Kitabı oku: «La democracia en Venezuela: un proyecto inconcluso»
La democracia
en Venezuela: un
proyecto inconcluso
Rafael Arráiz Lucca
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Editorial Alfa
Biblioteca Rafael Arráiz Lucca N.º 17
© Rafael Arráiz Lucca, 2020
© Editorial Alfa, 2020
© Alfa Digital, 2020
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Diseño de colección
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Conversión digital
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Corrección de estilo
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Retrato del autor
© Efrén Hernández
Imagen de portada
Rómulo Gallegos, durante la campaña electoral
de las elecciones presidenciales de 1947
Autor: desconocido
Fuente: Prodavinci.com
Impresión digital
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Rafael Arráiz Lucca

(Venezuela, 1959). Profesor principal de carrera de la Universidad del Rosario (Bogotá) y profesor titular de la Universidad Metropolitana (Caracas). Individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Abogado, magíster en Historia de Venezuela y doctor en Historia. Se ha desempeñado como subdirector de la Galería de Arte Nacional, presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana, director general del Consejo Nacional de la Cultura y presidente de la Fundación para la Cultura Urbana. Ha sido visiting fellow en Ia Universidad de Warwick y titular de la Cátedra Andrés Bello del Saint Antony’s College de la Universidad de Oxford. En 2007 el gobierno de España le otorgó la Orden de Isabel la Católica en grado de Comendador.
Biblioteca Rafael Arráiz Lucca
1. Venezuela: 1830 a nuestros días
2. Literatura venezolana del siglo XX
3. Colonia y República: ensayos de aproximación
4. El libro del amor. Poesía amorosa universal
5. El «trienio adeco» (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía
6. Venezuela: 1728-1830. Guipuzcoana e Independencia
7. Las constituciones de Venezuela (1811-1999)
8. Venezuela: 1498-1728. Conquista y urbanización
9. Empresas venezolanas. Nueve historias titánicas
10. Civiles
11. Venezolanos excepcionales. Diez entrevistas
12. La navaja de Ockham. Colombia, Venezuela y otros ensayos
13. El petróleo en Venezuela. Una historia global
14. arturo uslar pietri. una biografía
15. La otra búsqueda. Autobiografía espiritual
16. El coro de las voces solitarias. Una historia de la poesía venezolana
17. La democracia en venezuela: un proyecto inconcluso
Índice
Sobre el autor
Nota preliminar
Introducción
El Cabildo colonial (1527-1811): primer espacio protodemocrático
El nacimiento de la república federal (1811)
El centralismo bolivariano y la Constitución de 1819
Finaliza la República de Venezuela y nace la de Colombia (1819-1830)
Renace Venezuela. El proyecto liberal de los conservadores (1830-1847)
Lunares del proyecto democrático (1847-1858): el nepotismo, la reelección inmediata y José Tadeo Monagas
Regresan los liberales del Partido Conservador (1858-1863) y la Guerra Federal
El federalismo vuelve por sus fueros (1864-1870) y un parpadeo del Monagato
Las paradojas de un antiguo federal (1870-1888): Antonio Guzmán Blanco
El autocratismo retrocede: ¿aires para la democracia? (1888-1899)
El autoritarismo militar toma el poder (1899-1945)
La democracia liberal llega con armas (1945-1948)
Los militares vuelven: la democracia vulnerada (1948-1958)
Renace la democracia liberal: el Pacto de Puntofijo (1958-1973)
El petróleo cambia el esquema: comienzan los problemas (1974-1983)
Crisis de la democracia bipartidista y apogeo de la antipolítica (1984-1998)
La izquierda autoritaria (militarista) gobierna (1999-2020)
Conclusiones
Bibliohemerografía
Nota preliminar
Reúno en este libro un amplio trabajo acerca del avance y retroceso de las ideas democráticas en Venezuela desde tiempos coloniales y hasta nuestros días. En la introducción al ensayo explico con base en cuál concepto de democracia fundamento el recorrido.
Algunos capítulos de La democracia en Venezuela: un proyecto inconcluso fueron publicados en primeras versiones en el portal ProyectoBase, dirigido por algunos de mis discípulos en la Universidad Metropolitana, a quienes dejo constancia de mi gratitud.
En esta oportunidad he pensado en mis alumnos en Venezuela, tan ahítos como escasos de bibliografía sobre el devenir de la democracia en nuestro país, pero también he pensado en cualquier lector interesado en seguir el curso de la idea-fuerza de la nación venezolana desde hace dos siglos. En verdad, un libro es «la botella lanzada al mar» de la imagen arquetipal. Mi mano tendida para todo aquel que la recoja.
RAL
Introducción
Voy a recurrir al maestro Norberto Bobbio para trazar el perfil de una definición de democracia, a sabiendas de que se trata de un concepto complejo que ha variado en el transcurso del tiempo y que ofrece no pocas interpretaciones y matices. Debo aclarar desde el comienzo que este no es un estudio de teoría política, de modo que no nos vamos a detener en temas politológicos específicos, propios de un tratado de ciencia política, sino en lo necesario para ofrecer un marco conceptual que encauce el recorrido que vamos a hacer.
Bobbio advierte «tres grandes tradiciones de pensamiento político» y distingue tres teorías para acercarse a ellas. La clásica (aristotélica), que señala tres formas de Gobierno: democracia, monarquía y aristocracia, dependiendo de quien ejerce el Gobierno, si el pueblo, el monarca o unos pocos. La medieval, de raigambre romana, que se centra en quien ejerce la soberanía. Y la moderna, o maquiavélica, que advierte dos formas de Gobierno, la monarquía y la república, siendo «la antigua democracia una forma de república» (Bobbio, 2000: 441).
Voy a partir de la teoría aristotélica para precisar que advierto en el viejo Cabildo colonial una forma incipiente de democracia local con rasgos aristocráticos. El epicentro de la vida política venezolana durante tres siglos fue el Cabildo, a lo largo de todo el período de regencia de los Habsburgo, a partir de la coronación de Carlos I de España y V de Alemania, en 1516, y hasta la muerte sin sucesor de Carlos II, en 1700, y luego de los Borbones, quienes introducen cambios esenciales a partir de sus famosas reformas de 1714.
Es indiscutible que el Gobierno de la ciudad era colegiado, integrado por los cabildantes que pertenecían a la aristocracia local, de tal modo que en el Cabildo podemos advertir rasgos democráticos y aristocráticos, enmarcados dentro de una monarquía que, dada la distancia de su epicentro ibérico, dejaba un margen de autonomía alimentado por el tiempo y las vicisitudes atlánticas. Las autoridades del Cabildo eran elegidas cada año, de allí el alcalde cadañero, por elecciones directas entre los cabildantes. Con esta institución local tenía que entenderse el gobernador enviado por España (siempre personaje itinerante por los dominios del reino), dispuesto a navegar entre aguas procelosas entre su Gobierno y el espacio de poder de los criollos, reunidos en Cabildo.
Si bien es cierto que la futura República de Venezuela vivió durante tres siglos bajo el imperio de la monarquía española, no deja de ser verdad que el espacio donde hacían vida los terratenientes y comerciantes era el Cabildo, y allí se daban mínimas prácticas democráticas (como dijimos antes), siempre con base en la teoría aristotélica: era un Gobierno local colegiado, supervisado por la monarquía y sus auditores, pero en la práctica con bastante autonomía, como es un fenómeno demostrado por los estudios coloniales y corroborado por el hecho cierto de haber sido el Cabildo el núcleo desde donde comenzó el proceso emancipador que condujo a la creación de la república en 1811. De hecho, el primer Gobierno que tuvo Venezuela, antes de ser un Estado nacional, fue el Gobierno de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, designado por el Cabildo caraqueño el 19 de abril de 1810 y presidido por un triunvirato que luego se adoptó de idéntica manera a partir de la fundación de la república.
Cuando esta se funda, el método para elegir el Gobierno establecido por Juan Germán Roscio será el censitario, que era la práctica de la época. Recordemos que para 1811 hay un solo ejemplo exitoso de república recién creada: los Estados Unidos de Norteamérica. Una democracia federal y presidencialista, con un parlamento poderoso. Era difícil que los redactores de la primera Constitución Nacional, la aprobada el 21 de diciembre de 1811, no tuvieran como fuente de inspiración la norteamericana, aunque también influyó en los ánimos de los redactores (Roscio, Francisco Javier Uztáriz y Francisco Isnardi) el derecho constitucional francés. No pudo influir demasiado el español, ya que la Constitución liberal de Cádiz es de 1812. Lo que sí es un hecho evidente es que el pensamiento que da fundamento y génesis a la fundación de las repúblicas es el liberal, que habiéndose originado en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII, allá condujo a la monarquía constitucional con la Revolución Gloriosa, en 1688, pero en los Estados Unidos allanó el camino para la democracia, bajo un esquema pronunciadamente federal.
Aquí se abre una discusión acerca de si el federalismo es más democrático que el centralismo, y la verdad es que pensamos que sí, en la medida en que el federalismo desconcentra el poder de manera más eficiente que el centralismo, pero en el caso venezolano Simón Bolívar hizo de la negación del federalismo su principal bandera política, a partir del Manifiesto de Cartagena, en 1812, y hasta su muerte el 17 de diciembre de 1830. De tal modo que cualquier esquema federal en nuestro país ha ido a contracorriente del pensamiento bolivariano, lo que ha constituido un escollo espinoso de sortear para quienes creen que las formas federales convienen más para el desarrollo de la república. A tal punto ha pesado esto que, en 1989, al instaurar un federalismo básico, el redactor de la ley lo llamó «descentralización», para no despertar fantasmas del siglo XIX y la Guerra Federal y, también, para no contradecir al Libertador, al menos en sus formulaciones semánticas.
