Kitabı oku: «Republicanos con la monarquía, socialistas con la República»

I. EL SOCIALISMO VALENCIANO EN EL PRIMER I BIENIO (1931-1933): DEMOCRACIA, REFORMISMO Y REORGANIZACIÓN

EL SOCIALISMO EN LAS VÍSPERAS DEL 14 DE ABRIL: EL DEBATE SOBRE LA PARTICIPACIÓN

Ya antes de la materialización de la República el 14 de abril de 1931, comenzó en el seno del movimiento socialista, principalmente del PSOE, el debate sobre cómo debería plasmarse su participación y actuación, no sólo en el que se preveía como futuro régimen, sino también en los conflictivos procesos políticos que se venían sucediendo desde la dimisión del general Primo de Rivera, en enero de 1930.

Estos debates se plantearon, como era habitual en el socialismo y sucederá a lo largo de los años treinta, en los máximos órganos representativos del Partido: la Comisión Ejecutiva y el Comité Nacional.

La Comisión Ejecutiva era el más elevado órgano rector de la formación y debía llevar a cabo las decisiones tomadas tanto en el Congreso del Partido como en el seno del Comité Nacional, verdaderos órganos dirigentes del PSOE. De este modo, la Comisión Ejecutiva no era competente para tomar decisiones de una trascendencia relevante, pues sólo lo era para ejecutar aquello decidido por los órganos correspondientes. La Ejecutiva debía constar de once miembros, según la Organización General del PSOE, y, en 1931, estaba vigente la elegida en el XII Congreso, celebrado en junio de 1928.¹

Por su parte, el Comité Nacional era el máximo órgano dirigente del PSOE entre congresos, en cuyo seno debían tomarse las principales decisiones que afectaran a las estrategias y actuaciones políticas del Partido. El Comité Nacional estaba formado por la Comisión Ejecutiva y los delegados de cada una de las regiones establecidas en los estatutos. Es decir, un total de 24 miembros.²

El primer debate que se puso encima de la mesa fue el de la participación del PSOE, junto a los republicanos, en el Gobierno provisional que se haría cargo de la situación en el momento en que cayera la Monarquía. Y se produjo en la reunión conjunta de las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT, celebrada el 20 de octubre de 1930. El movimiento hacia la recomposición de las relaciones entre socialistas y republicanos era anterior, pues, motu proprio, Indalecio Prieto comenzó esta tarea, que tuvo varias manifestaciones a lo largo de 1930: su asistencia a los banquetes ofrecidos a Sánchez Guerra y a Eduardo Ortega y Gasset; su conferencia, en abril, en el Ateneo de Madrid; y su participación, en agosto, en la reunión que tuvo lugar en San Sebastián, de la que saldría el compromiso de formar un comité revolucionario encargado de preparar la insurrección contra la Monarquía, el Pacto de San Sebastián.³

Finalmente, las iniciativas de Prieto llevaron a la aproximación del PSOE hacia los republicanos, plasmada en la reunión entre estos y una comisión socialista en octubre de 1930. Todo ello a pesar de las resistencias de parte de la dirección, principalmente de su presidente, Julián Besteiro. En esa reunión, los republicanos ofrecieron a los socialistas dos puestos –que, finalmente, se convertirían en tres– en el comité revolucionario –germen de un futuro gobierno provisional– a cambio de su participación, que debía plasmarse en forma de huelga general en el momento en el que se produjera la insurrección militar.⁴

Este hecho provocó un debate interno sobre la conveniencia de la colaboración en esta empresa y la integración del socialismo en el seno de un sistema burgués. Por un lado, se situaron aquellos favorables a la integración, con Largo Caballero y Fernando de los Ríos al frente, mientras que, por otro, se situaron los contrarios, entre los cuales destacaban Julián Besteiro y Andrés Saborit.⁵ Finalmente, la cuestión se sometió a votación y vencieron los partidarios de colaborar con el republicanismo e integrarse en un Gobierno con este por ocho votos contra seis.⁶

Ahora bien, hemos de recordar que en esta reunión estaban presentes los máximos dirigentes no sólo del Partido, sino también del sindicato, y, aunque fueron derrotados los partidarios del aislamiento, la decisión se tomó gracias al apoyo de los dirigentes sindicales en contra de la mayoría de los del partido. Si sólo tuviéramos en cuenta el posicionamiento de los miembros de la CE del PSOE, la votación hubiera quedado de la siguiente manera: seis votos en contra –los mismos señalados anteriormente– y cinco a favor de la colaboración, ya que Gana, Henche y Enrique de Santiago no formaban parte de aquella. De este modo, la quiebra dentro del máximo órgano de dirección del PSOE era evidente. La mayoría debía aceptar una decisión que no apoyaba.

Por ello, algunos dirigentes, como Saborit, Trifón Gómez o Aníbal Sánchez, instaron a la convocatoria del Comité Nacional, pues en él podría tomarse este tipo de decisiones. Esta petición acabó convirtiéndose en una petición de reunión de ambos comités nacionales –los del partido y el sindicato. Pero en ambos casos fue dilatándose la convocatoria debido a la coyuntura política existente,⁷ con un hito fundamental el 12 de diciembre de 1930: la sublevación protagonizada por los capitanes Galán y García Hernández en Jaca.

Sin embargo, la intentona no tuvo ningún éxito. No sólo no consiguió los objetivos que buscaba –hacer caer la Monarquía-, sino que buena parte del comité revolucionario fue detenido y encarcelado, entre ellos dos de los tres miembros socialistas: De los Ríos y Largo Caballero.⁸

Finalmente, en febrero de 1931, se produjeron dos reuniones conjuntas de ambos comités nacionales, que se celebraron entre los días 2 y 4, y 21 y 22 de dicho mes.

En el caso del PSOE valenciano, la representación venía dada por el delegado de la región de Levante, elegido por los militantes de las organizaciones socialistas provinciales de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete. Durante los años treinta, este cargo recayó siempre en un destacado dirigente de la FSV. En este caso, la representación levantina estuvo en manos de Francisco Sanchís,⁹ en el caso del Partido, y Pedro García,¹⁰ como delegado regional de Levante en el de la UGT.

El debate tuvo dos puntos fundamentales de discusión: el posicionamiento del movimiento socialista sobre los planes gubernamentales de vuelta a la normalidad constitucional, y la posible revisión de la postura adoptada por las Ejecutivas de la UGT y el PSOE sobre la integración en el aún hipotético Gobierno provisional.

En cuanto al primer asunto, tras la dimisión de Primo de Rivera, en enero de 1930, se consideró conveniente volver a la normalidad constitucional quebrada por el golpe de Estado de septiembre de 1923. El sucesor de Primo, el general Dámaso Berenguer, planteó un esquema de vuelta a la normalidad en el que se celebrarían, en primer lugar, elecciones a Cortes, para, después, iniciar un proceso de renovación de las estructuras inferiores del Estado. Sin embargo, este esquema no fue apoyado ni por la oposición ni por algunos de los que habían sido sostén de la Monarquía antes de 1923, por lo que el plan cayó a la vez que lo hacía su patrocinador.¹¹

En el caso socialista, el debate dio como resultado un apoyo aplastante, en la reunión de los días 2 al 4 de febrero, a la abstención. Entre aquellos que la apoyaron se encontraban los dos representantes valencianos, que, por otra parte, tampoco tuvieron ningún tipo de intervención relevante en la discusión de este punto.¹²

Ese mismo mes de febrero, Berenguer fue sustituido por el almirante Aznar, y, finalmente, la oposición, la mayoría de los antiguos líderes dinásticos y el establishment alfonsino llegaron al acuerdo de realizar primero elecciones municipales en abril de 1931 y, después, provinciales en mayo y legislativas en junio.¹³ Esta nueva situación supuso también un cambio de postura del socialismo que, en el Comité Nacional del 21 de febrero, decidió su «asistencia a dichas elecciones si el Gobierno se decide a convocarlas».¹⁴

Ahora bien, en este caso, a diferencia del anterior, sí hubo mayor participación valenciana, pues uno de los redactores de una propuesta, que, sin embargo, no llegó a ser, finalmente, aprobada fue Francisco Sanchís. Esta propuesta iba en el mismo sentido que la aprobada, pero con alguna salvedad, ya que, en este caso, daba carta blanca a la CE para que decidiera sobre la participación en las elecciones municipales según el comportamiento que tuviera el Gobierno en lo que se refería «a las garantías efectivas» y a «la libre actuación ciudadana».¹⁵ En todo caso, como anteriormente, aunque ahora en sentido contrario, el socialismo valenciano votó, junto a la gran mayoría de sus compañeros, por la participación en las elecciones municipales de abril.

Por otro lado, en cuanto al segundo asunto, el debate comenzó en la reunión de los días 2 al 4 de febrero, con el posicionamiento de Besteiro, que rechazaba esta integración. A eso añadió una insinuación: si el Comité Nacional no apoyaba su postura y respaldaba lo decidido por la Ejecutiva en el mes de octubre, él se vería obligado a dejar su cargo.

Sin embargo, estas amenazas no sirvieron de mucho, pues el Comité Nacional se dividió en dos posturas contrapuestas, como había sucedido en la reunión de las Ejecutivas, con la diferencia de que ahora, la mayoría de los delegados regionales y sectoriales del movimiento decantaron aún más la balanza del lado de la anterior votación. De este modo, los favorables a mantener las relaciones con el republicanismo como se habían mantenido desde octubre sumaron 35 apoyos, frente a los 14 cosechados por los revisionistas de estas relaciones. A ello habría que sumar las abstenciones de Besteiro, Saborit, Cordero, Ovejero y Lucio Martínez Gil.

Ahora bien, como había sucedido en octubre, la votación se decantó claramente a favor de aquellos que apostaban por la colaboración gracias a los representantes ugetistas, pues entre los miembros del Comité Nacional del PSOE, las cosas no estaban tan claras. De hecho, aunque no se hubiera producido una votación como la de octubre, es decir, no hubieran ganado los aislacionistas, el resultado a favor de los partidarios del pacto con los republicanos no hubiera sido tan aplastante, ya que su victoria únicamente se hubiera debido a la abstención de buena parte de la Ejecutiva. De este modo, la votación en el Comité Nacional del PSOE hubiera sido de nueve votos a favor del pacto, seis en contra y cinco abstenciones.¹⁶

En el caso de los representantes valencianos, estos tuvieron una actitud muy similar al anterior comité. De nuevo, actuaron discretamente y se posicionaron a favor de la mayoría, decantándose por mantener el pacto con los republicanos y los puestos en el Gobierno provisional.¹⁷ Esta posición se corresponde con la actitud mostrada por el socialismo valenciano durante el primer tercio del siglo XX, cuando apostaron claramente por el pacto con los sectores republicanos, fundamentalmente de la capital valenciana, de cara a la concurrencia en los diferentes procesos electorales, gracias a lo cual no sólo lucharon de forma más efectiva contra los sectores dinásticos y católicos, sino que llegaron a conseguir una mayor cota de representación.¹⁸

Todo ello suponía un resultado desfavorable a las tesis de Julián Besteiro, quien, tal y como había anunciado, al ver los resultados, presentó su dimisión junto a otros miembros de las Ejecutivas del movimiento, dejando menguadas ambas direcciones.¹⁹ Era la primera vez que ocurría, pero no sería la última, a lo largo de los años treinta, que el Presidente del Partido y todos sus acólitos dimitían tras una reunión del Comité Nacional en la que este no seguía los pasos marcados por aquel. Y en ello el socialismo valenciano había aportado sus votos.

EL SOCIALISMO VALENCIANO EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN

Inmediatamente comenzaron los movimientos políticos de cara a esas elecciones, que se celebrarían el domingo 12 de abril, para las cuales se formaron dos bloques contrapuestos: el republicano-socialista, emanado del Pacto de San Sebastián, y el formado por los partidarios del régimen vigente, la concentración monárquica.

La formación de este tipo de bloques electorales no era un fenómeno nuevo en la política municipal valenciana, sobre todo en la capital provincial. Tanto las fuerzas fieles al sistema como las opositoras habían formado alianzas electorales para algunas de las convocatorias anteriores a 1923, gracias a las cuales habían conseguido unos resultados muy positivos. Y cuando llegamos a 1931 y a las elecciones de abril, el objetivo de republicanos y socialistas era conformar, de nuevo, una gran candidatura que los reuniera para abordar de una manera más efectiva la lucha electoral en contra del adversario común: la Monarquía.

