Kitabı oku: «Historia crítica de la literatura chilena»

Espacio, sociedad, escritos y escritura en el Chile colonial
Espacio, sociedad, escritos y escritura en el Chile colonial

Alejandra Araya y Alejandra Vega

1. Introducción

Han sido tópicos recurrentes de la historiografía el destacar la guerra de Arauco y la condición marginal y de frontera del espacio colonial de Chile como ejes constitutivos de una experiencia histórica particular¹⁹. Enfatizando, según los casos, las especificidades del desarrollo institucional, de las dinámicas y jerarquías sociales o de las modalidades de ocupación del territorio, estos escritos han vuelto una y otra vez sobre la impronta de lo bélico y de la pobreza. Estas marcas se fijaron tempranamente, durante las primeras décadas del dominio hispano en estos territorios, en la propia cultura colonial en formación. Al decir del capitán Alonso González de Nájera (¿?-1614), esta condición se asentaba incluso en la naturaleza misma del territorio. En su Desengaño y reparo de la Guerra del Reino de Chile, escrito hacia 1614, podemos leer:

Si las provincias de Chile fueran llanas, por belicosos que fueran sus defensores, mil Chiles hubieran allanado a Su Magestad sus leales vasallos, a quien tanta sangre y vidas cuesta un solo Chile, por lo que su fortaleza favorece a sus naturales, los cuales son en aquella guerra, por causa de sus montes, como el mar de Flandes, que cuanta tierra le van ganando los industriosos flamencos muchos años a poder de diques, argines o reparos con increíble costa o trabajo, la torna a él a cobrar con mil daños en un día que sale de madre (32).

El diagnóstico de Nájera ponía al centro la ineficacia del ingenio desplegado por los conquistadores ante las características del territorio de Chile. Naturaleza, cultura y devenir histórico quedaban así íntimamente imbricados.

Visto desde este cariz, puede resultar comprensible la reiteración en la bibliografía crítica de otra idea: una que apunta al atraso intelectual y cultural de Chile. Máxima y elocuente expresión de este atraso sería la inexistencia de una imprenta en la gobernación colonial capaz de poner en contacto obras y lectores y de constituir, por esa vía, una opinión pública y una sociedad racional y letrada²⁰.

Tensionando estos planteamientos, hemos abordado el desafío de escribir una introducción histórica al volumen colonial de esta Historia crítica de la literatura chilena a partir de la asunción –ampliamente reconocida en la bibliografía contemporánea que trata sobre textos, lectores y escrituras– de que impreso, ideas y cultura no son sinónimos y que los procesos de producción simbólica que involucran a la letra desbordan y resignifican dichos términos.

En esta introducción hemos propuesto una argumentación que articula espacios, actores y prácticas de escritura y lectura. Los tres ejes señalados permiten establecer un contexto que sitúa las coordenadas de la organización política, económica y social desde los sujetos que las encarnan, representan y ponen en práctica, y que las pone en diálogo con un marco espacial que no solo alude a las tradicionales cuestiones de fronteras político-geográficas o político-armadas, sino que pone el asunto del espacio construido como una clave fundamental de la comprensión de las acciones de los sujetos y como objeto que es sustancial a la conformación misma de eso que hoy llamamos Chile. Específicamente para el caso «chileno», este es un tema crucial en la definición de las relaciones con la metrópoli, los financiamientos y los apoyos por la inestabilidad que impone a la política imperial la llamada Guerra de Arauco. Dicho tópico cruza, como lo ha señalado Lucía Invernizzi, «los trabajos y los días» de los conquistadores y de sus descendientes, en sus experiencias y sus discursos (1990). De esta forma, podemos dar cuenta de la relación existente entre los temas que permiten organizar una lectura del periodo y del lugar, y las llamadas «fuentes», en su doble dimensión de «documentos» y de «textos» que pueden ser objetos de análisis e interpretaciones importantes sobre el periodo y sus actores.

Clave resulta, en tal sentido, una revisión de la inserción de Chile en un contexto mayor. Sometido a las reglas comunes de la cristiandad occidental y del dominio hispano en América, las experiencias históricas que marcan a sus habitantes están a la vez tensionadas por dinámicas mundializadas, regionales y locales que particularizan y otorgan características específicas a dichas experiencias. Chile fue un margen significativo, un borde que resultaba central al dominio colonial hispanoamericano.

En este contexto, la fijación y circulación de saberes, así como las relaciones de poder –incluyendo las que se organizan en torno a la cultura escrita– permiten identificar y situar a los sujetos en la compleja trama de la constitución de sus identidades.

Hemos articulado el argumento de este capítulo en dos grandes periodos que tienen como pivote los años en torno a 1655. Un hito central en este recorte lo constituye, evidentemente, el levantamiento general mapuche iniciado en 1655 durante el criticado gobierno de Antonio de Acuña y Cabrera (que se extendió de 1650 a 1666). Significativos en otros planos del proceso histórico son la ocupación holandesa de Valdivia en 1643 bajo el mando de Elías Herckmans; la publicación en Roma de la Histórica Relación del Reino de Chile del padre Alonso de Ovalle en 1646; el terremoto que destruyó la ciudad de Santiago en 1647; y el terremoto y salida de mar de 1657 que arruinó Concepción. Como se verá en el texto, este punto de inflexión también es desbordado por las dinámicas analizadas.

2. Primera parte: desde los inicios del siglo XVI hasta 1655
2.1. Espacios: el topónimo, la gobernación y el Chile histórico

La llegada de la hueste de Diego de Almagro (1475-1538) al valle de Copiapó en 1536 marca el comienzo del despliegue del dominio hispano en Chile y constituye el primer hito en la conformación de la sociedad colonial en estos territorios. Esta afirmación presenta una secuencia significativa de acontecimientos que puede resultar familiar y, por lo mismo, evidente. Contra esa primera impresión, estas ideas merecen ser revisadas.

Lo anterior por varias razones. Por una parte, porque la hueste que encabezó Almagro para la conquista de la gobernación que le había concedido el rey Carlos I (1500-1558) solo puede entenderse en el marco de dinámicas anteriores. Entre ellas, puede mencionarse la ampliación de los circuitos de navegación y comercio ibéricos a lo largo de todo el siglo XV; el ensayo y establecimiento de las primeras relaciones coloniales con territorios que se reconocerán como distantes y diferentes –que conectaron el Atlántico africano y americano, y luego, América con el Pacífico oriental–; la vertiginosa institucionalización del Imperio hispano y algunas de sus prácticas de conquista y organización espacial y social en contacto con las sociedades mesoamericanas; y el ciclo que conocemos como la conquista del Perú. Con este último nombre se recubre, a su vez, procesos diferentes, como la incorporación del territorio del Tawantinsuyu, y la declaración de la condición de vasallos hispanos de sus habitantes por efecto de acciones militares y de alianza y negociación con las élites gobernantes de dicho Imperio, en el marco de conflictos agudos entre inmigrantes cristianos –a los que con el tiempo conoceremos como españoles– y entre estos y la Corona.

Pero para comprender las características de la invasión hispana a Chile y del espacio y la sociedad colonial en formación hay que tener también en consideración otra dimensión: la de las sociedades indígenas que ocupaban, porque les era propio, el territorio «descubierto» por Almagro. Acá deben considerarse cuestiones claves, tales como el dominio inka que se impuso en estos territorios varias décadas antes del arribo de los españoles y el despliegue de sus prácticas de interacción con las sociedades que caían bajo su dominio. La incorporación al Tawantinsuyu

–organizada en torno a un núcleo central que se estableció en el valle del Mapocho– precedió la incorporación al Imperio hispano, y la concepción de los inkas acerca de las redes de circulación, las formas de asentamiento, las prácticas productivas agrícolas, mineras y de fabricación de bienes para el intercambio, modularon también la temprana organización colonial en la gobernación de Chile. Hacia el sur de la cuenca de Santiago, límite meridional del espacio de acción e influencia del Tawantinsuyu, habitaban sociedades mapuche que compartían una misma lengua con las del valle central, aunque se distinguían de estas por una ocupación dispersa del territorio que les era propio en base a unidades socio-políticas que podían ampliarse o fragmentarse según los contextos, en particular el de guerra, lo que marcó también las formas de la primera conquista y colonización. Al este y al sur de estos espacios habitaban otras sociedades, que quedarían durante varios siglos en las fronteras de la expansión y el dominio colonial, con excepción de unos pocos enclaves.

Algunas palabras sobre el topónimo. Chile, antes de ser Chile, fue la peligrosa y desconocida costa que avistaron en 1519 las naves que acompañaban a Hernando de Magallanes (1480-1521). Sus principales accidentes geográficos fueron bautizados, con evidentes motivaciones taumatúrgicas, como cabo Hermoso, cabo Deseado, cabo las Vírgenes, y puerto de la Concepción. Hoy podemos decir que se trataba de la travesía de un estrecho, posteriormente incorporado a la gobernación de Chile, que permitió cruzar desde el Atlántico al Pacífico y continuar la expedición que sería conocida como la primera circunnavegación del mundo. A la postre, este territorio se incorporó al dominio hispano como parte de la gobernación concedida a Pedro de Valdivia cuando esta se ampliara en 1554.

Entre ambas fechas –1519 y 1554– ha de ubicarse la gestación de la expedición encabezada por Diego de Almagro hacia el sur del Tawantinsuyu o Collasuyu. Al salir del Cuzco, en julio de 1535, Almagro no parte a «Chile», sino «hacia el Estrecho», a la conquista de la gobernación que el año anterior había recibido de parte del monarca al sur de la jurisdicción otorgada a Francisco Pizarro (Medina CDIHCh, Primera Serie, tomo IV).

Habrá que esperar el regreso al Perú de los despojos de la hueste de Almagro para que «Chile» aparezca en el relato hispano de la conquista. Almagro regresa de «Chile», y «Los de Chile» es la expresión que se acuña para referir a los españoles que lo acompañaron en su malograda expedición. «Los de Chile» combaten junto al Adelantado en la batalla de las Salinas, y muchos acompañan a su hijo Diego el Mozo (1522-1542) en su rebelión contra los Pizarro y la lejana monarquía, expresada en el virrey Cristóbal Cabeza de Vaca (1492-1566) (Bernand y Gruzinski 435-460). En la expresión «Los de Chile», «Chile» es antes una experiencia compartida por un grupo de personas que un lugar geográfico. Se trata de la hueste que había recibido el apelativo de «La Flor de las Indias» a su salida del Cuzco (Fernández de Oviedo tomo IV, 258), cuyos infortunios terminaron por traerla de vuelta pobre, harapienta, descorazonada. «Chile», como lugar en el orbe, estaba simplemente «hacia arriba» o «hacia el Estrecho», y era el escenario de los infortunios relatados, en particular en relación con la cordillera²¹.

Fruto de esa secuencia histórica, las expresiones «Chile» y «las provincias de Chile» se hacen frecuentes entre quienes volvieron a este territorio con Pedro de Valdivia (1497-1553) a partir de 1540. Dos cosas han de decirse al respecto: además de un topónimo que denota, la expresión evoca ideas, experiencias, expectativas, es decir, connota. Por otra parte, aquello que se nombra es cambiante, a veces difuso, a veces contradictorio (Vega 2014).

Un primer modo de acercamiento a este problema es por medio de la secuencia de definiciones abstractas contenidas en las jurisdicciones definidas por el Rey y sus representantes a ambos lados del Atlántico, con el fin de asentar el dominio de la Corona en la América meridional. En 1554 y 1555 se llegó a una delimitación de la Provincia de Chile o Gobernación de Nueva Extremadura, la cual se reconoció como una extensa franja norte-sur cuyo inicio se fijaba en Copiapó y que terminaba en el Estrecho. El límite oriental se definió en 100 leguas medidas desde la costa del mar Pacífico hacia el este. Como antecedente jurisdiccional quedaba la gobernación de Nueva Toledo, concedida por la Corona a Diego de Almagro en 1534, y la cédula concedida a Pizarro en 1537 para la conquista y población de «Nuevo Toledo e las provincias de Chili, de donde había vuelto Almagro», que había sido la base de la organización de la expedición de Valdivia²².

Siendo este el marco jurisdiccional, lo que uno puede reconocer como el espacio de Chile históricamente constituido en el transcurso del siglo XVI es en cambio algo diferente. No solo porque en la década de 1560 se creó la Gobernación de Tucumán que separó al norte una parte de los territorios transandinos, sino porque, a la larga, una constelación de procesos diferentes terminaron por alejar de las dinámicas de la sociedad colonial en formación a importantes territorios de este espacio abstracto. La Guerra de Arauco y el establecimiento de la frontera en el Biobío, las enormes distancias y las dificultades que el Pacífico sur imponía a la navegación, las prácticas que se fueron instituyendo para el cruce de la cordillera de los Andes, y la falta de incentivos para el poblamiento austral en relación con las dinámicas de la conquista americana²³, terminaron por dejar en la trastienda del Chile colonial reconocible desde el centro político-administrativo fundado en Santiago los espacios al norte de la ciudad hispana de La Serena, considerada la puerta de Chile; los extensos territorios al sur de la línea de fuertes y presidios que se construyeron en torno al Biobío, con excepción de los asentamientos de Valdivia y Chiloé; y la extensa franja transandina que se proyectaba hacia el sur, desde los asentamientos de Mendoza y San Luis, en Cuyo, territorios prácticamente invisibles para muchos.

A este recorte particular se le ha dado el nombre de «Chile tradicional», apelativo que puede encontrarse tanto en la llamada historia social como en la historiografía de corte conservador²⁴. Se identifica el Chile tradicional con una unidad espacial y social que habría gozado de cierta estabilidad en el tiempo, y que permitiría reconocer rasgos compartidos. Tensionando estas propuestas, importaría reconocer que el Chile tradicional es un proceso más que un resultado; un objeto de negociaciones y modulaciones en función de los interlocutores que interpelan o se reconocen en este territorio.

En continuidad con las prácticas de la cristiandad occidental que cruzan el Atlántico y ordenan el espacio colonial hispanoamericano, el territorio de Chile se fundó, organizó y reconoció a partir de sus asentamientos urbanos. La ciudad era mucho más que la urbs (un trazado, un conjunto de edificaciones civiles, religiosas y de particulares). La ciudad era también, y por sobre todo, la civitas, que expresaba y debía reproducir unos principios articuladores de lo social y político (Kagan 2000). Vivir en policía y cristiandad, de acuerdo a la expresión del periodo, apelaba al mismo tiempo a un discurso que declaraba el carácter universal del cristianismo, y como tal, de la pertenencia común de todos los hombres y mujeres a un mismo rebaño, mientras reconocía diferentes naturalezas o calidades que fijaban jerarquías y decidían el universo de lo posible para cada cual. Tal como ocurre con otras dimensiones de la organización social y política, la ciudad es –a la vez– actualización de viejos principios y producción de nuevas formas de experiencia, acorde con el contexto, colonial y capitalista, en el que se va desarrollando (Bauer 2002).

