Kitabı oku: «Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa»

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BIODIVERSIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN DISPUTA

SITUACIÓN, PROPUESTAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS


ESAN/Cendoc

Roca T., Santiago (editor)

Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa: situación, propuestas y políticas públicas. – Lima : Universidad ESAN, 2016. – 526 p. –

BIODIVERSIDAD/ PROPIEDAD INTELECTUAL/ PATENTES/ RECURSOS GENÉTICOS/ CONOCIMIENTO TRADICIONAL/ COMUNIDADES NATIVAS/ ACUERDOS INTERNACIONALES/ POLÍTICA PÚBLICA/ PERÚ

© Santiago Roca T., 2016

© Universidad ESAN, 2016

Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y Comercio (Cepic)

Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima-Perú

www.esan.edu.pe

esanediciones@esan.edu.pe

Primera edición digital

Lima, junio del 2016

ISBN de la versión digital: 978-612-411-056-6

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CUIDADO DE EDICIÓN

Ada Ampuero

Óscar Carrasco

Carmen Santisteban

CORRECCIÓN DE ESTILO

Santiago Soberón

Antonio Luya

Ada Ampuero

Sheyla Salazar Z.

DISEÑO DE CARÁTULA

Erik Chiri

DISEÑO DE INTERIORES Y DIAGRAMACIÓN

Blanca Peirano

No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí Pachacamac y Pachacútec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, Tupac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta de Qoyllur Riti y la del Señor de los Milagros; los yungas de la costa y de la sierra; la agricultura a 4.000 metros; patos que hablan en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían; picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso. En técnica nos superarán y dominarán, no sabemos hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros y lo podemos hacer incluso sin movernos de aquí mismo.

JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS

«No soy un aculturado...», en El zorro de arriba y el zorro de abajo (Buenos Aires, Losada, 1971).

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

I. DEL MUNDO A LA ALDEA

BRENDAN TOBIN

Conocimiento tradicional, derecho consuetudinario e implementación del Protocolo de Nagoya: desafíos para los países andinos

ERICK PAJARES G.

Propiedad intelectual ¿o monopolios de la mente?: biopolítica, biopiratería y geopolítica del conocimiento en América Latina

SANTIAGO ROCA T.

El patentamiento de genes a cambio de la formación de un cartel de países proveedores de información genética: ¿una retórica falaz y sesgada?

II. MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

MÓNICA RIBADENEIRA SARMIENTO

Recursos genéticos y conocimientos tradicionales en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya: algunas dificultades jurídicas y operativas

SANTIAGO PASTOR S.

La bioprospección en el Perú: aspectos legales e institucionales y su utilización

DIDIER BAZILE Y MARCO CHEVARRÍA LAZO

Los sistemas que regulan el acceso, la circulación y la innovación de los recursos genéticos: el caso de la quinua

JOSEPH HENRY VOGEL

La tragedia del poder no persuasivo: la Convención sobre la Diversidad Biológica como caso ejemplar

III. ENUNCIADOS DESDE COSMOVISIONES DIVERSAS

PRESTON HARDISON

La cogeneración de servicios ecosistémicos por parte de la naturaleza y los pueblos indígenas: el valor de las relaciones bioculturales de adaptación y el papel de los conocimientos tradicionales

GABRIEL R. NEMOGÁ-SOTO

Marginación de los derechos indígenas en los temas de biodiversidad y conocimiento tradicional: el caso colombiano

JORGE ISHIZAWA OBA

La centralidad de las comunidades andino-amazónicas criadoras de la biodiversidad: apuntes sobre el concepto del Proyecto In Situ

ALIPIO CANAHUA MURILLO

Revaloración del conocimiento tradicional en la gestión de la agrobiodiversidad: Proyecto Sipam en Puno

IV. PRINCIPALES AUTORIDADES EN BIODIVERSIDAD, RECURSOS GENÉTICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL: ROLES Y FUNCIONES

1. Roles sectoriales públicos en materia de biodiversidad, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual

2. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi

3. Comisión Nacional contra la Biopiratería

4. Ministerio del Ambiente, Minam

5. Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA

6. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Serfor

V. ASPECTOS CLAVE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA REGULACIÓN: EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LOS ACTORES

MARCELA MACHACA MENDIETA

El reto de las organizaciones comunitarias: la recuperación y vigorización de las sabidurías de crianza de la agrobiodiversidad en un contexto de cambio climático

ABRAHAM VAISBERG WOLACH

Lo difícil de los procedimientos: el caso del ICBG de plantas medicinales de la selva peruana

ANTOLÍN HUÁSCAR

El derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y el control de sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT

El incumplimiento de las regulaciones ante el salvajismo del mercado: el caso de la maca

TARCILA RIVERA ZEA

Estado y pueblos indígenas mutuamente de espaldas: necesidad de una política nacional para el reconocimiento y la percepción de beneficios

VI. PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIODIVERSIDAD

SANTIAGO ROCA T. Y ERICK PAJARES G.

Propiedad intelectual y tratados de libre comercio: la biodiversidad del Perú en juego

CARLOS M. CORREA

El sistema de patentes y la biopiratería

ANTONIETTA O. GUTIÉRREZ ROSATI

Derechos de propiedad intelectual en variedades vegetales

ALEJANDRO ARGUMEDO Y FLAVIA NOEJOVICH

Indicaciones bioculturales: un instrumento de mercado para proteger los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales

VII. PROPUESTAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS ACERCA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BIODIVERSIDAD

SANTIAGO ROCA T.

¿Podrá el régimen de propiedad intelectual compatibilizar con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya?

SANTIAGO ROCA T.

Biodiversidad y propiedad intelectual en clave de políticas públicas: aportes para una gestión estratégica

SOBRE LOS AUTORES

PRESENTACIÓN

El libro Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa: situación, propuestas y políticas nace a partir del Seminario Internacional de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos que organizara el Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y Comercio (Cepic) de la Universidad ESAN, con patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), el 27 y 28 de noviembre del 2014.

El objetivo fue crear un espacio de diálogo para intercambiar ideas acerca del estado del arte, los problemas, las herramientas jurídicas y económicas, así como las buenas prácticas, que circundan el tema de la propiedad intelectual en su relación específica con el acceso, la utilización y la distribución de beneficios de la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Este encuentro reunió a más de doscientos asistentes y treinta expositores internacionales y nacionales, entre académicos e investigadores, empresarios, representantes de comunidades indígenas, funcionarios del Gobierno e instituciones públicas y miembros de la sociedad civil. El debate fue amplio y rico en perspectivas, debido a la participación de representantes de los diversos actores involucrados en esta temática y la variedad de procedencias y enfoques de los expositores.

De las treinta ponencias presentadas, se seleccionaron catorce para el libro, las cuales han sido revisadas por sus autores para fines de la publicación. Además, se incluyen cinco nuevas ponencias de invitados especiales, que gentilmente aceptaron tratar aspectos no analizados en el seminario, y tres artículos nuevos del editor. Todo ello, para entregar a los lectores el panorama completo de una materia compleja y de gran trascendencia para países como el nuestro.

Quisiera expresar mi profundo reconocimiento a los autores: Brendan Tobin, Erick Pajares, Mónica Ribadeneira, Santiago Pastor, Didier Bazile, Marco Chevarría, Joseph Vogel, Preston Hardison, Gabriel Nemogá-Soto, Jorge Ishizawa, Alipio Canahua, Marcela Machaca, Abraham Vaisberg, Antolín Huáscar, José Luis Silva Martinot, Tarcilla Rivera, Carlos Correa, Antonietta Gutiérrez, Alejandro Argumedo y Flavia Noejovich, quienes trabajaron incansablemente y con esmero para terminar sus artículos. De la misma manera, mi agradecimiento a Manuel Ruiz, quien inicialmente propuso algunos de los temas y sugirió algunos de los invitados, así como a Marthy Ravello, que colaboró en la organización del evento, y, especialmente, a Erick Pajares, quien participó en las discusiones para estructurar el contenido del libro y sugerir nuevos invitados, además de darle toques clave a la redacción de algunos de mis artículos. Mención aparte merecen los señores Róger Becerra, Bertha Alvarado, Silvia Solís y Andrés Valladolid, funcionarios gubernamentales representantes del INIA, el Serfor, el Indecopi y la Comisión Nacional contra la Biopiratería, respectivamente, por las excelentes presentaciones sobre las competencias y responsabilidades de las mencionadas instituciones, las cuales se han resumido en textos e incorporado en una sección específica del libro. No puedo dejar de mencionar a Ada Ampuero y su equipo de ESAN Ediciones, por la calidad del trabajo desarrollado para publicar de manera impecable la obra, así como a Sidney Evans, por la traducción al español de las ponencias escritas en inglés. Finalmente, a Karina Peña y Juan Diego Tello, responsables del apoyo secretarial y logístico, respectivamente.

Este trabajo no hubiera sido posible sin el patrocinio del evento internacional por parte del Concytec, la dedicación del Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y Comercio (Cepic) de la Universidad ESAN y el compromiso del Vicerrectorado de Investigación de la misma Universidad, que acogió la publicación del libro.

A todas estas personas e instituciones, mi sincero agradecimiento.

SANTIAGO ROCA T.

Lima, febrero del 2016

INTRODUCCIÓN

La biodiversidad, su control y utilización, y el debate sobre el derecho a usufructuar de sus potenciales beneficios constituyen una de las disputas globales más importantes del siglo XXI. De la misma forma en que la alquimia —en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, India, China, la antigua Grecia, el Imperio romano y el Imperio árabe— iba tras la búsqueda de la piedra filosofal (el método hipotético para transformar los metales en oro, a partir del cual se crearon productos químicos y nuevos métodos para la separación de sustancias), en este siglo la ingeniería genética y sus modos culturales aplicados a la biodiversidad —la algenia— empiezan a transformar la relación del ser humano con la naturaleza, poniendo en el tapete la aparición de profundas transformaciones y oportunidades, con el surgimiento de nuevos bienes y servicios, incluida la reinvención de la propia vida, tal cual la habíamos concebido.

Frente a las potencialidades de la nueva revolución de la ingeniería genética, los países y las corporaciones que poseen estas nuevas tecnologías desean tener a su entera disposición la biodiversidad (geopolítica de la biodiversidad), acceder a ella e instituir reglas de propiedad que les permitan usufructuar los productos y los servicios derivados de la biodiversidad, de la manera más amplia y con los plazos más extensos posibles. Por ello, durante muchos años se instauró en el mundo el principio de que la biodiversidad, en su forma primaria, era patrimonio común de la humanidad y de acceso libre, mientras que los productos y las aplicaciones logrados a través de la ingeniería genética podían ser protegidos, vía patentes, por derechos de propiedad intelectual (geopolítica del bioconocimiento).

Tales reglas, impuestas por las corporaciones y los países poseedores de las nuevas tecnologías, fueron cuestionadas por los países y las comunidades poseedores de la biodiversidad, los que, luego de cambiar el principio de patrimonio común de la humanidad por el de soberanía de los Estados, estipularon que el acceso a la biodiversidad debería hacerse mediante contratos entre los usuarios y los proveedores o —a falta de estos últimos— el Estado, como dueño soberano de los recursos. Los contratos deberían incluir una compensación (precio) por el acceso a los recursos y una participación justa en los beneficios que podrían derivarse de estos.

Asimismo, en el campo de los saberes y del conocimiento, la disputa ocurre porque el derecho de patentes no solo colisiona con el monitoreo del cumplimiento de los contratos de acceso, sino que, además, busca ampliar el monopolio a los derivados de la biodiversidad en todo cuanto sea posible. Además, paradójicamente, desconoce y no retribuye por la utilización de los saberes tradicionales de los pueblos indígenas asociados a la biodiversidad, lo que da lugar a lo que se conoce como biopiratería.

Además de los temas de trasfondo señalados, referidos a la geopolítica de la biodiversidad y a la geopolítica del bioconocimiento, los grandes temas que atraviesan el contenido del presente libro son tres: i) el uso y la conservación de la biodiversidad; ii) la manera como se distribuyen los beneficios de la cadena de valor de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad, en especial de aquellas cadenas que se protegen por medio de patentes y otros instrumentos de propiedad intelectual; y iii) las políticas públicas acerca de: la innovación y el reconocimiento de los conocimientos y saberes tradicionales; la creación de valor y el bioculturalismo; y la articulación de los recursos de la biodiversidad a las posibilidades y necesidades de concretar un desarrollo verdaderamente sustentable, con vocación endógena, a nivel nacional y local.

La biodiversidad está integrada por una variedad de recursos, bienes, servicios, materia, información y conocimientos ancestrales referidos a los organismos vivientes de los sistemas terrestres, marinos y acuáticos, así como a los complejos ecológicos de los cuales son parte, incluyendo las variedades dentro de las especies, y entre especies y los ecosistemas mismos. La biodiversidad se utiliza de múltiples maneras, y sus componentes cumplen distintas funciones —las que sirven para una infinidad de propósitos—, pero su uso indiscriminado puede extinguir y afectar la vida misma. Por esta razón, todos los países coinciden en la urgencia de propiciar políticas globales que orienten la utilización de la biodiversidad en forma responsable, preservándola a través del tiempo.

Multiplicidad de estudios encuentran, sin embargo, que la lógica de ganancia y la voracidad de las empresas que explotan la biodiversidad no solo arremeten contra las formas de vida y la variabilidad de las especies, sino que también arrasan con pueblos indígenas y comunidades locales que, durante cientos de años, se han relacionado con la biodiversidad en forma diferente. Por otro lado, también se observa que la cadena de valor de los bienes y servicios que se producen con la biodiversidad no retribuye por el uso de los recursos biogenéticos, ni por los conocimientos tradicionales de las comunidades de origen de los recursos, lo que contrasta con las ganancias significativas de las corporaciones y los países que poseen las tecnologías y elaboran los bienes y servicios que se encuentran al final de la cadena de valor, mayoritariamente protegidos por patentes. Por esta razón, al demostrarse que la lógica de ganancia del capital y las patentes aplicadas al uso de la biodiversidad afectan su conservación y sostenibilidad, y distribuyen de manera muy desigual los ingresos (a favor de las empresas y países poseedores de las nuevas tecnologías), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de las Plantas para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA) y el Protocolo de Nagoya (PN) proponen reglas para regular su uso, su conservación y los beneficios derivados de su utilización, mediante contratos de acceso, la distribución de beneficios y una serie de otras reglas específicas.

Al respecto, cabe precisar que las patentes nacen, históricamente, como un instrumento para ayudar a solucionar las «fallas de mercado» que existen en algunas actividades de investigación y desarrollo (I&D) y de creación de nuevas tecnologías. Dichas fallas se originan cuando existen actividades económicas en las que resulta muy fácil y rápido copiar los nuevos productos y tecnologías, y donde los creadores no pueden recuperar los costos de las invenciones debido a que los gorrones o free riders bajan los precios y distorsionan el mercado. No en todas las actividades se puede copiar con facilidad; en la mayoría de ellas toma tiempo y esfuerzo imitar, y, cuando eso se consigue, los innovadores, por lo general, ya no solo recuperaron sus inversiones, sino que también se encuentran ya desarrollando nuevas innovaciones. Por eso, la libre competencia es la fuerza motriz de la innovación (Schumpeter), excepto cuando las fallas del mercado hacen que los innovadores no puedan recuperar sus inversiones. En esos casos, las patentes son el instrumento que protege a los creadores, brindándoles condiciones que permiten una sana y libre competencia.

Con el transcurso del tiempo, las patentes fueron cambiando su función de manera gradual y pasaron a ser un instrumento que se usa en forma indiscriminada para obtener «rentas extraordinarias» y para premiar a corporaciones y personas que se dedican a inventar o crear nuevas tecnologías. Se malinterpreta que la patente es un incentivo a la creación, algo así como un activo estratégico que impide a otros el acceso al mercado y evita la libre competencia; se otorga al inventor o creador un monopolio temporal irrestricto (rentas extraordinarias) que, sin ton ni son, se ha fijado en veinte años de duración. Este potencial beneficio debería, supuestamente, llevar a las personas naturales y jurídicas a invertir en nuevas tecnologías.

Bajo este enfoque de las patentes como instrumentos de obtención de «rentas extraordinarias», la normativa de patentes ha alcanzado un desarrollo vertiginoso. Las corporaciones y los países avanzados en tecnología se dieron cuenta de que podían beneficiarse aún más ampliando los plazos de duración de las patentes1; flexibilizando los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; aceptando procesos biológicos y descubrimientos como si fuesen inventos; eliminando los requerimientos de revelación de las invenciones biotecnológicas; facilitando los procesos administrativos y criminalizando las sanciones a los infractores. Además, han venido elevando al derecho de propiedad intelectual por encima del derecho a la salud, la educación y el interés público, cuestiones que no fueron así en el pasado.

La cuestión toca fondo cuando el derecho de propiedad y las leyes de patentes (el TRIPS, el Convenio de la UPOV, el Convenio de Budapest, la ley del Tratado de Patentes, y otras normas) consideran, de manera implícita —en sentido contrario a ellos mismos—, que la biodiversidad es un bien de acceso libre (propiedad de todos o de nadie en particular) del cual los innovadores, mediante I&D, se pueden apropiar en forma íntegra para su propio beneficio. No reconocen, en el valor de los bienes y servicios generados en la cadena de valor, el valor del recurso primigenio y la información primaria obtenida de la biodiversidad, ni tampoco los saberes ancestrales que los pueblos originarios aportan y que continúan siendo fundamental para el desarrollo y la elaboración de los bienes finales.

No hay duda, entonces, de que la normativa de propiedad intelectual y aquella referida al uso de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales se han elaborado y desarrollado teniendo cada una sus propias lógicas y objetivos. En muchos aspectos, las legislaciones no «conversan», no se apoyan de manera mutua y, en diversos aspectos, transgreden los propósitos de la otra. Se requiere, en realidad, encontrar los balances que permitan no solo equilibrar sus propósitos, sino también reforzarlas en forma complementaria y, además, reconocer que existen otros derechos y formas de entender que exigen «encuentros» normativos, institucionales y aplicativos diferentes.

