Kitabı oku: «El cumplimiento de las organizaciones en la tradición romanista y su reconsideración como categoría central del derecho civil»



Robles Bacca, Paula Natalia
El cumplimiento de las obligaciones en la tradición romanista y su reconsideración como categoría central del derecho civil / Paula Natalia Robles Bacca. -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2021.
379 páginas ; 24 cm. (Roma e America Diritto Romano Comune. Monografie ; 10)
Incluye referencias bibliográficas (páginas 353-371)
ISBN: 9789587905250
1. Obligaciones (Derecho) 2. Derecho romano 3. Cumplimiento de obligaciones 4. Derecho civil I. Universidad Externado de Colombia II. Título III Serie
346.53 SCDD 15
Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.
diciembre de 2020
ISBN 978-958-790-525-0
© 2020, PAULA NATALIA ROBLES BACCA
© 2020, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
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Primera edición: diciembre de 2020
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
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Composición: María Libia Rubiano
Impresión y encuadernación: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares
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CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1 STATU QUO DOCTRINAL Y LEGISLATIVO DE LA VALORACIÍN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL SISTEMA JURíDICO ROMANISTA
1.1. Visión evolucionista de la doctrina romanista sobre el surgimiento y transformación del concepto de solutio. Descripción de las reglas contenidas en el Digesto sobre la solutio como modo de extinción de las obligaciones
1.1.1. Posición de la doctrina romanista sobre el surgimiento del concepto de solutio en el periodo arcaico como acto solemne
1.1.2. La doctrina romanista sostiene que el contenido de solutio, ya antes del periodo clásico, se transformó al incluir el sentido de realización del débito
1.1.3. La doctrina romanista describe las reglas del derecho romano sobre el cumplimiento siguiendo para su exposición la metodología propia de los códigos decimonónicos
1.2. Statu quo de la doctrina civilista moderna en materia de cumplimiento de las obligaciones
1.2.1. La relación entre las categorías de cumplimiento y obligación
1.2.2. Alcance del concepto de cumplimiento
1.2.3. Criterios de evaluación del cumplimiento utilizados por la doctrina civilista contemporánea
1.2.4. La cuestión acerca de la naturaleza jurídica que ha de atribuirse al cumplimiento ha desatado un debate doctrinal sobre la relevancia de la voluntad de las partes en este acto
1.3. Tratamiento normativo del cumplimiento en el contexto de las codificaciones europeas y latinoamericanas
1.3.1. Tratamiento normativo del cumplimiento en Francia
1.3.1.1. La estructura original del Code civil y el lugar del cumplimiento en ella
1.3.1.2. El cumplimiento en la reforma de 2016 al derecho de obligaciones
1.3.2. El cumplimiento en el código civil de Andrés Bello
1.3.3. Análisis del tratamiento del cumplimiento en la obra de Augusto Teixeira de Freitas y en las codificaciones civiles de Brasil de 1916 y 2002
1.3.3.1. La Consolidación de las Leyes Civiles
1.3.3.2. El cumplimiento en el Esbozo de Código Civil
1.3.3.3. Tratamiento normativo del cumplimiento en el código civil de Brasil de 1916
1.3.3.4. Tratamiento normativo del cumplimiento en el código civil de Brasil de 2002
1.3.4. Regulación y sistematización del cumplimiento dentro del código de Vélez y en el código civil y comercial argentino de 2014
1.3.4.1. El cumplimiento dentro del código de Vélez y la influencia del Esbozo de Código Civil de Augusto Teixeira de Freitas
1.3.4.2. El cumplimiento en el código civil y comercial argentino de 2014
1.3.5. Tratamiento normativo del cumplimiento en el código civil italiano de 1942
1.4. La regulación del cumplimiento en el contexto de los proyectos de armonización del derecho de contratos, en particular, en los Principios Unidroit y en el MCR Common Frame of Reference
1.4.1. El cumplimiento en el contexto de los Principios Unidroit
1.4.2. El cumplimiento en el contexto del MCR Common Frame of Reference
CAPÍTULO 2 EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DERECHO ROMANO SE IDENTIFICABA CON EL CONCEPTO DE SOLUTIO, EL CUAL ABARCABA INICIALMENTE UN SENTIDO FORMAL (DISOLVER) Y, POSTERIORMENTE, UNO SUSTANCIAL (CUMPLIR)
2.1. La solutio arcaica como representación solemne de la liberatio de una sujeción a la manus iniectio
2.1.1. Liberación de la condición de damnatus por medio del rito de la solutio per aes et libram
2.1.2. El rol liberatorio de la solutio en el ámbito del nexum
2.1.3. El formulario de la solutio per aes et libram contenido en Gai. 3, 174
2.2. El rol de la solutio como rito con función de liberación entra en crisis como consecuencia de su interacción con el oportere del ius civile
2.2.1. La solutio dentro del escenario del oportere ex sponsione
2.2.2. Superación de la necesidad de un rito que solemnice la solutio para la plena producción de sus efectos
2.3. Consolidación del rol de la solutio como expresión del cumplimiento de las obligaciones
2.3.1. La solutio en el ámbito del oportere ex fide bona
2.3.1.1. La regla prout quidque contractum est, ita et solvi debet y el concepto de solutio en Quinto Mucio Scaevola
2.3.2. Surgimiento de la categoría de obligatio y consolidación de solutio como concepto que representó el cumplimiento del deber de prestación
2.3.2.1. En la definición de obligatio contenida en I. 3, 13 pr. solvere detenta una importancia central como expresión del deber jurídico de prestación
2.3.2.2. Usos de solvere en los últimos años de la jurisprudencia republicana e inicios de la clásica confirman la consolidación del concepto como expresión de cumplimiento sustancial
2.3.2.3. Usos de solvere en Gayo y Pomponio
2.3.2.4. Textos de Ulpiano y Paulo testimonian la continuidad, durante todo el periodo clásico, del uso de solvere con la duplicidad de significados que convivían en su concepto
CAPÍTULO 3 EN EL DERECHO CIVIL CONTEMPORÁNEO RESULTARÍA CONVENIENTE ARTICULAR UNA VALORACIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO CON INSPIRACIÓN EN EL DERECHO ROMANO CLÁSICO
Introducción
3.1. La conservación del equilibrio entre las posiciones de las partes como posible criterio de valoración del cumplimiento de las obligaciones
3.1.1. La determinación supletoria del locus solutionis en derecho romano
3.1.1.1. Reconsideración del rol que tiene el lugar del cumplimiento en la conservación del equilibrio contractual
3.1.2. Conservación del equilibrio entre los intereses de las partes ante el evento de una solutio ante diem
3.1.2.1. El pago anticipado en los ordenamientos civiles italiano y colombiano
3.1.3. La elección de la causa más gravosa como criterio supletorio de imputación del pago ante una pluralidad de deudas
3.2. La integración del contenido de las obligaciones debe garantizar su cumplimiento sustancial y no meramente formal
3.2.1. El caso de la integración en la emptio venditio de la garantía por evicción en derecho romano
3.2.1.1. Utilidad de proceder a una integración del contenido de las obligaciones del deudor que permita exigirle un cumplimiento acorde con los fines del contrato y las circunstancias particulares del caso
3.2.1.2. El mero cumplimiento aparente o formal no puede tenerse por “cumplimiento” pues no permite realizar la función del tipo contractual
3.2.1.3. Un cumplimiento despojado de la posibilidad de materializar el contenido de la obligación a la que se refiere, debe considerarse inexistente
3.3. Una valoración elástica del cumplimiento como mecanismo que permitiría ajustar su contenido al caso concreto
3.3.1. Valoración elástica del cumplimiento en el contexto del mandato
3.3.1.1. Una valoración elástica del cumplimiento permitiría establecer con mayor precisión la diligencia y el esfuerzo exigibles a la conducta del deudor
3.3.1.2. La protección de los intereses de la contraparte puede requerir la exacerbación de las exigencias predicables del comportamiento del deudor en cumplimiento de sus obligaciones
3.3.1.3. Una valoración elástica del cumplimiento puede articularse tomando en consideración los conocimientos de las partes y los beneficios que emanan del cumplimiento de sus obligaciones
3.3.2. La valoración del cumplimiento de las obligaciones se vería enriquecida si se tomara en consideración la dinámica sinalagmática propia de los contratos
3.3.2.1. El caso de la locatio conductio rei y la remissio mercedis en derecho romano
3.3.2.2. La interdependencia entre las obligaciones a cargo de los contratantes permitiría establecer el grado de coordinación y asociación de esfuerzo exigible a la conducta de las partes durante su cumplimiento
3.3.2.3. La interacción entre las prestaciones de las partes permitiría determinar el cumplimiento que es exigible a cada una con base en la conducta de la otra
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
NOTAS AL PIE
ÍNDICE DE FUENTES DE TRADICIÓN MANUSCRITA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
AGRADECIMIENTOS
La presente investigación es el resultado de mi proceso de formación doctoral en Italia. Deseo agradecer sinceramente a la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” y, en particular, a su Centro di Studi Giuridici Latinoamericani por acogerme en su seno, al igual que, de manera muy especial, a la Universidad Externado de Colombia, en cabeza de su rector, el profesor Juan Carlos Henao, por el apoyo que, de manera tan generosa, me brindó para poder adelantar satisfactoriamente el camino que hoy culmina con esta publicación.
Presento, igualmente con gran estima, mi agradecimiento al profesor Felipe Navia Arroyo, director del Departamento de Derecho Civil, por haber creído en mí y haber sido permanente vigía del proceso de investigación que antecedió este trabajo y por su atenta lectura del mismo, y al profesor Édgar Cortés Moncayo, quien desde mis años de estudiante en la Facultad de Derecho ha sido para mí un maestro y un ejemplo de ser humano, con su invaluable apoyo, consejo y presencia.
Sea esta, también, la ocasión para reiterar con el mayor cariño y respeto mi profundo agradecimiento tanto a mi directora de tesis doctoral, la profesora Martha Lucía Neme Villarreal, por exigir de mí lo mejor y, en especial, por inspirarme con su pasión por el derecho romano a elegir este sendero para mi vida académica, así como a mi tutor en la presente investigación, el profesor Riccardo Cardilli, cuya guía me resultó fundamental para comprender el estudio del derecho romano como escenario proficuo y complejo, así como para internarme con rigurosidad y respeto en el análisis de las fuentes en las que reposa la sabiduría jurídica de los prudentes.
Por último, un especial agradecimiento a mis papás, a mi hermana y a mi tía Lucelia, quienes atravesaron el dolor de la distancia sin ningún reparo, con el único deseo de verme cumplir mis objetivos; su compañía constante y su amor me permitieron avanzar con la certeza de su soporte.
La obra que a continuación se presenta fue defendida como tesis doctoral el 25 de julio de 2019 en la sede de la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, recibiendo, por voto unánime de la comisión evaluadora, la máxima calificación final: “eccellente qualità cum laude”.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo encontrar criterios sustanciales de valoración del cumplimiento de las obligaciones que contribuyan a la construcción de una consideración de la conducta de los contratantes en la ejecución de las prestaciones a su cargo capaz de reflejar la importancia de este concepto para el derecho civil, pues el cumplimiento es la más perfecta realización del contenido de la obligación, estando destinada fisiológicamente hacia él desde que nace, ya que solo a través del mismo despliega plenamente su función social. El cumplimiento, en suma, es la única vía que permite la materialización de la colaboración intersubjetiva que el derecho aspira a facilitar y tutelar por medio de la obligación como categoría jurídica.
Nuestro propósito se encuentra justificado en la convicción de la insuficiencia de los mecanismos que en la actualidad se utilizan para evaluar el comportamiento del deudor al dar cumplimiento a sus compromisos, pues dichos mecanismos se encuentran restringidos a la mera verificación de la correspondencia entre fuente de la obligación y conducta efectivamente desplegada en términos de sujetos, tiempo y lugar del pago, así como a una confrontación formal de los señalados extremos que permita concluir que el pago es idéntico y completo respecto del título que lo impone.
Asimismo, nos motiva la preocupación que proviene de constatar que en el derecho civil contemporáneo el lugar, por antonomasia, en el que se evalúa con mayor detalle y atención la conducta del deudor es el de la responsabilidad civil. La razón de la aludida preocupación radica en que, según nuestra opinión, esta manera de afrontar las problemáticas relacionadas con el comportamiento de aquel sobre el que pesa una obligación ha contribuido a la difusión, tal vez silenciosa, de una percepción de las obligaciones como compromisos respecto de los cuales puede elegirse entre cumplir o indemnizar, con lo cual se pone en grave peligro la capacidad de las obligaciones y contratos como estructuras jurídicas que permiten la realización de la autonomía privada y la solidaridad entre individuos que se necesitan mutuamente.
En este contexto, nos proponemos acudir al estudio del derecho romano como herramienta de deconstrucción crítica que otorga dimensión y profundidad a cada norma e institución de nuestro código civil, el cual representa, desde esta óptica, la puerta de acceso al largo y fructífero camino que nos conecta con nuestras más remotas y ancestrales tradiciones jurídicas, demostrándose, por lo mismo, imprescindible para la elaboración de las respuestas nuevas, ingeniosas y creativas que le son exigidas en nuestros días al derecho para responder con justicia a los graves problemas que, en todos los frentes, aquejan a la civilización occidental, llegando, incluso, a amenazar nuestra supervivencia como especie.
La estructuración metodológica del presente trabajo se articula en tres partes: la primera de ellas se dedica a establecer el statu quo de la doctrina, romanista y moderna, y de la legislación respecto de la valoración del cumplimiento en los ordenamientos civiles francés, chileno, brasilero, argentino e italiano, así como en los proyectos de armonización del derecho de contratos, en particular los Principios Unidroit y en el Common Frame of Reference. Allí nos proponemos analizar, por una parte, la forma en que la doctrina romanista aborda el origen y la transformación de la solutio, expresión latina que describe nuestra actual noción de cumplimiento, y, por otra parte, la forma en que la doctrina civilista moderna aborda temas como la relación entre obligación y cumplimiento, el alcance de este último concepto, su naturaleza jurídica y los criterios que la doctrina utiliza para su evaluación. Por último, presentamos un estudio acerca del tratamiento normativo de la materia en los ordenamientos y proyectos de armonización antes señalados.
Los vacíos y carencias detectados con el desarrollo de esta primera parte nos motivaron a adentrarnos con mayor profundidad en la materia y, en consecuencia, a buscar respuestas en el derecho romano debido a su capacidad para dar completitud a las instituciones jurídicas que de él descienden, así como para ofrecer respuestas con vocación universal a los problemas que afligen a los ordenamientos que en su sistema se integran. Es así como en la segunda parte de esta investigación se pretende esclarecer cuál fue el proceso que determinó que el concepto de solutio transformara su significado desde un sentido arcaico de liberación solemne a un sentido sustancial de cumplimiento de las obligaciones. Con dicho propósito emprendemos la búsqueda de respuestas desde el periodo arcaico, tratando de comprender las razones por virtud de las cuales la solutio tenía un rol fundamentalmente liberatorio en el contexto de la damnatio y el nexum. Luego de ello, se hace necesario concentrar los esfuerzos del trabajo en buscar explicaciones que permitan comprender por qué el papel de la solutio como rito con función de liberación entró en crisis, y en ese sentido indagar sobre la incidencia que tuvieron en dicho proceso tanto las dinámicas existentes entre la solutio y el oportere ex sponsione como la difusión de la datio informal para facilitar la circulación del crédito. Por último, se hace preciso establecer la manera en que el florecimiento del oportere ex fide bona dio lugar a que la solutio incorporara sólidamente en su semántica el significado de cumplimiento sustancial de las obligaciones capaz de producir ipso iure todos sus efectos con prescindencia del uso de cualquier solemnidad.
La refinación del razonamiento de los prudentes y su elevada sensibilidad a la hora de indagar en la realidad social en la que sus soluciones se insertaban permitieron que la dogmática romana construyera una perspectiva del cumplimiento en la que la conducta de las partes debía ser analizada por su capacidad para materializar de manera plena el contenido de la obligación, pues la eficacia de la solutio, al encontrarse despojada de cualquier rito que formalizara su existencia, dependía exclusivamente de la idoneidad del comportamiento del deudor para honrar con él sus compromisos. Lo anterior nos motivó a proponer, en la tercera y última parte del trabajo, un estudio de casos del derecho romano y de la jurisprudencia civil italiana y colombiana, con el objetivo de demostrar la conveniencia para el derecho civil contemporáneo de implementar una valoración del cumplimiento de las obligaciones que sea capaz de evaluar en toda su complejidad la conducta de los contratantes. En este sentido, el objetivo fue el de evidenciar que una valoración del cumplimiento que tome en consideración, por ejemplo, su capacidad para materializar un adecuado equilibrio entre las posiciones de las partes puede dar lugar a un redimensionamiento tanto del rol que tradicionalmente se ha asignado al lugar y al tiempo del cumplimiento como de la importancia de introducir un modelo de comportamiento que guíe al acreedor cuando le corresponda el turno de proceder con la imputación del pago. Igualmente, intentamos demostrar que el cumplimiento, más que reflejar una identidad formal con el título obligacional, debe reflejar una realización sustancial de su espíritu, de tal manera que por esta vía puedan ser rechazadas del ámbito del cumplimiento aquellas conductas que, so pretexto de una adecuación puramente textual con el contenido de una cláusula, buscan disimular la soterrada intención de quien únicamente pretende la liberación de su compromiso, prescindiendo de la satisfacción del interés de la contraparte. Por último, en esta parte examinamos la utilidad que podría tener la implementación de una valoración del cumplimiento que se caracterice por su elasticidad; con dicha finalidad intentamos ejemplificar cómo sería posible ajustar la intensidad con la que se exige una determinada conducta al deudor durante la ejecución de las prestaciones a su cargo, e igualmente procuramos articular la consideración de la dinámica sinalagmática propia de los contratos, como mecanismo que permitiría graduar proporcionalmente las exigencias que se hacen a un contratante en relación con la conducta del otro al cumplir.
Esta investigación constituye apenas una primera etapa de muchos y subsiguientes trabajos en los que pretendemos enfocar nuestro esfuerzo en la reflexión acerca de los numerosos y diversos, así como intrincados y complejos, matices del cumplimiento de las obligaciones.
CAPÍTULO 1
Statu quo doctrinal y legislativo de la valoración del cumplimiento de las obligaciones dentro del sistema jurídico romanista
1.1. VISIÓN EVOLUCIONISTA DE LA DOCTRINA ROMANISTA SOBRE EL SURGIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DE SOLUTIO. DESCRIPCIÓN DE LAS REGLAS CONTENIDAS EN EL DIGESTO SOBRE LA SOLUTIO COMO MODO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
El estudio que la doctrina romanista ha dedicado al concepto de solutio se caracteriza por una visión de la figura en la que los orígenes y transformaciones de la misma son explicados desde una perspectiva que, consciente o inconscientemente, proyecta sobre esta materia una visión conforme a la cual la obligatio es el resultado de una evolución desde el vínculo material, que actuaba sobre la persona del deudor y materializaba, principalmente, la responsabilidad del mismo, hasta el surgimiento de un vínculo ideal, iuris vinculum, en el que adquiere relevancia la realización de la prestación y respecto del cual la responsabilidad es latente y ya no actual1.
Lo anterior ha determinado que a nivel doctrinal exista un vacío a la hora de establecer una explicación suficiente acerca de la interacción de la solutio con los esquemas vinculatorios que la misma disolvía, por lo cual, si bien es cierto que el surgimiento y la transformación de solvere se encuentran indisolublemente relacionados con el surgimiento y consolidación de la obligatio, las dinámicas que entre ambos conceptos tuvieron lugar desde el periodo arcaico hasta el posclásico no han sido, de acuerdo con nuestra perspectiva, satisfactoriamente explicadas hasta ahora; en efecto, además de la visión evolucionista arriba mencionada, las respuestas que pueden encontrarse utilizan las categorías de débito y responsabilidad para explicar el rol de la solutio en los diferentes periodos, sin tener en cuenta que las mismas no son susceptibles de ser proyectadas ni sobre los esquemas arcaicos predecesores de la obligatio, ni sobre esta última.
1.1.1. POSICIÓN DE LA DOCTRINA ROMANISTA SOBRE EL SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE SOLUTIO EN EL PERIODO ARCAICO COMO ACTO SOLEMNE
La doctrina es consistente en sostener que, etimológicamente, el concepto de solutio se identifica con desatar, liberar, disolver2, puesto que en sus orígenes estaba amalgamada con un rito que en algunos casos, literalmente, desataba al deudor de una situación de aprisionamiento físico3.
