gobierno solidario de Lázaro Cárdenas (1934-1940).109 Pero puede que ésa no sea la manera correcta de abordar esta historia particular. María del Pilar Moreno personificó un estilo valiente de feminidad, pero a la vez era un ejemplo de la domesticidad perturbada por la política. Tras su momento de fama, parece haberse apartado por completo de la vida pública. Su juicio movilizó las emociones como un elemento legítimo de la vida pública, cultivó nuevos públicos que incluían a mujeres y reconfiguró los vínculos entre la verdad y la justicia de una manera que, al menos por un muy breve lapso, cuestionó el poder del Estado.
TORAL, CONCHITA Y EL DESCENSO HACIA LA OPACIDAD
Un ejemplo de un desafío similar al poder del Estado puede encontrarse en el caso más importante jamás dirimido ante un jurado en México. El 17 de julio de 1928, el presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado por José de León Toral en un restaurante del barrio de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México. El asesinato sucedió en un momento de gran tensión entre la élite política, marcado por amenazas de rebelión militar, una guerra religiosa que se propagaba en algunos estados del occidente del país y confrontaciones entre los obregonistas y los grupos políticos que se identificaban más con el presidente Plutarco Elías Calles. Era tal la complejidad de la situación, que aquellos que vieron a Toral dispararle a Obregón se abstuvieron de matar al asesino para saber quién lo había mandado. Un grupo de políticos confrontó a Calles en las siguientes horas y le dijo que la opinión pública estaba culpando a Luis N. Morones, líder del Partido Laborista Mexicano, leal al presidente y enemigo abierto de Obregón; le dijeron, según la autobiografía de Emilio Portes Gil, que la gente no confiaba en el actual jefe de la policía y exigía que el general Antonio Ríos Zertuche, conocido obregonista, se pusiera a cargo del Departamento y la investigación.110 Calles pronto se dio cuenta de que el liderazgo caudillista heredado de la Revolución y personificado por Obregón tenía que ser reemplazado por un sistema más estable. En los meses que siguieron, negoció el fin de la guerra civil con la jerarquía eclesiástica, dejó de lado la idea de su propia reelección, se aseguró de que Portes Gil fuese nombrado presidente interino y fundó un partido oficial. También maniobró políticamente para mantener una influencia preeminente durante los siguientes seis años.
A Calles no le quedó más remedio que acceder a las demandas de los hombres que lo confrontaron tras el asesinato: se dio cuenta de que su posición era débil y de que él mismo no sabía lo que había sucedido. Si bien no podía sacrificar a Morones de inmediato, porque hacerlo habría sido una señal de debilidad, como le explicó a Portes Gil, Calles se aseguró de que la verdad del caso saliera a la luz. Él mismo interrogó a Toral poco después del asesinato, pero no pudo extraer nada de él; el asesino se rehusó a hablar, salvo para decir que estaba haciendo el trabajo de dios. A pesar de que la investigación en sí no se apartó de las prácticas comunes de la policía mexicana, las consecuencias políticas y jurídicas del juicio fueron inesperadas. Entre los agentes que trabajaron con Ríos Zertuche estaba el famoso detective Valente Quintana (del que se hablará en el capítulo 3), a quien se le pidió que regresara de la práctica privada para sumarse al esfuerzo, así como otros hombres cercanos a la víctima, entre ellos el vengativo coronel Ricardo Topete, que había visto a Toral actuar de manera sospechosa en el restaurante, pero que no logró evitar que le disparara a su jefe. Torturaron a Toral y amenazaron a su familia durante varios días antes de que se decidiera a hablar, revelara su verdadero nombre y llevara a Quintana y a Topete a detener a Concepción Acevedo de la Llata, la “madre Conchita”, una monja que también sería acusada del asesinato. Al cabo de unos días emergió una explicación: Toral era un fanático religioso que había decidido matar a Obregón para detener la persecución de católicos por parte del Estado. Se arrestó también a las personas que habían influido en él y le habían ayudado, pero los hallazgos no condujeron con claridad a ningún otro autor intelectual, más allá de Acevedo. Se trataba de una religiosa de espíritu independiente que había alojado a Toral y a otros personajes de la resistencia católica urbana en un convento ilegal, donde vivía con otras monjas desde que tuvieron que desalojar su morada original a raíz de un decreto gubernamental.
La acusación en contra de Toral era parte de los esfuerzos de Calles para fomentar la institucionalización del régimen. Descubrir las verdaderas motivaciones detrás del crimen mediante un proceso judicial regular debía restablecer cierta sensación de normalidad de cara a una serie de circunstancias más bien extraordinarias. Como consecuencia, la policía no ejecutó a Toral inmediatamente después de su crimen, como lo había hecho con otros católicos sospechosos de atentar contra Obregón el año anterior. En noviembre de 1927, días después de que se lanzara una bomba al auto del caudillo de camino a una corrida de toros, un pelotón de fusilamiento le disparó a cuatro hombres, sin que mediara juicio, en el cuartel central de la policía. A pesar de que las pruebas en contra de algunos de ellos eran poco convincentes, Calles ordenó una ejecución rápida que sirviera de lección para los cristeros. El suceso se fotografió cuidadosamente pero, en lugar de infundir miedo, las imágenes se volvieron parte de la devoción popular a una de las víctimas, el jesuita Miguel Agustín Pro.111 A su funeral asistieron decenas de miles de personas y, a ojos del pueblo, su sacrificio se volvió un ejemplo de los abusos del régimen.
Un año después, el contexto político y la creciente fuerza de la resistencia católica obligaron a Calles a probar un nuevo enfoque. Un juez le concedió a Toral un amparo después de su arresto para prevenir su ejecución y fue consignado, interrogado por un juez y juzgado de manera adecuada, junto con Acevedo, ante un jurado popular, al igual que otros criminales comunes. Tratar el crimen como un homicidio común era fundamental para la estrategia del gobierno. El objetivo era proyectar una imagen de paz y progreso para la opinión pública del país y del resto del mundo. Las audiencias tuvieron lugar en el cabildo de San Ángel, no lejos del lugar del asesinato, en la sala de reuniones del ayuntamiento. Se eligió para el jurado a nueve residentes locales de origen humilde. Toral y Acevedo estaban representados por buenos abogados: el más importante de ellos era Demetrio Sodi, el crítico porfirista del jurado, ya una figura reconocida en el gremio. Como Toral había confesado y había decidido no alegar demencia, Sodi se enfocó en evitar su ejecución, invocando el artículo 22 de la Constitución, que prohibía la pena de muerte por crímenes políticos. La fiscalía ignoró la protección constitucional siguiendo de cerca la definición en el código penal de asesinato con circunstancias agravantes. El procurador de justicia del Distrito Federal, Juan Correa Nieto, en función de fiscal, no previó ningún problema, ya que el crimen había sido condenado casi universalmente. El marco judicial era sólo un espacio para que la sociedad canalizara la “indignación justa” de la nación. Incluso la jerarquía de la iglesia católica se distanció de Toral y Acevedo, ya que le urgía resolver su conflicto con el gobierno y controlar una rebelión religiosa que estaba rebasando su propia autoridad.112
Sin embargo, como en otros juicios por jurado de la época, las cosas se le salieron de control al gobierno. Si bien no cabía la menor duda de la culpabilidad de Toral, el juicio hipnotizó a la nación y refrescó la memoria de los juicios a otros criminales famosos. Con su trasfondo político y religioso, atrajo demasiada atención. Según Excélsior, el nivel de interés sólo podía compararse con el que recibió el juicio de Maximiliano en 1867, otro caso en el que un régimen liberal ejecutaba a un enemigo conservador. Como sucedió con la ejecución de Pro, un acto que buscaba servir de propaganda terminaría por manchar aún más al gobierno. La cobertura de los medios fue vasta. Los procesos judiciales en la sala de sesiones de San Ángel fueron transmitidos por la cadena de radio de la Secretaría de Educación Pública en todo el país.113 Una cámara de cine filmó a los sospechosos. Se puso una mesa especial para los numerosos reporteros y fotógrafos de la prensa nacional e internacional. Excélsior prometió ofrecer “la más estupenda, al par que la más verídica e imparcial información que jamás haya publicado órgano alguno de la prensa nacional”, y el periódico desplegó a fotógrafos, al famoso caricaturista Ernesto García Cabral, al escritor Rafael Heliodoro Valle y a varios reporteros. También le pagó a estenógrafos para que escribieran cada palabra pronunciada durante el juicio. Querido Moheno escribió comentarios y observaciones, y M. de Espinosa Tagle escribió una columna titulada “Lo que opina una mujer sobre el jurado”.114
Durante los primeros días del juicio, que empezó el 2 de noviembre de 1928, Excélsior le dedicó varias páginas, al menos dos de ellas con grandes composiciones fotográficas que mostraban a los “personajes centrales” del drama, las multitudes dentro y fuera del ayuntamiento de San Ángel, el arma que se usó en el crimen y el dibujo de Obregón que Toral había usado como excusa para acercarse a su víctima. Los lectores estaban absortos con cada uno de los detalles del proceso. Breves entrevistas con los actores principales ofrecían una sensación de proximidad con los sucesos, la cual se complementaba con el uso de retratos fotográficos o dibujados. Después de que se sortearon los nombres de los miembros del jurado, un reportero encontró sus direcciones en San Ángel, los entrevistó y les tomó fotos. Varios de ellos eran trabajadores de la industria textil, un par eran dueños de pulquerías y todos respondieron a las preguntas del reportero acerca del jurado como institución y sus expectativas del caso. J. Cruz Licea, un empleado de una fábrica cercana, declaró que no daría opinión alguna hasta que le mostraran las pruebas y pudiera “resolver conforme a mi conciencia”, sin influencia externa de ningún tipo.115 Los reporteros registraron cuidadosamente los gestos y las reacciones de juez, miembros del jurado, abogados, testigos y sospechosos, y los columnistas escribieron sus “observaciones psicológicas”. García Cabral le mostraba sus dibujos a Toral, que también era artista, y el sospechoso hacía gestos de aprobación. Acevedo le pedía a los fotógrafos que la retrataran con Toral y el fiscal Correa Nieto fuera de la sala de sesiones. Los periodistas extranjeros elogiaban el “color” y la “intimidad” del escenario. Excélsior recibió felicitaciones por su cobertura durante los primeros días del juicio, incluso aplausos del público afuera del juzgado. Sus tirajes se agotaron durante esos días, a pesar de que los vendedores aumentaron su precio a un peso.116
Las apelaciones de Toral y Acevedo fueron denegadas y Toral fue ejecutado el 9 de febrero de 1929. Frente al batallón de fusilamiento, gritó: “Viva Cristo Rey”, como había hecho su amigo Agustín Pro momentos antes de su muerte dos años atrás. Las balas interrumpieron la voz de Toral. Su entierro suscitó manifestaciones y disturbios, y, mientras la furia de la resistencia cristera siguió activa, continuaron los intentos de asesinato, el siguiente en contra del presidente Portes Gil el mismo día de la ejecución. En lugar de servir como un ejemplo de la buena administración de justicia, el juicio dejó un legado duradero como una muestra de abuso del poder, una mancha en la legitimidad del sistema de justicia.159 Toral fue recordado en corridos, aunque no fue objeto de culto póstumo como Miguel Agustín Pro. Décadas más tarde, Jorge Ibargüengoitia y Vicente Leñero utilizaron los registros del juicio en sendas obras de teatro para reflexionar acerca del autoritarismo que se estableció en esa época, en forma de un régimen para el cual las palabras no tenían ningún significado de cara al poder. Escrita en 1962, El atentado de Ibargüengoitia retoma el juicio de 1928 como el clímax de una comedia histórica que se burla del discurso de justicia del régimen posrevolucionario. Todos los actores asumen que hubo una conspiración en la que estaban involucrados la abadesa y Pepe para matar al presidente electo Borges, y ven el juicio como un mero escenario teatral para una sentencia predeterminada.160 La obra de Leñero, El juicio, consiste en fragmentos de transcripciones del juicio de 1928. Por medio de la voz de sospechosos, abogados y testigos, la historia se presenta en toda su ambivalencia ominosa. Toral, Acevedo y otros hombres y mujeres acusados de conspirar en contra de Obregón y Calles alegan que la violencia es un derecho que pueden ejercer en defensa de su religión; los investigadores del gobierno utilizan la tortura como un elemento normal de su labor; los fiscales construyen su caso en términos de realpolitik. Las voces amenazantes que irrumpieron en la sala del juzgado el 5 de noviembre permanecen, en la obra de Leñero, anónimas y en la oscuridad: su poder, al igual que la verdad acerca del crimen, es irrefutable. La obra se montó por primera vez en 1971, cuando el público podía conectar fácilmente la opacidad que rodeaba la historia del juicio de Toral con el autoritarismo violento del régimen contemporáneo del PRI.161 Ambas obras reflejan otra lección histórica de la sala de sesiones de San Ángel en noviembre de 1928: ya sea como tragedia o como farsa, el juicio por jurado de Toral y Acevedo fue un episodio lleno de ambigüedades, sórdido, que tuvo muy poco que ver con la justicia.