Este libro busca, en primer lugar, que el lector entienda la importancia y la relevancia de un problema de alcance global: cómo y por qué el CDB, el PN y otros tratados internacionales encuentran dificultades para el logro de sus objetivos de conservar y sostener la biodiversidad y conseguir que se compartan los beneficios de su utilización entre proveedores y usuarios al enfrentarse a una legislación y normativa en patentes y propiedad intelectual que limitan sus alcances. ¿Cuáles son los desencuentros en la normativa entre propiedad intelectual y biodiversidad? ¿Por qué hasta el momento no se hallan los balances indispensables para solucionarlos? ¿Qué nos dicen las diversas cosmovisiones al respecto? ¿Cuáles son los roles y funciones de las principales autoridades? ¿Qué aspectos de la regulación no funcionan en forma adecuada? ¿Qué propuestas alternativas han venido emergiendo? ¿Por qué el énfasis de las políticas y normas de los países biodiversos se centra, en forma preponderante, en instaurar procedimientos para conseguir que las empresas transnacionales preserven la biodiversidad, no se apropien de manera indebida de los recursos (biopiratería), compartan beneficios y trabajen respetando los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué casi no existen ni se desarrollan políticas públicas que articulen los recursos de la biodiversidad con los intereses y las posibilidades de desarrollo endógeno nacional y local? ¿Por qué nuestros países no han podido desarrollar una visión afirmativa e integradora de la biodiversidad sobre la base de los valores culturales e intereses de nuestros pueblos, que sea a su vez promotora de la innovación, la creación de valor y el desarrollo endógeno y sostenible de nuestros recursos?

El libro está dividido en siete capítulos. El primero trata de entender: i) la relación entre el derecho local consuetudinario y los derechos nacional e internacional; y ii) la vinculación entre la geoeconomía y la geopolítica de la biodiversidad y las estrategias que pretenden el control del bioconocimiento y la vida. En este sentido, el artículo de Brendan Tobin, acerca del conocimiento tradicional y el derecho consuetudinario, busca relievar cómo el CDB y el PN —establecidos en el ámbito internacional para asegurar el acceso y el uso debido de los recursos y los conocimientos tradicionales mediante el consentimiento informado previo y los contratos de materiales mutuamente aceptados— incorporan también en sus estipulaciones la protección al derecho local y consuetudinario y a los convenios comunitarios de los pueblos indígenas. Pero, lamentablemente, a menos que este derecho local (consuetudinario) sea incorporado en las leyes nacionales o forme parte de los contratos de acceso y de materiales, no obliga a las partes a su ejecución y observancia. Esto está originando que las empresas de los países firmantes de los acuerdos —como los países de la Unión Europea (UE)— circunvengan la legislación local al no incorporar el respeto de las costumbres y el derecho indígena en los contratos. Para enfrentar este problema, se plantea que los países poseedores de los conocimientos tradicionales refuercen y reconozcan esta protección según las costumbres, las tradiciones y los protocolos locales, lo que obligaría a los países y a las corporaciones europeas a respetarlos en forma vinculante también. El artículo siguiente, de Erick Pajares G., pone en cuestión si la propiedad intelectual se ha convertido en una herramienta para facilitar los monopolios de la mente, abordando las interrelaciones entre biopolítica, biopiratería y geopolíticas del conocimiento. El autor profundiza sobre los procesos de hegemonía y apropiación de la biodiversidad, mediante la hiperespecialización del conocimiento, como estrategia de los países que lideran la industria tecnológica para asegurarse la concentración de poder, con el objetivo de dominar la economía, la política y el propio proceso evolutivo. Frente a ello, enfatiza en la necesidad de transitar hacia políticas de gestión del patrimonio biogenético y biocultural coherentes con los intereses de nuestros países y comunidades, incluyendo el desarrollo de políticas de innovación mediante la bioprospección, así como la complementación del saber tradicional y el conocimiento científico (transdisciplinariedad y diálogo de saberes). El último artículo de este capítulo, de Santiago Roca, se pregunta y reflexiona acerca de la propuesta de Joseph Vogel de crear un cartel internacional de la biodiversidad que cobre una regalía a los usuarios de esta a cambio de que los países proveedores acepten la privatización y el patentamiento de genes en los ámbitos nacional e internacional. Además de las dificultades inherentes a privatizar la información genética, el artículo utiliza la teoría sobre bienes públicos y privados y su relación con los diversos componentes de la biodiversidad para cuestionar el cartel y la privatización, separando el problema de la conservación y la sostenibilidad del de la valorización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. La falta de valoración de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales no se puede resolver con la creación de un cartel, y se demuestra que Vogel confunde ambos planos. Se proponen cambios en la interpretación de la normativa de propiedad intelectual, así como en el CDB y el PN, a fin de lograr la conservación y la sostenibilidad de la biodiversidad, la justa distribución de los beneficios y el eficiente funcionamiento del mercado de innovación.

El segundo capítulo resume en forma breve el marco internacional legal e institucional que se refiere al acceso a la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Analiza casos específicos, como el de la quinua, e incluye una crítica a la falta de permeabilidad de los proponentes del CDB y el PN para aceptar otros planteamientos y criterios. El primer artículo, de Mónica Ribadeneira, luego de develar los principios que rigen el CDB y el PN en cuanto al uso y la explotación de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, los analiza en forma comparada y encuentra partes en donde falta claridad o existen dificultades operativas. Estas últimas se refieren, principalmente, a la indefensión con relación al acceso irregular, la falta de protección del conocimiento tradicional y la debilidad de hacer cumplir los mecanismos de distribución de beneficios. El artículo acerca de la bioprospección en el Perú, de Santiago Pastor, revisa —previa aclaración de algunas definiciones— cómo se ha venido implementando la legislación y cómo se han venido definiendo las instituciones encargadas de esa bioprospección. En general, se muestra optimista del camino que se está recorriendo, en especial si el Perú llega a complementar la legislación internacional y la andina con una legislación propia que regule el acceso a los recursos en forma diferenciada según sus usos finales: agrobiodiversidad, investigación y desarrollo, fin comercial o de lucro, etc., y si se logra que el Estado actúe en representación de los beneficiarios cuando estos no puedan ser identificados. Pastor piensa que el PN está relativamente bien planteado y que el acceso y la participación justa de beneficios requiere de «caminos administrativos» cortos y eficientes que las autoridades deben implementar en forma progresiva. El artículo de Didier Bazile y Marco Chevarría analiza, utilizando como ejemplo el caso de la quinua, cómo los marcos legales acerca de la gestión de los recursos genéticos funcionan en la práctica. Los autores revisan los marcos legales tradicionales (CDB, PN, TRIPS, UPOV, TIRFAA) y los llamados marcos alternativos (Sipam, paisajes bioculturales y licenciamiento abierto de semillas), encuentran serios vacíos y deficiencias en cada uno de ellos, y concluyen que no existe un marco legal que responda de manera satisfactoria a los problemas de acceso, intercambio, conservación, distribución de beneficios e innovación de los recursos genéticos, quedando pendiente la construcción de una solución integral al respecto. En el último artículo de este capítulo, Joseph Vogel llama la atención del lector acerca de la falta de asertividad y apertura por parte de los proponentes del CDB y del PN en reconocer que los problemas podrían admitir otras soluciones si se aplicasen la «economía de la información» y la privatización y el patentamiento de los genes. El artículo muestra, por medio de distintos ejemplos, cómo los seres humanos se aferran al síndrome de «eusocialidad», en donde el grupo hace espíritu de cuerpo acerca de los planteamientos, sin escuchar otras teorías y propuestas. Al final, hace un llamado a «delegar la delegación», en alusión a la necesidad de cambiar las delegaciones que han aprobado la legislación internacional vigente, buscando rehabilitar las soluciones técnicas que a causa del famoso espíritu grupal no han sido implementadas.

El tercer capítulo del libro introduce el punto de vista de las comunidades y la cosmovisión indígena acerca del problema. El trabajo de Preston Hardison, de la tribu de los tulalips, en Estados Unidos, parte de la concepción de que los servicios ecosistémicos se cogeneran por la relación entre la naturaleza, los pueblos indígenas, el mundo espiritual, los ancestros, el creador y los demás seres, de una manera parentocéntrica2. En este contexto, el conocimiento tradicional y el patrimonio cultural están entrelazados de tal manera que cualquier esquema de propiedad intelectual debe tener en cuenta al todo, para evitar perjuicios o daños del uno al otro; en realidad, se requiere de una protección holística con diversos sentidos y objetivos, según el contexto. Demostrando los distintos significados de la protección en el mundo indígena, el artículo analiza cómo los esfuerzos por proteger los conocimientos tradicionales con derechos de propiedad intelectual occidental3 quedan desfasados ante lo que llama «la ecología del conocimiento tradicional», en donde este último es un componente central de la biodiversidad cultural y de la vida indígena misma. El segundo artículo de este capítulo, de Gabriel Nemogá-Soto, analiza cómo se ha desarrollado la marginación de los derechos indígenas sobre biodiversidad y conocimientos tradicionales en Colombia. Distingue tres enfoques de protección de los conocimientos tradicionales: el de los derechos de propiedad intelectual, el de acceso y beneficios derivados de su utilización y el de la biodiversidad cultural y los derechos indígenas. Concluye que, en el caso colombiano, en los últimos veinticinco años se ha ido de más para menos, es decir, de un enfoque biocultural en los años ochenta, a uno, en la actualidad, basado casi en forma exclusiva en la propiedad intelectual. Como descendiente del pueblo muisca, aboga por la protección del conocimiento tradicional, que garantice las condiciones para que se preserven las diversas formas del ser y de aprehender del mundo de los pueblos indígenas y locales. Por su parte, el artículo de Jorge Ishizawa es el resultado de un extenso trabajo de acompañamiento a diez núcleos de afirmación cultural andina en diversas zonas del Perú, los cuales acompañaban, a su vez, a diversas comunidades de criadores andino-amazónicos de la biodiversidad (parte del denominado Proyecto In Situ). Ishizawa reflexiona acerca de la conservación de las plantas nativas cultivadas y sus parientes silvestres, y la epistemología operativa correspondiente a la cosmovisión andino-amazónica; y sostiene la posibilidad de un diálogo de saberes con la tecnociencia si esta se abre a un examen sobre su pertinencia epistemológica con los objetivos declarados en el terreno de la conservación in situ de la agrobiodiversidad. El último trabajo en este capítulo es el de Alipio Canahua, el cual resume los resultados de un proyecto de revalorización del conocimiento tradicional en la gestión del cultivo de la papa en diversas comunidades de Puno y Cusco, en el Perú, en donde había indicios pasados de la aplicación de sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola (Sipam). Canahua encuentra que las comunidades campesinas conservan aún los conocimientos tradicionales sobre la gestión de la biodiversidad de la papa, la cual se basa en criterios de adaptación al ambiente, hábito de crecimiento, morfología, color de la flor, forma/color del tubérculo y formas de uso y de consumo, criterios que en forma admirable se complementan con los descriptores botánicos, genéticos y morfológicos de la clasificación científica internacional y las condiciones bióticas y abióticas de las zonas respectivas. El mencionado autor observa que algunas de estas formas de gestión están en peligro de perderse debido al abandono de la agricultura y a la migración, y propone la dación de políticas, planes y proyectos de alcance nacional, regional y local para la conservación dinámica de los conocimientos tradicionales y la buena gestión de la agrobiodiversidad.

El cuarto capítulo del libro resulta ser una descripción de los roles y funciones de las principales autoridades en biodiversidad, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual en el Perú. En realidad, constituye una guía inicial para quienes deseen conocer adónde deben dirigirse y cuáles son los principales procedimientos y requisitos que se deben cumplir para la protección, el acceso, la conservación y la utilización de la biodiversidad, y menciona las autoridades ante las cuales se puede denunciar el incumplimiento de las diversas leyes y normas que existen sobre la materia. Las instituciones cuyas funciones y tareas han sido resumidas en este capítulo son el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Comisión Nacional contra la Biopiratería, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

El propósito del capítulo quinto es destacar algunas de las experiencias y vivencias por las que diversos actores en el Perú han pasado cuando han pretendido ejecutar sus proyectos o emprendimientos acerca de la conservación, la provisión o la utilización de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad. Estos casos son importantes porque brindan lecciones y detectan aspectos clave que se podrían mejorar con vistas al buen funcionamiento de la regulación y su ejecución. El artículo de Marcela Machaca, de la Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA), expresa que los conocimientos tradicionales se regeneran en un contexto cultural de respeto por la naturaleza y las deidades, donde la vida práctica y espiritual son inseparables, y la crianza es siempre recíproca y relacional, de convivencia y de aprendizaje mutuo. La pérdida de biodiversidad se debe a la falta de cariño y de respeto por el entorno y la integralidad de la vida en la comunidad. La riqueza de nuestras comunidades andinas no radica solo en nuestro patrimonio biocultural, sino también en los «bienes afectivos». Para la ABA, la conservación de la agrobiodiversidad no va por el lado de la protección de la propiedad intelectual y la apropiación del conocimiento, sino por el camino físico y ritual de las semillas y sus sabidurías, y se concreta mediante la extensión de la solidaridad y el fortalecimiento de las festividades y los rituales. El punto de vista del científico investigador lo expresa el artículo de Abraham Vaisberg, quien manifiesta sus cuestionamientos por los difíciles procedimientos y las regulaciones complicadas para quienes, como él, están interesados en desarrollar la ciencia y hallar nuevas aplicaciones para contrarrestar las enfermedades; se refiere, en particular, a la experiencia del proyecto del International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), y pone de relieve la ausencia de una visión estratégica, por parte del Estado, así como las limitaciones de las comunidades nativas para participar en estos emprendimientos. Por otra parte, la presentación de Antolín Huáscar resalta la acción política como medio para defender los derechos y el patrimonio cultural y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Huáscar se muestra contrario a una mirada basada en la ganancia, la privatización y la apropiación comercial de los conocimientos tradicionales mediante la propiedad intelectual, y arremete contra el Estado, al que percibe interesado en reducir la participación y el consentimiento informado previo indígena, en tanto se encuentra sometido a los intereses de las corporaciones y a valores que no coadyuvan con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todo lo cual, señala él, hace peligrar las formas de vida y los derechos indígenas. Desde el lado de los empresarios nacionales, José Luis Silva Martinot relata la experiencia que está viviendo en el caso de la maca y explica los esfuerzos que grupos de empresarios hicieron para mejorar y estandarizar la calidad de esta planta, así como la realización de pruebas clínicas para validar su eficacia y pertinencia en diversos usos, hasta lograr su aprobación por las autoridades en otros países, como la China. De manera paradójica, la aparición de nuevos mercados externos incentivó el ingreso al Perú de decenas de acopiadores chinos, deseosos de llevarse el recurso genético (la maca) para su cultivo en su país, ante la indiferencia de las autoridades nacionales, quienes a pesar de las normas que prohíben la salida de material genético y el transporte ilegal de mercadería, y del registro de patentes de genes de la naturaleza, etc., se ponen de costado y renuncian al ejercicio de sus funciones, fomentando, en la práctica, la producción de maca en el extranjero, en nombre del dogma del libre mercado y la libre competencia. Por último, Tarcila Rivera, del Centro de Culturas Indígenas Chirapac, describe la indefensión e invisibilización de las comunidades indígenas respecto al uso y la utilización de sus recursos ancestrales para el beneficio y el desarrollo de ellas y de sus propios pueblos. En esta tarea, el Estado se pone de espaldas a las comunidades, no tiene una actitud activa ni busca soluciones a los problemas. Al final, se termina rezagando a las comunidades, las que hacen esfuerzos para registrar plantas o el conocimiento asociado a estas sin obtener ningún beneficio. Resulta urgente que el Estado trabaje de la mano con las comunidades indígenas y el mundo científico y académico nacional, a fin de generar beneficios concretos para las comunidades originarias, poseedoras de la biodiversidad y los recursos naturales.

El sexto capítulo sistematiza artículos cuyo denominador común es el énfasis en analizar diversos aspectos referidos a la protección de la propiedad intelectual vinculada a la biodiversidad. El artículo de Roca y Pajares expone, en primer lugar, los cambios ocurridos en la legislación de propiedad intelectual del Perú a raíz de la suscripción de los acuerdos de promoción comercial con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio; en particular, las modificaciones relacionadas con el uso de la biodiversidad y el patrimonio biogenético, estableciendo una comparación con la legislación de propiedad intelectual existente antes de la firma de tales tratados comerciales. Roca y Pajares ponderan la urgencia y la necesidad de un Estado más proactivo para resguardar los intereses del país y, particularmente, de los pueblos indígenas, abordando además de forma puntual el caso de la iniciativa defensiva del Gobierno Regional del Cusco al promulgar dos ordenanzas regionales (2007, 2008) en salvaguarda del patrimonio biogenético y biocultural de esa importante región surandina, y entregan apuntes iniciales sobre los alcances de las recientes negociaciones sobre propiedad intelectual y biodiversidad, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Finalmente, establecen un conjunto de recomendaciones sobre cómo avanzar hacia una clara definición de políticas públicas para la gestión de los recursos biogenéticos, en medio de las dinámicas y presiones del mercado globalizado. Por su parte, el artículo de Carlos Correa examina por qué el sistema de patentes permite apropiarse de materiales biológicos, incluidos genes y variedades vegetales obtenidos en países en desarrollo, es decir, lo que se denomina biopiratería. Correa afirma que dos de los factores que influyen en ello han sido la expansión de la patentabilidad y de los derechos de obtentor a la materia viva, y los cada vez más bajos estándares para patentar, proporcionando una serie de ejemplos y casos específicos; menciona que los países en desarrollo deben corregir estas distorsiones para evitar que el sistema de patentes se utilice como una herramienta de exclusión de la competencia, y concluye que el ADPIC otorga plena flexibilidad para que nuestros países puedan aplicar políticas de patentabilidad más rigurosas, de manera que se reduzcan la biopiratería y la apropiación indebida de conocimientos. Por su lado, el artículo de Antonietta Gutiérrez analiza los cambios en la legislación de protección de variedades vegetales y obtención de semillas transgénicas a raíz de la suscripción del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, acuerdo que obligó al Perú a suscribir el Convenio de la UPOV, versión 1991, y a realizar los mejores esfuerzos para patentar plantas. Gutiérrez compara el Convenio de la UPOV versión 1991 con su versión 1978 y explica la modificación del registro de nuevas variedades a que se ha sujetado el Perú y los cambios que conlleva la metodología del Bar Code en el patentamiento secuencial de genomas, los cuales obvian los contratos de acceso y los certificados de origen o legales de procedencia. Asimismo, explica cómo las plantas transgénicas, de ser alógamas totales o parciales, pueden dispersar su polen y dar lugar a una variedad nueva o derivada de la transgénica, que solo podría registrarse por el obtentor de la variedad o transgénico original, lo cual podría afectar a los pobladores y los agricultores locales. Además, afirma que la dispersión del transgén en los ecosistemas genera pérdida de la pureza genética local, por lo que sugiere que el Perú debería legislar al respecto a fin de salvaguardar el patrimonio común y la delicada estabilidad de las variedades y los derechos de propiedad intelectual (DPI) detrás de ellos. Por último, en el artículo con que concluye este capítulo, Alejandro Argumedo y Flavia Noejovich dan el toque positivo al uso de algunos instrumentos de propiedad intelectual en lo que se refiere a la protección de conocimientos tradicionales y recursos de la biodiversidad. No se refieren, en este caso, a las patentes, sino a lo que denominan indicaciones bioculturales, especie de indicación geográfica que podrá incorporar elementos de lo que es una marca, derechos de autor, etc., de manera que las comunidades puedan desarrollar sus propias especificaciones internas, que reflejen y refuercen sus derechos colectivos, normas consuetudinarias, valores culturales y cosmovisión holística, y que les permitan ejercer cierto control sobre el desarrollo del mercado para sus productos, además de resguardar su propio patrimonio biocultural.