El régimen censitario que prevaleció en Venezuela hasta 1947, en sus distintas variaciones, hizo razonable que José Gil Fortoul se refiriera a las oligarquías conservadoras y liberales porque en efecto lo eran, ya que eran gobiernos de propietarios en los que los electores estaban constituidos por un sector minoritario de la sociedad. Han de pasar 136 años para que la República de Venezuela dé el paso a la democracia plena con la Constitución Nacional de 1947. No obstante, hay que recordar que la práctica democrática en los países que lo eran durante el siglo XIX no incluía a las mujeres. Será la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 la que incluya el voto femenino como un derecho universal, cuando ya se había instaurado en algunas repúblicas y monarquías constitucionales o democracias parlamentarias.
Creemos que la ampliación del universo electoral es un paso importante en el camino de la democracia, y en tal sentido los hitos del siglo XIX serán la creación de la república en 1811, la reconstitución de la república en 1830, y las constituciones de 1858 y 1864. La de 1858 porque instituyó el voto directo y abandonó el voto de segundo grado, y la de 1864 porque ratificó el voto directo, pero además lo federalizó, pasándose a elegir de manera directa a los presidentes de estado y a los diputados de las asambleas legislativas estadales. Estos avances democráticos se perdieron con las reformas constitucionales de Antonio Guzmán Blanco (1874 y 1881) y se recuperaron a medias con la Constitución de 1893, bajo la égida de Joaquín Crespo. Luego, las reformas castristas y gomecistas tendieron todas a fortalecer la permanencia en el poder de la élite gobernante, siempre mediante el método del voto de segundo grado para la elección del presidente de la república. Es decir, un reducido número de ciudadanos integrantes del Congreso Nacional, en su condición de diputados, serán los que elijan al jefe de Estado.
Si el «continuismo» fue cáncer en el siglo XIX, en la primera mitad del XX lo será en la práctica, aunque no en el papel, ya que el general Gómez contó con tres presidentes civiles durante su largo mandato (José Gil Fortoul, 1913-1914, Victorino Márquez Bustillos, 1915-1922, y Juan Bautista Pérez, 1929-1931), mientras los hilos del poder seguían en sus manos y, en verdad, nadie creía que estos caballeros presidieran la república.
El primero que tejió una reforma constitucional para consagrar la reelección inmediata fue José Tadeo Monagas, en 1857, y la respuesta de los caudillos regionales fue contundente. Luego, la propondrá Hugo Chávez en 1999 y le será aprobada en la Constitución de ese año, siendo a todas luces un escollo severo para uno de los principios cardinales de la democracia: la alternabilidad en el poder.
No sigo ofreciendo aperitivos porque pueden llegar sin hambre a la cena. En todo caso, se hacía necesaria esta introducción aclaratoria del concepto de democracia que nos guía, el elemental y príncipe, dando por sentado que no es este un ensayo de discusión politológica sobre el concepto de democracia, sino un intento por historiar en nuestro país el devenir de una idea y, sobre todo, un espíritu que se ha erigido en el norte de la tarea política nacional (un desiderátum) y en un desafío cultural porque no ha sido fácil asumir sus valores esenciales: deberes y derechos, imperio de la ley, separación de poderes, respeto sagrado por las libertades políticas y económicas. Comencemos el viaje.
El Cabildo colonial (1527-1811): primer espacio protodemocrático
Es un hecho indiscutible que fue el Cabildo la institución central de la vida de los criollos americanos, y también lo es que fue el estamento social de los criollos el que inició el proceso fundador de las repúblicas. De allí que la importancia política del Cabildo esté fuera de toda duda y, también, es evidente que fue en este cuerpo colegiado donde tuvieron lugar las primeras prácticas democráticas, por más que se tratase de unas prácticas embrionarias, precedentes de la democracia que impera hoy en día en el mundo occidental y parte del oriental.
Las prácticas democráticas a las que nos referimos son las propias de un cuerpo colegiado que en su seno elige a sus representantes mediante el método eleccionario universal: el voto. Ese cuerpo colegiado del Cabildo se ocupaba del funcionamiento de la ciudad (mercados, policía, ordenanzas) y tenía funciones judiciales de primera instancia en todos los órdenes. Del Cabildo también formaban parte el alférez real (un cargo honorífico), el alguacil mayor (encargado de la policía local), el fiel ejecutor (encargado del abasto de la ciudad), el depositario general (recibía prendas en garantía en litigios), el escribano (llevaba por escrito los asuntos del Cabildo), los procuradores de número (atendían los pleitos de los vecinos) y los alcaldes provinciales (encargados de la vigilancia extraurbana). Por otra parte, en sus orígenes las denominaciones de estos cargos vienen de distintas lenguas. El vocablo «alcalde» viene del árabe al cadi, que significa «juez»; «regidor» procede del latín regere, que traduce «gobernar»; «alguacil» del árabe al vazir, que significa «lugarteniente», por citar algunos ejemplos que nos recuerdan la importancia de la colonización musulmana de la Península Ibérica.
En sus orígenes americanos en los cabildos participaban todos los vecinos cuando los asuntos de la polis los requerían, pero con el aumento natural de la población esto no pudo sostenerse y comenzó la representación que se otorgó a quienes tuviesen casa en la ciudad y tiempo viviendo en ella. Es evidente que ya aquí hay mecanismos de elección y representación democráticos o protodemocráticos, para no herir a los puristas.
Recordemos que el cabildo es una institución de origen castellano, de la Edad Media, concentrada en el gobierno urbano, y que se trasladó a América y aquí experimentó un auge que en España ya había perdido. Según Pedro Manuel Arcaya Urrutia en su libro El Cabildo de Caracas: «Los orígenes de los cabildos en la península se remontan al Fuero de Bravosera, en el año 821, y en el privilegio de Carlos Calvo, otorgado a la ciudad de Barcelona en el año 844» (Arcaya, 1968: 10).
Los primeros cabildos venezolanos fueron los de Nueva Cádiz de Cubagua y Coro, ambos de 1527, y luego se establecieron junto con la fundación de las ciudades, muchas de ellas creadas desde el epicentro de El Tocuyo (1545). Será desde allí desde donde salgan las huestes que funden Borburata (1548), Barquisimeto (1552), Valencia (1555), Trujillo (1556), Caracas (1567), Caraballeda (1567) y Carora (1569); no así Mérida y San Cristóbal, que fue tarea de los pamploneses; ni La Grita (1576) y Barinas (1577), fundadas por Francisco de Cáceres, que provenía de Bogotá; ni San José de Oruña, en Trinidad (1592), o Santo Tomé de Guayana (1595), fundadas por Antonio de Berrío, procedente de Bogotá. Pero en todas habrá un cabildo y un esquema urbano.
¿De dónde viene el esquema de las ciudades que el conquistador español va a fundar en América? Pues de donde proviene casi todo en el mundo occidental, de Grecia. La ciudad ortogonal de Hippodamus de Mileto fue asumida en los pueblos de Castilla y Aragón, reglamentada por la minuciosa casuística del Derecho Castellano, acaso el más quisquilloso del mundo. Luego, para el caso americano será Felipe II quien dicte las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias dadas por Felipe II, el 13 de julio de 1573, en el Bosque de Segovia. De modo que todas las ciudades fundadas antes de esta fecha comenzaron a crecer sobre la base de la costumbre castellana, ya fundamentada jurídicamente. Lo que hizo la ordenanza fue darle singularidad jurídica al caso americano.
Por supuesto, lo anterior refiere a la estructura espacial de la ciudad y su futuro crecimiento; aspecto distinto fue lo que significó para la corona la conformación de una red de ciudades en sus provincias americanas. Obviamente, la ciudad fue el centro del poder político y religioso, es decir, el ámbito desde donde irradió una cultura hacia las periferias rurales y hacia dentro de sí misma. No exageramos al afirmar que la ciudad fue el epicentro de la voluntad imperial y, también, el núcleo desde donde surgió la negación del Imperio y la creación de las repúblicas, trescientos años después. Como suele suceder en la naturaleza: se lleva dentro el germen de su propia destrucción.
En el devenir del Cabildo venezolano hay cuatro momentos de importancia. El primero ocurrió por insistencia de Sancho Briceño, en Trujillo, quien logró que el rey firmara una cédula real el 8 de diciembre de 1560. En ella se faculta a los alcaldes ordinarios para ejercer el Gobierno en ausencia del gobernador, entre tanto la corona provee otro gobernador sustituto. Curiosamente, la argumentación de Briceño, que no es necesario citar, no se funda en el reclamo de una preeminencia sino en lo contrario: se invoca la pobreza de estas tierras, su lejanía y soledad, y la urgencia que se tenía por no perder el hilo del Gobierno, cosa que hacía riesgoso esperar la llegada de un nuevo gobernador. Por supuesto, la ausencia del gobernador aludida es la definitiva, la de la muerte, no la del viaje o visita en su jurisdicción.
El segundo, en 1591, es una cédula real que ofreció los cargos de regidores en venta, en busca de recursos, y se dio inicio a la formación de una suerte de oligarquía urbana, ya que quienes podían comprar los cargos eran los adinerados de la ciudad. Naturalmente, este paso propendió hacia el esquema plutocrático, dejando de lado el popular inicial.
El tercero, muchos años después, es del 8 de septiembre de 1676, cuando el rey ratifica la cédula de 1560 con otra, despejando dudas sobre el particular, ya que la Audiencia de Santo Domingo de entonces creyó que estaba facultada para nombrar gobernador interino, desconociendo la suplencia establecida de los alcaldes ordinarios.
