Kitabı oku: «En guerra con el pasado»

Portadilla

Paolo Mieli

En guerra

con el pasado

Crónicas sobre la falsificación

de la historia

Traducción de

helena aguilà ruzola

y guillermo garcía crespo

Créditos

Título original italiano: In guerra con il passato.

Autor: Paolo Mieli.

© 2016 RCS Libri S.p.A., Milán.

© 2017 Rizzoli Libri S.p.A., Milán.

© 2018 Mondadori Libri S.p.A. / Rizzoli, Milán.

© de la traducción: Helena Aguilà Ruzola y Guillermo García Crespo, 2019.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: febrero de 2019.

ref.: onfi268

isbn: 978-84-9187-329-7

fotoletra · composición

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Introducción

INTRODUCCIÓN

Declarar la guerra al pasado es algo muy habitual y, sin embargo, es la guerra más estúpida que hay. Es una forma de beligerancia no declarada, cuyo propósito es fragmentar la historia, simplificarla, desmontar su complejidad con el fin de adaptar los acontecimientos de épocas remotas a las categorías y necesidades del presente. Se trata de una operación concebida para otorgar fuerza y dignidad y abonar el terreno a las luchas del mundo actual. Una operación destinada a provocar daños incalculables, que, en primer lugar, desarma a las generaciones que deberían estar preparadas para enfrentarse a las guerras, lamentablemente no metafóricas, de hoy o de mañana.

Según Philip Jenkins, «la mejor razón para estudiar en serio la historia es que casi todo el mundo utiliza el pasado en sus discusiones cotidianas». Lo malo es que, en vez de ser objeto del tipo de estudio al que alude Jenkins, la historia es sometida a reiterados bombardeos, torsiones, manipulaciones y tergiversaciones con el fin de usarla en los debates cotidianos. Este libro se propone ser un antídoto contra dicha actitud y ofrecer vías de reflexión que nos ayuden a hacer las paces con la historia.

La guerra contra el pasado es el punto de partida. Una guerra que se produce tras descubrir que «nada es más moderno que la memoria». Pierre Nora, académico de Francia y gran amigo de François Furet, observa que hoy, si pedimos a los franceses que citen los principales libros de su literatura nacional, ya no mencionan obras de Balzac o Stendhal, sino los Ensayos de Montaigne, Las confesiones de Rousseau, las Memorias de ultratumba de Chateaubriand o En busca del tiempo perdido de Proust. Obras, todas ellas, caracterizadas por una dimensión autobiográfica y por la búsqueda constante de una memoria que habla en primera persona. Sin duda, el memorialista se ha convertido en la figura más emblemática de nuestra época. Consideramos la memoria como la única «promesa de permanencia» de la que disponemos. A través de la memoria intentamos reconciliarnos con nuestro pasado, con el mundo que hemos perdido y el rastro misterioso que conserva el secreto de nuestra identidad. En cierto sentido, la memoria «nos sitúa en el presente» y nos permite prepararnos para el futuro. En realidad, debemos enfrentarnos a nuestra incapacidad para anticipar el futuro. No sabemos identificar con precisión lo que nuestros descendientes querrán saber de nosotros para poder comprendernos. Por eso guardamos para ellos, de forma meticulosa y sin criterio, todas las huellas, todos los signos materiales que supongan un testimonio de nuestro paso por el mundo.

A consecuencia de ello, se produce un efecto de acumulación enorme y un esfuerzo de reconstrucción documental y archivística ingente, alimentados por la sensación de pérdida de un pasado que huye y por la presunta incapacidad de prever el futuro. Solo así se explican los intentos febriles de memorización que hemos desarrollado hoy en día, la hipertrofia de instrumentos e instituciones de la memoria (museos, archivos, bibliotecas, colecciones, cronologías o bases de datos…). El presente es una nueva forma de autointeligibilidad; solo nos comprendemos a través del presente, pero es un presente que enseguida se convierte en histórico. Esto es lo que dice Nora, pero ¿y la guerra? James Hillman, en Un terrible amor por la guerra, señala que la memoria oficial es corta. Las pruebas de las atrocidades se marchitan en los archivos institucionales, y, sin embargo, la memoria de la inhumanidad de la guerra no se diluye con el tiempo. Vuela con sus fantasmas. Peor aún, se proyecta en la historia entera.

¿A qué nos conduce esta guerra con el pasado? A confundir las ideas sobre el presente, esas ideas que pretendemos que nos cuadren. Alain Finkielkraut (cuyo padre, judío, sobrevivió a Auschwitz y cuya madre, judía, perdió a toda su familia en Polonia, exterminada por los nazis) señala que, cuando Marine Le Pen expulsó a su padre del Frente Nacional –partido que este había fundado en 1972– debido a sus afirmaciones negacionistas, ocurrió algo muy curioso: la izquierda atacó con más fuerza a Marine. «El odio antisemita ya no se transmitía de padre a hija, el virus se había desactivado. Sin embargo, los antifascistas, en vez de alegrarse de ello, se enfurecían y se asustaban […] Así quedó demostrado que no era el fascismo aquello que más los aterrorizaba, sino la posibilidad de que el fascismo desapareciera […] Se consideran progresistas, pero son devotos de lo inmóvil; odian lo nuevo y creen con una tenacidad férrea en el eterno retorno de las horas más oscuras de nuestra historia». Necesitan tener «un racista a quien denunciar cada semana. El antirracismo siempre sale a cazar nuevas presas».

La guerra contra el pasado provoca una gran confusión en las mentes. En abril de 2015, Vittorio Gabbanini, alcalde del Partido Demócrata del pueblo de San Miniato (Pisa), mandó retirar de la fachada del ayuntamiento las llamadas «placas de la discordia». La primera, con una frase del historiador de la literatura Luigi Russo, acusaba a los nazis de una matanza en la catedral en la que perdieron la vida 55 personas y fue colocada en 1954, diez años después de la masacre. La segunda se colgó en 2008 e iba firmada por Oscar Luigi Scalfaro, expresidente de la República Italiana; se refería a unas investigaciones históricas posteriores, que atribuían dicha matanza al fuego amigo de los americanos. La extrema izquierda (incluido el entrenador de fútbol Renzo Ulivieri, quien fue testigo de los hechos en su niñez) protestó y acusó al alcalde de pretender «borrar la memoria».

La pregunta es: ¿por qué nos enfrentamos al pasado? Principalmente porque tememos que nos depare sorpresas. Después de la guerra de los Seis Días (junio de 1967), en los territorios ocupados por Israel, los arqueólogos empezaron a indagar en el pasado del pueblo judío para comprobar hasta qué punto coincidía con el relato de la Biblia. Y hubo muchos desengaños. Las murallas de Jericó que los sacerdotes derribaron con sus trompetas no existieron jamás. Las ciudades descritas en los textos sagrados no eran grandes, ni estaban fortificadas, ni tenían murallas «que se alzaban hasta el cielo». Incluso Jerusalén era una localidad pequeña. «Encontramos gran cantidad de material que demostraba que, en tiempos de David y Salomón, Jerusalén era solo una aldea, sin templo central ni palacio real», afirma el experto Zeev Herzog. Prosigue diciendo que «excavamos casi toda [la zona] y descubrimos una cantidad impresionante de material de épocas anteriores y posteriores al reino unido de David y Salomón, mientras que de este último período solo había algunos trozos de cerámica. Así pues, no es que hubiéramos excavado en el lugar equivocado, es que no había nada remarcable perteneciente al reino en cuestión». Según el arqueólogo, no había rastro de que los judíos cruzaran el desierto guiados por Moisés; de hecho, «las excavaciones demostraron que los israelitas no habían estado jamás en Egipto, ni habían vagado por el desierto, ni habían conquistado militarmente la tierra para repartirla después entre las doce tribus de Israel». Así pues, el gran reino de David y Salomón, que las Escrituras describen como «la culminación del poder político, militar y económico del pueblo de Israel», un reino que, según el Libro de los Reyes, se extendía de la orilla del Éufrates hasta Gaza, es, según Herzog, «una construcción historiográfica imaginaria». Las excavaciones demuestran que «David y Salomón eran jefes de reinos tribales que dominaban pequeñas áreas; Salomón en Jerusalén y David en Hebrón. Al mismo tiempo, se formó un reino independiente en las montañas de Samaria». Eso significa que «Israel y Samaria fueron desde el principio dos reinos separados, a veces adversarios».

Por otra parte, cabe decir que el pasado no es igual para todos. En febrero de 2015 el gobierno belga informó al Consejo Europeo de que iba a emitir una moneda de dos euros para conmemorar los doscientos años de la batalla de Waterloo, que supuso la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte. El Reino Unido, que no pertenece a la zona euro, aplaudió la iniciativa. Sin embargo, a los pocos días, el 5 de marzo, el Ministerio de Economía galo manifestó que «dicha moneda podría suscitar reacciones desfavorables en Francia» y que «su circulación representaría un símbolo negativo para una parte de la población europea, lo cual podía incidir negativamente en los desvelos de los gobiernos de la zona euro para reforzar la unidad y la cooperación mediante una moneda única». Y Bélgica se vio obligada a dar marcha atrás.

El uso de los términos tampoco es idéntico para cada uno de nosotros. Así, al escritor y periodista Guido Ceronetti le chirriaba la palabra nazifascismo y la definía como «un eufemismo político intolerable». «Nazifascismo connota lo inexistente», escribía Ceronetti. Y connotar «algo perfectamente nombrable es destruir la identidad histórica». Teniendo en cuenta que «la base histórica de la palabra es nacionalsocialismo, reducirla a nazismo es vaciarla». El horror que produce el movimiento «se ha trasladado de una palabra excesivamente larga a un término abreviado, con el cual además se trata de evitar que nos parezca execrable el nada inocente socialismo de aquel contexto». El camino de los eufemismos es muy intrincado y, llevado al extremo, conduce a «soluciones terribles, como el término compuesto nazifascismo, a partir del cual, el 25 de abril de 1945, Italia fue liberada de un inverosímil régimen nacionalsocialista y de una versión fascista republicana que, por muy nefasta que sea, es la única que nos pertenece […] Para ser exactos, convendría decir que Italia fue liberada de la ocupación alemana (1943-1945) y del régimen fascista zombi de un Mussolini fuera de juego, cuya presencia ya no sentía nadie bajo el terror alemán».

El hecho de considerar el pasado como algo ya establecido, aunque solo sea a grandes rasgos, es una distorsión historiográfica que genera controversias. Por ejemplo, considerar el Congreso de Viena como el mero inicio de la Restauración provocó muchos conflictos a lo largo del siglo xix. En cambio, hoy en día está plenamente demostrado que fue un error interpretar en clave exclusivamente restauradora aquellos pactos mediante los cuales, entre noviembre de 1814 y junio de 1815, se trazaron las fronteras de Europa para el siglo posterior. Según algunos estudios recientes (véase, por ejemplo, Brian Vick, The Congress of Vienna: Power and Politics after Napoleon), en dicho congreso se buscó y logró «un cauto consenso entre liberales moderados y conservadores reformistas para proteger a los pueblos de experimentos radicales peligrosos». Una perspectiva interesante para reconsiderar la historia del siglo xix, o al menos la de la primera mitad de la centuria.

Si nos queremos reconciliar con el pasado, tenemos que estar dispuestos a revisar cosas importantes, incluidos fragmentos de memoria colectiva con los que nos identifiquemos. Por ejemplo, ahora ciertos historiadores se dedican a reconsiderar el sentido de algunas iniciativas de los resistentes comunistas franceses y los partisanos italianos, sin desmerecer con ello sus acciones. Así, Tzvetan Todorov, en Une tragédie française: Été 1944, scènes de guerre civile, habla de los días siguientes al desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, los resistentes comunistas hicieron caso omiso de las directrices del general De Gaulle y, en vez de mantenerse a la espera, ocuparon la localidad de Saint-Amand, derrotaron a los milicianos de Vichy y tomaron a muchos de ellos, junto con sus esposas e hijos, como rehenes. El 8 de junio, una unidad de paracaidistas de la Wehrmacht reconquistó el pueblo, lo destruyó e hizo prisioneros a los supervivientes. A continuación, como acto de represalia porque los comunistas no se habían rendido, la unidad alemana capturó a 36 judíos y los mató en la localidad vecina de Guerry. Un «suicidio premeditado» por parte de los comunistas con vistas a conquistar posiciones en la recta final de la liberación. Tal como observa Eugenio di Rienzo, «a menudo la creación planificada del mártir se considera el arma más fuerte de las luchas intestinas, pero, claro está, quien decide utilizarla y quien muere no son la misma persona». Los dirigentes del PCF «no creían seriamente que los resistentes fueran capaces de reducir a las fuerzas regulares alemanas; sin embargo, anunciaban en sus comunicados la necesidad de preferir la muerte en combate a la llegada de las fuerzas angloamericanas». Todo ello puede ayudar a comprender algunos resentimientos posteriores, también en la parte antifascista.

