Kitabı oku: «La erosión democrática y el contrato constitucional»
RICARDO ALEJANDRO TERRILE SIERRA
La erosión democrática y el contrato constituciónal
Terrile Sierra, Ricardo Alejandro
La erosión democrática y el contrato constitucional / Ricardo Alejandro Terrile Sierra.
- 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.
120 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-87-1451-6
1. Ensayo Político. I. Título.
CDD 320.01
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: info@autoresdeargentina.com
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A las familias Terrile y Sierra
que me educaron en los valores y principios de la republica y la democracia
“El hombre libre nada piensa menos que en su muerte y todas sus reflexiones son sobre la vida”
—Baruch Spinoza, “Ética”
Prefacio
El presente libro es un resumen de nuestra comprensión colectiva, entendiendo como tal, las diferencias en puntos de vistas y creencias.
Si bien me apoyo especialmente en mi propia investigación, incorporo y hago nuestro, todo aquello que nos es ajeno y preexistente, como los idiomas, los métodos de trabajos, los textos que nos fueron marcando en nuestra educación y formación, los programas y buscadores electrónicos, las fuentes periodísticas, las enseñanzas familiares y docentes y los aprendizajes que nos brindan los hijos, alumnos, mis compañeras de vida y colegas. Todos ellos forman parte de la propiedad intelectual colectiva y global del presente ensayo. La intención primordial es que resulte accesible a los estudiantes; por ello, no sigo la convención académica de mencionar la fuente de cada idea y cada hecho. Decidí mencionar la procedencia de las citas directas, pero no indicar las referencias de otras fuentes de inspiración. Por ende, les debo disculpas a aquellos colegas que se reconocerán como autores de ideas que se presentan aquí sin hacer constar sus nombres
Los insoportables desencuentros
Pertenezco a una generación que nació durante el segundo gobierno de Perón, marcado por el despido laboral de mi padre por negarse a usar duelo por Evita; de mi madre maestra por criticar “La Razón de mi vida”; de mis abuelos por apoyar a los aliados en la segunda guerra. Recuerdo la llamada “Revolución Libertadora” y mi padre con un fusil. Desencuentros.
A mis seis años, tres militares, protagonistas de un golpe de Estado, se arrogaron el poder constituyente, abrogaron la constitución de 1949, reinstalaron una constitución histórica y liberal que tenía ciento cuatro años de antigüedad, convocaron a una convención y con la proscripción del peronismo, los convencionales sintetizaron los contenidos sociales que impregnaban la constitución de 1949 en un solo articulo (el “14 bis”). De todo ello no me enteré sino mucho tiempo después. Desencuentros.
El partido radical se dividió. Dos entrañables amigos (Ricardo Balbin y Arturo Frondizi) se separaron para toda la vida. Mi familia tomó partido por Balbín y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) y condenó a la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), argumentando que Arturo Frondizi había traicionado al radicalismo en su alianza con el “tirano prófugo” Juan Domingo Perón, previo a las elecciones de 1958. Desencuentros.
Arturo Frondizi fue electo Presidente de la Republica para el período 1958/1964. Condicionado por el enfrentamiento militar de “azules” y “colorados” y la intransigencia de la dirigencia sindical en aceptar la flexibilidad laboral de un país que pretendía abandonar la política agro-exportadora para transformarse en industrial, fue destituido, detenido y trasladado a la Isla Martín Garcia como consecuencia de un nuevo golpe cívico militar. Más desencuentros.
En 1963, el gobierno cívico militar mantuvo la proscripción del peronismo y convocó a elecciones. El binomio Illía/Perete, propuestos por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), gana las elecciones con un 23% del electorado. La constitución histórica de 1853/1860, establecía la elección indirecta, es decir, por medio de electores que conformaban los colegios electorales para la designación del Presidente de la Nación, requiriendo consensos que superaran el 50%. Los electores ratifican el resultado de las urnas y designan a Arturo Umberto Illia Presidente de la Nación. Su mandato se limitó a escasos tres años. Un gobierno honesto que condenó toda proscripción del peronismo. Un nuevo golpe militar en Junio de 1966, protagonizado por las tres fuerzas armadas, desplazó la Constitución, una vez más, a un tercer indecoroso lugar por “Actas y Estatutos Para el Proceso de Reorganización Nacional”, conforme rezaba el artículo 14 de la mencionada Acta. Insoportables desencuentros.
Los Tenientes Generales Juan Carlos Ongania; posteriormente Levingston y finalmente Agustin Lanusse asumieron la presidencia de facto del país. Sus designaciones fueron propuestas unilaterales e inapelables de un triunviro de las tres fuerzas armadas que conformaba la Junta Militar. El proceso militar se extendió hasta 1973 con la complicidad de civiles, la Iglesia Católica y tradicionales dirigentes sindicales. Francia conmueve con su movilización popular en 1968. En nuestro país, fuimos protagonistas del “Cordobazo”(1969) y un año después, el “Rosariazo”(1970). Combativos gremios como “SITRAC/SITRAM” y dirigentes sindicales clasistas (Tosco, Salamanca) toman distancia de la claudicante CGT; obreros, empleados, profesores, maestros, profesionales, estudiantes universitarios y secundarios se transformaron en protagonistas de dichas manifestaciones, alentado por la influencia del Mayo Francés. La Matanza de Trelew en Agosto de 1972, delató a los componentes más extremistas de la dictadura militar, los cuales se resistían en abrir el juego electoral, salvo que se condicionara al futuro gobierno por imperio de un Estatuto (1972) que procura modificar la constitución suspendida (El gobierno constituciónal 1973/1976 nunca lo ratificó). Alejandro Agustín Lanusse expone e impulsa el Gran Acuerdo Nacional con la proscripción de Perón como candidato, exilado en Madrid. Desencuentros.
En el mes de Marzo de 1973, la formula Cámpora/Solano Lima, triunfa holgadamente en las elecciones. La juventud peronista impulsa la consigna Cámpora al Gobierno, Perón al Poder. El 25 de Mayo de 1973, en la asunción del nuevo Presidente, los presos políticos son liberados. Se abren las cárceles y cientos de detenidos sin proceso ni sentencia ganan su libertad. Los Montoneros se dirigen al encuentro de sus familias y afectos; los militantes del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), que definen al peronismo como populistas y el proyecto impulsado por Perón como una estrategia de la burguesía Nacional, buscan refugio en la selva tucumana o ingresan en la clandestinidad.
En junio de ese año, Perón regresa de su exilio. Una muchedumbre acudimos al Aeropuerto de Ezeiza. La invitación provino de un dirigente de la Juventud Peronista, integrante de las Juventudes Políticas Argentinas en la que nos habíamos auto-convocados dirigentes de diferentes partidos políticos. Era Junio. Hacia frío. Acampamos en los jardines de la facultad de Agronomía de la UBA. Puiggros, esa noche, nos habló de la revolución en America Latina. A la mañana nos dirigimos a Ezeiza. Las dos fracciones del peronismo (La Juventud Sindical expresaba el populismo de derecha y la Juventud Trabajadora Peronista, expresión mayoritaria de Los Montoneros), previo al aterrizaje de Perón, se enfrentan en la necesidad de ganar espacios cerca del enorme escenario donde Leonardo Fabio, en su función de locutor, manifestaba que el General Perón estaba próximo a su arribo. La “Matanza de Ezeiza” se oculta y distorsióna. Crece el enfrentamiento entre los extremos del péndulo Peronista. Más desencuentros.
Un enorme gesto institucional: El presidente de la UCR, Don Ricardo Balbín, histórico adversario de Perón, desaforado y perseguido por el propio peronismo, concurre a la residencia de Perón en Vicente Lopez para conciliarse. Una pausa a los desencuentros y un serio intento para cerrar heridas que no habían cicatrizado. La expectativa se desvanece rapidamente.
Con Perón en el país y Cámpora administrando el mandato de Perón, el entorno fuerza la renuncia de Cámpora y la convocatoria a nuevas elecciones. Perón propone como su candidata a Vice Presidente, a su esposa Estela Martinez (a) Isabelita. Se perfila una vez más, una característica del movimiento: la tendencia al nepotismo. La fórmula Perón/Perón obtiene el 64% de los votos. No hay necesidad de colegio Electoral. Imprevistamente, Perón fallece el 1º de Julio de 1974. Balbin despide a “su amigo”. Estela Martinez asume la presidencia de la Nación. Junto a ella, un Ministro de triste fama: José Lopez Rega. La interna peronista se expone en el ámbito de todos los espacios del Estado. Surge la tristemente celebre “Triple A” atribuyéndose atentados y asesinatos de militantes de izquierda y centro izquierda. Fatales Desencuentros.