El cuarto, ya en tiempos borbónicos, es cuando veremos cómo se suprime esta práctica supletoria del gobernador, desmejorando notablemente el poder de los cabildos. Será por cédula real del 1.º de abril de 1737 cuando se anule y se escoja al teniente de gobernador como sustituto del gobernador fallecido. Pero, a partir de 1560 y hasta 1737, la sustitución del gobernador que fallece en sus funciones ocurre el mismo día del deceso por parte de los alcaldes ordinarios, con lo que la corona estaba reconociendo la importancia del Cabildo como célula política fundamental del reino español en América.
Por otra parte, el siglo XVIII es el de los Borbones y sus reformas. Comienza con Felipe V, el 16 de noviembre de 1700. El origen del cambio de dinastía estriba en que Carlos II no tuvo descendientes y optó por Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, rey de Francia, y María Teresa de Austria. Felipe V será integrante de la casa de los Borbones, quienes tomaron su nombre del castillo familiar de Bourbon-l’Archambault, y era sobrino-nieto de Carlos II. No hubo concordia sobre la legitimidad del trono de Felipe V y comenzó la guerra de Sucesión en España, extendida entre 1700 y 1714, al final de la cual el reconocimiento de Felipe V se hizo unánime en la península, no así en Alemania, donde su emperador no lo reconocía.
El reinado de Felipe V va a durar 45 años con una mínima interrupción en 1724, cuando abdicó a favor de su hijo Luis I, pero este fallece el mismo año y retoma la corona su padre hasta el 9 de julio de 1746, día de su muerte. El reinado más largo de la historia de España ha sido el de Felipe V. Su muerte lleva al trono a su hijo Fernando VI, con quien se inicia un período de reformas importantes, encabezadas por el marqués de la Ensenada, que era como se conocía a Zenón de Somodevilla. El reinado de Fernando VI se extenderá hasta el 10 de agosto de 1759, día de su fallecimiento, cuando es sucedido por Carlos III. Este monarca, como es sabido, representó un cambio sustancial en relación con su padre y su abuelo, ya que gozaba de una voluntad que sus antecesores no tenían. Él mismo atendía la implementación de las llamadas reformas borbónicas y estas, durante su reinado, se extendieron a las posesiones americanas. Se buscaba la reducción del poder del virrey y de la Real Audiencia, se buscaba extraer mayores beneficios económicos de las provincias americanas a través de presiones tributarias, y todo ello inspirado en los presupuestos de la llamada Ilustración. Por ello, se emprendió una laicización del Estado y fueron los jesuitas quienes padecieron primero estos afanes centralizadores. Carlos III llegó a tener relaciones muy hostiles con el papa, ya que creía que la Iglesia católica era un factor de poder sustancial en América y España, y sus reformas pasaban por minimizar este poderío.
Si las reformas de Felipe V y Fernando VI anunciaban un camino centralizador y una voluntad de poder imperial superior a la de los Austrias, será con Carlos III que las reformas aprieten sobre el cuello de los criollos, a favor de los intereses de la península. También, en el caso de Venezuela supuso una notable mejora en la estatura de sus instituciones político-jurídicas, ya que la creación de la Intendencia (1777), la Capitanía General (1777) y la Real Audiencia (1786) eran reconocimiento de la importancia que las provincias habían alcanzado. Por otra parte, estas centralizaciones del poder atentaban contra los cabildos que, desde la coronación de Felipe V, venían siendo afectados en sus autonomías, aunque nunca lograron ni doblegarlos ni minimizarlos totalmente en sus tareas.
Si bien el objetivo del monarca era minimizar el poder de los criollos, cobrar más impuestos y constreñir a las provincias a ser productoras de materias primas y consumidoras de productos enviados desde España, la verdad es que no fue fácil hacer efectiva esta voluntad mercantilista. La demografía atentaba contra sus designios: ¿cómo imponerle a la mayoría de la sociedad colonial (criollos, mestizos, indígenas y esclavos) la voluntad de una minoría peninsular? El poder económico estaba en manos de los criollos y, como se sabe, este es el determinante y, precisamente, de tanto hostigarlos, fue de donde salió la llama de la independencia, como es bien sabido. Les estaban pidiendo demasiado: pagar más impuestos; perder influencia en la disminución del espacio cabildante; no detentar el poder político.
Es evidente que, si en algún espacio se ventiló el espíritu democrático en los trescientos años de colonia, fue en los cabildos, ya que fue allí donde los criollos hicieron vida política, eligiendo al alcalde cadañero, que era como se denominaba al alcalde que se elegía los primeros de enero de cada año para gobernar por un año, como su denominación lo indica. No será gratuito, entonces, que sea de los cabildos de donde emerja la voluntad de desconocer a José Bonaparte y se constituya el primer Gobierno propio que tuvimos, fruto de los hechos caraqueños del 19 de abril de 1810. Imposible no señalar la importancia de esta institución cuando buscamos rasgos democráticos en nuestro período colonial. Fue nuestro primer «espacio democrático», con las comillas del caso.
El nacimiento de la república federal (1811)
Cuando el Congreso Nacional constituyente reunido en Caracas toma la decisión de fundar una república el 5 de julio de 1811, culminan tres siglos de monarquía española en tierra venezolana. Los criollos han abrazado la causa republicana y optan por decidir sus asuntos autónomamente, como ya lo han hecho antes los fundadores de los Estados Unidos de América y los franceses, que han encendido una revolución. ¿Es la democracia el sistema de Gobierno que anima a los criollos venezolanos a fundar una república? ¿Es el liberalismo el cuerpo de ideas que insufla el proyecto democrático?
El Congreso le encarga al doctor Juan Germán Roscio la redacción del Acta de la Independencia. Entonces Roscio, que era católico hasta los tuétanos, invoca a Cristo en el encabezado del documento y afirma:
Nosotros los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento que nacemos a la dignidad, que su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres creyendo y defendiendo a la santa católica y apostólica religión de Jesucristo, como el primero de nuestros deberes (…) (Arráiz Lucca, 2012: 127).
Lo primero: este sesgo confesional en la creación de la República de Venezuela fue corregido luego en la Constitución Nacional de 1830, la de Valencia, cuando el constituyente no expresó su credo, acorde con el principio laico que comporta el republicanismo liberal. Entonces, el constituyente no invocó a Cristo, como sí lo hace Roscio tanto en el Acta de la Independencia como en la primera Constitución Nacional de la República, la aprobada por el Congreso Nacional el 21 de diciembre de 1811, redactada por él, Francisco Javier Ustáriz y Francisco Isnardi.
Lo segundo: la expresión «Provincias Unidas de Venezuela» es claramente federal. No podía ser de otra manera, ya que las provincias gozaban de una notable autonomía entre ellas, más allá de que a partir de 1777 con la creación de la Capitanía General de Venezuela se fundara una instancia superior e integradora para cada una de ellas, pero entre ellas no podía haber preeminencia alguna. De tal modo que el federalismo, como bien lo apuntó Caracciolo Parra Pérez, forma parte de nuestra tradición histórica provincial y no, como algunos han creído, que el centralismo autoritario es el único sol de nuestro pasado hispánico.
Es fácil inferir que, siendo una monarquía el sistema de Gobierno que tuvimos durante tres siglos en Venezuela, invocando el Derecho Divino de los Reyes, el centralismo autoritario estaba a la orden del día, cuando en verdad los gobernadores de provincia gozaban de una significativa autonomía y, además, estaban obligados a hacer vida política con los cabildos, donde los criollos llevaban la voz cantante y no pocas veces le torcían el brazo al gobernador imponiendo sus criterios. Encima, el gobernador tenía sobre su cuello la espada de Damocles del juicio de residencia que, con toda seguridad, se instauraría al final de su mandato y determinaría su presente y futuro. De tal modo que, aun gozando de autonomía, el gobernador respondería por sus actos ante la corona.
Evidentemente, este tema será central, ya que la argumentación que se esgrimirá en adelante y hasta nuestros días apunta al centralismo autoritario del esquema monárquico colonial, cuando en verdad fue, por decir lo menos, distinto. Siempre se ha dicho que Roscio y Ustáriz se inspiraron en la Constitución de los Estados Unidos y es cierto, pero suele olvidarse que la federación de nuestra primera Constitución recoge nuestra tradición histórica provincial, como ya hemos dicho; de modo que no solo el texto constitucional norteamericano los inspira sino la atención a nuestra propia realidad provincial.
Volvamos al Acta de la Independencia, al párrafo siguiente, donde se especifica todavía más el carácter federal de la república que se está creando. Se lee:
(…) declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son y deben ser, de hoy más de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España, o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e independiente, tiene pleno poder para darse la forma de Gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos (Arráiz Lucca, 2012: 132).
Como vemos, las antiguas provincias son consideradas ahora «Estados libres», que se confederan claramente y forman una unión. No hay espacio para la ambigüedad en cuanto al federalismo del acta, que luego también es recogido en el texto propiamente constitucional. En este, por su parte, queda claramente establecido que forman parte de la unión las provincias de Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas, con lo que queda establecida la organización político-territorial. Coro, Maracaibo y Guayana, para la fecha, estaban en manos realistas. El régimen electoral fue censitario: hombres, más de 21 años, propietarios. El período de los diputados en la Cámara de Representantes fue de cuatro años; el de senadores, seis. El del Poder Ejecutivo fue de cuatro años y se acogió el sistema del triunvirato, vigente desde la conformación del Gobierno que se constituyó a partir del 19 de abril de 1810. Nada se dice sobre la reelección del Poder Ejecutivo.
