Kitabı oku: «Fidelidad, guerra y castigo»

2. EL GOBIERNO AUSTRACISTA

1. BASSET RESPONSABLE DEL REINO

La mañana del 15 de diciembre presenció los desvelos y afanes de una parte importante de la nobleza y el grueso de los representantes institucionales ante la amenaza austracista sobre la ciudad. Los diferentes relatos que tenemos sobre las horas previas a la rendición de la ciudad –del austracista Castellví, a los borbónicos Miñana, Ortí o Planes– se muestran coincidentes en lo esencial. Por un lado, el enorme desconcierto de las instituciones –y de los grupos sociales allí representados– ante la pasividad de las autoridades militares borbónicas por la indefensión absoluta de la villa; y por otro la querencia popular hacia los sublevados bien por odio a los franceses, bien por amor dinástico, o bien por el efecto de las prometidas exenciones de Basset. Si a esto le unimos la condición campesina del grueso de los rebeldes que se presentaron ante la ciudad, comprendemos la rápida rendición ante el temor a levantamientos similares dentro de sus muros.¹

Tal vez el relato de Ortí pese a su declarado borbonismo posterior –presentando un apoyo monolítico de los grupos rectores ciudadanos a la causa borbónica frente a una plebe enfebrecida por la revuelta– sea la mejor guía de los acontecimientos previos a la capitulación. Tras múltiples visitas a Villagarcía y al duque de Cansano –superintendente militar enviado por el gobierno– concluidas sin resultado alguno, los nobles constituyeron dos compañías que patrullarían la ciudad en previsión de incidentes. Las horas transcurrieron con la temida confirmación del avance sin obstáculo de los rebeldes y con ello el regreso de las las cuitas entre nobles e instituciones. En lo que respecta a la generalidad, se redoblaron los centinelas en la casa de las armas, donde acudieron personalmente los diputados acompañados de Tomás de Anglesola y otros 16 nobles. Según Ortí, tras comprobar el reducido número de efectivos del que disponían fue uno de los diputados a solicitar ayuda al virrey, que envió a la compañía de notarios. Pero tan reducida aportación poco o nada podía hacer para alterar la inexorable rendición de la ciudad ante el multitudinario avance popular austracista. Así,

Allá a las 5 de la mañana, desde el baluarte mismo, se oyeron a los lejos tambores y clarines, y se descubrieron unas hogueras, lo que confirmó ser verdaderos los rezelos de la noche antecedente. Acercóse tanto el enemigo, que llegó hasta el convento de Jerusalén, que está fuera del portal de San Vicente. Hizo sus llamadas y, por último, se llegó a capitular, porque aunque para los que venían eran bastantes los de Valencia y aún sobravan, pero como alguna parte de el pueblo estaba inclinado a seguir su partido, fue precisso que los magistrados cediesen por miedo de las inquietudes y motines, lo que no hubiera sucedido si viessen unión en todos; siendo tan general la aclamación y el afecto al señor archiduque, que así que se divisaron a las puertas de la ciudad, como todos los portales estaban cerrados, la gente de dentro se descolgava por el muro y el portal de Ruçafa para salir a incorporarse con la que venía, lo que se observó desde el baluarte de la casa de las Armas donde yo estaba desde la una de la noche, martes, hasta las primeras oraciones de los miércoles. Desde allí se observó también las tropas y quadrillas de los labradores de la huerta, que ivan armados a incorporarse con los enemigos…²

Únicamente faltaba el incendio de la cárcel de la torre de Serranos y la fuga de sus presos, para acelerar la capitulación de una ciudad cuyas instituciones estaban aterrorizadas.

Tras su rendición a una multitud escoltada por las tropas de Juan Bautista Basset y Rafael Nebot, Valencia pasó a ser gobernada directamente por el general valenciano, con calidad y poderes parecidos a los del virrey.³ Al menos hasta que Carlos III reconstruya su administración. La primera medida de los recién llegados se encaminó a asegurar su recién conquistada capital. El 17 de diciembre, Basset estableció dos compañías para que defendiesen la casa de las armas.⁴ El arsenal del reino quedaba así a salvo tanto de posibles agresiones de los ejércitos borbónicos que campaban por los alrededores de la ciudad, como de la población que pretendiera armarse. Y no necesariamente para oponerse a Basset. En momentos tan delicados y frente a unos apoyos tan marcados socialmente en campesinos y artesanos, cualquier revuelta armada, incluso una protagonizada por sus propios partidarios, podía producir efectos inesperados y devastadores para la causa austracista.

La primera reunión que celebró la Generalidad bajo dominio austracista de la que tenemos constancia escrita, se produjo el 18 de diciembre de 1705 y en ella se procedió a la entrega de 100 fusiles a Emmanuel Moscoso, sargento mayor, para la defensa de Carlos III rey de Valencia. En la siguiente, junto a disposiciones rutinarias, la diputación recibió de Basset el privilegio de Excelencia de Justicia y a diputados y síndico se les concedió el tratamiento de Señoría de Justicia.⁵ Se vivieron inciertos momentos en los que la coyuntura perfiló el contenido de las decisiones sin atisbo de ideario político, ni voluntad de alterar la organización ni las funciones de la institución. Apenas la concesión del privilegio de excelencia mostraba el empeño en congraciarse con unos representantes institucionales elegidos bajo el gobierno intruso, pertenecientes a grupos sociales poco proclives a su causa y que permanecían en sus cargos pese al cambio político sufrido. No obstante, estas tibias actuaciones no podían prolongarse, pues la mudanza dinástica requería medidas acordes al cambio experimentado. Su constatación llegó con la decisión de enviar una embajada a Barcelona a besar la mano del nuevo rey.⁶ El elegido fue el reverendo Vicente Carroz Pardo de la Casta al que únicamente le faltaron dos votos para alcanzar la unanimidad entre electos estamentales y diputados. Paradójicamente, a causa de los esfuerzos económicos ya realizados, los diputados proveyeron esta embajada con los remanentes de la frustrada del conde de Carlet, concebida para pedir ayuda a Felipe V frente a Carlos III.⁷