CONCLUSIONES
Los mexicanos educados siempre vieron el jurado criminal con malos ojos. Su desconfianza articulaba ideas porfirianas acerca de la incapacidad de los mexicanos comunes y corrientes para dar forma a la democracia, así como su falta de integridad. Federico Gamboa se salía de sus casillas: “¡Qué errores tan hondos son, a mi juicio, el famoso jurado y el no menos famoso sufragio universal!”162 Incluso Querido Moheno, que le debía a los juicios por jurado cualquier dosis de buena reputación que le quedara después de la Revolución, declaró que los jurados estaban en manos de gente inferior a la que sólo le interesaba el dinero. Si se tomaba al jurado como “índice del sentimiento colectivo en materia de moral”, razonaba El Universal, entonces “tenemos que lamentar un tremebundo descenso en el nivel ético de la sociedad mexicana”.163 Estos puntos de vista se basaban en gran medida en el melodrama y la retórica que parecía dominar los casos más famosos. Los sospechosos inevitablemente se convertían en los personajes principales, pero otros actores —víctimas, testigos, abogados, jueces y periodistas— también desempeñaban sus papeles como personajes con un claro, aunque no siempre positivo, valor moral; los jurados y los públicos constituían una especie de coro que juzgaba la historia que se desarrollaba ante ellos por su valor estético y moral. Los intercambios entre todos estos actores eran emocionalmente intensos y el escenario estaba cargado de ecos de otras historias. El melodrama, en otras palabras, ofrecía una serie de papeles y una estructura narrativa que tanto los actores como el público adoptaban. Incluso los críticos compartían un criterio estético: el jurado representaba “una teatralidad de baja estofa” en la que el problema no era tanto la estructura dramática, sino la mala calidad de las actuaciones y el guión.164
Sin embargo, el histrionismo de algunos abogados conservadores y la violenta feminidad de algunas sospechosas notables eran únicamente la parte más visible del proceso. El variado reparto de personajes y los caprichos de los miembros del jurado que utilizaban sus votos para absolver socavaron el control de la profesión jurídica sobre la justicia. Voces sin experiencia podían cuestionar al gobierno y a los expertos en la esfera pública. La diversidad de actores involucrados en los juicios por jurado era el rasgo característico de la influencia de la institución en la vida pública y la fuente principal de la exasperación de sus enemigos. Quizás el más prominente de estos actores, y la causa de la ansiedad de los analistas, era un puñado de mujeres que habían sido catapultadas al centro de la vida pública precisamente por sus crímenes. Habían recurrido a la violencia para defender su honor, su familia o su religión, y no tenían empacho en contar su historia una vez que se sentaban en el banquillo de los acusados. El prominente lugar que ocuparon brevemente gracias a estos juicios cuestionaba las ideas patriarcales acerca del silencio de las mujeres y la domesticidad que les correspondía. Sin embargo, en su esfuerzo por evitar su condena, tuvieron que adoptar los aspectos menos amenazantes de la feminidad moderna. Los usos sociales de la ley, en otras palabras, podían cuestionar las convenciones, o bien apuntalar el conservadurismo. Desde la perspectiva actual, leer estos juicios como simples melodramas, espectáculos con un reparto limitado de personajes contrastantes, impide comprender la magnitud de aquellos usos sociales de la ley.
A lo largo de seis décadas, la trayectoria del jurado en la Ciudad de México reflejó una profunda transformación de las nociones acerca de la justicia. La institución vio la luz muy poco después de una época de lucha civil y los partidarios del jurado esperaban que fomentara la transparencia en el proceso judicial. Mientras que esta creencia básica persistió en los años siguientes, en realidad el efecto de los jurados criminales fue más bien difuso, borroso en cuanto a los detalles y a menudo moralmente ambiguo. En los años veinte, después de otra guerra civil, la institución alcanzó su mayor influencia en la esfera pública. Pero a ojos de abogados y políticos, el jurado también parecía minar el respeto por la ley y politizar la justicia. Como ha mostrado este capítulo, no pudo haber sido de otra manera: el jurado criminal puso en práctica una idea popular de justicia anclada en el escepticismo republicano hacia el Estado. En el nivel más básico, el jurado era un bastión en contra de los abusos del gobierno porque le daba a la opinión pública un papel tangible en su gobernanza. Una premisa del alfabetismo criminal en México era que, en el tortuoso camino que lleva de la verdad a la justicia, resultaba legítimo tomar algunos atajos, aun si éstos violaban la ley. Los defectos de los juicios por jurado eran tan sólo el aspecto más visible de la descomposición general del sistema de justicia: había sospechosos, testigos y abogados con todo tipo de calidad moral, y el melodrama difícilmente podía dejar ver estas sutiles diferencias. Para los años veinte, se había generalizado la desconfianza hacia el sistema judicial entero. Luis Cabrera, un intelectual clave del carrancismo, decidió en esos años volver a la práctica jurídica porque necesitaba trabajo. Sin embargo, debido a la corrupción que veía en los juzgados, le preocupaba el “nivel moral” que, reconocía, era culpa de los propios abogados.165 Los jurados sobornables, los “milperos” descritos por los Sodi, eran sólo un síntoma de esa corrupción. Para el final de la década, el viejo escepticismo hacia el sistema judicial se estaba convirtiendo en decepción. El juicio de Toral y Acevedo fue solamente la gota que derramó el vaso.
El jurado criminal se abolió en 1929 mediante un decreto presidencial que reemplazó el código penal del Distrito Federal de 1871 con uno nuevo, marcado por una fuerte influencia positivista. El comité que redactó el nuevo código explicó que el jurado sería reemplazado por “una comisión técnica, integrada por psiquiatras, psicólogos y otros elementos científicos, que sentencie dentro del espíritu de las nuevas modalidades del derecho penal”.166 La ciencia sería capaz de entender mejor el crimen que el sentido común. Ésta había sido la opinión de los críticos porfiristas del jurado, incluido Demetrio Sodi, pero no pudo ponerse en práctica debido a la coyuntura política. La historia de Toral había revelado el daño potencial que un caso de alto perfil podía hacerle a los esfuerzos gubernamentales por controlar un cuerpo político enardecido. El municipio del Distrito Federal había sido eliminado a fines de 1928, lo cual reforzó el control de la presidencia en el gobierno de la capital. Ahora los jueces tenían un dominio absoluto sobre la investigación y la sentencia; las audiencias ya no eran eventos públicos. La opacidad que durante mucho tiempo se asoció con los procedimientos penales de rutina ahora se instaló en la parte más visible del sistema; el melodrama le cedió el paso a otras formas narrativas.167
La abolición de los juicios por jurado marcó el fin de una era. Después de 1929, los actores continuaron tomando atajos en la búsqueda de justicia: los prisioneros y las víctimas recurrieron a la intervención presidencial, los policías a la ley fuga y casi todos aceptaron que los artículos de la prensa eran fuentes más confiables para conocer la verdad que las sentencias. La intervención de la opinión pública en asuntos relacionados con los delitos y la justicia ya no tendría lugar en el marco institucional del sistema de jurados, sino en el espacio virtual de las noticias policiales, que se examinará en el siguiente capítulo. Sin embargo, ésta no era una estructura sostenible para mantener la presión sobre el sistema de justicia o sobre la policía. Un efecto paradójico de esta transformación del escepticismo en decepción fue la aceptación de la violencia extrajudicial como sustituto del castigo legal. Moheno articuló la teoría y otros la pusieron en práctica: los sentimientos del pueblo mexicano, los jurados o sus públicos, podían canalizarse como violencia e intolerancia en nombre de la justicia. Esto explica sus invocaciones llenas de admiración por el linchamiento en Estados Unidos. Esta teoría no se expresó frecuentemente como tal en los años siguientes, pero sí permaneció latente en las apologías de la ley fuga que figuraron en la prensa y la literatura tras la desaparición del sistema de jurados.
La memoria del jurado criminal mantuvo su influencia en las ideas y las representaciones del crimen y la justicia de otras maneras. Tan pronto fue abolido, periódicos y libros comenzaron a conmemorarlo con cierta nostalgia. Hubo rumores y discusiones sobre su restablecimiento, pero las resonancias negativas de sus excesos melodramáticos prevalecieron sobre cualquier argumento en su favor. Para el criminólogo Francisco Valencia Rangel, su retorno sólo habría atizado el mórbido interés por las noticias policiales que invadieron los puestos de periódico tan pronto el jurado desapareció. El jurado sobrevivió como un tropo de la cultura popular. Inspiró comedias, algunas de ellas sobre casos famosos, como el de María del Pilar Moreno, y escenas de cine satíricas, en las que el escenario creado por los juicios por jurado seguía siendo útil para hablar de un modo crítico acerca de la justicia.168 Como se verá en el siguiente capítulo, las noticias policiales asimilaron este legado, en particular la idea de la justicia como producto de la participación de múltiples actores en un sistema que era defectuoso, pero que al menos le ofrecía a la gente la oportunidad de hacerse escuchar.
