Kitabı oku: «Periodismo político»

Capítulo 1

Caracterización del periodismo político

Según señalan Neveu y Kuhn (2002), la tradición de estudios sobre comunicación política desarrollada durante el siglo XX ofrecía algunos puntos ciegos cuya resolución exige otorgar un papel central, en la investigación, al periodismo político: «volver a situar el periodismo y a los periodistas en el centro del proceso de comunicación política» (Neveu y Kuhn, 2002: 5). Entre tales puntos ciegos destacaban tres especialmente importantes: la falta de estudios históricos y comparados, la falta de estudios sobre las relaciones entre periodismo político y otras especializaciones y la falta de estudios sobre el concepto de política desarrollado en los medios. Estos autores señalan que ningún otro tipo de periodismo ha sido objeto de tanta investigación, algo que puede comprobarse a partir de cualquier búsqueda bibliográfica (Neveu y Kuhn, 2002: 3). Pero añaden que esta vasta bibliografía contiene carencias sorprendentes, por ejemplo con respecto a los enfoques comparativos e históricos. Subrayan, al respecto, tres puntos clave. En primer lugar, hay una ausencia de análisis históricos a largo plazo. Añaden que si bien hay algunos estudios notables sobre periodismo en las décadas de 1900 o 1960, «hay pocos libros que […] ofrezcan una perspectiva amplia sobre el desarrollo del periodismo político a lo largo del tiempo». En segundo lugar, afirman que ha habido poca investigación centrada en las particularidades del periodismo político respecto a otras especializaciones, como la cobertura de deportes, sociedad o sucesos. Por último, indican una carencia específica de análisis sobre la cobertura política propiamente dicha, puesto que hay relativamente pocos estudios que analicen cuál es la naturaleza concreta de las cuestiones tratadas en las secciones de «Política» de los medios de comunicación.

También el monográfico de Esser, Strömbäck y de Vreese (2012) supone un intento de salir al paso de algunos de estos puntos ciegos en las bases teóricas de la investigación sobre periodismo político, especialmente los derivados de cierta imprecisión conceptual que dificulta el desarrollo de estudios similares a los de otras áreas de investigación comunicativa:

La investigación sobre el periodismo de noticias políticas afronta serios desafíos relacionados con una falta de claridad conceptual, así como de intercomparabilidad entre los estudios y de una acumulación de resultados insuficientes. […] Creemos que esta situación es muy lamentable, y que la investigación sobre el contenido de las noticias tiene mucho que aprender de otros campos donde la normalización de las variables clave ha avanzado más (Esser, Strömbäck y de Vreese, 2012: 140).

Como se ha señalado en la introducción, deseamos contribuir a cubrir, en la medida de lo posible, algunos de esos puntos ciegos descritos en la bibliografía sobre periodismo político; para ello presentaremos una visión que pueda integrar en un mismo enfoque las aportaciones de la investigación sobre comunicación mediática y la realidad de la praxis profesional. Los temas que abordamos son absolutamente amplios y complejos, por lo que cada uno de ellos sería susceptible de una monografía específica; sin embargo, nuestra idea principal es recoger las aportaciones esenciales de la investigación en teoría de la comunicación, casi todas bien conocidas y disponibles para el lector en la bibliografía sobre el tema, y combinarlas con el oficio periodístico; es decir, unir a la visión teórica la praxis profesional como manera de alcanzar nuestro objetivo. Para empezar, resulta imprescindible clarificar los conceptos fundamentales de periodismo político y noticia política.

1. El periodismo político

¿Qué es el periodismo político? La pregunta es fundamental, pues de su definición, que ha de contemplar tanto una reflexión teórica de la cuestión como una observación de la praxis profesional, debe derivarse su defensa como área especializada del periodismo. Y aunque parezca, como mínimo, extraño, apenas ha habido hasta el momento claros esfuerzos por acotar esa misma definición. Giró (2010: 80) es, probablemente, uno de los autores que mejor ha establecido una descripción adecuada de la acción del periodismo político, cuando afirma que este es entendido como aquel que se ocupa de la política, es decir, de la actividad desplegada desde y alrededor del poder, abarcando por tanto todas las áreas informativas de la sociedad, «porque en todas hay alguna forma de ejercicio de poder. Dicho de otra forma, todo periodismo sería o es político».

Esta primera definición es, objetivamente, imprecisa. Lo reconoce el propio Giró cuando la califica de «omnicomprensiva pero poco funcional para tratar sobre la actividad de los y las periodistas que cubren a los actores que habitualmente conocemos como políticos». Y argumenta, en este contexto, la necesidad de conjugar esta visión general con una especificidad definitoria, que se relaciona con los protagonistas de los temas tratados, básicamente los representantes, los partidos y las instituciones políticas. El objeto específico de atención se convierte, así, en elemento fundamental.

Entenderemos por periodismo político el que se ocupa de la acción de los gobiernos y de los grupos opositores, ya sean partido u otro tipo de organizaciones. Queda incluida la interacción de los partidos entre sí y con grupos o movimientos sociales no estrictamente políticos y, en congruencia, también la actividad parlamentaria y la movilización en la calle (Giró, 2010: 80-81).

Giró amplía su definición inicial aumentando los campos de acción o cobertura del periodismo político que, como señala, alcanzarían no solo a las instituciones y a los partidos políticos, sino también a grupos y colectivos «no estrictamente políticos»; el periodismo político asume la cobertura de todos estos actores en situaciones de conflicto, concepto sociológico ya manejado por Borrat (1989b: 68) en su caracterización del periódico como actor del sistema político. Héctor Borrat argumenta que el periódico pasa a ser visto así como sujeto de relaciones bi- y multilaterales, muy diversas pero relevantes para su mejor identificación como actor social y como medio de comunicación de masas: «al mismo tiempo que reafirma sus señas de identidad, […] presenta otras que lo perfilan como participante de conflictos políticos, a título de parte principal o de tercero involucrado», añade el autor.

En esta misma línea, Giró (2010: 81) cita a Wolfsfeld y su teoría sobre el conflicto, habitualmente usada en la descripción del periodismo, definiéndolo como «la disputa pública entre dos o más antagonistas sobre la influencia o el control del poder político». Diferentes autores han subrayado la centralidad del conflicto, la discrepancia y los enfrentamientos legítimos, tanto en la política como en su tratamiento mediático, de tal manera que la batalla por captar la propia atención de los medios pasa a convertirse en una parte integral de los conflictos políticos que tienen lugar en los entornos institucionales (Van Dalen, 2012: 33).