Recordemos que ante la abdicación forzada de Fernando VII, por voluntad de Napoleón Bonaparte, el Cabildo caraqueño optó por no reconocer al rey francés y se declaró fiel al suyo, alegando que la soberanía había sido entregada en manos del rey español y no en las del francés, quien la había tomado ilegítimamente. De allí la necesidad de formar un Gobierno, como en efecto se hizo, en nombre de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Ese Gobierno acogió desde el primer momento una fórmula extremadamente democrática: el triunvirato. Un titular presidía el Gobierno durante cuatro meses del año, mientras los otros dos titulares estaban al tanto de los asuntos de la administración. Un Gobierno colegiado, forzosamente consultivo entre tres, lo que revela un espíritu colaborativo que responde a un desiderátum democrático indudable. Se comparte el poder, y se ejerce en consulta.
De acuerdo con la costumbre de la época los ciudadanos que formaban la república, y que ejercían el derecho político del sufragio, eran hombres y propietarios. En otras palabras: una oligarquía. Una república de propietarios. Por supuesto, desde el punto de vista democrático fue un avance notable: las autoridades no se instituían por leyes hereditarias monárquicas, ni se invocaba a Dios para ello, sino que eran electas por un grupo preciso de la sociedad: los hombres mayores de 21 años y propietarios de un bien raíz o su equivalente en moneda. Se había dado un paso adelante: las leyes hereditarias de la monarquía que invocaban a Dios quedaban de lado. Volvamos ahora a un tema que dejamos pendiente.
¿Asumimos el Acta de la Independencia como nuestra primera Constitución? ¿Podemos hacerlo? ¿Tiene fundamento? No es en puridad de criterios una constitución, pero sí es la manifestación príncipe de un acto fundacional, lo que la erige como un acto constitucional. De tal modo que en perfecta lógica jurídica no puede ser analizada como tal, pero en correspondencia con su significación histórica sí, ya que es en ella en donde se estampa por primera vez la voluntad de una nación de constituirse en república. Conviene recordar que la primera acta de independencia de la América española es la de Venezuela; le siguen las de Colombia (1813), México (1813), Argentina (1816) y Chile (1818), luego las restantes, con diversas particularidades. Días después del acta, Roscio redacta un texto más amplio y explicativo que se titula «Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América Meridional de las razones en que se ha fundado su absoluta independencia de España, y de cualquiera otra dominación extranjera. Formado y mandado publicar por acuerdo del Congreso General de sus Provincias Unidas» y abunda en razones, aludiendo siempre al carácter federal de la república que se acaba de constituir.
La vigencia de esta Constitución Nacional de 1811 fue efímera, ya que Miranda capitula ante Monteverde el 24 de julio de 1812 y los realistas recobran el mando. No obstante, la fugacidad de la carta magna fundacional le da pie al joven Simón Bolívar para redactar su primer texto político de importancia: el Manifiesto de Cartagena, donde hace de la Constitución de 1811 el epicentro de su argumentación y, además, le permite pronunciarse acerca del centralismo y en contra del federalismo, pieza fundamental de sus ideas políticas desde entonces y hasta su muerte, en 1830. Afirma:
De lo referido se deduce que, entre las causas que han producido la caída de Venezuela, debe colocarse en primer lugar la naturaleza de su Constitución; que, repito, era tan contraria a sus intereses como favorable a los de sus contrarios. En segundo, el espíritu de misantropía que se apoderó de nuestros gobernantes. Tercero, la oposición al establecimiento de un cuerpo militar que salvase la república y repeliese los choques que le daban los españoles. Cuarto, el terremoto acompañado de fanatismo que logró sacar de este fenómeno los más importantes resultados; y últimamente, las facciones internas que en realidad fueron el mortal veneno que hicieron descender la patria al sepulcro (Franceschi, 2012: 82).
Como vemos, la Constitución Federal es la primera piedra del argumento para explicar la pérdida de la Primera República. El argumento no tiene peso, ya que a Miranda se le habían dado poderes absolutos, designándosele Generalísimo y, en consecuencia, la guerra no tenía que perderse por causas burocráticas atribuibles al texto constitucional. Las causas fueron otras. No obstante, es evidente que Bolívar aprovecha la circunstancia para abogar por su proyecto no federalista. Este es un hecho de la mayor importancia, ya que no solo sostuvo este credo hasta el momento de su fallecimiento por tuberculosis en Santa Marta, sino que influyó decisivamente en el derrotero centralista que tomó Venezuela, a contrapelo de su tradición histórica provincial y del exitosísimo resultado que el federalismo iba tomando en los Estados Unidos de América.
Bolívar va a dar otra vuelta de tuerca en contra del federalismo en el discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Entonces, abona sus diatribas en contra y afirma:
Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación en nuestro Estado. Y según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en el norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral; no obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha criado en libertad y se alimenta de pura libertad; lo diré todo: aunque bajo muchos respectos este pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas (Arráiz y Mondolfi, 2001: 30).
Bolívar era un maestro en estas vueltas retóricas: hace el más grande elogio de los Estados Unidos y se pregunta cómo han podido llegar a tanto si su régimen es federal. No se pregunta si no han llegado a tanto porque su régimen es federal, precisamente. Le parece complicado el régimen federal y ciertamente lo es, pero: ¿no es esa trama la que teje un equilibrio de poderes que dificulta la arbitrariedad? Sin la menor duda, pero en 1819 el Libertador no estaba para complicaciones, quería una constitución simple, expedita, que le permitiera el mando sin mayores complejidades para enfrentar la guerra. Y volvemos a la pregunta anterior: ¿cómo el sistema federal atenta contra la eficacia guerrera? En nada. De hecho, la potencia militar más grande que ha conocido la humanidad es la de los Estados Unidos de hoy, y su régimen sigue siendo federal, y así mismo han ganado unas cuantas guerras en el siglo XIX y XX; de tal modo que la complejidad federal no puede ser óbice para la eficiencia militar. En cambio: ¿es el centralismo una piedra en el zapato para la democracia? Mientras mayores sean los trámites dialogales y de negociación para la toma de decisiones, crecerá con mejor salud el espíritu de la democracia. Allí están las democracias parlamentarias europeas del siglo XX y XXI como ejemplo.
Volvamos al comienzo: es una paradoja elocuente que la República de Venezuela naciera abrazando el federalismo y creciera embarcada en el centralismo. La explicación de semejante cambio se emblematiza en un apellido: Bolívar. Pero no estaba solo en esto el Libertador, muchos pensaron entonces (y ahora) que el centralismo es preferible al federalismo. Incluso, cuando terminó de imponerse la descentralización política y administrativa en 1989, gracias al acuerdo pactado entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández alrededor de la Copre (Comisión para la Reforma del Estado), se hizo en contra del statu quo que formaban los partidos políticos imperantes. Tanto para el federalismo rosciano como para el centralismo bolivariano el odre, el nido, la nuez es el pensamiento liberal; en el caso de Roscio imantado por el catolicismo, en el caso de Bolívar por el rousseaunianismo y el bonapartismo.
Sacude pensar que en buena medida estas dicotomías están vivas entre nosotros y que el desacuerdo ha sido el signo del crecimiento de la república desde su fundación, salvo en períodos en los que las fuerzas políticas pactaron acuerdos de convivencia, o la hegemonía de un sector imperó y contribuyó con el desarrollo económico adoptando un programa liberal. En cualquier caso, la República de Venezuela nació federal y se tornó central, hasta que con la Federación de Juan Crisóstomo Falcón intentó regresar a sus orígenes federales, sin grandes éxitos, como veremos en su momento.
El centralismo bolivariano y la Constitución de 1819
La entrada triunfal de Simón Bolívar a Caracas el 6 de agosto de 1813, procedente de occidente, coincide con las victorias de Santiago Mariño en oriente. Muy pronto ambos encuentran una reacción realista importante, y en junio de 1814 José Tomás Boves derrota a las fuerzas patriotas, la restauración de la república se pierde y sus generales se avientan al exilio. Aunque Bolívar pensó acerca del tema constitucional y se propuso una constitución nacional distinta a la de 1811, lo cierto es que en medio del fragor de la guerra no hubo tiempo para hacer mayores adelantos, más allá de haberle encargado a Francisco Javier Ustáriz el cometido y participarlo al Congreso de Nueva Granada. Luego, con el desembarco del ejército comandado por Pablo Morillo en Carúpano el 3 de abril de 1815, la república terminó de quedar bajo las aguas y Venezuela regresó enteramente a manos españolas, salvo en los reductos de resistencia que José Antonio Páez, Manuel Carlos Piar y Francisco de Paula Santander (en los llanos de Casanare) mantuvieron en sus reinos.
La urgencia guerrera en 1816 ocupa a Páez enteramente en sus territorios, donde el ejército realista penetra sin vencerlo; lo mismo ocurre en 1817 con Piar en Angostura, mientras Bolívar regresa de su exilio jamaiquino y haitiano y recupera el mando, previo fusilamiento de Piar el 16 de octubre de 1817. Antes, el 8 de mayo de este año, tiene lugar el Congreso de Cariaco, un hecho que cierta historiografía pasa por debajo de la mesa, pero que a los efectos del proyecto federal es de la mayor importancia, tanto por ser un intento de recuperación del federalismo como por hacer evidente la magnitud de sus enemigos.