El séptimo y último capítulo presenta, a modo de reflexión, dos artículos en los que el editor hace algunas propuestas para que el régimen de propiedad intelectual «converse» mejor con el CDB y el PN, y pone en clave de políticas públicas las mejores ideas y acciones propuestas a lo largo de los diferentes artículos del libro. El primer artículo, «¿Podrá el régimen de propiedad intelectual compatibilizar con el CDB y el PN?», tiene como objetivo disminuir las disputas y conseguir un mejor balance y equilibrio en la desmesurada ampliación del ámbito de las patentes ocurrida en las últimas décadas, así como la búsqueda de que las reglas de propiedad intelectual no se transformen en un obstáculo para monitorear el cumplimiento de los contratos de acceso y de distribución de beneficios del PN. Para ello: i) reinterpreta la concepción de la patente como instrumento para solucionar las fallas en el mercado de innovación y relativiza la predominancia de sus objetivos en relación con otros derechos e intereses públicos (en función de análisis costo/beneficio); ii) sugiere modificar el CDB, impulsando la colocación de impuestos específicos o límites político-administrativos para promover la conservación de la biodiversidad y evitar la deforestación; y iii) propone la modificación del PN, estipulando un canon obligatorio para todos los usuarios de la biodiversidad, como «valoración afirmativa» (precio) de la materia prima utilizada. El artículo explica con detalle cómo estas propuestas solucionan los principales impasses y desencuentros entre la normativa de propiedad intelectual y las reglas que regulan la biodiversidad y la distribución de beneficios. Por su parte, el segundo artículo pone en clave de políticas públicas los principales hallazgos y recomendaciones hechos a lo largo de todos los artículos del libro, de manera de aportar a una gestión estratégica e integral de la biodiversidad y de su relación con la propiedad intelectual, que tome en consideración el desarrollo de la innovación y la creación de valor, el reconocimiento de los pueblos indígenas, las cosmovisiones y el bioculturalismo de estos, y que articulen los recursos de la biodiversidad a los intereses y posibilidades de desarrollo endógeno nacional y local. Este enfoque rompe el paradigma convencional de concentrar las políticas públicas solo en reglas y decisiones que facilitan el acceso a los recursos genéticos a las corporaciones e instituciones de investigación extranjeras —intensivas en alta tecnología— y en luchar tibiamente contra la biopiratería. El nuevo enfoque puede, por ejemplo, promover políticas públicas que estén más preocupadas por incrementar el valor agregado de la cadena de producción vinculada a los productos naturales, los medicamentos tradicionales —y a elevar la efectividad y la calidad de los chamanes—, el turismo paisajista, la industria cosmética nacional, los bienes y servicios que usen tecnologías intermedias y la sistematización de los saberes tradicionales e I&D, que ponga más atención al valor y las sinergias locales, mirando siempre y en pared a los otros países andinos y amazónicos, con los que compartimos la biodiversidad. Las políticas de gestión estratégica de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales exigen un proceso de construcción de capacidades y de cambio institucional, de modo incremental y secuencial, que facilite las inversiones futuras e incluya la cooperación de los pueblos indígenas, el Estado, la academia y la iniciativa privada.

Apreciará el lector, entonces, que esta no es una publicación de enfoque convencional, de aproximaciones tibias o de miradas superficiales. El evento que el Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y Comercio (Cepic) de la Universidad ESAN realizó con patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) ha buscado retomar las mejores reflexiones para poner en la agenda del debate nacional una serie de propuestas que contribuyen consistentemente a la formulación de políticas públicas innovadoras, las cuales estaban siendo omitidas o, si se quiere, ignoradas. Las estrategias de poder de las corporaciones transnacionales para controlar la biodiversidad y el bioconocimiento deben ser enfrentadas tanto defensiva como constructivamente, y consideramos que los autores que participan en este libro han realizado aportes significativos en ambas direcciones.

Hoy resulta imperativo proseguir y profundizar las reflexiones planteadas. No hay duda de que el Perú necesita desarrollar una estrategia propia y una política nacional cohesionada en la que se incluyan, entre otros aspectos, no solo el régimen de acceso y los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, sino también los incentivos a la bioprospección y a la creación de mayor valor sobre la base de nuestra biodiversidad, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Se requiere, para ello, que los académicos e investigadores sigan reflexionando, junto con los empresarios, los líderes indígenas, los diseñadores de política y tomadores de decisiones, a fin de construir verdaderos consensos nacionales frente a un tema de relevancia estratégica para un país que, como el Perú, ostenta —como un gran activo— una portentosa diversidad biocultural.

I. DEL MUNDO A LA ALDEA

CONOCIMIENTO TRADICIONAL, DERECHO CONSUETUDINARIO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE NAGOYA: DESAFÍOS PARA LOS PAÍSES ANDINOS

BRENDAN TOBIN

El Protocolo de Nagoya del Convenio sobre Diversidad Biológica, por el cual se estableció un sistema jurídico vinculante para regular el reparto de beneficios asociado a recursos genéticos, entró en vigor el 12 de octubre de 2014. El Protocolo obliga a las Partes a adoptar medidas para asegurar que el acceso y el uso de estos recursos y del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales1 estén sujetos a su conocimiento informado previo y a términos (o contratos) mutuamente aceptados2. También exige a los Estados que lo están implementando considerar el derecho consuetudinario y los convenios comunitarios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Sin embargo, se queda corto en reconocer un derecho ejecutable en favor de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus bienes genéticos y saber tradicional. El Protocolo ha dejado esa tarea a los gobiernos nacionales y al Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folclore (CIG) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El CIG fue creado en el 2000 y durante los siguientes catorce años ha estado preparando nuevos instrumentos internacionales para la protección del conocimiento tradicional. Hacia setiembre del 2014, el CIG había desarrollado tres borradores de documentos sobre saberes ancestrales, expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos y divulgación de origen3. En aquel entonces, los países en desarrollo hacían llamados a la asamblea de la OMPI a fin de convocar una conferencia diplomática que negociaría formalmente instrumentos legales vinculantes basados en estos borradores. Varios países desarrollados se opusieron a este pedido, en particular Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Como ninguna de las partes estaba realmente preparada para cambiar su posición, la asamblea no pudo tomar ninguna decisión sobre el trabajo del CIG y lo dejó en el limbo. En octubre del 2015 la Asamblea General de la OMPI ha dado un nuevo mandato al GIC para 2016-2017. No obstante, caben dudas acerca de si habrá una legislación internacional nueva sobre la protección del conocimiento tradicional que emane de esta institución en el corto plazo. La protección internacional de los derechos sobre los conocimientos tradicionales relacionados con recursos genéticos y biológicos depende, por tanto, principalmente de la implementación efectiva del Protocolo de Nagoya.

Si bien el acuerdo en mención ha entrado en vigencia recientemente, ya hay evidencias de las diferencias de opinión acerca de las obligaciones que crea para la protección de los derechos sobre el conocimiento tradicional. Esto era aparente en el proceso y la legislación adoptada por la Unión Europea para implementar el Protocolo, que da poca (o quizás ninguna) consideración a la ley consuetudinaria y protege solo el conocimiento tradicional ya protegido en el país donde se encuentran los pueblos indígenas y comunidades locales relevantes y, por consiguiente, donde hay un contrato de acceso que define los conocimientos tradicionales protegidos (Tobin, 2014a, p. 126). De este modo, el peso de la protección de los derechos sobre el conocimiento tradicional recae sobre los países en desarrollo, y se da luz verde a la biopiratería (Tobin, 2014a, p. 127). En efecto, en vez de asegurar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, el derecho europeo facilita la transferencia de beneficios asociados con el uso de los conocimientos tradicionales de sus custodios tradicionales (a menudo pobres y aislados) a los usuarios (por lo general sólidas corporaciones).

La legislación que implementa el Protocolo de Nagoya y que no incluye medidas adecuadas de protección del conocimiento tradicional facilita que los sectores científico y comercial se aprovechen de los esfuerzos de los pueblos indígenas y comunidades locales por conservar y desarrollar estos conocimientos y los recursos biológicos y genéticos relacionados. Esto significa no solo una pérdida económica, sino también una posible pérdida cultural y espiritual para los pueblos mencionados. De ese modo, va en contra no solo del Protocolo de Nagoya sino también del derecho internacional sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades locales, lo que significa socavar el bienestar cultural y económico de los países en los cuales se encuentran estos pueblos, cuyo saber ha sido usado sin su consentimiento.

El colapso del proceso del CIG en el 2014 demuestra la falta de compromiso político de muchos países desarrollados para la adopción de un régimen internacional vinculante en el corto plazo. Junto con la débil implementación del Protocolo de Nagoya en la Unión Europea, esto significa que los países preocupados por proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus conocimientos tradicionales tendrán que actuar individual y colectivamente a fin de asegurar el cumplimiento del espíritu y la letra del Protocolo de Nagoya.

Hay tres vías principales que los países pueden considerar para fortalecer el cumplimiento de las provisiones del Protocolo de Nagoya y del derecho internacional de derechos humanos sobre el conocimiento tradicional. La primera es un mayor reconocimiento y el refuerzo de los derechos de los pueblos indígenas a regular el acceso y el uso de su conocimiento tradicional según sus propias leyes, costumbres, tradiciones y protocolos comunitarios (que son el punto principal del presente artículo). La segunda vía es la adopción de leyes nacionales y regionales con las cuales asegurar el consentimiento informado de estas comunidades y de los términos (o contratos) mutuamente acordados como una precondición para el acceso y uso de los conocimientos tradicionales. La tercera vía es la elaboración e implementación, a nivel nacional e internacional, de mecanismos de cumplimiento, incluyendo puntos de control, por ejemplo sistemas de divulgación de origen, para hacer seguimiento al uso del conocimiento tradicional y verificar la obtención de consentimiento informado previo y de los términos mutuamente acordados para dicho uso. Este capítulo concluye en que, si se toman estos pasos, la interrupción del proceso del CIG ofrece un importante oportunidad para reorientar el proceso en la búsqueda de la protección efectiva y culturalmente apropiada del conocimiento tradicional.

1. Regulando el conocimiento tradicional

El conocimiento tradicional se encuentra en el corazón de la vida social, cultural, económica y espiritual de los pueblos indígenas y comunidades locales. Les informa y asegura sus estrategias de subsistencia y desarrollo; como tal es fundamental para la realización de una amplia variedad de derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación, salud, vida, progreso, dignidad, cultura y autodeterminación (Tobin, 2009). Al mismo tiempo, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de conocimiento tradicional dependen del reconocimiento y de la protección del derecho a los recursos naturales, tierras y territorios tradicionales, y a la autodeterminación.

El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su saber tradicional se encuentra en más de una docena de instrumentos internacionales (Dodson, 2007). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) reconoce, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios a sus recursos genéticos, conocimiento y propiedad intelectual (artículo 31). La protección más específica se encuentra en el Protocolo de Nagoya, puesto que obliga a todas las Partes a tomar medidas para asegurar que el acceso y uso de estos recursos (artículo 6.2) y de este saber ancestral (artículo 7) se haga con el consentimiento previo e informado y esté sujeto a términos mutuamente acordados. Esto se aplica tanto a los países donde se encuentran estas poblaciones como a los países en los cuales se usan sus recursos y conocimientos. Tales obligaciones se derivan de la existencia de derechos establecidos de los pueblos indígenas sobre sus recursos genéticos, que pueden derivar del derecho consuetudinario, nacional e internacional, y de la existencia del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales (es decir, el derecho existe porque existe el conocimiento). Los artículos 15 y 16 del Protocolo exigen que todos los Estados adopten medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales relevantes del país donde los recursos genéticos fueron legalmente obtenidos, de acuerdo con el protocolo, y donde se encuentran los custodios del conocimiento tradicional, respectivamente. Estas estipulaciones complementan las obligaciones señaladas en los artículos 6.2 y 7, que se aplican a todas las Partes del Protocolo y deben ser respetadas, independientemente de si se han adoptado medidas normativas específicas sobre los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en los países donde estos se encuentran (Tobin, 2014a, p. 125). También, para implementar estas estipulaciones, el artículo 12 exige a las Partes: «tomarán en consideración» el derecho consuetudinario y los protocolos comunitarios de los pueblos indígenas y comunidades locales, lo que no se puede limitar a una revisión meramente formal.

El Protocolo de Nagoya no reconoce por sí mismo un derecho legal vinculante acerca del conocimiento tradicional a favor de los pueblos indígenas y comunidades locales. Establece, sí, una serie de obligaciones para todas las Partes que, al ser adoptadas de acuerdo a la carta y el espíritu del Protocolo, crean un sistema de derechos de facto a su favor. Que estos derechos se cumplan depende, por tanto, de adoptar una legislación de implementación adecuada en los países donde viven los pueblos indígenas y comunidades locales y en donde los recursos y los conocimientos son utilizados. También dependerá de la capacidad y buena voluntad de los Estados y de los tribunales para dar la debida consideración a las leyes consuetudinarias y los protocolos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

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PROPIEDAD INTELECTUAL ¿O MONOPOLIOS DE LA MENTE?: BIOPOLÍTICA, BIOPIRATERÍA Y GEOPOLÍTICAS DEL CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA

ERICK PAJARES G.

Las revoluciones científicas más importantes, todas, incluyen, como única característica en común, el destronamiento de la arrogancia humana —de un pedestal tras otro— basada en las convicciones previas sobre nuestro lugar en el centro del Cosmos.

STEPHEN JAY GOULD

El presente ensayo se propone como un aporte para la comprehensión de las formas como se estructuran las políticas internacionales sobre biodiversidad y el papel que cumplen los regímenes de protección de propiedad intelectual asociados al patrimonio biogenético en los procesos de reconfiguración y recentralización de los poderes político y económico, a escala global.

La propiedad intelectual relacionada con la manipulación sofisticada de la biodiversidad involucra importantes cuestiones científicas y aspectos financieros de alcance transnacional, a la vez que incluye la utilización —con fines comerciales— de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, lindando muchas veces con la biopiratería, que exacerba inevitablemente el empobrecimiento biológico, cultural y económico de los países y grupos sociales poseedores de tal patrimonio biocultural, lo que a la larga deriva en conflictos diversos, por las formas en que se produce el acceso a esos saberes.

Pero a la par que ponderamos los derechos de propiedad intelectual, desde el acceso, resulta fundamental dimensionarlos también desde el enfoque de las «geopolíticas del conocimiento». Precisamente, en su obra Historias locales/diseños globales: ensayos sobre los legados coloniales, los conocimientos subalternos y el pensamiento de frontera, Walter Mignolo (2002) aborda la noción de las geopolíticas del saber en tanto eje crucial para alcanzar una comprensión crítica en la formación y transformación del sistema-mundo moderno/ colonial en regiones periféricas como América Latina. De esta forma se devela la relación entre historias locales y construcción de conocimientos, al tiempo que se expone otra epistemología para el estudio desde/sobre América Latina y sus dinámicas de inserción actual en la sociedad globalizada.

Uno de los objetivos de las geopolíticas del conocimiento es evitar que el pensamiento se genere formalmente en otras visiones, que se aproxime a otros orígenes, que intuya cosmovisiones abstrusas, que atisbe en mundos-otros. Así, un aspecto sustancial para la comprensión de los monopolios de la mente es que —bajo este paradigma— el conocimiento funciona como la economía, y es funcional a ella, aun cuando se persevere en la idea de que en el mundo global no existe ya ni centro ni periferia.

Las economías latinoamericanas, con excepción de México y Brasil, no influyen centralmente en el mercado mundial, por lo que sus fluctuaciones no tienen mayor repercusión en otras regiones del planeta. Con el conocimiento ocurre algo similar, con la diferencia de que, para la región de América Latina, en la producción de saberes existen mayores posibilidades de producir cambios que no necesariamente se presentan en la dimensión económica.

En este punto, debemos subrayar que, a partir de la década de 1980, diversos sectores —pueblos indígenas, académicos, políticos y conglomerados empresariales transnacionales— han mostrado un interés creciente por los conocimientos tradicionales1 como aspecto sustancial en el mantenimiento de la biodiversidad, en diversas regiones del mundo. Aunque las motivaciones de los actores concernidos varían, todos coinciden en destacar la aplicabilidad y las potencialidades —para el uso comercial y no comercial— de estos sistemas de saberes cuando se asocian con los recursos biogenéticos.

Sin embargo, al igual que en otras cuestiones relacionadas con la sustentabilidad (ecológica, ambiental y social), en las que se involucra la economía, la relación entre recursos biogenéticos y los derechos de los pueblos indígenas no es una cuestión«neutra», por lo que un análisis descriptivo o político aséptico significaría una mirada ciertamente sesgada, por incompleta. Es este un asunto que diversos sujetos construyen, perciben y enfrentan en un contexto socioeconómico y político definido por la historia y la especificidad, mientras que no resulta menos cierto afirmar que los actores involucrados (pueblos indígenas, Estado, academia, trasnacionales y organizaciones de la sociedad civil) no conforman «bloques monolíticos» u homogéneos. Muy por el contrario, exponen distintas visiones, intereses y posiciones en torno al qué, por qué, y cómo internalizar y gestionar un tema altamente sensible.

En este escenario, entonces, emerge la bioprospección moderna —es decir, la investigación sobre los recursos biogenéticos, bioquímicos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas con potencial valor comercial— como una actividad impulsada por empresas especializadas en la utilización de tales recursos, a partir de aplicaciones biotecnológicas. A pesar de las utilidades que se obtienen y los problemas sociales que surgen como consecuencia de las asimetrías en el acceso, uso y control de la biodiversidad en América Latina, es notoria la deficiencia, o más precisamente la carencia, de políticas públicas sobre estos aspectos relevantes para la sustentabilidad de los países de la región.

Mientras tanto, es pertinente enfatizar que la biopiratería —o la apropiación y monopolización, por parte de individuos y organizaciones, de conocimiento y recursos genéticos de indígenas y agricultores2— no es algo nuevo, se remonta incluso a la Colonia (Crosby, 1988). En efecto, lo que ha cambiado son el contexto y los mecanismos regulatorios mediante los cuales se concretan tales formas de apropiación, entre los que destacan, como no, los tratados de libre comercio3.

