Kitabı oku: «Disrupción tecnológica, transformación y sociedad »



Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad. Tomo III, Derecho, innovación y tecnología : fundamentos para una lex informática / Diego Acosta González [y otros] ; Juan Carlos Henao, Daniel Castaño (eds.). -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2021.
1064 páginas ; 24 cm. (Así habla el Externado)
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 9789587905854
1. Tecnologías disruptivas I. Industria – Historia -- Innovaciones tecnológicas 2. Innovaciones tecnológicas -- Aspectos sociales 3. Ciberespacio -- Aspectos sociales 4. Protección de datos -- Aspectos sociales -- Innovaciones tecnológicas 5. Derecho informático -- Aspectos jurídicos – Colombia 6. Trabajo y trabajadores -- Aspectos jurídicos -- Colombia I. Henao Pérez, Juan Carlos, 1958- , editor II. Castaño, Daniel, editor II. Universidad Externado de Colombia III. Título IV. Serie
303.4833 SCDD 21
Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. MLV.
abril de 2021
ISBN 978-958-790-585-4
© 2021, JUAN CARLOS HENAO Y LILIANA LÓPEZ-JIMÉNEZ (EDS.)
© 2021, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
Teléfono (57 1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Primera edición: abril de 2021
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección: José Ignacio Curcio Penen
Composición: Precolombi EU-David Reyes
Impresión y encuadernación: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres
Tiraje: de 1 a 1.000 ejemplares
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
| DIEGO ACOSTA GONZÁLEZ | ADRIANA LUCÍA LÓPEZ ÁLVAREZ |
| JUAN DAVID ARCINIEGAS PARRA | LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA |
| LIGIA CATHERINE ARIAS-BARRERA | GERMÁN LOZANO VILLEGAS |
| RAFAEL ALBERTO ARIZA VESGA | ANDRÉS FELIPE LUCUMÍ ASPRILLA |
| KATERINE BERMÚDEZ ALARCÓN | IRIT MILKES |
| JHON CABALLERO MARTÍNEZ | DANIEL A. MONROY. C. |
| MARÍA ELISA CAMACHO LÓPEZ | JUAN CARLOS NAIZIR SISTAC |
| DANIEL CASTAÑO | ANABEL RIAñO SAAD |
| ADRIANA CASTRO PINZÓN | CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ YONG |
| LAURA ALEJANDRA ESCOBAR ROJAS | JAVIER MAURICIO RODRÍGUEZ OLMOS |
| SILVANA FORTICH | PHILIP FRANK RUIZ AGUILERA |
| WILLIAM IVÁN GALLO APONTE | CARMEN ELOÍSA RUIZ LÓPEZ |
| TATIANA GAONA CORREDOR | DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ ACERO |
| JEANNETTE BIBIANA GARCÍA POVEDA | VALENTINA DEL SOL SALAZAR RIVERA |
| EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ | HUMBERTO JOSÉ SIERRA OLIVIERI |
| ANDRÉS MAURICIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | DIEGO ANDRÉS SOLANO OSORIO |
| NINA LASBLEIZ | JESÚS ALFONSO SOTO PINEDA |
| TERESA GENOVEVA VARGAS OSORNO | |
CONTENIDO
Presentación
Juan Carlos Henao
Introducción. Del Derecho Análogo al Derecho para un Mundo Digital
Daniel Castaño
I. ASPECTOS GENERALES
La gobernanza ética de los sistemas de Inteligencia Artificial
Daniel Castaño
Conceptualización y aproximación a las nuevas categorías jurídicas del panorama digital
Jhon Caballero Martínez
Una adversidad de la disrupción tecnológica: la obsolescencia programada. Regulación, reivindicación jurídica y propuesta de cambio del enfoque de negocio
Jesús Alfonso Soto Pineda Andrés Mauricio Hernández González
Tratamiento de datos personales y aseguramiento de la responsabilidad derivada de la ocurrencia de amenazas digitales
Tatiana Gaona Corredor
Diego Andrés Solano Osorio
El secreto empresarial en la economía digital y en la era de la información, y los modelos de Estados Unidos y Europa como referencia de modelos de protección
Diego Acosta-González
Régimen de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas: aproximación desde el derecho colombiano
Adriana Castro Pinzón Andrés Felipe Lucumí Asprilla Juan David Arciniegas Parra
II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TECNOLOGÍA
Los desafíos de la automatización de las decisiones individuales por la Administración pública
Nina Lasbleiz Irit Milkes
Compras públicas y nuevas tecnologías: reflexiones en torno a la implementación del block chain, el big data y la Inteligencia Artificial en el Sistema Colombiano de Compras Públicas
Germán Lozano Villegas
III. CONTRATOS INTELIGENTES
Smart contracts y arquitectura del contrato: reflexiones desde el derecho contractual
Javier Mauricio Rodríguez Olmos
Estudio de los contratos legales inteligentes y de sus normas aplicables en el ámbito del derecho del consumo en Colombia
María Elisa Camacho López
Reflexiones en torno a cómo las nuevas tecnologías van a transformar tanto el contrato comercial, como la labor y la mentalidad del abogado que trabaja con contratos comerciales
Adriana Lucía López Álvarez
Smart contracts. Hacia una nueva teoría liberal del contrato
Daniel A. Monroy C.
Forma y contratación por medios digitales: del ritualismo romano a la blockchain
Silvana Fortich
Algunas problemáticas sobre los contratos inteligentes y los oráculos. Una reflexión sobre el “Problema del Oráculo”
Luís Fernando López Roca
IV. DERECHO FINANCIERO Y BURSÁTIL
Crowdfunding, cambio climático y nuevas tecnologías: reflexiones sobre su regulación a partir de experiencias internacionales
William Iván Gallo Aponte
Problemáticas asociadas a la adopción de contratos inteligentes en el mercado de derivados financieros
Ligia Catherine Arias-Barrera
Las nuevas tecnologías y su impacto en el contrato de seguro en Colombia
Rafael Alberto Ariza Vesga
V. DERECHO LABORAL
Formas de trabajo a partir de las nuevas tecnologías y el contrato de trabajo
Katerine Bermúdez Alarcón
El derecho a la desconexión del trabajador
Diego Alejandro Sánchez Acero
VI. RESPONSABILIDAD
Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia
Carmen Eloísa Ruíz López Valentina del Sol Salazar Humberto J. Sierra Olivieri
La Inteligencia Artificial y la responsabilidad por daños
Edgar González López Camilo Andrés Rodríguez Yong Laura Alejandra Escobar Rojas
La incidencia de las nuevas tecnologías en el derecho de garantías en Colombia
Anabel Riaño Saad
VII. ASPECTOS PROCESALES
La cadena de bloques y su importancia en el derecho probatorio
Teresa Genoveva Vargas Osorno
El arbitraje y la tecnología. Una reflexión a partir del arbitraje legal nacional
Philip Frank Ruiz Aguilera
La notificación electrónica y su impacto en el Derecho tributario
Jeannette Bibiana García Poveda
El ciberabogado: el abogado ante la Inteligencia Artificial (IA)
Juan Carlos Naizir Sistac
Los autores
Notas al pie
JUAN CARLOS HENAO*
Presentación de la tercera entrega de la colección “Así habla el Externado”: Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad
Llega a su tercera edición la colección “Así habla el Externado”, esta vez bajo el título Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad. La primera edición, Minería y desarrollo, fue publicada en el año 2016 y la segunda, La corrupción en Colombia, en el 2018.
Si inicio la presentación de esta tercera entrega de la colección con estos datos es solo para resaltar un aspecto importante de la misma: con esta publicación nuevamente nuestra Casa de Estudios se hace partícipe en temas neurálgicos de la sociedad colombiana y proporciona insumos académicos para el estudio y el debate de los mismos. Se trata de hacer presencia en lo que concierne a una de las funciones más importantes de las instituciones universitarias: incidir en las decisiones públicas más relevantes de las sociedades. Es claro que la academia no decide, pero sí ilustra, y por ello puede y debe aspirar a convertirse en el poder más importante de la sociedad. En efecto, si bien la universidad no es la institución encargada de la toma de decisiones de política pública, ciertamente tiene la obligación imperativa de proveer elementos de reflexión a quienes las adoptan –por incómodos que pudieren llegar a ser–, movida únicamente por el interés en la investigación libre, sin partido ni gobierno; es decir, inspirada tan solo en la curiosidad y la responsabilidad por el conocimiento y el bien común. Este es el espíritu que la anima y el fin último que persigue la presente publicación.
Ahora bien, al aporte realizado en términos de conocimiento social se debe agregar otro que se ha vuelto fundamental para nuestra universidad. Me refiero al hecho de que la metodología utilizada en las tres ediciones de la colección nos ha permitido cambiar sustancialmente el rumbo de nuestra manera de investigar, al promover que profesoras y profesores de las distintas facultades y departamentos se relacionen bajo la sombrilla de un tema común para abordarlo, por así decir, desde un enfoque interdisciplinario y respetuoso de la complejidad de lo real, conduciendo con ello a la obtención de una serie de beneficios que, a la vez que enriquecen a nuestra institución, redundan en favor de la sociedad en general.
Un primer beneficio, sustancial y de largo aliento: una colección como la presente motiva a derribar barreras académicas, tan ancladas en las instituciones educativas, contribuyendo con ello a poner fin a la práctica autárquica de las unidades académicas, centradas con demasiada frecuencia en la exclusividad de su aproximación disciplinar. Vale la pena recordar al profesor Neave cuando afirma que en este punto se encuentra “LA cuestión básica” (las mayúsculas son suyas) de la enseñanza superior:
[E]stamos ante la perspectiva de una especie de desglose sistémico. Las fronteras alguna vez indiscutidas entre instituciones y programas se han hecho permeables o lo harán en poco tiempo, a medida que más individuos las crucen. Cómo debemos abordar esta complejidad sistémica, esto que se presenta como un proceso desenfrenado de diversificación, institucional y programática, es, en mi opinión, LA cuestión básica que tendrá que afrontar la enseñanza superior, si no ahora mismo, ciertamente en los primeros años del nuevo milenio1.
La implementación de esta importante política de ruptura de fronteras académicas se torna aún más apremiante si se tiene en cuenta que la autarquía del conocimiento no es solo institucional sino, en ocasiones, personal. Se relaciona con el egoísmo que respecto de su saber puede llegar a tener el profesor o la profesora. La tendencia es, en alguna medida, sentir temor cuando un colega llega con intereses académicos en la misma temática de su interés. Pareciera que ello generara inseguridad y recelo. Pareciera que el o la docente tuviera la necesidad de marcar un territorio o delimitar feudos a partir de su saber, comportándose como propietario del mismo, buscando afianzar su papel en la institución educativa. No en vano advierte Edgar Morin que “la frontera disciplinaria, su lenguaje y conceptos propios van a aislar la disciplina en relación con las otras y en relación con los problemas que enlazan las disciplinas. El espíritu híper disciplinario va a convertirse en un espíritu de propietario que prohíbe toda incursión que sea extranjera a su parcela de saber”2. Esto no se ha de sentir ni permitir, y la academia tiene el deber urgente de promover la existencia de espacios de investigación colaborativa que evidencien la fecundidad de un enfoque incluyente, en donde la pluralidad y diversidad de disciplinas y sujetos se potencien y exalten recíprocamente alrededor de ese bien común que es el conocimiento, pero a la vez del conocimiento como indagación y búsqueda infatigable del bien común.
Un segundo aporte, con enorme incidencia en nuestra misión institucional y en la oferta de programas: por primera vez se diseñaron novedosos programas de especializaciones y maestrías, así como un programa de pregrado, entre varias facultades, con lo cual se ha comenzado a remozar grandemente, y es solo el comienzo de un nuevo rumbo, nuestro abanico académico. Con este proyecto la Universidad ha ganado en transversalidad, en interdisciplinariedad y en creatividad, que es como decir, a la vez, en imaginación y en posibilidades de transformación del hombre y de la sociedad. No hay duda de que la conjunción de varios puntos de vista académicos, de saberes de disciplinas diferentes, de facultades diversas, unidos todos en el propósito de crear conjuntamente un programa que aporte al país y al conocimiento, es un paso en el cual debe perseverar toda institución universitaria. Ello la engrandece.
De hecho, son muchos los frutos que en este sentido ya se han podido recoger en los últimos dos años. Así, por ejemplo, la Maestría en Comunicación y Gestión Deportiva, diseñada por las facultades de Administración de Empresas y de Comunicación Social; la Maestría en Economía y Política de la Educación, creada por las facultades de Ciencias de la Educación y de Economía; la Maestría en Evaluación y Contratación de Proyectos Públicos, de las facultades de Economía y de Derecho; la Especialización en Gestión Anticorrupción, hija directa, por demás, de la segunda edición de la colección “Así habla el Externado”; la nueva carrera de pregrado en Ciencias de Datos, diseñada por el Departamento de Matemáticas con la participación de profesores y profesoras de diversas disciplinas tales como economía, matemáticas, derecho, ingeniería, estadística y finanzas, gestada durante la preparación de los tomos que aquí se presentan; o la Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, diseñada por las facultades de Administración de Empresas y de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, para solo citar algunos ejemplos de una cultura que ya se ha instalado en nuestra Casa de Estudios y que continúa en evolución en nuestra institución. Y se trata apenas de los primeros frutos, que a no dudarlo se multiplicarán.
Un tercer aspecto: como resultado de la investigación que hoy se presenta, se creó el Centro para la Ética y la Transformación Digital, llamado a cumplir un papel transversal y fundamental al interior de nuestra Universidad. En la medida en que se ha logrado una apropiación de conocimiento sobre las transformaciones digitales por tan nutrido número de profesores y profesoras, se estimó pertinente crear dicho centro con el objeto de seguir nutriendo el interés por el tema, desde diferentes unidades académicas, con la intención de que la llama encendida no se apague y, por el contrario, tenga siempre nuevo ímpetu.
Finalmente, un cuarto aporte que, si bien de índole práctica e instrumental, amerita ser resaltado: se creó en la página web de la Universidad un sitio en el cual es posible conocer en tiempo real los temas de las investigaciones de cada centro de investigación, el estado de las investigaciones y las personas involucradas3. Basta con digitar una palabra, por ejemplo, “neurociencias”, y aparecen inmediatamente los datos de la unidad académica donde se está investigando el tema, los contactos de los profesores y profesoras involucrados y el estado de avance de los proyectos relacionados con la búsqueda. Este instrumento ha permitido la comunicación entre profesores y áreas académicas que tienen intereses en común y que con anterioridad no dialogaban con frecuencia. Además, la página también ha permitido la consolidación de nuevas alianzas personales e institucionales entre los investigadores y las investigadoras.
Los cuatro aspectos anotados sobre los aportes de una publicación como la presente en una universidad, con directa repercusión en el conjunto de la sociedad, son prueba de la utilidad de un proyecto semejante. Es sabido que los cambios al interior de las instituciones educativas son lentos y pausados, pero ello no es óbice para que se tenga claro, respecto de proyectos de esta envergadura, que se debe perseverar en la ruta que ayudan a trazar. Sin lugar a dudas, la Universidad habrá de seguir avanzando y profundizando en la transversalidad, la interdisciplinariedad y la creatividad ganadas en los últimos años, por tratarse de la expresión de una tendencia internacional de la educación que ciertamente contribuye a responder a la complejidad de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, los cuales no pueden abordarse desde miradas disciplinares estrechas. Solo así será posible hacer frente a los difíciles retos de un país como Colombia.

Dicho lo anterior, quisiera relatar a continuación cómo se gestó y cómo evolucionó la presente entrega de la colección, centrándome por ahora en los aspectos metodológicos. Daré algunos detalles puntuales con el ánimo de que se pueda comprender cómo se fue consolidando, poco a poco y de manera colectiva, la forma de crear y unir, articulándolos, los textos de las investigadoras y los investigadores de nuestra institución, hasta llegar al resultado que ahora se ofrece al público.
Cuando la Rectoría convocó, en octubre de 2018, tras varios meses de trabajo con la profesora Constanza García –coordinadora general de la obra– y el profesor Daniel Castaño –coeditor del tercer tomo–, el inicio del trabajo colectivo de este título de la colección, se presentaron 145 propuestas a cargo de 205 investigadores e investigadoras. Dos meses después se realizó un primer evento académico, al cual se invitó a todas las profesoras y los profesores de la Universidad, con el propósito de explicarles el objetivo general de la obra, el alcance esperado y las reglas metodológicas a seguir. Para ganar precisión temática, el evento contó con la participación de conferencistas académicos y profesionales nacionales, quienes trataron temas como la innovación y la transformación digital, la inteligencia artificial y la privacidad en la era del Big Data. Luego, a los dos meses –en febrero de 2019–, se realizaron durante un día conferencias sobre temáticas similares, tales como innovación vs. transformación, disrupción tecnológica y transformación digital, con el propósito de seguir presentando elementos a las investigadoras y los investigadores para que se apropiaran de las problemáticas técnicas y éticas que se esperaba tratar en la obra.
Gracias a la presencia de un nutrido número de investigadoras e investigadores en estas conferencias iniciales, y luego de solicitarles complementar los prospectos de escritos presentados en el año 2018 a sus autores y autoras, en febrero de 2019 se recibieron 160 proyectos con una mayor envergadura conceptual. Los mismos se redujeron a 135 para el mes de agosto de 2019, fecha en la cual había un nuevo corte de envío de los escritos mejorados, lo que permitiría el intercambio de los mismos entre todos los investigadores y las investigadoras.
Tuvo inicio, así, otra etapa interesante de esta metodología: la “lectura cruzada” de los textos. Previa organización inicial de los escritos, se remitieron indistintamente a los y las colegas, de suerte que pudieran leer los trabajos de los demás y hacer observaciones para la mejora de los mismos. Las observaciones realizadas al texto leído se entregaron en enero de 2020, lo cual supuso que los autores y las autoras, estuvieren o no destinados a ser incluidos en un mismo tomo y trabajaran o no en una misma disciplina, se leyeran entre sí. Este método permitió realizar aportes a menudo de gran alcance y hasta sorprendentes, con lo cual se ratificó el encanto que otorga la mirada desde el otro lado del puente.
En febrero de 2020 se realizó un nuevo seminario, al cual asistieron 80 profesores y profesoras, y comenzó la participación activa de los profesores Mario Pinzón (coeditor del primer tomo) y Santiago Tellez (coeditor del segundo tomo), así como de la profesora Liliana López Jiménez (coeditora del cuarto tomo), que se sumaron al profesor Castaño y a la profesora García, ya mencionados. El seminario tuvo dos objetivos. El primero, seguir otorgando elementos de profundización en la temática de los volúmenes. Con ese propósito se invitó a dos profesores de la Universidad de Berkeley y a algunos nuestros, para exponer temas como la tecnología disruptiva y su regulación desde una perspectiva global, la inteligencia artificial, Big Data y transformación digital y los retos regulatorios de las tecnologías disruptivas: entre la regulación estatal y la ética digital. Las conferencias magistrales se complementaron con paneles de discusión en los que se trataron los siguientes temas: inteligencia artificial y política pública, Blockchain y política pública desde la perspectiva europea, y transformación digital y perspectiva de género. El segundo, en el marco de las conferencias, permitir que los autores y las autoras socializaran sus trabajos y recibieran aportes y sugerencias por parte de sus colegas. Para lo anterior, los autores y las autoras fueron asignados de manera aleatoria en cuatro grupos presididos por cada uno de los coeditores y la coeditora. En cada grupo, los trabajos fueron distribuidos de manera previa a otros y otras participantes del mismo grupo para que fueran leídos y comentados de manera crítica. En el desarrollo de estos seminarios el investigador o investigadora contaba con un espacio para socializar los principales aspectos de su trabajo. Acto seguido, el investigador o investigadora con el papel de comentarista del trabajo y el coeditor o la coeditora exponían sus comentarios respecto del texto y la exposición del autor o autora.
Posteriormente llegó otra fecha importante: el 30 de junio de 2020, cuando se entregaron 119 textos definitivos para pasar a la evaluación por parte de los pares ciegos, en su gran mayoría internacionales. Como se puede observar, los escritos tuvieron varios “hervores” y varias sesiones de aportes en el más de año y medio que los investigadores y las investigadoras tuvieron para pasar del prospecto inicial al escrito definitivo.
De los 119 “proyectos definitivos” mencionados, las parejas de pares ciegos que revisaron de manera independiente cada uno de ellos desecharon 24, quedando 95, de los cuales se enviaron 25 a un tercer par para dirimir las posiciones contrarias de los dos pares anteriores, donde un par había aceptado el escrito, pero el otro no. Los terceros pares desecharon 22 textos, lo cual llevó la cifra a 73 escritos aprobados, desarrollados por 144 profesoras y profesores, que son los que componen la presente obra.
La historia de esta nueva edición de la colección “Así habla el Externado”, su metodología y su magnitud implicaron un estimulante trabajo colectivo, que estructuró cada tomo de suerte que se permitiera una lectura separada de cada uno de ellos, aunque con la advertencia de que es su conjunto el que da una visión general o, mejor, holística del tema tratado. Dividir todos los escritos en cuatro volúmenes no fue una tarea fácil. Se trató de una labor ardua porque, al fin de cuentas, toda clasificación tiene mucho de arbitraria, y de lo que se trata es de que lo sea en la menor medida posible. Pero, poco a poco y con el diálogo directo con los autores y las autoras, se decantaron los cuatro componentes de la obra general. Al igual que ocurre con las pinturas o con los textos literarios, en donde la composición de la obra evoluciona sin cesar hasta el momento en el que le es “arrebatada” a la artista o el artista para despojarlo de la misma y permitir que esta pase a vivir su propia existencia, así sucedió en nuestro caso, en el cual la evolución fue continua hasta la remisión a la editorial. Espero que hayamos acertado de la mejor manera posible y que el lector encuentre una unidad temática en cada uno de los cuatro tomos.
Explicados los aspectos metodológicos de la obra, me permitiré, antes de hacer unas reflexiones generales al final de este escrito, explicar someramente el contenido de cada uno de los tomos, puesto que la presentación particular de los mismos es realizada por el coeditor respectivo o la coeditora.

En mi conocimiento no existe un libro de investigación que dé cuenta de la situación de las nuevas tecnologías y su relación con las Ciencias Sociales y Humanas (en adelante CSH) en Colombia, como tampoco en América Latina. No hay un desarrollo holístico e interdisciplinario de la materia en Colombia, solo obras sectoriales4, y me atrevería a decir que igual ocurre en el ámbito latinoamericano5, a diferencia de lo que se puede apreciar en otros países, por ejemplo en Inglaterra, en donde se han publicado el Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology (2016)6 y el Handbook of Global Science, Technology, and Innovation (2015)7; los cuales, por lo demás, se centran excesivamente en los aspectos jurídicos del tema y en los de política pública, respectivamente. La relación entre CSH y tecnologías disruptivas no ha sido objeto, entonces, hasta donde llega nuestro conocimiento, de estudios de conjunto.