La presencia de Basset como autoridad al frente de Valencia fue breve. Terminó en febrero, con la llegada del militar inglés Lord Peterborough y del nuevo virrey electo, el conde de Cardona, por lo que las posibilidades que tuvo de ejecutar las promesas de reducción impositiva que le granjearon el favor del campesinado⁸ fueron escasísimas. Tan sólo dejaron constancia de su actividad en este sentido los bandos publicados con una serie de exenciones para los ciudadanos de Valencia. No obstante, los testimonios nos hablan también de una dura política represiva y de la incautación de bienes de ciudadanos partidarios del Borbón.⁹ Unida a la brevedad de su mandato está la sombra de la guerra como factor desestabilizador, minando la consolidación de lo que había constituido el ideario del austracismo en Valencia, si es que en algún momento las promesas de reducción de cargas hubiesen podido cumplirse. La amenaza del ejército borbónico, intentando cercar la ciudad desde la vecina Moncada con diferentes escaramuzas en Chiva o Burjassot,¹⁰ constituyó un permanente quebradero de cabeza para el líder austracista. Institucionalmente, la necesidad de reemplazar a las autoridades forales que habían abandonado la ciudad y de satisfacer las exigencias populares, propiciaron falta de rigor e improvisación en muchas de sus decisiones.¹¹

1.1 La resistencia al acoso borbónico

Basset aprovechó el papel de la Generalitat en cuanto gestora de la hacienda valenciana y responsable de la casa de las armas, involucrándola activamente en la defensa de la capital. Ante la proximidad de los enemigos, el general valenciano decidió utilizar a los gremios en la custodia de la muralla de Valencia ordenando a los diputados que repartiesen armas entre ellos. Los diputados acordaron la distribución el día 2 de enero, pero la entrega a los síndicos de los distintos gremios no comenzó hasta el día siguiente, bajo las condiciones habituales de entrega.¹² Pero la urgencia del momento no entendía de garantías y de inmediato se alteró el procedimiento. Los diputados acordaron ceder las armas a particulares para que procediesen a su distribución entre los distintos gremios, pues en tan excepcionales circunstancias estos no podían escoger síndico que afrontase las garantías exigidas. Los días 4 y 5 de enero se realizó el reparto arrojando el siguiente resultado:

El número total de armas entregadas por la Generalidad a los distintos gremios ascendió a 2.040 según los protocolos de la casa, entre arcabuces, fusiles y mosquetes. En estas 2.040 he incluido los 30 fusiles y 20 arcabuces entregados a Felip Carreres, doctor en medicina; y a Pascual Sanchiz, legumer; vecinos ambos de la calle Morvedre.¹³

Además de los gremios armados sobre las murallas, la ciudad contaba con un contingente de soldados –el regimiento de Nebot y las compañías de Xàtiva encabezadas por los caballeros Tárrega y Micó–¹⁴ de los que la Generalitat asumió su manutención a razón de un sueldo diario por espacio de diez días, siempre que su número fuese inferior a mil personas. Por este motivo entregaron a Juan Bautista Losá 500 libras para que se encargase de los pagos correspondientes. El 27 de enero se volvió a entregar dinero a Losá para que costease su mantenimiento, pero ahora únicamente por un período de 5 días, reduciéndose con ello la cantidad a 250 libras.¹⁵

También producto de la presencia de tropas borbónicas en el reino fue la participación de la institución en un nuevo caso inopinado declarado por los estamentos, referido a la situación de Chiva y Sant Mateu. En un intento de alejar las tropas borbónicas, el 11 de enero de 1706 le asignaron 6.000 libras que incluían los restos de las 5.000 libras fijadas para asistir al marqués de Pozoblanco en la etapa anterior.¹⁶ El cambio dinástico desvió los fondos aprobados para sostener un ejército, borbónico en este caso, al mantenimiento del contrario, y fueron las mismas personas que lo aprobaron los que le asignaron el nuevo destino…

1.2 Refuerzo y estabilización de la Generalidad

La importancia política de la Generalitat valenciana iba más allá de la custodia del arsenal del reino y su hacienda. Al contar con presencia de importantes miembros de los estamentos nadie podía discutir su representatividad y presencia pública, por más que los electos estamentales cegasen la posibilidad de representar políticamente al reino.¹⁷ Por todo ello, tras las aludidas medidas y las relativas a los festejos por el retorno a la casa de Austria,¹⁸ Basset fijó en ella su atención con disposiciones que tenían tanto que ver con su funcionamiento institucional como con su condición de foro privilegiado. La primera de ellas, fechada el 5 de enero de 1706, iba dirigida a prevenir las ausencias de diputados de sus reuniones. Si algún diputado –o su delegado– no acudiese durante tres veces consecutivas mediando convocatoria previa, se le tomaría declaración a fin de que expusiese su ánimo de continuar en el desempeño de su responsabilidad. En caso de querer abandonarla, se debía producir una nueva extracción para el oficio afectado. Si, por el contrario, pretendiera seguir desempeñándolo se repetía convocatoria hasta tres veces, y si tampoco acudía se le privaría de salario. Si ya se le hubiera abonado debería restituirlo a prorrata desde el día en que abandonó las juntas. La orden de Basset era explícita y aplicable de inmediato, fuesen cuales fueren las disposiciones forales al respecto. Éstas no fijaban sanción alguna, menos aún la exclusión, para los casos de absentismo entre los diputados; tan sólo la obligación de nombrar un sustituto por imposibilidad de acudir a las reuniones. Imposibilidad que, eso sí, debía quedar plenamente justificada.¹⁹

Previamente, se dirigió a los delegados del cabildo de Orihuela y la ciudad de Alicante –ambas villas se encontraban bajo dominio borbónico– comunicándoles su obligación de asistir a las reuniones, refrendándoles la delegación si fuese necesario, con tal de garantizar su presencia. Tanto Ignacio Zapata –delegado del jurado alicantino–, como Jacinto Ortí –delegado del cabildo oriolano, del que su sobrino José Vicente afirmaba que recibió la confirmación del propio Basset– habían venido participando en las reuniones celebradas hasta el momento y prestado juramento en cuanto tales según el ordenamiento, por lo que tampoco necesitaban de habilitación expresa alguna. Con todo, Basset decidió otorgársela recurriendo a su autoridad. Sus temores resultaron infundados pues ninguna de las dos voces registró cambios en sus representantes durante el período.²⁰

Sin embargo, no sucedió lo mismo con el canónigo de Valencia Jerónimo Frígola ni con el también canónigo y archidiácono de Alcira, Jaime Cardona.²¹ Delegados ambos de Antonio Ubilla, administrador perpetuo de la encomienda del peso del rey de la orden de Alcántara y como tal diputado eclesiástico, fueron convocados tres veces sin resultado. A las preguntas sobre su continuidad, respondieron que se les revocó la delegación con fecha de 30 de diciembre de 1705.²² Ante esta respuesta y la ausencia de Antonio Ubilla del reino, se declaró vacante la voz para proceder a la extracción de nuevo diputado eclesiástico.²³ En todo este trámite no apareció referencia alguna al hecho de que Antonio Ubilla fuese entonces secretario de despacho de Felipe V, aunque sin duda se tuvo en cuenta por más que no se insitiera en ella.²⁴ De hecho fue la razón primordial, pues el austracista conde de Villafranqueza, por ejemplo, ni acudió a reunión alguna de la generalidad, ni envió a ningún delegado hasta el 22 de febrero de 1706,²⁵ –cuando el virrey se encontraba en Valencia– sin consecuencia alguna.