Pero no es suficiente. Para hacer las paces con la historia, tenemos que estar dispuestos a revisitar, en positivo o en negativo, a los grandes personajes del pasado, que pueden, mejor dicho, que deben ser objeto de una revisión continua. Aquí también pondremos un solo ejemplo. El historiador Jean-Christian Petitfils, autor de Le siècle de Louis XIV, señala que al Rey Sol le gustaban «los desfiles militares, la gloria, los asedios y la guerra lenta y majestuosa, aunque corría en ella riesgos muy limitados». Era «demasiado prudente», por ejemplo, para arriesgar su reputación en un enfrentamiento armado. Durante la guerra de Holanda, en mayo de 1677, cerca de Valenciennes tenía a su alcance la victoria. Sus fuerzas superaban en número a las del enemigo y contaba con una artillería excelente y una caballería experta. Sin embargo, y pese a la insistencia de sus mariscales, se negó a enzarzarse en una batalla campal contra Guillermo de Orange, que estaba al frente de las Provincias Unidas. Nos hallamos, pues, ante un «demérito» de aquel monarca que podemos sacar a la luz sin modificar el juicio acerca de su persona.

Para reconciliarnos con el pasado, es importante admitir que lo que consideramos la «parte buena» de nuestros antepasados también cometió actos reprobables. Buen ejemplo de ello es algo que relata Massimo Bucciantini en Campo dei Fiori: Storia di un monumento maledetto: el 2 de enero de 1865, en el patio del Salvador de Nápoles, donde tenía su sede la universidad, considerada en aquel entonces un nido de hegelianos y brunianos, se inauguraron cuatro estatuas de hombres ilustres naturales de Campania: Tomás de Aquino, Pietro della Vigna, Giambattista Vico y Giordano Bruno. Un mes antes, Pío IX había publicado la encíclica Quanta cura, cuyo apéndice incluía las ochenta proposiciones del Syllabus, que rechazaba por completo toda idea de modernidad, incluidas las del catolicismo liberal. Pues bien, el 7 de enero, a las doce de la mañana, un grupo nutrido de alumnos se reunió al pie de la estatua de Giordano Bruno y allí quemó el Syllabus.

Con el fin de no repetir errores que provocaron conflictos sangrientos, debemos tener el valor suficiente para identificar los pasos en falso de los grandes intelectuales, que seguirán siendo grandes aunque declaremos sus tropiezos. Tal es el caso, por ejemplo, de George Byron. Durante los tumultos de 1779, cuando el obrero Ned Ludd intentó detener el progreso destruyendo un telar con un martillo, muchos pensadores afirmaron que, en realidad, había actuado a favor del progreso. Seguidores de Ludd se manifestaron en Inglaterra entre 1811 y 1816, cuando el Parlamento británico revocó una ley de 1551 que prohibía el uso de las máquinas en la elaboración de la lana. Al final, el gobierno inglés movilizó a 12.000 soldados y estos contuvieron la revuelta. Poco antes de morir, en 1824, Byron pronunció un discurso en la Cámara de los Lores defendiendo a los ludistas y la tesis según la cual la tecnología provocaría desempleo. Se equivocaba. Tal como ha demostrado sobradamente Robert C. Allen en The British Industrial Revolution in Global Perspective, el discurso de Byron no tenía sentido, ya que gracias a la innovación técnica aumentaron vertiginosamente la productividad y los salarios.

En definitiva, hacer las paces con el pasado nos lleva a reconocer los errores de todas las partes y, sobre todo, a no buscar en la historia antecedentes de las perspectivas políticas del tiempo presente. Por ejemplo, ¿Carlomagno puede ser considerado el padre de Europa? Según Jacques Le Goff, no: «Es cierto que en el plano militar y administrativo unificó gran parte de nuestro continente, pero no tenía la más mínima conciencia de que aquello llegaría a ser Europa […] Al hacerse coronar por el papa, Carlomagno no miraba al porvenir, sino al pasado. Más que crear una civilización futura, lo que deseaba era ver renacer la antigua civilización romana reactivada gracias al cristianismo». El ideal europeo nacerá varias centurias después, en el siglo xv, cuando el papa Pío II escriba en latín el tratado De Europa, «en cuyas páginas se impone Europa como una idea presente y un futuro deseable».

Cuando se entremezclan hechos políticos y religiosos, es muy importante saberlos comprender y distinguir a la hora de juzgar el pasado. Tal es el caso de Carlomagno, y también el de Junípero Serra, un jesuita nacido en 1713 en Mallorca que se trasladó al continente americano y evangelizó California. En 1988 Juan Pablo II lo beatificó y, en septiembre de 2015, el papa Francisco, al finalizar su viaje a Cuba, lo proclamó santo. El presidente de la tribu amah mutsun, Valentín López, se mostró indignado: «Al canonizar a Junípero Serra, el papa avala e incluso celebra el uso de la prisión y la tortura para convertir al cristianismo a los indios de California». Según Ron Andrade, miembro de la American Indian Commission de Los Ángeles, Serra transformó las misiones en campos de concentración; a consecuencia de ello, la población nativa se vio diezmada y pasó de los 300.000 habitantes que había en el siglo xviii a los 100.000 del año 1850. Por tanto, su canonización equivaldría a la «celebración de un genocidio». El papa Francisco lo niega y sostiene que únicamente fue un gran evangelizador. A más de tres siglos de distancia, ¿sigue siendo imposible emitir un juicio esclarecedor sobre aquellos hechos?

Lo cierto es que muchas veces «retrodatar» los juicios históricos alimenta la guerra contra el pasado. Baste pensar, por ejemplo, en el tema recurrente del atraso del sur de Italia. A finales de la Edad Media, Sicilia era el motor económico de Italia, productora de trigo y materias primas indispensables para la supervivencia del norte. David Abulafia, docente de historia del Mediterráneo en la Universidad de Cambridge y uno de los principales expertos en la Italia medieval, invierte los términos de la cuestión meridional en La guerra de los doscientos años: Aragón, Anjou y la lucha por el Mediterráneo. Así, tras aludir a la imagen de un sur subdesarrollado por ser arcaico y estar muy vinculado a la tierra y un norte rico gracias a los negocios y la cultura, situación que corresponde más o menos a los últimos siglos, el autor advierte que «retrodatar» esta división norte-sur a los siglos xiii y xiv es un grave error histórico, una prueba de que los prejuicios culturales contemporáneos pueden ofuscar la visión incluso a los expertos carentes de mala fe. En realidad, el sur de ese período era muy rico y producía grandes cantidades de nutrientes imprescindibles para la supervivencia de las regiones septentrionales. El comercio entre el norte y el sur de Italia florecía y las zonas norteñas dependían de las meridionales para abastecerse de alimentos y materias primas. Los mercaderes del norte iban a Campania y Sicilia a comprar algodón y seda. Miramos al pasado con los ojos de los habitantes del siglo xx y, para nosotros, la producción agrícola es menos importante que los intercambios financieros, pero en aquella época los cultivos y la producción de materias primas desempeñaban un papel fundamental en la vida de la sociedad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo se produce realmente el desequilibrio económico entre el norte y el sur? En los siglos xvi y xvii, cuando la Italia meridional y Sicilia se hallan bajo el dominio español, centrado en la explotación colonial de estos territorios. A los españoles les interesaba más extraer trigo y materias primas del sur que promover la vida económica y cultural de la zona, que continuó siendo una tierra de latifundios en la que vivían campesinos muy pobres. Además, y a diferencia de lo que ocurría en el norte, en el sur no se sentaron jamás los cimientos para fundar ciudades.

Desde luego, si queremos reconciliarnos con el pasado, es fundamental que evitemos reinventarlo. El medievalista inglés Christopher Tyerman, en The Invention of the Crusades, denuncia, por ejemplo, el «vicio de contemplar las cruzadas a través del filtro de nuestra propia mente y nuestra propia cultura». Y demuestra que, al menos en la primera centuria de dicha epopeya, el siglo xii (las expediciones para liberar el Santo Sepulcro empezaron en 1096), no hubo nada semejante a lo que nosotros solemos denominar «espíritu de cruzada». Fue en 1198, con Inocencio III, cuando dicho espíritu empezó a tomar forma para ser usado diez años más tarde, en 1208, contra los albigenses. Y el mismo papa Inocencio elaboró la lista de privilegios concedidos a la «guerra santa». La cruzada «solo adquirió una forma jurídica definitiva cuando se abandonó toda esperanza de reconquistar Jerusalén» y se le hizo propaganda sobre todo entre los siglos xv y xviii, contra los turcos otomanos. Según escribe Tyerman, la «cultura de la cruzada» se construyó en la Europa bajomedieval y protomoderna. Esta cultura pasó del ámbito del derecho al de la literatura, la música y las artes. Además, la propaganda la puso en contacto con el sentir común del pueblo. Tyerman se muestra sarcástico con el catolicismo de izquierdas, que, por una parte, considera las cruzadas «uno de los mayores pecados de la historia de la Iglesia» y, por otra, aplaude la teología de la liberación, que «bebe de las mismas fuentes que aquella “violencia santa” del espíritu de cruzada».

Para dejar de hacerle la guerra al pasado, debemos luchar contra la manipulación y la tergiversación, por más que se usen con fines nobles. Y ahora vamos a preguntarnos si resulta pacificador tener ciertas dosis de empatía con el tema que es objeto de nuestros estudios. Refiriéndose a la Revolución francesa, Alphonse Aulard escribió que «para comprenderla, hay que amarla». Haim Burstin admite que podemos considerar la frase de Aulard «una formulación discutible a primera vista», pero añade que «cualquier tema de investigación histórica exige al estudioso un vínculo de empatía si desea evitar una actitud áridamente aséptica» y defiende «la necesidad de establecer cierta empatía, o al menos de no sentir rechazo, ante un fenómeno tan controvertido como apasionante». Por otra parte, Burstin también afirma que las historias que no «cultivan la empatía» y se basan en «retroproyecciones ideológicas o políticas» no son inútiles y pueden resultar muy estimulantes; sin embargo, como «su propósito más o menos implícito es decir a los hombres del pasado qué es lo que debían y lo que no debían haber hecho», producen «un efecto normativo que choca frontalmente con la complejidad del fenómeno sin lograr explicarlo». Por tanto, es mejor abstenerse de ambos sentimientos. Debemos ser capaces de mirar al pasado imponiéndonos una buena dosis de imperturbabilidad, pues solo así nos libraremos de la tentación de declararle la guerra.

Nota a la edición española. Una propuesta para dominar las llamas

nota a la edición española

UNA PROPUESTA PARA DOMINAR LAS LLAMAS

Todos los capítulos de este libro están dedicados a los efectos provocados por los rayos que han caído en los zarzales enmarañados del pasado. La verdad se oculta tras las apariencias, las tergiversaciones y las deformaciones. Los grandes sucesos que describiremos a continuación no están exentos de consecuencias, al contrario, su misma existencia produce el combustible necesario para encender fuegos siempre nuevos que ponen en peligro nuestro presente.

Los «incendiarios», tal vez de un modo inconsciente, buscan en la maleza brasas encendidas, que permitan encender nuevos conflictos, en los que ellos son los protagonistas y los mayores beneficiados, sin percatarse de que serán irremediablemente calcinados por las llamas que ellos mismos han provocado. ¿Qué pueden hacer los demás, quienes no se dejan seducir por tal perspectiva? La ilusión de que pueda existir un chorro de agua lo bastante potente para apagar de golpe los potenciales fuegos no es más que eso, una ilusión. Ciertamente. Aun así, una vez circunscritos y aislados, se puede conseguir su gradual extinción. Quizás no todos. Hay que tener en cuenta que en un futuro probablemente surgirán otros.