Giró, conocedor de la praxis del periodista profesional y consciente de la necesidad de establecer el ámbito de especialización del periodista político, amplía su propia definición para incluir el ámbito de acción del informador, y puntualiza como obligaciones del profesional del periodismo político la cobertura de los siguientes elementos: las apariciones y comparecencias públicas, las campañas, las elecciones, los debates –parlamentarios incluidos– y las tareas que realizan los gobiernos, así como también las críticas y las acciones de los grupos opositores (Giró, 2010: 81).

Similar postura adopta Casero-Ripollés (2012b:19) al acotar temáticamente el periodismo político como aquel referido a la actividad de los gobiernos, los partidos y las organizaciones políticas, «y todos aquellos aconte cimientos que estén relacionados con la res publica», incluyendo entre ellos acciones no necesariamente protagonizadas por actores institucionales, como pueden ser las protestas, las manifestaciones y otras acciones de colectivos sociales y civiles. Como ejemplos se pueden citar el activismo social y la movilización protagonizados por colectivos que, como el 15-M o Stop Desahucios, han condicionado de manera significativa el debate político en España entre los años 2010 y 2014.

La reflexión de Giró es compatible con la inclusión del periodismo político en el periodismo especializado, pero también con la realidad del ejercicio profesional, es decir, con el trabajo de un periodista en un diario. Pero creemos que su definición aún puede acotarse más, porque si bien es cierto que el periodista político da cobertura con su trabajo al conflicto que se genera entre las instituciones políticas y sus actores, no es menos cierto que muchos de los acontecimientos que se enmarcan en estas instituciones o actores no serán cubiertos por un periodista político, sino por informadores de otras secciones de un diario. Barnett y Gaber (2001: 33) describen también una situación de similar indefinición en el Reino Unido al destacar que el término periodista político es, de hecho, una descripción muy genérica de todos aquellos cuyo trabajo consiste en la escritura e información sobre política. Según estos autores, a efectos de analizar bien el proceso de producción de las noticias políticas es importante comprender claramente las diferencias entre distintas figuras profesionales, como son los periodistas parlamentarios, los corresponsales políticos, los columnistas políticos, etc.

Para desarrollar esta idea es necesario diferenciar qué debe entenderse por información política frente a lo que no lo es; por tanto, resulta imprescindible la definición del propio concepto de noticia política. Y este aspecto es fundamental porque, como veremos a continuación, no se trata de una discusión exclusiva del ámbito teórico sino que se produce también en las redacciones de los medios de comunicación, principalmente en los periódicos, cuando se presta atención a acontecimientos cuyo carácter fronterizo en distintas áreas temáticas (política, economía, sociedad, etcétera) permitiría ubicarlos, una vez transformados en noticia, en diferentes secciones. Cuestión esta que provoca no pocas tensiones en las redacciones.

2. La noticia política

Antes de profundizar en este tema, resulta interesante recordar algunas nociones teóricas generales que ya resultan clásicas y que deben ser tenidas en cuenta, relativas al acontecimiento, la noticia y la información. Si asumimos, como señala Rodrigo Alsina (2005), que «la producción de la noticia es un proceso complejo que se inicia con un acontecimiento», es necesario tener en cuenta que cada acontecimiento, como fenómeno social, tendrá diferente consideración en cada sistema cultural; y son estos mismos sistemas culturales los que determinarán también cuáles deben pasar desapercibidos. En este sentido, Rodrigo Alsina señalaba las aportaciones de Sierra (1984: 197), quien apunta la específica naturaleza de los acontecimientos sociales susceptibles de convertirse en noticia:

Se puede entender como acontecimientos sociales los hechos de trascendencia social que acaecen en un momento determinado del tiempo. Se diferencian, pues, de los acontecimientos en general en la necesidad de que presenten una trascendencia social.

Rodrigo Alsina reconoce la dificultad de definir qué se entiende por trascendencia social, y apunta que puede ser debida a diversos factores, entre los que destaca el sujeto protagonista del acontecimiento o el propio objeto del desarrollo del acontecimiento (2005).

Por su parte, Fontcuberta (1993: 19) advierte que el acontecimiento se ha definido tradicionalmente a partir de dos características: a) es todo lo que sucede en el tiempo, y b) es todo lo improbable, singular, accidental. No obstante, tampoco debe confundirse el acontecimiento con el suceso, como bien señala Rodrigo Alsina (2005), ya que mientras el primero se define por la importancia del mensaje, lo propio del suceso es referirse a ciertas convenciones sociales que se ven vulneradas, es decir, a cierta ruptura de lo que cabría considerar «la lógica de lo cotidiano».

A fin de diferenciar el simple acontecimiento de la noticia, Rodrigo Alsina señala la necesidad de establecer el punto de referencia de la interpretación contextualizada: «Lo que es noticia para un sistema puede ser acontecimiento para otro», insiste. Se puede añadir incluso que las mismas sociedades pueden variar su percepción de lo que es un acontecimiento y de lo que es una noticia según su propia evolución en valores, legislación, permisividad respecto a ciertos actos, etcétera. Sería el caso, por ejemplo en España, de la violencia de género: hace veinte años, como acontecimiento, como hecho que ocurría, rara vez era noticia o, en el mejor de los casos, nunca provocaba debate social, y menos aún entre los poderes políticos. Hoy, bien al contrario, cualquier caso de violencia de género es susceptible de convertirse en noticia destacada en todos los medios de comunicación de España, y es prioridad en la agenda tanto de las instituciones políticas como de los partidos políticos.

Como conclusión, Rodrigo Alsina (2005) propone una diferenciación que asume planteamientos básicamente comunicativos y que no atiende a los protagonistas de los hechos ni a sus objetivos, sino que se centra en los sujetos del hecho informativo: «podríamos diferenciar el acontecimiento de la noticia señalando que el acontecimiento es un mensaje recibido mientras que la noticia es un mensaje emitido». Esto es importante porque supone introducir en la definición el dinamismo y la temporalidad propios del hecho periodístico.

De entre todos los acontecimientos, los periodistas y los medios de comunicación seleccionan (gatekeeping), con multitud de criterios y según las distintas sociedades y dinámicas culturales, aquellos que pueden ser susceptibles de convertirse en noticia. Charron ha señalado la estabilidad de estos criterios y dinámicas. Así, señala que las primeras investigaciones empíricas sobre la selección de las noticias consideraban la subjetividad y las intenciones comunicativas de los periodistas-seleccionadores (gatekeepers) como los principales factores determinantes de la selección (Charron, 2000: 11). Sin embargo, desde los años setenta esta hipótesis ha sido anulada, añade, porque los estudios empíricos han demostrado que las prácticas de selección de las noticias varían relativamente poco de una empresa mediática a otra. Según Charron, la selección de noticias obedece a criterios que pueden considerarse relativamente estables, y que convierten el resultado de la selección en altamente previsible.