Del mismo modo, las candidaturas monárquicas no representaban un bloque homogéneo, sino que se habían visto formadas por elementos con dos procedencias fundamentales: por un lado, los candidatos pertenecientes a las diferentes familias de los partidos dinásticos –conservadores, liberales, ciervistas, albistas, constitucionalistas, centristas y monárquicos independientes-, y, por otro, los elementos provenientes, sobre todo, de una formación recién nacida en el seno de la derecha política, pero cuyo futuro será fructífero y fundamental en el devenir de la política valenciana de los años treinta. Nos referimos a la DRV, que, a pesar de ser un partido joven, aportó buena parte de los candidatos monárquicos para estas elecciones, sobre todo en la capital provincial, donde de los 32 candidatos monárquicos, catorce provenían de sus filas.²⁰

Finalmente, llegó el domingo 12 de abril y las elecciones se celebraron en un ambiente dominado fundamentalmente por la calma. Dos días después, se conocieron los resultados y la Monarquía Alfonsina se derrumbó cual castillo de naipes, dejando paso a un nuevo régimen que comenzaría de inmediato su institucionalización sobre la base de un apoyo popular cuantioso y continuado.

En el caso del socialismo provincial, fueron elegidos 72 concejales en estas elecciones, aunque hay que señalar lo incompleto e inconcreto de los datos, ya que, la mayoría de las veces, los resultados de estas elecciones se daban en términos de «monárquicos» y «republicanos» o «monárquicos» y «antidinásticos»,²¹ englobando en este último concepto a republicanos de todo tipo y socialistas. Unidos a los siete elegidos por artículo 29, pocos días antes, la FSV obtuvo en el proceso electoral de abril un total de 79 concejales en toda la provincia.

Ahora bien, obviamente los concejales electos socialistas no lo fueron de una manera uniforme en toda la provincia. El PSOE obtuvo representación en la mayoría de las capitales comarcales de la provincia: dos concejales en Sueca, dos en Gandía, dos en Játiva y cinco en Torrente, al igual que en algunas de las más importantes ciudades medianas del entramado provincial, como Chiva, donde el PSOE obtuvo dos concejales, y Catarroja, donde obtuvo uno. Finalmente, hemos de señalar los tres concejales que el socialismo valenciano obtuvo en la capital de la provincia.²²

En todo caso, tal y como reflejan los datos, el poder político alcanzado por el socialismo valenciano fue limitadísimo. Si sólo el 1’5% de los concejales proclamados por el artículo 29 eran socialistas (el 3’3% si sólo tenemos en cuenta los concejales antidinásticos), aquellos que accedieron al cargo por elección representaban un porcentaje muy similar, el 4’55% del total. Este porcentaje se vería incrementado hasta el 9’1%, si únicamente tenemos en cuenta los concejales conseguidos por la coalición republicano-socialista el día 12 de abril (794).

En conjunto, en el proceso de renovación de concejales del mes de abril, sólo el 3’9% de los 1.988 concejales que se renovaron en abril de 1931 pertenecían al PSOE de la provincia de Valencia, los cuales, a su vez, representaban el 8% de los conseguidos por la coalición antidinástica.

Todo ello mostraba que continuaba repitiéndose la dinámica que venía caracterizando al socialismo valenciano desde el cambio de siglo: la debilidad en cargos públicos frente a su peso orgánico dentro del PSOE.²³

El 12 de abril de 1931, de forma contundente, aunque tampoco de una manera aplastante ni abrumadora, la población valenciana cruzó la línea del cambio de régimen. Aunque las candidaturas monárquicas se hicieron con zonas y localidades de gran importancia en el entramado provincial, una clara mayoría de los valencianos optó y vio cómo sus ayuntamientos pasaban a manos de miembros de las candidaturas republicano-socialistas.

El republicanismo y el socialismo, que desde el cambio de siglo venían trabajando para hacerse con el apoyo de las clases populares y trabajadoras valencianas con un objetivo primordialmente antisistema, vieron en abril de 1931 sus sueños hechos realidad. El cambio había llegado de la mano de unas elecciones municipales, de una forma «revolucionaria». Y en este «origen revolucionario» se asentarían los proyectos reformistas y de avance social, tanto de republicanos de izquierda como de socialistas. Resucitaba la República y, a partir de ese momento, tocaba gestionarla, pero siempre con la idea última de que con la República «se cerraba una página de la historia y se emprendía una profunda obra de transformación que alcanzase hasta su raíz al sistema de la política y a la organización de la sociedad».²⁴

La mañana del 14 de abril, tras conocerse la noticia del triunfo republicano en las elecciones del domingo anterior, comenzaron las proclamaciones de la República. El primer lugar fue Éibar, y, más tarde, Barcelona. A partir de este momento, estallaron las manifestaciones de alegría y júbilo, y se desató una reacción en cadena de proclamaciones en todas las grandes y medianas ciudades españolas.

En Madrid, centro del poder político, los resultados electorales, las sucesivas proclamaciones en diversas poblaciones y la manifestación popular espontánea llevaron a desechar cualquier tipo de resistencia por parte del establishment de la Monarquía, que instó al monarca a que aceptara que la mejor solución era realizar un tranquilo traspaso de poderes hacia los miembros del comité revolucionario, convertido, desde la tarde del 14 del abril, en Gobierno Provisional. Inmediatamente, Niceto Alcalá Zamora, su presidente, salió al balcón del Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol, y proclamó oficialmente el cambio de régimen.²⁵

En la provincia de Valencia, la principal manifestación de júbilo popular se produjo en la capital. A las puertas del diario El Pueblo, en la calle Juan de Austria, una gran cantidad de gente iba conociendo las proclamaciones en Barcelona y en Madrid, y, una vez fue oficial la caída de la Monarquía, comenzó una gran manifestación, encabezada por los principales líderes del republicanismo local. La manifestación se dirigió hacia la Plaza de Castelar, centro neurálgico de la ciudad. Los nuevos ediles entraron en el Ayuntamiento e izaron la nueva bandera oficial junto a la Senyera. El alborozo popular fue la característica de este momento, y, tras el izado de la bandera en la Casa Consistorial, fueron izándose más en otros edificios de la plaza, como en la Telefónica, el Ateneo Mercantil y el Palacio de Comunicaciones.

Mientras en el exterior continuaban la fiesta y el jolgorio, dentro del Ayuntamiento los nuevos concejales republicanos y socialistas tomaban posesión del gobierno municipal y provincial en nombre del Gobierno de la República, constituyéndose en «asamblea magna y deliberante», de cuya mesa formaba parte, entre otros, el socialista Francisco Sanchís. Este Comité Provisional, tras tomar el control del gobierno municipal y provincial y convocar para esa noche a todos los concejales elegidos el 12 de abril para la constitución del nuevo ayuntamiento, se trasladó al Gobierno civil, donde le comunicó al gobernador todo lo realizado, y a la Diputación, desde donde convocaron a los ex diputados provinciales republicanos para que acudieran esa misma noche.²⁶

En otras ciudades de la provincia sucedió algo similar. Las manifestaciones festivas populares recorrieron las calles de Alcira, Liria, Játiva o Gandía, entre otras poblaciones, camino de sus respectivos ayuntamientos, donde los nuevos concejales republicanos y socialistas proclamaron oficialmente la República, izaron la bandera tricolor e, incluso, en algunos casos, defenestraron los símbolos monárquicos.²⁷

Poco a poco, se fueron constituyendo oficialmente los nuevos poderes municipales y provinciales, como paso previo a la gestión e institucionalización del nuevo régimen. Ahora bien, con anterioridad, el Gobierno culminó el proceso de renovación del poder local, con las elecciones municipales de mayo de 1931. Estos comicios, convocados para repetir las elecciones en aquellos municipios en los que se habían producido denuncias de presiones o alteraciones de la normalidad de la elección del día 12, arrojaron unos resultados que mostraban la clara sustitución de los monárquicos por los republicanos en el grueso del poder local de la provincia.²⁸

El porcentaje que los monárquicos obtuvieron en las elecciones de mayo de 1931 fue residual: 96 concejales de 1.419 (6’8%), pasando de porcentajes muy cercanos a los republicano-socialistas a ser una fuerza residual.²⁹ Mientras, en el caso de los republicanos sucedió el proceso inverso, pues el republicanismo en su conjunto –nuevo o viejo-³⁰ logró hacerse con la inmensa mayoría de los cargos públicos: las distintas formaciones obtuvieron, aunque acudieran por separado, 1.085 concejales, es decir, el 76’4% de los que había en liza.³¹

En el caso del PSOE, con unos resultados muy discretos, no consiguió ningún concejal en diez comarcas de la provincia: Hoya de Buñol, el Valle de Ayora, Camp de Morvedre, Camp de Túria, Canal de Navarrés, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, el Rincón de Ademuz y Los Serranos. Los apoyos del socialismo se concentraban en aquellas que tenían como base la agricultura de exportación, por lo que en su entramado social tenían un peso fundamental los jornaleros. De este modo, las comarcas de La Safor, la Ribera Baja y la Ribera Alta dieron al PSOE el 73’7% de sus concejales (28 de 38). Mientras, el resto los consiguió en las comarcas de La Costera –seis-, en la comarca de Requena-Utiel –tres– y en la Vall d’Albaida, donde obtuvo un concejal.

Todos estos datos suponían que, en el proceso de renovación de ayuntamientos llevado a cabo en los meses de abril y mayo de 1931, el socialismo valenciano se había hecho con 117 concejales (79 en abril y 38 en mayo), de forma que controlaban el 4’4% de los 2.637 de la provincia. Mientras, en términos internos socialistas, estos habían conseguido en este proceso un total de 4.244 concejales en toda España,³² de los cuales el 2’75% pertenecía a la provincia de Valencia. Ello suponía una escasa aportación valenciana a la fuerza representativa del socialismo español, a pesar de poseer una de las organizaciones provinciales con más militantes. De nuevo, el déficit estructural del socialismo valenciano volvía a plasmarse de forma contundente.

Sólo cuatro semanas después –el 28 de junio– se produjeron las elecciones a Cortes Constituyentes. Ese domingo los valencianos se encontraron, fundamentalmente, con tres grandes candidaturas: la de la Alianza de las Izquierdas, que reunía a blasquistas, socialistas, AR y liberal-demócratas; la del PRRS; y la de la DLR. A estas habría que añadir, en el caso de la capital, las candidaturas de los federales y la DRV, pero sólo para las minorías.

El día de las elecciones, a pesar de la tensión previa, transcurrió tranquilo, tal y como indicaba Las Provincias: «La jornada (…) se desenvolvió en un ambiente de tranquilidad completísima, como pocas veces hemos visto».³³ Y el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas en el ámbito nacional fue apabullante. De los 470 diputados que componían las Cortes republicanas, apenas 50 fueron para las fuerzas de derecha y oposición, entre los que destacaban los 24 diputados conseguidos por los agrarios. La socialista se convirtió en la minoría más numerosa, con 116 diputados, seguida por el grupo radical, que consiguió 90, el radical-socialista, 55, ERC, 37, y Acción Republicana, 30.³⁴

En Valencia, la participación alcanzó un nivel elevado, sobre todo en la provincia, donde se situó en el 72’91%, mientras que en la capital fue un poco menor, el 64’29%. Y el triunfo más absoluto fue para la Alianza de Izquierdas, que obtuvo el 63’6% de los votos en la capital, mientras que se hacía con el 50’8% de los sufragios de la provincia.³⁵ El segundo puesto fue para el PRRS y el último lugar entre las tres principales candidaturas lo obtuvo la conservadora DLR.

Estos resultados tuvieron como consecuencia que los diez candidatos de la lista provincial y los cinco de la circunscripción de la capital de la Alianza de Izquierdas consiguieron el acta de diputado, y, entre ellos, los tres socialistas que se habían integrado en ella. Francisco Sanchís, Isidro Escandell y Pedro García obtuvieron su billete hasta el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo gracias al pacto que habían establecido con el blasquismo antes de las elecciones de abril. Este pacto se mantuvo después de estas y para las elecciones de mayo, y fue consolidado de cara a las Constituyentes. De él, obtuvieron todos sus integrantes los resultados que buscaban: la mayor cuota de representación popular.

Y, a partir de la constitución de la Cámara, el 14 de julio, comenzaron las tareas de elaboración de la Constitución de la nueva República y sus leyes complementarias. En esta ardua tarea reformista, los diputados socialistas valencianos se repartirían en tres comisiones parlamentarias, de carácter diferente. Mientras Francisco Sanchís y Pedro García ocuparon un puesto en comisiones relevantes, como la de Trabajo y la de Reforma Agraria, respectivamente, Isidro Escandell ocupó un puesto en la de Estado.³⁶

Ello no fue óbice para tener un papel más o menos destacado dentro del Parlamento, ya que si bien Sanchís estaba en una comisión que daría más juego durante el primer bienio republicano, debido a la importancia de las reformas promovidas por el Ministerio de Trabajo, su aportación a la misma fue nula. En el lado opuesto se situaba Isidro Escandell, cuyas intervenciones parlamentarias fueron sobresalientes. Entre uno y otro se encontraría el trabajo de Pedro García.³⁷

LA REORGANIZACIÓN SOCIALISTA: DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PSOE AL I CONGRESO DE LA FSV

La proclamación de la República supuso para el socialismo la puesta en marcha de dos procesos paralelos que afectaban a su organización interna: el crecimiento exponencial del número de militantes; y los debates y discusiones en torno a la participación en el Gobierno, como continuidad de los debates que ya habían existido entre el otoño de 1930 y el invierno de 1931.