Previo al mes de marzo de 1976 el peronismo rechaza la posibilidad de un juicio político a la Presidente, impulsado por fuerzas democráticas. El General Videla, el Almirante Massera y el Brigadier Agosti impulsan el 24 de Marzo, el golpe de Estado cívico militar más criminal y trágico de nuestra historia. Incomprensibles, irracionales y criminales desencuentros
El período de la dictadura militar 1976/1983, implicó la suspensión de toda actividad partidaria, el cierre de toda expresión legislativa, la planificación y asignación de las provincias a cada una de las fuerzas armadas (A la provincia de Santa Fe le correspondió la marina; a Córdoba la aeronáutica, a Buenos Aires el ejercito). Desapariciones, torturas, violaciones, centros clandestinos, verdaderos genocidios, delitos de lesa humanidad a pocas cuadras del estadio de Futbol en el que se jugó la final del mundial en 1978. La tiranía en su expresión más cruel.
En 1982, la presión internacional denunciando la violación sistemática de los derechos humanos sumada a la exigencia de los organismos financieros al pago de una deuda externa impagable, provocó en la Junta Militar y su presidente designado el ex General Galtieri, la planificación de un desembarco en las Islas Malvinas, subestimando la reacción de la OTAN y del propio Reino Unido cuya Primer Ministro era Tacher. Perdimos la guerra. La dignidad la habíamos perdido un 24 de Marzo de 1976. Más desencuentros.
El 30 de Octubre de 1983, sin proscripciones, la Unión Cívica Radical (UCR) gana las elecciones y por primera vez al peronismo. Raul Alfonsín es nuestro nuevo Presidente. Recuperamos el Estado de Derecho; el parlamento, las Legislaturas provinciales, los Concejos Municipales y Comunales, el respeto internacional. Juzgamos a las Juntas Militares por tribunales independientes reconociendo el derecho de defensa de los genocidas; se impulsa en el ámbito nacional y en algunas provincias la “CONADEP”; se publica “El Nunca Más”.
El Presidente Alfonsín convoca a sus funcionarios y legisladores. Les impone que el proceso democrático que permitió la recuperación del Estado de Derecho no se asemeja a un “proceso de revolución triunfante”. “El pueblo, nos dice, no ha derrotado a los militares. Estos se han replegado como consecuencia de los condicionamientos internacionales, la guerra perdida, la deuda externa. La Argentina no es la Nicaragua de Somoza; ni Cuba el día que Castro ingresa en La Habana. Los militares replegados, tienen sus fuerzas intactas. El campo popular cuenta con treinta mil desaparecidos. Es necesario “poner una cuña en el espíritu corporativo del ejercito…” y repite los tres grados de responsabilidad que ha expuesto en la campaña electoral: Los que dan la orden son responsables; los que se han limitado a cumplirlas, han actuado por obediencia debida y los que cumpliendo las ordenes, se han excedido secuestrando criaturas, robando bienes, etc., son igualmente responsables. Dice más: “vamos a derogar toda la legislación represiva, enjuiciar a los responsables y exponerlos ante la opinión publica con el informe de la CONADEP pero necesito arrancar, consolidar el Estado de Derecho y terminar de una vez y para siempre con el ciclo de Estados de derechos breves y golpes de Estado crueles y extensos. Nos exhorta, en consecuencia, a impulsar todas las denuncias posibles sobre la violación de los derechos humanos pero fijar un plazo razonable, concluido el cual, hay que trazar un punto final y comenzar a reconstruir los cimientos democráticos como han hecho los países europeos después de la guerra…”
Se impulsan las leyes de obediencia debida y punto final; el Congreso Pedagógico Nacional. Se fracasa en el plano económico. La deuda externa y el mercado internacional son vallas infranqueables. La hiperinflación se torna insoportable frente a tanta ilusión. La dirigencia sindical identificada con el peronismo impulsa huelgas y paros nacionales contra el gobierno democrático. Insoportables desencuentros que nos conducen a Menem y especialmente a Cavallo.
La constitución histórica vigente desde 1853/1860 requería procesos electorales extensos consecuencia de la dilata geografía de nuestro país. En aquellas lejanas fechas, el Congreso concluía sus sesiones ordinarias en Septiembre y los legisladores no retornaban hasta Mayo del año siguiente. Debían transitar a caballo o en carreta hasta Jujuy, Salta, La Rioja, Misiones, etc. Evidentemente no era la situación en 1989. El mundo había cambiado y la comunicación no justificaba plazos tan extensos en los procesos de transición democrática. Ello va a ser enmendado con la reforma constituciónal de 1994.
La convocatoria electoral de 1989, la elección de Carlos Menem y su asunción en Diciembre de ese año, implicaba un extenso proceso de transición. Menem, después de haber mantenido una reunión en Olivos con Alfonsín, adujo estar preparado para asumir seis meses antes de la fecha constituciónalmente establecida. Alfonsín, a partir de esa manifestación pública, perdió el poder que le quedaba. Los sindicatos presionaron para que se adelante la asunción del nuevo presidente. La alternativa más sensata, se dijo Alfonsin, “es mi renuncia”.
Menem, a poco de asumir, abandonó la doctrina de la justicia social y en el marco de una economía internacional globalizada, consecuencia directa de la caída del Muro de Berlín y las nuevas comunicaciones, se alió con los grandes capitales. En su mandato de diez años, sepultó las empresas del Estado y generó una enorme crisis aumentando el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, con ministros adictos. Más desencuentros.
El radicalismo intenta por primera vez un frente electoral con un sector del peronismo. Gana las elecciones: Fernando De la Rúa es el nuevo Presidente. “Chacho” Alvarez, que proviene del peronismo, es el vice presidente. Un sector duro del peronismo vuelve a la oposición. La confrontación se torna cada vez más agresiva. La renuncia vuelve a ser inevitable.Los sindicatos protagonistas.
Después de la Jornada de “Los tres presidentes” y la transición de Duhalde, es la oportunidad electoral para Nestor Kirchner (2003/2007) quien asume la presidencia de la Nación durante cuatro años conforme lo dispone la Constitución Nacional reformada. El ajuste lo había realizado Duhalde. Procura reconstruir a un peronismo dividido en sus lealtades y adopta conductas que colaboran con la reconstrucción del “tercer movimiento histórico” que alguna vez Alfonsín había bosquejado y que la intolerancia de radicales y peronistas bloquearon, con la incorporación de radicales conocido como “radicales K”. Sin embargo, vuelve a reiterar la clásica postura peronista en favor del “nepotismo”: Propone la candidatura de su esposa Cristina Fernandez. El fallecimiento de Nestor Kirchner nos tomó a todos por sorpresa. Sin duda fue absolutamente inoportuna. La administración de Cristina Fernandez, acentuó la naturaleza de un populismo de izquierda que había iniciado su antecesor, entregando ocho años después, un país aislado internacionalmente, sin índices de ningún tipo, con una formidable inflación y una enorme y fantástica grieta que separa a la población entre kichnerístas y antikichnerístas. Otros desencuentros.
Los partidos políticos se mimetizan en frentes electorales. El Jefe de la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, imagina que gobernar un país es idéntico a una ciudad y se equivoca. Carece de la tradición militante de Alfonsín, Duhalde, Kirchner, Fernandez e incluso el propio De la Rúa. No percibe desde su atalaya, la heterogeneidad de las regiones del país. Improvisa, desplaza a su aliado a espacios menores y fomenta la grieta. El peronismo, por su parte, se debate entre concepciones diferentes. Los kirchnerístas, los peronistas no kirchneristas, los sindicalistas de la CGT; los sindicalistas enfrentados con la CGT, los “gobernadores” peronistas. Unos y otros se culpan de los índices de inflación, del “riesgo país” y de la deuda externa. Inevitables desencuentros.
Macri se autoimpone la reelección. Pierde. Alberto Fernandez, ex Jefe de Gabinete de Nestor y Cristina Fernandez de Kirchner viuda de Nestor Kirchner, son elegidos Presidente y Vice Presidente de la Nación aglutinando a todo el peronismo en sus diversas vertientes. Lo atípico de la situación institucional esta dado en el hecho que la elección de su compañero de fórmula es de la candidata a Vice Presidente y no del propuesto como Presidente; asumiendo que el desgaste de haber gobernado ocho años no la favorece en las encuestas practicadas casi con devoción.
La composición del gobierno de Fernandez/Fernandez arroja otra muestra de nepotismo: Cristina Fernandez de Kirchner preside el Senado y el bloque mayoritario del peronismo en la Cámara de Diputados de la Nación, su hijo Maximo Kirchner, quien tampoco se le reconoce militancia activa hasta el fallecimiento de su padre.
Las presentes reflexiones las comencé a escribir durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Marzo de 2020. Repase los desencuentros, las confrontaciones y los hechos que forzaron y desconocieron la constitución, erosiónando súbitamente en algunos casos; paulatinamente en otros, el sistema democrático y sobre todo los principios republicanos.Planifiqué una obra que describe en la primera parte de las reflexiones, el deterioro, la fatiga, el desmoronamiento democrático y los principios republicanos durante generaciones de argentinos desde 1853; seguidamente me interrogué en torno a ¿Qué Hacer? y fui elaborando e individualizando los vicios que son necesarios combatir para volver o en todo caso iniciar, una profunda intropección para educarnos en la tolerancia y en la íntima comprensión que no existe ninguna posibilidad de superar la presente coyuntura si no es juntos. Para ello, es imperioso un nuevo contrato constitucional que nos comprometa a todos y al menos por las próximas tres generaciones a Acuerdos de Gobernabilidad. Atravesamos el aislamiento social desde Marzo de 2020 y los desencuentros se han pronunciado; la grieta se ensancha y las posturas más extremas de cada lado de la grieta, se expresan con creciente agresividad.