Böckelmann (1983: 65) razona algunos de estos criterios para la selección de acontecimientos, entre los que destaca «los síntomas del ejercicio del poder y su representación». Este proceso de selección es en sí mismo constitutivo y definitorio de la actividad periodística, y nos enfrenta a uno de los temas más tratados en la investigación: la parcialidad o sesgo (bias) del informador, que se produce voluntaria o involuntariamente. En palabras de Cook (1998: 87) las noticias son necesariamente selectivas, sin que ello suponga necesariamente un sesgo de parcialidad: «Los periodistas solo pueden atender a ciertos acontecimientos posibles. Una vez sus ideas son vendidas y elaboradas, la muestra se reduce aún más».

A partir del momento en que cierto hecho es seleccionado como tema informativo, cada medio, acorde con sus propias características –sistema de soporte para la difusión del mensaje, espacios disponibles, horarios de difusión, destinatarios típicos, etcétera–, «informará» a sus lectores, oyentes o televidentes de la noticia, que formará parte ya del sistema de construcción social. En el caso de los periódicos, por ejemplo, la manera de informar condicionará cómo divulgamos la noticia, dónde se ubica –en qué sección informativa o temática–, con qué formato y qué importancia se le da entre el grupo de noticias que ese día configurarán el discurso global del periódico. Más aún, el periódico destacará de entre todas, en portada, las que considera como noticias clave de la jornada.

De acuerdo con lo señalado, cabría entender como noticia política un acontecimiento que tiene lugar dentro del ámbito de la política y es recogido por los medios de comunicación de masas. Pero esta primera aproximación presenta también excesivas imperfecciones teóricas. En primer lugar, si entendemos la política como el ejercicio del poder, como la voluntad de los actores políticos y no políticos por gestionar ese mismo poder, debemos entender la política también como la actividad encaminada a la toma de decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos para satisfacer las necesidades o, en palabras de Bouza-Brey (2004: 45), «como el gobierno de situaciones sociales mediante la toma de decisiones». Esta toma de decisiones está necesariamente orientada hacia metas, establece jerarquías y coordinación interna, y asigna a los distintos actores sociales papeles, recompensas y sanciones. Coherentemente, el periodismo político prestará su atención al proceso y las consecuencias derivadas de esta toma de decisiones.

Este enfoque corresponde a las posturas clásicas de la sociología y la teoría política norteamericana. Así, en su emblemático Governing with the News, Cook tomaba como punto de partida la definición de política de Easton:

Lo que distingue las interacciones políticas de todas las demás clases de interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la distribución autorizada de valores en una sociedad (Easton, 1965, apud. Cook, 1998: 85).

A partir de este concepto, se plantea Cook la conocida pregunta básica de «¿Cómo acceden los medios de noticias a la distribución autorizada de valores?» (Cook, 1998: 86).

El informador, aunque sea miembro de la estructura del actor político que constituye el periódico, no es en sí mismo un actor; sabe, además, que la política tiene un amplio alcance y que va más allá del ejercicio y distribución del poder: «puede, pues, ser concebida también como la actividad alrededor del poder, lo es tanto la lucha para hacerse con él, como su ejercicio» (Giró, 2010: 82). Por último, sigue Giró, el informador sabe que «sin menoscabar el poder gubernamental, hay otros actores que ejercen poder económico, social o cultural». Esta última afirmación tiene mucho sentido y merece especial atención porque, en ocasiones, en el ejercicio de la profesión, la definición del «ámbito de lo político» es un término confuso, abstracto y muy amplio, una imprecisión que se refleja también en la bibliografía: Cook (1998: 181) destaca que, si uno define la política de un modo lo suficientemente amplio, «se hace difícil dibujar cualquier línea útil, o incluso establecer algo que no sea político en algún nivel, y el término pierde su utilidad práctica».

Podemos ejemplificar esta amplitud de alcance de lo político en el ámbito concreto. Efectivamente, si nos atenemos al Estado español, podemos ver cómo el Gobierno, el máximo órgano político-ejecutivo de todos los españoles, gestiona la totalidad de los recursos y servicios a los ciudadanos excepto aquellos que, como educación o sanidad, han sido transferidos al ámbito de las autonomías. ¿Se pueden considerar como acontecimientos políticos todas las actividades y decisiones del ejecutivo español? ¿Publicaremos, pues, todo lo que hace el Gobierno español en las páginas de política?

Antes de responder a estas preguntas detengámonos un momento en una institución como es el Parlamento valenciano, el órgano legislativo del País Valenciano. La Cámara autonómica, donde se encuentran los representantes electos de los partidos políticos, se ha pronunciado desde la existencia de la autonomía valenciana sobre centenares de temas, ha aprobado decenas de leyes y se ha manifestado sobre aspectos netamente políticos, como la reforma del Estatut d’Autonomia, hasta cuestiones como el apoyo a un equipo de motociclismo o la Ley de Patrimonio Arbóreo de la Comunidad Valenciana, hechos estos últimos que nos harían pensar mucho en qué sección ubicarlos y que, en lógica, no serían acontecimientos abordados por un periodista político.

En el ejercicio diario de su profesión, el periodista político prestará una atención prioritaria a todo lo que ocurre en estas instituciones y entre sus protagonistas y/o actores. Así, todos los diarios tienen periodistas destacados en el seguimiento de las decisiones del ejecutivo autonómico o de las Cortes Valencianas; e incluso de instituciones como el Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, todos estos periodistas saben que no todos los acontecimientos que se generan en estas instituciones y entre estos políticos van a acabar siendo noticias publicadas en las páginas dedicadas a la información política. Ocurre, en numerosas ocasiones, que son los periodistas de otras secciones del diario –cultura, deportes o economía, por ejemplo– los que se desplazan a esas mismas instituciones políticas para asuntos concretos que no deben ser abordados por un periodista del área de política.

Rodrigo Alsina (2005) marca las pautas que permiten adscribir un acontecimiento dentro de un área temática: la intencionalidad y los protagonistas. El criterio para la identificación del acontecimiento político no supone observar exclusivamente el ámbito donde se genera el propio acontecimiento, sino el objetivo y la finalidad al que conduce. Volvemos a la pregunta que había quedado antes en el aire: ¿es política todo lo que hace el Gobierno español? Sí, en la medida en que se trata de una institución política (Borrat 1989a). Pero ¿todo lo que ejecuta el Gobierno español es noticia política?, ¿deben ir a las páginas de política todos los hechos que se generan en las instituciones políticas? La respuesta es, claramente, no.