El primer proceso haría necesaria la reconfiguración de las instancias organizativas en las que se insertaban en 1931 las agrupaciones socialistas valencianas, mientras que el segundo forzaría la convocatoria de un congreso extraordinario del PSOE con el fin de clarificar los posicionamientos de cara al nuevo período político que se iniciaba tras los diversos procesos electorales. De este modo, se fueron sucediendo el Congreso extraordinario del PSOE, en el mes de julio, la disolución de la FSL, en octubre, y la creación de la FSV, en diciembre.

Tras lo sucedido en las reuniones del Comité Nacional en las semanas anteriores a las elecciones del 12 de abril y la definitiva integración de los socialistas en el Gobierno Provisional,³⁸ los debates internos se reavivaron y se decidió la convocatoria de un congreso extraordinario. La fecha elegida para comenzar las sesiones fue el 10 de julio y dos fueron los temas incluidos en el orden del día: el programa que el Partido debía llevar a las Cortes Constituyentes y las relaciones que se debían establecer con el Gobierno de la República una vez hubiera concluido la labor constituyente.³⁹

Antes del Congreso hubo una reunión del Comité Nacional, en la que los máximos dirigentes del Partido elaboraron sus propuestas. Respecto a las relaciones del Partido con el Gobierno de la República, la ponencia aprobada por todos los miembros del Comité, únicamente con el voto particular de Bruno Alonso, delegado regional de Castilla la Vieja, se manifestaba a favor de la participación ministerial del socialismo «atendiendo a las circunstancias de la situación política actual».⁴⁰ El Comité Nacional respaldaba la continuidad de los ministros socialistas hasta que se aprobara la Constitución, pero dejaba la puerta abierta a la continuidad del socialismo en el Gobierno, pues, aduciendo las «diversas e insospechadas circunstancias políticas que puedan presentarse», aprobó que la Minoría parlamentaria y la Comisión Ejecutiva pudieran decidir sobre el particular en el momento oportuno. Si estos órganos no se ponían de acuerdo, debía, entonces, reunirse el Comité Nacional para decidir, e incluso, si hubiera tiempo, se debía producir la convocatoria de un congreso.⁴¹

Pocos días antes, El Socialista había ido más allá y había publicado un artículo en el que se señalaba que de las recién elegidas Cortes debía emanar un Gobierno «izquierdista y social», en el que el socialismo debía llevar la iniciativa de formarlo «como minoría más numerosa». En todo caso, dejaba a la decisión del Congreso que esa posibilidad material se convirtiera en real.⁴²

Por su parte, en cuanto al programa del Partido, las propuestas de las agrupaciones fueron resumidas por el Comité Nacional en algunos puntos que podrían servir de guía para la Minoría socialista.⁴³ En este sentido, la agrupación más activa entre las valencianas fue la de Alcira, cuyas propuestas abarcaban los temas más importantes que aparecían en el panorama político de la primavera-verano de 1931. La mayoría de ellas destacaban por la moderación política y el reformismo avanzado, a pesar de que algunas mostraban tendencias más radicales e, incluso, irreales. En este último caso, destacaba una proposición que sostenía que los socialistas no debían estar presentes en el Gobierno, salvo en el caso de que tuvieran mayoría absoluta de diputados,⁴⁴ circunstancia que parecía quedar muy fuera de la realidad en 1931.

En todo caso, la mayoría de las propuestas eran más pragmáticas y gradualistas. En el plano político, destacaban la abolición de la pena de muerte y la rebaja de la edad de voto hasta los 21 años. Mientras, en el plano social destacaban dos proposiciones que perseguían la igualdad: la primera reclamaba la de hombres y mujeres «en cuantos derechos se le reconocen al hombre en el Código Civil», lo cual incluía la aprobación del divorcio; y la segunda se refería a la educación, que debía ser pública, gratuita y laica, para que estuviera «al alcance de todos los ciudadanos».⁴⁵ Finalmente, en el ámbito económico, la AS de Alcira reclamaba la supresión de los impuestos indirectos y la creación de un impuesto directo progresivo.

Únicamente un tema lograba exaltar el ánimo moderado mostrado por esta organización local: las relaciones con la Iglesia. En este campo, no había medias tintas y, desde Alcira, se reclamaba el establecimiento de una estricta separación entre esta y el Estado, la revisión de las relaciones entre ambos ámbitos, la prohibición de algunas órdenes religiosas y la expulsión de sus miembros, en especial de los jesuitas, además de la confiscación de sus bienes, el fin del pago de los haberes del clero, e incluso la aprobación de medidas como la fijación de un límite al número de iglesias, la obligación de los sacerdotes de vestir de seglar por la calle y la prohibición de los actos religiosos en la vía pública.⁴⁶

El día 10, por la tarde, comenzaron las sesiones del Congreso, al que acudieron 332 delegados en representación de las organizaciones socialistas. De este total, 15 delegados (4’5%) acudían en representación de los militantes de la provincia de Valencia: cinco delegados de la ASV; Alcira, Sueca, el Grao y Játiva, aportaban dos delegados cada una de ellas; y, finalmente, Paterna y Quart de Poblet, uno, respectivamente. Este total suponía que la valenciana era la sexta provincia en importancia de las 43 que aportaban delegados a este Congreso. Por delante aparecían las provincias de Jaén, con 33 delegados; Madrid, con 31; Murcia, con 22; Ciudad Real, con 19; y Alicante, con 17.⁴⁷

Mientras, en términos regionales, tal y como aparecían en la Organización General del PSOE, es decir, las regiones que se establecían para la representación en el Comité Nacional, la más importante por su representación en delegados fue la de Levante, que aportaba 70, muy por encima de los 53 aportados por Andalucía Oriental, donde estaba incluida la provincia de Jaén, y los 49 de Castilla la Nueva, donde se incluían las de Madrid y Ciudad Real. Por ello, la presidencia del Congreso recayó en uno de los delegados de Levante: el dirigente valenciano Francisco Sanchís.⁴⁸

El primer debate fue el referente a las relaciones del Partido con el Gobierno de la República. La ponencia –elaborada entre otros por Julián Besteiro– parecía defender prácticamente los mismos presupuestos que la propuesta realizada por el Comité Nacional un par de días antes, pero no era así, pues mientras el Comité Nacional planteaba la continuidad en el Gobierno como una «obligación (…) de defender la República», la ponencia lo aceptaba como un hecho consumado que no había que corregir. Además, la ponencia, como emanación del pensamiento besteirista, limitaba la colaboración de forma estricta al período constituyente, procurando evitar que se produjeran posteriores y nuevos «compromisos gubernamentales».⁴⁹

Ante esta situación, Indalecio Prieto presentó una enmienda en la que remarcaba como obligación política la permanencia en el Gobierno, incluso una vez que se hubiera cerrado el período constituyente. Esta enmienda, corregida, fue finalmente, incorporada a la ponencia original, aunque con la oposición de Besteiro, que formuló un voto particular en el que insistía en que la colaboración ministerial debía concluir cuando acabaran las tareas de elaboración de la Constitución. Sin embargo, esta proposición de Besteiro no contó con el apoyo de la mayoría de los delegados, pues 171 apoyaron la ponencia y 140 se decantaron por su voto particular. Estos delegados representaban a 10.607 militantes en el primer caso y a 8.362, en el segundo. Por tanto, vencieron los postulados colaboracionistas a pesar de que los apoyos a Besteiro fueron cuantiosos.

Por otro lado, en cuanto al programa que el PSOE debía llevar a las Cortes Constituyentes, la Comisión Ejecutiva presentó una propuesta avalada por el Comité Nacional. Por ello, la aprobación de buena parte del programa se produjo sin apenas dificultades, con aspectos como el carácter unicameral del futuro poder legislativo, que, además, debía ser elegido «por sufragio universal, igual, directo y secreto, por todos los españoles de uno u otro sexo mayores de veintiún años, en grandes circunscripciones».⁵⁰

De este modo, el Congreso plasmaba negro sobre blanco una de las características principales del socialismo: la consideración del sufragio universal como base del sistema político, pues el voto era «un arma revolucionaria, demoledora, transformadora y constructora».⁵¹

Por otro lado, y sin salir del plano político, en el contexto de los años treinta se produjo un debate de gran envergadura: la estructura del Estado republicano. Este es un debate clásico en la historiografía española y, tradicionalmente, se ha interpretado que la postura del socialismo era la defensa a ultranza del unitarismo y de un «nacionalismo jacobino».⁵² Sin embargo, esta tesis es bastante discutible, aunque, eso sí, remarcando que el tema de la descentralización y de las autonomías regional y municipal no fue una de las preocupaciones fundamentales del socialismo.

En este sentido, la ponencia elaborada en el Congreso señalaba que el PSOE daría su apoyo a «toda reivindicación autonomista encaminada a lograr el reconocimiento de la personalidad regional», aunque matizaba este apoyo exigiendo una «previa consulta al pueblo» para avalar la aprobación de cualquier estatuto de autonomía, gracias a lo cual se evitaría dar alas a cualquier «movimiento equívoco».⁵³

Sin embargo, tal y como señalaron algunos delegados, esta ponencia no especificaba si el PSOE defendía que la república fuera unitaria o federal. Por ello, los representantes de Valladolid y Barcelona apostaron por que el Congreso avalara que la república debía ser federal, la soberanía de cuyos estados sólo afectaría a los asuntos interiores de estos sin «invadir (…) la esfera propia de la Unión federal ni quebrantar la unidad de la República española». Esta proposición no fue aceptada por los ponentes y tampoco los delegados que la propusieron quisieron echarse atrás. Ello provocó la intervención de Fernando de los Ríos en apoyo de la ponencia, pues, en su opinión, no se debía responder a la disyuntiva federalismo/unitarismo de una manera rotunda, sino que se debían dar los mecanismos para «posibilitar». La cuestión debía centrarse «no en mandar», sino «en auscultar las posibilidades y cuando estas se comprueben (…) inclinaremos la cabeza y la reconoceremos».⁵⁴

Tras esta intervención, el Congreso avaló la redacción de la ponencia, asumiendo que la República no debía asentarse sobre principios federalistas o descentralizadores de principio, sino hacerlo sobre un unitarismo corregible de forma progresiva.

Mientras, en el plano social, el Congreso apoyaba que la Minoría socialista impulsara la aprobación de seguros sociales «para todos los riesgos que amenazan a los trabajadores», además de los principios de negociación colectiva y el control obrero, en los cuales la instancia sindical era el pilar fundamental.⁵⁵ También se apostaba de manera inequívoca por la escuela única, es decir, la educación pública y eminentemente laica. Esta defensa era uno de los principales postulados del socialismo, pues la educación y la cultura serían las vías a través de las cuales se conseguiría el avance de la sociedad hacia sus postulados y saldría de la oscuridad en la que se encontraba.⁵⁶

En cuanto a la economía, el cónclave aprobó la revisión de todos los contratos de concesión de explotación del «suelo, subsuelo, costas y aguas territoriales» que existieran. En este punto, la ponencia dio un paso más y apostó por que el PSOE defendiera en el Parlamento la nacionalización de «los ferrocarriles, la banca, minas, bosques (…) comunicaciones e industrias de guerra (…) y la tierra». A ello se añadía la inclusión en la Constitución de un «impuesto progresivo sobre la renta».⁵⁷

Finalmente, el punto más radical fue el referido a la Iglesia, en el que una ponencia de corte moderado, que apostaba por la «independencia confesional del Estado, la libertad de todos los cultos y la (…) necesidad de que (…) los fieles sostengan económicamente sus respectivas iglesias», pasó a defender también que «se expulse a las órdenes o congregaciones religiosas y se confisquen sus bienes».⁵⁸ Este fue el tenor de las relaciones socialismo-Iglesia católica a lo largo de los años republicanos. Y se mostraban dos caras que no debían ir irremediablemente unidas, pero sí lo iban en el caso del socialismo de los años treinta: el laicismo y el anticlericalismo. El socialismo fue claramente partidario del fin de la confesionalidad del Estado y de su laicización, pero también era profundamente hostil a la Iglesia católica, a sus miembros, seguidores y presupuestos religiosos, morales y políticos.