Arrastramos los desencuentros desde el cabildo abierto de 1810 en el que confrontaron tres posturas diferentes detrás de la llamada “Mascara de Fernando VII”. Se repitieron durante las diferentes coyunturas que atravesamos en la guerra por nuestra independencia. La mantuvimos con Unitarios y Federales, con Rivadavia; Rosas, Urquiza en Caseros.
Todos y cada uno de los desencuentros han minado la democracia, la tolerancia, el disentir responsable. En suma: el desencanto.
A lo largo de de los últimos doscientos años de historia argentina, hubo dos únicos hechos que configuraron lo que denominamos “contratos de convivencia” y que Rawls denomina Contrato Constitucional: 1860 (después de Pavón) y 1994 (El “Acuerdo de Olivos”): En el primero, los elementos del Estado (Territorio, población y gobierno) se definen, completan e integran después de Pavón (1860), con la incorporación de Buenos Aires. Recordemos que la región más poblada y rica del país estuvo ausente en la Constitución de 1853.
La segunda experiencia se produjo en 1994, con el llamado “Pacto de Olivos”. La obsesión de Menem por su reelección impulsó un consenso, resistido e imperfecto, que derivó en un contrato constitucional que los propios protagonistas se encargaron de distorsionar.
Rosario, Febrero 2021
1. El populismo, enfermedad infantil del peronismo
El populismo afecta la política de los siglos XX y XXI en nuestro país. La justicia social como factor superador de las libertades públicas impregnó el marco ideológico después de Yrigoyen.
La inmigración constituyó el origen de la clase obrera en la República Argentina; trajo consigo concepciones vinculadas al socialismo, anarquismo, comunismo, en tanto, muchos de los inmigrantes, efecto residual de la revolución industrial europea, habían sido influidos (1848), la “Comuna de París (1875), los intentos insurreccionales contra el “zarísmo” en 1905 y posteriormente la “Revolución Bolchevique” de 1917 en Rusia. El incipiente industrialismo de la posguerra (1914/1918) se caracterizó como una apremiante expectativa social y una participación más activa de un sector de la sociedad vinculado a lo más postergado social y económicamente del campo y a ciudad y la ciudad, mientras otros sectores se limitaban a observarlos como un fenómeno social de coyuntura.
La sociología traza el retrato de un mundo social y cultural que presenta características objetivas comunes: personas que viven en barrios periféricos, en zonas industriales o afectadas por su incipiente decadencia, con ingresos inferiores a la media, estudios relativamente incompletos, sometidos al empleador sin contratos ni obras sociales o derechos provisionales. Un conjunto social, despreciado y reducidas a la invisibilidad. En el campo, subsisten posturas feudales en las grandes extensiones que ahogan a pequeños productores que se rebelan en el llamado “Grito de Alcorta”.
Perón visualizó ese fenómeno al frente de la Secretaria de Trabajo.
La Ley Saenz Peña (1912) catapultó a Yrigoyen al gobierno, en los períodos 1916/22 y posteriormente a un segundo mandato en 1928. Por su parte, los beneficios de la posguerra 1914/1918 fueron recogidos por Alvear entre 1922/28. El radicalismo interpretó a un importante sector social, mayoritariamente agricola y otro sector urbano que anhelaba participar y ser protagonista electoral en una sociedad que estaba cambiando como consecuencia de una incipiente globalización que se caracterizó por la aparición de las primeras empresas monopólicas y oligopólicas que transformaron los esquemas geopolíticos. Los conservadores, aferrados en sus tradiciones europeas, conscientes que la ley electoral los dejaba en minoría, apelaron al golpe de Estado Cívico/Militar en 1930 y posteriormente al fraude en la llamada “década infame”.
Perón, educado en la tradición prusiana del ejercito argentino, simpatizó al comienzo de la segunda guerra con los países del eje; sin embargo, alentó la neutralidad hasta pocos días previos a la finalización de la segunda guerra y ello le permitió, frente a una Europa devastada, transformase en un enorme “silo alimenticio”, consolidando las exportaciones y mejorando la condición social de una creciente y enorme población urbana que emigraba del campo a las grandes ciudades.
Pierre Rosanvallon (“La Contrademocracia”, Editorial Manantial-2015), expone en torno a la anatomía del populismo que la conforman cinco elementos. Refiere que la conforman cinco elementos constitutivos de la cultura política populista: a) una concepción del pueblo,; b) una teoría de la democracia; c) una modalidad de la representación; d) una política filosofica de la economía y e) un régimen de pasiones y emociones.
El populismo se construyó como una forma de respuesta a los conflictos contemporáneos e interpretó e interpreta que la democracia es, por naturaleza intrínseca, un régimen inestable.
El peronismo, desde sus orígenes, se ha constituido como un movimiento populista y como tal, tiene en común con otros populismos, el hecho de considerar al pueblo como figura central de la democracia. Es una definición imprecisa por lo genérica. No sabemos si hace referencia al cuerpo cívico, sintetizado en el padrón electoral; al cuerpo social integrado por un conjunto de matices que el marxismo engloba las capas, el proletariado, los humildes como los llamaba Evita, a los sectores periféricos de las ciudades En el que el conurbano bonaerense es su mejor referencia.
El proyecto populista se sostiene en la sincera convicción que representa al pueblo; sin embargo, su “idea de pueblo” es abstracta en su amorfa estructura pero real en su concepción, en tanto fisicamente se expone, moviliza y propone un conjunto de demandas heterogéneas que ya no pueden formularse simplemente en términos de intereses ligados a categorías sociales determinadas.Ello ha implicado un desafío para la ciencia política en tanto abandona el análisis del mundo social en términos de clases.
Precisamente, el mismo Pierre Rosanvallon, en otra obra contemporánea a la anterior, que denominó “El Siglo del Populismo”(Ed.Manantial 2020), cita a Laclau, quien concibe al populismo como una “lógica horizontal de equivalencia” que reúne el conjunto de las demandas sociales, individualiza un enemigo común y traza la línea divisoria entre “ellos” y “nosotros”. “Ellos” son los enemigos al que califican de casta, oligarquía, elite, sistema, sosteniendo contra “ellos” su desprecio.
El populismo es esencialmente un “movimiento”; una parte del mismo se exhibe como partido político al solo efecto de cumplir con las imposiciones del régimen partidocrático dentro del marco de legalidad democrático; por lo tanto, no requiere la estructura de una organización política que funcionen sobre la base de la democracia interna; invita más bien a una actitud de adhesión a una verticalidad de nuevo tipo, en torno de un significante hegemónico que corporiza efectivamente la vida y las demandas de los representados.
El desencanto democrático contribuye a una mayor personalización de la política, donde una presencia física inmediata parece más atractiva que un programa distante.
Las decisiones del líder son inapelables por cuanto no hay nada por encima de él y ello, evidentemente, no colabora con la horizontalidad que presume el sistema democrático.
La visión populista de la democracia conduce paradójicamente a una concepción absolutista sobre su legitimación por las urnas. El partido y el movimiento que sustenta su base social no visualizan que en todo proceso electoral existe una minoría que no se siente representada por el ganador y que, en el complejo arte de gobernar y administrar, debe dirigir sus acciones al todo y no a una parcialidad, en tanto, el ejercicio democrático requiere una institución al servicio de los habitantes, independientmente de cualquier interés particular. La presente reflexión que surge de las definiciones trazadas en nuestra historia política constituciónal desde 1955 a la fecha, confirma dicha tesis.
En un mundo en el que se multiplican los lobbies y los intentos de privatización de los bienes públicos, esa imparcialidad encarna una dimensión sustancial del ideal democrático de un poder colectivo, constituida por el hecho de que nadie puede disfrutar de una ventaja o de un privilegio.
El peronismo en la Argentina, en todas sus administraciones y especialmente desde 1973 en adelante, ha insistido con la configuración clásica del populismo sin percibir que la globalización ha transformado su composición social.
Efectivamente: El capitalismo de organización, fundado en la explotación de la fuerza general de trabajo ha dado lugar a un nuevo tipo de capitalismo calificado como “capitalismo de innovación”,que se apoya en el valor de uso para la empresa y la masa que le sirve de sustento ha extendido su proletarización abarcando a sectores de la clase media que conforman el generico concepto “pueblo”, muchos de los cuales no tienen ni comparten las posturas sociales de los sectores más carenciados. Matices sociales que requebrajan ideologicamente el bloque de sustento.
Rosanvallon afirma que “...la entrada en una sociedad donde el nivel intelectual y cultural de la población ha aumentado, generó una mayor expectativa individual de reconocimiento y desarrollo personal. En la actualidad, la perspectiva de una igualdad-singularidad se impone como figura positiva del lazo social. Al mismo tiempo, con estas mutaciones generan nuevas líneas de fractura en la sociedad...”