Porque una cosa es la institución o los protagonistas y actores políticos de estas instituciones –el presidente del Gobierno, de la Generalitat, los ministros, los consellers, los diputados, los concejales de los ayuntamientos, etcétera– y otra cosa es la acción que protagonizan tales instituciones o protagonistas, y el objetivo de sus acciones. Así, no es lo mismo que el president valenciano de turno y el líder de la oposición política en las Cortes Valencianas firmen la reforma del Estatut, que el hecho de que ambos se unan y se pronuncien a favor de la Selección Española de Fútbol en una Eurocopa. No es lo mismo que el conseller de Educación y Cultura de turno decida objetar contra una ley educativa impulsada por el Gobierno español que su presencia en un concierto ofrecido por la Filarmónica de Viena en el Palau de la Música de Valencia. Siendo, en el segundo caso, el mismo protagonista, su primera acción será asumida por un periodista político y la segunda será un hecho informativo que podemos convertir en noticia dentro de las páginas de cultura o espectáculos de cualquier diario: el protagonista o la institución es la misma; el ámbito temático de su acción es netamente diferente. Siguiendo este último ejemplo, el primero sería un asunto de política educativa y el segundo un tema exclusivamente cultural.

Ocurre, en otras ocasiones, que quienes activan un hecho informativo susceptible de ser divulgado como noticia política ni son políticos, ni trabajan en instituciones políticas, ni son miembros de un partido político (Borrat, 2006; Giró, 2010; Casero-Ripollés, 2012b). Un buen ejemplo son los tribunales. No tendremos ninguna duda de que si un juez de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de la cúpula de un partido político por complicidad con el terrorismo, o si un tribunal ordinario ordena la detención del alcalde de una ciudad por corrupción, estas informaciones serán tratadas en las páginas de política de nuestro diario y no en las de sucesos o tribunales, y definiremos esa información como información política o de otras maneras como política terrorista o corrupción política.

La razón es sencilla: la decisión judicial ataca directamente, en el sentido metafórico, la acción de las instituciones políticas o a los políticos, les arrebata la iniciativa y modifica la dinámica propia de estas instituciones y/o políticos. Y, como señalábamos con anterioridad, la clave no son tanto los protagonistas de la acción de la información –en este caso los jueces o fiscales y también los políticos detenidos y encarcelados–como el objetivo y la finalidad de esta acción, fundamental para comprender la acción política. Al respecto, es clave comprender la importancia del conflicto en la acción política.

Borrat (1989b) y Giró (2010) abordan con detalle la ya mencionada hipótesis del conflicto, fundamental para comprender las tensiones de poder en nuestra sociedad y para comprender mejor la labor del periodista político. Borrat (1989a: 24) precisa que percibir el periódico como actor político es considerarlo como un actor social, puesto en relaciones de conflicto con otros actores, y especializado en la producción y la comunicación masiva de relatos y comentarios acerca de los conflictos existentes entre actores de ese y de otros sistemas. El conflicto, valora, «se presenta así como la categoría clave para orientar esta búsqueda. Como productor de la actualidad periodística política, el periódico tiene que ocuparse de un flujo continuo y siempre renovado de conflictos noticiables». Giró (2010) señala, en este mismo sentido, que el conflicto es inherente a la propia política:

El conflicto es el término que mejor define la función y el funcionamiento de la política. La existencia de cualquier sociedad comporta conflictos. Hacer política es gestionarlos, resolverlos si es posible, cooperando si llega el caso con algunos actores para imponerse sobre terceros con los cuales se está en conflicto.

Podemos ampliar estas nociones teóricas con ejemplos aún más complejos, como el hecho de que instituciones teóricamente tan alejadas de la praxis política como la Iglesia católica pueden llegar a condicionar duramente el debate político en cuestiones sociales, culturales e incluso identitarias: temas como el aborto, la polémica suscitada en torno a la asignatura de «Educación para la Ciudadanía», que impulsó en el año 2005 el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, o la ley que legalizaba los matrimonios homosexuales son buenos ejemplos de nuestra historia reciente. La Iglesia, como actor social, entra en conflicto con otro actor político, en este caso el Gobierno de turno. No nos importará tanto el hecho de que la Iglesia no sea una institución política en su definición estricta como el hecho de que su acción se adentra directamente en lo que entendemos como debate político hasta alterarlo e, incluso, condicionar la acción de un ejecutivo (o del Parlamento) a favor de una u otra posición en materia social o educativa. Si aplicamos esta norma a otros campos del conocimiento, como la economía, será más sencillo que clarifiquemos tanto la existencia de un acontecimiento político como su ubicación en las páginas de nuestro diario. A pesar de esto, la economía es también un ámbito marcadamente fronterizo con lo político en muchos temas, y no es extraño ver cómo muchos debates políticos tienen como trasfondo un debate económico y al revés, hecho que se evidencia aún más desde que se inició la crisis económica mundial en el año 2008. La denominada política económica, dictada por un gobierno nacional o por instituciones internacionales como la Comisión Europea, se aborda con intensidad desde la fecha señalada por las secciones de política de todos los diarios.

No todos los periódicos denominan Política a la sección donde se van a ubicar las noticias políticas. Por ejemplo, el diario El País publica las noticias políticas en su sección «España», la misma en la que también se pueden leer informaciones sobre sucesos, infraestructuras o incluso temas sociales. Sin embargo, otros como La Vanguardia o Las Provincias sí que incluyen las páginas donde se ubican las noticias políticas en una sección llamada «Política». A pesar de esto, incluso en La Vanguardia se han llegado a divulgar en estas páginas noticias políticas que se solapan con otras áreas temáticas, como sociedad o economía. Borrat (1989a: 40-41) señala al respecto que resulta habitual que la política invada con cierta facilidad el resto de áreas y secciones que, en el periódico de información general, pueden ser concebidas como correlatos de los sistemas social, económico y cultural: sociedad, economía, cultura, espectáculos, deportes: «El periódico, pues, asigna a la política el lugar central en sus temarios pero, lejos de confinarla en ese espacio privilegiado, la expande también más allá de él».

La noticia política es, por tanto, aquel acontecimiento que implica a los actores políticos de una sociedad o que tiene repercusión en sus decisiones y/o acciones, y que por ello es susceptible de ser difundido en las páginas de política de un diario y cubierto por un periodista político especializado en información política, con todas las advertencias señaladas y las imprecisiones de una profesión que no es, en absoluto, una ciencia exacta. Y consecuentemente, definimos el periodismo político como la especialización del periodismo encargada de atender todo acontecimiento o hecho político, que acontece en o fuera de las instituciones políticas, y que tiene incidencia directa en el debate político. Ello apunta, en línea con la tesis de Giró (2010), a que en todos los ámbitos del ecosistema social pueden producirse acontecimientos susceptibles de ser atendidos por el periodismo político, aunque no sean estrictamente hechos políticos, como aquí se ha razonado.