Para cuando la hueste de Pedro de Valdivia llegó al valle del Mapocho, estas ideas habían tenido tiempo para formalizarse por medio de una serie de prácticas que se ejecutaron tal como se habían ejecutado antes en otros territorios: la toma de posesión en nombre de la Corona hispana; la lectura del Requerimiento a las autoridades indígenas, que declaraba y establecía por efecto de ese acto unilateral su condición de vasallos de Castilla, o la esclavitud para los rebeldes; y la fundación de la ciudad. A comienzos de 1541, se repitió este acto al oeste del cerro Huelén, hoy Santa Lucía, con el nombramiento de vecinos, la asignación de solares, la constitución del Cabildo y la traza de la planta de la ciudad que se ubica sobre el emplazamiento del principal asentamiento inka del valle (De Ramón 17).

Si este primer escenario supuso prácticas de negociación y dominio militar sobre las poblaciones indígenas –lo que redundó en inestabilidad, resistencia y levantamientos–, la consolidación de la gobernación fue también fruto de otras negociaciones: unas que se desarrollaron entre los propios miembros de la hueste, otras que involucraron a las autoridades del Perú, devenido virreinato desde 1544 y otras aún ante el Rey y el Consejo de Indias.

A esta primera fundación, siguieron las de Valparaíso, La Serena, Concepción, las llamadas ciudades de arriba –La Imperial, Valdivia, Villarrica, Los Confines, luego Cañete y Osorno–, Castro y también Tucumán, Mendoza, San Juan y San Luis. No una sino diversas lógicas interrelacionadas movilizaban este despliegue fundacional. Entre ellas, destacamos el impulso hispano por tomar posesión de territorios que habían negociado con la corona portuguesa y el deseo de adelantados, gobernadores y otras autoridades americanas por materializar unas jurisdicciones que solo tenían existencia en el papel. A este grupo lo movilizaba el mandato regio y las prácticas instituidas para la identificación y explotación de metales preciosos y la organización de la población indígena americana en torno al trabajo, el tributo y el imperativo evangelizador. Igualmente importante era la red de obligaciones y derechos que ligaba a la Corona y a sus vasallos ibéricos en América y la expectativa de los integrantes de la hueste de obtener beneficios simbólicos y materiales derivados de su actuar en nombre del rey en estos territorios (ser declarado vecino, recibir un solar urbano, acceder a una encomienda o, más adelante en el tiempo, una merced de tierra). La articulación de bienes y personas tenía como horizonte general el envío de riquezas del llamado Nuevo Mundo a la metrópolis, lo que suponía que los asentamientos debían asimismo asegurar esta comunicación. En la intersección de estas fuerzas, la ciudad funciona como dispositivo, al ser expresión y vehículo del orden que debe regir el tejido social de la América colonial²⁵.

Con principios similares a los que sustentaban la ciudad, el Imperio hispano instauró los llamados pueblos de indios. Estas unidades socio-territoriales debían regular la vida de las poblaciones indígenas, articulando la organización espacial –en particular, la identificación de los límites de sus tierras para permitir la adjudicación de las llamadas tierras vacantes a los inmigrantes cristianos– con las políticas e instituciones evangelizadoras (doctrinas) y aquellas que regulaban el trabajo y el tributo (principalmente, la encomienda). Se trata de una institución hispana que adapta las prácticas indígenas preexistentes para cumplir con nuevos propósitos.

Se ha insistido en la pobreza de las ciudades de la gobernación de Chile durante todo este periodo, en sus precarias condiciones materiales y, sobre todo, en el carácter eminentemente rural de la sociedad en formación²⁶. Al mismo tiempo, se ha llamado la atención acerca del vaciamiento de los pueblos de indios cuya población es trasladada a haciendas y minas; o en su defecto, su nula constitución, al estar la población indígena dispersa en el espacio constreñido que el propio sistema colonial les reconoce como propio. Sin desconocer estos rasgos, conviene recordar que fue desde las ciudades que se organizó y dio sentido a la experiencia colonial de Chile: en ellas se asentaron las instituciones que organizarían la vida social y económica, y se validaron, reprodujeron y negociaron las jerarquías y posiciones entre grupos y personas. Lo mismo puede decirse de los pueblos de indios, espacios de articulación social, de organización política, de defensa de los recursos considerados como propios y los integrantes de dichas comunidades.

Por otra parte, importa destacar el hecho de que a lo largo del siglo XVI y de la primera mitad del siglo XVII, el territorio que se reconoce como gobernación de Chile fue, en realidad, un espacio que corresponde a diferentes territorios vividos según el punto de vista adoptado. En efecto, si la dimensión jurisdiccional apela a los límites establecidos por sucesivas cédulas reales, los procesos efectivos de dominio colonial permiten pensar en el territorio desde otras posiciones. La sociedad colonial en formación, sus prácticas de circulación y asentamiento, no se desplegaron de manera homogénea en el tiempo ni en el espacio. Al norte quedaba el Despoblado de Atacama, nombre de por sí elocuente de la visión que se impuso sobre dichos territorios²⁷. Al este, la gran cordillera nevada, y por medio de unos pocos pasos cordilleranos, la provincia de Cuyo. Al sur, las provincias de Arauco, y más al sur aún, amplios espacios con los que la gobernación mantuvo contactos esporádicos por medio de unos pocos asentamientos hispanos que pretendían asegurar la continuidad del dominio en el litoral Pacífico (Eyzaguirre 1978).

Además, este territorio es expresión de subsistemas, y está integrado, a su vez, a otras redes. Más que un espacio unitario de circulación de bienes y personas, se han identificado tres mercados regionales, que a juicio de Marcelo Carmagnani tendrían características particulares: el de La Serena, el de Santiago, y el de Concepción, los que mantienen flujos específicos con el resto del continente y con la metrópolis (Carmagnani 2001).

2.2. La construcción del Imperio, los virreinatos y la frontera

El espacio constituido por medio de las prácticas a las que hemos hecho referencia no tiene sentido si no se piensa en el marco de un contexto mayor: el de la organización del Virreinato del Perú y el de la formación del Imperio en el cual este se inserta.

La organización político-administrativa del Imperio hispano se fue gestando, a lo largo del siglo XVI, por efecto de las sucesivas olas de exploración y conquista del territorio y como resultado directo de la organización socio-política indígena que preexiste a la invasión europea de América. Los virreinatos de Nueva España (1535)

y del Perú (1542) se crean literalmente sobre los cimientos materiales y las estructuras sociales y políticas azteca e inka. Son estas las que dan nacimiento a las llamadas áreas centrales, donde tienen su asiento las más importantes instituciones del gobierno colonial y de las estructuras de la iglesia secular y regular. Las ciudades de México-Tenochtitlan y Lima son cabeza de los reinos americanos, espacio ineludible de mediación entre la metrópolis y los diferentes territorios que dependen jurídicamente de ellos. Son, además, uno de los polos en torno a los cuales se organizan los mercados regionales que se van conformando en torno a la minería argentífera y a los circuitos del comercio marítimo.

De modo que es en el marco del Virreinato del Perú que debe pensarse el territorio de Chile: el puerto de Valparaíso, y luego Castro, Valdivia y Concepción, serán puntos o hitos en el gran itinerario del comercio del Pacífico, que vincula Acapulco con Panamá y el Callao. Si 20% del oro que se extrae con cierto éxito en los primeros años en la gobernación de Chile circula por estos puertos con destino a la metrópolis, la producción agrícola y ganadera tiene en cambio en Perú su destino de mayor provecho mercantil. En dirección contraria circulan hacia Chile telas finas, objetos labrados en metales preciosos, pinturas, libros impresos, papel, armamento, entre muchos otros.

En 1553-54 Bartolomé de las Casas (1484-1566) termina de redactar su Apologética Historia Sumaria. En ella el fraile dominico, para entonces asentado en Valladolid, escribe: «la grande y feliz tierra de Chile, que es la postrera provincia o reino del Perú» (RAE, CORDE). Queda así patente la asociación de Chile con el confín del Nuevo Mundo o Finis Terrae. En el polo opuesto al que define las zonas centrales, Chile se integra como zona secundaria o marginal al Imperio. Sin embargo, esta posición no debe llevar a equívoco, en el sentido de concebir un espacio que, por su posición y valor relativo, queda fuera de los intereses de la metrópolis. Por el contrario, por cuestiones que guardan relación con las políticas hacia la población indígena y la necesidad de asegurar el dominio hispano contra las acciones de otras coronas con pretensiones coloniales, se trata de territorios que en tanto bordes, son centrales. Las fronteras interiores y los límites del dominio territorial de la corona hispana –fueran estos de carácter minero, ganadero, militar, marítimo, de indígenas rebeldes, de cimarrones, misionales, o mezcla de alguna de las anteriores– se constituyeron en objeto de políticas específicas. Las instituciones desplegadas en las provincias de Arauco son elocuente expresión de lo anterior. Lo mismo puede decirse de las acciones tendientes a controlar el paso interoceánico que llevó el nombre de Magallanes y aquellas que buscaron limitar el impacto sobre el comercio y el control costero de la guerra intraeuropea, que trajo a corsarios y piratas a recorrer y atacar las costas y los puertos del Pacífico. En este escenario, la ruptura en el control territorial al sur de Concepción resulta fundamental.

En el proyecto político que había encarnado Pedro de Valdivia, las provincias de Arauco ocupaban un lugar central por tratarse de una zona altamente poblada con presencia de arenas auríferas significativas. Sin embargo, las sublevaciones indígenas y la propia muerte de Valdivia en 1553 en el marco de un levantamiento puso en entredicho esta visión territorial. Según sugieren Jara (1971) y De Ramón (2012),

ya en 1575 circula la idea de que la colonización en el sur resultaba inviable por la guerra. Estas ideas terminaron por hacerse carne al producirse el extraordinario levantamiento indígena luego de la derrota y muerte del gobernador de Chile Martín García Óñez de Loyola (1549-1598) en los llanos de Curalaba en 1598. Una vez estabilizadas las consecuencias de esta sublevación, perduraron las ciudades de Santiago, La Serena, Mendoza, San Luis, San Juan y Concepción como los anclajes urbanos del programa hispano colonial en Chile.

Como consecuencia de estos procesos, emerge también la frontera geográfica y política en el Biobío. Esta se formaliza por medio de la consolidación de una línea de fuertes y presidios y la instauración del Real Situado, provisión que en teoría debían aportar cada año las arcas reales para financiar un ejército permanente en Chile (Jara 1971). La línea de la frontera se fija también como correlato de las negociaciones entre autoridades hispanas y autoridades indígenas mapuche por medio de Parlamentos y del breve periodo en que se implementó la llamada guerra defensiva, como se verá más adelante. Esta línea se refuerza además mediante prácticas sociales y económicas que ponen en contacto a las sociedades a ambos lados del Biobío, tales como el comercio fronterizo y la esclavitud indígena, fuera esta de facto o legal.

2.3. Ciudad en movimiento y la formación de la sociedad colonial en Chile: hueste, sociedades indígenas y encomienda

Volvamos ahora al aserto con que iniciamos la sección previa: «La llegada de la hueste de Diego de Almagro (1475-1538) al valle de Copayapo en 1536 marca el comienzo del despliegue del dominio hispano en Chile y constituye el primer hito en la conformación de la sociedad colonial en estos territorios». ¿Qué pasa cuando se lee esta frase desde la pregunta por los actores que poblaron esos espacios que se fueron reorganizando y sus relaciones con la escritura?

En un mundo mayoritariamente analfabeto, escribir fue un imperativo para los inmigrantes: un mandato que se iría formalizando para todos quienes asumieron posiciones de privilegio en la naciente estructura del Estado en América por efecto de la delegación del poder regio (veedores, jueces visitadores, pero también adelantados y gobernadores). Significaba la posibilidad de intervenir en el debate acerca de la naturaleza de las «Indias nuevas» y el lugar de sus habitantes en el ordenamiento del mundo, así como en el reparto de bienes simbólicos y materiales para todos aquellos que denunciaban el mal actuar de otros o dejaban registro de su condición de vasallos merecedores de recompensa. Escribir fue consustancial a los actos de gobierno, y por ello con la fundación de las ciudades y la organización del Imperio los escritos se acumulan y circulan, vinculando los territorios americanos entre sí y estos con los espacios metropolitanos. Al igual que en el resto de la Europa cristiano-occidental, el reinado del impreso –que se amplía y consolida– no desplaza la circulación de manuscritos. Se trata de objetos diferentes, con trayectorias diversas e impactos diferenciados, que organizan de manera intricada e inseparable la experiencia de la lectura y la escritura.

Se puede reconocer, siguiendo a Góngora y Lockhart, que la hueste de conquista constituye el germen de la sociedad colonial en formación, al contener en ella las matrices de la organización social y la articulación institucional posterior. De ahí que se le considera una ciudad en movimiento: un capitán de conquista, portador del mandato y de la autoridad regia para la extensión del dominio hispano en los nuevos territorios; un grupo cercano a esta figura central, vinculado con él mediante redes de lealtad que se remontan ya sea a sus antecedentes ibéricos o a su experiencia americana, muchas veces llamados a ocupar posiciones claves en los procesos de institucionalización posterior; un grupo más amplio de mal llamados «soldados», que no son soldados de profesión sino inmigrantes de origen rural o urbano, hidalgos, artesanos, algunos incluso letrados, otros de oficio desconocido, que aspiran a convertirse en vecinos de un nuevo asentamiento, accediendo por esta vía a los beneficios materiales y simbólicos de la conquista; algunos esclavos de origen africano y un contingente de indígenas que acompañan a la hueste, procedente de los territorios desde los que se organiza la nueva expedición –un enorme contingente, incluyendo a importantes miembros de la élite cuzqueña, en el caso de Almagro; un contingente mucho menor y de menor relevancia política, en el caso de Valdivia– (Lokhart 1986).

Los desplazamientos asociados a la hueste de conquista no se dieron de una vez y para siempre y no operaron en una única dirección. No solo porque Almagro abandonó el territorio de Chile, como es bien sabido, y pasó casi un lustro antes de que se iniciara la expedición que encabeza Valdivia, sino porque la secuencia de la invasión y la conquista militar se prolongó en toda América a lo largo del siglo XVI por medio de ciclos de inestabilidad y movilidad, con características específicas según los espacios. En el caso de Chile, se ha sugerido que hacia 1580 desaparecieron los últimos protagonistas de la empresa de Pedro de Valdivia, y con ellos, una cierta experiencia vivida (Góngora 1970).

