Kitabı oku: «Estudios de responsabilidad civil - Tomo I»




Estudios de responsabilidad civil. Tomo I / Saúl Uribe García… [et al]; Alejandro Gaviria-Cardona, editor académico. -- Medellín: Editorial EAFIT, 2020 556 p.; 22 cm. -- (Académica-Derecho)
ISBN: 978-958-720-633-3
ISBN: 978-958-720-634-0 (versión EPUB)
1. Responsabilidad civil. 2. Responsabilidad extracontractual. I. Uribe García, Saúl. II. Gaviria Cardona, Alejandro, edit. III. Aramburo Calle, Maximiliano Alberto, pról. IV. Tít. V. Serie
346.022 cd 23 ed.
E826
Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas
Estudios de responsabilidad civil
Tomo I
Primera edición: junio de 2020
© Alejandro Gaviria Cardona –Editor académico–
© Editorial EAFIT
Carrera 49 No. 7 sur - 50
Tel.: 261 95 23, Medellín
http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial
Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co
ISBN: 978-958-720-633-3
ISBN: 978-958-720-634-0 (versión EPUB)
DOI: https://doi.org/10.17230/9789587206333lr0
Coordinación editorial: Carmiña Cadavid Cano
Corrección de textos: Juana Manuela Montoya y Carmiña Cadavid Cano
Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018.
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial
Editado en Medellín, Colombia
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
A mi hija Isabela y a mi esposa Johanna
Contenido
Presentación
Prólogo
Estudio 1. Los hechos y la responsabilidad civil extracontractual
Saúl Uribe García
Introducción
1. Particularidades de los hechos generadores de la responsabilidad civil extracontractual
1.1. Aplicable a personas naturales y jurídicas
1.2. De un evento dañoso pueden originarse varias fuentes o tipos de responsabilidad civil extracontractual
1.3. Los hechos son el sustento de la causa de la pretensión
1.4. Varias fuentes o tipos de responsabilidad civil extracontractual y problemas procesales
1.5. Responsable
1.6. Prescripción
1.7. Criterio de imputación
1.8. Carga de la prueba
1.9. Determinación de la existencia del nexo causal
1.10. Fundamento para la imputación del daño
1.11. Responsabilidad objetiva o subjetiva
1.12. Conclusión
2. Responsabilidad por hecho propio
3. Responsabilidad por hecho ajeno
3.1. Fundamento de la responsabilidad por hecho ajeno y aclaraciones previas
3.2. Reglas generales de la responsabilidad por hecho ajeno
3.3. Nociones de cuidado, dependencia y origen
3.4. Casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno
3.5. Otros casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno
4. Responsabilidad por el daño causado por animales
4.1. Responsabilidad por daños causados por animal no fiero
4.2. Responsabilidad por daños causados por animal fiero
4.3. Responsabilidad por daños causados por ejemplares caninos potencialmente peligrosos
5. Responsabilidad civil por el daño causado por las cosas
5.1. Responsabilidad por ruina de edificio
5.2. Responsabilidad por daños causados con cosas que caen de la parte superior de un edificio
6. Responsabilidad por el daño causado en ejercicio de actividades peligrosas
6.1. Origen de la actividad peligrosa en Colombia
6.2. ¿Qué es una actividad peligrosa?
6.3. ¿Cuáles actividades son peligrosas?
6.4. ¿Quién es responsable en la actividad peligrosa?
6.5. ¿Cuál es el criterio de imputación en la actividad peligrosa?
6.6. Cómo se exonera de responsabilidad en la actividad peligrosa
6.7. Convergencia o concurrencia de actividades peligrosas
Bibliografía
Estudio 2. La culpa organizacional como factor de atribución de responsabilidad civil extracontractual a las personas jurídicas de derecho privado en Colombia
María Camila Betancur Gómez y Sara Bustamante Blanco
Introducción
1. Contexto histórico de la responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas de derecho privado en Colombia
1.1. Responsabilidad por el hecho ajeno
1.2. Teoría organicista
1.3. Responsabilidad por el hecho propio
2. Pronunciamientos recientes en la jurisprudencia colombiana
2.1. Sentencia del 30 de septiembre de 2016
2.2. Sentencia del 28 de junio de 2017
3. Culpa organizacional
3.1. Concepto
3.2. Justificación
3.3. Análisis
Conclusiones
Bibliografía
Estudio 3. Responsabilidad contractual derivada de la celebración, la ejecución y la liquidación de contratos estatales
Cristian Andrés Díaz Díez
Introducción
1. Demarcación del concepto de responsabilidad contractual frente a otras formas de responsabilidad en la contratación estatal
2. Concepto de responsabilidad contractual en la contratación estatal
3. Fundamento constitucional de la responsabilidad contractual en el derecho público
4. Régimen legal de la responsabilidad contractual por la celebración, la ejecución y la liquidación de contratos estatales
4.1. La responsabilidad contractual de las entidades regidas por el EGCAP
4.2 La responsabilidad contractual en el régimen jurídico de las entidades exceptuadas del EGCAP
5. Elementos esenciales de la responsabilidad contractual en el ámbito de la contratación estatal
5.1. Daño antijurídico
5.2. Título de imputación
6. Eximentes de responsabilidad contractual en la contratación estatal
7. El enriquecimiento injustificado a expensas de otro: un supuesto que no ingresa dentro de la responsabilidad contractual
8. Declaración y efectividad de la responsabilidad contractual en el derecho administrativo
8.1. Potestad administrativa para declarar la responsabilidad contractual y las medidas subsecuentes
8.2. Liquidación del contrato: mecanismo adicional para declarar la responsabilidad contractual
8.3. La conciliación extrajudicial
8.4. Medio de control de controversias contractuales: discusión judicial de la responsabilidad contractual
9. La indemnización de perjuicios derivada de la responsabilidad contractual en el régimen de contratación estatal
Conclusiones
Bibliografía
Estudio 4. La extinción de dominio en Colombia: naturaleza y aspectos polémicos
Julieta Ochoa Hoyos
Introducción
1. ¿Es la extinción de dominio un fenómeno de derecho privado?
2. Características de la extinción de dominio en Colombia
2.1. Definición de la extinción de dominio
2.2. La acción de extinción de dominio
2.3. Sujetos pasivos de la acción de extinción de dominio. Afectados directos y terceros
2.4. La buena fe exenta de culpa. Límite de la acción de extinción de dominio
2.5. Intemporalidad de la acción de extinción de dominio. Imprescriptibilidad y retrospectividad
3. La naturaleza de la acción de extinción de dominio, ¿acción personal indemnizatoria?
4. Implicaciones de la extinción de dominio en instituciones clásicas del derecho privado
4.1. Principio de buena fe
4.2. La prescripción adquisitiva de dominio
4.3. Los derechos adquiridos
4.4. La nulidad del negocio jurídico
Conclusiones
Bibliografía
Estudio 5. Del daño y su reparación
Alejandro Gaviria Cardona
Introducción
1. Generalidades
1.1. Definición
1.2. Quién sufre el daño. Acciones
1.3. Consecuencia del daño. Medida de la reparación
1.4. Formas de reparación: supresión, in natura, equivalente, simbólica
2. Características del daño
2.1. Directo (inmediato)
2.2. Personal
2.3. Lícito
2.4. Cierto
3. Tipología del perjuicio
3.1. Terminología general
3.2. Responsabilidad civil contractual
3.3. Derecho anglosajón
4. Deber de evitar y minimizar el daño
Bibliografía
Estudio 6. Los seguros de responsabilidad civil en el derecho colombiano
Daniel Vásquez Vega
Introducción
2. Cobertura
2.1. Riesgo cubierto por el seguro de responsabilidad
2.2. Otros seguros que se asemejan o sobreponen
2.3. Perjuicios cubiertos
2.4. El dolo, la culpa grave y eventos no asegurables
2.5. Causal especial de nulidad y terminación del seguro de responsabilidad profesional
2.6. Arbitrio del asegurador
3. Partes del contrato de seguro de responsabilidad y la acción directa de la víctima contra el asegurador
3.1. El asegurador, el tomador y el asegurado
3.2. El beneficiario
4. Suma asegurada e indemnización
4.1. Principio indemnizatorio y fijación de la suma asegurada
4.2. Actualización de la suma asegurada e intereses moratorios
4.3. Múltiples víctimas
5. Modalidades de cobertura
5.1. Ocurrencia
5.2. Claims made
5.3. Sunset
5.4. Modalidades en los seguros a favor de entidades estatales
6. Siniestro
6.1. Regla general
6.2. Bajo la modalidad claims made
6.3. Bajo la condición limitativa de cobertura sunset
6.4. Demostración del siniestro
6.5. Cláusulas que prohíben al asegurado reconocer su responsabilidad o transar con la víctima
7. Prescripción
7.1. Víctima
7.2. Asegurado
7.3. Los dos términos de prescripción y la acción directa del beneficiario
7.4. Prescripción bajo la modalidad de cobertura claims made
7.5. Prescripción bajo la condición limitativa de cobertura sunset
7.6. Prescripción en el seguro de responsabilidad que cubre responsabilidades de término corto
Conclusiones
Bibliografía
Notas al pie
Presentación
De cara al lanzamiento de la Maestría en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil, la Universidad EAFIT presenta a la comunidad académica y jurídica un texto que podrá acompañar no solo los procesos de aprendizaje de los estudiantes de pregrado y posgrado, sino también en su ejercicio diario a los operadores judiciales, a los abogados litigantes y a todos aquellos que de una u otra manera tienen interés por el campo de la responsabilidad civil.
A raíz de los recientes y muy diversos pronunciamientos de nuestras altas cortes, así como del avance doctrinal en la responsabilidad civil, este proyecto nace del deseo de clarificar criterios, y trata de forma coherente y sistemática, además de los elementos que la conforman, asuntos relativos a la responsabilidad contractual y extracontractual, tanto civil como del Estado, algunas de las denominadas responsabilidades especiales y el seguro de responsabilidad civil.
Ahora, teniendo en cuenta que el conocimiento no se construye de forma aislada e individual, y que la temática referida se presta a las más variadas discusiones, solo por medio del debate abierto y franco podremos avanzar en su análisis y su desarrollo, para lograr (o al menos intentarlo), de forma conjunta, un verdadero crecimiento, lo cual redundará en beneficios para la comunidad científica, académica, jurídica e, incluso, para la comunidad en general.
Vale la pena aclararle al lector que no es nuestra intención presentar un tratado de responsabilidad civil, sin que por ello se le reste seriedad y profundidad a la obra, sino que pretendemos realizar un análisis descriptivo e investigativo de sus diversas instituciones, con apoyo no solo en la doctrina nacional e internacional, sino también en la jurisprudencia. Encontrará el lector que cada uno de los capítulos trata las principales problemáticas que las diversas instituciones generan, y que cada uno de los autores hizo su investigación y análisis guiado por una pregunta problematizadora.
Por otro lado, el presente trabajo se presentará por tomos, de los cuales este es el primero.
Alejandro Gaviria Cardona
Editor académico
Prólogo
Nuestra tradición iuscivilista –es decir, la colombiana– ha cultivado desde hace muchos años la dogmática de lo que en tiempos recientes se ha preferido llamar derecho de daños. Pero es sobre todo a partir de las últimas dos décadas del siglo XX que esta rama del derecho ha florecido, en especial en lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual. En la década de los ochenta las obras de Gilberto Martínez Rave y Javier Tamayo Jaramillo se revelan como especialmente importantes en el panorama de la doctrina especializada, sin mencionar los capítulos correspondientes en los manuales y tratados de obligaciones, incluso anteriores a esa época, de autores tan relevantes como Arturo Valencia Zea o Álvaro Pérez Vives. En las postrimerías del siglo la literatura jurídica sobre la materia se había multiplicado ya varias veces, y había cobrado importancia la responsabilidad del Estado, con una autonomía disciplinar adquirida gracias a la abundante jurisprudencia del Consejo de Estado. En el ámbito civil, aparecían las obras de Jorge Santos Ballesteros, o el clásico y fundamental libro de Raimundo Emiliani Román, y obras como las de Jairo López Morales, Juan Carlos Henao Pérez, Enrique Gil Botero, que venían a engrosar el listado de algunas monografías sobre temas precisos de la responsabilidad estatal.
En las primeras décadas del siglo XXI la cuenta de las publicaciones es imposible de llevar: los posgrados en la materia han propiciado un envidiable desarrollo de la disciplina, que –salvo el que pueden tener por caminos independientes Chile y Argentina– no tiene igual en América Latina, desde donde se mira con genuino interés todo lo que se produce en nuestro país en este terreno. Hoy se cuentan por decenas las monografías respectivas publicadas por editoriales comerciales y universitarias, los manuales de profesores con amplia reputación internacional y los artículos de revistas (incluso, al menos dos, dedicadas casi exclusivamente a esta área del saber jurídico). Cuando han pasado cuatro décadas del inicio de esa explosión bibliográfica, aparece la presente obra colectiva para sumarse a las publicaciones que ya se encuentran al alcance de los lectores. Y lo hace después de un excelente proceso de edición llevado a cabo por la Editorial de la Universidad EAFIT, que es la responsable –hace exactamente veinte años, desde enero del año 2000– de uno de los primeros posgrados del país en la materia, junto a los que por la misma época comenzaron a ofrecer la Universidad Autónoma Latinoamericana, en Medellín, y el Externado de Colombia, en Bogotá. Incluir estos datos en un prólogo resulta importante porque justamente los capítulos que componen la obra son, en su mayoría, de la autoría de egresados y profesores de los programas de posgrado que se nutrieron de las obras pioneras, como en el caso del profesor Alejandro Gaviria Cardona, quien ha asumido con rigor ejemplar la tarea de coordinar editorialmente la publicación.
¿Para qué, entonces, un nuevo manual sobre esta materia, si decimos que la bibliografía ya es incontable? Porque la tarea de la Universidad –con mayúscula– es esa, y tanto el editor académico como los autores así lo han entendido: alimentar el debate con nuevas ideas y reformular las antiguas, a la luz del conocimiento adquirido, permite avanzar en la ciencia del derecho. Las fuentes de los años ochenta se han renovado casi por completo, y del protagonismo que tenía la doctrina francesa a finales del siglo pasado hemos pasado a una importante presencia de la jurisprudencia nacional, siguiendo el ejemplo fundamental de la obra de Tamayo Jaramillo, que siempre ha reivindicado el uso de la casuística como herramienta de enseñanza (y aprendizaje) del derecho. Esta tendencia, que llamaría de diálogo –con la doctrina foránea, con la jurisprudencia, con disciplinas afines–, puede advertirse a lo largo de todo el presente volumen, quizás con base en la idea de que la llamada responsabilidad civil no es, en rigor, una especialidad, sino un saber transversal de casi todo el ámbito de lo jurídico.
En efecto, la reflexión del profesor Saúl Uribe en el estudio introductorio pone de presente la necesidad de pensar las categorías de nuestro derecho, y en especial la del hecho generador de la responsabilidad, a partir de los casos resueltos por la Corte Suprema de Justicia, con una dimensión práctica que debe celebrarse en una publicación académica. La tipología de hipótesis de responsabilidad aquiliana que ofrece, acompasada con lo que sobre cada tema ha resuelto nuestro tribunal de casación, se convierte sin duda en referencia y material de formación ineludible para casi cualquier jurista interesado en el tema.
El segundo capítulo no descuida esta misma perspectiva. El aporte de María Camila Betancur y Sara Bustamante, al examinar las novísimas categorías jurisprudenciales en materia de responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas, permite sentar las bases del diálogo con las tendencias legislativas contemporáneas, para un adecuado aggiornamento de la decimonónica codificación colombiana. Sin descuidar las fuentes locales más autorizadas, las autoras realizan una juiciosa reconstrucción de las recientes sentencias de la Corte Suprema que incluyen conceptos novedosos, como la culpa organizacional.
El profesor Cristian Díaz, por su parte, realiza una completa exposición –también con marcado énfasis jurisprudencial– de la responsabilidad contractual del Estado, en clave comparada con la responsabilidad de los particulares. Esta aproximación, que busca identificar y describir la frontera entre el derecho administrativo y el derecho civil en la responsabilidad contractual, nos permitiría concluir a quienes somos menos aficionados a ver en el derecho compartimentos estancos que, como en la famosa frase que se atribuye a Gengis Kan, esa frontera, una vez cruzada, no existe: las categorías conceptuales se permean y se tocan, si bien con algunas excepciones notables, a pesar de los desencuentros (contingentes) producidos por la coyuntura de algunas normas.
En la senda del diálogo que hemos mencionado está también el capítulo sobre los seguros de responsabilidad, del profesor Daniel Vásquez Vega, verdadero experto en la materia, lo que se evidencia en su solvente dominio tanto del derecho de los seguros como del derecho de la responsabilidad civil. La relación entre ambas materias (simbiótica, en sus palabras) permite presentar un panorama muy completo del estado actual del contrato que quizás mejor representa la imposibilidad de disociar completamente el derecho civil del mercantil.
Esta obra, pues, tiene un sello que debe destacarse: son lecciones profundas sobre temas basilares (es decir, fundamentales) de la responsabilidad civil. Pero no por básicas son aproximativas: evidencian la madurez de una disciplina que se ha nutrido con las mejores fuentes para construir una identidad propia. Confío en que la evolución natural que han de tener estas ideas incremente la producción bibliográfica de los autores, del editor y de EAFIT, para que sigan protagonizando las discusiones sobre un área del saber que, pese a no ser reciente, no solo resiste, sino que necesita de letras nuevas y plumas jóvenes en la construcción de su futuro inmediato.
Maximiliano A. Aramburo C. *
Estudio 1 Los hechos y la responsabilidad civil extracontractual
Saúl Uribe García *
DOI: https://doi.org/10.17230/9789587206333ch1
Introducción
La responsabilidad civil extracontractual tiene su estructura, la misma que con el paso de los años se ha decantado, no obstante que a la vez se originen fuertes controversias en cuanto a algunas de las figuras que conforman su evolución.1
Dos grandes bloques han caracterizado la configuración de la responsabilidad civil extracontractual. Uno llamado elementos de la responsabilidad y otro llamado fuentes, hechos, clases o tipos de responsabilidad. El protagonismo se centra más en los elementos que en las fuentes, tanto así que las controversias y la evolución en la historia de la responsabilidad civil extracontractual se centran en los elementos y no en las fuentes, pero en el fondo y sin prestarles atención, son las fuentes o los hechos los que repercuten en los elementos.
Con este trabajo se pretende mostrar la importancia que tienen para la responsabilidad civil extracontractual los hechos o fuentes, a tal punto que son los que direccionan toda su estructura; pero itero, el protagonismo está en los elementos de la responsabilidad.
Cuando hablamos de hecho generador de la responsabilidad civil extracontractual nos referimos al hecho que origina el daño, es decir, a las circunstancias de tiempo, modo, lugar, forma y autoría en que el daño se produjo. De esta manera, cuando ocurre un daño,2 se debe examinar la forma en que este se presenta, para lo cual habrá de tenerse en cuenta el aspecto fáctico, no únicamente el coetáneo con el daño, sino también el anterior y posterior, porque en cualquiera de las tres fases puede tener repercusiones en la estructura de la responsabilidad civil extracontractual.
El análisis fiel a lo ocurrido y que generó el daño es la pieza fundamental en la configuración de la responsabilidad civil extracontractual. Parece obvio, pero esa obviedad es la que en muchas situaciones opaca el protagonismo que merece el hecho fuente de la responsabilidad civil extracontractual.
En los dos bloques que conforman la responsabilidad civil extra-contractual (los elementos y las fuentes) los hechos tienen directa incidencia. En cuanto a las fuentes de la responsabilidad civil extra-contractual, el hecho que es tenido como elemento sin calificativo alguno pasa a ser valorado para, a partir de esa valoración, originar consecuencias jurídicas; entre las más importantes: 1) se identifica la fuente o el tipo de responsabilidad civil extracontractual,3 2) se identifica el eventual responsable,4 3) se asigna la carga de la prueba, bien por activa, ora por pasiva,5 4) se determina la prescripción.6 Todo lo anterior, se itera, con fundamento en los hechos.
En cuanto a los elementos, la incidencia fundamental se centra en los siguientes aspectos: 1) en el hecho, por acción u omisión, toda vez que se torna imprescindible que en un evento de responsabilidad civil se conozcan los hechos, aunque un sector de la doctrina y la jurisprudencia no tiene en cuenta el hecho como elemento de la responsabilidad civil extracontractual, o lo tiene en cuenta pero con el nombre de hecho dañoso; 2) en el nexo de causalidad, ya que, en primer lugar, se requiere saber, desde la causalidad física, a qué o a quién se le atribuye el daño, cuando proceda.7 Además, cuál es el daño concreto, para saber si es consecuencia del hecho o los hechos acaecidos. En segundo lugar, desde la causalidad jurídica8 o desde la atribución del daño,9 son los hechos los que sirven de fundamento para determinar si el daño es jurídicamente atribuible a una persona, natural o jurídica. Pero no únicamente para determinar la existencia de la causalidad jurídica o la atribución normativa, sino también para que se configure o no la llamada causa extraña10 con fundamento en los hechos; 3) en el juicio de imputación o atribución jurídica11 es fundamental el conocimiento de los hechos, porque de ahí se concluye la existencia de dolo o culpa, probada o presunta, o el riesgo.
Así las cosas, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuál es la función que cumplen los hechos en la responsabilidad civil extracontractual? Los hechos se convierten en base fundamental de la responsabilidad civil extracontractual, a tal punto que son el norte y la guía de toda su estructura, pero pasan inadvertidos en muchos eventos.
En este trabajo inicialmente se aborda el estudio de las particularidades del hecho generador de la responsabilidad civil extracontractual. Posteriormente se analizan cada una de las fuentes o tipos de responsabilidad: hecho propio, hecho ajeno, hecho con cosas, hecho con animales y actividades peligrosas. En el desarrollo del mismo se abordarán los temas puntuales, problemáticos y de actualidad de cada uno de los tipos de responsabilidad, con sustento en la doctrina y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
1. Particularidades de los hechos generadores de la responsabilidad civil extracontractual
Como se dijo en la presentación, los hechos generadores de la responsabilidad civil extracontractual son los que originan el daño, con sus circunstancias de tiempo, modo, lugar y forma en que el daño se produjo. Dependiendo de cómo se haya producido el daño, la valoración de esos hechos permite clasificar y ubicar el tipo de responsabilidad civil extracontractual, acudiendo para ello a la norma que regula cada fuente o tipo de responsabilidad.
De manera expresa el Código Civil colombiano contiene la división que, según los hechos, encuentra un amoldamiento, si se quiere llamar típico, para a partir de ese encuadramiento construir la estructura de la responsabilidad civil extracontractual. Esa división permite que se hable de tipos de responsabilidad civil extracontractual,12 clases de responsabilidad civil extracontractual,13 fuentes de la responsabilidad civil extracontractual,14 pero en el fondo es el mismo tema.
En el Código Civil se encuentra la siguiente división, que de acuerdo con los hechos permite ubicar la clase o fuente de responsabilidad civil extracontractual:
• Hecho propio (artículo 2341),
• hecho ajeno (artículos 2346, 2347, 2348 y 2349),
• hecho de las cosas (artículos 2350, 2351, 2355 y 2060),
• hecho de los animales (artículos 2353 y 2354) y
• actividades peligrosas (artículo 2356).
La Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena a la división anterior, la analiza desde tres grandes grupos, mediante los cuales se gobierna en el país la responsabilidad civil extracontractual:
El primero, constituido por los artículos 2341 y 2345 que contienen los principios “directores” de la responsabilidad delictual y cuasi delictual [sic] por el hecho personal; el segundo formado por los artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y 2352 que regulan lo relativo a la misma responsabilidad por el hecho de personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro, y el tercero, que comprende los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, se refiere a la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas e inanimadas, y ofrece a su turno dos variantes “según que las cosas sean animadas o inanimadas, doctrinariamente denominadas responsabilidad por causa de los animales o por causa de las cosas inanimadas, que respectivamente tienen su fundamento legal en los artículos 2353 y 2354 para aquella, y 2350, 2351, 2355 y 2356 para ésta” (G. J., tomo CLXXII, p. 76).15
A partir de la división que se dejó esbozada, la misma que origina lo que se conoce como fuentes, tipos o clases de responsabilidad civil extracontractual, se analizan las generalidades, antes de examinar cada una de ellas. Las más sobresalientes son las siguientes:
1.1 Aplicable a personas naturales y jurídicas
Cualquiera sea la fuente de la responsabilidad civil extracontractual, tiene aplicación para la persona natural o jurídica.16 Es decir, independientemente de la fuente o el tipo de responsabilidad civil extracontractual, dependiendo de cómo se han presentado el hecho que dio lugar al daño, la atribución del daño y la responsabilidad, la puede soportar una persona natural o jurídica, o ambas a la vez, bien por distintas fuentes, ora por la misma fuente.
Ejemplo: Si un médico, al servicio de una clínica, en el acto médico comete culpa y el paciente sufre daño, se puede demandar solidariamente a la clínica como persona jurídica y al médico, como personal natural, acudiendo a la misma fuente de responsabilidad, esto es, hecho propio.
Ejemplo: El hijo menor, de diecisiete años de edad, que causa un daño. Sus padres pueden ser demandados solidariamente, acudiendo al hecho ajeno como fuente, y si se quiere también se puede demandar al menor, a través de sus padres, acudiendo al hecho propio. En este caso los padres tendrían doble calidad por pasiva.
Así las cosas, no es tan categórica la afirmación que hizo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 30 de junio de 1962,17 cuando unificó su jurisprudencia y concluyó que la responsabilidad de la persona jurídica no es por hecho ajeno, sino por hecho propio o responsabilidad directa conforme el artículo 2341 del Código Civil, posición que aún se repite en recientes fallos relacionados con la responsabilidad de la persona jurídica.18 Se itera que la responsabilidad civil extracontractual de la persona jurídica no es únicamente por el hecho propio.
1.2 De un evento dañoso pueden originarse varias fuentes o tipos de responsabilidad civil extracontractual
La regla es que de un evento dañoso se presente una fuente de responsabilidad, pero no son pocos los casos en los que confluyen dos o más fuentes o tipos de responsabilidad extracontractual.
Ejemplo: Si un peatón es atropellado por un vehículo particular y muere, no se presta para discusión que únicamente surge como fuente la actividad peligrosa. Pero si es un conductor al servicio de una persona particular y atropella a un peatón y este muere, en este caso se presenta el hecho propio, para el conductor, y el hecho ajeno y la actividad peligrosa para el empleador.
1.3 Los hechos son el sustento de la causa de la pretensión
Desde el punto de vista sustancial, el hecho da pábulo a la fuente o tipo de responsabilidad civil; desde el punto de vista procesal, va a determinar la causa de la pretensión. Si desde el punto de vista sustancial afirmamos que los hechos van a determinar la fuente o el tipo de responsabilidad, ya desde el punto de vista procesal estos mismos hechos son la causa19 de la pretensión, no en su totalidad,20 pero sí en un alto porcentaje.
El demandante debe ser fiel a los hechos que originaron el daño y, por ende, al tipo de responsabilidad, porque de no ser así, su pretensión puede estar abocada al fracaso. La Corte Suprema de Justicia,21 en un caso de transporte benévolo, negó las pretensiones porque en los hechos de la demanda se narró que la mujer fallecida fue atropellada por el vehículo y no que viajaba como pasajera del mismo.
En cuanto a la causa de la pretensión, argumentó la Corte, debe tenerse presente que la constituye el conjunto de hechos de relevancia jurídica en que el actor ha fundado la ameritada pretensión, lo que constituye en consecuencia uno de los factores esenciales de la demanda. Concluyó:
Significa lo expuesto, que en el proceso no se demostró el primero de los anotados requisitos estructurales de la responsabilidad extracontractual reclamada, esto es, la ocurrencia del hecho ilícito aducido en la demanda como causa petendi, es decir, que el automotor de placas PZ 2361 atropelló a la actora, sino que, por el contrario, se estableció que ese suceso, en realidad, no acaeció como fue relatado, toda vez que las lesiones que le sobrevinieron a la accionante se derivaron de un evento fáctico distinto, como fue que cuando ella se movilizaba en el indicado vehículo, habida cuenta de que su conductor, en un acto de cortesía, la recogió en el camino, se salió de la cabina del automotor, cayó a la vía y fue arrollada por las llantas traseras del mismo.22
Ahora, si el demandante tergiversa los hechos o sin tergiversarlos no los prueba, la consecuencia procesal va a ser la misma: la absolución. Si la tergiversación de los hechos expuestos en la demanda y demás oportunidades es por parte del juez, se presenta un problema de falta de congruencia,23 cuya consecuencia es que el superior, mediante el recurso de apelación, soluciona el problema de incongruencia, o se convierte en causal de casación conforme el artículo 336, numeral 3.º, del Código General del Proceso, por no estar la sentencia en consonancia con los hechos.
1.4 Varias fuentes o tipos de responsabilidad civil extracontractual y problemas procesales
Otro de los problemas procesales que se presentan vinculados con la fuente o el tipo de responsabilidad civil extracontractual está relacionado con los siguientes interrogantes:
a. Si el demandante de manera expresa invoca una fuente o tipo de responsabilidad, pero no es la correcta. Ejemplo: Un trabajador de una persona jurídica causa el daño en ejercicio de sus funciones. Se demanda a la persona jurídica y el demandante invoca hecho ajeno cuando la correcta es hecho propio.
b. Entre varias fuentes o tipos de responsabilidad, el demandante invoca de manera expresa una de ellas. Ejemplo: El conductor de una persona natural que atropella a un peatón y muere. El demandante invoca en la demanda, de manera expresa, hecho ajeno, cuando también se presenta la actividad peligrosa; incluso si se va a demandar al conductor, se presenta el hecho propio.
c. El demandante no invoca de manera expresa ninguna fuente o tipo de responsabilidad, bien que se presenten una o varias.
d. Entre varias fuentes o tipos de responsabilidad que se presentan, ¿qué puede hacer el demandante al presentar la demanda?
e. Si el demandante invoca, por ejemplo, hecho propio y el juez absuelve, ¿puede presentar otra demanda invocando, por ejemplo, actividad peligrosa?