A partir de la década de 1990, los economistas y sociólogos referían que las desigualdades ya no dividían a la población en función de las diversas categorías socio-profesionales, sino también por las diferencias de remuneración entre las empresas tanto como entre los sujetos asalariados, generando nuevas formas de pobreza.
El populismo potencia la radicalización de las divisiones políticas; incentiva la reelección (Insfran, Menem, Zamora) y el nepotismo (Perón/Evita; Perón/ Isabel Martinez; Nestor Kirchner/ Cristina Fernandez de Kirchner). En el parlamento argentino vigente en el 2021, el bloque oficialista lo dirige Máximo Kirchner y su madre, Cristina Fernandez de Kirchner, preside el Senado en su condición de Vice Presidente. La constante postura de impulsar la reelección , aún a contramano del principio de legalidad, encuentra justificación en el populismo, nos recuerda Rosanvallon, en el hecho que siempre en primer plano la preeminencia que debía otorgarse a la “voluntad del pueblo” y en los “antidemocrático” que implicaría impedir que el pueblo decida.
En la década de 1980 con el repliegue o derrota de las dictaduras en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay -para mencionar solo los casos mas notorios- la recuperación del Estado de Derecho, llevo a incluir en la mayoría de las Constituciónes, la imposibilidad de reelección inmediata de los presidentes. La medida se introdujo para conjurar los espectros del pasado y para consolidar las democracias renacientes en países que habían vivido todas las formas del autoritarismo y del poder personal. Ahora bien, esa tendencia comenzó a invertirse desde mediados de la década de 1990: Fernando Henrique Cardoso se postuló exitosamente en Brasil para un segundo mandato tras obtener la necesaria modificación de la Constitución. Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua imitaron dicho proceder. En Argentina, se redujo de seis a cuatro años el mandato presidencial con la posibilidad de un solo período de reelección inmediata; sin embargo, no se copió el modelo americano. Se admite en la actual constitución argentina, que el titular del Poder Ejecutivo con cuatro años de mandato, pueda ser reelecto por otros cuatro en forma consecutiva e incluso presentarse como candidato para un tercer período, si hace la pausa de un mandato presidencial al finalizar el segundo. Por su parte, los gobiernos de provincia, en Argentina, en sus respectivas constituciónes, mantienen prohibiciones a la reelección de su gobernador, como en Santa Fe o la admiten indefinidamente como en Formosa.
Los populistas de izquierda y populistas de derecha coinciden que la Constitución es la simple expresión momentánea de una relación de fuerzas en la que todo es político.
En nuestra interpretación, la reelección indefinida es otro factor del deterioro democrático y republicano, propio de la monarquía.
Existe otro factor de deterioro o desgaste democrático: El populismo, de derecha y de izquierda procura sistemáticamente la domesticación de las cortes constituciónales, destinada a suprimir los diferentes contrapesos al poder omnímodo del ejecutivo y en tal sentido, la decisión de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, designando Ministros que favorecen las políticas de Estado vinculados a la privatización de las empresas del Estado, la legitimación de los decretos de necesidad y urgencia, los procesos de reelección en los ámbitos provinciales.
En las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación constituyen un factor de publicidad y critica de los actos de gobierno y muchas veces, de silencio y autocensura durante los gobiernos militares. El cierre del diario La Prensa en la segunda presidencia de Perón; el humor corrosivo contra el Presidente Illia, el enfrentamiento con el diario Clarin durante todo el período kirchnerísta, por citar una pequeña muestra, delata el importante papel y la formidable herramienta que significa un medio periodístico en poder del oficialismo o de la oposición.
El peronismo no se vertebra como partido, sino como movimiento mayoritariamente espontáneo en la que el lider es el gran aglutinador de una masa informe más propia de la psicología social que del racionalismo. El partido es un recurso que habilita la participación en un sistema partidocrático pero no hace a la esencia de su construcción.
La democracia que se había sustentado en el reconocimiento de las libertades públicas, los partidos políticos como instrumentos de participación y acceso al poder y el sufragio universal, no alcanzaba a consolidarse sin el ejercicio de los derechos sociales. El movimiento peronista, sin lugar a dudas, se constituyó en un protagonista. Nadie puede negar, que ha sido un gran hacedor en la comprensión, alcance y significado de la justicia social. Sin embargo, su naturaleza populista degeneró en una distorsión de principios democráticos en su propio movimiento que se extendió a la organización sindical y una creciente desconfianza a las libertades públicas individuales en el entendimiento que minaban los marcos de legitimidad y del poder que las urnas le habían conferido.
2. La crisis del sistema partidocratico y representativo- la distorsión del sistema republicano
Los partidos políticos, en la campaña electoral de 1983, canalizaron profundos deseos de participación y protagonismo politico de una generación que desde 1976, había estado silenciada y perseguida. Ello se tradujo en grandes concentraciones populares, comités y unidades básicas se convirtieron en centro de debate, los programas de gobierno se aprobaban en las convenciones o congresos partidarios y los candidatos electorales eran elegidos por la nueva conscripción de afiliados de los respectivos partidos en elecciones internas. Los órganos partidarios suspendidos durante la dictadura, comenzaron a trazar, planificar y organizarse. Los dirigentes que durante el proceso de facto habían mantenido, en la clandestinidad, trozos de la estructura orgánica partidaria, tuvieron una notable ventaja en la planificación de las campañas electorales.
a) Recuperado el Estado de Derecho, paulatinamente, los partidos en la década de 1990, perdieron protagonismo, se burocratizaron para transformarse en un espacio necesario e inevitable para la composición de cargos electorales. Una casta se abroqueló en la estructura de esas organizaciones para prolongar y prorrogar sus mandatos, especulando con tres conceptos diferentes (nativo, domicilio y residencia), utilizando cualquiera de ellos para justificar la jurisdicción territorial que lo legitime como candidato. Senadores y Diputados, nativos de una provincia o distrito electoral que, cumplido su mandato, se postulaban y se postulan por otra jurisdicción territorial en la que mantenían su residencia o domicilio o a la inversa. Especulaban y especulan con las encuestas y en función de ellas, elegían invocar la condición de nativos, domicilio o residencia para legitimarse como candidatos. La conducta republicana que invocan en sus discursos, se diluye en materia de periodicidad de los mandatos, cuando verificamos que en su extensa trayectoria partidaria, han sido intendentes en su ciudad de residencia, diputados por otra provincia en su condición de nativos de la misma, más tarde senadores invocando la residencia en otro distrito, posteriormente gobernadores de la provincia en la que nacieron. A veces, la alteración del principio republicano de la periodicidad de los mandatos no se configura por haber desempeñado diferentes funciones, sino en los mandatos ininterrumpidos de dieciocho y veinticuatro años de senador o dieciséis años de diputado nacional, adoptando sin pudor, en los hechos, mandatos vitalicios, propios de la monarquía.
Los representantes pierden todo contacto con la realidad. Desconocen el valor de las mercaderías que consumimos, el costo de las tarifas de un ómnibus urbano o de media o larga distancia y paulatinamente el divorcio con el pueblo se hace más ostensible. Ello constituye otro factor de deterioro.
b) La financiación de una campaña electoral no reconoce mecanismos de transparencia. A pesar de la legislación vigente, todo lo concerniente a la contribución de fondos es manifiestamente informal. No existe un control adecuado y eficiente. La rendición de cuenta es esencialmente morosa y muchas veces se omite con la complicidad de la autoridad de aplicación. El control estatal, en consecuencia, no es confiable.
Muchas empresas, prestatarias del Estado, adelantan donaciones que luego recuperan y compensan con infinidad de contratos públicos. Contar con un sponsors con recursos es una herramienta eficaz que colabora con la publicidad y conocimiento del candidato. Los medios de comunicación son caros. El precio se fija por minutos o segundos. Las campañas no se basan en propuestas, sino en slogans, vacíos de todo contenido. No existe programa de gobierno sino propuestas genericas abstractas.
El costo de una campaña electoral para un candidato a Diputado Nacional o Senador Nacional en alguna provincia central implica una erogación que no esta al alcance de un trabajador, de un pequeño empresario o de un profesional liberal. Los costos de los espacios en radio, televisión, prensa escrita, programas de alto rating, espacios gráficos, carteleria urbana y en rutas, etc. implican un presupuesto millonario que no lo compensa el valor real de cincuenta hectáreas de campo en la pampa húmeda.
La campaña electoral para la presidencia de la Nación, en tanto alcance nacional e incluso en medios extranjeros es de imposible financiación sin una “Comisión de Notables” cuyos integrantes se los elige por sus lazos permanentes con empresas y empresarios
La campaña presidencial del 2015, en la Argentina, estuvo plagada de irregularidades en los balances electorales del PRO y del Kirchnerismo. El fiscal Jorge Di Lello requirió que los mencionados balances con los gastos oficiales de los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli, en la citada campaña, no sean aprobados por la Justicia hasta que los partidos puedan “subsanar” las irregularidades detectadas por diferentes auditorías. Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral por imperio de auditorías, verificaron inconsistencias en su financiamiento. El Fiscal Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos. Los auditores de la Cámara Federal, detectaron falsos donantes, asesores fantasmas, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar. Las irregularidades alcanzaron al Frente Cambiemos, el Frente para la Victoria, Compromiso Federal (cuyo candidato fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá); la Alianza UNA (Sergio Massa-José Manuel De la Sota), el Frente Progresista (Margarita Stolbizer), entre otras fuerzas.