Ahora bien, mientras esto último no ocurra, varias generaciones crecerán acostumbrándose a ignorar ese tipo de combustiones. La única manera de circunscribir dichos fuegos, a veces invisibles, es poner en marcha una ley del olvido que funcione bien. Olvidar no debe ser sinónimo de desidia, ni de situar en el mismo plano los errores y las decisiones justas del pasado, sino de evitar que reaparezcan los mismos errores y decisiones en los conflictos presentes. Tenemos que impedir que nuestra comunidad se vea en la situación de reabrir viejas heridas. Detener el juicio sobre el pasado, o mejor aún, impregnarlo cada día de valores y, al mismo tiempo, aprender a respetar el pasado en toda su complejidad, no es tarea fácil. Y solo existe un camino para alcanzar dicho objetivo: dejar la historia a los historiadores, los únicos que se interesan exclusivamente en analizar sus dinámicas y escribir nuevas páginas sobre ellas.

Voy a poner un ejemplo de lo que deberíamos evitar refiriéndome al caso de España. Partamos de la guerra civil (1936-1939). Pocos, muy pocos, dudan hoy en día de que, esencialmente, la justicia estaba del lado de los vencidos y los errores, del lado de los vencedores. Pero el caso es que, en 1940, el dictador Francisco Franco, que en parte ganó la guerra gracias a la división existente en la izquierda y a la agresividad de los comunistas estalinistas contra los anarquistas y los trotskistas, mandó construir un cementerio, un lugar para dar sepultura a los caídos de ambos frentes, vencedores y vencidos. Las obras del Valle de los Caídos empezaron en 1941 y se prolongaron dieciocho años, hasta 1959. Entretanto Franco se había consolidado en el poder como uno de los pocos jefes de la derecha europea (junto al portugués Salazar) que conservaba su puesto tras la derrota definitiva de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. El valle donde se inhumaron 33.847 «caídos» fue presentado a los españoles como una mano tendida a la reconciliación, pero, desde el principio, los antifranquistas lo percibieron como una celebración monumental de la dictadura. El propio Franco lo presentó como tal el día de su inauguración: «No sacrificaron ellos [nuestros muertos] sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar […] La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar cabeza». El caudillo, pues, amenazaba con reprimir despiadadamente a quienes llamaba de un modo muy revelador «antiespañoles», que no eran más que sus oponentes, reducidos, además, a una situación de clandestinidad. La represión fue brutal hasta el momento de la muerte de Franco, en 1975.

Hace más de cuarenta años que terminó el franquismo y, según el parecer de algunos, ha llegado el momento de decidir qué hacer con el incómodo valle. «El Valle de los Caídos es el monumento a la victoria del nacionalcatolicismo. Está en su arquitectura [la cruz mide 130 metros de altura], en las palabras que se pronunciaron en su inauguración [...] Era el monumento al triunfo de la Cruzada sobre un enemigo que había que exterminar y sigue siéndolo porque no se ha modificado», afirma en El País el historiador Santos Juliá. Y es muy cierto lo que dice.

El gobierno socialista guiado por Pedro Sánchez ha decidido sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y el autor de la obra más famosa sobre lo ocurrido entre 1936 y 1939 (La guerra civil española), Paul Preston, opina que la de Sánchez «es una buena iniciativa porque mientras estén los restos de Franco, seguirá siendo un lugar de peregrinaje para los nostálgicos de la dictadura». Sin embargo, para muchos todo esto no es suficiente y proponen que, además de trasladar los restos de Franco, habría que dejar el valle abandonado (algunos incluso han sugerido hacerlo saltar por los aires con explosivos) y construir un memorial nuevo únicamente para los muertos antifranquistas. A otros, en cambio, les parece injusto abandonar a los «caídos del bando equivocado» y sugieren que el nuevo cementerio monumental dé sepultura (¿definitiva?) a las víctimas de ambas partes. Quizá porque separar los restos de los unos de los restos de los otros sería una tarea ardua, pero también porque solo ahora, setenta años después del conflicto, el lado franquista es para todos (o casi todos) el «bando equivocado».

Este tipo de rayos provoca en la península ibérica nuevos focos de incendio, aunque sean pequeños o casi imperceptibles. España es un país que, hace unos años, fue capaz de llevar a cabo una transición de la dictadura a la democracia tranquila, un país cuya derecha moderada no se remite en absoluto a la época nefasta de Francisco Franco, período que los manuales de historia rechazan de forma prácticamente unánime. Y, sin embargo, tal vez involuntariamente, en España existe el riesgo de que prendan nuevas llamas. Cuando Franco mandó construir el Valle de los Caídos, es muy posible que tuviera en mente dos precedentes históricos: el pacto del olvido que impuso Trasíbulo en Atenas en el año 403 a. C., tras la derrota de los Treinta Tiranos, y el Edicto de Nantes, firmado en 1598 por Enrique IV para poner fin a la guerra entre católicos y hugonotes: «Prohibimos a todos nuestros súbditos», rezaba el edicto de Enrique IV, «reavivar la memoria, agredirse, promover el resentimiento, injuriarse, provocarse unos a otros y reprocharse lo ocurrido, fuera cual fuese la causa o pretexto, así como litigar, discutir, acusarse y ofenderse con hechos o palabras». Pese a todo, tanto en Atenas a partir del 403 a. C. como en Francia después de 1598, hubo quienes siguieron estando convencidos de que habían luchado en el bando correcto, contra sus «enemigos», y de que estos merecían castigos más severos, por lo cual consideraron injustas las imposiciones decretadas por la autoridad pública.

Hoy en día, tantos siglos después, los historiadores son capaces de discernir con equidad los errores de las decisiones justas en aquellos hechos lejanos (con opiniones que suelen incluir más puntos de vista que las de la época), y tienen en gran consideración a los gobernantes que supieron contener el inagotable deseo de revancha de sus contemporáneos y devolver el pasado a quienes solo lo abordaban con el fin de estudiarlo. De ese modo, Trasíbulo y Enrique IV lograron dominar gradualmente las llamas. Quizá no fue algo definitivo, pero al menos lo consiguieron.

1. EN GUERRA CON LA HISTORIA QUE NOS HAN TRANSMITIDO

1

EN GUERRA CON LA HISTORIA QUE NOS HAN TRANSMITIDO

Así fue como Robespierre derrotó a los ilustrados

ASÍ FUE COMO ROBESPIERRE DERROTÓ A LOS ILUSTRADOS

No había ningún campesino, artesano ni jornalero en ese Tercer Estado que en 1789 otorgó el «la» a la Revolución francesa. Y un detalle aún más sorprendente: en el Tercer Estado casi no había hombres de negocios, banqueros ni empresarios, ni tampoco personas que realizaran alguna de las ocupaciones propias de la burguesía medio-alta. Es algo en lo que ya reparó Edmund Burke al observar la marcha de dicha revolución desde Londres. Lo desconcertó la ausencia de hombres ricos, de grandes terratenientes y altos dignatarios de la Iglesia entre los revolucionarios. Y no es que fueran unos marginados. Burke señaló el alto porcentaje de abogados presentes en la Asamblea, pero, según escribe Jonathan Israel en Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution from the Rights of Man to Robespierre, «al igual que la mayoría de los historiadores modernos», no advirtió la casi total falta de profesionales «en los principales círculos de oradores, panfletistas y reformadores». Lo cierto era que «en lo tocante al origen social, el liderazgo revolucionario no representaba ninguna categoría social definida». Estaba formado mayoritariamente por periodistas, escritores, preceptores, libreros, curas y nobles rebeldes que habían optado por dedicarse a la literatura. Nada de philosophes. Mientras aparecían los Estados Generales, en abril de 1789, se publicó un panfleto satírico, una burla del «hatajo de periodistas arrogantes» y «presuntuosos arribistas sociales» que se presentaban como unos «genios excepcionales» que iban a tomar las riendas de Francia en un abrir y cerrar de ojos. Este libelo carente de valor, escribe Israel, «resultó mucho más profético de lo que su autor habría podido imaginar». Hubo intelectuales que se emocionaron con los acontecimientos de París, sí, pero no fueron intelectuales franceses.

Volvamos a París. El 18 de noviembre de 1792 –más de tres años después de la toma de la Bastilla– se realizaron 16 brindis por la Revolución francesa. Alzaron sus copas más de 100 ingleses, americanos e irlandeses residentes en la Ciudad de la Luz, reunidos en el hotel White’s (rebautizado como British Club en la época) para polemizar exaltadamente con sus respectivos países, cada vez más críticos con el cariz que estaban tomando los acontecimientos en Francia. Entre quienes brindaron se hallaban el poeta norteamericano Joel Barlow, la autora de Letters from France, Helen Maria Williams, el presidente del club, John Hurford Stone, y el celebérrimo autor de Los derechos del hombre, Thomas Paine. Este último, pese a ser extranjero, había sido elegido en la Convención de 1792. Israel señala que, «si bien la opinión general de los ingleses, promovida por el gobierno de Londres y por casi todo el clero, era profundamente hostil a la Revolución, lo cierto es que gran parte de la élite intelectual y literaria de Inglaterra, los Estados Unidos e Irlanda estaba entusiasmada, por no decir extasiada, ante los nuevos logros y decidida a apoyarla». Sin embargo, más tarde, cuando se impuso Maximilien de Robespierre, todos vieron de inmediato en él y en lo que representaba «no el punto culminante, sino la caída y la ruina de la Revolución». Durante los diez meses del Terror (de septiembre de 1793 a julio de 1794), Helen Maria Williams acabó en prisión y su amiga francesa Olympe de Gouges, en el patíbulo. En Una revolución de la mente, Israel analiza los «dos ríos» de la Ilustración: el de Locke y Newton, «reformista», deísta y partidario de un entendimiento con las confesiones cristianas, y el de Spinoza, «radical», materialista, ateo y democrático. En Revolutionary Ideas afirma que «pocos filósofos y pocos ilustrados formaron parte de los Estados Generales de 1789». Condorcet, uno de los «arquitectos [más importantes] de la revolución», no salió elegido diputado y Sieyès lo consiguió por los pelos. El astrónomo de la Academia Real de las Ciencias, Jean Sylvain Bailly, sí resultó elegido, pero, como él mismo dijo, fue una excepción, dado que «la asamblea electoral desaprobaba a los hombres de letras y a los académicos». Así, de los 1.200 diputados de los Estados Generales de 1789, solo 10 pueden ser considerados philosophes ilustrados, como Mirabeau y Sièyes. Y, desde luego, esos diez no impulsaron la refundación humana que Haim Burstin describe admirablemente en Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese.

El exjesuita luxemburgués François-Xavier de Feller fue el primero en describir la acción de los philosophes como fruto de «un plan muy potente ideado en los años cuarenta del siglo xviii por un grupo de escritores excepcionales que, con tino y sarcasmo, crearon un lenguaje y un modo de pensar totalmente nuevos y causaron buena impresión a segmentos de la población pertenecientes a todas las clases sociales». Gracias a «su astuta habilidad y a un uso opaco de las palabras», dicho grupo hizo pasar por «sublimes» ideas «desastrosas». Quien urdió la conspiración fue, obviamente, Diderot, que convirtió la Encyclopédie en una «fábrica de subversión e impiedad». Él, D’Alembert y sus seguidores eran, según Feller, ateos «parásitos», que «holgazaneaban en los cafés» y se dedicaban a «hacer alusiones», a «pavonearse y reírse del modo en que habían impuesto su presencia en salones y academias», con lo que adquirían «posiciones de gran poder». Feller sugería que una de sus mejores armas era «la atracción que ejercían sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres jóvenes y atractivas, sensibles a las palabras bonitas y a las expresiones elegantes, a las bromas y las alusiones eróticas más o menos sutiles».

El primero que se hizo preguntas acerca de la influencia real de los philosophes fue un discípulo de Voltaire, Jean-François de La Harpe, partidario de la Revolución hasta 1793. A finales de siglo declaró que el autor del Tratado sobre la tolerancia había desempeñado un papel marginal en el acervo filosófico de los revolucionarios y que lo habían tomado en consideración sobre todo por sus «inigualables habilidades literarias y por cómo ridiculizaba sin descanso los viejos prejuicios constituidos». Por lo demás, era tenido por «amigo del rey y de los aristócratas» y algunos, como el líder de los girondinos, Jacques Pierre Brissot, llegaron a tacharlo de «enemigo del pueblo».