El 14 de enero se realizó la extracción del nuevo diputado eclesiástico respetando escrupulosamente los procedimientos forales. La voz elegida fue la del capitol de la seu de Valencia. En todo este proceso destaca que pese a haber forzado la salida del comendador de la orden del peso del rey, éste no fue apartado de las listas de insaculados; se le relegó del cargo, pero no se le desinsaculó, quedando esta facultad para que la ejerciese el monarca si la consideraba oportuna. Representaría al cabildo el canónigo francés de la catedral Tomás d´Enville, que juró el cargo el día 6 de febrero.²⁶ Esta decisión, significaba la primera actuación sobre la institución en cuanto tal.

Sin embargo, no fue la única que se produjo en tan breve pero turbulento período. Con fecha de 2 de enero la Generalitat recibió una nueva instrucción de Basset disponiendo una prórroga para los principales oficios de la institución, otro trienio de ejercicio una vez concluido el legalmente establecido. Sin duda buscaba estabilidad en una institución representativa, que mantuvo un funcionamiento estable en toda coyuntura. Actitud contraria a la paralización que sufrieron, por abandono de sus responsables, instituciones como la bailía o la audiencia.²⁷ Con todo, este privilegio no fue aceptado oficialmente por los diputados y dispuesta su aplicación hasta más de un mes después, el 5 de febrero,²⁸ tras la llegada de Peterborough el día anterior. Los oficiales de la casa, en previsión de nuevos cambios políticos, vieron en la prórroga garantías hacia su posición personal e institucional por lo que decidieron ejecutar el privilegio otorgándose tres años más de un mandato próximo a su conclusión. Quedaban incluidos en la prórroga aquellos que procedían de las bolsas de insaculados y los cargos que intervenían de manera directa en el gobierno: asesor, síndico, escribano, secretario, y contralibro.²⁹

Más allá de su vertiente institucional político-representativa, la Generalitat ejercía la custodia de la hacienda valenciana. Como responsable del abono de parte de los honorarios a los ministros de la Audiencia,³⁰ el general valenciano les demandó el pago de los salarios atrasados a Manuel Mercader y Calatayud, único miembro de la misma que permaneció en su puesto tras la llegada austracista, en calidad de presidente. Por eso los ministros que abandonaron su cargo no debían recibir retribución alguna hasta nueva orden.³¹ Con respecto a las tercias de salario atrasadas, si no se hubiesen pagado o no se hubiesen cobrado por alguno de dichos ministros, Basset dispuso que se entregasen a Pedro Monllor. Llegado el caso, se les invistió de autoridad para utilizar fondos obviando cualquier clase de disposición foral acerca del pago de salarios de la Audiencia.³²

La ejecución de esta orden puso de manifiesto que pese al trato prefrente recibido por Basset, no todas sus decisiones iban a ser aceptadas y ejecutadas automáticamente, por la grave situación económica que atravesaba la institución. Así, los diputados reconocieron el derecho a cobrar de Mercader por haber continuado ejerciendo su plaza y acordaron pagarle su salario.³³ Sin embargo, tras consultar al asesor Juan Bautista Losá decidieron no entregar cantidad alguna a Pedro Monllor. Siguiendo su dictamen alegaron dos impedimentos: las disposiciones forales y la carencia de fondos. Según Losá,³⁴ si la plaza se encontraba vacante el real patrimonio no tenía ningún derecho a percibir cantidad alguna, y los diputados sólo debían abonar el salario tras sentencia de confiscación. Sin plazas cubiertas no había salarios que abonar, mucho menos destinar su importe a otras personas. Acompañando estos razonamientos jurídicos, alegaron causas materiales de primer orden: por un lado, los derechos viejos carecían de fondos por los impagos en ciudades como Alicante, Dénia o Vinaròs a causa de la guerra; por otro, venían soportando enormes gastos por los casos inopinados, custodia de la ciudad, casa de las armas, que habían terminado por vaciar sus arcas. Por último, añadieron la prohibición de utilizar los derechos nuevos para otros fines que no fuesen la defensa y guardia marítima, recogiéndose sólo la excepción de los casos inopinados. En resumen, no aceptaban la imposición de Basset, aunque sin unanimidad. Francisco Catalá de Monsonís, generoso y diputado por el brazo militar, se opuso señalando los cambios de fondos de una caja a otra como práctica habitual. Añadió también que los salarios atrasados debían pagarse, puesto que la Generalitat no tenía ningún derecho sobre ellos. Ambas posturas eran razonables, pues desde diferentes perspectivas recogían la verdad de la institución. Sin embargo, representaban dos maneras de enfrentarse a las necesidades de los nuevos responsables de Valencia. Por un lado, una mayoría reticente a colaborar, en mi opinión, no tanto por fidelidad al Borbón sino por menosprecio a la figura de Basset –Losá formará parte de la Audiencia asutracista-; y por otro un Catalá de Monsonís, partidario de la colaboración plena…

2. LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL. EL VIRREY CARDONA

La grave situación militar del reino pese al control de la capital y las quejas y el rechazo suscitados por el gobierno de Basset,³⁵ propiciaron la llegada del general Peterborough acompañado del nuevo virrey nombrado por Carlos III, el conde de Cardona.³⁶ Los diputados, de acuerdo con la costumbre, enviaron al camino real una comitiva de recepción compuesta por su asesor Losá, el veguer, Agustí Queyto y Mateu Ferrer, síndico. Al día siguiente, toda la Diputación acudió a visitar al general al palacio en que se aposentó.³⁷ La mudanza en las autoridades trajo un nuevo sesgo en las actuaciones de las autoridades. Pese a que la agenda la marcaba la guerra, se manifestó abiertamente la voluntad de ser percibidas de modo diferente por los sectores de la sociedad valenciana con participación política. Como magníficamente expresó Miñana contraponiendo su actuación a la de Basset, «intentó atraerse con magnífica afabilidad y dulzura los ánimos de la nobleza irritados por el despotismo de un hombre tan funesto…».³⁸ Actividad acompañada de un perdón general para caballeros y nobles que permanecieron fieles a Felipe V. El cambio de orientación culminó con la detención del propio Basset y sus principales colaboradores, quien llegó incluso a acudir a la Generalitat –a quien tan benévolamente había tratado– para que intercediera por su libertad. Diplomáticamente, se declinó tal posibilidad amparándose en el ánimo de no desautorizar a Carlos III…³⁹