Durante los primeros años de vida del PSOE, el anticlericalismo había sido situado en un segundo plano de sus preocupaciones. Este tema era «un riesgo de distracción en sus aspiraciones de derrotar a la burguesía», por lo que los líderes socialistas «tendieron a encubrir los rasgos anticlericales de su pensamiento» y centrar sus preocupaciones en los discursos de clase. Pero, a partir de principios de siglo, el socialismo cambió esta posición y pasó a colocar a la Iglesia católica como uno de sus objetivos por su condición de «guardián de los intereses de la burguesía»⁵⁹ y de «enemigo del progreso democrático, y por tanto de los avances sociales y políticos que debían preceder al triunfo de la revolución socialista».⁶⁰

En este sentido, el socialismo se mantuvo firme en la defensa del laicismo tanto antes como durante los años treinta, de forma que no sólo apoyó sino que promovió todas las reformas en ese sentido que se fueron sucediendo durante el primer bienio republicano. Respetaba que «cada cual [tuviera] la religión que [quisiera]», pero no iba a tolerar «que uno se la quiera imponer a los demás».⁶¹

Con este programa amplio, diverso y eminentemente reformista en un sentido socialista, el Congreso del PSOE se presentaba ante la sociedad española que lo había convertido en la principal minoría parlamentaria de la Cámara. Y, una vez aprobado, en la noche del 12 al 13 de julio, el Congreso cerró sus sesiones. Ahora tocaba llevar lo aprobado a la práctica.

Ahora bien, ¿cuál había sido el papel del socialismo valenciano en él? Pues, como se puede inferir por su ausencia en el relato de las sesiones, este fue extremadamente discreto. Salvo la presidencia ocupada por Francisco Sanchís, los delegados valencianos formaron parte de la tropa de asistentes sin manifestarse públicamente en ningún asunto, ya fuera en intervenciones durante las sesiones o en la elaboración de alguna ponencia o enmienda a estas.

A finales del mismo mes de julio que había visto la institucionalización de los cambios internos socialistas y la llegada del socialismo a las Cortes Constituyentes como la minoría más numerosa, además del mayor número de diputados socialistas valencianos en una misma legislatura, comenzó también la renovación y reestructuración de algunos órganos directivos de la FSV.

El primer caso fue el de la ASV, cuyo Comité, con Manuel Molina Conejero como presidente, fue elegido en la reunión del día 1 de agosto.⁶² A partir de ese momento, se fueron produciendo las constituciones de otras importantes agrupaciones o la renovación de los cargos directivos de las ya constituidas. En el primer caso destacaron las agrupaciones de Burjasot y Mislata, mientras que en el segundo podemos reseñar la de Játiva.⁶³

A la altura de 1931, las agrupaciones de la provincia de Valencia se reunían en torno a la FSL, creada en enero de 1930, tras la incorporación a la FSV, formada por las agrupaciones de Valencia, Castellón y Alicante, de las agrupaciones murcianas y albaceteñas. Y fue después del verano cuando la renovación alcanzó este ámbito, pues el comité de la FSL convocó el XI Congreso de la organización para el día 25 de octubre, en Villena.⁶⁴

La principal decisión que tomaron los delegados en este Congreso regional fue la de iniciar el proceso de su disolución para disgregarla en federaciones de carácter provincial, por lo que las agrupaciones de cada provincia comenzaron los trabajos de constitución de estas nuevas federaciones. En el caso valenciano, fue en el mes de diciembre cuando se produjo la creación de la FSV. La iniciativa y el peso organizador de la nueva federación provincial lo tomaría la ASV, con su presidente, Manuel Molina Conejero, a la cabeza.⁶⁵

La creación de esta federación se asentaba, según los propios organizadores, en la necesidad de «que no se quiebre la tradición de disciplina», debido al crecimiento exponencial de organizaciones socialistas desde la proclamación de la República. Era tal la avalancha de solicitudes de ingreso en el PSOE que la Secretaría del Partido se sintió abrumada ante este hecho,⁶⁶ pues muchas de estas agrupaciones habían aparecido «espontáneamente» y los dirigentes del socialismo provincial afirmaban no tener «relaciones regulares con ellas». Por ello, realizaban desde las páginas de El Socialista un público llamamiento a estas organizaciones para que acudieran al Congreso de constitución de la FSV.⁶⁷

Las sesiones del Congreso comenzaron el 6 de diciembre y en él participaron los que habían sido dirigentes provinciales, comarcales y locales del socialismo valenciano desde hacía décadas y aquellos que alcanzarían su mayor importancia a lo largo de los años treinta, cuando se produjo un relevo generacional que sería trascendental en el devenir de las organizaciones valencianas.

La primera decisión fue nombrar la Mesa del Congreso. Los elegidos fueron José Bernabéu, de Gandía, como presidente, y Manuel Villa, de Buñol, y Lorenzo Latorre, de Chiva, como secretarios. Todos ellos eran añejos miembros del socialismo provincial, ya que mientras Latorre era el máximo exponente del socialismo en Chiva y ya había sido concejal en esta localidad en 1920, Bernabéu lo era en Gandía, cuya agrupación controlaba desde la década de los diez.⁶⁸

El siguiente paso fue la recepción de los delegados. Asistieron 66 delegados en representación de 43 agrupaciones de la provincia, en las que estaban reunidos 2.062 militantes. Existían otras 18 agrupaciones que no habían aportado representación, y tres estaban en proceso de constitución, por lo que el total era de 64. Ahora bien, los datos de la propia FSV son contradictorios, pues si bien ellos mismos afirmaban que, a la altura de diciembre de 1931, existían en la provincia 64 organizaciones locales, en el anexo de las organizaciones constituidoras de la federación se recogía un total de 68 agrupaciones y centros obreros locales, que reunían a 3.190 militantes:⁶⁹

CUADRO 1. AGRUPACIONES Y CENTROS OBREROS LOCALES DE L A FSV (DICIEMBRE DE 1931)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Actas del I Congreso de la FSV, FPI, AH-2-8.

De este modo, las organizaciones locales se concentraban en las comarcas agroexportadoras, en las que la población jornalera era abundante (La Safor, Ribera Alta y Ribera Baja), que concentraban casi la mitad –47%-de las agrupaciones de la provincia. Además, destacaban otras zonas, como la ciudad de Valencia y las comarcas que jalonaban los ejes de comunicación entre la capital provincial y Madrid y Albacete. En el primer caso, se trataría de las comarcas de Horta Oest y Hoya de Buñol, mientras que en el segundo se trataría de La Costera y el Valle de Ayora. Una mención especial requeriría el Rincón de Ademuz, comarca montañosa y alejada de todo gran núcleo de población, pero en la cual la presencia de organizaciones socialistas era importante.

En términos de militantes, los 3.190 de la FSV se repartían del siguiente modo:

CUADRO 2. AFILIADOS A LA FSV POR AGRUPACIONES O CENTROS OBREROS LOCALES (DICIEMBRE DE 1931)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Actas del I Congreso de la FSV, FPI, AH-2-8.

De nuevo, la zona de la Ribera reunía el grueso de la militancia (más de la cuarta parte del total entre las dos comarcas ribereñas), a la que habría que unir la ciudad de Valencia y las comarcas de La Safor y La Costera. Más lejos quedarían, aunque con una importancia no desdeñable, comarcas ya comentadas como Hoya de Buñol, Requena-Utiel, Valle de Ayora y Horta Oest, entre las cuales volvería a destacar el Rincón de Ademuz.

Esta fuerza afiliativa de la FSV no era nada despreciable en el contexto interno socialista, como se puede observar en el cuadro 3, y respecto al pasado más próximo del propio socialismo valenciano. Estaba muy por encima de los 242 militantes del socialismo provincial valenciano representados en el último congreso ordinario del PSOE, celebrado en 1928.⁷⁰ También lo estaba de los 1.600 afiliados que tenía el socialismo alicantino, considerado tradicionalmente la cabeza del socialismo en el País Valenciano, a la altura de febrero de 1932, cuando las agrupaciones de esa provincia constituyeron su federación provincial. De hecho, los militantes de la provincia de Valencia suponían más de la mitad de los 5.220 afiliados que existían en noviembre en todo el País Valenciano. Y, finalmente, estaba también por encima, incluso, de muchos socialismos regionales, que, obviamente y en la mayoría de los casos, reunían militantes de varias provincias. La provincia de Valencia reunía más afiliados que Aragón, Cataluña, País Vasco, Asturias, Galicia, las Islas Baleares y las Canarias, y Navarra. Únicamente, las regiones de Andalucía, Castilla, Extremadura y Murcia tenían más militantes que la provincia de Valencia.⁷¹

CUADRO 3. MILITANTES DEL PSOE POR REGIONES

FUENTE: Alfons Cucó, «Contribución a un estudio cuantitativo de la CNT», Saitabi, vol. X X , Valencia, 1970, p. 187.

Pero la afiliación en la provincia no sólo se encontraba a la cabeza del socialismo español en términos absolutos, sino también relativos internos y externos. En este sentido, internamente, la afiliación valenciana suponía el 4’75% de la militancia socialista, sólo por detrás de Murcia, Extremadura, Castilla y Andalucía, todas ellas regiones pluriprovinciales. Mientras, en relación a la población de cada territorio,⁷² el porcentaje de población valenciana afiliada al PSOE a finales de 1931 era, incluso, superior a la media nacional (0’28%), pues se situaba en el 0’30%, sólo por debajo, de nuevo, de Murcia, Extremadura, Castilla y Andalucía.

Por tanto, nos encontraríamos ante un socialismo que, si bien en cuanto a representación pública sería más débil que la media del resto de organizaciones provinciales, pues apenas tenía concejales y alcaldes y arrastró menor cantidad de votos que sus compañeros republicanos de la candidatura para las elecciones a Cortes Constituyentes, no mostraba esa misma debilidad en el ámbito interno, lo cual lo situaba, a comienzos del régimen republicano, a la cabeza de las federaciones del País Valenciano y entre las más poderosas de las españolas.

Las sesiones del Congreso estuvieron íntegramente dedicadas a la institucionalización de la organización. De este modo, fue aprobado el Reglamento, se decidió establecer el Comité Ejecutivo de la FSV en la ciudad de Valencia y se votó su composición. Pero no hubo ninguna discusión ni debate sobre temas políticos locales, provinciales o nacionales. Sólo alguna referencia tangencial y aislada al final del cónclave.

En el primer caso –el del Reglamento de la FSV-, siguiendo la estela de otras organizaciones provinciales, las agrupaciones valencianas institucionalizaron sus principales órganos decisorios y de gobierno. En la cúspide de la organización provincial existía el Comité Provincial, el cual, a imagen y semejanza del Comité Nacional, estaba formado por el Comité Ejecutivo de la FSV y por un delegado de cada uno de los partidos judiciales de la provincia, lo que hacía un total de 25 miembros. Además, cada dos años, de forma obligatoria, el Comité Provincial debía renovarse por completo, de forma que las agrupaciones de los partidos judiciales debían elegir un nuevo delegado que las representara. Del mismo modo, existía un Comité Ejecutivo, formado por siete miembros, que se encargaba de gobernar la organización provincial. Y, finalmente, se encontraban los Congresos, que debían celebrarse obligatoriamente cada dos años, en el tercer trimestre del año correspondiente.⁷³

Por lo demás, como no podía de ser de otro modo, el reglamento de la FSV seguía la estela marcada por la Organización General del PSOE, con un añadido: el de los pactos con otras fuerzas políticas, un aspecto muy influido por las circunstancias del momento. En el artículo 38, la FSV señalaba que, cuando a nivel provincial o en alguna localidad concreta se realizara cualquier tipo de pacto con alguna otra fuerza política, «la Comisión Ejecutiva debe intervenir para asegurar la pureza de la inteligencia» con respecto a los mandatos de la dirección nacional. De este modo, se garantizaba la jerarquía, la disciplina, la cohesión y la coherencia internas, valores todos ellos básicos en el funcionamiento orgánico, sobre todo en un momento de rápido crecimiento. A ello también debían someterse los actos públicos o campañas políticas que pudieran realizarse junto a otras organizaciones.⁷⁴

Finalmente, fue elegido el Comité Ejecutivo Provincial integrado por: Ángel Ricart Alonso, artesano y miembro de la ASV, como Presidente; Vicente Medín Sanchis, Vicepresidente; Manuel Molina Conejero, Secretario General; Antonio Rico y Ruiz de Amoraga, abogado y Secretario de la ASV, Secretario de actas; Arturo Bellido Carreras, comerciante, Tesorero-contador; e Isidro Escandell Úbeda y Rafael Vilar Fiol, médico y dirigente del Sindicato Médico en Valencia, como Vocales.⁷⁵

De este modo, se formaba una dirección provincial controlada por militantes de la agrupación de la ciudad de Valencia y en la que abundaban los profesionales liberales, un nuevo tipo de militantes que comenzó a hacerse apreciable en las filas del socialismo a partir de la segunda década del siglo XX y que se hizo aún más abundante a partir de finales de los años veinte y principios de los treinta, cuando el PSOE apostó de forma inequívoca por la República.⁷⁶ Los obreros convencionales habían dado paso, como en el ámbito nacional, a dirigentes pertenecientes a las clases medias profesionales, como médicos, abogados, comerciantes o periodistas. No obstante, los militantes de extracción socioeconómica tradicional del socialismo, como eran artesanos y obreros manuales cualificados, aunque eran minoría en la Comisión, ocupaban los puestos más importantes.