2. No pisar los charcos de sangre
La nota roja y la búsqueda pública de la verdad
Las revistas y los periódicos policiacos, con sus imágenes de crímenes y criminales, sus estridentes encabezados y sus sangrientas fotografías comenzaron a ser parte importante del paisaje de la Ciudad de México desde los años veinte del siglo pasado. Se desplegaban y vendían en lugares prominentes para atraer a lectores dispuestos a escaparse unos minutos del ajetreo de la vida cotidiana. La nota roja llego a ser el género periodístico con más lectores en el país y su estilo, el más reconocible. Los encabezados utilizaban juegos de palabras, daban voz a la indignación moral y sintetizaban crímenes en términos brutalmente directos, mediante los cuales describían a las víctimas y a los delincuentes de maneras tan sardónicas como memorables: “El plomero que mató a un zapatero durante una absurda riña” o “Asesinó al compadre por reclamarle un sombrero”.1 Los voceadores gritaban los encabezados de la primera plana y los periódicos de nota roja llegaban a todos los rincones de la ciudad apenas horas después de los hechos; movían la información más rápido que cualquier otro medio de comunicación. El sospechoso del asesinato de tres mujeres en una peluquería ocurrido en 1934 fue arrestado a las 5:30 p. m. y, “A las diecinueve —alardeaba La Prensa— habíamos inundado de ejemplares con el llameante titular: ‘Capturado’ a toda la capital y sus más lejanos suburbios.”2
A finales de los años veinte, las innovaciones periodísticas en las noticias policiacas alimentaron a un público amplio y comprometido. Los relatos de casos famosos que atraían a decenas de miles de lectores fueron en un principio extensiones impresas de los dramas de gran relevancia que se dirimían en los juicios criminales por jurado, pero sobrevivieron como una forma narrativa durante décadas después de 1929. Reporteros, editores y fotógrafos desarrollaron un lenguaje efectivo para contarle historias a un público ávido y crítico. Los criminales, en particular los asesinos, también llegaban a ese público por medio de entrevistas y confesiones. Después de todo, los periodistas y los criminales eran más creíbles que los jueces o los detectives a la hora de revelar los detalles de un crimen. Con el tiempo, las autoridades, molestas por el escrutinio de la nota roja pero incapaces de restringirla, comenzaron a apropiarse de sus recursos comunicativos, usándolos en este caso para difundir su propia perspectiva. Para los años sesenta, la nota roja se había establecido prácticamente como un apoyo moralizador de la policía, con un mayor énfasis en las imágenes que en la narración y una visión aplanada de los sospechosos. En el proceso, se perdió mucho del tono crítico y comprometido que había marcado su era inicial, su edad de oro.
Los reportajes en torno a los delitos, tema central de la cobertura noticiosa, servían como contexto para difundir puntos de vista críticos sobre el Estado. Al examinar la producción de la nota roja, su contenido y sus interpretaciones del crimen de finales de los años veinte a los años cincuenta del siglo pasado, es posible recuperar un capítulo central del desarrollo de la esfera pública en México. La nota roja fue una forma de periodismo altamente política, aun si su postura es difícil de clasificar en términos ideológicos. Estas publicaciones, gracias al éxito económico que hacía posible su autonomía, podían presentar pruebas objetivas de la ineptitud y la corrupción de los funcionarios e incentivar la participación de los lectores en los asuntos de orden público. Los crímenes provocaban una condena unánime, pero también creaban personajes fascinantes y reforzaban el respaldo de la violencia extrajudicial por parte del público. Sin embargo, el papel de la nota roja no se limitaba a la moralidad; las noticias policiacas transmitían una percepción compartida de la realidad, moralmente convincente y relevante para la vida diaria: era la enciclopedia diaria del alfabetismo criminal.
El enfoque que propongo cuestiona las interpretaciones predominantes que conciben la nota roja como un género periodístico menor en función de su contenido desagradable y vulgar. Las historias del periodismo en México la pasan por alto y la mayor parte de ellas se concentran en las luchas entre los filisteos del oficio y los heroicos defensores de la prensa libre, crítica y culta, en particular a raíz del ataque del presidente Luis Echeverría a la independencia de Excélsior en 1976.3 Desde esta perspectiva, sí se admite que la nota roja elevó el número de lectores de diarios, pero no se le considera como un vehículo para la consolidación de la democracia. Dicho desdén recuerda los puntos de vista académicos con respecto a los medios de comunicación masivos de México en general, como si estuvieran desprovistos de mérito intelectual y hubieran sido cooptados por un Estado poderoso. A mediados del siglo XX, el gobierno sí ofrecía apoyo económico y acceso político a cambio de la lealtad de los grandes periódicos, al tiempo que los editores cultivaban una relación cercana con presidentes y ministros, y se abstenían de criticar la venalidad del régimen. Los reporteros de la nota roja eran cercanos a la policía, de modo que se convirtieron en el ejemplo más vil de la pobreza ética del periodismo. Este tipo de conclusión es efecto de un achatamiento de la perspectiva histórica: para los años sesenta, la asociación entre prensa y Estado en efecto había incorporado a la nota roja, que había perdido mucha de la independencia crítica que tenía.4
Los comentaristas veían la innegable popularidad de la nota roja como una patología social, más que como parte de la historia intelectual del país. Carlos Monsiváis señaló las profundas raíces del “morbo intenso sobre los crímenes”5 de los lectores mexicanos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, diversas publicaciones baratas, impresos en hojas sueltas y periódicos llamados “prensa de a centavo”, transmitían historias sangrientas a un amplio público semialfabetizado. Los grabados de José Guadalupe Posada se han vuelto icónicos y a menudo se describen como una versión temprana de la nota roja. Estas publicaciones eran artesanales en su factura y en el número de impresiones. A pesar de que contenían una mezcla de crímenes sangrientos y sucesos fantásticos similares a los de los tabloides de la segunda mitad del siglo XX, los estudios recientes proponen interpretar la prensa popular del siglo XIX más bien como un género satírico que amplió el número de lectores y transmitió mensajes políticos mediante un astuto uso de imágenes y de lenguaje vernáculo.6 No obstante este linaje, los puntos de vista más comunes siguen caracterizando a la nota roja como un medio semejante a la pornografía, que desde su nacimiento había apelado a un morboso sentimentalismo, o como un conjunto de historias insignificantes para evadirse de la vida diaria, que carecían de estructura o cualquier relación significativa con la realidad. Para editores como Félix Palavicini, fundador de El Universal, no tenía nada de malo reírse del dolor de los demás. Según Eduardo Téllez Vargas, decía que la sección policiaca era “la página de sociales de nuestro pueblo”. Palavicini afirmaba en broma que, cuando la gente humilde la leía, encontraba motivos para celebrar: “Fíjate que raptaron a mi ahijada y ya tenemos boda segura” o “ya mataron a mi compadre y no fuimos a su entierro…”.7 Los estudios de la nota roja se han enfocado en su contenido gráfico, lo cual ha afianzado aún más su similitud con la pornografía, ya que las fotografías de mujeres semidesnudas que ilustraban las páginas de algunas publicaciones eran cada vez más frecuentes. Para Monsiváis, el género satisface una “‘voluptuosidad’ de los acercamientos visuales a lo horripilante”, mientras que sus encabezados hacen “un saludo simbólico a la moral”. Paradójicamente, él y otros también usaron la nota roja como un archivo de ejemplos reales de la miseria, la violencia y la indiferencia hacia la vida que, desde su punto de vista, mantenía a México en un estado de retraso.8
Reconsideraciones recientes de las noticias policiacas en México les reconocen este papel culturalmente productivo, no así su valor periodístico. Los académicos y los artistas ahora identifican las conexiones entre la nota roja, el arte y la literatura, así como su influencia transformadora en el periodismo de los diarios en general. A partir de los años treinta del siglo XX, como ha señalado Ricardo Pérez Montfort, los periodistas en México “valoraban positivamente aquel mundo urbano marginal” de las ciudades y, en consecuencia, expandieron los temas de sus crónicas y reportajes.9 Poniendo de cabeza las premisas culturales de la modernidad, estos comentaristas sugieren que la sangre y la vulgaridad expresan una estética de “lo ordinario” y celebran los rasgos patológicos de la cultura urbana que el nacionalismo y las élites habían intentado sanear.10 Un ejemplo famoso, aunque seguramente apócrifo, de la poética de la nota roja era un verso de una canción del grupo de rock Botellita de Jerez: “Siguiola, atacola, golpeola, violola y matola con una pistola”.11 Los enfoques literarios que examinan los faits divers y otras formas de noticias policiacas suelen burlarse del tono casual y el sinsentido de los encabezados (“Quería divertirse y le destrozaron el rostro a botellazos”), aunque también los reconocen como inspiración de ciertos autores. El escritor José Revueltas comenzó su carrera como periodista en El Popular, donde escribía en la sección de nota roja. Otro autor, Max Aub, se inspiró en el lenguaje sintético de los encabezados de La Prensa para sus Crímenes ejemplares. “Lo maté porque me dieron veinte pesos para que lo hiciera”, se lee en uno de sus epigramas.12 Más recientemente, artistas como Teresa Margolles y el colectivo SEMEFO han recurrido a la capacidad que tiene la estética de la nota roja para conmocionar al público en performances e instalaciones, aunque suelan reproducir los mismos puntos de vista desdeñosos acerca del consumo popular del tipo de noticias que se describen arriba.13
En contraste con estos puntos de vista, las páginas siguientes evitarán incurrir en cualquier tipo de juicio normativo. Yo no defino la nota roja por la calidad vulgar de su contenido ni por su inclinación a convertir las vidas privadas en objeto de escrutinio público, como sucede en los tabloides estadounidenses.14 Lo que le daba coherencia al género en México era la forma en la que las historias se desplegaban y narraban, y la manera en la que la nota roja interactuaba con los lectores. La nota roja era la expresión periodística del antiguo interés por el crimen que inspiró a Posada y a otros cronistas populares. Para mediados del siglo XX, el género conectó ese interés con la realidad objetiva de un sistema judicial y policiaco poco fiable. Por medio de imágenes y textos, la nota roja se convirtió en el cimiento del alfabetismo criminal. A diferencia de la prensa de a centavo, su producción ya no era artesanal, sino el centro de un negocio rentable. No vendía miedo o pornografía, o por lo menos no sólo eso: le presentaba a un público de lectores críticos la realidad de violencia e impunidad que definía la vida urbana.