Los interrogantes expuestos han merecido el análisis de la doctrina, para afirmar lo siguiente: a) atendiendo a la teoría de la unidad de causas,24 el juez puede perfectamente aplicar la institución de la responsabilidad civil que considere correcta si encuentra que se llenan los demás requisitos, poco importa que el demandante se haya equivocado en la denominación de la figura aplicable, que haya omitido las normas aplicables o que las haya invocado todas en forma común. También habrá cosa juzgada, si luego de un fallo absolutorio la víctima pretende demandar nuevamente invocando una fuente o tipo de responsabilidad distinta;25 b) el juez puede aplicar la fuente o tipo de responsabilidad correcta, siempre y cuando la demanda tenga el sustento fáctico, es decir, que en los hechos narrados en la demanda se puede concluir la existencia del tipo de responsabilidad civil extracontractual;26 c) cuando se presentan varias fuentes o tipos de responsabilidad civil extracontractual, la víctima tiene derecho a escoger la que más ventajas le traiga, siempre que la que escoja tenga sustento fáctico en la demanda;27 d) el juez debe aplicar la fuente o tipo de responsabilidad que, entre varias posibles, más beneficie a la víctima, independientemente de que se haya invocado una distinta, las invoque todas a la vez o no invoque ninguna;28 e) es aconsejable no invocar todas las instituciones en forma principal, sino unas subsidiarias de otras.29
Es claro el aporte de la doctrina en cuanto a este tema, pero vale la pena agregar otras apreciaciones adicionales. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de abril de 1991,30 abordó la temática, aunque superficialmente. Afirmó que los hechos pueden involucrar varios tipos de responsabilidades, ante lo cual el demandante elige de manera expresa, pero como en el caso el demandante no acogió de manera expresa un tipo de responsabilidad, entre hecho ajeno o actividad peligrosa, de los hechos probados se infiere que el demandante tuvo en mente la actividad peligrosa. Es decir, se interpreta la demanda para que el juez se ubique en el tipo de responsabilidad que considere correcto.
En sentencia del 7 de octubre de 2015, la Corte Suprema de Justicia abordó el estudio relacionado con la invocación incorrecta de la fuente o tipo de responsabilidad civil extracontractual, es decir, el Tribunal que conoció la apelación de la sentencia invocó hecho ajeno, cuando la correcta era hecho propio.
La demanda se dirigió en contra de la Diócesis de Líbano-Honda (Tolima) por los perjuicios causados a dos menores a quienes el sacerdote de una parroquia acogió en calidad de acólitos, y de quienes abusó sexualmente. En la demanda se guardó silencio con respecto a la fuente o tipo de responsabilidad, pero la Corte entró en el análisis del tema porque fue el Tribunal el que decidió invocando la fuente incorrecta. A continuación, se transcriben los apartes más importantes, para pasar a los comentarios:
Tradicionalmente se ha sostenido que el actor delimita el alcance de su demanda cuando formula sus pretensiones, de suerte que el tipo de acción por él escogida determinará el curso de la controversia y la solución de la misma, a tal punto que una decisión que se salga de esos lineamientos podría vulnerar el principio dispositivo que rige el proceso civil.
Tal limitación, sin embargo, no es irrestricta, porque sólo se refiere a la imposibilidad del juzgador de variar la causa petendi, pero no así el derecho aplicable al juicio, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario. En razón de este postulado, los descuidos, imprecisiones u omisiones en que incurren los litigantes al citar o invocar el derecho aplicable al caso deben ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias. […] En ese sentido, sólo los hechos sobre los que se fundan las pretensiones constituyen la causa petendi, pero no el nomen iuris o título que se aduzca en el libelo, el cual podrá ser variado por el juzgador sin ninguna restricción. […] Por ello, cuando una pretensión se soporta en una causa petendi que puede encuadrarse en cualquiera de las normas atinentes a la responsabilidad extracontractual, el carácter único de la indemnización no puede negarse bajo la excusa de que el actor se equivocó en la elección del precepto aplicable al caso, o en la calificación jurídica del instituto que lo regula. Semejante grado de injusticia e inequidad no ha sido jamás defendido por jurista alguno, ni mucho menos podría llegar a ser admitido por la jurisprudencia. […] La limitación que se impone al demandante de escoger la acción que más se amolde a sus intereses con desconocimiento de la fuente exclusiva que dio origen a la obligación que reclama (non cumul), se predica únicamente entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Pero ningún autor la ha hecho extensiva a las subespecies de la responsabilidad aquiliana, por la sencilla razón de que en éstas el origen fáctico de la controversia no cambia por el hecho de sustentar jurídicamente el libelo en una u otra de las normas que configuran la responsabilidad común por los delitos y las culpas. El carácter común de todos los casos que se rigen por la responsabilidad extracontractual significa, precisamente, que tienen el mismo fundamento fáctico al no derivar tal obligación de un vínculo jurídico concreto y previo entre las partes. […] En cambio, cuando la fuente de la obligación cuyo resarcimiento se reclama es siempre una responsabilidad común extracontractual, no se presenta ni puede presentarse una variación de la base fáctica o mutatio libelli. Aceptar una postura contraria sería tanto como admitir que el actor que invoca como sustento de su pretensión una responsabilidad por culpa probada (art. 2341) tuviera que soportar la negación de su derecho a ser resarcido por el hecho de haber considerado el juzgador que el caso se regía por la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas (2356).31
La decisión merece varios comentarios: a) en virtud del principio iura novit curia, el juez conoce el derecho y puede variarlo o aplicar el correcto, bien que el demandante se equivoque o no lo invoque; b) la causa petendi es el fundamento de la pretensión y el derecho; por tal razón, el juez puede aplicar la fuente o tipo de responsabilidad correcta, con fundamento en los hechos, pero probados, porque de no ser así deviene la absolución; c) aunque no es sustento de la sentencia, el juez, con base en la facultad interpretativa de la demanda, puede aplicar el derecho correcto con fundamento en los hechos concretos, y, de esa manera, desentrañar cuál es la fuente o tipo de responsabilidad correcta; d) los hechos no cambian, independientemente de cuál sea la norma invocada por el demandante que indique cuál es la fuente o tipo de responsabilidad, e) el demandante puede escoger la fuente o tipo de responsabilidad que más se amolde a sus intereses.
Con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia citadas, podemos llegar a las siguientes conclusiones: es fundamental la narración de los hechos que haga el demandante en la demanda, porque a partir de estos, y probados por demás, el juez, en virtud del principio iura novit curia y la interpretación de la demanda, concretamente de los hechos, aplica la fuente o tipo de responsabilidad correcta, bien que el demandante nada haya expresado, ora que haya invocado una de manera errónea. Esto puede ocurrir bien porque se refiera a la fuente (hecho propio, hecho ajeno, hecho con cosas, hecho con animales o actividades peligrosas), ora porque invoque la norma del Código Civil que regula la fuente o tipo de responsabilidad.
Entre varias fuentes o tipos de responsabilidad que se puedan presentar en un evento concreto existen varias alternativas, siempre que encuentren sustento fáctico en la demanda y que los hechos estén probados en el momento de decidir:
a. El demandante escoge de manera expresa la más beneficiosa. Entre hecho ajeno y actividad peligrosa, esta es la más beneficiosa para la víctima toda vez que no tiene que probar la culpa y el demandado únicamente se exonera probando causa extraña.
b. El demandante invoca de manera expresa la que no es beneficiosa para la víctima. Entre hecho ajeno y actividad peligrosa, se invocó en la demanda hecho ajeno. Así, aunque haya una presunción de culpa para el civilmente responsable, debe probar la culpa del directamente responsable; además, el demandado se exonera probando diligencia y cuidado. En esta alternativa se pregunta si el juez puede de oficio aplicar actividad peligrosa, no obstante que de manera expresa el demandante invocó hecho ajeno.
Todo indica que el juez debe aplicar la fuente o tipo de responsabilidad que más beneficie los intereses de la víctima, porque si la misma decisión de la Corte, que se transcribió, indica que no existe limitación al demandante para escoger la acción que más se amolde a sus intereses, mutatis mutandis, el juez también debe decidir con fundamento en la fuente o tipo de responsabilidad que más consulte los intereses de la víctima.
c. El demandante omite invocar la fuente o tipo de responsabilidad. En este caso se puede aplicar la solución propuesta en el numeral anterior. El juez debe acudir a la más beneficiosa para los intereses de la víctima. Si se presenta hecho propio y actividad peligrosa, el juez debe resolver con fundamento en esta última.
A pesar de los planteamientos anteriores, tres problemas de tipo procesal podrían presentar las soluciones cuando el demandante yerra en la fuente o tipo de responsabilidad, o entre varias posibles escoge una de ellas, o bien no invoca ninguna. Veamos:
El primero: Violación del derecho de defensa. Se plantea si se viola el derecho de defensa cuando el demandante invoca una fuente o tipo de responsabilidad, pero el juez falla con fundamento en una distinta. De la misma manera, si el demandante guarda silencio con respecto al tipo o fuente de responsabilidad y el juez falla con la que considere adecuada conforme los hechos probados y la más beneficiosa para la víctima.
Consideramos que no se viola el derecho de defensa toda vez que el problema es de derecho en cuanto a la fuente o tipo de responsabilidad civil extracontractual y su ubicación normativa, pero los hechos expuestos en la demanda y en los que se sustenta la causa petendi son los mismos que el demandado conoció desde la notificación del auto admisorio de la demanda y el traslado de la misma, y de los que tiene derecho a defenderse, además del derecho a proponer excepciones. Con razón afirma la Corte Suprema de Justicia32 que las invocaciones de derecho que hagan las partes no vinculan al juez ni desvirtúan la naturaleza de los hechos, toda vez que la controversia gira en torno a los hechos probados y es el juez quien los califica, no obstante los errores en la demanda. Concluye la Corte que la naturaleza de la pretensión no se deduce de las normas invocadas, sino de los hechos expuestos en la demanda como fundamento de la misma.
El segundo: Prescripción. Podría presentarse la discusión relacionada con la prescripción, en el evento en que el juez falle con fundamento en una fuente o tipo de responsabilidad distinta a la invocada por el demandante, pero entre ambas (la invocada en la demanda y la que sirve de sustento para fallar) el término de prescripción es distinto y el demandado no propuso la excepción de prescripción en la contestación de la demanda.
Ejemplo: El demandante invoca en la demanda hecho propio (artículo 2341 del Código Civil), cuya prescripción es de diez años, y el juez falla con fundamento en hecho ajeno (artículo 2347 del Código Civil), cuya prescripción es de tres. La demanda fue presentada cuatro años después del daño y el demandado no propuso la excepción de prescripción porque consideró que estaba ante la prescripción de diez años. Miremos las alternativas que se presentan:
El juez no puede reconocer oficiosamente la prescripción por expresa prohibición legal. El artículo 282, inciso primero, del Código General del Proceso indica que la prescripción no puede reconocerse de oficio en la sentencia. Por otro lado, el demandado no la propuso como excepción de mérito, que de haber sido así, se habría decidido en sentencia anticipada, conforme el artículo 278, numeral 3.o del Código General del Proceso.
No se convierte en causal de nulidad, toda vez que estas son taxativas y la situación planteada no se ubica en las causales que prescribe el artículo 133 del Código General del Proceso.
No se viola el derecho de defensa con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el ítem anterior, es decir, el demandado conoció los hechos desde la notificación del auto admisorio de la demanda, donde se le entregó o tuvo la oportunidad de reclamarla en el juzgado, copia de la demanda y sus anexos, con el fin de que ejerciera su defensa, presentara o solicitara pruebas y presentara excepciones.
El tercero: Podría argumentarse que se viola la congruencia, al fallar el juez por una fuente o tipo de responsabilidad distinta a la invocada por el demandante en la demanda, por las siguientes razones:
El artículo 281, inciso 2.o, del Código General del Proceso, prescribe: “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta” (la cursiva es del autor). La fuente o tipo de responsabilidad no tiene que ver con la cantidad ni con el objeto33 o la causa34 de la pretensión; por tanto, no afecta la congruencia. Se parte de la base de que los hechos expuestos en la demanda y en los que el juez fundamentó la sentencia son los mismos, porque de no ser así, estaríamos en presencia de un problema de congruencia.
Luego de argumentar para la solución a los tres problemas anteriores, es decir, violación al derecho de defensa, prescripción y congruencia, el juez no tiene obstáculo para proferir la sentencia.
1.5 Responsable
La fuente o tipo de responsabilidad determina quién es el responsable en la responsabilidad civil extracontractual. Si bien la regla general de la responsabilidad civil extracontractual enseña que quien ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, será la fuente o tipo de responsabilidad civil extracontractual la que determine quién es el responsable, con fundamento en los hechos.
En la responsabilidad por hecho propio el responsable es quien haya causado el daño y principalmente cuando al demandado se le deba probar la culpa.
En la responsabilidad por hecho ajeno el responsable es quien tiene a otra persona bajo su dependencia o cuidado y que causa el daño.
En la responsabilidad por el hecho de las cosas el responsable varía dependiendo de la situación. Si el daño es causado por ruina de edificio por vicios de construcción, el responsable es el empresario constructor. Si el daño es causado por ruina de edificio por omitir las reparaciones necesarias, el responsable será el propietario del edificio. Si el daño es causado por cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio, los responsables serán todas las personas que habiten la misma parte del edificio.
En la responsabilidad por el daño causado por animales el responsable será el dueño del animal, el que se sirve del animal o el tenedor del animal, dependiendo de si el daño es causado por animal fiero o no fiero.
En la responsabilidad por daños causados en ejercicio de actividades peligrosas el responsable será el guardián de la actividad peligrosa, es decir, la persona que en el momento del evento dañoso tuviera la dirección, el control y el manejo de la actividad.
1.6 Prescripción
La fuente o tipo de responsabilidad determina la prescripción. La regla general de prescripción en la responsabilidad civil extracontractual es de diez años, con una única excepción, regulada por el artículo 2358 del Código Civil, de tres años cuando se trata de la fuente de responsabilidad por hecho ajeno. Es decir, que cuando el daño es causado por una persona que está bajo el cuidado o en situación de dependencia de otra, y esa otra es persona natural o jurídica, la prescripción es de tres años, no para quien estaba en situación de dependencia o cuidado, sino para quien tenía el cuidado.
Así las cosas, podemos concluir que en las fuentes o tipos de responsabilidad civil extracontractual la prescripción es de diez años, excepto en la responsabilidad por hecho ajeno, que es de tres años.
1.7 Criterio de imputación
La fuente o tipo de responsabilidad determina el criterio de imputación (imputatio iuris). En los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, además del hecho, sin encuadramiento aún en las fuentes o tipos de responsabilidad, del nexo de causalidad o imputación fáctica o normativa, y del daño, se encuentra la imputación jurídica o imputatio iuris. En esta se comprende el juicio de atribución o imputación a través del cual se decide por cuáles comportamientos una persona puede ser responsable. Para realizar el juicio, se acude a unos criterios subjetivos, como el dolo o la culpa, esta probada o presunta; y objetivos, como el riesgo.
A cada fuente o tipo de responsabilidad corresponde un criterio de imputación, podríamos decir de manera obligatoria, aunque en algunos casos con disparidad de criterios, así:
Hecho propio, corresponde la culpa probada.
Hecho ajeno, corresponde la culpa presunta.
Hecho con cosas, depende de la alternativa. Ruina de edificio por vicio de construcción, corresponde la culpa presunta. Ruina de edificio por omitir las reparaciones necesarias, corresponde la culpa presunta o la culpa probada, dependiendo de la posición. Cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio, corresponde el riesgo o la culpa presunta, dependiendo de la posición.
Hecho con animales, depende de si el daño es causado por animal fiero o no fiero. Si es causado por animal no fiero, corresponde la culpa presunta. Si el daño es causado por animal fiero, corresponde el riesgo o culpa presunta, dependiendo de la posición.
Si el daño es causado en ejercicio de actividades peligrosas, corresponde el riesgo o la culpa presunta, dependiendo de la posición.
1.8 Carga de la prueba
La fuente o tipo de responsabilidad determina la carga de la prueba con respecto al criterio de imputación y la exoneración de responsabilidad. En la responsabilidad civil extracontractual se verifica la carga de la prueba con respecto al criterio de imputación para el demandante y en relación con la exoneración de responsabilidad para el demandado, y todo depende de la fuente o tipo de responsabilidad. Se aclara que en todas las fuentes o tipos de responsabilidad civil extracontractual la causa extraña exonera, pero no en todas exonera también la diligencia y el cuidado; solo en algunas, como se verá.
En la fuente o tipo de responsabilidad por hecho propio, al demandante le corresponde probar la culpa o el dolo del demandado, y de no hacerlo, la consecuencia es la absolución. Al demandado le quedan dos opciones: que el demandante no pruebe la culpa o probar diligencia y cuidado.
En la fuente o tipo de responsabilidad por hecho ajeno el demandante tiene que probar la culpa del directamente responsable, y una vez probada, se presume la culpa del civilmente responsable, y el demandado se exonera probando diligencia y cuidado.
En la fuente o tipo de responsabilidad por hecho de las cosas, depende de la alternativa. Ruina de edificio por vicios de construcción: el demandante no tiene que probar la culpa y el demandado se exonera probando causa extraña. Ruina por omitir las reparaciones necesarias: opinión dividida entre culpa probada y culpa presunta, y el demandado se exonera probando causa extraña. Cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio: el demandante no tiene que probar la culpa y el demandado únicamente se exonera con causa extraña.
En la fuente o tipo de responsabilidad por el daño causado por animales, la carga de la prueba depende de si es por animal no fiero o animal fiero. En daño causado por animal no fiero el demandante no tiene que probar la culpa y el demandado se exonera si prueba diligencia y cuidado. En daño causado por animal fiero el demandante no tiene que probar la culpa y el demandado únicamente se exonera de responsabilidad probando causa extraña.
En la fuente de responsabilidad por actividades peligrosas el demandante no tiene que probar la culpa y el demandado únicamente se exonera probando causa extraña.
1.9 Determinación de la existencia del nexo causal
Los hechos que sirven de soporte para determinar la fuente o tipo de responsabilidad son la base para determinar la existencia del nexo de causalidad. Uno de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual es el nexo de causalidad, en su división de causalidad física y causalidad jurídica. El soporte fundamental para determinar su existencia son los hechos, además de cualificados porque se requiere saber previamente quién es el eventual responsable para poder atribuirle el daño.
La Corte Suprema de Justicia, en una importante sentencia, dejó claro que el análisis del nexo de causalidad es una cuestión de hecho y con sustento en los hechos; además, que la causalidad puede ser física y jurídica, pero siempre jurídica.
Los hechos sometidos a juzgamiento se relacionan con los supuestos perjuicios (daño emergente, morales y lucro cesante) padecidos por un trabajador que sufrió daño cerebral, denominado médicamente hipoxia cerebral severa, atribuido a exceso de trabajo y estrés laboral. Se concluyó que no se acreditó la existencia del nexo causal entre la circunstancia que se adujo como origen del daño y el resultado lesivo cuyo resarcimiento se reclama:
En todo caso, las consideraciones del ad quem respecto de la inexistencia del nexo de causalidad son un asunto que –en el contexto de la causal primera de casación– está relacionado con cuestiones de hecho y no de derecho, porque la inferencia lógica que permite establecer que un suceso es consecuencia de otro hace parte de la formulación de un enunciado fáctico, dado que esa labor consiste en hallar las regularidades de la causalidad natural a fin de poder identificar los hechos que posteriormente conformarán la premisa menor del argumento que sustente la decisión, sin que hasta ese momento intervenga para nada la determinación de las bases jurídicas esenciales a las que el fallo tiene que ajustarse. […] Como puede observarse, la fijación del nexo de causalidad es la labor del juez que permite identificar los hechos que revisten verdadera trascendencia normativa y que, posteriormente, harán parte de la premisa menor del silogismo jurídico; por lo que su estudio atañe a circunstancias de facto, es decir a una reconstrucción histórica de los supuestos de hecho que surgen del caudal probatorio recopilado en la actuación. Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil.35
1.10 Fundamento para la imputación del daño
Los hechos que sirven de soporte para determinar la fuente o tipo de responsabilidad son el fundamento para imputar normativamente el daño. En el ítem anterior se hizo referencia al nexo de causalidad, sobre todo a la causalidad jurídica, para atribuir el daño a una persona natural o jurídica con fundamento en la teoría de la causalidad adecuada, en la llamada teoría tradicional.
En el año 2016, la Corte Suprema de Justicia replanteó los elementos de la responsabilidad civil, entre ellos el nexo de causalidad, para afirmar que la atribución del daño a una persona natural o jurídica se hace desde el plano normativo y no desde el naturalístico. Cuando se presenta la causalidad física no es suficiente, y cuando no se presenta no es necesaria, siempre se requiere la atribución normativa y la Corte marca las pautas para atribuir normativamente el daño.
Se condenó a una clínica por los perjuicios causados al cónyuge y a la hija de una mujer que falleció por la indebida y deficiente atención médica. La atribución del daño a la entidad demandada se hizo con fundamento en la obligación de prestación de una atención en salud de calidad que la Ley 100 de 1993 impuso a las organizaciones proveedoras de servicios médicos y no con fundamento en la teoría tradicional de la causalidad adecuada:
La imputación, por tanto, parte de un objeto del mundo material o de una situación dada pero no se agota en tales hechos, sino que se configura al momento de juzgar: el hecho jurídico que da origen a la responsabilidad extracontractual sólo adquiere tal estatus en el momento de hacer la atribución. El imputante, al aislar una acción entre el flujo causal de los fenómenos, la valora, le imprime sentido con base en sus preconcepciones jurídicas, y esa valoración es lo que le permite seleccionar un hecho relevante según el sistema normativo para efectos de cargarlo a un agente como suyo y no a otra causa. […] De manera que una persona puede originar un hecho desencadenante de un daño y, sin embargo, el nexo causal por sí solo resulta irrelevante para endilgarle ese hecho como suyo; como bien puede ocurrir que la autoría del hecho lesivo deba ser asumida por quien no tuvo ninguna intervención o injerencia física en el flujo de eventos que ocasionaron el daño. La atribución de un resultado lesivo a un sujeto, en suma, no depende en todos los casos de la producción física del perjuicio, porque el hecho de que una persona ocasione directamente un daño a otra no siempre es necesario y nunca es suficiente para cargárselo a su cuenta como suyo. […] Las pautas de atribución de un hecho a un agente, en suma, se infieren a partir de los deberes de acción que impone el ordenamiento jurídico, como por ejemplo las normas de familia que asignan obligaciones de ayuda mutua entre los cónyuges; o a los padres, tutores y curadores hacia los hijos u otros sujetos bajo su cuidado; los deberes de protección a cargo del empleador; las obligaciones de seguridad de los establecimientos comerciales y hospitalarios; la obligación de prestación de una atención en salud de calidad que la Ley 100 de 1993 impuso a las organizaciones proveedoras de servicios médicos; las situaciones que consagran los artículos 2343 y siguientes del Código Civil; o las que ha establecido la jurisprudencia, tales como el concepto de “guardián de la cosa”36 (la cursiva es del autor).
Aunque no es objeto de este trabajo, pues será tema de un escrito posterior relacionado con la evolución del nexo de causalidad y la imputación en la responsabilidad civil extracontractual, por ahora, para mejor comprensión del lector, se dejan sentadas las siguientes precisiones:
Los aspectos comunes que surgen en los dos numerales anteriores (1.9 y 1.10) son los siguientes: 1) en ambos se plantea la existencia de causalidad física; 2) en ambos se plantea que no todos los hechos tienen relevancia jurídica, por lo cual habrá de hacerse un proceso de selección de los que son de relevancia jurídica; 3) en ambos se plantea que se puede atribuir el daño a una persona, no obstante que no haya tenido influencia causal en el resultado; 4) en ambos se plantea que se puede atribuir el daño a una persona de acuerdo con la selección de los hechos que tengan relevancia jurídica.
Las diferencias entre los dos numerales anteriores son las siguientes: 1) en el primero la atribución del daño a una persona se realiza a través de la causalidad jurídica y esta a su vez se configura con la teoría de la causalidad adecuada. En el segundo la atribución del daño a una persona se realiza a través de la atribución normativa, y esta a su vez se configura con fundamento en preconcepciones jurídicas y los deberes de acción u omisión que impone el ordenamiento jurídico; 2) el proceso de selección de los hechos que son de relevancia jurídica en el primero se encuentra impregnado de una serie de valores culturales que permiten escoger, de entre una serie de hechos, solo aquellos que resultan verdaderamente relevantes, con fundamento en las reglas de la experiencia, los juicios de probabilidad y el sentido de la razonabilidad. El proceso de selección de los hechos que son de relevancia jurídica en el segundo se determina, entre otros, por las situaciones que consagran los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, incluido el concepto de guardián de la cosa o la actividad.37
Como dato curioso, se puede observar que ambas decisiones tienen al mismo magistrado como ponente, aunque la argumentación desde el punto de vista jurídico es diametralmente opuesta.
1.11 Responsabilidad objetiva o subjetiva
La fuente o tipo de responsabilidad va a determinar si la responsabilidad civil extracontractual es objetiva o subjetiva. Independientemente de la controversia que en la historia de la responsabilidad civil extracontractual ha existido con respecto a la responsabilidad objetiva y subjetiva, se puede hablar de responsabilidad civil extracontractual objetiva o subjetiva. Todo depende de si el demandante tiene que probar la culpa o el dolo o no, o si el demandado tiene que probar causa extraña o basta con la prueba de diligencia y cuidado.
En este apartado no se hace referencia a los eventos en que se presume la culpa, sino a si el demandante tiene que probar la culpa.
En el numeral 2.8 se expusieron las alternativas con respecto a la carga de la prueba relacionada con el criterio de imputación y la forma en que el demandado se exonera de responsabilidad, que sirven de guía para lo que se expone a continuación.
Podemos hablar de responsabilidad extracontractual subjetiva en el hecho propio, el hecho ajeno y el daño causado por animal no fiero. En estas fuentes o tipos de responsabilidad de alguna manera la culpa se tiene en cuenta, bien en el extremo del demandante, ora del demandado, pero debe analizarse. En el hecho propio el demandante debe probar la culpa y el demandado se puede exonerar probando diligencia y prudencia. En el hecho ajeno el demandante debe probar la culpa de la persona que estaba bajo cuidado o dependencia; además, se presume la culpa de la persona que tenía la dependencia o el cuidado del que causó el daño. Pero también el demandado puede exonerarse de responsabilidad, si prueba diligencia y prudencia. En el daño causado por animal no fiero el demandado se exonera probando diligencia y prudencia.
En cambio, hablamos de responsabilidad extracontractual objetiva en las actividades peligrosas, daño causado por animal fiero, daño causado por ruina de edificio por vicios de construcción y por omitir las reparaciones necesarias, y daño con cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio. En los eventos anteriores el demandante no tiene que probar la culpa y el demandado únicamente se exonera probando causa extraña. Para nada interesa el análisis de la culpa, al demandante no se le exige que la pruebe, y al demandado no le bastan la diligencia y la prudencia para exonerarse de responsabilidad.
1.12 Conclusión
Podemos concluir con lo analizado en esta primera parte que nos equivocamos cuando creemos que lo fundamental en la responsabilidad civil extracontractual son los elementos que la estructuran, es decir el hecho, el nexo de causalidad o imputación normativa, el daño y la imputación jurídica o reproche culpabilístico. El punto de partida de todo el andamiaje de la responsabilidad civil extracontractual son los hechos, inicialmente sin calificación alguna, y posteriormente, encuadrándolos en alguna de las especies o tipos de responsabilidad.
El hecho sin calificación alguna es uno de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, pero a la vez es fundamental para determinar si existe o no el nexo de causalidad. La calificación de esos hechos permite determinar la clase o tipo de responsabilidad civil extracontractual, y una vez establecida la clase o tipo de responsabilidad, se tiene claridad con respecto a quién es el eventual responsable, la prescripción, el criterio de imputación jurídica, a quién le compete la carga de la prueba de la imputación jurídica y si la responsabilidad es objetiva o subjetiva.
Así las cosas, el hecho es fundamental en la responsabilidad civil extracontractual, es el punto de partida de toda su estructura, y por eso es un elemento imprescindible, así como lo son el nexo de causalidad, el daño o la imputación.
2. Responsabilidad por hecho propio
En la primera parte se analizó la importancia que para la responsabilidad civil extracontractual tienen los hechos que, sin calificación alguna, son uno de sus elementos. Una vez calificados, esos hechos determinan la clase o tipo de responsabilidad.
Las clases o tipos de responsabilidad civil extracontractual son las siguientes: hecho propio, hecho ajeno, hecho con cosas, hecho con animales y hechos con actividades peligrosas. Se inicia con la responsabilidad por hecho propio.
El artículo 234138 del Código Civil regula el fundamento normativo de la responsabilidad por hecho propio. Además, el primer inciso del artículo 2347 ibidem prescribe que “toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado” (la cursiva es del autor).
La responsabilidad por hecho propio se constituye en fundamento esencial del régimen nacional en materia de responsabilidad civil extracontractual,39 es el régimen común y básico de la responsabilidad.40 También podemos afirmar que la responsabilidad por hecho propio es la regla general de responsabilidad civil extracontractual, y las demás especies o tipos aplican de manera especial en la medida en que se configuren los elementos que las estructuran. Es decir que si no se presenta hecho ajeno, hecho con cosas, hecho con animales o actividades peligrosas, se aplica hecho propio, siempre que se configuren los elementos: hecho, nexo de causalidad, daño y culpa.