Por último, el Congreso se cerró con una única referencia a la situación política de los pueblos de la provincia, sojuzgados, según los socialistas valencianos, por «el caciquismo monárquico autonomista», a la vez que criticaban la presión que se ejercía sobre el Gobernador civil, al que acusaban de estar «mediatizado por los elementos de la Unión Republicana Autonomista».⁷⁷ De este modo, quedaban patentes en el Congreso cuáles eran los focos de preocupación del socialismo provincial a la altura de diciembre de 1931: el PURA, con el que se habían roto las relaciones políticas durante el verano, y los gobernadores civiles, con los cuales ya había habido algún encontronazo y los seguirá habiendo en los siguientes meses.⁷⁸

SOCIALISMO Y DEMOCRACIA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX: UNA INTRODUCCIÓN

La relación entre el socialismo y la democracia ha sido un tema constante en la historiografía tanto española como europea. Se ha considerado crucial estudiar cuál fue la actitud del socialismo en los procesos de democratización que los diferentes países europeos vivieron desde finales del siglo XIX y cuáles fueron sus actuaciones respecto a la democracia en un período clave de crisis, durante los veinte años que van desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.⁷⁹ De este modo, conocemos cómo actuaron importantes socialismos europeos como la socialdemocracia alemana –con su identificación clara con el sistema democrático de la República de Weimar-, el socialismo austríaco –con su apuesta por el reformismo e incluso la insurrección preventiva frente a los titubeos de los sectores conservadores en los años treinta-, y el francés –con su apuesta final por el Frente Popular frente a las amenazas del fascismo en esos mismos años.⁸⁰

También conocemos qué actitudes mostró el PSOE durante este período, comprendido entre la aprobación del sufragio universal masculino, en 1890, y el estallido de la Guerra Civil española, en 1936: tuvo una actitud cambiante con la que demostraba que su objetivo fundamental no era el establecimiento de un sistema democrático del tipo que triunfó en la mayoría de los países europeos –aunque por poco tiempo– tras la Primera Guerra Mundial, sino que pretendía dar un paso más allá hacia el establecimiento de la sociedad socialista. Pero no podemos ver este planteamiento de una forma maniquea entre democracia y socialismo, llevando hacia atrás una visión que se hizo imperante tras la Segunda Guerra Mundial. La posición del PSOE, aunque no veía el establecimiento de un sistema plenamente democrático como el punto de llegada de su actuación política, tampoco podemos establecerla como contraria a esta finalidad. Para el socialismo español, como en general para todos los socialismos integrados en la II Internacional, el establecimiento de un sistema democrático era una condición necesaria para llegar a su meta: el fin de la sociedad de clases capitalista y la implantación de una sociedad igualitarista de tipo socialista.⁸¹

Ello significaba que en aquellos lugares donde aún no se había establecido plenamente la democracia como forma de gobierno, el socialismo se convertía en un ariete de la misma, tal y como sucedió en España durante los años de la Restauración. Ahora bien, la situación cambiaba cuando el socialismo se encontraba en un contexto de democracia plena. En ese momento, tal y como aparecía en República Social, el socialismo llevaba a la práctica el lema «Republicanos con la Monarquía, socialistas con la República».⁸² Con esta frase, el socialismo afirmaba claramente cuál era su objetivo último, que no era la democracia enmarcada en la República, sino el establecimiento de aquello que los hacía socialistas y los diferenciaba de otros grupos políticos.

También hay que tener muy presente el contexto internacional.⁸³ A pesar de que el final de la Primera Guerra Mundial supuso la extensión de la democracia por toda Europa, pocos años después esta era cuestionada por gran parte del espectro político. Tanto por la derecha, por parte de movimientos autoritarios y fascistas, caracterizados por el antiliberalismo, el ultranacionalismo y el corporativismo, como por la izquierda, por parte del comunismo y los socialismos exaltados, que veían en la revolución de 1917 y en el sistema soviético la puesta en práctica de lo que hasta entonces habían considerado utopías.⁸⁴

Ahora bien, para responder sobre la actitud del socialismo valenciano hacia la democracia republicana de los años treinta, debemos comenzar por responder qué entendemos por democracia y, después, acudir a su práctica política durante los años treinta para observar si se ajusta a aquello que se ha establecido como democracia.

Muchos autores han teorizado sobre la democracia,⁸⁵ y básicamente se puede afirmar que lo que entendemos por democracia es, como señala Teresa Carnero, un sistema político caracterizado por

(…) comportamientos políticos libres, no corruptos (es decir, transparentes y sin intervención parcial del gobierno) y participativos. Lo cual significa procedimientos en los que están contemplados los derechos civiles fundamentales, con escasas o nulas restricciones para poder votar y con competencia política y electoral en condiciones de igualdad entre todos los partidos que, respetando el marco legal, aspiran a gobernar, si consiguen un respaldo electoral suficiente.⁸⁶

Por tanto, los sistemas democráticos se caracterizan por generalizar las libertades civiles y asegurar su mantenimiento, por la participación ciudadana canalizada a través de partidos políticos que disfrutan de una competencia igualitaria, y por la expresión de esa participación, entre otros medios, por procesos electorales transparentes y limpios mediante los cuales se eligen los gobernantes. Además, en los sistemas democráticos, se asegura que las mayorías expresadas en los procesos electorales no aplastarán a las minorías.

Ejemplo de sistema como el enunciado fue el institucionalizado por la Constitución de 1931, que garantizaba la igualdad y los derechos básicos de los españoles: igualdad de todos los españoles (arts. 2, 25, 36 y 40), libertad religiosa, garantías jurídicas, libertad de movimiento, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de trabajo y libertad de expresión (arts. 27-34) y libertad de asociación (art. 39). Además, institucionalizaba el sufragio universal (arts. 36 y 52) y estableció la limpieza de los procesos electorales en las sucesivas normas electorales aprobadas durante el período, en las que se primaba la transparencia, la igualdad y la salvaguardia de las garantías, como el carácter secreto del voto.⁸⁷

Ahora bien, la cuestión fundamental no sólo estriba en los aspectos esbozados hasta ahora, pues también hay que analizar la actuación de la FSV día a día en el seno de un sistema plenamente democrático, y observar el grado de aceptación de las reglas del sistema, es decir, que si ese colectivo en cuestión no ve apoyadas sus opciones no opte por «retirarse del sistema decisorio u opte por derrocarlo».⁸⁸

SIN REFORMAS NO HAY DEMOCRACIA

Como hemos podido ver, el objetivo final del socialismo era superar el estadio de la sociedad burguesa y acabar con la existencia de clases para dar lugar a un mundo asentado sobre la igualdad social. Pero sabía que ese momento no llegaría de forma acelerada ni inmediata. Por ello, hasta entonces, los diferentes partidos socialistas europeos no rechazaron participar en el juego de los sistemas burgueses, siempre con algunas limitaciones.

Hasta después de la Primera Guerra Mundial, el socialismo europeo vetó la entrada y participación de sus miembros en los gobiernos burgueses,89 pero defendió con ahínco su integración en los parlamentos, pues, gracias a ello, conseguían arrancar mejoras sociales y laborales para los trabajadores, con lo que el camino hacia la sociedad sin clases era introducido por mejoras paulatinas que intentaban convencer a los trabajadores de que el camino era largo, pero no infructuoso.

El socialismo español no fue diferente al resto de sus correligionarios europeos y, desde la aprobación del sufragio universal, comenzó a luchar por conseguir representación parlamentaria. Este objetivo no se consiguió hasta la elección de Pablo Iglesias en 1910. Pero, ya antes, el socialismo se había integrado en otros órganos de la Monarquía para conseguir reformas encaminadas a mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores. Este fue el caso del Instituto de Reformas Sociales, creado en 1904 y en el que se integraban vocales obreros, patronales y gubernamentales para negociar posibles reformas «para la mejora o bienestar de las clases obreras».⁹⁰ En su gran mayoría, los vocales obreros serían socialistas, destacando entre todos ellos Francisco Largo Caballero, que lo fue desde la creación de este organismo.

Este objetivo reformista sirvió para avalar la colaboración socialista, encabezada por Largo Caballero, durante la Dictadura de Primo de Rivera, y para que este dirigiera el Ministerio de Trabajo durante la República. Este espíritu impulsó que, durante el primer bienio republicano, el socialismo aplicara una táctica basada en la consecución de mejoras paulatinas de los medios de vida de los trabajadores que, finalmente, llevarían a la consecución del socialismo. Hacía uso de un «gradualismo reformador», de un posicionamiento favorable al avance hacia su objetivo final a través de una marcha gradual asentada en la aplicación de reformas sobre el sistema capitalista que posibilitaran un aumento de la influencia de sus organizaciones para que, finalmente, se llegara a dar el salto final hacia el socialismo.⁹¹

Por ello, el socialismo valenciano rechazaba las tácticas caracterizadas por las prisas revolucionarias anarquistas. Frente a este, el socialismo siempre planteó su alternativa: «la evolución paulatina y progresiva, el mejoramiento gradual y las reformas sucesivas».⁹² Con esta táctica «intervencionista», el socialismo se congratulaba de conseguir avances en la calidad de vida de los trabajadores, a través de los cuales les hacían ver quién se interesaba verdaderamente por sus mejoras efectivas y reales. Esto se contraponía a los tristes resultados que obtenían sus rivales «revolucionarios», los cuales «sólo derrotas y fracasos han cosechado».⁹³

Ahora bien, ellos mismos reconocían que su legalismo tenía límites. Estaban dispuestos a abandonar la legalidad si estuvieran en peligro «las preciosas conquistas» conseguidas hasta ese momento. En ese caso, el deber del movimiento socialista era adelantarse a esos posibles intentos y «yugular la intentona», a través de «una sublevación general por la libertad».⁹⁴

Partiendo de esta base, el socialismo apostó desde un principio por el mantenimiento del régimen republicano siempre que estuviera caracterizado por un avance social reformista constante, no quedando «detenida en una democracia burguesa, sino que siga el camino de las realizaciones socialistas».⁹⁵

La República era concebida y apoyada en la medida que tenía un objetivo fundamental: la existencia de un gobierno con clara «orientación progresista» que arrancara «conquistas políticas y económicas que faciliten y atenúen la llegada inevitable y gloriosa de la civilización socialista».⁹⁶ Destacaban que la democracia era para ellos «un simple medio» y, dentro de su ortodoxia marxista, habían escogido el camino de respetar las normas que esta imponía, pues la consideraban la más eficaz «para nuestras realizaciones doctrinales». Pero recordaban que podían perfectamente cambiar de táctica, aunque no lo harían siempre que la República continuara «su trayectoria inicial», mientras siguiera aplicando «soluciones de tipo socialista».⁹⁷

Sobre esta base, el socialismo puso un marcha toda una panoplia reformista, que se plasmó, principalmente, en tres ámbitos: las relaciones laborales, la mejora de los derechos sociales de los trabajadores, y la secularización, con dos focos fundamentales, aunque no únicos, de atención: el mundo rural y las mujeres. Todo ello, a pesar de que no siempre estas reformas eran implementadas por los propios socialistas.⁹⁸

Las relaciones laborales fueron el gran ámbito del reformismo socialista, dentro del cual, como coincide la historiografía, se produjo la reforma más importante: la Ley de Contrato de Trabajo. Esta ley fue uno de los pilares de la política laboral de Largo Caballero, considerada por el propio líder socialista «como el eje de toda su política laboral», aunque se viera ensombrecida por otras normas más polémicas. Además, junto a la de Jurados Mixtos y la de Asociaciones Profesionales, completaba «la institucionalización de los cauces legales para la negociación colectiva».⁹⁹

La primera de estas leyes, incluía, además, por decreto de mayo de 1931 el ámbito rural. En esta ley se institucionalizaban estos organismos, continuadores de los Comités Paritarios creados durante la Dictadura de Primo de Rivera, cuyas obligaciones principales eran imponer «las bases de trabajo como condiciones mínimas» y garantizar «el cumplimiento de los contratos colectivos», a través de la «conciliación y el arbitraje».¹⁰⁰ Mientras, la Ley de Asociaciones Profesionales, aprobada en la primavera de 1932, sustituía a la Ley de Asociaciones de 1887 y reconocía la personalidad jurídica de los sindicatos y de las asociaciones patronales, con lo que se les posibilitaba la función de realizar pactos colectivos en los niveles más bajos de la contratación.

