Kitabı oku: «Impuestos y cambio cultural en Bogotá, 1992-2011»

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© Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Instituto de Estudios Urbanos - IEU

© Vicerrectoría de Investigación

Editorial Universidad Nacional de Colombia

© Paul Bromberg Zilberstein

Colaboradores

Mónica Páez Sierra

Óscar Enrique Alfonso

Wilson Enrique Colmenares Moreno

Comité y Centro Editorial Instituto de Estudios Urbanos - IEU

Comité editorial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia

Primera edición, 2016

ISBN: 978-958-775-697-5 (papel)

ISBN: 978-958-775-699-9 (IBD)

ISBN: 978-958-775-698-2 (digital)

www.unal.edu.co www.editorial.unal.edu.co www.institutodeestudiosurbanos.info direditorial@unal.edu.co

Colección Ciudades, Estados y Política

Instituto de Estudios Urbanos - IEU

Diseño de la colección

Inti Guevara. Diseñadora gráfica

Dora Inés Perilla Castillo - Cordinación editoral

Martha Elena Reyes Martínez - Corrección de estilo

Ángela Pilone Herrera - Diseño de cubierta

Olga Lucía Cardozo Herreño - Diagramación

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio

sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales

Impreso y hecho en Bogotá, D. C., Colombia, 2016.

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Bromberg Zilberstein, Paul, 1952-

Impuestos y cambio cultural en Bogotá, 1992-2011 : realidades y ficciones / Paul Bromberg Zilberstein ; colaboradores, Mónica Páez Sierra, Óscar Enrique Alfonso, Wilson Enrique Colmenares Moreno. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Instituto de Estudios Urbanos - IEU, 2016.

196 páginas : ilustraciones. -- (Colección Ciudades, Estados y Política)

Incluye referencias bibliográficas e índices

ISBN 978-958-775-697-5 (papel). -- ISBN 978-958-775-698-2 (digital). --

978-958-775-699-9 (IBD).

1. Impuestos -- Bogotá -- 1992-2011 2. Hacienda pública 3. Cultura urbana -- Impuestos 4. Planificación tributaria 5. Política de gastos públicos 6. Recaudación de impuestos 7. Bogotá -- Administración pública 8. Bogotá -- Política fiscal I. Páez Sierra, Mónica, 1988-, colaborador II. Alfonso, Óscar Enrique, 1973-, colaborador III. Colmenares Moreno, Wilson Enrique, 1982-, colaborador IV. Título V. Serie

CDD-21 336.201486148 / 2016

Investigación financiada con recursos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Hacienda. Dirección Distrital de Impuestos. Contrato número 629 de 2009.

Publicación financiada con recursos de la convocatoria del Programa nacional de divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros 2013-2015. Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría de Investigación, Editorial Universidad Nacional de Colombia e Instituto de Estudios Urbanos (IEU).

Colección

Ciudades, Estados y Política

Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá).

Instituto de Estudios Urbanos (IEU)

Contenido

Lista de tablas

Tabla 1. Comparativo ingresos tributarios 2006-2007

Tabla 2. Resumen calificaciones 2005-2010

Tabla 3. Cumplimiento del pago predial

Tabla 4. Acciones de cultura tributaria, 1992-2007

Tabla 5. Frecuencia noticiosa de temas tributarios en El Tiempo

Tabla 6. Diferencias por periodo del tratamiento noticioso en el diario El Tiempo

Tabla 7. Cambios generadores de noticia, por periodo

Tabla 8. Aporte voluntario 10 %

Tabla 9. Pago voluntario predial, por estratos

Tabla 10. Contribución de cada estrato al segundo pago voluntario, 2003

Tabla 11. Contribución de cada estrato al tercer pago voluntario, 2004

Tabla 12. Contribución de cada estrato al pago voluntario, 2007

Tabla 13. Primera pregunta. Encuesta de cultura ciudadana en el 2001

Tabla 14. Segunda pregunta. Encuesta de cultura ciudadana del 2001

Tabla 15. Segunda pregunta. Encuesta de cultura ciudadana del 2003

Tabla 16. Número de personas que respondieron estar totalmente de acuerdo (TA) más las personas que respondieron estar de acuerdo (A) en las encuestas de 2003 y 2001

Tabla 17. Comparativo de las personas que respondieron estar totalmente de acuerdo (TA) y de acuerdo (A) en las encuestas de los años 2003 y 2001

Tabla 18. Comparativo 2001-2003: percepción sobre las consecuencias del no pago

Tabla 19. Pregunta sobre recordación de impuestos distritales

Tabla 20. Opciones de respuesta a la pregunta: ¿Recuerda usted por cuáles conceptos se deben pagar impuestos en el Distrito?

Tabla 21. Respuestas a la pregunta sobre los conceptos de pago de impuestos

Tabla 22. Comparativo 2001-2003 de las respuestas a la pregunta sobre conceptos de pago de impuestos

Tabla 23. Preguntas de conocimiento, actitudes y percepciones sobre cultura tributaria

Tabla 24. Respuestas pregunta 602, Encuesta de cultura ciudadana 2001

Tabla 25. Respuestas pregunta CE20, Encuesta de cultura urbana 2003

Tabla 26. Comparación 2001-2003 sobre percepción de que se malgasta el dinero de los contribuyentes

Tabla 27. Misma comparación tabla anterior, 2001-2003-2007

Tabla 28. Resumen tabla 27

Tabla 29. Pregunta CE21c, Encuesta 2003

Tabla 30. Clasificación de las acciones de cultura tributaria

Lista de figuras

Figura 1. Modelo para analizar el comportamiento del sistema político

Figura 2. Ingresos corrientes tributarios 1990-2006

Figura 3. Evolución de impuestos de mayor participación 1990-2006

Figura 4. Predominio de noticias sobre catastro y valorización en el año 2007, según mes

Figura 5. Cantidad de aportantes voluntarios predial según estrato, 2003-2007

Figura 6. Los que sí pagan el 10 % adicional

Figura 7. Recordación de tributos, comparativo de ciudades, 1

Figura 8. Recordación de tributos, comparativo ciudades, 2

Figura 9. ¿A quién prefiere pagar tributos? Comparativo ciudades

Introducción

Entre 1990 y 2011, Bogotá experimentó una transformación. Así se manifestó en el nuevo imaginario que difundieron sobre ella los medios masivos y en el interés de académicos y gestores públicos de diversos rincones del mundo por analizarla. Este imaginario se respaldó en el mejoramiento de la calidad del espacio público, en la prestación de servicios que lo impactan (recolección de basuras, siembra y poda de árboles, parques, Transmilenio, señalización vial, etc.), y en la cobertura y la calidad de otros servicios, como los domiciliarios, la salud, la educación, el bienestar social, entre otros (Bromberg Zilberstein, 2005).

La gestión que ha producido estos cambios tiene, para el ciudadano común y corriente, un lado oculto que es crucial: parte de esos cambios es fiscalmente sostenible. No se ha respaldado únicamente en ingresos contingentes1, sino especialmente en un mejoramiento sustantivo y acumulativo de la estructura fiscal de la ciudad. Este mejoramiento se hizo posible porque actores políticos (alcaldes) lo promovieron y lo ejecutaron desde 1993 en adelante. Incluso el gobierno de Samuel Moreno, cuestionado por corrupción en los años posteriores, tiene un balance muy positivo en su gestión fiscal. A lo largo de este periodo un sistema político que renegó durante años del cobro de impuestos, tasas y contribuciones, pasó a una condición en la que proponer aumentar los ingresos fiscales de manera sostenida no equivale a la muerte política.

La ciudad parecía orientarse hacia la sostenibilidad política y fiscal, es decir, hacia una condición en la cual el sistema político se propondría y aprobaría proyectos viables, considerando sus competencias y los recursos con los cuales puede contar. Esta condición puede verse amenazada desde los dos flancos: uno, decisiones y programas que son políticamente difíciles de revertir pero generan obligaciones recurrentes cuando no crecientes, lo que parece haber ocurrido durante el periodo posterior a Samuel Moreno. En el otro flanco, el regreso a aquella condición que se vivió durante muchos años, cuando el cobro y el pago de tributos cayeron en descrédito. Siempre está presente el riesgo de que vuelva a imponerse una cultura política de rebelión frente a los tributos. De hecho, dos acontecimientos del año 2007, durante la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón, prendieron las alarmas: 1) un grupo de empresarios consiguió que el alcalde revirtiera el proceso de actualización catastral; 2) ese año, además, el alcalde aplazó y puso en cuestión los cobros de la primera etapa de una contribución de valorización aprobada por el Concejo dos años antes. En buena hora, ambas crisis fueron superadas durante el periodo de Samuel Moreno. Sin embargo, las dos crisis llevan a preguntar qué tan consolidados son los logros en aceptación cultural de los impuestos, eso que se ha venido denominando cultura tributaria.