Recordemos también la abierta hostilidad de Robespierre frente al «partido de los filósofos», mejor dicho, la «secta», como él lo llamaba, a cuyo cosmopolitismo oponía una suerte de xenofobia que lo indujo a criticar el ateísmo «por no ser patriótico y ser contrario a la virtud y la normalidad». Según Israel, «había una tensión, y los historiadores deberían darle más importancia de la que le han dado hasta ahora». En este sentido, resulta casi explícita la polémica contra François Furet y su celebérrimo libro Critica della Rivoluzione francese. ¿Existe un vínculo entre el Terror y los principios revolucionarios de 1789? ¿El Terror fue de alguna manera «producto de la philosophie»? Eso es lo que sostienen y han sostenido siempre los monárquicos, católicos y revolucionarios desilusionados, «impacientes por relacionar el philosophisme, el republicanismo, el materialismo y el ateísmo con la perversión moral», según Israel. Además, este afirma categóricamente que «el estudio meticuloso de las fuentes sugiere que los defensores de estas tesis se equivocaron».

Solemos olvidar que los filósofos, a quienes podemos considerar responsables de la etapa que va de 1789 a 1793, «acabaron guillotinados brutalmente por orden de Robespierre» y que los supervivientes «negaron de un modo obstinado que la Revolución se hubiera autoinmolado y explicaron que las ideas de Robespierre y sus aliados fueron el resultado de un pensamiento muy distinto y contrario». Unas ideas, en todo caso, que remiten a Jean-Jacques Rousseau: «La ideología y la cultura jacobina bajo Robespierre estaban inspiradas en un obsesivo puritanismo moral al estilo de Rousseau, impregnado de autoritarismo, antiintelectualismo y xenofobia». Razón por la cual, escribe Israel, «del mismo modo que las lecturas marxistas de la Revolución como resultado de la lucha de clases nos parecen hoy infundadas, debemos rechazar en su conjunto la tesis de Furet, muy respetada, que atribuye a los orígenes y los principios básicos de la Revolución unas inclinaciones totalitarias arraigadas y un pensamiento iliberal latente».

Israel dedica palabras aún más duras a otro mito «desconcertante», «ampliamente compartido» pese a ser «totalmente infundado»: «Entre los preconceptos más oscuros que empañan las interpretaciones de la Revolución francesa, está la convicción, todavía predominante, de que la fractura entre Revolución y Cristiandad (especialmente en la Iglesia católica) no fue esencial, sino contingente y explicable solo a través de las vicisitudes posteriores a la Revolución». En realidad, «todas las pruebas demuestran lo contrario»; el impulso revolucionario («y no violento») hacia la descristianización fue algo «fundamental en la visión del liderazgo filosófico de la Revolución antes y durante 1789». En cambio, Robespierre, «pese a mostrar una inclinación discontinua a las concepciones anticlericales, se opuso a la descristianización desde el principio». Como fiel discípulo de Rousseau, creía que la religión constituía la base del contrato social y que era necesario «tutelarla con sumo cuidado». Danton tampoco era un entusiasta de la persecución del clero o de la Iglesia, lo cual viene a confirmar que «la dictadura jacobina, consolidada en el verano de 1793, se regía por una coalición reducida e inestable, formada por grupos sorprendentemente dispares». Por esta razón podemos afirmar que «algunas especulaciones generales y de gran importancia sobre la Revolución francesa, repetidas en distintos lugares y aceptadas desde hace tiempo por filósofos e historiadores, han resultado ser fundamentalmente incorrectas, por lo cual tenemos el deber urgente de someterlas a un nuevo examen profundo y riguroso».

Más de dos siglos después de su muerte, el Incorruptible ya no divide la memoria francesa. Lo cierto es que se ha convertido en un mito bastante positivo, a excepción del caso de la ciudad de París, que el 30 de septiembre de 2009 se pronunció contra (por pocos votos) la propuesta de dedicarle una calle o una plaza. Sin embargo, los suburbios obreros de la capital francesa no tuvieron tantos reparos. Y el resto del país tampoco. Peter McPhee, en Robespierre, dice que hoy en Francia hay más de cincuenta calles, escuelas, edificios y empresas que llevan su nombre; entre ellas una pizzería, una lavandería en seco y una farmacia. Incluso existe una empresa de lencería del hogar llamada Robespierre Europe, que produce un juego de sábanas «revolucionario» con motivos eróticos. Según Israel, todo ello está relacionado con el hecho de que «los historiadores modernos tienden a concebir el papel de Robespierre como el de alguien con buenas intenciones, relativamente positivo y benévolo, al menos antes de junio de 1793».

Curiosamente, persiste la idea de que Robespierre y el Terror «constituyeron el epílogo natural de la Revolución», lo cual determina «una concepción que distorsiona por completo nuestra compresión histórica y filosófica del significado de la Revolución». Esta propensión a fundir a Robespierre con la Ilustración democrática es una forma de persistencia de las ideas conspiratorias que se manifestaron desde finales del siglo xviii. El hecho de que «el pensamiento radical hubiera causado y modelado la revolución era para muchos una prueba irrefutable de que la Ilustración constituía el embrión originario de la tiranía robespierrista». El uso impropio y la apropiación indebida de la idea según la cual la Ilustración había «plasmado» la Revolución en sus efectos más nocivos ayudaron a abrir las puertas a la reacción monárquica, aristocrática y eclesiástica de principios del siglo xix.

Para comprender la historia del abismo que separa la Ilustración del Terror, es necesario volver al más importante de los intelectuales que hemos dejado en el lejano brindis de 1792: el estadounidense Thomas Paine, gran amigo de Condorcet. En diciembre de 1793 estaba deprimido y «buscaba consuelo en el alcohol y en Spinoza». Le hacía compañía otro escritor y compatriota suyo, Joel Barlow. El 25 de diciembre, la Convención decretó que ningún extranjero podía representar al pueblo francés en la asamblea legislativa. Era una medida contra los dos únicos diputados no franceses: el prusiano Anacharsis Cloots, que pronto sería capturado y luego mandado a la guillotina el 24 de marzo de 1794, y Paine. La policía irrumpió en el Hôtel de Philadelphie, donde vivía Paine, y este logró entregar a escondidas a Barlow los papeles donde había escrito La edad de la razón, libro en el que saldaría su gran deuda con Spinoza y las ideas de la Ilustración. Veinte intelectuales americanos firmaron una petición para que lo dejaran en libertad. Fue inútil. Su suerte sería evitar el destino de Cloots. Mejor dicho, no ser obligado a subir al patíbulo antes que Robespierre. Cuando por fin lo liberaron, retomó su puesto en la Convención y luchó durante años para que la gente comprendiera las diferencias entre Ilustración spinoziana y Terror. Sin embargo, ello no fue suficiente (vivió hasta 1809), protesta Israel, para que sus ideas hallaran un espacio adecuado en los manuales de historia.

La verdad sobre los tratos entre el Estado y la mafia

LA VERDAD SOBRE LOS TRATOS ENTRE EL ESTADO Y LA MAFIA

Los primeros tratos entre el Estado y la mafia datan de hace ciento cincuenta años. No, de antes. En diciembre de 1861, pocos meses después de la muerte de Cavour, primer ministro del recién estrenado Reino de Italia, el parlamentario Angelo Brofferio, en una intervención ante la Cámara de Diputados, afirmó que «la mayoría de los desórdenes que se producen en Italia» debían atribuirse a fuerzas de seguridad aliadas con bandas ilegales: «El gobierno no se da cuenta de que en su policía hay hombres que no se avergüenzan de tratar con ladrones, asesinos y toda clase de malhechores». Brofferio lo dijo alto y claro: había miembros del Estado que «no se avergonzaban de tratar» con delincuentes. La Cámara reaccionó escandalizándose con manifestaciones que se hicieron constar en las actas, pero Brofferio insistió: «Sí, señores, con ladrones y con asesinos, que compran su impunidad repartiendo el infame botín con la policía, tal como se demostró en el juicio criminal». El parlamentario se refería a un proceso judicial del verano anterior contra «tres agentes infiltrados» conchabados con la «segunda Cocca», una banda criminal nacida en Turín en los años cincuenta del siglo xix. Estamos hablando del «proceso Cibolla», el primer gran escándalo judicial de la Italia unificada, llamado así por Vincenzo Cibolla, quien se había autoacusado de varios delitos (entre ellos, de la violación de una niña) y había denunciado los acuerdos ilícitos a los que se refería Brofferio en el discurso citado.

En La mala setta: Alle origini di mafia e camorra, Francesco Benigno describe cómo la derecha y la izquierda históricas (quizá esta última más que la primera) entablaron relación con la criminalidad organizada desde la fundación del Estado italiano unitario. De hecho, casi podemos decir que la derecha y la izquierda impulsaron a la mafia, la camorra y otras asociaciones de bandidos a transformarse en lo que llegarían a ser un siglo después.

El resto del mundo percibe Italia como la cuna de una serie de asociaciones criminales organizadas peculiares (principalmente la mafia y la camorra); sin embargo, según afirma Benigno, «la historiografía no ha prestado suficiente atención al papel crucial que desempeñó la gestión del orden público en el difícil y convulso proceso de ampliación de la participación política». Esta «dedicación historiográfica tan escasa a las prácticas informales de gestión de la seguridad pública» tiene mucho que ver «con la ambigüedad de la cultura liberal respecto a los límites y fronteras de la ciudadanía», es decir, «con la necesidad de construir un sistema legal doble: uno pensado para el ciudadano cualificado (hombre, blanco, propietario y con formación) y otro para los que quedaban excluidos de un marco de libertades constitucionales que en teoría debía incluirlos a todos». La historia de ese tipo de nexos nunca se ha analizado en profundidad debido a «una suerte de barrera a la hora de profundizar en la cuestión de las prácticas policiales, consideradas algo íntimamente repugnante», escribe Benigno. Una reticencia, prosigue, «que se ha trasladado de los textos de la época a las páginas de los historiadores».

El autor sugiere analizar la criminalidad organizada y sus interrelaciones con la política de un modo aséptico, tal como hacemos al abordar el tema de la masonería. Nadie pretende «estudiar a los masones del siglo xix (e incluso del xx) como si fueran “solo” masones y no, por ejemplo, patriotas, abogados, socialistas, terratenientes y miembros de asociaciones dedicadas a veces a la filantropía, al espiritismo…». Lo mismo «debería ocurrir al estudiar a los mafiosos, camorristas y malhechores del siglo xix, que no vivían en un mundo separado e imaginario de cuyo sustrato criminógeno hubieran surgido misteriosa y autónomamente».

Antes de 1861, año en que se oficializó el nacimiento del Reino de Italia, ya se hablaba de camorristas y mafiosos. Por ejemplo, en la celebérrima carta del diputado inglés William E. Gladstone a Lord Aberdeen (1851), en la que aquel estigmatizaba la dominación borbónica en los últimos años de vida del Reino de las Dos Sicilias, aunque se refería a delincuentes de ínfimo rango al servicio de varios jefes, cuya actividad se desarrollaba únicamente en las cárceles o en los barrios más conflictivos de las ciudades sureñas. Cuando Garibaldi liberó Palermo en el verano de 1860, se dice que Giuseppe La Farina, emisario de Cavour, «el único domador que parecía capaz de amansar a los tigres de la subversión», poseía algunos contactos impropios. Lo mismo sucedía en Nápoles con Silvio Spaventa, el hombre a quien el primer ministro, desde Turín (en aquel entonces capital del nuevo reino), había confiado la seguridad pública. Spaventa había puesto en marcha una campaña para deshacerse de los camorristas favorecidos y legitimados por Garibaldi, pero, en un momento determinado, la prensa demócrata lo acusó de utilizar en beneficio propio «métodos ilegales no muy diferentes de los que usa la dichosa policía borbónica».