Tal rito podía identificarse, dependiendo del tipo de vínculo existente entre las partes, con la solutio per aes et libram4 o con la acceptilatio. Respecto del primero de ellos, la doctrina se limita a explicar, con mayor o menor detalle, que se trataba de un modo formal de extinción de las obligaciones que producía efecto ipso iure, y que era utilizada, durante este periodo, para liberar al nexus y, más adelante, al addictus, así como también al heredero comprometido con un legado per damnationem y, en general, para extinguir todos los demás débitos derivados de una damnatio5, sin adentrarse en la comprensión de las complejidades propias de la damnatio que son las que, precisamente, permiten comprender adecuadamente el rol significativamente liberatorio de la solutio durante el periodo arcaico.
Así, por ejemplo, se pasa por alto el análisis del funcionamiento de la solutio en el ámbito del votum, que resulta ser una figura de particular importancia para la materia pues representa uno de los más antiguos vestigios de la damnatio. Tampoco se toma en consideración de qué manera el legado per damnationem facilitó en favor del testador una expresión de su autonomía privada que le permitiera imponer a sus herederos comportamientos que hasta entonces el legado per vindicationem no permitía, y de qué manera la ampliación de su capacidad de vincular la conducta futura de sus sucesores tenía implicaciones directas sobre el rol liberatorio que la solutio desempeñaba. En la misma línea, se descuida el análisis acerca de cómo la paulatina monetización de las penas por delitos privados permite explicar por qué se consolidó el rito per aes et libram como instrumento de actuación de la solutio en el escenario de la damnatio ex delicto.
Junto a la solutio per aes et libram, la doctrina pone a la acceptilatio, que constituyó igualmente un modo formal de extinción ipso iure de las obligaciones verbis y litteris. Frente a la segunda se explica que su aplicación está pobremente documentada en las fuentes con las que contamos, de manera que la doctrina6 sostiene que probablemente despareció junto con la correspondiente obligatio litteris durante el periodo romano-helénico7, y se cree que consistía en la inscripción hecha en el codex accepti et expensi del acreedor, con el consenso del deudor8.
De la acceptilatio verbis se refiere su supervivencia en el derecho justinianeo, aunque ya únicamente con función simbólica, habiendo consistido en una interrogación oral (quod tibi promisi habesse acceptum?) que el deudor, junto con la prestación, dirigía al acreedor, quien, también oralmente, respondía adhiriendo (habeo)9 para solemnizar un pago que efectivamente tenía lugar.
La doctrina es reiterativa en sostener que, en el periodo arcaico, las solemnidades de las que venimos hablando resultaban indispensables para producir la extinción del vínculo y la consecuente liberación del deudor. No se trataba de ritos que cumplieran una función meramente formal, por el contrario, tenían por sí mismos plena eficacia extintiva. Según un sector mayoritario de la doctrina, la razón de ser de esta necesaria solemnidad extintiva radica en la observancia de la regla del contrarius actus. La cual desciende del contenido de D. 46, 3, 80, en donde Quinto Mucio sostiene: “De la forma en la que se contrató, asimismo debe disolverse – Prout quidque contractum est, ita et solvi debet”. Como consecuencia lógica resulta que, si un negocio surgió por medio del uso del gestum per aes et libram, entonces debe disolverse per aes et libram; si surgió verbis, entonces debe extinguirse con uso de la acceptilatio, y así sucesivamente.
De otra parte, pueden encontrarse doctrinantes romanistas que han dedicado estudios más específicos a la solutio, tales como Siro Solazzi10, quien defiende que la solemnidad que acompañaba a la solutio durante el periodo arcaico estaba vinculada funcionalmente con esta última, es decir que materializaba el acto mismo de cumplir. Ello es especialmente notorio en la solutio per aes et libram, puesto que, ante la ausencia de moneda acuñada, el acto de pesar el bronce resultaba ser la cuantificación misma del metal que se debía. Dentro de este contexto los elementos que integraban el acto per aes et libram no pueden considerarse como una mera formalidad, sino que son, por sí mismos, la materialización de la solutio, la cual, por lo tanto, consistió en la conjugación de la forma y la prestación.
Lo mismo ocurría con la acceptilatio; aunque la identidad entre solutio y solemnidad era menos patente, lo cierto es que la declaración solemne se revelaba fundamentalmente como la confesión de haber recibido, por lo que impedía al acreedor desconocer con posterioridad la existencia de este hecho. Era como si la pronunciación de las palabras solemnes llevara dentro de sí la prueba infalible del acto de cumplir; con ello se pretendía dar existencia incontrovertible a la solutio: de ahí que fuera tan importante para la producción de sus efectos.
Si bien nos encontramos de acuerdo con el carácter necesario de los comentados ritos para la consecución de los efectos de la solutio, creemos que las explicaciones doctrinarias al respecto no valorizan adecuadamente que ello representaba la respuesta más armoniosa y coherente con el funcionamiento mismo de la damnatio, el nexum o el oportere ex sponsione, por lo que el mero recurso a la regla del contrarius actus como justificación de la función imprescindible del rito resulta reductiva respecto de la complejidad histórica y jurídica que podría realmente explicar por qué frente a estas figuras la solutio resultaba fundamentalmente identificada con la idea de liberatio.
1.1.2. LA DOCTRINA ROMANISTA SOSTIENE QUE EL CONTENIDO DE LA SOLUTIO, YA ANTES DEL PERIODO CLÁSICO, SE TRANSFORMÓ AL INCLUIR EL SENTIDO DE REALIZACIÓN DEL DÉBITO
De la transformación que sufrió el significado de solutio nos da testimonio Gayo en sus Instituciones al enumerar las causas que producen la extinción de la obligatio. Allí, el jurista nombra en primer lugar a la solutio (Gai. 3, 168), para luego hacer referencia a la solutio per aes et libram (Gai. 173-174) y a la acceptilatio (Gai. 169-170), a las cuales califica como imaginariae.
De lo anterior puede concluirse sin temor a equívocos, por una parte, que para la época de Gayo la solutio había alcanzado plena autonomía frente a las solemnidades que anteriormente le resultaban indispensables para producir sus efectos y, por otra parte, que –como consecuencia lógica de lo anterior– el significado del concepto había adquirido un nuevo cariz, conforme al cual solutio designaba la conducta por medio de la cual se realizaba la actividad prometida al momento del surgimiento de la obligatio y que se condensa en el concepto que hoy denominamos como “prestación debida”. De esta manera, resultó que el significado arcaico que identificaba solutio con liberatio debió integrarse con un sentido más específico que describía la idea de cumplimiento.
La doctrina romanista explica esta transformación o, mejor, integración del concepto de solutio, desde diversas ópticas.
Mayoritariamente11, esta transformación se vincula con el cuadro negocial que se desprende de D. 46, 3, 80, el cual, como ya lo expusimos, no solo explicaría que una solemnidad acompañe en algunos casos a la solutio como una aplicación de la regla del contrarius actus, sino que también permitiría comprender cuáles eran los tipos de contractus existentes para la época de Quinto Mucio. Esto último llevaría a la conclusión conforme a la cual las obligationes nacidas de un acto informal podrían extinguirse ipso iure con la mera realización de la prestación debida despojada de cualquier rito. Todo lo cual permitiría entender que se asistía en Roma a una transformación del panorama negocial, cuyos efectos se reflejaban obviamente en la solutio que se transformaba a la par con el vínculo obligatorio.
Desde otra perspectiva, Solazzi considera espurio el contenido de D. 46, 3, 80 e inexistente la supuesta regla del contrarius actus, lo que lo lleva a defender una tesis diferente, conforme a la cual la transformación del concepto de solutio, en el caso de la solutio per aes et libram, es el resultado del surgimiento de la moneda acuñada, lo que determinó que el acto solemne de pesar el bronce se separara del acto mismo de cumplir; y en el caso de la acceptilatio, la utilización del rito con fines remisorios significó el reconocimiento de efectos a la forma sin la consecuente correspondencia con la sustancia, lo que conllevaría el inicio de un decurso que habría de terminar en el reconocimiento de efectos a la sustancia sin la forma. Dicho recorrido probablemente implicó un periodo de transición, durante el cual tanto la solutio per aes et libram como la acceptilatio tuvieron un rol doble, conforme al cual servían a la vez como cumplimiento solemne de la relación negocial y como rito de remisión de lo debido. La transformación únicamente habría alcanzado su consolidación cuando la forma cesó completamente de servir como pago efectivo, y en este sentido el autor sostiene que ya para la época de la ley Aquilia la acceptilatio se habría consolidado “velut imaginaria solutio”.
Diversa es, también, la explicación que presenta Sebastião Cruz12, quien, proyectando de una manera notoria las categorías de débito y responsabilidad sobre esta materia, sostiene que la solutio debe analizarse en estricta relación con las etapas de evolución de la obligación, puesto que los cambios en la estructura y función de esta última determinaron igualmente una variación en la estructura y función de la solutio.
Por lo tanto, la naturaleza solemne de la solutio en época arcaica puede explicarse con referencia a la estructura y función que tenía la obligación en dicho periodo13, en el que sobresalía la responsabilidad sobre el débito, en donde la primera era fundamentalmente personal e implicaba un ligamen físico del deudor y el débito era principalmente dinerario. Bajo esta perspectiva, la adquisición de plena eficacia extintiva del pago se explicaría, igualmente, por medio de la transformación que sufrieron la estructura y la función de la obligación en época clásica, durante la cual la obligatio pasó a configurarse como un vinculum iuris, que daba lugar al derecho de exigir del deudor una prestación, por lo cual en este momento la solutio pasaría a representar el cumplimiento del debitum14.
Sin embargo, desde nuestra perspectiva las explicaciones doctrinarias sobre la transformación que sufrió la solutio, al integrar en su significado la idea de cumplimiento de las obligaciones, no toman en consideración la incidencia fundamental que dentro de la misma tuvieron la interacción del solvere con el oportere ex sponsione, en donde se encuentran los primeros gérmenes de un vínculo que, por medio de un juramento, compromete hacia el futuro la conducta del solvens sin exponerlo inmediatamente a una agresión de su status.
Tampoco se estudia el efecto que tuvo en esta transformación la paulatina difusión de la datio informal como mecanismo de circulación del crédito, fenómeno que generó nuevos retos para el sistema jurídico al requerir el ajuste de una disciplina solutoria esencialmente solemne a un contexto evidentemente informal; ni se investigan las repercusiones que en todos estos cambios tuvo la configuración de la condictio (como acción para tutelar la restitución de una suma cierta de dinero) como fórmula que no hace expresa mención a la causa que justificaba el desplazamiento patrimonial, con lo que surgió la necesidad de indagar en el proceso la finalidad negocial de las partes, necesidad antes inexistente porque el rito por sí mismo señalaba su fin (nexum, mancipatio, solutio).
Igualmente se pierde de vista por la doctrina romanista el impacto contundente que tuvo, en la consolidación del concepto de solutio como expresión del cumplimiento sustancial de las obligaciones, el reconocimiento de los negocios consensuales en el marco jurisdiccional definido por la buena fe. Este escenario dio lugar a que la solutio, despojada de cualquier ritual que la consolidara, se tradujera en la conducta, pura y simple, del deudor y que, en consecuencia, la plena eficacia de la misma dependiera exclusivamente de su capacidad para materializar por completo el contenido del oportere ex fide bona.
Todas estas carencias del estado actual de la doctrina romanista justifican la pertinencia del análisis que presentaremos en el segundo capítulo de esta investigación, con el objetivo de contribuir a una compresión de la solutio en la que sea tomada en consideración la complejidad tanto de las instituciones jurídicas como de las circunstancias históricas que fueron determinantes en la construcción del contenido de este concepto en derecho romano.
1.1.3. LA DOCTRINA ROMANISTA DESCRIBE LAS REGLAS DEL DERECHO ROMANO SOBRE EL CUMPLIMIENTO SIGUIENDO PARA SU EXPOSICIÓN LA METODOLOGÍA PROPIA DE LOS CÓDIGOS DECIMONÓNICOS
En general, podemos sostener que la doctrina romanista al ocuparse del cumplimiento analiza, por una parte, los problemas relacionados con el origen y la consolidación del concepto de solutio y, por otra parte, una vez expuesto lo anterior, se concentra en exponer cuáles eran las reglas aplicables en materia de cumplimiento en derecho romano.
Respecto de este último frente de análisis la doctrina, por regla general, elige hacer una exposición de la materia utilizando las mismas categorías que contienen los códigos decimonónicos al regular el pago, es decir, por medio de una división de la materia en sujetos, objeto, tiempo, lugar, imputación y prueba del cumplimiento o solutio.
Resulta entonces evidente que en el estudio de este problema jurídico ha tenido lugar una superposición de la visión moderna en la manera de abordarlo por parte de algunos de los estudiosos del derecho romano, lo cual sesga al intérprete reduciendo las posibilidades de comprender el asunto desde una perspectiva que pueda explicar mejor la institución en su verdadero contexto para, desde allí, adentrarse en un análisis enriquecedor de las fuentes romanas, que rescate su verdadero sentido y, por consiguiente, su utilidad para el derecho contemporáneo.
La desafortunada superposición de la que hablamos conlleva, indefectiblemente, la reducción de las fuentes del derecho romano en materia de cumplimiento a un precedente puramente histórico de las reglas modernas aplicables al pago, y termina por forzarlas a encajar en unas categorías que no necesariamente tenían sentido para los juristas romanos.
Una revisión de la doctrina evidencia una constante preocupación por establecer15 quién debe cumplir16. Sobre este particular, la doctrina resalta en especial que puede cumplir también un tercero, a menos que se esté de frente a obligaciones cuyo contenido exija la realización de una actividad que requiere para su correcta ejecución de las habilidades especiales del deudor17. De manera que la intervención de un tercero produce plena eficacia liberatoria aun cuando el cumplimiento se lleve a cabo sin conocimiento del deudor e incluso en contra de su voluntad18, siempre y cuando el tercero cumpla con plena consciencia de estar pagando un débito ajeno.
En lo que hace al otro extremo subjetivo de la solutio, es decir, en lo relativo al asunto de a quién se debe cumplir, la doctrina19 de manera uniforme sostiene que se debe pagar al acreedor o a su representante legal, procurator o mandatario. Igualmente se resalta que, en este contexto de designación de un tercero, existieron en Roma dos figuras particulares: el adiectus solutionis causa y el adstipulator20.
Respecto al cuándo de la solutio se expone reiterativamente21 que este es un aspecto que puede aparecer fijado por las partes, quienes pudieron haber señalado un término, un plazo o una condición para hacer exigible el cumplimiento del deudor, o este momento puede resultar implícitamente establecido por las circunstancias o por el tipo de prestación22; si el término no se ha fijado ni expresa ni implícitamente se aplica la regla conforme a la cual debe pagarse de inmediato: quotiens autem in obligationibus dies non ponitur, praesenti die pecunia debetur (D. 41, 1, 41, 1)23.
Por último, queda por hacer referencia a los aspectos que la doctrina romanista destaca en lo que se refiere a dónde debe ejecutarse la prestación. La doctrina empieza por señalar que la solutio debe realizarse en aquel lugar que fue señalado por las partes, o en caso de no haberlo sido, en aquel lugar que la naturaleza de la prestación o las circunstancias del caso permitan determinar24. En algunas obras romanistas25 se otorga especial atención al caso en que el lugar del cumplimiento se encontraba indeterminado. Por último, algunos autores26 se refieren a la situación contraria, en la que el pago debía realizarse en un determinado lugar y por ende procedía la actio de eo quod certo loco27.
Respecto del objeto del cumplimiento se afirma la existencia de las reglas de identidad e indivisibilidad del pago. En este sentido se afirma que el pago debe consistir en la completa y exacta prestación de aquello que es debido28.
Como consecuencia de lo anterior se deriva, en primer lugar, que el acreedor no estaba obligado a recibir nada diferente de aquello que era exactamente debido, aunque, mediando la voluntad de este, los romanos reconocieron eficacia liberatoria29 al aliud pro alio solvere o datio in solutum. En segundo lugar, no estaba obligado a recibir sino la prestación entera, aunque también a este respecto esta regla fue atemperada con la figura del beneficium competentiae, la cual permitía que determinados deudores30 no pudieran ser condenados más allá del límite de sus posibilidades económicas, esto con el objeto de evitar la ejecución y su consecuente infamia.
Como se ve, el problema del cumplimiento en derecho romano, y en particular de las reglas que operaban en su aplicación práctica, se analiza desde una visión completamente moderna, echando mano, se reitera, de las categorías que los códigos decimonónicos utilizaron para regular la materia.
Dudamos mucho de que un sesgo tal en el análisis de un problema en derecho romano pueda arrojar resultados novedosos y enriquecedores que ayuden al jurista contemporáneo a comprender con una visión más integral los problemas que surgen en la actualidad en esta materia dentro del ámbito del derecho privado, respecto del cual, estamos convencidos, el derecho romano representa mucho más que un mero referente histórico31.
1.2. STATU QUO DE LA DOCTRINA CIVILISTA MODERNA EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Del análisis de las obras de varios civilistas en Francia, Italia, Chile, Argentina, Brasil32 y Colombia es posible constatar que el cumplimiento de las obligaciones es estudiado fundamentalmente como modo de extinción de las obligaciones, sin que en la gran mayoría de los casos le sea dedicado a la categoría un análisis que sea coherente con el valor que la misma ostenta por ser la realización del contenido de la obligación.
De esta manera, puede notarse que la doctrina moderna analiza superficialmente problemas tales como el objeto del cumplimiento, la relación existente entre este último y la obligación o el alcance del concepto, centrando su atención en estudiar, desde un punto de vista formal y dogmático, temas como la determinación de la naturaleza jurídica de la figura, y desde una perspectiva exegética, la descripción de las condiciones de exactitud en las que el cumplimiento debe tener lugar.
1.2.1. LA RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIÓN
Dentro de la tradición jurídica asentada con el código civil francés, la obligación se considera como el efecto de alguna de las fuentes de las que emana (contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley), y a su vez de ella se desprenden como efectos el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento y el deber de prestación en cabeza del deudor. El cumplimiento de dicha prestación se estudia, aparte, en el contexto de los modos de extinción de las obligaciones, y de él se consideran como sus efectos la liberación del deudor y la extinción de la obligación33.
La construcción de una relación en términos de causalidad entre fuente, obligación, prestación, cumplimiento y extinción puede encontrarse claramente en Pothier, quien sostiene en su Tratado de las obligaciones que el efecto de las obligaciones, respecto del deudor, es el deber de prestación, y respecto del acreedor, facultarlo para perseguir su crédito en juicio34. Al tratar de los efectos del pago (payment), sostiene que son extinguir la obligación y liberar al deudor del vínculo obligacional35.
En este caso la obra de Pothier reviste una gran importancia, puesto que ella representó un giro fundamental en la utilización de la categoría de obligación como categoría general, y fijó un modo de comprender las relaciones entre contrato, obligación y prestación que influenció notablemente la tradición jurídica continental36. Así, Pothier hizo un análisis extenso y profundo de argumentos tales como la esencia de la obligación y la individualización de sus efectos. Ello significó, en lo que hace a la esencia, centrar la atención en las causas que dan origen a la obligación, de entre las cuales resaltaba, sin más, el contrato. En lo que hace a los efectos de las obligaciones, Pothier puso el acento en la prestación debida y sus posibles contenidos, agrupados en las tres conocidas categorías de dar, hacer y no hacer, y en los daños e intereses que se derivan del incumplimiento37. En lo que hace al cumplimiento, desde esta perspectiva, se concretan sus efectos en la liberación del deudor y la extinción del vínculo obligatorio; su análisis se difiere al capítulo destinado a los modos de extinción de las obligaciones, el cual se limita a describir las condiciones subjetivas, objetivas y modales en las que el cumplimiento ha de encuadrarse.
Por regla general, una notoria mayoría de la doctrina aborda las relaciones entre contrato, obligación, prestación y cumplimiento en estos términos –es decir, en términos de causalidad–. Con ello se pierde la posibilidad de comprender en toda su complejidad la relación de contexto e interdependencia que existe entre estas categorías.
En Francia se presenta el ejemplo más notable de esta tendencia. Allí la doctrina es fundamentalmente unívoca en la comprensión del cumplimiento como tema desligado de la vida de la obligación, así como del contrato, por lo que resulta estudiado meramente como medio de extinción de la obligación.
La doctrina francesa definió el cumplimiento clásicamente38 como la extinción de la obligación por medio de su ejecución voluntaria. A la luz de esta definición puede notarse que la relación entre cumplimiento y obligación se establece en dos sentidos: como modo de extinción y como mecanismo de ejecución.
El establecimiento de dicha relación se remonta, como ya lo sostuvimos, a la obra de Pothier, y a partir de él dicho estado de cosas se consolidó tanto en la estructura del Code civil como en las posturas doctrinarias de los dos últimos siglos39. En el siglo XIX la doctrina francesa describió el cumplimiento como ejecución de la obligación, resaltando como nota característica el efecto que este produce, esto es, la extinción de la misma. Otros autores de este periodo resaltaron del cumplimiento el hecho de ser el modo más normal, natural de extinción de la obligación40. Durante el siglo XX41, la situación no hizo más que sedimentarse y, pese a que algunos autores incluyeron en sus obras al cumplimiento dentro de un capítulo dedicado a la ejecución de la obligación, lo cierto es que la visión del mismo como mecanismo de extinción de las obligaciones se mantuvo con fuerza. Lo cual, sin duda, continúa caracterizando a las obras de derecho civil contemporáneo42, las cuales dedican la mayor parte de su energía, en esta materia, a describir y tomar partido en la discusión acerca de la naturaleza jurídica del cumplimiento.
En Italia, si bien los autores coinciden con los franceses en destacar que el cumplimiento produce la extinción de la obligación y en que “il modo normale di estinzione dovrebbe essere l’adempimento da parte dell’obbligato”43, también cabe resaltar que muchas obras van más allá en el análisis de la relación entre obligación y cumplimiento, puesto que el cumplimiento se considera mayoritariamente44 como la actuación de la relación obligatoria, esto último implica una percepción distinta de la relación entre obligación y cumplimiento. Desde esta perspectiva se abren posibilidades para comprender el cumplimiento como materialización social, económica y jurídica de un ‘programa obligacional’, que de otra manera no habría tenido más que una existencia potencial, por lo que el cumplimiento le permite alcanzar trascendencia, proyección y concreción.
De manera que la doctrina italiana encuentra un sobresaliente interés por determinar en qué consiste el contenido de la obligación cuya realización integral le corresponde al deudor. Una tesis defiende que el contenido de la obligación se traduce en el resultado de la prestación, por lo que la actividad del deudor se podría considerar una de las vías disponibles para alcanzar el resultado previsto, junto con la ejecución forzada y el cumplimiento de un tercero, los cuales quedarían, todos, abarcados por la categoría de cumplimiento.
Según otra tesis, el contenido de la obligación se concreta en la prestación considerada como actividad personal del deudor, por lo que el cumplimiento solo puede abarcar, como concepto, la ejecución espontánea del deudor mismo, lo cual conduce a incluir dentro de la categoría la oferta de cumplimiento cuando el acreedor se rehúsa a recibir.
Cabe resaltar que, con independencia de la tesis a la que se adhiera, lo cierto es que en Italia la doctrina percibe que el cumplimiento tiene una función activa, tanto en la consecución del resultado esperado con el surgimiento de la obligación como en la realización de la prestación que se materializa en una conducta del deudor. Por lo que hay quienes resaltan que “[c]uando el cumplimiento produce la realización del derecho del acreedor, este no puede ser considerado simplemente como causa de extinción, sino, siempre, como causa de actuación de aquel derecho”45.
Por último, es relevante mencionar a la doctrina latinoamericana46, la cual, en este punto en particular, se encuentra notoriamente unificada y, además, alineada con la doctrina francesa, por lo que es muy frecuente encontrar que se sostenga que “la liberación del deudor, producida por la extinción de la obligación con respecto a su acreedor, se opera generalmente por la ejecución de la prestación, esto es por la solución o pago efectivo que el deudor hace de aquello a que se obligó”47, y en la misma línea se suele encontrar en las obras de derecho civil que se considera al pago como efecto de las obligaciones y/o modo de extinción de las mismas48.
Sin embargo, existen algunas obras que analizan desde una perspectiva diferente el asunto49, y resaltan, en consecuencia, el rol activo del cumplimiento en la vida de la obligación, más que su participación en la muerte de la misma, poniendo de presente que, conforme a una lógica correcta, el cumplimiento debería estudiarse en el contexto del primer escenario, y que los códigos lo regulan como modo de extinción porque esa es una de sus consecuencias prácticas, sin que por ello deba perderse de vista cuál es su rol trascendental50. En este sentido se sostiene, por ejemplo, que “el pago ostenta dos funciones inseparablemente unidas: en la medida que cumple con la prestación, extingue el vínculo obligacional […] [P]ensamos que no puede separarse la vida de la obligación, en cuanto cumplimiento, de la extinción que se va produciendo con éste […] [E]l pago es la perfecta consumación del ciclo obligacional, de la vida jurídica de la obligación”51. Igualmente, existen autores que consideran que “mucho más que ser una entre las modalidades de extinción, el pago representa el telos de la dinámica obligacional, el punto a partir del cual la obligación, entendida dinámicamente, se estructura y es interpretada”52.
1.2.2. ALCANCE DEL CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
El análisis del status quo de la doctrina revela que, expresa o tácitamente, las obras de derecho civil se plantean cuestionamientos acerca del alcance que tiene el cumplimiento, es decir, acerca de si los temas relacionados con la dación en pago, el pago con subrogación, la ejecución forzada, el pago por consignación, el pago de lo no debido o el pago con cesión de bienes pueden ser abarcados o no por el cumplimiento como categoría.
Decimos que tácitamente porque, en muchos casos, los doctrinantes se limitan a utilizar un método analítico y, en consecuencia, reproducen en sus obras, sin más, el catálogo de materias que sobre este punto contienen los códigos civiles, con lo cual acogen el alcance más o menos restringido del concepto que prevea el legislador, sin analizarlo críticamente.
Otras obras se plantean expresamente la cuestión53, y en ellas sus autores, para establecer si una figura puede calificarse como cumplimiento, definen los límites de la categoría en función de si se alcanza la satisfacción del acreedor; o de si ha sido el deudor mismo con una conducta propia quien ha realizado la prestación; o de si se ha tratado de un acto voluntario; o de si se logra la extinción de la obligación y la liberación del deudor.
En Francia, como ya lo dijimos, se define clásicamente al cumplimiento como la extinción de la obligación por medio de su ejecución voluntaria. Allí son las obras más modernas54 las que resaltaron con énfasis el elemento de la voluntariedad como característico de la figura. Dicho énfasis produjo una división entre los doctrinantes en lo que hace a la determinación del alcance del cumplimiento. Para algunos conlleva la exclusión de la ejecución forzada de la categoría. Para otros, al entender al cumplimiento como ejecución, lo que se produce es una subdivisión del concepto en dos especies: ejecución forzada y ejecución voluntaria55.
Como puede verse, el carácter voluntario de la ejecución poco ha servido para fijar el alcance del concepto, pese a que hoy constituya un elemento incontrovertible de la definición de cumplimiento56 en Francia.
En Italia, la determinación del alcance del concepto de cumplimiento ha estado marcada por el debate doctrinario acerca de cuál sea el contenido de la obligación, puesto que para un importante número de doctrinantes el cumplimiento es la actuación de dicho contenido57. En este contexto existen tres posturas. Una primera tesis sostiene que el contenido de la obligación se concreta en el comportamiento que el deudor debe observar y, en consecuencia, la realización del resultado útil para el acreedor no resulta un elemento determinante del concepto. La teoría opuesta sostiene que el contenido de la obligación se concentra en el objeto de la misma, es decir, en el bien debido sobre el cual se proyectan, como las dos caras de una misma moneda, los derechos del acreedor y los deberes del deudor, razón por la cual se defiende la existencia de una perfecta correspondencia entre el lado pasivo y el lado activo de las obligaciones58.
Finalmente, existe una postura intermedia conforme a la cual no puede verificarse una perfecta correspondencia entre la posición del acreedor y aquella del deudor, y más bien deben considerarse situadas en planos diversos. Por lo que se defiende que el objeto del derecho de crédito se radica en la cosa o hecho debido, pero a este no puede referirse exclusivamente la obligación del deudor, la cual versa sobre la prestación como su actividad personal59.
Debemos poner de presente que solo algunos doctrinantes italianos participan de este debate, por lo que en muchas otras obras el alcance del cumplimiento no resulta analizado sino que, simplemente, se acoge una definición de cumplimiento, bien como actuación de la relación obligatoria60, bien como ejecución exacta de la prestación debida61, para luego pasar a tratar los temas relativos al cumplimiento, siguiendo el catálogo de materias del código civil.
En Latinoamérica, la doctrina chilena, colombiana y argentina acogen la definición de cumplimiento contenida en los respectivos códigos civiles62. En el caso de la doctrina chilena y colombiana63, el alcance del concepto de cumplimiento solo puede deducirse del catálogo de materias que los autores incluyen en el capítulo dedicado, dentro de sus obras, al cumplimiento, el cual coincide, por regla general, con el catálogo de materias desarrollado por los códigos civiles al regular el asunto. De manera que el pago por consignación, el pago con subrogación, la cesión de bienes y el beneficio de competencia son figuras abarcadas por el concepto de pago.
En Argentina existe una marcada tendencia de la doctrina a clasificar los modos de extinción de las obligaciones, de la cual pudimos deducir que en este país la satisfacción del acreedor es un elemento definitorio del cumplimiento, puesto que es una característica de la figura que siempre resulta enfatizada, aun cuando se reconoce que no es el único mecanismo que permite alcanzar dicha satisfacción64.
En el caso de Brasil, ni el código civil de 1916 ni el de 2002 contienen una definición de cumplimiento que haya podido servir de base a la doctrina civilista para fijar el alcance del concepto en cuestión. Podemos sostener, sin embargo, que un importante sector de la doctrina65 acoge la definición de Clóvis Beviláqua66 conforme a la cual pago es la ejecución voluntaria, espontánea o solicitada, de la prestación. Desde esta perspectiva se considera por la doctrina brasileña que hay cumplimiento:
… tanto cuando el deudor realiza espontáneamente la prestación, como cuando voluntariamente paga después de haber sido interpelado, notificado o incluso condenado a pagar en proceso de conocimiento. También hay cumplimiento cuando en proceso ejecutivo el deudor decide realizar la prestación. Deja de considerarse cumplimiento la realización coactiva de la prestación a través de los medios propios del proceso ejecutivo, puesto que en este último evento ya no estamos en presencia de una ejecución voluntaria67.
En el contexto de la doctrina brasileña consideramos importante resaltar el análisis que, en este punto en particular, ha realizado Ferreira68, quien pone de presente que el cumplimiento puede ser analizado desde tres perspectivas: el deber de prestación (acto o conjunto de actos que materializan la prestación), la satisfacción de los intereses del acreedor y la liberación del deudor. Cada uno de estos aspectos, en la fase de ejecución de la obligación, puede correr suertes distintas. Por lo que el autor resalta que no es posible fijar una visión unitaria del cumplimiento, es decir, hacerlo “por medio de un único elemento unificador como el acto de realizar la prestación, o el acto de satisfacer al acreedor, o el acto que libera al deudor”69. Así, por ejemplo, en lo que hace a la satisfacción de los intereses del acreedor se resalta que dicha satisfacción es el genérico telos obligacional, y por ello constituye el punto de referencia de cualquier análisis finalístico de la obligación. De ahí que, con frecuencia, el cumplimiento resulte materialmente equiparado a la satisfacción de dichos intereses, aunque en realidad se trata de aspectos diversos que no necesariamente están siempre juntos, como podría ocurrir en aquellos casos en los que, habiendo formalmente un cumplimiento, los intereses del acreedor resultan defraudados70.
La misma conclusión se puede alcanzar en lo que hace a la liberación del deudor, la cual se alcanza como efecto normal de haberse realizado la función de la obligación cumplida, sin que pueda sostenerse que, indefectiblemente, será así. Tal es el caso del pago hecho por un tercero donde, pese a haber cumplimiento, el deudor no se libera sino que, al contrario, continúa obligado respecto del tercero a quien se le transmite la titularidad del crédito.
Si se comprende a la obligación desde una perspectiva simple, conforme a la cual ella resulta ser un nexo entre el derecho de crédito y el deber de débito, resulta adecuado entender el pago como una mera realización de la prestación. Sin embargo, cuando se comprende la obligación en la plenitud de su complejidad resulta claro que el cumplimiento no es sencillamente el acto de alguien, destinado a la extinción de un vínculo, sino un acto (o conjunto de actos) con contenido teleológico finalístico, cuyo fin no es exclusivamente la satisfacción de los intereses de una de las partes ni se encuentra vinculado exclusivamente a la prestación.
Podemos, finalmente, concluir que la cuestión relativa a cuál sea el alcance del cumplimiento como categoría ha sido estudiada marginalmente por la doctrina contemporánea, por lo que en este punto estamos lejos de encontrar, al menos, una tendencia, puesto que se percibe como un tanto arbitraria la elección de tratar o no, dentro del contexto del pago, aquellas figuras respecto de las que no se sabe bien cuál es su lugar en el universo de los modos de extinción (dación en pago, pago con subrogación, ejecución forzada, pago por consignación, pago de lo no debido o pago con cesión de bienes), ello, según creemos, como consecuencia del variado panorama de definiciones doctrinales de cumplimiento, en donde algunos autores resaltan puntos que otros relegan para caracterizar a la figura y encontrar la diferencia específica que le otorgue un espacio particular dentro del género próximo al que pertenece. Como ya lo advertimos arriba, unos tienden a enfatizar el fin del cumplimiento, el cual, por lo demás, se considera que es exclusivamente la satisfacción del acreedor; otros enfatizan el carácter voluntario o espontáneo del acto; otros enfatizan el efecto liberatorio y extintivo del acto de cumplir. Todo lo cual permite percibir que existe un ambiente de indefinición en este punto.
1.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO UTILIZADOS POR LA DOCTRINA CIVILISTA CONTEMPORÁNEA 71
La doctrina civilista utiliza como criterios de evaluación del cumplimiento, por una parte, los requisitos que debe reunir el objeto del cumplimiento (identidad e indivisibilidad), y, por otra parte, los requisitos que se predican de la conducta con la que se concreta el pago (sujetos, lugar y tiempo). Al abordar estos requisitos, la doctrina difiere notablemente en la manera como los cataloga. Algunos autores hablan de condiciones de eficacia del cumplimiento72, otros de condiciones de validez73, otros de elementos esenciales y circunstancias del pago74, otros simplemente no los catalogan de ninguna manera.
En el desarrollo de este tema, por lo general, las obras empiezan por abordar el asunto del objeto del cumplimiento, respecto del cual se suele señalar que coincide con la prestación debida, la cual varía según se trate de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. En este contexto, se agrega que dicho objeto debe reunir las condiciones de identidad e indivisibilidad.
Conforme al requisito de identidad, se explica reiteradamente que el deudor no puede obligar al acreedor a recibir, como cumplimiento, la ejecución de una prestación distinta de aquella establecida por la fuente de la obligación. Es decir, el cumplimiento debe ser idéntico a la prestación inicialmente prevista. En lo que hace a la indivisibilidad75, se sostiene que “el pago, en general, es indivisible; debe pagarse la prestación íntegra, tal como ha sido convenida; y el deudor no puede forzar al acreedor a que la reciba por partes, salvo convención contraria”76. Dichos requisitos se encuentran, igualmente, consagrados en muchos de los códigos civiles77.
Por otra parte, la doctrina se adentra en la descripción de los aspectos relativos a los sujetos entre los cuales el cumplimiento debe tener lugar. En este sentido, se parte de la premisa conforme a la cual el rol de solvens le corresponde, por regla, al deudor. Lo que no obsta para que se admita que un tercero, incluso sin haber sido designado por el deudor, pueda pagar. Pothier sostenía, con fundamento en las fuentes romanas, que para que el pago sea válido no es necesario que sea el deudor, o alguien por él encargado, quien pague; cualquier persona aun contra la voluntad del deudor puede pagar, extinguir la obligación y liberar al deudor, con tal de que disponga de la propiedad de la cosa que se debe dar, o que, en caso de obligaciones de hacer, no resulte determinante la individualidad de la persona que la ejecute para alcanzar el resultado satisfactorio que el acreedor espera78.
Los códigos civiles introdujeron distintos matices a la postura de Pothier, en especial en lo que hace a la intervención de un tercero que obra sin autorización del deudor. En este contexto, el código civil francés de 1804, en su redacción original, estableció que si un tercero paga en su propio nombre y sin la autorización del deudor, el pago es válido pero no da lugar a que el tercero se subrogue en los derechos del acreedor79. Por su parte, la reforma de 2016 a los títulos III, IV y V del libro III del código civil francés simplificó la regulación en este punto disponiendo, simplemente, que el pago puede ser igualmente realizado por una persona que no está obligada, salvo oposición legítima del acreedor80. El código civil chileno de 1855 dispone que el que paga sin conocimiento del deudor solo tiene derecho a que se le reembolse aquello que pagó, mientras que aquel que pagó contra la voluntad del deudor no tiene derecho a repetir lo pagado, “a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción”81. El código civil argentino de 1869 eliminó la posibilidad de subrogación para el tercero que paga contra la voluntad del deudor, caso en el cual solo puede repetir “del deudor aquello en que le hubiese sido útil el pago”82. El código civil de Brasil de 1916 establecía que el tercero que paga en su propio nombre tiene derecho a ser reembolsado, pero no a subrogarse en los derechos del acreedor. Y aquel que paga en contra de la oposición justificada del deudor no tiene derecho a ser reembolsado sino hasta el monto de aquello que le fue útil al deudor83. El código civil italiano de 1942 prevé que el acreedor puede rechazar el pago ofrecido por un tercero si el deudor le manifestó su oposición84. El código civil de Brasil de 2002 establece que el pago hecho con desconocimiento o contra la voluntad del deudor “não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a açao”85. Finalmente, el código civil argentino de 2014 dispone que, si el acreedor y el deudor conjuntamente se oponen a que el pago sea realizado por un tercero, este último no puede ejecutar la prestación, a menos que se trate de un tercero interesado86.
Respecto del accipiens87, se explica que se paga válidamente al acreedor, a sus herederos y a sus sucesores a titulo singular, siempre y cuando tengan la libre administración de sus bienes88. De igual forma, el acreedor puede tanto dar poder a un tercero para recibir el pago como ratificar el pago hecho a un tercero sin legitimidad para recibir. En este último caso, la ratificación surte efectos retroactivos desde el momento en que el pago se hizo89. El pago a un tercero no facultado para recibir puede hacerse válido, por otra parte, cuando ha resultado útil para el acreedor90 y, también, cuando el tercero no legitimado, con posterioridad, adquiere la titularidad del crédito, por ejemplo, mortis causa91.
En lo que hace al lugar en que debe realizarse el pago, el artículo 1645 c.c. establece como regla que el pago se debe hacer en el lugar convenido. A falta de convención, se desarrollan en el artículo 1646 c.c. algunas reglas supletorias: si se debe dar un cuerpo cierto, se hará en el lugar donde la cosa se encuentre al momento de la constitución de la obligación. Si es una cosa de género se ha de pagar en el domicilio del deudor92.
Por último, respecto del tiempo del cumplimiento se considera que el mismo debe ser puntual y, en consecuencia, debe coincidir con el momento de la exigibilidad de la obligación; desde esta perspectiva, siguiendo –como es usual– las normas contenidas en los códigos civiles, la doctrina explica que las obligaciones pueden ser puras y simples, caso en el cual se deben cumplir en el mismo momento en el que nacen; o estar sometidas a un plazo, que puede ser expreso o tácito, o a una condición, caso en el cual será necesario esperar a que venza el primero o se cumpla la segunda para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento sin que le sea requerida la constitución en mora del deudor: dies interpellat pro homine93.
1.2.4. LA CUESTIÓN ACERCA DE LA NATURALEZA JURÍDICA QUE HA DE ATRIBUIRSE AL CUMPLIMIENTO HA DESATADO UN DEBATE DOCTRINAL SOBRE LA RELEVANCIA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES EN ESTE ACTO
En el ámbito del cumplimiento la cuestión más debatida por la doctrina civilista moderna ha sido, sin duda, la determinación de su naturaleza jurídica. El tema resulta tan discutido porque sigue siendo dudoso el rol que puede atribuirse a la voluntad de las partes dentro del acto de cumplir.
El debate se centra, entonces, en determinar si el cumplimiento, como supuesto de hecho normativo, es un hecho, un acto o un negocio jurídico.
La doctrina que entiende que la naturaleza jurídica del pago es la de un negocio jurídico señala que el núcleo de la misma radica en la consideración según la cual la producción de los efectos propios del pago necesita, además de la ejecución de la prestación, la concurrencia de una voluntad dirigida a alcanzar la extinción de la obligación, con la consecuente liberación del deudor.
Un gran número de autores, tanto en Europa como en América Latina, adhieren a esta tesis, aunque entre ellos no existe una postura uniforme, pues para un sector, especialmente en Francia, el pago es un contrato o convención94, mientras que para otros se trata de un negocio jurídico unilateral. Quienes entienden al pago como una convención sostienen que la validez y eficacia95 del mismo está sometida a la existencia de un acuerdo entre el accipiens, quien recibe la prestación con una voluntad dirigida a aceptarla como cumplimiento de una obligación, y el solvens, quien ejecuta la prestación a su cargo acompañándola de una voluntad encaminada a destinar su conducta a la extinción de su obligación. Entre las razones más alegadas para defender esta tesis se encuentra la de que la voluntad de las partes es necesaria por el efecto jurídico que el pago produce, puesto que implica la extinción de un derecho del acreedor, quien, por lo tanto, al recibir la prestación estaría disponiendo del mismo, por lo que su voluntad resultaría necesaria. En lo que hace al deudor, su conducta de cumplimiento conlleva la intención, jurídicamente relevante, de extinguir el vínculo que sobre él pesa para alcanzar su liberación96.
Otro de los argumentos más antiguos de esta tesis ahonda sus raíces en un principio de la doctrina alemana del ochocientos, conforme al cual toda atribución patrimonial debe corresponder a una causa y a una voluntad directa y actual. Siendo el cumplimiento una atribución patrimonial con un objetivo determinado debe, entonces, estar sustentado en una voluntad directa y actual. A la misma conclusión llegaron los franceses, quienes defendieron que el carácter traslativo del pago (solvere est alienare) exigía una convención, pues no puede haber transferencia de la propiedad sin el consentimiento de adquirente y enajenante97.
No obstante, los partidarios de esta tesis se han visto obligados a utilizar argumentos, diríamos, reforzados para sostenerla frente a algunos vacíos que resultan bastante obvios. Así, por ejemplo, se admite que la voluntad de la que disponen las partes del pago no tiene los mismos alcances que aquella de la que gozan al momento de dar nacimiento a una obligación, puesto que es innegable que dicha libertad se encuentra limitada por la existencia de los mecanismos de la ejecución forzada y el pago por consignación. Sin embargo, consideran que sigue habiendo un espacio para ejercer la autonomía privada, aun cuando sea menor, pues la libertad de las partes no se encuentra eliminada sino reducida, y ello no es un argumento suficiente para considerar que el pago no tenga naturaleza convencional98. Así mismo, defienden la presencia de la voluntad dentro del acto de pagar en aquellos casos en los que no media, aparentemente, un acuerdo entre las partes al momento de la ejecución, como cuando se trata del cumplimiento de obligaciones negativas. En estas hipótesis se suele sostener que existe una voluntad tácita entre las partes que se presume mientras que la abstención no sea controvertida, al paso que otros autores llegan a admitir que, excepcionalmente, en estos casos no se reúnen los elementos que requiere la existencia de un negocio jurídico99.
Como lo anunciamos precedentemente, dentro de las teorías que defienden la naturaleza negocial del cumplimiento existe una vertiente que sostiene que el pago es un negocio jurídico unilateral, y no un contrato. En este contexto, se considera que la voluntad del acreedor es irrelevante para integrar el cumplimiento y sus efectos, por lo que se sostiene que en aquellos casos en que es necesaria la cooperación del acreedor esta resulta ser únicamente “el sustento psíquico de un comportamiento necesario para la producción del resultado de la prestación”100.
Uno de los principales exponentes de esta teoría es el italiano Giuseppe Andreoli101, quien, partiendo de la base de que el cumplimiento es la actuación del contenido de la obligación, defiende que un comportamiento humano no dirigido consciente y voluntariamente no puede ser considerado actuación de dicho contenido. Por lo tanto, se parte de una base mínima de voluntariedad que debe acompañar la conducta de cumplir, y a la que él denomina animus praestandi. Adicionalmente, para integrar cabalmente el supuesto de hecho del pago resulta indispensable la voluntad de cumplir con la obligación, de actuar el contenido de la relación obligatoria, o lo que es lo mismo, el animus solvendi102. Por lo tanto, el cumplimiento es un negocio jurídico unilateral, pues “para integrar la figura del cumplimiento no es necesaria una voluntad negocial del acreedor, que esté en el mismo plano de la voluntad de cumplimiento del deudor, y que concurra, así, a conformar con esta una síntesis calificable como negocio bilateral”. El autor no considera que pueda llegarse a una conclusión distinta, ni siquiera en la hipótesis en la que el acreedor manifiesta su conformidad respecto de cierta prestación por considerarla ajustada al contenido de la obligación, pues acá lo único que se produce es una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que corresponde al acreedor probar la conformidad de la prestación y no ya al deudor, mas no una bilateralidad en el acto negocial de cumplimiento. Otra hipótesis dudosa, y que el autor considera resuelta, es aquella en la que el acreedor manifiesta su voluntad de que una determinada prestación valga como cumplimiento, aunque no corresponda exactamente al contenido de la obligación por el hecho de tener vicios. En este último caso habría un negocio jurídico extintivo que está a mitad de camino entre la datio in solutum y el cumplimiento.
De otra parte, las teorías negociales del cumplimiento han sido blanco de agudas críticas que buscan demostrar que el pago es un ámbito en el cual la autonomía privada no juega ningún rol. Así, la naturaleza convencional se ha controvertido al sostener la irrelevancia de la voluntad del acreedor en el ámbito del cumplimiento, puesto que solo puede defenderse la naturaleza convencional del pago si se demuestra que la voluntad del acreedor es indispensable en todos los casos para alcanzar la extinción del vínculo.
En este contexto consideramos relevante, por lo perspicuo de su análisis, la posición de Nicole Catala103, quien empieza por sostener que es necesario distinguir el pago stricto sensu de los actos que le son accesorios. Dentro de estos últimos, algunos alteran notablemente aspectos fundamentales del mismo, como el caso del pago por un tercero o la dación en pago. Otros actos, tales como la individualización de la cosa en las obligaciones alternativas o de género, tienen un peso distinto y constituyen “etapas en el camino de la extinción de la obligación”. Algunas veces un acto de voluntad “se intercala […] entre la ejecución y la extinción del vínculo obligatorio”, como en el caso de la imputación del pago a aquella deuda que el deudor o, en su defecto, el acreedor determine. Finalmente, hay actos posteriores al pago destinados a demostrar su existencia, probándolo por medio de un acuerdo de voluntades que reconoce la realidad de su realización. Todas estas operaciones, según la autora, no hacen parte de la esencia del pago stricto sensu, puesto que ninguno de ellos provoca directamente la extinción del vínculo104.
Así, una vez aislado el pago de aquellos actos, convencionales o no, que lo pueden acompañar, la autora concluye que respecto del mismo la voluntad del acreedor no es indispensable para alcanzar el efecto extintivo, puesto que su participación es requerida, en ocasiones, para la ejecución y no para alcanzar la extinción de la obligación, ya que esta última puede alcanzarse, incluso, contra la voluntad del acreedor, como lo demuestra el caso del pago por consignación. En aquellos casos en los que la voluntad jurídica del acreedor es requerida, como en la ejecución de las obligaciones de dar, lo es para alcanzar la transmisión de un derecho, no para extinguir la obligación, y en todo caso el acreedor no es libre de aceptar o rehusar la prestación, puesto que se impone el derecho del deudor a la liberación, so pena de incurrir en mora accipiendi. De manera que en este último caso estamos, en realidad, frente a una convención translaticia y no extintiva de la obligación.
En conclusión, para la autora el intento de los defensores de las tesis voluntaristas ha sido vano, pues resultan artificiosos los argumentos que pretenden demostrar la necesidad de la voluntad del acreedor para alcanzar la extinción de la obligación, cuando se ve a todas luces que dicho objetivo se alcanza aun en contra de su voluntad. Debe, más bien, comprenderse en su debido contexto la colaboración del acreedor, cuando ella resulta necesaria, puesto que dicha colaboración, para la autora, es puramente material, no jurídica, y se da en el ámbito de los actos accesorios, en el sentido de ser necesaria, como arriba lo dijimos, para la ejecución de la obligación pero no para la extinción de la misma105.
Por otra parte, las teorías negociales que defienden su carácter unilateral también han sido duramente criticadas pues se considera infundada tanto la necesidad del animus praestandi como la del animus solvendi para integrar el supuesto de hecho del cumplimiento. De manera que, “la actividad no voluntaria del deudor, si resulta congruente con el contenido de la obligación, constituye cumplimiento […] [A]l ordenamiento jurídico no puede interesarle el porqué un particular se ajuste a este”106. Dicha consideración resulta aplicable con indiferencia de si se está frente a una obligación positiva o negativa, de hacer o de dar107. Se afirma, también, que la idea de una voluntad en el deudor, al menos tácita, dirigida a que la prestación sea encaminada al acreedor a título de pago es muy artificiosa puesto que la misma implicaría el análisis de las circunstancias del caso, lo que en últimas no sería más que verificar que en la práctica las circunstancias objetivas del pago se encuentran reunidas108.
En últimas, se defiende la idea de que “sólo […] la existencia del débito es presupuesto necesario y suficiente para la validez del pago y no la existencia de una intención extintiva”109, así como de que la extinción de la obligación se alcanza, exclusivamente, por virtud de la realización objetiva de la prestación que produce la satisfacción de los intereses del acreedor. Todo lo cual desemboca en los postulados de la teoría del pago como hecho jurídico (o acto jurídico en sentido estricto)110. De conformidad con esta tesis, el cumplimiento extingue la obligación por medio de su ejecución, y en esa medida solo dos son sus elementos esenciales: primero, una obligación preexistente, que justifica jurídicamente la prestación del deudor, y segundo, una prestación conforme al objeto de la obligación, que produce en el acreedor la satisfacción que el ordenamiento jurídico exige para extinguir la obligación. Con el cumplimiento, el acreedor alcanza la ventaja que legítimamente pretendía y al mismo tiempo el deudor extingue su deuda y se libera, por lo tanto, “la ejecución por parte del deudor suprime simultáneamente las dos faces del vínculo obligatorio, el débito y el crédito”111.
A lo anterior se suma como argumento el hecho de que las figuras del cumplimiento forzado y el pago por un tercero se han considerado manifestaciones del ordenamiento jurídico que aprueban la producción de los efectos propios del cumplimiento, prescindiendo no solo de la voluntad del deudor, sino de toda actividad suya112.
A esta última teoría se le ha criticado el hecho de dejar sin contenido el rol del deudor en la actuación de la relación obligatoria. Por ello una parte de la doctrina, favorable a una activa participación del deudor en el cumplimiento, reivindica el papel que en esta área tiene la buena fe y, en particular, la diligencia. Se considera, así, que por razones de coherencia resulta indiscutible que la calificación de un supuesto de hecho como cumplimiento requiere de una participación consciente del deudor113.
La teoría del pago como hecho jurídico (o acto jurídico en sentido estricto) ha sido defendida principalmente en Italia, en donde el artículo 1191 c.c. de 1942 eliminó la exigencia de capacidad en el solvens que estaba prevista por el artículo 1240 c.c. de 1865, lo cual ha sido entendido por la doctrina como una manifestación del legislador en contra de atribuir al cumplimiento una naturaleza negocial114. Sin embargo, en Francia, donde la arrolladora mayoría de la doctrina defiende la naturaleza convencional del pago, hay autores que han criticado fuertemente dicha postura y, con sólidos argumentos, han defendido que debe ser catalogado como hecho jurídico115.
Existe una tercera propuesta conforme a la cual el cumplimiento, desde una perspectiva funcional116, es un acto debido puesto que el deudor al cumplir está dando observancia a los dictados de una obligación que pesa sobre su cabeza sin que pueda serle reconocida una libertad de hacer o no lo que se le manda, pues en caso de abstenerse de cumplir el ordenamiento jurídico procederá a utilizar en su contra la fuerza coercitiva propia del proceso ejecutivo. Desde esta perspectiva, existe un nexo inescindible entre la obligación que grava al deudor y el cumplimiento, de manera que el efecto extintivo de la obligación depende de la concreta realización del programa obligatorio: “el efecto extintivo es la necesaria consecuencia de ley, y diremos casi natural, de aquel elemento real representado por la ejecución de la prestación debida”117. Para esta teoría el cumplimiento se define como acto extintivo con carácter real, pues su efecto liberatorio tiene como causa aquel hecho que traduce en la realidad la prestación debida. En general, esta última teoría cuenta con una amplia aceptación118, que resulta del hecho de haber sido entendida por la doctrina como compatible con otras perspectivas de la naturaleza jurídica, pues el hecho de atribuir funcionalmente una categoría al cumplimiento no excluye que la misma pueda coincidir con otra caracterización desde el punto de vista estructural119.
Finalmente, queda por referir un grupo de autores120 que, con diversas propuestas, han defendido una tercera vía en lo que hace a la determinación de la naturaleza jurídica del cumplimiento. Así, se considera, en términos generales, que tanto las teorías negociales como aquellas que rechazan toda participación de la voluntad de las partes en el pago resultan demasiado rígidas y por lo mismo se muestran incapaces de explicar las complejidades que pueden presentarse dentro de esta materia. Ambas conllevan la aniquilación del análisis de las peculiaridades propias de los hechos que integran el cumplimiento, así como de la conexión de este con la obligación, puesto que presentan al pago bien como un esquema negocial más121, bien como mero supuesto de hecho que implica la participación del hombre pero cuyos efectos jurídicos se encuentran plenamente preestablecidos por el ordenamiento jurídico.
En esta línea encontramos, por ejemplo, la obra de Corrado Chessa, quien defiende la llamada teoría de la variabilidad, la cual hace parte de “una tercera corriente […] la cual, aun cuando atribuyendo al cumplimiento los caracteres del acto debido, no excluye que en algunos casos la estructura del pago pueda coincidir con aquella del negocio”122. Tales casos serían principalmente: el cumplimiento de un pactum de contrahendo; la elección en las obligaciones alternativas y la determinación de la cosa que se debe en las obligaciones de género; y, en la imputación del pago, cuando el deudor señala cuál de las varias deudas que tiene respecto del mismo acreedor quiere pagar. Así, el autor se aparta de las teorías que atribuyen al cumplimiento una “naturaleza constante e inmutable”, para alinearse con quienes consideran que en el cumplimiento, si bien hay un núcleo mínimo que coincide con la existencia de un comportamiento humano y de una causa solvendi, lo cierto es que el cumplimiento no tiene una naturaleza jurídica rígida, pues la actuación del contenido de la obligación en ocasiones es una mera actividad material, a veces es un acto jurídico en sentido estricto y a veces, también, puede calificársele de negocio jurídico123.
Cabe asimismo hacer mención al trabajo de Thomas Le Gueut, quien aborda el tema del cumplimiento con una visión crítica acerca de la manera como la doctrina francesa ha estudiado el tema. Desde su perspectiva, pese a que la definición francesa clásica de cumplimiento (cumplimiento es la extinción de la obligación por su ejecución voluntaria) evidencia la naturaleza dualista del concepto, como modo de ejecución y de extinción de la obligación, es, indiscutiblemente, una definición que trata el concepto como una noción unitaria. Esto conlleva el problema de que la misma no se ajusta a los diferentes usos que el legislador hace del concepto. Así, por ejemplo, el artículo 1234 c.c. francés de 1804 preveía al pago como primera causa de extinción de las obligaciones, la definición clásica se ajustaba perfectamente con tal norma. Sin embargo, ante el contenido de normas como la del artículo 1248 c.c. de 1804, que establecía que los gastos del cumplimiento son a cargo del deudor, se puede notar, según el autor, que para la aplicación de esta disposición poco importaría si la ejecución realizada por el deudor extingue o no la obligación. Por lo tanto, en la primera norma el código toma en consideración tanto la ejecución como la extinción de la obligación, mientras que en la segunda solo considera la ejecución. Por lo anterior, el autor defiende la propuesta de una concepción dualista del cumplimiento, por oposición a aquella monista que mayoritariamente defiende la doctrina de su nación124.
Le Gueut sostiene que “la concepción dualista del pago invita a distinguir dos nociones concéntricas del mismo. El pago ejecutivo correspondiente a la ejecución o los actos de ejecución de la obligación, y el pago extintivo correspondiente a la ejecución regular de la obligación que produce la extinción de esta última”125.
El pago ejecutivo es el conjunto de actos de ejecución de una obligación, cuya naturaleza varía en función del objeto de la obligación que es su causa y cuya calificación jurídica no corresponde a un grado superior respecto del pago extintivo. Por su parte, pago extintivo es “la ejecución regular de la obligación que entraña la extinción de esta última”126, y dicha extinción es el resultado lógico del hecho de que una obligación regularmente ejecutada resulta sin objeto, pues el mismo se encuentra efectivamente realizado.
En lo que hace a la naturaleza jurídica, la propuesta de Le Gueut, inspirada por las conclusiones del trabajo de Catala, defiende que el pago ejecutivo presenta indefectiblemente una naturaleza jurídica variable, mientras que el pago extintivo es invariablemente un hecho jurídico. Lo anterior sin perder de vista que ambas caras del cumplimiento tienen la misma importancia, por lo que no es aconsejable defender una jerarquía entre las mismas127.
Como puede verse, el asunto sobre la naturaleza jurídica del cumplimiento está lleno de diferencias entre los doctrinantes, y después de casi un siglo de discusiones al respecto el tema continúa abierto, pues la última palabra no le corresponde a ninguna de las teorías hasta el momento expuestas. Sin embargo, y aunque se trata del asunto al que la civilística moderna le ha dedicado más tiempo, lo cierto es que, como lo hemos venido demostrando, muchos otros aspectos del cumplimiento, tal vez incluso más relevantes teórica y prácticamente, han sido descuidados, y, especialmente se ha perdido de vista el asunto relativo a la valoración misma de la conducta en la que se traduce el cumplimiento, con el objetivo de establecer si la misma puede ser considerada o no como tal. Desde nuestra perspectiva, las relaciones establecidas entre cumplimiento y obligación en términos de mera causalidad; el alcance algo confuso de la figura; los elementos valorativos que la doctrina suele utilizar –muy formalistas, según nuestra opinión–, así como el exceso de atención concedido al asunto de su naturaleza jurídica, han determinado que el estudio doctrinal de nuestra materia no haya generado un espacio de discusión y análisis de las problemáticas sustanciales que le son propias, y en particular que no se haya desarrollado un estudio profundo acerca de la valoración del cumplimiento en términos que superen las coordenadas de la exactitud emanada de la verificación de dónde, cuándo y entre quiénes debe tener lugar el cumplimiento. Veamos ahora cuál es el panorama del tratamiento normativo de la materia.
1.3. TRATAMIENTO NORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO EN EL CONTEXTO DE LAS CODIFICACIONES EUROPEAS Y LATINOAMERICANAS
Del estudio de los códigos civiles francés, chileno, brasilero, argentino e italiano en materia de cumplimiento pudimos determinar que la existencia de una definición del concepto, el alcance de su contenido, su naturaleza jurídica y el reconocimiento de un rol al acreedor dentro de esta materia constituyen categorías que permiten analizar el tratamiento normativo del cumplimiento en el contexto de algunas de las codificaciones europeas y latinoamericanas.
1.3.1. TRATAMIENTO NORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO EN FRANCIA
1.3.1.1. LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL CODE CIVIL Y EL LUGAR DEL CUMPLIMIENTO EN ELLA 128
La estructura del código civil francés se erige, por una parte, sobre dos pilares ideológicos fundamentales: la propiedad privada y la autonomía de la voluntad, y, por otra parte, sobre la base de una tradición jurídica romanista que sostiene sistemática y sustancialmente esta codificación129.
En dicho contexto, contratos y obligaciones tienen un valor sistemático que resulta coherente con la tradición a la que esta codificación pertenece. Así, ambas categorías integran un binomio alrededor del cual se conformó, ya desde las Instituciones de Gayo y Justiniano, un sector del sistema de derecho civil, pues sirvieron de conceptos con capacidad unificadora respecto de los cuales se predican una serie de ‘características esenciales y reglas directivas asociadas’, ya que el nexo contrato-obligación pone de presente la relación entre el consentimiento vertido en el contrato y ‘la eficacia obligatoria que de él se deriva’. Así, el código civil francés, por un lado, introduce como novedad el desarrollo de una parte general de las obligaciones y, por otro, asienta al contrato como concepto jurídico general (y no solo como categoría que acomuna reglas aplicables a los diversos contratos en particular). “De esta manera, verificamos la permanencia del binomio obligaciones-contrato y su tratamiento no ya solamente a través del análisis de las distintas especies, sino a un nivel más general, precisamente de estos conceptos sistemáticos que se han transformado además en institutos de relevancia general”130.
Enfocando ahora el análisis sobre el lugar que el cumplimiento ocupa dentro de la estructura del código, así como dentro de la relación contrato-obligación131, encontramos que los elementos que lo integran se encuentran separados. De esta manera, dentro del capítulo dedicado a ‘los efectos de las obligaciones’ se regula132 el contenido de la prestación, y allí se erige la máxima conforme a la cual los contratos deben ejecutarse de buena fe; en el capítulo133 sucesivo se regulan temas como el contenido de la obligación de custodia; la elección de la cosa debida en las obligaciones; la regla conforme a la cual no puede exigirse anticipadamente lo que se debe a plazo y aquella según la cual el término se presume a favor del deudor –por nombrar solo algunos temas que consideramos propios del cumplimiento–. Y en otro capítulo134 se estudian las reglas relativas a los sujetos entre los cuales debe ejecutarse la prestación, dónde ha de tener lugar tal ejecución, el pago con subrogación, la imputación de pagos, el pago por consignación, así como otras normas que decantan algunas reglas, como la indivisibilidad y la identidad del pago, y otras reglas más que rigen la realización del contenido de la obligación, como los criterios para elegir la cosa debida en las obligaciones de género, las condiciones en las que se debe dar un cuerpo cierto, o la exigencia de ser propietario de la cosa que se debe y tener capacidad de enajenarla en las obligaciones de dar.
Resulta así que, dentro de la sistemática del código, el cumplimiento aparece regulado en una forma desarticulada y fragmentaria, que, por lo demás, hace muy difícil la comprensión integral de la materia, así como de todas las complejidades que la caracterizan como consecuencia de los diversos matices que puede asumir el cumplimiento. Ello genera una ausencia de cohesión en la materia, que resulta grave justamente tratándose de una categoría que como la de cumplimiento solo puede ser comprendida cabalmente cuando se estudia en toda la extensión de su complejidad.
No es raro, entonces, que la doctrina francesa haya terminado por acentuar dicha disgregación recurriendo a explicaciones que sostienen que existe un cumplimiento ejecutivo y un cumplimiento extintivo135, desdeñando así la relación inescindible que está presente, en el plano funcional y estructural, entre realización del contenido de la obligación y extinción de la misma, entre cumplimiento, como mecanismo por antonomasia de realización de la función de la obligación, y disolución del vínculo obligatorio como obvio resultado de dicha realización.
Pese a que consideramos que la regulación del cumplimiento se halla disgregada dentro del código en análisis, concentraremos, por ahora, nuestra atención en aquel conjunto de normas expresamente destinadas por los redactores del código a regular el cumplimiento. Así, la primera sección del capítulo V (título III, libro III) dedicado a ‘la extinción de las obligaciones’ está consagrada a la regulación del pago (payment).
Acerca de esta sección específica podemos remarcar como primer aspecto llamativo la notoria inclinación del código hacia las obligaciones de dar y su pago, la cual se hace evidente en la consagración de un número importante de artículos136 que regulan aspectos que solo son predicables de este tipo de obligaciones.
La señalada inclinación tiene una razón de ser: dentro de la estructura sistemática del código civil francés –compuesta por tres grandes bloques de materias: personas; bienes y diferentes modificaciones de la propiedad, y modos de adquirir la propiedad– los contratos y obligaciones son considerados modos de adquirir la propiedad: de ahí que resulte comprensible que para esta codificación la obligación de dar sea considerada como obligación por antonomasia137, pues ella materializa con claridad un modo de adquirir el dominio. Debido igualmente a la preeminencia de este tipo de obligaciones, y además como manifestación de la perspectiva que el código tiene acerca de la libertad y autonomía del deudor, son ellas las que mejor se conciben como susceptibles de ejecución forzosa in natura.
Resulta, entonces, claro por qué para el código civil francés el pago, payment, es un concepto técnico que designa, esencialmente, el cumplimiento de las obligaciones de dar, cuya validez y eficacia exige que el deudor goce de capacidad y que sea propietario de la cosa debida (art. 1238). Lo que no obsta para que la doctrina francesa138 haya hecho el esfuerzo de ampliar el espectro de dicha perspectiva legal y así sostener que payment es un concepto que abarca el cumplimiento de todo tipo de obligaciones.
Por otra parte, resulta oportuno poner de presente que la redacción original del código civil francés no contenía una definición de pago, por lo que fue un trabajo de la doctrina consolidar un concepto del mismo. Así, en un proceso de sedimentación que comenzó en el siglo XIX, los civilistas franceses acuñaron la definición de pago como extinción de la obligación por su ejecución voluntaria. Inicialmente, la doctrina definió el pago sobre la base de considerarlo como ejecución de la obligación sin enfatizar con mucha insistencia en el efecto extintivo del mismo, mientras que durante el siglo XX la doctrina civilista francesa139 comenzó a resaltar cada vez más este último efecto, de manera que poco a poco comenzó a consolidarse el contenido del concepto como extinción de la obligación por su ejecución. Finalmente, fueron los doctrinantes más contemporáneos los que pusieron el acento en la voluntad como elemento integrante del concepto140, probablemente como resultado del álgido debate que se dio respecto de la naturaleza jurídica del pago y que terminaría por fortalecer la tendencia mayoritaria francesa hacia la consideración del mismo como acto jurídico (o negocio jurídico, en la terminología alemana).
Al analizar el contenido de la sección que el código civil francés dedica al pago141 podemos ver que allí están incluidas figuras como el pago con subrogación, el pago con cesión de bienes, el pago por consignación. Ello nos permite deducir que el alcance que tiene el concepto para esta codificación no está limitado a una ejecución exclusivamente realizada por el deudor, pues el resultado de dicha ejecución se puede alcanzar válidamente con la intervención de un tercero. Tampoco está limitado a la existencia de voluntad de quienes en él intervienen, pues el pago por consignación impone al acreedor la ejecución voluntaria de la prestación por parte del deudor, su consecuente liberación y la extinción de la obligación. No está limitado el concepto de pago a la ejecución exacta de aquello que se pactó originalmente por las partes, pues el pago con cesión de bienes se considera una modalidad de pago y, por lo tanto, la modificación del contenido de la obligación por circunstancias sobrevenidas no alteraría la configuración de un supuesto de hecho susceptible de ser catalogado como pago. Quedaría excluida del concepto de pago la ejecución forzada, que se encuentra prevista en el capítulo dedicado a los efectos de las obligaciones, lo que nos llevaría a pensar que una hipótesis de pago se configuraría cuando este se realiza espontáneamente sin la intervención de la fuerza coercitiva del Estado.
Por lo demás, el elenco de materias que se tocan en esta sección (quiénes intervienen en el pago, dónde se realiza; principios de identidad e indivisibilidad del pago; prueba y gastos del pago; pago con subrogación; imputación del pago; pago por consignación; pago con cesión de bienes) constituirá, como lo veremos, una suerte de modelo para muchas de las codificaciones que sucedieron al código civil francés.
1.3.1.2. EL CUMPLIMIENTO EN LA REFORMA DE 2016 AL DERECHO DE OBLIGACIONES
Por virtud de las facultades reconocidas por el artículo 8 de la ley 2015-177 el gobierno francés quedó facultado para regular mediante decreto algunos asuntos de reserva de ley, con el objetivo de modernizar y simplificar el derecho, así como de facilitar su comprensión, en particular, en las áreas del derecho común de los contratos, el régimen de las obligaciones y el derecho probatorio142. Entre los aspectos para los que se reconocieron facultades especiales de reforma se encuentra:
10.º Introducir un régimen general de las obligaciones y clarificar y modernizar sus reglas; precisar en particular aquellas relativas a las diferentes modalidades de la obligación, distinguiendo las obligaciones condicionales, a término, cumulativas, alternativas, facultativas, solidarias y con prestación indivisible; adaptar las reglas de pago y explicitar las reglar aplicables a las demás formas de extinción de la obligación resultantes de la remisión de la deuda, de la compensación y de la confusión. [Resaltado fuera de texto].
De manera que la reforma es el resultado de una preocupación por actualizar el derecho común de las obligaciones, así como por unificar en el texto de la codificación el trabajo de la jurisprudencia que durante dos siglos asumió la tarea de adaptar las reglas del código a las nuevas realidades que se iban presentando, con los defectos que, a juicio del Rapport au Président de la République143, ello implica, puesto que la jurisprudencia es “por esencia fluctuante, incluso incierta, y puede ser percibida por los actores económicos como de difícil acceso y compleja en su comprensión”.
Así, la reforma contiene una modificación profunda de la estructura de los títulos III, IV y V del código civil, relativos a los contratos y las obligaciones convencionales y a los vínculos obligatorios (engagements) que surgen sin convención. “El plan y el contenido de estos títulos fueron enteramente reestructurados con el objetivo de cumplir con las exigencias […] tendientes a la introducción de un régimen general de las obligaciones, así como a la clarificación y simplificación de las reglas aplicables a la prueba de las mismas”144.
El Título III se llama ahora De las fuentes de las obligaciones, el Título IV, por su parte, trata Del régimen general de las obligaciones y el Título V, De la prueba de las obligaciones.
Ahora bien, en punto a los alcances de la reforma en materia de cumplimiento cabe destacar que la estructura de la sección dedicada al pago se caracteriza por fijar una serie de reglas generales que están destinadas a regular el pago de todo tipo de obligaciones y un conjunto de normas destinadas específicamente a regular el pago de las obligaciones dinerarias. Adicionalmente, se dedica una parte especial al régimen de la constitución en mora145, cuyo ámbito de aplicación resulta ampliado para poder ser utilizado, también, en contra del acreedor, con lo cual resulta sustituido el procedimiento del pago por consignación, considerado, en la actualidad, largo, difícil y costoso. Por último, la sección dedica un espacio a la regulación del pago con subrogación, con lo que se reafirma su calidad de modalidad de pago, así como las consecuencias que de ello se derivan en lo que hace al alcance del concepto –a las que hicimos referencia arriba–.
Dentro de la parte general de la sección sobresale la definición de pago que introduce la reforma, con lo cual se llena un vacío del texto original del código y se recogen algunos de los resultados que la doctrina había consolidado en este punto. Así, la reforma define el pago como “ejecución voluntaria de la prestación debida”. En el mismo artículo se señalan expresamente los efectos que produce: la liberación del deudor y la extinción de la obligación. Con esta norma el código define el pago en función de la actividad que envuelve, es decir, la ejecución de la prestación debida, y con ello abandona la tendencia doctrinaria de definirlo en función del efecto que produce, o sea, la extinción de la obligación. Por otra parte, resulta relevante notar que la definición introducida por esta reforma habla de ejecución de la prestación y no de la obligación. Dicho cambio ha sido entendido en el sentido de que la norma se integra con la orientación general de la reforma que propende a no establecer diferencias entre las categorías de las obligaciones, y con ello enfatizar el significado amplio del término paiment como predicable del cumplimiento de toda obligación y no solo de aquellas dinerarias146.
Por lo demás, esta parte general compendia un conjunto de reglas ya conocidas, varias de ellas integradas con algunas novedades como la simplificación de la participación de un tercero que paga en lugar del deudor, señalando sencillamente que un tercero no obligado puede pagar válidamente, salvo legítima oposición del acreedor (art. 1342-1); y lo mismo puede decirse de la regla supletoria que ahora regula el lugar del pago, la cual establece que a falta de designación expresa el pago se hará en el domicilio del deudor (art. 1342-6). El artículo 1342-8 señala tajantemente que el pago se puede probar por todos los medios, con lo que pone fin a la incertidumbre que existía en la jurisprudencia respecto de este punto147. Igualmente, la reforma simplifica las reglas sobre imputación del pago cuandoquiera que el deudor no haya indicado cuál de sus varias deudas quiere pagar148. Cabe resaltar que la regla sobre elección de la cosa debida cuando se está frente a una obligación de género fue separada de la norma sobre el estado en que se debe entregar una cosa de especie, con la cual, en la redacción original del código, se constituían en normas complementarias. Ahora la primera de ellas fue trasladada al artículo 1166, dentro de la subsección dedicada al contenido del contrato, mientras que la segunda conservó su ubicación en la sección dedicada al pago, en el artículo 1342-5[149].
La reforma dedica una parte especial de esta sección a regular el pago de las obligaciones dinerarias, por considerar que sus características propias ameritaban una regulación más especializada150. Así, la subsección se abre con la consagración del principio nominalista, el cual había sido instituido por la jurisprudencia, y se halla sometido a dos excepciones: el juego de la indexación y las deudas de valor (art. 1243). Igualmente, se fija como lugar del pago de este tipo de obligaciones el domicilio del acreedor, salvo disposición en contrario (1243-4). Y finalmente, se reúnen en una misma norma las reglas ya existentes sobre las facultades del juez para posponer, en determinadas circunstancias, el vencimiento del pago o fraccionarlo en cuotas (1243-5)151.
Así mismo cabe mencionar que una de las principales novedades de la reforma en esta materia fue reemplazar el pago por consignación con el procedimiento de constitución en mora del acreedor. Ello cuando, producido el vencimiento y sin motivo legítimo, el accipiens rehúsa la prestación debida o la impide con su conducta, de manera que el deudor queda facultado para constituirlo en mora de recibir, suspendiendo la causación de intereses y transfiriéndole los riesgos de pérdida de la cosa (art. 1345-1)152.
1.3.2. EL CUMPLIMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL DE ANDRÉS BELLO
La estructura del código civil chileno, fiel a la estructura de las instituciones de Gayo y Justiniano, contiene un título preliminar y cuatro libros, dedicados a las personas, las cosas, la sucesión mortis causa y las donaciones entre vivos, y las obligaciones en general y los contratos. Dicha estructura se mantiene.
Bello utilizó una variedad importante de fuentes para redactar su código civil; de entre ellas resulta predominante el texto de las Siete Partidas, el cual para Bello “encierra lo mejor de la jurisprudencia romana, cuyo permanente imperio sobre una tan ilustrada parte de Europa atestigua su excelencia”. Así mismo, el Code civil tuvo una influencia importante en el código chileno, si bien no en su estructura, sí en muchas disposiciones, en especial, relativas a las obligaciones y contratos. Cabe, sí, resaltar que rara vez Bello copió una disposición, ya que, por lo general, acudía a las fuentes de las normas, en especial al trabajo de Pothier, o a sus comentaristas.
Así mismo, usó el derecho codificado de su época: código civil francés, bávaro, prusiano, austriaco, sardo, de Luisiana, holandés. Y las obras de importantes doctrinantes como Delvincourt, Rogron, Anglade, Portalis, Maleville, Troplong, Duvergier, Toullier, Delangle, Duranton y Savigny153.
En conclusión, “el código de Bello resultó ser un cuerpo que sustancialmente se fundó en el antiguo derecho, reformulado al estilo de las codificaciones modernas merced a una serie de operaciones técnicas practicadas sobre aquel y reformado de acuerdo con los cánones del liberalismo jurídico, en consonancia con el espíritu de su época, fuera de lo cual se atuvo con devoción a la vieja institucionalidad romano-castellana”154.
En lo que hace al cumplimiento, debemos empezar por señalar que las normas que lo regulan se encuentran en el Libro IV, De las obligaciones en general y de los contratos, Título XIV, De los modos de extinguirse las obligaciones y principalmente de la solución o pago efectivo. Respecto de la ubicación de la materia en el código, varios civilistas chilenos han manifestado sus críticas, puesto que consideran que el pago resulta tratado “restringida e inapropiadamente entre los modos de extinguir las obligaciones”155, mientras que el incumplimiento es tratado como un efecto de las obligaciones. Para este sector de la doctrina, el enfoque de la codificación es erróneo, puesto que “[e]l pago extingue naturalmente la obligación, pero por vía consecuencial, porque se cumple al desempeñar el rol y la función jurídica que le dieron origen; la extinción se produce precisamente porque la obligación ha desarrollado y agotado sus efectos normales. En consecuencia, el principal efecto de la obligación es su cumplimiento, y a falta de este, aparecen los del incumplimiento”.
Pasando ahora al análisis más específico de las normas que regulan el pago, podemos decir, en primer lugar, que el código de Bello es más detallado y organizado que el Code civil. Así, Bello organizó la exposición de las normas dedicando un parágrafo a unas disposiciones generales sobre el pago (parágrafo 1, Del pago efectivo en general) y a continuación, siguiendo la obra de Pothier156, los sucesivos parágrafos se dedican respectivamente a la regulación de por quién puede hacerse el pago, a quién debe hacerse el pago, dónde debe hacerse el pago, cómo debe hacerse el pago, de la imputación del pago y luego las modalidades del pago, entre las que incluyó el pago por consignación, el pago con subrogación, el pago con cesión de bienes, el pago con beneficio de competencia.
Si bien el conjunto de normas que en el código de Bello regulan el pago es muy similar, tanto en su distribución como en los temas tratados, es innegable, como ya se dijo, que las normas del código chileno son más detalladas, y en ocasiones prevén hipótesis no consideradas por el Code civiI. Así, por dar solo un ejemplo, la norma que regula la entrega de un cuerpo cierto en el código de Bello157 está integrada además por la expresa previsión de los derechos que tiene el acreedor en caso de que le haya sido entregada la cosa en estado de deterioro. Y adicionalmente la norma chilena prevé que si el deterioro fue el resultado de una conducta de un tercero por quien no es responsable el deudor, el acreedor tiene derecho a exigir la cesión de la acción del deudor contra el autor del daño.
Es igualmente un ejemplo diciente de lo que venimos señalando el hecho de que el código civil chileno sí contiene en su artículo una definición de pago, conforme a la cual pago efectivo es la prestación de lo que se debe, con lo cual esta codificación aporta un elemento que facilita la comprensión de la materia, pues se puede notar que esta definición concentra su objeto en el resultado que ha de producir el cumplimiento, es decir, la prestación debida, dentro de la cual caben las de dar, hacer o no hacer, o en general, todo tipo de prestación158.
1.3.3. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO EN LA OBRA DE AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS Y EN LAS CODIFICACIONES CIVILES DE BRASIL DE 1916 Y 2002
1.3.3.1. LA CONSOLIDACIÓN DE LAS LEYES CIVILES
Tras la independencia de Brasil en 1822 una de las preocupaciones de la Constitución del Imperio era organizar un código civil que permitiera sistematizar y facilitar la comprensión de la legislación civil del Brasil de ese entonces, la cual resultaba extremadamente dispersa en ordenanzas, leyes y decretos, con las graves complicaciones que ello traía para el conocimiento y aplicación del derecho vigente.
En este contexto, en 1855 se designó a Augusto Teixeira de Freitas para que, inicialmente, llevara a cabo una consolidación de toda la legislación brasileña que permitiera conocer el estado de cosas en el que la misma se encontraba. Dicha consolidación constituiría un primer antecedente del anteproyecto de código civil, pues tenía precisamente el carácter de trabajo preparatorio.
El resultado de dicho encargo fue la Consolidação das Leis Civis, en la cual se usa, por primera vez en América Latina, la sistemática alemana de división “en parte general, donde se reunían los elementos constitutivos del derecho subjetivo, y en parte especial, donde se colocaban las reglas referentes a los derechos subjetivos en particular”159. Aunque resulta importante subrayar que, debido al carácter crítico y propositivo de Freitas, este jurista nunca siguió a rajatabla ningún método, obra o autor. Por lo anterior, en la Consolidação, la parte general se limitó a regular personas y cosas, no los actos, que, al contrario, son considerados por la pandectística como elementos pertenecientes a esta parte, pues Freitas consideraba que “la materia de los hechos deja de ser general, y pertenece casi toda a las materias especiales de los contratos y testamentos”160. Igualmente, en la parte especial, Freitas se limitó a distinguir entre derechos reales y personales, pues consideraba que la división propuesta por Mackeldey, en la obra Lehrbuch der Istitutionen des heutigen römischen Privatrechts, en derecho de las cosas, de las obligaciones, de familia, de las sucesiones y concurso de acreedores, era demasiado abundante161.
En esta obra, que está dividida en dos partes: derecho de las personas (derechos de la personas en las relaciones de familia y derechos de las personas en las relaciones civiles, que a su vez versa sobre contratos en general, contratos en particular y extinción de los derechos personales) y derechos reales, el cumplimiento se encuentra previsto en el Libro I, De los derechos personales, Sección II, De los derechos personales en las relaciones civiles, Título IV, De la extinción de los derechos personales. Dentro de este título se habla, en el primer capítulo, del ‘pagamento’162, y respecto de este se regula la moneda autorizada para el pago, la prueba del pago, así como las ‘condiciones de exactitud’ del cumplimiento.
Conviene resaltar que la regulación propuesta en torno al modo de realizar el cumplimiento contiene una nota particular, representada en el hecho de que las ‘condiciones de exactitud’ respecto del mismo se prevén como garantía en favor del deudor y límite al poder del acreedor. Así, la norma del artículo 825 dice: “No puede el acreedor exigir más de lo que se le debe, o exigir una cosa por otra, o sin descontar lo que ya recibió, o exigir antes del vencimiento del plazo, o del cumplimiento de la condición. – Não póde o credôr exigir mais do que se-lhe-deve, ou exigindo uma cousa por outra, ou não descontando o que já tivér recebido, ou exigindo antes do vencimento do prazo, ou do cumprimento da condição”. En esta misma línea se prevén sanciones al acreedor por no respetar los términos del cumplimiento y el concurso de los acreedores (arts. 826-827).
1.3.3.2. EL CUMPLIMIENTO EN EL ESBOZO DE CÓDIGO CIVIL
En 1858 se le confió también a Augusto Teixeira de Freitas la tarea de elaborar un proyecto de código civil, cuya primera parte se entregó en 1860, sin ser todavía un proyecto de código propiamente dicho, por lo que la denominó Esboço. A dicha primera entrega le sucedieron otras varias hasta 1864, año en el cual debía entregar su trabajo terminado a una comisión revisora integrada por varios jurisconsultos, quienes hicieron importantes reparos al contenido del Esboço, lo que motivó que en 1866 Freitas renunciara a continuar con su trabajo163.
El Esboço es la obra en la que el espíritu propositivo y creativo de Freitas alcanzó su mejor espacio de expresión, pues, ya libre de la farragosa tarea de recaudar y sistematizar el derecho civil existente en el Imperio de Brasil, pudo presentar libremente sus ideas. Así, en primer lugar, puede notarse que, si bien la estructura del Esbozo es similar a la de la Consolidación, con dos partes, una general sobre los elementos de los derechos (Libro I) y una especial de los derechos (Libro II), ambas obras tienen importantes diferencias. En la primera parte del Esboço, Freitas expuso lo relativo a personas, cosas y hechos, pues esta vez el jurista reconsideró su postura en la Consolidação y llegó a la conclusión de que sin esta última categoría era imposible lograr una verdadera síntesis del derecho privado164. Así mismo, la parte especial sufrió modificaciones, como una nueva subdivisión del libro sobre los derechos personales, en el cual se regulan por una parte los derechos personales en general (Sección I) y luego los derechos personales en las relaciones de familia (Sección II) y los derechos personales en las relaciones civiles (Sección III). Finalmente, la segunda parte de la parte especial está dedicada a los derechos reales (Libro III), en donde se tratan: derechos reales en general, derechos reales sobre las cosas propias y derechos reales sobre las cosas ajenas.
El cumplimiento se encuentra previsto en la parte especial (Libro, II De los derechos personales), Sección I, De los derechos personales en general, Título IV, De la extinción de las obligaciones, Capítulo I, Del pago. Así, el cumplimiento sigue perteneciendo a la parte dedicada a los derechos personales, solo que en el Esbozo se regula en la parte más general, mientras que en la Consolidación se regulaba al final de todo el libro sobre los derechos personales. Esto refleja que Freitas era consciente de la vocación general de la materia, pues el pago se predica de todas las obligaciones independientemente de su fuente, del tipo de prestación que impliquen o de su naturaleza.
La estructura del capítulo dedicado al pago se caracteriza por tener dos partes. El primer parágrafo trata Del pago efectivo (Do pagamento efetivo), y dentro del mismo se tocan los temas relativos a Quienes deben o pueden hacer el pago (Dos que devem e podem fazer o pagamento); De quienes deben y pueden recibir el pago (Dos que devem e podem receber o pagamento); Del lugar del pago (Do lugar do pagamento); Del tiempo del pago (Do tempo do pagamento); De los modos de hacer e imputar el pago (Dos modos de fazer e aplicar o pagamento), en donde se incluyen el pago por consignación, el pago con subrogación y la imputación del pago; y De la forma y prueba del pago (Da forma e prova do pagamento). El segundo parágrafo del capítulo está dedicado a tratar Del pago con cesión de bienes (Do pagamento por entrega de bens).
Dentro de esta estructura llama la atención la norma del artículo 1028, en la que se dice que “las obligaciones se extinguen principalmente por el pago” para luego enumerar cinco categorías que entran dentro del concepto de pago: pago efectivo, que se define como cumplimiento de la prestación que se debe, y se aclara que no se refiere exclusivamente a la entrega de una suma de dinero. Continúa la norma señalando como hipótesis de pago la entrega de bienes para el pago; remate o adjudicación de bienes en virtud de ejecución de sentencia de conformidad con las reglas del código de procedimiento civil; pago en concurso de acreedores destinado a regularse en el libro IV del Esbozo –lo cual no llegó a suceder por la renuncia de Freitas a la tarea de elaborar el proyecto de código civil–. De esta manera, el contenido del artículo 1028 del Esboço evidencia que para Freitas existía una noción amplia de pago, que abarca las cinco categorías mencionadas y una noción restringida del mismo como cumplimiento de la prestación debida.
Por último, consideramos relevante poner de presente que en esta obra la posibilidad de repetir lo pagado orbita alrededor del error esencial. Así, se considera que ejecutar un pago sin la preexistencia de una obligación que lo justifique es una hipótesis de error esencial (art. 1029[165]). También son hipótesis de error esencial, y dan lugar a repetir el pago, de conformidad con el artículo 1030, las siguientes: 1. Si la obligación fuera condicional; 2. Si la obligación fuera de dar una cosa cierta, y el deudor paga al acreedor entregándole una cosa por otra; 3. Si la obligación fuera de dar una cosa incierta solo determinada por su especie, o fuera alternativa; y el deudor paga, en la suposición de estar sujeto a una obligación de dar una cosa cierta, o entregando al acreedor todas las cosas comprendidas en la alternativa; 4. Si la obligación fuera alternativa, correspondiéndole al deudor la elección, y paga creyendo que le corresponde la elección al acreedor; 5. Si la obligación es de hacer, o de no hacer; y el deudor paga, prestando un hecho por otro, o absteniéndose de un hecho por otro; 6. Si la obligación fuese divisible, y simplemente conjunta; y el deudor paga por entero, como si fuera solidaria166.
Desde nuestra perspectiva, tanto el hecho de centrar la posibilidad de repetir lo pagado en la existencia de un error esencial como la capacidad que se exige a las partes que intervienen en el pago (los arts. 1033 y 1040 exigen capacidad del deudor y el acreedor, respectivamente, para ejecutar válidamente el pago) evidencian que existe una postura en favor de la naturaleza negocial del cumplimiento en esta obra de Teixeira de Freitas.
Una vez analizado el tratamiento que recibió el cumplimiento dentro de la obra de Augusto Teixeira de Freitas, podemos emprender el estudio del tratamiento normativo que esta institución recibió en las codificaciones civiles de Brasil de 1916 y en la actual, de 2002.
1.3.3.3. TRATAMIENTO NORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL DE BRASIL DE 1916
El código civil de Brasil de 1916 recoge los resultados de la obra de Freitas y de la Pandectística alemana, por lo que se vale de su estructura característica de exposición. Así, luego de una parte general se articula una parte especial, integrada por cuatro libros dedicados, respectivamente, a Derecho de familia, Derecho de las cosas, Derecho de las obligaciones y Derecho de sucesiones.
El pago viene tratado dentro del Libro III, De las obligaciones, en el Título II, De los efectos de las obligaciones, Capítulo II. Allí, la regulación se desarrolla en secciones dedicadas a los sujetos que deben intervenir en el pago, su objeto y prueba, el lugar y tiempo del mismo. Finalmente, dos secciones, una dedicada a la mora y la otra al pago de lo no debido. En capítulos diferentes del Título II se regulan, respectivamente, la imputación del pago, el pago con subrogación, la dación en pago y el pago por consignación.
Comprender el contenido y alcance del concepto de pago en el código civil de Brasil de 1916 resulta difícil, pues esta codificación no ofrece una definición de cumplimiento y, adicionalmente, la distribución de las materias que se tratan en el capítulo dedicado al tema no aporta grandes elementos que permitan determinar el alcance de la institución dentro de esta codificación. Así las cosas, se percibe arbitraria la elección de materias que integran o no la institución, pues se incluye la mora, en la Sección VI, y el pago de lo no debido, en la Sección VII, pero se excluyen del capítulo la dación en pago, el pago con subrogación, el pago por consignación y la imputación del pago.
Finalmente, pueden notarse varias diferencias entre la regulación del pago contenida en el Esboço y aquella del código civil de 1916. La codificación carece de una enumeración de los modos de extinguirse las obligaciones, así como de una definición, y, como ya lo indicamos, la distribución de las materias que integran el capítulo dentro del código está limitada además de a los sujetos que deben intervenir en el pago, su objeto y prueba, el lugar y tiempo del mismo, a la mora y el pago de lo no debido167. Debido a lo anterior consideramos que hay un distanciamiento entre el Esboço y el código, en especial en lo que hace al alcance y contenido del concepto de pago, el cual consideramos más claro y organizado en la obra de Freitas.
1.3.3.4. TRATAMIENTO NORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL DE BRASIL DE 2002
El código civil de Brasil de 2002 se encuentra, en esta materia, en términos generales, en línea de continuidad con el código de 1916. De esta manera, conserva una estructura de parte general y parte especial. Dentro de la parte especial, no obstante, pueden notarse importantes cambios relativos, por ejemplo, al orden de exposición de las materias168. Así, en el código de 2002 el Libro I de esta parte especial se consagra al Derecho de las obligaciones. En esta misma línea de novedades, cabe resaltar la introducción de un libro –el segundo – dedicado al Derecho de empresa. Los libros III, IV, V se consagran, respectivamente, al Derecho de las cosas, Derecho de familia y Derecho de sucesiones.
El cumplimiento está, en la actualidad, regulado en el Libro I sobre Derecho de las obligaciones, Título III, Del cumplimiento y extinción de las obligaciones, Capítulo I, Del pago. Dentro de este capítulo se dedica, respectivamente, una sección a quién debe pagar, a quiénes se debe pagar, al objeto del pago y su prueba, al lugar del pago y el tiempo del pago. En capítulos independientes se tratan el pago por consignación (cap. II), el pago con subrogación (cap. III), la imputación del pago (cap. IV) y la dación en pago (cap. V).
De esta estructura pueden sacarse varias conclusiones. En primer lugar, el lenguaje utilizado para encabezar el Título III, Del cumplimiento y extinción de las obligaciones, reflejaría una comprensión del cumplimiento que trasciende su rol en la extinción de la obligación, para ubicarlo, si bien muy cerca de los modos de extinción, como una figura que desempeña una función que trasciende el mero carácter extintivo de la obligación. Así mismo, llama la atención, en un primer momento, la elección de la palabra cumplimiento (adimplemento) en el encabezado del título, pues ello evidenciaría una postura del legislador más integral respecto de la figura, que aspira a superar la tradicional designación de pago, que en general ha sido percibida por la doctrina como restringida. Sin embargo, dicha primera impresión se ve rápidamente frustrada por el título que se le asigna al Capítulo I: Del pago (Do pagamento), lo que denota que el lenguaje legal continúa, entonces, restringiendo el cumplimiento al pago no solo dentro de este capítulo sino en todos los demás en los que la materia viene tratada.
Asimismo, la distribución de materias que hace este código en lo relativo al pago nos permite notar que existe una mayor coherencia respecto del código de 1916, puesto que en el código de 2002 cambió la ubicación de la regulación de la mora, para ubicarla en el Título IV, Del incumplimiento de las obligaciones, así como la del pago indebido, “colocado ahora en [el] ámbito del tratamiento de las fuentes, puntualmente en el título sobre los actos unilaterales169.
No obstante lo anterior, resulta confusa la decisión de usar capítulos independientes para regular aspectos como el pago con subrogación o el pago por consignación, que en realidad deberían ser secciones del capítulo dedicado al pago, pues de manera expresa ambas categorías se identifican como formas del mismo170.
Por otra parte, llaman la atención algunas normas que resultan novedosas respecto de la codificación civil anterior. Así, por ejemplo, el artículo 317 prevé expresamente la facultad del juez, a petición de parte, de actualizar el valor de la prestación debida cuando por motivos imprevisibles haya sufrido una desproporción manifiesta para el momento de su ejecución171, lo que evidenciaría un interés del legislador por proteger y reconstruir el equilibrio originariamente establecido por las partes de la obligación.
Otra norma llamativa es la del artículo 329, la cual prevé que en caso de presentarse un motivo grave que impida que el pago se efectúe en el lugar acordado, el deudor está facultado para hacerlo en otro lugar, con la condición de no acarrear un perjuicio al acreedor172, con lo que puede notarse una consciencia de la necesidad de una tutela contemporánea de las posiciones de las partes, que se hace posible gracias a la flexibilidad con la que se regula el locus solutionis.
Para finalizar, consideramos importante resaltar que, en términos generales, la regulación del pago dentro del código de 2002 nos parece más completa y coherente que la contenida en el código de 1916.
1.3.4. REGULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DENTRO DEL CÓDIGO DE VÉLEZ Y EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO DE 2014
1.3.4.1. EL CUMPLIMIENTO DENTRO DEL CÓDIGO DE VÉLEZ Y LA INFLUENCIA DEL ESBOZO DE CÓDIGO CIVIL DE AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS
La definición de la estructura sistemática que serviría para la elaboración del código de Vélez estuvo intensamente influenciada por los trabajos de Teixeira de Freitas, y aunque Vélez no adoptó la distinción en parte general y parte especial, la distribución y agrupación de materias, así como el contenido de muchas normas, evidencian con claridad la inspiración proveniente de la obra del jurista brasilero173.
El código de Vélez está conformado por cuatro libros, el primero de ellos dedicado a las personas, el segundo a los derechos personales en las relaciones civiles, en donde se tratan las obligaciones en general y sus diferentes tipos, para luego regular la extinción de las mismas; hechos y actos jurídicos en general; contrato en general y sus tipos en particular. El tercer libro se dedica a los derechos reales y el cuarto libro se consagra a las disposiciones comunes entre derechos personales y reales.
Uno de los aspectos más novedosos del código de Vélez está representado por su distanciamiento de la forma en que muchos de los códigos de su época, siguiendo en ello al francés, estudiaron los contratos y las obligaciones. Para Vélez era un error hablar de los contratos o las obligaciones convencionales, pues con esto se confundía la obligación con una de sus fuentes, y se descuidaba la necesidad de dedicar un espacio a la regulación de las obligaciones en general, a la vez que en materia de contratos se limitaba su regulación a las materia de causas y efectos174. Así, en el código de Vélez se presenta una “disolución (programada) del nexo obligaciones-contrato, a raíz de una adecuación de la materia de las obligaciones al conjunto de las fuentes que las producen”175.
En el código civil argentino de 1869 el pago se encuentra regulado dentro del Libro II, De los derechos personales en las relaciones civiles, Segunda parte sobre la Extinción de las obligaciones, Título XVI, Del pago. La regulación de la materia resulta notoriamente influenciada, como en tantos otros aspectos, por la obra de Freitas y en particular, en este tema, por el Esboço. Ello resulta más evidente en el método de exposición de algunas materias, pues Vélez dedica, también, un espacio específico al Lugar donde debe hacerse el pago, Capítulo II; Del tiempo en que debe hacerse el pago, Capítulo III; Pago por consignación, Capítulo IV; Pago con subrogación, Capítulo V; Imputación del pago, Capítulo VI; Pago por entrega de bienes, Capítulo VII, y Pago de lo no debido, Capítulo VIII. Este último regulado con la misma perspectiva de Freitas acerca de fijar al error –ya en Vélez no esencial, sino de hecho o de derecho– como criterio fundamental para establecer si es susceptible de repetición un determinado pago.
Como es característico en los grandes codificadores de América Latina, Vélez no se limita a usar un único modelo, o a aplicarlo a rajatabla, sino que en muchas ocasiones se distancia tanto de otras codificaciones como del trabajo de Freitas, que fue el más influyente en su obra. Así, en esta materia puede notarse que Vélez no utiliza la terminología de Freitas sobre el pago efectivo, simplemente se refiere al pago, con una definición propia del concepto en el artículo 725, conforme a la cual el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar. Junto con la definición de pago se regula lo relacionado con los sujetos entre quienes se puede y debe producir el cumplimiento, sin titular expresamente, como sí lo hacía Freitas en el Esboço, dichas normas.
Por su parte, el Capítulo I, De lo que se debe dar en pago, enuncia los, así catalogados por la doctrina civilista, principios de identidad e indivisibilidad. De otra parte, se puede notar, también, la influencia del código de Bello, en la decisión de regular dentro de esta materia el tema del pago con beneficio de competencia en el Capítulo IX del título.
1.3.4.2. EL CUMPLIMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO DE 2014
El nuevo código civil y comercial argentino de 2014 es el resultado de la consolidación de numerosas iniciativas precedentes de reforma176, así como del trabajo y los aportes de un amplio sector de la doctrina de ese país. De manera que se consolidó una nueva codificación con identidad cultural latinoamericana, en la que se conjugan principios de larga tradición civilista con la tutela de derechos fundamentales previstos en la Constitución, v.gr., la equidad, la buena fe, la igualdad, la prohibición de discriminación y la dignidad humana, entre otros, no solo desde la perspectiva de los derechos individuales sino colectivos, en el contexto de una sociedad multicultural cuyos valores resultan compatibles con la autonomía privada y el desarrollo de las transacciones comerciales177.
El método de exposición que guía a esta codificación se caracteriza por contener un título preliminar y una parte general para toda la obra, así como partes generales para muchas de las instituciones reguladas178. Sobre esta base, el código contiene seis libros dedicados, respectivamente, a la regulación De la Parte General, De las relaciones de familia, De los derechos personales, De los derechos reales, De la transmisión de derechos por causa de muerte y De las disposiciones comunes a los derechos personales y reales.
En lo que hace a la regulación del cumplimiento, esta continúa en el mismo ámbito. Es decir, dentro del libro dedicado a los derechos personales, y dentro del título dedicado a las obligaciones en general, el Capítulo IV de este título está dedicado al pago. Dentro del mismo se inicia con una sección dedicada a Disposiciones generales, en donde se encuentra una nueva definición de pago, en la que ya no se hace referencia a las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Ahora, el nuevo código civil y comercial define como pago el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación (art. 865). Desde nuestra perspectiva, el concepto legal de cumplimiento (que en todo caso es llamado pago) se puede integrar con la norma del artículo 880, la cual regula los efectos del pago por el deudor, señalándose que “el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera”. Con esta última norma, el código civil y comercial de 2014 condiciona la extinción de la obligación, y la consecuente liberación del deudor, a la consecución de la satisfacción del interés del acreedor. De manera que el cumplimiento de la prestación, al que se refiere el artículo 865, es tal solo en la medida en que produce satisfacción del acreedor179.
Dentro de esta parte general del capítulo sobresalen las normas del artículo 866, el cual dispone que al pago se aplican todas las disposiciones sobre actos jurídicos; del artículo 875 que establece que “el pago debe ser realizado por persona con capacidad para disponer”, y del artículo 885 que establece que no es válido el pago realizado a una persona incapaz, ni con capacidad restringida no autorizada por el juez para recibir pagos180, no obstante, “el pago produce efectos en la medida en que el acreedor se ha beneficiado”. La lectura conjunta de las tres normas permite concluir, sin mayor dificultad, la postura del legislador argentino en favor de la naturaleza negocial del pago.
Igualmente, resalta, dentro de esta parte general, el artículo 867 que declara que “el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización”, norma que viene desarrollada a continuación por varios artículos que definen o ejemplifican cada uno de los requisitos enunciados por el artículo en mención. Así, por ejemplo, el artículo 868 establece: “Identidad. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor”; y el artículo 869: “Integridad. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida”181.
Por último, queda por señalar que la segunda sección del capítulo está dedicada a la regulación de la mora, cuya regulación se incluyó dentro del ámbito de las obligaciones y no como un elemento de la responsabilidad, puesto que se consideró como un tema pertinente respecto no solo de esta última, sino también de una amplia gama de situaciones182. A continuación, la sección tercera contiene la regulación del pago a mejor fortuna. Las siguientes secciones se dedican respectivamente al pago con beneficio de competencia, la prueba del pago, la imputación del pago, el pago por consignación y el pago con subrogación. De otra parte, se eliminaron de este capítulo las normas sobre pago de lo no debido.
La anterior selección de materias que integran el capítulo dedicado al pago permite notar que en el ámbito de la codificación de 2014 el concepto de cumplimiento continúa teniendo, como dentro del código de Vélez, un alcance amplio conforme al cual integran el cumplimiento aquellas figuras que implican el uso de mecanismos coactivos para alcanzarlo, así como las que implican una modificación de su objeto respecto del contenido originario de la obligación (pago con beneficio de competencia, pago a mejor fortuna), sin excluirse tampoco el cumplimiento ejecutado por otro.
1.3.5. TRATAMIENTO NORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL ITALIANO DE 1942
El eje estructural del código civil y comercial italiano de 1942 está integrado por cuatro partes que, de conformidad con la tradición romanista, resultan ‘orgánicamente vinculadas’ por el hecho de regular las instituciones fundamentales para la vida en sociedad. Tales partes corresponden al derecho de las personas y de la familia, de las sucesiones, de la propiedad y de las obligaciones, desarrolladas respectivamente en los libros I a IV de esta codificación. A dichos libros se suman otros dos: el sexto, consagrado a las normas reguladoras del trabajo, y el séptimo, relativo al tratamiento de la tutela de los derechos183.
Dentro del contexto de esta estructura, el cumplimiento es la primera materia, en particular, de la que trata el Libro IV, De las obligaciones, ya que solo está antecedido por el tratamiento, en el Capítulo I, de unas pocas disposiciones preliminares en las que se tratan las fuentes de las obligaciones (art. 1173), el carácter patrimonial de la prestación (art. 1174) y el comportamiento conforme al deber de corrección (art. 1175). De esta manera, consideramos que la ubicación sistemática del cumplimiento dentro del código refleja el reconocimiento de su especial importancia en el ámbito de las obligaciones. Tal reconocimiento lo vemos, además, reflejado en el hecho de no catalogar, exclusivamente, al cumplimiento como uno de los modos de extinción de las obligaciones, respecto de los cuales resulta abiertamente separado184, pues los mismos se regulan al final de este mismo libro en el Capítulo IV. Lo anterior evidencia que el cumplimiento es considerado en el contexto de la vida de la obligación, de la realización de sus objetivos y función, sin desconocer, claro está, que acarrea la desaparición del vínculo obligatorio, pero ello no como su característica principal y definitoria, sino como consecuencia obvia del hecho de haberse consumado su razón de ser a través del mejor de los medios.
La regulación sobre el cumplimiento comienza ya con el artículo 1175, el cual, si bien se encuentra en el Capítulo I, tiene una gran pertinencia para la materia que nos atañe pues allí se establece que acreedor y deudor deben comportarse en la relación obligatoria de conformidad con las reglas de la corrección185. De esta manera, ambas partes se encuentran obligadas a tratarse mutuamente con la máxima consideración, a ejercer sus roles guiados por un espíritu de lealtad, firmeza, claridad y coherencia y, en especial, la corrección les impone “el deber de comportarse en modo de no dañar el interés ajeno por fuera de los límites de la legítima tutela del interés propio”186.
El Capítulo II, dedicado especialmente a la regulación del cumplimiento de las obligaciones, se compone de una sección dedicada al cumplimiento en general y dos secciones más, una dedicada al pago con subrogación y la otra a la mora creditoris. En la primera sección se tratan los temas típicamente asociados al cumplimiento, y que prácticamente están regulados en todos los códigos civiles, es decir, lo relacionado con los sujetos del cumplimiento, el lugar y tiempo de este, y lo relativo a la imputación del pago, su prueba y gastos. Igualmente, se hace una referencia específica, dentro de este ámbito, a la obligación de custodia, obligación de género y obligación de garantía, así como al principio de identidad y de indivisibilidad del cumplimiento.
La primera sección se abre con la norma del artículo 1176, la cual establece que el comportamiento del deudor al cumplir sus obligaciones debe estar sometido a la observancia de la diligencia del buen padre de familia. Dicho parámetro de comportamiento constituye la base fundamental del cumplimiento de las obligaciones, puesto que se trata de una cualificación trascendental de la conducta de cumplir, que recoge su contenido de la consciencia social vigente, por lo que resulta ser un concepto de natural capacidad de adaptación a las circunstancias del caso concreto. El modelo del que se nutre dicha cualificación no refleja al hombre promedio, sino al ciudadano y productor que a cada uno le ofrece la sociedad en la que vive y que en el ámbito del cumplimiento exige del deudor el respeto del conjunto de cautelas y cuidados que normalmente son necesarios para ejecutar satisfactoriamente la prestación debida, habida cuenta del tipo de relación y de todas las circunstancias de hecho que contribuyen a determinarla. Por lo que resulta claro que es plenamente posible evaluar con mayor o menor rigor la diligencia exigible según el caso187.
El reconocimiento expreso tanto del deber de diligencia como del deber de corrección que debe orientar en todo momento el comportamiento de las partes, y del cual se deriva un deber de cooperación claro y activo en cabeza del acreedor, refleja una visión más compleja del contenido de la obligación y de la relación que existe entre obligación, prestación y cumplimiento, pues se trata de conceptos cuyo contenido permanece abierto a la integración emanada tanto de los valores que informan la diligencia y la corrección como de las circunstancias concretas que permiten fijar un significado específico a dichos valores en cada caso en particular.
En el código civil italiano de 1942 no existe una definición de cumplimiento, por lo que la doctrina italiana ha extraído de la interpretación a contrariis del artículo 1218 una definición normativa de cumplimiento como ‘exacta ejecución de la prestación debida’. La norma del artículo 1218 señala que “el deudor que no ejecuta exactamente la prestación debida está obligado a resarcir el daño”, de manera que se ha considerado que la producción de los efectos propios del cumplimiento solo es posible cuando este puede calificarse de exacto, es decir, “pleno, completo y puntual”. Dicha exactitud solo puede valorarse en concreto y sobre la base que proporcionan los parámetros de la diligencia del buen padre de familia, la corrección y la buena fe188.
Así las cosas, podemos concluir que dentro de la regulación del código civil italiano de 1942 el cumplimiento es visto no solo como un aspecto de la vida de la obligación sino, además, como un concepto abierto cuya integración con las reglas que emanan de la buena fe resulta necesaria para comprender a cabalidad la conducta de las partes y determinar si existe o no cumplimiento de las obligaciones.
1.4. LA REGULACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN EL CONTEXTO DE LOS PROYECTOS DE ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE CONTRATOS, EN PARTICULAR, EN LOS PRINCIPIOS UNIDROIT Y EL MCR COMMON FRAME OF REFERENCE
En el contexto de los proyectos de armonización del derecho de contratos, como lo veremos a continuación, los Principios Unidroit y el MCR Common Frame of Reference se caracterizan por contener una regulación del cumplimiento, que concentra sus esfuerzos en fijar reglas que permitan resolver problemas prácticos que puedan surgir en caso de que el contrato no haya previsto solución concreta. Así, los Principios Unidroit regulan el cumplimiento en relación con el contrato y no con la obligación y dedican su atención a la determinación subsidiaria de reglas sobre el tiempo, el lugar y la ejecución de obligaciones dinerarias. Por su parte, el MCR Common Frame of Reference introduce novedades importantes en esta materia respecto del derecho contractual europeo, pues contiene un concepto de cumplimiento, reubica la regulación de la materia para fijarla en relación con las obligaciones y no con el contrato, y regula expresamente la mora creditoris, así como el cumplimiento confiado a terceros.
1.4.1. EL CUMPLIMIENTO EN EL CONTEXTO DE LOS PRINCIPIOS UNIDROIT
Los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit) son una de las más importantes expresiones de los esfuerzos de la comunidad internacional por alcanzar un cierto grado de unificación del derecho comercial internacional, con el objetivo de facilitar los intercambios económicos en un mundo cada vez más globalizado. En ese sentido, los Principios Unidroit buscan responder a la necesidad de establecer canales jurídicos de comunicación entre sistemas jurídicos diversos y derechos nacionales divergentes que permitan dar certeza y claridad a los intercambios internacionales189.
Es importante resaltar que, en la búsqueda de dichos canales, los Principios Unidroit constituyeron una “aportación totalmente nueva al derecho del comercio internacional” puesto que no están vertidos en la forma de un tratado internacional, ni usaron el mecanismo de expresarse por medio de cláusulas modelo, ni de contratos tipo, ni tampoco están contenidos en una ley uniforme o una convención. Al contrario, los Principios Unidroit se aplican exclusivamente gracias a su capacidad persuasiva. Si bien fueron redactados con un estilo muy cercano al del derecho continental, la exposición de su contenido usa el método propio de los restatements estadounidenses. Así, las normas de los Principios van seguidas de “comentarios, referencias y ejemplos que explican las razones que motivan la norma, así como las distintas funciones que ésta puede desarrollar en la práctica”; aunque es importante señalar que los Principios no contienen anotaciones, que son el tercer elemento propio de los restatements, estas se usan para hacer referencias doctrinales y jurisprudenciales destinadas a facilitar la comprensión de la norma y sus comentarios. Los Principios prescindieron de estas anotaciones con el objetivo de mantener un carácter eminentemente internacional que no haga expresa mención a ningún derecho nacional o sistema jurídico en particular190.
Los Principios Unidroit fueron aprobados en su primera versión en mayo de 1994, y esta se componía de un Preámbulo, siete capítulos y 119 artículos. La estructura de esta versión trataba, en capítulos correspondientes, los siguientes temas: disposiciones generales, formación del contrato, validez, interpretación, contenido, cumplimiento y, finalmente, incumplimiento del contrato. Posteriormente, en 2004, con el objetivo de ampliar los Principios, se aprobó una nueva edición de los mismos en la que se agregaron, entre otras, una sección sobre representación al Capítulo I, y una sección dedicada al contrato a favor de terceros al Capítulo VI. Asimismo, se agregaron el Capítulo VIII sobre Compensación; el Capítulo IX sobre Cesión de créditos, transferencia de obligaciones y cesión de contrato, y el Capítulo X sobre Prescripción. Finalmente, en 2010, con la misma intención de ampliar las materias consideradas por los Principios, se aprobó la actual versión, en la cual se agregaron normas relacionadas con ilicitud, pluralidad de deudores y acreedores, y la restitución como consecuencia de la eliminación de contratos frustrados191.
Dentro de este contexto, el Capítulo VI de los Principios se dedica a la regulación del cumplimiento, a secas, es decir, el título no especifica si se trata del cumplimiento del contrato o de sus obligaciones y, en general, la lectura del conjunto del capítulo permite constatar que a veces se hace referencia al cumplimiento en relación con el contrato y a veces en relación con las obligaciones. El capítulo en mención contiene dos secciones, la primera dedicada al cumplimiento en general, la segunda concentrada en la excesiva onerosidad (Hardship). Dentro de la Sección I se regulan los temas relacionados con el momento del cumplimiento, el lugar del cumplimiento, el pago con cheque u otro instrumento, el pago por transferencia de fondos, la moneda de pago, los gastos e imputación del pago, y la autorización pública cuando es requerida para el cumplimiento de un contrato.
Consideramos que, en su mayoría, las normas que integran el Capítulo VI son normas que pretenden responder a específicas exigencias de la praxis comercial192, y en ese sentido unifican reglas que en los derechos nacionales varían y que podrían causar dificultades prácticas. Así, por ejemplo, las normas sobre el momento del cumplimiento, la cuales se integran no solo por el artículo 6.1.1, sino además por los artículos siguientes que tratan del cumplimiento en un solo momento o en etapas (art. 6.1.2), la secuencia en el cumplimiento (art. 6.1.4) y el cumplimiento anticipado (art. 6.1.5). Muy diciente en este sentido es, asimismo, el ejemplo de las normas que autorizan mecanismos de pago de obligaciones dinerarias diversos a la moneda contante, como el pago con cheque u otro instrumento (art. 6.1.7) y el pago por transferencia de fondos. En estas normas se reconocen prácticas comerciales muy generalizadas, y en ellas se prevén expresamente mecanismos de protección del acreedor, tales como la presunción de haberse aceptado el pago con cheque u otro instrumento con la condición de que estos sean efectivamente honrados, así como la condición a la que se somete el cumplimiento por medio de transferencia de fondos, en el sentido de que solamente se entiende producido “al hacerse efectiva la transferencia a la institución financiera del acreedor”, lo cual toma en consideración las diferencias que pueden tener lugar en la praxis bancaria dependiendo de cada país193.
Resulta importante resaltar que dentro de los Principios Unidroit no existe una definición de cumplimiento, aunque sí existe una definición de incumplimiento, contenida en el artículo 7.1.1. Conforme a dicha norma, el “incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío”. Sobre esta base, podríamos intentar deducir el contenido del primer concepto a partir de un razonamiento a contrariis, lo que nos arrojaría como resultado que cumplimiento, dentro del contexto de Unidroit, es la ejecución exacta de las obligaciones contractuales realizada por el deudor.
Es igualmente importante poner de presente que existen algunas normas que no pertenecen al Capítulo VI pero que son, sin ninguna duda, pertinentes y fundamentales en materia de cumplimiento: es el caso de la norma del artículo 1.7 que prevé que “las partes deben actuar con buena fe y lealtad en el comercio internacional”. Igualmente, resulta relevante para nuestra materia la regla, emanada del principio de la buena fe, que veta el comportamiento contradictorio artículo 1.8 estableciendo que “una parte no puede actuar en contradicción con un entendimiento que ella ha suscitado en su contraparte y conforme al cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y en su desventaja”. Otra de las normas que hace eco del principio de la buena fe, y que tiene importancia en esta materia, es la del artículo 5.1.3 que prevé el deber de cooperación entre las partes, estableciendo que “cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta última”. También, consideramos pertinente en materia de cumplimiento la norma del artículo 1.9 conforme al cual las “partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil de que se trate”.
1.4.2. EL CUMPLIMIENTO EN EL CONTEXTO DEL MCR COMMON FRAME OF REFERENCE
El MCR Common Frame of Reference hace parte del conjunto de iniciativas europeas dedicadas al objetivo de uniformar y armonizar el derecho europeo, tal como los Principios Unidroit, los Principios Lando, los PECL y el Avant-projet Catala. En 2003, la Comisión Europea reconoce la necesidad de alcanzar una mayor coherencia al interior del derecho contractual europeo por medio de un cuadro común de referencia, publicado en su versión definitiva en 2009.
El MCR se conforma de tres tipos de normas: aquellas que contienen la enunciación de principios194, aquellas que contienen definiciones195 y, por último, normas que contienen reglas modelo, que son “aquellas reglas distribuidas en los diez libros del Proyecto que no tienen fuerza normativa, sino que representan un soft law, al estilo de los Principios de derecho contractual europeo de la Comisión Lando, destinados a servir, precisamente, de modelo al legislador comunitario y al legislador nacional para uniformar y mejorar, respectivamente, el acquis y la normativa interna”196.
Consideramos importante resaltar que en el contexto del MCR Common Frame of Reference se encuentra mejor precisada, respecto de otros proyectos similares, la relación contrato-obligación. Así, se ofrece una definición de contrato como “an agreement which is intended to give rise to a binding legal relationship or to have some other legal effect. It is a bilateral or multilateral juridical act” (art. II. - 1:101 (1)), y se consolida el concepto de obligación como vínculo que nace de ella. Relevante para nuestra materia resulta el hecho de que se habla específicamente de terminación del contrato (conclusion) y de cumplimiento de la obligación (performance). De dicha perspectiva, más clara acerca de la dinámica contrato-obligación, resulta el hecho de que la regulación sobre el cumplimiento (performance) y sobre los remedios en caso de incumplimiento (remedies for non-performance) fue trasladada de la parte relativa al contrato a la parte general de las obligaciones197.
Es igualmente importante poner de presente que los redactores del proyecto reconocen abiertamente que existe una herencia común europea, sobre la cual se han construido las grandes semejanzas que existen entre los ordenamientos jurídicos nacionales, y aunque no se dice explícitamente que dicha matriz común a todos los ordenamientos internos nacionales está constituida por el complejo de principios y reglas heredados del derecho romano, no hay duda de que esta es la fuente principal del ius commune europaeum198.
Pasemos ahora a hacer mención a algunas normas concretas sobre la regulación del cumplimiento contenida en el MCR Common Frame of Reference. Hemos de señalar que la materia está tratada en el Libro III, Obligaciones y derechos correspondientes, Capítulo 2, Cumplimiento (Performance). Aunque previamente, en el Capítulo 1, el artículo III. - 1:102 (2) define el cumplimiento en los siguientes términos: “‘Performance’, in relation to an obligation, is the doing by the debtor of what is to be done under the obligation or the not doing by the debtor of what is not to be done”. Dicha norma, según nuestra perspectiva, debe ser leída junto con la norma del artículo III. - 2:114, la cual prevé que el cumplimiento extingue la obligación únicamente cuando se ejecutó en conformidad con los términos de la obligación o cuando sea de tal naturaleza que, de conformidad con la ley, pueda permitir al deudor alcanzar su liberación199. Esta norma aporta ulteriores elementos para comprender el concepto de cumplimiento en el contexto del MCR, puesto que no se limita únicamente a la conducta de hacer o no hacer prevista por la obligación, sino que se agrega la posibilidad de valorar la conducta del deudor integralmente y de conformidad con el ordenamiento jurídico en su totalidad.
Así mismo, es pertinente en materia de cumplimiento la norma del artículo III. - 1:104 que prevé el deber de cooperación entre deudor y acreedor para contribuir, en la medida de lo razonable, al cumplimiento del deudor200. La norma debe leerse en coherencia con el deber general de buena fe y lealtad negocial previsto en el artículo III. - 1:103, de manera que el deber de cooperación del acreedor con el cumplimiento de la prestación resulta ser una expresión de dicho principio, por lo que reviste de carácter inderogable y exige de una aplicación ajustada al caso concreto que pueda “tomar en consideración la especificidad de la relación obligatoria, la naturaleza de los intereses en juego, así como el nivel de corrección generalmente esperado en el sector económico y social en el que la relación tiene lugar”201; a esto precisamente se refiere la norma en cuestión cuando establece que la cooperación del acreedor es exigible “when and to the extent that this can reasonably be expected for the performance of the debtor’s obligation”.
Resulta relevante mencionar que dentro de este marco de derecho común se prevén dos hipótesis de mora creditoris, disponiendo en favor del deudor mecanismos que le permitan depositar su prestación y alcanzar la liberación. Dichas hipótesis son las de property not accepted (art. III. - 2:111) y money not accepted (art. III. - 2:112). Conforme a la primera de las normas, cuando alguien debe restituir o entregar una cosa corporal sin poder hacerlo por una conducta imputable al acreedor, tiene la obligación de “to take reasonable steps to protect and preserve it”. Sin embargo, puede alcanzar la exoneración de la obligación de restitución o entrega, así como de aquella de custodia, por medio de dos mecanismos establecidos por el numeral 2 del artículo III. - 2:111: el primero, “by depositing the property on reasonable terms with a third person to be held to the order of the creditor, and notifying the creditor of this”; el segundo mecanismo estaría constituido por la posibilidad de enviar “the property on reasonable terms after notice to the creditor, and paying the net proceeds to the creditor”202.
La norma del artículo III. - 2:112 sobre money not accepted prevé por su parte que cuandoquiera que el acreedor no acepte el dinero correctamente ofrecido por el deudor, este último tiene la posibilidad, luego de notificarlo al primero, de liberarse de su obligación “by depositing the money to the order of the creditor in accordance with the law of the place where payment is due”203.
De otra parte, las normas del MCR regulan los aspectos relacionados con las coordenadas de tiempo y lugar del cumplimiento. Respecto de este último resalta la norma del numeral 2 literal a del artículo III. - 2:101[204], que hace referencia al caso de que una de las partes cuente con la existencia de más de una sede para sus actividades principales, hipótesis en la cual deberá cumplir en aquella sede que presenta más estrecha relación con la obligación. El literal b fija el lugar residual en la residencia habitual, cuando la parte no tenga sede principal de actividades o la obligación no sea pertinente al objeto de la obligación principal.
Acerca del tiempo del cumplimiento, el artículo III. - 2:102[205] en sus numerales 3 y 4 regula las hipótesis específicas de contratos con consumidores. El numeral 3 dispone que el profesional debe cumplir en un plazo máximo de treinta días las obligaciones contraídas a distancia que versen sobre la entrega de bienes muebles, otros bienes o servicios. El numeral 4 hace referencia específica a la hipótesis de reembolso al consumidor del dinero recibido por virtud de las obligaciones anteriormente descritas, caso en el cual señala que se debe proceder a la devolución en un plazo razonable no mayor a treinta días.
Este es, brevemente, el panorama de los proyectos de armonización del derecho que consideramos más aceptados y difundidos en la actualidad. Como pudimos verificar, se trata principalmente de reglas que permitan resolver problemas que se presentan comúnmente en el ámbito del comercio internacional, aunque resulta relevante que tanto en el ámbito de los Principios Unidroit como en el del MCR el cumplimiento se comprende como una materia susceptible de integración y cuya valoración requiere de un análisis del caso en concreto, sobre la base del principio de la buena fe y las reglas de la corrección, la lealtad y la diligencia.
De esta manera, concluimos el estudio del status quo doctrinal y legislativo de la valoración del cumplimiento de las obligaciones en algunos de los ordenamientos que integran el sistema de derecho romano. Dicho estudio nos permitió detectar que nuestra materia de investigación se encuentra limitada, por regla general, a su consideración como mero mecanismo de extinción de las obligaciones, de lo que resulta que sea visto dentro del contexto de su muerte, en abierta contradicción con el rol que en realidad le corresponde como la mejor expresión de su florecimiento.
El sinsabor que nos deja la señalada situación nos motiva a buscar respuestas en el derecho romano, pues sabemos que por medio de su estudio podremos penetrar en las profundidades, matices y sutilezas que con seguridad reposan en el trasfondo del cumplimiento como categoría del derecho civil. Acudir al derecho romano nos abre, por una parte, las posibilidades de comprender el principium, el origen de nuestra categoría y, en esa medida, alcanzar la completitud de su comprensión; y, por otra parte, el ius romanum se ofrece como la mejor herramienta disponible para encontrar respuestas con vocación de aplicación universal a los problemas que conforman el núcleo de este trabajo y, en esa medida, hace posible que aspiremos a contribuir en la construcción de mejores respuestas en lo que hace a la valoración de la conducta humana en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones206.
CAPÍTULO 2
El cumplimiento de las obligaciones en derecho romano se identificaba con el concepto de solutio, el cual abarcaba inicialmente un sentido formal (disolver) y, posteriormente, uno sustancial (cumplir) *
2.1. LA SOLUTIO ARCAICA COMO REPRESENTACIÓN SOLEMNE DE LA LIBERATIO DE UNA SUJECIÓN A LA MANUS INIECTIO
Para comprender el cumplimiento de las obligaciones en derecho romano es pertinente, primero, remontarse a su configuración durante el periodo arcaico, en el cual la obligatio como categoría jurídica aún no había surgido, razón por la cual es necesario tanto entender cuáles eran las estructuras arquetípicas que entonces se usaban para establecer vínculos entre los miembros de aquella sociedad, como comprender de qué manera los mismos, más que cumplirse, se disolvían, pues, como lo veremos, en esta época el recurso a mecanismos considerablemente agresivos, tales como la damnatio y el nexum, determinó que el rol de la solutio fuera eminentemente liberatorio del pesado fardo que representaba la inmediata exposición a la manus iniectio.
2.1.1. LIBERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE DAMNATUS POR MEDIO DEL RITO DE LA SOLUTIO PER AES ET LIBRAM
El sintagma damnas esto expresó, de conformidad con las evidencias más antiguas de las que se tiene conocimiento, anteriores incluso a las estructuras contenidas tanto en el testamento como en la ley de las XII Tablas, una construcción imperativa que implicaba una sujeción inminente, sin proceso de conocimiento previo, a la manus iniectio que, por regla general, podía ser enervada por medio de un dare de una suma de dinero, que se materializaba con el rito de la solutio per aes et libram1.
Por lo tanto, resulta notoria la función eminentemente liberatoria que se reconocía al concepto de la solutio en este escenario, caracterizado por la existencia de una condición muy gravosa en cabeza del damnatus y que en aras de disolverla (solvere) proveía al pago de una suma de dinero que le permitiera salir de la misma y superar de esa manera la exposición inminente a la ejecución personal que lo amenazaba con tanta dureza.
La damnatio, en el contexto de los ilícitos, se considera el arquetipo predecesor de las obligationes ex delicto puesto que, en edad republicana, por obra de un trabajo de reinterpretación de los prudentes, varias hipótesis que en edad arcaica contenían referencia al damnas esto fueron reconducidas dentro de la categoría de obligatio. Sin embargo, el sintagma damnas esto también se encontraba presente en escenarios no relacionados con la comisión de ilícitos. Así, por ejemplo, sobresale su recurrencia en el ámbito religioso en el votum; en el ámbito testamentario, por medio del legado per damnationen y del legado sinendi modo, y en el ámbito de la damnatio ex lege, dentro de la que sobresale el rol del damnum decidere2.
Uno de los más antiguos vestigios del uso de la damnatio, así como de su conjugación con el oportere, se encuentra en el votum3, que fue “un acto unilateral4 con el cual el vovens (persona que hacía la promesa) se empeñaba frente a una divinidad con la pronunciación de palabras solemnes (nuncupare) y con la precisa enunciación del comportamiento que se promete asumir en favor de esta, cuandoquiera que resulte concedida”5 una determinada gracia.
El votum tuvo una importancia mayor en la vida romana, tanto a nivel público como privado; en este último ámbito servía para ofrecer homenaje a los dioses familiares, insertándose y reflejando muchos de los eventos típicamente vinculados a la familia, tales como nacimientos, aniversarios, deseo de buen viaje, conservación de la salud de sus miembros6. Igualmente, el contenido del votum abarcaba una amplia variedad de comportamientos que podía representarse en el ofrecimiento a la divinidad de cosas o actividades, como liberar a un esclavo (manumissio sacrorum causa), erigir un altar o una inscripción ornamental en piedra, sacrificar animales, ofrecer una suma de dinero para la construcción o restauración de un templo7, etc. Quien recurría al votum, el vovens, tenía un oportere frente a la divinidad; por lo tanto, en esta fase, que va desde la celebración del votum hasta antes de que la divinidad conceda la solicitud a ella elevada, se le consideraba voti reus o reo del votum; una vez acaecido el evento esperado en el votum, el vovens adquiría la condición de damnatus, dando lugar a su consideración como voti condemnatus o condenado por el votum; es decir que, habiendo sido concedida la realización del evento esperado, la divinidad ‘condenaba’ al vovens a hacer lo por él prometido a través de la solutio8. Con lo cual resultaba mucho más gravosa la posición de aquel cuyas súplicas ya hubieran sido favorablemente acogidas por la divinidad, reflejándose así la existencia de una diferencia entre sentido del deber (oportere) y aquello que forzosamente se ha de cumplir (damnatio).
Lo anterior no significa que el vovens solo esté comprometido con la divinidad en caso de que sus plegarias hayan sido favorablemente acogidas, sino que desde el momento en que se celebraba el votum perfeccionado con la nuncupatio9 surge un vínculo entre el hombre y la divinidad10, que los pontífices calificaron como un oportere que puede ser cumplido, incluso, antes de recibir el beneficio rogado11. Sin embargo, si el evento esperado tenía lugar, el reus se encontraba en una situación de urgencia, pues a partir de entonces era damnatus frente a la divinidad y frente a la comunidad, ya que la necesidad imperiosa de liberarse, que surge cuando el reus se vuelve damnatus, es colectiva, en cuanto toda la comunidad se ve afectada por el cumplimiento o no del compromiso12.
La realización de la conducta prometida es expresada en las fuentes13 con la palabra solutio o alguna de sus declinaciones, para indicar la observancia del rito ofrecido en la promesa a los dioses. Al adecuar la conducta propia a aquello que se había prometido a la divinidad se consideraba que el vovens solvit su votum, con lo que evitaba que cayera “la ira divina sobre su caput”14.
En este caso la solutio desempeñaba un rol liberatorio de una sujeción a una situación muy gravosa (la exposición a la ira divina), pues faltar a la promesa ofrecida a un dios se consideraba como impietas, lo que conllevaba estar a discreción de los dioses. El impius ha roto la pax deorum, ha violado el ius sacrum, y para restablecerla los dioses podían exigir su vida: “excluido de la comunidad, pierde su status, su personalidad, se arriesga a la muerte”15, y daba lugar, en ámbito público, a la nota censoria16.
Asimismo, la solutio del votum expresa la devoción religiosa, la gratitud hacia la divinidad, y se constituye en mecanismo de conservación de una buena relación con los dioses, pues en esta se encuentra, de una parte, el hombre, quien necesita constantemente protección y favores cuya realización escapa de su control; y en el otro extremo de la relación están los dioses, vistos como detentadores de un misterioso y peligroso poder, con los cuales es imperioso vivir en paz17.
Como ya lo dijimos, la solutio del votum requería de un rito sacro correspondiente que materializaba la observancia plena del comportamiento prometido. De ahí la frecuencia con la que se encuentran en las inscripciones votivas las siglas V.S.L.M.: Votum Solvit Libens Merito, que significa que quien ha ordenado la inscripción ha cumplido con placer (libens) el votum en honor de la divinidad que bien se lo merece (merito) por haber favorecido con la gracia solicitada al vovens, lo cual evidencia la importancia de dejar constancia de la liberación de una ‘condena’ (condemnatus, damnatus) concretada en el rito correspondiente, ya que en la liberación del votum está en juego la relación entre el vovens y la divinidad, la cual, sin duda, aquel quería mantener en los mejores términos18.
Otro escenario de manifestación relevante de la damnatio fue la damnatio mortis causa. En concreto, la damnatio tuvo importancia en el escenario del legado per damnationem y sinendi modo. Las fórmulas de estos las reporta Gayo en Gai. 2, 201 y Gai. 2, 209.
Gai. 2, 201. Per damnationem hoc modo legamus: HERES MEVS STICHVM SERVVM MEVM DARE DAMNAS ESTO. Se ed si DATO scriptum sit, per damnationem legatum est19.
Gai, 2, 209. Sinendi modo ita legamus: HERES MEVS DAMNAS ESTO SINERE, LVCIVM TITIVM HOMINEM STICHVM SVMERE SIBIQVE HABERE20.
Tanto el uno como el otro se caracterizaban por el uso que hacía el testador del sintagma damnas esto para ‘condenar’ a sus herederos en favor del legatario. De esta manera, el legado per damnationem imponía, en favor del legatario, un comportamiento positivo del heredero cuyo contenido era un dare21. Por su parte, el legado sinendi modo versaba sobre un comportamiento del heredero, esta vez de cooperación o tolerancia, que se caracterizaba porque su deber consistía en permitir que el legatario tomase y tuviese para sí la cosa legada22.
Damnum, damnas, damnare eran expresiones que para la época de las XII Tablas significaban “estar obligado a reparar, estar obligado a pagar”, e identificaban una situación de tensión para el damnatus de la que solo podía liberarse (solvere) por medio de la ejecución de aquella conducta que se esperaba que observara23. Al transpolar la damnatio al contexto de la disposición mortis causa24, la interpretatio pontifical logró permitir al pater testador imponer a sus herederos la realización de comportamientos encaminados a resultados que por medio del legado per vindicationem no era posible alcanzar25.
Para comprender la fuerza vinculante de la damnatio mortis causa resulta necesario tomar en consideración el contexto jurídico al que pertenecía originariamente, que es probablemente el de los testamentos orales, pues las palabras, su articulación y su composición dentro de los formularios que Gayo reporta, evocan la solemnidad de un rito verbal26. La pertenencia originaria al ámbito del testamento calatis comitiis determina la consideración del rol trascendente que tiene dentro de este contexto la publicidad propia de este acto, pues su celebración en los comicios curiados, presididos por el pontífice máximo, implicaba la difusión y conocimiento de su contenido por parte de la comunidad27, lo que respecto de la damnatio conllevaba que, si el heredero no se sometía a los dictados del de cuius, fuera de público conocimiento su condición de damnatus, lo que reforzaba la urgencia de una solutio que lo liberara de tal estado.
Con el surgimiento y consolidación del testamentum per aes et libram, como figura posterior a la mancipatio familiae, el elemento de la publicidad resulta conservado en la exigencia de la presencia de cinco testigos calificados como quirites testimonium (Gai. 2, 104)28, lo que confirmaría la importancia de dicha publicidad a fin de garantizar la mayor eficacia de las disposiciones del pater familias y que vendría a conservar el carácter público de la ‘condena’ sobre los herederos en caso de uso de un legado ‘damnas esto’29.
Un elemento adicional se debe sumar a los ingredientes que permitieron la vinculación de los herederos con el legatario por medio de lo que hoy conocemos como obligación, y que entonces requería de la conjugación de varias condiciones para alcanzar una fuerza de constricción que pusiera al heredero en un estado del cual sintiera la necesidad urgente de liberarse: se trata de las nuncupationes o palabras con las cuales se vertía en forma solemne la voluntas del pater en el testamentum per aes et libram, que fue una adaptación del rito de la mancipatio a los fines de disposición mortis causa. El valor jurídico de las nuncupationes encuentra su fundamento en tab. 6, 1, en donde se establecía cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto, por lo que se consideraba ius lo que el pater dispusiera usando las palabras solemnes, las nuncupationes; y ello, a su vez, con base en tab. 5, 3 (uti legassit suae rei, ita ius esto), que reconocía como ius lo que se dispusiera para después de la propia muerte en uso del testamento calatis comitiis y del testamentum in procinctu.
De tal manera que la preexistente naturaleza de ius de lo dispuesto en testamentum vertido ahora en nuncupationes dio lugar al pleno reconocimiento jurídico de la posibilidad de testar con el rito per aes et libram, y es a esto a lo que nos reenvía Gayo con la expresión secundum legem publicam contenida en Gai. 2, 104[30].
En conclusión, puede notarse cómo la publicidad y la juridicidad del testamento per aes et libram facilitaron que por medio del uso del esquema de la damnatio el pater familias creara en favor del legatario –lo que hoy denominamos– un derecho de crédito, y que para el periodo que analizamos requirió de una exposición inmediata a las extremas consecuencias de la manus iniectio, pues aún no había emergido como categoría la obligatio.
Como puede verse, la formulación de la damnatio en estos legados cumple una función estructuralmente ligada a un comportamiento futuro del heredero, lo cual se tradujo, gracias a la interpretatio pontifical, en la utilización del damnas esto como mecanismo para encauzar la conducta de otro, en este caso del heredero, hacia la consecución de un resultado en el que era necesaria su colaboración, so pena del ejercicio inmediato de la manus iniectio, cuandoquiera que no se sometiera a lo establecido en la damnatio testamentaria31.
El efecto típico que se quería alcanzar con el legado per damnationem era el de beneficiar a otro ciudadano, para cuando se estuviera muerto, con un dare en su favor, por lo que al inicio la disposición testamentaria podía versar únicamente sobre una cantidad cierta de dinero32, respecto de la cual el heredero adecuaba su comportamiento, por medio del rito per aes et libram, a fin de alcanzar la liberatio de la condición de damnatus que amenazaba tan incómodamente su status33.
En la damnatio sinendi modo, dada la naturaleza omisiva del comportamiento impuesto al heredero, el cumplimiento del mismo le imponía tolerar (sinere) que el legatario, en la época más remota, se posesionara de la cosa34, y luego, como desarrollo del contenido de este legado, ejerciera sobre la misma usufructo o habitación, o soportara que el legatario realizara actividades particulares sobre la cosa35.
Este escenario de las damnationes mortis causa se ha considerado como típicamente asociado a una función liberatoria de la solutio36, concretada en solutio per aes et libram si se trataba del cumplimiento de un dare certum37. Probablemente el solvens, en su fuero interno, se encontraba motivado a cumplir principalmente por el temor a las graves consecuencias de no hacerlo, pues –se reitera– la condición de damnatus en la que se hallaba lo exponía de manera inmediata a la manus iniectio, a lo que se sumaba la importancia que igualmente tenía honrar la voluntas del pater familias, cuya potestas constituía la base de la familia romana38 y cuya pervivencia después de muerto tenía una importante manifestación en los sacra familiaria, dentro de los cuales el culto a los antepasados permitía “la continuación del respeto, la confianza y el temor que se tenía hacia el pater en vida […] quien desde la tumba sigue personificando la moral familiar y otorgando protección a la familia”39, así como debe tenerse presente que el testamento jugó un rol trascendental en la conservación de la familia como unidad40, por lo que para el heres el cumplimiento de su contenido conllevaba la garantía de dicha conservación, en la que sin duda estaba interesado.
En el ámbito de los ilícitos, los términos damnum, damnatus y damnare se usaron para hacer referencia a casos en los cuales, dentro de la órbita de los intereses privados, tras la comisión de un delito se procedía, sin intervención jurisdiccional, con una vindicta que podía ser evitada con el pago de un rescate (damnum decidere)41.
De especial interés dentro de este contexto resulta el desarrollo que tuvieron las sanciones impuestas en los casos de membrum ruptum (ruptura de un miembro), os fractum (fractura de hueso)42 y furtum (hurto) (manifestum –flagrante– y non manifestum).
En el contexto de estos delitos en época predecenviral se utilizaban sanciones aflictivas graves, como manifestación de una vindicta (venganza) autorizada y disciplinada por la comunidad43, tales como la talio (mutilación), para los dos primeros, y la addictio (exposición a la manus iniectio) inmediata para el furtum manifestum, e incluso la muerte si se trataba de un furtum nocturnus, o si, habiendo sido atrapado de día, el autor del mismo se había defendido con arma.
Dichas sanciones podían evitarse acudiendo a una conciliación (pactio) entre ofensor y víctima, que tenía por objeto la determinación de una suma de dinero (damnum decidere) en favor del segundo que permitiera, a su vez, el rescate del primero44. Si bien inicialmente dicha pactio tenía lugar por mera voluntad del ofendido, con el tiempo la costumbre determinó que la misma le fuera permitida al ofensor y por esa vía se convirtiera en una facultad suya, de manera que este podía ofrecerse para negociar y pagar una composición adecuada. En este escenario, el pago efectivo de la suma pactada servía para enervar a perpetuidad el poder de la víctima de ejercer la vindicta contra el ofensor; por el contrario, si no se producía el cumplimiento inmediato de la pactio, la vindicta retomaba su curso dando lugar a la manus iniectio penal o a la talio, según el delito en cuestión45.
La ley de las XII Tablas recogió estas prácticas y procedió a fijar, como alternativa a las penas aflictivas46 –que podían usarse cuandoquiera que el agresor no usara la facultad de rescatarse o cuando, habiéndola usado, no cumpliera con el pago–, sea valores predeterminados de la poena (entre 150 y 300 aes para el os fractum, dependiendo de si la víctima era esclavo o persona libre, y de 25 aes por iniuria simple), sea criterios para su cuantificación, como en el caso del furtum non manifestum, definiendo como valor de la poena el doble del valor de la res furtiva47. De otra parte, gracias al trabajo de interpretatio pontifical, se reconduce hacia el ámbito de la lex el procedimiento madurado para establecer el damnum decidere en el caso del membrum ruptum, esto es, la así llamada aestimatio iudicis48.
El cuadro anterior permite comprender el proceso de atracción hacia la sanción pecuniaria que tuvo lugar en el ámbito de los delitos de lesión personal y hurto. Dicho proceso implicó –junto con la poca recurrencia práctica a las penas aflictivas– que el uso de la pactio terminara por ser superfluo y, por lo tanto, que ante la comisión de este tipo de delitos surgiera para el autor la necesidad de pagar una compensación; más que el peso de una vindicta49 que, cada vez más, quedaba relegada en la desuetud50.
Lo anterior se decantaría en la posterior configuración del pago de las penas correspondientes a estos ilícitos en términos de dare oportere, es decir, como deber jurídico de pagar la poena pecuniaria. Lo que en últimas allanaría el camino para que, en el periodo tardo republicano, todas estas hipótesis fueran descritas en términos de obligatio ex delicto51.
De manera que en el ámbito de la obligatio ex delicto el rol de la solutio (per aes et libram) poseía una clara función liberatoria52. Sin duda, esa es su razón de ser dentro de este contexto, caracterizado por que la situación en la que se encontraba el agresor era la de una “sujeción jurídica a la acción penal privada, un estado puro de pasividad ante una pena corporal”53; la víctima, por su parte, detentaba el derecho de ejercer la vindicta, por medio de manus iniectio o talio. Ante este escenario, la pactio, que fijaba el precio de un rescate de la vindicta, abría para el agresor la posibilidad de liberarse de esta última únicamente si cumplía con lo acordado y pagaba la suma establecida a título de pena como expiación y compensación. Es palmaria la capacidad liberatoria de la solutio per aes et libram que materializaba el damnum decidere, pues concretaba la disolución del estado de sujeción a una pena corporal en el que el agresor se encontraba antes de pagar, puesto que antes del pago efectivo la disolución del poder de agresión es solo potencial, por lo que la solutio con bronce y balanza es el mecanismo para escapar definitivamente del peligro creado por la amenaza de una vindicta54.
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