A partir de 1995, como un capítulo de las acciones de cultura ciudadana que caracterizaron al gobierno de Antanas Mockus (1995-1997), la Secretaría Distrital de Hacienda inició un programa de acciones y un estilo de comunicación que adoptaron ese nombre. Este programa ha tenido continuidades y discontinuidades a partir de su nacimiento, aunque las acciones y el sentido de lo que se hace bajo el nombre de cultura tributaria cambian de gobierno a gobierno. Los alcaldes y los secretarios de Hacienda subsiguientes han conservado parte del discurso del tema tributario que comenzó en ese momento en la ciudad, con la excepción del alcalde Garzón, a quien durante la campaña incluso se le oyó el viejo discurso antitributario que tanto daño le había hecho a la ciudad.

La transformación fiscal de Bogotá generalmente se mira desde el lado del mejoramiento en tarifas y procedimientos, así como de la capacidad técnica asociada al recaudo y al cobro. Como se narra en el texto, esta transformación no se logró sin sangre de político. Pero como ella coincidió en parte con ese programa sistemático llamado cultura ciudadana, que sugería la posibilidad de adelantar un cambio cultural para acercar la cultura a la ley, también cabe la pregunta sobre la incidencia que pudieron haber tenido –o que pueden tener–acciones de política en el campo de la cultura tributaria.

En el año 2009, la Secretaría Distrital de Hacienda me solicitó conceptuar sobre la pertinencia de mantener un proyecto de inversión bajo ese nombre, investigación que realicé bajo el paraguas institucional del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en su línea de investigación en Gobierno Urbano. Este libro es la adaptación del informe correspondiente, que respondía la siguiente pregunta para el caso específico de la Secretaría Distrital de Hacienda en 2009: ¿Qué incidencia tiene un programa de cultura tributaria en la aceptación y el pago cumplido de los tributos por parte de los ciudadanos?

Los técnicos tienden a subvalorar los programas de esta naturaleza: los impuestos hay que cobrarlos y punto, y los ciudadanos los pagan por la amenaza de sanción. Los culturalistas sueñan con hacer todo por las buenas, hasta el punto de que todos deberíamos ir con alegría a consignar nuestros impuestos, aunque al cobrador de impuestos casi ni le importe.

Dada mi intervención pública durante el primer gobierno de Mockus, cuando tuve a mi cargo el manejo de muchas acciones del programa de cultura ciudadana (no el de cultura tributaria, por cierto), abordé el estudio con la expectativa de mostrar que la razón estaba del lado de los culturalistas. La conclusión resultante fue la contraria, para el caso de Bogotá 2009. Para ello tuve que revaluar las acciones de cultura tributaria. No hay pago de tributos sin que la oficina pública a cargo desempeñe sus funciones con seriedad, continuidad y dé la imagen de competencia técnica (por supuesto, es mejor que además de dar esa imagen, realmente la tenga). Pero los técnicos tampoco tienen toda la razón, y lo cierto es que la invocación exclusiva a “dura es la ley, pero es la ley” ayuda a forjar resistencias políticas, y tiene poco impacto en el compromiso más importante de gobierno bajo una democracia: todas las acciones en un régimen democrático deben contribuir a reforzar el Estado democrático de derecho. Por eso, en la democracia, el fin no justifica los medios. Por ende no basta con técnicos, ni con razón burocrática. Hacen falta razones, y muchas razones. Hace falta “creación de sentido”.

La pregunta es difícil de abordar. La respuesta, este libro, contiene lo que se podía hacer dado el tiempo y la información disponibles. Creo que logra superar el enfoque basado en los deseos o en una deliberación que desde la filosofía es poco fértil para orientar políticas públicas en serio, esto es: si el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe o si la sociedad (léase Estado, más bien) domestica la naturaleza salvaje de ese ser humano.

En el primer capítulo se aclaran los significados del término cultura tributaria. Allí se señala que la cultura tributaria puede entenderse como: a) una de las dimensiones de la cultura política de una sociedad, “el universo de representaciones sobre los impuestos y sus relaciones con el compromiso individual y la acción pública” (Rivera y Sojo, 2002, p. 458 ); b) un conjunto de acciones que se diseñan con el fin de mejorar la disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la carga y los procedimientos de impuestos, tasas y contribuciones; c) una definición ostensiva: el conjunto de acciones contempladas en los proyectos de inversión que han sido ejecutados bajo ese nombre a partir de 1995. Adopto la definición b debido al compromiso contractual con la Secretaría.

En el segundo capítulo se construyen varios modelos para responder a la pregunta “¿por qué los ciudadanos pagan impuestos?”, a partir de complejizar una imagen simplificada de una sociedad tomando decisiones, el modelo liberal ideal básico:

Una comunidad que alcanza a generar excedentes y que, en cambio de apropiarlos todos privadamente, decide imponerse tributos proporcionales a la riqueza de cada cual, y con ellos organiza su seguridad, su salud, su educación, se dota de servicios públicos y construye las obras que lubrican el crecimiento de su riqueza (Kalmanovitz, 2001, p. 261).

El proceso permite precisiones importantes para abordar la pregunta: 1. “La gente” es un concepto muy grande; supone comunidades homogéneas que no existen. Dividiendo el grupo en gorrones, dispuestos pero prácticos y kantianos se llega a un modelo mucho más fiel a la realidad que la supuesta comunidad homogénea; 2. Los mecanismos para dar cuenta de cómo se conserva una rutina o ritual son distintos de aquellos necesarios para explicar cómo se producen transformaciones de rutinas o rituales públicos vigentes. En ambos casos es necesario reconocer el papel de los actores políticos y cómo funciona el sistema político particular; 3. Al seguir este razonamiento, se llega al modelo que plantea que una comunidad tributa, fundamentalmente, porque le cobran tributos; 4. Cada tributo debe analizarse en sus propias características para entender el comportamiento del grupo y del sistema político frente al tributo; 5. En todo esto resulta importante el concepto de clima de opinión.

Hasta este punto la aproximación es analítica. Los hechos se comienzan a invocar en el capítulo 3, en el que se hace una reseña breve de las acciones administrativas que en Bogotá lograron, en el curso de pocos años, multiplicar por 10, en términos reales, el recaudo fiscal. Este capítulo se nutre casi completamente de un texto elaborado por Carmenza Saldías y Diego Pardo para otra investigación, resumido y complementado por el segundo y por mí. Por la fecha en que se realizó el estudio no se incluye un balance completo de las acciones de la administración de Samuel Moreno, sino una reseña breve de sus acciones y logros. Durante este periodo continuó el proceso de mejoramiento acumulativo que venía de atrás. En el capítulo 4 se hace un intento de sistematizar el variopinto catálogo de acciones que se han denominado cultura tributaria, para construir los modelos que subyacen a la idea de que ellas tendrán impacto en el pago de tributos.

En el capítulo 5 se contrasta lo expuesto con la evolución que en los últimos años se ha registrado en las respuestas a preguntas sobre ingresos y gastos del gobierno distrital, que en diferentes encuestas se han venido haciendo a los ciudadanos. Resultan así varias cosas esperables, pero también algunas sorpresas, no todas agradables. La atrevida propuesta de Mockus de pagar voluntariamente un 10 % adicional convocó tan solo a un 3 % de contribuyentes, cuando el gobierno que lo propuso esperaba mucho más. Este número coincide con el porcentaje de kantianos esperable en nuestra sociedad. La manera como inició su disminución desde el año 2004 hasta llegar a menos del 1,5 % corrobora la hipótesis de que los pequeñísimos logros de este 10 % voluntario están asociados al respaldo político de fieles con los que cuenta el exalcalde Mockus en la ciudad.