Estas fueron las principales reformas, pero hubo otras que, durante el período, generaron mayor polémica. Fueron la Ley de Laboreo Forzoso y, sobre todo, la Ley de Términos Municipales. Ambas fueron aprobadas como ley el 9 de septiembre de 1931, a partir de sendos decretos aprobados por el Ministerio de Trabajo recién instaurada la República. Y mientras la primera obligaba a que se continuaran trabajando las tierras que se venían cultivando, para evitar un lock out agrario, bajo la amenaza de ceder sus tierras a las organizaciones obreras locales, la segunda establecía que ningún propietario podría contratar jornaleros de otras localidades si existían jornaleros sin trabajo en ese mismo municipio, con lo cual se intentaba contrarrestar los intentos de los propietarios locales de reducir los jornales de los obreros agrícolas mediante la contratación de jornaleros foráneos.

Finalmente, no podemos olvidar disposiciones como la Ley de Colocación Obrera, la extensión de la jornada laboral de ocho horas al campo, la Ley de Accidentes de Trabajo y las nuevas medidas para proteger a los arrendatarios, que establecían la imposibilidad de desahuciar a aquellos que tuvieran una renta inferior a 1.500 pesetas anuales, salvo en caso de impago. Pero, además, esta última circunstancia se salvó introduciendo la posibilidad de que los arrendatarios solicitaran una revisión de las rentas –que siempre sería a la baja-, momento a partir del cual también se prohibía el desahucio por impago.

Por otro lado, en el ámbito de la protección social de los trabajadores, el otro gran ámbito de reformismo socialista, podemos destacar: la Ley de Seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas; la Ley de Indemnización por enfermedades profesionales; la Ley de Seguros de enfermedad de los trabajadores de la industria, del comercio y de los sirvientes domésticos; la modificación de la ley de accidentes de trabajo en la industria, cuyo punto más importante fue la concreción de la Caja Nacional de Seguro, que se haría cargo de la indemnización al trabajador o a sus familiares en caso de insolvencia patronal; la ampliación de la ley de accidentes al ámbito rural; y la aprobación del seguro obligatorio de maternidad, cuyos beneficios incluían asistencia médico-sanitaria para el parto, descanso remunerado durante doce semanas (seis antes del parto y seis después) y un subsidio de lactancia de una duración máxima de diez semanas.

A pesar de toda esta frenética labor reformista, en la cartera ministerial socialista quedaron algunos proyectos que no pudieron llegar a materializarse, como la reforma completa de las Delegaciones Provinciales de Trabajo, cuyo control quería Largo para el Ministerio de Trabajo, pero que continuó bajo el de los gobiernos civiles; la Ley de Control Obrero, como una vía de participación de los trabajadores en el gobierno de la empresa, gracias a la cual estos se harían corresponsables, alejando todas las posibles protestas irresponsables; y la implantación de un seguro contra el paro forzoso, un seguro unificado a través del Instituto Nacional de Previsión y un sistema de asistencia sanitaria que tuviera por base el mutualismo obligatorio.

Con todas estas medidas, el objetivo de Largo y del socialismo por él representado desde el Ministerio de Trabajo era lograr un triple éxito: la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros, la capitalización del éxito de estas mejoras por parte de la UGT, ya que era su secretario general el que las aprobaba, y la deslegitimación de las prácticas cenetistas, que resultaban menos efectivas que el pactismo y el gradualismo socialistas. Todo ello redundaría en un crecimiento de las bases socialistas y en un mayor avance hacia la consecución del objetivo final: el socialismo.¹⁰¹

Por otro lado, hemos de referirnos a las reformas que, si bien no fueron impulsadas por ministros socialistas, como había ocurrido en el ámbito socio-laboral, contaron con el pleno apoyo del socialismo y su Minoría parlamentaria, y se convirtieron en parte del corpus reformista que el socialismo asumió como propio e intocable: las reformas secularizadoras y educativas.

En el primer campo, hemos de referirnos a todas aquellas medidas que tenían como principal afectada a la Iglesia Católica, como la secularización de los cementerios, cuya administración pasó a los ayuntamientos; el recorte drástico del presupuesto destinado al pago del clero, cuyo montante se redujo dos tercios entre 1931 y 1932; la aprobación del divorcio y del matrimonio civil; la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes; la prohibición de financiación pública de las instituciones y actividades religiosas; la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas; y las normas respecto a las manifestaciones religiosas en el ámbito público, como las procesiones o el toque de las campanas.¹⁰²

Por otro lado, en cuanto a la educación, podemos destacar la prohibición de la enseñanza de la religión, la promoción de la coeducación, y la prohibición del ejercicio de la educación a las instituciones religiosas, lo cual requirió un gran esfuerzo presupuestario para lograr la reconversión de las escuelas religiosas en escuelas estatales, para que los alumnos no se vieran sin centro escolar al que acudir.

Mención aparte merece la Reforma Agraria. La necesidad de reformar el agro español era una opinión transversal en las izquierdas españolas. Por ello, ya en el mes de mayo de 1931 comenzó el largo proceso de elaboración, discusión y aprobación de lo que sería la reforma agraria republicana con el proyecto elaborado por la Comisión Técnica encabezada por Felipe Sánchez Román. Sin embargo, fue rechazado, por razones divergentes, por los diferentes grupos políticos, ya fueran de la izquierda o de la derecha. En el caso de las fuerzas gubernamentales, la propuesta fue rechazada por su «carácter excesivamente radical», con la excepción del socialismo, al que no le parecía radical, sino ambigua, por lo que prefirieron rechazar esta propuesta y apostar por una menos radical, pero también menos ambigua.

El siguiente intento vino de la mano de una Comisión ministerial, encabezada por el propio Presidente del Consejo de Ministros, Alcalá Zamora. Pero esta propuesta fue, finalmente, modificada por la comisión parlamentaria correspondiente en un sentido más radical. Una vez en sede parlamentaria, la discusión no se frenó: se abrió a las propuestas, añadidos y enmiendas de los grupos parlamentarios, comenzando con ello un largo y arduo trabajo legislativo que no concluyó hasta septiembre de 1932. Fue entonces cuando, tras el impulso dado por el golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto, se produjo la aprobación de la reforma por 318 votos contra 19.¹⁰³

La Ley de Bases para la Reforma Agraria resultó «extraordinariamente compleja», incluso con disposiciones «mutuamente incompatibles». Pero, en todo caso, suponía unos cambios tan profundos que se ha llegado a catalogar como «revolucionaria».¹⁰⁴ Aunque compleja, confusa y excesiva en algunos de sus capítulos, la ley posibilitaba los grandes cambios que eran deseados en buena parte del campo español, sobre todo por las capas sociales más pobres, a un coste no excesivamente alto. Sin embargo, la ley no dio de sí todo lo que podría haber dado, pues aquellos que debían haberla aplicado de este modo la leyeron y aplicaron «del modo más limitado posible»,¹⁰⁵ por lo que, finalmente, fue un nuevo intento fallido.

Todas estas reformas, y los intentos de conseguir más, se convirtieron en el fuerte inexpugnable para el socialismo, en aquello que le hacía ver la República como un sistema respetable, pues reformismo y democracia iban unidos indefectiblemente. Sin embargo, en el segundo bienio muchas de estas medidas fueron corregidas, algo inasumible para el PSOE de los años treinta, que acabó perdiendo, como Largo, «la fe en el gradualismo reformador» y mutando en sus actitudes y actuaciones.¹⁰⁶

EL XIII CONGRESO DEL PSOE

En paralelo al reformismo que desde el Gobierno se iba implementando, el PSOE vino a culminar lo realizado de manera acelerada, por la circunstancias, en el Congreso Extraordinario de julio del año anterior.

El XIII Congreso del PSOE, de carácter ordinario, se celebró entre los días 6 y 13 de octubre de 1932, con un orden del día que abordaba: la gestión política de los órganos directivos del Partido, además de su renovación; el establecimiento de su posicionamiento en el momento político; la aprobación de una reformada Organización General y de las normas para la elección de candidatos; y la aprobación de los que serían los pilares de actuación política hasta el siguiente congreso.¹⁰⁷

Ahora bien, uno de los asuntos fundamentales fue el estado afiliativo de la formación. Según la memoria de la Secretaría, a estas alturas de 1932, el PSOE tenía 74.892 afiliados. En términos regionales, el principal granero de militantes era Andalucía, que reunía 24.235 afiliados, casi un tercio del total (32’36%), seguida por Castilla la Nueva, Extremadura y Murcia, que reunían 12.411 (16’57%), 8.219 (10’97%) y 6.341 (8’47%) militantes respectivamente. En el caso del País Valenciano, este se situaba en los puestos intermedios, pues ocupaba el séptimo puesto entre las quince regiones españolas, con 3.504 militantes, que suponían el 4’68% del total de afiliados. Ello significaba estar por debajo de regiones como Galicia o Castilla la Vieja, pero por encima de regiones consideradas tradicionalmente auténticos bastiones del socialismo español, como el País Vasco y Asturias.¹⁰⁸

CUADRO 4. AFILIACIÓN DEL PSOE POR REGIONES (OCTUBRE DE 1932)¹⁰⁹

FUENTE: Memoria de la Secretaría para el XIII Congreso del PSOE, FPI/M-b 3182, pp. 211-213.

Ahora bien, como ya hemos señalado, la Organización General del PSOE, no reconocía esta división. En este caso, la provincia de Valencia, integrada en la región de Levante, se veía alzada a puestos más elevados. Aunque los primeros puestos continuaban siendo para las regiones andaluzas (Andalucía Occidental y Oriental) y Castilla la Nueva, la región de Levante se situaba en cuarto puesto, con 9.845 militantes, el 13’15% del total.¹¹⁰

CUADRO 5. AFILIACIÓN DEL PSOE POR REGIONES DEL COMITÉ NACIONAL (OCTUBRE DE 1932)

FUENTE: Memoria de la Secretaría para el XIII Congreso del PSOE, FPI/M-b 3182, pp. 211-213.

En este sentido, la situación de Levante era algo más débil de lo que era un año antes, ya que en el Congreso Extraordinario de 1931 esta región había sido la más importante en términos afiliativos. Pero, en este momento, se dejaba sentir de manera palpable el proceso general que vivía el PSOE: la importancia adquirida por los afiliados del ámbito rural de la zona centro-sur. Este hecho supuso el reforzamiento de regiones ya fuertes como Castilla la Nueva y Andalucía y la aparición fulgurante de Extremadura como bastión socialista, dejando muy atrás, de nuevo, a regiones tradicionalmente socialistas, como las provincias vascas y Asturias.

La potencia de la región se debía, fundamentalmente, al gran peso de la casi totalidad de las federaciones provinciales que agrupaba. Las federaciones de Murcia, Valencia y Albacete se encontraban entre las diez con mayor número de afiliados de España, y ocupaban los puestos séptimo, octavo y noveno, con 3.507, 3.009 y 2.834 afiliados, respectivamente. Por tanto, la importancia afiliativa de la FSV era de primer orden, sólo por detrás de organizaciones provinciales, como las de Badajoz, Jaén o Madrid, pero por delante de otras paradigmáticas como las de Sevilla, Ciudad Real, Vizcaya u Oviedo.

CUADRO 6. AFILIACIÓN DEL PSOE POR PROVINCIAS (OCTUBRE DE 1932)

FUENTE: Memoria de la Secretaría para el XIII Congreso del PSOE, FPI/M-b 3182, pp. 211 213.

Ahora bien, debemos matizar esta importancia en términos absolutos de la organización provincial valenciana relacionándola con el contexto social en el que se encontraba. Es decir, el peso absoluto debe ser relacionado con la cantidad de población existente en una zona concreta. De este modo, la importancia del socialismo valenciano se matiza y se sitúa por debajo de la media nacional. Si en el ámbito nacional, formaba parte del PSOE una media del 0’30% de los españoles, en el caso valenciano, ese nivel se reducía hasta el 0’29% de los habitantes de la provincia. Este nivel estaba alejado de las organizaciones provinciales con mayor presencia en sus ámbitos territoriales, como las del Huelva, Badajoz, Albacete, Jaén o Madrid, situándose en la parte intermedia de la tabla, entre aquellas organizaciones con una presencia superior a la media, como las ya mencionadas, y aquellas con una presencia aún menor, como las organizaciones provinciales de Vizcaya, Oviedo, Barcelona, Málaga, La Coruña o Zaragoza.

Por tanto, la FSV se situaba entre las más potentes en términos afiliativos internos, aunque estos datos se veían matizados, ya que en su ámbito territorial era una fuerza política discreta, con una presencia social limitada, del mismo modo que lo era, en ese mismo plano, el PSOE en el ámbito nacional, a diferencia de lo que ocurría con su propia central sindical.