Para una mayor comprensión de este punto proponemos una clasificación temática de las noticias políticas que tiene en cuenta tres variables: el origen del acontecimiento, sus actores y el ámbito social donde se produce. Así, junto a la noticia política estricta, que deberíamos entender como aquella que tiene en su origen y en su finalidad actores exclusivamente políticos –un debate parlamentario, unas elecciones autonómicas, locales o generales, la elección de un secretario general de un partido, como ejemplos–, se diferencian también los siguientes subámbitos:

– Política económica: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos que en la gestión del poder condicionan con sus decisiones la realidad económica. Servirían como ejemplos una reforma laboral aprobada por el Gobierno, una reforma fiscal o la decisión de un rescate o intervención de una autonomía.

– Política internacional: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos internacionales, especialmente de ejecutivos de otros países, que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Ejemplos serían unas elecciones en cualquier país del mundo o la decisión de un país de entrar en hostilidades con otro país vecino.

– Política y tribunales: en este caso se consideran como tales casi exclusivamente los casos de corrupción política investigados por jueces o fiscales en todo el ámbito nacional. Ejemplos abordados con intensidad por el periodismo en España desde el año 2008 serían el caso Gürtel o el caso Nóos.

– Política social: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos, cuyas decisiones provocan un fuerte debate político aun tratándose de asuntos sociales, como podría ser la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el PSOE en 2010, o la propuesta del PP del anteproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.

– Política y terrorismo: se ha querido diferenciar este punto por su enorme importancia en el debate político general. Si bien es cierto que podría identificarse como una temática estrictamente política, no lo es menos que en el caso de España ofrece múltiples variables, muchas de ellas complejas de abordar, que exigen segmentarla para una mejor comprensión de su importancia en la prensa española.¹

– Política educativa y cultural: acontecimientos que tienen su origen en actores institucionales o políticos cuyas decisiones provocan una alteración de la conducta del mundo cultural y también educativo. En este caso podrían contemplarse hechos como el conflicto entre los gobiernos español y catalán por el uso del catalán en las escuelas, u otras cuestiones como el uso de símbolos identitarios en las instituciones públicas.

1.No solo en la prensa española. La atención periodística a los temas de terrorismo ha sido objeto de una nutrida bibliografía: «En los países occidentales que soportan fenómenos terroristas, desde el ira en Irlanda del Norte hasta eta en España o las Brigadas Rojas italianas, el papel de los medios ha sido objeto de debates apasionados. Muchos periódicos han experimentado crisis de conciencia ante el dilema del derecho a informar y el riesgo de ser instrumentalizados cuando se trata de decidir si resulta más conveniente para la democracia soslayar las declaraciones de los terroristas (y poner en peligro vidas inocentes) o aplicar las reglas del periodismo y convertirse en sus sostenedores involuntarios. [...] El terrorismo de sello islámico fundamentalista que abatió las Torres Gemelas de Nueva York, destruyó la discoteca de Bali o provocó la matanza de los trenes en Madrid, cuyo resultado directo o indirecto fue el desencadenamiento de los conflictos de Irak y Afganistán, volvió a encender el debate» (Mazzoleni, 2010).

Capítulo 2

Periodismo político y comunicación política

1. Las dos trincheras

En la presentación hemos esbozado la metáfora de las dos trincheras para establecer la diferencia que los profesionales del periodismo observan entre periodismo político y comunicación política. Entendemos, al respecto, que resulta clave comprender no solo el marco teórico y conceptual de esta diferenciación, sino su traslado a la praxis profesional, para evitar confusiones que suelen darse en ocasiones cuando de abordar el periodismo político se trata. En este sentido, resulta imprescindible distinguir dos usos del término comunicación política:

– En el ámbito teórico de la investigación académica, la comunicación política se refiere de manera global a todos los flujos informativos implicados en la acción política; así lo vemos, por ejemplo, en manuales tan emblemáticos como el de Mazzoleni (2010), McNair (2011) o en la recopilación de Kuhn y Neveu (2002). Canel (1999: 23-24) apunta una caracterización de la comunicación política que tiene en cuenta, por un lado, los roles de los participantes, ya sean personas o instituciones (en concreto cita a políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos), y por otro lado el ámbito temático sobre el que tiene lugar su interacción, que se desarrolla en torno a los asuntos públicos. Y añade que «según esta acepción amplia, el periodismo político sí forma parte de la comunicación política».

– En el ámbito estricto del desempeño profesional, sin embargo, se reserva el término comunicación política para la gestión de la comunicación realizada desde partidos o instituciones políticas, en su interacción con los medios de comunicación de masas y otros actores (instituciones, sociedad civil, etcétera). En esta esfera no solo podemos afirmar que ambos papeles son claramente separables, sino que su interacción dinámica, no exenta de conflicto, constituye una parte esencial del periodismo político. Efectivamente, en el terreno de la práctica profesional, no académico, la comunicación política es la que emana de los centros de poder, teniendo como destinatarios a los medios y a los ciudadanos; por ello, desde este planteamiento resulta errónea la idea de que el periodista político, al informar del hecho político, al abordar el acontecimiento y convertirlo en noticia política, hace comunicación política; lo que hace, bien al contrario, es periodismo.

Debemos asumir, por lo tanto, desde planteamientos teóricos, que el periódico y el periodista político son actores fundamentales de los procesos de comunicación de cualquier sistema político (Borrat, 1989a, 1989b; Cook, 1998; Giró, 2010; García Marín, 2007; Casero-Ripollés, 2009), teniendo siempre en cuenta cuál es el lugar que ocupa en esos procesos interactivos. El periodista, como elemento necesario del proceso de comunicación social de masas, debe ser contemplado en todo proceso de comunicación política. Es, en este sentido, parte de un sistema en el que el emisor y el receptor –poder institucional y ciudadanos, principalmente– realizan el intercambio de «signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre personas físicas o sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación de éstas en la comunidad» (Canel, 1999: 24).

Sin embargo, el hecho de que el periodista y el periódico sean un elemento necesario del proceso de comunicación política no significa que actúen como un comunicador político, con los mismos intereses con los que actúa el poder político y sus actores institucionales, es decir, en el sentido profesional que hemos descrito. El periodismo político es la especialización del periodismo encargada de atender todo acontecimiento o hecho político que, acontezca dentro o fuera de las instituciones políticas, tiene incidencia directa en el debate político; no es, por tanto, partícipe de esos hechos políticos. El periodismo político no genera el hecho; lo aborda, lo analiza, lo interpreta y, si lo considera necesario, lo difunde. El periodista, en este sentido, es un intermediario entre el acontecimiento y la opinión pública (lo que Borrat [1989a: 69] denominaba nivel «extra» de involucración de la prensa en los conflictos políticos).