No obstante lo afirmado en el párrafo anterior –en el sentido de que si no se presenta un tipo de responsabilidad especial, es la regla general la llamada a funcionar–, la responsabilidad por hecho propio no tiene carácter residual ni subsidiario. En primer lugar, no tiene carácter residual porque si bien se pueden configurar otro u otros tipos de responsabilidad a la vez, no se exige al demandante que obligatoriamente acuda primero a ese o esos otros y no al hecho propio.
Ejemplo: Si se presenta hecho propio, hecho ajeno y actividad peligrosa, bien puede el demandante encausar la demanda por hecho propio y no por hecho ajeno o actividad peligrosa. En segundo lugar, no tiene carácter subsidiario porque no se entra en la discusión acerca de si existen o no otros tipos de responsabilidad.
Así las cosas, aunque se pueda estructurar otro tipo de responsabilidad, junto con el hecho propio, nada impide que el demandante de manera expresa opte por el hecho propio, es decir, culpa probada.41 De todas maneras se deja claro que en el evento en que concurren varios tipos de responsabilidad, incluido el hecho propio, unos tienen más ventajas para la víctima, por lo que será ese el parámetro para la escogencia.
Ejemplo: Entre hecho propio, hecho ajeno y actividad peligrosa, la más negativa para la víctima (demandante) es hecho propio, porque debe probar la culpa, además de que el demandado se puede exonerar probando diligencia y cuidado. Después le sigue hecho ajeno, ya menos negativa, porque la culpa se presume para el civilmente responsable, aunque debe probar la culpa del directamente responsable. En tercer lugar, la más favorable para la víctima es actividad peligrosa porque el demandante no tiene que probar la culpa y el demandado únicamente se exonera probando causa extraña.
Lo anterior sin perjuicio de que concurran varios tipos de responsabilidad porque existe solidaridad y son varios los demandados. Es decir, una o varias personas son demandadas por un tipo de responsabilidad y otra u otras son demandadas por otro tipo de responsabilidad, en la misma demanda y de manera solidaria.
A la responsabilidad por hecho propio también se le conoce como responsabilidad directa, porque supuestamente la persona responsable es la que directamente causa el daño. En este punto proceden los siguientes interrogantes acerca de por qué es responsabilidad por hecho propio o responsabilidad directa: 1) ¿porque el demandado es el que causa el daño de manera directa?, 2) ¿porque no se estructuran o se presentan otros tipos de responsabilidad?, 3) ¿porque al demandado se le debe probar la culpa o el dolo?
Con respecto al primer interrogante –que es responsabilidad por hecho propio o directa porque el demandado es el que causa de manera directa el daño mediante el empleo de sus músculos corporales– la respuesta afirmativa debe descartarse42 toda vez que puede configurarse la responsabilidad por hecho propio sin que el demandado haya causado de manera directa el daño. De exigirse siempre esta condición, se volvería al derecho romano, concretamente a la ley aquilia, una de cuyas características era la siguiente:
El daño tenía que ser Corpore, es decir, tenía que causarse directamente con el cuerpo de la persona ofensora, haber tenido contacto directo con la esclava o esclavo, cuadrúpedo o res. Así, no se indemnizaban los daños causados por omisión, o los que afectaran bienes inmateriales. Significa lo anterior, que no se indemnizaba lo que se conoce hoy como perjuicios inmateriales. Tampoco tenía aplicación la responsabilidad por hecho ajeno, toda vez que el civilmente responsable no tenía contacto directo con la persona, animal o cosa dañada.43
Así las cosas, en la responsabilidad por hecho propio, el daño bien puede causarse de manera directa por el demandado, por una cosa de la cual este es su guardián, por una persona que está bajo su cuidado o por un animal del cual es propietario o tenedor.
Ejemplos: 1) La persona que lesiona a otro con puños o utilizando armas, 2) la persona que coloca ciertos materiales sin la debida seguridad, estos caen y lesionan a una persona, 3) los padres que se enteran de que su hijo menor realiza juegos peligrosos con fuego, no intervienen para que el menor cese su actividad y esta causa daño a un amigo, y 4) el tenedor de un perro que da la orden para que ataque y muerda a una persona o a otro animal.
En los casos anteriores se configura la responsabilidad por hecho propio, a pesar de que la legitimación en la causa por pasiva recae en una persona que no causó el daño de manera directa.
Con respecto al segundo interrogante, esto es, porque no se estructuran o se presentan otros tipos de responsabilidad, también debe descartarse la respuesta afirmativa. Se analizó atrás que la responsabilidad por hecho propio no tiene carácter residual ni subsidiario. Se aclara que hay eventos dañosos en los que únicamente se presenta el hecho propio.
Ejemplo: Una persona que sufre caída en un centro comercial y se fractura, porque el piso estaba húmedo y la persona que hacía aseo no había colocado las señales de alerta. Acá se aplica hecho propio por obvias razones, porque es el único tipo de responsabilidad, pero si se presentan varios tipos de responsabilidad, no se puede descartar la aplicación de hecho propio.
En relación con el tercer interrogante, esto es, porque al demandado se le debe probar la culpa, hay que decir que la respuesta afirmativa es la más acorde con la responsabilidad por hecho propio, y lo de propio no es tanto porque haya causado el daño de manera directa o personal, porque pudo no haber sido de ese modo, sino porque al demandado se le debe probar la culpa o el dolo.44 Es el comportamiento directo del demandado el que se reprocha, independientemente de que otra persona haya causado el daño.
Así las cosas, los criterios de imputación en la responsabilidad por hecho propio son el dolo o la culpa probada.
Además de los argumentos explicitados en los párrafos anteriores, estamos de acuerdo con lo que presenta Valencia Zea45 en el sentido de que se tienen como modos principales de hecho propio los que el hombre pone en obra mediante el empleo de sus músculos corporales, los que desarrolla mediante el empleo de armas o instrumentos, los que se causan en ejercicio de nuestros derechos y, en general, todas las demás conductas consideradas como delitos en el Código Penal y que originan la obligación de reparar los perjuicios.
Un aspecto importante que vale mencionar en este acápite está relacionado con los herederos del causante del daño. El artículo 2343 del Código Civil prescribe: “Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos”.
Ejemplo: El conductor de un vehículo particular que invade un carril y causa daño a otro vehículo y la muerte a los ocupantes de ese otro vehículo, pero que a la vez fallece. Los interrogantes que surgen son los siguientes: 1) ¿la demanda contra los herederos del causante del daño es a través del tipo de responsabilidad hecho propio, 2) ¿la demanda contra los herederos del causante del daño es a través del tipo de responsabilidad que habría podido invocarse en caso de que el causante del daño no hubiese fallecido?
Consideramos que no pueden alterarse las reglas y debe existir la coherencia entre los hechos y el tipo de responsabilidad civil extracontractual que sea procedente invocar en la demanda, una vez calificados los hechos. De esta manera, los herederos deben ser demandados por la o las mismas fuentes o tipos de responsabilidad procedentes en el caso de que el causante del daño no hubiese fallecido, con las consecuencias que se derivan, esto es, carga de la prueba, prescripción, criterio de imputación, etc. No puede el demandante escoger a su arbitrio la fuente o tipo de responsabilidad. Prácticamente los herederos ocupan el lugar y son continuadores de la personalidad jurídica del causante del daño, que falleció.
Así las cosas, para que prospere la responsabilidad por hecho propio se deben probar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual: hecho, nexo de causalidad, daño y culpa o dolo.
3. Responsabilidad por hecho ajeno
Otro de los tipos de responsabilidad civil extracontractual es la responsabilidad por el daño causado por personas que están bajo el cuidado, a cargo o en situación de dependencia de otras. En este tipo de responsabilidad una persona es la que causa el daño, pero la obligación de reparar recae en otra persona bajo cuyo cuidado, cargo o dependencia estaba quien causó el daño. También se conoce como responsabilidad indirecta, refleja o por hecho de tercero, pero el punto central es que una persona causa el daño y otra debe reparar, aunque en ciertas situaciones, como se verá más adelante, el que causa el daño también puede ser demandado.
Si bien se afirma que nos ubicamos ante este tipo de responsabilidad cuando una persona es la que causa el daño, pero otra es la que debe reparar, se debe descartar que no se presenten otro u otros tipos de responsabilidad en los que también una persona es la que causa el daño y otra debe reparar, pero en circunstancias distintas. Por ejemplo, el hijo menor de edad que habita con sus padres, tiene diecisiete años y participa en tres situaciones distintas. La primera, empuja a un amigo por las escaleras, este cae y se lesiona. La segunda, conduce el vehículo de su padre y causa un daño. La tercera, pasea un perro potencialmente peligroso, de la casa, sin bozal, y este muerde a una persona. En los tres casos anteriores tenemos un elemento común y es que el daño se le reprocha, en principio, a un menor de edad, pero surgen tres tipos de responsabilidad civil extracontractual: hecho ajeno, actividades peligrosas y daño causado por animales, respectivamente.
En los eventos anteriores se presentan las mismas alternativas que se analizaron en la parte primera de este trabajo, relacionadas con la presencia de varias fuentes o tipos de responsabilidad en un mismo daño, y queda el demandante con la facultad de escoger el tipo de responsabilidad más favorable para sus intereses, o el juez de oficio lo debe hacer. Lo importante, el punto central, es que en la responsabilidad por hecho ajeno siempre deberán existir dos personas, una que causa el daño y otra que debe reparar por la conexión con la anterior, como consecuencia de estar la primera bajo el cuidado, a cargo o en situación de dependencia frente a la segunda.
El fundamento normativo de la responsabilidad por hecho ajeno está en los artículos 2346, modificado por el artículo 60 de la Ley 1996 de 2019,46 y 2347,47 234848 y 234949 del Código Civil. En las cuatro normas anteriores encontramos que una persona causa el daño, pero a otra se le impone la obligación de reparar el perjuicio.
3.1 Fundamento de la responsabilidad por hecho ajeno y aclaraciones previas
El fundamento de esta responsabilidad está cimentado, en palabras de la Corte Suprema de Justicia,50 en tres argumentos fundamentales. El primero es la necesidad de indemnizar a la víctima por parte de las personas que, por razón de su autoridad, tienen el deber de vigilancia sobre los actos de otros que por su debilidad física o patrimonial no están en capacidad de responder íntegramente por los daños que ocasionan. El segundo es la exigencia de encontrar responsable del daño a quien se considera que ha permitido o tolerado que la persona que está bajo su cuidado actúe con torpeza en el comercio jurídico. El tercero es una garantía que ofrece la ley a los damnificados, a causa de esa debilidad física o patrimonial de quien causa el daño.
Si bien no existe controversia en cuanto al fundamento de este tipo de responsabilidad, sí resulta conveniente realizar algunas aclaraciones previas.
¿La responsabilidad por hecho ajeno es en el fondo responsabilidad por hecho propio? La doctrina51 plantea que la responsabilidad por hecho ajeno, en últimas, es por hecho propio. El argumento unánime es que al civilmente responsable se le presume culpable de la falta de cuidado, y por tal razón es una falta propia y suya.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia52 concluye que el denominado indirectamente responsable por el hecho de otro responde en realidad por una falta suya, propia y distinta de la del vigilado o educando.
Podría pensarse, con los argumentos expuestos, que el civilmente responsable lo es por hecho propio al atribuírsele una falta suya y propia, pero no es así por cuatro razones fundamentales. La primera es que la responsabilidad por hecho ajeno se debe a que el daño es causado por una persona distinta de aquella a quien se le impone la obligación de reparar. La segunda es que si bien se presume la culpa del civilmente responsable porque se presume que ha cuidado mal, no se trata de una culpa probada, que sí se requiere para la responsabilidad por hecho propio. La tercera es que el artículo 2352 del Código Civil establece la acción de repetición del civilmente responsable contra el directamente responsable, es decir, contra quien causó el daño, por el valor pagado por aquella. Así las cosas, si el civilmente responsable respondiera por hecho propio, es decir, por su propia culpa, no tendría sentido ni explicación la facultad que le confiere la ley para repetir contra el directamente responsable. Tan cierta es la afirmación anterior que el mismo artículo 2352 ibidem condiciona la acción de repetición siempre que el causante del daño sea capaz de cometer delito o culpa, conforme el artículo 2346. El artículo 2346 prescribe que los menores de doce años no son capaces de cometer delito o culpa, pero serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudiere imputárseles negligencia. Es decir, se debe probar la culpa, y así nos ubicamos en hecho propio. La cuarta es la garantía que fundamenta la responsabilidad por hecho ajeno a favor de las víctimas de daños causados por personas que dada su debilidad física o patrimonial no podrán reparar.
3.2 Reglas generales de la responsabilidad por hecho ajeno
Alrededor de la responsabilidad por hecho ajeno giran una serie de temas comunes, que tienen aplicación de manera general, independientemente de si se trata de la regla general o de los casos típicos y especiales.
3.2.1 Existen un directamente responsable y un civilmente responsable
La característica fundamental en la responsabilidad por hecho ajeno es que una persona que está bajo el cuidado o en situación de dependencia de otra causa el daño, y se le impone a esa otra persona la obligación de reparar el perjuicio. Lo anterior descarta que se pueda invocar responsabilidad por hecho ajeno cuando el daño es causado por animales, por cosas o actividades peligrosas.
A quien causa el daño se le llama directamente responsable y a quien está obligado a reparar se le llama civilmente responsable. Si estamos en las hipótesis del artículo 2346 del Código Civil, desaparece esta división, toda vez que los menores de doce años no cometen culpa y no pueden ser responsables.
3.2.2 Regla general, aplica la responsabilidad por hecho ajeno a personas naturales
En la responsabilidad por hecho ajeno el civilmente responsable debe ser persona natural, de manera muy excepcional puede ser persona jurídica.
La lógica de que debe ser persona natural estriba en que, si el daño es causado por un trabajador de la persona jurídica, la responsabilidad es directa o por hecho propio u otro tipo de responsabilidad, por ejemplo, hecho de las cosas o actividad peligrosa, pero no por hecho ajeno.
Si la regla en la responsabilidad por hecho ajeno es que quien causa el daño está bajo el cuidado, la guarda o la dependencia de otra, siempre que se cumpla esta regla, el civilmente responsable podrá ser una persona natural o jurídica. Así las cosas, una persona jurídica puede ser civilmente responsable y responder por hecho ajeno, siempre que, en el momento de causarse el daño por una persona natural, esté al cuidado de la persona jurídica. Se puede afirmar que si el daño es causado por un trabajador o dependiente de la persona jurídica, se descarta de plano la aplicación de la responsabilidad por hecho ajeno. Podemos citar varios ejemplos: 1) El estudiante de escuela o colegio que causa daño a un tercero, 2) el paciente de un hospital que causa daño a un tercero. En ambos eventos se trata de una persona jurídica que tiene bajo cuidado a una persona que causa daño a un tercero.53
En la sentencia del 30 de junio de 1962, la Corte concluyó y unificó que la persona jurídica responde de manera directa “por ser los actos de los agentes, sus propios actos”.54 Los agentes son sus trabajadores, cualesquiera que sean, razón de más para concluir que si el daño no es causado por un trabajador, en ejercicio de sus funciones o por razón de estas, sino que es causado por una persona que estaba bajo el cuidado de la persona jurídica, perfectamente se puede aplicar hecho ajeno.
Presentadas así las cosas, consideramos que sí es factible que la persona jurídica sea civilmente responsable, es decir, que responda por hecho ajeno cuando se presenten las condiciones reseñadas.
3.2.3 Atipicidad y tipicidad en la responsabilidad por hecho ajeno
En cuanto a los requisitos para que se configure la responsabilidad por hecho ajeno, esta debe analizarse desde dos alternativas. La primera es la cláusula general de responsabilidad por hecho ajeno. La segunda son las reglas específicas de responsabilidad por hecho ajeno.
En la redacción del artículo 2347 del Código Civil se distingue claramente que contiene una regla general y unos casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno. La primera parte del artículo 2347 del Código Civil prescribe: “Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado” (la cursiva es del autor). Se convierte en regla general o, si se quiere, de atipicidad porque en principio basta probar que el causante del daño se encontraba bajo el cuidado de otro para que se configure la responsabilidad por hecho ajeno.
Pero en el artículo 2347 del Código Civil también se encuentra la siguiente redacción:
Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.
Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso (la cursiva es del autor).
Los anteriores casos son los llamados típicos de responsabilidad por hecho ajeno, porque de manera expresa se hace alusión a algunos supuestos de responsabilidad por el hecho de otro.
De lo dicho se tiene, entonces, que la lista del artículo 2347 del Código Civil no es taxativa, es enunciativa por el adverbio así que utiliza en cada caso. Si no se hubiese querido utilizar los casos típicos como ejemplo, de todas maneras la responsabilidad por hecho ajeno tiene vigencia por la regla general, esto es, el causado por las personas que están bajo cuidado.
3.2.4 Requisitos de la responsabilidad por hecho ajeno
Acorde con lo expuesto en el numeral anterior, los requisitos para que prospere la pretensión cuando se invoca hecho ajeno dependen de si se trata de la regla general o los casos típicos. En cuanto a la regla general, la doctrina55 y la Corte Suprema de Justicia establecen que son dos requisitos:
En esas condiciones, es dable concluir que tratándose de la responsabilidad civil por el hecho de otra persona, el tercero está obligado a indemnizar cuando se encuentran demostrados los presupuestos generales que configuran la responsabilidad extracontractual, a saber, el hecho, el daño y el nexo de causalidad entre uno y otro, por un lado, y por el otro la relación de dependencia con el causante del daño, relación de dependencia que, como se ha explicado a espacio líneas atrás, no habrá de estar ligada en forma concreta a una clase especial de contrato, sino que supone, única y exclusivamente, una situación de autoridad o de subordinación adecuada.56
De manera que el demandante debe probar que el directamente responsable ha causado un daño y que se presentan los elementos de la responsabilidad civil extracontractual; además, la relación de cuidado o dependencia entre el directamente responsable y el civilmente responsable.
Si se trata de los casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno, además de la prueba de que el directamente responsable ha causado un daño, se deben probar los elementos de acuerdo con el caso típico de responsabilidad.
3.2.5 Responsabilidad del directamente responsable
Existe unanimidad en la doctrina57 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia58 en el sentido de que el directamente responsable debe ser una persona con capacidad para la responsabilidad civil extra-contractual, pero no basta con eso, sino que debe quedar establecido en el proceso en contra del civilmente responsable que se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual para el directamente responsable; estos son el hecho, el nexo de causalidad, el daño y la imputación (dolo o culpa probada).
Conforme lo expuesto en el párrafo anterior, surgen tres interrogantes: 1) ¿se debe probar la responsabilidad del directamente responsable?, 2) ¿se debe probar la culpa del directamente responsable, 3) ¿el directamente responsable tiene que ser demandado para poder probarle la responsabilidad? No necesariamente el directamente responsable tiene que ser demandado, pero, bien sea que se demande o no, en el proceso tiene que probarse que ha cometido una culpa o dolo, porque el daño pudo haber sido causado con dolo o culpa por parte del directamente responsable.
3.2.6 Presunción de culpa en contra del civilmente responsable
Probados la culpa o el dolo del directamente responsable, los lazos de cuidado o dependencia y los elementos que la configuran en los casos típicos, surge la presunción de culpa en contra del civilmente responsable. La presunción es de no haber cuidado o dirigido bien al directamente responsable.
En la actualidad se descartan los conceptos de culpa in eligendo y culpa in vigilando (culpa en la elección y culpa en la vigilancia) por parte del directamente responsable y como fundamento de la responsabilidad por hecho ajeno.
3.2.7 Solidaridad entre el directamente responsable y el civilmente responsable
Es factible que se demande al directamente responsable y al civilmente responsable solidariamente, conforme el artículo 2344 del Código Civil. Se argumentó que uno de los requisitos para que proceda la responsabilidad por hecho ajeno es que el directamente responsable tenga capacidad para cometer delito o culpa, es decir, que tenga al menos doce años. Así, se excluye la solidaridad cuando el causante del daño sea menor de doce años.
Si se decide por la solidaridad, al directamente responsable tiene que demandársele por hecho propio y al civilmente responsable por hecho ajeno, lo que implica que se pruebe la culpa del directamente responsable y se presuma la del civilmente responsable. Además, la prescripción en ambos eventos es distinta. Para el directamente responsable es de diez años y para el civilmente responsable es de tres años, sea persona natural o jurídica.
3.2.8 Acción de repetición del civilmente responsable en contra del directamente responsable
El artículo 235259 contempla la posibilidad de que el civilmente responsable repita lo que pagó en contra del directamente responsable, siempre que se configuren los presupuestos que la norma establece.
Por obvias razones, se descarta la acción de repetición en los casos en que el causante del daño sea menor de doce años.
3.2.9 Edad del civilmente responsable
El Código no se refiere a la edad del civilmente responsable, pero de manera expresa indica que el directamente responsable debe ser persona capaz de cometer delito o culpa.
Nada se opone a que el civilmente responsable sea persona menor, lo importante es que tenga capacidad para cometer delito o culpa. Ejemplos: 1) Un empleador persona natural de diecisiete años, cuyo trabajador causa daño, 2) un padre o madre menor de edad, cuyo hijo causa daño. En los dos casos anteriores no existe problema para demandar al civilmente responsable toda vez que tiene capacidad para responder desde la responsabilidad civil extracontractual, pero a través de sus representantes.
3.2.10 La prescripción
La prescripción en la responsabilidad por hecho ajeno es de tres años. El artículo 2358 prescribe: “Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto”. La Corte Suprema, en sentencia del 30 de junio de 1962, M. P. José J. Gómez R., concluyó que la responsabilidad de la persona jurídica privada es directa y no por hecho ajeno, por ser los actos de los agentes sus propios actos.
Con respecto a la prescripción, puede concluirse que la de tres años aplica únicamente en la responsabilidad por hecho ajeno, tanto para la persona natural como jurídica, cuando se configuren los presupuestos para que responda por hecho ajeno, como se analizó en el numeral dos.
3.2.11 Exoneración de responsabilidad
La última parte del artículo 2347 del Código Civil prescribe: “Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.
La transcripción anterior aplica para todos los eventos de responsabilidad por hecho ajeno, bien que se trate de la cláusula general o de los casos típicos, pero en los casos típicos, además, habrá que tener en cuenta las particularidades de cada uno.
El criterio de imputación en la responsabilidad por hecho ajeno es la culpa presunta, y esta surge porque se presume que el civilmente responsable ha cuidado mal, tan pronto se prueba la culpa del directamente responsable cuando tiene capacidad para cometer delito o culpa. Así las cosas, la presunción de culpa se desvirtúa probando diligencia y cuidado por parte del civilmente responsable; conforme con la redacción de la última parte del artículo 2347, transcrita líneas atrás, se debe acreditar la prueba de no haber podido impedir el hecho, de acuerdo con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad le confiere. La calidad que confiere la autoridad y el cuidado se debe analizar en cada caso concreto, teniendo en cuenta la relación entre el civilmente responsable y el directamente responsable. Por ejemplo, la relación entre los padres como civilmente responsables y el hijo menor como directamente responsable; la relación entre el empleador como civilmente responsable y el trabajador como directamente responsable; o la relación en los casos de la regla general. La autoridad y el cuidado no son generales y habrá que analizarlos en cada caso; no son los mismos entre padres e hijos menores que entre empleadores y trabajadores, etc.
Pero qué significa no hubieren podido impedir el hecho. Significa que además de la diligencia y la prudencia en el cuidado por parte del civilmente responsable, le fue imposible evitar, contener o detener el hecho. Debe entenderse por hecho no poder evitar el daño.
Pero la controversia sube de tono cuando la doctrina60 y la jurisprudencia61 argumentan que no basta probar que de manera general se cuidaba y vigilaba bien al directamente responsable, ora de manera personal, ora a través de otra persona, sino que se exige probar cuáles fueron el cuidado y la vigilancia en el momento concreto en que ocurrió el hecho dañoso. Aunque otro sector de la doctrina62 argumenta que para desvirtuar la presunción de culpa es necesario acreditar la existencia de hechos que denoten un cuidado permanente en el causante del daño, limitación que en la práctica conduce a que la responsabilidad sea inexcusable, ya que el daño se produce precisamente porque en el momento de su ejecución no se ejercía vigilancia.
Cualquiera de las dos posturas que se asuma conduce al mismo resultado. Si se acepta que el cuidado debe verificarse de manera concreta en el momento en que ocurrió el evento dañoso, sin importar si de tiempo atrás se ejercía buen cuidado, es lo mismo, para los efectos prácticos, que afirmar que el cuidado debe verificarse de manera permanente antes del hecho dañoso, incluido el mismo momento en que se verifica el daño. En ambos eventos el punto central y la exigen cia es que se debe analizar cuál fue el cuidado en el momento concreto en que ocurrió el daño.
Consideramos que en la práctica no resulta fácil la exoneración de responsabilidad conforme la exigencia antes explicada, la que, se itera, apunta a desvirtuar la presunción de culpa.
Desde otro punto de vista, pero también dirigido a la exoneración de responsabilidad por hecho ajeno, no para desvirtuar la presunción de culpa que ha nacido, se encuentra la no configuración de los elementos que estructuran la responsabilidad en este tipo de supuestos, teniendo en cuenta si se trata de la regla general o de los casos típicos.
De acuerdo con el párrafo anterior, se pueden presentar las siguientes situaciones: 1) no prueba de la calidad de hijo; no prueba de que habiten en la misma casa; no prueba de que se brindó mala educación al hijo; no prueba de la calidad de trabajador o empleador; no prueba de la calidad de alumno; no prueba de la calidad de curador, etc.; 2) no prueba de la dependencia o el cuidado entre el civilmente responsable y el directamente responsable en el momento en que ocurrió el hecho dañoso; 3) no prueba de la culpa o responsabilidad del directamente responsable; 4) prueba por parte del demandado de causa extraña, esto es, hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de un tercero o fuerza mayor o caso fortuito.
3.3 Nociones de cuidado, dependencia y origen
Uno de los temas fundamentales en la responsabilidad por hecho ajeno tiene que ver con los conceptos de cuidado y dependencia. Entre el civilmente responsable y el directamente responsable debe existir una relación de cuidado o dependencia, que se explica porque el directamente responsable en el momento en que ocurre el hecho dañoso debe estar bajo el cuidado o en situación de dependencia del civilmente responsable, pues de no ser así, no surge la presunción de culpa en contra del civilmente responsable. Si se aplica esta regla general, se evitan casuismos y basta con determinar la relación de cuidado o dependencia, que aplica tanto para la regla general como para los casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno.
El artículo 234763 del Código Civil es claro en cuanto a la exigencia del cuidado para la regla general, y en algunos casos típicos se refiere a la dependencia, en otros se refiere a ambos y en la responsabilidad de los padres guarda silencio en relación con los conceptos de dependencia o cuidado.
Estar bajo el cuidado de una persona significa que esta debe desplegar las actividades necesarias para evitar que la persona que tiene bajo cuidado se cause daño o cause daño. Para la responsabilidad civil extracontractual interesa que la persona que está bajo el cuidado cause daño a un tercero, porque si se causara daño, la responsabilidad sería contractual en caso de quedar lesionado, o si muriera, sería extracontractual para las víctimas que reclaman indemnización, pero no por responsabilidad por hecho ajeno, sino, por ejemplo, por hecho propio. Estar en situación de dependencia de una persona significa estar subordinado bajo las órdenes, instrucciones y orientaciones de esa persona. Se establece, por un lado, una relación de autoridad para mandar, vigilar, dar órdenes o controlar; y, por otro lado, el deber de obediencia frente a las instrucciones y órdenes. Consideramos que en la relación de autoridad que se establece está implícito el cuidado, toda vez que si el directamente responsable causa daño, en principio, se presume que se debe a órdenes, instrucciones u orientaciones no adecuadas a la calidad del civilmente responsable.
La Corte Suprema de Justicia64 ha indicado que la dependencia por la que se indaga habrá de resultar de una virtual potestad de control y dirección sobre la conducta de otro, independientemente de que esa labor origen del evento dañoso tenga o no propensión de continuidad, y sin que, de igual forma, sea necesaria la existencia de retribución para quien presta el servicio.
Las nociones de cuidado y dependencia tienen una incidencia importante en los eventos en que una persona presta un servicio a otra, puede ser para ejecutar una obra, y el que ejecuta la obra causa daño a un tercero. Si quien ejecuta la obra lo hace con total autonomía, independencia y utilizando sus saberes, no podemos hablar de responsabilidad por hecho ajeno, toda vez que falta un elemento fundamental y es el cuidado o la dependencia.65
La prueba de la dependencia o el cuidado depende de la situación. Si estamos en presencia de la cláusula general de responsabilidad por hecho ajeno, el demandante debe probar que entre el civilmente responsable y el directamente responsable existía para el momento del hecho dañoso una relación de dependencia o cuidado.66 Si se trata de alguno de los casos típicos, acreditados los elementos que la estructuran, quedará establecido el vínculo, es decir, que el directamente responsable estaba bajo el cuidado o en situación de dependencia del civilmente responsable.
Ejemplo: Si se establece la relación de padre e hijo menor de edad, queda acreditada la relación de cuidado; si se determina la relación empleador-trabajador, queda acreditada la relación de dependencia.
Queda un último tema en relación con este ítem y es el origen del cuidado o la dependencia. Un sector de la doctrina67 afirma que el artículo 2347 del Código Civil consagra un principio general pero restringido a las personas que tienen la obligación contractual o legal de cuidar al tercero causante del daño, es decir, únicamente tiene aplicación cuando el directamente responsable estaba bajo el cuidado o en situación de dependencia del civilmente responsable, pero previa obligación legal o contractual y no por una situación de hecho.