Sin embargo, en este congreso no estuvieron representados todos los militantes de los que tenía constancia la Secretaría del Partido, sino que participaron 499 colectividades, que reunían a 32.893 afiliados. Y, en el caso valenciano, no sólo su presencia fue limitada, sino que, además, sus intervenciones fueron muy escasas. En este sentido, podemos destacar la presencia de Francisco Sanchís y la inclusión de Pedro García en la ponencia sobre cuestiones agrarias, junto a Lucio Martínez Gil, Manuel Barrios, Juan Canales y Ramón Beade, y José Bernabéu en la de cuestiones de orden interno, junto a José Castro, Ricardo Neira, José Orad de la Torre y Martín Sanz.¹¹¹

Este congreso repitió, como ya se ha señalado, alguno de los debates que se produjeron en el Extraordinario de 1931. De hecho, las primeras sesiones se dedicaron a analizar el comportamiento de cada uno de los dirigentes de la anterior y la actual Ejecutiva en los hechos previos a la proclamación de la República, sobre todo en relación a la insurrección de Jaca de 1930, en la que la descoordinación provocó que dicha iniciativa fracasara por completo, y en relación a las gestiones junto a los republicanos.

La discusión se centró en torno a dos grupos de dirigentes, que defendían vehementemente sus actuaciones frente a las dudas o suspicacias de sus oponentes: por un lado, se encontraban Julián Besteiro y Andrés Saborit, presidente y secretario de la Ejecutiva surgida del Congreso de 1928, dimisionaria por su desacuerdo con los pactos establecidos con los republicanos; y, por otro, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto, dirigentes de la Ejecutiva sucesora de aquella, y partidarios de dicho pacto, aún vivo.

El debate llegó a unos términos de dureza extrema, e incluso de ataques personales entre los dirigentes en cuestión, y se fue extendiendo a otros delegados del Congreso, que se vieron contaminados por ese agrio ambiente, hasta que, finalmente, los navarros Ricardo Zabalza y Ángel Menchata pusieron encima de la mesa una propuesta conciliatoria que insistía en la buena fe de las actuaciones de unos y otros, para, de este modo, «finiquitar este asunto». Dicha proposición acabó siendo aprobada por 217 votos a favor y 12 en contra.¹¹²

Otro tema que se repitió después de haberse debatido en julio de 1931 fue el de la colaboración ministerial. En este caso, como ya sucedió en el anterior congreso, el representante de la posición aislacionista fue Bruno Alonso. Mientras, el encargado de defender en esta ocasión el posicionamiento mayoritario, tendente a mantener la colaboración ministerial, fue Pedro García.

El dirigente valenciano comenzó por señalar que él tampoco era partidario de mantener la colaboración ministerial sine die, pero señalaba que debían respetarse «los compromisos que hemos contraído», y sostenía que

la colaboración o participación ministerial debe cesar cuando haya terminado todo aquello que comprende el período a que nos hemos comprometido, con arreglo a las leyes fundamentales y a aquellas otras de carácter complementario, que para nosotros no son menos fundamentales que la ley fundamental del Estado.”¹¹³

A partir de aquí, hubo varias intervenciones hasta lograr la aprobación de la ponencia, con la inclusión de una enmienda de Prieto.¹¹⁴ Esta ponencia establecía que la colaboración ministerial socialista, que había significado un «ciclo revolucionario», había sido extraordinariamente positiva a vistas del socialismo, pues había supuesto la consecución del «programa trazado por nuestro Congreso extraordinario», con la excepción de algunas pocas reformas que aún quedaban por aprobar, como la Ley de Control Obrero o el impuesto sobre la renta.

Ahora bien, en algún momento debía producirse el fin de esta etapa colaboracionista, por lo que la ponencia establecía cuándo se produciría esta situación, cómo debía llevarse a cabo y cuál sería el posicionamiento a partir de ese momento de la organización socialista. El momento llegaría cuando la República estuviera «estabilizada» y sería la Ejecutiva la instancia encargada de poner en marcha este proceso, pues, una vez «cumplido el programa que trazó el Congreso extraordinario de 1931», reuniría al Comité Nacional para que este decidiera sobre la salida del Gobierno de los socialistas después de haber escuchado la opinión de la Minoría parlamentaria. A partir de este momento, el Partido encaminaría «todos sus esfuerzos a la conquista plena del Poder para la realización del Socialismo».

Sin embargo, esta declaración tenía algún punto nebuloso –el momento que la ponencia señalaba como aquel en el que la República estuviera ya estabilizada-, que Prieto se encargó de esclarecer: ese momento llegaría cuando no existiera ningún riesgo de corrección «para la tendencia izquierdista señalada al nuevo régimen en la ley fundamental del Estado y en aquellas otras de carácter complementario ya aprobadas». Por tanto, la organización socialista debía ser prudente y no tener ninguna prisa en abandonar el Gobierno hasta que la situación estuviera lo suficientemente asentada como para garantizar que no existiría ningún tipo de rectificación a la labor realizada.

Finalmente, en el caso valenciano, su principal posicionamiento se produjo en torno a una cuestión organizativa, que irá cobrando una mayor importancia a lo largo de los años treinta: la representación provincial en el Comité Nacional. La representación de las organizaciones territoriales del Partido se producía, como preveía el artículo 29 de la Organización General, en torno a las regiones ya comentadas. Sin embargo, ese mismo artículo preveía que esta representación se podría producir por federaciones provinciales, allá donde las hubiese.¹¹⁵ Por ello, algunos delegados quisieron proponer que las federaciones provinciales ya constituidas pudieran estar representadas como tales ante el Comité Nacional sin necesidad de estar subsumidas en las regiones tradicionalmente utilizadas.

Esta iniciativa fue puesta encima de la mesa por el delegado de Sevilla, Moreno, y apoyada por Francisco Sanchís, delegado de Valencia. Incluso, en este sentido, la FSV ya tenía nombrados sus representantes y no habían sido aceptados por la Ejecutiva. Ante esta petición, Manuel Albar, secretario del PSOE, respondió que, tal y como se había acordado anteriormente, este punto también debería resolverse en el seno del Congreso extraordinario planteado para realizar una profunda reforma de la Organización General. El asunto fue, finalmente, zanjado sin mayor discusión por el Presidente de la Mesa, Enrique de Francisco, por no estar incluido en el orden del día.¹¹⁶

Esta cuestión, que no fue resuelta durante los años treinta, fue cobrando importancia según se enrarecieron las relaciones internas entre los miembros del PSOE durante la segunda parte de la década.

El último trámite que resolvió el Congreso fue la elección de la nueva Comisión Ejecutiva que debía dirigir el Partido. El cargo más disputado fue la Presidencia, para la que obtuvieron el mayor número de votos los dos polos en torno a los cuales se había movido la principal discusión del Congreso: Julián Besteiro, que consiguió 14.261 votos, y Francisco Largo Caballero, que se hizo con 15.817 y, por ello, con la presidencia de la formación. Junto a Largo, fueron elegidos: Remigio Cabello, como Vicepresidente; Enrique de Francisco, como Secretario-tesorero; Juan Simeón Vidarte, como Vicesecretario; Wenceslao Carrillo, como Secretario de Actas; y Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, Antonio Fabra Ribas, Anastasio de Gracia, Manuel Cordero y Pascual Tomás, como Vocales.¹¹⁷

1Organización General del PSOE, FPI, AH-19-14, p. 14. Formaban la Ejecutiva: Julián Besteiro, como Presidente; Francisco Largo Caballero, Vicepresidente; Andrés Saborit, Secretario-Tesorero; Lucio Martínez Gil, Vicesecretario; Wenceslao Carrillo, Secretario de actas; y, como Vocales, Fernando de los Ríos, Trifón Gómez, Andrés Ovejero, Aníbal Sánchez, Manuel Cordero y Anastasio de Gracia.

2Estas regiones eran: Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Extremadura, Levante, Castilla La Nueva, Castilla La Vieja, Baleares, Cataluña, Aragón, Vascongadas y Navarra, Asturias, Galicia y Marruecos. Organización General…, op. cit., FPI, AH-19-14, y Actas de los Plenos de los Comités Nacionales del PSOE y la UGT, AH-19-19; Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997, p. 137; y Manuel Contreras, El PSOE en la Segunda República: Organización e ideología, Madrid, CIS, 1981, pp. 143-150 y 160-165.

3Santos Juliá, Los socialistas…, op. cit., pp. 146 y 149.

4Ibidem, p. 151.

5Actas de los Plenos…, op. cit., FPI, AH-19-19.

6Los ocho votos fueron los de Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Andrés Ovejero, Enrique de Santiago, Andrés Gana, Rafael Henche, Manuel Cordero y Wenceslao Carrillo, mientras que los seis correspondían a Julián Besteiro, Andrés Saborit, Anastasio de Gracia, Lucio Martínez Gil, Aníbal Sánchez y Trifón Gómez. Ibidem, FPI, AH-19-19. Los detalles de la decisión en Santos Juliá, Los socialistas…, op. cit., pp. 152-153.

7Para las constantes peticiones de los dirigentes posicionados en contra de la colaboración en el comité revolucionario y las respuestas dilatorias de aquellos partidarios de esa integración, ver Actas de los Plenos…, op. cit., FPI, AH-19-19.

8Julián Casanova, República y Guerra Civil, en Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, vol. VIII, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007, pp. 11-12.

9Francisco Sanchís Pascual (Játiva, 1866-Valencia, 1934) fue el máximo dirigente del socialismo valenciano en las tres primeras décadas del siglo XX. Elegido concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Valencia en 1917 y en 1931; miembro del CN del PSOE de 1921 a 1931; secretario de la FSV; secretario de la Delegación provincial del Consejo de Trabajo, consejero de la Caja de Previsión Social y vocal del Patronato de Previsión Social en Valencia; diputado provincial; y Diputado en las Cortes Constituyentes. Representó durante la República un socialismo de corte moderado. Javier Paniagua y José Antonio Piqueras, Diccionario biográfico de políticos valencianos: 1810-2003, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 2003, p. 508.

10Pedro García García (Cofrentes, 1882-Caracas, Venezuela, 1948). Fue uno de los líderes socialistas valencianos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Se afilió al PSOE y la UGT en Alcira y en esta ciudad creó, en 1919, la Federación Regional Levantina de Agricultores y Similares, de la que fue uno de sus principales dirigentes. Fue concejal del Ayuntamiento de Alcira a partir de 1922 y entre 1931 y 1936. En el XVI Congreso de la UGT, en 1928, propugnó la creación de una federación agraria bajo el paraguas ugetista, y cuando esta se fundó, en 1930, se integró en su ejecutiva nacional y se convirtió en secretario de la FETT valenciana. Al estallar la guerra civil, defendió vehementemente el movimiento colectivista, dirigiéndolo en la provincia de Valencia. Finalizada la contienda, se exilió en México y Venezuela. Javier Navarro, «Biografías», en Albert Girona y José Miguel Santacreu, La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, volumen 4, Valencia, Prensa Valenciana, 2006, pp. 132-135.

11Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la Segunda República española. Anatomía de una transición, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 290-293.

12La propuesta de Besteiro fue aprobada por 50 votos contra 4. Los detalles de las reuniones del Comité Nacional en febrero de 1931 en Actas del Comité Nacional del PSOE, FPI, AARD-259-3.

13Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la…, op. cit., pp. 298-299. Julián Casanova, República y Guerra Civil, op. cit., p. 13.

14Actas del Comité Nacional del PSOE, FPI, AARD-259-3, p. 56.

15Ibidem, p. 54.

16Los nueve votos a favor fueron de Wenceslao Carrillo, Anastasio de Gracia, Bernardo Aladrén (Aragón), Julián Zugazagoitia (Vascongadas), José Molina (Andalucía Oriental), Juan Durán (Cataluña), Francisco Sanchís (Levante), Enrique Botana (Galicia) y Remigio Cabello (Castilla la Vieja). Mientras los seis contrarios eran de Trifón Gómez, Aníbal Sánchez, Francisco Azorín (Andalucía Occidental), Juan Antonio Suárez (Asturias), Fermín Blázquez (Castilla la Nueva) y Antonio Canales (Extremadura). Ibidem, p. 50.

17Ibidem, pp. 38-50.

18Luis Aguiló Lucia, «Blasquismo y socialismo: un ensayo histórico del Frente Popular (1909-1918)», en Santiago Castillo (coord.), Estudios de Historia de España: homenaje a Tuñón de Lara, vol. 2, Madrid, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 1981, pp. 6372; y Sergio Valero, Reformismo, radicalización y conflicto interno en el socialismo español. La Federación Socialista Valenciana durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931 –1939), tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2012.