Pero esta inflexión no debe llevar a pensar en una clausura en el contacto y la circulación de personas entre los territorios de Chile y el resto de la América hispana, y más allá. Por el contrario, podemos reconocer un movimiento de migrantes asociados a los requerimientos de soldados de la Plaza de Arauco, al comercio del Pacífico, al aparato burocrático estatal, a las órdenes religiosas y la estructura de la Iglesia secular, sobre todo a sus altos cargos. Pero, además, resulta muy importante considerar a los inmigrantes forzosos provenientes del continente africano, principalmente esclavos y sus descendientes, esclavos y libres; así como los movimientos de las poblaciones indígenas, cuya condición arraigada a la tierra es un mandato legal, pero no una realidad absoluta.

Encarnando el imaginario señorial, en lo alto de la pirámide social quedaron los encomenderos y sus descendientes y un grupo intermedio de beneficiarios de mercedes de tierra. Integraron también la élite los mercaderes dedicados al comercio con el Perú. Las actividades agrícola-ganaderas, mineras, la vida urbana y el comercio interior dieron cabida a sectores subordinados a los anteriores, donde negocian su inserción todos aquellos inmigrantes que no habían accedido a los principales beneficios del reparto de la conquista²⁸.

Como ha sido descrito para el conjunto del continente americano, las diferentes poblaciones indígenas, portadoras de formas diversas de reconocerse, organizarse y relacionarse con sociedades vecinas y con el espacio propio, fueron incorporadas al Imperio hispano como indios. El apelativo y las instituciones que lo perfilan –pueblo de indios, doctrina de indios, tributo, encomienda– crean un sujeto unitario, homogéneo, propio de América, llamado a ocupar un lugar subordinado en el orden mundializado de las relaciones coloniales (Quijano 201). La compleja trama de jerarquías, alianzas y antagonismos sociales de las sociedades indígenas queda reducida, desde el punto de vista de la autoridad colonial, a un esquema simple en el que se distinguen indios del común y caciques, palabra taína impuesta desde el Caribe al conjunto de las autoridades indígenas. Evidentemente, bajo estos esquemas unificadores operan negociaciones y adaptaciones, y el propio aparato colonial debe hacer espacio para la complejidad de las relaciones sociales.

Al igual que en el resto de la América colonial, la muerte de la población indígena –su brutal disminución durante la primera centuria de dominio hispano– se originó no solo por la guerra y la explotación, sino también por efecto de las epidemias y, en un sentido amplio, por la desestructuración de la vida familiar, comunitaria y las prácticas económicas que provocaron los desplazamientos que impusieron la guerra y el régimen de trabajo colonial. Entre 1540 y 1650, hubo por lo menos 15 años de epidemias mortíferas en que desapareció el 75% de esta población, por lo que el periodo ha sido denominado como el del «desastre demográfico» (Mellafe 1986).

Ciertas características propias del territorio de la gobernación deben, sin embargo, ser señaladas; características que guardan relación con las dinámicas sociopolíticas y espaciales ya consignadas.

La guerra como hecho social total y, por lo mismo, como una de las dimensiones de la articulación social marca, evidentemente, el devenir histórico de las relaciones entre sociedades indígenas y sociedad colonial (Jara 1971)²⁹. Esta marca supone instituir modalidades específicas de vinculación económica, religiosa, social y política entre quienes viven a un lado y el otro de la línea de frontera, que afectan también al conjunto del territorio colonial de Chile. La pervivencia de la encomienda en lo que puede denominarse una encomienda «de fronteras» –tanto en Chile central como en Chiloé– y la recreación de formas de esclavitud indígena a lo largo de los siglos XVI y XVII son, entre otros, resultado de estas dinámicas. Estas se expresan, evidentemente, en una escritura referida a Chile que está marcada por las cuestiones de guerra y la esclavitud indígena, dando un cariz particular al debate sobre la guerra justa. Escritos como los del conquistador Valdivia, Gerónimo de Vivar (c. 1500-1553), Alonso de Góngora Marmolejo (1523-1575), Alonso de Ercilla (1533-1594) y Pedro de Oña (1570-1643) no se entienden fuera de este contexto, que configura los relatos que dan cuenta del periodo y que han dado pie a las sucesivas reinterpretaciones sobre el Chile de esos años.

Como efecto interpretativo de estos impactos, se ha tendido a reproducir la idea de una población indígena concentrada al sur de la frontera del Biobío, identificada por sus contemporáneos hispanos como araucanos, y de la constitución de un Chile tradicional marcado por el mestizaje y el vaciamiento de los pueblos de indios. En un horizonte aún más lejano, quedarían las poblaciones del extremo austral, con las cuales se tiene escaso contacto comercial o misional, mencionándoseles apenas como habitantes atemporales de tierras ignotas y salvajes.

Nuevas miradas sobre estos problemas permiten reconocer la presencia y continua rearticulación de sujetos indígenas en los diferentes espacios locales y regionales identificados, siendo claves en este periodo las transformaciones que afectan a las sociedades mapuche, la experiencia de grupos como los llamados indios cuzcos y guarpes en Santiago, y de aquellos identificados como chonos al sur de Chiloé, quienes quedan sometidos efectivamente a nuevas reglas del juego, en relación con las cuales se recrean sus identidades en formas que aún deben ser reconocidas y más estudiadas³⁰.

De modo complementario a los énfasis en la desaparición de lo indígena, la historiografía del Chile colonial ha abundado en la afirmación de la rápida constitución de una sociedad mestiza en lo «biológico», aunque hispana en sus dimensiones sociales y culturales³¹, caracterizada por su desarraigo y, como tal, resistente al ideal de normalización de la ciudad y el cuerpo político cristiano. La idea de un mestizaje veloz, sobre la que volveremos más adelante, ha opacado el reconocimiento de una sociedad con amplios ámbitos de negociación y transculturación en la que los espacios habitados, los bienes consumidos, el léxico y el habla corriente, permitirían pensar en mecanismos de inscripción social a partir de elementos que provienen, también, de las poblaciones indígenas prehispánicas y coloniales. En este otro cuadro, y siguiendo una línea fructífera de la historiografía reciente, cabe también visibilizar la población afrodescendiente, en un amplio espectro que va desde los mayordomos y el servicio doméstico, a esclavos en minas, haciendas, estancias, y negros libres desempeñándose en diversos oficios y actividades, desde sastres y zapateros hasta amas de leche y curanderas³².

3. Segunda parte: desde 1655 hasta 1812
3.1. Para una lectura del siglo XVII en el Reino de Chile: espacios y vida cotidiana

El siglo XVII en Chile cuenta con pocas investigaciones, aunque las existentes han permitido hacer visible el llamado «siglo oscuro», imagen generada por la historiografía del XIX que posicionó al siglo XVI como el periodo de acción en tanto «conquista» y al XVIII como el de incubación de los elementos de una nueva gesta heroica llamada «independencia». Entre los autores que permiten nuevas miradas se cuentan Marcello Carmagnani (2001) desde las estructuras económicas, Jaime Valenzuela desde la cultura política, Isabel Cruz respecto a aspectos culturales y sociales, las propuestas de Ximena Azúa y Lucía Invernizzi, que desde los estudios literarios abren el mundo de los textos posibles, así como la publicación de valiosa documentación notarial por Julio Retamal, Cedomil Goic y Raïssa Kordic³³.

La segunda mitad del siglo XVII merece ser revisitado pues, como planteamos en este texto, es una centuria en la que se cierran y definen los procesos más significativos de una sociedad marcada por la guerra, una centuria marcada por la legalización de la esclavitud de los indios por la cédula de Felipe III de 26 de mayo de 1608, que para Álvaro Jara (1971) fue tanto una reacción al gran levantamiento de 1598 como una respuesta a las presiones de los grupos hispanos para legitimar las acciones que de facto se habían ejecutado contra los indios, transformándolos en piezas cautivas y mano de obra esclava. La cédula, dice Jara, también fue una medida de fuerza que manifestaba la decisión imperial de quedarse en forma definitiva en estos territorios, pues llegó junto con los oidores de la nueva Real Audiencia de Chile, creada por Real Cédula de 17 de febrero de 1609³⁴. Ambos hitos definen una nueva jurisdicción para el llamado Reino de Chile asociada a un proyecto de conquista de reducción, pacificación y poblamiento: «todas las ciudades, villas, i lugares, i tierras que se incluyen en el gobierno de las dichas provincias de Chile, así lo que ahora está pacificado y poblado, como lo de aquí en adelante se redujere, pacificare y poblare» (Recopilación de leyes, ley XII, libro II, título XV, 191-192).

La Real Audiencia era un tribunal judicial colegiado (el más alto tribunal judicial de apelaciones de las Indias) integrado por el gobernador que lo presidía, cuatro oidores, un fiscal, un alguacil mayor, un teniente de Gran Canciller, un escribano de cámara, relatores, intérpretes, ejecutores y un portero. Al integrar al gobernador como presidente se intentaba tener mayor control sobre la guerra al no dividir los poderes políticos que, en definitiva, debían atender los intereses de la corona; sin embargo, esta misma intención hizo de esta institución un espacio de articulación del poder local en torno a los temas relevantes del control colonial, tal como puede verse en sus propios archivos: juicios por protección de naturales (esclavitud y mano de obra: juicios por encomienda y autos de libertad), juicios civiles (tensiones entre privados, como el cobro de pesos), juicios criminales, juicios de patronato (poder eclesiástico en tensión con el poder real) y juicios de hacienda (constitución de la propiedad: juicios de tierra por deslindes, remates, derechos de estancias, venta de chacras, mayor derecho a un pedazo de tierra, etc.) (Archivo Nacional de Chile 48-49).

La esclavitud como medio para generar riqueza personal, fuese por venta o como mano de obra, se encuentra en la base de la constitución de los grupos de poder local que se visibilizan como encomenderos, administradores de justicia y poseedores de oficios reales o soldados (pudiendo ser todas esas cosas a la vez). Esta situación encontró en los jesuitas a férreos opositores y denunciantes ante el Rey, quienes apelaron a una ética del buen gobierno y al deber de conciencia del monarca respecto de lo que se llamaba el buen trato a los súbditos y en especial a los indios. Este escenario ya se figuraba desde fines del siglo XVI, periodo marcado por la llegada de la Compañía de Jesús (1593) y por la presentación del memorial de Melchor Calderón, secretario de la Catedral de Santiago, conocido como Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar por esclavos a los indios rebelados en Chile (1599). Este escrito fundamentó la cédula real de 1608, al mismo tiempo que presentaba propuestas alternativas de acercamiento y comprensión hacia los mapuche llevadas a cabo en particular por el Padre Luis de Valdivia (1561-1642)

–redactor de la primera gramática en lengua mapuche con fines confesionales y de evangelización, obra que en este contexto tiene un profundo sentido político–.

Ese mismo año se dio un importante debate respecto al curso de la Guerra de Arauco, en el cual el oidor de la Real Audiencia de Lima, Juan de Villela, en coincidencia con las ideas de Valdivia, propuso un sistema denominado Guerra Defensiva. El recién llegado virrey, el marqués de Montesclaros, también acogió los informes del jesuita sobre la guerra. Valdivia proponía eliminar los servicios personales, establecer una frontera firme en el río Biobío y sustentar una conquista religiosa por medio de la actividad misionera. El mismo año en que se instaló la Real Audiencia en Santiago, Valdivia viajó a España en busca de apoyo. Los «colonos» de Chile, en oposición a esta idea y al virrey, contaban con el gobernador Alonso García de Ramón (1552-1610) y enviaron a su propio representante a la corte, el capitán Lorenzo del Salto, con el objeto de desmentir y desvirtuar los fundamentos de las propuestas del jesuita. Ambos viajaron en el mismo barco a Europa.

Valdivia logró convencer a Felipe III de su plan, consiguió que se lo nombrara Visitador General de Chile y regresó en 1611 acompañado de otros diez misioneros jesuitas, dispuestos a solucionar el conflicto mapuche por medio de la prédica.

Pero tal proyecto terminó en 1612 con el asesinato de los misioneros en Elicura por el cacique Anganamón, uno de los grandes líderes de la sublevación de 1598 que se extendió hasta 1604. Valdivia insistió en su propuesta, pero finalmente en 1626 se restituyó el permiso para esclavizar indios capturados en guerra. En este contexto se producen las obras conocidas como crónicas e historias sobre Chile en manos de jesuitas como Diego de Rosales (1601-1677) y Alonso de Ovalle (1603-1651)³⁵, como también el relato de Francisco Núñez de Pineda (1607-1682) como cautivo español en tierras mapuche³⁶.

La mitad de la centuria está marcada, por un lado, por la muerte de los misioneros jesuitas mártires de Elicura, tras la que se pone fin al proyecto de la guerra defensiva en el año 1622, y por otro, por el alzamiento de 1655 o maloca de Paicaví, considerada ilegal luego de un largo juicio. La relación entre vida cotidiana y guerra puede leerse en la vida de los gobernadores y los tipos de gobierno; por ejemplo el de Martín de Mujica (1646-1649), durante el que se realiza el Parlamento de Quilín del año 1647; o el gobierno de Alonso de Figueroa de Córdoba, quien vive 59 años, 43 de los cuales fue soldado en la guerra de Arauco; o el de Antonio de Acuña y Cabrera, pésimo parlamentador con los indios, responsable del alzamiento de 1655 y merecedor del clamor de los vecinos: Viva el Rey, muera el mal gobernador.

La vida cotidiana en la segunda mitad del siglo XVII se construye en torno a la necesidad de establecer estrategias de relación con el «enemigo» mapuche, parlamentos, visitas y misiones van erigiendo los espacios y tópicos que articulan la historia personal y colectiva. Si consideramos que en el transcurso de los 210 años que van de 1593 a 1803 se realizaron 48 parlamentos hispano-mapuche³⁷ en diferentes lugares del territorio, podremos imaginar la centralidad de la cuestión de la guerra en términos sociales, culturales y económicos. La guerra organizaba la vida cotidiana de todos los habitantes, sus posibilidades de proyección en el tiempo, sus decisiones vitales, su capacidad de reproducción.

El periodo 1650-1750 se abre con el gran hito del levantamiento general de «indios» de 1655. A la inestabilidad de la tierra se suma la del gobierno interino de Pedro Porter Casanate (1656-1662) y se le agrega el terremoto y salida del mar del

15 de marzo de 1657 que arruina Concepción, después del cual la frontera se trasladó desde el borde del río Biobío a las orillas del río Maule. Todos estos eventos fueron para el historiador Diego Barros Arana la demostración de la «ruina» de Chile (Tomo V, 18).