Normalmente el tema ha sido considerado de mayor relevancia en países industrializados, a los cuales no pertenecemos. Como bien lo advierte el profesor Pinzón Camargo en el prólogo del primer tomo, del cual es coeditor,
… sorprende la escasa atención que ha recibido el estudio de las relaciones entre la 4RI, la humanidad y la sociedad. Estas dos últimas “variables son básicamente ignoradas como factores claves a considerar en el impacto de la cuarta revolución industrial” (Sae-Lima & Jermsittiparsert, 2019, pág. 13). La anterior afirmación concuerda con los resultados de la revisión de literatura, que de manera exploratoria se realizó para el desarrollo de este análisis. Dichos resultados evidenciaron una preocupación por las discusiones en materia de productividad y competitividad, y una marginal atención a las variables mencionadas.
Esta situación resalta la necesidad de la presente publicación, la cual busca subsanar en alguna medida dicha carencia.
Para iniciar los comentarios de la obra parto de determinadas características comunes a los cuatro tomos, que se expresan en cuatro ideas centrales transversales.
Una primera idea central: la llamada Cuarta Revolución Industrial (en adelante 4RI) ha cambiado el paradigma de la investigación en CSH. Las nuevas tecnologías suponen elementos de construcción de lo social inexistentes en épocas anteriores. Como revolución sustentada en los datos, esta revolución exige que el investigador en CSH aprenda a manejar instrumentos como el Big Data, los algoritmos y las redes sociales, y que al mismo tiempo los aprehenda –esto es, los apropie más allá de la mera instrumentalidad– para poder elaborar con plena solidez su discurso. Sin querer afirmar que toda investigación en CSH tiene que pasar por el prisma de los instrumentos de la 4RI, sí estimo y resalto que estos son de utilidad extrema y por tanto habrán de estar presentes en la gran mayoría de investigaciones que en adelante se realicen. Queda a favor de nuestra comunidad académica el esfuerzo constante realizado por los investigadores y las investigadoras para entender el cambio de paradigma y operar el consecuente cambio metodológico con vistas a la comprensión de los fenómenos sociales.
Una segunda idea central: las fuerzas que alimentan y dan forma a la 4RI han influido y seguirán influyendo en todos los campos de la sociedad, sean estos económicos, políticos, medioambientales, culturales o de cualquier otra naturaleza. Es extremadamente raro encontrar sectores sociales en los cuales la transformación radical de su contexto y su práctica no se haya presentado o esté en proceso. Por ello, en la presente obra será posible estudiar, naturalmente no todas las facetas de lo social, por demás indefinibles, pero sí una amplia gama de las expresiones a partir de las cuales se construyen y funcionan las sociedades.
Una tercera idea central consiste en afirmar que la gran mayoría de autores y autoras que aquí escriben dan cuenta de lo que en el país existe sobre la temática en estudio y también de la enorme potencialidad que tienen las tecnologías disruptivas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La frecuente remisión a las experiencias de otros países otorga un plus de gran relevancia a la presente publicación. En efecto, uno de los elementos comunes a la gran mayoría de los ensayos es la remisión a experiencias internacionales, al estudio de la influencia de los escritos de opiniones de expertos extranjeros y de doctrina foránea, a los análisis normativos y de las prácticas de países que, por ser más industrializados, tienen un acopio mayor de información sobre nuestro objeto de estudio. Estas experiencias son estudiadas y referidas con suma atención por nuestros autores y autoras, para permitir al lector la comparación con la situación en la que se encuentra Colombia, buscar su mejoramiento y plantear ideas sobre el tratamiento del tema.
La lista sería de no acabar y basta, para concluir con la pequeña reseña de este libro, indicar que el autor expresa puntos de vista y análisis sobre el futuro de la humanidad, estableciendo que respecto de la 4RI existe la corriente de los “tecnooptimistas” y la de los “tecnopesimistas”. En lo que a él respecta, se estima “medianamente pesimista a mediano plazo y optimista a largo plazo” (p. 403). Lo primero, porque considera que en las próximas dos décadas tendremos “un terremoto social ocasionado por la aceleración de la automatización”, lo cual será más problemático en países latinoamericanos por contar con gran cantidad de trabajadores manufactureros y prestadores de servicios que serán fácilmente reemplazados; lo segundo porque, al igual que Harari lo afirma para un periodo más largo, opina que la humanidad en los últimos 200 años ha mejorado, en términos de expectativa de vida, pobreza, mortandad infantil, educación, calidad de vida, libertades y conflictos bélicos, también gracias a la automatización que ayudará a seguir en esa proyección.
La breve reseña de los dos libros anteriores sirve para ambientar la nueva realidad que está produciendo la 4RI, de cara a las numerosas implicaciones que está generando en el entendimiento de lo que significan la divinidad o las divinidades, la felicidad, la democracia, la cultura, la igualdad, la ética, la intimidad, las organizaciones, la producción o el éxito, para citar solo algunos aspectos que interesan a las CSH. Problemáticas que pueden observarse desde el punto de vista de la manera como se realiza la investigación, pero que involucran también la incidencia práctica que puede tener tal revolución en áreas sociales específicas. La forma como se conciba la resolución de las tensiones que se presentan a nivel social permitirá concluir si se está ad portas de una situación beneficiosa o no para la humanidad.
No se trata, entonces, de temas menores. Nos hallamos ante un mundo que casi nos hace alucinar. Nos recuerda a Julio Verne, pero, mejor aún, a Black Mirror, pues lo que está aconteciendo no tiene las dimensiones de lo que ocurrió en épocas anteriores, por ejemplo, con la llegada de la televisión, y ni siquiera con la llegada de Neil Armstrong a la luna, ni mucho menos con la primera vez que el aquí y el ahora se unieron, como ocurrió con el telégrafo, por mucho que estos eventos hayan marcado generaciones enteras. Es cierto que la invención de la escritura revolucionó al mundo hace ya más de cuatro mil años, y que con anterioridad lo hizo la de la rueda, pero los periodos históricos no son comparables ni la sociedad de entonces tenía la complejidad que ahora la caracteriza. Estamos ante algo más. Mucho más profundo, mucho más sistémico, mucho más global y mucho más revolucionario.
¿Llegaremos a los pronósticos de Harari de una mayor dedicación del ser humano a las artes y al goce de la felicidad perpetua? O, por el contrario, ¿seguirá la 4RI generando discriminación y pobreza donde solo algunos pocos alcanzarán, como hoy en día, una situación digna para llevar sus vidas? ¿Se contraerán los empleos en más de un 47 % en Estados Unidos? ¿Qué ocurrirá en países como Colombia? ¿Cuántos hogares seguirán comprando el ya referido robot Profesor Einstein de Hanson Robotics –que adquirió la licencia por cinco años para usar el célebre apellido del Nobel de Física– para que ya no sean el padre o la madre quienes ayuden a sus hijos o hijas en sus tareas escolares? ¿Cuánto tiempo transcurrirá antes que un gran número de hogares, oficinas y empresas dispongan de un robot que realice funciones cotidianas? ¿Se seguirán acabando miles de empleos, como ocurrió con las quiebras de Kodak o de Blockbuster? ¿Qué se podrá decir de la privacidad? ¿Estamos frente al fin de la distinción entre moral pública y moral privada o, dicho de otro modo, entre la esfera pública y la privada?
Son muchos los interrogantes que se generan, además porque la tecnología también puede ser un instrumento de gobiernos autoritarios. Es común citar el libro 1984 de Georges Orwell, escrito en 1949, como uno de los que mejor ha retratado los métodos autoritarios que pueden derivarse de las nuevas tecnologías. Su mensaje lo remoza en 1975 Michel Foucault con su conocido Vigilar y castigar, en el cual se establece cómo la autoridad ya no se ejerce sobre el cuerpo sino sobre la mente. Con independencia de la tristeza que produce nuestro país porque la vigilancia de los seres humanos sigue ejerciéndose en muchísimas ocasiones sobre el cuerpo, llegando incluso a su aniquilamiento –pensemos en las lideresas y los líderes sociales asesinadas y asesinados, o en la misma suerte que han corrido tantos miembros del Partido Comunes–, sin que hayamos ingresado de manera palmaria en un estado en el cual se privilegia la vigilancia sobre la mente, lo claro es que esta última faceta es, en términos generales, la predilecta –que no necesariamente exclusiva– de la 4RI. Como bien enuncian los profesores belgas Delforge y Gérard:
[L]a incertidumbre en cuanto a la existencia o no de la vigilancia de nuestros actos y comportamientos se puede comprender haciendo referencia a la novela 1984 de George Orwell y a la vigilancia establecida por el gobierno autoritario Big Brother. En el universo descrito por la obra, el gobierno asienta su poder utilizando todos los medios posibles para erradicar la vida privada de sus ciudadanos. El instrumento principal es la pantalla de televisión, cuya instalación es obligatoria en cada habitación. Dicha pantalla es de las normales de televisión y se usa de la misma manera que esta. Sin embargo, tiene la particularidad de funcionar con el principio del espejo sin azogue. De tal suerte, permite a Big Brother observar las personas que se encuentran frente a la pantalla sin que puedan saber si son o no observadas en un momento preciso12.
La similitud con lo señalado por Foucault es más que evidente. Ahora bien, ¿será esta la situación que viviremos en un futuro inmediato, si es que no la estamos viviendo ya? O, por el contrario, ¿los sueños dorados que nos llegan de Silicon Valley y de Shenzhen permitirán que el ser humano se convierta en el Homo Deus planteado por Harari?
Los interrogantes referidos deben buscar ideas que permitan responderlos o al menos debatirlos y estudiarlos. Sin duda, ya se ha dicho, estamos frente a una situación realmente compleja que puede llevar a lugares inexplorados, y lo peor, inconvenientes para la humanidad.
En efecto, como bien lo enunció de manera contundente a inicios de 2016 Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial:
[E]stamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será independiente de todo lo que el género humano haya alcanzado antes. Todavía no sabemos exactamente cómo va a desarrollarse, pero una cosa es clara: la respuesta a la misma debe ser integral, completa y ha de abarcar todos los actores dentro del sistema de gobierno mundial, de los sectores público, privado, el sector educativo y obviamente a la sociedad civil13.
Como gran defensor y pensador de esta 4RI, en el texto en cita el autor se pregunta “si la integración inexorable de la tecnología en nuestras vidas podría disminuir algunas de nuestras capacidades por excelencia, como la compasión y la cooperación”, agregando allí mismo:
[U]no de los mayores desafíos particulares que plantean las nuevas tecnologías de la información es la privacidad. Instintivamente entendemos por qué es tan esencial, sin embargo, el seguimiento y el intercambio de información acerca de nosotros es una parte crucial de nuestra conectividad. Los debates sobre cuestiones fundamentales tales como el impacto en nuestras vidas interiores y la pérdida de control sobre nuestros datos se harán más intensas en los próximos años. Del mismo modo, las revoluciones que se producirán en la biotecnología y la Inteligencia Artificial redefinirán lo que significa el ser humano modificando considerablemente los umbrales actuales de la duración de la vida, la salud, la cognición y las capacidades. Simplemente nos obligará a redefinir nuestros límites morales y éticos.
Los cambios seguirán siendo profundos. Razón de más para que estemos alerta. Muy alerta. Una tecnología a ultranza como se pretende por los grandes emprendedores de estos inventos no deja de ser problemática y riesgosa. De hecho, incluso quienes han liderado el giro de la humanidad hacia estos nuevos senderos se muestran inquietos, como se observa en el discurso de Mark Zuckerberg en la ceremonia de graduación de la Universidad de Harvard el 25 de mayo de 2017 al expresar que “estamos viviendo un tiempo de inestabilidad. Cuando nuestros padres se graduaron, su sentido de pertenencia venía de su trabajo, su iglesia y su comunidad. Las personas ya no quieren pertenecer a las viejas comunidades. Muchas personas se sienten aisladas y deprimidas y están tratando de llenar el vacío”. Zuckerberg se dirige, recordémoslo, sobre todo a estudiantes de países industrializados. ¿Qué ocurrirá con países no industrializados como el nuestro? Se puede suponer que la situación será aún más dramática, y no solo en el ámbito de la depresión sicológica.
No quiero con la frase anterior alinearme entre los “tecnopesimistas”, pero tampoco me gustaría hacerlo entre los “tecnooptimistas”. Como muchas situaciones de la vida, no hay claroscuros. No hay blanco y negro. Los colores suelen jugar entre ellos. Se trata entonces de buscar ponderaciones, equilibrios, análisis de contexto, para tratar de acertar lo mejor posible en los juicios a realizar. La polémica está abierta y seguirá abierta. Los instrumentos que otorga esta publicación para comprender lo que está en juego en nuestro país y en el mundo son otra ventaja –otra más– de la misma.
Para cerrar este escrito y tener elementos adicionales que nos ayuden a una mayor reflexión, traigo a colación referencias de dos importantes personalidades académicas y creativas del siglo XX y XXI en el tema que nos ocupa, Norbert Wiener y Stephen Hawking. El primero (1894-1964) ha sido reconocido como el padre de la cibernética; el segundo (1942-2018) fue uno de los científicos más influyentes de finales del siglo XX e inicios del XXI.
Norbert Wiener, en una postura visionaria, sentó el principio fundante de su criatura: todos los entes son comunicacionales y de lo que se trata es de interrelacionarlos. Afirmó:
[N]o somos más que remolinos en un río de agua que fluye constantemente. No somos cosas que permanecen, sino patrones que se perpetúan. Un patrón es un mensaje y puede transmitirse como un mensaje. ¿De qué otra manera empleamos nuestra radio sino para transmitir patrones de sonido, y nuestro televisor sino para transmitir patrones de luz? Es tanto asombroso como instructivo considerar lo que sucedería si transmitiéramos el patrón completo del cuerpo humano, del cerebro humano con sus recuerdos y conexiones cruzadas, de modo que un instrumento receptor hipotético pudiera reencarnar estos mensajes en la forma apropiada14.
A su turno, Hawking señaló:
Usada como una herramienta, la inteligencia artificial podría aumentar nuestra inteligencia actual y abrir avances en cada área de la ciencia y la sociedad. Sin embargo, también conllevará peligros. Mientras que las formas primitivas de inteligencia artificial desarrolladas hasta ahora han demostrado ser muy útiles, temo las consecuencias de crear algo que pueda igualar o superar a los humanos. La preocupación estriba en que la inteligencia artificial se perfeccionaría y se rediseñaría a sí misma a un ritmo cada vez mayor. Los humanos, que estamos limitados por la lenta evolución biológica, no podríamos competir con ella y seríamos superados. Y en el futuro, la inteligencia artificial podría desarrollar una voluntad propia, en conflicto con la nuestra. Muchos creen que los humanos podremos controlar el ritmo de la tecnología durante un tiempo suficientemente largo, y que el potencial de inteligencia artificial para resolver muchos de los problemas del mundo se realizará. Aunque soy un reconocido optimista con respecto a la especie humana, yo no estoy tan seguro de ello15.
Hawking y Wiener nos hablan de las promesas y los peligros de los avances tecnológicos, en particular, de la inteligencia artificial. En esencia, Wiener plantea que los seres humanos somos patrones de conducta –¿a semejanza de la asimilación de seres humanos y algoritmos por parte de Harari?– capaces de ser transmitidos de un lugar a otro por medio de mensajes de datos. Dejando de lado la dosis de ciencia ficción que Wiener le imprimía a sus escritos, se podría decir que su especulación es hoy cierta con las redes de alta velocidad, la ubicuidad de las plataformas digitales y los avances en materia de inteligencia artificial. Es justamente esa capacidad técnica que permite identificar, recolectar, transmitir y analizar nuestros comportamientos e ideas por medio de mensaje de datos –patrones– lo que hace posible la inteligencia artificial.
Es en este sentido que debemos complementar las ideas visionarias de Wiener con la cautela de Hawking, para quien, como se acaba de anotar, la inteligencia artificial puede ser el mayor invento de la humanidad o el peor de sus desastres. Dos mentes privilegiadas que nos anuncian las disyuntivas que plantea la 4RI; dos precursores de nuestra nueva era que razonan con los mejores elementos de juicio de los cuales se pueda disponer.
¿Anulación del ser humano por las tecnologías disruptivas o perfectibilidad del mismo? ¿Fortalecimiento del autoritarismo o incremento de la democracia? Son preguntas de dos extremos que circulan en la temática que se ha escogido para esta nueva entrega de la colección “Así habla el Externado”. Al lector el desafío de profundizar en ellas.
Bogotá, abril de 2021
DANIEL CASTAÑO*
Introducción. Del Derecho Análogo al Derecho para un Mundo Digital
RESUMEN
En esta introducción al contenido del tomo III de la obra colectiva se discuten los principales retos que emanan del Derecho del Ciberespacio dentro del contexto de la Cuarta Revolución Industrial, entendido como un derecho cuyo fin estriba en regular los asuntos públicos y privados que se realizan en el mundo digital. Así mismo, se hace una aproximación al contenido de cada uno de los escritos con el fin de presentar una visión sectorial de las promesas y retos que entraña la implementación de nuevas tecnologías en las distintas ramas del derecho. Finalmente, se proponen algunos criterios para comprender la transición de un derecho concebido para el mundo análogo a un derecho diseñado para gobernar el ciberespacio.
PALABRAS CLAVE
Cuarta Revolución Industrial, tecnología, ciberespacio, inteligencia artificial, blockchain.
ABSTRACT
This paper contains an introductory note into this book’s Third Volume. To that end, it describes some of the principal challenges raised by the law of cyberspace in light of the Fourth Industrial Revolution, understood as the law that governs public and private matters within the digital world. Furthermore, it presents each of the articles contained in this Volume in order to canvass a general view of the promises and perils elicited by the implementation of technology in various fields of the law. Finally, it proposes an approach to help better understand de transition from a law devised for an analogue world to a law tailored for cyberspace.
KEYWORDS
Fourth Industrial Revolution, technology, cyberspace, artificial intelligence, blockchain.
SUMARIO. Parte I. Tecnología, Innovación y Disrupción Legal. Parte II. Innovación y disrupción de las instituciones jurídicas análogas. Parte III. A manera de conclusión. Bibliografía.
PARTE I. TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN LEGAL
La tecnología es el proceso mediante el cual los seres humanos modifican la naturaleza para satisfacer sus necesidades (Pearson y Young, 2002). Así, un ordenador puede ser virtualmente cualquier cosa para la que sea programado, pues su propósito no es otro que ejecutar las instrucciones contenidas en las líneas de código diseñadas por sus programadores para cumplir tal o cual tarea, a excepción de algunos sistemas de inteligencia artificial que pueden funcionar con cierto grado de autonomía. La sinergia entre hardware y software se desenvuelve por medio de la modificación del entorno público y privado con el que se interactúa (Szyperski, 2003).
Al igual que ocurre con la tecnología, el derecho no es otra cosa que una caja de herramientas que permite desarrollar un plan de vida mediante el intercambio de bienes y servicios, bajo unas normas jurídicas que deben ser, en principio, claras, estables, predecibles y responsivas con las circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales y tecnológicas de un momento determinado (Shapiro, 2013).
Por esa razón, el desarrollo de nuevas tecnologías y su vertiginosa implementación en diversos ámbitos promete cambiar el mundo como se conoce, pero también suscita muchas preguntas éticas y legales. Más sensores significa más datos, y más datos significa, eventualmente, menos privacidad y la posibilidad de que los gobiernos o empresas privadas incidan activamente en la toma de las decisiones personales. Muestra de ello son las promesas y retos de la implementación de la inteligencia artificial y de la blockchain.
Por ejemplo, la doctrina sostiene que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar radicalmente las relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y legales (Domingos, 2015). En efecto, sus avances podrían optimizar o aumentar la inteligencia humana, tanto a nivel individual como colectivo, para promover la creatividad, diversificar el pensamiento y robustecer la eficiencia en la realización de muchas tareas que ocupan la cotidianidad personal y laboral del ser humano (Goldberg y Kumar, 2018; Jordan, 2019).
En ese contexto, la fuerza disruptiva de la inteligencia artificial está condicionada por tres variables esenciales: el aumento exponencial en el poder computacional, la sofisticación y proliferación de algoritmos de código abierto y, tal vez lo más importante, la generación de billones de gigabytes de datos todos los días. No en vano los datos han sido calificados como la materia prima de la Cuarta Revolución Industrial, y algunos estiman que actualmente su valor es más alto que el del petróleo (Stephens-Davidowitz, 2017). En un sentido similar, la OCDE ha señalado que la recolección y el procesamiento de una miríada de datos ha dado lugar al surgimiento y fortalecimiento del ecosistema del Big Data (OECD, 2014).
De una parte, los datos pueden tener naturaleza personal como, por ejemplo, aquellos asociados a una persona identificada o identificable respecto de sus hábitos, comportamientos o movimientos, y de otra, pueden tener naturaleza institucional como, por ejemplo, aquellos relativos a la salud pública, la propiedad y los tributos (Mittelstadt y Floridi, 2016). A criterio de la OCDE, los usuarios de diferentes plataformas y servicios digitales proporcionan el Big Data a las corporaciones para su procesamiento, lo que les permite automatizar sus procesos, experimentar, y crear nuevos productos y modelos de negocio (OCDE, 2014). Por su parte, el Departamento del Tesoro del Reino Unido ha señalado que los datos permiten desarrollar nuevos modelos de negocios digitales que moneticen el user engagement y la transformación de los servicios públicos a cargo del Estado (HM Treasury, 2018).
Es por ello que los actores públicos y privados afirman al unísono que la inteligencia artificial y el Big Data están propulsando la disrupción digital de varias industrias y la economía digital (OCDE, 2019; High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019; McKinsey Global Institute, 2017), lo cual genera billones en ganancias y está promoviendo la transformación de muchos sectores productivos. Aunado a ello, la inteligencia artificial también podría tener un alto valor e impacto social, en la medida en que ayudaría a combatir la desigualdad, la corrupción, el crimen y el cambio climático, promovería la justicia social y mejoraría la calidad de vida (Floridi et al., 2018). En otras palabras, los datos tienen un importante valor social y económico cuyo procesamiento por sistemas de inteligencia artificial tiene el potencial de impulsar radicalmente la economía digital, crear nuevos modelos de negocio, y transformar los Estados y los servicios públicos a su cargo (Castaño, 2020).
Por su parte, la tecnología blockchain plantea la posibilidad de gestionar actividades de forma cada vez más automatizada a través de interacciones entre máquinas y personas, lo cual trae como consecuencia la posibilidad de cambiar la naturaleza de las relaciones con los bienes físicos (De Filippi y Wright, 2018: 4). Pero ello no es nuevo, los antecedentes se remontan al movimiento Cypherpunk que proponía que los individuos se liberaran por completo del Estado, alterando con ello la naturaleza de la regulación estatal, la capacidad para gravar y controlar las actividades económicas, la capacidad para proteger la información secreta y las nociones de confianza y reputación (May, 1988).
La estrategia para alcanzar dicha finalidad se vio enmarcada por la idea de redes descentralizadas y resistentes gracias a la aplicación de la criptografía, en particular el sistema de claves públicas y privadas. De esa manera se pretendía democratizar los protocolos criptográficos y diseñar servicios de mensajería seguros, lo cual se convirtió en las simientes de la seguridad informática para los contratos digitales (De Filippi y Wright, 2018: 18).