19Estos fueron Andrés Saborit, Lucio Martínez Gil, Andrés Ovejero, Trifón Gómez y Aníbal Sánchez. Estos puestos vacantes fueron cubiertos a finales de abril y la Ejecutiva quedó del siguiente modo: Presidente, Remigio Cabello; Vicepresidente, Francisco Largo Caballero; Secretario-tesorero, Manuel Albar; Vicesecretario, Antonio Fernández Quer; Secretario de Actas, Wenceslao Carrillo; y Vocales, Fernando de los Ríos, Anastasio de Gracia, Manuel Cordero, Antonio Fabra Ribas, Manuel Vigil y Francisco Azorín. Esta dirección perduró hasta el XIII Congreso del PSOE, de octubre de 1932. El Socialista, 30/4/1931, citado por Manuel Contreras, El PSOE en la Segunda República…, op. cit., p. 151.

20Esta formación era joven, pero sus dirigentes tenían una larga trayectoria política dentro del catolicismo político y el carlismo valenciano, como Manuel Simó. Luis Aguiló Lucia, Las elecciones en Valencia durante la Segunda República, Cosmos, Valencia, 1974, pp. 4043. Un análisis de la DRV en Rafael Valls, La Derecha Regional Valenciana: el catolicismo político valenciano (1930-1936), Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1992; Vicent Comes, En el filo de la navaja: biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943), Madrid, Biblioteca Nueva, 2002; y Aurora Bosch, Rafael Valls y Vicent Comes, La derecha católica en los años treinta: en el cincuentenario de la muerte de Luis Lucia, Valencia, Ajuntament de Valencia, 1996.

21Términos utilizados por la prensa valenciana en sus reseñas de los resultados de estas elecciones.

22Datos de elaboración propia a partir de AGA, Fondo Gobernación, 44/266, y de las ediciones de El Pueblo, Las Provincias y Diario de Valencia del día 14/4/1931.

23Ver José Antonio Piqueras, Persiguiendo el porvenir. La identidad histórica del socialismo valenciano (1870-1976), Alcira, Algar, 2005.

24Sobre el origen revolucionario de la República y la impronta que este origen debía imprimir a la tarea reformista del Gobierno republicano, ver Santos Juliá, Manuel Azaña, una biografía política: del Ateneo al Palacio Nacional, Madrid, Alianza, 1990, pp. 89-98. La cita en la p. 91.

25Julián Casanova, República y Guerra Civil, op. cit., pp. 19-20; Stanley G. Payne, La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Barcelona, Paidós, 1995, pp. 48-51.

26Las Provincias, 15/4/1931.

27Pilar Rovira, Mobilització social, canvi polític i revolució. Associacionisme, Segona República i Guerra Civil. Alzira, 1900-1939, Germania, Alzira, 1996, pp. 147-149; J. Daniel Simeón Riera, Entre la rebelió i la tradició. Llíria durant la guerra civil, Diputació de Valencia, Valencia, 1993, p. 102; Germán Ramírez Aledón et al., República y guerra civil a Xátiva (1931-1939), Xátiva, Ajuntament de Xátiva, 1991, pp. 72-80; Antonio Calzado y Luis Sevilla, La II República a Gandia, 1931-1936, Gandía, CEIC Alfons el Vell, 2000, pp. 144-146.

28Los datos pormenorizados de este proceso en Sergio Valero, Reformismo, radicalización…, op. cit.

29En el mes de abril, los monárquicos se hicieron con el 44’9% de los concejales de la provincia, frente al 49’1% de los republicano-socialistas.

30Al hablar de nuevo republicanismo nos referimos a las formaciones surgidas al calor de los acontecimientos de principios de los años treinta, como la DLR o el PRRS. Mientras, el viejo republicanismo haría referencia al de más solera, representado en Valencia por el blasquismo, el PURA.

31Datos de elaboración propia a partir de los resultados publicados en las ediciones de El Pueblo, Las Provincias y Diario de Valencia de 2 y 3/6/1931, y AGA, Fondo Gobernación, 44/266.

32Santos Juliá, Los socialistas…, op. cit., p. 165.

33Las Provincias, 30/6/1931.

34Julián Casanova, República y Guerra Civil, op. cit., pp. 28-29; Aurelio Martín Nájera, Segunda República. El Grupo Parlamentario socialista, vol. 1, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2000, p. 239.

35Luis Aguiló Lucia, Las elecciones en Valencia…, op. cit., p. 84.

36Pedro García también se integraría en las comisiones de Reforma del Reglamento de la Cámara y la de Suplicatorios. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (DSCC), 31/7/1931, n° 13, pp. 255-256 y 258; República Social, 13/1/1933.

37Aurelio Martín Nájera, Segunda República…, op. cit., pp. 216-217.

38Los socialistas ocuparon tres puestos en el Gobierno Provisional: Francisco Largo Caballero ocupó la cartera de Trabajo, Fernando de los Ríos la de Justicia e Indalecio Prieto la de Hacienda.

39El Socialista, 26/6/1931.

40El Socialista, 10/7/1931.

41El Socialista, 11/7/1931.

42El Socialista, 5/7/1931.

43El Socialista, 10/7/1931.

44Hay que recordar que estas proposiciones se hicieron antes de que se celebraran las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931. El Socialista, 26/6/1931.

45 Ibidem.

46El Socialista, 26/6/1931.

47Los delegados valencianos al Congreso Extraordinario del PSOE, de julio de 1931 fueron: Pedro García y José Acino, por Alcira; Luis Ros, por Quart de Poblet; Emilio S. Egea y J. Vidal, por Játiva; Francisco López, por Paterna; José Lledó y Miguel Fos, por Sueca; y Francisco Sanchís, José López Tomás, Pascual Tomás, Alfonso Criado y José León, por Valencia. Todos los datos que se aportan sobre este congreso en El Socialista, 12/7/1931; y El Partido Socialista ante las Constituyentes, FPI, Fot. 553.

48La región de Levante incluía las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y Albacete. Además de los delegados ya señalados de Valencia, Murcia y Alicante, Albacete aportó 10 delegados y Castellón, 6.

49Manuel Contreras, El PSOE en la Segunda…, op. cit., p. 227.

50El Socialista, 14/7/1931. El Partido Socialista…, op. cit., FPI, Fot. 553.

51Este hecho se destaca principalmente por el cambio de régimen ocurrido en 1931 a raíz de unas elecciones y la victoria de la coalición republicano-socialista. República Social, 14/4/1933 y 21/4/1933; y A. Maeso, «Vota el pueblo», República Social, 13/10/1933.

52Para este tema, ver Borja de Riquer, «Aproximación al nacionalismo español contemporáneo», Studia Historica-Historia contemporánea, vol. XII (1994), pp. 11-29; e íd., «El nacionalismo español contemporáneo», Cuadernos y debates. Serie minor, 7 (1996), pp. 3-32.

53El Socialista, 14/7/1931.

54 Ibidem.

55El Socialista, 14/7/1931. Manuel Redero San Román, «El sindicalismo mayoritario en la experiencia democrática de la Segunda República», en Julio Aróstegui (ed.), La República de los trabajadores: la Segunda República y el mundo del trabajo, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2006, pp. 111-130.

56Para la importancia de la educación y la cultura en el movimiento obrero, ver Francisco de Luis, Cincuenta años de cultura obrera en España, 1890-1940, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1994, pp. 3-34.

57El Socialista, 14/7/1931.

58 Ibidem.

59Emilio La Parra y Manuel Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 172-175; y Víctor Manuel Arbeloa, Socialismo y anticlericalismo, Madrid, Taurus, 1973.

60Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española (1931-1936), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 64.

61República Social, 17/2/1933.

62El Socialista, 30/7/1931. Manuel Molina Conejero (Valencia, 1900-Paterna, 1939). Carpintero y aserrador mecánico, se afilió muy tempranamente a la ASV. En 1916 participó en la fundación de la Juventud Socialista Valenciana, de la cual era presidente a la altura de 1928, y en los años de la República fue secretario de la FSV, presidente de la ASV y miembro del CN del PSOE por la región de Levante (1933-1935 y 1938-1939). Ocupó también en estos años el cargo de secretario provincial de la UGT en Valencia. Molina fue el representante más destacado del sector centrista dentro de la FSV, lo cual no le impidió formar parte del comité revolucionario de la Alianza Obrera, motivo por el cual tuvo que escapar de la persecución policial y huir a Francia tras octubre de 1934. Durante la guerra, fue consejero de Agricultura y Ganadería del CEV y, en mayo de 1937, Gobernador civil de Valencia, además de alcanzar la presidencia de la FSV por la expulsión de los caballeristas en julio de ese año. Detenido tras la victoria franquista, fue internado en el campo de Albatera. Juzgado en consejo de guerra, fue condenado a muerte y fusilado en Paterna en noviembre de 1939. Javier Navarro, «Biografías», op. cit., volumen 6, pp. 129-131.

63El Socialista, 6 y 27/8/1931 y 3/9/1931.

64José Antonio Piqueras, Persiguiendo el porvenir…, op. cit., p. 155; y El Socialista, 10/9/1931.

65La Voz Valenciana, 18/11/1931.

66El Socialista, 14/5/1931.

67El Socialista, 2/12/1931.

68El Socialista, 10/12/1931; Diccionario biográfico del socialismo español (http://diccionariobiografico.psoe.es/); y Actas del I Congreso de la FSV, FPI, AH-2-8.

69Ibidem. Unimos agrupaciones y centros obreros porque así aparecen también en los registros de la FSV. Durante los años republicanos, se irá produciendo un ajuste entre «actividad política y actividad societaria-sindical» que resituará a estos afiliados, haciendo disminuir el número de afiliados a la FSV en alguna localidad. Para los casos de Valencia y Alicante, ver José Antonio Piqueras, Persiguiendo el porvenir…, op. cit., p. 202.

70El Socialista, 30/6/1928.

71Para los afiliados a la FSV en diciembre de 1931, Actas del…, op. cit., FPI, AH-2-8. Para los datos de afiliación en Alicante, Salvador Forner, Industrialización y movimiento obrero. Alicante, 1923-1936, Valencia, Institución Alfons el Magnánim, 1982, p. 235. El Almanaque de El Socialista, p. 162, citado en Alfons Cucó, «Contribución a un estudio…», op. cit., p. 187.

72Los números absolutos pueden resultar, en ocasiones engañosos, pues una misma cifra en un contexto general de mayor o menor población tiene un significado totalmente diferente.

73Actas del…, op. cit., FPI, AH-2-8.

74 Ibidem.

75Actas del…, op. cit., FPI, AH-2-8. Vilar Fiol fue una destacada figura de la medicina española de estos años. Descubrió el conducto que lleva su nombre, que comunica el seno frontal con el seno maxilar. En política, fue fundador y dirigente del Sindicato Médico en Valencia. Julio González Iglesias, «Los odontólogos y el exilio republicano: “Vae Victis"», Gaceta Dental, n° 199 (enero de 2009), p. 108.

76Santos Juliá, Los socialistas…, op. cit., p. 162.

77El Socialista, 10/12/1931.

78Para las relaciones entre el blasquismo y el socialismo valenciano durante los años treinta, ver Sergio Valero, Reformismo, radicalización…, op. cit. Por su parte, los principales conflictos entre socialistas y gobernadores civiles se produjeron en julio de 1931, a cuenta de la gestión realizada por el radical Francisco Rubio en la huelga de camareros que se estaba produciendo en la ciudad de Valencia, y en junio de 1933, con Luis Doporto, de AR, que acabó destituyendo al alcalde de Alcira, el socialista Francisco Oliver.

79Para una visión europea ver, Geoff Eley, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Barcelona, Crítica, 2002; y Enzo Collotti, «El ascenso de los partidos socialistas a responsabilidades de gobierno», en Mercedes Cabrera, Santos Juliá y Pablo Martín Aceña (comps.), Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1991, pp. 171-189. En el caso español, las principales aportaciones son Teresa Carnero Arbat, «Socialismo y democracia en España (1890-1914)», Revista de Estudios Políticos, n° 93 (1996), pp. 293-312, para el período de la Restauración; y Santos Juliá, Los Socialistas…, op. cit., pp. 159-239, y José Manuel Macarro Vera, «Causas de la radicalización socialista en la II República», Revista de Historia Contemporánea, 1 (1982), pp. 178-226, para los años de la Segunda República.

80Jacques Droz et al., Historia general del socialismo, Barcelona, Destino, 1976-1983; Donald Sassoon, Cien años de socialismo, Barcelona, Edhasa, 2001; Daniel Ligou, Histoire du socialisme en France, 1871-1961, Paris, Presses Universitaires de France, 1962; Jean Vigreux, Le Front Populaire, Paris, PUF, 2011; y Sandra Souto, «De la paramilitarización al fracaso: las insurrecciones socialistas de 1934 en Viena y Madrid», Pasado y Memoria. Revista de historia contemporánea, n° 2 (2003), pp. 193-220.