Las encuestas de cultura ciudadana muestran una actitud favorable al pago de tributos, pero, contrario a las ilusiones de los gobernantes y los comentaristas, a medida que aumentaron el recaudo y la “cultura tributaria positiva”, lo hizo también el porcentaje de personas que creían que la plata se malgasta o se la roban. Una encuesta realizada en 2002 por Fedesarrollo en las principales ciudades, por encargo de la Secretaría Distrital de Hacienda, mostró que el porcentaje de ciudadanos que confunden los tributos locales con los nacionales es bastante más alto en Bogotá que en las otras ciudades. Estos resultados no respaldan la idea de que los bogotanos aceptan pagar impuestos porque saben en qué se invierten y están satisfechos con ello.

¿Se deduce de esto que no ha habido impacto de las acciones de gobierno más afines a la idea de cultura tributaria? No. Por una parte, es necesario diferenciar entre la conservación de un estado de cosas y sus transformaciones. Pero por otra parte es necesario desentrañar los modelos en los que implícitamente se sustentan las ilusiones sobre el impacto. Esto es lo que se hace en el capítulo 6. Definiendo la eficacia del modelo de impacto como el producto entre eficacia de la modalidad de interacción y cubrimiento, y eficacia de la estrategia de escalamiento, analíticamente aparece que algunas acciones, como el trabajo dirigido a los niños de las escuelas públicas y la publicidad masiva para “ser buenitos con los impuestos”, tendrían un impacto bajo comparado con la comunicación permanente con el alcalde cuando están en curso crisis y reformas. Pero esta estrategia depende del alcalde: de su ideología, de su capacidad de comunicación, de su voluntad política; no del cobrador de impuestos. Por otro lado, las rutinas y los rituales que implican las obligaciones tributarias de los ciudadanos, creadas por el cobrador en cumplimiento de sus funciones, se han aprovechado para la creación de sentido sobre los tributos. En la comunicación de noticias a los ciudadanos, en la recordación de fechas, en los textos de los formularios, en la atención que se brinde a quien lo solicite, ha habido un cambio en el lenguaje que influye sobre el clima de opinión.

Si ha variado la cultura tributaria, tendrían que contrastarse las respuestas sobre temas tributarios en las encuestas hoy en día con encuestas sobre el tema previas a la transformación, pero estas no existen.

Al final del gobierno de Garzón, el clima de opinión favorable a los tributos parecía desvanecerse. Sin embargo, en la administración Moreno se cobró la valorización y se hizo la actualización catastral, y a pesar de las denuncias de corrupción y desgreño que se desataron al final de su administración, no se abrió el campo político para los buscapleitos contra los impuestos. Se trataría de una señal esperan- zadora ya que, en medio de ires y venires, Bogotá avanzaría hacia una sociedad más integrada que acepta el pago de tributos como una condición clave para crear una capital con futuro.

Acontecimientos en el campo fiscal han sido muy importantes durante el periodo de Gustavo Petro. El formulario para el cobro de impuestos voluntarios soportado en los decretos de 2002 sigue vigente, con la opción de pago voluntario sin lista de proyectos, sin acciones de promoción y sin información pública sobre el monto del recaudo tributario logrado. En esas condiciones de indiferencia, el recaudo por esta modalidad seguramente ha seguido cayendo. El cobro de valorización se cuestionó en un discurso que no quedó claro, con la decisión de pagar algunas obras con recursos de crédito, una cuenta en el futuro que se diluye. El crecimiento de los precios del suelo aumentó los valores de los inmuebles, que con la actualización catastral que se diseñó en el periodo del secretario Juan Ricardo Ortega y el fin de la vigencia del acuerdo que diluía el efecto de las reformas mediante la figura de “ajustes por equidad tributaria” han venido aumentando el recaudo, originándose un conato de rebelión que no pasó a mayores. El recaudo sigue subiendo y al mismo tiempo aparecieron los políticos con proyectos de ley del tipo “a ver qué pasa” para limitar la capacidad tributaria de los municipios con el pretexto de defender a los ciudadanos. Estos y otros hechos de este polémico periodo ameritarían extender el estudio para incorporarlo, pero eso no fue posible. El análisis se mantiene para el periodo 1992-2011.

Agradezco a los exfuncionarios del periodo las entrevistas que me aceptaron: Fidel Castaño Duque, María Camila Uribe en sus calidades de directores distritales de impuestos y Carmenza Saldías y Pedro Rodríguez en sus calidades de secretarios de Hacienda. Agradezco en especial a quienes eran durante el estudio la directora de impuestos, Gloria Nancy Jara, y secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, por la atención que prestaron al tema y por el tiempo que invirtieron en las discusiones que sostuvimos. En todo caso, el contenido refleja mis ideas, que no necesariamente coinciden con las de ellos.

Por supuesto, agradezco a Carmenza Saldías y a Diego Pardo por su significativo aporte al contenido del tercer capítulo, y a Constanza Cubillos por el trabajo de sistematización de las noticias de El Tiempo.

Finalmente, agradezco a Mónica Páez Sierra, Óscar Enrique Alfonso y Wilson Enrique Colmenares Moreno, quienes me apoyaron con la gestión de citas y referencias bibliográficas, corrección de estilo y gestión editorial del libro.

Todos ellos quedan exonerados de cualquier culpa por los errores e impertinencias.

Paul Bromberg Z.

Carmen de Apicalá, Tolima

Mayo de 2015

Capítulo 1
¿Qué es cultura tributaria?

Se considerará más adelante cada una de las acciones que se han venido ejecutando a partir de 1995 bajo el nombre de cultura tributaria, pero tomaré como punto de partida la definición original de este programa:

Conjunto de valores y principios que determinan las actitudes de los ciudadanos para que asuman el deber tributario y el conjunto de fortalezas institucionales de la administración para el cumplimiento efectivo de su función retributiva en el mejoramiento de las condiciones de vida y la construcción de ciudad (Castaño Duque, 2002, p. 9).

A primera vista, la definición contiene dos campos distintos: el primero evoca la noción de cultura ciudadana; es decir, actitudes de los ciudadanos frente al cumplimiento de la ley, en este caso, las obligaciones tributarias. El segundo hace referencia a la administración: los funcionarios, su actitud, sus roles, sus formas de acción; aquí cultura tributaria no es una noción neutra: “es lo que es”, sino valorativa: “debe ser”. Se refiere a comportamientos y valoraciones que conducen a los miembros de un grupo social a autoimponerse aceptar y administrar las obligaciones tributarias.

Por otro lado, Rivera y Sojo (2002, p. 457), en un trabajo de investigación realizado con la Flacso sobre cultura tributaria en Costa Rica, la definen así: “La cultura tributaria es un campo de las representaciones sociales sobre la relación Estado-sociedad”. Es decir, las representaciones sociales de la relación entre sociedad y Estado serían, según esta definición, el género próximo de la cultura tributaria. Y su diferencia específica: “La cultura tributaria [es] el universo de representaciones sobre los impuestos y sus relaciones con el compromiso individual y la acción pública” (p. 458). Más adelante aclaran lo que puede querer decir esto: “… la forma en que [los ciudadanos] construyen una imagen de los impuestos a partir de una combinación de información y experiencia sobre la acción y el desempeño del Estado” (p. 458). Aquí cultura tributaria es un término neutro que hace parte de la cultura política. Medirla es medir un estado de cosas en un grupo.

En este libro se definirá la cultura tributaria “estrictamente hablando” a partir únicamente de considerarla como la expresión, en el campo de la tributación, de la cultura ciudadana. Más adelante también se hará referencia a cada una de las componentes de los proyectos de inversión que efectivamente se han ejecutado, aunque no queden cobijados por el término.

Cultura tributaria

Para los efectos de este análisis se definirá cultura tributaria (CT) como el conjunto de acciones, con pretensión de sistematicidad, que se financian mediante presupuesto de inversión y se diseñan con objetivos directos e impactos indirectos, con el fin de mejorar la disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la carga y los procedimientos de impuestos, tasas y contribuciones que se destinan a la provisión de bienes y servicios comunes o de bienes y servicios meritorios para el mismo sistema político que decide imponérselas.

A continuación se aclara lo que se quiere decir y lo que no se quiere decir con cada uno de los términos que son clave en esta definición.