EL NEGOCIO DE LAS PÁGINAS POLICIACAS
Para poder entender la dimensión comercial de las noticias policiacas es necesario situarlas dentro de la historia del periodismo mexicano. El modelo del diario lucrativo dirigido a un amplio número de lectores (y no sólo al público educado de los antiguos periódicos liberales, centrados en la opinión) era El Imparcial, creado en 1896. Era un periódico con maquinaria moderna, asequible a los lectores, razonable para los anunciantes, informativo y atractivo visualmente. También satisfacía los propósitos políticos del gobierno y, a cambio, recibía un subsidio estable. En la víspera de la Revolución, la competencia política llevó a una diversificación ideológica de los periódicos, aunque la mayoría trataba de seguir el modelo de El Imparcial. Los grandes diarios que emergieron durante las fases posteriores de la guerra civil, en particular El Universal (1916) y Excélsior (1917), combinaban ciertas motivaciones políticas con el objetivo de ganar dinero. Sus directores eran muy cercanos a la élite gobernante y tenían todo para hacerse de una considerable cantidad de dinero y de capital político. El mercado hacía posible su crecimiento: los periódicos satisfacían las necesidades de propaganda de un Estado que se estaba consolidando pero también respondían a los gustos de un público de lectores cada vez más numeroso.15 Así, tras un periodo inicial de inestabilidad en cuanto a sus propietarios y de vulnerabilidad a los ataques de los actores políticos (como los que sufrió Excélsior en 1928), los años treinta se caracterizaron por la consolidación financiera y una relación más íntima con el gobierno federal. A pesar de que los académicos hoy sospechan que la protección política y los subsidios oficiales eran la clave del éxito de los periódicos nacionales, hace falta seguir investigando para determinar hasta qué punto estos periódicos podían sostenerse con sus propios ingresos de ventas y publicidad. Sabemos que la incesante competencia por los lectores era una prioridad en las salas de redacción. Las cifras de circulación diaria y los recibos por anuncios no mienten y estimularon una constante innovación tecnológica y periodística.16
Es bien sabido que, tristemente, el número de ejemplares que se imprimían y vendían es muy difícil de establecer. Hasta la Secretaría de Gobernación, a cargo de las relaciones con los medios, obtenía cifras muy divergentes sobre los principales periódicos: 120 mil al día en el caso de Excélsior según un cálculo de 1961; 20 mil en otro de 1966.17 Los editores solían exagerar las cifras y la poderosa Unión de Voceadores, que monopolizaba la distribución en las calles, también manipulaba las ventas. Información dispersa sugiere que las ventas de periódicos y revistas de nota roja eran altas, al igual que la de la edición vespertina de los periódicos más populares. En 1966, La Prensa, que dedicaba sus primeras y últimas páginas —y la mayoría de su contenido— a las noticias policiacas, vendía entre 35 mil y 70 mil ejemplares al día, aproximadamente la misma circulación que en los años cuarenta. En 1923, El Universal Gráfico vendía 20 mil ejemplares en la tarde, mientras que las ediciones matutinas de El Universal y Excélsior vendían 60 mil.18 El bajo costo de cada ejemplar era un factor clave: en 1939, cuando los administradores de La Prensa elevaron el precio en un intento por compensar las ganancias perdidas debido al aumento en los costos de producción, las ventas diarias cayeron de 70 mil a 50 mil.19 Detectives, una revista de tema policiaco fundada en 1931, aseguraba que vendía 42 720 ejemplares.20 En los años sesenta, se decía que Alarma!, la revista más popular del género, había vendido medio millón de ejemplares durante un caso famoso de homicidio múltiple en un burdel en Guanajuato.21 Puede que estas cifras no parezcan particularmente altas para una ciudad con una población de 3 137 600 de habitantes y un índice de alfabetismo de más de 80 por ciento en 1950. Sin embargo, dado el gran número de publicaciones y su rápida circulación por toda la ciudad, no debemos subestimar el efecto de los ejemplares disponibles. Un hecho era muy conocido: en palabras del escritor revolucionario y editor Martín Luis Guzmán, en “los crímenes […] estriba la circulación”.22
La presión del gobierno a los periódicos tenía lugar por medio del dinero, más que de la censura abierta. Así, tras el juicio de José de León Toral, a pesar de los llamados a recurrir a la violencia directa en contra de Excélsior, el gobierno estableció el control obligando a su dueña, Consuelo Thomalen, a vender el periódico.23 En 1935, la disputa entre el presidente Cárdenas y el “jefe máximo” Calles se desenvolvía en los periódicos y en la radio. En lugar de silenciar a los críticos, Cárdenas ofrecía entre-vistas y aprovechaba el apoyo de los sindicatos en las calles para dominar la cobertura. Consciente del nuevo peso de los medios, sentó las bases para una relación más estable entre el gobierno federal y los editores de periódicos con la creación del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), encargado de optimizar la comunicación de información oficial a los medios. Cárdenas también reemplazó a la poderosa proveedora de papel periódico, la Papelera San Rafael, con la Productora e Importadora de Papel, SA (PIPSA), una entidad estatal que monopolizó las importaciones de papel de Canadá y estableció cuotas para cada publicación.24 PIPSA le permitió al gobierno apoyarse en los periódicos concediendo préstamos o reduciendo el suministro de papel de manera selectiva. Al mismo tiempo, la compra de espacios publicitarios por parte del gobierno federal se convirtió en una importante (aunque no exclusiva) fuente de ingresos para la industria. La Unión de Voceadores fue otra herramienta del gobierno para limitar la circulación de contenido disidente; podía simplemente detener la venta de cualquier publicación cuyo contenido se considerara inapropiado. Después de que la segunda Guerra Mundial y la adopción del anticomunismo durante la Guerra Fría redujeran el espacio para el desacuerdo ideológico, la relación entre los funcionarios federales y los directores se volvió más armoniosa, a menudo gracias a los regalos y otro tipo de beneficios para estos últimos.25
Las historias de la prensa que se enfocan únicamente en el Estado tienden a poner atención en un solo tipo de lector: un hombre politizado capaz de descifrar los editoriales crípticos, las columnas firmadas y las entrevistas en la primera sección del periódico. Esta clase de historia sugiere que al gobierno sólo podía interesarle la prensa para comunicarse con un lector de ese tipo. Sin embargo, enfocarse en ese lector ideal no explica el aspecto comercial de esa historia. Los editores sabían que la clave para aumentar las ventas y los anuncios era publicar un periódico “para todos los gustos y para todas las posibilidades económicas”.26 Esto significaba adoptar múltiples estilos y temas. Las secciones plegadas por separado invitaban a diferentes tipos de lectores a leer simultáneamente el periódico. Estas secciones se ocupaban de política nacional e internacional, chismes sociales, cultura, deportes y actividad económica. Anuncios de sorteos, concursos (el recién nacido más lindo, el mejor adorno navideño, el mejor orador, la mujer más hermosa) y nuevas celebraciones (el Día de las Madres, inventado por Alducín, de Excélsior) aumentaban el número de suscriptores y las ventas en la calle. Los anuncios de marcas y clasificados se dirigían a una cultura de consumo que presentaba marcas comerciales pero también incorporaba a individuos particulares a los intercambios diarios del mercado. La diversidad de lectores y el contenido variado hacían posible que nuevas formas de compromiso crítico crecieran fuera del radar de la política convencional. La opinión del público se volvió central para las noticias y las crónicas sobre las corridas de toros y los deportes, por ejemplo.27 Pero las noticias policiacas eran las que ofrecían el terreno más vasto para abordar de manera crítica el desempeño del Estado. A pesar de los prejuicios de Palavicini acerca de los lectores de la nota roja, los buenos editores de la sección policiaca sabían que sus numerosos lectores no eran exclusivamente hombres ni de la clase trabajadora.28
Las primeras publicaciones de noticias policiacas en la forma contemporánea de la nota roja aparecieron en los años veinte. La edición vespertina de El Universal, llamada El Universal Gráfico, fue la primera de ellas, en 1922. Una edición vespertina similar, Últimas Noticias, de Excélsior, apareció en 1936. Se trataba de versiones más cortas de las ediciones matutinas, con un mayor porcentaje de noticias policiacas y deportivas, anuncios más pequeños y menos artículos políticos. Las compañías veían estas ediciones como una forma no muy costosa de aumentar sus ventas y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo la capacidad de sus carísimas máquinas importadas. Pero también eran una oportunidad de experimentar con un tono populista, imprimir más imágenes y ofrecer cobertura de temas pedestres que resultaban inadecuados para los periódicos más respetables de la mañana. Una edición típica de El Gráfico comenzaba con la muerte de un general en la portada, seguida de artículos sobre la organización de la Inspección General de Policía, falsificadores de dinero y una pieza satírica sobre una disputa entre dos mujeres. Las ediciones vespertinas también contenían artículos de opinión y cuestionamientos al gobierno. Uno de ellos, por ejemplo, respaldaba el lado falangista de la Guerra Civil española aun si la edición matutina mantenía la postura oficial de apoyo a los republicanos.29
La publicación más exitosa del género era La Prensa, el primer periódico en enfocarse en las noticias policiacas, fundado en 1928, poco después del asesinato de Obregón. Como otros periódicos de la época, tras un primer periodo de consolidación, consiguió la estabilidad en los años cuarenta. La Prensa era innovador en su forma de reportear y en el uso de la fotografía; se imprimía en huecograbado, lo cual hacía posible tirar un gran número de ejemplares y utilizar un gran número de imágenes. La mayoría de sus páginas, incluidas la portada y la contraportada, estaba dedicada a las noticias policiacas y se incluía lo mínimo indispensable de noticias internacionales, si bien había cierta flexibilidad de acuerdo con los sucesos del día.30 La Prensa con frecuencia aseguraba tener la más alta circulación en el país, así como un público diverso de lectores.