2.1 El sostenimiento económico de las tropas

La llegada del virrey no modificó la situación del reino que continuaba lejos de estar consolidado militarmente. Permanecían en su suelo tropas al mando del conde de las Torres, y ciudades tan importantes como Alicante continuaban bajo dominio borbónico.⁴⁰ La actividad de la Generalitat cambió poco. Siguió entregando pertrechos militares y recibiendo garantías para salvaguardar la inversión en caso de no devolución. Su destino era la defensa de las ciudades del reino –Llíria 100 mosquetes– o el socorro de los distintos regimientos que lo necesitasen, siendo el virrey quién solicitaba personalmente los pertrechos en buen número de ocasiones.⁴¹ La petición más destacada de Cardona fue la de 100 armas y 40 balas, exigiendo que desde ese momento las armas se entregasen mediante provisiones abiertas para evitar dilaciones. Pretendía que quedara como garantía el recibo que entregaba el receptor, en este caso el sargento mayor Pedro Vallterra. Este intento de eludir las garantías en aras del servicio real no tuvo efecto alguno, pues los diputados siguieron requiriéndolas.⁴² Ejemplo de la autonomía institucional –o de su falta de sintonía con el austracismo– por no obedecer ciegamente, y de la cautela y el respeto –o de una prudencia fruto de la desconfianza– de las nuevas autoridades por no forzar su demanda.

Las peticiones de fondos para la defensa del reino motivaron un serio conflicto entre electos estamentales y diputados. Sin contar con estos, los electos decidieron realizar una leva de 500 hombres durante seis meses sufragada por la Generalitat, que habría de cargar 12.000 libras de censal sobre sus derechos nuevos. La razón aludida para esta intromisión en la gestión de la hacienda valenciana fue que dada la inseguridad en que vivían las villas y su pobre situación económica, les era imposible recurrir a sus habituales repartos

…después de algunes conferències que no podia practicar-se per lo camí regular, que consistix en los effectes en què solen contribuir les ciutats, viles y llochs del present regne per encontrar-se estes al present imposibilitades de poder acudir a les derrames, que a cascuna correspon, es valgueren de ses excelencies per a què carregant-se per assò a censal dotse mil liures, moneda de València, sobre els drets nous del general pogués tenir prompte effecte el servisi… ⁴³

Las quejas de los diputados fueron trasladadas al virrey mediante un memorial, que centraba las protestas no tanto hacia el acuerdo de la realización de una leva, misión propia de los electos, como hacia la utilización de sus arcas sin su participación. Recurrieron al ejemplo de casos inopinados anteriores, en los que, tras su declaración, correspondía exclusivamente a los diputados la elección de los fondos y su manejo, sin intervención alguna de los electos. Como consecuencia exigían intervenir en el reglamento de la leva, en el nombramiento de los oficiales, y por supuesto, en la elección de los recursos económicos. Pese a la protesta, se vieron en la obligación de asentir para no entorpecer el servicio del monarca. La respuesta del virrey, aunque matizada, resultó favorable a sus propuestas. Concurrirían con los electos en el reclutamiento de la leva y participarían en el nombramiento de los cabos. Como contrapartida habrían de reducir su número de votos en la reunión conjunta para facilitar la toma de decisiones. Los diputados aceptaron sin objeciones. El acuerdo definitivo llegó el 10 de mayo tras la preceptiva asamblea de los miembros de ambas instituciones. Se respetó la cantidad de 12.000 libras ya fijada, que se obtendría de la carga de censales sobre los derechos nuevos, cantidad absolutamente independiente de las 6.000 libras establecidas para el caso inopinado de Chiva y Sant Mateu, no pudiéndose incluir en ellas remanentes de este caso inopinado.

La puesta en práctica de los acuerdos resultó más compleja. Con fecha de 3 de septiembre, acordaron elaborar unos pregones en los que se instaba a invertir en esos censales para satisfacer el servicio del rey, pues la oferta inicial no encontró ni un solo inversor

…no se ha encontrat persona alguna que vulla carregar cantitat alguna sobre dits drets nous per a lo desusdit, y retardant-se, com se retarda el real servisi de Sa Magestat, y la urgencia gran de aquell, y que desijen, com dehuen acudir ab totes ses forses y ab la major brevetat a que tinga eixecusió dit servisi⁴⁴.

Pero ni así. El 17 de diciembre apenas el estamento militar había invertido 700 libras. La cuestión del nombramiento de los oficiales del regimiento quedó zanjada antes, el 12 de julio, tras ratificarse a los electores de los oficiales designados por los estamentos: Joan Pertusa Bonastre, el abad de la Valldigna, el general de la Merced, el abad de Benifassà, el prior del convento de Valdecristo, y Ramón Mascarell síndico del estamento, por el eclesiástico; Luis Espluges March señor de la Pobla, Jacinto de Caspe, Emmanuel Díes Girón de Rebolledo señor de Andilla, Francisco Catalá de Monsonís, José Chofre, y Felipe Gregori Alfonso, por el militar; Chrisógono Atmella, Vicente Montes, Onofre Esquerdo, Francisco Franch, Félix Gimeno Salvador e Ignacio Zapata, por el real.⁴⁵

2.2 La imposible reactivación de la hacienda

El aire de normalización y estabilidad que supuso la llegada del virrey, favoreció que la Generalitat intentase regularizar el ejercicio de su misión principal, la custodia de la hacienda foral; herramienta que le habilitaba para participar en la toma de decisiones y cuya viabilidad estaba seriamente cuestionada por la permanencia del conflicto en suelo valenciano. Pero no iba a resultar tarea sencilla. Las autoridades borbónicas no desaprovecharon la resistencia inicial de Alicante y Orihuela, dos ciudades claves por su peso en la recaudación, y el 23 de diciembre de 1705 se dirigieron a Alicante indicándole cómo los derechos de la Generalitat pertenecían ahora a la real hacienda

…Respecto de que haviendo faltado a la fe y obediencia devida Valencia, donde recidía el común de la Diputación, todo lo que a esta devía pertenecer toca hoy a S. M. ⁴⁶