Sistema político de una jurisdicción territorial

Una jurisdicción territorial es un territorio demarcado por una frontera que incluye personas que viven en él de manera permanente. Es una jurisdicción porque en ella hay autoridades públicas que toman decisiones válidas solamente dentro de la frontera2. Cuando las personas ungidas como autoridades públicas tienen alguna forma de responsabilidad política hacia los habitantes del territorio, la jurisdicción conforma una comunidad política, y el conjunto de personas funciona como un sistema político en los procesos para ocupar los cargos en los cuales se toman decisiones y en los procesos para hacer cumplir estas decisiones bajo la amenaza o el uso efectivo de la fuerza institucionalizada. El sistema político comprende: 1) personas, que habitan el territorio, y que se clasifican de acuerdo con la relación que asumen de manera voluntaria en el proceso de toma de decisiones públicas y en su implementación; 2) reglas de juego formales, que se denominan régimen político, y 3) patrones de juego de los cuales son conscientes los jugadores.

Cultura tributaria

Como ya se indicó, el término cultura tributaria también acostumbra a referirse –en un sentido distinto del que se adopta aquí– a la descripción objetiva de una condición social subjetiva (un “imaginario colectivo”), en general variable con el tiempo, acerca de los diferentes pagos que los habitantes de una jurisdicción territorial realizan al fisco. En comunidades3 numerosas y socialmente heterogéneas, este imaginario colectivo tiene dos promotores relacionados entre sí: los activistas políticos y los medios de comunicación masiva.

Activistas políticos

La sociología política suele afirmar que una de las funciones de los partidos políticos es la de ordenar la deliberación pública sobre los temas políticos, es decir, sobre las decisiones posibles de las autoridades públicas y sus actuaciones reales en su ejercicio. En un sistema político con partidos laxos, como el bogotano, es más adecuado referirse a los activistas políticos4. Bien en el ejercicio como autoridades públicas (en el ejecutivo o en los cuerpos colegiados de elección popular, condiciones ambas que les otorga una visibilidad privilegiada en los medios de comunicación), bien en la contienda política (que los pone en contacto permanente con grupos de interés con capacidad de movilización política o de movilización por reclamos específicos), estos activistas tienen capacidad de alterar el clima de opinión frente a diferentes temas. Es más, su estrategia política siempre pasa por influir sobre el clima de opinión en uno u otro tema.

Clima de opinión es el término que se empleará para referirse al imaginario que la deliberación pública parece reforzar sobre un tema específico, según se trasluce como balance de lo que se comunica a través de los medios masivos de comunicación.

En la anterior caracterización se suponen unos medios masivos que rinden culto a su propia lógica, en contraposición a aquella prensa que tiene una presentación abierta de apoyo político a uno y otro partido político, como se tuvo hace unos años en Bogotá. Entre el conjunto de lógicas propias del medio de comunicación está la amplificación de contrastes. Cuando un acontecimiento se vuelve visible y es bien valorado, se exagera. Las noticias y los comentarios con los que vienen acompañadas compiten por ensalzar. Solo unos cuantos ensayan el enfoque contrario, arriesgándose a salir abucheados, pero ante la perspectiva de quedarse con el premio de haber estado entre los primeros en darse cuenta de que algo que era ya dejó de ser, de manera que ellos mismos se convierten en noticia. Un comportamiento semejante en el otro sentido se produce cuando algo es mal valorado. Se exagera lo malo. Esa lógica interna también se da en las noticias relacionadas con el recaudo y el gasto público.

Luego, cuando se hace referencia a CT en este sentido de descriptor de un estado de cosas en el sistema político acerca de los tributos, se deben tener en cuenta dos planos: el talante político-ideológico de los activistas políticos, que posee un componente estable, y a su vez es afectado por las contingencias propias de la competencia por el poder en el día a día; el otro plano es el clima de opinión de la sociedad en su conjunto, que en principio debería poderse descomponer en estructural + contingente.

Presupuesto de inversión

La actividad rutinaria de una oficina pública encargada de recaudar tributos incluye diferentes formas de comunicación hacia el conjunto de habitantes de la jurisdicción y hacia sectores económicos y sociales específicos. Van desde publicidad masiva sobre fechas de vencimiento, instrucciones, cambios en procedimientos o tasas, etc., hasta cartas individualizadas en el proceso de fiscalización y cobro, pasando por los formularios mismos.

Estos procesos rutinarios de hecho crean imaginarios y son susceptibles de alterar el clima de opinión, y por ello se aprovechan para emitir mensajes al público. Todas las rutinas deben tener en cuenta el impacto en el imaginario tributario5. Esas rutinas mantienen un estado de cosas (administrativo y en el imaginario), y la debida atención a la comunicación requiere experiencia profesional que se debe sostener permanentemente mediante presupuesto de funcionamiento.

Por ser de funcionamiento, esas actividades no quedarían cobijadas por CT como se está definiendo aquí. Es decir, al incluir en la definición de CT la acotación de que se trata de un proyecto de inversión, se indica que se trata de un gasto acotado en el tiempo que tiene por objeto cambiar un estado de cosas hacia otro estado de cosas. A manera de ejemplo, se está aludiendo a aumentar el porcentaje de habitantes que:

■ pertenecen a la jurisdicción y reconocen cuáles son las cargas económicas correspondientes, y a qué gasto se destinan;

■ reconocen (en declaraciones frente a encuestadores) el pago de tributos como un deber cívico, y

■ aceptan las virtudes redistributivas de algunos tributos y que otros no lo sean.

Como impacto, puede pensarse en relacionar un mejoramiento en algún indicador de estos con:

■ aumentar el recaudo

■ disminuir el trámite (y los costos) de las actividades de fiscalización y cobro

Si se incorpora la deriva al “estado de cosas”, resulta más preciso el paralelo:


Funcionamiento Mantenimiento de cosas

Por ejemplo, se puede intuir (el asunto es demostrar en cada caso), que la “conciencia tributaria” tiene una deriva negativa natural. Si esto es así, el presupuesto de funcionamiento de una entidad debe incluir recursos para contrarrestar esa tendencia natural a la degradación.

Voluntariamente

El aumento del recaudo puede producirse mediante medidas administrativas, con un proyecto de inversión que mejore las bases de información o, en fin, a través de esfuerzos administrativos y de gobierno similares. No es a ese tipo de esfuerzos que transforman el estado de cosas hacia un estado más favorable a la captación de tributos a los que apunta un programa de CT. La modalidad específica de CT está signada por la idea de voluntariedad. Es algo más que “aceptarla”, ya que la aceptación también puede ser resultado de la rutina. En CT se parte de que el estado de cosas puede cambiarse invocando razones y sentimientos. El aparato de Estado tiene confianza en que, más allá de la razón burocrática (“o paga o se atiene a las consecuencias”), puede invocar razones y sentimientos o emociones para motivar. En el lenguaje de cultura ciudadana, se trata de acercar los comportamientos ordenados por la ley (en sentido positivo: “haga”; en sentido negativo: “no haga”) a comportamientos motivados socialmente (“los otros hacen o no hacen”) o motivados moralmente (“su conciencia”), algunos de los cuales evocan emociones morales

Capítulo 2
¿Por qué los ciudadanos pagan tributos?

Los impuestos se pagan porque se imponen. La misma palabra se rebela contra la idea de pago voluntario. Sin embargo, en los regímenes democráticos el asunto es más complicado. En esta sección se presentarán algunos modelos analíticos sobre el tema, para luego:

1) contrastarlos con los datos empíricos, tratando de verificar cuál “explica mejor”, o “predice mejor”, por qué los ciudadanos pagan impuestos. “Explicar mejor” es una combinación entre sensatez, navaja de Occam y coherencia aceptable entre el modelo y los datos.

2) emplear los modelos, ya respaldados (pero no más, no llegan a ser corroborados) con datos empíricos, para decidir sobre la pertinencia y los alcances de acciones diseñadas con el objetivo de mejorar, mantener o proteger la rutina prevaleciente de pago de impuestos.

Modelo I

En Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, Salomón Kalmanovitz presenta lo que él denomina el modelo democrático liberal básico idealizado:

El modelo democrático liberal básico idealizado podría ser el siguiente: una comunidad que alcanza a generar excedentes y que, en cambio de apropiarlos todos privadamente, decide imponerse tributos proporcionales a la riqueza de cada cual, y con ellos organiza su seguridad, su salud, su educación, se dota de servicios públicos y construye las obras que lubrican el crecimiento de su riqueza […] La asamblea de la comunidad decide sobre los tributos, controla a los ejecutores de las políticas y les impone un equilibrio fiscal […] El Estado es [...] la gente organizada en donde todos contribuyen a financiar sus necesidades (Kalmanovitz, 2001, p. 261).

En el contexto de la discusión de Kalmanovitz, el modelo básico idealizado fue suficiente, y no se pretende refutarlo. La idea es partir de él para ir construyendo un modelo de tributación que sea útil en la discusión acerca de qué es pertinente hacer en cultura tributaria.