Al respecto, un caso ilustrativo es el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que fue debilitada como mecanismo de concertación subregional a partir de las negociaciones de los acuerdos de promoción comercial que llevaron adelante unilateralmente el Perú y Colombia, con los Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE), propiciando de esta forma la crisis de los procesos de integración regional, y la profundización del modelo extractivo y privatizador de bienes públicos: recursos minero-energéticos, bosques, agua, biodiversidad, entre los más importantes. Tales dinámicas han agudizado la exclusión social, particularmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales de los Andes y la Amazonía de Sudamérica (ver Pajares, 2009).

La propiedad intelectual nos permite, pues, observar nítidamente las tensiones entre el corporativismo transnacional y los pueblos indígenas. Y es que las concepciones dominantes sobre derechos intelectuales vinculan estrechamente, por un lado, la creencia en la superioridad del episteme tecno-científico occidental sobre toda otra forma de conocimiento, y por el otro, las nociones liberales del individualismo y de la propiedad privada. Partiendo del supuesto de que la condición universal para la maximización de la innovación y creatividad humana es la existencia de la rentabilidad económica, se propone un régimen jurídico orientado a regular la protección, como propiedad privada, del producto resultante de dicha creatividad.

¿De qué forma los derechos de propiedad intelectual constituyen monopolios de la mente bajo las consideraciones de la geopolítica del saber?, ¿cuáles son las relaciones entre la economía del conocimiento y las geopolíticas del saber?, ¿cómo el sistema global de propiedad intelectual es funcional a un sistema global de biopiratería?, ¿cómo los sistemas de conocimiento tradicional asociados a los recursos biológicos son erosionados por la biopiratería?, ¿cuál es el impacto de la biopiratería en las economías nacionales de países que dependen sustancialmente de su patrimonio biogenético?

Para América Latina, tales interrogantes son críticas frente a la necesidad de revertir las tendencias de los impactos del cambio global en sus territorios (causado por la translimitación de los ecosistemas, a partir del consumo irracional de materia y energía), considerando que en países megadiversos, como México, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, estos aspectos no han sido adecuadamente integrados ni priorizados en el análisis de los estudios socioculturales, de las humanidades, de las ciencias políticas, ni se encuentran suficientemente articulados con los debates y consensos que se requieren para transitar hacia la construcción de políticas públicas para alcanzar la sustentabilidad y una gobernabilidad de signo positivo.

1. Apuntes para un marco conceptual sobre geopolítica de la biodiversidad

1.1. Geopolítica de la biodiversidad y biopolítica

En su ensayo El siglo de la biotecnología: el comercio genético y el nacimiento de un mundo feliz, Jeremy Rifkin postula que la humanidad no ha alcanzado aún plena conciencia de estar experimentando los inicios de una nueva era en su historia, signada por el surgimiento y desarrollo de la algenia. En esta etapa del proceso civilizatorio, la ingeniería genética habría empezado a transformar la relación del ser humano con la naturaleza, al tiempo que provocaría las más profundas modificaciones jamás conocidas en lo que se refiere a la forma de pensar el mundo y de estar en el mundo (1999, pp. 46-47). En el citado texto, Rifkin contrasta la algenia y la alquimia, exponiendo las mutaciones profundas a partir de una revolución tecnocientífica, pero también filosófica y cultural. A decir del autor, lo que está en debate es la reinvención de la propia definición de la vida y aquello que consideramos esencial (o no) en la autorrepresentación de lo humano4.

Aun cuando hay quienes consideran excesivo denominar esta época como el siglo de la biotecnología, lo cierto es que estamos hablando de mucho más que un nuevo sector tecnológico o industrial, pues la biopolítica5 resulta siendo tributaria, en lo esencial, de estrategias de poder que pretenden un control exhaustivo sobre la vida y que se vienen desplegando desde los inicios de la sociedad moderna (Sorrentino, 2008, pp. 90 y ss.). Al respecto, Francis Fukuyama refiere que la biotecnología representa una amenaza para la integridad de la propia naturaleza humana, y a menos que sea rigurosamente regulada, podría expandir un nuevo tipo de tiranía, a través del mejoramiento genético como medio para monopolizar los recursos y el poder político (Fukuyama, 2002).

La biopolítica explica, entonces, por qué la biodiversidad se convierte en un factor estratégico —en el ámbito geopolítico y geoeconómico— que redimensiona las agendas de poder en el escenario mundial. En efecto, como antesala de las tecnologías del siglo XXI— en especial, de la biotecnología—, la biodiversidad adquiere relevancia geoestratégica en tanto constituye un factor nuevo para la generación de valor (riqueza), en disputa con los países desarrollados y sus corporaciones biotecnológicas, por lo que las zonas que concentran los recursos biogenéticos del planeta, conocidas como regiones de megadiversidad, biorregiones o hot spots, son consideradas como las más importantes para el desarrollo deproyectos de bioprospección.

Así pues, el problema de la biopiratería y su impacto en la gestión de la biodiversidad, en los estilos tradicionales de vida de los pueblos indígenas y en sus conocimientos, innovaciones, prácticas y tecnologías ancestrales, guarda relación directa con el creciente desarrollo de la biotecnología6, que posibilita que las corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas utilicen y se beneficien del patrimonio biocultural7 de dichos pueblos y del conocimiento colectivo indígena o «saberes relacionales tradicionales asociados a la biodiversidad» (Pajares, 2004), incluyendo la agrobiodiversidad8, sin una retribución equitativa por haber contribuido —inter- y transgeneracionalmente— al mantenimiento de la diversidad biogenética del planeta.

Los saberes tradicionales, en tanto sistema, se crean y re-crean permanentemente, por lo que el término tradicional no debe asumirse como«fuera de uso» (outdated), mientras que el término innovación tradicional no resulta, tampoco, una contradicción. En efecto, lo que se caracteriza como tradicional respecto de los saberes indígenas no es su antigüedad en sí, sino la forma en que se va construyendo, el modo en que se adquiere y cómo se utiliza; es decir, el proceso social de aprendizaje y distribución del conocimiento, el cual es inherente a cada cultura indígena, y que se sustenta en su tradicionalidad. Mucho de este conocimiento es realmente nuevo, en tanto contiene un significado social y un carácter legal completamente distintos, frente a la ciencia objetiva de las sociedades industrializadas y colonizadoras de la naturaleza (Graham, 2000).

En ese sentido, a partir del desarrollo de la biotecnología, los países industrializados han desplegado una estrategia para acceder a los recursos biogenéticos del Sur global, sin considerar los derechos (registrados o no, reconocidos o no) de los pueblos indígenas, a la vez que se resisten a aceptar una negociación que implique la distribución equitativa de las utilidades provenientes de la utilización de los recursos biogenéticos. En la mayoría de los casos, solo las corporaciones transnacionales biotecnológicas perciben las regalías cuando generan nuevas variedades de plantas (derechos de obtentores) o logran patentes por productos farmacéuticos con base en la biodiversidad, mientras que las comunidades tradicionales no reciben ninguna compensación por el aporte de sus conocimientos.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) establece que los beneficios derivados del uso de la diversidad biológica, genética y de la diversidad cultural asociada (conocimientos tradicionales)9 deben compartirse equitativamente. Este acuerdo multilateral no ha sido ratificado por Estados Unidos —uno de los países que lidera la industria biotecnológica—, que, como es sabido, sostiene una política para su mercado interno y otra para el mercado externo, lo que limita la posibilidad de que se puedan conciliar intereses al respecto.

Actualmente, la aplicación de las leyes biológicas de la herencia, conjuntamente con el develamiento de la vigencia de los sistemas de conocimiento ancestral, están redefiniendo en forma progresiva el dogma de la evolución de la sociedad contemporánea, a la vez que introducen nuevos paradigmas sociales, económicos, jurídicos, culturales, éticos y ecológicos en la orientación/transición del pensamiento y práctica universal del presente siglo.

Mientras tanto, la visión de la vida compartimentada parece eternizarse:

… la biología reduccionista se caracteriza cada vez más por un reduccionismo de segundo orden —el genético— que restringe el comportamiento de los organismos biológicos, incluyendo los seres humanos, a genes. Pero el reduccionismo biológico supone además un reduccionismo cultural, en la medida [en] que devalúa otras formas de saber y otras éticas de la vida; tal es el caso de la agricultura y medicina no occidentales, incluyendo todas las disciplinas de la biología occidental que no se prestan al reduccionismo genético y molecular, pero que son necesarias para relacionarse de manera sostenible con el mundo vivo (Shiva, 2001, pp. 47-48).

Se pretende, así, validar —como en otras etapas de la historia mundial— el proceso dialéctico de colonización del Norte «rico» respecto del Sur «pobre». Una vez más, la periferia poseedora de materias primas termina sosteniendo el desarrollo industrial-económico de los Estados centrales.

1.2. Geopolítica y geoeconomía en el siglo XXI

La valorización del espacio —considerando la existencia de los «bancos de genes»— implica la emergencia de un paradigma geoeconómico que rentabiliza las biorregiones del planeta en forma heterogénea. En las regiones terrestres, la biodiversidad se acumula en las zonas boscosas, principalmente en los bosques y selvas húmedo-tropicales, en las regiones de transición (biomas terrestres, marinos y manglares), en las praderas marinas y en los bancos o arrecifes de coral10.

En consecuencia, la biodiversidad de la Tierra se concentra en América Latina, el centro de África, el Sudeste Asiático, Oceanía y el segmento de islas que forman Filipinas, Micronesia y Polinesia. Este verdadero cinturón emplazado alrededor del planeta concentra cerca del 80% de la biodiversidad, sobresaliendo América Latina como el epicentro de la biodiversidad mundial.

La Amazonía es considerada la zona de mayor biodiversidad; sobre todo, sus selvas y bosques inundados. En el otro extremo del planeta, el sur de Asia (Indo-Pacífico), que abarca Nepal, Bangladesh, Myanmar (Birmania), Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Malasia, Sumatra, Borneo, Java y las más de siete mil islas que componen la faja de Coral y Célebes, constituye no solo la segunda reserva terrestre —caracterizada por su alto grado de endemismos y su diversidad de especies—, sino, además, la primera reserva de biodiversidad marina del mundo.

En medio de este escenario, la prospección de la biodiversidad o bioprospección —que consiste en analizar los recursos genéticos en busca de compuestos activos para uso farmacológico, alimenticio, industrial o de defensa— se intensifica en las referidas biorregiones, buscando, sobre todo, plantas medicinales y sustancias naturales con actividad biológica, por cuanto el diseño artificial de fármacos mediante la bioquímica y las computadoras ha resultado más complejo de lo previsto.

Las nuevas herramientas biotecnológicas, diseñadas en los laboratorios y las universidades de los países que controlan la tecnología, han permitido a las empresas monitorear plantas, animales y microorganismos a una velocidad sin precedentes, para obtener de ellos información genética útil. Los genes potencialmente comerciales,en la actualidad pueden ser transferidos de un organismo a otro, igual o diferente, y hasta de diferente reino, a través de la ingeniería genética, que ha logrado resignificar la biodiversidad como un poderoso recurso económico11, empresarial y político, además de genético.

Al respecto, un dato revelador en relación con la farmacología es que más del 60% de la población mundial depende en forma directa de las plantas para la elaboración de sus medicamentos. Los chinos, por ejemplo, utilizan con fines medicinales más de 5,000 de las 30,000 especies de plantas que, según se calcula, existen en su país.

Además, la mayoría de los medicamentos occidentales deben su existencia a la investigación de los productos naturales, pero menos del 10% de las 250,000 especies floríferas que —se calcula— existen en el mundo han sido científicamente examinadas para detectar en ellas posibles propiedades medicinales. De manera paradójica, se estima que, hacia el año 2050, una de cada cuatro de las plantas más evolucionadas se habrá extinguido antes de haberse explorado en forma adecuada sus potencialidades.

Los complejos moleculares biodiversos que produce la naturaleza no pueden replicarse a partir de invenciones científicas, pero cuando se descubre su principio activo natural pueden efectuarse modificaciones sintéticas para alterarlos. La bioprospección, con ayuda de la cibernética, permite ahora investigar estructuras de potencial interés para la elaboración de fármacos. La instrumentación de la biodiversidad para su uso en biotecnología permite alterar los sistemas alimentarios, la medicina, la industria, las armas, además del sistema jurídico internacional y el propio equilibrio ecológico.

Todo esto convierte a la biodiversidad en una ventaja comparativa para los países que la poseen, aunque solo en la medida en que estos la sepan valorar, mantener y aprovechar mediante políticas y estrategias que garanticen un adecuado planeamiento para su utilización sostenible.

Mientras que la economía clásica y neoclásica clasificó a los países en productores y consumidores, la economía del conocimiento12 los divide en países productores, consumidores y de reserva (de biodiversidad y otros recursos estratégicos, como petróleo, gas, agua dulce, minerales, madera, alimentos). En el grupo de países de reserva se ubicarían China, Estados Unidos, Brasil, Australia, la India, Congo, México, Indonesia, el Perú, Sudáfrica, Colombia, Venezuela, Madagascar, Nueva Guinea, Malasia, Filipinas y Ecuador, entre los más importantes. Por ello, una de las formas de analizar las relaciones entre los países del hemisferio sur y del hemisferio norte es mediante el estudio de la diversidad biológica y cultural.

Así, los países del Sur se constituyen en verdaderos «inventarios de información» sobre la naturaleza y, por lo tanto, son reservorios biogenéticos con potencial de mercado, mientras que los países del Norte asumen el rol de extractores, procesadores y redistribuidores de los recursos biogenéticos mediante productos de consumo protegidos por el sistema internacional de patentes. Diversos investigadores y analistas consideran que tal situación configura una nueva forma de colonialismo: el recurso genético —la materia prima— se obtiene en el Sur, mientras que el valor agregado —el procesamiento— se incorpora en el Norte (incluyendo el registro de las patentes).

2. Propiedad intelectual, biopolítica y geopolíticas del conocimiento

A partir de los fundamentos expuestos en la primera parte de este trabajo, emerge un aspecto cuyo abordaje resulta sustancial para la comprensión cabal de lo que implican la biopolítica y las geopolíticas del conocimiento que subyacen a las estrategias de biopiratería que se despliegan en países que, como el Perú (y otros de América Latina), son megadiversos: el control (hegemónico) de los recursos biogenéticos por parte de los países centrales (en relación con los países de la periferia), dada su rentabilidad económica y su importancia en el contexto de la crisis de la biosfera.

2.1. Control hegemónico y bioprospección

El análisis sobre las geopolíticas del conocimiento asociadas al patrimonio biogenético y biocultural de los países de América Latina implica, necesariamente, la revisión de aquellos mecanismos que conducen a la apropiación privada de la naturaleza mediante derechos de propiedad intelectual, en medio de las tensiones por la afirmación del poder y la hegemonía mundiales.

Precisamente, un estudio de caso que nos permite aproximarnos al modus operandi de la geopolítica de la biodiversidad es el proyecto International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), por los alcances de sus objetivos de investigación y por la elocuencia con que nos permite mostrar tanto la lógica de apropiación relacionada con la dinámica de construcción de la hegemonía como el riesgo vital en que este proceso coloca al proyecto de humanidad. Entonces, para comprender las perspectivas de la biopolítica, la importancia de la biodiversidad y su lugar dentro del sistema general de reproducción y hegemonía del conocimiento, así como su relación con los procesos de resistencia social en la actualidad, es necesario exponer algunas premisas básicas.

Los soportes de la hegemonía

a) La sociedad de mercado, como forma de organización social, se rige por la competencia y, por lo tanto, deviene en un sistema piramidal en construcción y deconstrucción constantes. El funcionamiento de ese sistema no puede entenderse sin indagar sobre las relaciones de dominación que se despliegan en la disputa por la concentración de riqueza, poder y hegemonía.

b) La hegemonía se configura a partir de la convergencia de liderazgos empresariales, fortalezas tecnocientíficas, recursos productivos, pensamiento estratégico, capacidades políticas y coercitivas, así como por la explicación —a partir de esa confluencia— de un modelo del mundo susceptible de globalizarse. El hegemón está conformado, entonces, por un complejo militar-empresarial-tecnológico-estatal, que surge como un consorcio a partir de un conjunto de intereses comunes que se estiman vitales o estratégicos (Ceceña, 2000a).

c) Cuando un país como Estados Unidos se configura como hegemón, lo hace en representación del núcleo que agrupa las mayores capacidades productivas, tecnológicas, comerciales, financieras, militares e ideológicas.

d) Una de las características centrales de la disputa por la hegemonía se expresa en la reconfiguración de la territorialidad. En este proceso de concentración territorial por despojo (reterritorialización), se ponen en juego las concepciones y usos de los territorios, la relación con la naturaleza, la historia, las culturas originarias, incluyendo los derechos de los pueblos que habitan tales espacios (Ceceña, 2000b; Porto Gonçalves, 2001b).

e) La biodiversidad y, consecuentemente, los territorios con alta densidad endémica, constituyen factores estratégicos para la competencia y la definición de la hegemonía, en virtud de su importancia para el desarrollo de la industria tecnológica de vanguardia (Ceceña, 2000b).

Hegemonía y competencia

En las últimas décadas se observa una profunda transformación de los modos y contenidos de la hegemonía, como consecuencia de los cambios acontecidos en los ámbitos científico y tecnológico, pero también por las resistencias de diferente tipo que surgen en diferentes partes del mundo. La hegemonía es, en realidad, la constatación práctica de la dominación, la expresión de la conflictividad a través de las relaciones cotidianas en todos los campos de la vida social; es resultado y, a la vez, sustento de la concentración del poder en todas sus formas: económica, militar, política, cultural, ideológica y territorial (Ceceña, 2000b).

En medio del debate sobre las maneras13 en que opera la hegemonía y del cambio en sus protagonistas en el último siglo, lo cierto es que Estados Unidos se ha consolidado como líder mundial en todos los campos importantes, pero en un escenario en el que proliferan relaciones interestatales, interempresariales e interclases profundamente transformadas (Ornelas Bernal, 2001; Ceceña, 1995).