Pero no sólo las generalidades se ingresarían en las arcas del rey, también sus propios derechos, que corresponderían a la bailía general de Valencia, debían quedarse y gestionarse en Alicante. Para ello encargaron a una junta patrimonial que se ocupase de su recaudación y administración en todo el partido de la gobernación foral. Debían llevar cuentas separadas de unos y otros derechos, y también de las rentas que le correspondieren por las aduanas y las salinas de la Mata y Orihuela. La junta debía gestionar según las normas aplicables cuando no había administrador, pero con cierta libertad para disponer de lo recaudado atendiendo a las urgencias presentes –la guerra– y a los gastos de la real hacienda. Eso sí, responderían separadamente de todo lo actuado…⁴⁷

Mientras, desde Orihuela comunicaron al gobierno borbónico sus aspiraciones sobre los derechos de la Generalitat tras la rendición de la capital, para utilizarlos en la defensa y fortificación de la ciudad. El rey agradecía el interés, pero posponía la decisión definitiva. Mientras, les tranquilizaba, ya había adoptado las providencias necesarias para la conservación de dichos efectos. Éstos se ingresarían en las reales arcas bajo supervisión de una junta patrimonial ubicada en Alicante. El encargado de la recaudación de todas las rentas –general de la mercadería, corte, real de la sal, doble tarifa, nieve y estanco de naipes– era Eusebio de Salafranca Mingot, y la junta podía utilizarlas para cubrir necesidades inmediatas de toda la gobernación alicantina. Asimismo, casi de inmediato, desde el consejo felipista se ordenó que los derechos recaudados por Salafranca se utilizasen en el pago de las torres de la costa.⁴⁸

Esta solución afectaba a los derechos de los acreedores de la institución y pronto los censalistas afectados protestaron recordándole al gobierno sus derechos. Pese a la inoportunidad de la reclamación, dados los acontecimientos, Felipe V se vio obligado a hacer una aclaración: el deseo de conservar las plazas de esa gobernación, no debía perjudicar los intereses de estos acreedores privilegiados

…os encargo y mando procuréis que esto se execute, de manera que no se haga perjuicio a los interesados en dichos derechos, y señaladamente a los que fuesen censualistas de la Diputación por lo que conviene sean atendidos. Y espero que pondréis en ello particular premeditación, dándome quenta muy distinta de lo que obraredeis, con advertencia que la havréis de dar muy estrecha de aquello que libradredeis sin aquella justificación que se os previene.⁴⁹

Los problemas eran, por tanto, para los dos bandos en disputa. Junto a las limitaciones que imponían los derechos de los censalistas, Xixona se unió a las exigencias de Orihuela. Mariano Aracil, baile de aquella ciudad, reivindicó para sí las cantidades que se cobraban en la villa por cualquiert tributo. La junta de Alicante respaldada por el gobierno, siguiendo las instrucciones recibidas, ordenó entregarlas a Eusebio de Salafranca para evitar las disensiones que se ocasionarían si se dividiesen las rentas.⁵⁰

Con todo, cabildo y municipio oriolanos volvieron a insistir en sus demandas, resistiéndose a pagar al enviado de la junta patrimonial alicantina. No abonaron ni general del corte ni real de la sal, actitud inédita según se apuntaba desde Alicante pues el resto de afectados no presentó queja alguna

…repugnancia en ninguno ni aún en los tablexeros, administrador de naypes, y arrendador del real derecho de la nieve de la ciudad de Orihuela, si solamente en el magistrado de aquella por lo que tiene a su cargo, pagar el derecho del general del Corte, y el del real de la sal…⁵¹

Quizá por ello el cabildo de Orihuela se dirigió a Felipe V para clarificar su postura. Señalaron que les correspondía la recaudación y uso de las generalidades por encontrarse ocupando la voz de diputado, estableciendo una extraña continuidad, o bien una alternativa legal, con el gobierno que permanecía en Valencia con un delegado del propio cabildo. En cualquier caso, exigían participar en la gestión de esas rentas y solicitaban que se les entregase voz en la junta patrimonial creada al efecto.⁵² La ciudad acompañó al cabildo, solicitando el cobro de los mencionados derechos en las mismas condiciones concedidas a Alicante sobre su partido. Pretendían impedir la llegada de nuevos cobradores a la ciudad y contar con recursos extraordinarios, por reducidos que fueran, para socorrer las urgencias de la guerra. Así lo manifiestaba el hecho de que exigiesen también que se les perdonase lo que, procedente de las rentas de la Generalidad, ya se habían gastado en provisiones para su defensa. Felipe V ignoró estas demandas reafirmando las competencias de la junta patrimonial de Alicante por ser indispensable evitar la dispersión de caudales. Orihuela, finalmente, debía entregar las cantidades que adeudaba al receptor designado sin oponer más resistencia. Sin embargo y como medida de compromiso para evitar agravios hacia sus leales, se condonaba la devolución de lo gastado previamente.⁵³

Eran muchas las necesidades a cubrir, pocos los recursos y todas las desconfianzas sobre su empleo, temiendo los implicados que se atendisen objetivos que dejasen desamparados sus intereses… La retención de los derechos de la Generalidad, en respuesta a estos temores, se consolidó como una práctica común entre los afectados, fuesen cuales fuesen las órdenes del rey. Ya en el mes de mayo de 1706, el gobierno felipista se vio obligado a escribir a la junta patrimonial alicantina demandándole que reclamase las cantidades que, le constaba, retenían algunos particulares. Generalmente se trataba de personas vinculadas a su recaudación y arrendadores, que no deseaban perder lo que con tantas dificultades obtuvieron… Las penurias económicas obligaban al gobierno borbónico a insistir sobre dichos fondos pese a los incovenientes. Tras reiterar las directrices sobre su uso –torres de defensa marítima, urgencias de la guerra, sin perjuicio a los acreedores–, añadían un nuevo objetivo, el pago de sueldos a los exiliados. En concreto a los ministros de la Audiencia valenciana que tras abandonar sus casas estaban atravesando graves penurias. Aprovechando que las generalidades corrían con una porción de los emolumentos que les correspondían, debían continuar satisfaciéndola en la medida de lo posible. La junta patrimonial de Alicante se debía encargar de pagar, sueldo por libra, la porción adeudada de atrasos. Además, y según se dispuso en la propia misiva, a ejecutar con absoluta preferencia sobre todo lo demás.⁵⁴

Esta administración paralela de la junta alicantina terminó con la caída de la ciudad en manos del archiduque. Hasta ese momento se mantuvo una cierta duplicidad en la gestión de las rentas, si bien en ningún momento se trató por parte de la administración borbónica de establecer una Generalitat paralela. Este empeño, hubiese sido demasiado ambicioso dadas las circunstancias, limitándose a tratar de aprovechar su vertiente económica. Curiosamente, un preludio de su actuación durante la Nueva Planta…