La gobernabilidad fue muy compleja en los gobiernos –también interinos– de González Montero y Ángel de Peredo (1662-1664). Los desesperados intentos del Rey por nombrar a un gobernador en propiedad fallaron nuevamente cuando los dos candidatos propuestos murieron (Juan de Balboa Mogrovejo y fray Dionisio Cimbrón). Finalmente, por cédula de 4 de febrero de 1664, se nombró a Francisco Meneses (1615-1672). Sin embargo, su figura encarnó la crisis interna y del Imperio, y fue destituido en 1667 por contar con 242 cargos en su contra relacionados con problemas éticos respecto a la administración de justicia y la conducción de la guerra. La indagación realizada por el visitador a cargo de investigar el caso fue muy minuciosa, pues recopiló información por medio de declaraciones de los actores claves de la política y la sociedad, y recorrió la frontera entre Penco, Arauco, Purén y Concepción averiguando sobre la maloca de Paicaví y la toma de indios como esclavos o «piezas» por parte del gobernador y sus agentes³⁸.

3.2. Mano de obra, estratificación social y poder rural

Hasta fines del siglo XVII, la encomienda fue la parte sustancial y fundamental de la fuerza de trabajo activa, aunque su abolición definitiva no ocurrió sino hasta el año 1791, momento en el que ya representaba muy poco en la estructura económica colonial. Pero la encomienda no fue la única fuente de obtención de mano de obra, ya que tenía una serie de limitaciones que hacían de ella un sistema estable e inestable al mismo tiempo. La estabilidad radicaba en que su usufructo era unipersonal, gracioso y con tendencia a la perpetuidad expresada en una, dos y tres vidas; por tanto, quien gozaba de ella podía estar seguro, pero implicaba que algún sector de la economía tendría déficit de mano obra. Al mismo tiempo, dichas características producían inestabilidad, pues si el beneficio solo podía ser otorgado por el gobernador y el usufructo era unipersonal, nada aseguraba que al cambiar el titular del reino no se perdiese el otorgamiento, como

efectivamente pasó.

Evidentemente la Guerra de Arauco significó el factor de mayor inseguridad del sistema de encomienda, el más constante y temido, dado que por ella el indio de paz era considerado un potencial sublevado (Obregón 2010). Por otra parte, los embates mismos de la guerra y los desmanes de los soldados incidían en la desintegración de los repartimientos y en la aparición de «indios desarraigados», disminuyendo las posibilidades de mano de obra. El encomendero tampoco podía disponer a su libre voluntad de los indios que se le asignaban. Entonces, ya desde fines del siglo XVII se buscaron otras fuentes y sistemas de trabajo. A estos motivos se agregaba la disminución de la población del reino y la disminución de los indios de encomienda (Mellafe 1986, Jara 1971).

La formación temprana y muy intensa del mestizaje, la fuga de indios y el trasplante masivo patrocinado por la corona, también contribuyeron en el proceso de desintegración de la encomienda. Para enfrentar la situación se adoptaron soluciones parciales como la esclavitud indígena y los traslados de población desde otros puntos de América. Los asientos de trabajo permitieron utilizar a inmigrantes espontáneos y a la población mestiza libre. Por último, se recurrió a la esclavitud negra. Por tanto, a fines del siglo XVII, esta población libre y étnicamente heterogénea era indispensable para todas las actividades económicas.

La relación entre población y control efectivo de la fuerza productiva tiene un hito en un empadronamiento de 1647, que tuvo por objetivo registrar a los habitantes llamados «plebe» en la reconstrucción de la ciudad (Mellafe, La introducción 27).

La práctica del empadronamiento comienza a aparecer como una estrategia significativa para controlar a la población dentro de un territorio, como también funcionaba la estratificación social dividida entre los grupos descendientes de los llamados primeros pobladores y toda la pléyade de gentes sin posibilidad de inscribir su origen en dicho relato, marcados en particular por el color de su piel. Con esta práctica se daba un nuevo giro a las políticas instauradas desde comienzos del dominio colonial, tendientes a contabilizar a la población indígena tributaria o, en su defecto, a los llamados españoles que respondían a la categoría de vecinos de los asentamientos urbanos.

En 1693 se realiza un empadronamiento específico para «Los Indios, Mulatos y Zambaigos» que intentaba imponerles el pago de tributos³⁹. Esta acción decía fundamentarse, como todo texto de tradición jurídica y escolástica, en la ley vigente, que en este caso correspondía a la Recopilación de Leyes de Indias publicada en el año 1681, en la que se encontraban variadas disposiciones que mandaban que negros y mulatos libres –hombres y mujeres– pagasen tributo al rey. El fiscal de Su Majestad, don Gonzalo Ramírez de Baquedano, fundamentó la medida en tres principios: buen gobierno y policía, la economía de recursos al Rey y suplir la disminución de mano de obra indígena:

1- el reino de Chile es uno de los que se debe a tender a su aumento con más cuidado [...] porque en mantenerlo en paz y buena defensa gasta y consume de su Real Hacienda más cantidad de 500.000 pesos y aún no le reditúan todos sus tributos (al Rey) y derechos a su real corona [...] 2.- porque pertenece al buen gobierno de el reino y esta ciudad que no haya tantas personas ociosas y vagamundas, las cuales no teniendo de qué vestirse y alimentarse es preciso que se apliquen a hurtos y robos salteamientos lujurias y todos los demás vicios y atrocidades que se originan de la ociosidad y necesidad como se ve por experiencia en los muchos y continuados delitos que se cometen [...] 3.- porque su ejecución redundará en su beneficio y utilidad de los vasallos [...] por ser así que ya por las pestes y otros accidentes se haya sin indios ni gente de servicio todo este reino y ciudad de Santiago de suerte que se ven destruidas las más haciendas y mayores del grave dispendio del cuerpo universal que mantiene en paz y quietud vuestra Real Corona y con fuerzas contra cualquiera invasión y con esta providencia se alivia en alguna parte (fojas 162-162v).

Las modalidades alternativas a la encomienda suplieron esta carencia de gente, pero legalmente nada obligaba a trabajar a la población libre del pago de tributo. Otra modalidad para conseguir mano de obra era el llamado asiento de trabajo, que se realizaba suponiendo libre voluntad entre las partes. Pero la crisis de población llevó al gobernador Joseph de Garro a dictar este bando de empadronamiento en el que también se proponía que, tanto en Santiago como en los otros partidos del reino, los corregidores se encargasen de:

obligar a todas la personas de sus referidos, a que trabajen en sus oficios, sirvan a sus amos, asentándolos a la voluntad de cualquiera que quisiese servirse de ellos, con calidad y condición del salario que devengasen estén obligados los amos a pagar el tributo [...] y que dichos sirvientes no puedan dejar dichos asientos por todo el tiempo de él ni mudarlos, sin voluntad de sus amos, sino fuere por malos tratamientos que les hagan, o no pagarles el salario (si así ocurriese) [sic] los asienten a otro cualquiera, y que las justicias tengan obligación de hacer cumplir dichos asientos a pedimento de los dichos y a recogérselos y restituírselos de todas las fugas y ausencias que hagan (ítem V, fojas 161).

Se pretendía establecer una especie de mercado de mano de obra libre, pero sin libre voluntad de concierto. Era una nueva modalidad del asiento de trabajo con rasgos de semi-esclavitud, ya que solo se podía huir por maltrato y ausencia de salario, para entrar inmediatamente en poder de otro amo; ni siquiera existía la posibilidad de deshacer el contrato. La mano de obra forzada, en estricto rigor, se destinaría a la actividad más afectada por la disminución de la población indígena: la minería. El tributo impuesto por este empadronamiento afectaba a todos los que «llegaren a 18 años y no pasaren de 50». Debía individualizarse calidad de casta o «especie», el oficio o ejercicio a que se aplicaban y si se tenía dueño o amo (ítem I, fojas 161). La Real Audiencia ratificó lo propuesto por el fiscal el 9 de julio de 1693. Los yanaconas y otros indios sin encomendero, excepto los reservados por reales ordenanzas, deberían pagar los diez pesos comunes a todos los indios tributarios.

Este procedimiento fue considerado ilegal por el rey Felipe V en una Real Cédula de 26 de abril de 1703, enviada a la Real Audiencia de Santiago, que trataba sobre los «Tributos que habían de pagar los indios yanaconas vagos y sin oficio y los negros, mulatos y mestizos». Señalaba que, después de analizar en el Consejo de Indias las medidas adoptadas en el empadronamiento, mandaba que a los yanaconas vagos y otros indios:

se les precise a vivir en sociedad y pueblos y aprender oficios, cuidando las justicias de que tengan reducciones por los medios prevenidos, obligándoles a ello, siendo los conciertos del servicio con libertad e igualdad en los tributos, dándome a mí lo mismo que al encomendero y tratándolos bien, agasajándolos y aliviándolos, porque si han pagado más hasta aquí ha sido corruptela, no ley ni costumbre, procurando se reduzcan a pueblos y se avecinen (cit. en Koneztke, Vol. III, tomo I, 86).

La corruptela de los «empresarios chilenos» consistió, en cuanto a los indios yanaconas, en no deducir del tributo cobrado lo que correspondía a doctrina, corregidor y protector. Se procedió de tal forma durante diez años, informando al rey sobre la situación solo en 1699 por medio del protector general de los indios don Juan del Corral Calvo Latorre, tiempo durante el que se mantiene también lo dispuesto sobre el asiento de trabajo.

La medida propuesta por la Real Audiencia, respecto de la captura de mano de obra libre, coincidía con el periodo crítico en que los productos pecuarios descendieron al 43,98% del valor de exportación a raíz de la apertura del mercado peruano al trigo chileno. 1694-1696 fue una etapa dura en que tanto los «cosecheros como los campos se estaban acomodando a esta nueva demanda» (De Ramón y Larraín 100). Todos estos elementos llevaron a una racionalización «hasta el extremo posible la producción y por primera vez un verdadero sentido de empresa y de rendimiento agrícola primó en las relaciones de producción agraria» (Mellafe, Historia social 278). En este asunto también se incluyó la mano de obra como recurso. Este proceso fue asumido, principalmente, por los latifundistas, es decir, por los propietarios de tierras que transformaron estas en una unidad económica, social y al mismo tiempo en un «foco de poder rural», lo que les permitió influir en el gobierno local (80-114).

El mismo año en que el monarca rechazaba el abuso en el cobro de tributos a los indios yanaconas vagos –recomendando su reducción a pueblos– y pedía respeto a la voluntad de los hombres libres para concertarse fuesen vagabundos o no, por medio de otra cédula suprimía los llamados «depósitos de indios». Sin embargo, ya sea por voz del gobernador o por la del Cabildo de Santiago, se le manifestó al monarca la impracticabilidad de la reducción, aduciendo las razones tantas veces expuestas contra la supresión del servicio de los indios a fines del siglo XVII: sublevaciones, fugas, peligro de la mezcla con los indios fronterizos y resistencia de los naturales a cambiar de costumbres, sobre todo su rasgo deambulatorio.

La presión sobre la mano de obra encomendada se devela asimismo como una cara de los conflictos derivados del uso de la tierra, dado que la reducción a pueblos significaba también redistribución de las tierras disponibles. Los indios encomendados no tenían libertad de residencia, arraigados a la estancia del encomendero por su vida y la de su sucesor hereditario, a la muerte de este todo entraba en redistribución. Si la encomienda cambiaba de beneficiario, este intentaba, inmediatamente, el traslado de los indios a sus tierras. Por otro lado, los indios de pueblos ya desde fines del siglo XVII no gozaban de una buena situación. Siguiendo la tónica de la perversión de los sistemas, esta Real Cédula no se cumplió y en 1699 el Protector General de los indios, Juan del Corral, fundamentaba la acción diciendo que si se señalase la legua del ejido «quedarían de los mas de los españoles sin tierras» (cit. en Góngora, «Notas» 47)⁴⁰.

Agregaba también que, dado que había un exceso de tierras para tan pocos indios, si se efectuaban las reducciones, muchas de ellas quedarían baldías. Sugería, entonces, como solución «para evitar la dispersión de los indios, el que se redujeran definitivamente a las estancias de los encomenderos, con la condición legal de pueblos, con tierras suficientes, viviendas, capilla con capellán pagado, a semejanza de las reducciones de la recopilación» (cit. en Góngora, «Notas» 47)⁴¹. Esto significaba –en palabras de Mario Góngora– una especie de «territorialización de la encomienda, una fusión con la propiedad rural» («Notas» 49) en que el encomendero coincidiría con el estanciero y el pueblo sería inamovible. Pero la cédula citada (26 de abril de 1703) también desaprobaba esta práctica por considerarla contraria al derecho que prohibía que el encomendero tuviese estancias, ganados u obrajes en los pueblos o cerca de ellos. No obstante, en 1713 y 1717, nuevas cédulas insistieron en la prohibición de esta perversión. Gran parte de aquellos hombres sueltos sin bienes no engrosaron las filas del inquilinaje, aunque sí las del peonaje estacional y permanente. De hecho, ya desde fines del siglo XVII los asentados recibían el nombre de peones.

3.3. Mestizos, castas y plebe: un problema nodal de la sociedad colonial

Tal como ya se ha señalado, el énfasis de la historiografía en la desaparición de lo indígena se ha acompañado de la afirmación sobre la rápida constitución de una sociedad mestiza en lo «biológico». Sin embargo, la relación automática que se realiza entre la denominación de mestizo y el mestizaje merece algunas observaciones. El fenómeno del mestizo, esto es, la particular forma de denominar a los hijos de españoles e indias desde el siglo XVI, da cuenta de uno de los rasgos más característicos de la sociedad colonial en América: el producir nombres nuevos para una realidad que se entendió como diversa y particular respecto de la península. Esta denominación específica fue designando a la totalidad de las relaciones sociales entre grupos que se fueron clasificando con etiquetas que operaron como rótulos sociales: las castas. En dicho sistema, el mestizo continuó designando la particularidad de la mezcla entre español e india, pero ellos fueron integrados a un orden imaginario de los nuevos grupos resultado de las mezclas entre troncos o cepas diferenciadas: españoles, indios, mestizos, negros, mulatos y desde allí los distintos nombres nuevos que otrora no existían.

Tanto el término «casta» como «plebe» remiten a lo «mestizo» y a los «mestizos», abordados aquí desde la desnaturalización de los conceptos, que se ha resumido en un reciente trabajo bajo la expresión: «Los mestizos no nacen, se hacen»:

La migración y la mezcla entre pueblos y culturas forma parte de la historia humana, mientras que las identidades sociales son siempre creadas y, por lo tanto, históricas […] la categoría mestizo, al igual que cualquier término de clasificación sociocultural, no es producto de diferencias morales, culturales o «raciales» como tales, sino que está arraigada en los principios de carácter político e ideológico (Stolcke 20).