Está de vuelta en Venezuela el presbítero chileno José Cortés de Madariaga, después de tres años de cárcel en Cádiz, y el sacerdote, como sabemos, fue personaje central de los hechos del 19 de abril de 1810, en el famoso balcón. El canónigo le propone a Santiago Mariño regresar al esquema federal de la Constitución de 1811 y a este le parece bien, ya que era más proclive a cualquier forma constitucional que mejorara su situación en desmedro de la de Bolívar, con quien tenía una situación de tirantez silenciosa. Deciden, entonces, organizar el Congreso (entre el 8 y el 9 de mayo de 1817) y nombrar autoridades sobre la base de las instituciones de seis años antes. Se forma un triunvirato integrado por Fernando Rodríguez del Toro, Francisco Javier Mayz y Simón Bolívar (sin consultarle, obviamente). Mariño es designado jefe supremo del Ejército y Luis Brión de la Armada. En la asamblea estaban presentes Francisco Antonio Zea, Diego Bautista Urbaneja, Luis Brión, Manuel Isava, Diego Vallenilla, Francisco Xavier y Diego Alcalá, Manuel Maneiro, Francisco de Paula Navas y, por supuesto, Cortés de Madariaga.
En el acta que se levanta el 8 de mayo de 1817, evidentemente escrita o dictada por Cortés de Madariaga, dada la reiterada invocación de la divinidad, se lee:
Que desde este día reasumimos el carácter nacional representativo a que hemos sido restituidos, por el eminente general Santiago Mariño, procediendo este en nombre del Jefe Supremo de la República, el digno ciudadano Simón Bolívar y el suyo propio, como segundo jefe encargado al presente de las riendas del Gobierno. Y hacemos saber a todo el pueblo de la Confederación invocando al Ser Supremo como testigo de la pureza y honradez de nuestras intenciones, que desde hoy se halla restablecido el Gobierno Federal de la República de Venezuela, en sus tres departamentos legislativo, ejecutivo y judicial, para el debido despacho de los negociados que respectivamente les corresponden (Franceschi, 2012: 117).
Bolívar en cuanto se enteró de la ocurrencia del Congreso y del proyecto federal, lo desechó rotundamente con su silencio. En carta fechada el 6 de agosto de 1817 y desde Angostura, Bolívar se dirige a Martín Tovar Ponte, su viejo amigo, y le dice que por fin se cuenta con «Guayana libre e independiente» y le relaciona lo que esto significa para el futuro de sus proyectos in pectore. En cuanto a Cariaco, afirma:
El canónigo restableció el Gobierno que tú deseas y ha durado tanto como casabe en caldo caliente. Nadie lo ha atacado y él se ha disuelto por sí mismo. En Margarita lo desobedecieron; en Carúpano lo quisieron prender; a bordo lo quisieron poner en un cañón, se entiende para llevar azotes; aquí ha llegado y aún no se le ha visto la cara porque sus individuos se dispersaron, no de miedo sino de vergüenza de que los muchachos lo silbasen. Yo he usado la moderación de no haber escrito ni una sola palabra, ni de haber dicho nada contra el tal Gobierno federal y, sin embargo, no ha podido sostenerse contra todo el influjo de la opinión. Aquí no manda el que quiere sino el que puede (Bolívar, 1950: 254).
Como era de esperarse, Bolívar desaprobaba con su silencio el proyecto federal de Cortés y Mariño. Si en 1812 al federalismo lo atajó un contradictor tenaz, ahora el mismo seguía en su negación. Curiosamente, se ha dicho que el centralismo de Bolívar era netamente caraqueño, mientras el federalismo de los otros era provinciano, pero si bien puede haber algo de cierto en esto, vemos cómo Tovar, más caraqueño y mantuano imposible, se inclinaba por el federalismo.
En 1818 llega la Legión Británica a Margarita y Angostura y entonces Bolívar, de acuerdo con Santander, teje su proyecto neogranadino. Antes, el 15 de febrero de 1819, se constituye el Congreso en Angostura bajo la impronta de Bolívar. Se redacta una nueva Constitución Nacional que, naturalmente, ya no es federal. Bolívar pronuncia el discurso inaugural del Congreso y presenta su proyecto de Constitución Nacional. Entonces, afirma:
La continuación de la autoridad en un mismo individuo, frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente (Franceschi, 2012: 129).
El joven caraqueño es electo presidente de Venezuela y de inmediato prepara su ejército para invadir el territorio de Nueva Granada y liberarlo de la dominación española. Así lo hace, y el 7 de agosto destroza al ejército español en la batalla de Boyacá, con lo que queda sellada la independencia de Colombia. De inmediato, toma cuerpo en la mente del Libertador la idea de crear una sola república, y así lo plantea ante el Congreso reunido en Angostura el 11 de diciembre. Este Congreso, seducido por la proposición bolivariana, dicta la Ley Fundamental de la República de Colombia, el 17 de diciembre de 1819, creándose así una sola República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca, cuyas capitales serán Caracas, Quito y Bogotá. La Ley Fundamental ordena la reunión de un Congreso en Cúcuta en enero de 1821. A este Congreso se le encarga la redacción de la Constitución Nacional de Colombia, señalándole el camino la ya promulgada Constitución Nacional de la República de Venezuela en Angostura, el 15 de agosto de 1819.
La Constitución de 1819 es de impronta bolivariana y, en consecuencia, es centralista. Bolívar se expresó muy claramente en contra del federalismo de la Constitución de 1811. El Congreso de Angostura no fue exclusivamente electo con objetivos constituyentes, ya que tomó decisiones previas, pero sí se abocó a la redacción del texto constitucional, lo que nos conduce a afirmar que su naturaleza no fue constituyente en el sentido expreso. Estuvo compuesto por 26 de los 30 diputados electos y se extendió desde el 15 de febrero de 1819 hasta el 20 de enero de 1820. El sistema electoral escogido fue el censitario, sobre la base de la condición de ciudadano activo. En tal sentido, votaban los varones mayores de 21 años, que supiesen leer y escribir, que fuesen propietarios. El período presidencial se estableció en cuatro años, sin reelección inmediata, pero sí con un período de por medio. La organización político-territorial comprendió diez provincias: Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo.
Siete años después del Manifiesto de Cartagena (1812), Bolívar, lejos de cambiar en algo sus ideas sobre el federalismo, acentúa sus argumentos en contra y afirma en el discurso ante el Congreso de Angostura, refiriéndose al Congreso constituyente de 1811: «El primer Congreso en su Constitución federal más consultó al espíritu de las provincias que la idea sólida de formar una república indivisible y central» (Franceschi, 2012: 134). Como vemos, hay un reconocimiento por parte de Bolívar del proceder democrático de Roscio e Isnardi: consultaron al espíritu de las provincias, hecho que al parecer a Bolívar le resulta inconveniente en aras de la «república indivisible y central».
Más adelante explica que: «Aquí cedieron nuestros legisladores al empeño inconsiderado de aquellos provinciales seducidos por el deslumbrante brillo de la felicidad del pueblo americano, pensando que las bendiciones de las que goza son debidas exclusivamente a la forma de Gobierno y no al carácter y costumbres de los ciudadanos» (Franceschi, 2012: 134). En otras palabras: el federalismo sirve en los Estados Unidos por razones culturales, en Venezuela no. Incluso lo explica, ya en tarea de antropólogo y sociólogo, y afirma:
Mas por halagüeño que parezca y sea en efecto magnífico este sistema federativo, no era dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al salir de las cadenas. No estábamos preparados para tanto bien; el bien, como el mal, da la muerte cuando es súbito y excesivo. Nuestra condición moral no tenía todavía la consistencia necesaria para recibir el beneficio de un Gobierno completamente representativo, y tan sublime que podía ser adaptado a una república de santos (Franceschi, 2012: 135).
Es decir, según Bolívar el pueblo norteamericano era muy superior al nuestro, y sí tenía la reciedumbre moral para asumir el federalismo, mientras que nosotros no. Pero el Libertador no se queda en lo enunciativo, explica por qué nosotros no en un párrafo en el que se advierten rasgos de psicología social y, por supuesto, trama cultural. Señala:
Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América que una emanación de Europa, pues que hasta España misma deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano, y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes de origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia (Franceschi, 2012: 135).
Como vemos, amplía lo dicho en la Carta de Jamaica de 1815, y pareciera enredarse en un galimatías, aunque el vocablo «reato» nos lo aclara, que significa: «Obligación que queda a la pena correspondiente al pecado, aun después de perdonado» (DLE). Es decir, los venezolanos penábamos por un pecado que nos fue perdonado, los estadounidenses no. ¿Por qué? Es algo difícil de entender, pero es elocuente acerca del concepto que Bolívar tenía del gentilicio venezolano, al que conocía muy bien y al que distinguía claramente del norteamericano.
Como se hace evidente a través de estas líneas, el Libertador era un partidario del centralismo y esto, naturalmente, siendo enorme la influencia de Bolívar en su tiempo y después, ha incidido enfáticamente en el concepto que sobre el funcionamiento de la república tenemos los venezolanos. Por más que la realidad nos demuestre una y otra vez que el federalismo es propicio para la descentralización del poder, que lo distribuye y obliga a compartirlo, que favorece los equilibrios democráticos y aceita en la comunidad la negociación, el diálogo, la colaboración entre poderes autónomos que tienen un fin común, la impronta centralista vuelve por sus fueros.
Incluso, es evidente que, entre las causas de la pérdida de la República de Colombia, la de no haber optado por un esquema federal fue la más importante. Era imposible que los venezolanos recibieran órdenes desde Bogotá sin que gozaran de la más mínima autonomía; tampoco los quiteños se avenían con el esquema. Es curioso que no se haya advertido claramente entonces que parte del éxito de los Estados Unidos radicaba en su federalismo, y que no se emulara el camino sino que se optara por el contrario, pero así fue y los resultados están a la vista. Colombia se deshizo después de once años de una vida tumultuosa, pero, entre las causas que suelen enumerarse para explicar la disolución, la del esquema central no se señala como la principal, sino que se apela al expediente más fácil, tribal y falso: la traición.