La doctrina citada funda el argumento anterior en que todos los ejemplos del artículo 2347 (lo que llamamos aquí casos típicos) se refieren a personas que están bajo la subordinación contractual o legal de otra, lo que indicaría que la intención del legislador es limitar el principio general a este tipo de personas.
Otro sector de la doctrina68 opina lo contrario y considera que la dependencia o el cuidado pueden tener origen en la ley, por vínculo contractual o por una situación de hecho.
La Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena al tema y parte de la base de que el vínculo de cuidado o dependencia que se establece entre el civilmente responsable y el directamente responsable no tiene únicamente su fuente en el derecho, sino también en situaciones de hecho. Por la importancia de la decisión, se hace su transcripción:
Algunas personas son tenidas por civilmente responsables de los daños que con culpa otras ocasionan a terceros, en la medida en que existan de por medio lazos de dependencia familiar, educativa, profesional o empresarial que por su naturaleza les permitan a las primeras, de hecho o por derecho y aun de manera apenas ocasional, dirigir la actividad de las segundas […]. Dicho en otras palabras, cumple en este ámbito papel de significativa importancia un principio general de responsabilidad por el hecho de otro que compromete a todo aquél que, bajo su autoridad y por ende dando lugar así a una situación genérica de dependencia, instrumenta la actividad de ese “otro” en procura de alcanzar objetivos que relacionados o no con la obtención de ventajas económicas, son en todo caso de su interés […]. Puestas en este punto las cosas, debe hoy volverse a reiterar que esa relación de dependencia influyente para los efectos del Art. 2347 del C. Civil, es una noción de muy holgado espectro que no es dado reducir a ciertas modalidades de contratación como podrían ser, por ejemplo, las que regula la legislación sustantiva del trabajo o, en el plano civil, el arrendamiento de servicios personales. Es por el contrario y para decirlo con apoyo en las enseñanzas de un afamado expositor (Louis Josserand. Derecho Civil. Tomo II, Vol. 1o. Cap. II, Num. 508), una situación jurídica genérica donde una persona, en su propio interés y conservando la autoridad suficiente para orientar la actividad, vigilarla y controlarla, le encarga a otra el ejercicio de una función, de una empresa o de una tarea cualquiera, asi [sic] no exista entre ambas vínculo contractual alguno de trabajo puesto que, se repite, a los efectos del Art. 2347 del C. Civil el concepto de “subordinación o dependencia” no supone necesariamente de una fuente de esa clase como lo entendió con acierto el juzgador de segunda instancia en el fallo cuya casación aquí se persigue, y tampoco hace desaparecer la responsabilidad instituida en el precepto tantas veces mencionado, el que la designación del encargado la haya efectuado un tercero distinto al principal. Lo que en verdad importa es, entonces, que para obrar el autor material del daño haya dependido de una autorización del empresario civilmente responsable, luego es claro que la “dependencia” por la que se indaga habrá de resultar de una virtual potestad de control y dirección sobre la conducta de otro, independientemente de que esa labor origen del evento dañoso tenga o no propensión de continuidad y sin que, de igual forma, sea necesaria la existencia de retribución para quien presta el servicio.69
En la sentencia citada anteriormente, los hechos dan cuenta de la colisión de dos vehículos, uno particular y otro público. El conductor del vehículo particular falleció. En el proceso adelantado por los perjuicios causados se resolvió con fundamento en el artículo 2347 inciso 5.o del Código Civil, relación empresario-dependiente. Se argumentó por la parte demandada que el conductor del vehículo tenía relación contractual con el propietario y no con ella, razón por la cual debe entenderse que no era la empleadora directa del conductor del bus.
Consideramos que el fundamento normativo al que se acudió para resolver el caso no fue el adecuado, toda vez que el conductor del vehículo afiliado a la empresa transportadora estaba al servicio de esta, y en esas condiciones no podía aplicarse la responsabilidad por hecho ajeno por tratarse de una persona jurídica.
Conforme las posiciones expuestas en los párrafos anteriores acerca de si el cuidado o la dependencia deben tener origen en obligaciones previas que contempla la ley o contraídas previa relación contractual, o también en situaciones de hecho, compartimos la tesis de que también en situaciones de hecho una persona puede estar bajo el cuidado o en situación de dependencia de otra y no únicamente cuando la ley o el contrato lo establecen. Las razones son las siguientes:
El artículo 2347 del Código Civil contiene una regla general y unos casos típicos, que no son taxativos, sino ejemplos, de responsabilidad por hecho ajeno.
La regla general es clara: “Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado” (la cursiva es del autor). Pero los casos típicos también son claros y taxativos con unas reglas definidas, las mismas que deben quedar establecidas. Se pueden distinguir cinco casos: 1) responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores, 2) responsabilidad del curador por el daño causado por su pupilo, 3) responsabilidad del colegio por el daño causado por sus alumnos, 4) responsabilidad de los artesanos por el daño causado por los aprendices, 5) responsabilidad de los empleadores por el daño causado por sus trabajadores.
Si bien los casos típicos, que son ejemplos, se refieren a que es en la ley o en el contrato donde tienen origen el cuidado o la dependencia, es una coincidencia, porque si eliminamos los ejemplos, es decir los casos típicos, nos queda la regla general perfectamente aplicable para la responsabilidad por hecho ajeno.
Estar bajo el cuidado o en situación de dependencia de alguien no necesariamente tiene que ser porque la ley lo establezca o producto de un vínculo contractual, puede ser una situación de hecho la que sirva de pábulo al cuidado o la dependencia y será el demandante el que corra con la carga de la prueba. A título de ejemplo, se tienen los siguientes casos en los que se establecen el cuidado o la dependencia por una situación de hecho: 1) una madre de un menor de once años que lo deja con su vecina, con los abuelos o en la casa de su amiga por horas o por un día, y el menor causa daño; 2) visitantes de una casa que causan daño; 3) una persona requiere bajar mercancía de un vehículo y pide el favor a otra persona, indicándole cómo la baja y dónde la descarga, y está pendiente de la labor mientras quien baja la mercancía causa un daño con la misma mercancía; 4) una empleada doméstica que muere, pero cuyo hijo continúa viviendo en la casa de los empleadores y causa daño.
En los casos anteriores y en muchos más existe dependencia, subordinación o cuidado, y el origen está en una situación de hecho.
3.4 Casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno
Son cinco los casos de responsabilidad por hecho ajeno que a modo de ejemplo cita el Código Civil y que contienen reglas muy específicas para su configuración. Veamos.
3.4.1 Responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores que habiten en la misma casa
Los requisitos para que prospere la responsabilidad en este evento son los siguientes:
1. El sustento del cuidado que liga a los padres con el menor se encuentra en la llamada potestad parental, antes patria potestad, de la cual se desprenden dos grandes temas. Uno relacionado con la representación legal del hijo menor, la administración de algunos bienes de este y la del usufructo de tales bienes. Dos, los derechos sobre la persona del hijo, que se relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección, materializado en acciones dirigidas al cuidado, a la crianza, a la formación, a la educación, a la asistencia y a la ayuda del menor, aspectos que a su vez constituyen derechos fundamentales de este.70
Para los efectos de la responsabilidad interesa el segundo aspecto, esto es, la relación de cuidado, dirección, corrección, crianza, formación, educación y asistencia. Lo anterior está conforme con los artículos 250 a 268 del Código Civil, que regula los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, concretamente los artículos 253,71 254,72 25673 y 262,74 relacionados con el cuidado personal del menor.
Complemento de la potestad parental, se encuentra la responsabilidad parental, definida en el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006, por medio de la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, como un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil; además, la obligación inherente a la orientación, el cuidado, el acompañamiento y la crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse de que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.
Se acude a la potestad parental y las normas citadas del Código Civil toda vez que, de los cinco casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno, el relacionado con la responsabilidad de los padres por los hechos dañosos causados por sus hijos menores guarda silencio en cuanto a la relación de cuidado o dependencia que debe existir entre ambos. Los demás, de manera expresa, se refieren al cuidado o la dependencia.
2. Los hijos pueden ser de tres clases: hijos matrimoniales, extra-matrimoniales o adoptivos.75 Aunque se advierte en ese sentido que la Corte Constitucional, en sentencia posterior, ha concluido que en materia de filiación rige un principio absoluto de igualdad, porque, en relación con los hijos, no cabe aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación o discriminación, en razón de su origen matrimonial o no matrimonial,76 pero también es un hecho cierto y lo confirma la misma Corte Constitucional que los vínculos de filiación de acuerdo con la ley se determinan bien porque los hijos pueden haber sido concebidos durante el matrimonio o la unión marital de hecho, procreados por fuera de dichas instituciones o ser hijos adoptivos.77 En última instancia, la Corte concluye que no existen tipificaciones o clases de hijos, sino que la referencia a matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos tiene su cimiento en los modos de filiación que no pueden ser tenidos en cuenta para ejercer un parámetro de discriminación entre los hijos.78
Si bien la Corte Constitucional plantea que no debe existir discriminación por los modos de filiación, eso aplica para derechos fundamentales del hijo, especialmente en cuanto a la igualdad, el trato y los derechos, pero para efectos de la responsabilidad civil es fundamental acreditar la calidad de hijo con respecto a quien es demandado, y por ende el vínculo de filiación.
En la actualidad, la Corte Constitucional ha analizado y avalado el concepto extensivo de familia, y sobre las distintas alternativas para conformar una familia la Corte ha dicho:
Entre otras formas de composición familiar que se vislumbran en la sociedad actual se denotan las originadas en cabeza de una pareja, surgida como fruto del matrimonio o de una unión marital de hecho, cuya diferencia radica en la formalización exigida por el matrimonio, ambas tienen iguales derechos y obligaciones, y pueden o no estar conformadas por descendientes. También existen las familias derivadas de la adopción, nacidas en un vínculo jurídico que permite “prohijar como hijo legítimo a quien no lo es por lazos de la sangre”; las familias de crianza, que surgen cuando “un menor ha sido separado de su familia biológica y cuidado por una familia distinta durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre [este] y los integrantes de dicha familia”; las familias monoparentales, conformadas por un solo progenitor y sus hijos y las familias ensambladas.
Esta última, se comprende como “la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijos provenientes de un casamiento o relación previa”. Este último tipo de composición familiar va en aumento por la gran cantidad de vínculos afectivos disueltos. Al respecto, la Corte en la Sentencia T-519 de 2015, resaltó que estas familias merecen toda la protección constitucional, pues, “cambiadas, asediadas, fracturadas y/o reconstruidas, las familias siguen siendo, y lo serán por mucho tiempo, los lugares donde se crían los humanos, donde se incorporan pautas de socialización y modos relacionales que luego son transferidos a los contextos sociales más amplios”.
En Colombia se predica la igualdad en la protección de las diferentes formas de composición familiar, de hecho, desde la construcción de la Constitución de 1991 se determinó que “tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia.79
Teniendo en cuenta el concepto extensivo de familia, surge el siguiente interrogante: ¿se puede tener como hijo, para los efectos de la responsabilidad civil extracontractual, al hijastro o hijastra y al hijo de crianza?
Acorde con el interrogante anterior, pensemos en los casos en que el causante del daño no es hijo biológico ni adoptivo de una de las personas que conforman la pareja, pero se compone una familia, es decir, surge la figura de padrastro o madrastra.80 En este caso tenemos que se configura la responsabilidad por hecho ajeno, en primer lugar, por la regla general con respecto al padrastro o madrastra, y en segundo lugar, por el caso típico con respecto al padre o la madre del menor. Ambos son responsables por hecho ajeno, pero la forma en que se establece el cuidado varía, en el primer caso debe probarse y en el segundo se presume.
Pero también puede darse el caso en que un menor es acogido en una familia en la que se le brindan, en palabras de la Corte Constitucional, las condiciones personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y formación ciudadana sea cabal,81 es decir, surge lo que se llama familia de crianza, concretamente, el hijo de crianza.82 En estos casos la solución está en la regla general de responsabilidad, esto es, se debe probar que el menor estaba al cuidado de la pareja y no por la calidad de hijo, porque el estado actual de la jurisprudencia es para la igualdad de derechos y el trato no discriminatorio, tanto con el hijastro o hijastra como con el hijo de crianza.
Como avanza el derecho de familia, posiblemente más adelante se tendrán como hijos desde el punto de vista legal al hijastro o la hijastra y al hijo de crianza, pero por ahora, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual donde el daño es causado por un menor que no sea matrimonial, extramatrimonial o adoptivo, lo mejor es acudir a la regla general y probar que estaba bajo el cuidado, porque si se invoca la calidad de hijo es posible que haya problema en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva.
3. El hijo debe ser menor de edad en el momento en que ocurra el hecho dañoso, es decir, menor de dieciocho años. Se excluye al hijo mayor de edad, así habite en la misma casa con los padres y dependa económicamente de ellos.
Si el hijo es menor de doce años no tiene aplicación esta regla del artículo 2347 del Código Civil, sino que se soluciona conforme lo prescribe el artículo 2346 ibidem, el responsable será la persona que tiene el cuidado del menor en el momento del hecho dañoso, que normalmente coincide con los padres. En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia.83
4. Los padres responden de manera solidaria. La norma, de manera expresa, se refiere a la solidaridad entre los padres. Significa lo anterior que se puede demandar a ambos o a uno de los dos.
5. Extensión de la responsabilidad de los padres. Los padres no responden por daños causados por sus hijos menores cuando prestan el servicio a otra persona en calidad de trabajadores. En estos casos la responsabilidad será del empleador.
6. Se requiere que el hijo habite en la misma casa. Considero que este es uno de los puntos que presenta mayor controversia por los diferentes matices que se desprenden de la relación padres-hijos, pero que en el fondo se resuelve de manera sencilla: mientras el hijo esté bajo el cuidado personal y la vigilancia del padre o los padres, en principio la responsabilidad de estos se configura.
Habitar en la misma casa no significa que el daño tenga ocurrencia al interior de la casa porque no tendría sentido la norma, quiere decir que el daño fue causado por el hijo y entre el padre y el hijo existía para ese momento una relación de vigilancia y cuidado, aunque físicamente y temporalmente viva en otra casa.
A partir de la regla general establecida en los párrafos anteriores es que se puede obviar tanto casuismo en este tema. Los casos, entre otros, son los siguientes: padres separados de hecho, padres divorciados, hijo que estudia en otra ciudad, padre que trabaja en otra ciudad, inhabilidad de los padres, imposibilidad de los padres para cuidar al hijo, abandono del hijo por los padres, hijos emancipados, hijo que decidió vivir sin la compañía de sus padres, etc.
Cualquiera sea el caso, el fundamento para determinar la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores es que no se hayan perdido por motivos legales, contractuales o incluso de hecho la vigilancia y el cuidado del hijo. Se pueden perder la vigilancia y el cuidado del hijo por motivos legales, cuando se decreta el divorcio y se regula el cuidado del hijo. Se pueden perder la vigilancia y el cuidado del hijo por motivos contractuales, cuando este ingresa a la escuela o al colegio, y se pueden perder la vigilancia y el cuidado del hijo por motivos de hecho, cuando se deja al cuidado de un familiar o amigo. Los anteriores son ejemplos, pero puede haber muchos más casos semejantes.
De los motivos desde el punto de vista legal, contractual o de hecho este último podría presentarse para controversia, pero sería aparente. Pensemos en el siguiente caso. La madre deja a su hijo de trece años de edad con una tía del menor, por un día, y en ese lapso el menor causa daño. La pregunta es: ¿quiénes son responsables y cuál es el tipo de responsabilidad? Si partimos de la base de que la dependencia o el cuidado también pueden tener origen en situaciones de hecho, como quedó expuesto, la tía sería responsable por hecho ajeno, acudiendo a la regla general. La madre sería responsable por hecho propio, para lo cual habrá que probarle la culpa o con fundamento en el artículo 2348 del Código Civil, por mala educación. Esto porque no es posible que una persona esté bajo el cuidado y la vigilancia de dos personas distintas, al tiempo.
En cualquier otra situación, distinta a los motivos legales, contractuales o de hecho, como se expuso, creo que persiste la obligación de cuidado y vigilancia, que se itera es el fundamento para entender que se habita en la misma casa, porque de no ser así, habría que concluir que se requiere siempre que físicamente el menor cohabite con sus padres en un espacio físico.
Otra razón más para comprender que el cuidado y la vigilancia sobre el menor son el soporte para el entendimiento de que se habita en la misma casa, es en el trajinar diario cuando los padres normalmente no están en permanente contacto con sus hijos, principalmente cuando son mayores de diez años, pero serán responsables por los daños causados por ellos.
Para reforzar los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, la obligación de cuidado y vigilancia no cesa, aunque, por ejemplo, el hijo menor decida vivir independiente y solo o el padre abandone el hogar sin causas legales. Son dos razones. La primera, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006, prescribe que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. Aunque debe entenderse que la custodia o cuidado es en doble sentido, para el desarrollo integral del menor y evitar que se causen daños. La segunda es que aceptar que cesan el cuidado y la vigilancia del hijo menor en los dos casos planteados y muchos más sería poner a depender el cuidado y la vigilancia del contacto físico con el menor, interpretación que no puede ser plausible con la filosofía de lo que debe entenderse por cuidado y vigilancia.
Para culminar con este ítem, estamos de acuerdo en que para no generar tanta polémica ni criterios diversos en torno a este tipo de responsabilidad, especialmente en cuanto a la forma de exoneración, la única manera de que los padres se exoneren de responsabilidad es probando causa extraña.84
3.4.2 Responsabilidad del curador por el daño causado por su pupilo que vive en situación de dependencia y bajo su cuidado
En esta clase de responsabilidad por hecho ajeno, lo dispuesto por la norma merece los siguientes comentarios.
Mediante la Ley 1306 de 2009, se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados. Esta ley tiene por objeto la protección y la inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad, y se debe distinguir cuáles son las medidas para la protección a las personas referidas en la misma.
El término genérico es guardador y las especies son curador, consejero y administrador fiduciario, y la persona objeto de protección con respecto a los tres anteriores se llama pupilo.85
La interdicción procede para los discapacitados mentales absolutos,86 para el impúber no sometido a patria potestad,87 para el menor adulto no sometido a patria potestad,88 a quienes se les nombra un curador. Se entiende que no están sometidos a patria potestad cuando ha operado el fenómeno jurídico de la emancipación, que puede ser voluntaria, legal o judicial, artículos 313, 314 y 315 del Código Civil, respectivamente.
Se nombra consejero a la persona con discapacidad mental relativa inhabilitada, para que lo guíe y asista y complemente su capacidad jurídica en los negocios objeto de la inhabilitación.89 El administrador fiduciario se nombra a la persona cuando el valor de los bienes productivos de la persona con discapacidad mental absoluta o menor de edad supera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, o cuando es inferior pero el juez lo estima necesario, se dará la administración de los bienes a un administrador fiduciario.90
Se puede observar que el curador se nombra a los discapacitados mentales absolutos, al impúber no sometido a patria potestad y al menor adulto no sometido a patria potestad, únicamente.
Del análisis anterior se concluye que este tipo de responsabilidad por hecho ajeno únicamente aplica cuando la persona que causa el daño es un impúber no sometido a patria potestad o un menor adulto no sometido a patria potestad, mas no cuando es discapacitado mental absoluto. La razón es que si el daño es causado por un discapacitado mental, tiene aplicación el artículo 2346 del Código Civil, como se analizará más adelante.
Para la responsabilidad del curador por el daño causado por su pupilo se requiere además que este viva en situación de dependencia y cuidado de aquel. Con respecto al discapacitado mental absoluto, el inciso primero del artículo 52 de la Ley 1306 dispone que el curador tendrá a su cargo el cuidado del pupilo, pero como se dijo en el párrafo anterior, la norma aplicable será el artículo 2346 del Código Civil.
Con respecto al daño causado por el impúber y el menor adulto, los artículos 53 y 54 de la Ley 1306 prescriben que el cuidado personal de estas personas se ceñirá a las disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia. En este punto es aplicable el artículo 23 de la Ley 1098 de 200691 (Código de la Infancia y la Adolescencia) en cuanto a la custodia y el cuidado personal.
3.4.3 Responsabilidad de los directores de colegios y escuelas por el daño causado por los estudiantes mientras están bajo su cuidado
Antes de analizar los elementos que estructuran esta clase de responsabilidad por hecho ajeno se realizan las siguientes aclaraciones y observaciones.
1. En esta clase de responsabilidad se aclara que es una de las situaciones en las que la persona jurídica responde por hecho ajeno, toda vez que el daño es causado no por un trabajador, sino por una persona que estaba bajo el cuidado de la persona jurídica en el momento de causar el daño.
2. La norma se remite a los directores de colegios y escuelas como las personas legitimadas por pasiva para los efectos de la reparación. Debe entenderse que para la época de redacción del artículo 2347 del Código Civil (antes de 1887) no era normal que los colegios y escuelas estuviesen constituidos como personas jurídicas.
En la época actual, por disposición del artículo 67 de la Constitución Política y la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), al regular el servicio público de la educación, en el artículo tercero se dispone que los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional, es decir, que tienen que ser personas jurídicas.
Así las cosas, la responsabilidad es del colegio o escuela y no de sus trabajadores, quienes no han causado el daño que sí fue causado por una persona que estaba bajo su cuidado. Si se prueba culpa del trabajador de la escuela o el colegio, este responderá por hecho propio y no por hecho ajeno.
3. Debe entenderse que las escuelas y colegios a los que se refiere la norma son privados, porque de ser públicos, la responsabilidad será del Estado a través del medio de control de reparación directa, sin importar si el alumno le causa daño a otro alumno o es el mismo alumno el que resulta dañado.
4. El artículo 2347 del Código Civil de manera expresa se refiere a colegios y escuelas, pero ¿qué son colegios y escuelas? En primer lugar, la redacción lleva la y como conjunción copulativa para dar a entender que colegio es distinto de escuela. En segundo lugar, si estamos con la definición de la Real Academia Española, escuela es un establecimiento público donde se da a los niños instrucción primaria. Por su parte, colegio es establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes. En tercer lugar, atendiendo a la interpretación gramatical establecida en el artículo 27 del Código Civil, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal como pretexto de consultar su espíritu, es decir, que existe claridad en cuanto a qué es un colegio y qué es una escuela, y por tal razón sobra cualquier interpretación. Pero, además, conforme al artículo 28 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras.
No nos queda duda de que el colegio y la escuela a los cuales se refiere el artículo 2347 del Código Civil son instituciones donde se imparte educación formal, en su modalidad de básica, que comprende primaria, secundaria y media, es decir, lo que se conoce como primaria y bachillerato. La Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, nos ilustra al respecto. Veamos:
Conforme al artículo 1.o de la Ley, la organización y la prestación de educación pueden ser formales, en sus niveles preescolar y básica –que comprende primaria, secundaria y media–; no formales e informales, dirigidas a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.
El artículo 11 de la Ley indica que los niveles de la educación formal se clasifican en tres: a) el preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio; b) la educación básica con una duración de nueve (9) grados, que se desarrollará en dos ciclos: la educación básica primaria, de cinco (5) grados, y la educación básica secundaria, de cuatro (4) grados, y c) la educación media, con una duración de dos (2) grados.
El artículo 36 de la misma Ley explica que la educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de la misma Ley.
La citación de las normas anteriores es importante para saber, en la estructura de la educación actual, dónde se ubican los colegios y escuelas. A contrario sensu, si no son colegios o escuelas quedan excluidos de la aplicación del caso típico de responsabilidad por hecho ajeno.
5. Si bien en el caso típico únicamente se tienen en cuenta las escuelas y colegios, no significa que a los demás centros mencionados, esto es, preescolar, educación no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social, regulados en los artículos 15, 36, 43, 46, 50, 55 y 68 de la Ley 115 de 1994, no se pueda aplicar la responsabilidad por hecho ajeno conforme el artículo 2347 del Código Civil. Sí pueden ser responsables por los daños causados por los alumnos, pero ya por la regla general que está en el inciso primero del artículo ibidem: “Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado” (la cursiva es del autor). Lo manifestado en el párrafo anterior se hace extensivo a las instituciones de educación superior, que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior, son las siguientes: a) instituciones técnicas profesionales, b) instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y c) universidades.
Corresponde al demandante probar que el directamente responsable estaba bajo el cuidado del civilmente responsable, que para estos casos es el centro de enseñanza, situación que se torna complicada porque no en todos los centros de enseñanza relacionados en este acápite los educandos están bajo el cuidado de estos, así se trate de menores de edad, por ejemplo un menor de diecisiete años que estudia en una universidad.
Hechas las anteriores observaciones y aclaraciones, los requisitos para que se estructure esta responsabilidad son los siguientes:
1. El daño debe ser causado por un alumno, para lo cual existe libertad probatoria para probar esta calidad y la relación con la escuela o el colegio.
2. No interesa la edad del alumno, puede ser menor o mayor de edad, porque se presume que el alumno estaba bajo el cuidado del colegio. Esta es la ventaja de los casos típicos, que probada la relación entre el civilmente responsable y el directamente responsable no carga el demandante con la prueba del cuidado.
Si el alumno que causa el daño es menor de doce años, considero que tiene aplicación el artículo 2346 del C. C. Ya no se prueba la culpa del menor, sino que debe probarse la culpa de la persona que tenía el cuidado del menor, en este caso, el colegio.
3. El daño debe ser causado por un alumno de la escuela o el colegio a una persona, cosa o interés legítimo, pero de terceros ajenos al colegio, porque si el daño es causado a otro alumno o a los bienes de otro alumno, la responsabilidad del colegio es contractual con respecto al alumno que resulta dañado por faltar a la obligación de seguridad.
La responsabilidad será extracontractual de la escuela o el colegio con respecto a los padres y hermanos, por ejemplo, del alumno dañado. Si el alumno muere, la responsabilidad será también extracontractual de la escuela o el colegio con respecto a las víctimas, pero, en ambos casos, no por responsabilidad por hecho ajeno, sino por hecho propio, para lo cual habrá que probar la culpa del colegio.
En los eventos planteados en los dos párrafos anteriores el alumno también puede ser demandado si para el momento del hecho dañoso era mayor de doce años.
Si interviene en el hecho dañoso una actividad peligrosa, habrá que distinguir si el guardián de la actividad era el colegio o el alumno. Si el guardián era el colegio, por ejemplo frente a un daño a otro alumno en el laboratorio con agentes químicos, la responsabilidad del colegio será contractual por faltar a la obligación de seguridad. Si el guardián de la actividad era el alumno, no habrá responsabilidad de la escuela o el colegio. Por ejemplo, el alumno que atropella a otro alumno con una moto o un vehículo.
4. El cuidado por parte de la escuela o el colegio inicia desde que el alumno ingresa a las instalaciones educativas y culmina cuando el alumno sale de las mismas. Pero se deben tener en cuenta las siguientes variantes: a) si la escuela o el colegio presta el servicio de transporte, el cuidado inicia desde que el alumno se sube al vehículo y culmina cuando el alumno se baja del mismo; b) el daño puede ser causado por el alumno estando por fuera de la instalación educativa, por ejemplo en actividades lúdicas, artísticas o de otra índole, pero siempre bajo el cuidado de la escuela o el colegio; c) si el alumno se evade de las instalaciones y causa el daño, se debe entender que estaba bajo el cuidado de la escuela o el colegio.
5. Si el alumno causa daño a un profesor, habrá que determinar las circunstancias concretas, porque se pueden presentar las siguientes alternativas: a) si el alumno causa daño a un profesor y previamente se conocía que este había sido amenazado, y las directivas del colegio no hicieron nada al respecto, además de que se configura un accidente de trabajo conforme al artículo 3.o de la Ley 1562 de 2012, se configura una culpa probada del empleador, para lo cual se puede demandar a la escuela o el colegio para que indemnice los perjuicios ordinarios conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; b) el alumno puede ser demandado en responsabilidad civil extracontractual si para el momento del hecho dañoso era mayor de doce años; c) los padres del menor también pueden ser demandados en responsabilidad civil extracontractual, pero por hecho propio, para lo cual habrá que probarles la culpa.
Se observa que en este ítem no se demanda al colegio en responsabilidad por hecho ajeno ni a los padres, toda vez que el menor estaba bajo el cuidado del colegio y no de los padres.
6. Si se puede probar culpa al profesor o los profesores que estaban cuidando al estudiante que causó el daño, también podrán ser demandados, pero por hecho propio.
3.4.4 Responsabilidad de los artesanos por el daño causado por los aprendices
Artesano, según el diccionario de la Real Academia Española, es la persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico, y modernamente se llama artesano a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico, imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril. Por su parte, aprendiz, según el diccionario de la Real Academia Española, es la persona que aprende algún arte u oficio.
Así las cosas, cuando el daño es causado por una persona que aprende un arte u oficio y está bajo el cuidado del artesano en el momento del hecho dañoso, tiene aplicación la responsabilidad por hecho ajeno.
Cuando el artesano es persona natural no presenta problema. La inquietud surge cuando el aprendiz está bajo el cuidado de la persona jurídica porque aplicamos la misma regla que en los daños causados por los alumnos con respecto a las escuelas y colegios como personas jurídicas. Dijimos allí que la escuela o el colegio responden por hecho ajeno, no obstante que son personas jurídicas, toda vez que el daño no es causado por su trabajador, sino por una persona que está bajo el cuidado de la persona jurídica. Mutatis mutandis, la solución acá debe ser la misma.
Una variante de lo que acaba de analizarse y que es frecuente se tiene cuando hay personas que están aprendiendo a conducir un vehículo y se causa un daño. En este evento se presentan tres tipos de responsabilidad civil extracontractual. La primera, responsabilidad por hecho ajeno, pero acudiendo a la regla general, no obstante que la escuela de enseñanza es una persona jurídica, pero se itera, el daño no es causado por un trabajador, lo que habilita la responsabilidad por hecho ajeno. La segunda también evidencia la responsabilidad por actividad peligrosa, teniendo la calidad de guardián la persona jurídica. La tercera, el instructor puede ser demandado por hecho propio, para lo cual habrá que probarle la culpa.