Sin embargo, esta afirmación no debe borrar la particularidad de la experiencia colonial. Como indicó Rolando Mellafe, el fenómeno del mestizaje casi no existió en Europa (Historia social 201), afirmación que debe entenderse no como la ausencia de contactos y cruces biológicos entre sujetos, sino atendiendo a que sus resultados no fueron objetivados como «mixtos», término al que remite el de «mestizo». Siendo un tema complejo y del cual existe amplia literatura, en este trabajo nos interesa en particular relevar la relación ineludible entre la práctica del registro y la rotulación en documentos que se sustentan en esa necesidad de clasificar a una población desde las mezclas, tales como los empadronamientos, matrículas y censos⁴². La preocupación por los mestizos y el mestizaje es central en las discusiones y reflexiones respecto de la identidad americana y ha tenido diversas actualizaciones y modulaciones hasta hoy. Retomando y repensando la cita de Stolcke, habría que decir que la cuestión de la clasificación sociocultural fue un problema político e ideológico para el dominio colonial. La existencia de un género pictórico hoy conocido como cuadros de castas es otro de los registros que dan cuenta de la centralidad del problema, como también de la conciencia que se tenía de dicha particularidad: «En América nacen gentes diversas en color, costumbres, genios y lenguas» (ca. 1770)⁴³. La práctica social de nombrar es colonial cuando es reescritura, a ello alude el gesto de rotular presente tanto en los cuadros de castas como en los registros parroquiales y censales, que funcionan como protocolos de escrituras sobre la diferencia (Araya 2014, Araya 2015).

Las categorías de «calidad» y «condición» son conceptos que definen las lógicas de la clasificación social colonial (Anrup y Chávez 2005), en torno a los cuales se irá articulando la denominación de «plebe» a veces usado como sinónimo de calidad de casta, pero que desde fines del siglo XVII comienza a utilizarse en la documentación administrativa y judicial como condición del «común» en el sentido de vulgar, dentro de lo cual la condición de mezcla operaba como un signo negativo y peyorativo. En el siglo XVIII, el discurso sobre la plebe enfatiza la vulgaridad y rusticidad que caracterizaría a todos los sujetos de origen mezclado y sobre todo de padres desconocidos o con dificultad para trazar su origen, despojándolas de capacidades racionales e intelectuales y, por tanto, asociándolos al desorden y la indisciplina⁴⁴.

La posición subordinada de la población mayoritaria se sustentaba en estos discursos, que funcionaban como naturalización de su condición y de su lugar social de dependencia y de mano de obra de servicio, tanto por origen indio como africano. La presencia de población esclava fue un elemento determinante en los imaginarios sociales sobre las castas y la plebe. Dicha población, junto a la de origen indio, sufrió un proceso de negación en las narrativas del origen que se rearticulan en el siglo XVIII en torno a la pureza y la actualización de códigos señoriales y de reinvención de la «nobleza» de las élites locales, narrativas registradas en las llamadas probanzas de méritos y servicios para acceder a los cargos vendibles o en los relatos de las llamadas familias fundadoras. Los códigos específicos con que cada sociedad se piensa y se imagina juegan un rol relevante en las problemáticas coloniales, al punto de oscurecer los amplios espacios de negociación e intercambio, en los que destaca la heterogeneidad de identidades y estrategias de identificación. La revisión de los diversos espacios habitados, los bienes consumidos, el léxico y el habla corriente permite reconocer una realidad móvil y dinámica dentro de los márgenes de lo posible en la sociedad colonial. Las nuevas investigaciones despliegan esta diversidad frente a nuestros ojos al ampliar también el espectro de las preguntas y de las escrituras disponibles: indios urbanos, negros libres, mujeres encomenderas, esclavas y esclavos autoliberados, escribanos mestizos, indios mercaderes, entre otros.

3.4. Consolidación de Santiago como capital

Si bien hemos dicho que el siglo XVII todavía requiere de profundización respecto de los siglos XVI y XVIII, los estudios sobre este último pecan de vaguedad por un lado y sobreinterpretación por el otro. Tenemos una primera mitad difusa, de «recuperación», luego de un siglo de catástrofes sobre el cual hay poca investigación, para abrir paso a una segunda mitad del siglo XVIII, que se ha leído siempre en relación con los procesos de independencia. Para el caso chileno, habría que considerar, aunque sea de modo general, algunas particularidades. En primer lugar, que es en el siglo XVIII cuando se producen las grandes transformaciones de la estructura económica del reino que trajeron consigo cambios en el mundo rural, lo que produjo una diferenciación entre aquellas regiones más ricas, integradas a la producción de tipo cerealística, comercializadas y administrativamente más organizadas, y aquellas más pobres que coincidían con la zona fronteriza. La relación entre tierra y población va configurando las relaciones de poder internas, en torno a lo que Rolando Mellafe y René Salinas (1987) denominaron latifundio y poder rural en Chile. Se fue consolidando el valle central (entre La Serena y Colchagua) como el espacio con el cual se identifica a «Chile», pero también se dio paso a cierta imagen de estabilización de la guerra por configuración de relaciones comerciales o fronterizas⁴⁵ y de una lectura sobre el fenómeno del mestizaje como sinónimo de sociedad nueva, de fusión entre los otrora grupos en guerra.

Otra catástrofe, el terremoto de 1751, marca el inicio de la segunda mitad de la centuria. El gobierno de Domingo Ortiz de Rozas (1683-1756) implementa una nueva estrategia respecto al territorio mapuche, estableciendo relaciones fronterizas especialmente comerciales y estabilizando el territorio bajo dominio hispano en los bordes del río Biobío. Los temas de gobernabilidad se desplazan a la gran cuestión de la corrupción política, especialmente en el manejo de las finanzas y la llamada «política de poblaciones», tanto hacia Coquimbo como hacia el Maule, modelo de conquista por asentamientos urbanos, en el que la ciudad representaba un modelo civil y político: la vida en policía.

Coincidente con este movimiento, podemos identificar lo que Armando de Ramón (2000), en su historia sobre la ciudad de Santiago, denomina como «un proceso de consolidación de la capitalidad» que se iniciaría por 1730, culminando hacia 1850. Santiago se configuró como un centro urbano, concentrando los servicios, ofreciendo expectativas de vida –aunque estas fuesen más ilusorias que reales– y generando una corriente de inmigración que derivó en un aumento de los habitantes de la ciudad entre los años 1750 y 1850. Lo anterior, a juicio del historiador, se observó principalmente «en el desplazamiento de los bordes urbanos, con lo cual estaremos verificando sólo la expansión de los arrabales, es decir la vecindad de los pobres [...] ya entonces era incesante la llegada de gente venida de las regiones rurales» (Santiago de Chile 175).

Así, en la década de 1780, se hablaba de Santiago como de una ciudad populosa, emergiendo un claro discurso que resuena incluso hasta hoy: debía haber más preocupación por su limpieza y vigilancia; el aumento de la población iba de la mano con la inseguridad, pues «en la misma proporción estaban creciendo los homicidios, robos y otros delitos» (176). Esta opinión, que considera la ciudad cada vez más peligrosa por ser cada vez más populosa, se entroncaba también con el miedo a la plebe, discurso que continuó teniendo sustentadores, sobre todo en el famoso corregidor de Santiago Luis Manuel de Zañartu (1723-1782) (León 1998, Araya 1999, Azúa y Eltit 2012). Bajo su égida, se consolida un plan de obras públicas para Santiago capital que se desarrolló en el transcurso de dieciocho años (entre 1762 y 1780), y que comprendía la conducción del agua de la quebrada de San Ramón para el consumo de los habitantes, los nuevos tajamares del Mapocho, los refugios del camino de Uspallata y el puente de Calicanto.

4. Tercera parte: la letra ciudad letrada resignificada desde Chile

En Chile, al igual que en el resto del continente, la escritura alfabética llegó con la hueste de conquista y se asentó en la ciudad. Junto con los conquistadores y la letra viajó un conjunto de prácticas de registro y comunicación provenientes del viejo mundo cristiano occidental, las que se adaptaron a las nuevas circunstancias, desarrollándose de formas y con tiempos diversos.

Aunque los tipos discursivos son numerosísimos, no son infinitos, ya que responden a maneras de hacer instituidas y aceptadas socialmente. Entre los que predominan en el Chile colonial, podemos mencionar la carta de relación, escrita para informar al rey de las acciones desplegadas en su nombre y pedir a cambio la retribución esperada; la historia y la crónica, para registrar hechos considerados notables, dignos de memoria, presentes o que constituían una cierta genealogía del presente; la descripción de la tierra y sus habitantes conforme a modelos que se irían afinando con el paso de las décadas hasta cristalizar en cuestionarios detallados; así como también prédicas, confesionarios, catecismos, libros parroquiales, contratos, conciertos, testamentos, inventarios, cuentas, mapas, comunicaciones epistolares y, de manera creciente, todos los actos de gobierno. Si ampliamos aún más la mirada, junto con estos escritos podemos incorporar otras modalidades fundamentales mediante las cuales se fijaron y comunicaron significados: la pintura mural y de caballete, la escultura, la vestimenta, los estandartes, las prácticas rituales y performativas asociadas a la toma de posesión, a la imposición del dominio concreto sobre el territorio y sus habitantes, y a la práctica religiosa, entre muchas otras. Estas otras formas de registro o comunicación no deben ser olvidadas, ya que guardan con la letra estrechos vínculos en su producción y, sobre todo, en su circulación y recepción.

En torno al escrito quedan implicados, en un primer nivel, aquellos que integran el pequeño mundo de los conocedores de la lectura y la escritura. Sin embargo, la literacidad alfabética no es un estatuto unívoco, es decir, no todos quienes manejan la lecto-escritura lo hacen del mismo modo ni con la misma frecuencia, ni dominan tampoco todos los modelos y formatos de su despliegue histórico específico. Por el contrario, esta cercanía, habilidad o destreza se despliega en un amplio abanico de posibilidades. Allí están los letrados formados en las universidades, conocedores además de un corpus de saber normalizado que abarca disciplinas y autores; los escribanos, notarios y amanuenses que dominan –según su pericia y estatus al interior de la institución notarial– dimensiones diversas de los protocolos del registro comercial, testamentario, judicial, administrativo y, completan, copian y pasan en limpio los documentos legales; todos quienes han aprendido las primeras letras en las escuelas parroquiales, y que conservan diversos grados de familiaridad o cotidianidad con el registro escrito, sus autoridades y sus procedimientos; y también quienes únicamente han debido consignar una rúbrica o firma en un documento ocasional; o quienes pueden leer, porque la han memorizado, alguna consigna escrita en el muro de una iglesia. Sobre todo en las primeras décadas, se trata de habilidades adquiridas en las ciudades y pueblos de la península ibérica. Con el correr de los años, esta función se traslada mayoritariamente a las instituciones creadas en América.

Pero en un segundo nivel, la letra afecta a todos quienes quedan incorporados a la sociedad colonial en construcción. Ciertamente, implica al gobernador en su relación con el virrey y la corona, al gobernador y sus lugartenientes, a los miembros de la Audiencia que tiene jurisdicción sobre el territorio, y a los cabildos y sus diversos integrantes en relación con todos los actos de gobierno. Pero también a quienes dejan consignada ante notario su voluntad o algún acuerdo entre particulares, lo hagan una vez en la vida o recurrentemente en relación con sus actividades comerciales o productivas; a los párrocos que registran bautismos, matrimonios, defunciones, pero también los bienes de la Iglesia; a todos quienes apelan a la justicia y dejan constancia de su súplica, petición o testimonio por medio de la escritura de otros; a quienes escriben cartas o guardan anotaciones sobre su quehacer económico o sus obligaciones fiscales; a quienes poseen, entre sus bienes, unos pocos o muchos libros impresos o registros manuscritos.

4.1. Actores, espacios de enunciación y prácticas de escritura

La posibilidad de la escritura está dada, en los siglos coloniales, no solo por el hecho específico de saber escribir o de saber leer en sí mismo –restringido principalmente a hombres en tanto práctica para lo público–, sino por las reglas de dicha escritura y la autorización para hacerlo tanto por mandatos específicos de informar, recopilar, registrar y recoger. Esta autorización tampoco funciona en el marco de una relación voluntaria y libre de comunicación, sino que se autoriza tanto desde instituciones sociales formalizadas en estructuras públicas reconocibles en la forma de cargos o funciones, como de instituciones que articulan las relaciones de poder jerárquicas y desiguales por definición en una sociedad de antiguo régimen: el rey autoriza al vasallo; la Real Audiencia escucha y transcribe la voz del indio, la mujer, el esclavo o el niño; y el confesor el de la mujer devota. El uso libre de la pluma no es una metáfora del uso de la escritura en relación a la articulación de un individuo moderno y una subjetividad de igual tenor, es la operación de reglas y protocolos específicos para decir. No obstante, la posesión de la tecnología de la escritura y el acceso a papeles y tiempos propios para ejercer autónomamente dicha práctica es parte de un proceso que desborda lo colonial, pero que requiere de una operación de desmontaje de lugares comunes asociados a la cultura de la letra para poder comprender cómo se producen transformaciones sustantivas en las relaciones de poder que autoriza el saber escribir y el acceso al repertorio de libros circulantes.

Vale la pena preguntarse cómo inciden las ideas hasta ahora presentadas en la constitución social de ciertas autorías y el reconocimiento de ciertos tipos de textos. Una revisión general de este corpus –ampliamente desarrollado en este volumen– permite discernir un conjunto de figuras masculinas que se reconocen a sí mismos como españoles, nacidos en diversos rincones del Imperio hispano, una parte de cuya producción permaneció manuscrita⁴⁶. Sin embargo, es necesario detenerse a pensar en esas figuras de autor, pues muchas veces bajo un nombre pueden reconocerse otras voces y otras manos que encargan, mandan, validan, censuran, copian, duplican, recortan, enuncian. Allí están el propio rey, las reglas de la escritura, también el confesor o provincial de orden, el editor o impresor, el secretario, el archivo: una red de instituciones, personas y papeles que hacen posibles los escritos que han llegado hasta nosotros. Sabemos, entonces, que las llamadas cartas de Valdivia son expresión de un scriptorium de la conquista, en el que intervienen diferentes tipos textuales y actores (Ferreccio 42, 47); que circularon versiones manuscritas de crónicas y relaciones, permitiendo diversos ejercicios de reapropiación en escritos posteriores, redactados en lugares distantes; que La Araucana, escrita siguiendo una codificación prestablecida, fue a su vez modelo para otras obras que recogieron sus temas y figuras; que la Histórica relación del Reino de Chile del padre Alonso de Ovalle (1603-1651), impresa en Roma en 1647, ha de entenderse como parte de la política de consolidación de la orden jesuita en un espacio mundializado; que los testamentos, aunque siguen las prescripciones del formato, incorporan en las cláusulas sagradas y profanas la voz de los testadores, mujeres, indios, negros libres, por citar solo algunos ejemplos⁴⁷. También que las noticias de la tierra que presentan los funcionarios hispanos al rey son resultado del diálogo entre agentes coloniales y actores indígenas, un diálogo que, aunque asimétrico, permite indagar en la voz de los vencidos, quienes presentan, jerarquizan o invisibilizan sus propios conocimientos sobre su entorno mediante formas aún insuficientemente estudiadas.