Problemas del modelo I

a) No contempla mecanismos redistributivos, pues advierte que se trata de impuestos proporcionales a la riqueza de cada cual (Rojas Hurtado y Alviar Ramírez, 1985). Una comunidad que solo maneja dilemas horizontales.

b) Supone un orden imposible: primero, la ciudad existe sin bienes comunes, y una vez que el esfuerzo individual, se insiste, sin bienes y servicios colectivos, ha producido la riqueza de cada cual, la comunidad decide invertir excedentes en lo común de la ciudad. La sola provisión de infraestructura común (vías, plazas) y de servicios tan esenciales como la seguridad, el agua y la energía eléctrica indica que ese no es el orden real. La necesidad de proveerse de bienes comunes en cualquier municipio es la razón de existir del mismo. No viene después.

c) Expresado como lo hace el autor, no advierte que las decisiones son tomadas por mayoría, no por todos. Y por consiguiente, si se trata de la provisión de bienes comunes, aparece la necesidad de ejercer coacción sobre la minoría que no aprueba el aporte pero seguramente se beneficiará de él.

d) Un problema muy importante: la presencia de intermediarios en la toma de decisiones sobre impuestos. No es la asamblea de la comunidad, sino criaturas elegidas, que pueden perfectamente representar comunidades de receptores de tributos, no de aportantes (el temor a la democracia, vigente en la filosofía política de la cultura occidental desde los mismos griegos). O, por el otro lado, las decisiones pueden terminar orientadas, de manera oculta, por intereses económicos que de ninguna manera representan la mayoría, sino eso, poderes económicos.

e) El modelo no tiene en cuenta diferentes formas de tributo, y la manera como los roles influyen sobre el comportamiento frente a los tributos.

Modelo II

Interesan los últimos tres literales, y se comienza con el tercero: la necesidad de mecanismos de coacción. “La gente” es un concepto muy difuso: supone que la sociedad es un hormiguero, en el cual “todas las hormigas son iguales”. Pero no todos los seres humanos son iguales. Ninguna comunidad de seres humanos es homogénea. Considérese inicialmente que el grupo se divide en dos: los que van a pagar porque tienen la suficiente virtud cívica para aportar sin coacción, y quienes necesitan de la coacción porque de otra manera no pagarían. Así que en una primera aproximación, bastante buena en la medida en que supera los enfoques ingenuos al problema de por qué “la gente” paga tributos, se pueden por lo menos tener en cuenta dos grupos:

C (total de contribuyentes) = S (solidarios) + F (dispuestos a no pagar)

Para que el pago se efectúe es necesario que a través de autoridades centrales se impida la acción de los gorrones (free riders), quienes disuelven la solidaridad en la provisión de bienes comunes. Es decir, la acción sobre los gorrones no tiene como fin principal el recaudo que de otra manera no se recibiría, sino prevenir la desmoralización que ellos producen entre los que están dispuestos a pagar. Los mecanismos universales de coacción impiden que se produzca un efecto de evasión en cascada, evasión movilizada mediante el siguiente mecanismo: F no paga y algunos de S lo saben; aquellos de este grupo que tienen menos compromiso moral dejan de pagar, con lo que aumenta la proporción de los que no pagan, lo que a su vez aumenta el número de desmoralizados, y así se produce un efecto que termina llevando a la ineficacia del tributo.

Tampoco los S son todos iguales entre sí. Entre ellos usualmente hay un grupo pequeño, que algunos autores denominan los kantianos, quienes actúan exclusivamente por motivos morales abstractos sin contemplar el comportamiento de los demás. Ellos seguirán cumpliendo con la obligación, aunque los demás no lo hagan. Insisto: se trata de un grupo pequeño, y no tiene sentido que los programas de cultura tributaria estén concebidos para hacerlo crecer, como no deben estar concebidas las acciones de cultura ciudadana al imaginario de una sociedad de seres homogéneamente kantianos (Bromberg Zilberstein, 2003b).

Un programa de fiscalización y cobro está dirigido a F, grupo que sin la consideración del refuerzo negativo se inclinará a no tributar. Por su parte, este refuerzo negativo, bien dirigido, aumentará la moral de los integrantes de S. Una de las funciones sociales de la sanción en un Estado de derecho, cuando la autoridad está bien dirigida e implementada6, es el reforzamiento de la solidaridad entre los que cumplen la norma. Al sancionar a los no cumplidos, a ellos y a los cumplidos se les demuestra que no es lo mismo cumplir la ley que no cumplirla.

Los gorrones producen un efecto de evasión en cascada, pero también podría pensarse que los kantianos generen en momentos especiales un efecto de inclusión en cascada (como en el caso del ahorro del agua en Bogotá en 1997). Cuando hay un proceso de transición como el que comienza a darse en Bogotá desde 1994, un conjunto muy grande de “dispuestos pero prácticos” aguardará, antes de pagar, a ver el comportamiento de los demás. Algunos de ellos se deciden a pagar cuando se dan cuenta que otros pagan primero, lo cual aumenta el número de personas que han pagado, y se produce un proceso de recurrencia hasta llegar a un tope, F.

Ahora es preciso preguntarse: en un comportamiento social como el pago de impuestos (el pago de impuestos es un comportamiento social, no es simplemente una relación aislada individuo-Estado, en la que ningún ciudadano se entera de lo que hacen los demás7), presente en un grupo social, por ejemplo los bogotanos, en un momento dado determinado por el clima de opinión, ¿cuál de los dos mecanismos es más probable que prevalezca, la evasión en cascada o la inclusión en cascada? Esto es muy importante en los comienzos de una transición. Y en ellos, los actores principales son los políticos. Luego, ha llegado el momento de incorporar al modelo el literal d), expuesto arriba.

Modelo III

En tributos, y en otros avatares, la rutina se soporta en mecanismos distintos de aquellos que convocan los procesos de transformación. Rutina evoca el concepto de “hábito”, y este supone periodos cortos, lo que se hace cotidianamente sin pensar. No es apropiado aplicar la noción de rutina al pago de tributos, que se repite con periodos largos y nunca de manera automática. Le cabe mejor la idea de ritual. La navidad se celebra todos los años y se puede hacer sin preguntarse por qué. El no pago de tributos, o la evasión, o la elusión, han podido constituirse en rituales. Ahora, el tipo de explicaciones que se necesita para entender por qué un comportamiento estable se sostiene (“pues, ¡por rutina, por ritual!”) y por qué y en qué grado se resiste a fluctuaciones, es distinto del tipo de explicaciones que se requieren para entender por qué se da o se acepta un cambio en las rutinas o rituales8, y cómo se consolida este cambio hasta producir una nueva rutina, un nuevo comportamiento social. Y los cambios en las rutinas y los ritos de las relaciones de los individuos con el aparato de Estado son impulsados por y en el ejercicio de la política. Se discutirá en seguida esta complejización del modelo a partir de una breve reseña sobre el caso bogotano.

En los años previos a la reforma tributaria local de 1993-1994, los bogotanos vivían la rutina de “tomar los impuestos locales a la ligera”, por decir lo menos duro. Los avalúos catastrales eran muy bajos; los recibos a veces llegaban, a veces no; las amnistías eran frecuentes y podía esperarse una nueva en cualquier momento; la fiscalización y el cobro eran materialmente inexistentes; era común escuchar que para más de uno era posible tener amigos en el gobierno que “resolverían su situación” con el fisco distrital.

El sistema político estaba acomodado a esta situación. El poder electoral se concentraba en la competencia por el Concejo; sus candidatos determinaban el resultado electoral a través de relaciones con necesidades barriales por un lado y pactos políticos con candidatos a la Alcaldía por el otro: respaldo de los votos que se consideran propiedad de los activistas barriales a cambio de control del aparato de gestión y de servicios, o sea control de las entidades distritales. La pobreza fiscal no afectaba los circuitos de reproducción política de estos activistas, pues esas necesidades barriales eran atendidas, bien con el aparato de servicio de las entidades centrales (por ejemplo, la maquinaria de Acción Comunal), bien con pequeñas “partidas” para ir haciendo poco a poco, y precariamente, la infraestructura barrial: vías, parques, salones comunales, saloncitos en escuelitas. Todo se veía estable dentro de este orden de cosas.