3.4.5 Responsabilidad del empresario por el daño causado por sus dependientes
En esta clase de responsabilidad por hecho ajeno se trata, en principio, de la responsabilidad del empleador con respecto al daño causado por su trabajador, aunque se le denomine empresario. Se dice en principio porque la relación laboral es el medio más expedito para probar la relación entre empleador y trabajador, y por ende la dependencia. Pero la relación de dependencia también puede surgir por estar subordinado bajo las órdenes, instrucciones y orientaciones, y por la relación de autoridad, por un lado, para mandar, vigilar, dar órdenes o controlar; y, por otro lado, el deber de obediencia frente a las instrucciones y órdenes.
La Corte Suprema de Justicia, en sede Casación, asumió el estudio de un caso en el que se discutía la relación entre el conductor y la empresa transportadora, toda vez que aquel no había sido contratado por la empresa, sino por el conductor, cuando del contrato de afiliación se desprendía que los conductores tenían que ser contratados por la empresa. De esta manera, el apoderado de la empresa transportadora argumentaba que como no existía relación laboral entre esta y el conductor, no surgía el vínculo de dependencia para efectos del artículo 2347 del C. C.92
La Corte decidió que la relación entre el empresario y el dependiente para los efectos de esta responsabilidad no únicamente surge de la relación laboral y no habrá de estar ligada en forma concreta a una clase especial de contrato, sino que supone, única y exclusivamente, una situación de autoridad o de subordinación adecuada.
Una situación jurídica genérica donde una persona, en su propio interés y conservando la autoridad suficiente para orientar la actividad, vigilarla y controlarla, le encarga a otra el ejercicio de una función, de una empresa o de una tarea cualquiera, así no exista entre ambas vínculo contractual alguno de trabajo puesto que, se repite, a los efectos del Art. 2347 del C. Civil el concepto de “subordinación o dependencia” no supone necesariamente de una fuente de esa clase como lo entendió con acierto el juzgador de segunda instancia en el fallo cuya casación aquí se persigue, y tampoco hace desaparecer la responsabilidad instituida en el precepto tantas veces mencionado, el que la designación del encargado la haya efectuado un tercero distinto al principal. Lo que en verdad importa es, entonces, que para obrar el autor material del daño haya dependido de una autorización del empresario civilmente responsable, luego es claro que la “dependencia” por la que se indaga habrá de resultar de una virtual potestad de control y dirección sobre la conducta de otro, independientemente de que esa labor origen del evento dañoso tenga o no propensión de continuidad y sin que, de igual forma, sea necesaria la existencia de retribución para quien presta el servicio.93
Estamos de acuerdo con la postura de la Corte y lo reiteramos cuando se analizó en el apartado “Nociones de cuidado, dependencia y origen” que las nociones de dependencia y cuidado pueden tener origen también en situaciones de hecho.
Desde otro punto de vista, teniendo en cuenta la noción de dependencia, no se presenta la responsabilidad por hecho ajeno cuando una persona contrata con otra la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, pero con autonomía, independencia y conocimientos particulares acerca de la labor a ejecutar, y el contratista causa daño a un tercero. La razón es que falta la dependencia para que se pueda configurar la responsabilidad por hecho ajeno.
En esta clase de responsabilidad por hecho ajeno el civilmente responsable debe ser persona natural, porque si es persona jurídica, aplica la responsabilidad por hecho propio u otro tipo de responsabilidad, como quedó explicado en el apartado “Regla general, aplica la responsabilidad por hecho ajeno a personas naturales”. A contrario sensu, cuando el civilmente responsable es una persona que está registrada en la Cámara de Comercio como comerciante, se puede acudir a la responsabilidad por hecho ajeno, toda vez que estar registrado como comerciante no implica que sea persona jurídica, y con mayor razón si no está registrada como comerciante.
El daño causado por el dependiente debe ser causado en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, porque de no ser así se configuraría un hecho personal del dependiente que no compromete la responsabilidad del empresario, en palabras textuales de la norma.
3.5 Otros casos típicos de responsabilidad por hecho ajeno
Además de los casos típicos que a modo de lista enunciativa contempla el artículo 2347 del Código Civil, los artículos 2348 y 2349 ibidem regulan otros casos típicos o especiales de responsabilidad por hecho ajeno.
3.5.1 Responsabilidad de los padres por mala educación
El artículo 234894 del Código Civil contiene un caso típico de responsabilidad por hecho ajeno, como variante del caso en el artículo 2347 ibidem, aunque ambos involucran a los padres de quien causó el daño, como responsables.
La gran diferencia entre ambos artículos está en que mientras el artículo 2347 centra la responsabilidad de los padres por la mala vigilancia y cuidado, el artículo 2348 la centra por la mala educación. Además de esta diferencia, en el artículo 2347 se exige que el menor habite en la misma casa, y en el artículo 2348 no es requisito. De esta manera, si el menor habita en la misma casa, es decir, los padres no han perdido por motivos legales, contractuales o de hecho, como se expuso, el cuidado y la vigilancia del menor, se aplica, en principio, el artículo 2347 y no el 2348. Lo anterior permite concluir que los padres pueden ser responsables con fundamento en el artículo 2341 (hecho propio) o el 2348 (mala educación), y que otra persona que tenga el cuidado del hijo puede ser responsable con fundamento en el artículo 2347 (hecho ajeno).
Acorde con lo afirmado en el párrafo anterior, el artículo 2348 tiene aplicación desde dos alternativas. La primera, aun estando el hijo menor bajo el cuidado y la vigilancia de sus padres, esto es, que habite en la misma casa, se puede argumentar que la responsabilidad se sustenta con fundamento en el artículo 2348, esto es, por mala educación o hábitos viciosos. La segunda, cuando los padres han perdido por motivos legales, contractuales o de hecho el cuidado y la vigilancia del menor.
No es un despropósito afirmar que el artículo 2348 tiene aplicación, así el menor esté bajo el cuidado y la vigilancia de sus padres, es decir, que viva en la misma casa, por varias razones. En primer lugar, el artículo 2348 no exige que el menor habite en la misma casa, pero tampoco lo excluye. En segundo lugar, el artículo 2348 señala: “Los padres serán siempre responsables” (la cursiva es del autor). La palabra siempre significa que no hay excepciones, y para el caso, cualquiera sea la situación, independientemente de que esté o no bajo el cuidado y la vigilancia de los padres e independientemente de que habite con ellos. De esta manera, la gran diferencia entre el artículo 2347 y el 2348 está en el fundamento que se invoca para la responsabilidad; en el primero, la falta en la vigilancia y el cuidado; en el segundo, la mala educación, pero nada impide que estando bajo la vigilancia y el cuidado se invoque la mala educación, aunque en la práctica el daño causado por mala educación o hábitos viciosos normalmente tiene origen en una indebida vigilancia y un indebido cuidado.
El artículo 2348 exige que el daño causado provenga de las culpas o los delitos cometidos por los hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Siguiendo la regla general de responsabilidad por hecho ajeno, la cual indica que debe probarse la culpa del directamente responsable, se pregunta ¿qué debe probarse, que el menor cometió culpa o dolo, teniendo capacidad, o la mala educación o hábitos viciosos? Probado que el menor cometió el daño con culpa o dolo, se presume que fue por la mala educación brindada por los padres o por los hábitos viciosos que estos le dejaron adquirir. Partir de lo contrario, es decir, que el demandante tiene que probar que el padre educó mal al hijo o que le dejó adquirir hábitos viciosos y que esos comportamientos son la causa del daño, sería estar en la culpa probada, que nos ubica en el hecho propio. De esta manera va a ser imposible una responsabilidad desde el artículo 2348, y más bien debe ser el demandado el que cargue con la prueba de que el daño no proviene de mala educación o hábitos viciosos, que le brindaron al hijo buena educación o no permitieron que adquiriera hábitos viciosos, con lo cual estarían desvirtuando la presunción.
En ambos artículos se requiere que el hijo sea menor, entre doce y dieciocho años, porque si es menor de doce años la solución está en el artículo 2346.
Considero que, con respecto a la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores, se acaba con el casuismo, la incertidumbre y las posiciones, si se parte de una regla que únicamente exonere la causa extraña.
3.5.2 Responsabilidad de los empleadores por los daños causados por sus trabajadores
El artículo 234995 del Código Civil contiene otro caso típico de responsabilidad por hecho ajeno. Este artículo fue estudiado por la Corte Constitucional y en sentencia C-1235 de 2005 lo declaró exequible condicionado.
Entre las apreciaciones importantes de la Corte, deja ver que se trata de una norma que lleva aparejada una relación de subordinación o dependencia; además:
La Corte considera acertada aquélla que al referirse al supuesto sometido a examen, la define como la ocasionada por el hecho del trabajo subordinado, en el que inicialmente se estableció como prototipo la del empleador por los hechos de los trabajadores domésticos y, posteriormente se amplió a las relaciones laborales en general, sin perjuicio de que por vía interpretativa y en atención a la cláusula general prevista en el artículo 2347, la norma se haga aplicable a supuestos diversos como el relacionado con la responsabilidad por el riesgo de la empresa, que en la doctrina se ha identificado como aquélla que como su nombre lo sugiere compromete la responsabilidad del empresario por hechos imputables a dependientes suyos no necesariamente vinculados a través de un contrato de trabajo, como podría ser el Factor en el contrato de preposición –Artículo 1332 del Código de Comercio– o el caso de los subcontratistas. […] Como se ha visto, la responsabilidad por el hecho ajeno es una institución civil que conserva plena vigencia y que aún con la precaria y anacrónica redacción de la norma sometida a examen, enmarca supuestos de todas aquéllas relaciones que con la evolución de la figura pudieran, por vía de interpretación, encuadrar en la hipótesis que el precepto formula como típica o ejemplar, cual es la de las relaciones de trabajo donde impera la subordinación o dependencia.96
La Corte decidió declarar inexequibles las expresiones amos, criados y sirvientes, pero bajo el entendido de que las mismas serán en adelante sustituidas por las expresiones empleadores y trabajadores.
Así las cosas, nos encontramos con dos normas que regulan similar situación. El artículo 2347 se refiere a la responsabilidad del empresario por el hecho de sus dependientes y el artículo 2349 de manera expresa se remite a la responsabilidad del empleador por el daño causado por sus trabajadores. No se puede afirmar que ambas normas regulan lo mismo porque no tendría razón de ser. Lo que se observa es que la primera norma citada es más amplia cuando utiliza el concepto de dependencia, para incluir a personas que están en situación de dependencia, no necesariamente por una relación laboral; en cambio, la segunda norma de manera expresa lleva a la conclusión de que la relación es entre empleador y trabajador, para lo cual la prueba fundamental es la relación laboral, con lo que queda probada la dependencia o subordinación.
Otra diferencia se centra en que mientras el artículo 2347 se refiere más a actividades de tipo comercial, empresarial e industrial, pero siempre teniendo al empleador como persona natural, el artículo 2349 se direcciona más hacia actividades de tipo personal. En ambos artículos el empleador debe ser persona natural y la exoneración de responsabilidad está en la prueba de la diligencia y el cuidado. Para concluir, al artículo 2349 le son aplicables varias de las alternativas propuestas para el artículo 2347, como por ejemplo que el trabajador debe causar el daño en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.
3.5.3 Responsabilidad por los daños causados por personas menores de doce años
Existe claridad y consenso en cuanto a que el directamente responsable debe ser persona con capacidad para cometer delito o culpa; a contrario sensu, no lo será conforme al artículo 2346 del Código Civil cuando sea menor de doce años. ¿Qué hacer cuando el directamente responsable no tiene capacidad para responder desde la responsabilidad civil extracontractual, es decir, para cometer delito o culpa?
Consideramos que indefectiblemente la solución está en el artículo 2346 del Código Civil, que en última instancia termina como responsabilidad por hecho propio ya que se debe probar la culpa. El artículo97 es claro en su tenor literal:
Responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieren [sic] imputárseles negligencia.
Cuando el causante del daño es menor de doce años se presenta la única excepción a que el directamente responsable tenga capacidad para cometer delito o culpa, no puede ser demandado y no podrá ser declarado responsable.
Conforme al artículo 2346, corresponde al demandante probar la culpa de la persona a cuyo cargo estén los menores de doce años. De esta manera, ya no estamos en presencia de una responsabilidad por hecho ajeno, sino por hecho propio, porque se dijo que lo que caracteriza la responsabilidad por hecho propio es la prueba de la culpa al demandado. A contrario sensu, si no se prueba la culpa de la persona a cuyo cargo estén los menores de doce años, habrá que exonerar de responsabilidad.
Así las cosas, se puede afirmar que en los eventos en que el menor de doce años cause el daño ya no tienen aplicación las reglas de los casos típicos regulados en el artículo 2347 del Código Civil, concretamente los que se refieren a la responsabilidad por el daño causado por los hijos menores que habiten la misma casa. Precisamente el artículo 2346 es norma especial para este caso, y así se puede afirmar que la regla general en responsabilidad por hecho ajeno es que se debe probar la culpa del directamente responsable, para lo cual este debe tener capacidad; en caso contrario, tiene que aplicarse el artículo 2346.
No estamos de acuerdo cuando parte de la doctrina98 acude a la teoría francesa del acto objetivamente ilícito, para explicar cómo surge la presunción de culpa en contra del civilmente responsable. Se explica que a través del acto objetivamente ilícito se determina si el acto del menor de diez años o del discapacitado mental,99 sin ser culposo, porque estos no pueden cometer culpa, de todas formas no lo habría cometido una persona prudente y diligente con capacidad aquiliana. Se parte de la base de que no existe culpa porque no existe capacidad extracontractual, aparece como objetivamente ilícito en la medida en que si el incapaz hubiese tenido capacidad su comportamiento habría sido culposo.
Nuestra discrepancia se centra en varios puntos. El primero es que en Francia no existe norma expresa en el Código Civil que solucione el problema cuando los menores de diez años o los discapacitados mentales causan daño, razón por la cual se acude a la teoría del acto objetivamente ilícito, pero en Colombia sí existe una norma expresa que soluciona el problema cuando el daño es causado por un menor de doce años. El artículo 2346 de manera expresa lo soluciona: probando la culpa de la persona que tenía el cuidado del menor. El segundo es que se argumenta que se acude a esta teoría porque sería injusto que en los casos en que no se pueda probar la culpa del civilmente responsable la víctima se quede sin indemnización.
Creo que no va a ser difícil probar la culpa del civilmente responsable cuando el daño es causado por el menor de doce años, porque, excepto que se presente un evento constitutivo de causa extraña, es fácil probar que el daño causado por este se debió a un descuido, negligencia, desidia, abandono de quien lo tenía a cargo, dado el especial cuidado que se debe tener con estas personas para evitar que se causen y causen daños. Podríamos decir que el hecho de que se cause daño por personas menores de doce años en principio lo que está probando es que se cuidó mal.
4. Responsabilidad por el daño causado por animales
Otro de los tipos de responsabilidad civil extracontractual es el relacionado con el daño causado por animales. Gran parte de la doctrina divide la responsabilidad por el daño causado por las cosas, en cosas inanimadas y cosas animadas, para comprender en esta última a los animales. Ramón Daniel Pizarro100 afirma que se debe obviar esa división y es preferible hablar de daños causados por las cosas, en general, y que en casos como el del daño causado por animales es mejor utilizar la locución más específica de daños causados por animales, en lugar de daños causados por cosas animadas.
Pero el tema con los animales no para, se habla de derechos fundamentales de los animales y la Ley 1774 de 2016 (protección de los animales y tipificación de conductas delictivas por el maltrato a los animales), en el artículo 1.o, indica que los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Además, modificó el artículo 655 del Código Civil, para agregar un parágrafo del siguiente tenor: “Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales”.
Desde otro punto de vista, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-666 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, consideró que se tienen deberes morales y solidarios hacia los animales; mediante la sentencia C-467 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, catalogó a los animales como seres sintientes dignos de protección contra el maltrato; y mediante la sentencia C-041 de 2017, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio, concluye que aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los animales como titulares de derechos, ello no debe entenderse como su negación, ni menos como una prohibición para su reconocimiento –innominados–. Se aclara que esta última sentencia fue anulada por la misma Corte Constitucional.
Así, es mejor llamarle daño causado por animales, por la armonía con el sentido de que los animales no son cosas, son seres sintientes, gozan de protección y su maltrato es sancionado.
En Colombia únicamente los artículos 2353 y 2354 del Código Civil regulan la responsabilidad por los daños causados por animales, de manera general, y de manera específica, la Ley 1801 de 2016, artículos 126 a 134, con los caninos potencialmente peligrosos. Antes de entrar a analizar de manera concreta cada uno de los artículos, resulta conveniente realizar las siguientes precisiones:
El concepto de animal, desde el punto de vista civilista, lo trae el Código Civil en los artículos 685 y siguientes. El artículo 687 prescribe:
Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y domesticados los que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del hombre.
Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos.
De manera concreta los artículos 693, 695, 696, 697 y 698 del Código Civil prescriben la forma en que se adquiere el dominio de los animales bravíos y los animales domésticos. Además, el artículo 29 de la Ley 84 de 1989 (por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia) regula la caza de animales silvestres, bravíos o salvajes.
Para el análisis de los artículos 2353 y 2354 del Código Civil esa distinción entre animales bravíos o salvajes, domésticos y domesticados pierde toda trascendencia, ya que en este punto estamos de acuerdo con el profesor Javier Tamayo Jaramillo cuando afirma:
Puede existir la tendencia a identificar los conceptos de animal fiero o animal salvaje o bravío; sin embargo, las nociones no son iguales. En efecto, muchos animales, siendo salvajes, son mansos; por ejemplo, los peces, las ardillas, etc., otros, por el contrario, siendo domésticos o domesticados conservan una agresividad que esperada o inesperadamente los lleva a atacar a las personas, sin que pueda evitarse su acción dañina, a no ser que se tomen medidas extremas. Ahora bien, no se puede generalizar diciendo que el animal que ha sido amaestrado deja de ser fiero, pues, a pesar de ello, habrá situaciones en las que el animal conserva la fiereza, no obstante la aparente mansedumbre; desde que el daño se produzca por el solo instinto agresivo del animal, este debe considerarse como fiero; si unos conejos acaban con un sembrado, estaremos en el caso del artículo 2353 del Código Civil; en cambio, si un toro bravo, un perro, o un tigre lesionan a una persona, estaremos ante el supuesto comprendido dentro de la responsabilidad por los animales fieros. Pero hay que distinguir la naturaleza del daño para saber cuál es la norma aplicable en algunos casos. Si un toro de casta se introduce a un predio vecino y allí se come el pasto que encuentra, la acción se rige por el principio general del artículo 2353, pues el daño no surge de la fiereza del animal, sino de la condición de inconsciencia e instinto que rige el comportamiento animal; igual daño habría sido causado por un animal no fiero; en cambio, si ese mismo toro embiste a un tercero, el daño debe ser imputado a su fiereza (art. 2354).101
De esta manera se puede concluir que cuando el daño es causado por un animal no fiero se aplica el artículo 2353 del Código Civil, y cuando el daño es causado por un animal fiero se aplica el artículo 2354 del Código Civil, calidad de fiereza, se insiste, de acuerdo a como el daño se haya causado.
Ejemplo: Si el caballo lanza una coz y lesiona o mata a una persona, o el toro embiste a una persona y la lesiona o muere, se cataloga como animal fiero toda vez que el daño se causa por el instinto agresivo del animal. En cambio, si el caballo o el toro pasan al predio contiguo y se comen el sembrado o lo dañan al pasar, se catalogan como animales no fieros debido a que el daño no se causa por el instinto agresivo de los mismos.
Una alternativa de las dos propuestas del párrafo anterior es la del hecho propio. Puede presentare el evento en el que un animal cause el daño pero por orden de una persona, normalmente su amo. También puede encausarse la responsabilidad por hecho propio toda vez que existe dolo, y como se dijo, lo que caracteriza una responsabilidad por hecho propio es que al demandado se le prueba la culpa o el dolo, independientemente de que utilice cosas o animales para la comisión del daño.
4.1 Responsabilidad por daños causados por animal no fiero
En lo que corresponde al artículo 2353 del Código Civil, los requisitos para su aplicación son los siguientes:
1. El artículo 2353102 del Código Civil tiene aplicación cuando el daño es causado por cualquier clase de animal que no sea catalogado como fiero, y de acuerdo a lo que se vio en los párrafos anteriores, la calidad de fiero se desprende de la forma en que se haya ocasionado el daño y por el instinto agresivo del animal.
2. Las personas responsables pueden ser dos. En primer lugar, el dueño del animal que lo tenga bajo su dominio, o también el mismo dueño del animal aunque este se haya soltado o extraviado. En segundo lugar, puede ser responsable también la persona que se sirva de un animal ajeno. Se afirma que una persona se sirve de un animal cuando lo utiliza con fines lucrativos, con fines de comodidad o servicio, o cuando detenta la guarda del animal.
Dada la redacción del artículo 2353 del Código Civil, es posible que en un evento dañoso por un animal adquieran la calidad de responsables tanto el dueño del animal como el que se sirve de él. Verbigracia, cuando el propietario del ganado lo entrega en utilidad al dueño de la finca o el propietario de la caballeriza.
3. Si el dependiente del dueño del animal es el encargado de la guarda o de alguna manera tiene materialmente el animal o el cuidado del mismo y el daño ocurre, de todas maneras la responsabilidad, para estos efectos, es del dueño del animal y eventualmente puede acumularse con la responsabilidad del dependiente, si se puede probar culpa de su parte.
4. Si el daño es causado por el animal estando en poder de una persona que se sirva de él, conforme el inciso segundo del artículo 2353 del Código Civil, este tiene acción contra el dueño si el daño fue causado por una calidad o un vicio del animal que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever y sobre los cuales no dio conocimiento.
5. En cuanto al criterio de imputación, el primer inciso del artículo 2353 prescribe que el dueño del animal es responsable, salvo que la soltura, el extravío o el daño no puedan imputarse a culpa del dueño, del dependiente o del que se sirve del animal. El criterio de imputación es la culpa presunta, la misma que se presume por el hecho del daño o por el hecho de la soltura o el extravío del animal.
En cuanto a la exoneración de responsabilidad, el demandado deberá probar diligencia y cuidado, es decir, que aun estando el animal suelto o extraviado, no se debió a negligencia o falta de cuidado.
No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de Casación del 25 de marzo de 1976, G. J., tomo CLII, p. 63, con respecto al artículo 2353 del Código Civil y la forma de exoneración de responsabilidad, dijo lo siguiente:
En resumen de lo expuesto, como doctrina de la situación regulada por el artículo 2353 del Código Civil, cabe destacar lo siguiente:
a) Los daños causados por un animal, “aun después que se haya soltado o extraviado” comportan una presunción de culpabilidad para su dueño o para la persona que de él se sirve;
b) La referida presunción únicamente releva a quien lo invoca del deber de probar culpa del daño o guardián del animal, porque el daño y la relación de causalidad con el hecho perjudicial debe probarlos en todo caso;
c) Dichos dueños o guardián no pueden exonerarse de la referida presunción de culpabilidad limitándose a afirmar o a demostrar ausencia de culpa de su parte en la ocurrencia del daño;
d) Tal exoneración o reducción, según el caso, de la obligación de resarcir el perjuicio, según el claro texto del artículo 2353 sólo tiene cabida en forma total, si el dueño o el guardián demuestran plenamente un hecho positivo y concreto consistente en que el daño causado por el animal obedece a fuerza mayor o caso fortuito o culpa exclusiva de un tercero, y en forma parcial, cuando también medió culpa de la propia víctima o de un tercero y en proporción a la influencia determinante que estos hayan tenido en la ocurrencia del daño (artículo 2357 C.C.). Es obvio que si el perjuicio se produjo como consecuencia de culpa exclusiva del damnificado, el dueño o el guardián del animal quedan exonerados totalmente de responsabilidad.
Los anteriores son los parámetros generales para la aplicación del artículo 2353 del Código Civil.
4.2 Responsabilidad por daños causados por animal fiero
En lo que corresponde al artículo 2354103 del Código Civil, los requisitos para su aplicación son los siguientes:
1. La clase de animales que se incluyen allí y que causan el daño son los animales fieros. Ya se dijo que la fiereza que caracteriza un animal está dada por la forma en que el daño se haya causado y por el instinto agresivo de este.
2. El responsable será la persona que tenga el animal en el momento en que ocurre el daño. Ya no será el dueño o el que se sirva de él, y si se trata de un dependiente, a él no podrá tenerse como tenedor del animal para efectos de la responsabilidad del artículo 2354, ya que de todas maneras es una persona que trabaja para quien realmente es tenedor del animal. Puede demandarse también al dependiente que tenía el animal en el momento en que ocurrió el daño, pero por hecho propio, probando su culpa.
3. El animal fiero no debe reportar utilidad para la guarda o el servicio de un predio. Significa lo anterior que el animal puede estar destinado para la vigilancia de un predio o bien, para prestar servicio en un predio, para cuestiones laborales y de productividad. Por predio, según el diccionario de la Real Academia, hay que entender heredad o finca. Así es que, si el animal fiero se encuentra en un sitio diferente a lo que debe entenderse por predio, tiene cabida la responsabilidad porque puede que esté reportando utilidad para la guarda o el servicio, pero no de un predio.
4. De acuerdo a lo expuesto en el numeral anterior, si el daño es ocasionado por un animal fiero que reporta utilidad para la guarda o el servicio de un predio, ya la responsabilidad no se rige por el artículo 2354, sino por el artículo 2353. No obstante, en el numeral siguiente se analiza la decisión de la Corte Suprema de Justicia cuando fungía como Tribunal Constitucional, antes de la Corte Constitucional, ya que si el daño es causado por un animal fiero, reporte o no utilidad para la guarda o el servicio de un predio, tiene aplicación el artículo 2356 del Código Civil, esto es, actividad peligrosa o riesgosa.
5. El artículo 2354 del Código Civil fue estudiado por la Corte Suprema de Justicia en el año 1989, cuando ejercía las veces de Tribunal Constitucional. En sentencia número 14, expediente número 1887, acción de inexequibilidad contra el artículo 2354 del Código Civil –Ley 57 de 1887. Daño causado por animal fiero. Abril 6 de 1989. M. P. Jairo Duque Pérez–, según el demandante, la última parte del artículo, que textualmente reza “y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído”, era violatoria del derecho de defensa ya que no le permite al demandado exonerarse de responsabilidad, lo condena de antemano e infringe el principio de presunción de inocencia. La frase anterior fue declarada exequible, bajo las siguientes consideraciones:
La prohibición de oír la alegación del tenedor del animal sobre la inevitabilidad del daño, se circunscribe a la mera culpa por incurrir en ella automáticamente. Al demandado le es permitido por tanto, alegar la ausencia del daño o la causa extraña de éste, lo cual supone como es obvio que la norma acusada respeta y acata las garantías del debido proceso consagradas por el artículo 26 del estatuto fundamental que por esta razón, lejos de ser vulnerada por las expresiones del artículo 2354 que son materia de la presente impugnación constitucional, adquieren su cabal operancia y efectividad dentro del respectivo proceso, con la ya anotada restricción. […] QUINTO: Es dable considerar finalmente, que la responsabilidad que sanciona al artículo 2354 del Código Civil fluye también del especial peligro que constituye la tenencia del animal “fiero”, no propiamente bravío en el sentido que señala el artículo 687 del Código Civil, ya que como ser vivo, obra a impulsos propios y está en aptitud permanente de causar daño; por lo tanto, la responsabilidad de quien lo tiene se puede enmarcar dentro del espíritu del artículo 2356 del Código Civil según la interpretación jurisprudencial que viene haciendo de este texto a partir de los fallos de su Sala de Casación Civil de 30 de noviembre de 1935; 14 de marzo y 31 de mayo de 1938, (G. J. XLVI).
Del análisis precedente se infiere que la imputación incoada por el actor contra las expresiones “y si alegare que no le fue posible evitar el daño no será oído” que emplea el artículo 2354 del Código Civil, carece de fundamento y por ende la demanda no ha de prosperar. Así será declarado.
No obstante la posición referenciada de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, en sentencia C-111 del 7 de noviembre de 2018, declaró exequible la expresión no será oído del artículo 2354. Concluye que la norma parcialmente impugnada excluye la posibilidad de considerar como argumento admisible la ausencia de culpa o diligencia para liberarse de la obligación de reparar, y los argumentos son los siguientes:
Con fundamento en ello, estableció que la regla que impide aceptar como argumento válido la ausencia de culpa por parte del tenedor del animal fiero encuentra fundamento: (i) en el margen de configuración del que dispone el Congreso para regular las hipótesis de responsabilidad civil; (ii) en la ausencia de una prohibición constitucional de establecer regímenes de responsabilidad sin culpa o que impidan alegarla tal y como se desprende, por ejemplo, de la sentencia C-973 de 2002 y del artículo 88 de la Constitución; y (iii) en el hecho de que se trata de una disposición que promueve la protección del medio ambiente y la función social de la propiedad al contribuir a la protección de la fauna silvestre y desincentivar la tenencia de animales que no reportan beneficio alguno para la guarda o servicio de un predio. Señaló, en adición a ello, (iv) que la interpretación mayoritaria del artículo 2354 no excluye la posibilidad de proponer medios de defensa relacionados, por ejemplo, con la inexistencia del nexo causal.104
Tanto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, en su momento, declararon exequible la expresión demandada y coinciden en que el demandado no se exonera de responsabilidad probando diligencia y cuidado, sino probando causa extraña, aunque los argumentos para llegar a la misma conclusión difieren en su fundamento.
El Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo de 2012,105 inaplicó la expresión y si alegare que no fue posible evitar el daño, no será oído.