Este poder, que se reinventa en la afirmación de la sociedad de mercado, se consolida con la privación y el acaparamiento. Se trata de la apropiación privada con tendencia monopólica y el desconocimiento de derechos, en tanto no sean los patrimoniales, para lo cual aquel núcleo de poder concentrado despliega mecanismos que responden a una estrategia global, sustentada en los siguientes principios:

a) Principio de invulnerabilidad. Construcción de una situación de invulnerabilidad y autosuficiencia —siempre relativas—, que posibilite las condiciones para enfrentar la competencia desde el privilegio y la supremacía (Ceceña & Porras, 1995). Este principio general es acompañado por su opuesto, es decir, la inducción de una situación relativa de vulnerabilidad en determinadas regiones del planeta. Se pueden observar, por ejemplo, las distintas maniobras realizadas para asegurar la autosuficiencia alimentaria de Estados Unidos, frente a la insuficiencia provocada en zonas o países anteriormente autosuficientes.

b) Principio de monopolización. Considerando el principio de invulnerabilidad y la concepción del mundo como escenario de conflictos, la hegemonía tiene como soporte una estrategia de monopolización o control de todo aquello que se considera esencial para la reproducción social y la reproducción del sistema de poder. Así, lo que se pretende no es disponer solo de lo que es necesario, sino, esencialmente, acaparar lo que es necesario para el contrario. En esta perspectiva, pueden entenderse mejor los conflictos para controlar las regiones petroleras del planeta y las maniobras militares de Estados Unidos para posicionar sus bases de acuerdo con una estructura de control territorial que le da acceso inmediato a los recursos básicos o, por lo menos, le permite restringir el acceso de los competidores (o potenciales hegemones alternativos).

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EL PATENTAMIENTO DE GENES A CAMBIO DE LA FORMACIÓN DE UN CARTEL DE PAÍSES PROVEEDORES DE INFORMACIÓN GENÉTICA: ¿UNA RETÓRICA FALAZ Y SESGADA?

SANTIAGO ROCA T.*

1. Antecedentes

La estrategia de los países desarrollados en el aprovechamiento de los recursos genéticos de la biodiversidad se ha centrado, por lo general, en cuatro grandes ejes: 1) la sistemática colección, caracterización y almacenamiento de los recursos genéticos existentes; 2) el registro y patentamiento de estos recursos mediante derechos exclusivos de propiedad intelectual1; 3) la ejecución de grandes inversiones públicas en investigación y desarrollo, en equipos científicos y de laboratorio y en habilidades técnico-científicas; y 4) la transferencia de estos activos al sector privado para su aprovechamiento económico y comercial (Stein, Kutner & Adams, 2000).

Antes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de 1993, el principio de que la biodiversidad y los recursos genéticos eran de «patrimonio común de la humanidad» permitió a los países tecnológicamente desarrollados obtener la información genética básica sin ningún tipo de compensación. A su vez, la decisión unilateral de otorgar derechos de propiedad intelectual a la información genética natural y artificial favoreció el patentamiento y la protección de estos recursos y sus derivados, beneficiando a las grandes em presas y corporaciones (GAIA-GRAIN, 1998). La protección se extendió no solo sobre las nuevas invenciones, sino también sobre las recombinaciones y hasta la información tal cual se encuentra en la naturaleza; el aislamiento de un gen sería suficiente para obtener una patente. Las técnicas del ADN y la biología molecular han permitido transformar la relación entre ciencia, tecnología y propiedad intelectual, incluso en los casos donde su utilización no llega a alterar las funciones naturales del gen ni las proteínas que codifica.

El CDB de 1993 logra que se cambie el principio de «patrimonio común de la humanidad» por el de «soberanía de cada nación» e introduce el sistema de acceso y compartir beneficios (ABS), mediante el cual los países usuarios deberían compensar a los países proveedores por la utilización de los recursos. El CDB se compromete, además, con los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de la biodiversidad. Para contribuir a monitorear una parte del sistema de acceso y beneficios, el CDB obliga a que las solicitudes de patentes vinculadas a la biodiversidad incluyan: a) las copias de los contratos de acceso, b) la declaración del origen del material genético y c) el consentimiento informado previo (CIP) de las comunidades. De esta forma, los países y comunidades proveedoras tienen un punto de control adicional2 (la autoridad de patentes), en caso de que un derivado de algún recurso genético llegue a ser objeto de una solicitud de patente, para informarse acerca del uso que las empresas y países usuarios hacen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, con la finalidad de exigir la distribución justa y equitativa de los beneficios.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), de la FAO, que entró en vigor en el 2004, mantiene el principio de patrimonio común de la humanidad, pero obliga a los usuarios y proveedores de los recursos ex situ a que suscriban contratos de transferencia de materiales (MTA), en donde se pacten los precios por la utilización de estos recursos. Bajo este tratado, la ley de patentes de cada país determina el nivel de modificación requerido para que una materia ya conocida pueda merecer una patente. Por ello, permite que por pequeñas modificaciones a estos últimos se obtengan patentes, pero no obliga a que se revele el origen del material genético ni a que se reconozcan beneficios a los países proveedores de los recursos genéticos3. Eventualmente, los contratos incluyen aportes a fondos mundiales para la conservación y el desarrollo de los recursos.

Este tratado de la FAO fue ratificado por Estados Unidos, país que hasta ahora no ha ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, que reconoce la soberanía de los Estados y los derechos de los países y sus comunidades a compartir justa y equitativamente los beneficios de la utilización de los recursos genéticos y sus conocimientos asociados. Según Estados Unidos, los recursos genéticos son libres, patrimonio de todos, pero sus derivados, incluyendo los conocimientos acerca de su utilización, sí podrían ser apropiados por quien los registra o los desarrolla a través de derechos de propiedad intelectual.

En la práctica, en los últimos veinte años, el CDB no se ha logrado implementar en su integridad, por lo que el cumplimiento de estos acuerdos queda al libre albedrío del solicitante o de las capacidades y esfuerzos de las autoridades nacionales. Sin reglamentos de operación específicos aprobados, con instituciones muy débiles o, en algunos países, inexistentes, sin la debida información, inventarios e infraestructura, con un sistema de contratos bilaterales donde cada parte ejerce poder de negociación acerca de las condiciones de acceso y de beneficios, sin criterios ni mecanismos comunes para determinar tasas y beneficios esperados, y sin voluntad política suficiente, la mayoría de países proveedores no ha podido implementar a cabalidad lo que la Decisión [Andina] 391 y el CDB exigen, gestionándose de facto un sistema mundial abierto a la biopiratería generalizada. Pocos han sido los beneficios del CDB y de la Decisión [Andina] 391 para los países proveedores, frente a la impunidad y las sustantivas ganancias de las que gozan los países y corporaciones que usan la biodiversidad y, especialmente, los recursos genéticos que ella comprende.

2. El Protocolo de Nagoya

Aprobado en el 2010, el Protocolo de Nagoya (PN) es el esfuerzo internacional más reciente que busca facilitar la regulación de acceso a los recursos biológicos y genéticos expresados en el CDB, manteniendo el objetivo de lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios que surjan del uso de estos recursos y sus derivados (el tercer objetivo del CDB). Nagoya busca también, aunque indirectamente, contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, los otros dos objetivos principales del CDB.

Aun cuando el PN entró en vigor a fines de octubre del 2014 y todavía es muy temprano para evaluar sus efectos y sus consecuencias, se ha venido levantando una corriente de argumentación retórica que está de forma vehemente solicitando no solo su modificación sino también la del CDB. El presente artículo se concentrará en analizar la retórica propuesta por el economista Joseph Vogel, quien postula desde hace varios años que la privatización de la información genética y la creación de un cartel de la biodiversidad por parte de los países proveedores son una alternativa al régimen de acceso y distribución de beneficios (ABS) del PN.

3. Las críticas de Vogel

Vogel et al. (2011) cuestionan la definición de recurso genético del CDB (cualquier material de planta, animal, microbio u otro origen que contenga unidades funcionales de heredicidad) como totalmente inoperativa y proponen en su reemplazo el concepto de «función genética cifrada», la cual está constituida íntegramente por información. Los recursos genéticos son, entonces, información que tiene, detrás, «funciones genéticas cifradas» específicas. Hay información genética natural, que proviene de la naturaleza misma, e información genética artificial, que surge de alteraciones o reordenamientos hechos por el ser humano y de la cual aparecen otras nuevas funciones genéticas. Los recursos genéticos no son, entonces, como señala el CDB, «… materiales de plantas […] que contienen unidades funcionales de heredicidad», sino meramente información que tiene «funciones genéticas cifradas». Según Vogel, los materiales son tangibles, pero la información es intangible. Con esta definición, argumenta, se puede crear un mercado en donde se pueda comprar y vender información genética, ya que si los recursos genéticos fueran materiales de plantas, animales o microbios, tendrían que existir miles de mercados, con la probable redundancia que ello implica, al encontrarse, en muchos de estos materiales, funciones genéticas cifradas idénticas.

De igual manera, la palabra biodiversidad como la define el CDB (la variabilidad entre organismos vivientes de todas las fuentes, entre ellas, marinas y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas) puede, según Vogel, abarcar cualquier cosa, desde la diversidad de especies, de razas (subespecies), pero también de individuos, por lo que si la función genética cifrada es capaz de discriminar la función independiente del taxón en que ocurre, entonces la razón para proteger una especie es la singularidad de la función genética a ese nivel. Como la función genética a nivel de los individuos es más probable que sea compartida por otros individuos dentro de la raza, estas tendrán menor prioridad para su conservación que las de otros individuos de razas en peligro de extinción. En promedio, estos últimos serán menos sustituibles por individuos de diferentes especies del mismo género, peor aún si estos individuos de la especie en peligro no tienen otras especies en su género. La mayor prioridad, desde el punto de vista de la conservación, será para los individuos dentro de la especie en peligro que sea la última de su género o la última de su familia. Con mayor probabilidad, un organismo que es el único a nivel de la familia, raza o especie tendrá muchas funciones genéticas cifradas que no se encuentran en los organismos de otras familias, razas o especies. ¿Qué cosa es la extinción? Es la pérdida de funciones genéticas cifradas que puede ocurrir en cualquier taxón, desde el individuo hasta la especie y variedades de especies. Por lo tanto, dice Vogel (1994, p. 21), la pérdida de las últimas especies en una «orden» es la pérdida de múltiples funciones genéticas cifradas, mientras que la pérdida de un individuo específico en una población sana es la pérdida de una función genética que existe en abundancia y que puede ser ignorada. De ahí que el término función genética cifrada es más importante que el concepto de biodiversidad, desde el punto de vista de la conservación, pues determina funciones y prioridades. La palabra biodiversidad no nos permite distinguir «función» y «singularidad», mientras que el término función genética cifrada sí permite hacerlo. Pero, como la función genética es información, es mejor utilizar el término información en vez del término biodiversidad.

Si bien la función genética y su singularidad pueden ayudar a ranquear el valor (importancia) de los organismos desde el punto de vista de su conservación4 (unos pueden ser más valiosos que otros), los economistas han desarrollado, según Vogel (2007a), la teoría microeconómica neoclásica para determinar el valor de la conservación de los diversos organismos que componen la biodiversidad.

La teoría microeconómica neoclásica explica el óptimo de biodiversidad que se debe proteger versus aquella que se puede deforestar, con la ecuación ∑ MRSrt = ∑ MRTrt, donde MRS es la tasa marginal de sustitución entre forestar (r) y deforestar (t), y MRT es la tasa marginal de transformación entre forestar y deforestar. La MRS equivale al cociente entre la utilidad marginal de una y la utilidad marginal de la otra: UMgr/UMgt, y la MRT equivale al cociente entre el costo marginal de una y el costo marginal de la otra: CMgr/ CMgt. Ambas, en términos de valor, significan que se está dispuesto a expandir/contraer las reservas hasta el punto en donde el deseo de pagar por una unidad más sea mayor/menor que el costo de mantener esa unidad. Por ejemplo, si los pagos que se está dispuesto a hacer por tener ecoturismo, prevenir la erosión de tierras, retener carbono, etc., son mayores, en el margen, al costo de explotar la biodiversidad en otras actividades que la deforestan (talar los bosques o explotar petróleo), entonces todavía se puede explotar la biodiversidad deforestándola hasta que ambos lados de la ecuación sean iguales. Pero, para encontrar estos valores, dice Vogel (2007a), se debe identificar y medir con cuidado cada uno de los beneficios de los miles de organismos que componen la biodiversidad y los costos de las actividades deforestadoras, lo que, en la práctica, es sumamente complicado. Además, ¿quién paga las externalidades negativas?5.

Si es casi imposible valorar económicamente la conservación (versus la explotación) de la biodiversidad, más difícil aún es estimar el valor de la utilización de esta. No es lo mismo conservar que utilizar un recurso. La economía neoclásica define teóricamente el valor económico total de la utilización (VET) como el resultante de la sumatoria de: a) el valor de existencia del recurso, más b) el valor de uso actual, y c) el valor futuro potencial. Las dificultades para estimar cada uno de estos valores son inconmensurables; pero no solo eso, sino que, de acuerdo con la matemática financiera, deben traerse a valor presente los flujos esperados de pagos y determinar hasta qué punto conviene, por ejemplo, explotar petróleo por diez años versus dejar el paisaje y los árboles intactos el día de hoy. Vogel (2007a, p. 120) menciona una serie de razones teóricas y prácticas —que no voy a repetir— de por qué este tipo de aproximación es inservible y se muestra irónico con sus proponentes. De esta manera, invalida lo que él llama la «teoría y práctica de la valoración económica de la biodiversidad».

El trabajo va más allá cuando analiza si los ingresos que genera el sistema de acceso y compartir beneficios (ABS), del PN, alcanza para conservar la biodiversidad. Por el lado de la demanda, encuentra que la compra de materia prima —mediante los contratos de acceso bilateral— se hace a precios ínfimos o con compensaciones no monetarias de poco valor como para conservar la biodiversidad. Por el lado de la oferta, dado que muchos países tienen recursos biológicos y genéticos similares, se enfrascan en una competencia y una guerra de precios que conducen a que las regalías por los recursos negociados en los contratos bilaterales tiendan a cero, con lo que, de facto, se restablece el acceso abierto a los recursos (Vogel, 2007b). Como consecuencia, los ingresos que se obtienen por los contratos no alcanzan para conservar la biodiversidad.

En resumen, el PN y el CDB serán un fracaso (Vogel, 2010a). Valorar la biodiversidad de acuerdo con la teoría económica neoclásica tampoco llevará a ningún lado, y menos si se utilizan las técnicas del valor actual neto. Igualmente, en la práctica, tampoco se puede obtener la tasa óptima de conservación y deforestación (Vogel, 2007a). Por esta razón, según Vogel, el PN, que promueve contratos y busca la negociación de precios o regalías para los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, no sirve para conservar la naturaleza ni para su desarrollo sostenible.

En nuestra interpretación, sin embargo, el PN no trata tanto del tema de la conservación y el desarrollo sostenible, como arguye Vogel. Nagoya tiene como objetivo el tema de la desigualdad en la distribución de los beneficios que se obtienen de la utilización de los recursos biológicos y genéticos entre los países y las empresas que tienen la tecnología y aquellos países y comunidades nativas que poseen los recursos biológicos y genéticos.

No hay duda de que la crítica de Vogel a la teoría económica neoclásica y al uso de la teoría del valor presente como instrumentos para valorar la biodiversidad es totalmente correcta; esas teorías no sirven en la práctica, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero Vogel se equivoca cuando dice que la teoría neoclásica es propia del análisis de la biodiversidad como bien público, cuando, más bien, la literatura económica dice que ese tipo de análisis se aplica a bienes privados. Los bienes públicos no se asignan por los criterios de demanda y oferta (∑ MRSrt = ∑ MRTrt), sino por decisiones político-administrativas (Finot, 2002). Regresaremos sobre esto más adelante.

Pero ¿cuál es, entonces, la propuesta de Vogel? Su propuesta es un poco confusa, pero, más que ello, se basa en una retórica que puede resultar falaz y sesgada6.

Citando a la economía de la información, sostiene que el costo marginal de reproducir bienes informacionales es casi cero, comparado con los costos fijos asociados a su producción (Vogel et al., 2011, p. 58; 2007a, p. 123; 2007c; Ruiz, Vogel & Zamudio, 2010, p. 5). Por esta razón, y para evitar a los gorrones (free riders), se hace necesaria la protección de la propiedad intelectual, como ocurre con la música y el software. Plantea que la protección de la propiedad intelectual sobre los programas de software es a la creación del software lo que la privatización de la información genética es a la conservación de las funciones genéticas cifradas (Vogel, 1994, p. 29).

En otro artículo —citando a Samuelson y Nordhaus sobre el tema de los bienes informacionales—, dice:

La información es cara de producir pero barata de reproducir. Si la retribución a la invención es inapropiada se esperaría que la I&D esté subfinanciada […] por lo que leyes especiales crean patentes […] el propósito es dar protección especial al material que está siendo copiado y usado por otros sin compensación […] al crear derechos de propiedad intelectual el Gobierno incentiva a los artistas e inventores a invertir tiempo, esfuerzo y dinero en el proceso creativo (citado por Vogel et al., 2011, p. 58).

Considerando que la biodiversidad y los recursos genéticos son información —definición dada páginas atrás, en este artículo—, Vogel et al. (2011) «cortan y pegan» las palabras de la cita anterior para el caso de la información genética:

Los recursos genéticos son caros de conservar pero baratos de accesar. Si la retribución por la conservación es inapropiada se esperará que los esfuerzos de conservación estén subfinanciados […] un régimen que gobierne el acceso y distribución de beneficios puede crear derechos oligopólicos […] el propósito es dar a los países de origen y comunidades protección especial de que la información sea usada sin compensación a quienes han conservado los hábitats y conocimientos […] al fomentar la creación de un cartel los países proveedores invertirán tiempo, esfuerzo y dinero en conservar los hábitats y los conocimientos tradicionales (p. 58).

Sin entrar todavía a analizar la falacia del «corte y pega», sus propuestas, en el primer caso, se refieren a la privatización de la información genética (Vogel, 1994) y, en el segundo, a crear derechos oligopólicos mediante la formación de un cartel de la biodiversidad (Vogel, 2000). Ambas propuestas son diferentes: una cosa es privatizar la información genética y hacer que el usuario o comprador pague un precio por ella a los países y comunidades propietarias, y otra es que se forme un cartel de los países proveedores que ejerza poder de mercado y cobre una regalía de las ventas netas7 de las empresas biotecnológicas (a cambio de la provisión de la información genética prima) y que esa regalía se distribuya entre los miembros del cartel de acuerdo con la proporción de cada país en el taxón en que se encuentre el bioquímico (Vogel, 2010b, pp. 5-7). Ambas propuestas además de ser diferentes, conllevan ambigüedades y retórica que presentan problemas aún mayores de los que tienen en la actualidad el CDB y el Protocolo de Nagoya.

¿Se podrá privatizar, y cómo, la información genética natural? ¿Dando derechos de propiedad intelectual a los propietarios de la tierra en que se encuentran las plantas que cobijan en su seno la información genética natural? ¿Quién, a qué costo y cómo se determinan las funciones genéticas cifradas y la mantención de la base de datos en que se registre esta información? ¿Cómo se determina el precio de usar cada tipo y clase de información genética? ¿Se pagarán precios (licencias por el uso de la propiedad intelectual) diferentes según las «funciones» y «singularidades», «escasez» y «prioridad», de la información genética cifrada? No hay duda de que para determinar el «valor de existencia» de la información genética natural se tendrán problemas tan complicados como los tiene la economía neoclásica para estimar el «valor de existencia» y conservación del recurso (ver sección anterior). Algunas de estas preguntas se tratan de responder parcialmente en algunos artículos (Vogel, 1994; Vernooy et al. 2010), pero son muchas más las dudas que quedan que la claridad de las propuestas.