La Cámara Electoral hizo hincapié, en el caso del Frente Cambiemos, en los aportes indirectos de empresarios a su campaña electoral y, simultáneamente, la canalización de fondos electorales a través de su partido político camuflados como “gastos de desenvolvimiento institucional”. Los auditores mencionan que los honorarios del asesor más conocido de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, no se declararon. Desde PRO respondieron que el ecuatoriano “asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente” (?).
El Frente para la Victoria, también sufrió fuertes cuestionamientos sobre su financiamiento electoral. Ante las observaciones de la Cámara Electoral sobre la falta de solvencia de sus donantes, la alianza reemplazó doscientos doce aportes por otros nuevos donantes. Desde el partido respondieron por escrito a la Justicia que todo fue parte de “un error administrativo”. Pero la nueva lista de donantes también sufrió llamativas observaciones en la auditoría: la Cámara detectó más de doscientos doscientos aportes que tampoco cumplían con las condiciones financieras mínimas para realizar dichas contribuciones. Son monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 60.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000. Los auditores detectaron también que en la campaña para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, su candidato, omitió informar el dinero ingresado en las millonarias cenas de recaudación de Parque Norte y Costa Salguero celebradas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el FPV le respondieron a la Justicia: “El gobernador [Scioli] sólo asistía a actos de protocolo o de gestión como funcionario en ejercicio”(?).
La siempre polémica relación entre políticos y empresarios, tomó otra dimensión en la provincia de San Luís. Su gobernador Alberto Rodríguez Saá convocó a los empresarios que construirán el megaproyecto “Parque La Pedrera”, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales, escuelas y un hospital. Dichas empresas desembolsaron el capital que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, el hermano del gobernador a pesar que la ley no permite el aporte de empresas ¿Como lo hicieron? Las compañías utilizaron a sus empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos (Fuente: Ivan Ruiz, Diario La Nacion).
Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados. La lista de Sergio Massa (UNA) frente a desembolsos realizados antes del período permitido por ley, por decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por haber sido omitidos en su declaración.
En las auditorias ordenadas por la Cámara Nacional Electoral, una importante empresa nacional, violó el tope máximo de donaciones permitidas. El holding se convirtió en el principal aporte de las campañas de Alberto Fernandez y Mauricio Macri. Declaró donaciones individuales menores a los nueve millones de pesos que era el límite impuesto por la Justicia; sin embargo, los fondos que el holding aportó, en total, para el Frente de Todos fueron $30 millones, y otros $25,5 millones para Juntos por el Cambio. Para realizar los aportes, el grupo utilizó al menos ocho razones sociales distintas. La Cámara Electoral detectó que, en algunos casos, las transferencias bancarias de cuatro de esas empresas fueron realizadas por la misma persona, el mismo día y desde el mismo banco.
Los auditores también señalaron que uno de los accionistas del holding, integra una empresa que tiene una concesión del Estado por 30 años. Las restricciones de la ley de financiamiento electoral son amplias en cuanto a la relación de los aportes con el Estado: prohíbe contribuciones de empresas concesionarias, contratistas de servicios u obras públicas, o proveedores de la Nación, provincias o municipios.
La Cámara Electoral planteó en el caso de los aportes electorales a Mauricio Macri, que durante la campaña se desempeñaba como presidente, que algunas de las empresas que donaron a su campaña tenían permisos emitidos por el Estado para operar puertos (LDC Argentina SA y PTP Warrant SA) y otras habían recibido beneficios del programa RenovAr, de energía eólica (Arre Beef SA y Frigorífico Gorina SAIF). Los auditores también hicieron hincapié en un grupo de seis frigoríficos y empresas agropecuarias que hicieron aportes a Juntos por el Cambio por un total de $28 millones y que habían accedido a la cuota Hilton, un cupo de fondos que reparte el Estado entre exportadores de carne vacuna.
La jueza María Servini, con competencia electoral, no aprobó todavía los balances de la campaña presidencial de 2015.(Fuente Iván Ruiz, Diario La Nación)
c) Hoy asistimos a partidos políticos paralizados. No existen como tal. Los comités y unidades básicas están vacías, deterioradas, cerradas, con importantes deudas por tasas de gas, luz, agua, servicios municipales, telefónicos, etc. que no se abonan desde hace bastante tiempo.
En 1983, frente a la necesidad de recomponer y reparar los daños afligidos a los comités y unidades básicas, en la dieta de un legislador se retenía un porcentaje destinado al partido político que representaba. Dichos fondos posibilitaron la reparación edilicia de muchos centros políticos. Con el tiempo, la conformación de frentes electorales descompuso la representación partidaria y muchos legisladores en crisis y con litigios internos con la dirección de sus respectivos partidos, se negaron a la retención partidaria y con ello, las organizaciones perdieron un soporte financiero vital. Una casta burocrática retiene los órganos de poder, evita las elecciones internas y conforma frentes electorales. Son numerosos los ejemplos de candidatos que han legitimado sus postulaciones por fuera del partido orgánico y una vez elegidos, con el poder que confiere el cargo, han asumido la conducción del mismo.
Lo expuesto, ha generado el alejamiento de los ciudadanos de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales por manifiesta indiferencia cívica. La ausencia de participación reconoce múltiples causas. Los congresos y convenciones partidarias han dejado de convertirse en la caja de resonancia del programa partidario. La distorsión de uno de los requisitos básicos del sistema republicano (la periodicidad de los mandatos) por parte de gran parte de la casta burocrática partidaria y frentista, ha significado un verdadero “tapón” para las generaciones más jóvenes. No existe renovación parlamentaria genuina; la excepción es cuando de apela al nepotismo. El nepotismo es más notorio en las provincias, muchas de las cuales mantienen un sistema feudal. No existe debate interno
La involución oligárquica de las democracias parlamentarias y presidencialistas se profundiza e intensifica. Una minoría burocrática, supeditada al poder económico monopoliza la representación política y excluye de facto a la mayoría, aunque sigue invocando su legitimidad formal a través del sufragio universal. Esta democracia oligárquica se convierte a la par en una verdadera plutocracia donde el poder está en manos de una minoría económicamente privilegiada.
La sumisión de los partidos políticos al mundo financiero ha aumentado el escepticismo hacia los representantes políticos, cuyo descrédito es creciente, agudizando los mecanismos de participación democrática y generando la actual crisis de representación
Con la excepción de contados procesos electorales en la que las contradicciones insuperables entre dos partidos políticos han potenciado el llamamiento a votar y los porcentajes se participación han aumentado, observamos que en las convocatorias electorales voluntarias, la indiferencia es notable. En las convocatorias con voto obligatorio, también decrecen y dicha indiferencia incluso se extiende a la conformación de las mesas electorales en razón que el designado por el colegio electoral tampoco se hace presente a su apertura.
d) La crisis de la democracia y su deterioro, se expresa esencialmente en la indiferencia de algunos sectores en el significado, sentido y utilidad del voto y en otros, como la Unión Europea, en la existencia de una capa creciente de inmigrantes sin derecho a voto, de ciudadanos de segunda categoría que asisten a las contiendas electorales como espectadores de decisiones que los afectan.
En el conjunto de la periferia europea, la deslegitimización del poder político y de la clase política se acentúa. La crisis económica y social se convierte en una crisis política cada vez más profunda con procesos crecientes de deslegitimación de instituciones y de los partidos políticos. Todo ello conlleva al desaliento, la desconfianza, el enojo y una marcada insatisfacción.
El vaciamiento institucional reemplazó a los golpes de Estado. La erosión de los cimientos democráticos, en los últimos años, expone el “desgaste” que nuestros sistemas de gobierno sufren “desde adentro”, provocando lo que, años atrás, el investigador argentino Guillermo O’Donnell denominó su “muerte lenta”. Esta “muerte lenta” de las democracias contrasta con la trágica práctica que fue tan común en América Latina hasta hace pocas décadas: la “muerte súbita”, consecuencia de violentos golpes de Estado, y que llevaban al abrupto reemplazo de gobiernos elegidos popularmente por gobiernos militares.
Otro rasgo de esta “muerte lenta” o “erosión paulatina” son conductas que el propio Poder Ejecutivo, confundiendo al Estado con gobierno, desconociendo el contrato social, alienta e impulsa, como afirmamos precedentemente, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, designando Ministros complacientes con las medidas del gobierno; legisla, a pesar de su expresa prohibición constituciónal, con decretos de necesidad y urgencia, forzando la interpretación constituciónal, aún y a pesar de fallos judiciales que lo impiden; procuran la re-reelección de sus mandatos a pesar que la constitución, a la que han jurado respetar, les veda un tercer mandato ininterrumpido; judicializan toda decisión en contra de sus intereses, confiando que la mayoría de los integrantes de la Corte devuelvan favores y lo legitimen.