A pesar de esta descripción ideal, no obstante, no es menos cierto (Borrat, 1989a, 1989b; Casero-Ripollés 2012b) que el periódico también puede tratar de condicionar la acción política de las instituciones y el resto de actores políticos (nivel «inter» de involucración, según Borrat) para, por un lado, establecer un control real de la acción política, principalmente de los gobiernos, y por otro lado, mejorar la calidad democrática de las sociedades en las que están implantados estos mismos medios. En este sentido merece la pena destacar la obra ya mencionada de Cook (1998) Governing with the News, que establece que la prensa estadounidense no es objetiva ni imparcial, y da un paso más para afirmar que los medios están organizados como una institución política per se. Según este autor, los medios no realizan un simple reflejo de la realidad política, sino que la condicionan y promueven, pero en un punto paradójico de constante inclusión/exclusión respecto a la realidad política. Su punto de arranque es el cuestionamiento de la consideración de la prensa como the fourth branch. Cook (1998: 61) señala que, en Estados Unidos, las acciones de los actores políticos y de los periodistas se subordinan a los roles que ocupan dentro de su perspectiva política y sus sistemas sociales, pero también se ven condicionados por las correspondientes recompensas y sanciones a conductas particulares. En concreto, añade, cuando los periodistas toman decisiones sobre a quién cubrir, qué cubrir y cómo cubrirlo, tales elecciones se rigen menos por los valores personales que tenían antes de convertirse en periodistas o por su posición dentro de la estructura social general, que por «una lógica de lo correcto», que se basa en sus roles profesionales y en su oficio como periodistas. Para Cook, si los medios distribuyen en gran medida las voces de los actores políticos, pero no construyen lo que tales voces dicen, no cabe considerarlos como un «cuarto poder». En consecuencia, admite que los medios de comunicación tienen un poderoso sesgo, pero propone que, paradójicamente, tal sesgo está profundamente incrustado en sus actuaciones, debido en gran parte al hecho de que mientras que la política se excluye explícitamente de la acción informativa como tal, implícitamente sí se la incluye en los valores de producción de las noticias: «en parte, pues, el compromiso de los medios de comunicación con la objetividad y el desinterés proporciona a las noticias su perspectiva independiente y de largo alcance, y su influencia», concluye el autor (Cook, 1998: 61-62).

Este posible alineamiento de los medios con cierta postura política se incluye en la investigación teórica con el concepto de paralelismo político (Blumler y Gurevitch, 1995; Hallin y Mancini, 2008). Desde la Transición, nuestro país ha ido consolidando una situación bipolar, en la que el bipartidismo PSOE-PP se ha reflejado en dos grandes bloques mediáticos relativamente estables, los cuales sirven a su vez para alimentar ese bipartidismo (López García, 2011; Casero-Ripollés, 2012b), principalmente en el ámbito estatal; no así en el autonómico, donde las diferentes opciones partidistas tienen su correlación lógica con las líneas editoriales de los medios de comunicación de ámbito exclusivamente autonómico.

Para dar cuenta de estas posibilidades, la investigación sobre los medios ha propuesto diversos modelos teóricos de la relación entre políticos, medios y ciudadanos. Uno de estos modelos es el formulado por McNair (2011: 5) para establecer el proceso de comunicación política y la posición de sus actores en este mismo proceso. Como se puede observar en el gráfico 1, los medios de comunicación forman parte del sistema político de comunicación, participan de él.

Junto a este modelo, Mazzoleni recoge otras dos posibilidades de descripción general de la relación entre medios, políticos y ciudadanos.

El modelo propagandístico-dialógico parece ser el más compatible con el modelo de McNair, ya que considera a los tres actores fundamentales como tres espacios comunicativos diferentes; como se ve en el gráfico 2, estos espacios presentan puntos de intersección a partir de los cuales se genera la opinión pública. La comunicación política mediatizada es, así pues, el resultado de múltiples sistemas interactivos que tienen lugar entre todos los actores políticos, y cuyo punto máximo de solapamiento acontece por la confluencia de todos ellos; no obstante, la importancia teórica que tienen estas tres instancias comunicativas es equivalente.

Ortega Gutiérrez (2011) ha señalado que en el modelo de política mediatizada los medios de comunicación pasan a ser los ocupantes «hegemónicos» del espacio público, pues son los encargados de dotar de visibilidad y, por tanto, de existencia a los actores políticos, quienes, a su vez, adaptan sus discursos a los modos y estrategias de comunicación propias de los medios, especialmente en la televisión, con escenificaciones y representaciones próximas a los relatos de ficción, mensajes cortos, simples y reiterativos, y atención a la puesta en escena.

Por el contrario, el modelo mediático de comunicación política confiere a los medios un estatus especial, dotado de un valor añadido frente a políticos y ciudadanos. Tal y como subraya Castells (2009: 261), los ciudadanos otorgan existencia a los mensajes políticos cuando estos les llegan a través de los medios, algo que ocurre tanto en las sociedades democráticas como en las totalitarias. Desde estos planteamientos, los medios no son uno más de los actores del espacio público, sino que lo construyen; los medios modifican sustancialmente los modos de interacción pero también los contenidos que conforman la comunicación política. Mazzoleni (2010) valora que con la llegada de la televisión y, sobre todo, con lo que él denomina «su maridaje con la política» en torno a los años sesenta, tuvo lugar una auténtica revolución en los respectivos escenarios políticos de los países industriales avanzados:

Aunque la interpretación del concepto de poder no coincida en las distintas escuelas, ninguna cuestiona el papel imprescindible de los medios en la palestra política. En esta posición ampliamente compartida por la comunidad científica se apoya el enfoque de la mediatización de la política, según el cual la actuación política pública se produce en la actualidad dentro del espacio mediático o depende en una medida significativa de la actuación de los medios (Mazzoleni, 2010).

Visto así, el papel del periodismo político y los medios que le dan soporte es fundamental, ya que proporcionan el escenario necesario en el que los poderes políticos pueden desplegar su acción pública; los medios aportan a la política una dinámica de funcionamiento, unas reglas de juego y un lenguaje que los representantes del poder político han de incorporar para obtener la repercusión que buscan. Y sin embargo, esta situación no otorga a los medios el poder político; en palabras de Castells (2009: 262) el hecho de que la política se desarrolle fundamentalmente en los medios de comunicación no significa que estos ostenten realmente el poder: «No son el Cuarto Poder. Son mucho más importantes: son el espacio donde se crea el poder», apunta. Castells añade que los medios de comunicación constituyen el espacio «en el que se deciden las relaciones de poder entre los actores políticos y sociales rivales».