En el segundo caso, si la solución fuese la creación del cartel de la biodiversidad de los países proveedores, ¿qué asegura que los usuarios de la información genética (corporaciones y países tecnológicamente desarrollados) acepten pagar regalías de sus ventas netas para preservar la naturaleza? ¿No sucederá, acaso, que otro cartel, el de los países usuarios, por su mayor fuerza, decida respetar solo, por ejemplo, el 1% de regalías y se termine recolectando menos de lo que el PN recoge en la actualidad? ¿Quiénes tienen más fuerza, los que compran o los que venden? ¿Cuál es la estructura del mercado? No hay duda de que la retórica de Vogel es sesgada; medita más los defectos de Nagoya que los de su propia propuesta, los cuales ni siquiera analiza.

Toda esta discusión, a nuestro parecer, tiene que ver más con los objetivos amplios del CDB referidos a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como bien público que con el objetivo de distribución justa y equitativa de los beneficios de la utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales entre proveedores y usuarios, que propone Nagoya.

La solución a la conservación y la extinción de los bienes públicos se puede encontrar en la literatura, con propuestas que plantean impuestos o restricciones cuantitativas. En teoría, la propuesta de un impuesto específico aplicado, para conservar la biodiversidad, a la industria biotecnológica, o la de un impuesto a suma alzada que sería pagado por todas las empresas o todos los ciudadanos son mejores alternativas cuando se trata de bienes públicos8 —como en este caso es la biodiversidad, en sus funciones estéticas, recreacionales, ambientales, de absorción de carbono u otras—. El impuesto a suma alzada es mejor que el específico, porque evita que se distorsionen los incentivos de I&D de la industria biotecnológica en relación con la industria química u otras industrias (que no pagarían el impuesto específico). Si bien Vogel parece, en un momento, inclinarse hacia esta solución, lo hace a condición de que los impuestos o el subsidio se entreguen a los agentes que toman la decisión de deforestar o no deforestar. Luego se arrepiente, cuando constata que las principales empresas biotecnológicas son las menos transparentes en el mundo y que el Estado no le merece un mínimo de confianza, por lo que concluye que los impuestos terminarán, al final, en manos de la corrupción o la burocracia (Vogel, 2007a, p. 126). Debido a ello, regresa a sus propuestas de privatización de la información genética o del cartel de la biodiversidad.

Alternativamente, como diría Hardin (1968), el problema de la conservación y la extinción de la biodiversidad como un bien público se resuelve poniendo límites político-administrativos a la deforestación y haciendo que esos límites se respeten. Lo que importa en esta alternativa es la efectividad del costo de poner el límite y el subsanar las fallas que podría haber en la ejecución y el monitoreo del impuesto y la colocación de los límites por parte del Estado. Para impedir la tragedia de los comunes, se requiere de coerciones mutuamente acordadas (mutual agreed coercion), cumplidas y observadas.

4. ¿Dónde está, entonces, el negocio que propone Vogel? La propiedad intelectual

La retórica de Vogel lleva a que, a cambio del cartel de la biodiversidad o de la privatización de la información genética, los países proveedores acepten el patentamiento de la información genética en su totalidad, esto es, la llamada información natural y la información artificial (Vogel 2007a, p. 124).

Los argumentos para justificar ese patentamiento son múltiples: a) la información cuesta mucho obtenerla, pero una vez obtenida, es muy barato replicarla; b) existe un quid pro quo para obtener regalías que cobrará el cartel de la biodiversidad; c) el sistema actual promueve la biopiratería y el biofraude (Vogel, 2001); d) hay que promover la investigación científica porque se desacelera el progreso de la humanidad; e) es imposible controlar las plantas o tratar de monitorear los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, como pretende el PN; etcétera.

La argumentación es elocuente acerca de por qué se debe dar derechos de propiedad intelectual a la información natural, tanto de especies endémicas como pandémicas, y a la artificial. Para que el mercado de información genética natural pueda aparecer, Vogel (1994) propone derechos de propiedad sobre esta información, lo que haría aumentar el valor de los hábitats en relación con usos alternativos, de acuerdo con la novedad, la calidad y la escasez de las funciones genéticas cifradas:

… son los derechos de propiedad sobre la información genética lo que fomentará el comercio y aumentará la eficiencia en tanto el valor de la información genética sea mayor que los costos de transacción y el valor de los usos alternativos de la tierra […] esto es la base teórica de la privatización como política de conservación de los hábitats (pp. 29-31).

Como los programas de software son información y tienen protección de propiedad intelectual, también la información genética debería recibir protección similar a la propiedad intelectual, para que los dueños de la tierra tengan interés en conservarla:

… en un mundo sin derechos de propiedad sobre la información genética se debe esperar muy poca conservación de los hábitats […]. Debería entonces crearse una ley para crear derechos de propiedad sobre la información genética natural […] los propietarios de los productos que utilizan información genética deben compensar a los propietarios de los hábitats donde se encuentra la información genética… (Vogel, 1994, pp. 29-31).

Esto significa que los tenedores de patentes farmacéuticas deberán pagar regalías (royalties) a los propietarios de la tierra que conservan la información genética.

Pero ¿cómo hacer para que las farmacéuticas y otras compañías que trabajan con la información genética paguen royalties por la información básica? Aquí se regresa a la idea de que la biodiversidad y la información que contiene es costosa de mantener pero fácil de copiar, y la consecuente necesidad de crear un cartel de la biodiversidad. Es decir, se amalgama en cada momento el argumento de la privatización de la información genética con el argumento del cartel de la biodiversidad, los cuales son totalmente diferentes.

Por ejemplo, Vogel (2007a) dice:

… lo que uno necesita es un oligopolio sobre la información natural […] pero las patentes retribuyen solo a aquellos que creen información que es verdaderamente novedosa, no obvia y útil […] y la información natural es libre […] el problema es la interpretación legal de patentes en el contexto de información natural […] los metabolitos de los genes de cualquier especie son útiles y no obvios […] la novedad solo tiene sentido si uno la interpreta como la falta de difusión de la información. Bajo estas condiciones, las especies endémicas y especialmente aquellas amenazadas de extinción serían información novedosa, lo suficientemente valiosa para la creación de un oligopolio [léase cartel] […] las especies pandémicas no son novedosas y por analogía deberían ser libres […] esto no puede decirse sin embargo en el caso de la información natural. Si uno no retribuye a las especies pandémicas que comparten el nicho con las endémicas, estas últimas y no las primeras sufrirán […] si el valor de la bioprospección surgió en la pandémica y no en la endémica, no deberíamos haber pagado la tasa a la endémica […] el error de ese razonamiento es que las especies valiosas solo se conocen expost […] [por eso] uno tiene que mantener las opciones abiertas y aun cuando no haya especies endémicas uno debe pagar la tasa única acordada por el oligopolio [cartel] para las pandémicas también (pp. 124-125).

¿Se da cuenta el lector de cómo se usan indistintamente los conceptos de propiedad intelectual y cartel de la biodiversidad, como si se tratara de equivalentes? Los criterios de novedad del sistema de patentes tienen que combinarse con la definición de lo que es invención. Aunque un metabolito no sea conocido y sea nuevo, si no fue hecho por el hombre no es un invento y no se puede patentar. Las patentes son solo para inventos hechos por el hombre, no para resultados generados por la naturaleza.

II. MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

RECURSOS GENÉTICOS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL PROTOCOLO DE NAGOYA: ALGUNAS DIFICULTADES JURÍDICAS Y OPERATIVAS

MÓNICA RIBADENEIRA SARMIENTO

Es ampliamente aceptado y conocido que los instrumentos legales se producen en contextos históricos y políticos específicos, los cuales determinan sus bondades, falencias y otras características. En el caso específico del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) y el Protocolo de Nagoya (2010), también se sabe que durante varios años diversos autores han desarrollado investigaciones y estudios en los que profundizan sobre las virtudes y las deficiencias de estos cuerpos legales.

El presente artículo se enfoca en las ambigüedades que ambos contienen cuando se plantea una lectura conjunta, empleando el conocimiento tradicional o componente intangible como área de común influencia, y tiene dos finalidades: la primera es presentar un análisis objetivo de las ambigüedades de los citados instrumentos legales a fin de incrementar la objetividad con que deben enfrentarse las dificultades jurídicas y operativas que actualmente se producen; la segunda finalidad es sincerar el escenario de aplicación de ambos instrumentos en el país, pues son los marcos y autoridades nacionales los llamados a concretar las garantías requeridas con urgencia por los titulares del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos.

1. Instrumentos legales

1.1. Convenio sobre la Diversidad Biológica

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante CDB) reconoce el aporte vital de la diversidad biológica en el desarrollo económico y social de la humanidad. Nació en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como Cumbre de Río de Janeiro de 1992, y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993.

Antes de este acuerdo, la apropiación y el acceso a los recursos genéticos no reconocían más limitación que las distancias, el desconocimiento de su existencia, las dificultades de su adaptación y los costos de la investigación (Estrella, Mariaca, Manosalvas & Ribadeneira, 2005).

En lo principal, el CDB estableció derechos soberanos para los países donde se encontraban los recursos de la diversidad biológica, que anteriormente eran considerados «patrimonio de la humanidad de libre acceso». Esta modificación permitió un triple resultado: (i) reconocerle a la diversidad biológica un valor estratégico, (ii) regular su apropiación, acceso y uso, y (iii) negociar adecuadamente la distribución de los beneficios derivados de su uso.

De otro lado, el CDB también cambió la tradición legal internacional al introducir una aproximación que concilia la necesidad de la conservación con el desarrollo y propone consideraciones de equidad y responsabilidad compartida. Son evidencias de lo anterior: (i) la determinación de derechos y obligaciones de las Partes con relación a la cooperación científica, técnica y tecnológica; (ii) el establecimiento del Mecanismo Financiero1; y (iii) la creación del Cuerpo Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico2.

El CDB tiene tres objetivos estrechamente interrelacionados entre sí, los cuales reconocen que no habrá recursos biológicos ni genéticos disponibles a menos que estos se conserven adecuadamente, lo cual implica su uso sostenible (art. 1 CDB). Estos objetivos son: (i) la conservación de la diversidad biológica, (ii) el uso sustentable de sus recursos y desde sus objetivos, y (iii) la distribución justa y equitativa de los beneficios del acceso a los recursos genéticos.

El CDB define los recursos genéticos3 y también establece principios para su acceso y la distribución de los beneficios generados por su utilización (artículos 15, 16 y 19, CDB). En relación con el ámbito, es importante recordar que en la región andina, según disposición de la Decisión Andina 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (en adelante Decisión 391)4, se excluyen de su aplicación: (i) los productos derivados resultantes de la actividad metabólica de los organismos5, (ii) los recursos genéticos humanos y (iii) aquellos que intercambian directamente las comunidades indígenas como parte de sus usos tradicionales (artículo 4, Decisión 391).

En otros artículos del CDB se abordan aspectos como la distribución de los beneficios directamente vinculados al acceso a dichos recursos, así como los siguientes: (i) el reconocimiento del aporte realizado por los pueblos indígenas y comunidades locales a la conservación de la biodiversidad a través de sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales (artículo 8j, CDB); (ii) la transferencia de tecnología (artículo 16, CDB); (iii) el intercambio de información (artículo 17, CDB); (iv) la cooperación científica y técnica (artículo 18); (v) la gestión de la biotecnología y la distribución de sus beneficios (artículo 19, CDB); y (vi) los recursos y mecanismos financieros (artículos 20 y 21, CDB).

En materia de recursos genéticos, los temas clave en el CDB son: (i) soberanía de los Estados sobre estos recursos, (ii) facilitación a su acceso, (iii) derechos del país de origen de los recursos, (iv) consentimiento fundamentado previo (CIP), (v) condiciones mutuamente acordadas, (vi) distribución justa y equitativa de los beneficios, y (vii) derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. En el cuadro 1 puede apreciarse cómo el CDB considera cada uno de ellos.

1.2. Protocolo de Nagoya

El proceso que concluyó con el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización (en adelante Protocolo de Nagoya) tomó varios años. Fue en la 4.a Conferencia de las Partes (COP4 del CDB) cuando se encargó al Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Acceso y Distribución de Beneficios13 elaborar y negociar un régimen internacional de acceso a los recursos genéticos y de participación en los beneficios que genere su utilización14.

Cuadro 1: Resumen de los principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativos al acceso a los recursos genéticos


PrincipioArtículoAnálisis
Soberanía de los Estados sobre sus recursos genéticos15.1El CDB consagra la soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos6, confirmándose su autoridad para regular el acceso a los recursos genéticos dentro del ámbito de su jurisdicción y sobre aquellos en los que son países de origen.Sin embargo, el CDB no es claro al definir la soberanía en el caso de los recursos genéticos de las especies marinas y de aquellos presentes en ecosistemas compartidos, los denominados transfronterizos. Estos aspectos quedan pendientes de aclaración en las respectivas legislaciones nacionales y regionales.
Facilitación del acceso a los recursos genéticos15.2Este principio debe entenderse en el sentido de establecer mecanismos claros, flexibles y sencillos para el acceso, en contraposición a implantar procesos que conduzcan a largas negociaciones, a la presentación de excesiva o innecesaria documentación, o arbitrariedades.Es evidente que las regulaciones sobre acceso garantizan y transparentan los procesos de acceso7. Sin embargo, la simplificación no significa ausencia de regulaciones ni mecanismos. El desafío radica en equilibrar las regulaciones y la existencia de procesos claros y transparentes con un razonable costo de transacción y la distribución justa y equitativa de los beneficios.
Derechos del país de origen de los recursos genéticos15.3Los recursos genéticos pueden provenir de: los países de origen propiamente dichos, es decir, los que poseen los recursos genéticos en condiciones in situ, y aquellos que han adquirido los recursos genéticos de conformidad con el convenio. En este último caso, quedarían excluidos los recursos genéticos adquiridos antes de la vigencia del CDB y los recursos genéticos adquiridos irregular o ¡legalmente del país de origen después de la vigencia del convenio. Volveremos sobre este tema en el último apartado de este artículo.
Consentimiento fundamentado previo15.5Esto implica que ante la solicitud de un usuario potencial, el país de origen decide si concede el acceso y bajo qué términos; estos términos son denominados condiciones mutuamente acordadas.
Condiciones mutuamente acordadas15.4Las condiciones mutuamente acordadas constituyen también un tema que presenta ambigüedades, ya que no fueron claramente definidas en el texto del CDB. El CDB no establece el mecanismo en que se deben plasmar los acuerdos alcanzados entre las Partes negociantes del proceso de acceso8.
Distribución justa y equitativa de los beneficios19 y 15El acceso y subsecuente uso de los recursos genéticos proveen beneficios indirectos y directos, económicos y de otro tipo. Estos pueden ser directos o indirectos, ejemplo del primero es la transferencia de tecnología; ejemplo del segundo es el impacto de la conservación de recursos genéticos en la seguridad alimentaria de individuos o comunidades9.Sin embargo, el CDB no determina de manera directa cómo se logra la distribución de beneficios a la sociedad, ni cómo participan actores privados con fines de lucro o sin ellos. Es obvio que en cualquier caso, la distribución de beneficios deberá realizarse bajo términos mutuamente acordados, y ello implica una negociación entre el Gobierno, en representación del Estado y el interesado en el acceso (por ejemplo, un industrial o un usuario individual). Obviamente, la negociación puede adolecer de varios problemas debido a factores como: que no se trate de negociación directa sino con intermediarios, que no se transparente toda la información, y que existan inequidades en la información, por ejemplo, en los casos de conocimiento tradicional.Es evidente también que los acuerdos relativos a la distribución de beneficios serán diferentes en cada caso, por temas de incertidumbre y varios factores que inicialmente no se definen con claridad, por ejemplo, áreas geográficas de colecta, uso futuro si este aún está por descubrirse vía bioprospección, monto de las regalías, reglas para los derechos de propiedad intelectual, futuros productos finales indeterminados, aplicaciones no conocidas, entre otros10.
Derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales8.j y 10.cSe reconoce que desde siempre las comunidades afroamericanas e indígenas han domesticado, desarrollado, conservado y utilizado los recursos biológicos de su entorno y que ello ha generado un importante patrimonio de información que denominamos conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos.En repetidas partes, el CDB reconoce la importancia de las comunidades indígenas y locales11; nuevamente, el CDB marcó un hito en cuanto a los derechos relativos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas12. Ello porque reconoció la estrecha dependencia de estos grupos sociales de su entorno ambiental y biológico, el aporte realizado por estas comunidades a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y la necesidad de hacerlos partícipes de los beneficios resultantes de los descubrimientos e innovaciones.El texto de CDB plantea claramente obligaciones para los países de:1. Respetar, preservar y mantener el conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.2. Promover la aplicación más amplia de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales con la aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos.3. Fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.Como en la mayoría de sus disposiciones, el CDB, al no establecer mecanismos específicos para aplicar estas obligaciones, permite la existencia de ambigüedades, algunas de las cuales serán referidas más adelante en este artículo.

Elaboración propia.

El Protocolo de Nagoya fue aprobado en la 10.a Conferencia de las Partes del CDB (COP10 del CDB) en el 2010. Entró en vigor15 en octubre del 2014, una vez que fue ratificado por 50 países.

Según Kamau, Fedder y Winter (2010), los principales temas del Protocolo son: (i) objetivo, (ii) requisitos para el acceso, (iii) distribución de beneficios, (iv) utilización de los recursos genéticos, (v) cumplimiento de las medidas de control y monitoreo de dicho cumplimiento, (vi) conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, y (vii) los recursos transfronterizos. La autora agrega: (viii) la competencia de autoridades nacionales, (ix) la existencia de puntos focales y (x) el mecanismo de información, como temas clave adicionales, especialmente en relación con la implementación nacional de los principios del Protocolo, ya que sin ellos un sistema nacional está incompleto.

Como puede verse en el cuadro 1, el texto del Protocolo de Nagoya complementa el texto del tercer objetivo del CDB, al señalar que el medio por el cual se accede a los recursos genéticos debe ser apropiado, que la transferencia puede ser de tecnología y que se requiere financiación.

Respecto de los requisitos para el acceso, el Protocolo dispone que se incluya previamente el consentimiento informado previo (en adelante CIP); ello corresponde a una reafirmación de los derechos de soberanía de los países sobre sus recursos. En el mismo artículo se describen los principios aplicables a los procesos de acceso; uno de ellos es relativo a que la legislación nacional no debe favorecer reglas o procedimientos arbitrarios (artículo 6).