En lugar de estable, la condición queda mejor descrita como metaestable: se iba incubando una crisis que estalló al inicio del gobierno del alcalde Jaime Castro. Y en un periodo de pocos años se habría producido en el incierto tinglado del sistema político una transformación a una nueva condición, a un diferente clima de opinión sobre los tributos. Como resultado de él los ciudadanos declaran positivamente sobre los impuestos (según las encuestas de cultura ciudadana, como se describe más adelante), una mayoría muy notable los paga año tras año, en la deliberación pública hay proyectos políticos que no le tienen miedo a hablar de cobrarlos, y hay mayor precaución por parte de los actores políticos frente a despotricar contra “los tributos que nos agobian” (que, de paso es importante decirlo, de ninguna manera son confiscatorios).

El modelo para analizar el comportamiento del sistema político en los periodos de transición y consolidación de un nuevo clima de opinión es el siguiente (ver figura 1), que se aplicará al caso de Bogotá:


Figura 1. Modelo para analizar el comportamiento del sistema político

Nota: para entender los desenlaces de un conflicto en una coyuntura es mejor acudir al concepto de “clima de opinión sobre los tributos” que al de “cultura tributaria”. Ver explicación en el texto. Fuente: elaboración propia.

El sistema político bogotano se puede describir en forma breve como democracia de audiencia (Manin, 1998) en la elección de alcalde, con partidos laxos que no portan ideologías claras, lo que quiere decir que en muchos temas los activistas políticos responden al clima de opinión. Más que “representar” sectores sociales, el alcalde puede ser afín a algunos de ellos. El régimen político pone en el talante del alcalde, en su personalidad, las decisiones sobre tributos. El candidato o el alcalde lanzan sus propuestas a la deliberación pública, para lo cual consultan primero su conciencia (en este caso, su manera de concebir los alcances de la acción del Estado), sus atribuciones según el régimen y las consideraciones que le formulen los expertos que seleccione, incluyendo los que han venido haciendo parte del aparato de gobierno local. Una propuesta de cambio en asuntos tributarios, bien sea como proyecto de acuerdo, como anuncio, como programa de gobierno o como soporte financiero del Plan de Desarrollo, será discutida por la opinión pública, con mayor o menor intensidad según el tamaño del cambio que proponga.

Los activistas políticos, que representan su opción de “vivir para la política” pero especialmente su necesidad de “vivir de la política”9, de acuerdo con sus afinidades se moverán en respaldo de ciudadanos que se sientan maltratados por una política o que teman una decisión de política; no dejarán de consultar y ser consultados por los gremios de la producción, pero estos se manifestarán por su propia cuenta, tratando de influir en el clima de opinión, de manera independiente. Los medios de comunicación, por su parte, aplicarán en general su propia lógica de lo noticioso; el alcalde hará su propio cálculo sobre los riesgos y las posibilidades de ganar respaldo según el clima de opinión, y mediante este respaldo espera promover la decisión favorable del cuerpo colegiado local.

En cuanto a lo que interesa aquí, ¿por qué tributa la gente?, la consideración de la relación entre clima de opinión sobre tributos y sistema político es de crucial importancia. El razonamiento es el siguiente:

1) La gente tributa, fundamentalmente, porque le cobran tributos. En casos extremos –como cobros excesivos– habrá rebelión.

2) La condición “clima de opinión ampliamente desfavorable para tributar” se realimenta con un sistema político que decide no cobrarlos o cobrarlos con indolencia.

3) Salir de este circuito implica una transformación, seguramente traumática, más porque el sistema político responderá para conservar el estado de cosas con el que ha producido el conjunto de ganadores que se han acomodado a él, que porque haya una idea profunda y ampliamente compartida de que se pueden tener bienes colectivos en calidad y cobertura aceptables sin pagar tributos, tasas o contribuciones.

4) Luego, cuando se quiere responder la pregunta: ¿Por qué tributa la gente?, también hay que responder la pregunta: ¿Por qué se le está cobrando a la gente? La cultura tributaria tiene que ver con las dos. En el segundo caso, se trata de mantener un clima de opinión favorable a la tributación, para reducir la tentación en la que pueden caer los activistas políticos de desandar las decisiones que condujeron a que se cobren tributos.

Todas estas consideraciones y otras del mismo estilo deben ser añadidas para acercar el modelo democrático liberal básico idealizado a las condiciones reales de los gobiernos de ciudades como Bogotá, en donde la comunidad reunida en asamblea es sustituida por un sistema político en el que los intereses de políticos profesionales –los confesables: su reproducción política– también se ponen en juego.

Modelo IV (y complemento al modelo II)

Ahora se incorpora el literal e) de las observaciones al modelo democrático liberal básico idealizado: no todos los tributos son iguales, ni en sus hechos generadores, ni en sus sujetos activos y pasivos. Luego la disposición a pagarlos solo en primera aproximación puede pensarse genéricamente.

En general, los ciudadanos adultos desempeñan al mismo tiempo dos roles, el de consumidor y el de productor. Separar estos dos no está libre de interrogantes, pero hay más riesgo de cometer errores si no se hace. Como agente económico en la producción, el comportamiento de una persona frente a los impuestos que gravan su actividad productiva (sus ganancias) puede ser distinto de su comportamiento como consumidor.

El pago del impuesto predial residencial puede percibirse como una suerte de tasa no individualizable relacionada con las condiciones del entorno residencial y de la ciudad como espacio de uso y disfrute, ambos en el rol de consumidor. Pagar el predial significaría aseo y barrido de las zonas públicas10, mantenimiento de vías y andenes, mantenimiento de parques, alumbrado público, arborización, y por tanto en los dilemas frente al pago del predial puede jugar el balance entre estos servicios comunes y el precio que paga cada cual, claro está, todo sujeto al civismo… y a los dilemas de acción colectiva.

El impuesto de industria y comercio (ICA) requiere consideraciones distintas. El civismo parece más difícil de convocar; los actores están en el rol de productores, en el cual no solo son estratégicos, sino profundamente estratégicos. No se trata de una elección asociada al consumo, sino al medio por el cual recibe su ingreso, y “con el negocio no se juega”:

■ Que los competidores no paguen no solo desmoraliza, sino sitúa en desventaja económica a quien lo paga.

■ Los mecanismos de elusión y evasión son numerosos.

■ En este caso, los actores están organizados o son representados por organizaciones en su deliberación con las autoridades públicas y en su presencia en los medios de comunicación. Es posible incluso que algunas organizaciones de empresarios contraten expertos en comunicación para afectar el clima de opinión en su favor. De hecho, ha sucedido.

■ Cambios pequeños en los porcentajes pueden conducir a la quiebra; no es el caso del predial residencial, en el que se trata de elegir qué se deja de consumir para pagar el impuesto.

En este caso, se hace obligatorio acudir a la escuela de la elección racional al estilo de los economistas, no de los sociólogos: balance de pérdidas y ganancias al tributar o no tributar. En forma esquemática, el problema se reduce a lo siguiente:

1) Se tienen dos opciones: pagar o no pagar el impuesto (con esto se hace referencia a la factibilidad de la elección);

2) El contribuyente es libre de elegir cualquiera de las dos opciones. En este caso, para hacer su elección las ordena de acuerdo con su preferencia que está asociada al costo beneficio: el balance entre los costos que implica pagar y los costos-riesgos de no pagar, pagar menos, eludir, evadir, omitir, etcétera;

3) El contribuyente ordena estas opciones según sus preferencias, que incluyen las condiciones económicas prevalecientes.

Se ha afirmado, al discutir el modelo III, que en el caso del predial-residencial este razonamiento debe ser mirado con reservas. ¿Sí hacen los ciudadanos un balance costo beneficio frente a pagar o no pagar? Muchos de ellos pueden dar por supuesto que hay que pagar. En el caso de predial-residencial y de vehículos, los ciudadanos pueden tener la certeza de que, al momento de vender, el impuesto aparece; y puede aparecer con intereses (en el periodo de indiferencia tributaria oficial, se podía tener la expectativa de amnistías; de ahí lo grave de esa tradición institucional). ¿Cuántos contribuyentes conocerán de alguien cuyo inmueble haya sido rematado por no pagar predial? La pregunta no se ha hecho, pero con plena certeza se puede afirmar que muy pocos (el primer caso de este tipo pudo haberse presentado en el segundo periodo de Mockus (Saldías, comunicación personal). La seriedad en el cobro del tributo, su regularidad anual, que más hace pensar en un ritual ciudadano, el hecho de que el ciudadano sabe que su predio está registrado, que el gobierno está pendiente de su valor y de su estado de cuenta, aunado a la percepción de que el tributo lo pagan materialmente todos a su alrededor, todos estos se unen para constituir el factor principal que produce el cumplimiento de la obligación tributaria. Es lo que se quiere decir al afirmar que los impuestos se pagan porque se cobran.