Además, para dar cuenta de las interacciones y sinergias que mantienen estos actores sociales, la investigación teórica ha planteado también, como es sabido, varios enfoques posibles (Mazzoleni, 2010; McNair, 2000, 2011), entre los que vale la pena destacar cuatro:

– En el modelo adversarial, o watchdog journalism, se asume la existencia de una distancia estable entre periodismo y política, convertido el primero en mecanismo de control de la segunda. El periodismo político se presenta como guardián y controlador de la actividad política. Blumler y Kavanagh (1999) proponen que una actitud similar se ha reactivado en la que consideran «tercera fase» de la historia de la comunicación política, caracterizada por el distanciamiento cínico de los medios respecto a la política.

– En segundo lugar, el paradigma que se centra sobre todo en la función propagandística de los medios es el que Chomsky y Herman llaman fabricación del consenso, expresión que se refiere a un concepto de Lippman y que evoca su idea del público fantasma (Lippman, 2011). Según este enfoque, los medios funcionan como altavoz ecoico de los intereses políticos, lo que otorga niveles máximos al paralelismo político entre medios de comunicación e instituciones políticas (sobre todo los partidos).

– El modelo del colateralismo subraya que la cobertura mediática coincide con los intereses de las élites políticas; la teoría más conocida de este modelo es, probablemente, la teoría de la indexación, propuesta por Bennet (1990), según la cual son las declaraciones de los miembros de los gobiernos las que condicionan la selección informativa de los medios; los políticos pasan a ser las fuentes por excelencia.

– Por último, el modelo llamado de activación en cascada, propuesto por Entman (2003), relativiza el protagonismo de la relación entre medios de comunicación y élites políticas, ya que da cierta importancia activa a la ciudadanía. Según este planteamiento, el proceso de encuadre de las noticias comienza con la negociación entre los diversos actores políticos sobre los mensajes relativos a cierta realidad; este proceso es filtrado por los medios, que proporcionan a los ciudadanos los marcos de interpretación a partir de los mensajes recibidos por los políticos, y los ciudadanos a su vez pueden influir en los medios según reaccionen a los marcos propuestos, reacción que se ha visto radicalmente amplificada en la era digital (Robinson, 2012; Llorca, 2014).

En las últimas décadas, la investigación sobre comunicación ha prestado una gran atención a gran parte de las interacciones entre poder político y medios, lo que podría parecer que contradice nuestra afirmación inicial sobre la escasez bibliográfica. No obstante, los estudios sobre comunicación política han focalizado procesos y situaciones que, en la mayoría de los casos, otorgan al periodismo político cierto papel periférico, no central. Así lo indican Neveu y Kuhn (2002: 2), para quienes las tres grandes líneas de investigación sobre periodismo político desarrolladas desde los años sesenta (esencialmente en EE. UU.) ofrecen una visión simplista de esta especialización. La primera de esas líneas sería la profesionalización de la comunicación política, tanto en el ámbito de las habilidades personales como de la estrategia institucional. En segundo lugar, la descripción («con una extraña mezcla de fascinación y repulsión») del rol jugado por los consultores y asesores de comunicación. Una tercera esfera de interés sería la que atiende a la influencia del demos, ya sea considerado como opinión pública o como audiencia.

Para todas estas tradiciones académicas, Kuhn y Neveu señalan la posición marginal concedida normalmente a los periodistas políticos; subrayan que se tiende a asignarles «un papel extraño en el reparto de papeles de la comunicación política», que los concibe o bien como víctimas de una red de presiones y juegos de poder, o bien como profesionales cínicos y descreídos respecto a su papel en el juego democrático. Así, desde el primer planteamiento, es frecuente presentar a los periodistas políticos como profesionales atrapados entre, por un lado, la búsqueda de audiencias y el peso de la opinión pública, y, por otro lado, la poderosa influencia de fuentes políticas profesionalizadas (Kuhn y Neveu, 2002: 2). Los periodistas aparecen así como víctimas, condenados a estrategias puramente reactivas frente a una combinación de fuerzas «que reducen su autonomía profesional e intelectual». Desde la segunda perspectiva, inversamente, se retrataría a los periodistas como los villanos de la comunicación política moderna, o, al menos, como «los responsables de un enfoque de la cobertura que amenaza los ideales democráticos y debilita el interés del público por la política».

Es decir, que el protagonismo de los medios y los periodistas en las investigaciones sobre comunicación política compite con el protagonismo de las instituciones y organismos políticos, definiendo esas dos trincheras a que hacíamos referencia en el epígrafe. En la propuesta de McNair (2011), los organismos políticos que generan comunicación política en su interacción con los medios son, básicamente:

– En primer lugar, el Estado y sus instituciones, cuyo papel es buscar la legitimidad y perpetuarse en el poder mediante la comunicación de sus decisiones, acciones y posicionamientos ideológicos.

– Tras el Estado, el resto de colectivos: instituciones privadas, asociaciones u organizaciones sociales –Iglesia, sindicatos o banca, como ejemplos–, cuya actividad y posicionamiento tienen repercusiones en el ámbito político.

La cuestión de fondo, y este es un punto clave para diferenciar el periodismo político de la comunicación política, es que no todos los actores políticos persiguen el mismo objetivo a la hora de comunicarse con su público, y que el poder político despliega todos los medios a su alcance para condicionar la actividad del periodismo político. En toda sociedad democrática los ciudadanos eligen a sus representantes; para que estos representantes alcancen el poder institucional, deben comunicar a sus electores una serie de mensajes que persiguen, al fin, el voto. Es el caso, como ejemplo fundamental, de las campañas electorales, periodo en el que los partidos políticos realizan el mayor esfuerzo comunicativo para convencer a los futuros votantes de su opción política. En este periodo, los medios de comunicación de masas adoptan un papel esencial, pues es a través de ellos como el político puede dirigirse a su público objetivo; surge así la especial naturaleza de la comunicación política que refleja el modelo mediático, pues desde el principio se concibe y diseña para ser mediatizada por los medios (Mazzoleni, 2010). Señala Aguilera (1990: 145) que durante las campañas políticas cualquier movimiento o estrategia, sin importar lo simple que parezca, cualquier noticia o cualquier supuesta espontaneidad de un actor político, apunta a la finalidad específica de «influir en el ánimo del electorado para que dirija su intención de voto hacia los candidatos convenientes». Este autor destaca uno de los rasgos que, según veremos, sirve para definir el periodismo político, y es la especial relación entre la vida de los políticos y la de los periodistas; no solo porque la difusión de la campaña electoral en los mass media constituye el mejor conducto de los políticos hacia el votante, sino porque los profesionales de la información se han convertido a su vez en el canal principal para establecer contacto con sus competidores en la lucha electoral; sin olvidar que ese mismo profesional se beneficia igualmente de un acceso fluido a unos y otros.