En el Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria cuando responde al oficialismo, cualquiera sea éste, demora el nombramiento del Defensor del Pueblo y todo tipo de control; delega al Poder Ejecutivo todas las competencias que las provincias pre-existentes al Estado Nacional le ha conferido al Congreso de la Nación, renunciando a ejecutarlas; prorroga “sine die”, competencias extraordinarias conferidas para una coyuntura determinada en tiempos de normalidad institucional; legitima los decretos de necesidad y urgencia; evita todo debate parlamentario, resistiendo toda convocatoria de Ministros al seno del Congreso.
El sistema de “frenos y contrapesos” se diluye. El Poder ejecutivo avanza con sus decisiones consciente que el Poder Legislativo aprueba por disciplina y el Poder Judicial por mayoría.
Tom Ginsburg y Aziz Huq dedicaron un libro al tema de “cómo salvar las democracias constituciónales” frente al problema de la “erosión democrática”; el profesor Adam Przeworski nos ha manifestado que las democracias van “retrocediendo” de a poco; Steven Levitsky y Daniel Ziblatt se refirieron a la “muerte de las democracias”; el belga David van Reybrouck habló de la “fatiga democrática”
Hoy, existe una razonable preocupación sobre el deterioro democrático. Nos impone y obliga a pensar en remedios urgentes; soluciones mediatas; iniciativas destinadas a “restaurar” el sistema de checks and balances, o a diversificar y fortalecer los controles ante el poder Ejecutivo, quien aparece como el principal generador de “desajustes”.
Existe una crisis de representatividad, un fastidio por la corrupción e impunidad de la clase dirigente; un Congreso que no delibera, una justicia volátil con manifiesta dependencia hacia los gobiernos de turno. El desencanto con las democracias que mueren por dentro.
Lo que la ciudadanía exige, entonces, no se limita a una nueva constitución cualquiera sea, sino que nuestros representantes estén a la altura del mandato popular conferido. Nada cambiará realmente mientras quienes gobiernan no preserven las fuentes de trabajo, no combatan la inflación, no tiendan puentes con la oposición, mantengan la corrupción y la consiguiente impunidad, no atiendan la política ambiental, sigan sumando empleados públicos al Estado en los ámbitos nacionales y provinciales mientras nosotros somos meros espectadores, destinados a consentir o aplaudir.
Roberto Gargarella afirma “De todo esto hablamos cuando hablamos de democracia: de recuperar definitivamente nuestra capacidad colectiva de pensar, discutir y decidir acerca del modo en que nos organizarnos, y tomar decisiones sobre nuestro propio destino…” Ahora, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, aquellas reflexiones preliminares se multiplicaron y dos nuevos factores comenzaron a cobrar relevancia: la mentira y la improvisación.
Timothy Snyder (“Sobre la Tiranía”), en un reciente reportaje, se refiere precisamente a la politización de la ciencia. Se improvisa y en la improvisación se miente sin pudor a la sociedad, ora fijando aislamientos sociales, preventivos y obligatorios breves en procura de preservar la disponibilidad de recursos; ora falseando las listas de contagiados y fallecidos por el COVID19; ora discriminando entre provincias aliadas de aquellas otras gobernadas por la oposición; ora publicitando acuerdos del gobierno con laboratorios internacionales que han avanzado en la cura del flagelo con la aparición de la vacuna; ora con cuadros y estadísticas distorsiónados por los propios funcionarios de la salud.
La sociedad, después de muchas experiencias vergonzantes, ya no somos permeables a las mentiras que ponen nuestra propia vida en riesgo expuesta en los medios televisivos, radiales y gráficos, en la que se apela a datos igualmente falsos, que no responen a información documentada y confiable.
Si la desigualdad se vuelve demasiado extrema, la gente ya no vive en la misma sociedad. El lenguaje y la comunicación se rompen. La grieta social no colabora con el debate racional. Son las emociones y los fanatismos los que afloran.
Vivir en democracia implica ser educado para tal fin. No somos naturalmente “democráticos”; por el contrario, tendemos a ser egoístas, intolerantes, conservadores del “estado de bienestar propio”. Sin embargo, las pandemias, las catástrofes, la guerra, nos sacuden de tal manera que aprendemos y aprehendemos a bucear dentro de nosotros y mayoritariamente encontramos valores vinculados a la solidaridad y la comprensión del otro.
Snyder afirma que no se puede hacer política sin valores. Es muy importante que un ciudadano en una democracia sea consciente de que sus acciones individuales, no solo su voto, influyen. Los valores tienen que estar presente fundamentalmente en los funcionarios y sobre todo en los líderes políticos. El ejemplo reciente de Uruguay en la que dos senadores enfrentados por años en posturas encontradas, se retiren de la función pública abrazados, es un mensaje sublime que colabora con el fortalecimiento de la tolerancia y la democracia.
3. El deterioro creciente
La corrupción, la consiguiente impunidad por ausencia de control, eran marcas registradas en la dictadura y los gobiernos de facto. Dichas conductas han sido imitadas y acrecentadas durante algunos procesos democráticos, generando una descomposición acelerada de la confianza de los ciudadanos hacia los políticos potenciada por la impunidad de sus protagonistas.
La erosión que hoy evidencian nuestras instituciones, el sistema político y la democracia no reconoce en la corrupción y consiguiente impunidad los únicos factores, sino que la llamada “crisis de representatividad” también ha jugado en papel relevante, consecuencia del desarraigo social de los políticos que han perdido presencia en el conjunto de la sociedad.
Asistimos a un debilitamiento del sistema de representación tradicional, ausencia de debates y proyectos programáticos, publicidad engañosa y limitada, conformación de frentes electorales que en el poder se trenzan en infinitas disputas sin concebir un programa de coyuntura que los sustente.
Una Democracia requiere instituciones para funcionar, con mecanismos de transparencia en sus ingresos y en las decisiones que adopte. Un ejemplo de corrupción que colabora con la crisis de representación son los funcionarios vinculados a la acción social y a la salud pública, los cuales, invocando la reciente pandemia y la urgencia en la compra de insumos, adquirieron los mismos, ajenos a todo control, abonando costos exageradamente más altos que los publicados en plaza, invocando como justificación la urgencia. Los proveedores, simultáneamente se sirvieron de los apremios estatales para lucrar abusivamente.
Para esos casos, la expropiación hubiera sido una alternativa democrática cuya propuesta descuento hubiera tenido el voto favorable de la comunidad legislativa en tanto utilidad publica, justificando una erogación razonable por los insumos.
La democracia regula una infinidad de temas que ordenan la vida republicana. Sin embargo las reglas no son neutras. Cada una de ellas afecta las relaciones de poder y directa o indirectamente, favorecen a ciertos grupos o sectores sociales sobre otros. Cualquier regla tiene efectos positivos y negativos en el funcionamiento del sistema democrático.
Existe un debilitamiento del sistema de representación tradicional, conforme lo hemos expuesto antes. Los partidos políticos se distancian de la ciudadanía cuando sus mandatarios se corrompen, gozan de la impunidad que el poder judicial cómplice tutela y legislan a contramano del bien común. La disminución de la participación electoral, su indiferencia, es consecuencia directa del descrédito de los partidos políticos. Existe una fuerte insatisfacción del pueblo respecto de sus representantes. La percepción es que los funcionarios y consiguientemente las autoridades partidarias, gobiernan en beneficio propio o de unos pocos. Ello implica una creciente desconfianza en los partidos políticos, en el Congreso de la Nación, en el Presidente Ministros y Secretarios y también en el Poder Judicial, a quienes la población visualiza con una manifiesta volatilidad.
Agustín Squella distingue entre legitimidad y legitimación. La legitimidad de la democracia no entra en discusión; preferimos el sistema, aún con sus imperfecciones a cualquier otro; otra cosa es la satisfacción en el modo en que se desenvuelve y ello se vincula con la ilegitimidad
Guy Peters (“Institucional Theory in polítical Science. The new institutionalism”) introduce en la doctrina lo que denomina el “Institucionalismo racional” y el “Institucionalismo Histórico”, con un interrogante ¿de qué forma las reglas, las instituciones, impactan nuestras vidas? Elabora una tesis que ejemplifica con la “regla del casco”, la cual determina la obligación de llevar casco si se circula en bicicleta en la ciudad. Los medios de comunicación señalan que quienes omitan dicha regla, deberán abonar una multa. Algunos ciclistas frente al temor de ser multados, cumplen con dicho imperativo. Guy Peters lo asocia al “Institucionalismo Racional”, describiendo ese comportamiento como propio de las personas que reaccionan frente a ciertos incentivos o castigos. Las reglas establecen ciertas fronteras o límites para hacer más sensibles tales demarcaciones. El hecho de ser seres racionales nos permite actuar evaluando costos y beneficios que implicará cumplir con la mencionada norma. La evaluación de costos y beneficios podría involucrar no solo el temor a recibir una multa, frente a una falta determinada, sino, a veces, una sanción social. Desde esta perspectiva, las personas son agentes racionales con capacidad para discernir costos y beneficios cada vez que tomamos una decisión (Citado por Claudio Fuentes en “La Erosión de la democracia”, Pag. 24 y siguientes.Editorial Catalonia -Chile- primera edición Noviembre 2019),
El Institucionalismo Histórico, por su parte, interpreta el impacto que tienen las instituciones en el comportamiento social, una vez establecida una determinada disposición. Tomando como ejemplo, la mencionada “regla del casco”, Guy Peters refiere que “las personas, quizás en un primer momento portaban sus cascos por el miedo a la infracción pero, poco a poco, fueron convirtiendo la condición de portadores del casco como rutina; la rutina se transformó en costumbre y ésta va naturalizando nuestros comportamientos…”. La norma aceptada socialmente afectan nuestros comportamientos sociales y ello conlleva a naturalizar ciertas actitudes y comportamientos. Aquel comportamiento, que en un principio pudo ser estratégico, deviene en costumbre y la costumbre se internaliza hasta convertir la conducta en automática.