En realidad, el hombre símbolo de esta fase de cambio fue Liborio Romano, un liberal en quien Francisco II se había apoyado en los últimos días de su reinado y que había mantenido su puesto durante la dictadura de Garibaldi. Lo cierto es que Romano gestionó la transición del régimen borbónico al régimen garibaldino y garantizó el orden público gracias a un acuerdo explícito con los principales jefes de la criminalidad organizada. Un acuerdo que se perpetuó en las primeras semanas de gestión del poder por parte de Garibaldi, lo cual inquietó a Trofimo Arnulfi, al mando de los carabineros, que el 29 de noviembre de 1860 escribió a Spaventa: «Actualmente la especie más temible de Nápoles […] son los camorristas, audaces, sanguinarios y armados. Ellos mandan en la seguridad pública y dan dinero a los facinerosos que van por ahí sembrando el terror». Según el general, esa gente eran, sin duda, «auténticos canallas». Arnulfi anunció su propósito de hablar de ello con el lugarteniente de Víctor Manuel II: «Me inclinaré por un golpe de Estado contra los camorristas que tienen cargos públicos; mientras parte de la autoridad esté en sus manos, no estaremos seguros». Sin embargo, la prensa de Turín acogió la integración de los camorristas en el nuevo régimen como la «señal [positiva] de un cambio de orientación profundo en la plebe napolitana», conocida hasta ese momento «por sus tendencias contrarrevolucionarias y su arraigo a la tradición local».

Como puede verse, existían muchas contradicciones. Y, en general, los «libertadores» no se mostraban hostiles a la criminalidad, de modo que esta pudo establecer desde el principio vínculos con «la nueva política», empezando por Giuseppe Garibaldi. Los seguidores de Cavour acusaron implícitamente a Garibaldi y a la izquierda de proteger a esa «secta de bribones» que operaba «en las cárceles, los prostíbulos y las salas de juego». Los garibaldinos negaron las acusaciones y las desviaron contra Spaventa. La ocasión propicia para desviarlas se presentó gracias al caso llamado «del Virgolatoio» (de virgola, ‘maza’), un grupo de hombres armados con palos del que se servía Spaventa para enfrentarse a los camorristas que Liborio Romano había introducido en la Administración napolitana. Uno de ellos, Giuseppe D’Alessandro, conocido como Peppe l’Aversano (de Aversa, localidad de Campania), fue misteriosamente asesinado y, por venganza, alguien liquidó a Ferdinando Mele, un cabecilla contrario al régimen borbónico y gran enemigo del Virgolatoio. Luego se descubrió que el asesino de Mele era Salvatore de Mata, apodado Torillo o Bello guagliò («Muchacho guapo»), uno de los hombres de Spaventa. El 18 de julio de 1861, Spaventa se vio obligado a dimitir a causa del escándalo, lo cual fue una alegría para el general Enrico Cialdini, partidario suyo formalmente pero también su rival más acérrimo.

Después, la lucha contra los lazos entre política y criminalidad fue uno de los caballos de batalla de la derecha histórica contra la izquierda de Garibaldi y Mazzini, fundador del Partito d’Azione. Lucha que corrió en paralelo a la campaña militar contra las revueltas del sur, consideradas actos de «bandidismo». Desde luego, los bandidos existían, pero el hecho de querer incluir en esa categoría lo ocurrido en el sur entre 1861 y 1865 tenía fines a todas luces propagandísticos. Y los parlamentarios que habían participado en los motines de 1848 empezaron a dudar de la buena fe de aquellos que veían en todas partes un problema de mafia.

Así, por ejemplo, el 5 de junio de 1875, el diputado siciliano Paolo Paternostro afirmó en el Parlamento que quienes usaban dicho término no hacían más que seguir una «moda»: «El sentido primitivo de la palabra se ha alterado, y hoy parece que mafia designe todos los delitos incluidos en el Código Penal, y hasta los que no se incluyen. Muchos fiscales se confunden cuando les piden que definan a los mafiosos…». Entonces Diego Tajani, exprocurador del rey en Palermo y en ese momento diputado en las filas de la oposición, aseguró que la organización criminal existía: «Negar que la mafia existe significa negar el sol […]. Es algo que se ve, se siente y se toca incluso demasiado». Tajani relató que, tras llegar a Palermo y detectar que «los criminales eran cogestores del orden público», escribió una carta a una autoridad para preguntarle «a qué estaban jugando» y esa persona le respondió que trabajar con mafiosos era el único modo de poder extirpar la mafia más adelante. Cuidado, decía el exprocurador de Palermo, la mafia existe y es temible «más que por ser peligrosa en sí misma, por ser un instrumento del gobierno dotado de una red sólida e invisible de protección». La suerte estaba echada. Un dirigente izquierdista, Agostino Bertani, dio un giro táctico repentino e intentó aprovechar el discurso de Tajani para asestar un golpe a la derecha histórica y pedir un cambio de sistema, que significaba, en primer lugar, una transformación de la clase dirigente. Al cabo de un año, en 1876, derecha e izquierda se dieron el relevo.

Al pasar a un gobierno de izquierdas encabezado por Agostino Depretis, las cosas fueron aún peor. Fue nombrado fiscal de Palermo Luigi Zini, conocido por ser «contrario a las desviaciones fuera de la ley del poder ejecutivo». Zini confió en el ministro del Interior, Giovanni Nicotera, pero quedó excluido del cambio de línea que se produjo cuando el ministro, influenciado por su secretario, Pietro Lacava, natural de Potenza, se alejó en pocas semanas «de la tendencia legalista y garantista con la que había comenzado su mandato», escribe Benigno. Así fue como se cumplió la profecía del escritor Luigi Settembrini, según el cual «quienes antes formaron parte de conspiraciones y sectas no pueden ser buenos ministros». Y cuando llegó el momento de las elecciones (noviembre de 1876), la izquierda «conquistó» su éxito en parte gracias a los acuerdos con la criminalidad.

Tras obtener los votos de esa manera, Nicotera se presentó como un hombre de orden y de «seguridad ante todo». Contra los socialistas. El ministro se aprovechó de un caso concreto: la imposición de medidas cautelares por connivencia con la mafia a Francesco Sceusa, exponente de un pequeño grupo internacionalista de Trapani e impulsor de un periódico socialista local, Lo Scarafaggio. Nicotera acusó a Sceusa en el Parlamento de ser «un mafioso disfrazado de político» y prosiguió diciendo que «los socialistas son mafiosos en Sicilia, camorristas en Nápoles y navajeros en Romaña. La Gazzetta d’Italia contraatacó y acusó a Nicotera de ser el chivato que provocó el fracaso de la expedición mazziniana de Carlo Pisacane a Sapri en 1857 (expedición cuyo objeto era liberar a los detenidos políticos de la cárcel borbónica de Ponza y en la que el ministro había participado). Según Benigno, fue un «ajuste de cuentas interno de la izquierda» entre Nicotera y Francesco Crispi, recién excluido del gobierno. Entonces la izquierda intransigente de Benedetto Cairoli y Giuseppe Zanardelli instauró una costumbre que ganaría muchos adeptos en las décadas siguientes (hasta la actualidad): arremeter contra el ministro acusándolo de ser «más autoritario, iliberal y corruptor» que sus predecesores. Entretanto, Nicotera logró el apoyo de comentaristas moderados de la talla de Giacomo Pagano y Ruggiero Bonghi.

Estos son los antecedentes de un fenómeno que se llamaría «transformismo». Depretis resolvió prescindir de Nicotera y puso al frente del Ministerio del Interior a Crispi, que también se vería obligado a dimitir poco después, cuando en las páginas de Il Bersagliere, el periódico de Nicotera, lo acusaron de bigamia. El nuevo rey, Humberto I, para salir de esa situación tan complicada, ofreció las riendas del gobierno a Cairoli, y Zanardelli fue uno de sus ministros. Pero la historia no acabó ahí. El fiscal de Palermo, Antonio Malusardi, sacó a la luz un documento en el que constaba que, en una propiedad de la Casa Real, la finca La Favorita, se alojaban «personajes sospechosos». Uno de los guardas de la finca era Francesco Cinà, sometido a medidas cautelares, y el jefe de la guardia de caza era Camillo Cusumano, que había sido detenido ocho veces y era considerado un «mafioso temible». Según Benigno, el caso de La Favorita «muestra una vez más que los vínculos con las “clases peligrosas” se utilizan como instrumentos para los ajustes de cuentas entre los grupos de poder». Lo cierto es que en La mala setta: Alle origini di mafia e camorra tenemos la impresión de estar leyendo páginas que no se refieren solamente a los años que van de 1861 a 1878.

Los primeros escándalos de la Italia unificada

LOS PRIMEROS ESCÁNDALOS DE LA ITALIA UNIFICADA

Las autocríticas empezaron enseguida, desde finales de la primera década del Estado italiano unitario. En el discurso público del país se mencionan con frecuencia los «años felices» del gobierno de la derecha histórica (1861-1876). Una época, sin duda, convulsa, en la que se vivió el traslado de la capital de Turín a Florencia (1864); las derrotas militares de Lizza y Custoza en la tercera guerra de la Independencia contra el Imperio austríaco (1866); un principio de guerra civil en el sur; las tensiones persistentes entre la clase del gobierno y los seguidores de Mazzini y Garibaldi; las protestas contra el impuesto sobre la trituración de los cereales y los primeros escándalos, como los que acarrearon la privatización de las tabacaleras o la concesión del contrato para las líneas ferroviarias del sur. Pese a todo, dicha etapa ha pasado a la historia por la estabilización política que siguió al fallecimiento de Cavour (6 de junio de 1861); la construcción de un sistema de infraestructuras y de un aparato estatal fuerte; la «conquista» por parte del Estado unificado primero de Véneto (1866) y luego de Roma (1870), y el equilibrio presupuestario que logró el primer ministro Marco Minghetti en 1876. No obstante, a finales de los años sesenta hubo un momento en que se extendió una sensación de desconcierto y aparecieron ciertas miradas pesimistas hacia Italia destinadas a permanecer en el ADN de los ciudadanos.

En un libro de 1862, Ferdinando Petruccelli della Gattina fue despiadado con los políticos del recién nacido Estado unitario y los denominó I moribondi del palazzo Carignano («Los moribundos del palacio Carignano», en alusión al edificio turinés entonces sede del Parlamento). Por su parte, en una carta a su hermano Vincenzo de 1867, Bettino Ricasoli habla de Italia como de una tierra que está a punto de ser inundada por el «torrente de la destrucción». Y el embajador de la reina Victoria en Florencia escribió en junio de 1869 un despacho al ministro de Asuntos Exteriores inglés, Lord Clarendon, en el que comparaba la Italia guiada por el primer ministro Luigi Federico Menabrea con un barco próximo al naufragio. Antes de ello, en marzo de 1868, el diputado Vincenzo Stefano Breda, al referirse al impuesto sobre la molienda de los cereales, había dicho: «El impuesto es detestable y yo personalmente lo detesto. Y si me induzco bajo ciertas condiciones a votarlo, lo hago como el náufrago que, para salvar su vida, se agarra no solo a una tabla, sino también a una cuchilla». En un periódico demócrata de Parma, Il Presente, escribieron: «Italia fue llamada a una nueva vida por obra casi exclusiva de ilustres patriotas que habían estado en Spielberg [castillo checo que fue prisión del Imperio austrohúngaro], en Mantua o en el Castel dell’Ovo [de Nápoles]. Lamentablemente, luego cayó bajo la administración de los antiguos y fieles servidores de aquellos tiranos, cayó bajo el gobierno de quienes se avergonzaban de pronunciar su nombre y se prestaban cual sicarios feroces a colocar el yugo a todo aquel que aspirase a unificarla».