Con Orihuela y Alicante ya incorporadas a la legalidad austríaca, la Generalitat –soportando idénticas estrecheces económicas a las de la administración borbónica– abordó de inmediato la reactivación del cobro de sus tributos. Así el 14 de septiembre reclamaron a la ciudad de Alicante sus libros, sin enviar desde el 13 de abril de 1701, y acordaron trasladar al síndico para proceder contra deudas y deudores. Le otorgaron, junto al diputado de Alicante Tomás Pérez, los máximos poderes para que realizase las revocaciones y nombramientos que considerase oportunos. A continuación Tomás Pérez y Juan Bautista Losá menor, diputado y síndico, fueron nombrados visitadores de todas las tablas del reino

…així del tall, com de les mercaderies, del general del margalló y doble tarifa. Donant-los y conferint-los als dos junts, y a cascú de per si y a soles la mateixa jurisdicció que ses excelències tenen, així per a fer la visita, com per a pendre el manifest de les sedes, inquirir qualsevols fraus, y de aquells tant de inquisició, com de apprehenció poder fer qualsevols declaracions, eixecutant als defraudants o component aquells a tota utilitat y profit del general. Entrant per a estos effectes a regonèixer qualsevols casses, papers, mercaderies y persones; y així mateix mudar y revocar qualsevols taulegers de dits drets, y crear-ne y elegir-ne altres de nou en loch de aquells…

Para realizar esta tarea con eficacia les autorizaron a disponer de cuatro verguers o alguaciles. Además, en la reunión de 23 de septiembre, nombraron como refuerzo a Fulgencio Artich, subsíndico, para que les acompañase en la visita.⁵⁵ Estas medidas nos muestran unos diputados que hacen uso de sus facultades exclusivas en la gestión de las rentas, otorgando amplios poderes a sus oficiales para mejorar la grave situación por la que atravesaban a causa de la falta de cobro por la guerra. Su sistema territorial de recaudación se vio gravemente afectado por la inseguridad que generaba el conflicto, y la exigencia de que eran objeto sus tributos por los bandos en disputa tan pronto dominaban un municipio o partido determinado.⁵⁶ Sus disposiciones se quedaron, sin embargo, en buenas intenciones, pues en estas circunstancias los acontecimientos determinaban las decisiones y no al revés, como ellos mismos reconocieron. La llegada de Carlos III a Valencia, los hechos bélicos y una orden expresa del virrey en sentido contrario impidieron a sus delegados realizar las tareas que tenían encomendadas. Y todo, pese a que llegaron incluso a abandonar la ciudad.⁵⁷

Estas iniciativas institucionales de reactivación no contaban con el respaldo de las autoridades austracistas que, obligados por sus propias urgencias, impusieron nuevas cargas a la Generalitat. Ya Basset intentó aprovechar su vinculación con los salarios de la Audiencia, y las nuevas instancias insistieron en la misma vía, sólo que en sentido contrario, fruto de la nueva orientación política. Si con Basset los salarios de los ministros huidos debían entregarse a un hombre de confianza y probada fidelidad, ahora debía abonarse la última tercia de salario a los antiguos ministros que abandonaron sus cargos con la entrada de las tropas austracistas.⁵⁸ Un intento evidente de atraerlos hacia su causa. Pero además los nombramientos de nuevos ministros realizados por Cardona a partir del 19 de febrero, debían asimismo recibir la totalidad de sus emolumentos a pesar de que, por su carácter interino, les correspondía la mitad. Las especiales circunstancias que habían soportado, les hacían acreedores de esta gracia.⁵⁹ Los diputados, tras mostrar sus dudas sobre la legalidad de la medida, consultaron al asesor y ante su conformidad los abonaron íntegramente.⁶⁰ Paradójicamente o no, ambos bandos mantuvieron idénticas políticas, pues las órdenes que recibieron los diputados valencianos, y las dirigidas a los miembros de la junta patrimonial alicantina resultaron casi coincidentes.

La llegada del virrey supuso el inicio de un proceso de reestructuración política en muchas de las instituciones forales que sufrieron el abandono de sus responsables en diciembre de 1706.⁶¹ La Generalitat no se vio afectada al haberse mantenido su funcionamiento sin más cambios que los auspiciados por Basset. Bajo la nueva estabilidad institucional mantuvo la prudencia y la firmeza en el ejercicio de sus funciones, contando con el respeto de las nuevas autoridades. Algunos hechos, simbólicos si queremos, ilustran perfectamente el progresivo encaje de la institución en los nuevos tiempos. De un lado, encabezaban, como es lógico, las demostraciones de júbilo por las diferentes efemérides, acompañando al municipio y tras solicitud expresa al virrey. Mientras lo hacían mantuvieron escondida –decisión adoptada antes de la llegada de las tropas de Basset– la plata de la institución en la sacristía de la catedral hasta el 2 de julio de 1706.⁶² La ordenación política y la actitud de Cardona facilitaron la inserción.

3. CARLOS III REY DE LOS VALENCIANOS

Con la capital y, por fin, casi todo el reino en calma y bajo dominio austracista recibió la Generalitat la noticia de la inminente presencia del rey en Valencia el 28 de septiembre. Pese a que su visita fue resultado directo de la complicada situación del archiduque, perseguido por las tropas borbónicas tras una estancia desdichada en Madrid, la presencia física del rey en Valencia constituyó un acontecimiento de primer orden. Los diputados, contando con la voluntad real de entrar en la capital el día 30, se apresuraron a adoptar las resoluciones necesarias para garantizarle una digna bienvenida. Sin embargo, su situación económica no era todo lo boyante que sería deseable para acometer una celebración fastuosa. En la solicitud expuesta al virrey sobre el gasto a realizar, los diputados daban buena cuenta de sus problemas de tesorería, contemplando que se gastase lo necesario pero procurando que fuese lo menos posible. Además, únicamente podían contar con 1.500 libras procedentes de los derechos nuevos, el resto estaba agotado

…es gaste tot lo que convinga ab la descència que es pertany, procurant emperò, ab aquella que es gaste lo menys se puga per excusar gasto al general. Y per quant, per la ocurrència present de les guerres y calamitats del temps, no y·a effectes alguns de drets vells de dit general, que segons dits eixemplars se acostumen y dehuen pagar dits gastos, y estos ser presisos, necesaris e inescusables, y que esten effectes en drets nous de dit general, dels quals es poden lliurar y pagar dites mil y cinc-centes liures…

Cantidad que consideran imprescindible para llevar a cabo el recibimiento decorosamente y que, en consecuencia, será utilizada enteramente.