James March y Johan Olsen (The Logic Off Appropriateness) vinculado al tema que estamos analizando, introducen la “Logica de la Apropiación”, en la que los individuos adoptan ciertas normas, las “internalizan” y transforman en algo cotidiano y apropiado. De este modo se enfrentan dos paradigmas para entender el impacto de las regulaciones: a) aquella que se asocia con el modo en que ellas van limitando el actuar de los individuos, quienes a su vez, reaccionan estratégicamente y b) las que se asocian a un impacto de más largo plazo, modificando conductas, generando hábitos y finalmente, provocando transformaciones en el modo de entender y comprender los procesos políticos y sociales que internamente hacemos de los mismos. La tecnología y las redes sociales han transformado en obsoletas muchas reglas.
Si todas las normas se internalizan y se transforman en un hábito ¿porqué los actores políticos y sociales demandan frecuentemente cambiar las reglas que regulan nuestro actuar?”
La respuesta racional esta en la “insatisfacción”. La sensación puede estar en el origen de la norma (las leyes de la dictadura); en sus resultados (la norma no cumplió las expectativas para las que fue diseñada o como consecuencia de un nuevo contexto social). La insatisfacción provoca la incomodidad frente al carácter imperativo de una regla y el instinto humano nos moviliza en procura de cambiar, de transformar, de actualizar determinada norma.
Las reglas, en definitiva, son manifestaciones del poder y lo que debemos procurar es como la incorporamos a un contrato constituciónal
Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) no constituyeron una herramienta de los gobiernos de iure sino defacto. Fueron las dictaduras quienes apelaban a dichas disposiciones. Sin embargo, a partir de 1989, Menem utilizó una artillería de DNU impulsado por su ministro de economía Domingo Cavallo, evitando el debate parlamentario y apoyado por una Corte Suprema cómplice que había ampliado a nueve miembros. La omisión parlamentaria no era consecuencia de contar con minoría parlamentaria; todo lo contrario, mantenía mayoría en ambas cámaras, lo que quiso evitar y lo consiguió, era el debate parlamentario con la oposición frente a la privatización de las empresas del Estado. Los legisladores oficialistas apelaron al silencio o al ataque despiadado a la oposición invocando la “modernización del Estado”. Jamás hubo autocrítica de aquel pasaje.
Era tan exagerada la cantidad de DNU que había promovido Carlos Memen durante su administración que, en el debate y posterior consenso que mantuvo con Raul Alfonsín, ex Presidente de la Republica y referente del mayor partido de oposición, fueron incluidos los mencionados decretos en el “Acuerdo de Olivos” y posteriormente incorporado al contrato constituciónal de 1994 en su artículo 99 inciso 3, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, estableciendo una prohibición: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Sin embargo, seguidamente la misma norma y de la mano de Carlos Corach, uno de los responsables de traducir las conclusiones de los debates, la norma fijaba dos excepciones: “Solamente, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.
En 1989, cinco años antes, la administración de Menem había ampliado de cinco a nueve los miembros de la Corte Suprema, conformando una nueva mayoría, tristemente conocida como “La Corte Menemista”, que avaló la promulgación de decretos en forma ordinaria, interpretando que le correspondía al Congreso su rechazo o derogación, admitiendo, en consecuencia, la legitimación del acto presidencial, aunque el Congreso estuviera deliberando.
La conducta presidencial fue imitada posteriormente por las administraciones de De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina Fernandez de Kirchner, Macri y actualmente por Alberto Fernandez.
La reciente pandemia ha desatado nuevos DNU que en la administración de Alberto Fernandez, implica una delegación discrecional de facultades al Jefe de Gabinete que ha revocado el único límite para la reasignación de las partidas presupuestarias que le imponía la ley financiera en su artículo 37 sancionada por la administración Macri. El límite del 7,5% para el ejercicio 2017 y del 5% para el 2018, sobre el monto total aprobado del presupuesto ha desaparecido y ello autoriza al Jefe de Gabinete a alterar, compensar, intercambiar, derogar, habilitar, adjudicar nuevas partidas sin control alguno del Congreso. Una verdadera ley de superpoderes que desplaza al parlamento en la composición y destino de las cuentas de ingreso y egreso del Estado.
Los DNU se han transformado en uno de los factores más incisivos en la erosión del sistema democrático.
Otro factor es la “delegación legislativa” que el contrato constituciónal admitió en su artículo 76, con una prohibición: “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” y simultáneamente con dos excepciones: “Salvo en materia determinada de la administración o de emergencia pública”. Las excepciones estaban atadas a dos condiciones: El Congreso debía fijar el plazo para su ejercicio y las bases de la delegación.
La distorsión de la norma fue inmediata: El Congreso dispuso a continuación, en el marco de sus atribuciones reglamentarias y por simple mayoría, que todas las facultades conferidas al Congreso por las provincias en la convención constituyente, constituían materia determinada de la administración y en consecuencia, todo era delegable.
El deterioro creciente tiene otra arista: la cuestión tributaria. Sus constantes modificaciones, altera las reglas de juego y generan desincentivos a la inversión.
La administración del Presidente Alberto Fernández ha creado o aumentado en diez meses de mandato, catorce (14) impuestos, algunos de los cuales están incluidos impropiamente en la Ley de Presupuesto, pese a la prohibición que consagra la Ley 24.156 sobre “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional”
El sistema tributario de un país bien estructurado, deber ser transparente, preciso, seguro, simplificado y con plazo determinado que permita a proyectar y planificar cualquier intento de inversión a futuro. Mantener dichos criterios potencia la actividad económica y constituye una magnífica herramienta para promover el desarrollo productivo y una justa redistribución de la riqueza.
La altísima presión fiscal que soportamos los contribuyentes, delata la insensibilidad legislativa y la desesperación del Estado al adoptar metodologías populistas.
La “administración Macri” impulsó un proceso de simplificación a partir del cual se había firmado el Pacto Fiscal, no suprimió pero sí redujo la baja de Ganancias y retenciones. Alberto Fernandez, restituyó y agravó la presión tributaria.
María Julieta Rumi, describe los impuestos que se crearon o aumentaron en la actual administración de Alberto Fernandez:
a) Impuesto PAIS: La Ley 27.541, que entró en vigencia el 23 de diciembre del año pasado, creó el Impuesto PAIS. Implica un 30% adicional sobre la compra de moneda extranjera para atesoramiento, consumos con tarjetas de crédito en moneda extranjera, adquisición de servicios en el exterior mediante agencias de turismo y adquisición de transporte con destino al exterior. Para el caso de los servicios digitales, tales como Netflix, Spotify, Apple Music, Google Play, entre otros, la alícuota es del 8%.
b) Bienes Personales: En la Ley 27.541 se implementó un aumento en las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Pasó de un mínimo de 0,25% y un máximo de 0,75% a un mínimo de 0,5% y un máximo de $156.250 más 1,25%. Además, para tenencias fuera del país la alícuota máxima trepó a 2,25%. Y, como agregado, se mantuvo sin cambios el mínimo no imponible a partir del cual se paga el tributo de $2 millones.
c) Costos laborales: Siguiendo con la mencionada ley, también se derogó la obligación que tenía el Estado de actualizar por inflación -un 53,8%- el mínimo no imponible para contribuciones patronales que estaba en $7003. Al mantenerlo por un año más en ese nivel, hubo un aumento en los costos de los empleadores por efecto de la inflación.