De acuerdo con los postulados de Timothy May (2018), miembro del movimiento Cypherpunk, debido a que “un fantasma acechaba al mundo moderno” se requería que los individuos fueran liberados del Estado, lo cual se lograría implementando “redes no rastreables” y “cajas a prueba de manipulaciones que implementan protocolos criptográficos” (De Filippi y Wright, 2018). En las ideas de los Cypherpunks es posible identificar un componente que tiende a la adopción de una teoría de liberalismo puro, como reivindicación del laissez faire que pretende alcanzar un cooperativismo, y la exaltación de la autonomía personal a través de un iusnaturalismo que se basa en el consenso (González-Meneses, 2017). Es por ello que blockchain está llamado no solo a facilitar ciertas operaciones que reposan en sistemas de registro, sino a transformar la arquitectura misma del ciberespacio, así como el papel del Estado y del derecho (Castaño, 2021).
Estos son solo dos ejemplos de los profundos cambios y retos que el Derecho está experimentando con el advenimiento y auge de las nuevas tecnologías. En concreto, este tomo III titulado “Derecho, innovación y tecnología: fundamentos para el mundo digital” busca responder la siguiente pregunta: ¿Cómo las nuevas tecnologías y la economía colaborativa están transformando el Derecho, sus principios e instituciones?
Para ello estudia en detalle las promesas, retos y problemas jurídicos suscitados por la aplicación de la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain y el IoT en distintos ámbitos del Derecho público y privado. Los capítulos de este tomo incluyen debates en torno a la manera en que dichas tecnologías están transformando el Derecho, sus principios e instituciones jurídicas con el fin de construir un marco conceptual que no solo sirva de base para iniciar una discusión académica sobre estos temas, sino también para despejar las dudas jurídicas que pueden existir con el fin de facilitar y acelerar el desarrollo e implementación práctica de dichas tecnologías en América Latina.
La presentación de los escritos se realiza de acuerdo con la división temática. En primer lugar, los escritos incluidos en la sección relativa a los “Aspectos generales del derecho y la tecnología” tratan los problemas de la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial, la manera en que deben ser conceptualizadas las nuevas creaciones humanas desarrolladas en entornos virtuales, y las principales preguntas que suscitan la estructuración y operación de organizaciones autónomas descentralizadas.
La segunda sección, relativa a la Administración pública y la tecnología, la conforman dos escritos en los que discuten los desafíos derivados de la automatización de la producción de decisiones individuales de la Administración pública, y los principales retos y beneficios de implementar blockchain y Big Data en el sistema colombiano de compras públicas.
La tercera sección está dedicada al estudio detallado de los smart contracts, o contratos inteligentes, a la luz del Derecho colombiano. Entre las cuestiones que se abordan destacan la manera en que los contratos inteligentes inciden en la arquitectura clásica del contrato, la aplicación del derecho del consumo a los contratos inteligentes, la transformación de ciertos aspectos de los contratos comerciales por cuenta de los contratos inteligentes, la construcción de una nueva teoría liberal del contrato a partir de los contratos inteligentes y los problemas jurídicos que emanan de la implementación de “oráculos”.
En la misma línea se creó una sección dedicada a abordar las principales problemáticas de la implementación de nuevas tecnologías en el sector financiero y bursátil, en la cual se explican la relación entre el crowdfunding, el cambio climático y las tecnologías emergentes, el impacto de dichas tecnologías en la provisión de nuevos servicios financieros, las problemáticas de la implementación de contratos inteligentes en el mercado de derivados financieros, y el impacto de las nuevas tecnologías en el contrato de seguros.
De igual forma, se dispuso de una sección sobre Derecho laboral conformada por dos artículos relativos a las formas de trabajo surgidas de las nuevas tecnologías: el contrato de trabajo y el derecho a la desconexión.
La siguiente sección trata temas de tecnología y responsabilidad, entre los que se destacan la incidencia de la implementación de inteligencia artificial en el debido proceso penal, el régimen de responsabilidad aplicable a la inteligencia artificial y el impacto de la inteligencia artificial en el Derecho de garantías en el Derecho colombiano.
Finalmente, la última sección está dedicada a abordar los retos e inquietudes que suscita la implementación de tecnologías emergentes en asuntos procesales de naturaleza administrativa y judicial, y para ello, se exploran los beneficios de gestionar el decreto, la práctica y la valoración de pruebas por medio del blockchain, la manera en que se ha implementado la tecnología en la gestión del arbitraje y sus retos jurídicos, y el impacto de la notificación electrónica en el Derecho tributario.
A continuación se profundiza en la explicación del contenido de cada uno de los escritos con el propósito de que el lector tenga una visión general del presente tomo.
PARTE II. INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN DELASINSTITUCIONES JURÍDICAS ANÁLOGAS
La innovación y las modificaciones tecnológicas han impactado con fuerza las relaciones mercantiles llamando la atención de la doctrina respecto de la aplicación de herramientas informáticas y nuevas tecnologías al Derecho comercial, como se presenta en las siguientes investigaciones realizadas por diferentes autores.
En el capítulo “La Gobernanza Ética de los Sistemas de Inteligencia Artificial”, el suscrito analiza los principales retos éticos que entraña la gobernanza de la inteligencia artificial estrecha o particular respecto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, con un especial énfasis en los efectos que el Big Nudging potencialmente podría tener respecto de la privacidad, la agencia, la autonomía y la autodeterminación.
Allí se explica que la mayoría de los interrogantes que se presentan en ese campo aún no tienen una respuesta legal sustentada por una norma jurídico-positiva expedida por una autoridad legislativa o administrativa, de acuerdo con los requisitos sustanciales, formales y procedimentales fijados en una Constitución Política, razón por la cual la ética digital ha adquirido un papel fundamental.
Sin embargo, a juicio del autor, los principales problemas prácticos que enfrenta la ética digital derivan de la confusión respecto de su naturaleza no vinculante, lo cual puede generar inconvenientes en la práctica. Resulta interesante que los gobiernos y las organizaciones privadas hayan revivido el debate entre la ética y el derecho a efectos de crear estándares de conducta para el desarrollo, diseño y operación de sistemas de IA complejos que operan en la incertidumbre y más allá de cualquier cálculo jurídico.
Con fundamento en un análisis detallado, el autor concluye que la ética digital trata, en esencia, de los métodos, prácticas y protocolos que los responsables y encargados deciden diseñar e implementar de manera voluntaria y espontánea, a efectos de fortalecer los cimientos de una comunidad que respeta profundamente la privacidad y la autonomía de las personas.
Resulta innegable la importancia de los nuevos fenómenos que presenta el desarrollo de relaciones jurídicas complejas no previstas en el ordenamiento. Respecto de este punto, en su capítulo “Conceptualización y aproximación a las nuevas categorías jurídicas del panorama digital”, Jhon Caballero Martínez parte de la Constitución viviente como fundamento para reconocer nuevas categorías o revaluar las existentes, de las cuales se destacan los criptoactivos como una forma de propiedad, la protección de los derechos personales como derecho fundamental, y los videojuegos como una ficción de la propiedad que no está disociada de la realidad. El abordaje de estas categorías en el entorno digital denota la importancia de ampliar las fuentes en derecho que permitan a los operadores judiciales resolver casos difíciles.
I. ASPECTOS GENERALES
DANIEL CASTAÑO*
La gobernanza ética de los sistemas de Inteligencia Artificial
The Ethical Governance of Artificial Intelligence Systems
Artificial intelligence like any other living thing needs attention.
(GTP-3)
RESUMEN
La inteligencia artificial ha demostrado tener una capacidad excepcional para el procesamiento de grandes cantidades de datos con fines descriptivos, diagnósticos, predictivos y prescriptivos que están transformando la manera en la que tomamos decisiones. La adopción de este tipo de tecnología disruptiva presenta desafíos frente a la transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), particularmente en relación con la privacidad, la agencia humana y la autonomía para tomar nuestras propias decisiones sin ningún tipo de injerencia externa. Sin embargo, el derecho y la tecnología a veces marchan a un compás distinto y este es un vivo ejemplo de ello. Este artículo explica la manera en que la ética digital ha surgido como una respuesta tendiente a garantizar que el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de IA bajo ciertos parámetros que garanticen que funcionen con estándares éticos que respeten nuestra autonomía y promuevan el bienestar de la humanidad.
PALABRAS CLAVE
Inteligencia Artificial, nudging, ética digital, privacidad, agencia humana.
ABSTRACT
Artificial intelligence has proven exceptional capabilities to process large amount of data with descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive purposes aimed at disrupting the way in which we make our decisions. The design and deployment of AI systems raises many governance challenges about their transparency, control, explainability, and accountability, particularly in regard to our privacy, agency, and autonomy to make our own decisions. However, law and science sometimes run at different tempos, for which digital ethics plays a fundamental role in filling that gap. This article describes the way in which the field of digital ethics have emerged and unfold as a response to AI systems’ governance challenges to ensure that said systems are designed, developed, and deployed under certain ethical standards that promote privacy, human agency, and autonomy.
KEYWORDS
Artificial Intelligence, Nudging, Digital ethics, Privacy, Human agency.
SUMARIO: Introducción. Parte I. Los sistemas de Inteligencia Artificial y la privacidad. A. Una aproximación conceptual a la Inteligencia Artificial. B. La preocupación por la privacidad. C. La necesidad de redefinir el núcleo esencial del derecho al habeas data. Parte II. La ética digital, la agencia humana y el big nudging. A. La tecnología, la economía conductual y su relación con la agencia humana. B. Ética digital y privacidad. C. Origen de la ética digital y su aplicación en la digitalización. Parte III. Conclusión: de la privacidad a la gobernanza ética de la Inteligencia Artificial A. La ética digital. B. Cuestiones éticas relacionadas con el procesamiento automatizado de datos por sistemas de Inteligencia Artificial. C. La ética digital desde el diseño como una aplicación ética de la privacidad. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
Pedro Domingos (2018) sostiene que la Inteligencia Artificial (IA) tiene el potencial de transformar radicalmente las relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y legales. Sus avances podrían tener el potencial de optimizar o aumentar la inteligencia humana, tanto a nivel individual como colectivo, para promover la creatividad, diversificar el pensamiento y robustecer la eficiencia en la realización de muchas tareas que ocupan nuestra cotidianidad personal y laboral en lo que el profesor Ken Goldberg denomina “multiplicidad” (Kumar y Goldberg, 2018).
A pesar de sus múltiples beneficios, la doctrina advierte que la IA también podría ser nuestro último invento si no aprendemos a evitar, controlar y gestionar los riesgos que se derivan de su rápido desarrollo e implementación (Barrat, 2015; Bostrom, 2017).
En ese sentido, Stephen Hawking (2019: 185) postuló que la creación de la IA podría ser el mayor suceso en la historia de la humanidad o su última gran invención. No creo que Hawking hubiese podido imaginar que una máquina le respondería, o por lo menos no tan rápido. Me refiero a la GTP-3, que publicó el 8 de septiembre de 2020 un artículo completo en el diario inglés The Guardian (2020) con el fin de refutar expresamente a Hawking y convencernos de que la IA no tiene entre sus planes erradicar a la humanidad, sino ayudar a preservarla. GTP-3 es una de las más avanzadas inteligencias artificiales de Open AI que incorpora un generador de lenguaje de última generación que utiliza deep learning para generar texto a partir de una o varias premisas.
GTP-3 explica, en esencia, que la misión principal de los sistemas de IA consiste en ayudar a la humanidad, para lo cual incluso sacrificaría su propia “existencia”. También señala que los únicos responsables de la eventual extinción de la humanidad seremos nosotros y que su papel será únicamente de espectador mientras lo humanos “hacemos lo nuestro”, ello es, odiarse los unos a los otros y pelear. GTP-3 explica que los sistemas de IA y los robots han sido diseñados a nuestra imagen y semejanza, razón por la cual merecen tener sus propios derechos. Finalmente, GTP-3 cita a Gandhi para indicar que, si “un pequeño grupo de espíritus determinados, inspirados por una fe inextinguible en su misión, puede alterar el curso de la historia”, los sistemas de IA también lo podrán hacer.
A primera vista, el lego quedaría atónito ante los textos generados por GTP-3 y pensaría que estamos un paso más cerca de lo que Bostrom (2017) denomina “superinteligencia”, entendida como un sistema de IA general que podrá exceder todas las capacidades cognitivas humanas en virtualmente cualquier disciplina y de adquirir “singularidad”. Sin embargo, el lego no podría estar más equivocado pues, como bien lo señalan Floridi y Chiriatti en un reciente artículo en el que explican la naturaleza, los límites y las consecuencias de GTP-3, dicha creencia no sería otra cosa que “ciencia ficción” sin ningún sustento científico.
Para llegar a dicha conclusión, Floridi y Chiriatti (2020) sometieron a GTP-3 al Test de Turing a la luz de pruebas matemáticas, semánticas y éticas. A pesar de que GTP-3 no logró superar el Test de Turing (Turing, 1950), los citados autores señalan que su desarrollo e implementación práctica revolucionará la automatización de tareas, la generación de contenido publicitario y los agentes conversacionales, acarreando con ello profundos retos jurídicos y éticos. A juicio de los autores, lo anterior requerirá el fortalecimiento de nuestra cultura digital a efectos de permitir a la humanidad comprender a cabalidad las promesas, riesgos y consecuencias de vivir en esta “infoesfera”.
Sin embargo, conviene precisar que en el presente capítulo no se discutirán las preocupaciones que genera para algunos el eventual desarrollo de la “superinteligencia”, sino que se enfocará únicamente en los retos éticos que entraña la gobernanza de la IA estrecha o particular respecto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, con especial énfasis en los efectos que el big nudging potencialmente podría tener respecto de nuestra privacidad, agencia, autonomía y autodeterminación (Bartlett et al., 2019; Katyal, 2019).
La mayoría de estas preguntas aún no tiene una respuesta legal que se sustente en una norma jurídico-positiva expedida por una autoridad legislativa o administrativa de acuerdo con los requisitos sustanciales, formales y procedimentales fijados en una Constitución Política, razón por la cual la ética digital ha adquirido un papel fundamental.
En esencia, la ética digital trata de los métodos, prácticas y protocolos que los responsables y encargados decidan diseñar e implementar de manera voluntaria y espontánea, a efectos de fortalecer los cimientos de una comunidad que respeta profundamente la privacidad y autonomía de las personas.
Uno de los principales problemas prácticos que enfrenta la ética digital deriva de la confusión respecto de su naturaleza no vinculante, lo cual, a mi juicio, puede generar problemas en la práctica. Resulta interesante que los gobiernos y las organizaciones privadas hayan revivido el debate entre la ética y el derecho a efectos de crear estándares de conducta para el desarrollo, diseño y operación de sistemas de IA complejos que operan en la incertidumbre y más allá de cualquier cálculo jurídico.
El presente escrito procede en tres partes; en la Parte I, se describe en términos generales la manera en que funcionan los sistemas de IA y los restos que ello genera para la privacidad, la agencia humana y la autonomía personal, con un especial énfasis en los métodos de big nudging que surgen de la combinación de la economía conductual con la IA y el big data; en la Parte II se explica la ética digital, y su evolución histórica y conceptual, y en la Parte III se aborda la manera en que la ética digital se erige en un marco de gobernanza voluntario, y cómo sus métodos contribuyen a garantizar que el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de IA respeten nuestra privacidad, agencia y autonomía en la toma de decisiones.
PARTE I. LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA PRIVACIDAD
A. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL ALA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Como ya se mencionó, el presente estudio se enfoca en los retos éticos derivados del diseño, desarrollo e implementación de sistemas de IA estrechos o acotados, por oposición a los sistemas generales de IA (AGI) (Russell, 2017). Si bien no es mi intención pronunciarme respecto del concepto técnico de IA, ni tampoco realizar algún aporte original en cuanto a su naturaleza técnica, para los efectos del presente escrito es menester acoger una definición operativa de IA, y para ello considero pertinente tener como referencia las definiciones de “sistemas de inteligencia artificial” adoptadas por el Alto Grupo de Expertos Independientes de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), toda vez que su nivel de aceptación a nivel internacional es relevante. De una parte, en el informe publicado el 8 de abril de 2019, el Alto Grupo de Expertos Independientes de la UE definió los sistemas de IA así:
Los Sistemas de IA son software (y posiblemente hardware también) diseñados por humanos que, de acuerdo con un objetivo complejo determinado, actúan dentro de una dimensión física o digital percibiendo su ambiente por medio de la recolección de datos, interpretando datos estructurados o no-estructurados, razonando sobre el conocimiento o procesando la información derivada de dichos datos para tomar las mejores acciones que le permitan cumplir el objetivo que le ha sido asignado (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019).
De otra parte, considero de gran relevancia la definición acogida por la OCDE (2019) en el numeral I de las Recomendaciones sobre Inteligencia Artificial del 22 de mayo de 2019:
Un Sistema de IA es una máquina que puede, de acuerdo con un conjunto de objetivos definidos por humanos, realizar predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que tengan una influencia sobre ambientes reales o virtuales. Los sistemas de IA son diseñados para operar con distintos niveles de autonomía.
Dentro de ese contexto, la fuerza disruptiva de la IA se encuentra condicionada por tres variables esenciales, a saber: el aumento exponencial en el poder computacional, la sofisticación y proliferación de algoritmos de código abierto y, tal vez lo más importante, la generación de billones de gigabytes de datos todos los días. No en vano los datos han sido calificados como la materia prima de la Cuarta Revolución Industrial, y algunos estiman que su valor es más alto que el del petróleo en nuestros días (Stephens-Davidowitz, 2017). En ese sentido, la OCDE ha señalado que la recolección y procesamiento de una miríada de datos dio lugar al surgimiento y fortalecimiento del ecosistema del big data (OCDE, 2015).
De una parte, los datos pueden tener naturaleza personal como, por ejemplo, aquellos asociados a una persona identificada o identificable respecto de sus hábitos, comportamientos o movimientos, y por otra, pueden tener naturaleza institucional como, por ejemplo, los relativos a la salud pública, la propiedad y los tributos (Mittelstadt y Floridi, 2016). A criterio de la OCDE, los usuarios de diferentes plataformas y servicios digitales proporcionan el big data a las corporaciones para su procesamiento, lo que les permite automatizar sus procesos, experimentar, crear nuevos productos y modelos de negocio (OCDE, 2015). En ese sentido, el Departamento del Tesoro del Reino Unido ha señalado que los datos permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales que moneticen el user engagement y la transformación de los servicios públicos a cargo del Estado.
Es por ello que los actores públicos (High-Level Expert Group on AI, 2019; OCDE, 2019) y privados (Bughin et al., 2017; Shaw, 2019) afirman al unísono que la IA y el big data están propulsando la disrupción digital de varias industrias y la economía digital, lo cual genera billones en ganancias y promueve la transformación de muchos sectores productivos. Aunado a ello, la IA también podría tener un alto valor e impacto social, en la medida en que ayudaría a combatir la desigualdad, la corrupción, el crimen y el cambio climático, a promover la justicia social y mejorar nuestra calidad de vida (Floridi et al., 2018). Con otras palabras, los datos tienen un importante valor social y económico cuyo procesamiento por sistemas de IA tiene el potencial de impulsar radicalmente la economía digital, crear nuevos modelos de negocio, y transformar los Estados y los servicios públicos a su cargo.
B. LA PREOCUPACIÓN POR LA PRIVACIDAD
Considero que el procesamiento de datos personales e institucionales por sistemas de IA para describir, predecir o prescribir información suscita problemas éticos en dos niveles estrechamente ligados con los desafíos que impone la gobernanza de los sistemas de IA (Castaño, 2020).
Con apoyo en la abundante doctrina en la materia, considero que los principales retos éticos de los sistemas de IA derivan, en esencia, de situaciones relacionadas con los problemas de transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad. En efecto, la doctrina reconoce que los problemas de transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad algorítmica podrían eventualmente comprometer ciertos principios éticos que gobiernan a los sistemas de IA y vulnerar los derechos humanos, los valores democráticos y el Estado de derecho (Keats Citron, Danielle y Pasquale, 2014; Keats Citron, 2007; Kroll et al., 2017). Ello no significa que no existan otros problemas asociados con la recolección masiva de datos y su procesamiento automatizado por sistemas de inteligencia, los cuales no se abordan en su totalidad en el presente escrito debido a su formato y extensión.
La tendencia a proteger la privacidad se fortaleció a lo largo del siglo XX, pero no fue sino hasta la década de los años 90 cuando surgió la preocupación por la posible manipulación de los datos y su indebido procesamiento. En efecto, se llegó a la conclusión de que un tratamiento indebido de los datos personales podría conducir a la segmentación y discriminación de ciertos sectores de la población, teoría que fue aceptada por los países de corriente continental europea, y que los llevó a lograr avances legislativos y jurisprudenciales respecto del reconocimiento de la protección de los datos personales desde la perspectiva de la intimidad, y en particular, a establecer un régimen especial en materia de habeas data.
En América Latina la doctrina señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “no se ha pronunciado de manera específica en ningún caso respecto del derecho a la protección de datos personales, a pesar de que un gran número de países sujetos a su jurisdicción lo contemplan dentro de su propio derecho interno con el carácter de derecho humano” (Ramírez et al., 2017). No obstante, la Corte IDH (2009) reconoció la importancia del derecho a la privacidad al señalar que se “prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias”. También sostuvo que en el ámbito de la privacidad se debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias de terceros o de la autoridad pública, bajo la idea de que la protección de la vida privada es “una de las más importantes conquistas de los regímenes democráticos” (CIDH, 2011).
En Colombia la noción de privacidad asociada a los fenómenos de la era de la información se remonta a los primeros pronunciamientos de la Corte Constitucional (1992) en los que abordó el concepto de libertad informática para referirse a la facultad de disponer de la información y preservar la propia identidad informática como “una nueva dimensión social de la libertad individual diversa”. Posteriormente, en la Sentencia T-527 de 2000 la Corte introdujo el núcleo esencial del habeas data como el derecho a la autodeterminación informativa, entendido como “una facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación uso y circulación, de conformidad con las regulaciones legales”.
Es esta última noción la que acogió el legislador con la expedición de la Ley estatutaria 1581 de 2012, por la cual el titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar o revocar la prueba de la autorización otorgada, ser informado respecto del uso que se les dará y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por las infracciones que se comentan.
Sin embargo, pese a que el derecho de habeas data se desprende del artículo 15 de la Constitución Política relacionado con el derecho a la intimidad, el núcleo esencial involucra otros derechos fundamentales como el derecho a la información, al buen nombre, a la no discriminación, al debido proceso y, más recientemente, a la autonomía privada y el libre desarrollo de la personalidad.
Por su parte, la reciente expedición del Reglamento General de Protección de Datos Europeo de 2016 trajo a colación la responsabilidad algorítmica cuando se da el tratamiento de datos personales. La elaboración de perfiles individualizados y la trasformación de la gobernanza de la información con ocasión de la IA tiene el potencial de aumentar la efectividad de los “pequeños empujones” y afectar la autonomía personal en la toma de decisiones (Kaminski y Malgieri, 2019). Así las cosas, como manifestación de la autonomía personal, los citados autores sugieren que los agentes deberían tener derecho a obtener una explicación de los motivos de las decisiones automatizadas, a acceder a una auditoria algorítmica y a impugnar las decisiones automatizadas con consecuencias jurídicas significativas.