4.3 Responsabilidad por daños causados por ejemplares caninos potencialmente peligrosos
Una variante de lo que se ha venido estudiando con respecto a los animales fieros y no fieros es la responsabilidad por daños causados por perros potencialmente peligrosos.
La Ley 1801 de 2016, mediante la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, de manera expresa se refiere a la responsabilidad por los perros potencialmente peligrosos.
Con el fin de establecer los aspectos atinentes a la responsabilidad, es importante determinar, en primer lugar, cuáles son los ejemplares caninos y las razas que se catalogan de potencialmente peligrosos, en segundo lugar, quién es el responsable cuando se causa daño por un perro catalogado de potencialmente peligroso, y en tercer lugar, cuál es el criterio de imputación. Veamos:
1. ¿Cuáles son los ejemplares caninos y las razas que se catalogan como potencialmente peligrosos? El artículo 126 de la Ley 1801106 marca las pautas para catalogar un perro como potencialmente peligroso. Son tres aspectos o uno de los tres, que llevan a concluir cuándo un perro es tenido como potencialmente peligroso. En primer lugar, perros que han tenido antecedentes de agresiones a personas u otros perros. En segundo lugar, perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa, y en tercer lugar, perros que pertenecen a una de las razas mencionadas en el literal c.
Cualquier otra clase de raza de perros o los que no han tenido episodios de agresiones anteriores o que no han sido adiestrados para el ataque y la defensa no son tenidos como perros potencialmente peligrosos, y por tanto, no hacen parte de la regulación específica del artículo en mención.
2. ¿Quién es el responsable cuando se causa daño por un perro catalogado como potencialmente peligroso? El responsable por los daños causados, bien sea a personas o a cosas, por un perro potencialmente peligroso, es el propietario o el tenedor. Así se desprende de la redacción textual del inciso primero del artículo 127 de la Ley 1801 de 2016:
Artículo 127. Responsabilidad del propietario o tenedor de caninos potencialmente peligrosos. El propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio natural, en general.
El artículo 127 de la Ley 1801 fue estudiado por la Corte Constitucional, y mediante sentencia C-059 de 2018 lo declaró exequible y argumentó que lo planteado por la norma es una responsabilidad objetiva del dueño de perros clasificados como potencialmente peligrosos, sin que tenga posibilidad de exculparse por el eventual daño que cause el animal. Considero que le falta claridad a la Corte cuando se refiere a exculparse, pero debe entenderse que el demandado no se exonera probando diligencia y cuidado,107 sino únicamente probando causa extraña.
Para saber quién es el propietario de un perro potencialmente peligroso y por ende determinar quién es el responsable, la misma ley, artículo 128, prescribe que tratándose de perros potencialmente peligrosos, estos deben registrarse en el censo que para tal efecto lleven las alcaldías municipales, para que el propietario obtenga el respectivo permiso. Ese registro debe contener los datos del propietario. Así que, para saber quién es el propietario de un perro potencialmente peligroso se puede consultar el respectivo registro, pero habrá que acudir a otros medios de prueba cuando el perro no esté registrado.
Pero también puede ser responsable el tenedor del perro catalogado como potencialmente peligroso, lo que facilita la situación para la víctima, porque en caso de que no se pueda determinar la calidad de propietario, es expedito por el lado del tenedor.
¿Qué pasa cuando el tenedor del perro es un menor de edad, el perro muerde a una persona y le causa lesiones o la muerte? Varias alternativas se presentan:
a. Si el tenedor es mayor de doce años, tiene capacidad para la responsabilidad extracontractual y puede ser demandado a través de sus representantes.
b. Sus padres pueden ser demandados por el tipo de responsabilidad hecho ajeno, si el menor es mayor de doce años y menor de dieciocho años, y se le puede probar dolo o culpa al menor.
c. Podría acudirse a las actividades peligrosas, pero habría que determinar quién es el guardián, que sin duda son los padres del menor.
d. Si se verifica que uno de los padres figura como propietario, este sería el eventual responsable, porque así lo indica la norma.
e. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-692 de 2003, determinó que el responsable de los daños causados por un perro potencialmente peligroso en principio es el propietario o el tenedor, pero también son los padres, tutores, curadores o quien tenga a su cargo la representación legal del menor. Si bien la sentencia anterior, relacionada con la Ley 746 de 2002, mediante la cual se regulan la tenencia y el registro de perros potencialmente peligrosos, fue derogada por el artículo 242 de la Ley 1801 de 2016, consideramos que tiene igual aplicación en vigencia de la Ley 1801, no obstante que el artículo 134, numeral 6.o, de esta Ley sanciona el permitir a niños, niñas o adolescentes108 la posesión, la tenencia o el transporte de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-059 de 2018, declaró la exequibilidad del numeral 6.o del artículo 134 de la Ley 1801 de 2016 y argumentó que se sancionan la tenencia, la posesión y el transporte de estos animales por el evidente riesgo que entrañan la disminución, la merma o la inexistencia del poder de control sobre el animal por parte de personas menores de edad, en quienes se hacen presumibles menos fuerza o un reducido poder de contención. Además, por la evidente incapacidad de estas personas para controlarlos, dado que por su fuerza y potencia pueden llegar a materializar riesgos a terceros o animales, e incluso a los propios niños, niñas, adolescentes o personas con situación de discapacidad que tengan cercanía con este tipo de animales.
3. ¿Cuál es el criterio de imputación? El criterio de imputación para efectos de la responsabilidad cuando el daño es causado por un perro potencialmente peligroso es el riesgo. El artículo 124 de la Ley 1801 de 2016 determina que los siguientes comportamientos, entre otros, ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales, y por lo tanto no deben efectuarse: “7. Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros”. Además, la primera parte del artículo 134 de la misma ley prescribe que los comportamientos que se enuncian ponen en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia por la tenencia de caninos potencialmente peligrosos, y que por lo tanto no deben efectuarse.
Ahora, surge la pregunta de si el daño es causado por un perro que no es catalogado como potencialmente peligroso, ¿dónde nos ubicamos para efectos de la responsabilidad? En estos eventos, si el daño es causado por el instinto agresivo del animal, aplica el artículo 2354 del Código Civil, y si el daño no es causado por el instinto agresivo del animal, aplica el artículo 2353 del Código Civil.
Si bien se ha argumentado que la división que se debe tener en cuenta para efectos de la responsabilidad por el daño causado por animales es la de animales no fieros y fieros, artículos 2353 y 2354, respectivamente, nada se opone a que cuando el daño sea causado por animal fiero, incluidos los ejemplares caninos potencialmente peligrosos, se pueda acudir al artículo 2356 del Código Civil, dada la peligrosidad para la salud, la vida y los bienes de las personas que implica tener estos animales. Podríamos decir que es una actividad peligrosa tener esta clase de animales que en cualquier momento pueden causar daño, pero por su instinto agresivo.
5. Responsabilidad civil por el daño causado por las cosas
Otro tipo de responsabilidad civil extracontractual es el relacionado con el daño causado por las cosas. Inicialmente son válidos los siguientes interrogantes: ¿mediante cuáles cosas se causa daño?, ¿siempre la cosa que causa daño debe haber sido manipulada por el hombre?, ¿puede existir responsabilidad por el daño causado por las cosas sin que la persona responsable haya intervenido de manera directa con la cosa?, ¿siempre que en el daño interviene una cosa se excluyen los otros tipos de responsabilidad civil extracontractual?109
En Colombia no existe una regla general de responsabilidad por el daño causado por las cosas, como sí existe en Francia110 y otros países.111 Esta regla enseña que se es responsable por el daño causado por las cosas que se tienen bajo guarda o custodia, sin entrar en casos específicos.
Pero si en Colombia no existe en el Código Civil una regla general de la responsabilidad por el daño causado por las cosas, sí existen casos específicos o típicos que configuran la responsabilidad por el daño causado por las cosas. Concretamente se tiene: 1) daño causado por ruina de edificio, que lo podemos dividir en tres: ruina por vicios de construcción (artículos 2351 y 2060 [num. 3] del C. C.); ruina de edificio por omitir las reparaciones necesarias (artículo 2350 C. C.); y ruina de edificio que causa daño al vecino (artículos 988 a 991 del C. C.), y 2) daño por cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio (artículo 2355 C. C.).
En los casos anteriores, cuando se acude al tipo de responsabilidad del daño causado con cosas, el mismo Código Civil colombiano lo tipifica y determina su estructura en aras de la configuración. El daño que no se amolde a la exigencia del Código Civil para la responsabilidad por el daño causado con cosas deja de serlo por este tipo de responsabilidad y encuentra acomodo en otro tipo de responsabilidad, aunque en el hecho dañoso se hayan utilizado cosas.
Ejemplos: 1) Si una persona es atropellada por un vehículo y fallece, no obstante que en el hecho dañoso intervino una cosa (el vehículo), el tipo de responsabilidad civil extracontractual es por actividad peligrosa; 2) si una persona es lesionada y quien lesiona utiliza un arma contundente (palo, piedra, varilla, etc.), el tipo de responsabilidad civil extracontractual es por hecho propio; 3) si el hijo menor lesionó a una persona y utilizó para ello un arma contundente, el tipo de responsabilidad es por hecho ajeno.
Acorde con lo expuesto en el párrafo anterior, cuando el causante del daño utiliza cosas o intervienen cosas, no por eso se puede concluir que existe responsabilidad por el hecho de las cosas, excepto, se itera, que se trate de los casos específicos señalados en el Código Civil.
Se omite en este trabajo la división acogida por la jurisprudencia112 y la doctrina113 entre cosas animadas e inanimadas, para incluir en las cosas animadas a los animales toda vez que son seres vivos que tienen movimiento. La razón para omitir la división, como ya se explicó cuando se analizó la responsabilidad por el daño causado por animales, es que la Ley 1774 de 2016 (protección de los animales y tipificación de conductas delictivas por el maltrato a los animales), en el artículo 1.o, indica que los animales, como seres sintientes, no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, gozan de protección y su maltrato es sancionado.
También se obvia en este ítem de responsabilidad por el hecho de las cosas la actividad peligrosa, pues se trata de una situación muy distinta, aunque en el ejercicio de actividades peligrosas se utilicen cosas.
En los párrafos siguientes se analizan los casos específicos del Código Civil de responsabilidad por el hecho de las cosas.
5.1 Responsabilidad por ruina de edificio
En la responsabilidad por ruina de edificio nos encontramos con tres alternativas, dos que están de manera expresa en el capítulo relacionado con la responsabilidad civil extracontractual, esto es, ruina por vicios de construcción en los artículos 2351 y 2060, numeral 3.o, y ruina por omitir las reparaciones necesarias en el artículo 2350. La tercera alternativa es ruina de edificio que causa daño al vecino, en los artículos 998 a 991.
Antes de analizar cada una de las alternativas anteriores, se hacen las siguientes precisiones:
1. ¿Qué es edificio para estos efectos? En la Ley 675 de 2001, artículo 3.o, se define el edificio como la construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados o de dominio particular, y por bienes comunes. En el mismo artículo tercero se indica que el edificio puede ser de uso residencial, comercial o mixto.
El concepto de edificio que interesa en esta responsabilidad no coincide en su totalidad con el concepto que define el artículo 3.o de la Ley 675 de 2001, sino que también se incluye la definición del artículo 656 del Código Civil. Este artículo se refiere a los inmuebles por naturaleza y por adhesión, y el primer inciso prescribe: “Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles” (la cursiva es del autor).
De esta manera, edificio es cualquier estructura de cosas o materiales durables hecha por el hombre y adherida permanentemente al suelo, en el que se refunden la definición del artículo 3.o de la Ley 675 de 2001 y del artículo 656 del Código Civil, y comprende, por ejemplo, casas, unidades residenciales por bloques, bodegas, puentes, iglesias, muros divisorios, embalses, represas, alcantarillas, etc.
2. ¿Qué es ruina?114 Por ruina, para estos efectos, debe entenderse la caída, el desprendimiento o el derribamiento, total o parcial, de los materiales que conforman la estructura adherida al piso de manera permanente. Solo de esta manera se comprende el concepto de ruina y no por lo viejo, vetusto o antiguo del edificio. Alessandri Rodríguez115 afirma que hay ruina cuando los materiales que forman el edificio han desempeñado un papel activo en la producción del daño o cuando se han desplazado de lugar, y se entiende que hay caída cuando una casa se derrumba, un puente o una terraza se hunden, una represa se revienta, una cornisa o un trozo de mampostería se cae. Se concluye que la caída concreta la ruina.
Se agrega que, si bien se habla de los materiales que conforman la estructura adherida al piso de manera permanente, se comprende cualquier material que forme parte de esa estructura completa, como las tejas, las cornisas, la mampostería, las canoas y los bajantes de aguas lluvias, etc.
Desde otro punto de vista, no siempre que se presenten el desprendimiento o la caída de materiales que conforman la estructura se puede hablar de ruina con los efectos jurídicos que más adelante se analizan. Los siguientes son algunos de los eventos en los que, a pesar de que se presenta el desprendimiento de materiales, no se configura la ruina de edificio para la responsabilidad con fundamento en los artículos 2350, 2351 y 2060, numeral 3.o.
3. Cosas o materiales que no forman parte de la estructura del edificio. Un matero u otro objeto, por ejemplo. En este caso aplica el artículo 2355 del Código Civil.
4. Daños causados durante la construcción, la demolición o la reparación del edificio. En estos eventos aplica la actividad peligrosa.
5. Daños causados con equipos mecánicos, instrumentos o cosas que no hacen parte de los materiales que conforman la estructura del edificio, pero que de alguna manera están dentro de la misma estructura.
Ejemplos: Ascensores, escaleras eléctricas, ventiladores, aparatos de calefacción. En estos casos aplica la actividad peligrosa, excepto que se configure la responsabilidad contractual.
6. Daños causados por la intervención de un tercero que tiene como consecuencia la ruina.
Ejemplo: Un vehículo colisiona contra un inmueble que se destruye. En este evento aplica la actividad peligrosa.
7. Daños causados por una persona distinta al propietario del edificio que, a título, por ejemplo, de arrendatario, comodatario, poseedor, etc., tenga el edificio. En estas hipótesis el tipo de responsabilidad podría ser hecho propio, con culpa probada o actividad peligrosa, si la ruina se produjo por una actividad peligrosa.
Ejemplo: Un arrendatario conserva material explosivo o combustibles, y se produce una explosión que causa la ruina y consecuentes daños al inmueble arrendado o a terceros.
8. Daños causados por ruina al arrendatario, comodatario, usufructuario, huéspedes en hoteles, restaurantes, etc. En estos casos la responsabilidad es contractual o si la persona fallece, la responsabilidad es extracontractual y el tipo de responsabilidad puede ser hecho propio o actividad peligrosa, si la ruina se produjo por actividad peligrosa.
Ejemplo: Por falla en la red de gas, se produce la explosión en la cocina de un hotel o restaurante, y como consecuencia se produce la ruina de parte del edificio con la consecuente afectación a la integridad física y la vida de algunos clientes.
No sobra decirlo, pero tampoco tiene aplicación la ruina de edificio, si lo único que se presenta es la amenaza de ruina, porque es una situación distinta, para la cual proceden acciones para el daño contingente que prescriben el artículo 2359 del Código Civil y los artículos 2.o y 4.o, literal g, de la Ley 472 de 1998, y el inciso 3.o del artículo 2060 del Código Civil.
5.1.1 Ruina de edificio por vicios de construcción
Se dijo que entre las alternativas del daño por ruina de edificio está el daño que tiene origen por vicios de construcción. En este sentido remiten los artículos 2351116 y 2060,117 numeral 3.o, del Código Civil.
Se aclara que los artículos 2053 a 2062 del Código Civil se refieren al contrato de obra y a la responsabilidad por incumplimiento de la obligación, el numeral 3.o del artículo 2060 se inmiscuye en la responsabilidad civil extracontractual por remisión expresa del artículo 2351. No es la finalidad de este trabajo analizar todo el tema de la responsabilidad contractual y extracontractual cuando el daño tenga relación con la actividad de la construcción. Únicamente se analiza el numeral 3.o del artículo 2060 del Código Civil, cuando la responsabilidad es extracontractual por ruina de edificio y, concretamente, por vicios de construcción. Los aspectos destacados son los siguientes:
5.1.1.1 La ruina de edificio puede ser por vicio de construcción, por vicio de suelo o vicio de los materiales
Sabemos que una ruina es el desprendimiento total o parcial de los materiales que conforman el edificio, pero la causa de la ruina conforme al numeral 3.o del artículo 2060 del Código Civil puede ser por vicios de construcción,118 por vicio del suelo119 o por vicio en los materiales.120 Acorde con esto, el artículo 2351 del Código Civil, que se refiere a la responsabilidad civil extracontractual, únicamente se remite al daño causado por ruina de edificio por vicio de construcción, es decir, deja por fuera la ruina por vicio de suelo o vicio de los materiales.
Así las cosas, el interrogante que surge es si la ruina se presenta por vicio del suelo o vicio de los materiales, ¿deja por fuera la responsabilidad del empresario constructor? No puede ser así, ya que la actividad de la construcción del edificio se toma como un todo, y la responsabilidad por los daños durante la construcción y después de finalizada la construcción está en cabeza, principalmente, del empresario constructor. Si la causa de la ruina se fincó en un problema de suelo o de los materiales, remite a un control que debió tener el empresario constructor, además de que, de alguna manera, esos profesionales que se encargaron de los estudios de suelo o de materiales fueron dependientes o contratados por el empresario constructor, razón por la cual no prosperaría el hecho de tercero como causal de no imputación del daño al empresario constructor. Si el vicio se centra en los materiales que compró el empresario constructor para utilizarlos en la construcción, esta situación podrá tener repercusión desde el punto de vista contractual entre el propietario de la obra y el empresario constructor, conforme al artículo 2060 del Código Civil, pero no para la responsabilidad civil extracontractual, es decir, daños a terceros.
Si el propietario de la obra fue el que contrató el estudio de suelos o fue el que compró los materiales, y la ruina se presenta por vicio del suelo o vicio de los materiales, considero que no cambia para efectos de la responsabilidad del empresario constructor, toda vez que él debe tener el control de la actividad como un todo. Además, el hecho de tercero no prosperaría para el empresario constructor por el vínculo contractual con el propietario de la obra. Puede tener repercusión para la responsabilidad contractual entre el propietario de la obra y el empresario constructor, pero no para la responsabilidad civil extracontractual con respecto al daño causado a terceros.
De esta manera, discrepamos de la posición de la Corte Suprema de Justicia,121 cuando afirma que por tratarse de una garantía legal, que cobija también los eventuales daños a terceros que no deriven ningún derecho del dueño de la obra, causados por la ruina de una edificación, pero únicamente cuando provienen de un vicio de construcción, que no del suelo ni de los materiales (artículo 2351 del Código Civil). Es decir que para la Corte si la ruina tiene origen en vicios del suelo o vicios de los materiales, no habrá responsabilidad del empresario constructor, cosa que no admitimos, conforme al argumento antes expuesto.
En conclusión, si la ruina se presenta por vicios de construcción, vicio del suelo o vicio de los materiales, compromete la responsabilidad del empresario constructor. Lo anterior no significa que no se pueda demandar a otras personas que intervinieron en la construcción del edificio, entre ellos, a quien realizó el estudio de suelos o fabricó o vendió los materiales, pero la fuente de responsabilidad será hecho propio, para lo cual habrá que probarles la culpa.
5.1.1.2 La ruina debe presentarse después de terminado y entregado el edificio por el constructor
Se configura la ruina por vicios de construcción después de que el edificio ha sido terminado y entregado por parte del constructor. Acorde con el concepto de ruina, esta puede presentarse a partir del día siguiente de la entrega del edificio.
5.1.1.3 El responsable es el empresario constructor
El responsable, en principio, por los daños causados por esta clase de ruina de edificio, es el empresario. Por empresario, para estos efectos, debe entenderse la persona natural o jurídica que contrata y se encarga de la construcción de un edificio.
Con respecto al concepto de constructor, existen en la actualidad dos normas que deben ser armonizadas.
En primer lugar, el numeral 9.o del artículo 4.o de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 1.o de la Ley 1229 de 2008, por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes, define que constructor es “el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación”. Con esta definición de constructor se deja por fuera a la persona jurídica.
En segundo lugar, el numeral 1.o del artículo 2.o de la Ley 1796 de 2016,122 por la cual se establecen medidas para el comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función que ejercen los curadores, define que constructor es “el profesional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y que figura como constructor responsable en la licencia de construcción”.
La definición de la Ley 400 de 1997 no relaciona a las personas jurídicas y se refiere a cualquier clase de construcción de un edificio. En cambio, la definición de la Ley 1796 de 2016 relaciona a las personas naturales y jurídicas, y únicamente se refiere a la construcción de vivienda nueva.
No obstante la disparidad en la redacción para definir quién es constructor, consideramos que constructor, en términos generales y para la responsabilidad que aquí se analiza, es la persona, natural o jurídica, bajo cuya responsabilidad se adelanta una construcción. En palabras de la Corte Suprema de Justicia,123 se le llama empresario constructor.
Si se quiere hacer responsables a otras personas distintas al constructor, por ejemplo al propietario o los propietarios del edificio, al promotor del proyecto o los empleados que intervinieron en la construcción de la obra en calidad de supervisor técnico, interventor, diseñador estructural, ingeniero geotecnista, etc., el tipo de responsabilidad extracontractual será hecho propio, para lo cual habrá que probarles la culpa.
5.1.1.4 La responsabilidad del empresario constructor se extiende durante el tiempo de la garantía decenal
Después de entregada la obra por parte del empresario constructor, la responsabilidad de este se extiende hasta por diez años, ya que así lo dispone el artículo 2060, numeral 3.o del Código Civil, por remisión expresa del artículo 2351 ibidem. La responsabilidad comprende los daños causados por la ruina, tanto en acabados como en lo estructural o la estabilidad.124 Así, cualquiera sea la causa de la ruina, por acabados o estabilidad, compromete la responsabilidad del empresario constructor.
Se debe tener claridad con respecto a que, si bien la responsabilidad del empresario constructor es por los daños ocurridos dentro de los diez años siguientes a la entrega del edificio, a partir del momento en que ocurre el daño comienza a contarse el término de prescripción. Si el daño ocurre a los nueve años de haberse entregado el edificio, a partir de esta fecha inicia el término de prescripción.
5.1.1.5 La responsabilidad del empresario constructor se extiende a los daños causados por la ruina y a la amenaza de ruina
La responsabilidad del empresario constructor se extiende a los daños causados por la ruina y a la amenaza de ruina.125 Son dos conceptos distintos. En la amenaza de ruina hablamos de daño contingente o riesgo de daño; en el daño causado hablamos de daño consumado, que efectivamente se realizó. Frente al primero proceden la prevención y la corrección, frente al segundo procede la reparación.
Es pertinente hacer efectivas la prevención y la corrección frente a la amenaza de ruina a través de varias vías jurídicas. La primera es el daño contingente, conforme al artículo 2359126 del Código Civil. La segunda es la acción popular, conforme al artículo 4.o, literal g, de la Ley 472 de 1998. La tercera son las medidas correctivas, conforme a los artículos 173, numerales 8, 14 y 15, que son desarrollados por los artículos 186, 192 y 194 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expiden el Código Nacional de Policía y de Convivencia. La cuarta es la declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad, de manera concreta, artículos 77 y 78 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en las que se ordena la demolición de toda construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o la salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas.
Más adelante se ahondará en el tema de las medidas correctivas de la Ley 1801 de 2016, cuando se analice el daño por ruina de edificio entre vecinos.
En las acciones de corrección o prevención, el sujeto pasivo puede ser el constructor siempre que se esté dentro de los diez años de haberse entregado el edificio. La razón es que el artículo 2060, numeral 3.o, del Código Civil, de manera expresa compromete la responsabilidad del constructor no únicamente cuando perece el edificio, es decir, por ruina, sino también por amenaza de ruina.
5.1.1.6 Criterio de imputación
Si estamos ante la ruina de edificio por vicios de construcción, surge el interrogante de si el demandante debe probar el o los defectos en la construcción que originaron la ruina. Dejarle la carga a la víctima para que pruebe si la ruina se produjo por vicio en la construcción, en el suelo o en los materiales es dejarla sin indemnización. Más bien, se parte de la base de que si se presenta la ruina dentro de los diez años siguientes a la entrega, debe presumirse que fue por vicios de construcción, caso en el cual se parte de una presunción de culpa como criterio de imputación.
5.1.1.7 Exoneración de responsabilidad
La exoneración de responsabilidad únicamente está en la prueba de la causa extraña, jamás podría ser la diligencia y el cuidado que pruebe el constructor en su actividad desarrollada en la construcción del edificio.
5.1.1.8 Función de la normatividad relacionada con el tema de la construcción
La normatividad fundamental relacionada con el tema de la construcción127 puede ser base importante para que el constructor pruebe que cumplió con las normas que regula la construcción sismorresistente; además, para probar que la ruina no tuvo origen en un vicio de construcción, del suelo o de los materiales, pero no para que el demandante pruebe que el constructor no cumplió con la normatividad que regula la construcción sismorresistente o la calidad en los acabados o elementos no estructurales.
5.1.2 Ruina de edificio por omitir reparaciones necesarias
En esta segunda alternativa de ruina de edificio ya no es por vicios de construcción, sino por omitir las reparaciones necesarias o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia, para evitar la ruina conforme al artículo 2350128 del Código Civil. Las reglas que se determinan son las siguientes:
5.1.2.1 ¿Quiénes son responsables?
Los responsables son el propietario o los propietarios del edificio en el momento en que se causa el daño, situación que se verifica con el certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Si quien era propietario en el momento del daño transfiere el dominio, no lo libera de la responsabilidad ni es responsable el nuevo propietario.
Nada obsta para que otras personas puedan ser demandadas, por ejemplo el poseedor, el usufructuario, el arrendatario, el comodatario, el administrador, pero no con fundamento en el artículo 2350 del Código Civil, toda vez que no son propietarios, sino con fundamento en el hecho propio, artículo 2341 ibidem, para lo cual habrá que probar la culpa.
Con respecto a lo expuesto en el párrafo anterior se presentan dos alternativas. La primera consiste en que el usufructuario, el arrendatario o el comodatario, teniendo conocimiento del mal estado del edificio y la amenaza de ruina, no enteran al propietario para que tome las medidas pertinentes en aras de conjurar la amenaza, caso en el que, de presentarse la ruina y el consecuente daño, pueden ser responsables. La segunda consiste en que el usufructuario, el arrendatario o el comodatario acuerdan con el propietario del edificio que ellos se encargan del mantenimiento o de las reparaciones para evitar ruina, caso en el que, de presentarse la ruina y el consecuente daño, no se exonera de responsabilidad al propietario del edificio, pero este puede repetir contra aquellos.
Si bien la norma indica que el responsable es el propietario, cuando son propietarios proindiviso se excepciona la solidaridad, y la responsabilidad para la cuantía de la indemnización se dividirá entre ellas, a prorrata de sus cuotas de dominio. Por ejemplo, si son tres propietarios, uno de ellos con el 50% y los dos restantes con el 25% cada uno, ese mismo porcentaje será el de la indemnización. Por ejemplo, si la condena es por veinte millones de pesos, corresponde pagar diez millones de pesos a quien tiene el 50% y cinco millones a cada uno de los que tienen el 25%.
Si uno de los propietarios proindiviso argumenta que la ruina se debe de manera exclusiva a otro copropietario, no le va a prosperar su petición debido a que la norma no establece excepciones y el que alega esta situación de todas maneras es propietario.
Pero puede ocurrir que no sean propietarios proindiviso sino mediante la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes.129 En este caso, si la ruina se produce en el bien de propiedad privada o que tenga repercusión en todo el edificio, la responsabilidad es exclusiva del propietario del bien donde se presentó o inició la ruina y excluye a los demás propietarios. Si la ruina se produce en un bien común,130 sí aplica el artículo 2350 del Código Civil.
5.1.2.2 Origen de la ruina del edificio
La ruina debe tener su causa en dos o en una de dos alternativas: haber omitido las reparaciones necesarias y haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. En ambos eventos se trata de evitar la ruina, pero son dos cosas distintas. Las reparaciones son necesarias cuando realmente se avizora la amenaza de ruina; o cuando no se avizora, por el transcurso del tiempo de manera preventiva. En conclusión, se requiere la realización de obras. Desde otro punto de vista, faltar al cuidado de un buen padre de familia, en definitiva, es faltar a las reglas de prudencia, diligencia y cuidado.
5.1.2.3 Momento a partir del cual el propietario puede ser responsable
Se pregunta a partir de cuándo el propietario es responsable por los daños causados por ruina de edificio por omitir las reparaciones necesarias. La pregunta se hace toda vez que el empresario que construyó también es responsable por ruina de edificio por vicios de construcción.
La respuesta a esta pregunta se encuentra en la lógica que indica que mientras el daño ocurra dentro de los diez años siguientes a su entrega la responsabilidad por daños causados por la ruina será del empresario constructor. A contrario sensu, transcurridos diez años después de la entrega del edificio, ya no se habla de ruina por vicios de construcción y no será responsabilidad del empresario, sino que ya el responsable será el propietario. Aunque como ya se explicó líneas atrás, el propietario y otras personas también pueden ser responsables mientras subsista la responsabilidad del constructor, pero por hecho propio, conforme al artículo 2341 del Código Civil, para lo cual habrá que probar la culpa del propietario.