Bajo su primer director, José E. Campos, La Prensa comenzó como una compañía privada, consiguiendo fondos mediante la emisión de pagarés canjeables por espacio publicitario. No tenía, por así decirlo, problemas de autoestima: en 1929, el periódico cambió su lema a “El periódico que conquistó México en un mes”. Las ventas fueron altas desde el inicio y el diario pronto pudo reducir su precio de diez a cinco centavos.31 El éxito se debió en gran medida al jefe de redacción, Miguel Ordorica, quien le dio a La Prensa un estilo distintivo, agresivo en su reporteo y en su crítica al gobierno. Ordorica tenía fuertes filiaciones conservadoras: había trabajado para El Imparcial y era un contumaz partidario de Victoriano Huerta, el general que derrocó a Madero y lo mandó matar. Después de dejar La Prensa en 1935, se pasó a Últimas Noticias, una plataforma más estridente para sus puntos de vista. Después de que lo removieran de este periódico debido a que sus opiniones resultaban demasiado problemáticas en el contexto de la segunda Guerra Mundial, terminó consiguiendo un puesto prominente en la Cadena García Valseca, una red nacional de periódicos, primero como fundador de El Sol de Guadalajara y luego, en 1948, como director de la organización. En todos sus emprendimientos, Ordorica adoptaba posturas de derecha, las cuales le trajeron problemas a La Prensa durante la presidencia de Cárdenas, pero ya no lo afectaron políticamente ni con Manuel Ávila Camacho (1940-1946) ni con Miguel Alemán (1946-1952).32
Ordorica tuvo que dejar La Prensa en 1935 después de que las críticas del periódico a las políticas laboral y exterior de Cárdenas, así como la muerte de su fundador, Pablo Langarica, acarrearan una crisis en la compañía. La Papelera San Rafael intentó cobrar la deuda en la que había incurrido el periódico y el gobierno se rehusó a otorgarle más crédito. Los sindicatos y las organizaciones campesinas denunciaron las tendencias reaccionarias de los editores y fomentaron disputas laborales internas.33 Mientras estuvo bajo el mando temporal de la compañía papelera, le llovieron a La Prensa reclamaciones de trabajadores despedidos; la publicación se interrumpió durante cinco meses y, en ese punto, el presidente Cárdenas respaldó la creación de una cooperativa controlada por los trabajadores, para que asumieran la propiedad de la empresa en bancarrota, y autorizó una nueva línea de crédito. El arreglo, sin embargo, excluía a algunos de los periodistas que habían trabajado en La Prensa desde el principio, entre ellos Ordorica.34 La cooperativa todavía afrontaba demandas de acreedores y litigios de antiguos empleados. Algunos de estos empleados incluso trataron de publicar otro periódico con el mismo nombre.35 La dirección de la cooperativa logró aumentar su control sobre las revoltosas asambleas generales, pero no acabó con su agitada política interna. El periódico se puso del lado de Cárdenas cuando éste rompió con Calles, pero también expresó apoyo a Mussolini, Franco y la Alemania nazi antes de que México entrara a la segunda Guerra Mundial. Una columna de 1936, por ejemplo, defendía las políticas raciales de Hitler abogando por la necesidad de preservar la “civilización occidental” del “pueblo judío [que] es por todas sus cualidades un parásito”.36
A pesar de las discrepancias ideológicas, Cárdenas reconocía que el periódico llegaba a un público popular. Durante un viaje a Yucatán en 1937, le dijo a George W. Glass, el director y presidente de la cooperativa: “A mí me interesa lo que dice La Prensa, no me interesa lo que digan otros periódicos.”37 Vicente Lombardo Toledano, partidario incondicional del régimen en los años treinta y prominente antifascista, comentó preocupado que La Prensa llegaba “al hogar del obrero y del campesino”, mientras que otros periódicos no lo lograban.38 Los editores capitalizaron esta fama. En 1938, el director Luis Novaro le ofreció a Cárdenas los servicios de La Prensa como un medio para defender los logros del gobierno. Su “enorme circulación entre las clases populares”, sostenía Novaro, garantizaba que la propaganda en La Prensa rindiera mayores beneficios que aquella que se diseminaba por los canales oficiales, aludiendo quizás al diario oficial, El Nacional, fundado en 1929, que era de buena calidad pero tenía una circulación limitada.39
Sin embargo, La Prensa no necesitaba de Cárdenas para expandir su circulación ni aumentar las ventas de anuncios. El diario añadió nuevas secciones y un departamento de fotografía dirigido por Miguel V. Casasola. En 1942, Novaro explicó el éxito del periódico y el lugar único que ocupaba en la industria: “somos el principal periódico de México, pues en realidad somos el periódico genuinamente popular del país y así nos vamos sosteniendo sin mayores contratiempos”.40 A pesar de que la circulación oscilaba debido a la competencia y otros factores, el periódico pudo sortear las ocasionales malas rachas sin recurrir demasiado al apoyo del gobierno. Por ejemplo, en el mismo año en que las ventas alcanzaron niveles gravemente bajos (32 mil ejemplares), los directivos de la cooperativa aumentaron su circulación al doble, estableciendo una lotería. Pero las bases eran sólidas. En 1938, el periódico recibió 64 842 pesos de ventas directas y 44 041 de anuncios. En 1943, el ingreso total alcanzó 2 246 859, de los cuales sólo 25 por ciento provenía de la venta de anuncios. De todas estas ventas, alrededor de 17 por ciento provenía de entidades gubernamentales, incluidos los ministerios y los gobiernos estatales.41 Alrededor de la mitad de los ejemplares se vendían en la Ciudad de México y el resto en otras ciudades del país, gracias a más de mil representantes de ventas establecidos desde Texas hasta Guatemala. No obstante la salida de Novaro en 1950, el periódico continuó siendo rentable. En los años noventa fue adquirido por un grupo empresarial español y luego por la Organización Editorial Mexicana (OEM) de Mario Vázquez Raña. La Prensa mantuvo la circulación más alta después de Esto, periódico especializado en deportes.42
La cooperativa garantizaba estabilidad para los trabajadores y una buena salud financiera, pero el proceso editorial estaba estrechamente controlado por unos cuantos directores y editores que también se ocupaban de las relaciones con la clase política, como sucedía en otros periódicos privados. Así, mientras que La Prensa apoyó a Manuel Ávila Camacho durante su campaña de 1940, las tensiones surgieron cuando el hermano del nuevo presidente, Maximino, se enteró de que los editores se habían rehusado a publicar cobertura favorable de su trabajo como gobernador de Puebla y que uno de ellos en privado lo había llamado “fantoche”. El propio jefe de redacción tuvo que dar explicaciones al irascible político para evitar un daño mayor.43 Cuando el general revolucionario e historiador Vito Alessio Robles preguntó enojado por qué su última respuesta al ex secretario de Estado y magnate del azúcar Aarón Sáenz no iba a publicarse, el director George W. Glass fue franco: “Ingeniero, no podemos aceptarle sus artículos, porque el Lic. Sáenz nos ha pagado una serie de anuncios, y podría retirárnoslos.”44 Durante la presidencia de Miguel Alemán, La Prensa adoptó una actitud adulatoria hacia el mandatario, publicó una sección titulada El Mundo Católico y reprobó las protestas de los sindicatos contra el gobierno.
Sin embargo, las disputas ideológicas o personales en los más altos niveles del gobierno no bastan para explicar la diversidad de motivaciones que encontraron una salida en La Prensa. Si bien la sección editorial podía ser conservadora y progubernamental, las noticias más cortas transmitían una indignación populista que sólo podía interpretarse como crítica al gobierno. Las fuertes ventas impulsadas por las historias policiacas blindaban la sala de redacción de cualquier interferencia de la dirección y hacían posible reportear con agudeza la corrupción y la brutalidad de la policía y las autoridades locales. El periódico publicaba todos los días cartas de lectores y columnas que de manera persistente se quejaban de la forma de gobernar y de la falta de seguridad en la ciudad.45
La estructura cooperativa le otorgaba una autonomía particular a los trabajadores en su producción diaria de las “páginas de notas de sangre”. Los reporteros y los fotógrafos reunían el material en las calles y en las estaciones de policía, volvían a las oficinas del periódico, escribían sus notas y revelaban las fotografías con apenas tiempo suficiente para que los editores corrigieran el texto y escribieran los encabezados antes de cerrar la edición. La dirección intentó separar la recopilación de noticias de la escritura en 1942. Le pidió a los reporteros que pasaran la información por teléfono para que los artículos se armaran en la redacción. Pero la costumbre se impuso y los reporteros siguieron escribiendo sus propios textos, manteniendo un tono de intimidad que los lectores apreciaban. Este modo descentralizado de trabajar derivó en que hasta el artículo más pequeño reflejara el tono activista que había definido al reporteo de La Prensa desde sus comienzos. Por ejemplo, cuando una mujer fue apuñalada en 1929, el reportero concluyó su nota con escepticismo acerca de las posibilidades de que las autoridades llegaran a una resolución clara: “Este drama del hampa como muchos otros, aparece envuelto en denso velo de misterio, fracasando todas las investigaciones que se han iniciado.”46 La Prensa criticaba a la policía incansablemente, al tiempo que señalaba sus propias intervenciones decisivas en casos famosos, así como en quejas más pequeñas por parte de los lectores en contra del gobierno. El estilo agresivo del periódico definió su predominio durante la época dorada de la nota roja, de los años treinta a los sesenta.47
Ahora bien, si La Prensa era el periódico más prominente y exitoso, había otras publicaciones de nota roja en circulación que reflejaban la heterogeneidad del género. Muchas revistas, impresas principalmente en la Ciudad de México después de los años treinta, tenían un gran número de lectores. En contraste con los periódicos, sus artículos eran narraciones completas que incluían la resolución de cada caso e información de contexto acerca de los distintos actores. Alarma!, publicada en distintas versiones desde los años cincuenta, vendía cientos de miles de ejemplares.48 Era el modelo del estilo directo y dramático que muchos asocian con el género. Una historia típica podía titularse así: “¡Santa, hazte a un lado porque voy a matar a tu madrina… quítate te digo!” El zapatero Manuel Tapia Pérez le disparó a su esposa, se emborrachó y, cuando estaba entrando a la cárcel, gritó: “¡Me arrepiento porque la adoraba!”49 Las revistas integraban las imágenes en una secuencia que se hacía eco de la narración escrita. Las fotografías abarcaban desde la carnicería de la escena del crimen hasta desnudos femeninos (o “desnudos artísticos”), o alguna combinación de ambas cosas. Las portadas mostraban a mujeres voluptuosas sufriendo o instigando el crimen, al lado de pistolas humeantes y hombres de acción, aun si las imágenes no tenían conexión alguna con las historias del interior. Los contenidos de la revista no se decidían necesariamente en función del valor noticioso de un hecho. Además del crimen local, incluían artículos sobre casos famosos en el extranjero o historias gráficas acerca de la violencia durante la Revolución, en las que explotaban el abundante archivo fotográfico de cadáveres y ejecuciones capturados durante la guerra de los cristeros y las múltiples rebeliones militares de los años veinte.50 Aportaban una mirada sospechosa lo mismo sobre los crímenes comunes que sobre la historia nacional. Desde esa perspectiva, el pasado reciente no era tan distinto del presente, ya que en ambos momentos la política estaba fundada en la violencia.