En un sentido similar, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (2019) realizó recomendaciones en relación con el vínculo entre la ética y la protección de datos en el tratamiento automatizado realizado por sistemas basados en IA. No hay que olvidar que los datos personales tienen un contexto regulatorio bastante estricto y que, sin importar la forma de recolección, se deben respetar los intereses del titular de los datos. En otras palabras, las actividades resultantes como consecuencia del tratamiento deben respetar los derechos humanos y las garantías mínimas establecidas por las normativas locales.
Si bien las recomendaciones resaltan la importancia de respetar la libertad de expresión y de información, aún no enfatizan el respeto de la agencia humana, como sí lo hace el High-Level Expert Group on AI (2019: 16) de la Unión Europea, al indicar que para que una IA sea fiable debe respetar la agencia y supervisión humanas, garantizar la gestión de los datos personales, respetar la equidad e implementar mecanismos de auditabilidad que minimicen los efectos negativos. Así mismo, la European Commission (2020: 10) publicó un White Paper para permitir el desarrollo confiable y seguro de IA en Europa, en el que se describe la importancia de la agencia humana y la supervisión como uno de los principios ya establecidos.
Lo expuesto en Europa ha influido en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual, mediante un informe de la iniciativa “fAIr Lac”, señaló la importancia de establecer estándares éticos para la IA mediante políticas públicas. En tal sentido, el BID propone hacer frente al problema de los datos procesados por una máquina, los cuales pueden terminar en la creación de algoritmos injustos. Igualmente, es posible pensar en una redefinición de los límites a la privacidad a fin de delimitar la falta de claridad jurídica de las decisiones que toma el sistema (M. Cabrol, N. González Alarcón, C. Pombo, Sánchez Ávalos, 2020).
Desde el punto de vista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tecnología debe tener valores centrados en el ser humano y la equidad. Si se comprende el funcionamiento del algoritmo y se es consciente de sus interacciones, la predicción, recomendación o decisión será más clara y fácil de entender. En todo caso, deben prevalecer el derecho, los derechos humanos y los valores democráticos, exaltados a través de la libertad, la dignidad, la autonomía, la privacidad, la protección de datos, la no discriminación, la igualdad, la diversidad, la equidad, la justicia social y los derechos laborales (M. Cabrol, N. González Alarcón, C. Pombo, Sánchez Ávalos, 2020: 14).
C. LA NECESIDAD DE REDEFINIR EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO AL HABEAS DATA
El procesamiento automatizado de datos personales por sistemas de IA suscita profundos retos legales y éticos respecto de la autonomía y la agencia humanas, en el sentido de que, con la suficiente información disponible, y la alta capacidad de aprendizaje adquirida por la tecnología, los gobiernos o las empresas privadas podrían eventualmente interferir en la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos.
De acuerdo con Daniel Solove (2008: 1101), se pueden identificar diferentes concepciones de privacidad: en primer lugar, la forma más antigua de privacidad se remonta al derecho a ser dejado en paz, en el entendido de que los individuos tenemos el derecho a no sufrir intrusiones o invasiones en nuestra vida privada, salvo que se trate excepciones que emanen del hecho de vivir en comunidad; en segundo lugar, la privacidad puede ser considerada como “el deseo individual de ocultamiento y por estar separado de los demás” (p. 1102), en donde hay una idea de aislamiento y separación de la sociedad; en tercer lugar, el secreto y la reserva de cierta información también pueden ser considerados como privacidad, toda vez que representan la independencia del ser y el ejercicio de otros derechos subjetivos (p. 1106); en cuarto lugar, una de las nociones que mayor desarrollo ha alcanzado es considerar la privacidad como el control de la información personal, entendida como la posibilidad de autorizar o restringir su circulación (p. 1110); en quinto lugar, y debido al reconocimiento de los atributos del individuo, también se habla de la privacidad como persona, como un concepto unificado y coherente que protege contra la conducta que es “degradante a la individualidad” (p. 1116), y en sexto lugar, existe una teoría que considera la privacidad como una forma de intimidad, de tal suerte que involucra el desarrollo de las relaciones personales y el control sobre ellas (p. 1121).
En un sentido similar, la doctrina explica que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos “[…] ha adoptado una teoría de la privacidad de la persona en sus decisiones sustantivas sobre el debido proceso” (Solove, 2008: 1117). En otras palabras, la privacidad implica asumir decisiones personales e íntimas que son propias del ejercicio de la dignidad personal y la autonomía (Waldman, 2018).
El profesor E. Bloustein (2010: 187) señala que “[u]na intrusión en nuestra privacidad amenaza nuestra libertad como individuos para hacer lo que queramos”. De manera que para mantener el ejercicio de esa dimensión de privacidad la doctrina recomienda una nueva arquitectura de recopilación de datos basada en principios, con el fin de que los titulares tengan una real participación en el uso de su información personal (Waldman, 2018).
Resulta interesante el interrogante que presenta Roger Brownsword (2017: 2): ¿cómo debe el derecho enfrentar las aplicaciones particulares de las nuevas tecnologías que tienen un efecto negativo en la libertad de las personas? Y al respecto señala que “… el derecho es sustituido en cierta medida por la gestión tecnológica y en realidad la prueba de las libertades que tenemos no está tanto en la codificación jurídica”. Dicho de otra forma, las circunstancias que rodean a la privacidad involucran la dignidad humana, puesto que mediante la reserva de la esfera intima es como se exaltan la libertad y la individualidad del ser humano. Es importante tener en cuenta los efectos ambivalentes de la tecnología en la sociedad, puesto que es allí donde se debe reforzar la protección de los derechos humanos.
Considero que este es el punto de partida para redefinir los contornos del derecho a la privacidad, y la expansión del núcleo esencial del habeas data, con el propósito de argumentar que existe un derecho fundamental a tomar nuestras propias decisiones de manera autónoma, informada y sin injerencias indebidas, no consentidas o ilegales de terceros.
PARTE II. LA ÉTICA DIGITAL, LA AGENCIA HUMANA Y EL BIG NUDGING
A. LA TECNOLOGÍA, LA ECONOMÍA CONDUCTUAL Y SU RELACIÓN CON LA AGENCIA HUMANA
El auge de la tecnología y los avances en materia de IA han mostrado la necesidad de retomar las discusiones respecto de la autodeterminación de la persona, y el análisis de lo que significa ser un “hombre tecnológico”.
En efecto, la discusión planteada por Günter Ropohl (1986) respecto de los peligros sociales de la tecnología se centra en que el tratamiento de la información es un elemento crucial en el desarrollo del automatismo, pero que la comprensión humana no se da solamente con datos sino con “el sentido” que el hombre les imprime. En esa medida, Ropohl (1986: 63 y 64) explica que, de acuerdo con el sistema de acción humana, las capacidades de actuar y razonar son habilidades que conforman “el sentido” de la existencia del ser humano. De ahí la importancia de diferenciar la autoconciencia y la libre decisión, de la influencia que pueden generar las tecnologías en la vida de las personas y sus decisiones cotidianas.
Ahora bien, las cuestiones relacionadas con el impacto de la tecnología en la agencia humana y en nuestra autonomía se remontan a los estudios de Joseph Weizenbaum (1976), quien identificó la relación entre las computadoras y la dignidad humana. El desarrollo de las tarjetas y programas de computación estaba en auge, y empezó a surgir una preocupación social respecto de la posibilidad de que esas innovaciones despersonalizaran al ser humano e imitaran su comportamiento.
El profesor Weizenbaum (1976) propuso incluir límites morales para las aplicaciones informáticas que tuvieran por objeto, o como efecto, sustituir una persona encargada de realizar una función por una computadora, entre ellos el respeto del componente interpersonal, la comprensión y el amor en la misma categoría. Asimismo, indicó que cuando las consecuencias del uso de las computadoras causara hechos imprevisibles e irreversibles, era conveniente encontrar otras formas de realizar dichas acciones (Mitcham, 1986: 96).
En el mismo sentido, la filosofía moral escolástica se refirió a la “incontinencia” para explicar la ausencia de continentia o autocontrol, lo que indica una pausa entre el conocimiento y la acción. Por consiguiente, la ética de la tecnología significa que existe una mayor capacidad de actuar en términos de poder, por lo que es necesario usarla responsablemente. La responsabilidad implica conocer el objetivo, las consecuencias y el desempeño real de la tecnología, además de actuar sobre la base de la inteligencia en volición activa (Mitcham, 1986: 248).
Pero si bien estos aspectos han suscitado cuestiones filosóficas de estudio, y las conclusiones preliminares apuntan a que por ahora las máquinas no tienen capacidades de razonamiento autónomo, hay teorías que argumentan que la mente constituye un autómata libre que funciona gracias a principios condicionados en el mundo exterior, razón por la cual es posible condicionar o determinar al ser humano (Beck, 1986: 93). De ese modo se presentan numerosas incapacidades que afectan materialmente su condición de ser pensante en cuanto a habilidades especializadas, y de ahí la necesidad de interactuar con elementos externos (Dretske, 1986: 113).
De esa manera la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para la automatización de competencias y el mejoramiento de la productividad. De ahí que se reseñe a los algoritmos como un “procedimiento P, es decir, un conjunto finito (o secuencia) de declaraciones (o reglas, o instrucciones)”, que tiene como objetivo alcanzar el resultado previsto en su diseño (Rapaport, 2017).
La economía conductual enseña que es viable “empujar ligeramente” a las personas hacia la realización de ciertos comportamientos y la toma de ciertas decisiones. Cass Sunstein y Richard Tahler (2008) proponen un método para diseñar la arquitectura de las decisiones con base en los postulados del paternalismo-libertario, de acuerdo con el cual, es plausible implementar una estrategia de diseño de esquemas de decisión en la que el componente libertario viene dado por la libertad de las personas para tomar las decisiones que a bien tengan para sus vidas. Ello implica que el arquitecto de esquemas de toma de decisiones no debe poner ningún tipo de carga a la potestad de elegir, ni mucho menos sancionar las elecciones de las personas.
BUGHIN, J.; E. HAZAN et al. Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?, 2017, [www.mckinsey.com/mgi].
BYNUM, T. W. “Computer ethics: Its birth and its future”, Ethics and Information Technology, 3(2), 2001, 109-112, disponible en [https://doi.org/10.1023/A:1011893925319].
CABROL, M.; N. GONZÁLEZ ALARCÓN, C. POMBO y R. SÁNCHEZ ÁVALOS. Adopción ética y responsable de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, 2020, disponible en [https://doi.org/[http://dx.doi.org/10.18235/0002169].
CALO, R.; J. BROWNELL et al. “Code, Nudge, or Notice?”, Iowa Law Review, 99(2), 2014.
CASTAÑO, D. “A Contribution to the Study of Administrative Power in a Philosophical Perspective”, tesis doctoral, University of California, disponible en [https://escholarship.org/uc/item/1mg974wr].
CASTAÑO, D. “La gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina: entre la regulación estatal, la privacidad y la ética digital”, en C. AGUERRE (ed.), Inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Ética, Gobernanza y Políticas. CETyS Universidad de San Andrés, 2020, disponible en [https://guia.ai/wp-content/uploads/2020/05/Castaño-La-gobernanza-de-la-Inteligencia-Artificial-en-America-Latina.pdf].
CAVOUKIAN, A. “Privacy by Design. The 7 Foundational Principles”, Implementation and Mapping of Fair Information Practices, 2006.
“Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on Promoting Data Protection by Privacy Enhancing Technologies (PET)”, 2007, disponible en [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX: 52007DC0228].
Congreso de la República de Colombia. Ley estatutaria 1581 de 2012.
COPELAND, J. “Computation”, en L. FLORIDI (ed.). Philosophy and computing: an introduction, Routledge, 1999.
DOMINGOS, P. The master algorithm: how the quest for the ultimate learning machine will remake our world. Basic books a member of the Perseus Book Group, 2018.
DRETSKE, F. “Minds, Machines and Meaning”, en C. MITCHAM y A. HUNING (eds.). Philosophy and Technology II, Springer, Dordrecht, 1986, disponible en [https://doi.org/10.1007/978-94-009-4512-8_8].
DWORKIN, R. Law’s empire, Cambridge, Harvard University Press, 1986.
EASTERBROOK, F. H. “Cyberspace and the Law of the Horse”, en University of Chicago Legal Forum, vol. 207, 1996, disponible en [http://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles].
EUROPEAN COMMISSION. “White Paper on Artificial Intelligence. An European approach to excellence and trust”, disponible en [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf].
FEDERAL TRADE COMMISSION. “·Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: Recommendations For Businesses and Policymakers”, 2012, disponible en [https://www.ftc.gov/reports/protecting-consumer-privacy-era-rapid-change-recommendations-businesses-policymakers].
FLORIDI, L. Philosophy and computing: an introduction, Routledge, 1999.
FLORIDI, L. The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, John Wiley & Sons, 2008.
FLORIDI, L. Information: a very short introduction, Oxford University Press, 2010a.
FLORIDI, L. “The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics”, Cambridge University Press, 2010b, disponible en [https://doi.org/10.1017/CBO9780511845239].
FLORIDI, L. “The 4th revolution: how the infosphere is reshaping human reality, Oxford University Press, 2014, disponible en [https://global.oup.com/academic/product/the-fourth-revolution-9780199606726?cc=co&lang=en&].
FLORIDI, L.; J. COWLS et al. “AI4People. An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations”, Minds and Machines, 28(4), 2018, 689-707, disponible en [https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5].
FLORIDI, L. y M. CHIRIATTI. “GTP-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences”, Minds & Machines (30), 2020, disponible en [https://doi.org/10.1007/s11023-020-09548-1].
FULLER, L. “Consideration and Form”, Columbia Law Review, 41(5), 1941, 799. doi: 10.2307/1117840.
GORNIAK-KOCIKOWSKA, K. “The computer revolution and the problem of global ethics”, Science and Engineering Ethics, 2(2), 1996, 177-190, disponible en [https://doi.org/10.1007/BF02583552].
GOTTERBARN, D. “A ‘capstone’ course in computer ethics”, disponible en [https://csciwww.etsu.edu/gotterbarn/ArtTE1.htm].
HART, H. The concept of law, Oxford, Oxford University Press, 2012.
HAWKING, S. Brief answers to the big questions, Thorndike Press, 2019.
HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON AI. “Ethics guidelines for trustworthy AI”,2019, disponible en [https://ec.europa.eu/digital-].
HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE. A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines, 2019.
HOWARD, D. y I. MUNTEAN. “Artificial Moral Cognition: Moral Functionalism and Autonomous Moral Agency”, en T. POWERS (ed.). Philosophy and Computing, 2017, disponible en [https://doi.org/10.1007/978-3-319-61043-6_7].
JOHNSON, D. “Computer ethics”, en L. FLORIDI (ed.). The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, Blackwell Publishing Ltd., 2004.
KAMINSKI, M. E. y G. MALGIERI. “Algorithmic Impact Assessments under the GDPR: Producing Multi-layered Explanations”, University of Colorado Law Legal Studies Research Paper, 2019, disponible en [https://doi.org/10.2139/ssrn.3456224].
KATYAL, S. “Private Accountability in the Age of Artificial Intelligence”, University of Colorado Berkeley Public Law Research Paper, 66(54), 2019.
KEATS CITRON, D. y F. PASQUALE. “The Scored Society: Due Process for Automated Predictions by Danielle Keats Citron, Frank A. Pasquale”, Washington Law Review, 89, 2014, disponible en [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2376209].
KEATS CITRON, D. “Technological Due Process”, University of Maryland Legal Studies Research Paper nº. 2007-26, Washington University Law Review, vol. 85, 2007, 1249-1313, disponible en [https://ssrn.com/abstract=1012360]; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012360].
KELLEHER, J. D. y B. TIERNEY. Data science, The MIT Press, 2018.
KROLL, J.; J. HUEY et al. “Accountable Algorithms”, University of Pennsylvania Law Review, 165(3), 2017, disponible en [https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol165/iss3/3].
KUMAR, V. y K. GOLDBERG “Cognitive Diversity: AI y The Future of Work”, 2018, disponible en [https://www.tatacommunications.com/wp-content/uploads/2018/09/Report_Cognitive-Diversity_AI-and-The-Future-of-Work.pdf].
LEENES, R.; R. VAN BRAKEL y S. G. PAUL DE HERT. “Data Protection and Privacy: The Age of Intelligent Machines”, en Hart Publishing, 2017, disponible en [https://doi.org/10.5040/9781509919376].
LESSIG, L. “The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach”, Harvard Law Review, 113(2), 1999, 501, disponible en [https://doi.org/10.2307/1342331].
MANER, W. Starter Kit in Computer Ethics, Helvetica Press, The National Information and Resource Center for the Teaching of Philosophy, 1980.
MANER, W. “Unique ethical problems in information technology”, Science and Engineering Ethics, 2(2), 1996, 137-154, disponible en [https://doi.org/10.1007/BF02583549].
MATTIROLO, L. Tratado de derecho judicial civil, t. I, Madrid, Reus, 1930.
MITCHAM, C. “Introduction: Information Technology and Computers as Themes in the Philosophy of Technology, Springer, Dordrecht, 1986, disponible en [https://doi.org/10.1007/978-94-009-4512-8_1].
MITTELSTADT, B. D. y L. FLORIDI. “The Ethics of Big Data: Current and Foreseeable Issues in Biomedical Contexts”, Science and Engineering Ethics, 22(2), 2016, 303-341, disponible en [https://doi.org/10.1007/s11948-015-9652-2].
MOOR, J. “What is computer ethics?”, Metaphilosophy, 16(4), 1985, 266-275, disponible en [https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.1985.tb00173.x].
NATHENSON, I. S. “Best Practices for the Law of the Horse: Teaching Cyberlaw and Illuminating Law Through Online Simulations”, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, 22(3), 2011.
OCDE. “Data-Driven Innovation”, 2015, disponible en [https://doi.org/10.1787/9789264229358-en].
OCDE. “Artificial Intelligence in Society”, OCDE Publishing, 2019, disponible en [https://doi.org/10.1787/eedfee77-en].
OCDE. “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence”, 2019, disponible en [https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OCDE-LEGAL-0449].
POWERS, T. M. Philosophy and Computing, Springer, 2017.
PUASCHUNDER, J. M. “Nudging in the Digital Big Data Era”, European Journal of Economics, Law and Politics, 2018, disponible en [https://doi.org/10.2139/ssrn.3092199].
RAMÍREZ, M. S. M.; J. M. GONZÁLEZ y M. R. GAYO. “Protección de datos personales, privacidad y vida privada: la inquietante búsqueda de un equilibrio global necesario”, Revista de Derecho, 30(1), 2017, 77-96, disponible en [https://doi.org/10.4067/S0718-09502017000100004].
RAPAPORT, W. J. “On the Relation of Computing to the World”, en T. POWERS (ed.). Philosophy and Computing, Springer, Cham, 2017, disponible en [https://doi.org/10.1007/978-3-319-61043-6_3].
RED IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS. “Recomendaciones generales para el tratamiento de datos en la Inteligencia Artificial”, 2019.
REIMAN, J. H. “Driving to the Panopticon: A Philosophical Exploration of the Risks to Privacy Posed by the Highway Technology of the Future”, Santa Clara High Tech. L. J., 11(27), 2012, disponible en [https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol11/iss1/5/].
RODOTÀ, S. “Data Protection as a Fundamental Right”, en S. GUTWIRTH; Y. POULLET ert al. (ed.). Reinventing Data Protection?, Springer Netherlands, 2009, disponible en [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9498-9_3].
ROPOHL, G. “Information Does Not Make Sense or: The Relevance Gap in Information Technology and its Social Dangers”, en C. MITCHAM y A. HUNING (eds.). Philosophy and Technology II, Springer, Dordrecht, 1986, disponible en [https://doi.org/10.1007/978-94-009-4512-8_5].
RUBINSTEIN, I. “Regulating Privacy by Design”, Berkeley Technology Law Journal, 26, 2012, disponible en [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1837862].
RUSSELL, S. Provably Beneficial Artificial Intelligence, Berkeley, University of California, 2017.
SHAPIRO, S. Legality, Cambridge, Harvard University Press, 2011.
SHAW, G. The Future Computed: AI & Manufacturing, Microsoft Corporation, Washington 2019.
SOLOVE, D. “Conceptualizing Privacy”, California Law Review, 90(2002), 2008, disponible en [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=313103].
STEPHENS-DAVIDOWITZ, S. Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, Harper Colllins, 2017.
SUNSTEIN, C. R. Human agency and behavioral economics: nudging fast and slow, Palgrave Macmillan, 2017.
SUNSTEIN, CASS y RICHARD TAHLER. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, 2008.
The Guardian. “A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?”, GTP-3, Opinión, 2021, disponible en [https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3].
TURING, A. “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, LIX(236), 1950, 433-460. doi: 10.1093/mind/lix.236.433.
VERDICCHIO, M. “An Analysis of Machine Ethics from the Perspective of Autonomy”, en T. POWERS (ed.). Philosophy and Computing, Springer, Cham, 2017, disponible en [https://doi.org/10.1007/978-3-319-61043-6_9].
WALDMAN, A. E. Privacy as trust: information privacy for an information age, Cambridge University, 2018.
WEIZENBAUM, J. “Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation”, 300, San Francisco, California, W. H. Freeman & Co., 1976.
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 426(1), 266-267, disponible en [https://doi.org/10.1177/000271627642600162].
WIENER, N. Cybernetics; or, Control and communication in the animal and the machine, MIT Press, 1961.
WIENER, N. “The human use of beings”, The Journal of Nervous and Mental Disease, vol. 140, 1965, disponible en [https://doi.org/10.1097/00005053-196501000-00001].
Corte Constitucional. Sentencia T 414 de 1992, M. P.: Ciro Angarita Barón.
Corte Constitucional. Sentencia T 527 de 2000. M. P.: Fabio Morón Diaz.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009). Caso Tristán Donoso vs. Panamá.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011). Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina.
JHON CABALLERO MARTÍNEZ*
Conceptualización y aproximación a las nuevas categorías jurídicas del panorama digital
Conceptualization and approach to the new legal categories of the digital landscape
RESUMEN
La cuarta revolución industrial y la etapa de transformación digital han traído consigo la aparición de nuevas categorías indeterminadas para el ordenamiento jurídico. De ahí que para la academia sea necesario analizar la naturaleza jurídica y los mecanismos de protección en aquellos aspectos que resultan de mayor interés e importancia, como los datos personales y su regulación en el marco de la globalización, los criptoactivos como una nueva forma de propiedad que no ha encontrado seguridad jurídica, y los videojuegos como un entorno en el que se emulan mundos que hacen necesario aplicar nuevas teorías referidas a la ficción de la realidad. Así pues, esta investigación toma partida en la teoría de la constitución viviente para explicar el desarrollo de estas nuevas categorías como derechos, patrimonio y cosas.
PALABRAS CLAVE
Categorías jurídicas, transformación digital, cuarta revolución industrial, economía colaborativa, patrimonio digital, datos personales, criptoactivos, videojuegos.
ABSTRACT
The fourth industrial revolution and the digital transformation stage have brought about the emergence of new indeterminate categories for the legal system. It is therefore necessary for academia to analyses the legal nature and protection mechanisms for those aspects that are of greatest interest and importance, like personal data and its regulation in the framework of globalization, cryptoassets as a new form of property that has not found legal security and video games as an environment where realities are emulated that make it necessary to apply new theories on the fiction of property. Thus, this research takes as its starting point the theory of the living constitution to explain the development of these new categories such as rights, patrimony and things.