La entrada oficial de Carlos III en Valencia se produjo finalmente el domingo 10 de octubre, motivando las habituales luminarias los días 10, 11 y 12. Los diputados, arrastrados por el ambiente festivo y la necesidad de sumarse a las celebraciones para no quedar señalados, las asumieron como gasto extraordinario contando con que si se realizaba con moderación, no tendrían problemas en ser aprobadas por el propio Carlos III.⁶³ Pasadas la euforia y las conmemoraciones, la presencia del rey en Valencia supuso un reforzamiento de lo actuado por Cardona hasta su llegada. La estabilidad alcanzada con su respetuosa actitud hacia los grupos sociales que manejaban los resortes institucionales, fue un logro demasiado valioso para las nuevas autoridades, que olvidaron, si es que alguna vez pretendieron otra cosa, las exenciones que les granjearon el favor popular y permitieron su acceso al poder.⁶⁴

3.1 Cargas militares y depuración de desafectos

La presencia de Carlos III convirtió a Valencia en el centro de operaciones austracista en la península. Hasta aquí se desplazó el consejo de guerra del archiduque, que celebró su primera reunión el 30 de octubre de 1706.⁶⁵ Lejos de la toma de decisiones de un conflicto europeo, la Generalitat continuó como responsable de la casa de las armas manteniendo el flujo armamentístico hacia aquellos lugares que lo requerían. La primera petición⁶⁶ fue consecuencia de una certificatoria remitida por el secretario de Carlos III, Vilana Perlas,⁶⁷ solicitando 508 balas para la capitanía de Cartagena, entregadas bajo la habitual promesa de restitución. El 29 de octubre se prestaron 400 balas más, de nuevo a petición del secretario. La defensa de ciudad de Xàtiva demandó 25 barriles de pólvora, con idéntico peticionario. El 3 de diciembre fueron 40 fusiles para armar soldados, siendo la última petición 70 fusiles solicitados por Simón Carroz para el servicio del rey con vistas a la campaña austracista de primavera.⁶⁸ La llegada del invierno y la preparación de la campaña de 1707, así como la propia presencia del rey, favorecieron la estabilización de los frentes, la disminución de las escaramuzas entre ambos ejércitos y por consiguiente una disminución en las demandas puntuales de armamento.

Siguiendo la línea marcada durante su estancia en Barcelona, Carlos III aprovechó su presencia –una actuación similar encabezada por el virrey en tan complicada situación militar y social hubiera sido una imprudencia– para influir en las instituciones y el gobierno del reino a través de una junta de gobierno. Con la corona española todavía en disputa, dicha junta trató de alcanzar dos objetivos fundamentales: el nombramiento de personas afines a su causa para los distintos cargos públicos, y la obtención de fondos a través de la administración de las rentas confiscadas.⁶⁹

La voluntad manifiesta e inequívoca de promover a personas afines a la casa de Austria en la Generalitat, chocaba con los cauces forales establecidos para su renovación. Con ánimo de violentar lo menos posible el ordenamiento y evitar con ello conflictos institucionales de incierto resultado, pero sin renunciar al cambio en las personas, se solicitaron informes acerca del ingreso de los distintos oficiales y su régimen de insaculación. El 5 de noviembre, recibió el consejo un informe concreto sobre el proceso insaculatorio y una semana después copias de las extracciones realizadas en Navidad y la relación de los oficios de la casa. El 20 de diciembre la Generalidad respondió a la última consulta sobre los aspectos insaculatorios, posiblemente tras alusión directa de la junta de gobierno que en esa misma fecha abordaba la renovación de cargos.⁷⁰

Con los datos proporcionados por la propia institución, la junta apostó por la vía menos agresiva para la ordenación foral: una nueva extracción. Aún así, como recoge el propio texto de la resolución de la junta, la Generalitat se opuso a la elección. Justificaron esta oposición en las vicisitudes padecidas a lo largo del año, el enorme número de causas pendientes de resolución y los problemas que ocasionaría la llegada de nuevos e inexpertos diputados en tan delicada coyuntura.⁷¹ Esta respuesta sugiere a Voltes⁷² un intento de velar por la pureza de su ejercicio, e impedir la desinsaculación de personas que invariablemente acarrearía la nueva elección. Sin descartar que este ánimo impulsara a los diputados, Voltes ignora el privilegio del general Basset que ratificaba en sus puestos por un nuevo trienio a los principales oficiales, incluyendo a asesor, síndico, escribano, secretario y contralibro. Esta prórroga resultaba muy tranquilizadora para los vigentes oficiales por diversos motivos. La ampliación de su mandato ofrecía garantías de llegar a acuerdos con las nuevas autoridades o redimirse ante ellas, sobre todo si pensamos que las personas que recibieron a Carlos III eran las mismas que intentaron por todos los medios evitar su victoria durante la anterior etapa borbónica en la que resultaron elegidos. Circunstancia que lógicamente debió provocar el temor entre los diputados salientes a la exigencia de responsabilidades, ya no sólo por la defensa del Borbón, sino principalmente por las irregularidades cometidas en el desempeño de su cargo durante la guerra, donde la celeridad en la respuesta primaba sobre cualquier consideración legal o procedimental.

Todas estas circunstancias fueron valoradas por Carlos III y su junta de gobierno a la hora de optar por la nueva extracción. Conocían de la existencia del privilegio de Basset y de los temores de los detentadores de los cargos tanto por sus actuaciones como por su origen borbónico, pero precisamente por esto último se hacía absolutamente imprescindible su renovación. Con todo, la inevitable nueva extracción dio cumplida respuesta respuesta a todos los posibles inconvenientes. Legalmente la prórroga incumplía las disposiciones forales acerca de la duración del mandato de los oficiales, circunstancia aprovechada por la junta para presentar la nueva extracción como una vuelta a la legalidad. No obstante, para garantizar el respaldo de la institución y tranquilizar a sus oficiales, la junta emitió una cláusula que avalaba la actuación de los diputados salientes evitando la exigencia de responsabilidades, por más que hubiesen sido elegidos durante el reinado borbónico. La estabilidad del gobierno regnícola alcanzada en la época de Cardona, ayudó también a que Carlos III pudiese adoptar esta medida sin riesgo alguno y acometer nuevos nombramientos de importantes cargos reales. Con ello no sólo conseguía mejorar la gobernabilidad del reino insuflando un nuevo impulso en sus instituciones, sino también ganar adeptos merced a las nuevas prebendas trasladando la imagen de un poder firme, permanente y consolidado pero respetuoso y clemente…⁷³