Los procesos electorales evidencian la enorme complicidad que se establece en la relación entre ambos actores. Los partidos persiguen convencer, persuadir, seducir a sus posibles electores. Y los medios de comunicación son el instrumento, el canal necesario, para alcanzar el objetivo. Sin embargo, en su papel fundamental, los periódicos no tienen el mismo objetivo que los partidos políticos, lo que no es obstáculo para que en muchas cuestiones las líneas editoriales de estos mismos periódicos coincidan con el programa electoral de los partidos, y por ello unos periódicos apoyen una opción política u otra en estos mismos procesos electorales. Pero el papel de la prensa en una sociedad democrática es, en rigor y como señala Benito (1978: 17):

un instrumento para el control social, para un cabal conocimiento de la realidad por parte de todos, para el diálogo político, para el equilibrio de intereses y de opciones políticas, para la vigilancia y control social de aquellos que detentan cualquier tipo de poder, para denunciar los abusos de autoridad y satisfacer la razonable curiosidad de la gente por los asuntos públicos, su derecho a la información que es previo al ejercicio del deber de participar en la «res publica».

Es decir, no todos los actores del ecosistema comunicativo político persiguen el mismo objetivo, y este punto es crucial para establecer la diferenciación sobre la función y el papel de cada uno, y para distinguir, desde un planteamiento teórico y metodológico, la comunicación política del periodismo político. También esta misma diferenciación explica la distinta evolución de cada uno en términos profesionales. La comunicación política de los asesores y spin doctors busca persuadir y mantener durante largo tiempo esa persuasión, para que los partidos y también los poderes públicos –entiéndanse como tales las instituciones que quieren mantener su relación de poder con la sociedad– puedan salvaguardar su estatus. Esto explica, como ejemplo, las cantidades millonarias que han invertido los republicanos en Estados Unidos para mantenerse en el poder durante casi dos décadas, a través de la comunicación política (Lakoff, 2007). Ello explica también, en parte, la enorme atención que se ha prestado a la ciencia de la comunicación política en las últimas décadas. Se trata, además, de una investigación pluridisciplinar, en la que campos del conocimiento como la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la lingüística o el periodismo, han aportado y aportan investigación y resultados con los que la comunicación política sigue evolucionando.

2. El periodismo político ante el marketing político

No debemos obviar una cuestión presente en la especialización del periodismo político: la clara intencionalidad del poder político de condicionar el trabajo de los periodistas políticos, y los recursos y la metodología empleados para tal fin. Porque el periodista político es objetivo constante de las estrategias de marketing que se desarrollan desde las instancias políticas, lo que supone que debe ser, sin exagerar, el que más mensajes recibe de los poderes públicos cada día, con los objetivos que a continuación vamos a referir.

Sirva como ejemplo el caso de la Generalitat Valenciana: el «aparato» de fabricación y emisión de mensajes de la Administración valenciana, es decir, el equipo de responsables de prensa, redactores de apoyo y técnicos en medios audiovisuales con los que cuenta, es superior en número a cualquier plantilla de periodistas de cualquier diario de papel o digital valenciano. Caso semejante ocurre con el Gobierno español, con un equipo de comunicación estructurado para dar cobertura a todas las acciones del ejecutivo y elaborar mensajes para todos los medios de comunicación y con todos los lenguajes –escrito, sonoro o visual.

Este es un primer dato para comprender la enorme importancia que las instituciones políticas dan a su relación con los medios de comunicación; en sentido positivo y también crítico. Otro ejemplo: cada día, a lo largo del año, solo el ejecutivo autonómico valenciano –y eso sin incluir otras instituciones como ayuntamientos, diputaciones, el Parlamento valenciano, empresas autonómicas, etcétera– convoca numerosas ruedas de prensa (ha habido días en los que se contabilizan hasta doce convocatorias), remite decenas de notas de prensa y comunicados, y otras tantas invitaciones a actos diversos. En el periodo electoral de las elecciones europeas de mayo de 2014 las instituciones públicas y privadas del País Valenciano realizaron cada día más de treinta convocatorias de prensa.

Tal dimensión del aparato mediático institucional no es una casualidad. A la voluntad de vender masivamente a los medios de comunicación los mensajes elaborados previamente en los gabinetes, se suma una lógica y clara voluntad, por parte del poder político y de sus instrumentos mediáticos, de condicionar la opinión pública respecto a las actividades de la institución política. Una estrategia que lleva, en algunos casos, a la obsesión de controlar el mensaje, porque lo que pretende el poder político es que al final del proceso el consumidor sea receptor de ese mensaje y cambie su opinión acerca de un asunto concreto sobre el que tiene interés el poder político. Para ilustrar la dimensión cognitiva y pragmática de estos procesos comunicativos, Canel (2007: 30-31) ejemplifica las consecuencias de la comunicación política gubernamental a propósito de un hipotético anuncio de reducción de impuestos. En tal acción comunicativa, el emisor, es decir, el Gobierno, actúa como institución legitimada para hacerlo, ya que ostenta el poder ejecutivo, y persigue lograr la adhesión del público a la medida; los destinatarios son los ciudadanos que pagan los impuestos, por lo que la medida les afecta directamente, y entre emisor y receptores, es decir, entre el Gobierno y los ciudadanos, se produce la transferencia de una realidad cognoscitiva concreta, que tiene consecuencias en la realidad práctica: los impuestos serán más bajos:

La transferencia de esa realidad cognoscitiva produce modificaciones tanto en quien escucha (el ciudadano que paga impuestos recibirá la noticia con satisfacción) como en quien habla (el Gobierno al anunciar la medida, es un Gobierno que ingresará menos). La comunicación, por tanto, modifica a quienes escuchan, tanto para bien como para mal como para la indiferencia, pues recibir el mensaje y mantenerse indiferente implica, en sí mismo, un cambio: la adopción de la indiferencia ante algo. La comunicación, por tanto, está relacionada con el cambio (Canel, 2007: 31).

Si, como indica Canel, la institución persigue el cambio, es lógico valorar la comunicación política de la institución pública como «un proceso de carácter estratégico». Para que el proceso funcione, cada institución desarrollará un plan de comunicación, más o menos riguroso, en el que los medios de comunicación son el canal necesario que permitirá alcanzar a los públicos objetivos de ese mensaje que persigue el cambio, o la adhesión a la institución que lo divulga. En lógica, el aparato mediático institucional trabajará día tras día, en una especie de campaña permanente (Blumenthal, 1980), para lograr que el objetivo se cumpla; todo acto político es, en suma, electoralista.