En 1869: il Risorgimento alla deriva, Arianna Arisi Rota subraya «el sincretismo de los gritos colectivos recogidos en los documentos de las comisarías y fiscalías de todo el territorio. Así, a los “Abajo la molienda, abajo el Parlamento, muerte a los millonarios”, se unían los “Viva la República” y también los “Viva el emperador de Austria” y “Viva el papa”, en una mezcla de nostalgia por el paternalismo fiscal de los regímenes anteriores y de furia iconoclasta». Eslóganes ante los cuales la prensa filogubernamental reaccionaba mencionando el «complot entre rojos y negros [republicanos y clericales]». Según La Perseveranza de Milán, el centro de Italia «era desde hacía tiempo el territorio de las sectas republicanas y clericales, que lo han explotado y mimado a la vez». Una conspiración a la que aludió Menabrea al afirmar ante el Parlamento que había entrevisto «la sonrisa torcida de cierto partido, que desea ver desórdenes y debilidad en el gobierno para poder restaurar los órdenes antiguos». «El impuesto sobre la molienda, si Dios quiere, triturará a la monarquía», anotó en su diario el diputado sardo de la izquierda Giorgio Asproni, objeto de estudio de Francesca Pau en Un oppositore democratico negli anni della Destra storica, donde aborda la figura en unos términos que a menudo remiten a las consideraciones del presente libro. También se ocupan de estos temas con observaciones interesantes Fulvio Cammarano y Stefano Cavazza en Il nemico in politica y Loreto Di Nucci y Ernesto Galli della Loggia en Due nazioni. En 1868 el periódico de Achille Bizzoni, Gazzettino Rosa, ya había escrito que «la Italia niña a la que todo le sonreía se ha hecho mayor, y con la pubertad vienen los desengaños […] Ahora ha sido humillada, traicionada, y está flaca, transparente como una moribunda consumida». Y más adelante: «La infección de una gangrena incurable se ha extendido de arriba abajo, y esperemos que pronto no haya molécula de esta enferma moribunda que no esté deteriorada por la dolencia para llevarla a la tumba como hediondo cadáver». En un abrir y cerrar de ojos, los gobernantes y la prensa que los apoyaba se convirtieron en «canallas condecorados», «ladrones de guante blanco», «corte interminable de marionetas oficiales que no merecen ningún cargo, salvo el de sanguijuelas de la nación», «personas influyentes que se pulen cientos de billetes y que acabarán de demoler esta barraca mal construida y peor reparada». «Los ministros están destrozando Italia», sentenció el Gazzettino. Uno de los referentes de este periódico era Felice Cavallotti, un parlamentario controvertido que, según afirma el historiador Alessandro Galante Garrone en una biografía del político, «aspiraba a la pureza moral y la corrección ejemplar en la vida pública». No obstante, conviene recordar que Augusto Monti, otro estudioso miembro del segundo Partito d’Azione (fundado en 1942 e inspirado en la formación de Mazzini del siglo anterior), fue mucho menos indulgente con la figura de Cavallotti.

Un parlamentario de la izquierda, Agostino Bertani, introdujo el concepto de un «sistema» dispuesto a concederse una «amnistía mutua» en virtud de «una solidaridad que siempre ha existido y existe entre todos los hombres que formaron parte del gobierno a partir de 1860». Todos «adoran al mismo Dios, son sacerdotes del mismo culto, tienen las mismas jaculatorias en los labios y corren los extremos de las cortinas para ocultar a las miradas profanas los errores arcanos de todos los ministerios». Para luego invocar a una «minoría audaz» que en el momento oportuno «hallará las armas y, si es necesario, tomará el mando en medio de una catástrofe inmensa». Según Arianna Arisi Rota, con estas palabras el parlamentario «tocaba la fibra sensible de la nación». Y anticipaba algo muy distinto de lo que pretendía.

Mientras se producía el debate sobre el monopolio de las tabacaleras, Giovanni Lanza dimitió de la presidencia de la Cámara para distanciarse de la derecha, mientras que Antonio Mordini se separó de la izquierda para crear el llamado «Tercer partido». «Mordini pasó abiertamente al terreno ministerial con un discurso que provocó rechazo», escribe Asproni. El 4 de septiembre de 1868, Cavallotti, para describir lo que se perfilaba, introdujo un término destinado a entrar en el léxico político: «Patatrac». En diciembre, el Gazzettino acusó al parlamentario Giuseppe Civinini de haberse dejado corromper: «Dicen que endulzaba con un azucarillo de muchísimos miles de liras (sabemos la cantidad exacta, pero no vamos a repetirla) su patriótica aprobación». Raimondo Brenna, director de La Nazione, la definió una «acusación sucia», con lo cual se ganó una serie de insultos. Así, el Gazzettino tildó a Brenna de «intrigante, perpetuo e incansable cazador de las migajas que dejan los ministros en sus banquetes», de ser alguien que «desde lo alto del comedero, ahíto, eructa sus mentiras y adulaciones a quien paga y manda». «Este gobierno caerá en pedazos por sí solo, como las extremidades de un cadáver putrefacto», sentenció Asproni en su diario.

El descrédito de la política estaba en alza. Cuando Menabrea pidió al procurador general de Nápoles, Michele Pironti, que fuera ministro de Justicia, la esposa de Pironti lo exhortó a mantenerse lejos de la «camorra piamontesa». Se abrió el proceso tras las insinuaciones sobre Civinini. Condenaron al director del Gazzettino, pero antes Francesco Crispi aprovechó para jugar a «lo digo y no lo digo» y echar más leña al fuego del gobierno y al de la oposición. En el periódico Zenzero Primo escribieron: «La sala del Parlamento parece el mar Muerto; inmóvil y amarilla la superficie de las aguas, amarilla la arena de las orillas, amarillos los tonos del aire […] El ave errante que llega por azar a este ambiente se asfixia, cae en picado y muere en la funesta laguna». «El ambiente apesta, el olor a cadáver se huele a mil pasos», escribió Giacomo Dina a Michelangelo Castelli. Y Giovanni Lanza se dirigió a la capital provisional del reino con estas palabras: «Oh, Florencia, Florencia, te preparas como una página en la historia de Italia». La revista de los jesuitas, La Civiltà Cattolica, describió la situación como una «plaga de gusanos asquerosos» y, refiriéndose a Civinini y a Brenna, introdujo un juego de palabras que tuvo mucho éxito en aquellos años: «Corren rumores nada señoriales sobre sus Señorías». Benedetto Cairoli confió a su prima Fedelina que le daba «asco este pantano parlamentario donde tantos se hunden, incluso mis amigos».

Fue el momento en que el poeta Giosuè Carducci, como señaló Umberto Carpi en Carducci. Politica e poesia, introdujo la idea de que «esta no era la Italia que habíamos soñado». Años más tarde, Pasquale Villari, en una de sus Lettere meridionali, escribiría: «La nueva Italia estaba formada por los mismos elementos que la vieja Italia, solo que dispuestos en un orden y unas proporciones distintas». Por otra parte, en una carta de Giacomo Savarese a Giuseppe Ferrari, leemos que en Italia ocupaba el poder «una oligarquía mucho más iliberal que los gobiernos absolutos que derrocó». Y el Gazzettino Rosa aún era más explícito: «Las batallas garibaldinas no nos han dado la independencia; solo hemos cambiado de dueño». «¿Dónde está la gran política de antaño?», se preguntaba Giacomo Dina. La desolación llegó hasta tal punto que Cavallotti hablaba de un país en «descomposición moral» mientras señalaba con el dedo a la «oposición desbaratada». Y lo peor aún estaba por llegar.

El 5 de junio de 1869, el parlamentario véneto Cristiano Lobbia anunció en el Parlamento que tenía pruebas de que un diputado se había lucrado con el asunto de las tabacaleras. Y mostró dos sobres sellados. El 16 de junio atentaron contra su vida. Garibaldi se solidarizó con él y habló de «tiempos borgianos». Otros pusieron en duda la veracidad de su relato. Gian Antonio Stella, en su extraordinario libro I misteri di via dell’Amorino, cuenta todos los detalles del escándalo. Aquí lo que nos interesa no es la historia en sí, sino la avalancha de habladurías demoledoras que llegó a salpicar incluso a Víctor Manuel II. El monarca, rabioso, telegrafió el 19 de junio al ministro Cambray-Digny: «Aquí en Turín también corren rumores de que yo he robado millones y usted, cierta cantidad. Dele mayor publicidad al proceso Lobbia, porque yo estoy harto de esta canción». Y empezó la autodenigración colectiva: «El ambiente apesta» (Giacomo Dina); «huele a cadáver» (Giovanni Lanza); el caso italiano es como «una tisis larga y penosa» (Ruggiero Bonghi).

Garibaldi ya había abandonado el Parlamento. El 14 de julio de 1869 dimitió el diputado por Guastalla, Carlo Righetti, más conocido por el pseudónimo de Cletto Arrighi, aduciendo no tener «ninguna razón para permanecer en una asamblea donde la mayoría tergiversa de un modo extraño el sentido de las palabras». Por su parte, Marco Minghetti declaró: «La situación es muy mala y todos lo vemos», pero escribió a Michelangelo Castelli diciendo que era necesario «resistir ante esta marea de fango que sube y que amenaza con engullirnos a todos, y entonces adiós, Italia». En las páginas de Libertà rendían homenaje a Lobbia, «el valiente acusador de los corruptos del Salón de los Quinientos [sede del Parlamento en Florencia, capital provisional del reino]». «Hoy también ha llovido mucho. El Arno ha crecido, sus aguas se ven sucias y amarillas», anotó Asproni aludiendo a la situación política italiana. Y Garibaldi escribió a su compañero de armas en la expedición de los Mil: «Querido Crispi: dejarse corromper o morir, esta es la fórmula adoptada por el jesuitismo político que gobierna Italia». «Nuestra patria es vil», dirá Carducci en la oda In morte di Giovanni Cairoli. Son opiniones que conformaban y difundían un sentir común al que se adhirieron algunos observadores extranjeros, como el norteamericano George Perkins y el inglés Arthur Paget. La estela de este período duró mucho; buen ejemplo de ello es que, en 1880, Ferdinando Martini, director de Fanfulla della Domenica, se vio obligado a pedir a Carducci que atenuara un recuerdo del verano de 1869: «Quiero que elimines las frases referidas a la investigación sobre las líneas ferroviarias del sur y al proceso Lobbia. Ya sé que eso también es historia, pero es una historia que sigue siendo un instrumento en manos de los partidos. ¿Para qué vamos a recordarla? Para vituperar a ciertos hombres que siguen vivos e inquietos. Es historia, sí, pero historia sucia; tú mismo querrías que se olvidara si no te sirviese para atacar a Menabrea. Y eso es entrar en política. Dejémoslo».

Más tarde, el 20 de septiembre de 1870, se tomó Roma y eso calmó los ánimos. Algunos se entusiasmaron, pero fue un lapso de tiempo muy breve. Desde entonces han pasado casi ciento cincuenta años, en los cuales, a excepción de algún paréntesis, siempre han ido apareciendo invectivas e injurias a la nación italiana con motivos y palabras similares, cuando no idénticas, a las de 1869. Una peculiaridad un tanto rara y muy italiana.

Keynesianos a la italiana

KEYNESIANOS A LA ITALIANA

Desde su fundación el Estado italiano ha vivido por encima de sus posibilidades. Y las cosas fueron empeorando en el siglo xx hasta generar la gran cuestión de la deuda pública que, a partir de 1968, produjo un auténtico monstruo. En Governare gli italiani, Sabino Cassese señala que en Italia el «poder distributivo», es decir, el del gasto, siempre ha estado por encima del «poder extractivo», esto es, la recaudación de impuestos. Los años setenta y ochenta fueron, a todos los efectos, una época de desenfreno y despreocupación. Giuliano Amato y Andrea Graziosi, en Grandi illusioni, los definen como «veinte años de políticas insostenibles» y eligen como personaje más representativo del inicio del período a Mariano Rumor, primer ministro democristiano, considerado en aquella época un miembro no precisamente brillante del doroteísmo véneto (la corriente moderada de la Democracia Cristiana). Leonida Tedoldi es de la misma opinión y, en Il conto degli errori, establece 1970 –la época del tercer gobierno presidido por Rumor– como el momento en que se pasa a la etapa de los grandes errores.

En los veinticinco años que van de 1970 a 1995, la media continental de la deuda pública subió del 38,9 % al 70,8 % del PIB. En Italia empezó más baja (37,4 %), pero luego aumentó hasta rozar la cima del 124,3 %. En otras palabras, mientras que en Europa se doblaba la deuda, en Italia casi de cuadruplicaba. Una gestión incauta de la economía llevada a cabo en nombre de John Maynard Keynes. Los políticos, en homenaje al economista inglés autor de la Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936), con el que hasta entonces habían tenido escasa familiaridad, decidieron que había llegado el momento de gastar, gastar y gastar. De ese modo, podían comprar el consenso de los electores y meterlo todo en la cuenta de las siguientes generaciones. Según documenta Daniele Franco en L’espansione della spesa pubblica in Italia, 1960-1990, el número de trabajadores de la administración casi se dobló en esas tres décadas (de 767.000 en el año 1950 a 1,5 millones en 1974). Los aumentos más sustanciosos se produjeron en los sectores de educación, sanidad y seguridad social. «Números que, trasladados al contexto europeo, se movían en niveles que estaban por debajo de la media, pero que aun así respondían a una tendencia política bastante peligrosa de absorción constante del desempleo, principalmente intelectual, en las áreas críticas del país», escribe Tedoldi. En 1976, el gasto superó por primera vez en la historia republicana la mitad del PIB, pero gracias a un aumento de las entradas tributarias, la deuda pública se redujo ligeramente.