En cambio, en el caso del ICA, por las razones anotadas, la situación es distinta. En este caso, el cálculo de los riesgos sí está presente. Vuelve a ser cierto, sin embargo, que puede ser más importante la certeza de que hay acciones de fiscalización y cobro, que las sanciones mismas.

Capítulo 3
Evolución de los ingresos fiscales en Bogotá, 1992-2006

En la sección anterior se construyó un modelo general para aplicarlo a cualquier territorio con el fin de intentar explicar por qué sus habitantes pagan tributos. A partir de esta sección se comienzan a mirar los datos de Bogotá, tomando como referencia una de las afirmaciones a las que se llegó en la construcción del modelo: “Los impuestos se pagan porque se cobran”. Bogotá vivió a partir de 1993 una transformación en el cobro de tributos y otras formas de recaudo fiscal. En esta sección se verán algunos detalles de esta transformación11.

Administración Jaime Castro (1992-1994)12

Al comenzar la década de los 90, la ciudad de Bogotá entró en una fuerte crisis financiera:

En 1992, la inversión carecía en buena parte de financiación, crecían aceleradamente las deudas con contratistas, y los ingresos apenas cubrían el funcionamiento. Después del gran esfuerzo de restricción presupuestal, en valores constantes de hoy el déficit fue de $81.715 millones. Los ingresos crecían a tasas del 1 por ciento mientras que los gastos corrientes lo hacían al 7 %, lo cual tendía a agravar el déficit fiscal. El ahorro interno después de pagar intereses, cayó en un 20 por ciento, y la inversión, en términos reales disminuyó en un 4,3 % (Castro, 1994, p. 63).

La administración de Jaime Castro tuvo que diseñar un esquema que le permitiera a la ciudad salir de esa difícil situación. El paquete de medidas se centró en dos escalas de tiempo: medidas de tipo coyun- tural para sortear la crisis, por un lado, y medidas de corte estructural para la generación de soluciones de largo plazo. El tema tributario se circunscribe a este último conjunto de medidas.

Las medidas tributarias de largo aliento se consagraron en el Estatuto Orgánico de Bogotá. Además de esto, la administración Castro se concentró en mejorar la estructura de gestión administrativa, se privatizaron los servicios de recaudo13, dejando esta labor al sistema bancario (Bromberg Zilberstein et al., 2006), de tal forma que fuera más fácil para el usuario cancelar sus obligaciones, eliminando sistemáticamente la figura del tramitador y, por consiguiente, reduciendo –por decir lo menos– el riesgo moral propio de los anteriores procesos de recaudo (Castro, 1994, p. 52).

El seguimiento de los contribuyentes se realizó a partir del cruce de información de distintas bases de datos, entre ellas las de la DIAN, la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio, las corporaciones de ahorro y vivienda, y se sistematizó todo lo concerniente a la recaudación, ganando en eficiencia (Castro, 1994, pp. 53-54).

Acciones y resultados

El incremento de los ingresos tributarios en 1994 fue de alrededor del 77,1 % real con respecto a 1993. Se duplicaron los ingresos provenientes del impuesto predial, calculando un aumento del 74 %. El incremento del recaudo del impuesto de industria y comercio fue de 111 %, mientras los impuestos de timbre y rodamiento, y los de delineación urbana crecieron 45,7 % y 131 %, respectivamente (Castro, 1994, p. 62). La situación para el año 1994 puede resumirse de la siguiente manera:

Después de cubrir el déficit del nivel central generado en 1993, se produjo un superávit de $21.468 millones. En valores constantes los ingresos subieron a una tasa de 62 por ciento, mientras que los gastos corrientes lo hicieron al 27,6 por ciento. El ahorro interno después de pagar intereses creció en un 247 por ciento frente al año anterior, y llegó a $275.769 millones, lo cual permitió financiar en buena parte la inversión, que alcanzó la suma de $344.100 millones […] Los niveles de endeudamiento neto se mantuvieron con un ligero crecimiento del 10 por ciento, y los intereses crecieron en un 27 por ciento […] En valores reales, el servicio de la deuda, entendido como los intereses más las amortizaciones representaba en 1992 el 17,75 por ciento del total de ingresos y transferencias que recibía el Distrito. En 1994 sólo representó el 11,3 por ciento (Castro, 1994, p. 64)14.

Administración Antanas Mockus-Paul Bromberg (1995-1997)15

Estas cifras dan fe del punto de inflexión que viviría la ciudad a partir del año 1994. La administración Mockus-Bromberg profundizó la política acerca de la tributación, acentuando la producción de ingresos propios en la ciudad, pero haciendo énfasis en la concepción de una ciudadanía que tiene el deber de tributar para poder exigir sus derechos ciudadanos. De acuerdo con el discurso que se manejó durante el gobierno, no es suficiente con generar cambios en las instituciones formales: se requiere cambiar ciertos comportamientos y justificaciones para poder generar proyectos de largo aliento.

El gobierno distrital propuso al Concejo Distrital proyectos de racionalización tributaria, sobretasa a la gasolina, valorización por beneficio local, endeudamiento, conversión en sociedad por acciones de la Empresa de Energía de Bogotá16 y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, y una propuesta sobre el estatuto presupuestal.

Acciones y resultados

El esquema tributario diseñado en la administración Castro fue mejorado y puesto en funcionamiento. Al tomar como base el sistema de autodeterminación, fue posible avanzar en acciones de desarrollo institucional, en programas de fiscalización y cobro, y en programas de cultura ciudadana (Secretaría Distrital de Hacienda, 1997, p. 95). Todos estos programas fueron financiados por medio del componente de cultura tributaria relacionado en el Plan de Desarrollo. Del mismo modo, se produjeron cambios en la normatividad de los impuestos que se tradujeron en nuevos recursos, todo desde la base de un discurso abierto sobre la relación con el contribuyente.

Se reformó la Dirección Distrital de Impuestos (DDI), organizándola según el tipo de impuestos –Subdirección de impuestos a la producción y al consumo y Subdirección de impuestos a la propiedad–. Esta reforma puso a tono a la DDI con las tendencias internacionales en cuanto a la organización de la administración tributaria. Del mismo modo, se profundizó en la profesionalización de la planta de personal, apoyándola en un esquema de selección por perfiles, según el cual se suprimieron cargos del nivel asistencial y se eliminó el cargo de auxiliar17.

Sumado a esto, se adelantó un programa de actualización informática y de adquisición de nueva tecnología, con sistemas de lectura óptica que permitieron mejorar la calidad de la información, así como concentrar esfuerzos en los campos de auditoría y control (Secretaría Distrital de Hacienda, 1997).

Finalmente, se realizó un ejercicio de divulgación de la normatividad tributaria de la ciudad enfocada a los contribuyentes y se amplió el convenio con los bancos de tal forma que se aumentaron a 700 las oficinas de recaudo.

En el área de fiscalización y cobro, entre 1994 y 1996 los recaudos aumentaron en 150 %, para el área de fiscalización, y en 526 % para el área de cobranza.

Bajo racionalización tributaria se enmarcaron tres estrategias: mejoras en los procesos de fiscalización y cobro, adopción de la sobretasa a la gasolina y optimización de los tributos existentes.

A partir de 1996, el Concejo Distrital aprobó el cobro de la sobretasa a la gasolina con destinación a temas de movilidad urbana, con tarifas de 13 % en 1996, 14 % en 1997 y 15 % a partir de 1998 (Concejo de Bogotá, 1995a). A finales de 1997, el gobierno distrital presentó un proyecto de acuerdo para elevar la sobretasa a un 20 %, que fue aprobado por influencia del alcalde electo, Enrique Peñalosa, quien propuso destinar el 10 % de esa sobretasa a su proyecto bandera, el metro, central en la estrategia de transporte público del candidato ganador. Al terminar su gobierno, en el año 2000, ese 10 % se pasó a la contrapartida para el desarrollo de Transmilenio.