Las revistas de nota roja eran más diversas a nivel ideológico que los grandes periódicos. A partir de los años cincuenta, publicaciones como Alarma y Por Qué? combinaban hechos sangrientos, desnudos femeninos y críticas implacables al gobierno. En sus páginas, los agentes de policía eran poco más que ladrones con uniforme. Las quejas en contra de los “hampones con placa” se imprimían porque, como prometían los editores de Alarma, “esta revista no tiene pelos en la lengua”.51 Sin embargo, al igual que con los periódicos, denunciar a algunos funcionarios no le impedía a las revistas ensalzar a otros. Alarma!, por ejemplo, cubrió la inepta investigación de una serie de crímenes contra homosexuales (sin reproducir el lenguaje homofóbico que generalmente primaba en la prensa, incluyendo a la propia Alarma!), en la misma edición en la cual publicaba una gran cantidad de propaganda a favor del candidato oficial para la presidencia, Luis Echeverría (1970-1976).52 A fines de los años sesenta y principios de los setenta, Por Qué? fue un ejemplo más crudo de la oposición por medio de la nota roja. Esta revista de corta vida siguió todas las convenciones visuales y periodísticas del género, pero las combinó con ataques cada vez más abiertos en contra de las tendencias autoritarias del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). A pesar de haber llegado a un acuerdo inicial, la Unión de Voceadores boicoteó la revista y su editor y sus reporteros fueron objeto de ataques del gobierno. Con todo, las ventas se mantuvieron altas, sin duda gracias a las imágenes de mujeres desnudas, cadáveres y, a diferencia de otras publicaciones del género, soldados disparando a manifestantes.53 En efecto, Por Qué? fue quizás el único medio que publicó fotografías de las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Un grupo de revistas policiacas, algunas de ellas en circulación desde los años treinta, como Detective, Detectives, Guerra al Crimen, Policía Internacional, Gaceta de Policía y Argos, adoptaron la perspectiva de las fuerzas de la ley, poniendo énfasis en su conocimiento técnico e histórico acerca del crimen y ofreciendo consejos prácticos a los detectives.54 Según los periodistas más cercanos a esta tradición, como Eduardo Téllez Vargas, para los años sesenta del siglo pasado, el resto de la nota roja había degenerado debido a la proliferación de “cuadernillos insulsos y procaces […] Hojas de papel atestadas de relatos estúpidos en los que siempre triunfa un delincuente perverso.” La distinción, según Arellano Martínez, reflejaba la diferencia entre los estilos francés y estadounidense de noticias policiacas: mientras que el primero elogiaba a los criminales con narraciones biográficas, el segundo hacía una concisa “síntesis de los sucesos de la delincuencia” con base en los archivos de la investigación policiaca.55
Sin embargo, incluso las revistas enfocadas en la policía apelaban a los intereses menos respetables de sus lectores y los resultados eran contradictorios. Por ejemplo, en una misma edición de 1959, Detectives elogiaba al regente del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, por cerrar los sórdidos centros nocturnos, al tiempo que publicaba anuncios de cabarets como Arena, Las Cavernas, Bombay o La Perla, entre otros.56 Revista de Policía publicaba “desnudos artísticos” en la portada, mientras que en el interior criticaba a la actriz María Félix y a las películas francesas por su exhibición de desnudez y actos sexuales.57 Sin embargo, no había contradicción si el lector era un hombre experimentado capaz de lidiar con el vicio y la pornografía sin perder su brújula moral. Las revistas de nota roja, menos preocupadas que los periódicos por llegar a un grupo diverso de lectores, asumían una complicidad informada con un lector ideal que disfrutaba la vida pero a la vez estaba listo para enfrentar los peligros de la ciudad. Los anuncios de cabarets, eventos deportivos y unos cuantos artículos políticos se combinaban con la promesa de respetar “estrictas normas de la ética y el profesionalismo”, en palabras de los editores de Argos. Ellos sostenían que el conocimiento que difundían tenía objetivos prácticos: era necesario conocer el crimen para poder evitarlo, por lo que ponían “a la sociedad en constante alerta por lo que hace a las actividades delictuosas de quienes operan al margen de la ley”.58 El alfabetismo criminal, en estas revistas, era un privilegio masculino en el que el realismo trascendía el moralismo recalcitrante.
Además de las revistas, el estilo de la nota roja podía encontrarse también en las secciones policiacas de los periódicos en todo el país. Casi todos los días, la sección de noticias locales tenía poco espacio para las notas policiacas y quizá ninguna afición por ellas. Los artículos debían ser más cortos por falta de espacio, pero también porque el abasto de hechos delictivos o accidentes era más limitado. Las investigaciones eran un lujo que la especulación intentaba reemplazar: un cuerpo anónimo fue encontrado en Culiacán y El Sol de esa ciudad supuso con base en sus manos que la víctima era un recolector de tomates. Con todo, las noticias policiacas podían tener efectos políticos y consolidar nuevas publicaciones. En localidades como Apizaco, Tlaxcala, la política local alcanzaba tales niveles de antagonismo y publicidad, que los periódicos partidistas utilizaban los recursos gráficos de las noticias policiacas para atacar a sus adversarios.59 Otros medios reflejaban mejor el peso de la nota roja en la vida cotidiana. El programa de radio Cuidado con el Hampa transmitió más de 115 episodios en los años cincuenta, proveyendo una especie de enciclopedia de las costumbres criminales. Cada episodio describía el modus operandi de un tipo específico de criminal en términos que aspiraban a ayudar al público a evitar el peligro. Las películas utilizaban el fervor de la nota roja y su habilidad para condensar dramáticamente la información. En una escena de Nosotros los pobres (1947), una de las películas mexicanas más populares de la época, Pedro Infante, en el papel de Pepe el Toro, sostiene un ejemplar de La Prensa que dice: “¡Yo no la maté!” Como se verá en los capítulos 6 y 7, autores como Juan Bustillo Oro y Antonio Helú escribieron historias y guiones inspirados en los periódicos. Los directores también se basaban en la nota roja para la realización de películas con temas noir y alusiones a casos famosos. Las cintas ambientadas en el submundo urbano aumentaron de tres en 1946 a cincuenta en 1950.60
Los esfuerzos del gobierno tanto por censurar como por explotar la nota roja confirman la influencia de este género. Los funcionarios utilizaron mecanismos informales para imponer una censura previa a las películas y las obras de teatro, pero ningún mecanismo de ese tipo podía usarse en contra de la prensa. El secretario de Gobernación de Cárdenas, Silvano Barba González, declaró en 1936 que los artículos sobre el crimen socavaban los objetivos de desarrollo moral descritos en el plan sexenal del presidente. Otros funcionarios abogaban por medidas generalizadas para detener la inundación de sexo, sangre y degradación.61 Barba González propuso cambios en la legislación penal para impedir por completo la publicación de la nota roja. Definió el género como
la publicación escandalosa de crímenes y delitos con toda clase de detalles respecto a circunstancias y procedimientos, así como la apología o exaltación de la personalidad del delincuente que ponga de relieve sus características físicas o mentales y que le haga aparecer ante personas sugestionables y con tendencias antisociales como sujeto digno de ser imitado o emulado.62
La idea se discutió en comités de la Cámara de Diputados dos años después, pero no se sometió a votación porque los miembros del Congreso determinaron que contradecía el artículo 7 de la Constitución, el cual garantizaba la libertad de expresión.63 En 1942, una nueva propuesta en el Congreso, que tampoco prosperó, intentaba prohibir la publicación de noticias “falseadas”.64 El presidente Alemán, preocupado por el hecho de que las mujeres y los niños leían tiras cómicas y estaban expuestos a la pornografía que a menudo las acompañaba, prohibió en 1951 la impresión y la circulación de “objetos obscenos” en cualquier medio. Esto llevó al cierre de algunas publicaciones y a acusaciones en contra de sus editores, entre ellas la revista Nota Roja, que se consideraba particularmente ofensiva por el gran tamaño de sus imágenes. Es posible que haya tenido un gran público, pues utilizaba la red de distribución de La Prensa. En 1954, con el presidente Ruiz Cortines se hicieron denuncias en contra de otros títulos.65 El argumento detrás de estos esfuerzos, que ponían énfasis en el lado negativo del alfabetismo criminal, era que la nota roja funcionaba como un manual para criminales en potencia y que su influencia en la mentes “morbosas” era tan peligrosa como estar en la cárcel.66 El Nacional eliminó su sección de noticias policiacas en 1968 por órdenes de Díaz Ordaz.67
El éxito comercial de estas publicaciones significaba que estas medidas generales difícilmente funcionarían para las publicaciones privadas y, de hecho, estas tentativas expusieron al gobierno a una crítica aún mayor. La Prensa se opuso al “cuaquerismo sentimental” con el argumento de que la buena cobertura de la prensa no siempre exaltaba a los criminales, sino que a menudo también llevaba a su captura.68 Los lectores de Querétaro, Matamoros y otras ciudades escribieron a Alarma en 1951 para pedir que les enviaran más ejemplares a sus ciudades, alentando a la revista a que “no haga caso de la propaganda de gente disque moralista […] pues muchos de nosotros los jóvenes de provincia no tenemos muchas diversiones en estos pueblos como los de la capital”.69
Intentos más discretos de contener a los periodistas se enfocaban en publicaciones y casos específicos que vinculaban noticias locales, crimen y política.70 Los jueces y las autoridades de las cárceles, por ejemplo, limitaban la cobertura de algunos casos cargados de implicaciones políticas manteniendo incomunicados a los sospechosos. Los editores protestaban ante estas medidas, pero también negociaban. La Prensa accedió a ser menos minuciosa en algunos casos y a no mostrar sangre en sus imágenes a color.71 Pero el contenido de sus reportajes era lo que más preocupaba. Los artículos acerca de pequeños errores judiciales y actos de corrupción podían ser tan preocupantes como una crítica más amplia al régimen. Esto resulta particularmente claro en el escrutinio de La Prensa por parte de las oficinas de inteligencia. Era común encontrar recortes de periódico en los expedientes sobre los movimientos de oposición reunidos por la Secretaría de Gobernación. La Dirección Federal de Seguridad (DFS), una oficina creada por Alemán en 1947 e inspirada en el FBI, vigilaba las tendencias ideológicas de los editores, tomando nota cuando publicaban un manifiesto del Partido Acción Nacional (en ese entonces un partido católico de centro), cuando denunciaban un fraude electoral o cuando se rehusaban a publicar declaraciones del Partido Comunista o de los ferrocarrileros.72 Pero los agentes de la DFS también monitoreaban asuntos que no tenían relación aparente con la política, como las actividades de dos reporteros que presionaban a las víctimas del crimen para que denunciaran la lentitud de las investigaciones policiacas. Los reporteros utilizaban el argumento (probablemente cierto) de que hacer declaraciones a la prensa ayudaría a las víctimas a conseguir justicia. Los agentes también siguieron las actividades de un corresponsal en Ixtapan de la Sal que, tras perder el soborno regular que recibía de la policía judicial del Estado de México, usaba “cualquier situación de tipo conflictivo” como pretexto para dejar mal paradas a las autoridades policiacas.73 Este espionaje un tanto aleatorio sugiere la ausencia de una estrategia única del gobierno para controlar a La Prensa. En los años sesenta, Mario Santaella, el administrador del periódico, recibía 50 mil pesos al mes de la Secretaría de Gobernación. Al mismo tiempo que los agentes de la DFS seguían al prominente columnista Manuel Buendía e incitaban conflictos dentro de la cooperativa, en las páginas del propio periódico el secretario de Gobernación Luis Echeverría publicaba de manera anónima una columna en la que difundía teorías sobre conspiraciones por parte de ambiciosos políticos y de gobiernos extranjeros detrás de los movimientos estudiantiles.74
LOS PRODUCTORES DE LA REALIDAD
Enfocarse en la censura y la cooptación no basta para entender la historia de la nota roja. El gobierno no podía hacer mucho en contra de sus eficaces formas de construir los relatos. La nota roja fue producto de una labor colectiva que le dio coherencia al género a lo largo del tiempo, entre las instituciones y las épocas políticas. Los reporteros eran fundamentales para la construcción de las historias. Entraban a la escena del crimen inmediatamente después de la policía o incluso antes que ella. El día del asesinato de León Trotsky en 1940, Eduardo Téllez Vargas de Novedades llegó a la casa en Coyoacán minutos antes que la policía porque tenía informantes en los servicios de emergencias médicas. Pudo levantar el arma homicida que utilizó Ramón Mercader para que la fotografiaran; incluso estuvo tentado, como contó en su autobiografía, a llevarse el manuscrito de un libro sobre Stalin que la víctima había estado escribiendo. Otros sucumbían a este tipo de tentación y se llevaban las pruebas. Después de todo, los reporteros estaban ahí para actuar como los ojos de los lectores: presentaban cualquier fragmento de información, por mínimo que fuera, eran testigos del interrogatorio inicial y entrevistaban a los sospechosos inmediatamente después del crimen.75 Como veremos en el capítulo 6, los periodistas eran los héroes de las novelas de detectives con mayor frecuencia que los propios detectives policiacos. Cuando bajaba la circulación, un buen reportero podía encontrar una historia —o bien inventarla— para aumentar las ventas. Para algunos de ellos, el reconocimiento podía sentar las bases de una carrera larga y exitosa. David García Salinas, por ejemplo, se inspiró en su experiencia y sus conexiones en La Prensa para escribir libros, producir programas de radio y editar publicaciones oficiales. Téllez Vargas se hizo famoso por la calidad de su trabajo para Novedades. Sin embargo, los reporteros policiacos nunca ganaban tanto dinero como algunos reporteros de la sección política, como Carlos Denegri de Excélsior.76
Los fotógrafos se volvieron más importantes en décadas posteriores. Al principio, la familia Casasola y los hermanos Mayo construyeron sus estudios vendiendo material gráfico a los periódicos, pero pronto las publicaciones comenzaron a contratar fotógrafos como empleados de tiempo completo. El reglamento interno de 1939 de La Prensa exigía que los fotógrafos pasaran a recoger sus tareas antes de las 10 a. m., volvieran con su material antes de las 6 p. m. y llamaran a las oficinas cada hora para recibir nuevos encargos a lo largo del día y de la noche. Para fines de los años sesenta, según el veterano de La Prensa Carlos Peláez Fuentes, los fotógrafos eran los que marcaban la pauta de la cobertura. Ellos notificaban a los reporteros acerca de la “información gráfica” que habían captado para que, con base en ella, pudiesen escribir un artículo, o ellos mismos reunían información cuando no se podía contactar a tiempo al reportero. Los fotógrafos, o fotorreporteros, como comenzó a llamárseles, eran a menudo los únicos representantes de los periódicos de nota roja en la escena del crimen. A su vuelta a la sala de redacción, comunicaban la información a un redactor, para que éste escribiera el texto que acompañaría la imagen.77 La mayor parte de las fotografías que traían se tomaban a la carrera, se encuadraban de manera frontal y se iluminaban con un flash directo. Dejaban poco espacio para el fondo o cualquier otro detalle, y no parecían tener ningún valor estético, al menos en comparación con la prosa a menudo florida de los reporteros y columnistas. Por ello pocos fotógrafos alcanzaron una reputación más allá de los periódicos. Entre las excepciones se cuentan Enrique Díaz y Nacho López, quienes producían “historias gráficas” o fotorreportajes, narraciones hechas a partir de una serie de imágenes de temas relacionados con el mundo del crimen y la justicia, para las revistas de interés general.78 Enrique Metinides, quien comenzó a trabajar para La Prensa desde muy joven, se dio a conocer en el medio artístico sólo después de que se retiró del periódico en 1979. Sus fotografías de gente sorprendida por la muerte o la catástrofe, ahora expuestas fuera del contexto del periódico, atraen la mirada voyerista tanto de los lectores de los años sesenta como de quienes frecuentan las galerías en esta segunda década del siglo XXI, pero si las devolvemos al contexto del periodismo, de la nota roja, podemos ver su relevancia editorial. Como ha sugerido Jesse Lerner, con López y Metinides el realismo y la espontaneidad de la fotografía criminalística se convirtió en denuncia periodística del sistema policiaco y judicial, en particular en comparación con las imágenes de archivo que ofrecían los Casasola.79
Para la mayoría anónima de los periodistas de nota roja, las condiciones no eran nada buenas. Rara vez firmaban su trabajo y se les pagaba poco. Según las cuentas internas de La Prensa, en noviembre de 1938, los reporteros y fotógrafos ganaban 300 pesos al mes, es decir, 60 pesos menos que el cajero del periódico pero lo mismo que el contador. Se les supervisaba de cerca, como a otros empleados: cada mañana, el jefe de información revisaba los periódicos del día y contaba cuántas historias importantes habían sido “ganadas” o “perdidas” ante rivales.80 La mayoría de los periodistas tenía una educación muy limitada y había conseguido su puesto tras cierta formación dentro del periódico. Si bien es posible que sus condiciones materiales hayan mejorado en el transcurso del siglo (el primer sindicato se creó en 1922 y hubo varias huelgas en toda la industria), los salarios permanecieron exiguos. Muchos reporteros tenían que arreglárselas buscando gratificaciones adicionales entre sus fuentes (en forma de pagos en efectivo, llamados “embutes”, cobrando por trabajos inexistentes, como “aviadores”), o bien recibiendo comisiones por las ventas de publicidad. Como era de esperarse, el reportero común solía tener fama de “irrespetuoso, despreocupado, indisciplinado, escéptico” y a menudo se asociaba con el vicio y la ilegalidad; los reporteros de la nota roja en particular tenían una mala reputación por su asociación cercana con la policía.81
A los reporteros no les quedaba más remedio que mantener estas relaciones. Unos cuantos detectives policiacos habían trabajado antes como periodistas mientras que, a su vez, algunos periodistas se hacían pasar por agentes de la policía para conseguir una primicia, como lo hizo Téllez Vargas para entrar al hospital donde Trotsky yacía moribundo. En la mayoría de los casos, la relación era directa. Tener contactos en la policía y los servicios de emergencia de la Cruz Roja le permitía al reportero o fotógrafo ser el primero en llegar a una escena, revisar las pruebas, entrevistar a los sospechosos, tomar objetos particularmente interesantes o arreglarlos para componer una fotografía capaz de producir una escena más elocuente, como sucedió con las botellas, los vasos, los ceniceros y la pistola que se encontraron en la casa de John Healy, donde William S. Burroughs mató accidentalmente a su esposa en 1951. Era común que los reporteros pasaran horas en las estaciones de policía esperando la próxima historia. Según el testimonio de un reportero, a principios de los años treinta, el jefe del Servicio Secreto del Distrito Federal le mostraba los casos difíciles a los periodistas que jugaban dominó en las oficinas centrales. Les pedía una “sentencia” para el sospechoso y sus agentes seguían sus consejos.82 Nunca estaba de más estar protegido por amigos en la policía. Parece que a los reporteros de la nota roja les gustaba particularmente la vida nocturna en los cabarets y otros lugares asociados con las drogas y la prostitución, el corazón del “mundo del hampa”.83 Algunos llevaban “charola” de policías y armas que les habían dado sus contactos ahí. Manuel Buendía, que comenzó su carrera en La Prensa y se volvió editor en jefe del periódico de 1960 a 1963, tenía placa y arma de fuego gracias a sus amigos en la DFS. Utilizaba la información privilegiada que le proporcionaban para su columna de Excélsior, Red Privada. Sin embargo, cuando desvió su atención hacia el narcotráfico en 1984, el arma resultó inútil y fue asesinado por miembros de la DFS.84
En la mayor pare de los casos, la relación entre los reporteros y la policía no era tan extrema. Los agentes de policía de todos los rangos tenían fuertes incentivos para mantener una conexión cercana con los periodistas, debido a que sus puestos estaban en juego; sus carreras podían verse afectadas tanto por la prensa favorable como por un “periodicazo” repentino. El inspector general de la Ciudad de México y sus subordinados directos eran designados (y podían ser destituidos) por el presidente, quien hasta 1997 también designaba al regente del Distrito Federal. Los jefes de la policía eran por lo regular miembros del ejército y no duraban mucho en su cargo. Por ello, que un “triunfo” policiaco se diera a conocer en la prensa podía ser muy valioso. Los artículos escritos por sus propias oficinas de prensa podían publicarse en los periódicos sin indicar que se trataba de anuncios pagados, pero el texto delataba sus orígenes; uno de esos artículos elogiaba la actuación heroica de los agentes frente a las multitudes peligrosas de ciertos barrios de la Ciudad de México donde “parece que a la gente le encanta ver que el policía sea víctima de cualquier desaguisado”.85 Los jefes de la policía le informaban a sus reporteros favoritos de sus planes para poner en escena un “golpe contra la delincuencia”, pero también podían pedirle a la prensa que no dijera nada acerca de sucesos que pudiesen dañar la credibilidad de la policía a ojos del público. La policía utilizaba a la prensa para condenar a los sospechosos montando imágenes en las que éste sostenía el arma, se paraba junto al botín o recreaba el crimen.86
Como representantes autodesignados del público, los periodistas podían ayudar a obtener una consignación por parte de jueces que, de otro modo, se habrían mostrado renuentes a ponerse del lado de la policía. Así como denunciaba a los policías abusivos, la nota roja externaba críticas a la debilidad y la corrupción del sistema de justicia. Sin embargo, para los reporteros había una diferencia que le daba ventaja a la policía y es que su actividad proporcionaba la materia prima para las narraciones de la nota roja, con imágenes impactantes y exclusivas, mientras que el proceso judicial resultaba menos interesante, ya que era lento, se desarrollaba en salas sin mucho drama y sin público (a partir de 1929), y bajo el control de abogados y jueces cuyo trabajo nunca era transparente. Un veredicto de culpabilidad no garantizaba el cierre de un caso, dadas las incertidumbres del sistema penitenciario. La sección titulada Cortes Penales de La Prensa ofrecía unas cuantas líneas de seguimiento a casos que los lectores podían recordar con facilidad (“los indeseables pornógrafos” o el “médico asesino”).87 Más allá de eso, se cubría poco el destino de los sospechosos tras su acusación, el momento en el que el castigo de verdad comenzaba, ya que los sospechosos a menudo esperaban su sentencia durante meses en prisiones terribles donde tenían que mezclarse con los culpables. Las sentencias también eran irrelevantes para aquellos que tenían dinero o patrocinadores poderosos. Era como si los verdaderos procesos judiciales contra el sospechoso hubiesen tenido lugar en el periódico, mientras el caso estaba bajo investigación, y el juicio oficial salía sobrando.
Los reporteros, en otras palabras, no estaban completamente subordinados al Estado. Guillermo Mellado recuerda su época como reportero en los años veinte (antes de volverse policía) como un tiempo marcado por una competencia implacable: “los reporteros policiacos sabíamos más que muchos detectives que ostentaban placas, portaban pistolones, pero que, llegado el momento, ignoraban en lo absoluto la base para hacer una investigación”. Se sentía obligado a intervenir cuando la ineptitud de la policía resultaba en un arresto arbitrario.88 Incluso en las décadas de la posguerra, cuando los directores en general adoptaron un tono acrítico hacia el gobierno, las publicaciones de nota roja continuaron cubriendo los abusos, la ineptitud y la complicidad criminal de las fuerzas policiacas en todo el país.89 Esto lo facilitaba el hecho de que numerosas oficinas de policía a menudo estaban involucradas en casos grandes, con agentes que competían en la escena del crimen y realizaban investigaciones paralelas. Los reporteros buscaban información de distintas dependencias que buscaban opacarse entre sí y los editores publicaban explicaciones rivales. Múltiples artículos acerca de un caso importante podían ser escritos por distintos autores con base en distintas fuentes. Como reconocía Téllez Vargas, para un reportero siempre era útil presentar información que pudiese contradecir la hipótesis oficial; además de satisfacer a los lectores, le ayudaba a ganarse la confianza de los sospechosos y otros informantes.90 Al ofrecer explicaciones alternas y presentar los puntos de vista de los sospechosos en forma de entrevistas, y no como parte del artículo principal, los periodistas evitaban dar la impresión de que estaban justificando el crimen.91
La compleja relación entre los reporteros, los agentes y los criminales tenía sentido a ojos de los lectores avezados. Téllez Vargas y sus colegas sabían que todo tipo de gente leía la nota roja, no porque quisiera escapar de la realidad, sino porque le ayudaba a sortear los peligros de la vida diaria en la ciudad. Esos lectores formulaban sus interpretaciones en el contexto de su propia experiencia con la policía y los sistemas judiciales. Las historias eran útiles cuando abordaban gente, situaciones y lugares peligrosos, o a agentes del Estado que victimizaban a los ciudadanos en lugar de protegerlos.92 Para estos lectores, el tono crudo o sarcástico de la nota roja no era un signo de desalmado desdén por la vida, sino, más bien, una manera de recalcar la brecha entre la justicia y la verdad acerca de un crimen.
Las noticias policiacas le ofrecían a sus lectores la versión definitiva del crimen, una parte necesaria para la vida cotidiana. Ellos le atribuían a la minuciosidad de su cobertura una cualidad casi oficial: lo que sucedía quedaba registrado ahí y viceversa. Muchas de los miles de cartas dirigidas a los presidentes mexicanos pidiendo su intervención en casos de homicidio, a menudo escritas por familiares de las víctimas, contenían recortes de periódico que documentaban tanto el crimen como la impunidad de los presuntos asesinos con una precisión y una franqueza que no figuraban en las investigaciones judiciales o policiacas. Por ejemplo, en noviembre de 1955, la viuda de Demetrio Varela, de Milpa Alta, envió al presidente Adolfo Ruiz Cortines una carta con un recorte de La Prensa. Exigía el arresto de Gregorio Silva, quien seguía libre debido a sus conexiones políticas. Incluso la policía se apoyaba en la prensa para sus investigaciones.93 Los peligros de la vida urbana (robos, suicidios, balaceras, accidentes, juergas, cadáveres encontrados o niños perdidos) se compilaban meticulosamente en la nota roja y se volvían memorables gracias al poder de las imágenes o el ingenio de los encabezados. El mismo día que La Prensa dedicó varias páginas al secuestro del hijo de Charles Lindbergh, un pequeño artículo titulado “Mató una suegra a su nuera, de disgusto” explicaba que la causa de la muerte de Maura Romero pudo haber sido un “ataque de bilis” durante una pelea con su suegra. Antes de que una autopsia pudiese determinar la causa de la muerte, María de Jesús Ramírez Romero, una mujer de edad avanzada, fue llevada a la cárcel de Belem, acusada de asesinato.94 Es probable que los lectores no consumieran muchas de estas historias en una sola sentada, sino que leyeran una o unas cuantas al día. Con el tiempo, no obstante, el efecto era poderoso: cada artículo era una observación detallada de la vida urbana que, como un collage de Polaroids de David Hockney, podía ensamblarse hasta componer una imagen grande y desordenada, pero bien enfocada.
Si entendemos la realidad como una referencia compartida por la mayoría de quienes participan en una conversación, una manera de organizar la complejidad de la vida que hace posible el acuerdo, podemos sostener que la nota roja creaba la realidad. La gente podía dudar de las promesas de los políticos, chismear acerca de los artistas o debatir sobre la pulsión competitiva de los deportistas, pero todo mundo coincidía en que se había cometido un triple asesinato en la peluquería La Flor de Oaxaca, localizada en el número 80 de la Avenida Patriotismo, la noche del 23 de abril de 1934: lo confirmaban las fotos, los informes de los testigos y un grupo de vecinos de Tacubaya afuera del lugar. Las páginas de la nota roja, aceptadas como una fiel descripción de la vida, creaban un terreno común en el que los ciudadanos podían interactuar de manera crítica con el Estado y entre sí.95 Los relativamente pocos artículos de opinión en esas secciones incluían argumentos a favor de la pena de muerte, bajo la premisa de que se necesitaba una conexión directa entre los actos y las consecuencias. Otras referencias a la política eran concretas y pragmáticas. Incluso la opinión pública era un hecho objetivo. En sus inicios, La Prensa publicaba breves sondeos acerca de lo que pensaban los “ciudadanos comunes” sobre temas de actualidad.96 La vida cotidiana de los ciudadanos comunes, su rutina y sus condiciones materiales, eran más tangibles ahí que en otro tipo de noticias. Las imágenes de accidentes de auto y ferrocarril donde las víctimas eran “gente humilde” servían como una cruda advertencia de que algo así podía pasarle a cualquiera. Percances menores (un joven aplastado por el diablito que iba empujando, la caída de una bicicleta que provocaba la muerte) eran recordatorios útiles de los peligros terrenales. Todo estaba conectado por la inacción del Estado: los reportes diarios de baches o basura en la calle aparecían junto a los anuncios de personas desaparecidas que ponían sus familiares.97
El servicio más valioso que ofrecía la nota roja era su cobertura diaria de las caras, los paraderos y los métodos de los criminales. Bajo una imagen de un tal Manuel Infante, Alarma! sugería: “Si por casualidad lo encuentra en la calle y lo invita a jugar billar, húyale porque tan sólo lo hace para esquilmarlo […] Ahora, si usted es de los ciudadanos que gustan enfrentarse a los peligros en beneficio de la gente honesta, denúncielo a la policía.”98 Las revistas y los programas policiacos de radio ponían énfasis en la utilidad social del alfabetismo criminal. El lema del programa de radio Cuidado con el Hampa era “Prevenir a la sociedad contra la delincuencia es servirla”. Cada programa describía con lujo de detalle el modus operandi de un tipo distinto de asaltante o estafador.99 Consumir esa información no era un acto de paranoia, sino una forma básica de alistarse para la vida en la ciudad. “Un estrangulador maniático anda suelto y matando! Peligro para todos!” podía sonar a una expresión de pánico, pero el artículo que le seguía contenía advertencias específicas acerca de los hoteles de mala muerte y los personajes de la noche asociados con el estrangulador.100 Las imágenes de criminales impactaban, igual que las fotos de accidentes, pero también proporcionaban información útil acerca de los peligros de la vida diaria; producían una especie de miedo metódico, quizá, pero no paranoia. En efecto, después de ver los retratos de los criminales prófugos, los lectores le escribían a las autoridades para ayudar a su captura.101
Las cartas a los editores eran parte de esta construcción de la realidad. Incluían quejas sobre contratiempos rutinarios, sobre la falta de respuesta o la deshonestidad de las autoridades. Puede que muchas de estas cartas no se hayan publicado: la sección de opinión de La Prensa le pedía a los lectores que se abstuvieran de mandar cartas, firmadas o anónimas, denunciando a enemigos personales o políticos. Columnas como Vox Populi en La Prensa registraban las demandas de los ciudadanos y la falta de respuesta de las autoridades. Para el autor anónimo de la columna, la administración adecuada de la justicia en México no era más que “un sueño”.102 Notas y artículos de opinión ahondaban en la corrupción o la ineptitud de los funcionarios de gobierno, desde los jueces hasta los policías callejeros que abusaban de sus puestos o actuaban en colusión con los criminales, pasando por la impunidad de los hombres y las mujeres acusados de crímenes. Describían a agentes de la policía que eran ladrones, asesinos, secuestradores o extorsionistas, o que golpeaban a los ciudadanos, fabricaban cargos o ganaban dinero de manera ilícita. Los artículos podían llegar a ser muy específicos acerca de los abusos y la extorsión por parte de jueces e inspectores, e incluso publicaban sus nombres para mayor vergüenza. En 1959, por ejemplo, Detectives expuso a un “influyentazo” que evadió el castigo después de matar a un inspector sanitario.103 No todas las referencias críticas a las autoridades se limitaban a descalificar; cuando se les describía en un tono benevolente, las fallas de la policía podían servir para justificar la participación de los lectores: “La policía necesita auxilio”, sostenía La Prensa cuando ofreció una recompensa para localizar a Santiago Rodríguez Silva, el asesino de Tacubaya.104
El realismo de la nota roja se definía en oposición a la banalidad de los periódicos establecidos. El lema de La Prensa era “Decir lo que otros callan”. Alardeaba de su gran número de lectores y de su habilidad para representar “toda la opinión pública de México”.105 Detective justificaba sus artículos sobre “crímenes espeluznantes” con el argumento de que todos los países civilizados necesitaban noticias policiacas y que los periódicos mexicanos se rehusaban a ofrecerla para evitar que los calificaran de “amarillos y escandalosos”.106 El lema de Alarma! era “Únicamente la verdad”. A menudo le recordaba a sus lectores el “deterioro periodístico” en el país, mientras enfatizaba que “siempre nos ha guiado la intención de hacer un periodismo limpio, útil, saneador”.107 Muchos lectores compartían estas apreciaciones: los de Nota Roja elogiaban el periódico como “la revista que más ha defendido al pueblo de México”.108 Esta habilidad para contrarrestar el silencio oficial era más notoria cuando los crímenes hacían posible que los reporteros de la nota roja penetraran en las vidas privadas de los políticos y las celebridades, revelando los vicios y la delincuencia detrás del poder.109
Los lectores avezados, a diferencia de los críticos contemporáneos, eran capaces de distinguir la búsqueda de la verdad de la nota roja de otro tipo de historias. En los años sesenta, algunas revistas comenzaron a publicar historias fantásticas. Encabezados como “Nació en Chiapas el monstruo más extraño de todos los tiempos. Los profetas antiguos, Nostradamos y la Madre Matiana lo auguraron” o “Soy agente extraterrestre. Un caso que deja boquiabierto” apelaban al humor negro de los lectores, un humor que era en sí mismo una forma de comentario crítico.110 Si bien varias de estas historias eran traducciones de tabloides estadounidenses, otras atribuían alucinaciones colectivas a la religiosidad popular mexicana. El informe de Alarma! de una niña que curaba a enfermos en Agua Dulce, Veracruz, incluía una advertencia: “Este semanario es elaborado por toda una organización periodística donde rigen los más estrictos principios de la ética profesional. Por ello, ninguna noticia se publica sin ser comprobada y aprobada por quienes dirigen nuestra revista.”111 Si se parafrasea el lenguaje hiperbólico de la nota roja, la declaración quería decir: en nuestras páginas aparecen historias increíbles junto a noticias policiacas; el lector inteligente sabe que la fantasía de las primeras no menoscaba la verdad de las segundas.
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