Se ha destacado la novedad que comportan los escritos americanos de carácter histórico-narrativo, pues conceden protagonismo a los actores de la conquista y a las particulares cualidades del territorio de las Indias y no solamente a la figura del rey.

Para el caso chileno, resulta de gran relevancia la tradición épica iniciada por Alonso de Ercilla con La Araucana (Primera parte 1569), «el primer libro compuesto sobre Chile en un contexto en el cual la imagen fundamental y primera que se tenía de Chile es que constituía dentro del Imperio Español en las Indias una frontera y desconocida tierra de guerra» (Biotti 59)⁴⁸.

Las órdenes religiosas cumplen en este contexto una función fundamental. A la gobernación de Chile llegaron mercedarios, dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas, quienes erigieron templos en Santiago y en otros espacios urbanos y de frontera. Cumpliendo con sus reglas y el mandato regio, crearon escuelas, colegios y misiones para que asistieran niños y jóvenes. En Santiago, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de la Orden de los Predicadores registra sus primeros graduados en 1631; allí se imparten las cátedras de teología dogmática, teología moral y artes y se otorgan los grados de bachiller, licenciado y maestro en artes, y doctor en Teología (Ramírez 107).

En estas instituciones se forman los propios sacerdotes, aunque también miembros de la élite hispana, caciques o niños huérfanos, según el caso. Acá son particularmente importantes los conventos femeninos, pues aunque acogen un número acotado de religiosas en este periodo⁴⁹, resultan de gran impacto cultural, visto porcentualmente respecto de las personas que podían escribir o leer. Los conventos femeninos en particular –en clausura y encierro obligado a diferencia de las variantes de vida religiosa para los hombres– constituyeron un espacio privilegiado para el ejercicio de la lectura y la escritura de mujeres, que involucra además de diversas maneras a novicias, sirvientes, esclavas y otras educandas. La escritura conventual, a diferencia de la administrativa, permitió el ejercicio personal, individual y subjetivo de la escritura, mostrando las particularidades de una sociedad colonial en la que la rigidez de la norma paradojalmente genera espacios de libertad custodiados pero posibles⁵⁰.

Las órdenes religiosas tuvieron entre sus misiones prioritarias la evangelización de la población indígena, lo que pone la cuestión de la lengua y la comunicación de la doctrina cristiana en el centro de la atención. Como expresión de la política impulsada en América por medio de las diversas órdenes y de sucesivos concilios, los jesuitas se dan a la tarea de registrar y formalizar la llamada lengua general de Chile. Expresión de esta práctica de lingüística misionera es el Arte y Gramática general de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile del padre Luis de Valdivia, obra impresa en Sevilla en 1684, con licencia de Lima en 1606. Este libro contiene un estudio de la gramática del mapudungun y un breve apartado sobre pronunciación y ortografía, seguido de un vocabulario del mapudungun al castellano. Tan importante como lo anterior, la obra presenta un compendio de la doctrina, un catecismo breve (llamada para los rudos) y un confesionario en la llamada lengua de Chile, distinguiendo aquella que se habla en Santiago y la Imperial⁵¹. Se trata de instrumentos fundamentales para la inculcación de los preceptos y prácticas religiosas que busca imponer el catolicismo, los cuales debían enseñarse en lengua de indios, según dictaba el III Concilio Limense.

Pero este libro es solo una huella de un proceso más amplio. La presencia del mapudungun en diferentes contextos sociales y territoriales, su relevancia en ámbitos comunicativos diversos como los Parlamentos, su relación con el castellano y con otras lenguas indígenas durante este periodo, son cuestiones aún insuficientemente estudiadas⁵².

Decir cultura escrita, prácticas de escritura y lectura remite tradicionalmente a la cultura del libro, esto es, a la relación que se ha establecido entre circulación del conocimiento, autoridades y bibliotecas. Esta relación tiene una materialización particular en el mundo cristiano, fundamentalmente en los espacios conventuales o en las bibliotecas privadas de dignatarios y funcionarios. En los breves ejemplos que hemos mostrado, esta relación también se evidencia en la diferencia entre autores agentes de la conquista y la colonización cuyos textos circularon manuscritos y fueron impresos fundamentalmente en el siglo XIX, como los llamados cronistas de Indias, y aquellos textos que sí vieron la luz en letras de molde en el propio momento, cuyos autores fueron religiosos. Incluso para el caso de la escasa relevancia que se les ha dado a los escritos de mujeres, esta premisa también se cumple, puesto que la única mujer publicada e impresa en Lima en 1784 fue una monja, Sor Tadea García de la Huerta, autora de la Relación de la inundación del río Mapocho. La noción de biblioteca, asociada a una colección o conjunto de libros reunidos en anaqueles que los resguardan y ordenados de acuerdo con criterios temáticos o de autor, se concretó en los conventos que arquitectónicamente destinaron espacios privilegiados y centrales en la organización de la vida cotidiana de las órdenes recoletas y los conventos femeninos. La oración se asocia a lecturas específicas, así como el estudio personal para una mayor perfección espiritual.

Aún son escasos para Chile los estudios sobre las bibliotecas coloniales, puesto que ellas son todavía de propiedad de las órdenes –en tanto aquí no se dieron los procesos de expropiación anexos a las independencias como en el caso de México– y el acceso sigue siendo restringido. Un caso particular es el de la biblioteca de la Recoleta Dominica, hoy en administración de la DIBAM y por tanto accesible para la investigación, y el del Convento Franciscano en el centro de Santiago –asociado al Museo Colonial, que se encuentra en sus dependencias–, cuya biblioteca tiene gran valor por sus más de quince mil volúmenes en estanterías originales del siglo XVII, modificadas por ampliación de los repertorios. La expulsión de los jesuitas en el año 1767 –orden de gran importancia para la educación colonial por su labor gramática ya señalada, la administración de colegios y labor misionera– permitió que su patrimonio libresco quedara en custodia de la orden dominica y accesible en la biblioteca referida, así como en las colecciones públicas de la Biblioteca Nacional, donde recientemente la historiadora del arte Constanza Acuña hizo visibles los ejemplares del destacado jesuita Athanasius Kircher (2012).

En el ámbito de los conventos femeninos, de los cuales no queda marca alguna en el trazado central de la ciudad donde se ubicaron, la huella de las bibliotecas sigue siendo un enigma. Las colecciones pictóricas han tenido una actualización reciente de la mano de proyectos de restauración que han permitido conocer este patrimonio enclaustrado en museos nacionales⁵³. Sin embargo, el conocimiento de las bibliotecas es un desafío pendiente totalmente necesario para reconstruir el campo de la circulación del libro y la constitución de una comunidad lectora. El caso del convento de dominicas de Santa Rosa de Santiago representa la riqueza de esa posibilidad, pues es material fundamental para situar la escritura del segundo escrito de monja rescatado para el caso chileno: sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo⁵⁴. Los libros circulaban fuera del convento, como lo muestra la presencia de un ejemplar de las dominicas en la Universidad de Chile, las inscripciones que los propios textos portan: devuélvase este libro a tal convento, o las recomendaciones de lecturas que las propias monjas hacían a sus conocidos o los confesores a ellas.

El estudio de las bibliotecas coloniales es un amplio campo a recorrer para el caso de Chile, que permitirá ampliar el escaso repertorio de bibliografía publicada sobre el tema y que todavía tiene en el texto pionero de Isabel Cruz (1989) su único antecedente para las bibliotecas personales. Sabemos también que en el proceso de independencia, el gesto de donar libros de las bibliotecas privadas religiosas y laicas a los nuevos espacios públicos como el Instituto Nacional (1813), la Biblioteca Nacional (1813) y la Universidad de Chile (1842), fue central para configurar la república de las letras en torno a la constitución de una bibliografía y unas bibliotecas que también acogieron los restos de las instituciones religiosas tales como la Real Universidad de San Felipe y el Colegio de San Carlos (Araya, Biotti y Prado 2013).

4.2. Cultura escrita, imprenta y públicos: el tránsito de lo colonial a lo republicano ⁵⁵

Si para los siglos anteriores los documentos manuscritos son los registros privilegiados para la reconstrucción historiográfica abordada bajo criterios contemporáneos –es decir, desde la década de 1950 en adelante–, esto no quiere decir que se haya dejado de interpretar los procesos de la segunda mitad del siglo XVIII en relación con la llamada Ilustración y la circulación de las ideas en nuevos formatos de escritura impresa. De hecho, se trata de un tema de investigación actual que se estudia desde las premisas de la nueva historia cultural, en particular del libro y la lectura. Hay que decir, en primer lugar, que el libro impreso no copaba las posibilidades de configuración de un campo de la cultura escrita, tal como lo ha demostrado Ariadna Biotti en una exhaustiva revisión de inventarios (que van de 1688 a 1888) que nos muestran una amplia variedad de papeles, autores y formatos de libros en colecciones de personajes de cultura letrada en diferentes escalas (2015). No obstante, la presencia del impreso y de la imprenta como herramienta para la producción local de «ideas» es un factor que tensionó la relación de dependencia con España, en tanto efectivamente abre paso a una escena de debates –restringidos o no– con convicción respecto al uso de la razón en público, lo que permitía explicitar de un modo nuevo la opinión que se podía tener respecto del poder, de los sujetos bajo ese poder y de los llamados a hacerse del poder.

En Chile, la imprenta propiamente tal no apareció sino hasta 1812, pero en cuanto se dispuso de ella, fue utilizada en forma práctica, rápida y eficaz para reaccionar a la inesperada situación desencadenada en 1808. Ejemplo de lo expuesto se encuentra en los llamados primeros impresos chilenos, en los cuales encontramos tanto una apelación abstracta al pueblo, como una generalizada opinión negativa respecto del llamado «bajo pueblo». Mientras unos planteaban abiertamente que concebían la sociedad desigual como natural, otros le hablaban a un público sin rostro pues necesitaban a la población para combatir. Leonardo León ha sostenido, para el caso chileno, que la actitud «antipopular de la elite» es elemento significativo en las guerras de independencia: «no se puede ignorar que el trasfondo del proceso histórico que tuvo lugar durante ese período fue teñido por el terror que inspiraban a los patricios la inmensa masa de hombres y mujeres de piel cobriza que desde el anonimato hacían sentir su presencia en la escena nacional» («Reclutas…» 251).

A diferencia de los centros virreinales americanos, en el «Reino de Chile» (nombre usado tanto en impresos patriotas como realistas) la aparición de los impresos sin permisos previos fue una «explosión» ante la casi total ausencia de impresos locales en el siglo precedente⁵⁶. En dicha centuria ya existía la convicción respecto a que los papeles periódicos permitían «fijar la opinión». En 1810, cuando en Chile ya se sabía de la deposición del último representante del rey –Bernardo García Carrasco–, uno de los líderes patriotas, Bernardo O’Higgins, escribía a sus amigos ingleses para conseguir una imprenta y un tipógrafo «advirtiendo que no era fácil conducir la opinión, y que la palabra por muy enfervorizada y constante no era capaz de reducir la terquedad de tantos» (Villar 11). Juan Egaña, destacado intelectual de la llamada Patria Nueva, le pidió al presidente de la Primera Junta de Gobierno, don Mateo de Toro y Zambrano, que «convendría en las críticas circunstancias del día costear una imprenta, aunque sea del fondo más sagrado, para uniformar a la opinión pública a los principios del Gobierno» (11). A fines de 1811, bajo el gobierno de José Miguel Carrera, llegó la primera imprenta manejada por tipógrafos norteamericanos.

Nuestro primer periódico –La Aurora de Chile, que inició sus actividades el 13 de febrero de 1812– fue el único de «opinión» del periodo; opinión que en realidad era la de su fundador, Camilo Henríquez. La audacia de sus planteamientos causó temores entre sus propios partidarios, los que trataron de controlar la publicación creando un reglamento de imprenta libre en agosto de 1812. Henríquez por supuesto lo ignoró y replicó publicando un discurso de Milton –de su propia traducción– sobre la libertad de prensa (Villar 14). Mantuvo esta postura hasta el último número de La Aurora, de 1º de abril de 1813. A los cinco días, también bajo su dirección, apareció El Monitor Araucano, al cual se le impuso ser el órgano difusor del gobierno: resoluciones, estado del erario y noticias de importancia.

La libertad de imprenta fue un paso de suma importancia para la constitución de un espacio público político, porque supuso no solo el comienzo de la abierta crítica a la monarquía y los valores de una «sociedad tradicional», sino que también–como señala Renán Silva– modificó radicalmente la:

esfera de la comunicación, tal como la había conocido la sociedad colonial […] es decir que no se trataba ya de informar para que se cumpliera (la orden del soberano) sino de someter a debate racional para tratar de conseguir el apoyo de las mayorías y asegurar la representación legítima de la sociedad, tal como se postula en el modelo liberal de sociedades democráticas, con todo lo que ese modelo pueda tener de ‘representación imaginaria de la sociedad’ (46).

En el «modelo chileno» se hizo tempranamente una asociación entre la imprenta y la «fijación» de la opinión pública: se concebía más para uniformar que para generar debates. Incluso la imprenta como máquina, simbólicamente, ocupó el lugar de las prácticas mismas, como si su sola presencia las instalara, al menos así lo expresa el propio Henríquez:

Está ya en nuestro poder, el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la Imprenta. Los sanos principios del conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas, y útiles van a difundirse entre las clases del Estado. Todos sus Pueblos van a consolarse con la frecuente noticia de las providencias paternales, y de las miras liberales, y Patrióticas de un Gobierno benéfico, pródigo, infatigable, y regenerador. La pureza y la justicia de sus intenciones, la invariable firmeza de su generosa resolución llegará, sin desfigurarse por la calumnia hasta las extremidades de la tierra. Empezará a desaparecer, nuestra nulidad política: se irá sintiendo nuestra existencia civil, y las maravillas de nuestra regeneración. La voz de la razón, y de la verdad se oirán entre nosotros después del triste, é insufrible silencio de siglos (Aurora de Chile 1812).