La racionalización tributaria incluyó reformas a los impuestos de industria y comercio (ICA) y predial unificado (Concejo de Bogotá, 1995b), de vehículos y de rifas, juegos y espectáculos. En el caso del ICA se introdujeron las siguientes modificaciones:

■ Aumento en tarifas para algunos de los sectores de la actividad económica, que resultan en un incremento de la tarifa promedio de 5,8 a 6,5 por mil;

■ Implantación del sistema de retenciones, lo cual resultó en disminución del costo del recaudo y reducción de la evasión;

■ Eliminación de la obligación de presentar declaraciones a los pequeños contribuyentes;

■ Establecimiento de las bases presuntivas mínimas para algunos contribuyentes que permiten disminuir la evasión y elusión tributarias y simplificar su recaudo.

En el impuesto predial se simplificaron las categorías de tarifas aplicables a los predios y se aumentaron las tarifas para algunos estratos (que implicaron en promedio, un incremento en tarifas del 7 %) (Secretaría Distrital de Hacienda, 1997, p. 103).

Se fusionaron los impuestos de timbre nacional de vehículos, de circulación y de tránsito en el impuesto unificado de vehículos, al igual que los impuestos de juegos, espectáculos públicos y rifas y sorteos. Con estas fusiones se logró reducir el costo de recaudo y se facilitó el trámite al contribuyente.

Administración Enrique Peñalosa (1998-2000)18

El costo estimado del Plan de Desarrollo de la administración de Enrique Peñalosa, denominado “Por la Bogotá que queremos” era de 13,5 billones de pesos de 1998, los cuales serían financiados por medio de la generación de nuevos ingresos, nuevo endeudamiento, venta de acciones de la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la descapitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, estos últimos recursos factibles dadas las condiciones en que quedó el proceso adelantado por la administración anterior.

Acciones y resultados

Se diseñó un plan de racionalización tributaria (Concejo de Bogotá, 1998), en el cual se introdujo un esquema de preferencias para los estratos 1 y 2 del impuesto predial unificado. Igualmente, se redefinieron las características y el sistema de pago para los pequeños contribuyentes del impuesto de industria y comercio, y se eliminaron exenciones y tratamientos preferenciales que se presentaban en el recaudo y en el cobro de algunos tributos (Gutiérrez y Guzmán, 2000, p. 6).

Por medio del Acuerdo 6 de 1998 se buscó cerrar la brecha entre el valor de las obras y su beneficio. Del mismo modo se trazó un plan de control a la evasión y la morosidad tributaria:

Los resultados han sido efectivos, la gestión por fiscalización y cobro en 1999 y lo corrido a septiembre de 2000 alcanza un recaudo de $117 mil millones, superior en 12 % a la del periodo 1995-1998. Por primera vez, la administración de impuestos ha utilizado instrumentos como: 1) remate de predios por atrasos en pagos del Impuesto Predial; 2) actualización de la base de datos del Impuesto de Vehículos, que ha permitido hacer “redadas” en centros comerciales y parqueaderos públicos y privados y 3) outsourcing de cobro de cartera morosa de pequeños contribuyentes (Gutiérrez y Guzmán, 2000, p. 7).

Del mismo modo se generaron estrategias para mejorar la relación con los contribuyentes, y se continuó con la política de cultura tributaria:

… se ampliaron las campañas publicitarias, se organizaron seminarios y conferencias sobre el tema tributario y se realizaron estudios de evaluación del proyecto en la comunidad. En 1998, la Oficina de Cultura Tributaria se convirtió en la Subdirección de Cultura, desarrollando principalmente tres estrategias: Comunicación, Pedagogía e Investigación (Gutiérrez y Guzmán, 2000, p. 7).

Igualmente se persistió en la actualización tecnológica de la administración tributaria:

… el desarrollo de un nuevo sistema que integra las etapas del procedimiento tributario y sus vínculos con áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería y gestión interna. Las ventajas en suministro de información de calidad, confiable y oportuna, la corrección de inconsistencias de incorporación y aplicación de pagos, el apoyo en procesos de fiscalización y cobro, y la mejora en el servicio al contribuyente redundan en una eficiente administración tributaria (Gutiérrez y Guzmán, 2000, p. 8).

A nivel coyuntural, no debe olvidarse la recesión económica que sufrió el país durante los años 1998 y 2001, y los recursos extraordinarios provenientes de la descapitalización de las empresas del sector eléctrico, fruto del proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá que realizó la administración anterior.

En general, esta administración es la única en la que se han presentado, de un lado, reducción de ingresos tributarios, y de otro, la reducción del presupuesto de inversión programado, debido a las dificultades para su financiamiento (fracasó la venta de acciones de la ETB y no se contrató el crédito programado). Como consecuencia, el Plan de Desarrollo debió reducir a la mitad sus expectativas de gasto de inversión.

Administración Antanas Mockus (2001-2003)19

La segunda administración de Antanas Mockus se guió por el Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”. Su estrategia financiera se basó en la generación de nuevos ingresos20, producto de la elevación de los niveles de tributación y la reducción de la evasión; el ahorro en gastos; nuevo endeudamiento por un monto estimado de 1,3 billones de pesos; reducción de capital de Codensa; transferencias y cofinanciación.

Acciones y resultados21

Los ingresos totales de la ciudad crecieron en un 1,4 % real anual durante el periodo 2001-2003. Los ingresos que más aportaron a este aumento fueron las transferencias, que aumentaron en un 30 % real anual resultado de la gestión del Distrito frente al Gobierno Nacional22, y los ingresos corrientes con un aumento de 8,6 % real anual, producto de los esfuerzos de generación de ingresos propios (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003, p. 240). Los aumentos más significativos se dieron en los impuestos de mayor participación: industria y comercio, predial unificado, sobretasa a la gasolina (que gracias a la Ley 788 de 2002 pasó de 20 % a 25 %), consumo a la cerveza y delineación urbana.

El impuesto de industria y comercio, que decreció en promedio 2,4 % real anual durante el periodo 1998-2000, pasó a observar un crecimiento real de 16 % anual entre 2001 y 2003. Estos resultados se obtuvieron gracias al aumento del 38 % en las tarifas (Concejo de Bogotá, 2002a), a la homologación de requisitos para pertenecer al régimen simplificado con los establecidos para el mismo régimen en el impuesto sobre las ventas. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003, p. 244), a la habilitación del sistema Dype de pago por vía electrónica, que aumenta el control por parte de la administración y facilita el pago por parte del contribuyente, y a la simplificación del trámite de Registro de Información Tributaria, lo que también permitió disminuir los costos de la Dirección Distrital de Impuestos.

El impuesto predial unificado se reforzó con la actualización de los valores catastrales de 697 mil predios (cerca del 42 % de los predios de toda la ciudad, sin tocar el problema del bajo avalúo de los centros comerciales). Esto representó ingresos adicionales en 200323 de $22,6 mil millones. Además, con la gestión antievasión, en conjunto creció un 12,5 % real en 2002.

La sobretasa a la gasolina, por su parte, también sufrió una disminución fruto de la sustitución por ACPM y gas natural, además de las restricciones a la movilización de vehículos, la entrada en funcionamiento de Transmilenio y el proceso de chatarrización. Para remediar esta situación se gestionó ante la Nación un aumento de la sobretasa a la gasolina de 20 a 25 % (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003, p. 246), y se inició el control al expendio ilícito de combustibles y el proceso de disminución de la diferencia de precios del ACPM y la gasolina corriente.

El impuesto del consumo a la cerveza retornó a su senda natural después de la recesión económica, registrando decrecimientos reales del orden de 10,4 % en 2001, pasando en 2002 a un crecimiento de 9,1 %, proyectándose un crecimiento de 2,4 % para 2003.

Por su parte, el impuesto de delineación urbana registró uno de los mayores aumentos durante el periodo, dada su relación con el desempeño económico, el cual está altamente asociado al sector de la construcción, que entre 2001 y 2003 fue del orden de 48,6 %.

Como se puede observar, el esfuerzo propio en la generación de ingresos ha sido constante. Cuando Jaime Castro llega a la Alcaldía recibe una ciudad prácticamente quebrada; para 2010, Bogotá es una ciudad con alta legitimidad institucional en términos financieros.

Sobre el aporte voluntario del 10 % –ese interesante “ensayo” de política tributaria–, se hará la reseña en un capítulo posterior.

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0+
Litres'teki yayın tarihi:
22 ekim 2025
Hacim:
261 s. 53 illüstrasyon
ISBN:
9789587756982
Telif hakkı:
Bookwire
İndirme biçimi: