Kitabı oku: «C3PO en la corte del rey Felipe»
C3PO EN LA CORTE DEL REY FELIPE
Pedro Vallín
C3PO EN LA CORTE
DEL REY FELIPE
Prólogo de Enric Juliana

© del texto: Pedro Vallín, 2021
© del prólogo: Enric Juliana, 2021
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: octubre de 2021
ISBN: 978-84-18741-20-3
Depósito legal: B 15311-2021
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Imagen de cubierta: Daniel Crespo
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
PRÓLOGO DE ENRIC JULIANA
INTRODUCCIÓN. C3PO Y LA PASTILLA MORADA
PRIMERA PARTE: LEVIATÁN DESATADO
1. Franco, ETA y el 11-M: breve historia de lo nuestro
2. De cómo el Consejo General del Poder Jedi condujo la República Galáctica a la tiranía
3. Villarejo rey, de Sófocles
4. Godzilla contra el 155
5. La revuelta de las provincias y el martillo de Thor
6. Renuncia a Lucifer: política de la Contrarreforma
7. Ciudadano Hanks, ciudadano Media Markt
8. España, una pesadilla de Pascal Bruckner
SEGUNDA PARTE: EL LIBERALISMO POP EN LA MESA CAMILLA
9. Otra generación, otra especie: la guerra de Marte
10. Pablo Iglesias en la piscina del gran Gatsby
11. El talento de Mr. Errejón
12. La tekné política y el planeta perdido de Obi-Wan Kenobi
13. Robocop y la ciberguerra civil
14. Barcelona de Fawkes, Barcelona de Fleck
15. Podemos y el síndrome Wozniak
16. Las muchas muertes de William Munny, conocido ladrón y asesino
17. Gramática parda en la galaxia Podemos
18. Megan Carter y el calvario de Podemos
19. Guillaume y las identidades
EPÍLOGO. El ESPLENDOR
AGRADECIMIENTOS
Para Enric, Álvaro y David. Este libro existe por su empeño, inteligencia y afecto.
«Los cuentos de hadas no superan a la realidad
porque nos digan que los dragones existen,
sino porque nos dicen que pueden ser vencidos».
G. K. CHESTERTON
PRÓLOGO
ARLEQUÍN EN LA TRINCHERA
La cuestión es la siguiente: ¿se puede seguir escribiendo crónica política en España sin saber cómo se genera el precio de la electricidad? No es una cuestión menor. Con la pandemia en vías de control, la incesante subida del precio de la luz se ha convertido, para millones de españoles, en una inquietante señal sobre la prolongación de la incertidumbre. La gente no se pasa el día imaginando cuadros sinópticos sobre las relaciones internacionales, pero tiene instinto y la nariz dice que vienen tiempos aún más complicados.
No es fácil entender cómo se forma el precio de la electricidad en este país, ya que la complejidad del mecanismo requiere un cursillo de varias horas. Puesto que estas líneas han sido escritas a principios de septiembre del 2021, es posible que al cerrar el curso que ahora empieza sepamos mucho más sobre este tema. Aprenderemos. Lo vamos a necesitar, porque todos los asuntos relacionados con la energía ocuparán un lugar muy importante en la narración de los tiempos venideros. Se aproximan tiempos interesantes, es decir, peligrosos. Pese a todas las inclemencias y precariedades, el periodismo será siempre una profesión fascinante en la medida que espolea constantemente la curiosidad. Después de abrir una ventana, siempre viene otra, y después otra, y después otra. Conozco a un periodista asturiano residente en Madrid que tiene mucha gracia abriendo ventanas.
Se lo voy a presentar, pero antes permítanme una cita. No hay buen prólogo sin cita. Allá vamos: «Kant había enseñado que la pregunta con la que el ser humano se cerciora de su situación en el mundo tenía que ser: ¿Qué nos es lícito esperar? Después de los desfondamientos del siglo XX sabemos que la pregunta reza: ¿Dónde estamos cuando estamos en lo inmenso?».
Conservo siempre a mano está afirmación del filósofo alemán Peter Sloterdijk, entresacada del primer volumen de su trilogía «Esferas», un ambicioso trabajo sobre la fenomenología del espacio, texto difícil de seguir para los que no estamos acostumbrados a este tipo de lecturas. Monstruo de la erudición, Sloterdijk escribe muy bien, es musical, es hipnótico, y siempre te regalará una idea brillante. Además de abrir ventanas, los periodistas, como es bien sabido, nos dedicamos a la recolección de ideas ajenas, para incrustarlas en nuestros artículos con mayor o menor habilidad y oportunismo. Déjenme que inserte este ópalo del filósofo de Karlsruhe en el prólogo del segundo libro del periodista asturiano Pedro Vallín.
La crónica política clásica intenta responder a la pregunta de Kant: ¿qué nos es lícito esperar? La tradición periodística del siglo XX discurre sobre ese eje: intentar explicar la realidad, honestamente o no, con la intención de obtener y ofrecer un rumbo. «Esto acabará mal», escribió el 7 de abril de 1933 el entonces director de La Vanguardia, Agustí Calvet, Gaziel, advirtiendo sobre los desgastes de la República dos años después de su proclamación. Podríamos poner otros muchísimos ejemplos. En la actual fase de aceleración del tiempo histórico, cuando las noticias de la mañana apenas llegan vivas al noticiario de la noche, la pregunta alternativa que propone Sloterdijk adquiere todo su sentido: «¿dónde estamos cuando todo es inmenso y la información alimenta la sensación de caos en nuestras cabezas?». Quizá la crónica política del siglo XXI más que sugerir un rumbo, lo que tiene que hacer es ayudar al lector a determinar su ubicación en un mundo sometido a una brutal aceleración de todo tipo de transformaciones: tecnológicas, económicas, sociales, ambientales e incluso biológicas. Mapas, mapas, mapas. Mapas y contextos. (Ardua tarea. Para empezar, la política española hoy no puede ser cartografiada si no sabes cómo se forma la tarifa de la electricidad).
Pedro Vallín es de los periodistas que hacen funcionar bien el GPS. En sus crónicas y especialmente en sus artículos largos en la edición digital del diario en el que trabaja, ofrece materiales muy valiosos para la orientación de los lectores más fatigados por la política politizada; perdonen la redundancia: los lectores más fatigados por la política entendida como la observación obsesiva y constante de las relaciones de poder entre sus protagonistas. Vallín no proviene de la crónica política clásica y tampoco viene de la economía (espero que en estos momentos esté estudiando la formación de la tarifa eléctrica). Es originario de otra región. Es un experimentado periodista cultural que hace cuatro años aceptó el reto de incorporarse a la sección de Política en la redacción de La Vanguardia en Madrid. Cambió de mesa con un extraordinario bagaje profesional, en el que destaca un profundo conocimiento del cine y de toda la industria audiovisual, incluidos los videojuegos. Ahí hay buenos postes para intentar saber dónde estamos cuando sabemos que habitamos lo inmenso. Se trataba de hacer circular ese valioso caudal por las cañerías, a veces oxidadas, a veces retorcidas, de la información política. Creo que lo ha conseguido. Miles de lectores de sus crónicas y de su primer libro (¡Me cago en Godard!, Arpa, 2019) también lo creen.
Vallín es capaz de enmarcar cinematográficamente los principales acontecimientos políticos de los últimos años. No estoy hablando de un raro erudito. Estoy hablando de un escritor con una inusual habilidad para conectar distintas esferas del conocimiento y narrar la política con la ayuda de los símbolos, los personajes y los argumentos que son más familiares a las generaciones intensamente moldeadas por la cultura audiovisual, es decir, muchísima gente. Sabemos mejor dónde estamos cuando nos lo cuentan los mitos y los personajes que más nos han emocionado y llamado la atención durante nuestro periodo de formación. Por ello, Vallín ha invitado al droide C3PO a recorrer los diez años más críticos de la moderna historia de España. El autor escribe con seguridad. Pisa bien. Maneja el castellano con una fluidez admirable. Afirma, relaciona y rememora. En muchas curvas, arriesga. Algunas veces se viste de arlequín para quedarse con el personal.
«¿Quién es C3PO?», le pregunté, incauto de mí, la primera vez que me habló del título de su segundo libro.
Se me quedó mirando, atónito. «Fue más famoso que Reagan», espetó. Sentí un bochorno analógico, y a la que pude consulté Internet. Sí, lo reconocí: el simpático droide de Star Wars. Era absolutamente incapaz de recordar su nombre. He ahí la brecha generacional. Me entusiasmé de pequeño con la aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Recuerdo mejor a la tía Sally y a la viuda Douglas que a los personajes de la saga galáctica. La ficha Mark Twain se activó en mi memoria el día, ya muy lejano, en que Alfonso Guerra calificó a Adolfo Suárez de «tahúr del Mississippi». Cosas de antes. Un mundo que ya no existe. Cada generación tiene sus referencias y Vallín controla un inmenso almacén de películas, series de televisión y videojuegos. Conoce muy bien la cultura contemporánea y la modela con mucha habilidad en el relato político.
Es un periodista de las redes, también. Las maneja bien, con desenfado. Ha creado ya una comunidad. Sus exclusivas periodísticas —fue el primero en anunciar la formación del actual Gobierno de coalición y también el primero en informar, catorce meses después, sobre la renuncia del vicepresidente segundo—, han causado admiración y alguna que otra irritación. Gajes del oficio. Otra característica remarcable de Pedro Vallín es su buen carácter. Pocas veces lo he visto ofendido. No habita el mundo con dolor y ello explica su franqueza. Ha sabido construir un lenguaje informativo vivo en tiempo de altas presiones. En La Vanguardia nos sentimos orgullosos de él. Alguna vez le he aconsejado que no se pasee vestido de arlequín por los bordes de la trinchera cuando se aproxima la aviación. No siempre me hace caso. Necesita salir a campo abierto para saber dónde estamos.
ENRIC JULIANA
5 de septiembre de 2021
INTRODUCCIÓN
C3PO Y LA PASTILLA MORADA
«Yo no soy más que un intérprete y no valgo para contar historias. No sé hacerlas interesantes, la verdad». C3PO se hace de rogar cuando Luke Skywalker, al que acaba de conocer, le pregunta por la rebelión contra el Imperio. El atildado droide ignora muchas cosas de los humanos, pero es consciente de los atributos que ha de tener el storyteller y sabe que contar algo no es lo mismo que referir unos hechos. La diferencia obvia es el sentido; contar siempre es dotar de sentido. En rigor, la confesión del robot dorado es falsa modestia, la típica petulancia británica de mayordomo envarado con la que el actor Anthony Daniels empapó felizmente al androide de protocolo al que dio vida. Con esa frase de apariencia humilde, el droide pretendía ritualizar una cierta etiqueta y que su nuevo propietario, un granjero al que acababa de dar el llamativo tratamiento de «Sir Luke», le insistiera, dando a entender, mediante esos rodeos ceremoniales y coquetos, que estaba acostumbrado a tratar con personalidades relevantes y exquisitas. Pero no hubo ocasión porque en ese momento R2D2 lanzó el holograma de la princesa Leia que pone en marcha la aventura: «Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza». Y como reza el adagio, lo demás es historia.
Pero quedémonos con la lección primera de C3PO porque es idea constitutiva de este volumen. Para contar algo son imprescindibles las mañas del storytelling, no basta con tener clara una cadena de hechos ciertos. El periodismo no es una notaría, y sería conveniente que dejáramos de pretenderlo. Los periodistas no damos fe de la realidad, y en la mayoría de los casos ni siquiera sabríamos cómo hacerlo. La contamos. Somos storytellers de urgencia, pues el acto de contar guarda con el de levantar acta un parentesco tan lejano que no heredará su hacienda ni sus enseres.
Nuestra relación con los hechos es directa —o debería serlo—, pero compleja. Si este aserto es cierto para todos los géneros periodísticos basados en hechos —sustancialmente, la crónica de sucesos, los ecos de sociedad y la crónica deportiva—, lo es mucho más para los que descansan sobre juicios o abstracciones, empezando por el periodismo económico, uno de los que ha llevado más lejos la endogamia y la intrascendencia —más allá de mover valores bursátiles— que amenazan a buena parte del periodismo: contar lo que ocurre en una pequeña región de lo real para ser leído solo y específicamente por sus habitantes. Un fenómeno curioso de autocomunicación que cada vez afecta a más sectores del oficio.
En el caso que nos ocupa, es ahí, en ese espacio intersticial y resbaladizo en el que no hay demasiados hechos indiscutibles en que apoyarse y sí muchos juicios, más o menos elaborados, sinceros o cuestionables, donde mora el periodismo político, uno de los géneros más delicados y esquivos. Esa cualidad pantanosa del suelo sobre el que se han de construir unos cimientos de veracidad convierte a esta especialidad en el vehículo predilecto para la irrupción en ella de quienes carecen de los rudimentos de la praxis periodística o, simplemente, prefieren ignorarlos. De ahí que los columnistas más influyentes del periodismo político a menudo sean literatos y otros diletantes. Novelistas, poetas, filósofos, economistas… todos los géneros de la ficción se vienen dando cita en las páginas de política hasta consolidar un extraño sentido común de época por el que sus opiniones pasan por ser las más perspicaces y determinantes. Tal es la degradación del debate político que han propiciado estos santones, ofuscados por la presbicia del bibliotecario, que el sociólogo y profesor de Ciencia Política Ignacio Sánchez-Cuenca tuvo que ponerlos en su sitio en el volumen La desfachatez intelectual: Escritores e intelectuales ante la política, una obra cuyo título explica con tal precisión el contenido que no me he de detener en los muchos detalles de escatología argumental que convierten el trabajo de Sánchez-Cuenca en una guía de uso de la prensa tan disfrutable como justa.
Puede parecer una paradoja que aquí se reivindiquen las mañas del narrador para el periodismo político a la vez que se abjura de las pretensiones literarias del oficio y se censura la mirada que arrojan sobre lo político los profesionales de la ficción y de las rimas. Pero no hay tal contradicción: la literatura solo es una expresión reciente y ciertamente presuntuosa de una habilidad vieja como la especie y que, por una mera cuestión de estirpe biológica, nos alcanza a todos: nuestra ontológica narratividad. La relación entre nuestros comportamientos y la narrativa es profunda y milenaria. Alcanza al propio ejercicio de manejar nuestros recuerdos. Podemos asumir que todos somos cuentacuentos, storytellers, hasta de nuestra propia memoria: miramos hacia atrás y estructuramos nuestro devenir en forma de vector, un hilván que pespuntea los hechos hasta unirlos al hoy, de modo que el presente da sentido al pasado transformándolo en memoria. Por eso, un hecho postrero —una dimisión, un encarcelamiento— tiene la potestad de modificar todo lo que ya sabíamos de un político, sin desmentirlo. Si somos storytellers de nuestra propia memoria, es obvio que el siguiente paso es construir nuestra vida sobre los bastidores de lo que ha de ser contado. Y de hecho, ya lo ha sido.
Es así como construimos la memoria y el ser, por tanto la prensa no tiene motivos para escapar al proceso y sí buenas razones para adherirse. El periodismo ha de proponer un discurso sobre el mundo y sobre lo colectivo, de modo que requiere de la narratividad para crear congruencia. Sabiendo esto, es obvio que hay que estar alerta para no caer víctima del prejuicio, forzando la historia para que se ajuste a lo que uno cree o quiere. El riesgo es real. De ahí que las ficciones inveteradas, aquellas que descansan sobre bastidores que hunden sus raíces en la fogata y el taparrabos, y se han venido repitiendo con tremenda exactitud desde que tenemos conocimiento, sean un instrumento idóneo para entender los complejos procesos humanos. Porque la narrativa no es un invento, un afuera, un avío proporcionado por el mercado cultural. Es más bien una condición constitutiva de la especie como lo son la autoconciencia o la persistente búsqueda de patrones. Lo intuye el filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek cuando, a propósito de Matrix (1999), de las hermanas Wachowski, explica:
La elección entre la píldora roja y la píldora azul no es, en realidad, una elección entre ilusión y realidad. Por supuesto que Matrix es una máquina de ficciones, pero son ficciones que ya estructuran nuestra realidad, de modo que si se le quita a nuestra realidad las ficciones simbólicas que la regulan, se pierde la realidad en sí misma.
De ahí que Žižek proponga una tercera píldora —que ha de ser morada, porque es roja y es azul—, cuyo efecto no será revelar la realidad tras la ilusión, sino «permitir ver la realidad contenida dentro de la propia ilusión». Y viceversa. La ilusión es constitutiva de la realidad. La elección que plantea Morfeo (Laurence Fishburne) en Matrix es un falso dilema. La ilusión, la ficción, la fantasía, la narración, lo simbólico o la metáfora no se superponen a la realidad, sino que forman con ella una aleación que es el material del que están hechas nuestras vidas. Como mucho, podemos considerar la ficción como un bagaje de comportamientos aprendidos, de sucesiones significativas, de estructuras de realidad disponibles, compartidas y encadenadas que operan de interfaz para hacer inteligible lo real, como diría el también psicoanalista y teórico de la complejidad Juan José Riveros. La ficción es nuestra herramienta para operar en la realidad. La llave indispensable para habitarla sin riesgo de caer en la anomia.
El gigante Rafael Sánchez Ferlosio, quizá prevenido por haberse asomado a menudo al ejercicio de la publicación en prensa, reflexionaba en su discurso de aceptación del Premio Cervantes, al calor de Aristóteles, sobre los inconvenientes de esta yuxtaposición del sentido sobre los hechos, de lo consecuente sobre lo fáctico. Nos prevenía del indispensable concurso de la soberbia humana, del hambre de domesticación del mundo que late en la inclinación a lo narrativo frente a lo contingente:
Aristóteles, en su defensa del argumento, percibe claramente el achaque de la historia: su deficiencia en conexiones lógicas; pero al preferir el tipo de argumento que aporta la ficción, siempre mejor o peor trabado, y apagar la contingencia, parece buscar la paz del alma, eligiendo, frente a la turbadora turbulencia de los hechos, la limpia e inteligible consecuencia lógica. El amor a la consecuencia o congruencia se revela como un sedante estético: al estridente, rallante, chirriante, incomprensible zumbido y frenesí de un mundo malo, todos prefieren la música.
Y sin embargo somos aristotélicos. El autor se recuerda a sí mismo, frisando veinte, paseando por una playa vasca en invierno tras una ruptura sentimental. Hacía frío y llovía con esa terquedad de gota fina tan característica del Cantábrico cuyo efecto en el ser humano es más parecido a sumergirse en la bañera que a colocarse bajo la ducha. Trataba de encender un cigarrillo humedecido. No quería estar allí, no había ninguna razón para tal exposición gratuita a la pulmonía, y además era plenamente consciente de que no hallaría ningún consuelo en aquel mar del norte adivinado a través de unas gafas empapadas. ¿Y qué hacía allí? Pues un poco el ridículo, pero fundamentalmente componer una escena; construir narrativamente el duelo emocional como si alguien pudiera verlo. Ejercer de protagonista a las órdenes de un narrador omnisciente que también era uno mismo. Estaba obedeciendo de forma mecánica a un motivo visual predefinido por la narrativa de ficción, por el drama romántico, un tropo de sentido, bastante cursi, de entre el catálogo de los disponibles.
La anécdota es boba pero relevante, porque ilustra cómo las ficciones, sus requisitos de narratividad, no solo actúan como una interfaz a posteriori, para decodificar lo real —para domesticarlo, si hacemos caso a Ferlosio—, sino también a priori, creándolo. Fue el caso de la campaña electoral estadounidense de 2008. Los candidatos Barack Obama y John McCain no solo eran el trasunto perfecto de dos personajes previos de ficción, Matt Santos (Jimmy Smits) y Arnold Vinick (Alan Alda) —cuya pugna por la presidencia se narra en la séptima temporada de El ala oeste de la Casa Blanca, emitida dos años antes de que Obama y McCain se enfrentaran—, sino que en su campaña repitieron los discursos, promesas, estrategias y hasta los gestos de sus antecedentes de ficción. Así que, a contrapelo de la hipótesis del Premio Cervantes, las ficciones construyen nuestra experiencia del mundo y el mundo mismo. Las ficciones son dispositivos intelectivos que no solo traducen el lenguaje de lo real para que sea significativo, de fuera adentro, sino también a la inversa: son los planos que nos guían en la construcción de la realidad, de la biografía, convirtiendo nuestros impulsos, sentimientos y decisiones en unidades narrativamente significativas. La narratividad es un código de comprensión, pero también un mecanismo performativo. Nos volcamos sobre la realidad como cuentos para hacernos inteligibles ante los demás y ante nosotros mismos. Un pasaje de La historia interminable, de Michael Ende, uno de los libros que con más perspicacia bucea en la sustancia discursiva del devenir humano, ilustra esta condición indisociable de lo narrativo y lo real.
La Emperatriz Infantil leyó lo que ponía y era exactamente lo que en aquel momento estaba ocurriendo, es decir: «La Emperatriz infantil leyó lo que ponía…».
—Escribes todo lo que ocurre —dijo ella.
—Todo lo que escribo ocurre —fue la respuesta.
[…]
Lo curioso era que el Viejo de la Montaña Errante no había abierto la boca. Había anotado sus palabras y las de ella, y ella las había oído como si solo recordase que él acababa de hablar. —Tú y yo —preguntó— y toda Fantasia… ¿todo está anotado en ese libro?
Él siguió escribiendo y, al mismo tiempo, ella escuchó su respuesta.
—No. Ese libro es toda Fantasia y tú y yo.
—¿Y dónde está el libro?
—En el libro —fue la respuesta que él escribió.
O sea, en la narración. No es pues un adorno ni un mero indumento estilístico que en las páginas que siguen los mitos de la ficción, sobre todo cinematográfica, sean los armazones sobre los que descansan estas crónicas incompletas de lo ocurrido en la política española en los convulsos últimos años. Si partimos, como hemos dicho, de la certidumbre de que la política es sustancialmente una metáfora, un relato sobre la administración de lo común y el destino colectivo en el que prima el discurso sobre los hechos, no ha de extrañar que tantas veces se acomode sobre los bastidores de narrativas preexistentes y que en consecuencia estas sirvan para hacerla inteligible porque a su vez sirvieron para construirla.
Por otra parte, durante el siglo XX con la consolidación de la llamada cultura de masas, se ensanchó como nunca el catálogo de mitos y de relatos significativos disponibles precisamente por esa ampliación del número de actuantes que implica la expansión del modelo democrático a los oficios culturales. Hay más gentes, más estamentos, más identidades, más experiencias de lo real —todo eso que a la ultraderecha y a la vieja izquierda masculina les pone de los nervios— y por tanto son perentorios más arquetipos narrativos, más estructuras de sentido, más herramientas de congruencia. Eso alumbra ficciones nuevas, masivas, ecuménicas y populares que asumen y reescriben los viejos cuentos, las inveteradas estructuras clásicas de la ficción, garantizando su vigencia en el mundo en el que nos desenvolvemos y proveyendo modelos que atienden la progresiva sofisticación de lo contemporáneo. Estos viejos y nuevos relatos, por todo lo anterior, han sido parte constitutiva del modelo de convivencia auspiciado por la democracia liberal y tienen su expresión hegemónica en el cine, que es el gran narrador del siglo de consolidación de las libertades y los derechos humanos. La cultura de masas y la democracia liberal son aquí esas dos sustancias que Žižek considera indisociables, la ligazón de lo real: lo simbólico incrustado en lo material. Los principios rectores del liberalismo democrático —con todos los relatos que en él caben, es decir, con todas las ideologías e identidades en disputa— y las ficciones que le son coetáneas constituidas en cultura pop son ilusión y realidad fundidas en una misma cosa. La sociedad democrática es tanto sus leyes como sus cuentos.
Quizás este sea el error más grave y a la vez la intuición más sagaz de la Escuela de Fráncfort; o al menos, de la forma en que ha sido interpretada: concluir que las ficciones culturales son un mecanismo de autoafirmación y autorreplicación del capital, o del capitalismo, un instrumento vertical de legitimación de un modelo de explotación, un arma de parte en la lucha de clases, cuando lo preciso y evidente es que en realidad son dispositivos simbólicos mediante los que se narra, se legitima y se construye, con todas sus paradojas y contradicciones, la sociedad democrática que los alumbra, la más horizontal y participativa de las que la especie ha conocido. Una conclusión y la otra son en apariencia similares e identifican el mismo mecanismo, pero en su sustancia ética y política conducen a posiciones antitéticas respecto a la cultura de masas. A desfacer ese entuerto dedicamos un capítulo entero en ¡Me cago en Godard!, poniendo a Walter Benjamin de nuestro lado.
Este es el motivo por el que estas páginas guardan en el fondo una relación íntima y especular con el libro anterior, pues si aquel se consagra a dilucidar el modo en el que la política es performativa de las ficciones que le son coetáneas, en las páginas que siguen veremos cómo a su vez la ficción y sus patrones de congruencia son performativos de la política. Y esa dialéctica es la que nos constituye en una síntesis biológica de azar y sentido, de Einstein y Newton.
El relato que sigue en estas páginas está basado en crónicas de actualidad política y cultural publicadas en La Vanguardia a lo largo de la última década, piezas de una antología que arroja una comprensión parcial de la realidad política, pues está condicionada por los cometidos específicos del cronista en el diario. Han sido reescritas desde el ahora para evitarle al lector el engorro de viajar a entonces y eso ha requerido en algunos casos sustracciones y adiciones sensibles, la fusión de textos en un nuevo discurso y la incorporación de artículos inéditos que no fueron publicados en su momento por demasiado atrevidos o fantasiosos —y por voluntad exclusiva del autor, es de rigor decirlo— y que hoy se antojan elocuentes para iluminar aspectos concretos del acelerado devenir político, al que se pretende devolver su aleación con lo simbólico. El propósito es recoser lo ocurrido en la última década en un centón, un patchwork (un tapiz de retales), una narrativa de narrativas que ofrezca algunas claves consecuentes para articular dichos y hechos de la política, saber dónde estamos y arrojar tal vez un poco de luz sobre el porvenir.
El resultado de relectura y reescritura son una veintena de estampas de una pugna dialéctica entre transformación y resistencia que, de forma preclara, vio llegar el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fue él, en el ejercicio de su cargo (2004-2011), el primero en hablar de la perentoriedad de una «segunda transición», de la necesidad de revisar nuestro contrato social rousseauniano. Aquel diagnóstico, fruto de la sagacidad o de la intuición, poco importa, anticipa y explica casi todo lo que ha ocurrido después hasta desembocar en el momento reaccionario en el que estamos inmersos, cruce de pulsiones que recorren todo Occidente y que aquí toman cuerpo en la constelación de un viejo nacionalcatolicismo que huele a Farias, Varon Dandy e incienso de sacristía, con un momento trumpista que, como ha ocurrido en el resto del orbe, está definido por la imantación populista de la más patente y violenta imbecilidad política.
En estos escogidos episodios nacionales pop —por buscar una etiqueta que les dé linaje, si disculpan la coquetería— se hace elocuente, al menos para el autor, cómo se ha construido paso a paso la efervescencia de una pulsión antidemocrática mientras el funcionamiento institucional se esclerotiza, atrapado en el rigorismo del derecho, pero también se da cuenta en ellos de los éxitos parciales en su contención, unos triunfos que está por ver si serán suficientes para evitar que el país regrese al furgón de cola que ha ocupado en la historia de la modernización política de Occidente durante los últimos doscientos años.
Lo cierto es que nadie hizo mucho caso entonces a las dos ideas motrices de la acción política de Zapatero. Por un lado, la de abrazar un nuevo republicanismo, inspirado en el filósofo irlandés Philip Pettit, que buceaba en los principios clásicos de la Ilustración francesa y británica, lo que al caso que nos ocupa consistía básicamente en desacralizar los espacios mitológicos de nuestro propio sistema político, con la santísima constitución y la beatífica monarquía a la cabeza, aunque sin prescindir de ninguna de las dos. Reconfigurándolas. Y por otro lado, consecuencia de lo anterior, la refundación del pacto político de convivencia, en términos sociales, políticos y territoriales. Zapatero logró el fin de ETA y, aunque resulte paradójico, al eliminar la principal rémora predemocrática del espacio político español, la virtuosa estabilidad de los pactos existentes comenzó a experimentar una notable zozobra. El escritor Dioni López —en cuyo buen juicio se apoya a menudo esta antología— postulaba desde tiempo atrás que ETA era el gran contrafuerte de los consensos españoles, incluida la unidad territorial, y que, sin él, la estructura toda de la bóveda del 78 podría verse comprometida. Como así ha sido.
Durante los siete años y medio de mandato de Zapatero se habló tímidamente de reformas constitucionales, pero nunca se abordó nada sustantivo, salvo la socialización de la deuda exterior —la tristemente célebre modificación del artículo 135—. La modernización que el socialista ambicionaba se quedó en un gran salto adelante de los derechos civiles, en clave de liberalismo virtuoso, pero no alcanzó a lo material —abundando pues en la desigualdad creciente y el sacrificio generacional que neoliberalismo neocon, por la derecha, y el socialismo de tercera vía, por la izquierda, habían ido construyendo— ni el impulso democrático que pusiera al día nuestro viejo Estado, una estructura rotunda, de medio milenio, cuyo vetusto funcionamiento describía con crudeza ya en 1854 Karl Marx, en las páginas del New York Tribune escribiendo sobre España:
Lo que llamamos Estado en el sentido moderno de la palabra no tiene verdadera corporeización frente a la Corte, por causa de la vida exclusivamente provincial del pueblo.
Las provincias, he ahí otra de las viejas estructuras emergentes hoy como realidad insoslayable. También damos cuenta de ello. En todo caso, en lo territorial, Zapatero se tuvo que conformar con el impulso de varios nuevos estatutos de autonomía de los que el más importante, el Estatut de Catalunya, fue víctima de una poda humillante en el Tribunal Constitucional que sonó a venganza del Estado Profundo y que se ciscó en la triple legitimidad de su aprobación en el Parlament, en el Congreso de los Diputados y en referéndum. Estas resistencias al programa de aggiornamento español, acuciadas en último término por la brutal onda expansiva de la quiebra del casino de Wall Street en 2008 —un auténtico Chernóbil financiero— impidieron a Rodríguez Zapatero desplegar su reformismo, poner España al día y completar una democratización perentoria en un país que lo era, una democracia liberal, más en la forma y el ansia que en su praxis.
Una democracia funcional requiere una sociedad de demócratas y unas instituciones liberales. Su plan era sagaz en tal sentido: una asignatura de Educación para la Ciudadanía acabaría con los viejos atavismos que una transición pactada había impedido periclitar y a la vez, la encomienda al Ministerio de Administraciones Públicas de una transformación estructural del Estado que no alcanzó gran desarrollo. Pero fracasó también por otro motivo: el suyo fue el primer Gobierno desde el del Frente Popular en la Segunda República que vio morir el fair play democrático y tuvo que convivir con una oposición cuya crítica era una enmienda a la totalidad, a la legitimidad misma de su existencia. El bulo del 11-M —materialización del rencor del aznarismo tras la derrota de 2004— puso sobre la mesa los déficits patentes de la construcción del espacio público español: una insidia lanzada desde los kioscos y amasada en las tribunas políticas que no solo caló entre la población conservadora, empujándola al reaccionarismo, sino que no tuvo coste alguno para sus instigadores cuando fue judicialmente desmontada. Esa ausencia de sanción explica mucho de lo que vendría después. En la política y en el periodismo.
Las primeras manifestaciones de Colón —en las que se fue bregando ese malhumor de ultraderecha que rumiaba tardofranquismo y moscas y que hoy ha cristalizado— las organizó por entonces el PP en comandita con el catolicismo más rancio, hegemónico a la sazón en las sedes episcopales, y en un ambiente periodístico madrileño tóxico y mendaz que gestó los primeros mares de banderas y las primeras acusaciones de traición. Unas y otras menudearían luego en la política y cristalizarían jurídicamente en la desquiciada sentencia sobre el 1-O.
Esas patentes resistencias a la reforma o la rectificación, plasmadas de forma elocuente en la progresiva esclerotización institucional del Estado —entendido en un sentido amplio, de las más altas magistraturas al difuso poder económico y mediático, herederos del rentismo y el caciquismo antiguos como formas predilectas de la organización material y política del territorio—, habían desembocado en dos procesos de ruptura sincrónicos de naturaleza muy diferente, incluso de orientación ideológica opuesta —uno vertical ascendente, hacia la política, cuya zona cero fue la Puerta del Sol, y otro vertical descendente, desde la política, salido de la Plaza de Sant Jaume— que desnudan la crisis material y política del país: el 15-M y el Procés. El reaccionarismo que hoy padecemos es una consecuencia de la resolución inconclusa de ambos y de la inoperancia del moderantismo liberal y progresista para darles curso en el seno de la propia política. Pero también, del pánico paralizante y reactivo en el que entraría el sistema mediático ante ambos. En el caso de la crisis material, ese fracaso se expresa mediante un veto de cuatro años a aplicar el resultado dictado por las urnas en diciembre de 2015. Un asombroso secuestro democrático del que nadie habla en voz alta. En el caso de la crisis territorial, mediante la negativa a cualquier tipo de reforma federal y la apuesta por la represión y el código penal.
El brote reaccionario fue durante mucho tiempo un epifenómeno, al menos en lo institucional, de clara excentricidad minoritaria. Una excreción de la política y del periodismo más podres: el pus nacionalcatólico era el subproducto, la escoria en términos siderúrgicos, del sistema político-mediático. Pero no solo la política y el periodismo, también el Estado intensificó su producción de residuos tóxicos en forma de cloacas parapoliciales y crecientes arbitrariedades judiciales en nombre de la prevalencia del Estado. Cómo se expandió hasta infectarlo todo ese neofranquismo que parecía erradicado es una pregunta incómoda, pero quizá la más importante que hemos de hacernos, por cuanto apela, no a sus protagonistas ufanos —esa combinación de hijos de papá, altos funcionarios y neonazis que conforma la ultraderecha—, sino a todos los demás.
Con matices, esta sucesión de los hechos es más o menos compartida por un amplio número de analistas razonables. Pero en estas páginas se despliega una hipótesis diferente para responder a la pregunta que cierra el párrafo anterior: la instalación de este extraño consenso en el que lo inefable gobierna los debates no ha venido por la acción efectiva de la Panzerdivision, sino del apaciguamiento de Vichy, si se permite la analogía godwiniana. El motivo profundo por el que ese viejo fantasma de la política española —un excepcionalismo tradicionalista, atávico y ejemplarmente alérgico al progreso social, político y mundano— ha acabado ocupando espacios hegemónicos de la retórica pública aceptada, con consecuencias aún difíciles de medir, no reside en la capacidad de sus prosélitos y en la acumulación de orates en púlpitos más o menos marginales, sino en el temblor de piernas de los espacios de la moderación progresista, que eligieron señalar al 15-M de 2011 y a la Diada de 2012 —y sus expresiones políticas posteriores, Podemos y el Procés— como males y no como síntomas. Y esto ocurrió de forma principalísima en el panorama de los medios de masas de raigambre socialdemócrata, cuya ocupación politizadora del espacio público merced a sus ubicuas mesas camilla ha alcanzado tal dimensión que ha ofuscado por completo el debate de país, expandiendo aprensiones estrictamente madrileñas y generacionales, maceradas en un hábitat cortesano, entendido como esa trama de intereses y poderes que rodea a las instituciones del Estado en un espacio de apenas seiscientos kilómetros cuadrados.
La puesta al día reclamada por el analista político Jaime Miquel en el libro de 2015 La perestroika de Felipe VI, hoja de ruta de la imprescindible modernización de nuestra democracia liberal para superar lo que él define como el posfranquismo, una suerte de inercias relacionadas con los mismos vicios que siglo y medio antes denunciara Marx, se frustró. Los foros periodísticos matutinos se han ido expresando, respecto a las tensiones abiertas en lo territorial y en lo material, en dos direcciones que definen la derecha y la izquierda de nuestro espacio audiovisual: por una parte, dando proyección a la retórica reaccionaria más desacomplejada, y por la otra, exhibiendo en el mejor de los casos un patente miedo escénico, refractario al más tibio viento de cambio. El periodismo español, sustancialmente el que se tiene a sí mismo por progresista e importante, ha sido el actor fundamental para instalarnos en un ambiente decadentista, weimariano. Y cualquier posibilidad de que ese sector de la comunicación alumbrara una posición crítica y proactiva respecto a los cambios imprescindibles para evitar el colapso del edificio institucional se echó a perder cuando el jefe de Estado tocó a rebato el 3 de octubre del 2017. La perestroika propugnada por Jaime Miquel, cuyas palabras abren las dos partes de este libro, recibió la extremaunción ese día.
«El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento: percibo mucho miedo en ti», dice el maestro Yoda mirando con ojos inquisitivos al moderador de cualquier programa matutino de debate de cualesquiera de las emisoras de radio y de televisión que irradian a todo el país los miedos de Madrid Corte —cosa distinta de Madrid Villa—. La evidente cobardía no solo ha impedido afrontar el esfuerzo reformista y ha afianzado la resistencia inmovilista, sino que todo ese estremecimiento melifluo y la agresividad destilada hacia el podemismo y el independentismo han acabado por macerar en la audiencia un caldo primordial idóneo para que lo inasumible —el viejo nacionalcatolicismo en lujurioso ayuntamiento con el núbil trumpismo— hayan alcanzado el estatuto de oferta legítima disponible.
Es elocuente de esta culpa profunda del periodismo que en estos años, los problemas reales e inveterados del sistema, la corrupción política bipartita, las cloacas del Estado, la esclerosis judicial, la infiltración de una secta católica ultra en las organizaciones gremiales de las profesiones liberales y en la administración, la incomparecencia de un capitalismo real, las tensiones económicas y políticas recentralizadoras e, importantísimo, la ausencia de competencia en un mercado de la comunicación audiovisual oligopólico —ahí sí hay que señalar a Rodríguez Zapatero, que permitió que el poder catódico en España se concentrase en dos únicos grupos de televisión, ambos en manos de intereses extranjeros, algo impensable en una democracia europea de nuestro entorno—, en fin, todos estos viejos y patentes inconvenientes para la hipótesis democrática, unidos a la creciente desigualdad, es elocuente, decíamos, que no hayan resultado para el común del opinador progresista los verdaderos enemigos del avance del país. Su lugar como objetos deplorables lo ocuparon el independentismo y Podemos. Y así, el problema del país no es que el Ministerio del Interior llegara a cobijar una Stasi con olor a sobaco viejo y lejía barata, sino que desde Catalunya se exigiera una revisión del modelo territorial o que Pablo Iglesias reclamase la prohibición de los desahucios en el país de las casas vacías.
No extraña pues que, como consecuencia de esa complicidad apaciguadora, hayamos normalizado, por ejemplo, el fenómeno del squadrismo —el acoso violento ideado por las brigadas juveniles del fascismo italiano—, que no solo se expresa en el infame hostigamiento y amenazas a miembros del Gobierno y a sus familias, en los ataques a inmigrantes o en el creciente problema de las agresiones homófobas, sino también en el modo en que se ha permitido que se constituyese en empresa el negocio de atemorizar a los menesterosos en sus hogares. Eso es, en último término, Desokupa, una marca que es todo un signo de los tiempos. En el salto cualitativo que va del impertinente y cómico Cobrador del Frac a los grupos de neonazis engordados de clembuterol que cobran por desalojar violentamente a los morosos se expresa el deslizamiento por el que el país se precipita hacia el encuentro con los más infames y sanguinarios de los engendros de su pasado. Y ese tránsito se ha hecho merced a la aquiescencia del viejo progresismo político y periodístico. En el país que más viviendas ha construido en las últimas tres décadas y que aun así padece el más grave problema de acceso a la vivienda en el continente, Desokupa, por detenernos en este caso que ejemplifica un proceso general, es la plasmación de una hegemónica aporofobia que se ha construido paso a paso en cada mesa camilla que tildaba de radicalismo toda propuesta de reequilibrio material.
Todo ello no ocurría en estudios marginales de TDT aromatizados con vino rancio y orina vieja ni en canales de YouTube y Twitch de modernos buhoneros alt-right, sino en nuestras ondas favoritas y más prestigiosas, interrumpido cada pocos minutos por pausas publicitarias declinadas por el pánico interesado que lanzan los proveedores de seguridad doméstica y las alarmas para habitantes de adosado, expulsados de la ciudad por la diáspora que han patrocinado los fondos de inversión. Esa combinación específica de opiniones de mesa camilla, bienintencionadas y vacuas como plegarias de beata, y de publicidad reaccionaria, intimidatoria y mendaz, es la que permite llegar al punto en que a todo el mundo le parezca razonable que unas acémilas tatuadas con esvásticas puedan operar como empresa legítima echando a la gente de sus casas a empellones. Como se ve, que todos conozcamos la parábola de la rana que mansamente se cuece en la olla no es una vacuna eficiente. Tampoco lo es la trágica historia de atraso, hambre, superchería y autoritarismo que ocupó buena parte de los siglos XIX y XX españoles.
Por supuesto, el proceso no está resuelto. No estamos condenados a firmar una rendición humillante a lo Philippe Pétain. El mariscal es una buena parábola para que nuestros comunicadores más veteranos observen que glorias pasadas no previenen de iniquidades venideras, pues Pétain pasó de ser héroe de Verdún en la Guerra del 14 a títere de Hitler veinte años después. Es importante tomar conciencia porque la pugna sigue abierta. Hoy en España, la política disponible no va de la derecha reaccionaria a la izquierda revolucionaria, sino del autoritarismo tabernario a la socialdemocracia amable; tal es el desplazamiento a la derecha del eje político que han tolerado estos espacios tan comprometidos con la democracia y tan progres. Y esto es así por más que los patios de vecinas radiotelevisados de buena mañana, los mismos que han provocado ese movimiento del eje, traten de dibujar una normalidad que quedó atrás cuando el franquismo regresó a las Cortes.
Pero todo ello convive en un marco novísimo, el de una revolución digital que incorpora al espacio público dos novedades: por una parte, una horizontalización de la comunicación que, si bien no es tan poderosa para constituirse en contrapoder de los medios convencionales, que hablan a la mitad superior de la pirámide poblacional en un país proverbialmente envejecido, sí expresa una dimensión alternativa del debate público con notable capacidad de éxito, como lo revela la imposibilidad que hasta ahora ha demostrado la reacción para constituirse en mayoría parlamentaria funcional. Hay un hecho patente y central para este libro: el Gobierno reformista constituido tras las elecciones de noviembre del 2019 había sido elegido por los votantes en los comicios de diciembre de 2015. Los cuatro años que median y las repeticiones electorales —cuatro elecciones generales en cuatro años con idénticos ganadores— prueban que hemos asistido a un bochornoso rapto de la voluntad popular orquestado por toda la artillería mediática, judicial, económica, política y parapolicial a la que los votantes, pese al patente desgaste, respondieron ratificándose en su decisión una y otra vez. Lo contó con extraordinario detalle en televisión Pedro Sánchez, pocas semanas después de ser asesinado por los suyos. Ese fracaso postrero en el secuestro de la voluntad popular es posible en buena medida por esa emancipación digital, que resta poder prescriptor a los viejos conglomerados, pero los cuatro años que median entre el mandato del votante y la conformación del Gobierno son la prueba de sus límites. Y un escándalo mayúsculo. Podemos se pasó cuatro años diciendo «los números dan», pero deberían haber ido un poco más allá y haber reclamado la sustancia del procedimiento democrático: «Los números mandan».
La otra novedad que provee la red, que explica en parte este éxito magullado del veredicto electoral, es una obscena transparencia de todos los procesos políticos y económicos, una condición de lo contemporáneo que desnuda los intereses reales que, en otro caso u otra época, permanecerían en la sombra. La paradoja es que esta visibilidad, esta obscenidad en los quehaceres y los propósitos —dramáticamente explícita en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que hace sus suculentos trueques y tejemanejes a plena luz del día—, no hace más fácil habitar el mundo, sino que, bien al contrario, requiere mayor presencia de ánimo para no dejarse arrastrar por el cinismo. No obstante, estas nuevas herramientas de construcción de discurso son neutrales y no solo permiten expresarse a las opciones de reforma y modernización imprescindibles, sino también cobijar y difundir el fragor cavernícola predemocrático y sus novísimos infundios. Hoy, gracias al empuje de las redes y a la complicidad de los medios convencionales, que debían haber ejercido de guardia de corps de la democracia liberal, tenemos a medio centenar de procuradores de Cortes franquistas sentados en el Congreso de los Diputados.
Recapitulemos: ni siquiera la fuerza del canciller Palpatine y sus poderosos aliados de la patronal galáctica —expresión pluscuamperfecta del poder del complejo industrial-militar y sus derivadas financieras, tecnológicas y energéticas— eran suficientes para derrotar a la democracia. Fue la inestimable comparecencia de la parálisis, el miedo y la endogamia de los espacios democráticos llamados a ser expresión de la praxis reformista y los estamentos endogámicos adjuntos al poder político los que crearon las condiciones de posibilidad de la tiranía. La segunda trilogía de George Lucas es una mirada cruda sobre el fracaso de la izquierda estadounidense: el modo en que los afanados socialdemócratas —los aliados de Padmé Amidala y Bail Organa en el Senado— y los moralistas institucionales —el Consejo Jedi— son enredados por los poderes del capital —la conspiración separatista— para ir a una guerra que no desean expresa la opinión de Lucas sobre el devenir de la izquierda institucional en el cambio de siglo.
Pero dado que la historia y el músculo del narrador se ahorman mutuamente, la responsabilidad de los comunicadores en la deriva que ahora mismo nos mantiene asomados al abismo de nuestro pasado más infausto es crucial. En la adaptación de Peter Jackson de El señor de los anillos (2000-2005), el rey Théoden se pregunta sobre la patente decadencia y el inminente abismo que lo aguarda:
—¿Quién soy, Gamelin?
—Sois nuestro rey, señor.
—¿Tú tienes fe en tu rey?
—Vuestros hombres, mi señor, os seguirán a cualquier final.
—Cualquier final... ¿Qué ha sido del jinete y su caballo?
¿Qué, del cuerno y su reclamo? Han pasado como lluvia en las montañas, como viento en la pradera. Los días se apagan en el Oeste, tras las colinas, sumidos en la sombra. ¿Cómo hemos llegado a esto?
La pregunta no es retórica y la respuesta es incriminatoria, pues Théoden no ha estado en ningún exilio o prisión que no sea la abdicación de sus responsabilidades y su encierro interior, atormentado por un adulador y ensimismado en Édoras, descuidando el reino. En esa escena el rey de Rohan está asumiendo que su neutralidad, su política de apaciguamiento con Isengard y su encierro en la corte han conducido el mundo a la oscuridad. Es importante considerar que, a diferencia de otros escritores inclinados al romanticismo medievalista, como el Arthur Conan Doyle de La compañía blanca, Tolkien, desolado por lo que ha visto en el frente del Somme de la Primera Guerra Mundial, no participa de la idealización de la guerra, es un antibelicista conservador, lo que da mayor significado al juicio de Théoden respecto a su propia pasividad.
Lo pagará con su vida en las praderas de Pelennor. Pero no vayamos tan lejos, no es probable a corto plazo que veamos campos de internamiento para tertulianos de Vichy. Tampoco hay que descartarlo, pues dentro del espacio UE hemos visto a los Gobiernos de Hungría y Polonia silenciar a todo medio de comunicación desafecto y encarcelar a los reporteros, pero las peculiaridades de la geografía política española descartan que, como sí ocurre en esos países, el nacionalismo católico consiga ser hegemónico en la totalidad del territorio. Al menos, a corto plazo. De hecho, en la historia de España, solo lo ha conseguido por la fuerza.
En contra de lo que postulan los seguidores de Guy Debord y su influyente tratado La sociedad del espectáculo, el problema no es la mediación de imágenes ni las exigencias de mercancía que afectan a la producción radiotelevisiva. O al menos, no principalmente, toda vez que la espectacularización por sí misma atañe al modo en que se sirven los mensajes, no a su contenido. Esta crítica marxista de la comunicación pública, esencialmente reaccionaria respecto al progreso y a la democracia, y que exige militar en el fatalismo, omite otras consideraciones sobre decisiones muy concretas de comunicación que tienen un específico sesgo ideológico y que responden a intereses distintos al mero incremento de audiencia. Y regala una coartada o un atenuante que estas páginas no están dispuestas a admitir.
Este es el relato de país que se despliega en las siguientes páginas: una combinación de un Estado artrítico, pero poderosamente instituido que mantiene tutelada una democracia bisoña, sin tradición liberal digna de tal nombre y precariamente ancorada en lo social, lo político, lo periodístico y lo económico… El hispanista Richard Ford, en su trabajo An Historical Enquiry into the Unchangeable Character of a War in Spain definía a nuestro país en 1837 como «ese almacén de costumbres antiguas, ese depósito de cuanto ha sido olvidado y sobrepasado en cualquier otro lugar». Es exagerado aplicarlo al hoy, pero conviene tenerlo presente, pues los surcos históricos, como le gusta repetir a Enric Juliana, tienen la terca capacidad de encauzar y orientar los comportamientos viscerales de amplios grupos sociales. Esto ocurre con la honda raíz histórica de nuestra sentimentalidad católica, entendiendo que una sentimentalidad es un orden moral. La expulsión de los judíos, nuestra impermeabilidad a la reforma protestante, que fue uno de los principales flujos modernizadores de Europa, y el rotundo fracaso de las revoluciones liberales españolas —sobre el que ha aparecido un simpático grupo de afanados revisionistas, integrados en la corriente general de letizismo que ya había afectado al periodismo y a la politología y que ahora también triunfa entre jóvenes y prometedores historiadores— son elementos que no determinan el mañana pero ayudan a entender las peculiaridades del ahora en un país que llegó al siglo XX en los años ochenta como el que llega en una fiesta cuando solo queda Fanta de limón y Licor43, y no queda hielo.
El letizismo politológico es la expresión más depurada de una corriente de neutralización de los furores desatados por el 15-M, y como tal ha encontrado acomodo en los medios, como suele denunciar el periodista y escritor Esteban Hernández, que ha definido su origen, integrantes y propósitos. Sin embargo, su bandera de regeneracionismo palideció ante los retos que supusieron sucesivamente los resultados electorales de 2015 y la aceleración del Procés en 2017. El movimiento, inteligente, juvenil, aseado, modera-do…, se convirtió en un agente elegante de represión y por tanto decayó su causa liberal —la consecución de estándares europeos de democracia— en favor de una crítica de costumbres, envuelta en tecnicismos, contra el único vehículo de modernización liberal de la política española: Podemos. El partido de Pablo Iglesias y su alianza con el de Alberto Garzón, ambos de tradición orgullosamente marxista, a poco que uno se esfuerce en apartar el ruido y atender a sus iniciativas políticas en marcha y a sus programas y acuerdos de Gobierno, se arbitra como una oferta de liberalismo republicano —en lo político— que promulga las recetas neokeynesianas —en lo económico— que la socialdemocracia abandonó para fundar el socialismo de tercera vía, bajo los auspicios de Tony Blair, abrazando los dogmas del neoliberalismo con la fe sobreactuada del converso. Y, al lado de este keynesianismo, una política de recuperación y ampliación de derechos, como los derechos sexuales, la libertad de expresión, la participación política… Liberalismo pues.
Anotemos que este artefacto liberal y keynesiano, capitaneado por un hombre con coleta, es el extremo izquierdo de nuestro eje político: legislar los alquileres como hace la derecha en Alemania, Austria, Suecia, Irlanda o Francia e invertir en políticas de protección pagadas con una reforma impositiva que bascule la carga fiscal hacia las fortunas y corporaciones, como en Estados Unidos. En esto consiste lo que en España se ha dado en llamar «socialcomunismo» y en el resto del planeta es un sentido común de recambio tras el citado Chernóbil financiero que pulverizó el prestigio del utopismo neoliberal. Es decir, que el nuevo consenso cabal y contemporáneo extendido por Occidente está situado en el extremo izquierdo de nuestro abanico de ofertas políticas. Exactamente eso es España hoy.
Además del desplazamiento del eje político a la derecha, otra de las razones que explican por qué los que se presentan como poscomunistas en realidad muestran una praxis política liberal-keynesiana es biográfica: han nacido y crecido en el marco de democracias liberales y bajo la égida individualista del modelo neoliberal. Y eso también se deja notar tanto en su radicalismo democrático como en sus fieras competiciones personales. Paradójicamente, y tal vez a su pesar, han puesto sobre la mesa un programa de modernización de la democracia liberal y a pesar de eso, o precisamente por eso, también han concentrado las iras del centroderecha —cuando lo había— y del centroizquierda —lo que quiera que sea, en este eje dislocado—, que habían renunciado a todo avance en el proceso de modernización que supone la propia democracia, por definición perfectible, y se habían atado al mástil de la sacrosanta transición. Hace veinte años ya que la tendencia virtuosa se ha invertido, tanto en la profundización de la descentralización territorial como en el avance en derechos políticos, laborales y sociales, merced a legislaciones que estrechan el marco de lo disponible, como la ley de Partidos Políticos, la llamada ley Mordaza o las reformas laborales, además de profundizarse las ratios de desigualdad.
En los últimos seis años toda la política ha girado en torno a esa tensión de puesta al día frente a una potencia «atrasista», en afortunado neologismo de Dioni López:
De vez en cuando, alguien se cuestiona los motivos del atraso español. Los tiene delante. El mundo discutiendo sobre las redes 5G o los nuevos modelos de energía o movilidad y aquí estamos con los toros, la caza o Hernán Cortés. Tenemos más atrasistas que progresistas. El atraso español es algo trabajado durante muchos siglos. Es la expulsión de los judíos, la Contrarreforma, la Pragmática Sanción —que impedía estudiar en universidades extranjeras—, la expulsión de los moriscos. La fe por delante de la ciencia o el arte. La Santa Inquisición, la Santa Causa, la Santa Cruzada. Que inventen ellos. Vivan la caenas. Muera la inteligencia. Los Estatutos de Limpieza de Sangre, la compra de partidas de bautismo, la falsificación de genealogías, las denuncias falsas por envidia o para incautarse del patrimonio ajeno. «Al grito de ¡Vivan las cadenas! ¡Muera la nación!, algunos madrileños recibieron a Fernando VII. En la calle Toledo, un grupo desenganchó los caballos de su carruaje para engancharse ellos mismos». Nuestro entorno no es Francia o Gran Bretaña, sino Marruecos o Grecia, sitios donde la religión siempre ha prevalecido. Ni siquiera Portugal es un país de nuestro entorno porque en Portugal no fracasó la revolución liberal. España es el único país europeo en el que el Antiguo Régimen tuvo una Restauración. El Trono y el Altar derrotaron al Estado. España es el único país europeo en el que el Antiguo Régimen ganó una guerra civil. La expulsión de los republicanos, el tercer grupo de españoles que dejó de serlo tras los judíos y los moriscos. El atraso español es algo trabajado durante muchos siglos en los que se ha dejado claro que el progreso es algo ajeno. Tener una idea siempre ha sido peligroso. Divertirse siempre ha sido pecado. Los atrasistas, los que no soportan tener que respetar a todo el mundo, los que se cabrean cuando otros adquieren derechos, los que añoran perseguir o ridiculizar a los demás. Los atrasistas hablan de historia o tradiciones sin tener ni idea de historia o tradiciones. Son los que no saben vivir sin tocar las narices a los demás, sin odiar a alguien, sin insultar… De vez en cuando, alguien se cuestiona los motivos del atraso español. Lo tiene delante. Esta gente, la que habla de toros, caza y procesiones, es la que ha gobernado casi siempre: Los atrasistas.
Hay una evidencia que este estremecedor párrafo no menciona y que, en el fondo, agrava el caso: los atrasistas rara vez han sido mayoría. Por eso, la hipótesis de estas páginas señala por acción u omisión a los neutrales, los mismos a los que repudiaba Gabriel Celaya, que hoy se tienen por oráculos de la comunicación moderada mientras maceran un estado de opinión irritado y paralizante que es condición de posibilidad del nuevo auge de los atrasistas. Sobre todo ello ponen el foco los relatos fragmentarios recogidos a continuación, impresiones poco sistemáticas de un flujo político divididas en dos partes: el marco y la acción —la rígida infraestructura institucional del Estado y los dispositivos provisionales y caprichosos que sobre ella despliega el progreso histórico, tecnológico y democrático—. También valdría contrarreforma y reforma. Con una peculiaridad: al tiempo que emergía en nuestras calles el movimiento feminista más poderoso de Occidente, el protagonismo político era cooptado por cinco hombres de la misma generación: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal, dotando a la acción que aquí se narra de la caduca épica de la virilidad.
En El retorno del Jedi (1983) hay una escena elocuente que es reverso y desmentido de la que abre estas páginas: tras una cena accidentada en la luna de Endor, C3PO narra a los ewoks, con simpáticas dramatizaciones y efectos de sonido, la andadura del grupo de héroes capitaneados por Luke Skywalker hasta ese punto de la historia. Se trata de un ejercicio metacinematográfico. George Lucas ha explicado a menudo el sentido de esas escenas en las que la acción se detiene y se cuenta cómo ha ido una aventura hasta ese momento y cuál es el objetivo inmediato para que el espectador no se pierda. Lo vemos antes del ataque a la primera Estrella de la Muerte, pero también, en La amenaza fantasma (1999), en la cena en casa de Shmi Skywalker que precede a la carrera de vainas. La narración recapitula antes de ponerse en marcha de nuevo. La gracia de esta variación que aparece en El retorno del Jedi es que el espectador no entiende gran cosa, aunque lo intuye: C3PO les está contando La guerra de las galaxias (1977) y El impero contraataca (1980) a unos bichos peludos en un idioma extraño. Pero lo relevante es el efecto que logra: los ewoks nombran a la pandilla heroica hijos adoptivos de la tribu y anuncian su toma de partido en la batalla de Endor en favor de la rebelión y contra el Imperio.
El robot que no sabía contar historias, porque no sabía hacerlas interesantes, cuenta una apasionante y logra construir una ética compartida y una movilización política inmediata. Ese es el poder de las historias, el poder del storyteller: construir una sociedad política responsable y concernida. De esto tratan los cuentos que aquí comienzan. Y este cuentista aspira a tanto de sus lectores como el droide dorado: ser considerado parte de la tribu.
PRIMERA PARTE
LEVIATÁN DESATADO
El viejo Estado
«España nunca ha sido una nación; en todo caso tres, como reflejan los tres sistemas electorales. Viendo cómo están las cosas, es otro de los fracasos obvios del consenso del 78. [...] España es un Estado fuerte, con una burocracia apabullante, con unos procedimientos ejecutivos que te aplastan. Así es España, el bloque burocrático español. Pero también el régimen de Franco era un Estado fuerte y llegó un momento que no dio para más. […] No puedes llevar al candidato catalán al Congreso para decir que “se acabó la broma”. Eso lo dice Tejero, eso es posfranquismo, la España de los Castillos, una utilización partidista de la institución muy burda que el joven, más preparado, ve con claridad, y piensa, “pero tío, no me hagas esto”».
JAIME MIQUEL, analista electoral, entrevista en La Vanguardia, 23 de octubre de 2015
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FRANCO, ETA Y EL 11-M: BREVE HISTORIA DE LO NUESTRO
Cómo y por qué España ha logrado ser un Estado funcional pero no una nación
La oposición a una ley de Memoria Democrática ambiciosa que atienda las recomendaciones de Naciones Unidas viene precedida de un infinito listado de antecedentes a ese rechazo: las resistencias litigiosas a sacar a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, los históricos cariños presupuestarios a la fundación que honra al dictador, la desatención endémica a la búsqueda de los asesinados y desaparecidos del franquismo —una estadística, la de las 114.266 desapariciones forzosas, en la que solo nos supera Camboya, según la ONU— (con la vergüenza internacional añadida de que hayan sido organizaciones extranjeras y ONG las que aportaron fondos a las familias para abrir las fosas ante el cerrojazo del Gobierno de Mariano Rajoy), la disputa del atentado del 11-M y de sus víctimas que ha llevado a que anualmente se conmemore de tapadillo el más grave atentado yihadista ocurrido en territorio europeo, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de la violencia de motivación política en la comunidad autónoma vasca entre 1978 y 1999, la resistencia de Rajoy a permitir la entrega de armas y la disolución de ETA si no era en términos explícitos de rendición y no de reconciliación, y su rechazo a las iniciativas en tal sentido del Gobierno vasco, el empeño por investigar en términos de terrorismo las agresiones de Alsasua, la humillación de la memoria de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, la destrucción institucional del memorial de los republicanos víctimas del fascismo, y, en fin, el uso del Tribunal Constitucional y el Código Penal para legitimar las expresiones renacidas de franquismo. La cuenta de comportamientos del sector conservador y reaccionario español que señalan la deficiente construcción nacional del Estado en términos democráticos es inacabable y elocuente de los motivos por los que, justo al contrario que Italia, que es una nación sólida en un Estado fallido —cuyo funcionamiento heterodoxo radica en la convivencia histórica con otros dos poderes: el Vaticano y el crimen organizado—, España es hoy un Estado sólido (tan sólido que asusta, de hecho) en una nación fallida. Y una democracia muy mejorable. España, un Estado potente, fracasó en la consecución de una idea nacional eficiente en el siglo XIX, y de una idea democrática funcional durante el XX. Esto, claro, no presupone que otros territorios del Estado alberguen construcciones nacionales exitosas, considerando que nación es un término arcano, por su propia condición romántica y literaria, puramente decimonónica. Pero nos estamos adelantando, porque en este asunto es sustantivo entender que pasado, historia y memoria histórica son tres conceptos tan diferentes que a veces ni siquiera tienen puntos de contacto. Y, como veremos, a menudo no los necesitan. Pero para eso vamos a remontarnos un poco. Unos trece mil años.
Es muy probable que el más elocuente y riguroso tratado sobre la historia del hombre, que permite comprender cómo han cursado, triunfado y colapsado las sociedades, civilizaciones e imperios humanos, sea el que escribió un biólogo estadounidense en 1997, una certeza que supongo que ha sido más o menos silenciada por el gremio de historiadores por lo que supone de impugnación de su disciplina y sus mañas. Jared Diamond (Boston, 1937), geógrafo y biólogo, ganó el premio Pulitzer en 1998 con Armas, gérmenes y acero: una breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años (DeBolsillo), un libro de poco más de medio millar de páginas en las que halla las respuestas a la sostenida preeminencia política y tecnológica de Eurasia sobre África, América y Oceanía sin por supuesto apelar a diferencias biológicas entre las razas y sin apenas aludir al nombre propio de jerarca alguno, a la genialidad de un general, a la aparición de tal o cual líder y relato religiosos y milagreros, a un genio inventor concreto o a la política entendida en virtuosos términos maquiavélicos.
La tragedia de la ciencia pura respecto a las autoindulgentes ciencias sociales es que cuando inicia sus pesquisas desconoce si encontrará respuesta o cuál será el signo de esta, y que sus hipótesis requieren verificación fehaciente. Las de la historia, la filosofía o la ciencia política solo exigen relato, debate y suerte. Como el periodismo, poco más o menos. La ventaja de la ciencia, sin embargo, es que, si encuentra la solución, con frecuencia esta tiene la cualidad de lo obvio y las bendiciones del sentido común. A menudo, las respuestas científicas son elegantes, que es otra forma de subrayar su ajuste al principio de parsimonia, más conocido como la navaja de Ockham por haber sido postulado por el filósofo Guillermo de Ockham (1280-1349), en el que se inspiró Umberto Eco para crear su célebre Guillermo de Baskerville de El nombre de la rosa, en memorable doble guiño al escolástico y al detective de Arthur Conan Doyle. El principio de parsimonia establece que, en igualdad de condiciones, la respuesta más sencilla acostumbra a ser la más probable. No es una ley de hierro, pero sí una propensión, una disposición a priori que siempre ha de considerarse. Economía del pensamiento. Dicho de otro modo, el principio de parsimonia es el antídoto a las sofisticadas teorías de la conspiración.
En Armas, gérmenes y acero, Diamond, que estudiaba algunas especies de pájaros en Nueva Guinea, trata de responder a una pregunta de su guía nativo respecto a las causas de la superioridad tecnológica y política de la civilización occidental. Por qué triunfaron las naciones blancas. El biogeógrafo estadounidense decidió aplicar a la historia del devenir humano las mismas destrezas científicas con las que la ciencia estudia el resto de especies vivas, contemplar al humano como si él no lo fuera, considerando el progreso de sus poblaciones, su relación con el medio y el alcance y consecuencias de sus sucesivos progresos para intentar responder a esa pregunta de apariencia tan simple. Dónde surgen las escrituras más antiguas, la agricultura, las organizaciones sociales y políticas más sofisticadas, y cómo evoluciona todo ello en función de la hostilidad o amabilidad del medio, la centralización del poder y los éxitos bélicos de unas sociedades sobre otras. Por explicarlo en pocas palabras, Diamond concluye e ilustra profusamente que son tres las causas de la preeminencia eurasiática sobre América, África y Oceanía (lo que incluye Australia): la presencia de grandes mamíferos domesticables, la susceptibilidad de las plantas locales para aportar alimento y ser desarrolladas para la agricultura (mediante rudimentarias prácticas de modificación genética), y la influencia de la orientación del eje mayor continental, que en el caso de Eurasia es paralelo al Ecuador —es decir, conforma un amplio corredor longitudinal de territorios de clima templado—, frente a la disposición perpendicular al ecuador de América y África, una sucesión de climas muy variables y barreras geográficas evidentes que alcanzan su grado máximo en la insularidad de Oceanía. El peso de esta variable geográfica lo ratificó años después la evidencia de una mayor diversidad lingüística en los continentes de orientación norte-sur, indicio de un menor contacto entre sus habitantes.
El crecimiento de las poblaciones dio origen a la política y había sido condicionado por la agricultura, y a su vez esta, por la disponibilidad de especies vegetales y de grandes mamíferos domésticos, los cuales obviamente servían de alimento pero también de fuerza de trabajo. Trece de los catorce grandes mamíferos susceptibles de domesticación habitaban solo en Eurasia. La llama andina es el decimocuarto. Uno de los trece, el caballo, fue además determinante en todo conflicto armado anterior a la Primera Guerra Mundial, lo que resultó obvio durante la conquista de América por las monarquías europeas. La convivencia con ganado y el mayor tamaño de las poblaciones campesinas también propició el desarrollo de enfermedades infecciosas y endémicas, y a largo plazo, una creciente inmunidad a ellas. Por mencionar uno de los muchos casos de estudio de Diamond en su monumental libro, no fue tanto la gloria bélica de Hernán Cortés, sino los caballos y, sobre todo, los gérmenes, quienes permitieron a Europa diezmar a los indígenas americanos. En realidad, también pesó la astucia política de Cortés, la propia de los Estados sofisticados europeos, muy distintos de los cacicazgos y protoestados que conformaban los imperios precolombinos. Pero esa sofisticación, a su vez, es producto de la progresión demográfica continental, que tiene su raíz última en el desarrollo temprano y exitoso de la agricultura, la ganadería, las industrias artesanas y la escritura.
Otro caso notable que ilustra estos procesos es el de China, cuya integridad y vastedad territoriales, comparadas con la fragmentación europea, tiene su causa en la mayor uniformidad geográfica de este imperio asiático. A la vez, esa dependencia casi continental de un solo poder político central explica cómo el peso del capricho individual, lo contingente, la voluntad de un jerarca, impidió a Oriente convertirse en una gran civilización expansiva en ultramar, mientras los estados europeos competían por la conquista de nuevos continentes.
Por no ser más prolijo en explicaciones sobre Armas, gérmenes y acero, sus conclusiones, que atribuyen a factores ambientales dados la preeminencia occidental, es un magnífico antídoto contra el etnocentrismo europeo, pues permite descartar cualquier ventaja previa biológica o racial, y cualquier sueño de mitificación nacional. Ningún reino debe a otra cosa que a un accidente geográfico sus glorias. Si las tuviera. En sus propias palabras, añadidas en la reedición de 2003, cinco años después de la edición original y siete después de haber escrito el libro, Diamond ratificaba sus certezas:
La conclusión principal es que las sociedades evolucionaron de diferente modo en diferentes continentes debido a las diferencias existentes entre cada uno de los entornos continentales, no a causa de la biología humana. […] Las especies silvestres domesticables más valiosas se concentraban en solo nueve pequeños territorios del planeta, que, así, se convirtieron en las primeras patrias de la agricultura. Los habitantes originales de estas tierras consiguieron con ello cierta ventaja para desarrollar las armas, los gérmenes y el acero. Los idiomas y los genes de los pobladores de estas tierras, así como su ganado, sus cultivos, sus tecnologías y sus sistemas de escritura acabaron siendo dominantes en los mundos antiguo y moderno. Los descubrimientos realizados en la última media docena de años por arqueólogos, genetistas, lingüistas y otros especialistas han enriquecido nuestra comprensión de este relato sin alterar sus líneas maestras.
Esta aproximación científica a la historia permitió a Jared Diamond establecer después una hipótesis tentativa sobre el futuro de la humanidad en Colapso (DeBolsillo), estudiando los elementos comunes en la desaparición completa de civilizaciones, como los amerindios anasazi o el imperio Moái de la Isla de Pascua. En Colapso —que partía de la provocadora frase «¿Qué pensó el hombre que cortó el último árbol de la Isla de Pascua?»—, Diamond previene al mundo contemporáneo de los riesgos de extinción que afectan a todas las sociedades, naciones o estados por igual, a partir de las conductas de las civilizaciones que se extinguieron. Los riesgos de extinción, incluso, de la vida humana. Y establece la condición finita y precaria de lo que tomamos por inmarcesible.
Tal esfuerzo riguroso de verificación y contraste lo apreciamos también en Los ángeles que llevamos dentro, del científico canadiense Steven Pinker, un estudio que sostiene que la disminución de la violencia entre humanos es progresiva, real y verificable casi en cualquier época histórica, y la vincula a indiscutibles progresos de la política, la ciencia y la demografía. Con cifras de increíble consistencia a lo largo de los milenios. Lo extraordinario de este mayúsculo trabajo de investigación —más de un millar de páginas— es que constata el efectivo progreso humano —moral y político, no solo tecnológico— en un momento en que las disciplinas de pensamiento no científicas, es decir, los llamados intelectuales, se refocilan afirmando lo contrario. Y ayuda a combatir cualquier reconstrucción nostálgica del pasado, que a todas luces fue peor. La reducción del peso político de las religiones y la progresiva sofisticación de los sistemas políticos son dos de las claves de ese proceso de erradicación de la violencia como modo de relación de las sociedades. Sin embargo, la nación no es un factor. Lo es el Estado. Es cierto que algunos autores han cuestionado la verificabilidad de algunos de los datos recogidos por Pinker e incluso de sus deducciones, pero ninguna de las críticas contra su trabajo tiene suficiente entidad como para poner contra las cuerdas la tesis principal: que los pueblos progresan hacia entornos de menor violencia entre humanos.
Las disciplinas de conocimiento conocidas como de letras, las humanidades, ponen muy poco empeño en explicar y mucho esfuerzo en contar, esa afición a la que este libro se consagra. En ese proceso previo es donde acude en nuestro socorro la ciencia. Porque, de no hacerlo así, los contadores con mucha frecuencia nos enamoramos de la metáfora y pretendemos convertirla en categoría interpretativa. Es un indudable hallazgo feliz del filósofo Zygmunt Bauman su metáfora de la liquidez como patrón para entender el presente, en Modernidad líquida. Su ingenio hace que incluso se le perdone ese componente de abdicación, la renuncia a elucidar la complejidad como principal atributo de lo contemporáneo que supone acudir al símil del fluido. Lo que no tiene tanto sentido, salvo el de la rentabilidad editorial, es que la supuesta cualidad líquida de la modernidad —informe y en permanente mutación— se convierta en un patrón de interpretación que valga para todo: el miedo líquido, la educación líquida, el amor líquido…
El mundo se explica con verbos, pero se narra con metáforas. Explicar el mundo o narrar el mundo son modelos de pensamiento en permanente conflicto, una pugna, por cierto, en la que como ven se debate el periodismo. La hegemonía del segundo obedece a causas evidentes a las que ya hemos aludido: narrar da sentido, explicar solo describe; narrar conjura la contingencia, para explicar hay que abrazarla. De ahí la perentoriedad del acto previo, el de la comprensión mediante todos los instrumentos de conocimiento disponibles, de los que el rigor cartesiano del método científico ha de ser imprescindible estación de paso. A su vez, hay que ser precavido con los efluvios hipnotizantes de la ciencia, que tienden a encerrarse en una compresión autoafirmativa de los procesos humanos y conducir a la negación de la capacidad jerarquizadora y significativa de la narrativa. La tecnocracia, producto de un racionalismo fanático, es uno de los principales enemigos de la política, como ha tenido ocasión de experimentar Occidente en el último medio siglo. Si la demagogia es el verbo humillando a la cosa, la tecnocracia es la matemática queriendo gobernar a la narración.
No obstante, el sarpullido que, en oficios letraheridos como el periodismo, se experimenta ante la ciencia y por tanto, la habitual incapacidad para una síntesis del saber y el contar, tiene profundas razones relacionadas con la pereza. Porque, por encima de todo, narrar requiere intuición e ingenio, mientras que explicar exige trabajo y formación. Solo eso permite entender que un filósofo como Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, más conocido como George Santayana —porque nacer, nació en Madrid, pero a todos los efectos es estadounidense, desde los nueve años, y formado en Harvard, poca broma—, se permitiera soltar con toda solemnidad una lindeza sin trámite de verificación alguno y que esta haya tenido un pernicioso y longevo éxito planetario:
Los pueblos que no pueden recordar su historia están condenados a repetirla.
Es grave porque Santayana no era un letraherido cualquiera y siempre fue un devoto de la ciencia y, en particular, de la biología evolutiva, lo que hace aún más incomprensible e injusto que pasara a la historia por semejante vaguedad y no por sus trabajos sobre la belleza o la razón. En esa afirmación rotunda y banal, y otras de similar jaez de otros oráculos de las humanidades, descansa buena parte de la devoción por la rememoración luctuosa de las sociedades presentes, condición indispensable para la nación. No, no hay ni un ápice de verdad verificable en la frase de Santayana, no es más que un afortunado eslogan, y por tanto no vacuna a las sociedades de ningún mal futuro, como lamentablemente estamos empezando a percibir en la Europa actual. Pero para lo que sí sirve la fiebre memorialista es para construir nación, en la medida en que esta es un consenso de sentido colectivo, una metáfora.
Otro filósofo y ensayista, David Rieff (Boston, 1952), empalagado de tanta rememoración solemne, escribió en 2012 un atrevido ensayo titulado Contra la memoria, en el que postulaba que lo de Santayana no solo no es tan así, sino que con demasiada frecuencia es al revés, los pueblos que conmemoran con gran ademán victorias y derrotas son más proclives a sufrir y aplicar violencia:
En lo relativo al argumento de que es probable que la memoria de la Shoá tenga un efecto disuasorio, simplemente no es posible evitar la conclusión de que estamos ante un pensamiento mágico, y muy extremado.
Quizá la prueba más destacada de lo que dice Rieff sea la coincidencia temporal entre celebrados lavatorios morales sobre el Holocausto como el filme húngaro El hijo de Saúl (2015), de László Nemes, galardonado con el Oscar de la Academia, y el giro que en su propio país, Hungría, ha ido experimentando la política de la última década, con un creciente nacionalismo caracterizado, entre otros atributos, por una xenofobia manifiesta pero también por un radical negacionismo de la acreditada complicidad húngara con el régimen nazi y, muy en concreto, con el exterminio de judíos. Hoy en Budapest hay un horroroso monumento que trata de fijar la idea de que Hungría fue víctima de la Alemania nazi —que al final, lo fue, cuando previendo el desenlace quiso cambiar de bando— y no uno de sus más aplicados cómplices en el exterminio judío. Es imposible sostener sin el concurso de un cinismo olímpico que la rememoración contrita de la masacre judía que supone la premiada película nos haya prevenido del actual neofascismo de Viktor Orban.
Unos cinco años después de su lanzamiento, se publicó en España la versión corregida y ampliada por David Rieff de su propio ensayo, retitulado con más mesura Elogio del olvido. Las paradojas de la memoria histórica (Debate). Rieff se explica antes de que le tiren piedras:
No sostengo que siempre sea un error insistir en la rememoración como imperativo moral. Cuando se ha encubierto un crimen histórico o una tragedia, incluso si ocurrió mucho antes de que nacieran todas las personas que están vivas hoy, o si los libros de historia cuentan mentiras o medias verdades sobre lo sucedido, o si las realidades de lo acontecido simplemente se han embrollado, no importa si por malicia o ignorancia, levantar el velo sobre lo ocurrido casi siempre es bien recibido.
En su ensayo, Rieff pone especial ahínco en este enfoque funcional, no moral. No se pregunta qué es lo más justo, sino qué es lo más eficaz a la hora de evitar violencias y derramamientos de sangre futuros. Justicia y paz no siempre son compatibles. Las transiciones a la democracia de Chile y España, a las que dedica atención en su ensayo, son ejemplos elocuentes de esta incompatibilidad temporal. Con matices, claro, pues si bien ambos países eligieron transiciones basadas en el olvido como bálsamo, y de hecho la transición chilena de 1990 está bastante inspirada en la española de doce años antes, el proceso de Chile —país que, no por casualidad, estrenó los furores del shock neoliberal por la vía de las armas y una década antes de que Thatcher y Reagan los exportaran a todo Occidente— ha puesto de relieve su precariedad apenas veinte años después. La desconfianza de Rieff, no obstante, respecto al principio de Santayana, pero también respecto a las teorías del filósofo e historiador Tzvetan Todorov, y las del activista de los derechos humanos Meir Margalit, partidarios ambos del deber moral de la rememoración, se basa en lo ocurrido tras la fundación del Estado de Israel y el conflicto con el pueblo palestino y los países árabes tanto como en la salvaje guerra yugoslava, en la que Rieff se desempeñó como periodista.
No sostengo que el olvido sea una respuesta adecuada en los casos en los que la justicia o el perdón (o ambos) constituyen una opción realista, que son muchos, algunos de ellos graves y al parecer intrincados. Sin embargo, el criterio definitivo no debe ser el ideal, sino el probable, o al menos, el factible. […] El lema contra la guerra de Vietnam de finales de los sesenta, «dar al olvido una oportunidad», es otra manera de decir que es hora de darle a la política una oportunidad y al idealismo, un descanso.
Hay un aforismo de Voltaire, inspirado en un refrán italiano, que resume con admirable economía de términos este pensamiento: «Lo mejor es enemigo de lo bueno». Al principio idealista de considerar que existe una solución perfecta y total a un determinado problema, lo bautizó el economista Harold Demsetz (Chicago, 1930) como la falacia del Nirvana. Con nuestro proverbial empeño en simplificar, la práctica totalidad de entrevistas que Rieff concedió en España en 2017 con ocasión de la reedición de su ensayo, se convirtieron en debates en los que los periodistas lo acusaban, con más o menos tacto, de boicotear la precaria ley española de la Memoria Histórica, y él empeñó su paciencia en negarlo y en explicar que las cosas son un poquito más complejas. No es necesario abjurar de la memoria histórica en los términos a los que aludía Rieff, como aplicación del principio de reparación y verdad:
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica probablemente estaba en lo cierto cuando sostenía que la España del siglo XXI ya no necesita el pacto del olvido. […] En Francia y en España, a pesar de los problemas que enfrentan, las grandes guerras y crímenes, casi con absoluta seguridad, han quedado atrás. Eso implica que los riesgos derivados de la rememoración pueden ser manejables, incluso si las recompensas no resultan tan grandes como aseguran rutinariamente los activistas, los abogados internacionales y los promotores de los derechos humanos.
Esta frase fue dicha treinta meses antes de que el neofranquismo iniciara su despegue político en España en las elecciones andaluzas del 2019, lo que significa que introduce nuevos factores de discusión en este dilema. Lo que nos lleva a su vez al núcleo conceptual del asunto, la relación entre pasado, historia y memoria histórica, y su interacción con la creación de identidad colectiva. El pasado son hechos, en los términos en los que Jared Diamond o Steven Pinker analizan los procesos verificados de las sociedades humanas. La historia debería ser poco más o menos lo mismo, pero no lo es, no tanto por el discutible rigor del método de los historiadores, que cada vez emplean técnicas de investigación y verificación más rigurosas y homólogas a las del método científico, sino por la forma convencional en que luego sus descubrimientos son vertidos en tesis, siempre tocadas por el aroma de la narración, para dotar de un sentido y una significación convenientes al presente que se vive o al futuro que se ansía. Así, en los tratados de Historia toma cuerpo el hábito de sobreexponer comportamientos individuales, elegir un discurso con sentido, establecer un marco de sujetos políticos concreto, que buscan legitimidad y que condicionan la totalidad del relato —el reino, la nación, la clase social…—, y privilegiar la orientación que ofrecen las ideas como bastidor sobre el que colocar los hechos. Por volver a la taxonomía establecida más arriba, la historia cuenta en lugar de explicar. Cuando se practica con sobriedad no falsea los acontecimientos, pero sí los jerarquiza en una sucesión con una dirección y un sentido que apuntan al presente y cuando la vocación es política, apenas disimula su pretensión de escribir el futuro. Y no es el de Elvira Roca Barea y su Imperiofobia y la leyenda negra un caso excepcional, sino más bien común, pero muy elocuente de esa vocación de proyectarse en un sentido político concreto hacia lo venidero. Los jóvenes historiadores letizios a los que aludíamos en la introducción, como se ve, no están solos en sus propósitos.
La relación entre el pasado y la historia es por eso muy similar a la que el individuo establece entre sus recuerdos y la memoria, siendo la segunda una vertebración concreta de lo sucedido, articulada para dar sentido al presente, como veremos más adelante. Es decir, una reorganización retrospectiva de los recuerdos en función de una identidad construida desde el hoy. La socióloga y politóloga francesa Dominique Schnapper expresó esta paridad de forma sintética:
Tanto para los individuos como para los pueblos, la memoria es el predicado del ser.
La memoria histórica, según los postulados de David Rieff, va un paso más allá y es más bien un convenio establecido por cada sociedad en un momento histórico determinado respecto a su historia, con un sentido moral y político en el que los hechos son en cierta medida secundarios y lo importante es el sujeto: la sociedad contemporánea al caso, y su vocación política. El pasado y la memoria histórica son pues principio y final de una ecuación de producción de sentido e identidad que tiene a la historia como estadio intermedio, siendo el pasado la materia prima y la memoria histórica, un sofisticado producto manufacturado. De ahí que, aunque haya pasado por ser un pensamiento cínico, este de Friedrich Nietzsche, es pertinente al caso:
La interpretación que prevalezca en un momento dado es una función del poder y no de la verdad.
Por eso la historia y el pasado no son demasiado importantes para construir nación, pero la producción de memoria histórica es condición sine qua non. Llevado al campo de lo individual, si nuestra memoria, no nuestro pasado, es el combustible con el que opera una identidad, la creación de una identidad colectiva nacional necesita de la memoria histórica, en aplicación de la máxima antedicha de Schnapper. Necesita pues conmemoración, consenso moral sobre las tragedias y los éxitos pasados, a pesar de y gracias a la distorsión y mitificación que tal proceso exige. De ahí que el esfuerzo de José Luis Rodríguez Zapatero por establecer, casi ochenta años después, un convenio sobre la Guerra Civil y el franquismo fuera requisito para consolidar el precario concepto de nación española, por más que desde sectores conservadores fuera visto como justamente lo contrario, una amenaza a la identidad. El de Zapatero era, en sentido estricto, un propósito nacionalista. Es de justicia reconocer que, tras la transición democrática, la superestructura política del Estado trabajó por levantar, con impulso intermitente y disímil y aunque fuese sin el concurso de una ley específica, un consenso de memoria histórica que facilitara, en primer término, la reconciliación y la reparación moral a las víctimas, y en segundo, la construcción de una identidad nacional. Fue un intento modulado por la tibieza que exigía la tensa relación con los poderes del régimen anterior. Pese a todo, el silencio avergonzado del franquismo sociológico durante dos décadas fue la prueba patente de que el empeño fue parcialmente exitoso. A punto de terminar el siglo parecía incluso que los viejos símbolos nacionales —la bandera y el himno— estaban en curso de desamortización del componente fascista afianzado durante cuarenta años de dictadura. Con ese fin, el de construcción inclusiva, se creó el llamado Estado de las Autonomías, hoy exangüe.
Pero con el cambio de siglo y una rotunda mayoría absoluta conservadora en el Parlamento, el presidente José María Aznar cambió el plan y trabajó con ahínco en la reconstrucción de una identidad nacional de otro tipo, una de carácter puramente castellano, irradiada desde Madrid y recobrando los viejos avíos de memoria histórica imperial que había esgrimido el franquismo. Es decir, escrita desde el centralismo y los mitos antiguos. Una memoria histórica imperial, vertical, autoritaria, inversa a la del convenio territorial, político y generacional que se había tratado de afianzar en el periodo anterior. Isabel la Católica se convirtió en inopinado referente político en los primeros años del siglo. No es casual que las relaciones de La Moncloa con el nacionalismo vasco se torcieran por entonces —con el concurso de otros factores, de los que el terrorismo de ETA fue el más importante— y dieran paso a un proceso de mutua aversión que se explicitó en el llamado Plan Ibarretxe. El Procés sería la siguiente consecuencia de ese mismo rearme del nacionalismo castellano. España ya no aspiraba a ser una nación que auspiciara a todas sus identidades territoriales, sino a definirse como una antagonista de ellas. Tomó cuerpo entonces el incombustible postulado de Pascal Bruckner, en el que entraremos en detalle más adelante:
En la afición cristiana a la mortificación, hay una voluptuosidad del poder.
Hubo una evidente cooptación política de las víctimas de ETA, que se convirtieron en actor político de primer orden nada inocuo, pues eran el soporte de legitimación moral de esa reconstrucción nacional que dejaba de ser funcional —es decir, fruto del pacto democrático y de una voluntad política de acuerdo—, definiéndose por oposición a los relatos nacionalistas de Euskadi, primero, y de Catalunya, como veremos, unos años después. Que haya tantas dificultades para pactar un cierre político al terrorismo etarra, que una década después de cesar aparece cada semana en el diario de sesiones del Congreso, es la consecuencia lógica de aquello. Si las víctimas eran legitimación de autoridad moral del relato nacional, el fin del terrorismo etarra es, en términos estrictamente pragmáticos, un revés para esa construcción de identidad antagónica.
Más llamativo fue lo ocurrido con el 11-M. Si debido a las expulsiones de judíos y musulmanes de la Edad Media, España se constituye como reino, primero, y como Estado, después —aunque Marx pusiera en duda que no fueran una cosa y la otra lo mismo—, inscrito en la exclusiva cultura cristiana y no conoció un proceso intenso de mestizaje cultural hasta este siglo XXI, y toda vez que los terroristas de Cercanías eran extranjeros —a diferencia de lo que ha ido ocurriendo con el yihadismo en Reino Unido y Francia, donde los atacantes casi siempre son nativos de esos países—, aquel terrible momento de duelo nacional era una ocasión manifiesta de creación de identidad común porque trazaba una definición de atributos y valores políticos y culturales clara y en oposición a la de los asesinos. Eso hacían en la manifestación de repulsa en Madrid, encabezándola, el lehendakari y el presidente de la Generalitat, servir a la idea de España una oportunidad de oro de establecer consensos. Aznar eligió otro camino. Por razones de política exterior y de urgencia electoral, el sector conservador español, con el presidente del Gobierno a la cabeza, desaprovechó esta evidente llamada a la solidaridad de lo común. El exhorto sí lo entendieron los líderes nacionalistas de Catalunya y Euskadi. La solidaridad con Madrid expresada por todas las sociedades de la península, aun las que vindican una nación propia, daba la medida de la ocasión de conciliación que suponía aquel luto. El error de enfoque de la derecha, inmediatamente desalojada del poder, llegó al punto de intentar durante años construir una ficción retrospectiva según la cual la socialdemocracia y ETA —la izquierda y el separatismo— eran los verdaderos responsables de la matanza de Atocha. Eran pues el enemigo de la nación. Todo lo cual, por cierto, sirvió para tapar una sucesión de hechos muy incómodos: en 2001, las relaciones entre España y Marruecos se tensaron al punto de que Rabat retiró a su embajador en Madrid. Meses después, Aznar cancelaría una cumbre bilateral entre los dos países aduciendo que la presidencia española de la UE requería toda la atención. Luego vino la invasión de Perejil y posterior recuperación, ridículamente vendida como una victoria bélica de Playmobil por el Gobierno del PP. Un año después, un grupo yihadista marroquí volaba la Casa de España en Casablanca matando a cuarenta y cinco personas. Y diez meses más tarde, otro grupo, también marroquí, ocasionaba en Madrid el mayor atentado yihadista de la historia del continente. Este hilo quedó ocluido por la mendacidad de las portadas y nadie pareció reparar nunca en él.
Con la expansión de la mentira del 11-M, España se definía ya, no solo en oposición a los nacionalismos periféricos, sino también, a la mitad progresista del país. El paroxismo de esta conducta políticamente paranoide —y por tanto, desmentida por el principio de parsimonia—, que supuso una impugnación de cuanto se había avanzado en el periodo finisecular en la construcción de una frágil identidad común, es que la placa que hoy rememora la masacre en el madrileño parque del Retiro, ante un promontorio en el que hay plantados 192 árboles, tantos como fallecidos causó el ataque islamista, habla de «todas las víctimas del terrorismo», pero no contiene ni la más leve mención al atentado de Atocha que conmemora. Que la asociación de víctimas de este atentado haya sido repudiada y humillada en reiteradas ocasiones por sectores políticos e incluso por otras organizaciones de víctimas no es más que la consecuencia inevitable de la grosera manipulación política del valor moral de la víctima que se había llevado a cabo durante años. Volvamos a Rieff:
Hay pocos fenómenos más socialmente incontrolables y, por ende, más peligrosos políticamente que un pueblo o un grupo social que se tiene a sí mismo por víctima.
Los tiempos que siguieron solo acuciaron esta tendencia autodestructiva de los heraldos de la nación española. La trágica paradoja es que los defensores de la unidad hayan sido los que con más entusiasmo trabajaron en socavarla, contaminándola de exclusión. El rechazo a la asignatura de Educación para la ciudadanía, otro evidente instrumento de construcción colectiva, es otra muestra de esta equivocada alergia a los mecanismos que podrían coadyuvar al proclamado objetivo de conseguir la hegemonía para un relato unionista contemporáneo, en beneficio de una antigualla historicista medieval tan falsa como un duro de madera. No extraña pues que fueran banderas españolas, constitucionales y fascistas hermanadas en una misma causa, las que expresaban la protesta de Falange Española ante el Ayuntamiento de Madrid por una conferencia de Carles Puigdemont en 2016. Es la prueba de cargo de la irreversibilidad de ese proceso de intoxicación ideológica del que se pretendió símbolo común y hoy apenas cumple una función neutra en el ámbito deportivo.
Cabe pensar que hay otro motivo, además de la impericia de sus adalides, en la deficiente instalación de la identidad española en el seno de un Estado tan potente y veterano como es el español. Tomando como referencia las imágenes de las monumentales efigies derruidas de los imperios caídos, desde el romano al soviético, en España, la prudencia aconsejó en su momento que no hubiera una revancha contra los símbolos franquistas, una cordura que hoy ha derivado en la patológica anomalía de la permanencia de colosos inasumibles por una democracia convergente con Europa, como el caso del Valle de los Caídos. David Rieff opina sobre esta pulsión de destrucción de los símbolos preteridos por la historia:
Hay buenas razones para sostener que cuando no se dan esos momentos iconoclastas, es menos probable que se alcance una transición efectiva de un tipo de sociedad a otro.
Decíamos que la memoria histórica no es tanto un catálogo de hechos, sino una articulación metafórica del pasado con un propósito moral y político, en el mejor sentido, y que es el requisito de cualquier construcción nacional, toda vez que la nación es antitética del reino —en la medida en que la primera es un contrato social de consuno y el segundo es una función de autoridad— y discurre por territorios semánticos por completo ajenos al concepto técnico de Estado, que es un espacio jurídico y territorial reglado en torno a una administración funcional. La nación, intangible y metafórica, es una construcción literaria que aglutina solidaridades y propósitos comunes y que solo opera como real en la medida en que es asumida por una sociedad en un momento dado, explica Rieff. En tal sentido, que es el romántico del término, Euskadi ha tenido bastante más éxito en construirse como nación porque ha conseguido diseñar una memoria histórica y moral de cierto consenso, anclada en el fuerte peso cultural de una arcadia rural pastoril y en objetivos más o menos compartidos de modernidad y prosperidad. En el rally soberanista catalán hoy declinante, en cambio, hay menos éxitos en términos nacionales, salvo en el afianzamiento de la amenaza exterior, que toma cuerpo en la creación de un extendido sentido peyorativo para el topónimo «Madrid». Sin embargo, se ha conseguido algo parecido a lo que la transición pretendió para el conjunto del Estado: un orgullo de condición y el pragmatismo de una voluntad solidaria, en este caso, la de constituirse en Estado o, cuando menos, disponer del derecho a hacerlo. La impericia en la gestión política de esos factores crearía un monstruo, como veremos más adelante, pero eso es harina de otro costal.
De acuerdo con estos postulados, podemos concluir que, situados en el ahora mismo y considerando la nación como metáfora de identidad, es decir, según su cualidad de mito, la española es un fracaso —porque no es hegemónica en el territorio que pretende serlo— en la misma medida en que la vasca es un éxito. Y la catalana es un vaso a medio llenar, un artefacto heterodoxo de voluntades, pragmatismos y mitos eficaces, el menor de los cuales no es el de la aviesa condición del enemigo unionista. Lo que, sin embargo, no es perentorio de cara a la construcción de convivencia.
Porque la pregunta sucesiva, consecuente con la de Rieff respecto a la perentoriedad de la memoria histórica, conduce a poner en entredicho la necesidad de naciones. La ciencia dictamina que la nación no es condición de progreso de una sociedad ni agente que reduzca la violencia de los pueblos. Como vemos en los citados trabajos de Jared Diamond y Steven Pinker existían convivencia, solidaridad y ley mucho antes de nacer el concepto nación, pese a su evidente vocación de reescritura retrospectiva, y no hay una sola razón para pensar que no puedan existir cuando este término romántico esté cogiendo polvo en los anaqueles de la historia. Es importante considerar la reflexión de David Rieff respecto a la condición volitiva de la mitología del pasado:
Aunque es cierto que obviamente un individuo no puede elegir el olvido en el sentido literal [toda vez que es una función fisiológica involuntaria], también es cierto que las sociedades no pueden elegir el recuerdo en el sentido literal. Y esto se debe a que, a diferencia de la memoria individual, la memoria colectiva es asimismo una metáfora. […] Si las comunidades de la memoria y los recuerdos colectivos que deciden compartir son constructos sociales —y claro que lo son—, no es más artificial, inmoral o imposible plantear en y por sí misma la viabilidad de una comunidad socialmente construida a partir del olvido que otra construida a partir del recuerdo.
Luego cabe una comunidad plausible pero no nacional. La pregunta sobre la pertinencia de prescindir de naciones puede ser contestada en los términos de funcionalidad que establece Rieff para la memoria: podemos prescindir de las naciones siempre que no sean metáforas eficaces para resolver la convivencia. Así de simple. Y en España, no lo son. En los mismos términos en que los estados modernos prescindieron de religión y la confinaron al ámbito de las actividades y creencias privadas. Desde una mirada laica, sabiendo que se trata de constructos sociales, es decir, de procesamientos dirigidos del pasado y de la identidad colectivos con un propósito, no hay ningún motivo que las haga imprescindibles, sobre todo si consideramos las dificultades de su elaboración tardía. Incluso Todorov, defensor de la perentoriedad de la memoria histórica, es consciente de los riesgos de construir espacios sagrados de adhesión a partir de la metaforización de la historia:
El sendero entre la sacralización y la banalización del pasado, entre servir los propios intereses e impartir lecciones morales a los otros, puede parecer estrecho. Y sin embargo, está presente.
En Elogio del olvido, Rieff también alerta de los riesgos de esa entidad literaria:
Por supuesto que existe la memoria colectiva, pero solo metafóricamente, lo cual la somete a numerosas distorsiones que deberían poner bajo una intensa presión moral y ética sus pretensiones de importancia. En su hermoso libro sobre la metáfora en la literatura, Denis Donoghue escribe: «Por lo general —y con razón— nos referimos a la metáfora como una irrupción del deseo, concretamente el deseo de transformar la vida reinterpretándola, dándole un relato distinto […] Expresa un deseo de libertad y de reemplazar el mundo dado por otro imaginario de creación propia».
Acuérdense de Bauman cuando lean lo anterior. Hay otro motivo para ir pensando en jubilar el concepto nacional y sus archiperres de mitologización histórica: su inclinación al kitsch. Rieff:
Incluso cuando se consuma con eficacia, la conmemoración suele deslizarse peligrosamente casi hasta lo kitsch. Habría sido deseable que el Holocausto fuera una excepción en este sentido. Pero no es así, aunque deseemos lo contrario […] La rememoración del Holocausto ha sido asfixiada por lo kitsch, como en alguna ocasión Milan Kundera lo definió: «Todas las respuestas han sido dictadas de antemano con exclusión de toda pregunta».
Tal parece que Milan Kundera estuviera describiendo la religión y la nación, lo que significa que ambas, en sí mismas, son producciones kitsch. Díganselo a sus amigos. Por otra parte, es importante también observar la convulsión de un presente en el que los convencionales mecanismos de agregación social, de la familia al Estado, están siendo salvajemente puestos en cuestión por la sociedad digital. Cada ciudadano digital es miembro de comunidades dispersas de intereses comunes y afectos tanto o más que de comunidades de vecindad territorial. Ese es el nuevo ciudadano contra el que, no en vano, se han desatado furores reaccionarios que persiguen una reconstrucción identitaria arcaizante, ya sea de clase social o nacionalidad, con éxito diverso.
En España, si abrir las fosas era condición sine qua non para construir nación y también y sobre todo para proceder a la reparación justa, cabe postular que, en este presente en que se hace difícil concebir que la nación española pueda aún reconstruirse con éxito si no es por la fuerza bruta, ha de ser un mero deber administrativo de imprescindible justicia. Por otro lado, renunciar a la nación como condición de convivencia no implica obligatoriamente el cisma territorial. Cabe la legitimidad pragmática de la política, como señalaba Rieff a propósito del lema contra la guerra de Vietnam, una política que debería aplicarse más a la solución de lo perentorio que a la construcción de metáforas y mitos, por otra parte, tal vez accesorios. Ocurrió con la monarquía: nadie duda hoy de que fue su papel durante el golpe de Estado de 1981 —o lo que sabemos de él— el que le confirió la legitimidad política para encarnar la jefatura del Estado mucho más que la mitología de la línea de sangre. La legitimidad pragmática reemplaza con eficacia a la mítica en las sociedades avanzadas. De ahí que el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 sea un posicionamiento literalmente antitético del precedente de su padre.
Si hemos llegado hasta aquí con una nación fallida —o lo que es lo mismo, sin nación pero con un Estado funcional, irredento y enfurruñado—, que solo ha funcionado por imposición, nada parece aconsejar entregarse a la nostalgia —en tanto recuerdo añorante de lo que nunca ocurrió— para constituirse en una comunidad política viable, incluso en los términos de las actuales fronteras del Estado. Toca pensar en ello, pues lo que sí sabemos con certeza de la experiencia de los últimos años es que convertir el debate de las metáforas nacionales en centro de la agenda política de momento nos ha conducido a un Estado más disfuncional, paranoico y agresivo, un Estado con una insólita capacidad para responder a los monstruos quiméricos con un animalario aberrante, paridor de criaturas infectas y depravadas procedentes de sus cloacas y proverbialmente hiperactivas. Conviene desdramatizar y desacralizar estos debates, toda vez que la única certeza innegociable de lo humano es la segura condición efímera de todo. Cerramos con Rieff, pues a él y a su gallardía polemista corresponde ese honor:
¿Sobre qué base, además del narcisismo de los vivos o la imprudente indiferencia de la historia o de la lógica, podría alguien proponer seriamente que incluso los Estados actuales más coherentes y sólidos seguirán existiendo de forma siquiera parecida dentro de mil, dos mil o tres mil años? En realidad, ninguna persona inteligente cree nada semejante.
2
DE CÓMO EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JEDI CONDUJO LA REPÚBLICA GALÁCTICA A LA TIRANÍA
La colisión entre las pulsiones reformistas de la política y el inmovilismo del Estado Profundo en España se despliega como una crisis autoinmune
En su intento feliz por incrustar la narrativa de capa y espada caballeresca en una parábola democrática de ciencia ficción —es decir, de inscribir el Medievo en la Antigua Roma, o peor, el Antiguo Régimen en la modernidad democrática—, George Lucas, jipi irredento, imaginó su República Galáctica como una colosal organización parlamentaria que cohabitaba con un poder autónomo, ejercido por una estirpe de caballeros regida por antiguos códigos morales y adiestrada en las artes mágicas y el sincretismo. En su primera trilogía de Star Wars, toda vez que la democracia había sucumbido a un autogolpe de Estado, en términos inspirados en el Imperio romano, esa oligarquía de monjes-soldados casi extinta argüía su vieja legitimidad para erigirse en referente moral de los revolucionarios demócratas. Es decir, por expresarlo en términos contemporáneos, los monjes lideraban el terrorismo antigubernamental de las clases populares. Eran los años de la teología de la liberación, las revoluciones juveniles, el yoga, la meditación trascendental, el terrorismo de extrema izquierda y, al caso que nos ocupa, de la deriva autocrática de Richard Nixon evidenciada en el Watergate.
Esa legitimidad medieval de los Jedi, de casta, no era problemática en unas películas que discurrían extramuros de la política institucional y en clave puramente insurreccional. En cambio, la segunda trilogía de Lucas, la más sofisticada y profunda en términos narrativos, exigía articular con todo detalle cómo era la cohabitación de un poder democrático y una congregación monacal a la que, por una legitimidad milenaria, se le concedía un papel relevante como cuerpo diplomático: «Guardianes de la paz y la justicia en la galaxia». Los Jedi estaban al servicio del poder ejecutivo, a su vez emanado del legislativo. Dicho de otro modo, con el acuerdo del Senado Galáctico, el Canciller Supremo podía encomendar tareas de mediación e investigación a los miembros de la Orden Jedi, que disponían de una cierta autonomía de criterio para ese cometido, aunque no tenían atribuida ninguna función jurisdiccional ni tampoco descansaba en ellos ninguno de los poderes del Estado. Por otro lado, su credo establecía que «un Jedi usa la Fuerza para el conocimiento y la defensa, nunca para atacar», con lo que, en principio, pese a ser un cuerpo armado y con conocimientos ancestrales de magia, sus actividades no debían entrañar un peligro explícito para la democracia. Al menos, hasta que surgió el conflicto.
Cortesanos de la política con pocas funciones ejecutivas y mucho tiempo libre, los Jedi, y en particular su órgano rector, el Consejo General del Poder Jedi —conocido como Consejo Jedi—, mataba el tiempo conspirando y especulando sobre actualidad política y sobre profecías milenarias sin solución de continuidad, cual mesa camilla televisiva de las mañanas. No extraña pues que no viera venir la guerra y que, además, su líder, el maestro Yoda, se empeñase en ocultar al Senado ese monstruoso error de cálculo. Yoda y Mace Windu discutían qué hacer tras descubrir la creación de un colosal ejército clon republicano a espaldas de la República, supuesto encargo de uno de los suyos al que habían perdido la pista años atrás:
—Ciegos estamos si la creación de ese ejército clon no pudimos ver.
—Creo que el Senado debe saber que nuestra capacidad para usar la Fuerza ha disminuido.
—Solo el Lord Oscuro del Sith conoce nuestra debilidad. Si informado el Senado está, nuestros adversarios multiplicaremos.
Yoda ordena silencio. Suma un error a otro, prefigurando la decadencia y la paranoia que se apoderará del máximo órgano de gobierno de los Jedi. Anakin Skywalker, a la postre heraldo de la destrucción de la Orden Jedi, es el único que lo ve y de hecho transmite al Canciller su creciente desconfianza por la deriva del Consejo de magos. Como tantos actores de este drama, pugnando por evitarla, acelerará la declinación. Los que no usaban la Fuerza salvo para la defensa estaban a punto de convertirse en generales de las tropas clon al estallar la gran guerra, un conflicto instigado por las patronales bancaria, tecnológica y comercial de la Galaxia convenientemente azuzadas por un Jedi cismático. Si la primera trilogía advertía de los peligros del poder autárquico, la segunda habla del dramático fracaso de la socialdemocracia ante la turboglobalización neoliberal, de ahí que su creador introdujera a los poderes económicos como cómplices necesarios del colapso de la democracia.
George Lucas parecía entonces ya plenamente consciente de lo problemático de los Caballeros Jedi y de su papel indiscutible en el declinar de la democracia y en el inminente alzamiento de la tiranía. Pero sería al desarrollar la serie de animación The Clone Wars, junto a Dave Filoni, cuando convirtió el belicismo funcional de los monjes en jalón ineludible del camino que llevará a la Galaxia a la desgracia. Y en el centro de esa espiral de decadencia, una evidencia científica que todo biólogo y genetista conoce: la endogamia es madre de la pudrición.
El Consejo General del Poder Jedi, al cabo, casi parece un eco amable de la descripción inmisericorde que Leónidas (Gerard Butler) hace del Consejo de Sabios de Esparta, en 300 (2007), el filme de Zack Snyder que adapta el tebeo homónimo de Frank Miller, en un monólogo de evidentes resonancias shakespearianas:
Los éforos, sacerdotes de los antiguos dioses, cerdos endogámicos, más criaturas que hombres […], ningún rey de Esparta iba a la guerra sin la aprobación de los éforos. […] Viejos místicos enfermos, absurdos vestigios de una época en la que Esparta no había salido aún de la oscuridad, residuos de una tradición sin sentido, tradición que incluso el rey ha de respetar, pues ha de venerar la palabra de los éforos. Esa es la ley. Y ningún espartano, súbdito o ciudadano, hombre o mujer, esclavo o rey, está por encima de la ley […]. Los infelices viejos tienen deseos carnales y almas tenebrosas como la noche […]. El descenso del rey se hace más difícil. Cerdos endogámicos y pedantes, inútiles, enfermos, ruinas, corruptos […]. Las palabras del oráculo, esclavo y cautivo de viejos lascivos, pueden prender fuego a todo cuanto quiero.
Podría ser un monólogo interior de Anakin Skywalker, preocupado por el bienestar de su amada Padmé y la deriva paranoica de los Jedi, que le encomiendan espiar al Canciller. Un órgano como el Consejo Jedi, máximo órgano de gobierno de la orden, no podría existir en una democracia contemporánea. O no debería. Porque todos los poderes del Estado democrático emanan de forma directa o indirecta del pueblo, configurado como soberanía nacional, luego no pueden ser dinásticos ni autorregulados. En un sistema como el español, que no vota fiscales de distrito ni tiene elecciones presidenciales propiamente dichas, toda la emanación de esa legitimidad democrática descansa en el Parlamento, que es base y vértice de la jerarquía liberal: por una parte, se desempeña como un poder del Estado, el legislativo, pero a la vez, en tanto expresión de la soberanía, es el único órgano institucional capaz de dotar de legitimidad a los otros poderes: el ejecutivo y el judicial.
Ambos deben recibir de las Cortes Generales el plácet para ejercer su potestad pues no hay otra emanación democrática posible. Los poderes son independientes en su ejercicio, son autónomos unos de otros en su arbitrio para actuar, pero no lo son en origen. Solo el Parlamento, como expresión del voto popular, puede conferirles legitimidad.
Este precepto, cuya comprensión no requiere de un máster por la Universidad Rey Juan Carlos, sufre últimamente los envites de un supuesto liberalismo castizo que considera que la separación de poderes propugnada por Montesquieu habilita a que el poder judicial se convierta en una entidad autónoma, colegiada, que elija entre sus propios miembros a sus órganos de gobierno, al margen de legitimidad democrática alguna. Es decir, que uno de los poderes del Estado democrático recaiga en una casta profesional que lo administre sin contar con revisión de legitimidad. Por decirlo en plata, una apuesta por la más genuina endogamia, justamente en un gremio que ya de por sí padece una acusada tendencia a la sucesión dinástica —más o menos sazonada por una retórica meritocrática y por una libre concurrencia que en muchos casos solo es formal— y abriendo la puerta a la perpetuación de viejos hábitos de sociedad estamental.
El propio Consejo General del Poder Judicial, de mandato extinto, atrincherado hoy en historiados salones madrileños junto a la Plaza de la Villa de París, se ha dirigido en los últimos meses al Parlamento exigiendo visar los eventuales proyectos de ley que afecten a su funcionamiento. Es decir, atribuyéndose capacidades autorregulatorias. Como cumbre del proceso, las organizaciones sindicales de los jueces han denunciado ante Bruselas que el legislativo español pretende legislar. Sobre ellos. Entre tanto, el Consejo ha seguido realizando nombramientos, los más de ellos vitalicios e irrevocables —he ahí los patentes flecos dinásticos, el repositorio de un poder en una biografía—, afianzando una determinada toma de posiciones en la planta noble de la Administración de Justicia.
Es conveniente detenerse aquí, porque la propia existencia del Consejo General del Poder Judicial es una creación democrática para controlar a la Justicia franquista. Como quiera que no se expurgaron las salas de justicia de los leales servidores de la dictadura, lo que ideó el legislador constituyente fue un órgano emanado de la soberanía —o sea, de las Cortes— que tutelara al poder judicial, incluso a sus más altos tribunales, disponiendo de capacidades de nombramiento y sancionadora. Es decir, el Consejo existe precisamente para evitar que el Judicial se constituya en un poder autónomo y formado por una casta que puede desentenderse del sentir democrático expresado en las urnas y para facilitar que evolucione de acuerdo a los consensos de país. Por eso resulta una idea tan esencialmente anómala e iliberal la pretensión de que el Consejo se emancipe de la tutela del Parlamento para autorregularse.
El proceso de esclerosis institucional Jedi también alcanza al Tribunal Constitucional, la más alta magistratura del país, el que todo lo arbitra e interpreta, que sigue pendiente de una renovación que, a la luz del desgaste que han producido en su prestigio profesional y político las reformas antiprocesistas que lo convirtieron en un órgano de acción política preventiva, resulta perentoria. Su última charlotada a posteriori contra el estado de alarma y el sainete protagonizado por sus integrantes solo acucia esta impresión.
La segunda trilogía de Lucas nos enseñó que los Jedi solo eran protagonistas luminosos de la democracia en el recuerdo endulzado del viejo Ben Kenobi y quizás en la memoria confusa de un ser casi milenario como es el maestro Yoda. Pero estaban cargados de buenas intenciones, además de tener un beatífico sentido de la ética y de acumular una milenaria sabiduría sobre las grandes verdades del espíritu. La pregunta es obvia: si no estaban alineados con la tiranía, ¿cómo es posible que contribuyeran por acción y omisión a la ruina de la democracia? En la endogamia y ciertas inercias centenarias, pero también en una inconfesable desconfianza en los mecanismos y contrapesos liberales de la democracia, expresados en ese silencio culposo de Yoda y en su orden de espiar al poder ejecutivo, reside la parte sustancial de la respuesta. No hay hipocresía en sus proclamas en defensa de la democracia, sino más bien autoengaño.
En el fondo, quizá sin saberlo, anteponen la salvaguardia de la propia Orden Jedi frente a sus inveterados enemigos, y eso los convierte en un vector de la guerra y del autoritarismo que la siguió. Su propio miedo a la extinción hizo de ellos sepultureros de la democracia y de sí mismos.
De igual modo, las tensiones entre el Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial son una expresión de una pugna entre la voluntad popular y el rigorismo autodefensivo del Estado Profundo (Deep State). Ese pulso, muy visible en el caso del poder judicial, se expresa en otros muchos frentes. En periodos de convivencia amable, es poco más que una tensión burocrática entre secretarios de Estado —políticos— y subsecretarios de Estado y directores generales —altos funcionarios—. De algún modo, se trata de un ideal liberal de contrapesos en el que los políticos potencian con su reformismo el aggiornamento del sistema político e impiden que este se esclerotice, mientras que el Estado Profundo evita que las modificaciones desvirtúen la sustancia última del sistema. Al menos sobre el papel.
Pero cuando las cosas se complican, este conflicto se expresa de modo más descarnado. No es muy conocido, pero en marzo del 2004 fueron altos mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los que alertaron a políticos de la oposición respecto a la información sesgada que el Gobierno de José María Aznar estaba transmitiendo de la investigación de los atentados, ocultando el origen yihadista de las bombas del 11-M. La policía avisó al PSOE de que el Gobierno Aznar mentía. Igualmente, Mariano Rajoy delegó en el Estado Profundo la solución del conflicto catalán, y este tensionó la seguridad jurídica hasta deformarla por completo, como veremos: en el duelo entre Godzilla y Leviatán, la civilización es pisoteada. Literalmente.
Siendo rigurosos, este movimiento de Rajoy era el último de una larga cadena de decisiones en la que la política fue abdicando de sus dominios y responsabilidades, e introduciendo al Estado Profundo en la dilucidación de la política: en lugar de negociar y adoptar acuerdos, hacía años ya que PP y PSOE —mucho más el primero que el segundo, todo hay que decirlo— delegaban en la justicia el arbitrio de los asuntos políticos.
Cada ley que no es del agrado político de la oposición es recurrida ante el Constitucional —vuelve la burra al trigo con la ley de eutanasia, por ejemplo—, tratando de convertir, a la postre, el disenso político en ilegalidad. Estrechando los márgenes de la política hacia una realidad binaria: lo que yo pienso y lo ilegal. Igualmente la litigiosidad entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a propósito de cualquier legislación autonómica, ha venido siendo de tal intensidad que ha acabado por estrangular las capacidades de la política para ejercer su acción soberana, limitada con nueva doctrina judicial en cada pronunciamiento. La política ha ido depositando más y más poder en el Estado.
Esa esclerotización se estaba produciendo en la República Galáctica años antes de que el Consejo Jedi cayera en la paranoia y el desvarío. Cuando la Federación de Comercio invadió el sistema de Naboo, el entonces senador Sheev Palpatine advirtió a la reina Padmé Amidala que se hiciera a la idea de una larga ocupación de los neimodianos en su planeta. La conversación es elocuente sobre el estado de las cosas:
—Ya no hay civismo, solo intereses políticos. La República ya no es aquella que una vez conocimos. El Senado está repleto de delegados agresivos y ávidos. Ya no hay interés alguno en el bien común. Debo ser muy franco, majestad: es muy difícil que el Senado rechace la invasión.
—El Canciller Valorum parece tener esperanzas.
—Si me permitís decirlo, ahora el Canciller carece de poder real. Está salpicado por unas infundadas acusaciones de corrupción. Los que mandan son los burócratas.
—¿Qué opciones tenemos?
—Nuestra mejor opción sería la de promover un Canciller Supremo más sólido, alguien que pudiera controlar a los burócratas y aportarnos justicia. Vos podríais solicitar una moción de censura contra el Canciller Valorum.
—Él ha sido nuestro mejor valedor.
—La segunda y última opción es presentar una alegación ante los tribunales.
—Son aún más lentos que el Senado en tomar decisiones. Nuestro pueblo está muriendo, senador, debemos actuar sin falta y detener a la Federación.
—Verá, majestad, siendo realista, creo que tendremos que aceptar el control de la Federación, al menos por ahora.
—Yo no puedo hacer eso.
Efectivamente, poco después vemos en el Senado cómo un letrado de la cámara susurra algo al oído del Canciller y al instante su determinación para actuar se disipa y el asunto es desviado a una comisión. La acción política maniatada por la persistente burocracia es una constante que responde a una vieja tensión vinculada a la autoprotección del Leviatán de Hobbes y, en buena medida, es un incentivo para la paradoja de enfrentamiento progresivo, la espiral de conflicto, conocida precisamente como trampa hobbesiana.
En una anécdota que ya es famosa, un parlamentario del Partido Nacionalista Vasco advirtió a un líder del nacionalismo conservador catalán, cuando el Procés comenzaba a acelerar hacia el desastre, que no debía olvidar que cuando la Constitución señala que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho», hay que considerar que «Estado» es lo sustantivo y «social y democrático de Derecho» es lo adjetivo. España, cómo decíamos páginas atrás, no es una vieja nación en el sentido que lo son las naciones exitosas, aquellas cuya identidad nacional es aceptada como hegemónica en todo el territorio para el que opera, pero sí es un viejo y robusto Estado. Es sobre todo eso. Después vienen los adjetivos. Abundaremos en ello.
A esa inveterada superestructura, venida arriba por la rampante judicialización de la política —horroroso sintagma que expresa justamente lo que se explicaba: la renuncia de la política a resolver sus asuntos—, encomendó Rajoy la solución del problema catalán, al que esta respondió como lo hace un sistema inmunitario descontrolado en una enfermedad autoinmune: atacando al patógeno huésped —el procesismo— y al organismo todo —el Estado social y democrático de Derecho—. Esta reacción suicida del sistema inmune, cuyo funcionamiento todos conocemos gracias a la proverbial inclinación del Dr. House (Hugh Laurie) a ver lupus allá donde miraba, es hoy una realidad cruel llamada covid-19, que ha provocado una masacre mundial enloqueciendo el sistema inmune de sus víctimas.
Como bien sugería el diputado vasco antedicho, el Estado no actúa en defensa estricta de la democracia, aunque lo haga desde el preventivo respeto a sus normas porque, después de todo, la libertad es un avatar que aquí no ha cumplido medio siglo mientras que el Estado tiene medio milenio. De ahí los problemas de juridicidad de muchos de los movimientos que efectuaron los poderes institucionales entre septiembre y noviembre de 2017, incluida la imaginativa aplicación del artículo 155 de la Constitución, legalizada a posteriori por el Tribunal Constitucional en un ejercicio patente de creatividad interpretativa. Qué remedio le quedaba, si ya estaba hecho.
En realidad, como en el caso de la República Galáctica, el movimiento de esclerotización defensiva empezó mucho antes, aunque con menor intensidad, por impulso de los propios políticos. La marcada interpretación restrictiva del ejercicio de las libertades civiles y los derechos políticos —tanto desde la jurisprudencia (condenas por delitos de opinión) como desde la legislación (ley de Seguridad Ciudadana)— empezó a detectarse tiempo atrás, coincidiendo con los signos de agotamiento del sistema de turnos de partidos. José Luis Rodríguez Zapatero, desde la presidencia del Gobierno, comenzó a hablar de la necesidad de una «segunda transición», una puesta al día del contrato social, años antes de que se publicaran ensayos sobre la crisis de la «Cultura de la Transición» (CT) o se generalizara el vocablo peyorativo «Régimen del 78». La respuesta del Estado, crecido por los constantes recursos de inconstitucionalidad del PP entonces, fue elocuente y podemos leerla en la sentencia del Estatut de Catalunya de 2010. Que desdijo lo establecido por el legislativo autonómico, el estatal y los ciudadanos catalanes en referéndum. Un conflicto entre el Estado y la política de manual. En el que ganó el Estado. Con infames consecuencias.
Palpatine actuando solapadamente como instigador de los casos de corrupción contra Valorum; Palpatine conchabado con los burócratas para paralizar su iniciativa política y a la vez intrigando con el exjedi Conde Dooku para matar a Padmé Amidala y engañar a la Federación de Comercio, el Clan Bancario Intergaláctico, la Tecno Unión, la Alianza Corporativa y el Gremio de Comerciantes (el Ibex 35 estelar); e incluso Palpatine engatusando a la propia Amidala para promover la moción de censura contra Valorum y emponzoñando a Anakin para acelerar la autodestrucción Jedi encarna la alegoría de las cloacas del Estado. Pero esas cloacas —el comisario Villarejo y sus socios políticos, empresarios y periodistas— no son el Estado Profundo, sino una expresión metastásica de este. El Deep State crea las cloacas pero no es las cloacas, pues estas no son una respuesta virulenta del sistema inmune, sino una leucocitemia. El Estado Profundo no es un tejido cancerígeno, sino un organismo.
En contra de las visiones conspiranoicas, no actúa de forma coordinada ni jerárquica, sino que se trata de un montón de hábitos y prácticas inerciales en departamentos específicos de la administración de naturaleza cuasi hereditaria que se mueven en función de unos mecanismos automáticos y bastante irreflexivos de autopreservación. No hay un dictado, un propósito ni un mando. Hay inercia y autodefensa. Y como vemos, hay un enfoque paranoico de la acción política como enemiga de la prevalencia del Estado.
En un momento de resquebrajamiento de consensos que ahora cumplen cuarenta años y merced a una muchedumbre de errores cometidos por la política y la comunicación pública, atenazadas ambas por un pánico casi infantil a una eventual puesta al día de los convenios de convivencia —como propuso Zapatero desde dentro del marco institucional y poco después, desde fuera, el clamor del 15-M—, un montón de músculos de la administración pública se ponen duros como la nalga de un escolar ante la jeringuilla. Pero no actúan de forma organizada, sino somática.
Es ilustrativo, por aterrizarlo con un ejemplo, el caso reciente de la ley de Amnistía propuesta por ERC y Junts per Catalunya —y luego, por más de doscientas mil firmas ciudadanas—, y que fue rechazada por la Mesa del Congreso tras lograr solo el apoyo de Unidas Podemos. La Constitución no prohíbe la amnistía —pobre del franquismo si lo hiciera—, sin embargo el cuerpo de letrados de la Cámara, cuyo informe no es vinculante pero advierte a la Mesa de presuntas ilegalidades, se posicionó en contra de su tramitación aduciendo que, bajo la apariencia de una Ley de Amnistía, estaba malévolamente agazapada la intención de un indulto general. La intención. Es decir, un juicio de intenciones. Adujeron que la Constitución, que no habla propiamente del asunto, prohíbe el «indulto general» al hablar de las atribuciones del rey. Esta abigarrada sucesión lógica llevó a los letrados del Congreso a instar a la Mesa el rechazo del proyecto de ley, tras el salto mortal de prejuzgar que no es amnistía sino indulto general lo que buscan y presuponiendo un resultado concreto del trámite legislativo. Aunque la reforma del Constitucional que impulsó el PP en 2015 restituye el llamado «informe previo de constitucionalidad» para el caso de los Estatutos de Autonomía, los letrados del Congreso no tienen esa función respecto a las leyes. Menos aún prejuzgar el resultado de una proposición de ley que, por la naturaleza de los trabajos legislativos —sometidos a debate, enmiendas y ponencias en Comisión y pleno—, si llegara a aprobarse algún día podría parecerse a la redacción propuesta en la iniciativa lo que un huevo a una castaña.
Ese exceso de celo sobre lo que el Congreso puede o no puede debatir y votar, que el Constitucional ha trasladado también en forma de censura previa a los debates del Parlament —y que podría costarle cárcel a Roger Torrent como se la costó a Carme Forcadell—, patente también en la interpretación restrictiva de las funciones de la cámara y expansiva del principio de inviolabilidad del Rey recogido en la Constitución, revela ese progresivo endurecimiento de los músculos administrativos. Una respuesta autoinmune.
El riesgo es obvio y ni mucho menos es exclusivo de nuestro país. Todo Occidente está padeciendo más o menos problemas de naturaleza similar, aunque la escasa tradición democrática española lo hace más vertiginoso. Y es un riesgo doble: por un lado, esa respuesta, que prioriza la supervivencia del Estado sobre la de las reglas democráticas, amenaza al marco de convivencia y libertades. Por otro, revela que el organismo Estado ha identificado a la política, en su voluntad transformadora de la realidad, como una amenaza, un patógeno. Un enemigo.
De la intensidad con la que esta reacción de los anticuerpos del Estado se ha acelerado desde el desafío del Procés da la medida el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las ultraderechas de nuevo cuño en todo Occidente —en cuyas filas más o menos se cuentan representantes de colectivos desclasados o víctimas de la globalización uberliberal, de campesinos a pequeños artesanos—, en la ultraderecha neofranquista española hay una elevada concentración de altos funcionarios del Estado: técnicos de comercio, jueces en excedencia, abogados del Estado, altos funcionarios del sistema nacional de salud, mandos del ejército en la reserva, auditores de cuentas, catedráticos…, la mayoría de los que toman la palabra en el Congreso en nombre de Vox, pese a que han entrado en la política tras largas carreras profesionales, no han cobrado de otro lugar que del erario en toda su vida. Cada aceituna que se han comido en su vida la ha pagado Leviatán. Y la mayoría del resto del grupo, los que se presentan como emprendedores o autónomos, han tenido como contratista principal a la administración o han trabajado en sectores regulados. Son la expresión perfecta del sistema Estado —el que preexiste a la democracia—, de común timorato y directamente en pánico desde 2015, que siente comprometida su supervivencia ante cualquier intento de modernización política. En ese sentido, se puede afirmar que Vox no es una expresión del malhumor social, sino del temor administrativo del viejo Estado a su extinción. Y quizá esto explica las dificultades que tiene para penetrar en electorados de clases populares si no es con mensajes de inflamación patriotera. Lo de que se postulen como neoliberales en economía es el colmo de la empanada intelectual que arrastran.
Pero no hay un complot. Pese a las paranoias sobre una conspiración judeomasónica inserta en el Estado que agitó las noches del fascismo español durante el siglo XX, la administración española nunca padeció esa infiltración de Jedis o Siths solapados. La única organización religiosa con éxito en su inserción estatal ha sido el Opus Dei, que inició su influencia en la segunda mitad del franquismo —se le atribuye el éxito de los planes de estabilización y desarrollo, y la modernización de la economía española, aunque habría que reponer la gloria del laborista Joan Sardà i Dexeus— y que ha ido profundizando y ensanchando su influencia desde entonces, sobre todo, durante el pontificado de Juan Pablo II, al punto de que hoy alcanza también a muchos colegios profesionales, universidades y otras organizaciones satelitales del sistema Estado. Pero tampoco son una conspiración, por la sencilla razón de que las conspiraciones no existen. La paradoja de esta trama dramática, como observó George Lucas, es que hay conspiradores, obviamente, pero no hay conspiraciones. Todos actuaban en presunta defensa de la democracia o de lo que entienden por tal, y casi todos ignorando su papel en la irreversible decadencia de esta nuestra república de Weimar.
Esta organicidad, este automatismo, es lo que dificulta comprender el proceso de esclerotización del sistema político español, un estrechamiento de los márgenes de la acción política del que dan buena muestra también la tensión punitiva de la Justicia con la gestión de los derechos penitenciarios de los independentistas presos —que estuvieron un año entrando y saliendo de prisión antes de los indultos—, las decisiones de la Junta Electoral Central —que, como los toreros, siempre carga para el mismo lado—, o el abracadabrante tono moralista de la sentencia en la que un juez le dice al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no puede ejercer sus poderes discrecionales de nombramiento de forma «desviada». Qué transparente es a veces el lenguaje.
Esa patente deriva no obedece a una voluntad de una persona o un grupo, ni a un plan, sino a la propia naturaleza de un Estado como el español: viejo, granítico y con una dudosa penetración de la revolución ilustrada y de los principios del liberalismo democrático. Y, como dijimos, muerto de miedo. La preeminencia de la infantería del Estado, de la tecnocracia y de su tensión reactiva se puede observar también en otros fenómenos menos patentes pero igualmente sintomáticos como es la abundante presencia de altos funcionarios en los puestos de máxima responsabilidad política. Por ejemplo, la cantidad de jueces que hay siempre en el Consejo de Ministros.
Un diagnóstico como este no presupone un desenlace. En ninguna dirección. La tensión entre la política y el Estado puede resolverse en uno u otro sentido o modularse y prolongarse indefinidamente, aunque el ciclo hoy es ascendente hacia el estallido del conflicto. Los integrados y los apocalípticos la viven de forma distinta. Los primeros piensan en la UE como garantía de los adjetivos. «Social y democrático de Derecho». Saben, como saben todos los arquitectos municipales, que una casa no se cae por más que amenace ruina si está integrada en una manzana, si sus hombros se apoyan sobre dos medianeras. Los apocalípticos recuerdan que, si bien una casa incrustada entre otras no se cae sola, a veces la tiran. Ante el sobrevenido colapso, siempre aparece el complemento circunstancial: «Se realizaban obras en el sótano». Y recuerdan que, dentro del espacio UE están Polonia y Hungría, cuyos Estados han derrotado a la política liberal: en Varsovia y Budapest el cierre de medios de comunicación críticos con el poder es ya un hábito, así como los encarcelamientos por delitos políticos y de opinión, y la persecución por activa o por pasiva de colectivos tradicionalmente discriminados por el nacionalismo católico. La democracia retrocede frente al Estado.
El Consejo General del Poder Jedi se puso al frente de la represión armada contra el separatismo. Los miembros de la orden abjuraron de su compromiso con la no violencia liderando al ejército de clones para atacar al bando separatista. Fue de hecho el maestro Yoda, el más venerable y sabio de los Jedi, quien viajó a Kamino a saber de los clones —fuera de plano— y quien se presentó de súbito en Geonosis al mando de un colosal ejército para resolver por la fuerza el conflicto con el líder separatista, el Conde Dooku, y los geonosianos. La guerra que inició Yoda duraría tres años y carcomería tanto a la Orden Jedi como a la propia República. El Canciller Palpatine reclamó del Senado poderes especiales. La cámara lo consideró razonable, al punto de que acabaría nombrándolo emperador para que restaurara «el orden y la seguridad» —después de que, error sobre error, los Jedi protagonizaran un golpe de Estado fallido contra él en sus dependencias— en una sesión parlamentaria gloriosa en la que solo el senador de Alderaan, Bail Organa, y la senadora de Naboo, Padmé Amidala, parecían conscientes del paso del Rubicón. «Así es como muere la democracia: bajo un estruendoso aplauso».
La casta Jedi, vieja, dinástica y endógama, no lo vio venir, y a la vez su ceguera y sus iniciativas fueron vectores de la aceleración del declive democrático de la República Galáctica y de su tránsito hacia la tiranía. Dirigiendo las operaciones de las tropas clon, los caballeros jedi se sentían tan convencidos de su papel en la dirección de la República, de su preminencia en la cadena de mando y de su causa por la salvación de la democracia como hoy lo están los ministros Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska —dos jueces, por cierto— al frente de los ministerios de Defensa e Interior y al mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los Jedi cayeron porque no supieron prever que el ejército de clones que dirigían y al que conducían a la muerte en sangrientas batallas no había sido formado para preservar la democracia sino para salvaguardar al Estado.
«Ejecuten la Orden 66».
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