Ahora bien, respecto a los impresos volantes, en general se ha señalado que cumplieron la misma función que los papeles periódicos, esto es, un lenguaje «para el debate, para la discusión pública, producidos en función de proyectos políticos […]

y que buscaban afectar y movilizar, según la lógica particular del impreso revolucionario» (Silva 48). Aún más cortos y no solo rodantes, sino que volantes de mano en mano, estos papeles fueron un arma poderosa para direccionar la opinión pública en situación de guerra, especialmente si se considera que eran leídos colectivamente al igual que la prensa periódica. El material al que nos referimos proviene de una colección poco estudiada⁵⁷ que reúne diversos impresos, como convocatorias a elecciones⁵⁸, normas, reglamentos y formularios que nos muestran la estrecha relación entre la imprenta y la organización del Estado⁵⁹. Las proclamas, bandos y relaciones eran usualmente una o dos hojas sueltas de pequeño formato o folletos de no más de 20 páginas de entre 10 x 20 cm⁶⁰; fáciles de distribuir, baratos y rápidos de producir, cómodos de sostener y leer, estas características permiten adscribirlos a una forma de comunicación muy común hoy, usada normalmente para distribuir información en forma masiva y para una audiencia general: el panfleto. Su objetivo –además de informar de la «actualidad»– es conseguir el apoyo de las mayorías y asegurar la representación legítima de la sociedad. En contraposición a los valores políticos del antiguo Régimen –la concordia y la ausencia de conflicto⁶¹–, la agresividad del panfleto –en forma de opúsculo difamatorio o de arenga militar– es un rasgo de modernidad: la instalación de la guerra en el lenguaje de lo político o el hacer de la guerra una forma política moderna.

Estas formas impresas, consideradas como panfletos, permitirían pensar en la conformación de un espacio público moderno desde estrategias de comunicación «coloniales» que apelaban a la «multitud». Algunos de estos impresos se titulan «proclamas», declaraciones solemnes que debían ser publicadas en alta voz para que llegase la noticia a todos y que serían una nueva modalidad de «bandos». Una diferencia entre estos y las nuevas proclamas es que ellas recurrían a las estrategias discursivas de las arengas, por lo que debemos entender que su fin era enardecer los ánimos. Este tono de arenga estaba marcado por el uso recurrente de signos gráficos de exclamación, los que muchas veces inauguran el texto. En Chile, agreguemos, arenga también significa pendencia y disputa. Las proclamas tienen por sello dar voces a una multitud en un lenguaje que, si bien solemne, transmite señales inequívocas de afecto y pasión, un género adecuado para mover los ánimos en un ambiente revolucionario. La declamación también impregna los textos, género oral que apela a la acción e instala la ficción del presente que el ánimo revolucionario reclama: cambiante, rápidamente cambiante. Opera en ellos un imaginario del tiempo como un presente móvil, que permite que «lo colonial» se articule como un referente que se observa como estanco y del cual se toma distancia.

El llamado a reconocerse como hermanos por compartir el lugar de nacimiento encarna en el término «paysano»: los de un mismo «Pays». La defensa de ese terruño se traduce como honor en defensa de lo propio, lo que alimenta la noción de Patria. Una proclama del gobierno de mayo de 1813 llamando a repeler a las fuerzas españolas provenientes del Perú, se dirige a los «paisanos y compañeros»:

La vida, el honor, los intereses del precioso suelo en que nacisteis están en vuestras manos. Su libertad, su seguridad, su dominio penden de nuestro brazo. ¿Sufriréis que un pequeño y forzado montón de soldados mercenarios del Virrey de Lima vengan a ocupar serenamente al opulento Reino de Chile, y burlarse de nuestra energía? ¡Infelices piratas! Ellos conocerán muy en breve su temerario arrojo, y que la espada en mano de un Chileno no es menos honrada que en la de los Valientes de Buenos Aires nuestros hermanos […] volveremos cubiertos de gloria al seno de nuestros compatriotas a recibir las aclamaciones de los pueblos, el premio de nuestro esfuerzos y recompensa de nuestra virtud […] Compañeros, no dilatemos el momento de la victoria: marchemos a conseguirla, y entremos en acción con un VIVA LA PATRIA⁶².

Por medio de los impresos volantes o de fácil manipulación, esa audiencia se podía enterar de los acontecimientos, adherirse a ellos o sentir que formaba parte de una comunidad que se conformaba en la oralidad, en la lectura en voz alta al estilo de los bandos y proclamas reales, o leída en forma de cartel pegado en los muros de las iglesias. Convocados por un llamado a viva voz, reunidos con otros pasantes, esos oyentes podían comenzar a pensarse a sí mismos como «pueblo» en un sentido religioso, es decir, como una comunidad de hermanos, habitantes del mismo terruño y con una misma fe en la Patria. Una imagen poderosa parece gobernar la escritura de los textos enunciados por un pequeño grupo independentista: voltear el rostro y alzar la voz en un llamado general a la multitud que es redimida de sus características negativas solo si demuestra fidelidad como soldadesca⁶³. Podría plantearse como hipótesis que articular el discurso de la Patria escogiendo el territorio y la fuerza guerrera como sus pilares, permitió «resolver» el problema de la multitud como sujeto político en el espacio público, aunque no en el nivel de lo doméstico y cotidiano, pues era imposible no ver a los mestizos, negros, y mulatos que la conformaban.

En el marco de las llamadas guerras de independencia, tenemos que este conjunto de representaciones sobre la plebe se enfrenta de manera conflictiva con la necesidad de soldados y de la organización de las elecciones para enviar a los representantes a las Cortes de Cádiz. En 1811, se propuso la idea de organizar un censo, pues no se disponía de ningún dato cierto sobre el número de habitantes a ser representados en el primer Congreso. El Censo de 1813, mandado a realizar en mayo de ese año, tenía objetivos políticos claros. El formulario que se entregó para recoger la información pedía que «Cada comisionado tendrá particular cuidado de instruir a los Individuos del distrito que estas diligencias solo se dirigen a dar su representación y derechos políticos a los pueblos, y a que el Gobierno tenga datos, y noticias sobre que arreglar los objetos de utilidad publica que esta necesitando, y no para servicios, ni contribuciones»⁶⁴.

Se iniciaba con el registro de los «objetos públicos»⁶⁵. Luego se pasaba a «cada individuo de cualquier clase que fuese en esta forma. Pedro Rodríguez, estado, Casado, Edad, de 30, a 50 años. calidad, español, Americano, profesión, chacarero propietario. Comerciante: es capaz de tomar, armas: es miliciano, etc.». Esto se recogería en listas, cuyos datos se pasarían a los «planos según las casillas el numero correspondiente a cada clase. Aunque un individuo se multiplique en varias casillas con relación al estado, y diversas profesiones que ejerce, debe hacerse así, pues el numero individual nunca se multiplica respecto a que hay su casilla particular de población». A la vuelta del plano de distritos se debía poner el número de artesanos por cada profesión y lo mismo en las provincias.

Se trataba de tener datos básicos para organizar ejército, economía, y proyectar las riquezas entre las cuales se incluía un valor nuevo: los oficios. Incluso en el formulario se olvidó a los artesanos (en el Censo ya impreso se agregaron en hoja aparte). En el ítem «origen y castas» se incluía a «españoles americanos, españoles europeos, españoles asiáticos, canarios y africanos, europeos extranjeros, indios, mestizos, mulatos y negros». «Origen y castas» traduce lo que en el formulario se llama «calidad» y sanciona la distinción entre los nacidos aquí (americanos) y los de allá (españoles).

El decreto de Bernardo O’Higgins de 3 de junio de 1818, apunta a borrar esa distinción en lo formal:

Después de la gloriosa proclamación de la independencia, sostenida con la sangre de sus defensores, sería vergonzoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una de ellas es denominar españoles a los que por su calidad no están mezclados con otras razas, que antiguamente se llamaban malas. Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles sino Chilenos⁶⁶.

Ordenó entonces que en toda la documentación judicial, parroquial y de «limpieza de sangre» se sustituyese «español» por «chileno», aunque «observándose en lo demás la fórmula que distingue las clases; entendiéndose que respecto de los indios, no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos Chilenos». Si bien no existen estudios sistemáticos al respecto, solo en 1853 se decretó dejar de utilizar dichas diferencias en los registros parroquiales chilenos (Araya 2010)⁶⁷.

Podemos finalmente plantear que la relación entre procesos históricos, huellas escritas de los mismos, y capacidad para imaginar y pensarse rompiendo las fronteras de lo posible –en la que interviene de modo central la literatura–, se encuentra en el centro de lo que podemos llamar sociedad colonial y periodo colonial, más allá de las cronologías que se abren y cierran con la presencia española en América.

Obras citadas

Acuña, Constanza (editora). La curiosidad infinita de Athanasius Kircher. Una lectura a sus libros encontrados en la Biblioteca Nacional de Chile. Santiago: Ocho Libros, 2012.

Anrup, Roland y María Eugenia Chávez. «La ‘plebe’ en una sociedad de ‘todos los colores’. La construcción de un imaginario social y político en la colonia tardía en Cartagena y Guayaquil». Caravelle. Nº 84. 2005, 93-126.

Araya Espinoza, Alejandra. Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial. Santiago: DIBAM/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/LOM, 1999.

--------------------------. «Registrar a la plebe o el color de las castas: ‘calidad’, ‘clase’ y ‘casta’ en la Matrícula de Alday (Chile, siglo XVIII)». En Araya y Valenzuela (editores), 2010.

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19 La extensa genealogía de estos planteamientos debiera consignar desde Barros Arana, Diego. Historia general de Chile [1884-1902]. 2da. edición. 16 volúmenes. Santiago: Universitaria/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1999; hasta Villalobos, Sergio. «Tres siglos y medio de vida fronteriza». En Villalobos, Sergio, Carlos Aldunate, Horacio Zapater, Luz María Méndez y Carlos Bascuñán. Relaciones fronterizas en la Araucanía. Santiago: Universidad Católica de Chile, 1982, por citar solo dos momentos de su formalización.

20 Alirio Carrasco utiliza la expresión «atraso intelectual», y agrega: «faltan, seguramente, los elementos indispensables a la vida cultural, que tan solo florece a la sombra serena de la paz» (211). Gonzalo Vial habla de «ambiente cultural, intenso aunque no muy extendido» (280). Bernardo Subercaseaux consigna el diagnóstico de oscuridad que hace Manuel de Salas en 1810 respecto de la situación de Chile, y comenta: «podría pensarse que [...] respondía [...], más que a una descripción objetiva del periodo, a la matriz ilustrada, y a un empeño preconcebido por juzgar negativamente al ‘ancien régime’ español. Así como hay evidencias de que el régimen colonial, sobre todo en su etapa borbónica, no tuvo el grado de oscurantismo que le atribuyó la leyenda negra [...] también hay, empero, múltiples testimonios y documentos que respaldan las opiniones de Manuel de Salas y que evidencian que en la Capitanía General de Chile predominó una valoración social más bien adversa a la cultura ilustrada y al libro […] En este contexto, la producción de pensamiento o discurso intelectual, amén de escasa fue irrelevante y en muchos casos permanece, por lo mismo, hasta el día de hoy, inédita» (10-11).

21 En relación con el lugar de los infortunios en los escritos del periodo, ver Carneiro, Sarissa. «Infortunio y virtud: Petrarca, Vives y el Inca Garcilaso de la Vega». Revista Chilena de Literatura. Nº 77. 2010, 217-234.

22 «Carta a sus apoderados en la Corte, Santiago [sic, es Concepción], 15 de octubre de 1550» y «Carta al Emperador Carlos V, Concepción, 15 de octubre de 1550» en Valdivia, Pedro de: 101 y 147. La cédula real otorgada a Francisco Pizarro en Monzón se encuentra transcrita en Bazán Dávila, 76.

23 Interés por espacios en los que hubiera concentración de población indígena susceptible de ser incorporada como mano de obra, presencia reconocida de metales preciosos, o ecosistemas propicios para el establecimiento de cultivos con alto valor mercantil.

24 Mellafe y Salinas, 1987; Sagredo y Gazmuri (directores), 2005. Ver también Cavieres, Eduardo. Amor, sexo y matrimonio en Chile tradicional. Valparaíso: Universidad Católica de Valparaíso, 1991; Varios Autores. Vida rural en Chile durante el siglo XIX. Santiago: Academia Chilena de la Historia, 2001.

25 Ver Rama, Ángel. La ciudad letrada. Santiago: Tajamar, 2004; y Durston, Alan. «Un régimen urbanístico en la América hispana colonial: el trazado de damero durante los siglos XVI y XVII». Historia. Vol. 28. 1994, 59-115.

26 Ver Góngora, Mario. Estudios sobre la historia colonial de Hispanoamérica. Santiago: Universitaria, 1998; Ramón, Armando de. Historia de Chile: desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000). Santiago: Catalonia, 2012; Goicovic, Igor. «Sociabilidad de los niños y jóvenes populares en el Chile tradicional». En Sagredo y Gazmuri (directores), 2005.

27 Ver Vicuña, Manuel. La imagen del desierto de Atacama (XVI-XIX): del espacio de la disuasión al territorio de los desafíos. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 1995.

28 En palabras de José Luis Romero, es una sociedad «escindida e integrada», pues por una parte «se divide en dos clases: patricios y rotos», y por otra «ambos grupos se reconocían como pertenecientes a un mismo ámbito sociocultural» (235).

29 Ver también Boccara, Guillaume. Los vencedores: historia del pueblo mapuche en la época colonial. Antofagasta: Universidad Católica del Norte/Fondo de Publicaciones Americanistas/Universidad de Chile, 2007.

30 Ver Valenzuela, Jaime. «La cordillera de los Andes como espacio de circulaciones y mestizajes: un expediente sobre Chile central y Cuyo a fines del siglo XVIII». Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Débats. 2007. Fecha de consulta: 10/03/2016. Digital; y «Los indios cuzcos de Chile colonial: estrategias semánticas, usos de la memoria y gestión de identidades entre inmigrantes andinos (siglos XVI-XVII)». Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Débats. 2010. Fecha de consulta: 10/03/2016. Digital; Contreras, Hugo. «‘Siendo mozeton o güeñi salio de su tierra a vivir entre los españoles’. Migración y asentamiento mapuche en Chile central durante el siglo XVIII, 1700-1750». Historia Indígena. N° 9. 2005-2006, 7-32; y «Aucas en la ciudad de Santiago. La rebelión mapuche de 1723 y el miedo al «otro» en Chile central». Anuario de Estudios Americanos. Vol. 70, N° 1. 2013, 67-98.