Finaliza la República de Venezuela y nace la de Colombia (1819-1830)
De acuerdo con lo pautado por la Ley Fundamental de la República de Colombia del 17 de diciembre de 1819, se reúne el Congreso Constituyente en Cúcuta, con 57 diputados, y redacta la nueva Constitución Nacional, que es sancionada el 30 de agosto de 1821. La capital de la república será Bogotá, hasta tanto se construya la prevista capital que se denominaría Bolívar, proyecto que nunca se adelantó. Entre los que concebían la nueva Constitución con un criterio federalista y los que la soñaban con criterio centralista, se impusieron los últimos, que contaban con el aval de Bolívar. Se designó vicepresidente de la república al general neogranadino Francisco de Paula Santander, con el entendido de que durante las campañas militares que adelantaría el presidente Bolívar en procura de la libertad de otros pueblos, el Gobierno quedaría en sus manos.
El descontento de importantes sectores venezolanos con las decisiones tomadas por el Congreso Constituyente de Cúcuta se hizo sentir de inmediato. De modo que el rosario de dificultades que experimentará la República de Colombia será creciente. El 29 de diciembre de 1821 la Municipalidad de Caracas, al pronunciarse sobre la nueva Carta Magna, la aprobó condicionalmente ya que, según los integrantes del cuerpo colegiado: «No había sido sancionada por los mismos representantes que la formaron, que no podían imponer a los pueblos de Venezuela el deber de su observancia cuando no habían tenido parte en su formación, ni creían adaptables al territorio venezolano algunas de las disposiciones de aquel código» (Arráiz Lucca, 2011: 177). Se refería el Cabildo al hecho cierto de haber estado Caracas bajo dominio español para el momento de la celebración del Congreso Constituyente de Cúcuta, aunque ello no fue óbice para que los caraqueños formaran parte del Congreso. El 3 de enero de 1822 se insistió sobre el tema, y luego la prensa recogió el hecho, con lo que el proyecto grancolombiano de Bolívar experimentó entonces sus primeras resistencias.
El Congreso Constituyente de Cúcuta redactó una carta magna de naturaleza centralista. El régimen electoral fue muy parecido al de la de 1811: ciudadanos varones que supieran leer y escribir, propietarios y mayores de 25 años, a diferencia de la anterior que exigía 21 años. Tanto el período de cuatro años como la reelección no inmediata, sino con un período de por medio, se mantuvo exactamente igual a la Constitución de 1819. El orden político territorial rezaba textualmente en el artículo 6: «El territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela». Por cierto, no hemos hallado la mención «Gran Colombia» en ninguno de los textos oficiales compulsados, lo que nos lleva a pensar que la denominación puede haberse divulgado profusamente, y probablemente, para atenuar el dolor que los venezolanos han podido sentir al ver que el vocablo «Venezuela» desaparecía en el proyecto bolivariano, relegándose a un departamento, mientras la entidad republicana recaía sobre el vecino país. Esto, se dice poco, probablemente fue causa de mucho escozor para los venezolanos. No se trasiega de república a departamento impunemente, por más que el líder de la nación lo imponga. Esto que advierto se ha señalado antes, evidentemente, y es el caso, entre otros, del historiador David Bushnell, especialista en historia de Colombia, quien atribuye la denominación «Gran Colombia» a historiadores venezolanos, quizás para especificar que el período al que se alude es el que va de 1819 a 1830.
Hay una tercera Constitución que es de génesis bolivariana, pero no imperó entre nosotros. Me refiero a la Constitución de Bolivia de 1826, redactada de puño y letra del Libertador y consagratoria de la presidencia vitalicia, con la modalidad de atribuirle a esta suerte de rey la posibilidad de elegir a su sucesor. Este texto constitucional de impronta monárquica, Bolívar intentó que fuese acogido por Perú y Colombia y, naturalmente, fue fuente de enormes desavenencias entre el Libertador y muchos de sus seguidores. Cuando decimos «Colombia» en este contexto histórico estamos incluyendo a Venezuela y Ecuador, porque se trata de la Colombia bolivariana.
En carta del 6 de julio de 1826 Santander le escribe a Bolívar explicándole su negativa a la presidencia vitalicia. Dice:
¿Quién es el emperador o rey en este nuevo reino? ¿Un príncipe extranjero? No lo quiero porque yo he sido patriota y he servido diez y seis años continuos por el establecimiento de un régimen legal bajo las formas republicanas. En mi posición, y después de que he logrado una mediana reputación, sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas. ¿El emperador es usted? Obedezco gustoso y jamás seré conspirador, porque usted es digno de mandarnos, porque nos gobernará según las leyes, porque respetará la opinión sana del pueblo, porque es justo, desinteresado, filantrópico, etc. ¿Y después de su muerte quién es el sucesor? ¿Páez? ¿Montilla? ¿Padilla? A ninguno quiero de jefe supremo vitalicio y coronado. No seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré, antes de vivir bajo tal régimen (Santander, 2011: 24-25).
La carta es una pieza de notables sutilezas que pone el dedo en la llaga: el único vitalicio aceptado es Bolívar, mientras todos los demás aspiran legítimamente a sucederlo. Imposible de digerir la proposición bolivariana y, como vemos, origen de futuras desavenencias.
La Municipalidad de Valencia, reunida el 30 de abril de 1826, argumentando que el pueblo había caído en un disgusto supremo como consecuencia de la separación del general Páez de sus funciones (después del desencuentro con Santander por una orden no acatada), y que esta circunstancia estaba por crear una crisis nacional, acuerda restituirle el mando a Páez. Este acepta el 3 de mayo por medio de una proclama, y el 5 de mayo la Municipalidad de Caracas reconoce la restitución del general Páez, sumándose a lo propuesto por la de Valencia. Estos hechos, que el pueblo denominó como La Cosiata, aludiendo a una obra de teatro que entonces se presentaba en Valencia en la que un actor declinaba el vocablo «cosa», fueron de suma importancia, ya que en la práctica significaban el desconocimiento del Poder Ejecutivo radicado en Bogotá y el del texto constitucional.
El 14 de mayo de 1826 el general Páez jura ante la Municipalidad de Valencia cumplir las leyes y hacerlas cumplir, así como «no obedecer las nuevas órdenes del Gobierno de Bogotá». El 29 de mayo en sesión solemne de la Municipalidad de Caracas, juran ante Páez, ahora jefe civil y militar, las nuevas autoridades del Departamento de Venezuela: el general Santiago Mariño, segundo jefe militar; el doctor Cristóbal Mendoza, intendente; el doctor Suárez Aguado, provisor y vicario capitular, y el doctor Francisco Javier Yanes, presidente de la Corte Superior de Justicia.
La autonomía del Departamento de Venezuela siguió manifestándose y una asamblea popular reunida el 5 de noviembre de 1826 en la iglesia de San Francisco, en Caracas, solicita, mediante voto popular, que se instaure «el sistema popular representativo federal, como se halla establecido en los Estados Unidos de la América del Norte, en cuanto sea compatible con las costumbres, climas y particulares circunstancias de los pueblos que forman la República de Colombia» (Arráiz Lucca, 2011: 189).
Se solicita la remisión del acta al Libertador, a quien invocan como mediador de la solicitud. Luego, a solicitud de Páez se reúne otra asamblea popular el 7 de noviembre donde se asume una posición más radical en contra del Gobierno de Bogotá. Después, el 10 de noviembre se reúne otra asamblea popular en Valencia, y el 13 del mismo mes Páez señala por decreto la constitución de los colegios electorales el 10 de diciembre, y para el 10 de enero de 1827 la fecha de integración del Congreso Constituyente. Estas posiciones del general Páez tuvieron resistencia, y muchos temían que se avanzara rápidamente hacia una guerra civil. Mientras estas tensiones van en aumento, no solo en relación con Páez en Venezuela sino en Bogotá con los seguidores de Santander y su oposición a la Constitución de Bolivia, el Libertador logra que el Congreso Anfictiónico de Panamá (22 de junio de 1826) tenga lugar, aunque muy lejos de la importancia que hubiera querido que tuviera. Asistieron los delegados y deliberaron, pero nada de mayor importancia para el futuro se desprendió del encuentro, más allá de cumplir con el sueño integracionista bolivariano. En verdad, el clima de descomposición de Colombia iba en aumento, mientras en Perú la unanimidad hacia Bolívar se resquebrajaba y Sucre en Bolivia batallaba con varias quimeras.
En esta coyuntura, es convocada la Convención de Ocaña (9 de abril de 1828), con el norte de redactar una nueva constitución. Bolívar se trasladó a un sitio equidistante de Ocaña y Bogotá: Bucaramanga, desde donde a través de O’Leary, que iba y venía a Ocaña, podía monitorear la Convención. Allí estuvo durante los meses en que se reunió la asamblea, compartiendo, entre otros oficiales, con el francés Luis Perú de Lacroix, quien escribió el Diario de Bucaramanga, un documento de primera mano valiosísimo que nos permite conocer las costumbres y opiniones de Bolívar en esta etapa final de su vida, cuando ya hace balances de lo ocurrido y tiene opiniones finales sobre la gente y los hechos. El forcejeo entre bolivarianos y santanderistas, es decir, entre centralistas y federalistas, fue intenso, hasta que la única solución que iba asomándose fue la de ratificar la Constitución de Cúcuta, pero eliminando el artículo 128 que le confería poderes extraordinarios al presidente de la república. Fue entonces cuando los bolivarianos abandonaron la asamblea y esta se disolvió sin ningún efecto el 11 de junio de 1828. Obviamente, Bolívar no iba a transigir en que lo despojaran de sus facultades para gobernar por decreto. Ni Bolívar había podido reformar la Constitución de acuerdo con su voluntad centralista, ni Santander había logrado lo contrario.