En relación con la distribución de beneficios resultantes del acceso, el Protocolo de Nagoya obliga a los países a la adopción de medidas administrativas, legislativas y políticas (artículo 5). Como se mencionó anteriormente, el Protocolo incluye un anexo con una lista ejemplificativa de varios beneficios, similar a lo hecho en su momento en las Guías de Bonn16. Según el Protocolo de Nagoya, cualquier uso de recursos genéticos es generador de beneficios que deben ser distribuidos (artículo 2).

Sin lugar a dudas, las normas de cumplimiento sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios y sobre el mismo acceso más conocimiento tradicional asociado fueron y son el aspecto legal más importante del Protocolo de Nagoya (artículos 15 y 16).

El Protocolo establece que el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones negociadas y el seguimiento posacceso se hagan a través de puntos de control y verificación de las condiciones del acceso y de la obtención legítima y apropiada del CIP y de los términos mutualmente acordados (en adelante MTA)17.

Debe reconocerse que antes de la vigencia del Protocolo de Nagoya ya existían países y regiones que contaban con normas sobre el tema18, las cuales deberían actualizarse con el texto del Protocolo, una de ellas es la Decisión Andina 391, antes mencionada.

En trabajos previos, la autora ha destacado cómo para los países es mucho más sencillo identificar un punto focal que nombrar una autoridad competente, lo cual es lógico, habida cuenta de que la autoridad nace de una norma que debe ser discutida por el órgano legislativo competente, y no de una actuación administrativa, la cual puede plenamente ser el origen de la designación de un punto focal (Ribadeneira Sarmiento, 2014).

Respecto de la protección del conocimiento tradicional de pueblos indígenas y comunidades locales, el Protocolo de Nagoya contiene varios principios, entre ellos las disposiciones orientadas a que la legislación doméstica adopte medidas para asegurar que el CIP sea obtenido cuando se acceda a recursos genéticos que involucren conocimiento tradicional asociado (artículo 7).

Es destacable que en el caso de los recursos genéticos transfronterizos (la mayoría de los recursos genéticos) tanto el CDB como el Protocolo de Nagoya utilicen una ficción legal en lugar de reconocer el principio natural. La realidad de los ecosistemas y distribución de poblaciones no reconoce fronteras políticas nacionales, en cuyo interior se aplica el principio de soberanía. El exterior queda librado a los principios de cooperación y a oportunidades para el establecimiento de fórmulas supranacionales de distribución de beneficios y de mecanismos de control posacceso (Ribadeneira Sarmiento, 2014).

En la práctica, los recursos genéticos no reconocen las fronteras nacionales, lo que da origen a los denominados recursos transfronterizos. Cuando varios países comparten recursos genéticos, surgen varios interrogantes respecto de la titularidad y derecho del país que negocia, y los términos bajo los cuales se compartirán los beneficios con los otros países de origen que no participaron en esa negociación, entre otros aspectos. Entre sus múltiples ambigüedades, el CDB no propone solución al respecto; en tanto, el Protocolo de Nagoya aboga por la cooperación y la coordinación.

En cuanto a recursos transfronterizos, es pertinente recordar que la Decisión Andina 391 contiene una medida regional que, aunque adelantada a la fórmula mundial, nunca ha sido aplicada en los contratos ya firmados en la región andina (Ribadeneira Sarmiento, 2015). Según esta medida, cuando un país negocia un contrato de acceso a recursos genéticos transfronterizos debe notificar a la Secretaría de la CAN para que esta actúe a modo de nodo central e informe a los otros países19.

1.3. Conocimiento tradicional: brevísima presentación y características

La definición de conocimiento tradicional que se utiliza en este artículo es la aportada por la Decisión 391 sobre el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (1996)20.

La mencionada norma andina21 incluye en el concepto de conocimiento tradicional a las innovaciones o prácticas individuales o colectivas. Esta definición busca reconocer la relevancia del conocimiento asociado con el recurso genético (ya sea considerado por sí mismo o por la producción de derivados), y por eso se extiende con independencia de si los recursos están o no protegidos por regímenes de propiedad intelectual.

Debe reconocerse que definir conocimiento tradicional no es tarea fácil22. Se trata de una categoría confusa, no por su naturaleza sino porque un conocimiento diferente (científico) es el que intenta categorizarlo mediante métodos y limitaciones que no son compatibles con su naturaleza. Por ejemplo, al conocimiento tradicional generalmente se le reconocen características como imprescriptibilidad, colectividad e intangibilidad; sin embargo, al ser un conocimiento aplicado, tiene carácter netamente práctico y, por ende, es tangible.

De otro lado, la construcción del conocimiento tradicional es empírica y resulta de aplicaciones prácticas, y mucho de dicha construcción reviste características mágicas o místicas. Se trata, en su mayoría, de información no sistematizada sobre los recursos biológicos y aplicados (por ejemplo, en ciencias como biología, botánica, zoología, taxonomía, medicina, farmacología, ecología y agricultura, entre otras). Sus mecanismos de transmisión son generalmente orales, y al serlo, generalmente no son documentados y son intergeneracionales.

El conocimiento tradicional tiene gran relevancia e interrelación a través de códigos culturales y del sistema consuetudinario de cada nacionalidad. Indudablemente, forma parte de la cultura y está íntimamente asociado a valores históricos y lingüísticos (por ejemplo, en el caso de cantos, danzas, literatura, cuentos, mitos, entre otros), a manifestaciones artísticas (artesanía, cerámica, tejidos, pintura, deporte, fiestas), y a valores religiosos y espirituales (rituales, ceremonias, etc.). Sin embargo, al ser indiscutiblemente parte de la cultura, es dinámico y se encuentra en cambio constante.

Como se analizó en su oportunidad, son varios los principios relativos al conocimiento tradicional que se incluyen en el CDB y el Protocolo de Nagoya. En tal sentido, sin pretender desconocer el carácter transversal del conocimiento tradicional (especialmente en el caso del Protocolo de Nagoya), el siguiente cuadro se ha elaborado de modo simplificado para favorecer la síntesis y hacer una presentación concordada del articulado.

Cuadro 2: Principios relativos al conocimiento tradicional en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya


PrincipiosConvenio sobre la Diversidad BiológicaProtocolo de Nagoya
Acceso a recursos genéticosArtículo 15 (párrafos 1, 2, 3 y 5)Artículo 6 (párrafo 3)
BeneficiosArtículo 1Artículos 5 y 6
Consentimiento fundamentado previoArtículo 15 (párrafo 5)Artículo 6 (párrafo 1)
Condiciones mutuamente acordadasArtículo 15 (párrafo 4)
Protección del conocimiento tradicionalArtículos 8 (literal j) y 10Artículos 7 y 12

Elaboración propia.

2. El convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya: concordancias y ambigüedades

Como se explicó al inicio del artículo, un protocolo puede extender o ampliar el texto del instrumento que le da origen, por tanto, a continuación, en vez de tratar las modificaciones de los textos del CDB y el Protocolo de Nagoya, se puntualiza sobre concordancias y ambigüedades que se presentan al efectuar el análisis conjunto de ambos instrumentos.

2.1. Objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya

En el cuadro 3 pueden apreciarse fácilmente dos variantes entre los textos de 1992 y 2010. Por un lado, se pasó de «un acceso» (CDB) a «incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías» (Nagoya); y por otro lado, se incluyó como finalidad «contribuir a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes» (Nagoya).

Pese a las ventajas del régimen de derechos soberanos que establece, el CDB no es un texto perfecto y, concretamente en materia de sus objetivos, puede destacarse que:

Cuadro 3: Comparación entre los objetivos del CDB y del Protocolo de Nagoya


Objetivos
CDB (1992)Protocolo de Nagoya (2010)
… la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.… la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

Elaboración propia.

1. Califica de justa y equitativa la participación en los beneficios resultantes del acceso, de apropiada la transferencia de las tecnologías pertinentes, y de adecuado el acceso, sin definir ni concretar ni uno ni otro.

2. Contiene una ambigüedad relativa a los derechos de propiedad intelectual. Aunque en interpretación de la autora, es evidente que estos se incluyen en la genérica referencia a todos los derechos sobre esos recursos, sino hay aclaración alguna.

Como puede apreciarse en los textos enfrentados en el cuadro 3, a lo manifestado en el CDB el Protocolo de Nagoya aporta poco, y principalmente repite los otros dos objetivos del CDB. Además, el Protocolo parece insinuar que el material al cual se ha accedido de modo inapropiado no es aceptable, pero, de nuevo, no establece con claridad si ello ocasiona consecuencias.

2.2. Ámbito del Protocolo de Nagoya (artículo 3)

El Protocolo establece que su ámbito son los recursos genéticos comprendidos en el artículo 15 del CDB y los beneficios que se deriven de la utilización de dichos recursos, así como los conocimientos tradicionales asociados a dichos recursos.

Ya que el segundo ámbito se establece con independencia del primero, cabría plenamente la posibilidad de que, habiendo sido negado el acceso al conocimiento tradicional por una nacionalidad indígena o comunidad local, el Estado unilateralmente mantuviera la aprobación del acceso al recurso genético.

2.3. Acceso a los recursos genéticos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya

A continuación, se enfrentan los textos relativos al acceso a recursos genéticos (artículos 15 del CDB y 6 del Protocolo) con la finalidad de apreciar las ambigüedades.

En relación con el CDB puede destacarse:

1. El derecho comparado ha demostrado que el caso de ausencia de normas en la materia es una situación generalizada, que progresivamente ha empezado a cambiar23. Sin embargo, de esta progresiva modificación es claro que el texto del CDB no aporta alternativas ante la falta de desarrollo normativo de la distribución de beneficios resultantes del acceso en el ámbito nacional.

2. Se deja sin definición qué se entiende por «facilitado» y a «qué nivel» (Ribadeneira Sarmiento, 2015 y 2014). En tal sentido, tampoco se establecen niveles de participación ni en la investigación ni en los resultados o autoría, y en consecuencia, tampoco consta distinción si se trata de investigación básica o aplicada. En este tema, posiblemente uno de los factores más sensibles es que no existen consideraciones adicionales para la situación de partida del país de origen de los recursos y el titular del acceso.

3. Queda a discreción del régimen nacional establecer los requisitos para que una parte autorizada pueda realizar una segunda transferencia hacia una tercera parte. Este aspecto abre la posibilidad de plantear nuevas alternativas de acuerdos y arreglos institucionales e internacionales, como aquel que es implementado por los Jardines Reales de Kew y algunas colecciones de material procedente de Kenia24.

4. Otro tema que queda a discreción de los regímenes nacionales son las MTA y los mecanismos de su negociación. Tampoco hay limitación a las condiciones del CIP y ello supone un riesgo.

Cuadro 4: comparación de principios aplicables al acceso a los recursos genéticos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya


Convenio sobre la Diversidad Biológica(Artículo 15)Protocolo de Nagoya(Artículo 6)
Artículo 15. Acceso a los recursos genéticos1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio.3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren este artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el presente Convenio.Artículo 6. Acceso a los recursos genéticos1. En el ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, y sujeto a la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficios, el acceso a los recursos genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la Parte que aporta dichos recursos, que es el país de origen de dichos recursos o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos conforme al Convenio, a menos que dicha Parte determine otra cosa.2. Conforme a las leyes nacionales, cada Parte adoptará medidas, según proceda, con miras a asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos cuando estas tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos.
4. Cuando se conceda acceso, este será en condiciones mutuamente convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo.5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa.6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser posible en ellas.7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.3. De conformidad con el párrafo 1 supra, cada Parte que requiera consentimiento fundamentado previo adoptará las medidas legislativas, administrativas o de política necesarias, según proceda, para:(a) Proporcionar seguridad jurídica, claridad y transparencia en su legislación o requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios;(b) proporcionar normas y procedimientos justos y no arbitrarios sobre el acceso a los recursos genéticos;(c) proporcionar información sobre cómo solicitar el consentimiento fundamentado previo;(d) conceder una decisión por escrito clara y transparente de una autoridad nacional competente, de manera eficiente en relación con los costos y dentro de un plazo razonable;(e) disponer que se emita al momento del acceso un permiso o su equivalente como prueba de la decisión de otorgar el consentimiento fundamentado previo y de que se han establecido condiciones mutuamente acordadas, y notificar al Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios;(f) según proceda y sujeto a la legislación nacional, establecer criterios y/o procesos para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos; y(g) establecer normas y procedimientos claros para requerir y establecer condiciones mutuamente acordadas. Dichas condiciones se establecerán por escrito y pueden incluir, entre otras cosas:i. Una cláusula sobre resolución de controversias;ii. condiciones sobre participación en los beneficios, incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual;iii. condiciones para la utilización subsiguiente por un tercero, si la hubiera; yiv. condiciones sobre cambio en la intención, cuando proceda.

Elaboración propia.

5. Dato curioso es que el texto use la expresión compartir beneficios, que apela más a valores y consideraciones morales que al resultado de una negociación.

Las ambigüedades que aporta el Protocolo de Nagoya son la ausencia de definición de acceso y el que los requisitos del CIP sean opcionales.

Según algunos autores, el Protocolo de Nagoya no es un régimen de acceso a recursos genéticos, sino un sistema de verificación de legal procedencia25. Sin profundizar en esa discusión en este momento, debe anotarse que el mandato internacional original fue la negociación de un régimen internacional de acceso, y por eso, resulta curioso que Nagoya no contenga esta definición.

2.4. Acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en el Protocolo de Nagoya

El texto del artículo 8(j) del CDB reconoce la obligación de los Estados en la preservación del conocimiento tradicional, que ha sido el aporte de las comunidades a la generación y mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y prácticas.

Por su parte, el artículo 7 del Protocolo de Nagoya plantea la situación en que un país tenga un estatus legal menor de protección para el conocimiento tradicional o sus titulares, en cuyo caso no es claro si se aplicaría o no el proceso nacional de consulta.

2.5. Conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en el Protocolo de Nagoya

Entre los varios artículos del Protocolo de Nagoya, dos son los más relevantes en materia de conocimientos tradicionales: los principios generales contenidos en el artículo 12 y las disposiciones relativas a los requisitos para la participación en los beneficios que resulten del uso de los conocimientos tradicionales.

En relación con el primero, es decir, con las disposiciones generales al uso de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos (artículo 12 Nagoya), llama la atención que la alusión a la participación activa y al establecimiento de mecanismos para la información a posibles usuarios es un tema librado a la reglamentación nacional.

Además, existe otro aspecto que llama la atención: mientras el CDB elimina de su ámbito el intercambio consuetudinario, el Protocolo de Nagoya plantea una limitación en posibles restricciones en este tema.

En relación con la segunda disposición, relativa a los conocimientos tradicionales, que es el cumplimiento de la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficios para los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos (artículo 16), se presenta nuevamente una ambigüedad mencionada con anterioridad y es la situación en que un país tenga un estatus legal menor para los conocimientos tradicionales o los pueblos indígenas y la incertidumbre de si se aplicarán los procesos de consulta.

3. Dificultades operativas de ambos instrumentos

La falta de claridad de las normas relativas a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales tanto en el CDB cuanto en el Protocolo de Nagoya mina las posibilidades de aplicación y concreción de las garantías reconocidas en ambos cuerpos legales a favor de países de origen de los recursos genéticos y titulares del componente intangible.

Son tres las principales dificultades operativas que, originadas en las ambigüedades del CDB o del Protocolo de Nagoya, impiden la aplicación o concreción de las garantías contenidas en ambos instrumentos.

3.1. Acceso irregular y biopiratería

Evidentemente, la principal dificultad operativa causada es la indefensión de los derechos de los titulares del conocimiento tradicional, lo que posibilita que haya casos de acceso irregular o biopiratería.

Desde hace algunos años, hemos propuesto distinguir apropiación indebida de apropiación abusiva; bajo apropiación indebida se agruparían los casos que incluyen manifiesta intención y dolo; y entre los casos de apropiación abusiva, los casos de error, negligencia y culpa. Las lecciones de la casuística nos permiten resumir los elementos comunes a ambas formas de apropiación; los elementos fueron clasificados en principales y accidentales (Ribadeneira Sarmiento, 2008).

Cuadro 5: Elementos principales y accidentales en casos de apropiación indebida y de apropiación abusiva


Elementos principalesElementos accidentales
1. Uso privado directo o indirecto de recursos genéticos.2. Generalmente, los países de donde se extrae el recurso genético, a veces incluyendo el conocimiento tradicional asociado, son países con alta concentración de diversidad biológica.3. La irregularidad, injusticia y, en algunos casos, la ilegalidad del acceso.4. La falta de distribución de beneficios resultantes del uso comercial.1. Aprovechamiento privado directo o indirecto del conocimiento tradicional asociado.2. La existencia de trámite de patentes u otros derechos de exclusividad.

Elaboración propia.

En opinión de la autora, los elementos accidentales solo confluyen de manera casual o contingente. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el conocimiento tradicional se encuentra asociado al recurso genético, por lo que su apropiación constituye una nueva infracción o acto ilícito sobre el recurso genético al que está vinculado (Ribadeneira Sarmiento, 2012).

En trabajos anteriores, se ha señalado la evidente ausencia de elementos objetivos y de carácter legal en las múltiples definiciones disponibles de biopiratería, y que muchas de estas dimanan de juicios morales (Ribadeneira Sarmiento, 2008; Ribadeneira Sarmiento, 2009). Este vacío es pernicioso porque, en la práctica, la denominación de biopiratería termina siendo un «paraguas político» bajo el cual pueden esconderse delitos, infracciones administrativas e irregularidades de varios tipos y contra diversos instrumentos legales (por ejemplo, legislación de vida silvestre nacional o procedimientos internacionales aplicables a la exportación e importación de muestras e incluso contra el mismo permiso de colección).

Generalmente, cuando se califica algún caso como biopiratería, lo más probable es que las posibilidades legales de procesamiento ante la autoridad competente judicial o administrativa no se inicien, y se pierda así la oportunidad de sancionar las infracciones existentes. Por estas y otras razones, se ha destacado la urgencia de un análisis legal de la biopiratería que permita establecer con claridad su definición, alcance y límites a la luz de los principios del derecho y no de la calificación política de corte reivindicativo (Ribadeneira Sarmiento, 2008).

3.2. Imposibilidad de implementación de medidas de protección al conocimiento tradicional en escenarios de indefensiones generales

En ausencia de sistemas nacionales de protección de los derechos étnicos, es evidente que la protección de conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos no puede desarrollarse plenamente.