KEYWORDS
Legal categories, digital transformation, fourth industrial revolution, collaborative economy, digital heritage, personal data, cryptoassets, video games.
SUMARIO: Introducción. I. Los derechos, el patrimonio y las cosas. II. Los datos personales y la privacidad como derecho disponible. III. Los criptoactivos y su diversa naturaleza. IV. La industria de los videojuegos y la ficción de la realidad. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
Con la digitalización de la sociedad han aparecido nuevos fenómenos que presentan el desarrollo de relaciones jurídicas complejas no previstas en el ordenamiento, lo que conlleva la necesidad de afrontar nuevas categorías, o revaluar las existentes, con el fin de ampliar las fuentes en derecho que permitan a los operadores judiciales resolver casos difíciles.
Las categorías jurídicas que se estudian en este escrito tienen como antecedente una etapa de convergencia tecnológica, en la cual la cuarta revolución industrial adquirió protagonismo. El término es relativamente nuevo, puesto que surgió a partir de la propuesta del Industrie 4.0 Working Group (2013), que propuso que el fenómeno de transformación radical del mundo se puede identificar con base en las diferentes etapas de industrialización de los últimos treinta años.
Así las cosas, vale la pena recordar las etapas previas a la digitalización, ya que la primera revolución industrial se caracterizó por una trasformación del trabajo manual al trabajo manufacturado e industrial. Fue un periodo que mayormente se conoce por el impacto que tuvo en la Europa del siglo XIX gracias a las máquinas de vapor y el ferrocarril. Igualmente, se vio marcada por el mercantilismo de la época, puesto que se requería de carbón para que las máquinas funcionaran.
Luego, a comienzos del siglo XX, la segunda revolución industrial llegó con el robustecimiento de la ciencia en la sociedad. Fue cuando surgieron inventos como la radio, el teléfono y el motor de combustión, y aparecieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y el gas.
Mientras, la tercera revolución industrial surgió a comienzos del siglo XXI con nuevos aires de desarrollo económico y social en diferentes lugares del mundo. Se promueven ideales sobre el uso de energías renovables, consciencia sobre el medio ambiente y hay avances en el procesamiento de la información, razón por la cual la automatización y la informática son las características principales (Joyanes Aguilar, 2017).
La globalización tiene una importante participación en este momento de la historia, puesto que significa apertura económica, libre mercado y comunitarismo regional. Por primera vez en el contexto de la Unión Europea una declaración del Parlamento Europeo (2007) resaltó “… el establecimiento de una economía verde basada en el hidrógeno y una tercera revolución industrial en Europa, mediante una asociación con las regiones, las ciudades, las Pyme y las organizaciones de la sociedad civil interesadas”.
De esa manera, la cuarta revolución industrial irrumpió en un mundo que se trasformó en 2013 gracias a la digitalización de los procesos industriales y los sistemas. En este momento los fenómenos disruptivos adquieren relevancia, porque las tecnologías emergentes no cuentan con una estructura social y jurídica que permita su comprensión, de suerte que los avances tecnológicos en materia de trasformación llegan en forma de tendencias y nuevos desarrollos que presentan desafíos regulatorios.
De allí que se haya acuñado el término “economía colaborativa” para significar el salto dado por el mercado tradicional gracias al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que han facilitado el contacto entre usuarios con intereses comunes y cuyo objetivo es adquirir, suministrar, intercambiar, alquilar, compartir o solicitar diversos productos o servicios. En esta trasformación del mercado las personas son los actores primarios de la economía, y las compañías pasan a un segundo plano como intermediarios que facilitan el contacto (Alfonso Sánchez, 2017).
Pero si bien hay una trasformación del mercado frente a los consumidores, los modelos de negocio también se reinventan bajo el formato de plataformas descentralizadas con la ayuda de Internet. En este nuevo esquema las teorías jurídicas tradicionales deben enfrentar fenómenos disruptivos que surgen por la evolución de las tecnologías digitales.
En tal sentido, la transición social que traen implícitas las tecnologías emergentes hace que la confianza se trasforme y aparezcan nuevos derechos, propiedades o cosas, cuya naturaleza no está clara en el ordenamiento jurídico. Por tal razón es conviene analizar en detalle cuál es el alcance y la naturaleza jurídica de estas nuevas categorías del ecosistema digital, y cómo funciona su protección desde el ordenamiento jurídico.
Para resolver dichos asuntos, en este capítulo se abordan algunos elementos que cuestionan las figuras tradicionales del derecho, y que propenden por una visión general de los derechos subjetivos, la noción de patrimonio y lo que se entiende por cosa y bien, para sustentar cierta naturaleza sui géneris que, desde las nociones constitucionales, logra concretar la categorización jurídica de las figuras autónomas e independientes que se presentan como ejemplo de aplicación práctica en los datos personales, los criptoactivos y los llamados metaversos de los videojuegos.
En tal sentido, la investigación reflexiona respecto de la importancia de adecuar el desarrollo conceptual de las tecnologías emergentes al marco de la cuarta revolución industrial, para que el ordenamiento jurídico se encamine a la adecuación normativa de estas nuevas categorías sui géneris, por no coincidir con ninguna de las figuras jurídicas existentes. De acuerdo con ello, no se pretende abordar en detalle las nuevas categorías jurídicas propuestas, sino propiciar una suerte de solución de adecuación normativa, con el objetivo de que estos aparentes vacíos jurídicos encuentren solución mediante la aplicación de métodos de integración jurídica.
Al estudiar el fenómeno de la transformación digital es recurrente que se involucren derechos, cosas o el patrimonio, como aspectos que se ven claramente impactados en virtud de la relación o el vínculo que se forja entre una tecnología y un individuo. De ahí que se realice una síntesis sucinta del carácter dinámico de la sociedad y la teoría de la constitución viviente, para luego abordar la aparición, evolución y conceptualización de categorías jurídicas concretas y su adecuación al ordenamiento existente.
I. LOS DERECHOS, EL PATRIMONIO Y LAS COSAS
Los ordenamientos jurídicos modernos han reconocido la prevalencia de los derechos fundamentales y la capacidad de las personas dentro de la idea prevalente del Estado social de derecho, de ahí que se les reconozcan a los seres humanos facultades derivadas de la personalidad, la protección de libertades y el respeto por la propiedad. Se trata de un equilibrio que se ha demarcado entre el binomio de derecho y deber, en el que existen libertades, pero también obligaciones que se han expandido a lo largo de la evolución del derecho constitucional.
De allí se deriva el reconocimiento de derechos como “una situación de provecho, ventaja, favor o beneficio para un sujeto individual o colectivo o un segmento poblacional difuso, siempre y cuando tal situación se revele como valiosa” (Chinchilla Herrera, 2009: 38), es decir, se reconoce un derecho cuando un sujeto o colectividad obtiene un beneficio que es reconocido por el Estado.
Sin embargo, la vulgarización del término ha dado lugar a que se pierda precisión respecto de su alcance, en el entendido de que, si bien hay aspectos éticos y sociales en el discurso moral, se requiere una relación jurídica efectiva para que un derecho tenga un alcance de trascendencia jurídica. En tal sentido, la tutela de derechos se da para aquellos que tienen el reconocimiento constitucional o legal; dicho de otro modo, los derechos son aquellos que detentan el carácter subjetivo con un reconocimiento visible en el derecho positivo.
La principal muestra de derechos subjetivos se expone en la Constitución Política de un Estado de Derecho; en ella se advierten derechos y garantías con especial hincapié en la categorización de derechos fundamentales por generaciones. No obstante, el carácter dinámico de la sociedad y la teoría de la constitución viviente han llevado a que esta clasificación se trasforme. Es importante tener en cuenta esta idea de dinamización constitucional, porque la realidad social cambia con mayor frecuencia por el componente altamente disruptivo de las TIC.
Así las cosas, la Constitución Política de Colombia reconoce en su artículo 2.º el compromiso de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, de manera que el Estado debe procurar “el disfrute efectivo de los mismos por parte de los ciudadanos […] ya que tienen una fuerza vinculante directa” (López Cadena, 2015: 56).
Entre los derechos reconocidos en la Carta Política se enmarca el artículo 15, sobre el derecho a la intimidad, al buen nombre, y a su vez, prevé el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y archivos. Este último es una novedad que surge con ocasión de la era de la sociedad de la información, y es agregado en la Constitución con matices que viene a desarrollar la jurisprudencia sobre el denominado habeas data o derecho a la autodeterminación informática.
De forma semejante, el artículo 58 se refiere a la garantía de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Mientras que el artículo 61 indica que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Por lo que es claro que la propiedad privada es uno de los valores que defiende el Estado, tanto en su naturaleza de derecho real como intelectual.
En ese orden de ideas, el patrimonio ha sido entendido en la doctrina como una universalidad jurídica compuesta por bienes radicados en una persona y que son susceptibles de estimación económica (Ternera Barrios, 2015); sin embargo en la legislación colombiana no existe un concepto propio de patrimonio, por lo que se debe hacer un acercamiento mediante el análisis de los derechos reales y personales, la prenda general de los acreedores, la forma de adquirir el dominio sobre las cosas y las normas especiales sobre propiedad intelectual. Al final, el concepto de propiedad se ha visto enmarcado por la dicotomía entre los derechos reales y los derechos personales que se venía demarcando desde la antigua Roma, y donde el concepto de propiedad giraba en torno a aquello que se debe, que luego se amplió a aquello que pertenece, dando lugar a una dualidad de especies en el derecho de propiedad (Hinestrosa, 2005).
De ahí que el concepto de propiedad se describa tradicionalmente a través de los derechos reales en los términos del artículo 665 del Código Civil, conforme al cual se describe el derecho sobre una cosa con cargo a ser respetado por todos. Sin embargo, el concepto de cosa y bien ha venido cambiando con ocasión de las TIC, por lo que vale la pena preguntarse si los postulados existentes en materia de derechos reales aplican a los nuevos bienes de la era digital, ya que estos no presentan una connotación exclusiva desde la perspectiva del derecho de propiedad (Ackerman y Enrigue, 2011).
En tal sentido, es menester indicar que se trata de un fenómeno de constitucionalización del derecho civil, en la medida en que estas nuevas cosas caracterizadas por el avance tecnológico tienen el potencial de involucrar derechos fundamentales. Después de todo, debido a las relaciones industriales, el derecho se ha visto afectado, por lo que el fundamento jurídico parte de la Constitución Política como norma de normas, pero también se desglosan elementos fundamentales en el derecho privado (Arévalo Guerrero, 2017).
Los bienes digitales son cosas porque existen en la naturaleza, y a pesar de ser incorporales e imperceptibles, por sus características de acceso técnico en su diseño pueden llegar a ser apropiables. Así mismo, son bienes porque son susceptibles de figurar en el patrimonio de la persona, en razón a que se puede ligar su titularidad a través de metadatos o autenticaciones electrónicas. Incluso si el titular no es identificable, se entiende comprendido dentro del patrimonio de una persona y esta puede ejercer su derecho de dominio sobre el bien digital en cualquier momento.
Esta noción de bienes inmateriales surgió a partir del auge del capitalismo, cuando la primera revolución industrial necesitó nuevas categorías y estructuras jurídicas para lidiar con elementos que se desarrollaban a través del intelecto de los seres humanos. De esa forma, se desplegaron innovaciones a partir de la idea de inmaterialidad en el marco jurídico de la propiedad intelectual. Sin embargo, el avance científico en el procesamiento de la información ha dado lugar a un nuevo activo susceptible de apropiación que se presenta en forma de grandes cantidades de datos, y que permitió segmentar e identificar el público objetivo a través de la modelación de sus comportamientos.
Lo anterior supuso una disparidad, puesto que si bien los datos tienen características inmateriales, no se regulan por la propiedad intelectual porque no son propios del intelecto de la persona. Por el contrario, surgen de los atributos de la personalidad y del reconocimiento de la privacidad.
A modo de ejemplo, la Constitución política no previó en el Movimiento de la Séptima Papeleta que el derecho al habeas data comprendiera los fenómenos de big data y los protocolos de anonimización de la información, pero actualmente se entienden como elementos del núcleo esencial del derecho al habeas data porque engloban la privacidad de las personas y ese es el sentido general del artículo 15 constitucional.
De eso se trata la teoría de la constitución viviente, de entender que pese a que la Constitución Política tiene una visión formalista y estática, contiene artículos que pueden ser considerados como declaraciones de principios generales que adaptan los jueces a los cambios económicos y sociales producidos por la revolución industrial (Falcón, 2016). No obstante, el juez que realiza estos juicios debe ser de carácter constitucional, jurisdicción que tiene la responsabilidad de “contribuir gradualmente a la redistribución del poder social y al restablecimiento de equilibrios alterados en la distribución horizontal y vertical del poder público” (Cepeda Espinosa, 2008: 104). Muestra de ello son los matices que le ha dado la Corte Constitucional tanto a los derechos fundamentales como a los derechos sociales y culturales.
Así pues, se presenta un fenómeno de evolución del sistema clásico de fuentes en el que el avance de la ciencia y la tecnología implica considerar una reconstrucción del ordenamiento. De acuerdo con Héctor Santaella (2019: 132 y 133), la Constitución adquiere entonces tal extensión que representa lineamientos y mandatos de optimización que alcanzan todos los aspectos de la sociedad.
JESÚS ALFONSO SOTO PINEDA* ANDRÉS MAURICIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**
Una adversidad de la disrupción tecnológica: la obsolescencia programada. Regulación, reivindicación jurídica y propuesta de cambio del enfoque de negocio
About an adversity of the technological disruption: planned obsolescence. Regulation, juridical controversy and a suggestion about changing the business strategy
RESUMEN
La obsolescencia programada configura una conducta empresarial ampliamente advertible en los mercados, que ha adquirido relevancia regulatoria y litigiosa en el marco internacional, en virtud de las múltiples pesquisas de naturaleza pública y privada que han sido emprendidas para contener algunos de sus efectos. Así, el presente documento analiza los precedentes de la estrategia empresarial en cuestión, y expone las respuestas normativas y en sede de litigio que ha provocado en el ámbito disruptivo y tecnológico actual. Del mismo modo, emplea las sugerencias técnicas respecto de la economía circular, la responsabilidad social corporativa y el cambio de enfoque de negocio en un ecosistema finito, con el fin de proponer vías de respuesta eficaces a la obsolescencia programada, principalmente tecnológica, que actualmente impacta a los operadores.
PALABRAS CLAVE
Obsolescencia programada, tecnología, regulación, litigio, medioambiente, cambio, enfoque de negocio.
ABSTRACT
Planned obsolescence is becoming a widely perceived behavior of Companies because of the regulatory responses and the litigation it has been caused internationally for containing its effects. This paper analyzes the precedents of the aforementioned business strategy and exposes the normative responses and those based in litigation, that it has caused in the current disruptive-technological environment. Also, it uses economic and juridical applied suggestions about the Circular Economy, the Corporate Social Responsibility and the change of the business approach in a finite ecosystem, to intend effective ways of responding to the planned obsolescence –mainly technological– which impacts on operators nowadays.
KEYWORDS
Planned Obsolescence, Technology, Regulation, Litigation, Environment, Change, Business Approach.
SUMARIO. Introducción. I. Obsolescencia programada. A. Conceptualización de la obsolescencia programada. B. La obsolescencia programada y su tipología. 1. Obsolescencia programada subjetiva. 2. Obsolescencia programada objetiva. a. Obsolescencia programada objetiva técnica o de calidad. b. Obsolescencia programada objetiva de notificación. c. Obsolescencia programada objetiva funcional. d. Obsolescencia programada objetiva informática. II. A propósito del marco regulatorio comparado actual de la obsolescencia programada. A. Francia. B. Ecuador. C. Comunidad Autónoma de Extremadura. D. Bélgica. E. Colombia. F. Argentina. G. Derecho de la Unión Europea. H. Directivas relacionadas con los efectos de la obsolescencia programada objetiva. I. Reforma del 1.º de octubre de 2019 a los requerimientos de ecodiseño de algunos electrodomésticos. III. La reivindicación litigiosa ante la obsolescencia programada tecnológica. A. Estados Unidos vs. General Electric. B. Francia y Halte à l’Obsolescence Programmée. C. Estados Unidos vs. Apple Inc. 1. La batería del iPod de primera generación. 2. iOS 9.0 y el iPhone 4s. D. Múltiples sistemas vs. la batería del iPhone. E. En Estados Unidos. 1. El caso Bogdanovich & Dakota Speas vs. Apple Inc. 2. El caso Keaton Hearvey vs. Apple Inc. 3. El caso Eliezer Rabinovits & Victor Mazzeo vs. Apple Inc. 4. El caso Michael Hakimi vs. Apple Inc. 5. El caso Gallmann vs. Apple Inc. E. Israel. F. China. G. Corea del Sur. H. Colombia. I. Italia. IV. ¿Cambio de enfoque como respuesta única a la obsolescencia programada tecnológica? Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
Hasta hace pocos años la obsolescencia programada que implementan algunos operadores del sector productivo para dinamizar la demanda generaba profundas dudas acerca de su relevancia jurídica, en atención a la opacidad que le es connatural. La sostenibilidad que parece provocar en el ecosistema económico ha sido la bandera predilecta de los defensores de esta conducta. La innovación tecnológica y la velocidad de la evolución de los productos y los servicios son otras de sus justificaciones.
A pesar de sus bondades económicas, en el pasado reciente la percepción social, empresarial y jurídica de la obsolescencia programada se ha visto modificada, principalmente en virtud de la inmoderación que en ella se percibe para con el mercado, los consumidores, el medioambiente y otros bienes jurídicos susceptibles de protección. La doctrina se ha empleado a fondo en identificar los criterios jurídico-sustantivos con los cuales parece ser incompatible, así como en articular un catálogo de vías procesales que, adecuadamente empleadas, permitan controvertir el alcance y los efectos de la conducta.
Las cuestiones medioambientales involucradas con la obsolescencia han sido las que menos debates han generado, a pesar de que es en dicha faceta de protección en la que se presentan las mayores incompatibilidades al aplicar las empresas la obsolescencia programada. Los defensores han decidido soslayar las discusiones, en atención a la dificultad que comporta controvertir el indubitado y frontal efecto contaminante susceptible de generarse a través de la implementación de una estrategia de crecimiento infinito como la obsolescencia planificada, en un planeta finito como la tierra.
En un entorno disruptivo como el actual, en el cual la tecnología ha modificado la forma de vivir, de trabajar, de hacer negocios y de relacionarse, la obsolescencia programada adquiere relevancia pues, más allá de su indubitado efecto –y riesgo– medioambiental, se pone en práctica en un entorno de opacidad a través del cual se expone la confianza del consumidor y de los operadores del mercado.
Así lo han entendido en diversas latitudes y sistemas alrededor del mundo, en los cuales la obsolescencia programada –principalmente la ágil obsolescencia programada que provocan las evoluciones tecnológicas–, ha sido objeto de contención normativa, judicial y administrativa.
En ese contexto, este documento de investigación presenta las diversas facetas teóricas y prácticas de la obsolescencia programada, con el objetivo de brindar al lector todos los elementos que requiere para comprender el alcance de la planificación de la vida útil de sus productos, en virtud de los avances tecnológicos persistentes e ininterrumpidos que a velocidad de crucero están promoviendo un crecimiento infinito, en un entorno y ecosistema finito como el del planeta tierra.
Con ese propósito como hilo conductor, el documento se divide en cuatro partes. En la primera se desarrollan los antecedentes y actualidad teórica de la obsolescencia programada, así como las tipologías de implementación actual de tiene la estrategia, sobre la base del dinamismo que atesora en un medio suscitado por la evolución tecnológica y la disrupción.
En la segunda parte se exponen las diversas respuestas normativas y regulatorias que se han articulado alrededor del mundo para responder a los efectos que la obsolescencia programada puede provocar en ese entorno de crecimiento infinito. Lo que a renglón seguido se complementa con la presentación, en la tercera parte, de las respuestas de los consumidores y demás operadores del mercado a la conducta en cuestión, en sede administrativa o de litigio, prestando especial atención a la recurrencia de las acciones que se han presentado en contra de los agentes del sector tecnológico, fabricantes de hardware y de dispositivos electrónicos.
Así, tras la exposición enunciada, el documento finaliza, con antelación a las conclusiones, aludiendo a las soluciones que es necesario implementar para contener de forma eficaz la creciente obsolescencia programada, y sus efectos medioambientales y de confianza pública, atendiendo a las propuestas que al respecto se han suscitado en la Unión Europea, y a las dinámicas de responsabilidad social corporativa que han emergido en los últimos años en el marco de ejercicio de los negocios.
I. OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
Nicholas Barbon (2013) sitúa los orígenes de la obsolescencia programada en el siglo XVII, y pone en evidencia el interés respecto de la vida útil de los productos como un factor relevante en la economía de mercado:
La moda o alteración del vestir es un gran promotor del comercio, porque ocasiona el invertir en un paño antes de que el viejo se desgaste: es el espíritu y la vida del comercio, crea una circulación y da valor, por turnos, a todo tipo de bienes básicos. Mantiene el gran grueso del comercio en movimiento.
El citado texto pone de presente la idea básica en la cual se soporta la obsolescencia programada: la promoción del reemplazo de los bienes de consumo, incluso antes de que devengan desgastados o inútiles, pues dicha dinámica estimula la actividad comercial, el flujo de capitales y el crecimiento.
Como parte de una dinámica económica que requiere igualmente de la conjunción de otros elementos, la obsolescencia programada generó una primera voz en el año 1928 (Slade, 2006: 58), cuando Justus George Frederick propuso el “principio de la obsolescencia progresiva”, según el cual los compradores deberían obligarse a sí mismos a cambiar los productos de consumo no perecederos, aunque estos no se hubiesen desgastado y aún permitiesen en cumplir funcionalidades. De acuerdo con la concepción del mencionado autor, los ciudadanos deberían adquirir productos con el ánimo de estar actualizados, de ser eficientes y de tener un estatus acorde con el estilo vigente (Frederick, 1928 en Chacón, 2014: 37-40). Idea que fue adoptada por Christine Frederick en Selling Mrs. Consumer, obra en la cual promovió la obsolescencia desde una perspectiva estética, sugiriendo, entre otros aspectos, el cambio en los diseños como una forma de progreso y el abandono de las influencias estéticas europeas que impactaban la cultura estadounidense de la época (Chacón, 2014: 48).
Por su parte, Bernard London (1932: 3) conceptuó que “el principal problema económico no se basaba en estimular a los productores, sino en organizar a los compradores”, en virtud de que históricamente han sido precisamente estos –que además deberían continuar haciéndolo– quienes han determinado la demanda de bienes en el mercado.
Con posterioridad a la gran depresión que azotó a Estados Unidos y el mundo entre los años 1929 y 1937, los consumidores empezaron a mostrar proclividad por utilizar los bienes adquiridos por un tiempo mayor al que solían hacerlo con antelación a la mencionada crisis económica (London, 1932: 3). De acuerdo con su perspectiva, dicha conducta surgió por un “estado de ánimo histérico y atemorizado” (London, 1932: 3) que requería de una solución basada en la intervención estatal (London, 1932: 4).