5.1.2.4 Criterio de imputación
En cuanto al criterio de imputación en esta clase de responsabilidad, no existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia. Quienes afirman que el demandante debe probar la culpa lo sustentan en que debe probar la ausencia de reparaciones necesarias o cualquier otra culpa capaz de originar el daño, y que una vez establecido ese presupuesto, la ley presume que fue a causa de esa culpa que se produjo la ruina.131
Otros afirman que el criterio de imputación es la culpa presunta. Jorge Santos Ballesteros132 lo sustenta con base en el incumplimiento de la obligación de custodia y de guarda que pesa sobre toda persona y que consiste en mantener y construir las cosas animadas o inanimadas en estado de no causar daño, sean o no peligrosas. Alberto Tamayo Lombana133 inicialmente indica que de exigirse la prueba de la culpa sería necesario ubicarse en el artículo 2341, lo que no tiene coherencia, porque así el artículo 2350 no tendría razón de ser como norma especial ya que el 2341 es la regla general; además, afirma que acreditados el perjuicio y al relación de causalidad entre aquel y la ruina, se presume que la ruina se debió a la falta de necesarias reparaciones. Álvaro Pérez Vives134 indica que el damnificado solo debe probar que el perjuicio fue causado por la ruina del edificio para que se presumiera que se debió precisamente a la falta de las necesarias reparaciones, es decir, a culpa del dueño. Por su parte, Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve135 van más allá y sustentan que la responsabilidad a que se refiere el artículo 2350 del Código Civil es objetiva y se funda en el riesgo que se crea para la gente por haber omitido las reparaciones necesarias.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia136 concluyó que en los eventos de daños del artículo 2350 del Código Civil el demandante no tiene que probar la culpa, sino que se presume. Acoge la doctrina de Álvaro Pérez Vives en el sentido de que, probado que el daño se produjo por la ruina del edificio, se presume que fue por falta de las reparaciones necesarias. Esta misma posición fue reiterada en sentencia del 9 de octubre de 1963.
Pero en relación con otras decisiones la Corte manifiesta que el demandante tiene la carga de la prueba de la culpa. En sentencia del 4 de diciembre de 1963,137 la Corte indica que acaecida la ruina del edificio y comprobado que ella se debió a falta de las reparaciones necesarias o del cuidado que emplea una persona prudente, queda establecida la culpa que compromete la responsabilidad del propietario por los daños causados a terceros. Posteriormente, en sentencia del 27 de abril de 1972,138 la Corte afirma que con respecto al artículo 2350 del Código Civil no hay presunción de culpa, se debe probar que la ruina ocurrió por haber omitido las reparaciones, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. En sentencia del 5 de abril de 1978, la Corte reitera139 la posición anterior, en el sentido de que se debe probar la culpa del dueño del edificio, radicada en haber omitido las reparaciones necesarias o en no haber conservado la integridad del inmueble, como lo hubiera hecho un buen padre de familia.
Como vemos, no existe consenso en cuanto al criterio de imputación en la responsabilidad civil extracontractual por daños causados por ruina de edificio conforme al artículo 2355 del Código Civil. La diferencia es enorme entre que se deba probar la culpa y que esta se presuma.
Si se debe probar la culpa, la víctima corre serios riesgos de quedarse sin indemnización toda vez que se le dificulta probar que la ruina se debió a que no se realizaron las reparaciones necesarias, lo que lleva a un análisis retrospectivo y a determinar, antes de la ruina, cuáles eran las reparaciones necesarias que se omitieron y que fueron causa de la ruina. O también, cuáles fueron los comportamientos culposos que originaron la ruina.
Se puede pensar, por ejemplo, en el nuevo propietario del inmueble que apenas lleva un mes como propietario, y se presenta la ruina del edificio conforme al artículo 2350 del Código Civil. No interesa la responsabilidad contractual entre vendedor y comprador porque no aplica la norma anterior; interesa la responsabilidad civil extracontractual, para lo cual, según parte de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, habrá que probar la culpa del propietario. ¿Cómo se prueba la culpa? Dos alternativas de respuesta para el interrogante anterior: por un lado, habrá que probar que el nuevo propietario tenía conocimiento de la amenaza de ruina y fue negligente a la hora de tomar medidas para evitarla durante ese mes, o que con un comportamiento imprudente o negligente del nuevo propietario se produjo la ruina; por otro lado, no se avizoraba amenaza de ruina del edificio y tampoco hubo comportamiento imprudente o negligente del nuevo propietario. Así, ¿cómo cargar a una omisión o imprudencia del nuevo propietario la ruina del edificio? Imposible.
No es factible que a un tipo de responsabilidad distinto a la regla general del artículo 2341 del Código Civil, donde se debe probar la culpa, como lo es la responsabilidad por ruina de edificio conforme al artículo 2350 ibidem, se le aplique la misma exigencia de probar la culpa. Así, no tiene sentido el artículo 2350 porque sería repetición del 2341, y en realidad son dos tipos de responsabilidad muy distintos. Más bien, se propone, y estamos de acuerdo, que basta probar que el daño tiene origen en la ruina del edificio para que se presuma que fue por no realizar las reparaciones necesarias o cualquier otro comportamiento que dio lugar a la ruina.
5.1.2.5 Exoneración de responsabilidad
La exoneración de responsabilidad en este tipo de responsabilidad está únicamente en la prueba de la causa extraña, es decir, hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de un tercero o fuerza mayor o caso fortuito. Si bien el artículo 2350 del Código Civil prescribe que “no habrá responsabilidad si la ruina acaeciere por caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto”, dando a entender que es únicamente con fuerza mayor o caso fortuito, debe entenderse que es causa extraña que comprende, además, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho exclusivo de tercero.
No es posible que el propietario se exonere aduciendo que no hubo culpa de su parte o que la omisión no le es imputable, por ejemplo que acababa de adquirir el inmueble, que lo hacía revisar periódicamente por un arquitecto, que encargó la reparación a otra persona y no lo hizo o que ignoraba el mal estado del edificio y este no era de fácil percepción.140
5.1.3 Ruina de edificio que causa daño al vecino
Una variante de lo que es el daño por ruina de edificio que regulan los artículos 2351 y 2355 del Código Civil es el daño por ruina de edificio establecido en los artículos 990 y 991 ibidem.
Antes de analizar los dos artículos anteriores, el tema inicia con lo que se conoce como amenaza de ruina o querella por amenaza de ruina. En este sentido, el artículo 988141 del Código Civil faculta al vecino de un edificio que amenaza ruina y que tenga conocimiento de esa amenaza, para que se querellen y se ordenen por la autoridad competente las obras necesarias, inclusive derribar el edificio, para la seguridad del vecino y evitar daños.
Este artículo 988 fue subrogado por el Libro Tercero del Código Nacional de Policía, que regula las contravenciones nacionales de policía, entre las que se encuentran las que dan lugar a la medida de demolición de obra. Concretamente en el artículo 216.142 Con la vigencia de la Ley 1801, se entiende que el Código Nacional de Policía perdió vigencia y el tema de la denuncia por edificio que amenaza ruina se regula a través de las medidas correctivas conforme al artículo 173, numerales 8, 14 y 15, que son desarrollados por los artículos 186,143 192144 y 194145 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y de Convivencia. Además de las acciones anteriores, el Código General del Proceso, en el artículo 377, numeral 3,146 regula el tema procesal de las acciones posesorias.
Lo analizado en los párrafos anteriores hace referencia a cuando el edificio amenaza ruina al vecino, pero los artículos 990147 y 991148 del Código Civil regulan los daños causados, ya no con la amenaza de ruina, sino con la ruina efectivamente presentada. Los puntos centrales en esta ruina de edificio son los siguientes:
5.1.3.1 Diferencia con respecto al artículo 2350 del Código Civil
Difiere esta responsabilidad de los artículos 990 y 991 del Código Civil con respecto a la responsabilidad del artículo 2350 ibidem en lo siguiente: 1) en el artículo 2350 la ruina tiene origen por haber omitido las reparaciones necesarias o por faltar al cuidado de un buen padre de familia; en el artículo 990 no se indaga por la causa de la ruina; 2) en el artículo 2350 no se requiere previa querella; en el artículo 990 se requiere previa querella de la víctima.
5.1.3.2 Aplica cuando el daño es causado al vecino
Los artículos 990 y 991 únicamente tienen aplicación cuando el daño se causa a un vecino, bien que haya sufrido daños en el edificio o en su integridad personal, haya fallecido o cualquier otro perjuicio, como morales o daño a la vida de relación. Acorde con lo anterior, si el daño lo sufre una persona distinta al vecino, tiene aplicación el artículo 2350.
5.1.3.3 Conocimiento de la amenaza de ruina
Para que el vecino dañado tenga derecho a la indemnización de perjuicios, inicialmente debe tener conocimiento de la amenaza de ruina, haber presentado la querella y que esta se hubiere notificado al querellado. A contrario sensu, si no tiene conocimiento de la amenaza de ruina, no se le puede imponer la carga de la querella, razón por la cual procede la aplicación del artículo 2350.
5.1.3.4 Culpa de la víctima al omitir presentar querella
Se argumenta que la razón por la cual no tiene derecho a ser reparado quien, previo conocimiento de que el edificio vecino amenaza ruina, no se querella es su propia culpa, desidia e indiferencia al no ejercer las acciones pertinentes para prevenir el daño por parte de las autoridades y ordenar las medidas para evitarlo.
5.1.3.5 Derecho a la indemnización, así no haya presentado querella
El artículo 991 prescribe que no habrá lugar a indemnización, si no hubiere precedido notificación de la querella. Puede el vecino que tema la ruina salir de presentar la querella y estar pendiente la notificación, y se ocasiona la ruina con el consecuente daño, pero por la redacción textual, no tiene derecho a la indemnización porque aún no se había notificado la querella.
En este punto estamos de acuerdo con el planteamiento que presenta el profesor Luis Guillermo Velásquez Jaramillo,149 cuando afirma que es demasiado injusto que en algunos casos la víctima muestra diligencia para obtener del propietario del edificio vecino acciones tendientes para que este realice las obras, reparaciones o derribe el edificio, o también recoge pruebas y contrata con un ingeniero un dictamen, y en ese entretanto se presenta la ruina pero aún no se había presentado la querella y menos se había notificado. Considera él que debe repararse a la víctima toda vez que fue diligente, no obstante el frío texto de la ley.
Consideramos que tiene razón el profesor Velásquez Jaramillo, puesto que si el fundamento para negar la indemnización de perjuicios, según el artículo 991 del Código Civil, son la desidia y la pasividad de la víctima, en este caso fue lo contrario, se portó diligente y preocupada por esa situación, le llamó la atención al propietario del edificio que amenaza con ruina y se aprestaba a documentarse para presentar la querella. Consideramos que, así las cosas, tiene derecho a la reparación.
5.1.3.6 Posición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la presentación de la querella
Con respecto al tema objeto de análisis, la Corte Suprema de Justicia150 profirió una decisión en la que analiza a fondo el asunto, con fecha del 4 de diciembre de 1963. Los hechos se centran en la caída de parte de una casa que se encontraba abandonada y descuidada por su propietario, sobre la casa contigua, a la que causó daños. Quedó probado en el proceso que las demandantes sabían y tenían conocimiento del mal estado de la casa vecina, y no obstante no presentaron la querella.
En su decisión, indica la Corte, los artículos 988, 990 y 991 del C. C. se refieren a los vecinos que, teniendo conocimiento del mal estado del edificio contiguo, temen que su ruina les cause perjuicios. Acota que, si el edificio se derrumba, los vecinos lesionados por la caída tienen derecho al resarcimiento de los daños, si propusieron y notificaron la querella antes de que se produjera la ruina; en caso contrario, no podrán exigir la indemnización. Con respecto a la negativa de la indemnización, argumenta que la omisión a la hora de presentar la querella para precaver los posibles daños constituye una culpa que hace presumir que los vecinos se expusieron voluntariamente a las consecuencias de dicha ruina; además, se trata del incumplimiento de la obligación de vecindad que impone promover la querella y la notificación de la misma, para evitar eventuales daños. Concluye la Corte: “Las anteriores son las aseveraciones que la sentencia tiene como prueba de que las demandantes tuvieron conocimiento del mal estado de la casa del demandado, de la amenaza de ruina que ofrecía y de que por tal motivo le hicieron reclamos”.151
Se destaca que las demandantes ya habían hecho reclamos al propietario del inmueble para que realizara las mejoras o arreglos y así evitar que se concretara la ruina. Para la Corte no bastó, pero, tal como se dejó anotado, si lo que se castiga es la negligencia de quien resulta dañado, no es negligente quien reclama y requiere al propietario para que realice las obras necesarias para evitar la ruina.
En posterior decisión, la Corte152 casó la sentencia del Tribunal por indebida aplicación del artículo 2356 del Código Civil. Se trató de un caso de demolición de inmueble y construcción de obra nueva, que afectó el inmueble contiguo propiedad de Avianca, pero la primera instancia y el Tribunal denegaron las pretensiones y resolvieron el caso con fundamento en los artículos 988 a 991, porque la demandante, previamente, no había presentado querella.
La Corte indicó que la norma a aplicar era el artículo 2356 del Código Civil, relacionado con actividades peligrosas, toda vez que
siendo la demolición y la construcción de cualesquiera edificaciones u obras, actividades que por sí mismas entrañan peligros para quienes intervienen en ellas y para los terceros especialmente para los dueños de propiedades contiguas o vecinas, resulta obvio que la señora Duarte de Mojica debe responder civilmente de los daños causados a la empresa Avianca, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 2356 del C.C.
5.1.3.7 Posición de la doctrina con respecto a la aplicación correcta de los artículos 988, 990 y 991 del Código Civil
Si bien en la primera de las sentencias relacionadas en el acápite anterior la Corte aplica el tenor literal de la norma, en el sentido de que la víctima no tiene derecho a la indemnización si no presentó y se notificó la querella, el Profesor Javier Tamayo Jaramillo153 presenta otra solución al problema. Advierte que si la ruina acaece por haber omitido las reparaciones necesarias, no tiene aplicación el artículo 988 y se ubica en la ruina del artículo 2350, sin necesidad de que la víctima haya presentado querella. Indica que el vecino no tiene por qué sufrir las consecuencias de la culpa del dueño de la construcción. El conocimiento del riesgo no implica su aceptación, y aun aceptando un silencio culposo de la víctima, llevaría a una reducción del monto de la indemnización. Conforme al artículo 2350, el silencio de la víctima no desvirtúa la responsabilidad del dueño del edificio.
5.2 Responsabilidad por daños causados con cosas que caen de la parte superior de un edificio
En este ítem se analiza la responsabilidad por el daño causado por cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio, que regula el artículo 2355154 del Código Civil. Parecería una norma inútil o que perdió vigencia, pero ahora más que nunca cobra vigencia ante el auge de la construcción y concretamente de conjuntos habitacionales. Los aspectos fundamentales en esta clase de responsabilidad son los siguientes:
5.2.1 La cosa que cae o se arroja no debe formar parte de la estructura del edificio
La cosa que cae o se arroja no debe formar parte de la estructura del edificio, porque de ser así, la responsabilidad sería por ruina de edificio. Si cae por ejemplo una teja, parte de la mampostería, parte de la fachada, una canoa o un tubo para las aguas lluvias, la clase de responsabilidad procedente es ruina de edificio, pero si cae un matero o cualquier otro objeto que no forme parte de la estructura del edificio, la responsabilidad se rige por el artículo 2355 del Código Civil.
5.2.2 Se debe desconocer de qué parte del edificio cayó la cosa
Se debe desconocer de qué parte exacta del edificio cayó o se arrojó la cosa, porque de conocerse ya no tendría aplicación esta clase de responsabilidad, sino por hecho propio con fundamento en el artículo 2341 del Código Civil, para lo cual se deben probar la culpa o el dolo. Por eso la norma indica que, a menos que se pruebe que el hecho, se debe a la culpa o la mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola.
Esta misma regla aplica si en el transcurso del proceso se determina y se identifica, a través de la prueba, de dónde exactamente cayó o se arrojó la cosa. En este evento se debe condenar únicamente a esta persona y absolver a las demás.
5.2.3 La cosa debe caer o arrojarse
Existe diferencia entre que una cosa se arroje o se caiga. En el primer caso existe la intervención de una persona de manera dolosa. En el segundo caso existe la intervención de una persona de manera culposa. Esta diferencia tiene importancia en el evento en que se sepa de dónde cayó la cosa, para la prueba del dolo o la culpa, mas no en los casos en que no se sepa de dónde cayó, porque lo más importante es que se pruebe que cayó de la parte superior del edificio.
5.2.4 Las personas responsables son las que habiten el edificio
Las personas responsables son las que habitan la misma parte del edificio. Lo anterior admite las siguientes precisiones:
5.2.4.1 Solo la calidad de habitante confiere legitimación en la causa por pasiva
Únicamente serán los habitantes, para lo cual se debe entender que puede confluir la calidad de propietario, usufructuario, leasing habitacional, arrendatario, comodatario y habitante a la vez, pero será la calidad de habitante la que legitime por pasiva y no las anteriores. Así las cosas, si el propietario arrendó el inmueble, no es habitante, sino que lo será el arrendatario.
Si uno de los apartamentos se encuentra desocupado pendiente para arrendar, no habrá responsabilidad del propietario debido a que en el momento del hecho dañoso no era habitado.
5.2.4.2 Cómo debe entenderse la misma parte del edificio
La misma parte del edificio hay que entenderla como la misma parte vertical, para lo cual habrá que tener en cuenta que deben ser varios pisos levantados sobre un lote de terreno. Además, si es un conjunto inmobiliario conformado por varios edificios, la misma parte del edificio será el edificio de donde cayó la cosa.
5.2.4.3 Identificación de quienes habitan la misma parte del edificio
Si los responsables son los que habitan el edificio, se puede demandar, por ejemplo, al padre, a la madre y a los demás hijos que habitan con ellos, siempre que sean mayores de doce años, pues ya tienen capacidad desde el punto de vista extracontractual, lo que en un momento dado puede multiplicarse y tener una gran cantidad de personas como legitimadas por pasiva. El problema no es que se tenga gran cantidad de personas a quienes demandar, sino lograr la identificación de quienes habitan el edificio, para lo cual habrá que acudir, inicialmente, a solicitar la información mediante derecho de petición a la administración; y de ser negativa, se puede acudir a la prueba extraprocesal, conforme al artículo 189 del Código General del Proceso.
Se descarta en este tipo de responsabilidad que la persona jurídica, propiedad horizontal, sea sujeto pasivo, por varias razones: 1. El daño no es causado por ruina de edificio, caso en el que la responsabilidad sería del propietario exclusivo del bien donde tuvo origen la ruina o de todos, proindiviso, si la ruina se presentó en zona común, mas no de la persona jurídica. 2. El administrador de la propiedad horizontal tiene como obligaciones cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos, de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal.155 Pero además los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros.156 Así las cosas, tampoco son responsables el administrador ni la persona jurídica cuando una cosa cae o se arroja de la parte superior de un edificio, porque no es un hecho dañoso atribuible al administrador.
5.2.4.4 Concepto de edificio para esta clase de responsabilidad
El concepto de edificio que interesa en esta clase de responsabilidad sí es el definido por el artículo 3.o de la Ley 675 de 2001 como la construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, pero además se complementa con el concepto de edificio definido en el numeral 17.o del artículo 4 de la Ley 400 de 1997 como una construcción cuyo uso primordial es la habitación o la ocupación por seres humanos. Debe ser así toda vez que los responsables sean los que habiten el edificio.
Para nada interesa el concepto de edificio cuando se analiza la ruina de edificio conforme a los artículos 2350 y 2351 del Código Civil.
5.2.4.5 No aplica la solidaridad
Esta clase de responsabilidad es una de las excepciones a la solidaridad en responsabilidad civil extracontractual. La norma indica que la indemnización se dividirá entre todas ellas. Varias precisiones en este punto:
1. Si la indemnización se divide entre todas ellas, admite dos interpretaciones. La primera, que es entre los que habiten el edificio y que además hayan sido demandados. La segunda, únicamente entre quienes fueron demandados. El caso es el siguiente: si son veinte habitantes del edificio y son demandados los veinte y la indemnización es por veinte millones de pesos, corresponde pagar a cada uno un millón; pero si son veinte habitantes del edificio y únicamente son demandados diez y la indemnización es por veinte millones de pesos, están obligados a pagar cada uno un millón, para un total de diez millones. En este último caso no se obtienen diez millones de pesos, ya que no se demandó al resto de los habitantes.
La otra alternativa es que la indemnización se divida entre quienes fueron demandados. Así, conforme al mismo caso anterior, si son veinte habitantes del edificio y únicamente se demanda a diez y la indemnización es por veinte millones de pesos, a cada uno le corresponde pagar dos millones.
Considero que la solución más correcta con lo que más adelante se explicará, es que para que el demandante obtenga el total de la indemnización, debe demandar a todos lo que habitan el edificio, porque si no lo hace, el demandado puede argumentar que hubo otros habitantes del edificio que no fueron demandados y los que fueron demandados no pueden asumir esa carga, toda vez que la norma se refiere a que la indemnización se divide entre los que habiten y no entre quienes son demandados.
2. El fundamento por el cual se excluye la solidaridad en este caso, es que en el fondo el problema que se presenta es de nexo de causalidad, mas no de imputación.
Se conoce como responsabilidad colectiva, cuando el daño es causado por una persona desconocida, que pertenece a un grupo conocido. Es el único caso en el Código Civil de responsabilidad colectiva porque se va a hacer responsable a un grupo de personas (habitantes del edificio), por el daño causado por una persona desconocida, pero que pertenece al grupo conocido (habitantes del edificio).
Así las cosas, si cae una cosa de un edificio y son veinte pisos, un apartamento por piso, no pudieron caer de los veinte al tiempo, por lo que se puede afirmar que existe nexo de causalidad para uno, pero no se sabe quién, y no nexo de causalidad para diecinueve. Entonces, ¿por qué se hace responsables a personas que se sabe no fueron causantes del daño y nada tienen que ver? Precisamente por esta “injusticia” es que se excepciona la solidaridad y cada uno de los que habita la misma parte del edificio va a pagar, no todo, sino una parte.
Desde otro punto de vista, los demandados podrán argumentar que no existe nexo de causalidad físico, pero sí existe imputación normativa del daño, ya que el mismo artículo 2355 prescribe que: “El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio (…)” (subrayas fuera del texto original). Precisamente lo que se imputa normativamente es el daño a todos los que habiten el edificio, así no exista nexo de causalidad físico.
5.2.4.6 Daño causado a un copropietario u otro habitante del edificio
Si la cosa cae y causa daño a un copropietario o habitante del mismo edificio, aplica la misma regla como si fuera un tercero. Se demandan a los que habitan el edificio.
5.2.4.7 Responsabilidad objetiva
Esta es una de las clases de responsabilidad civil extracontractual más objetiva que regula el Código Civil. El demandante no tiene que probar culpa o dolo por obvias razones, pero además, si los demandados quieren exonerarse de responsabilidad, únicamente lo logran a través de la prueba de la causa extraña, es decir, hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de tercero o fuerza mayor - caso fortuito.
Otra forma como se pueden exonerar de responsabilidad, es probando de dónde exactamente cayó o se arrojó la cosa, en cuyo caso, esta persona será exclusivamente responsable.
5.2.4.8 No aplica actividad peligrosa
No tienen cabida las actividades peligrosas en este tipo de responsabilidad. Como se dejó expuesto en el párrafo anterior, esta es una responsabilidad netamente objetiva porque prescinde del análisis de la culpa o dolo, además, porque únicamente exonera causa extraña. Pero los argumentos son los siguientes: en primer lugar, se debe identificar al guardián de la actividad peligrosa y en esta clase de responsabilidad es imposible, precisamente porque no se sabe de dónde cayó la cosa y, en segundo lugar, imposible probar que el daño fue causado por el ejercicio de una actividad peligrosa, así la cosa haya caído, aunque no se sepa de dónde.
5.2.4.9 Puntos controversiales
En esta clase de responsabilidad se presentan algunos puntos problemáticos a la hora de definir situaciones concretas. Entre otros, se tienen los siguientes:
Mientras no se pierda la calidad de habitante, la única causal de exoneración será la causa extraña
Qué pasa cuando en el momento de ocurrir el evento dañoso los habitantes no se encontraban en el edificio porque estaban paseando o disfrutando vacaciones, o cuando los habitantes del primer piso o sótano argumentan que la cosa no pudo caer de ahí y lo sustentan con prueba pericial. Además, argumentan que la norma indica que la cosa debe caer de la parte superior del edificio.
En los eventos anteriores no es suficiente para que los demandados se exoneren de responsabilidad argumentar que no se encontraban en el edificio al momento en que la cosa cae o el que habita en el primer piso o sótano, argumentar que la cosa no pudo caer del primer y menos del sótano. Es más, se puede contar con prueba pericial que indique desde el punto de vista de la física, que por el tamaño de la cosa, el impacto y el daño, ésta no pudo haber caído de menos de una altura determinada, en la que se encuentran algunos pisos del edificio. En cualquiera de los casos anteriores no se pierde la calidad de habitante del edificio que es la condición para que sea responsable. La norma no establece excepciones y atendiendo al principio de que cuando el legislador no distingue, mal hace el intérprete en distinguir, mientras se conserve la calidad de habitante, en principio, se tiene la calidad de legitimado por pasiva.
Edificio utilizado para fines comerciales o utilizado por una persona jurídica
Otro interrogante interesante es: ¿qué pasa cuando el edificio es de uso comercial para oficinas o bodegas? En estos eventos de todas maneras se puede hablar de que allí habitan personas toda vez que de manera habitual permanecen en el edificio, además, habitar es sinónimo de residir, y según el diccionario de la Real Academia, residir es estar establecido en un lugar o asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o beneficio, ejerciéndolo.
Lo expuesto en el párrafo anterior no tiene aplicación cuando el edificio es propiedad o lo tiene en arrendamiento una persona jurídica donde cumple sus actividades comerciales o para la sede administrativa. En estos casos, si bien no se sabe de qué piso cayó la cosa que causó el daño, no tiene aplicación el artículo 2355 del Código Civil toda vez que será la persona jurídica la responsable, independiente de que se desconozca el piso de donde cayó, lo importante es que se pruebe que la cosa cayó de ese edificio.
6. Responsabilidad por el daño causado en ejercicio de actividades peligrosas
De los tipos de responsabilidad civil extracontractual analizados, el que corresponde al daño causado en ejercicio de actividades peligrosas es el que más desarrollo ha tenido, pero a la vez, el de mayor controversia.
Es incuestionable que el desarrollo científico y tecnológico ha influido enormemente en el tema de la responsabilidad civil extra-contractual,157 concretamente en el daño causado en ejercicio de actividades peligrosas. En la historia de la praxis judicial en Colombia relacionada con esta clase de responsabilidad, no ha habido consenso ni en la doctrina ni en la jurisprudencia que permita unificar criterios y tomar decisiones sin altibajos para la aplicación correcta de esta clase de responsabilidad.
Por el espacio limitado para este trabajo y dada la amplitud del tema, se ciñe a unos asuntos concretos, pero los necesarios para comprender la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, los puntos problemáticos, su estado actual y las posibles soluciones a esos puntos problemáticos, con fundamento principal, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Acorde con lo anterior, se analizarán los siguientes puntos: 1) cuál es el origen de la actividad peligrosa en Colombia y su fuente normativa, 2) qué es una actividad peligrosa, 3) cuáles actividades son peligrosas, 4) quién es responsable por daño causado en ejercicio de actividad peligrosa, 5) cómo se exonera de responsabilidad en la actividad peligrosa, 6) cuál es el criterio de imputación en la actividad peligrosa, 7) la convergencia o concurrencia de actividades peligrosas.
6.1 Origen de la actividad peligrosa en Colombia
En Francia, una de las etapas en la evolución de la responsabilidad por el hecho de las cosas, fue la de distinguir entre cosas peligrosas y no peligrosas, pero esta teoría fracasó, con la siguiente crítica:
Hay cosas muy peligrosas, cosas algo menos peligrosas, etc.; ¿en qué punto se situará entonces el cero sobre el termómetro del peligro? Admitamos que se logre establecer una lista completa de las cosas peligrosas; no se estará por ello seguro, porque la relatividad de la noción de peligro obligará a continuas modificaciones: lo que era peligroso ayer no lo es ya hoy.158
Es indudable que la fracasada aplicación de la peligrosidad para determinar cuáles cosas entran en la esfera del artículo 1384 del Código Civil de Francia sirvió de base para que fuera acogida por algunas legislaciones foráneas, entre ellas Colombia, no por su fracaso, sino porque era una teoría llamativa para sustentar vacíos legislativos.
Álvaro Pérez Vives159 afirma que fue necesaria la presencia de Eduardo Zuleta Ángel en la Corte Suprema de Justicia para caer en cuenta de que el artículo 2356 del Código Civil consagra una presunción de responsabilidad por el daño causado en ejercicio de una actividad peligrosa, no siendo la misma teoría francesa, sino una diferente, que es la aceptada y aceptable entre nosotros.
El mismo Pérez Vives, quien siguió de cerca el inicio de la teoría de la actividad peligrosa, divide en tres grandes etapas la evolución de nuestra jurisprudencia sobre el particular.160
1. Período hasta el año 1935. 2. Período de 1935 hasta 1945. 3. Sentencias del 29 de octubre y el 4 de diciembre de 1945, y el 15 de mayo de 1946. En el primer período, hasta 1935, el desarrollo económico y social hacía de poca aplicación los principios de la responsabilidad civil extracontractual. Las causas con base en el artículo 2341 eran mínimas y con fundamento en la culpa probada, y el número de sentencias era limitado.161
El segundo período, conocido como período de oro de la Corte Suprema de Justicia, o nueva Corte, fue de tendencias renovadoras; de la responsabilidad derivada de la culpa probada se pasó a la presunción de responsabilidad, y para destruir la presunción, el causante del daño debía demostrar causa extraña. Además, se hace expresa mención de la actividad peligrosa.