No parece posible definir e implementar realmente medidas dedicadas a la protección del conocimiento tradicional (en el marco del acceso a recursos genéticos) en el escenario de falta de reconocimiento e indefensión de derechos territoriales sobre los lugares donde se encuentran los recursos genéticos.

Más complicado aún es el desarrollo y la posterior aplicación de las medidas de cumplimiento (especialmente artículos 15 y 16 del Protocolo de Nagoya) en ausencia de sistemas de gestión de: (i) tecnología y transferencia tecnológica; (ii) biotecnología y distribución de sus beneficios; y (iii) recursos financieros.

Es justo mencionar que varias de las medidas de protección del conocimiento tradicional en el marco del acceso a recursos genéticos son rechazadas por los pueblos indígenas por varias razones cuyo análisis no corresponde a este artículo; algunas de las medidas rechazadas son los observatorios y las bases de datos. En el telón de fondo de este rechazo están las incompatibilidades entre las aspiraciones de los pueblos indígenas y las reglas del régimen de propiedad intelectual vigente.

De otro lado, tampoco puede negarse la existencia de casos en que ciertos representantes de comunidades han consentido el acceso a recursos genéticos, incluyendo en ocasiones el componente intangible asociado, en contra de los intereses de sus comunidades.

3.3. Escasa aplicación de mecanismos de distribución de beneficios resultantes del acceso a recursos genéticos

En ocasiones se idealizan los beneficios económicos resultantes del acceso a recursos genéticos, lo cual no contribuye con la objetividad ideal que debería estar presente en estos procesos.

Mientras no se concreten los principios constantes en el CDB y el Protocolo de Nagoya, se continuarán perdiendo oportunidades de enlazar los usos comerciales y no comerciales de la biodiversidad en el ámbito de los sistemas locales y consuetudinarios. Es innegable que de modo constante se pierden oportunidades de pilotear proyectos y metodologías de cómo el uso comercial de la biodiversidad puede contribuir a la conservación del ambiente, al bienestar de las comunidades locales y a los procesos de desarrollo económico.

Es lamentable que se desconozcan y no se apliquen ciertas medidas económicas, como la valorización de insumos y las cadenas de valor, por ejemplo, las cuales pueden apoyar el replanteamiento de mecanismos de distribución de beneficios.

Debe reconocerse que, en gran medida, la escasa aplicación de mecanismos de distribución de beneficios obedece a la demora en el inicio de procesos de inclusión normativa y revisión procedimental y administrativa que involucren innovaciones conceptuales, sociales, técnicas y comerciales.

A modo de conclusión

El análisis de ambigüedades como mecanismo para evidenciar dificultades jurídicas y operativas presentado en este artículo no es en modo alguno concluyente ni agota este enfoque de investigación.

Así como el conocimiento tradicional ha servido como concepto de partida en este artículo, otros temas pueden propiciar futuros análisis del CDB y el Protocolo de Nagoya para identificar más vacíos y ambigüedades. Especialmente deberían considerarse en el análisis otros cuerpos legales que complementan el régimen internacional de acceso a recursos genéticos, así como el régimen internacional de protección a los titulares del conocimiento tradicional, a saber, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO (2001), y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), respectivamente.

Lo anterior es preciso para identificar las áreas más débiles en las cuales aunar esfuerzos y enfocar la atención de autoridades y otros actores para avanzar a una aplicación de los principios del CDB y el Protocolo; entre ellas, la protección a los titulares de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.

También sería interesante revisar crítica y analíticamente el proceso de negociación, tanto del CDB cuanto del Protocolo, para identificar el origen de las ambigüedades encontradas y analizadas en este artículo.

Referencias bibliográficas

Estrella, J., Mariaca, J., Manosalvas, R. & Ribadeneira, M. (2005). Biodiversidad y recursos genéticos: una guía para su uso y acceso en el Ecuador. Quito: EcoCiencia, INIAP, MAE y Abya Yala.

Kamau, E. C., Fedder, B. & Winter, G. (2010). The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: What is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community? Law, Environment and Development Journal, 6(3), 246-262. Recuperado de http://www.lead-journal.org/content/10246.pdf

Ribadeneira Sarmiento, M. (2008). La biopiratería, el desafío de construir un camino entre la acusación política y la categoría legal. En M. V. Lottici et al. Conservación de la biodiversidad y política ambiental. Sexta convocatoria, Premio de Monografía Adriana Schiffrin 2007. Trabajos premiados (87-117). Buenos Aires: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Recuperado de http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/06/p54.pdf

Ribadeneira Sarmiento, M. (2009). Biopiracy or fallacy? Identifying genuine bio-piracy cases in Ecuador. En G. Winter & E. C. Kamau (eds.). Genetic resources, traditional knowledge & the law: Solutions for access & benefit-sharing. London: Earthscan.

Ribadeneira Sarmiento, M. (2012). Contexto internacional de la apropiación indebida y apropiación dolosa en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya. Ponencia presentada en la Reunión Técnica Elaboración de una Metodología para Casos de Acceso, Uso y Apropiación Ilícita de los Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales. Guayaquil, organizada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ribadeneira Sarmiento, M. (2014). El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización: cuatro retos para su implementación nacional en países de América Latina y el Caribe. Revista Ópera, 15, 127-146. Recuperado de http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/3967/4385

Ribadeneira Sarmiento, M. (2015). Research on genetic resources in Latin America and the Caribbean (LAC): Perspectives for facilitates access. En E. C. Kamau, G. Winter & P. T. Stoll, Research and development on genetic resources: Public domain approaches in implementing the Nagoya Protocol. London: Routledge.

Instrumentos legales

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992.

Decisión Andina 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, 1996.

Guías de Bonn sobre Acceso a Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización, 2002.

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010.

Otros documentos

COP4, mayo de 1998, Bratislava, Eslovaquia, Decisión IV/4: Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios

COP6, abril del 2002, La Haya, Países Bajos, Decisión VI/24: Guías de Bonn sobre Acceso a Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización.

Páginas de interés

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Secretaría

http://www.cbd.int/abs/progress/default.shtml

Jardines Reales de Kew

http://www.kew.org/

LA BIOPROSPECCIÓN EN EL PERÚ: ASPECTOS LEGALES, INSTITUCIONALES Y SU UTILIZACIÓN

SANTIAGO PASTOR S.

1. Antecedentes

La prospección biológica, o exploración de características útiles al hombre, de los elementos de la diversidad biológica (Pastor & Sigueñas, 2008) comenzó con los usos y costumbres que desarrollaron los grupos humanos en su tránsito de nómadas (cazadores y recolectores) a sedentarios (criadores de plantas y animales) y después a urbanitas (grandes poblaciones dependientes de la producción rural o recolección en el mar o pesca). Durante estos tres estados del desarrollo de las sociedades humanas, producidos sucesivamente en el tiempo (y que en la actualidad conviven), hemos buscado y encontrado en la diversidad biológica bienes y servicios tan indispensables como la seguridad alimentaria, las medicinas, el ocio, los rituales, entre muchos otros.

Sea en forma de moléculas, de sus principios activos, de especies que usamos como alimento o compañía, de ecosistemas que sostienen nuestras actividades productivas o del paisaje que nos alimenta el alma de manera tan inexplicable como afectiva, la diversidad biológica, en todos sus niveles, es sujeto constante de exploración y fuente de nuevos hallazgos que son materia prima para la innovación por el hombre.

Es bien conocido que el Perú es un país enormemente rico en diversidad biológica, la que sumada a una antigua presencia de poblaciones humanas ha dado lugar a desarrollos culturales caracterizados por procesos de innovación basados en los elementos de esta biodiversidad. Por sus condiciones naturales, el Perú es centro de origen y diversificación de especies, mientras que por la presencia de culturas ancestrales es uno de los más importantes centros de domesticación del mundo, con una antigüedad no menor de 10,000 años (Brack Egg, 2003).

Existen extraordinarias historias de prospección e innovación basadas en biodiversidad, que en su inmensa mayoría se han desarrollado restringidas en el ámbito del uso tradicional, carentes de seguridad jurídica y derechos, sin ir más allá del derecho consuetudinario.

Así, durante la domesticación de plantas y animales se desarrolló un enorme número de variedades y razas, como producto de la selección minuciosa y paciente de agricultores especialmente curiosos y sabios, probablemente mujeres en la mayoría de casos, que en el transcurso de decenas o centenas de generaciones han criado y estimulado la conservación de la diversidad de sus plantas y animales y han dado buen uso y aplicación a las cualidades específicas de los elementos de la biodiversidad.

También se aprecian importantes procesos de innovación a partir de la diversidad biológica silvestre, la que proviene del bosque, de los entornos mayores a los campos de cultivo o crianza o de los cuerpos de agua continental u oceánica. Cientos y miles de especies utilizadas de múltiples maneras, para muy distintos fines (alimento, medicina, defensa, etc.), y mediante procesos de transformación tan sencillos como la fermentación (un ejemplo, tocosh) o tan complejos como las mezclas alucinógenas rituales (la ayahuasca) con insospechada eficacia en el tratamiento de importantes problemas de salud pública contemporáneos, como la farmacodependencia o la depresión (Torres Romero, 2000).

El valor estratégico de la diversidad biológica es evidente cuando se analiza el desarrollo de los pueblos y sociedades, pero la conceptualización de ese valor ha sido relativamente reciente, al menos para los países del hemisferio sur. En esta parte del mundo, pareciera que el debate sobre el valor de la diversidad biológica y especialmente de los recursos genéticos no va más allá de la última década del siglo XX, con la adopción internacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Decisión Andina 391 y, más recientemente, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante Protocolo de Nagoya sobre ABS), vigente desde octubre del 2014. Sin embargo, en el hemisferio norte, referencias tan antiguas como las de Darwin en El origen de las especies (Darwin, 1859) dejan claro que los gobernantes del siglo XIX ya sabían de este valor y tomaron «medidas políticas y legales para no permitir la salida de sus mejores animales y simientes, especialmente en tiempos de guerra». Excelente y antiguo ejemplo de política pública inglesa, reconociendo el valor estratégico de algunos de sus recursos genéticos de animales y plantas.

En el hemisferio sur y específicamente en la subregión andina, el debate sobre este tema recién se produjo en el último cuarto del siglo XX, cuando en el contexto internacional se consolidó el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos (1983), declarándolos patrimonio común de la humanidad, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Pocos años después, en un foro también de Naciones Unidas, pero mucho más amplio e inclusivo, sobre el medio ambiente y el desarrollo, también conocido como Cumbre de la Tierra, cambió el paradigma de los derechos sobre los recursos genéticos.

Fue en la Cumbre de Río (1992) donde los recursos genéticos pasaron de ser «patrimonio común de la humanidad» a estar sujetos a legislación nacional debido a «los derechos soberanos de los países sobre sus recursos genéticos» (artículo 15.1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992).

Los países andinos, en su condición de megadiversos, reaccionaron tan precozmente que en poco tiempo se logró una legislación subregional (de validez nacional) sobre acceso a los recursos genéticos a través de su Decisión 391, solo cuatro años después de la adopción del CDB y tres de su entrada en vigencia. Fueron los primeros países en el mundo en desarrollar normas nacionales respecto del acceso a los recursos genéticos. Infortunadamente, la implementación de este nuevo paradigma en forma de norma e instrumentos legales y administrativos para los países ha tomado más de 20 años.

El Protocolo de Nagoya sobre ABS entró en vigencia en octubre del 2014 y, al momento de escribir este texto, había sido firmado por 55 Partes (54 países y la Unión Europea).

2. Definiciones

Las definiciones legales se diferencian de modo sustancial de las científicas. La ciencia aspira a la verdad absoluta, cosa que felizmente no logra y por eso sigue avanzando; una definición científica se acerca de manera asintótica a la verdad, fenómeno natural o hecho objetivo, mientras que una definición legal, pudiendo tener fundamentos científicos, termina siendo un texto de consenso entre quienes elaboran la ley. Así, un ecosistema no es exactamente lo mismo para un ecólogo que para un abogado o, para no personalizar, podemos estar seguros de que la definición de ecosistema en un libro de ecología es distinta a la que existe, por ejemplo, en el CDB o en alguna otra norma legal.

Debemos estar atentos a esta paradoja, ya que confundir la definición científica con la definición legal puede generar incertidumbre, error y hasta injusticia. Solo por citar un ejemplo, rápidamente nos daremos cuenta de que «material genético», que para la ciencia es solo ADN, en el CDB significa «todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia», mucho más que solo ADN.

El entendimiento del sistema de acceso a los recursos genéticos exige la comprensión de la naturaleza intrínseca de estos y de cómo se convierten en objetos de derecho. El paso clave inicial es entender la diferencia entre recurso biológico y recurso genético.

Los recursos biológicos son todos los seres vivos o sus partes, incluidas las relaciones entre los seres vivos y, por tanto, también los ecosistemas. Las personas naturales o jurídicas, incluyendo al mismo Estado, pueden ser dueñas o propietarias de los recursos biológicos.

Los recursos genéticos son todo material genético de valor real o potencial. Entretanto, por «material genético» se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Estas dos definiciones clave del CDB se perfeccionan con la noción de utilización de los recursos genéticos desarrollada en el Protocolo de Nagoya sobre ABS, con la cual queda claro que los derechos de los países alcanzan, además del ADN, a todos los productos de la expresión de dichos ADN y a los metabolitos que naturalmente producen los seres vivos o sus partes. La soberanía (y propiedad) de los recursos genéticos corresponde al Estado y se accede a ellos mediante el cumplimiento de la legislación nacional.

Es decir, recursos biológicos y recursos genéticos pueden ser físicamente el mismo objeto, pero la diferencia está en la «utilización» que se les dé. Un conjunto de granos (por ejemplo, frijoles o maíz) son recursos biológicos cuando se usan como alimento o un bien de consumo final, mientras que esos mismos granos constituyen recursos genéticos cuando se utilizan como simientes, semillas o fuente de material genético, con fines de mejoramiento o para obtener metabolitos o compuestos para nuevos usos, diferentes de los convencionales.

Según la Decisión 391, producto derivado es toda molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluso extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos. Entretanto, el Protocolo de Nagoya sobre ABS define derivado como «… compuesto bioquímico que existe naturalmente, producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos, incluso aunque no contenga unidades funcionales de la herencia».

Producto derivado (Decisión 391) y derivado (Protocolo de Nagoya sobre ABS) tienen significados similares, aunque quizá la segunda definición sea más inclusiva y amplia que la primera. En todo caso, la importancia de estos conceptos en las normas es que convierte a toda sustancia o metabolito producido por la expresión del material genético en objeto de derecho, tal como lo postuló la Decisión 391 desde su entrada en vigencia. La inclusión de los derivados en el Protocolo de Nagoya sobre ABS fue, sin duda, uno de los puntos críticos de la negociación, que duró seis años, a tal punto que fue el último aspecto científico del Protocolo en ser resuelto y acordado, apenas horas antes de su adopción el 29 de octubre del 2010.

Recursos genéticos y recursos biológicos son definiciones del CDB, mientras que la noción de «utilización» de recursos genéticos recién se desarrolló en la negociación del Protocolo de Nagoya sobre ABS. La importancia de la noción de utilización de los recursos genéticos radica en que permite de manera explícita y muy clara la inclusión de los «derivados» como objetos del derecho en el sistema de acceso; algo que los países andinos ya habíamos considerado en el ámbito del acceso, en la Decisión 391 (1996). Los países desarrollados, con la Unión Europea y Japón a la cabeza, quisieron evitar una mención explícita sobre el acceso a los derivados, y se encontró una solución en la noción de utilización de los recursos genéticos, yendo probablemente un paso más allá de lo previsto en el CDB.

Por este y otros aspectos, algunos estiman que el Protocolo de Nagoya sobre ABS constituye un CDB+. Sin embargo, por otros aspectos se le considera un retroceso. En concreto, la eficacia del Protocolo de Nagoya sobre ABS, para efectos del acceso, depende en gran medida de las legislaciones nacionales, mientras que sí resulta un avance importante en los mecanismos de seguridad jurídica para la participación justa y equitativa de los beneficios. En todo caso, el Protocolo de Nagoya da toda la certidumbre que se puede tener en un acuerdo internacional, y buena parte de su eficacia se basa en una buena legislación nacional, con lo cual, si los países no ponen de su parte, poco será el provecho que puedan lograr de este Protocolo sobre ABS.

El acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados debe realizarse con el consentimiento informado previo (PIC, por sus siglas en inglés) y bajo condiciones mutuamente acordadas (MAT, por sus siglas en inglés). Independientemente de la forma final administrativa o contractual en que se materialicen estos dos principios, su aplicación busca autorizar el acceso a los recursos genéticos, controlar su utilización posterior y establecer la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su ulterior utilización.

En la legislación andina, el PIC y las MAT deben ser parte del contrato de acceso a los recursos genéticos que suscribe la autoridad sectorial en nombre del Estado. También están previstos los contratos accesorios entre los usuarios y los poseedores de los recursos biológicos que contienen los recursos genéticos por acceder; es decir, entre el solicitante y las comunidades indígenas o locales dueñas del predio donde se encuentran los recursos biológicos.

3. Aspectos legales

En el contexto de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú desarrolló, de manera precoz respecto del resto del mundo, una legislación sobre acceso a los recursos genéticos a través de la Decisión 391, aprobada por los países andinos en 1996. Pese a ello, esta norma subregional con rango de ley nacional para los países de la Comunidad Andina recién tuvo su reglamento nacional en enero del 2009, mediante el Decreto Supremo 003-2009-MINAM. Por varias razones demoró 13 años, algunas de las cuales mencionaremos en este artículo; por razones adicionales, demoró la implementación de los procesos administrativos necesarios para su aplicación en los tres sectores definidos. En la actualidad existen solo unas pocas decenas de contratos de acceso otorgados por dos de las tres autoridades de administración y ejecución (AAE) que existen: el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), para los recursos genéticos silvestres, y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), para los recursos genéticos de especies domesticadas. La tercera autoridad sectorial de acceso es el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción (VMP-Produce), que no ha informado sobre ningún procedimiento de acceso autorizado.

Como se puede ver, a pesar de todo, y con diferente nivel de eficacia, el sistema de acceso a los recursos genéticos ya ha comenzado a funcionar en los últimos tres años; admitiendo que estos contratos se restringen a los que tienen fines de investigación, cito el comentario de uno de los funcionarios responsables del procedimiento: «No tenemos contratos de acceso con fines comerciales, porque hay tanta desinformación que los usuarios ya ni siquiera lo intentan». Sin embargo, el mismo funcionario afirma que están preparados para admitir y resolver solicitudes de acceso con fines comerciales. Por tanto, lo que en realidad falta es información y orientación a los usuarios, al menos en dos de los tres sectores que en nombre del Estado firman este tipo de contratos.

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741 s. 36 illüstrasyon
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9786124110566
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