31 El Chile tradicional sería consecuencia de la conquista y de la formación de una sociedad «marcada por los valores de la cultura cristiana y occidental, de tono rural, crecientemente mestiza, y con predominio absoluto de la aristocracia» (Sagredo y Gazmuri, 5).

32 Ver Mellafe, 1959; Cussen, Celia (editora). Huellas de África en América: Perspectivas para Chile. Santiago: Universitaria/Fondo de Publicaciones Americanistas/Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2009; González, Carolina. Esclavos y esclavas demandando justicia. Chile 1740 - 1823. Documentación judicial por carta de libertad y papel de venta. Santiago: Universitaria, 2014.

33 Ver Valenzuela, Jaime. Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial (1609-1709). Santiago: LOM, 2001; Cruz, Isabel. La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano. Santiago: Universidad Católica de Chile, 1995; Azúa, Ximena. Las prácticas judiciales de la colonia siglos XVII-XVIII: historia de nuestras bisabuelas. Tesis para optar al grado de Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica. Universidad de Chile, 1995; Invernizzi, Lucía. «Imágenes de mujer en testamentos chilenos del siglo XVII». Revista Chilena de Literatura. Nº 61. 2002, 21-37; Retamal, Julio. Familias fundadoras de Chile, 1601-1655: el segundo contingente. Santiago: Universidad Católica de Chile, 2000; Kordic, Raïssa y Cedomil Goic (editores). Testamentos coloniales chilenos. Madrid: Iberoamericana. 2005.

34 La primera Real Audiencia había sido instalada en Concepción al borde del río Biobío, demostrando la clara intención de controlar desde ese lugar la zona indómita, pero la situación solo permitió su funcionamiento entre 1563 hasta 1573, casi sin huellas documentales de su presencia. En 1609 comenzó a funcionar en el Palacio de las Cajas Reales en Santiago, actualmente sede del Museo Histórico Nacional.

35 Ver Rosales, Diego de. Historia General del Reyno de Chile, Flandes Indiano, por el R. P. Diego de Rosales de la Compañía de Jesús. Edición crítica por Benjamín Vicuña Mackenna. Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1877; Ovalle, Alonso de. Histórica relación del Reyno de Chile. Santiago: El Mercurio/Santander, 2012.

36 Ver Núñez de Pineda y Bascuñán, Francisco. Cautiverio feliz. Edición crítica de Mario Ferreccio y Raïssa Kordic. Estudio preliminar de Cedomil Goic. Santiago: Universidad de Chile/RIL, 2001.

37 Celebramos la reciente publicación de José Manuel Zavala que permite disponer de los textos que dan cuenta de estos parlamentos –pactos y convenios de relación no solo aplicados al caso de Arauco–, a los que se suman detallados cuadros y mapas que permiten situar y conectar actores, espacios y pulso político. Zavala, José Manuel (editor). Los parlamentos hispano-mapuches, 1593-1803: textos fundamentales. Temuco: Universidad Católica de Temuco, 2015.

38 Para más detalles, ver Araya Espinoza, Alejandra. «Azotar. El cuerpo, prácticas de dominio colonial e imaginarios del Reino a la República de Chile». En Undurraga, Verónica y Rafael Gaune. Formas de control y disciplinamiento. Chile, América y Europa, siglos XVI-XIX. Santiago: Uqbar, 2014.

39 «Autos seguidos por el Sr. fiscal de su majestad, sobre el empadronamiento de los indios, mulatos y, zambaigos, y pago de tributos». 22 de junio de 1693-7 de marzo de 1704. Archivo Nacional de Chile. Fondo Real Audiencia. Volumen 1755, pieza 29.

40 Carta al rey fechada el 20 de marzo de 1699.

41 Carta al rey fechada el 11 de noviembre de 1699.

42 Ver Araya, Alejandra. «Registrar a la plebe o el color de las castas: ‘calidad’, ‘clase’ y ‘casta’ en la Matrícula de Alday (Chile, siglo XVIII)». En Araya, Alejandra y Jaime Valenzuela (editores), 2010.

43 La frase proviene de una serie de pinturas de castas de autoría del novohispano José Joaquín Magón. Este género pictórico, original de la América colonial, toma como motivo a la gente diversa, indicio en sí mismo de lo importante tanto de representar un nuevo tipo de gentes como de registrar el fenómeno. Para los cuadros de castas, ver García Saíz, María Concepción. Las castas mexicanas: un género pictórico americano. Milano, Olivetti, 1989, Katzew, Ilona. La pintura de castas. Madrid: Turner, 2004; Estenssoro, Juan Carlos. «Los colores de la plebe: razón y mestizaje en el Perú colonial». En Majluf, Natalia (editora). Los cuadros de mestizaje del Virrey Amat. La representación etnográfica en el Perú colonial. Lima: Museo Arte Lima, 2000; Romero de Tejada, Pilar. «Los cuadros del mestizaje del virrey Amat». En Majluf (editora), 2000.

44 En este tema se retoma la investigación plasmada con más detalles en Araya, 1999. Ver también Viqueira, Juan Pedro. ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el siglo de las luces. México: Fondo de Cultura Económica, 1995; León, Leonardo. «‘De muy malas intenciones y de perversas entrañas…’ La imagen de la plebe en los preámbulos de la independencia de Chile, 1800-1810». Colonial Latin American Historical Review. Vol. 14, Nº 4. 2005, 337-368.

45 Ver Villalobos, Sergio. Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la Guerra de Arauco. Santiago: Andrés Bello, 1995; León, Leonardo. «‘Que la herida me la dio en buena, sin que interviniese traición alguna…’ El ordenamiento del espacio fronterizo mapuche, 1726-1760». Revista de Historia Social y de las Mentalidades. Vol. 5, Nº 1. 2001, 129-166 y «Parlamentos y renegados en la frontera mapuche, 1760-1780». Revista Fronteras de la Historia. Vol. 11. 2006, 87-119.

46 Las investigaciones de la escritura de mujeres en el periodo colonial tiene entre sus pioneras a Adriana Valdés y el rescate de la monja clarisa sor Úrsula Suárez, cuya relación autobiográfica fue editada en 1984. Ver Ferreccio Podestá, Mario. Úrsula Suárez (1666-1749): relación autobiográfica. Santiago: Universidad de Concepción, 1984. Para nuestro caso contamos con solo dos textos del llamado relato conventual: el mencionado y el de la monja dominica sor Josefa de los Dolores Peñailillo. Ver Kordic, Raïssa. «Introducción». En Peña y Lillo, Josefa de los Dolores, Sor. Epistolario de Sor Dolores de Peña y Lillo (Chile, 1763-1769). Prólogo y edición crítica de Raïssa Kordic. Navarra/Madrid/Frankfurt am Main: Universidad de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2008.

47 Ver Invernizzi, Lucía, Ximena Azúa, Raïssa Kordic y Margarita Iglesias. «Testamentos de mujeres de Chile en el siglo XVII. Viejos documentos, nuevas miradas». Actas de 4tas jornadas de investigación en historia de la mujer. Santiago: LOM, 2001; Invernizzi, Lucía. «Imágenes de mujer en testamentos chilenos del siglo XVII». Revista Chilena de Literatura. Nº 61. 2002, 21-37; Azúa, Ximena. Testamentos de mujeres del siglo XVII en Chile: ¿discursos para la muerte? Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Chile, 2001.

48 Ver además Invernizzi, Lucía. «‘Los trabajos de la guerra’ y ‘Los trabajos del hambre’: dos ejes del discurso narrativo de la conquista de Chile (Valdivia, Vivar, Góngora Marmolejo)». Revista Chilena de Literatura. Nº 36. 1990, 7-15; Goic, Cedomil. «Estudio Preliminar. Testamentos chilenos de los siglos XVI y XVII y orden estamental». En Kordic, Raïssa y Cedomil Goic (editores). Testamentos coloniales chilenos. Madrid: Iberoamericana, 2005; Kordic, Raïssa. «Prólogo». En Kordic, Raïssa y Cedomil Goic (editores). Testamentos coloniales chilenos. Madrid: Iberoamericana, 2005.

49 Los conventos más grandes recibían entre ochenta y cien mujeres en el siglo XVII, y un número menor en el siglo XVIII (Millar y Duhart, 127-129).

50 Ver Invernizzi, Lucía. «‘Práctica ascética’ y ‘arte diabólico’: concepciones de escritura en el «Epistolario» de Sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo». Anales de la Literatura chilena. Año 4, Nº 4. 2003, 13-34; y «El discurso confesional en Epistolario de Sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo (siglo XVIII)». Revista Historia. Nº 36. 2003, 179-190; Araya Espinoza, Alejandra. «El cuerpo sufriente en la construcción del individuo moderno: el epistolario confesional de sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo, monja del siglo XVIII». Finis Terrae. Nº ١٤. ٢٠٠٦, 80-93; Azúa, Ximena. «Abrir los cofres. La escritura como conocimiento de sí misma». En Guardia, Sara Beatriz. Mujeres que escriben en América Latina. Lima: Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, 2007; Urrejola, Bernarda. «‘Carísimo padre mío y toda mi estimación en nuestro señor’: obstinación y afecto por el confesor en el epistolario de Josefa de los Dolores Peñailillo (Chile, s. XVIII)». Atenea. Nº 494. 2006, 67-82; Valdés, Adriana. «Sor Úrsula Suárez (1666-1749). En torno a su cuerpo». Revista Chilena de Literatura. Nº62. 2003, 183-204.

51 Señala Luis de Valdivia en su proemio al lector que «aunque en diversas provincias destos indios ay algunos vocablos diferentes, pero no son todos los nombres, verbos y adverbios diversos y assi los preceptos y reglas desta arte son generales para todas las provincias» (s/p).

52 Ver Payàs, Gertrudis y José Manuel Zavala (editores). La mediación lingüístico-cultural en tiempos de guerra: cruce de miradas desde España y América. Temuco: Universidad Católica de Temuco, 2012; y «Expresión indígena y textualidad hispana en los Parlamentos hispano-mapuches del siglo XVIII: Negrete 1771-1803». En González, David (editor). Represión, tolerancia e integración en España y América: extranjeros, esclavos, indígenas y mestizos durante el siglo XVIII. Madrid: Doce Calles, 2014.

53 Ver Santa Rosa de Lima. El tesoro americano. Pintura y escultura del periodo colonial. Santiago: Corporación Cultural de las Condes, 2000. La serie de la vida de Santa Teresa de Jesús perteneciente al Convento de las Carmelitas de Santiago se expuso por primera vez al público en el Museo Nacional de Bellas Artes en la exposición Visiones develadas: pinturas coloniales de las Carmelitas descalzas (2009).

54 Ver Araya Espinoza, Alejandra. Cuerpo, sociedad colonial e individuo moderno en Chile: Sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo (1739-1822). Tesis para optar al grado de Doctora en Historia. El Colegio de México, 2007. El equipo que estudió durante siete años el corpus estuvo compuesto por Raïssa Kordic, a quien debemos el conocimiento de las cartas; Lucía Invernizzi, directora del grupo; Ximena Azúa, Bernarda Urrejola y Alejandra Araya. El convento se cerró en enero del año 2015 y su patrimonio hoy se encuentra en una universidad privada con el objeto de ser digitalizado y, esperamos, accesible a la investigación.

55 La información de esta sección recoge lo medular del artículo Araya, 2011.

56 Se conoce de la existencia de cajas tipográficas de 1776 –fecha del primer impreso con esta técnica– que funcionó hasta 1783. Una segunda caja funcionó hasta 1800, pero sus tipos desaparecieron en 1802. Se siguió imprimiendo con tipos en mal estado, un ejemplar de ellos en la propia esquela de invitación al Cabildo abierto de 1810, hito que se escogió para conmemorar el inicio de la Independencia, aunque ella se firmó el 18 de febrero de 1818 (Villar, 11).

57 Colección Edwards, sección primeros impresos, Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile (AB).

58 Por ejemplo, una convocatoria a las elecciones de diputados para el Cabildo de 1811 que pide llevar los votos «por escrito» y que al dejar los votos se entregue esa «esquela para con ella acreditar el convite». AB, Colección Edwards, sección primeros impresos chilenos, tomo I, p.1. Doc: 2051/2, folio 12. Mutilado. 19 x 13 cm, aprox.

59 En el periodo estudiado, los papeles periódicos de mayor duración fueron La Aurora de Chile, El Monitor Araucano, la Gazeta del Gobierno de Chile y la Gazeta Ministerial de Chile Santiago. Al menos diecisiete títulos más se publicaron entre ١٨١٣ y ١٨٢٣, con uno o dos números, que merecerían un estudio más detallado.

60 Los folletos, de mayor extensión, son similares en tamaño: 10 x 25 cm en promedio. Hay volantes informativos sobre uniformes para utilizar en establecimientos, muchos de los cuales no figuran en los estudios bibliográficos de José Toribio Medina (1891) o Ramón Briseño (1862-1879).

61 Ver Peire, Jaime. La Iglesia que no miramos. El taller de los espejos. Iglesia e imaginario, 1767-1815. Buenos Aires: Claridad, 2000.

62 Proclama del Exmo. Gobierno. Paysanos y compañeros. Abril de 1813. El desembarco de Pareja en San Vicente fue el 13 de marzo de 1813. Firman Portales-Prado-Infante. Sin pie de imprenta. 18 x 25 cm. Archivo Central Andrés Bello, Colección Edwards, sección primeros impresos chilenos, tomo I, p.1. Doc: 2043/2, folio 18, p.7.

63 Igual estrategia ha sido descrita por Veronique Hébrard para el caso venezolano: la milicia como requisito para ser reconocido como ciudadano con derecho a voto, derecho que no tenían los jornaleros ni las personas sin renta (2002).

64 Formulario con que deben hacerse los apuntes de cada individuo para pasarlos después al plan general del distrito en el recenso de la población del reyno. Archivo Central Andrés Bello, Colección Edwards, sección primeros impresos chilenos, tomo I, p. 3: 2038/2.

65 Estos eran iglesias, conventos, casas de hospicio y de pobres, cárcel con presos y presas, hospitales, casa de expósitos y huérfanos, fábricas y molinos.

66 Gazeta Ministerial de Chile, Nº45, Santiago, sábado 20 de junio de 1818. Archivo Central Andrés Bello, Colección Edwards, sección primeros impresos chilenos.

67 En los libros de bautismos y matrimonios de la Parroquia de Pumanque, valle central de Chile, entre 1827 y 1891 aparecen estas distinciones. Sin embargo, en los expedientes matrimoniales, se hace distinción por ingresos en el pago de licencias (1ª, 2ª y 3ª clase), y se encuentran en algunos argumentos de oposición de los padres el que sean de diferente calidad, especialmente, jornaleros o «dependientes».