Pero, además, previo a esa Ley, la normativa fijaba una convergencia gradual de la alícuota de contribuciones patronales al 19%, lo que implicaba una suba para las pequeñas y medianas empresas más una baja para las empresas más grandes. La Ley de Solidaridad interrumpió esa convergencia deteniendo la suba para pymes en el 18%, desde el 17% previo, mientras que congeló en el 20,4% la alícuota para empresas grandes, para las que estaba prevista una baja.
d) Impuesto a las Ganancias para sociedades: Otra baja de carga impositiva dejada de lado por la Ley de Solidaridad fue la de aplicación del Impuesto a las Ganancias para sociedades. El texto postergó la aplicación de la tasa del 25% para sociedades prevista para este año por un año más, lo que es lo mismo que decir que extendió un año más la tasa del 30%.
e) Impuesto a las ganancias-ajuste por inflación: La Ley 27.541 modificó la norma 27.430 y ahora las empresas pueden computar los quebrantos que les causa la inflación sobre sus resultados hasta un tope. Los excedentes por sobre ese tope se pueden computar en años venideros, los siguientes “períodos fiscales” en el lenguaje técnico. Hasta 2019, se podía imputar en tercios dentro de 3 períodos fiscales y, luego de la Ley de Solidaridad, pasó a poder imputarse en sextos: a lo largo de seis años. Así, el impacto de la inflación en los resultados sujetos a impuestos se licúa a lo largo del tiempo, lo que en los hechos es un costo financiero para las empresas en favor del fisco.
f) Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias: La Ley 27.541 incrementó el impuesto al débito al doble cuando se realizan extracciones en efectivo por operaciones alcanzadas por el impuesto. Es decir, en esos casos el impuesto pasa del 0,6% al 1,2%.No se aplica este incremento para las personas humanas como así tampoco para las personas jurídicas que sean micro y pequeñas empresas con Certificado MiPyME.
g) Derechos de exportación: Mediante el Decreto 39/2019, la Ley 27.541 y diversas resoluciones se modificaron los derechos de exportación, denominados habitualmente retenciones a las exportaciones. De esa forma se incrementaron los derechos a las exportaciones de soja y otros productos llevándolos hasta un máximo del 33%.En octubre se decidió una baja del 3%, del 2% para noviembre y de 1% para diciembre.Los derechos de exportación sobre las exportaciones de servicios se disminuyeron del 12% al 5% pero al sacarle el tope en pesos que había dispuesto el Gobierno anterior, hoy terminan siendo más altos que en el pasado.
h) Percepción del 35% sobre compra de dólares: A través de la Resolución General (AFIP) 4815, se creó un régimen de percepción del 35% que se aplica sobre los mismos hechos imponibles del impuesto PAIS. Los monotributistas pueden computar ese 35% como pago a cuenta de bienes personales, mientras que los restantes sujetos como un ingreso a cuenta del impuesto a las ganancias.Quienes no son contribuyentes podrán pedir la devolución a partir del año siguiente al haber sufrido las mismas. La experiencia del pasado no es buena en cuanto a los procedimientos y tiempos para lograr la devolución de percepciones similares.
i) Impuestos internos a productos tecnológicos y electrónicos: Para seguir con la enumeración de aumentos de impuestos decididos en el último año hay que pasar al texto de la Ley de Presupuesto 2021, en donde se retocan varios tributos. Uno de ellos son los impuestos internos sobre productos tecnológicos.Los impuestos internos que pesan sobre celulares y otros electrónicos pasarán del 10,5% al 17%, en general, y del 0% al 6,55% para los producidos en Tierra del Fuego, a partir de enero próximo. Es una marcha atrás respecto de una medida de Mauricio Macri que había establecido una reducción gradual para esos tributos que queda trunca con este cambio normativo.La suba de la carga impositiva, que no afecta a computadoras, implica, además de una mayor recaudación para el fisco, un aumento del margen de protección para los bienes producidos en Tierra del Fuego, ya que amplía el diferencial de alícuotas.
j) Fondo de Incentivo Docente: La Ley de Presupuesto 2021 (aún no publicada en el Boletín Oficial) restablece la vigencia por un año del Fondo de Incentivo Docente que fue tan resistido en el Gobierno de Fernando De la Rúa y terminó derogándose.Este fondo se debía pagar sobre los automotores cuyo costo de mercado superaba los $ 4000, motocicletas y motos de más de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio nacional. Es del 1% o del 1,5%, según el caso.
k) Impuesto a las apuestas online: En el texto de la Ley de Presupuesto 2021 también se esconde otro aumento. Es el que se decidió sobre las apuestas online. Tal como fue aprobada en las dos cámaras, la Ley establece una suba del 2% al 5% en el impuesto al juego online.El tributo se aplicará a cualquier transacción por apuesta realizada de forma digital, mientras que el gravamen será del 10% para aquellas empresas que operen desde países “no cooperantes o de baja o nula tributación”, los conocidos como paraísos fiscales. La base imponible, sin embargo, todavía no fue especificada.
l) Contribución sobre las primas de seguros para automóviles: La Ley de Presupuesto 2021 también crea una contribución obligatoria de 0,5% sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros sobre todos los vehículos afectados a servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional y que tendrá como destino la Comisión Reguladora del Transporte.
ll) Contribución sobre las primas de seguros para el manejo del fuego: Además, el artículo 102 de la Ley de Presupuesto crea el denominado Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que estará compuesto, entre otros conceptos, por una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo vida), a cargo de las aseguradoras. Tal contribución, se dispone, no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores, y deberá ser liquidada por las compañías de seguros a la Superintendencia de Seguros de la Nación.
m) Impuesto a la Riqueza: Este impuesto por única vez, en los hechos, todavía no es una realidad. Mantiene la media sanción de Diputados y se descuenta la aprobación en el Senado.
Los legisladores, indistintamente, en su tarea de opositores u oficialistas, han desobedecido el contrato constituciónal y han transgredido permanentemente el principio de legalidad que ellos mismos construyeron en determinadas coyunturas, contradiciendo sus propios dichos y decisiones sin pudor.
La Ley 24.156 de “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional” establece cuatro sistemas: 1) presupuestario; 2) del crédito público; 3) contable y 4) de tesoreria. La norma establece imperativamente los criterios normativos y principios que conforman y estructuran la ley presupuestaria, que es “especial” en tanto y en cuanto no puede contener normas permanentes en razón de su anualidad. Ello implica que la ley presupuestaria tiene vedada la posibilidad de crear o modificar tributos permanentes.
Su articulo 19 establece que la ley presupuestaria contendrá tres titulo: a) Disposiciones Generales; b) Presupuesto de recursos y gastos de la administración central; y c) presupuesto de recursos y gastos de la administración centralizada.
Por su parte, el art.20 referido a las disposiciones generales, puntualmente prescribe que aquellas “contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, evaluación y ejecución del presupuesto”, agregando “En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”
La inconducta legislativa transgrede permanentemente el principio de legalidad. Opositores y oficialistas frente a diferentes administraciones obran con la misma postura. Se contradicen al punto tal que bastaría leer los fundamentos de un mismo grupo de legisladores en el rol de opositores y luego de oficialistas en materia de privatización de empresas, legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia, materia impositiva, etc. para verificar la facilidad conque modifican sus argumentos.
El deterioro creciente en el sistema admite que la desconfianza y desencanto de nuestros legisladores, es uno de los argumentos más relevantes.
La crisis de la representación política que hicimos mención anteriormente, reconoce como uno de sus factores, la complicidad de la mayoría oficialista con la administración de turno, delegando a diestra y siniestra sus propias competencias, renunciando a su poder de control constituciónal y convencional.
La creación de nuevos tribunales, el debate en torno a la finalidad del Procurador en un a república democrática, la fusión de diferentes Tribunales, la designación y remoción de los fiscales, la impunidad de la corrupción, son todos acontecimientos que colaboran con el desgaste y fundamentalmente, con el desaliento de la democracia.
Transitamos lo que Giorgio Agamben denomina el “Estado de Excepción”. Dentro del cual el derecho queda condicionado por la emergencia; la regla es desplazada por la excepción y lo que se legisla con carácter transitorio, propio de soluciones que requiere la emergencia, se prorrogan en el tiempo, se asimilan por el conjunto del pueblo con la misma equivalencia que las leyes ordinarias y su habitualidad implica a la par de un sometimiento de los habitantes, la transferencia al Poder Ejecutivo de enormes cuotas de poder.
Los valores quedan subsumidos y en consecuencia, subordinados al poder, quien arbitrariamente interfiere sin respetar la división de poderes y adoptando normas arbitrarias sin control alguno.
Desde el año 2001, en la República Argentina transitamos un “Estado de anomia” es decir una ausencia de reglas imperativas que otrora mantenían cierta jerarquía o supremacía sobre el ámbito administrativo pero que, desde aquella época, permanecen infinitamente desvalorizados.
El Poder ejecutivo, se confunde y se mimetiza en el Estado, impone reglas que por imperio de decretos que autodenomina “necesarios y urgentes”; se sirve de la delegación legislativa que su partido oficialista, disciplinado y sumiso delega todas y cada una de las facultades parlamentarias, y designa en el ámbito judicial, a partidarios que comulgan con la ideología oficial, a fin de justificar todas y cada una de las decisiones que el Poder Ejecutivo adopta y que el Poder Legislativo sanciona por expreso mandato del primero.
Asistimos a un acrecentamiento desmedido de la pobreza. En relevamientos efectuados recientemente se han constatado en la región principal de Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma, aproximadamente cuatro mil villas de emergencia a marzo de 2020; dos mil son posteriores al 2001 y las otras 2000 villas, se conformaron después del 2010, lo que delata que en los últimos veinte años, el deterioro en la calidad de vida en la cantidad de pobres deviene como consecuencia inevitable de un populismo en procura de preservar su masa electoral sometiéndolos, precisamente a la pobreza.
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