En 1977 el gobierno de unidad nacional presidido por Giulio Andreotti se vio obligado, a causa de un aumento considerable de la deuda (un 20 % más que el año anterior), a renegociar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo para un préstamo. Un acuerdo que incluía «el control directo del crédito, límites al tipo de cambio a largo plazo y la fijación de un techo máximo para el déficit público». En 1977, este modo de «maniobrar dentro de los recovecos del presupuesto» se fue agravando hasta lo inverosímil, lo cual provocó los «mayores problemas [de la década] en cuanto a irregularidades en los datos de cobertura del gasto». Ese año se adoptaron cuatro medidas legislativas «abiertas», que supusieron unos 19 billones de liras sobre los 20 de la deuda total. Entre 1974 y 1978 el PIB creció de forma considerable, del orden del 7 %, y ello contribuyó a hacer menos evidente la magnitud de la carga explosiva cuya mecha se estaba prendiendo. En las elecciones de junio de 1979, en línea con la austeridad invocada por el dirigente comunista Enrico Berlinguer, el problema de la contención de la deuda pública apareció incluso en el programa electoral del PCI. Luego este partido salió derrotado e inmediatamente dejó a un lado el tema.

En realidad, escribe Tedoldi, durante gran parte del siglo xx, el Estado italiano siempre «saldó» sus deudas acumulando otras deudas o imprimiendo moneda. Cuando la deuda era demasiado alta o peligrosa y se hacía necesario aminorarla, el Estado siempre prefería «repudiarla» implícitamente reduciendo el poder adquisitivo de la lira. Desde la segunda mitad del siglo xx, «los gobiernos italianos recurrieron, además, a un uso sistemático de previsiones excesivamente “optimistas” de las variables macroeconómicas, con el fin de obtener con antelación márgenes de gasto que, como se vio cuando la evolución real era desfavorable, se habían financiado con déficit». ¿De quién fue la culpa?

Desde hace unas décadas, observa Tedoldi, «proliferan convicciones con escaso fundamento» sobre la relación entre Estado, gobiernos y aumento de la deuda pública que han generado ideas equivocadas. Una de ellas es creer que la responsabilidad del crecimiento de la gigantesca deuda pública italiana está vinculada únicamente a la extensión del Estado y sus estructuras y, en esencia, al coste de la construcción de la sociedad del bienestar. Otra es «sostener que tal situación de deuda es atribuible a la incapacidad e ineptitud de la clase política, que perdió el control de la deuda sobre todo en los años ochenta y también tras la crisis de principios de los noventa». Pero todo esto solo es una parte de la verdad. Probablemente, continúa Tedoldi, «las razones por las que se crearon estos lugares comunes residen […] en la carga subliminal tranquilizadora de dichas convicciones, que atribuyen sustancialmente la responsabilidad del peso tan preocupante de la deuda a la clase política, es decir, a los gobiernos y el Estado, a menudo ineficientes e ineficaces, y en el hecho de reservar a la sociedad –la llamada sociedad civil– solamente el papel de víctima».

Es bien sabido que en Italia la «estrategia de la víctima» se utiliza mucho y de un modo recurrente («sobre todo ahora, en la relación con la Unión Europea», subraya Tedoldi). Por otro lado, «el papel de las dos partes –instituciones públicas y sociedad en su conjunto– no es tan diferente». Tedoldi dice que no lo convence «el uso, tan frecuente, de las locuciones “ocasión perdida” y “cita desaprovechada”, que presuponen una especie de distracción constante y, en el fondo, casi absolutoria de los gobiernos o de sus líderes respecto al problema que deben afrontar». Prefiere creer que todos nosotros hemos aceptado de buen grado esas políticas «por haber sido fuente de sustento económico y de acumulación durante décadas». Son «problemas que hoy en día, en nuestra época, reaparecen constantemente».

A principios de los años ochenta, la deuda pública se estabilizó alrededor del 60 % del PIB y creció hasta superar el 100 % a principios de los noventa, tras un salto del orden del 40 % entre 1983 y 1989. Todo ello a pesar de que, el 12 de octubre de 1982, Beniamino Andreatta, en aquel entonces ministro de Economía, lanzó una alarma (ignorada) en el Parlamento exhortando a no subestimar el potencial destructivo de aquella carga explosiva: «En cierto sentido, se trata de cambiar el pasado, que todavía está aquí como deuda pública y nos pide cuentas de los errores de los años anteriores a través del pago continuado de los intereses», dijo. En aquella década, subraya Tedoldi, «cambiaron drásticamente los detentadores de la deuda: si antes eran preferentemente las sociedades de crédito y el Banco de Italia, ahora eran las familias y las empresas. En esencia, esta situación iba claramente acompañada de la formación de una clase acreedora, de un bloque social que se iba alimentando progresivamente del Estado mediante la adquisición de títulos de la deuda con el fin de aumentar sus propios réditos, lo cual equivalía a generar más deuda». Según el autor, el aumento constante de la deuda pública «no lo causó, como se suele decir y escribir, solo una mala gestión del gasto público de los gobiernos, ni su pérdida de control de los presupuestos del Estado». Tampoco podemos afirmar que el uso del apalancamiento de la deuda pública fuera dirigido «únicamente a la expansión de la clase media o del sistema bancario, de la intermediación financiera, según una lógica paraasistencial que garantizaba un bienestar superior a las posibilidades reales».

En opinión de Tedoldi, las razones del aumento de la deuda pública en Italia «hay que buscarlas en su uso altamente político (que implicó en parte al Banco de Italia), quizá impulsado hasta el exceso –y ahí nos encontramos con la actitud “psicológica” de los gobernantes italianos ante el apalancamiento de la deuda, considerada siempre tranquilizadora–, y en la “obsesión”, al menos hasta los años noventa, por encontrar y mantener una identidad “nacional” de la deuda y, en consecuencia, reforzar el ahorro de las familias como índice y garantía de democracia». Por eso los gobiernos de los años que nos ocupan crearon la «ilusión racional» (el oxímoron es del autor) de que era posible endeudar al Estado, incluso a niveles muy elevados, para poder financiar el crecimiento y, a la vez, garantizar a la clase media el sustento de sus necesidades de seguridad, mejorando con ello su estilo de vida. Hemos llegado al punto crucial, que en cierto modo ya queda subrayado en el libro de Amato y Graziosi citado al principio. «Es probable que optar por el mantenimiento de la deuda a ciertos niveles respondiera en parte a la voluntad de recurrir al gasto público para evitar las duras críticas del Partido Comunista, y también a la presión de los intereses sociales, contrarios a cualquier tipo de reducción de la deuda», y esta política fue «el núcleo de la búsqueda de consenso» en aquella época: «A mediados de los años ochenta, el aumento neto de la deuda permaneció en torno al 11 % del PIB, un valor realmente significativo para cualquier país europeo de primera línea».

Respecto a los comunistas, tras la muerte de Berlinguer (1984), el PCI quedó algo ofuscado por una visión profundamente hostil del gobierno presidido por Bettino Craxi. Y el anticraxismo llevó a los comunistas «a un enfrentamiento interno carente de un análisis en profundidad, focalizado en torno a la ineficacia del liberalismo, mientras se debatía poco la crisis del Estado keynesiano que en esos momentos se estaba produciendo no solo en Italia, a pesar de que era un problema decisivo para los partidos socialistas y socialdemócratas europeos, que seguían dialogando con las fuerzas de la izquierda italiana». Es una cuestión que trata Alberto De Bernardi en Un paese in bilico: L’Italia degli ultimi trent’anni. En la tesis precongresual del XVII Congreso del PCI (1986), dedicada a la «crisis del pentapartito» (gobierno de coalición formado por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Socialista Demócrata, el Partido Republicano y el Partido Liberal entre 1981 y 1991), leemos: «La política que siguieron en esos años los gobiernos del pentapartito estuvo fuertemente condicionada por un concepto propio del neoliberalismo, según el cual los recortes en los salarios y los gastos sociales, así como una desreglamentación general en las relaciones entre Estado y mercado, podían crear las condiciones necesarias para una recuperación del desarrollo». En opinión de los comunistas, Craxi había llevado al país a un «período marcadamente neoliberal», que solo existía en su imaginación, dice Tedoldi.

Dentro de la escena política italiana, mantenía una actitud crítica respecto al crecimiento de la deuda Ugo La Malfa (PRI); tras su muerte, Beniamino Andreatta se quedó prácticamente solo. Estamos en la transición entre finales de los ochenta y principios de los noventa. «Andreatta interviene a menudo con dureza como censor y defensor de los límites de la deuda pública, y al final se impone el acuerdo [referencia a la iniciativa de negociación del ministro Paolo Cirino Pomicino]», anota en su diario Luciano Barca (Cronache dall’interno del vertice del Pci). «Es triste, sobre todo por el aumento de la deuda pública, pero, lamentablemente, así es como el Parlamento desempeña la función principal para la que fue creado […] Cuando no hay acuerdo en las grandes decisiones, todos acabamos siendo cómplices en las pequeñas decisiones, a las que destinamos un gasto que, si se hubiera concentrado en un factor estratégico, habría sido mucho más útil para el crecimiento del país.» Por desgracia, añade Barca, «todo ello ocurre con el beneplácito de Guido Carli», economista democristiano y gobernador del Banco de Italia hasta 1975. Esos parlamentarios «cómplices en las pequeñas decisiones» –de los que habla Luciano Barca en páginas de una denuncia social que extiende también a su propio partido, el PCI– llevarán a Italia al borde del abismo. En realidad, dado que la batalla para alejar al país de tal destino sigue librándose, podemos decir que los italianos traspasaron ampliamente el borde para acabar con un pie en el precipicio. Y que hoy en día siguen estando ahí.

Contra la «complotmanía»

CONTRA LA «COMPLOTMANÍA»

Richard Hofstadter dice que en los EE. UU., desde finales del siglo xviii, no hay año en que no se haya difundido la idea de que existe alguna conspiración para hacerse con el poder. Entre los conspiradores han sido enumerados la secta bávara de los iluminados, los masones, los católicos, los comunistas, los reaccionarios del sur y, de un modo recurrente, los judíos («Lo stile paranoico nella politica americana», en Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo, ed. de Alessandro Campi y Leonardo Varasano). Ahora bien, por encima de los Estados Unidos, la reina de la «complotmanía» es Italia. ¿Una prueba de ello?

Los hombres armados que intentaron agredir a la democracia italiana entre los años sesenta y ochenta fueron derrotados. Las instituciones republicanas «ganaron y, en conjunto, ganaron bastante bien», constata Vladimiro Satta en I nemici della Repubblica. Storia degli anni di piombo. Solo hay un ámbito en el que las cosas siguen siendo como en aquel período: el de la reconstrucción histórica. Las teorías conspirativas difundidas en aquellos momentos terribles, por raras que fuesen, han sobrevivido, como si nunca hubieran existido procesos judiciales, ni relatos pormenorizados de lo que aconteció realmente, ni comprobaciones y descartes de las hipótesis más fantasiosas. Según escribe Satta, «la desaparición de la escena de ese tipo de manifestaciones demuestra que no eran fruto de complots urdidos en misteriosas altas esferas del poder italiano o mundial que lo dirigen todo, sino impulsos nacidos en el interior de nuestra sociedad y nuestra (in)cultura en un momento determinado. […] Impulsos que, afortunadamente, se han extinguido». Y más adelante: «Los terrorismos han contribuido sin proponérselo a consolidar y despolarizar la democracia italiana, que ha salido reforzada tras la dura prueba».