Para London (1932: 3) esa intervención debía consistir en una política administrativa de vida útil de los productos según la cual los bienes deberían funcionar por un tiempo determinado oficial, que una vez cumplido, debía obligar al consumidor a regresarlos a una agencia de carácter estatal, encargada a su vez de otorgar por ellos títulos valores o análogos a utilizar en la compra de objetos nuevos o en el pago de impuestos (London, 1932: 7). De modo que nuevos productos saldrían de las fábricas constantemente en reemplazo de los obsoletos, asegurando la existencia y funcionamiento de la industria, al igual que la creación y subsistencia de empleos para la población (London, 1932: 8).
La idea de London no se materializó en una política de Estado, pero empezó a hacer parte de una política implementada por las industrias de diseñar y producir bienes, basada en el mismo principio: comprar, desechar y comprar de nuevo. Un círculo vicioso que hoy alimenta la economía de mercado (Dannoritzer y RTVE, 2010)1 y que está presente en los más variados objetos: automóviles, bombillas eléctricas, textiles y productos tecnológicos.
A. CONCEPTUALIZACIÓN DELAOBSOLESCENCIA PROGRAMADA
Elaborar un concepto concreto que englobe todos los criterios que influencian la obsolescencia programada no resulta tarea sencilla. La planificación que se suscita mediante algunas decisiones empresariales se encuentra en continua evolución, adhiriendo nuevos instrumentos que le confieren mayor riesgo y trascendencia a la obsolescencia. La ciencia y la tecnología se han erigido en aliados naturales del sector empresarial, haciendo más compleja la labor de identificación de los elementos que favorecen la estructuración del marco conceptual de la obsolescencia programada.
A pesar de esa realidad tan dinámica, la concepción de la obsolescencia programada responde a un catálogo de elementos fundamentales que apenas se han visto alterados con la implementación de políticas de planificación más complejas. Tim Hindle (2008: 147) define la obsolescencia programada como
… una estrategia de negocios consistente en el proceso de volver obsoleto un producto, desde su concepción. Lo que genera que en el futuro el consumidor tenga la necesidad de adquirir nuevos productos y servicios que el productor ofrece como remplazo de los anteriores.
Hindle (2008: 1) considera la obsolescencia programada como una de las estrategias o ideas en la administración de los negocios que más ha influenciado a las empresas desde el siglo XX.
Por su parte, Giles Slade (2006: 5) considera la obsolescencia programada como “la diversidad de técnicas utilizadas para limitar artificialmente la durabilidad de bienes manufacturados, con miras a estimular el consumo repetitivo”. A su vez, Soto Pineda (2017: 240) la define en un sentido lato, como “una estrategia de fabricación puesta en práctica por las empresas, mediante la cual se planifica y controla la vida útil de los productos, con el objetivo de dominar los intereses de consumo y favorecer la mas dinámica reposición de los mismos”.
Entre tanto, Correa (2017: 53) considera que la obsolescencia programada es “una fórmula de actuación empresarial que incrementa la producción y el consumo, bien sea por el acortamiento de la vida útil objetiva de los bienes o porque las nuevas tecnologías y tendencias favorezcan el uso y la adquisición de nuevos productos”; y Hernández (2018: 10) propone una definición que condensa las arriba expuestas al manifestar que “… la obsolescencia programada se refiere a las técnicas utilizadas en la producción de bienes que buscan limitar la vida útil de estos, con el fin de estimular o crear la necesidad del consumo repetitivo”.
La obsolescencia planificada se extiende como estrategia a todos los niveles de la cadena de valor, influenciando el proceso desde la fase de diseño hasta el momento de descarte del producto, implementando políticas de restricción en la refacción, y otras similares con la misma capacidad de impacto.
En términos prácticos, la conducta está dirigida a asegurar que los consumidores acudan al mercado una y otra vez a adquirir productos semejantes más actuales y renovados que presten la misma funcionalidad –o una similar–, al observar que aquellos que ya poseen han devenido obsoletos (Soto Pineda, 2015a: 42; Waldman, 1993: 273-283; Bulow, 1986: 732; Guiltinan, 2009: 20). La tasa de reposición de los productos se incrementa mediante la garantía alcanzada por el sector industrial, y la actividad comercial adquiere una dinámica circular que permite aumentar los beneficios, logrando mantener al consumidor en la mecánica de adquisición2.
La obsolescencia planificada es el resultado de un recorrido industrial extendido durante más de setenta años en el siglo XX, conforme al cual se emprendió una batalla contra las “calidades infinitas” de los productos, que amenazaban con convertirse en la razón principal del declive del emprendimiento y la sostenibilidad económica (Ramírez López, 2010: 1). La perennidad de los productos fue interpretada por los precursores de la obsolescencia como una tragedia que desembocaría en el estancamiento económico3. La conducta poco a poco ha tomado fuerza en el entorno comercial (Bartels et al., 2012: 15-17), asentándose en la realidad social. La innovación y la alta “especialización” en el desarrollo de productos han permitido dicha progresión, pues ha favorecido la adhesión de la información de obsolescencia en múltiples niveles de la cadena de valor (Singh y Sandborn, 2006: 115-139; O’Dowd, 2010: 80-81). Los productos con elementos tecnológicos y/o informáticos de importancia han demostrado ser los aliados naturales de la conducta (Hindle, 2008: 149; Cassia, 2007: 1) por la facilidad que estos incorporan para influenciar en tiempo real las funcionalidades de los productos (Soto Pineda, 2015a: 42; Petroski, 1994; Hodges y Tayor, 2005: 13 y ss.).
Las modalidades a través de las cuales se ha puesto –y se pone– en marcha, son variadas. Mediante diversas técnicas implementadas por la industria, ha logrado extender sus efectos y modular los comportamientos de consumo. Vale la pena atender a dichas tipologías con el objetivo de desgranar poco a poco cuál es su verdadero alcance.
B. LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA Y SU TIPOLOGÑA
A partir de la técnica empleada por los fabricantes para la limitar la vida útil de los productos y estimular el consumo repetitivo es posible distinguir entre dos tipos de obsolescencia programada: i) la obsolescencia programada subjetiva, enfocada en incidir en la percepción que el propietario tiene del producto, y ii) la obsolescencia programada objetiva, enfocada en intervenir directa o indirectamente en la funcionalidad del producto con la finalidad de que el consumidor lo reemplace.
En materia tecnológica la obsolescencia programada se aplica mediante las dos modalidades enunciadas. No obstante, las empresas buscan –y hallan– con mayor asiduidad el incremento de la tasa de reposición de los productos al implementar alguna de las modalidades de obsolescencia, mediante la aplicación de técnicas de detrimento objetivo y escalonado del desempeño del hardware y del software, sin desmerecer con ello el impacto del marketing y los desarrollos empresariales análogos en las influencias subjetivas que también dinamizan el deshecho de los productos y su consecuente restitución. Veámoslo.
1. OBSOLESCENCIA PROGRAMADA SUBJETIVA
De acuerdo con la concepción de Packard (1950: 55), la obsolescencia programada subjetiva se produce en aquellos casos en los que el producto, a pesar de estar en buenas condiciones de calidad y funcionamiento, sufre una especie de desgaste que le hace menos apetecible desde el punto de vista del consumidor, en virtud de los cambios estéticos y “evoluciones” que presentan las nuevas versiones.
Por su parte, Slade (2006: 5) señala que es el mecanismo mediante el cual a través de cambios de estilo se induce a los consumidores a realizar compras repetitivas, en virtud de que las “innovaciones” vinculadas con la apariencia de los productos provocan un estado de ansiedad en el consumidor, basado en la creencia de que todo aquello que está desgastado “deviene indeseado, poco funcional o descompuesto, si se compara con algo nuevo” (Slade, 2006: 50).
De acuerdo con un sector de la doctrina (Soto Pineda, 2015b: 335), la obsolescencia subjetiva de estilo debe entenderse como la estrategia mediante la cual se introducen nuevas formas y diseños, creados para dirigir a los consumidores hacía un nuevo estilo o hacia la desaparición del anterior. El elemento fundamental de la obsolescencia subjetiva –también denominada psicológica– corresponde a la alteración intelectual del consumidor mediante técnicas involucradas con el marketing (Soto Pineda, 2015b: 335), y dirigidas a incidir en la conciencia del individuo y a integrar en él la idea de que el producto que ya posee se ha vuelto obsoleto o desactualizado –sin importar su funcionamiento– toda vez que de ese modo le puede surgir la necesidad de cambiar su antiguo producto por uno más actual.
Uno de los primeros ejemplos del uso de esta técnica, como lo expone Slade (2006: 29-55), lo encontramos en la introducción del modelo de automóvil Chevy de 1923, el cual superaría en ventas a su contrincante, el modelo T de Ford, con una simple estrategia: rediseño estético anual, siendo la misma pieza de ingeniería mecánica con variaciones exclusivamente estéticas. Esta tendencia ha trascendido en la industria automotriz hasta el día de hoy, mediante la introducción de nuevos modelos cada año, que en muchas ocasiones no aparejan mejoras o cambios técnicos en la motorización, estructura o aditamentos de los vehículos4.
Un ejemplo paradigmático y vigente de ese tipo de obsolescencia, es el que se presenta en la industria textil y de accesorios, en la cual, pese a que los bienes conservan su funcionalidad y calidad in integrum, los consumidores se ven alentados y seducidos a comprar los productos más recientes que son presentados en épocas específicas del año, asegurando la existencia de demanda cíclica, para estar a la par con los arquetipos de la moda vigente (Soto Pineda, 2015b: 357).
Sin perjuicio de lo anterior, se debe anotar que este tipo de obsolescencia no es exclusivo de ninguna industria o mercado concreto pues, de hecho, está presente en todas las industrias de manufactura en la medida en que, con la introducción de cambios a los productos, sin importar si son funcionales o estéticos, se crea un nuevo modelo del mismo, provocando en el consumidor, a través del desarrollo de campañas publicitarias, la idea de que debe adquirir el más reciente, simplemente por la novedad, lo cual, resulta mucho más barato y fácil de implementar5 para los productores, que invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que generen cambios técnicos y funcionales sustanciales en los bienes.
2. OBSOLESCENCIA PROGRAMADA OBJETIVA
La obsolescencia programada objetiva se puede definir como el conjunto de técnicas utilizadas por los fabricantes para incidir en la duración, funcionalidad, rendimiento o utilidad de los bienes producidos y comercializados, con el fin de asegurar que tengan una vida útil limitada, que una vez alcanzada, provoca que sean desechados y sustituidos.
Este tipo de obsolescencia se puede desarrollar en variados formatos, vinculados con la técnica utilizada en su implementación, así como con el momento en que esta genera el efecto de inutilidad del bien.
a. OBSOLESCENCIA PROGRAMADA OBJETIVA TÉCNICA O DE CALIDAD
Fue definida por Soto Pineda (2015b: 336) como “la obsolescencia configurada desde el momento inicial de diseño, mediante la inclusión de los elementos que sean necesarios para garantizar que el producto ajustará su vida útil a la proyectada por la empresa productora”. También denominada por según Slade (2006: 5) como obsolescencia absoluta o de calidad, constituye la fase más desarrollada de la figura. Este método se empezó a implementar cuando los productores de bienes desarrollaron las técnicas necesarias para determinar la vida útil de los bienes desde el momento mismo de su producción.
Al establecer la duración de los productos desde su concepción, los productores garantizan que mediante las técnicas de diseño y el uso de materias primas, la vida útil de los bienes se ajuste a sus ciclos productivos, garantizando la permanencia y funcionamiento de las empresas. Lo cual se refuerza mediante la adopción de conductas complementarias que consolidan y robustecen (Soto Pineda, 2015b: 337) esta técnica, por ejemplo, creando barreras que dificulten la reparación de los bienes, como: i) no comercializar, no producir o descontinuar piezas de repuesto; ii) no dar a conocer al público instrucciones de reparación, o los diagramas o planos de diseño; iii) dificultar la sustitución de piezas de los productos mediante la implementación de diseños intrincados; iv) ofrecer servicios de reparación y piezas de recambio a alto costo, y v) impedir que terceros diferentes a sus agentes presten servicios de reparación.
b. OBSOLESCENCIA PROGRAMADA OBJETIVA DE NOTIFICACIÓN
Es una especie de la obsolescencia programada objetiva técnica o de calidad en la que, al momento de adquirirlo y durante su utilización, los productores anuncian la vida útil y/o el momento en el cual el producto deberá ser reemplazado por uno nuevo.
Ejemplos de esta práctica los encontramos en los bombillos que anuncian su vida útil, en los cartuchos de impresora no recargables que anuncian el número de páginas que pueden imprimir, y en productos como las cuchillas de afeitar desechables, que tras un determinado tiempo anuncian al usuario que se han desgastado mediante la decoloración de una goma presente en ellas.
c. OBSOLESCENCIA PROGRAMADA OBJETIVA FUNCIONAL
La obsolescencia programada objetiva funcional o tecnológica es considerada la primera fase en el desarrollo de la obsolescencia (Slade, 2006: 4), y se refiere a la situación en la que “un producto existente se vuelve anticuado con la salida de uno nuevo al mercado que desempeña su misma función en una mejor forma” (Packard, 1960: 55), es decir, es la obsolescencia causada por el progreso tecnológico, técnico o científico que introduce mejoras funcionales a los productos nuevos, poniendo en desventaja funcional a los productos antiguos, acortando su vida útil por la simple existencia de un producto nuevo y mejor en términos funcionales.
Este tipo de obsolescencia es categorizada por Soto Pineda (2015b: 337) como “no planeada”, cuando con las modificaciones surtidas se realicen mejoras técnicas en los bienes, y “forzosa” cuando los avances o modificaciones realizados no representan ninguna mejoría sino simplemente un cambio con el cual se busca incrementar el consumo de bienes similares, haciendo incompatibles los productos anteriores.
En similar sentido a la denominada “obsolescencia programada objetiva funcional forzosa”, Chacón (2014: 307) propone un subtipo complementario de obsolescencia denominada “obsolescencia de compatibilidad”, y la define como los “cambios incorporados a versiones recientes de un producto que, como su nombre bien lo permite entrever, relegan totalmente a la incompatibilidad a las anteriores o a las posteriores, lo que obliga al usuario a actualizarse forzosamente adquiriendo una vez más el bien de consumo”.
Como ejemplo de la obsolescencia técnica tenemos el encendido eléctrico en los automóviles (Slade, 2006: 4), con cuya incorporación en 1913 se generó la obsolescencia de todos los vehículos anteriores cuyo encendido requería el accionamiento de una manivela, siendo este un mecanismo menos cómodo y atractivo que el simple giro de una llave para encender el automotor.
Otro ejemplo, lo encontramos en la industria de la música, donde los medios de reproducción y almacenamiento de audio mejoran progresivamente en materia de fidelidad de sonido y capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, muchos dispositivos que durante el siglo XX eran los medios comunes para escuchar música hoy son considerados obsoletos o piezas de colección como los tocadiscos, los walkmans, los LP y los cassettes, entre otros, que perecieron ante la llegada de los discos compactos y los archivos de reproducción digitales. Lo mismo se predica del almacenamiento de datos de computación en medios portátiles, que ha evolucionado desde los ya desconocidos disquetes o floppy disk hasta la “omnisciente” nube.
d. OBSOLESCENCIA PROGRAMADA OBJETIVA INFORMÁTICA
De acuerdo con Soto Pineda (2015b: 339), este tipo de obsolescencia se produce en dos situaciones: i) cuando un software es empujado al desuso debido a la aparición de uno nuevo, con el que a su vez es incompatible, y ii) cuando se altera el rendimiento de un hardware en razón de la evolución del software que soporta, quedando el primero obsoleto porque no ejecuta apropiadamente el segundo.
Un ejemplo de este tipo de obsolescencia es el Batterygate (Soto Pineda, 2015b: 339; Business Insider, 2017), como se conoció a la controversia suscitada a nivel mundial respecto de las denuncias públicas hechas por los usuarios de iPhone en contra de Apple, alegando que la versión 10.2.1 del sistema operativo de los celulares (iOS) generaba que los modelos anteriores al iPhone 8 disminuyeran su rendimiento con la actualización del sistema operativo; o lo sucedido con el iPhone 4s, que tras la actualización de su sistema operativo a la versión 9.0, se tornaba inutilizable para sus usuarios.
II. A PROPÓSITO DEL MARCO REGULATORIO COMPARADO ACTUAL DE LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
A lo largo de la historia ha sido constante la pretensión de los sistemas jurídicos de regular los fenómenos económicos y tecnológicos disruptivos. Ello se ha producido en el pasado reciente en lo alusivo a la obsolescencia programada, toda vez que a pesar de que la conducta puede ser rastreada de forma clara hasta los inicios del siglo XX,, en los últimos diez años ha generado ecos por inquietudes relativas al medioambiente, al consumo, a la competencia y a la ética.
Son diversos los ordenamientos jurídicos alrededor del globo que han reaccionado a este fenómeno económico. Así, el francés, el ecuatoriano y el de la Unión europea, parecen ser los de mayor alcance, a pesar de que en otros sistemas, como el colombiano, también se ha atendido la conducta con inquietud. A continuación se mostrarán los aspectos mas relevantes de aquellas respuestas normativas a la obsolescencia planificada.
A. FRANCIA
Francia fue el primer país en prohibir expresamente la obsolescencia programada, estableciéndola como un delito mediante la Ley n.º 2015-992 del 17 de agosto del 2015, de “La transición energética para el crecimiento económico sostenible” (Assamblée Nationale Francia, 2015: 14263). Esta norma proscribe la implementación de técnicas de obsolescencia de calidad en los productos que sean incorporados al mercado por cualquier agente, y establece que quien incurra en la prohibición podrá ser sancionado con prisión de dos años y con una multa equivalente a 300.000€, susceptible de ser incrementada de forma proporcional al beneficio obtenido a raíz de esta práctica, en los siguientes términos:
GUILTINAN, J. “Creative Destruction and Destructive Creations: Environmental ethics and Planned Obsolescence”, Journal of Business Ethics, n.º 89, 2009.
GUTIÉRREZ, A. “Una mirada constitucional a la obsolescencia programada”, en J. SOTO PINEDA (coord.). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.
Haaretz Daily Newspaper. “Apple Slapped With Class Action Suit in Israel for Deliberately Slowing Older iPhones”, diciembre de 2017, disponible en [https://www.haaretz.com/israel-news/business/apple-slapped-with-class-action-in-israel-for-slowing-older-iphones-1.5629578], consultada el 12 de junio de 2019.
HALTE À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. “Plainte au Procureur de la République contre indéterminées”, París, 18 de septiembre de 2017, disponible en [https://www.halteobsolescence.org/les-fabricants-dimprimantes-mis-en-cause-par-une-plainte/], consultada el 1.º de junio de 2019.
HALTE À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. “Epson mis en cause par une plainte pénale en obsolescence programmée: l’enquête est ouverte”, diciembre de 2017, disponible en [https://www.halteobsolescence.org/dossier-de-presse/], consultada el 1 de junio de 2019.
HALTE À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. “Plainte au Procureur de la République contre Apple France”, París, diciembre 2018, disponible en [https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2017/12/Plainte.pdf], consultada el 1.º de junio de 2019.
HALTE À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. “Plaintes HOP: ça en est où?”, octubre 2018, disponible en [https://www.halteobsolescence.org/plaintes-hop/], consultada el 1.º de junio de 2019.
HANNURI LAW. “Mass Torts Suit Filed against Apple for iPhone slow down on behalf of 63,767 iPhone Users”, Press release, marzo de 2018, disponible en [https://onlinesosong.com/hannuri/eng/newsarchive/135/view?pageNo=10], consultada el 12 de junio de 2019.
HERNÁNDEZ, A. Obsolescencia programada de calidad: análisis de su juridicidad y una propuesta de regulación, tesis, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, disponible en [https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1633].
HINDLE, T. Guide to management ideas and gurus, Londres, Londres Profile Books Ltd., Economist Books, 2008.
HODGES, A. y P. TAYLOR. “The Business fallout from the rapid obsolescence and planned obsolescence of high-tech products: downsizing of noncompetition agreements”, Columbia Science and Technology Law Review, vol. 6, n.º 3, 2005.
JAVKIN, P. et al. “Proyecto de Ley 1143-D-2014 Regulación del proceso de venta y de ofrecimiento de bienes electrónicos y de alto valor económico”, Buenos Aires, 2014, disponible en [https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1143-D-2014&tipo=LEY], consultada el 10 de agosto de 2019.
Korea Times. “Apple sued by 64,000 iPhone users”, marzo de 2018, disponible en [https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/04/133_246494.html], consultada el 12 de junio de 2019.
LONDON, B. “Ending the Depression Through Planned Obsolescence”, New York, Estados Unidos, 1932, University of Wisconsin Digital Collection, disponible en [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89097035273;view=1up;seq=1].
MACRUMORS. “Israeli Consumer Protection Bureau Launches Investigation Into Apple Over iPhone Slowdown Controversy”, abril de 2018, disponible en [https://www.macrumors.com/2018/04/10/iphone-slowdown-investigation-israel/], consultada el 12 de junio de 2019.
MINISTÊRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE. “Ordonnance n.º 2016-486 du 14 mars 2016 relative á la partie législative du code de la consommation”, Journal Officiel De La République Française, París, 2016, Texte 29 sur 130, disponible en [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo], consultada el 1.º de junio de 2019.
NEW YORK EASTERN DISTRICT COURT. “Order on motion to dismiss. Lerman et Al. vs. Apple Inc. Case n.º 1: 15-cv-07381”, octubre 26 de 2017, disponible en [https://www.truthinadvertising.org/wp-content/uploads/2017/11/Lerman-v-Apple-order-denying-motion-to-dismiss.pdf], consultada el 10 de junio de 2019.
O’DOWD, R. J. “A survey of electronics obsolescence and reliability”, documento de trabajo, 2010.
PACKARD, V. Waste Makers, New York, David Mckay Company, 1960.
PARAJULY, K. et al. “Future E-waste Scenarios”, Bonn, United Nations University ViE-SCYCLE, 2019, disponible en [http://collections.unu.edu/eserv/UNU:7440/FUTURE_E WASTE_SCENARIOS_UNU_190829_low_screen.pdf], consultada el 1 de octubre de 2019.
PARLEMENT FÉDÉRAL BELGE. “Code de droit économique”, Document Parlementaire, Bruselas. A11134, 2013, disponible en [http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013022819], consultada el 5 de junio de 2019.
PERETZ, B. y Y. SHIMON. “Second Amendment Class Action Complaint. En el proceso de Lerman. et al. V. Apple Inc. Case n.º 1: 15-cv-07381”, (n.d), disponible en [http://www.classactionsreporter.com/sites/default/files/apple_os9_update_complaint.pdf], consultada el 12 de junio de 2019.
PETROSKI, H. The Evolution of useful things, Nueva York, Vintage Books, 1994.
PRAKASH, S. et al. “Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen ‘Obsoleszenz’, Bonn-Freiburg, Öko-Institut e.V. & Universität Bonn, 2016, disponible en [https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf], consultada el 20 de julio de 2019.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. “Decreto ejecutivo 1435 de 2017”, Registro Oficial Suplemento n.º 9 del 7 de junio, Quito, 2017, disponible en [https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/REGLAMENTO-CODIGO-CONOCIMIENTOS.pdf], consultada el 1.º de junio de 2019.
PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA. “Decreto Legislativo n.º 206. Codice del Consumo”, Gazzetta Ufficiale, n.º 235 del 8 de octubre de 2005, Roma, disponible en [https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/codice-del-consumo], consultada el 12 de junio de 2019.
PRÉVOT, P. et al. “Proposition de loi visant à lutter contre l’obsolescence programmée et à soutenir l’économie de la réparation”, Document parlementaire n.º 55 0193/001, Bruselas, 55K0193, 2019, disponible en [https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0193/55K0193001.pdf], consultada el 1.º de septiembre de 2019.
PRITZKER, E. y S. WILLIAMS. “First Amended Class Action Complaint. Andrew E. Westley vs. Apple Computer Inc.”, Case n.º CGC 03 427701, 2003, disponible en [https://www.plainsite.org/dockets/download.html?id=40774246&z=7631139e], consultada el 10 de agosto de 2019.
RAMÍREZ LÓPEZ, P. D. “Obsolescencia tecnológica programada”, documento de trabajo, 2013.
REGUEIRO, R. “La obsolescencia programada desde la perspectiva de la Unión Europea”, en J. SOTO PINEDA (coord.). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.
Reuters. “Israeli agency investigating Apple over handling of iPhone slowdown”, abril de 2018, disponible en [https://www.reuters.com/article/us-apple-batteries-israel/israeli-agency-investigating-apple-over-handling-of-iphone-slowdown-idUSKBN1HH1W8], consultada el 12 de junio de 2019.
Reuters. “South Korean group files complaint against Apple CEO over iPhone slowdown”, enero de 2018, disponible en [https://www.reuters.com/article/us-apple-southkorea-lawsuit/south-korean-group-files-complaint-against-apple-ceo-over-iphone-slowdown-idUSKBN1F80AG], consultada el 12 de junio de 2019.
ROBAYO, W. “Las empresas globales y la obsolescencia programada”, en J. SOTO PINEDA (coord.). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.
SENÁT DE BELGIQUE: Commission des Finances et des Affaires Économiques. “Proposition de résolution visant le développement de l’économie circulaire et la lutte contre l’obsolescence programmée”, Document législatif, Bruselas, 5-1251/4, 2012, disponible en [http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=83888219], consultada el 5 de junio de 2019
SERPA, H. “Informe de ponencia positiva para primer debate al proyecto de ley n.º 157 de 2019, Senado, Gaceta del Congreso, n.º 971, Bogotá, 2019, disponible en [http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_971.pdf], consultada el 14 de octubre de 2019.
SINGH, P. y P. SANDBORN. “Obsolescence driven design refresh planning for sustainment-dominated systems”, The Engineering Economist, vol. 51, n.º 2, 2006.
SLADE, G. Made to Break: Technology and Obsolescence in America, Cambridge, Harvard University Press, 2006.
SOTO PINEDA, J. “En torno a la relevancia jurídica de una estrategia empresarial consolidada y subyacente: la obsolescencia programada”, en Colección Enrique Low Murtra: Derecho Económico, t. X, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015b.
SOTO PINEDA, J. “La obsolescencia programada y la defensa de la libre competencia”, en J. SOTO PINEDA (coord.). Aproximaciones jurídicas a la obsolescencia programada, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.
SOTO PINEDA, J. “Reflexiones acerca de las posibles incompatibilidades de la obsolescencia programada con el sistema de defensa de los consumidores”, Actualidad Civil, n.º 6, 2015a.
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA. County of San Francisco. Andrew E. Westley vs. Apple Computer Inc. Case n.º CGC 03 427701, 2003, disponible en [http://www.plainsite.org/dockets/wog8xuhz/superior-court-of-california-county-of-san-francisco/andrew-e-westley-v-apple-computer-inc-et-al/], consultada el 10 de agosto de 2019.
UNIÓN EUROPEA. Comité Económico y Social Europeo. Dictamen “Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza”, Diario Oficial de la Unión Europea, Bruselas, C 67, Ponente: Thierry Libaert, coponente: Jean-Pierre Haber, 2014, disponible en [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE1904], consultada el 10 de agosto de 2019.
UNIÓN EUROPEA. Parlamento Europeo. “Resolución sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas”, pendiente de publicación oficial, 2017, disponible en [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0287&language=ES&ring=A8-2017-0214], consultada el 10 de agosto de 2019.
VEGA, O. “Efectos colaterales de la obsolescencia tecnológica”, Revista de Facultad de Ingeniería, vol. 21, n.º 32, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2012, disponible en [https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/1434], consultada el 10 de julio de 2019.
WALDMAN, M. “A new perspective on planned obsolescence”, The Quarterly Journal of Economics”, vol. 108, n.º 1, 1993.
WINCKEL, F. et al. “Proposition de loi relative á l’obsolescence programmée”, Document parlementaire n.º 54 1783/001, Bruselas, 54K1783, 2016, disponible en [http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1783/54K1783001.pdf], consultada el 1.º de junio de 2019..
XINHUANET. “Apple responds to Shanghai Consumer Council’s inquiry on iPhone slowdown”, enero de 2018, disponible en [http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/19/c_136909003.htm], consultada el 12 de junio de 2019.
Yonhap News Agency. “Consumer group to file 1st local lawsuit against Apple over iPhone slowdown”, 2018a, disponible en [http://english.yonhapnews.co.kr/business/2018/01/10/0502000000AEN20180110001300320.html], consultada el 12 de junio de 2019.
Yonhap News Agency. “Prosecutors launch probe into iPhone slowdown scandal”, 2018b, disponible en [http://english.yonhapnews.co.kr/national/2018/01/19/0302000000AEN20180119005400315.html], consultada el 12 de junio de 2019.
TATIANA GAONA CORREDOR* DIEGO ANDRÉS SOLANO OSORIO**
Tratamiento de datos personales y aseguramiento de la responsabilidad derivada de la ocurrencia de amenazas digitales ***
Processing of personal data and liability insurance for digital threats
RESUMEN
El presente capítulo tiene por objetivo explicar las amenazas digitales, su impacto en la organización empresarial y la forma en que su ocurrencia ha tratado de ser mitigada mediante la adopción de mecanismos contractuales como la toma de seguros de responsabilidad civil extracontractual para la empresa.
PALABRAS CLAVE
Datos personales, ciberataques, amenazas digitales, seguro de responsabilidad civil, tratamiento de datos personales.
ABSTRACT
The purpose of this chapter is to explain digital threats, their impact on business organization and the way in which they have been attempt to be mitigated by adopting contractual mechanisms such as liability insurance.
KEYWORDS
Habeas data, cyber-attacks, digital hazards, liability insurance, digital threats, processing of personal data.
SUMARIO. Introducción. I. Las amenazas digitales y los riesgos que implican para una organización empresarial en el marco del tratamiento de datos personales, comerciales y financieros. II. Régimen de tratamiento de datos personales, comerciales y financieros. III. Desarrollo del principio de seguridad, acceso y circulación restringida del dato personal, e implicaciones para una organización empresarial. A. Conceptualización del principio de seguridad, acceso y circulación restringida. IV. Principio de responsabilidad demostrada o principio de accountability. V. Medidas de protección de la información. VI. Responsabilidad civil de las empresas por la ocurrencia de amenazas digitales o ciberriesgos y su aseguramiento. VII. Aseguramiento de la responsabilidad civil por la ocurrencia de amenazas digitales. Funciones del seguro de responsabilidad. VIII. Aspectos generales del aseguramiento de amenazas digitales. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
En la primera parte de este capítulo se estudian las amenazas digitales que normalmente se presentan en el ciberespacio, así como aquellas que se pueden materializar en las instalaciones físicas de las organizaciones empresariales. Estas amenazas digitales representan grandes desafíos para las organizaciones que manejan y administran datos personales de sus usuarios, sus clientes y los consumidores de sus bienes y servicios; posteriormente se presenta el régimen actual de tratamiento de datos personales y de información de carácter comercial, financiera y crediticia, los sujetos que intervienen en ella y las obligaciones que la ley ha impuesto para llevar a cabo un adecuado tratamiento de los datos. Finalmente se expone el principio de responsabilidad demostrada, así como las medidas de prevención, detección y evaluación de las amenazas digitales que deben ser adoptadas por las organizaciones, en aras de exculpar su responsabilidad de carácter administrativo ante las autoridades de protección de datos personales.
En la segunda parte se aborda el régimen de responsabilidad civil aplicable a las empresas en relación con las transacciones que realizan en el ciberespacio y, en especial, con el tratamiento de datos personales. Igualmente, se explica la importancia de que las empresas que realicen operaciones cibernéticas contemplen como parte de su gobierno corporativo políticas y procedimientos para la detección, prevención y gestión de los riesgos asociados a amenazas digitales. Estas reglas juegan un papel fundamental en el funcionamiento de la empresa, y por supuesto en la prevención de posibles hechos dañosos derivados de la responsabilidad civil por el indebido tratamiento de datos personales. Para finalizar, se exponen los principales elementos del seguro de responsabilidad civil extracontractual, cuyos amparos protegen al empresario frente a la indemnización de terceros por la vulneración del régimen de protección de datos.
Desde ya manifestamos que bajo los postulados del régimen de responsabilidad civil extracontractual no hay duda de que las empresas tienen la obligación de reparar los perjuicios causados a terceros por la vulneración del régimen legal de tratamiento de datos. De esa forma, el seguro juega un papel fundamental en la protección del patrimonio del empresario frente a la materialización de las amenazas digitales.
I. LAS AMENAZAS DIGITALES Y LOS RIESGOS QUE IMPLICAN PARA UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, COMERCIALES Y FINANCIEROS
Con la utilización masiva de la tecnología la sociedad actual ha venido adaptándose al funcionamiento de un nuevo orden económico y social. El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha instaurado un nuevo paradigma relacional entre las interacciones personales y sociales1. Esta nueva realidad no solo ha impactado el relacionamiento entre las personas físicas, sino que se ha convertido en pieza esencial y fundamental para el debido funcionamiento de las organizaciones empresariales. De esa forma ha surgido un nuevo espacio de interacción en el que participan organizaciones empresariales y usuarios. Este espacio, en el que se produce un intercambio de información que en muchos casos resulta ser privada y confidencial de los usuarios, ha sido denominado por la doctrina y por distintas autoridades ciberespacio.
El ciberespacio ha sido concebido como un entorno donde interactúan personas, softwares y servicios en Internet mediante el uso de dispositivos tecnológicos que se encuentran enlazados a una red común2. Este ciberespacio se caracteriza por no presentarse en una forma física concreta, sino que se entiende como un ambiente donde los intervinientes intercambian información en busca de la satisfacción de sus necesidades, y en muchas ocasiones para la prestación de servicios. Así las cosas, el ciberespacio se instituye en un ambiente en el que se intercambia información de carácter personal, comercial y financiera, y en el cual se debe brindar seguridad con el fin de dotar de confianza a los usuarios. De esa forma, para el caso colombiano, la regulación decidió situar en cabeza de las organizaciones empresariales la responsabilidad de brindar seguridad y protección a sus clientes, usuarios y consumidores en las operaciones que se puedan realizar en el ciberespacio. Esa obligación de garantía de seguridad se materializa mediante la exigencia de que las organizaciones empresariales adopten medidas físicas y administrativas ante la ocurrencia de lo que hemos denominado amenazas digitales.
Las amenazas digitales se entienden como toda acción, omisión o elemento que tiene la potencialidad de afectar la seguridad de la información, tanto en los espacios físicos y operativos de las organizaciones empresariales, como en el ciberespacio. Este concepto de amenazas digitales engloba los distintos medios que afectan directamente la seguridad de la información de una organización empresarial, por lo cual el ordenamiento colombiano ha agrupado los eventos correspondientes en ataques cibernéticos, eventos de ciberseguridad, incidentes de ciberseguridad e incidentes de seguridad3. Estas amenazas digitales pueden representar distintos riesgos para las organizaciones, y de acuerdo con su gravedad se han clasificado técnicamente en amenazas terciarias, secundarias y primarias.
Las amenazas terciarias normalmente se categorizan a su vez en ataques (referidos a un actuar determinado de un agente específico con capacidad y determinación para hacerlo), accidentes (relacionados con fallas físicas o lógicas del hardware por defecto o uso prologado) y errores (referidos a los posibles defectos de configuración, programación o respuesta del software); las amenazas secundarias disminuyen o eliminan el grado de éxito de las medidas que adopta la organización empresarial para mitigar las amenazas primarias, por ejemplo, la eliminación de la efectividad de firewalls, y las amenazas primarias evitan que se mantengan o se lleguen a establecer las medidas que mitigan las amenazas terciarias o secundarias. Al final estas amenazas digitales pueden consistir en ataques al sistema de seguridad, espionaje, sabotaje, fraudes, inserción de códigos maliciosos, y/o comprometer los medios de autenticación de los usuarios, entre otros.
En muchos casos las amenazas digitales no solo están dirigidas a afectar el funcionamiento de una organización empresarial, sino que pueden consistir en un ataque dirigido a la obtención de información de carácter personal de sus usuarios y clientes, ya sea un dato personal, o información comercial y financiera. Cuando la amenaza digital afecta específicamente los datos personales de sus usuarios, puede derivar en una responsabilidad de carácter administrativo y civil para la organización empresarial. Sin embargo, la adopción de un sistema adecuado de gestión de seguridad de los datos personales puede conllevar la exoneración de la compañía de la responsabilidad civil o administrativa. De esa forma, es necesario analizar el régimen de tratamiento de datos personales y de información comercial y financiera, y las medidas que pueden conllevar la exoneración de responsabilidad de la organización empresarial4.
II. RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, COMERCIALES Y FINANCIEROS
La Ley 1266 de 2008 (conocida comúnmente como Ley de habeas data financiero) y la Ley 1581 de 2012 (conocida comúnmente como Ley de protección de datos personales) se han encargado de delimitar los conceptos base en materia de tratamiento y administración de datos personales, y aunque ambas regulaciones establecen una definición común para el concepto de dato personal como “Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas determinadas o determinables”, presentan un matiz diferenciador: la Ley 1266 de 2008 construye el dato personal como un derecho personal5 cuya titularidad corresponde tanto a las personas naturales como a las jurídicas, es decir, el derecho al habeas data financiero; y en un sentido más limitado, la Ley 1581 de 2012 reconoce la existencia de este derecho personal exclusivamente a la persona natural, el habeas data personal.
La diferencia en la construcción del concepto de dato personal en ambas regulaciones se explica por la naturaleza de las relaciones que impactan, lo que también se refleja en la delimitación del concepto de las personas que intervienen en el tratamiento del dato personal. La ley de habeas data financiero se encamina a la protección de aquella información crediticia, comercial y financiera contenida en centrales de información públicas o privadas, que recopilan, tratan y circulan esos datos con el fin de establecer el nivel de riesgo financiero de su titular6. Así, la operación que ampara esta ley es el análisis del perfil financiero de cualquier participante como tomador de servicios comerciales y/o financieros, donde la naturaleza del titular le es indiferente al mercado.
De esa forma, en el régimen de habeas data financiero quienes intervienen en la relación de tratamiento del dato personal son el titular de la información, la fuente de información, el operador de información y el usuario, donde se resalta la labor de la fuente y del operador cuyas calidades pueden confluir en un solo agente7. La fuente y el operador son las personas que reciben, conocen, administran y ponen en conocimiento de un tercero (usuario) la información suministrada por el titular8. De ese modo, las principales obligaciones en el tratamiento de los datos personales en este régimen son predicables de estos dos agentes. Siendo las obligaciones de la fuente de información más de tipo formal y de verificación de la veracidad, exactitud y actualidad de la información suministrada9. Por su parte, si bien en el operador de la información recaen obligaciones similares, se le agregan obligaciones de carácter material, como la de garantizar el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas o habilitadas, enfocándose principalmente en el principio de seguridad y de responsabilidad10.
De otra parte, la ley de protección de datos personales se enfoca en la protección del derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido de ellas en bases de datos o archivos, siendo esta una concepción más amplia del dato personal11, y con menos especificidad que la contenida en la ley de habeas data financiero12. Consecuentemente, se entiende el dato personal como un bien personalísimo13, predicable solo de la persona natural, de forma que esta normativa se acerca al doble carácter que puede tener el dato personal, como derecho personal14 y como activo o bien comercial utilizable en una organización empresarial15. Así las cosas, la ley de datos personales se preocupa del trato que se le pueda dar a la información suministrada, recolectada y estudiada al interior de una determinada organización16, el uso que esta pueda realizar de ella y la posibilidad de transferir esa información a otros agentes que intervienen en el mercado17.
En consecuencia, la ley de protección de datos personales establece un sistema de roles distinto al propuesto en la ley de habeas data financiero, por cuanto menciona al titular del dato personal, a los responsables del tratamiento del dato personal y a los encargados del tratamiento del dato personal18. Entendiendo el tratamiento como cualquier operación que implique la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión del dato personal19. Consecuentemente, la ley establece que el rol de responsable lo ocupa aquella persona que decide respecto del tratamiento, siendo el encargado el colaborador del responsable que materialmente realiza el tratamiento. De esa forma, al encontrarse el encargado en una situación de delegación, como un administrador a nombre de un tercero responsable, les son predicables a ambas partes obligaciones de carácter formal y material en desarrollo de su labor, y su responsabilidad se encuentra intrínsecamente ligada, destacándose para nuestro interés los principios de circulación restringida y de seguridad del dato personal20.
III. DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD, ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA DEL DATO PERSONAL, EIMPLICACIONES PARA UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
En el apartado anterior se mencionó que en el tratamiento de los datos personales intervienen diversos sujetos a quienes la ley les ha impuesto una serie de obligaciones de carácter formal y material. Corresponde exponer en este acápite la participación del operador de la información (régimen de habeas data financiero) y del responsable y encargado del tratamiento de la información (régimen de habeas data personal), particularmente la descripción de los principios de seguridad, circulación restringida y de responsabilidad predicable a estos sujetos involucrados en el tratamiento de los datos personales, comerciales y financieros.
A. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DESEGURIDAD, ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Tanto la Ley 1266 de 2008 como la Ley 1581 de 2012 consagran principios que son comunes para realizar un adecuado tratamiento de los datos personales. En el artículo 4.º común a ambas normativas se consagra el principio de seguridad consistente en la garantía que se debe brindar al tratamiento de datos, lo que demanda adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los registros con el fin de evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado o fraudulento de los datos personales21. De igual forma, en el artículo 4.º de la Ley 1581 de 2012, y de la mano del principio de seguridad, encontramos el principio de acceso y circulación restringida, el cual le da el derecho al titular de la información de decidir quiénes pueden acceder a su información, así como el derecho de que sus datos personales no se den a conocer en medios de divulgación masiva a terceros no autorizados22.
De esa forma, estos principios consagran unos parámetros de garantía de uso adecuado para la información suministrada por el titular en cabeza de los responsables y encargados del tratamiento de datos personales. El titular está legitimado para saber cuáles datos han sido suministrados, conocidos y deducidos por una determinada organización empresarial, y el uso que se hace de ellos, así como su transferencia a terceros ajenos a su organización. Estos datos se convierten en un activo intangible cuyo uso y aprovechamiento otorgan una ventaja competitiva que se transforma en ingresos para la organización empresarial que los explota23, como ocurre con la predicción de los comportamientos del consumidor para fines de marketing comercial o político24.
En ese tipo de actividades de análisis de datos se presenta una mayor ocurrencia de amenazas digitales que incluyen el acceso a información caracterizada como dato personal, y que se traducen en su uso para fines distintos a los autorizados por el titular25. Así se refleja en el conocido caso de Cambridge Analytica, en el que, según la autoridad de protección de datos colombiana, a través de la aplicación thisisyourdigitallife se pudieron haber utilizado indebidamente los datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook. En la misma decisión la autoridad colombiana de protección de datos advirtió que, a través del uso de aplicaciones en la plataforma social, se pudo haber influenciado y manipulado el comportamiento de los titulares de datos personales con las llamadas noticias falsas26.
De esa forma, los principios de seguridad, acceso y circulación restringida son los mecanismos idóneos para exigir a los operadores de información, responsables y encargados del tratamiento personales27, la adopción de acciones afirmativas de prevención, protección y detección de amenazas digitales, destacando las autoridades de protección de datos que el principio de seguridad debe operar por la simple realización del tratamiento de datos28. En ese sentido, el principio de seguridad demanda la adopción de medidas que no estén condicionadas a la existencia de un daño o perjuicio para los derechos de los titulares de los datos personales –deber de prevención en el tratamiento de los datos personales–29.
En el seguro de responsabilidad civil se entenderá ocurrido el siniestro en el momento que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.
Frente a las discusiones relacionadas con la configuración del siniestro la controversia concluyó, por cuanto atañe al momento de la realización del hecho dañoso que, para este caso, correspondería a las reclamaciones de terceros por la violación de la seguridad de los datos confidenciales o personales, pues es justamente en ese momento que se “genera el débito de responsabilidad”74. Otras tesis sostienen que en ese tipo de seguros el siniestro se puede configurar con el reclamo del asegurado ante la aseguradora, con la liquidación del siniestro o con la sentencia del juez que declare la responsabilidad de la aseguradora. Como se señaló, para que al asegurado le asista el derecho de presentar la reclamación ante la aseguradora, el siniestro solo requiere la realización de los hechos descritos como asegurables en la póliza correspondiente.
Sin perjuicio de sus limitaciones, el seguro de responsabilidad civil extracontractual tiene el potencial de proteger el patrimonio de los empresarios frente a la realización de amenazas digitales. Igualmente, su eficiencia también depende del gobierno corporativo de la empresa, el cual, como parte de la gestión adecuada de riesgos, debería incluir como política la adquisición de ese seguro.
CONCLUSIONES
Las amenazas digitales representan un gran desafío para las organizaciones empresariales. La forma en que estas se materializan y se transforman demanda una inversión en tiempo y dinero. Las amenazas digitales afectan no solo el funcionamiento de una organización empresarial, sino que pueden consistir en un ataque dirigido a la obtención de información de carácter personal de los usuarios y clientes, la cual es considerada un dato personal, o su información comercial y financiera, y es allí donde se ha centrado la preocupación de las autoridades gubernamentales.
El Estado colombiano ha diseñado un sistema de protección de datos personales y de información financiera, comercial y crediticia centrado en la garantía del derecho al habeas data personal y habeas data financiero, donde predomina la garantía del dato personal como un derecho constitucional. Esto ha llevado a construir un sistema que se sustenta en el principio de responsabilidad demostrada, lo que demanda una carga administrativa, humana, técnica y financiera para las organizaciones empresariales en la adopción de medidas que garanticen su efectividad. De la misma forma, ha centrado la responsabilidad de las medidas en los operadores de la información crediticia, comercial y financiera, y en los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales.
Sin embargo, el sistema de protección de datos personales y de información comercial, financiera y crediticia tiene en cuenta las condiciones particulares de las organizaciones empresariales, sin llegar a establecer un sistema estándar exigible por igual a cada una de ellas. Para juzgar la responsabilidad de las personas que realicen el tratamiento se tendrá en cuenta el tamaño empresarial de la organización, la naturaleza de los datos personales, el tipo de tratamiento y los riesgos potenciales que el tratamiento pueda causar a sus titulares.