El 13 de junio en Bogotá, un grupo de bolivarianos radicales encabezado por Pedro Alcántara Herrán se reunió en junta y le confirió poderes dictatoriales a Bolívar. Luego, en agosto se consagró la dictadura y Santander fue separado de la vicepresidencia y designado por Bolívar como embajador de Colombia ante los Estados Unidos, cargo que aceptó, pero que no llegó a desempeñar. El poder absoluto para Bolívar se le entrega mediante el decreto orgánico del 27 de agosto de 1828. A partir de entonces, la realidad se precipita hasta el Congreso Constituyente, convocado por Bolívar a partir del 2 de enero de 1830, en Bogotá.
El Libertador presidente se presenta el 15 de enero seriamente resentido de salud; así lo confirman diversos testimonios directos. Impone a Sucre como presidente del Congreso y al obispo de Santa Marta, José María Estévez, como vicepresidente. Curiosamente llamó «Congreso Admirable» a la asamblea, que tuvo poco de ello, sobre todo para él, que acudió en medio de la mayor amargura. Así se reflejó en su discurso de renuncia a la presidencia y de abandono de la vida pública. Designa a Domingo Caicedo como presidente interino y se va. Concluye el discurso afirmando: «¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás» (Bolívar, 1990: 106-110). Había recibido carta de Páez en diciembre donde le señalaba que era imposible detener la voluntad separatista de Venezuela y que propusiera esto en el Congreso, cosa que el Libertador no hizo, naturalmente. Sabía que lo inevitable estaba en marcha: la disolución de Colombia. El ánimo de Bolívar estaba abatido.
La Asamblea de Valencia designa a Páez para que consagre la separación de Colombia y convoque un Congreso Constituyente (13 de enero de 1830).
Antes de la fecha enunciada tuvieron lugar las asambleas que convocó Bolívar en agosto de 1829, instándolas a manifestarse en cuanto a la Constitución que querían, pues casi todas se expresaron a favor de la separación de Colombia y en contra de Bolívar. De modo que no fue Páez el que se propuso esta tarea solo, como cierta historiografía tendenciosa señala. Es cierto que Páez buscaba la separación, pero también lo es que la mayoría así lo quería. El acta de la Municipalidad de Valencia el 29 de noviembre de 1829, serenamente recogía la voluntad del Cabildo: «Venezuela no debe continuar unida a la Nueva Granada y Quito, porque las leyes que convienen a esos territorios no son a propósito para este, enteramente distinto por costumbres, clima y producciones, y porque en la grande extensión pierden la fuerza y energía» (Gil Fortoul, 1930: 653).
El 13 de enero el general Páez asume el mando de acuerdo con el dictamen de la Asamblea de Valencia y convoca a un Congreso Constituyente, así como a un Gabinete Ejecutivo. El Congreso se instala en la Casa de La Estrella en Valencia el 6 de mayo de 1830 e inicia deliberaciones. El 13 de mayo el departamento del sur de Colombia se separa y declara el Estado independiente de Ecuador, al mando del venezolano Juan José Flores. Estas noticias las va recibiendo Bolívar en su viaje hacia la costa colombiana, derrotado y enfermo. Se ha despedido para siempre del gran amor de su vida, Manuela («mi adorable loca»), en Bogotá. En julio recibe otra noticia fatídica, acaso la peor: el asesinato de Sucre.
Como vemos en esta relación de los hechos, el proyecto integracionista de Bolívar, Colombia, estuvo herido desde sus inicios hasta que falleció de muerte natural. Son varias las causas de su disolución, pero entre ellas hay una que brilla por su propio peso. El esquema integracionista escogido por Bolívar era centralista, no federal, de modo que las autonomías con que contaban los departamentos de Venezuela y Quito eran mínimas, casi inexistentes. En la práctica esto ni siquiera pudo implementarse porque el poder real en Venezuela (Páez), en ejercicio de sus funciones, al hacer lo que tenía que hacer desatendía las tardías y extemporáneas órdenes que llegaban de Bogotá. De hecho, la última visita que Bolívar hizo a Venezuela, en 1827, le confirmó los hechos: vino a «meter en cintura» al general Páez y terminó reconociendo su liderazgo. Al regresar a Bogotá lo esperaba Santander con los «brazos cruzados». Era un hecho que el esquema escogido no funcionaba, pero cambiarlo por una estructura federal hubiera sido para Bolívar la negación de su principal bandera política desde el Manifiesto de Cartagena, en 1812: el centralismo y el combate contra el federalismo. Este último, según Bolívar, causa de la pérdida de la república fundada en 1811. Como vemos, el Libertador naufragaba con su propio proyecto centralista, mientras la salud le daba la espalda.
Sigue siendo un enigma para quien escribe por qué Bolívar, que admiraba tanto el sistema federal estadounidense, consideraba que no era viable en nuestras naciones. Más aún, por qué si la realidad institucional que él creo al fundar Colombia se lo estaba diciendo a diario, no le atribuía la causa de su fracaso al esquema escogido. En cualquier caso, es evidente que el tema es cultural y psicosocialmente nuclear para Venezuela.
Renace Venezuela. El proyecto liberal de los conservadores (1830-1847)
El Congreso Constituyente se reunió en la Casa de La Estrella en la ciudad de Valencia, a partir del 6 de mayo de 1830. Su integración estuvo de acuerdo con el decreto del 13 de enero del mismo año, en el que el general Páez instaba a las provincias a elegir a sus diputados. Dos días después de instalado el Congreso se convino en que una comisión, integrada por un diputado por cada una de las provincias, redactara la nueva Constitución Nacional. Esta comisión cumplió con su trabajo y presentó el texto el 19 de junio, luego de varios meses de discusión, en los que se ventilaron de nuevo las tesis centralistas y federalistas. El texto se aprobó el 22 de septiembre de 1830.
Mientras se perfeccionaba el texto constitucional, el Congreso Constituyente presidido por el doctor Miguel Peña sancionó un reglamento el 10 de julio, mediante el cual el poder ejecutivo provisional recaía sobre la figura del general Páez, con la denominación de presidente del Estado de Venezuela. A su vez, Diego Bautista Urbaneja era designado vicepresidente. Así, venía a perfeccionarse un mando de facto que detentaba Páez desde 1829, cuando la separación de Venezuela de la República de Colombia ya era un hecho de fuerza jurídica, aunque a partir de 1826, con los acontecimientos de La Cosiata, la incorporación de Venezuela al proyecto «grancolombiano» estaba en entredicho.
El constituyente equilibró entre las tendencias federalistas y centralistas en pugna y logró redactar una carta magna centro-federal, que tomaba en cuenta la autonomía de las municipalidades, así como reconocía el impulso central. Consagró el principio de la separación de los poderes y definió en su artículo 6 la naturaleza del Estado: «El Gobierno de Venezuela es y será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo». Fijó el período presidencial en cuatro años y estableció la no reelección inmediata, contemplando un período, como mínimo, para presentarse a otra elección presidencial. Estableció quiénes gozaban de los derechos de ciudadano, los mismos que les permitían ser elegidos y elegir los destinos públicos:
Art. 13.º - Todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos y si está en el goce de sus derechos de ciudadano. Art. 14.º - Para gozar de los derechos de ciudadano se necesita: (1) Ser venezolano. (2) Ser casado o mayor de veintiún años. (3) Saber leer y escribir. (4) Ser dueño de una propiedad raíz cuya renta anual sea de 50 pesos, o tener una profesión, oficio o industria útil que produzca cien pesos anuales sin dependencia de otro en clase de sirviente.
Como vemos, el constituyente acogió la costumbre de su tiempo, al conferirles la facultad del voto a los propietarios, con elecciones de segundo grado. Le colocó una camisa de fuerza al propio Congreso al señalarle una imposibilidad:
Art. 228.º -La autoridad que tiene el Congreso para reformar la Constitución no se extiende a la forma del Gobierno que será siempre republicano, popular representativo, responsable y alternativo.
En cuanto al culto religioso, el texto constitucional no expresó ningún precepto, con lo que la religión católica no fue consagrada como la del Estado. Esto fue la base de algunos enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia católica. Algo similar ocurrirá con los privilegios militares que la carta magna no consagró. La verdad es que el constituyente, de mayoría liberal en los términos clásicos de la filosofía política, actuó como tal, acogiendo muchos de los preceptos del liberalismo. Conviene recordar que quienes mandaban entonces formaban parte del Partido Conservador que, a los efectos venezolanos, era un grupo que abrazaba las ideas de la filosofía liberal. Lo mismo ocurre con el Partido Liberal venezolano, cuyas ideas eran más cercanas al intervencionismo, en términos clásicos.
En enero de 1831 el general José Tadeo Monagas, en oriente, reaccionó contra la Constitución Nacional, proclamando la integridad de Colombia y la autoridad máxima del Libertador, pero cuando se alzó ignoraba que Bolívar había muerto un mes antes. Consideraba que la Constitución promulgada no respetaba suficientemente los fueros militares. Luego, Monagas se alzó en mayo, en Aragua de Barcelona, proponiendo la constitución del Estado de Oriente, integrado por cuatro provincias y que llevaría el nombre de República de Colombia. El general Páez envía al general Santiago Mariño a disuadir al general Monagas y, en vez de lograr su cometido, Mariño termina encabezando el proyecto inicial de Monagas, desplazándolo. El Congreso Nacional destituye a Mariño, lógicamente, y queda encargado de la presidencia de la república el vicepresidente Diego Bautista Urbaneja, ya que el general Páez se dirige, al frente de su tropa, a Valle de la Pascua a dialogar con Monagas. Páez logra el 23 de junio que Monagas deponga las armas y lo favorece con un indulto. Como vemos, al no más comenzar el camino republicano, el caudillismo mostró su rostro, como si se tratara de una seña presagiante de lo que sería todo el siglo XIX. De hecho, esta será la primera desavenencia entre dos caudillos que se enfrentarán luego, y que también intentarán entenderse en torno a la detentación del mando supremo.