Desde 1935 ya había algunos fallos proferidos por el magistrado Eduardo Zuleta Ángel; el de 1938 fue más completo en el tema. Cuenta Pérez Vives que el gestor de la responsabilidad por actividad peligrosa fue Eduardo Zuleta Ángel, quien la expuso por primera vez en una conferencia dictada en Francia en 1934, y publicada en la revista del Instituto de Legislación Comparada. Posteriormente fue publicada por Dalloz, en memoria de Henry Capitant y copiada por Arturo Alessandri Rodríguez, sin indicar la fuente de donde la había tomado, y la aplicó al artículo 2329 del Código Civil de Chile, cuyo texto es similar al artículo 2356 del Código Civil colombiano.162
Esta proximidad temporal y personal con la fracasada teoría en Francia de cosas peligrosas y no peligrosas es lo que permite concluir que el concepto de peligrosidad aplicado en Colombia para la responsabilidad civil extracontractual fue tomado de la división entre cosas peligrosas y no peligrosas, teoría elaborada por Ripert, aunque con un matiz diferente, no referido a las cosas, sino a las actividades, y adaptado al artículo 2356 del Código Civil.163
En 1938, con ponencia del magistrado Ricardo Hinestrosa Daza, la Corte Suprema de Justicia164 expresamente se refirió a la actividad peligrosa, y podría decirse que es la primera sentencia en la que se aborda el estudio del tema. Los hechos se centran en el atropellamiento y la posterior muerte de un joven ciclista, por un vehículo. La Corte, al conocer de la casación, expone los siguientes argumentos:
1. Mal puede reputarse el artículo 2356 del Código Civil como repetición del artículo 2341. Aquel regula una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esa diferencia corresponde.
2. Los ejemplos o casos explicativos que contempla el artículo 2356165 corresponden a la época en que el Código se redactó, en que la fuerza del hombre como elemento material y los animales eran el motor principal, por no decir único, en la industria, en las labores agrícolas, en la locomoción, todo lo cual se ha transformado de manera pasmosa en forma que junto con sus indecibles favores ha traído también extraordinarios peligros, pero para la época en cuestión, año 1938, otros serían los ejemplos, ajustados a la realidad.
3. El juzgador colombiano debe hallar en el Código disposiciones previsivas, que sin interpretación forzada ni descaminada deben atender el equilibrio o ajustamiento que debe haber entre los fallos y la realidad de cada época y de sus hechos y clima.
4. La máquina, en el estado actual de la civilización, es algo que sencillamente supera al hombre, lo que vale como decir que él debe estar prevenido a este respecto, entre otros fines con el de no perder el control indispensable sobre ella. Por él comienza la peligrosidad, quien la usa y la maneja es el primer candidato como víctima.
Los cuatro argumentos anteriores fueron el sustento para el origen de la teoría de las actividades peligrosas en Colombia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya fuente normativa es el artículo 2356 del Código Civil, no porque de manera expresa se mencione la actividad peligrosa, sino por la interpretación que hizo la Corte, interpretación que se mantiene vigente.
Se aclara que antes de la sentencia de 1938 la Corte resolvía los asuntos de responsabilidad civil extracontractual, incluidos los que se generaban en actividades peligrosas, con fundamento en el artículo 2341, hecho propio, y el demandante tenía que probar la culpa.
6.2 ¿Qué es una actividad peligrosa?
En Colombia se habla de actividad peligrosa, mas no de cosa peligrosa, lo que pasa es que la mayoría de las actividades peligrosas se ejercen utilizando cosas.166
La Corte Suprema de Justicia, en reiteradas decisiones relacionadas con la actividad peligrosa, se ha referido al asunto desde distintos puntos de vista. Veamos:
El concepto de peligro, llevado al derecho, es un concepto jurídico indeterminado,167 por tanto, de contenido variable, y corresponde al juez determinar el concepto de peligro para ciertas actividades y el carácter de peligroso de la actividad, pero la determinación de lo que es peligroso para estos efectos no puede quedar al capricho o la voluntad del operador jurídico, sino sujeta a criterios objetivos, no absolutos, teniendo en cuenta la naturaleza propia de las cosas y las circunstancias en que aquella se realiza.168 Además, el carácter peligroso de una actividad no puede, sin embargo, tomarse con criterio absoluto, sino en relación con la naturaleza propia del acto y a las precisas circunstancias en que se realizó.169
Inicialmente en el año 1938,170 la Corte concluye que la peligrosidad se presenta porque la máquina, en el estado actual de la civilización, es algo que sencillamente supera al hombre, vale decir que él debe estar prevenido a este respecto, entre otros fines con el de no perder el control indispensable sobre ella.
Posteriormente, la Corte Suprema171 caracteriza las actividades peligrosas como aquellas en que el hombre, provocando en sus propias labores situaciones capaces de romper el equilibrio antes existente, pone de hecho a los demás en un peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes (G. J., tomos CLII, p. 108, y CLV, p. 210).
En 1999, la Corte acude a otros parámetros para determinar cuándo se configura la actividad peligrosa:
La existencia de una obligación legal de resultado consistente en vigilar esa actividad e impedir que ella, por su propio dinamismo o debido a circunstancias anormales que la rodearon en un momento dado, escape al control de quien de la aludida actividad se sirve o reporta beneficio.172
En sentencia del año 2001, la misma Corte173 define la actividad peligrosa como la actividad que, debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de ordinario– despliega una persona respecto de otra (cfme. cas. civ. del 4 de junio de 1992).
La definición anterior de actividad peligrosa se mantuvo hasta el año 2018, cuando la Corte Suprema174 revaluó el concepto jurídico de actividad peligrosa. Inicia con la crítica que hasta ese momento ha hecho la misma Corte Suprema de Justicia en el sentido de que el concepto de peligrosidad de la actividad no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia.
Explica que en la distinción para saber cuándo una actividad es peligrosa y no peligrosa es común que se acuda a las diferencias entre técnica y naturaleza, y concluir que se consideran peligrosas las actividades producidas con fuerzas mecánicas superiores a las del hombre, y no peligrosas las actividades producidas por la fuerza natural del hombre. Indica que esta distinción, sin ser del todo inútil, no tiene en cuenta criterios jurídicos. A contrario sensu, la distinción entre actividades peligrosas y no peligrosas no puede estar desprovista de un criterio normativo, jurídico o de adecuación de sentido, con lo cual se determina si en la actividad que se ejerce los daños son o no controlables y previsibles.175
Desde este punto de vista, el concepto de peligrosidad no depende únicamente del empleo de fuerzas mecánicas, como motores o máquinas, sino de otras actividades, como la generación, la transformación y la conducción de energía eléctrica de corriente alterna, que no es una fuerza mecánica sino electromagnética, y en un futuro podrían considerarse peligrosas aquellas actividades que no utilizan fuentes de energía convencionales, sino que emplean fuerzas que no siempre son sensorialmente perceptibles o no provocan una gran impresión psicológica, como por ejemplo la energía nuclear, la energía térmica, la combustión bioquímica, la radiación electromagnética, la combinación química de nuevos materiales, la biogenética; pero además, para encasillarlas desde el punto de vista jurídico como actividades peligrosas, el derecho tendrá que pronunciarse en su debido momento con el fin de establecer si pertenecen a la esfera de lo que produce daños técnicamente controlables o a la de los imprevisibles.176
La Corte concluye que en la sociedad del riesgo, donde surgen daños incontrolables e imprevisibles, la actividad peligrosa se torna perfecta para imputar los daños producidos en la sociedad del riesgo.177 Acude a un concepto jurídico de actividad peligrosa, que consiste en que el resarcimiento solo puede ser establecido por el ordenamiento civil de conformidad con su propio marco de sentido jurídico, esto es, con el análisis de la posibilidad de evitar el riesgo de realización del perjuicio.
Hasta ahora se trata de una sentencia, no ha sido reiterada y se requiere mayor claridad en la exposición que hace la Corte para comprender mejor su posición con respecto al nuevo concepto jurídico de actividad peligrosa.
Más recientemente, la Corte retoma el tema de lo que es actividad peligrosa. Los hechos se centran en el atentado terrorista por parte de miembros de un grupo guerrillero al oleoducto propiedad de Ocensa, y cerca de donde había casas en la población de Machuca, del municipio de Segovia, Antioquia. Como consecuencia del atentado terrorista se produjo un incendio que causó la muerte a ochenta personas, lesiones a ciento veinte personas y daños materiales a las viviendas.
Para resolver el asunto y en aras de buscar un concepto de lo que es actividad peligrosa, la Corte resolvió:
En una aproximación al concepto de actividad peligrosa ha acudido este órgano de cierre al riesgo, al peligro potencial inherente a la cosa o actividad, al desequilibrio y multiplicación de fuerzas y energías, a la incapacidad de control de estas en procura de impedir sus efectos, entre los tópicos más usuales […]. Las anteriores precisiones conceptuales ponen de presente que la determinación de si una actividad –sin cosas o con cosas, inactivas o en movimiento– es peligrosa lo dicta por lo general la razón natural, esa capacidad del hombre de juzgar rectamente (sindéresis), la que, además, bien puede apoyarse en conceptos técnicos y demás elementos de juicio, cada vez más importantes dada la complejidad tecnológica que día a día se acrecienta, para arribar sólidamente a dicha calificación. No es por consiguiente una suposición a la que se llega sin más, sobre todo en los tiempos que corren y en ciertas actividades pues su índole misma, o la de la cosa con la que se despliega aquella, puede dar lugar, en la mayoría de los casos, a concluir en la peligrosidad o riesgos potenciales de que es capaz de desatar en desmedro de los derechos de terceros, pero en otros exigir precisiones sobre su naturaleza, composición, carácter riesgoso, etc. En procura de buscar esa particularidad no debe atenderse forzosamente al hecho de si la actividad en cuestión ha sido revestida de prevenciones especiales que puedan minimizar sus efectos perturbadores, pero ello es un buen indicador si esas pautas precautorias son de alguna manera necesarias y excepcionales. En esa medida, quizás por entender su guardián que se trata de una actividad que ofrece riesgos potenciales a terceros, generando un desequilibrio en desmedro de estos, se afana en guarecerla con vigilancia extrema y diseños especiales que minimicen sus riesgos, como en efecto, en este caso, asegura la demandada que dejaron acreditados los testimonios y demás medios precisados, que según ella, fueron mal apreciados por el Tribunal. La actividad peligrosa es pues, aquella que, ya en su estructura ora en su comportamiento, con cosas inertes o en movimiento o raramente sin el uso de ellas, genera más probabilidades de daño de las que usualmente puede un ser humano promedio soportar y repeler, es aquella cuyos efectos se vuelven incontrolables, imprevisibles, devastadores por la multiplicación de energía y movimiento que supone o le es inherente, efectos además inciertos por su capacidad de destrozo mayor. En esta tarea, que el legislador ha delegado tácitamente al juez, pues no existe definición de lo que ha de entenderse por actividad peligrosa ni menos un catálogo de las que se tengan por tales, debe echar mano aquel de todos estos tópicos, de modo que no sea el capricho o el mero subjetivismo el criterio que predomine a la hora de encasillar una en particular dentro de esta categoría.178
Los argumentos de la sentencia que recién se transcribe se relacionan con el concepto tradicional de actividad peligrosa, donde se destacan la fuerza, la velocidad, la potencia, la energía, la multiplicación de fuerzas y de energías, efectos incontrolables, inciertos y devastadores y con capacidad de destrozo. Se complementan con los de la sentencia del 12 de enero de 2018 para tener un amplio concepto de lo que es en la actualidad la actividad peligrosa.
6.3 ¿Cuáles actividades son peligrosas?
En el acápite anterior se analizó el concepto de actividad peligrosa; en este se analiza cuáles actividades son peligrosas, para lo cual habrá de decirse que no existe una norma que indique cuáles actividades son peligrosas, el artículo 2356 del Código Civil no lo indica y además la norma no puede contemplarlas de manera taxativa179 debido a que, dada la dinámica del desarrollo científico y tecnológico, y con estos el concepto evolutivo de lo peligroso180 con incidencia en la sociedad del riesgo y la categoría del peligro como concepto jurídico indeterminado, no es factible que se configure una lista de actividades que son peligrosas. Puede que actividades que no eran peligrosas en el futuro lo sean, o que actividades que eran peligrosas dejen de serlo.
En la actualidad la jurisprudencia de la Corte ha señalado unas actividades como peligrosas: las labores que conllevan el empleo de máquinas o la generación, la utilización, la distribución o el almacenamiento de energías. En ese orden de ideas, ha señalado como actividades peligrosas, entre otras, la conducción de vehículos automotores terrestres, la aviación, la construcción de un edificio, la utilización de elevadores de carga, la conducción de ganado frente a los peatones, fumigaciones aéreas, utilización de explosivos, los gases residuales de las fábricas, las chimeneas de instalaciones industriales, etc.181
A las actividades anteriores debe agregarse la manipulación de sustancias químicas, represas, gas, combustibles, animales fieros, la fumigación de cultivos, la minería. También, los daños causados con cosas que tienen dinamismo propio y el daño que se causa por el dinamismo de la cosa, por ejemplo, un transformador que explota, una pipeta de gas que explota, etc. Adicionalmente, daños por la utilización o la manipulación que se haga de ciertas cosas, como la utilización de armas de fuego, blancas o contundentes. O por la ubicación de cosas de modo tal que presenten riesgo de daño para las personas o las cosas, por ejemplo, malacates, andamios, partes de aire acondicionado en la parte externa de un edificio, que caen y causan daño.
Con la llamada sociedad del riesgo ingresa una serie de actividades que sin duda se pueden catalogar de peligrosas; entre ellas, la biotecnología, la nanotecnología, la contaminación ambiental, los campos electromagnéticos, la energía nuclear, la energía térmica, la combustión bioquímica, la radiación electromagnética, la combinación química de nuevos materiales, la biogenética, daños por contaminación, por el uso de nuevas fuentes de energía, por desarrollos tecnológicos, genéticos, biológicos, farmacológicos.182
6.4 ¿Quién es responsable en la actividad peligrosa?
En cada uno de los tipos o fuentes de responsabilidad civil extracontractual el responsable de la reparación por los daños causados es distinto y depende de los hechos que originaron el tipo de responsabilidad.
En la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas el responsable es el guardián. Tiene la calidad de guardián la persona natural o jurídica que de hecho y de manera independiente tiene el poder, la dirección, el control, el gobierno y el manejo de la actividad peligrosa. Es una definición que se mantiene vigente por la Corte Suprema de Justicia.183
El artículo 2356 del Código Civil no se refiere al guardián, como tampoco utiliza la palabra peligro, pero sin duda se tiene como otra incidencia más de la teoría francesa de la guarda, que en Francia se utiliza para denominar al responsable por el hecho de las cosas.184 Desde el punto de vista semántico, un guardián es la persona encargada de guardar o vigilar una cosa, pero en la actividad peligrosa es la persona encargada de vigilar, controlar, direccionar o gobernar la actividad catalogada como peligrosa.
La calidad de guardián, más que una situación de derecho, es una cuestión de hecho, en tanto y en cuanto basta que se tenga el poder para dirigir, controlar y gobernar la actividad peligrosa, independientemente de la relación jurídica con el bien utilizado en el ejercicio de la actividad peligrosa. La relación jurídica que se tenga con el bien utilizado en el ejercicio de la actividad peligrosa sirve para que se presuma la calidad de guardián, pero como se verá más adelante, esta puede ser desvirtuada.
Con respecto a la calidad de guardián de la actividad peligrosa, se realizan las siguientes apreciaciones:
1. En reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que tiene la calidad de guardián:
(i) El propietario, si no se ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de su parte, la perdió […]. (ii). Por ende, son también responsables los poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticrética, acreedores pignoraticios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados (mandatarios y depositarios). (iii) Y en fin, se predica que son “guardianes” los detentadores ilegítimos y viciosos, usurpadores en general que sin consideración a la ilicitud de los antecedentes que a ese llevaron, asumen de hecho un poder autónomo de control, dirección y gobierno que, obstaculizando o inhibiendo obviamente el ejercicio del que pertenece a los legítimos titulares, a la vez constituye factor de imputación que resultaría chocante e injusto hacer de lado.185
2. Si bien la Corte realiza una división general acerca de quienes tienen la calidad de guardián, también se acude, en cada caso concreto y dependiendo de la actividad peligrosa y de cómo se ejecutaba en el momento del daño, a una clasificación particular. Las actividades son las siguientes:
6.4.1 Guarda jurídico
El guarda jurídico es la persona natural o jurídica que tiene una relación jurídica con el bien, principalmente el propietario de la cosa con la cual se ejerce la actividad peligrosa, pero también pueden ser el arrendatario, el comodatario, el usufructuario, etc. La utilidad de determinar la calidad de guarda jurídica, es que fundamenta la presunción de guarda.
6.4.2 Guarda presunta186
Precisamente la presunción de guarda surge por el vínculo jurídico que tiene el demandado con la cosa utilizada en el ejercicio de la actividad peligrosa, principalmente la calidad de propietario, con lo cual se observa una relación de interdependencia que funciona de la siguiente manera. Basta entonces que se tenga la calidad de propietario de la cosa o de la actividad para que se presuma guardián de la actividad peligrosa, pero como la calidad de guardián es una cuestión de hecho, la presunción se puede desvirtuar con la prueba de que para el momento del hecho dañoso no tenía el poder, la dirección, el gobierno o el control de la actividad peligrosa, no obstante que era o es el propietario. A contrario sensu, si no se tiene relación jurídica con la cosa o la actividad, que puede ser en calidad de propietario, arrendatario, comodatario, etc., no se presume la guarda y corresponde al demandante probar que el demandado tenía el control, el manejo, la di rección y el gobierno de la actividad, para que a partir de esa prueba surja la calidad de guardián.
Puede ocurrir que para el momento del daño figure como propietario de la cosa o de la actividad peligrosa una persona y a partir del día siguiente transfiera el derecho real de dominio a otra. El nuevo propietario no es guardián de la actividad para el momento del daño, pero surge el interrogante de si se presume guardián por ser el propietario de la cosa o la actividad. La inquietud es si la presunción de guarda surge porque en el momento de presentar la demanda se tiene la calidad de propietario, aunque esa calidad se adquirió de manera posterior al daño, o se mira quién era el propietario en el momento del daño. No surge problema con quien para el momento del daño tenía la calidad de propietario, y aún se mantiene en el momento de presentar la demanda.
Considero que se debe tener en cuenta a quien era el propietario para el momento del daño, no antes ni después, al menos para la presunción de guarda. Esta misma solución se extiende para el arrendatario, el comodatario, el usufructuario, etc.
Así las cosas, se descarta la solidaridad entre el nuevo propietario y el anterior propietario, porque el nuevo, para el momento del daño, no tenía la calidad de guardián de la actividad, que se itera, no tenía la dirección, el control ni el manejo de la actividad. Ahora, si se trata de un fraude para evadir el pago de la indemnización, tiene trascendencia desde el punto de vista jurídico penal.
Si se trata de copropietarios de la cosa o la actividad, surge la guarda conjunta.
Desde el punto de vista procesal, quien se presuma guardián y quiera desvirtuar tal calidad debe proponer la excepción de manera correcta, porque de no ser así va a continuar con la calidad de guardián presunto. Se debe proponer la falta de legitimación en la causa por pasiva por no tener la calidad de guardián, toda vez que para el momento del daño no tenía el poder de dirección, control y manejo de la actividad.187 Si no se propone la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en la contestación de la demanda, pero se prueba posteriormente, se puede proponer en los alegatos o el juez puede reconocerla de oficio, conforme al artículo 282 del Código General del Proceso.
6.4.3 Guarda material188
Es frecuente que quien causa el daño sea quien materialmente tiene la cosa utilizada en la actividad peligrosa. Se pueden presentar varias alternativas a la regla general anterior:
1. Cuando es un trabajador que ejecuta la actividad peligrosa de su empleador, si bien el trabajador es el que materialmente tenía la cosa y causó el daño, no es el guardián de la actividad peligrosa, ni siquiera con la calidad de guarda material, porque el empleador es el que tiene el poder de dirección, control, gobierno y manejo de la actividad peligrosa. El trabajador puede ser demandado, pero por hecho propio, para lo cual habrá que probarle la culpa.189
La misma situación del trabajador se extiende a cualquier otra persona que ejecuta la actividad peligrosa en nombre y por cuenta de otra persona, que es la que organiza, dirige, controla y gobierna la actividad peligrosa.
2. En muchos casos puede confluir la calidad de guarda jurídica con la guarda material. Por ejemplo, el conductor de vehículo particular, quien es a la vez el propietario.
3. Se puede tener a un guarda material, pero otra persona figura como guarda jurídico por ser titular del derecho real de dominio. Podría ser el caso de quien presta un vehículo a otra persona, que conduce y atropella a un peatón. Ambos son guardianes, el primero real, el segundo presunto, pero el guarda jurídico podrá desvirtuar esa calidad con la prueba de que se desprendió de la guarda.
6.4.4 Guarda intelectual190
Sin ser guardián material, se puede tener el poder intelectual de gobierno, dirección, manejo y control de la actividad peligrosa, esto en los eventos en que la actividad peligrosa se ejecute por interpuesta persona, bien sea trabajadora o no.
Puede concurrir la guarda intelectual con la guarda jurídica, pero no siempre es así, por lo que no es fundamento para que estructure. Por ejemplo, cuando un vehículo se adquiere por el sistema leasing, quien figura como propietario es la empresa leasing, pero quien tiene la dirección, el control y el manejo de la actividad es el locatario, y quien conduce el vehículo es un trabajador del locatario. Si ocurre un daño con el vehículo, no se puede hablar de presunción de guarda para el locatario porque no es propietario191 y tampoco guarda material porque materialmente no tenía el vehículo para el momento del daño. Es acá donde tiene utilidad la guarda intelectual.
6.4.5 Guarda compartida192
Puede que dos o más personas tengan la calidad de guardianes de la actividad peligrosa desde distintas posiciones, es decir, que tengan poder de control, dirección, manejo y gobierno de la actividad, con intervenciones distintas o conjuntas, pero siempre en torno a la actividad. Por ejemplo, en la construcción de inmuebles, cuando el propietario de la obra tiene injerencia en la construcción a través de un supervisor, la compra de materiales y el pago de empleados, surge la guarda compartida con el empresario constructor.
En este asunto de la guarda compartida se debe tener cuidado porque bajo la figura se pueden incluir personas que realmente no tienen la calidad de guardián. Por ejemplo, en la construcción de inmuebles cuando el empresario constructor celebra varios contratos, uno para la parte eléctrica, otro para instalar ventanas y puertas, otro para los ascensores, otro para instalar pisos, y el daño ocurre por la caída de la grúa torre. En este caso no se puede hablar de guarda compartida y tener como guardianes a las personas que se encargaban en ese momento de la parte eléctrica, de instalación de ventanas y puertas o instalación de los pisos. Si bien desarrollaban una labor concreta en la actividad peligrosa que se ejecutaba, ellos son guardianes de la actividad para la cual fueron contratados y no se extiende a daños causados que no guardan relación con su labor concreta.
Lo anterior porque en la praxis judicial es frecuente que en ciertos eventos dañosos se comprenda a muchas personas que ejecutaban alguna labor específica, de manera independiente y autónoma en la actividad peligrosa desarrollada, pero en los que el daño no tiene origen en esa labor específica y autónoma.
6.4.6 Guarda conjunta193
Se presenta la guarda conjunta cuando dos o más personas tienen la calidad de guardianes, normalmente cuando tienen la calidad de propietarios de la cosa utilizada en el ejercicio de la actividad peligrosa.
En este evento y en el anterior de la guarda compartida, desde el punto de vista sustancial, surge la solidaridad, y desde el punto de vista procesal, se presenta el litisconsorcio facultativo.
6.4.7. Guarda en la estructura y guarda en el comportamiento
Es frecuente que se presenten daños en el ejercicio de una actividad peligrosa, en la que intervienen dos o más personas con tareas independientes y autónomas.
Cuando se habla de guarda en la estructura se relaciona a una persona con la cosa utilizada en la actividad peligrosa, y si el daño se produce por una falla en la cosa, se dice que el responsable es el guardián de la estructura.
Cuando se habla de guardián en el comportamiento, ya el daño no se produce por un defecto de la cosa utilizada en la actividad peligrosa, sino por la manipulación de la cosa con la cual se causa el daño.
Teniendo claridad acerca de lo que es la guarda en la estructura y la guarda en el comportamiento, es fundamental la diferencia porque son muchos los casos en que una persona es guardiana de la estructura y otra es guardiana del comportamiento, y en el momento en que ocurre el daño se debe analizar cómo se produjo, teniendo en cuenta circunstancias de tiempo, modo y lugar para saber si el responsable es el guardián en la estructura, el guardián del comportamiento o ambos.
Algunos de los casos a los que se puede aplicar la guarda en la estructura y la guarda en el comportamiento son los siguientes: 1) Se lleva mercancía a una bodega o almacén general de depósito y por defecto de la mercancía se produce daño a terceros, sin que exista culpa por parte del personal de la bodega o almacén general de depósito; 2) se compra un producto y por el defecto de este se producen daños a personas o bienes distintos del consumidor, es decir, a terceros; 3) se contrata con una empresa transportadora el transporte de mercancía, concretamente materiales peligrosos, para lo cual existen una reglamentación y protocolos,194 y en el trayecto ocurren daños por la explosión de los materiales peligrosos; 4) se contrata el transporte de ganado y en el trayecto el vehículo se accidenta por falla en el sistema de frenos, los semovientes salen del vehículo y causan daño al correr despavoridos; 5) se tiene un inmueble arrendado y se produce explosión por falla en la red de gas, que causa daños a terceros.
En los casos anteriores, aunque con seguridad son muchos más, se debe analizar minuciosamente si el responsable es quien tiene la calidad de guardián, que puede ser el de la estructura o el del comportamiento o ambos.
En el primer caso la responsabilidad será del guardián de la estructura, el propietario de la mercancía, porque es en esta que se produjo la falla. En el segundo caso la responsabilidad será del guardián de la estructura, del productor y expendedor,195 solidariamente porque el daño fue por defecto del producto. En el tercer caso se debe consultar la causa de la explosión, porque si no se siguieron las instrucciones de seguridad y los protocolos del Decreto 1609 de 2002, la responsabilidad será del guardián en el comportamiento, el transportador. En el cuarto caso la responsabilidad será del guardián en el comportamiento, el transportador, porque tiene origen en la falla de sistemas de frenos. En el quinto caso la responsabilidad será del guardián de la estructura, el arrendador.
No tiene razón de ser acudir a la guarda en la estructura y la guarda en el comportamiento en los siguientes casos:
1. Cuando es una persona la que tiene a la vez la estructura y el comportamiento de la cosa utilizada en la actividad peligrosa.
Ejemplo: Una empresa productora de productos peligrosos, que a la vez, con sus propios vehículos, los distribuye, y en el trayecto ocurre una explosión.
2. En los casos en que una persona se desprende de la guarda, mediante la compraventa o el comodato o el préstamo de uso, y el daño ocurre días después con la cosa vendida y por un defecto de la cosa. Podría ser quien vende un vehículo o lo presta y ocurre el daño por fallas mecánicas. En este caso considero que no tiene ninguna utilidad acudir a la distinción entre guardián de la estructura y guardián del comportamiento, por dos razones. La primera, el vendedor o el comodante, según el caso, en el momento en que ocurre el daño no tenían el control, la dirección o el manejo de la actividad peligrosa. La segunda, no va a prosperar causa extraña por el hecho de que se presente falla mecánica del vehículo,196 así sea el mismo día de comprado el vehículo o rato después de prestado. Pueden sí repetir contra el vendedor o quien prestó el vehículo si se prueba culpa por parte de estos.
De igual manera y como variante de la anterior, cuando el guardián es despojado de la guarda.
Ejemplo: Cuando la cosa es hurtada y se causa daño por una falla de la cosa. En este caso la guarda la asume el usurpador, y la solución varía un poco con respecto a la anterior, en el sentido de que el usurpador no va a repetir contra el guarda inicial, ya que su comportamiento no está protegido por el derecho.
6.4.8 ¿En qué momentos se adquiere y se pierde la calidad de guardián?
Hay casos en los que no se presenta problema para determinar quién tiene la calidad de guardián, pero en otros el problema que se presenta es saber si una persona, natural o jurídica, tiene la calidad de guardián. Es lo mismo que preguntarse cuándo inicia y cuándo termina la calidad de guardián. Ante la pregunta se puede responder de manera sencilla que inicia la calidad de guardián a partir del momento en que la persona ejerce de hecho el poder de dirección, control, manejo y gobierno de la actividad peligrosa. También inicia la calidad de guardián de la actividad, bajo la modalidad presunta, cuando se adquiere la calidad de propietario, arrendatario, comodatario, etc., pero puede ser desvirtuada.
Con la pérdida de la calidad de guardián se analiza si de hecho se perdieron el control, el manejo, la dirección o el gobierno de la actividad, o si ya no se es propietario, arrendatario o comodatario de la cosa con la cual se ejerce la actividad peligrosa. Porque puede que se pierda la calidad de propietario, pero se continúa con la calidad de guardián, o nunca se adquirió la calidad de propietario y se adquiere la calidad de guardián. En el primer caso, por ejemplo, alguien realiza la transferencia del derecho real de dominio de un vehículo pero continúa con la explotación del mismo, y la trasferencia se hace para evitar embargos por deudas. En el segundo caso, por ejemplo, alguien asume la explotación de un vehículo pero el derecho real de dominio continúa con quien vendió o se realiza la transferencia a nombre de persona distinta de quien lo explota, precisamente para evitar embargos.
En cuanto al tema, también debe tenerse presente que la calidad de guardián se puede trasladar de manera voluntaria197 o ser usurpada.198
Lo que se debe tener en cuenta es la clase de actividad que se ejerce, para, de acuerdo con sus particularidades, analizar de manera concreta cuándo se adquirió o se perdió la calidad de guardián.
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