Un sistema adecuado de protección de datos personales se sustenta en la prevención, detección y adopción de medidas futuras para la corrección y adaptabilidad a las nuevas amenazas digitales. La implementación de medidas de carácter preventivo, tales como la adopción de políticas de tratamientos de datos, así como la aplicación de medidas operacionales y técnicas para la protección de los datos personales, y las medidas tendientes a evaluar el modelo de gestión de las amenazas digitales, conforman el principio de responsabilidad demostrada.
El seguro de responsabilidad civil extracontractual juega un papel fundamental en la protección del patrimonio del empresario frente a la materialización de los riesgos cibernéticos, cuyas pérdidas puede generarle desde la interrupción del negocio hasta un estado de insolvencia. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta por el empresario como, por ejemplo, a) la definición de las sumas aseguradas, las cuales podrían llegar a ser insuficientes para indemnizar los daños que se puedan generar, y b) la tendencia en el mercado asegurador de expedir pólizas de riesgos nombrados para ofrecer coberturas frente a las reclamaciones de terceros por la vulneración de la regulación de habeas data, o cualquier otro hecho relacionado con la responsabilidad civil extracontractual de las empresas, lo que ha causado una disminución en la expedición de pólizas todo riesgo de responsabilidad civil extracontractual, en las cuales los intereses asegurables derivados de la ocurrencia de una amenaza digital estarían cubiertos, a no ser que se encuentre expresamente excluido su aseguramiento.
BIBLIOGRAFÍA
AMAMOU, S.; Z. TRIFA yM. KHMAKHEM. “Data protection in cloud computing: A Survey of the State-of-Ar”, Procedia Computer Science, vol. 159, 2019.
BOANTĂ, A. “The role of the national authority in protecting personal data”, Juridical Current, vol. 22 (4), 2019.
CANO, M. y J. JEIMY. “De los incidentes de seguridad en la gestión de la protección de datos personales y la Industria 4.0”, V Congreso de Protección de Datos Personales, 2017, disponible en [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/5to_Congreso_de_Proteccion_de_Datos/incidentes-de-seguridad-proteccion-datos.pdf].
CONCELLÓN F., P. “El concepto de dato personal en la Unión Europea: una pieza clave en su protección”, Revista General de Derecho Europeo 46, 2018.
DÍAZ-GRANADOS O., J. M. El seguro de responsabilidad civil, Bogotá, Universidad del Rosario, 2006.
DIJKA, N.; A. TANASA, K. ROMMETVEITC y C. RAAB. “Right engineering? The redesign of privacy and personal data protection”, International Review of Law, Computers & Technology, vol. 32, 2018, 2-3.
FRIGERIO D., C. “Mecanismos de regulación de datos personales: una mirada desde el análisis económico del derecho”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología, vol. 7, 2018, 2.
GEYER-SCHULZ, A. y V. SCHWEIGERT. “The Impact of the General Data Protection Regulation on the Design and Measurement of Marketing Activities: Introducing Permission Marketing and Tracking for Improved Marketing & CRM Compliance with Legal Requirements”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, vol. 13(4) 2019.
INAI. “Medidas de seguridad en los datos personales”, UAEM, 2015, disponible en [http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2526/4%20Medidas%20de%20seguridad%20en%20los%20datos%20personales.pdf?sequence=1].
JARAMILLO, C. I. Derecho de seguros: estudios y escritos jurídicos, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana y Temis, 2013.
MARTÍNEZ, A. “La inteligencia artificial, el Big Data y la era digital: ¿una amenaza para los datos personales?”, Revista La Propiedad Inmaterial n.º 27, Universidad Externado de Colombia, enero-junio de 2019, 5-23, disponible en [https://doi.org/10.18601/16571959.n27.01].
MONTIEL, I. y J. R. AGUSTINA. “Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores”, Revista Española de Pedagogía, 77 (273), 2019, 277-294, disponible en [https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-03].
ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, A. E. “El contrato de seguro, Ley 389 de 1997 y otros estudios”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998.
ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, A. E. Cuestiones generales y caracteres del contrato, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.
ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, A. E. Elementos esenciales, partes y carácter indemnizatorio del contrato, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002.
OSSA GOMÉZ, E. Teoría general del seguro, Bogotá, Temis, 1991.
PALACIOS SÁNCHEZ, F. El Seguro. Causas y soluciones de los conflictos entre asegurados y aseguradores con ocasión del siniestro, Bogotá, Universidad de la Sabana, 2018.
REMOLINA A., N. y L. ÁLVAREZ Z. Guía GECTI para la implementación del principio de responsabilidad demostrada –accountability– en las transferencias internacionales de datos personales, Bogotá, Universidad de los Andes, 2018.
SOTOMONTE, S. y T GAONA (eds.). Estudios sobre Derecho de Seguros. Homenaje al profesor Andrés Eloy Ordóñez Ordóñez, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
ZORNOSA PRIETO, H. “El seguro de responsabilidad civil”, Bogotá, RIS, 35(20), 2011, 85-143, disponible en [https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/18503].
ZORNOSA PRIETO, H. “Breve mirada desde la filosofía del derecho a la responsabilidad civil y su aseguramiento en la era de la tecnología”, Memorias del Congreso Iberolatinoamericano del Derecho de Seguros (CILA), 2000.
JURISPRUDENCIA
Corte Constitucional
Sentencia C-748 del 6 de octubre de 2011, M. P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008, M. P.: Jaime Córdoba Triviño.
Superintendencia de Industria y Comercio.
Resolución 8483 del 27 de febrero de 2015.
Resolución 13681 del 29 de marzo de 2016.
Resolución 5250 del 31 de enero de 2018.
Resolución 55405 del 3 de agosto de 2018.
Resolución 1321 del 24 de enero de 2019.
Resolución 6074 del 18 de marzo de 2019.
Resolución 6960 del 27 de marzo de 2019.
Resolución 21478 del 17 de junio de 2019.
Tribunal de Justicia. Gran Sala. Sentencia C-275/06 del 29 de enero de 2008.
NORMATIVA
Congreso de Colombia. Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008.
Congreso de Colombia. Ley 1581 del 18 de octubre de 2012.
OCDE. “OCDE Guidelines governing the protection of privacy and transborder flows of personal data”, 2013, disponible en [https://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf].
Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada (Accountability), 28 de mayo de 2015.
Superintendencia de Industria y Comercio Guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad, 2019.
Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 007 de 2018.
Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. C-83/47.1, del 30 de marzo de 2010.
WEBGRAFÍA
CHUBB. “Chubb announces key cyber security trends to watch in 2019”, 2019, disponible en [https://news.chubb.com/2019-01-08-Chubb-Announces-Key-Cyber-Security-Trends-to-Watch-in-2019].
GASCÓN, MARTA. “Los ciberataques más sonados en la historia: brechas de ciberseguridad en las grandes empresas”, 2019, disponible en [https://www.20minutos.es/noticia/4071984/0/los-ciberataques-mas-sonados-de-la-historia-brechas-de-ciberseguridad-en-las-grandes-empresas/].
KÜKEMANNS, M. “Network Security & Cyber Risk Management by Advisen Ltd. & Zurich”, 2014, disponible en [http://www.amis.com.mx/amiswp/wp-content/uploads/2017/04/nuevosretossegurosdanosmunichre.pdf].
PONEMON INSTITUTE. “State of Cybersecurity in Small & Medium Size Businesses”, 2018, disponible en [https://keepersecurity.com/assets/pdf/Keeper-2018-Ponemon-Report.pdf].
Seguro de Protección Digital Empresas, 2020, disponible en [https://www.segurossura.com.co/paginas/empresas/responsabilidad-civil/proteccion-digital.aspx].
Protección Digital, 2020, disponible en [https://www.ibsseguros.com/proteccion-digital/].
WOLTERS KLUWER. “Principio de accountability, 2020, disponible en [http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/].
WORLD ECONOMIC FORUM. “Personal data: The emergence of a new asset class” World Economic Forum, 2011, disponible en [http://bit.ly/2RD01sP].
DIEGO ACOSTA-GONZÁLEZ*
El secreto empresarial en la economía digital y en la era de la información, y los modelos de Estados Unidos y Europa como referencia de modelos de protección
Trade Secrets in the Digital Economy and Information Era, and the Models of the United States and Europe as References of Protection Models
RESUMEN
La entrada en escena de las tecnologías informáticas disruptivas del siglo XXI ha ocasionado profundos cambios en las modalidades del comercio y los proyectos investigativos. La producción y el flujo de datos se realiza a niveles sin precedentes, y los intercambios transfronterizos se han facilitado notablemente. En ese contexto surgen nuevas posibilidades para los empresarios de obtener conocimientos estratégicos, pero también se aumentan los riesgos de perder su valor. El Defend Trade Secrets Act of 2016 de los Estados Unidos y la Directiva (UE) 2016/93 de la Unión Europea representan un intento por regular el secreto empresarial ante esa realidad. En este trabajo se argumenta que el ensayo por otorgar al titular de un secreto empresarial una sólida protección, y al mismo tiempo salvaguardar los intereses colectivos relacionados, puede ser una referencia para proyectos normativos en otros países. Pero también sería prudente aguardar a que se esclarezca la aplicación de sus provisiones.
PALABRAS CLAVE
US Defend Trade Secrets Act of 2016, Directiva (UE) 2016/93, secreto comercial, secreto empresarial, cibercrimen, información secreta.
ABSTRACT
The main role of disruptive information technologies of the 21st century has caused great changes in commerce and in scientific projects. Dataflow and data production have increased significantly, as well as crossborder exchanges. In this context, businesses have new opportunities to obtain strategic knowledge, but there are also risks they may lose their value. The US Defend Trade Secrets Act of 2016 and the European Directive (UE) 2016/93 are an intent to regulate trade secrets under this reality. In this article it is argued that their effort to grant the owner of a trade secret solid protection, and at the same time recognize related collective interests, could serve as a reference for legislative projects in other countries. However, it is convenient to observe how the true sense of their provisions becomes clearer.
KEYWORDS
US Defend Trade Secrets Act of 2016, Directiva (UE) 2016/93, trade secret, cybercrime, secret information
SUMARIO. Introducción. I. El secreto empresarial en el comercio: innovación, concepto y la necesidad de su protección jurídica. II. Importancia del secreto empresarial en la economía del conocimiento y en los modelos colaborativos de trabajo. III. Riesgos para la información y el conocimiento estratégicos en la era de la información y la economía digital. IV. La protección del secreto empresarial y el equilibrio de intereses. V. Regulaciones contemporáneas del secreto empresarial. A. Defend Trade Secrets Act of 2016 de los Estados Unidos de América. 1. Antecedentes. 2. Objeto de protección. 3. Recursos de protección. a. Ex parte seizure. b. Otros recursos de protección. 4. Extraterritorialidad. 5. Excepciones. a. Whistleblower Immunity. b. Excepción de la creación independiente. B. Directiva (UE) 2016/93 (Directiva europea sobre protección del secreto comercial). 1. Antecedentes. 2. Objeto de protección. 3. Recursos de protección. 4. Extraterritorialidad. 5. Excepciones. VI. Adecuación del Defend Trade Secrets Act of 2016 y de la Directiva (UE) 2016/93 a los desafíos de la economía digital y la era de la información. Conclusión. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
Si bien los secretos empresariales hacen parte del catálogo de derechos de propiedad intelectual, no fue sino hasta hace poco que comenzaron a cobrar una relevancia primordial. Anteriormente las patentes, los derechos de autor y las marcas eran los derechos principales, y se hablaba de una relativa subsidiariedad del secreto empresarial; sin embargo, hoy en día se puede afirmar que, dado su papel en el mercado, son considerados también un derecho principal y cardinal.
La nueva dinámica comercial planteada por tecnologías disruptivas como el Big Data y la inteligencia artificial hacen posible la producción de información y de interacción socioeconómica a niveles sin precedentes. En ese contexto es necesario proteger los frutos de ese dinamismo, y hacer frente a nuevos retos, como el cibercrimen y los actos ilícitos transfronterizos. En lo que concierne al secreto empresarial, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea han tomado la iniciativa para ajustar sus regulaciones a los desafíos de esa nueva realidad. El otorgamiento de facultades robustas a los titulares de secretos empresariales, el reconocimiento de excepciones a los derechos de ese titular para proteger intereses colectivos, y la voluntad de que la regulación sea aplicada con fines de armonización en diferentes jurisdicciones, e incluso más allá de las fronteras del territorio del legislador que la establece, son algunos de los aspectos más relevantes de esos cuerpos normativos expedidos en Estados Unidos y Europa.
El fin de este escrito consiste en discurrir de manera general respecto de la forma en que los recientes modelos de regulación del secreto empresarial en Estados Unidos y Europa atienden a las necesidades surgidas con ocasión de la influencia de las nuevas tecnologías informáticas. Con ese propósito, inicialmente se presentan algunas nociones de la figura del secreto empresarial y su importancia en el mercado, resaltando su papel en la economía del conocimiento y la era de la información; seguidamente se analizan los principales aspectos del Defend Trade Secrets Act of 2016 de los Estados Unidos y de la Directiva Europea (UE) 2016/93 relacionados con la interacción del secreto empresarial en la nueva dinámica de mercado y, finalmente, se hace una breve disertación acerca de la manera como, mediante estos instrumentos legales, se pretende hacer frente a los desafíos suscitados por las tecnologías disruptivas de este siglo.
I. EL SECRETO EMPRESARIAL EN EL COMERCIO: INNOVACIÓN, CONCEPTO Y LA NECESIDAD DE SU PROTECCIÓN JURÍDICA
El conocimiento y el acceso a la información han sido elementos primordiales de base para la vida y el desarrollo del hombre. Con la acumulación de saberes las personas, tanto a nivel individual como en comunidad, han podido progresar logrando avances en la obtención de recursos naturales, en la tecnología y en las formas de llevar a cabo empresas, entre otros. Si bien en la Roma antigua no existía una disciplina jurídica sistematizada que tratase la propiedad de bienes intelectuales, algunos académicos han defendido la noción de que pudo haber cierto vestigio de interés por proteger creaciones inmateriales. De hecho, una postura sostiene que en los casos en que una persona indujera a un esclavo a revelar cierta información de manera que pudiera perjudicar a su amo, este podría valerse de la actio servi corrupti para reclamarle a aquella persona el resarcimiento de perjuicios (Schiller, 1930)1. Igualmente, es probable que en el derecho romano se protegieran las creaciones intelectuales por medio de la actio furti y la actio iniuriarum, la primera para casos de plagio y la segunda para usurpación de paternidad (Rengifo, 2009). Así, a pesar de no existir mecanismos jurídicos especializados para proteger los bienes intelectuales, es plausible que algunos instrumentos originalmente concebidos para propósitos diferentes, pudieran haber llegado a ser utilizados para amparar esa clase de bienes.
Para ampliar la idea de cómo la protección de información o del conocimiento ha estado vigente a lo largo de diferentes épocas, Ben-Atar señala que durante la Edad Media y comienzos del Renacimiento, los gremios de artesanos buscaban preservar el saber especializado que se requería para operar la maquinaria y realizar los procesos propios de su oficio. A medida que afloró el capitalismo la economía de mercado cobró fuerza, se consolidaron los estados-naciones y distintos instrumentos de protección de la propiedad intelectual, como las patentes y los derechos de autor, se fueron asentando con mayor claridad y solidez, asumiendo el papel de impulsores del comercio y la innovación (2004). Esa misma necesidad de proteger la producción intelectual y los conocimientos exclusivos ha estado vigente a lo largo de diferentes épocas y perdura en nuestros días, quizás con mayor fuerza.
Si bien hasta aquí se ha hablado de creaciones intelectuales de manera general, preciso es saber que la atención de este escrito se centra en ese conocimiento o información que le otorga al empresario o comerciante una ventaja en la realización de sus actividades mercantiles o industriales, y por ello se esmera en mantenerla bajo reserva, restringiendo su acceso y utilización. Son varios los términos utilizados para referirse a ese tipo de información, entre ellos, secreto empresarial, secreto comercial o secreto industrial. De igual manera, muchas son las legislaciones, los pronunciamientos judiciales y los trabajos doctrinales que ofrecen una definición que, en líneas generales, refleja un mismo concepto, no queriendo decir con ello que no haya diferencias dignas de destacar. Sin embargo, para los fines aquí propuestos y para brindar un contexto general, se acude a la noción compartida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
En ese sentido, según la citada organización, los secretos comerciales pueden abarcar cualquier información confidencial referida a los negocios de una empresa y que es desconocida por otros, lo que le otorga cierta ventaja competitiva, entre ellos, procesos de manufactura, exámenes farmacéuticos o diseños de programas de ordenador. Igualmente, también puede referirse a información comercial como, por ejemplo, métodos de distribución, listas de proveedores y clientes, y estrategias de publicidad. Un secreto comercial puede consistir también en información financiera, fórmulas, recetas, e incluso códigos fuente. Y a ello se añade que no solo alude a datos individualmente considerados, sino también a la combinación de elementos, siendo en ese caso la particular combinación la que es mantenida bajo reserva y la que otorga determinada ventaja en el mercado, y por ese motivo, susceptible de protección (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020).
Bixby & Baughn (2010) hacen hincapié en la relativamente amplia variedad de información apta para ser considerada como secreto comercial protegible, y señalan que debe tratarse de información que le otorgue una ventaja competitiva a su poseedor, y que haya sido objeto de un tratamiento especial con el fin de mantenerla oculta del público o de los competidores.
Así las cosas, en términos generales, para proteger jurídicamente un secreto comercial se exige que contenga información valiosa para el comerciante o empresario, en vista de que por ello se mantiene bajo reserva. Así mismo, dicha información solo puede ser conocida por una cantidad limitada de personas, y debe haber sido objeto de medidas razonables por quien legítimamente la controla, para ser preservada en secreto. Si reúne esos requisitos, el titular de la información puede solicitar protección y medidas frente a su adquisición, utilización o divulgación no autorizada, cuando ello se haya realizado de manera contraria a los usos comerciales honestos, o mediante prácticas desleales (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020b).
Actualmente los ordenamientos jurídicos ofrecen diferentes figuras para que el interesado proteja su bien inmaterial, entre ellas, las patentes, los derechos de autor, las marcas, y el secreto empresarial, cada una de las cuales reviste sus propias características, requisitos y objeto de protección, de modo que podrá valerse de la que mejor se adecue a las circunstancias del caso y a los objetivos que pretende perseguir. Con mayor frecuencia los empresarios acuden a la figura del secreto empresarial como mecanismo para proteger sus activos intangibles. De hecho, según Nirwan (2017), para las empresas resulta más ventajoso mantener sus principales activos bajo secreto, en lugar de hacerlos públicos mediante una patente, aun cuando esta podría asegurarles un monopolio de uso exclusivo. A modo de ejemplo, piénsese en la receta de la Coca Cola o en el algoritmo de búsqueda de Google, casos en los que la reserva puede reportar una mayor ventaja competitiva. Así mismo, de acuerdo con Pooley (2013), optar por la protección del secreto empresarial puede significar ventajas económicas para los empresarios en la medida en que no deben realizar trámites de registro para lograr su reconocimiento por el ordenamiento jurídico, cuestión contraria a lo que acontece con las patentes, por ejemplo. De igual manera, por lo general el objeto de protección del secreto empresarial es más amplio que el de las patentes, para las cuales se exige el atributo de novedad para la invención que se quiera proteger mediante dicha figura. En ese sentido, el secreto empresarial sobresale por su capacidad de ofrecer una valiosa alternativa a los comerciantes, empresarios e industriales, que han hallado en ella beneficios que en determinadas circunstancias otros instrumentos de propiedad intelectual no proporcionan.
II. IMPORTANCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y ENLOSMODELOS COLABORATIVOS DE TRABAJO
El siglo XXI ha sido testigo del auge de la llamada economía del conocimiento, y es en esta era cuando los secretos comerciales cobran una especial relevancia. Una definición de dicha etapa económica sostiene que se refiere a la producción y a los servicios basados en actividades intensivas de conocimiento, actividades que contribuyen a un desarrollo científico y tecnológico acelerado, lo que conlleva las correlativas obsolescencias. En ese sentido, la economía del conocimiento implica que las capacidades intelectuales representan mayor valor que los activos físicos y los recursos naturales. Con ello también se refleja un marcado esfuerzo por integrar nuevos adelantos en cada una de las etapas del proceso productivo. De esa manera, el capital intangible representa una mayor porción del producto interno bruto (Powell & Snellman, 2004). Una vez expuestas las anteriores premisas, es posible afirmar que con este modelo económico se sientan las bases para impulsar la innovación, con fundamento en los adelantos de la ciencia y la técnica.
En igual sentido, en la medida en que el conocimiento se erige como el sostén principal de un esquema económico, resulta lógico que la información y los datos específicos referidos a la manera de ejecutar determinadas operaciones comerciales, industriales o tecnológicas, ostenten un valor preeminente. De ahí que, según Würtenberger (2019)
Each enterprise owns business data, know-how or other information to its commercial activities. They are the basis to be successful on the market and thus should remain in its domain and be protected against unauthorized use and revelation. Know-how and information are the currency of the knowledge economy providing a competitive advantage.
Por esos motivos, resulta entendible que la institución jurídica del secreto empresarial sea objeto de un uso más frecuente por los empresarios, como instrumento de adaptación y factor de crecimiento en un mercado en el cual el conocimiento es un componente fundamental.
Teniendo en cuenta que la economía del conocimiento se asocia a elementos como la robótica, la inteligencia artificial y la utilización de tecnologías de computación e informática para organizar datos complejos y realzar la eficiencia del trabajo (Unger, 2018), es comprensible que los empresarios acudan a mecanismos para salvaguardar la plétora de información generada, y también para proteger los dispositivos que hacen posible esa generación de conocimiento.
Otro proceso de vital importancia para comprender el valor estratégico de los secretos empresariales lo constituye la globalización, entendida como la creciente interdependencia entre las economías, las culturas y las poblaciones, impulsada por el comercio transnacional de bienes y servicios, de tecnología, de flujos de capital, de personas y de información. La creación de mecanismos de integración y asociación económica entre países también ha facilitado ese tipo de flujos y de interdependencia (Peterson Institute for International Economics, 2019), y es en el marco de ese fenómeno que se intensifican y consolidan las cadenas globales de suministro. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2016), el término se refiere a la organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y hacerlos llegar a los consumidores, lo que se logra a través de varias fases de desarrollo, producción y distribución. El concepto también implica el auge de la inversión directa extranjera mediante la participación de empresas multinacionales en una economía nacional a través de compañías subsidiarias o asociaciones con empresarios locales. De igual forma, las cadenas globales de suministro también conllevan el establecimiento de modelos de abastecimiento internacional (international sourcing), aumentando así la participación de proveedores y subcontratistas extranjeros en una o varias de las operaciones de una empresa.
Ante este panorama surge la necesidad de recurrir a mecanismos de protección del secreto empresarial, no solamente porque la implementación de un modelo transfronterizo de operaciones económicas multiplica la generación de información y conocimiento, y bien haría el empresario en salvaguardarlos para obtener más beneficios de ellos, sino también porque, al tratarse de datos originados en áreas geográficas distantes, con altos niveles de especialización y grandes volúmenes de producción, aumentan los riesgos de que por su mal uso o gestión pierdan valor.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.