Entre el primer levantamiento de Monagas, en enero, y su acuerdo con Páez, en julio, el Congreso se reúne de nuevo en Valencia el 18 de marzo de 1831 y convoca a elecciones para el 25 del mismo mes. Páez es electo con 136 votos de los 158 sufragios, comenzó entonces el período presidencial de cuatro años, que culminaría en 1835, y el general empezó a desempeñar su primera presidencia, dentro del marco de la Constitución Nacional de 1830.
Este período que abordamos comprende la primera presidencia de Páez (1831-1835), la del doctor José María Vargas (1835-1836), las de Andrés Narvarte y José María Carreño (1836-1837), la de Carlos Soublette (1837-1839), la de José Antonio Páez (1839-1843) y la de Carlos Soublette (1843-1847), y en todas el signo político predominante fue el liberalismo, contando para ello con una figura de primer orden: Santos Michelena.
Detengámonos en sus realizaciones. Se suma al ejército juvenil de la batalla de La Victoria, el 12 de febrero de 1814, y cae preso, pero el jefe realista Cajigal lo deja libre con la orden de que se vaya al exilio. Eso hace. Cajigal creía que le estaba infligiendo un daño y, por el contrario, le estaba cambiando la vida favorablemente. Se fue a Filadelfia y allá estuvo trabajando entre 1814 y 1820, entre sus 16 y 22 años. Dicen sus biógrafos, Pedro José Vargas y Simón Alberto Consalvi, que estudió en la universidad, pero ninguno señala en cuál, lo que nos lleva a dudar. En todo caso, no importa, lo que sí es seguro es que trabajó y conoció un país que estaba creciendo bajo el imperio del liberalismo económico y la impronta de ese libro capital para la humanidad, La riqueza de las naciones (1776), de Adam Smith, del que no solo consta que Michelena leyó con un lápiz para subrayar en la mano, sino que lo citó varias veces a lo largo de su vida.
En esos años de trabajo tuvo una experiencia fundamental para su futuro: la del contabilista, la del que lleva números y conoce a fondo la dinámica de los costos de producción, la oferta y la demanda, todo el universo esencial de la dinámica económica que luego le sería de enorme utilidad. En 1820 se muda a Cuba, donde se casa con Encarnación Bosque, y trabaja en otra empresa como administrador. Regresa a Venezuela en 1822 y se establece en La Guaira. Dos años después está en Caracas y es electo diputado al Congreso de la República de Colombia, en Bogotá. Se muda y dos años después introduce en el parlamento una nueva Ley de Comercio, que lamentablemente no fue aprobada.
En 1826 el vicepresidente de la república, Francisco de Paula Santander, lo designa cónsul en Londres y allá estará hasta 1828. Estos dos años son claves para entender sus posiciones económicas y su conocimiento del liberalismo. Regresa a Caracas y al ser electo José Antonio Páez presidente de la república para el período 1831-1835, este designa a Michelena canciller y ministro de Hacienda. Tiene 34 años. Le toca organizar las cifras de una nueva república, la de Venezuela ya separada de Colombia. De tal modo que estamos hablando del creador de la Hacienda Pública Nacional y del canciller que negoció el Tratado Pombo-Michelena. Esto lo lleva a mudarse de nuevo a Bogotá entre 1833 y 1834. Allá negoció el tema de la deuda externa y la parte que le tocaba a Venezuela de la deuda de Colombia, y logró que los neogranadinos aprobaran los términos del Tratado que nos entregaba la mitad de la península de La Guajira, pero el Congreso de Venezuela se tardó tanto en aprobarlo que, cuando lo hizo en 1839, los neogranadinos ya no lo querían, aludiendo que habían hallado títulos que los favorecían. Se perdió un trabajo consistente que nos hubiera favorecido.
Michelena es uno de los artífices de la Ley del 10 de Abril de 1834, una ley que permitió la libertad de contratos y estimuló enormemente el desarrollo agrícola y pecuario hasta que los precios internacionales bajaron y las ejecuciones judiciales, la entrega de las prendas de garantía, fueron mayores que los beneficios. Pero no hay duda de que funcionó durante diez años, tiempo de gran crecimiento económico en Venezuela. Al ser electo presidente de la república el ilustrísimo doctor José María Vargas, este lo ratifica en el cargo, hasta que renuncia cuando se les condonó la pena a los que le dieron un golpe militar a Vargas, la llamada Revolución de las Reformas.
Cuando Carlos Soublette es elegido presidente de la república, en 1837, lo designa otra vez canciller y ministro de Hacienda y luego, cuando Páez es electo de nuevo presidente de la república, Michelena es vicepresidente, en 1840. Su prestigio es enorme y se presenta como candidato a la presidencia de la república en 1843, pero pierde ante Soublette. Se retira de la vida pública a su hacienda Onoto, en Aragua, hasta que regresa como diputado al Congreso Nacional de 1846.
Como vemos, una vida pletórica de contribuciones centrales para la formación del Estado en el siglo XIX. Un estadista de gran calado. Un liberal. Lamentablemente, en el oprobioso asalto al Congreso comandado por José Tadeo Monagas el 24 de enero de 1848, una verdadera vergüenza, fue herido varias veces y falleció 48 días después. No existía la penicilina, ese milagro de la ciencia médica del siglo XX. Michelena es uno de nuestros grandes civiles, constructor de la trama jurídica y civil de aquella república que renacía de las cenizas del proyecto fracasado de Colombia, y halló un ritmo de crecimiento económico como ha habido pocos en nuestra historia. Esa etapa tiene nombres y apellidos: José Antonio Páez, Carlos Soublette, José María Vargas y Santos Michelena.
La coyuntura que condujo a que el jefe del Partido Conservador, Páez, apoyara a un liberal para que alcanzara la presidencia de la república para el período 1847-1851, se explica con un personaje: Antonio Leocadio Guzmán. El desgaste del Partido Conservador era tal que la única manera que halló Páez para cerrarle el paso a Guzmán fue apoyar a Monagas. Así fue como se inició un nuevo período (el Monagato, que veremos en el capítulo que viene), que en lo personal supuso para Páez la prisión y un prolongado exilio.
Por otra parte, este período conservador (1830-1847) fue propicio para el crecimiento de la economía. Se siguió un orden constitucional de alternabilidad en el poder, aunque solo lo compartieron Páez y Soublette, con la breve excepción de Vargas. Se alcanzó cierta estabilidad, no porque no hubiese habido alzamientos, que los hubo en cantidad apreciable, sino porque las facultades militares y políticas de Páez se impusieron siempre, incluso ayudado por el azar, como fue el caso de Farfán. Muy pronto va a arrepentirse Páez de haber apoyado a Monagas, pero ya el cambio estaba en marcha, y la etapa de cierta estabilidad y prosperidad había concluido.
Como apuntamos antes, en este lapso de 17 años tiene lugar la presidencia de Vargas, con todas las vicisitudes que la imantaron, y en relación con ella es imposible dejar de señalar la conducta civilista del general Páez, así como los hechos que condujeron al golpe de Estado. Recordemos que el doctor Vargas asumió la presidencia de la república el 9 de febrero de 1835 y, desde el momento mismo de su victoria, se va creando una suerte de conjura en su contra por parte de los seguidores de Santiago Mariño. No hace lo mismo Soublette, que se va a Europa, ni Páez, que se retira a sus haciendas.
Por otra parte, muy pronto Vargas entra en diatriba con el Congreso de la República, cuando este último propone una ley de impuesto subsidiario del 1 %, recabado en las aduanas, con destino a la Hacienda Pública. El presidente objeta el proyecto de ley, pero las cámaras lo aprueban, a lo que Vargas responde invocando la violación de la Constitución por parte del Senado. Esta prueba de fuerza condujo a que el doctor Vargas presentara su renuncia el 29 de abril de 1835, pero no le fue aceptada, aunque alegaba no disponer de la suficiente fuerza como para mantener la paz de la república entre las facciones en pugna.
La renuncia de Vargas fue interpretada por sus adversarios como una muestra de debilidad, aunque no le hubiese sido aceptada. Así fue como se estructuró una conjura en su contra que se denominó la Revolución de las Reformas, integrada por Mariño, Diego Ibarra, Luis Perú de Lacroix, Pedro Briceño Méndez, José Tadeo Monagas, Estanislao Rendón, Andrés Level de Goda y Pedro Carujo. Esta asonada se expresó el 8 de julio de 1835 en Caracas, cuando Carujo penetró en casa del doctor Vargas para detenerlo y se produjo un intercambio de palabras que la historia ha recogido insistentemente. Dijo Carujo: «Doctor Vargas: el mundo es de los valientes», y Vargas le respondió: «El mundo es del hombre justo». Después de la detención del presidente y del vicepresidente Andrés Narvarte, fueron embarcados ambos con rumbo a Saint Thomas en la misma tarde del día fatídico.
Al no más conocerse la asonada, acompañada de un texto de nueve puntos en el que los conjurados querían el mando de las Fuerzas Armadas para el general Mariño, el entonces jefe de esas mismas fuerzas, designado por Vargas para tal efecto, José Antonio Páez, se puso en marcha para dominar la situación y restablecer el hilo constitucional. Páez entra triunfante a Caracas el 28 de julio de 1835, y el 20 de agosto está de nuevo Vargas en la presidencia de la república. El movimiento insurreccional, sin embargo, no terminó de ser derrotado sino el 1.º de marzo de 1836, en Puerto Cabello.
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