No se puede decir lo mismo de la historia que –con honrosas excepciones– ha codificado aquellos años como una época en que las estructuras desviadas del Estado primero conspiraron con terroristas de la derecha y de la izquierda y luego hicieron naufragar los juicios para impedir que salieran a la luz sus responsabilidades. Casi cincuenta años después de los hechos, no existen pruebas de que un solo «hombre de Estado» tuviera responsabilidad directa o indirecta en los delitos de aquella epopeya sangrienta. En el episodio de la bomba colocada en la plaza Fontana de Milán el 12 de diciembre de 1969, lo máximo que se logró fueron las condenas de Gianadelio Maletti y Antonio Labruna gracias a la ayuda que el SID (los servicios secretos italianos) brindó a Marco Pozzan y Guido Giannettini, «dos personajes no precisamente ejemplares que quedaron absueltos de la acusación de terrorismo».

Satta desmonta un centenar de pequeñas y grandes sospechas (legítimas) e hipótesis (algunas de ellas realmente extravagantes) que en la prensa y en muchos libros de historia se incluyeron como hechos comprobados. Por ejemplo, que en el Banco Nacional de Agricultura de la plaza Fontana de Milán estallaron dos bombas en vez de una; que el anarquista Pietro Valpreda habría colocado la primera, de baja intensidad, y de la segunda, devastadora, se habría encargado un hombre casi idéntico a Valpreda. Es la hipótesis que formula Paolo Cucchiarelli en Il segreto di Piazza Fontana; Giorgio Boatti y Adriano Sofri la desmontan pieza por pieza (el presunto doble de Valpreda habría sido en realidad una modelo escandinava rubia, de 23 años, obviamente inocente), pero luego el director Marco Tullio Giordana la retoma en su película Romanzo di una strage.

Igual de estrafalaria es la reconstrucción de Fulvio y Gianfranco Bellini, quienes, bajo el pseudónimo Walter Rubini, escribieron en Il segreto della Repubblica que el 23 de diciembre de 1969, once días después del atentado, el presidente de la República, Giuseppe Saragat, y el ministro de Asuntos Exteriores (y ex primer ministro), Aldo Moro, habrían hecho un trato para silenciar el caso y encubrir la responsabilidad de Franco Freda y Giovanni Ventura (cuyo papel en la historia se destaparía a mediados del mes siguiente). En aquellos momentos, el Observer presentó a Saragat como artífice de la denominada «estrategia de la tensión» (el período sangriento e inestable de los «años de plomo» en Italia), pero Satta demuestra punto por punto que las acusaciones eran infundadas. Al juez instructor Guido Salvini le critica el haber utilizado «los conceptos de “estado de emergencia” y de “golpe” como si fueran intercambiables». «En 1969 las instituciones republicanas resolvieron –con acierto– que no había necesidad de proclamar el estado de emergencia, pero conviene señalar que en todo caso habría sido una medida antifascista y no antidemocrática», escribe el autor. Satta también desmonta la idea, lanzada en aquellos años, de que la disolución anticipada de las Cámaras (algo que se haría sistemáticamente a partir de 1972) habría sido una maniobra golpista. El autor demuestra de un modo brillante que Moro no era depositario de grandes secretos referidos a las relaciones entre el Estado y los terroristas. Otro tanto sucedería con algunos actos o dudas atribuidos al entonces primer ministro, Mariano Rumor, que resultaron ser invenciones o temas mucho más obvios de lo que se había dicho.

En cuanto a la muerte del anarquista Giuseppe Pinelli, que cayó desde la ventana de la comisaría mientras lo interrogaban sobre el atentado de la plaza Fontana, Satta sostiene que el juez del caso, Gerardo D’Ambrosio, nunca dijo que Pinelli tuviera problemas de salud y que dicho argumento fue «una invención de los periodistas para desacreditar su sentencia», en la que absolvía al comisario Luigi Calabresi. También expresa una opinión positiva sobre los juicios, celebrados respectivamente en Catanzaro y en Bari: «Quienes creían que trasladar el juicio sobre el atentado de la plaza Fontana a una remota sede del sur iba a suponer un obstáculo se equivocaban por completo […] En Catanzaro trabajaron muy en serio, incluyeron en el proceso a representantes de primer orden de los servicios secretos y de la autoridad política y pidieron a estos últimos que asumieran responsabilidades en lo referido a las polémicas acusaciones a las estructuras del Estado». Respecto a la «sentencia definitiva», que culpa del atentado de la plaza Fontana a los neofascistas paduanos de Ordine Nuovo, Satta subraya que «no se necesita el móvil de los criminales», algo «normal en el ámbito de una valoración incidental en sede judicial, pero que deja un vacío que la historiografía debe tratar de colmar». Lo cierto es que, hasta ahora, ningún historiador ha intentado llenar ese vacío de un modo creíble.

Desde el primer momento, el atentado de la plaza Fontana fue considerado «la madre de todas las matanzas». Sin embargo, Satta nos invita a reflexionar en estos términos: «De ser así, su gestación habría sido muy larga». Baste pensar que entre el 12 de diciembre de 1969 y el siguiente atentado mortal de naturaleza subversiva, cometido en Peteano el 31 de mayo de 1972, pasaron casi dos años y medio. En cuanto a la etapa siguiente, el autor pone en tela de juicio el esquema trazado por Guido Crainz en Il paese mancato, esquema que conecta el intento de golpe de Estado –el llamado «Plan Solo»– del general Giovanni De Lorenzo en verano de 1964 con los atentados de los años setenta, y unifica hasta cierto punto golpismo y terrorismo. Luego, basándose en Il piano Solo de Mimmo Franzinelli, recuerda en un tono no exento de malicia que, si De Lorenzo hubiera terminado su carrera en 1966 por una limitación de edad, los historiadores de hoy lo presentarían como un «militar de izquierdas», protagonista de la Resistencia, orientado hacia el filocomunismo en la posguerra, paladín de la condición apolítica del ejército y modernizador del cuerpo de los carabineros. A continuación, Satta declara que, después de la investigación de Giovanni Tamburino sobre el general Amos Spiazzi y el intento de golpe de Estado conocido como «Conspiración de la Rosa de los Vientos», da por bueno el testimonio de Roberto Cavallaro sobre la existencia, en 1964, de una estructura paralela comparable a las redes Stay Behind (pero Cavallaro, nacido en 1949, tenía quince años en 1964, con lo cual es improbable que hablara de aquellos hechos por «conocimiento directo»). Nos referimos a un proceso en el que se vio implicado el exjefe del SID, Vito Miceli, que salió absuelto. Satta reconoce que aquel tipo de sentencias «no fueron de las mejores» y que «algunos exaltados merecían un tratamiento más severo». El autor también comenta que, «desde la óptica de su conexión con la red Gladio, el atentado de Peteano y las pistas falsas posteriores habrían sido dos fenómenos distintos, que no formaban parte de un plan subversivo común». El atentado «pertenecería a la historia del neofascismo, que es italiana», mientras que las maniobras de distracción para encubrir las operaciones Stay Behind «pertenecerían a la historia de la Guerra Fría».

En cuanto al atentado en el Italicus (4 de agosto de 1974), el autor del libro expresa sus dudas acerca del testimonio de Maria Fida Moro, hija de Aldo, según la cual su padre estuvo a punto de tomar ese tren y, por tanto, el ataque se habría urdido contra él. En líneas más generales, Satta pone de manifiesto que la cronología del golpismo y el terrorismo no coincide con la etapa de esplendor del PCI, a la que tampoco «puede vincularse en términos de reacción, ya que la precede en vez de seguirla».

Lo cierto es que sabemos muy poco sobre los autores de los atentados de los años setenta, pero, sin duda, la democracia italiana salió reforzada de ellos (y el PCI vivió una etapa de éxitos). Así pues, podemos decir que resulta poco convincente la célebre frase que el juez Libero Mancuso dirigió a los terroristas: «Nos habéis derrotado, pero sabemos quiénes sois». Más bien habría que invertirla: «No sabemos quiénes sois (a excepción de Freda, Ventura y pocos más), pero os hemos ganado». Entre los «pocos más» a los que acabamos de aludir, hay casos realmente bochornosos, como los de Giusva Fioravanti y Francesca Mambro, condenados por el atentado en la estación de tren de Bolonia de 1980 mediante una sentencia que da lugar a muchas dudas. En cuanto a las celebérrimas palabras de Pier Paolo Pasolini «Lo sé, pero no tengo pruebas», en opinión de Satta, quienes las suscribieron o quienes las han vuelto a sugerir (como el exjuez antimafia Antonio Ingroia) no son «anticonformistas y valientes, sino continuadores de una corriente que está entre la sospecha elevada a método, la presunción y el dogmatismo».

Pasemos ahora a las Brigadas Rojas. En I nemici della Repubblica, Satta demuestra que no están probadas ni las tesis de Alberto Franceschini, según el cual al brigadista Mario Moretti lo manipulaban desde el exterior, ni las de Rocco Turi (en Gladio rossa y en Storia segreta del Pci), que «no comprobaba nada, obviaba muchas cosas y hacía valoraciones incongruentes», según el cual los brigadistas estaban en manos de «fuerzas del otro lado del telón de acero». Por otra parte, queda bastante reducido el papel de la escuela de idiomas Hyperion, fundada en París por miembros de la izquierda extraparlamentaria italiana, cuyo líder, Corrado Simioni, llegó a ser considerado la «eminencia gris» de las Brigadas Rojas. También carecía de fundamento la «imbricación» entre el movimiento Autonomía Obrera de Toni Negri y las Brigadas Rojas que planteó el juez Pietro Calogero en las investigaciones del 7 de abril de 1979.

En cuanto al secuestro y asesinato de Aldo Moro, Satta desmonta todas las reconstrucciones que presuponen una participación de los servicios secretos italianos o internacionales en los hechos. Es «insostenible» que hubiera un «coche de los servicios secretos» en la calle Fani de Roma, donde Moro fue secuestrado. Lo mismo puede decirse de la misteriosa moto Honda que inspiró la película Piazza delle Cinque Lune de Renzo Martinelli. También es «altamente inverosímil» que formaran parte del plan individuos que no eran miembros de las Brigadas. Tampoco «camaradas» extranjeros: «Ningún miembro de las Brigadas Rojas fue a Colonia a secuestrar a Schleyer; del mismo modo, ningún terrorista alemán vino a Roma a secuestrar a Moro». Además, el autor desmonta con todo lujo de detalles y una pizca de perfidia las extravagantes «reconstrucciones» de Ferdinando Imposimato, Miguel Gotor, Sergio Flamigni, Giovanni Fasanella y Giuseppe Rocca.

Satta también minimiza el papel de la logia masónica P2 (Propaganda Due) –aunque, por otra parte, la juzgue muy severamente– en el caso Moro. Muchas veces son señalados como «miembros de P2 personajes que no lo eran, o que lo serían meses o años más tarde», y la logia es considerada «responsable de nombramientos impuestos unas veces por los comunistas (Giulio Grassini en el SISDE, los servicios secretos de la época), otras veces por comunistas y socialistas (Raffaele Giudice al mando de la Guardia de Delitos Fiscales en el lejano 1974) y otras incluso por el mismo Aldo Moro (Franco Maria Malfatti en vez de Francesco Pompei al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores)». Según afirma Satta, «al observar el cuadro de cargos institucionales en el momento del secuestro de Moro, vemos que los hombres de Licio Gelli, “maestro venerable” de la logia, no ocupaban los puestos clave (a excepción de Santovito y Grassini, situados al mando de los servicios secretos del SISMI y del SISDE, respectivamente, pero no en calidad de miembros de la logia)». Así pues, concluye, P2 «fue indudablemente nociva para el país, pero sería absurdo culparla de todas las desventuras nacionales, incluidos el caso Moro y las Brigadas Rojas».

Igualmente inverosímil es el papel que habría tenido el «americano» Steve Pieczenik, quien llegó a autoacusarse de haber contribuido al asesinato de Moro junto con Francesco Cossiga, en aquel entonces ministro del Interior, para luego desmentir tal afirmación. Baste decir que, recientemente, Pieczenik escribió en su blog que Sadam Huseín sigue vivo y «reside bajo un nombre falso en la ciudad rusa de Barvija», que las fotos del cadáver de Gadafi son un engaño, que el exdictador libio y su familia «están perfectamente en el desierto subsahariano bajo la protección de los tuaregs» (y que «si no se han ido también a Rusia, es porque allí hace demasiado frío»). Quizá haya llegado el momento de que alguien cuente la historia de Italia, incluida la más reciente, de una manera menos sugestiva que la que usa Pieczenik en sus relatos.