La Generalitat recibió las órdenes sobre su renovación el 24 de diciembre a través de tres cartas del monarca, fechadas todas el 22 de diciembre. La primera recogía el mandato de proceder al sorteo de diputados y demás oficiales en los días señalados por fuero. Respecto de los eclesiásticos se debían modificar sus listas de insaculados, habida cuenta de la fidelidad borbónica de destacados de miembros del estamento⁷⁴

…hallándose en el brazo eclesiástico impedidos e inhábiles por las razones que quedan en mi real ánimo, el arzobispo de Valencia, el obispo de Tortosa, el comendador de Bejís, el general de la Merced, el prior del convento de San Miguel de los Reyes, el comendador de Orcheta,⁷⁵ el comendador del peso real, el obispo de Orihuela, y el cabildo de dicha iglesia; no se les permita el concurso en la próxima extracción de manera que si alguno o algunos de los officiales sorteare sea inmediatamente suffocado o suffocados pasando a sortear otro de los capaces y hábiles… ⁷⁶

Pero Carlos III no pretendía desinsacular a las voces afectadas, solamente impedir el acceso a la persona que la ocupaba en ese momento. Otra actuación hubiese resultado en exceso violenta hacia las disposiciones forales pues alteraría la composición estamental heredada de la representación en cortes, además de impedir que en el futuro alguien afín pudiera acceder a la Generalitat.⁷⁷

El diferente funcionamiento del brazo militar propició que sus representantes no disfrutasen de idéntico trato, pues aquí la desinsaculación resultaba obligatoria para todos los fieles al borbón, al estar insaculado personalmente y no por voces como en el eclesiástico. No obstante, siguiendo la política condescendiente iniciada por Cardona, no se cerró la puerta a una rectificación posterior, dando la posibilidad de volver a insacularlos mediante real decreto con la intención evidente de ganar voluntades

…y assí mismo y por no juzgar a propósito por el beneficio universal de este reino, y servicio mío algunos sujetos que se hallan oy insaculados en las bolsas de diputados del estamento militar, la una de nobles y la otra de generosos os ordeno y mando remováis de ellos y de los libros principales de la insaculación, de la bolsa de nobles a: Josep Falcó, marqués de Albaida; Félix Falcó de Belaochaga, marqués de Malferit; Carlos Caro; Jorge Núñez, conde de Carlet; Josep Cernecio, conde de Castellar; Miguel Falcó. De la bolsa de generosos y cavalleros: Diego Arazil de Xixona, Archileo Abril, Carlos Sobregondí, Gerónymo Bou de Castellón, Joan Batiste Belloch y Sanz de Xátiva, Francisco Puchasons, Joseph Yzco de Quincoces, Christóval de la Tonda, Casimiro Segura, Fernando de Salafranca, Gregorio Masquefa, Josep Esteve de Lago, Josep Sanz, Galcerán Anglesola. Todos los cuales es mi voluntad que no concurran con las demás personas, que en dichas bolsas quedan insaculadas ni puedan nuevamente ser propuestas sin que preceda real decreto que les capacite y que pongáis en execución este mi real decreto, suspendiendo o suffocando a unos y desinsaculando a otros, respectivamente como en él está contenido…

Paradójicamente, la moderación hacia los desafectos no se hizo extensiva a los insaculados durante los primeros años de Felipe V, se hubiesen manifestado o no políticamente, por la falta de jurisdicción del Borbón a la hora de insacularlos

…por quanto en el tiempo del intruso gobierno fueron, aunque sin jurisdicción alguna insaculados en la bolsa de nobles Dn. Joan Milán de Aragón, Dn. Francisco Zapena Zarzuela y Aragón, Dn. Josep Vicent Ortí y Mayor, y Dn. Francisco Roca de Xátiva, y en la de generosos y cavalleros Josep Castell de Museros de Castellón, Luys García de Alzira, Francisco Luis Abril, y el doctor Joan Bautista Gazull, siendo propio de mi real dignidad anular y cassar semejantes actos, es igualmente mi voluntad que sean desinsaculados los referidos, a cuyo fin dispenso por esta vez tan solamente qualesquier fueros privilegios ussos y costumbres que con esta mi real orden pudieren encontrarse…

En el afán por legitimarse y borrar cualquier rastro borbónicó, considerado intruso y anómalo, esta política no quedó circunscrita a los insaculados de la Generalitat y en octubre se publicó un pregón anulando todas las gracias, mercedes, dignidades y oficios otorgados tras la muerte de Carlos III.⁷⁸

De vuelta a la Generalitat, la intervención no se limitó a los insaculados pues desde la junta se insistió en el nombramiento de nuevos síndico y asesor por haber finalizado su trienio, dado que era facultad de los diputados.⁷⁹ Los elegidos fueron: José Ignacio Puig de Samper, generoso, como asesor, y Antonio Benavides Fenollet, del hábito de Montesa, como síndico. Por último y como garantía de aceptación de la renovación, los hasta entonces responsables quedaban eximidos de cualquier responsabilidad al abandonar sus cargos. En concreto, quedaron exonerados en aquello que pudiera derivar en responsabilidades sobre su gestión: la exacción de los derechos del general y el recobro de las armas que fueron esparcidas entre los habitantes de ciudad y reino. Las especiales circunstancias experimentadas por el reino durante 1706, ignorando hábilmente la etapa borbónica, justificaban la decisión

…en el tiempo de la aclamación de mi real nombre, no ha sido practicable el cumplimiento de esta obligación por la coniunctura y mala disposición, que todo este año se ha experimentado en el referido reino….

No obstante, estas tareas serían obligación de los nuevos diputados

…a los deputados y ohidores que nuevamente sortearen cuiden de la entera cobranza de las citadas rentas de la Generalidad y del recobro de las armas, que quedan esparcidas en esta ciudad y reino de manera que dándoles vosotros memoria o relación de lo atrasado y entregado respectivamente quede a cargo de los nuevos esta obligación…

Aceptadas y ejecutadas las disposiciones de Carlos III, la nueva elección se celebró en los días acostumbrados, ajustándose a lo dispuesto en fueros. Tras comprobar las posibles incompatibilidades de los insaculados resultaron elegidos⁸⁰

El veto sin desinsaculación a algunas voces eclesiásticas ocasionó problemas menores en la extracción de dicho estamento, teniendo que repetirse el sorteo varias veces por resultar elegidas las voces vetadas.⁸¹ La extracción militar se celebró sin contratiempos, pues los afectados por el real decreto quedaron apartados del sorteo por haber sido excluidos de las listas.

La composición del nuevo gobierno se completó con los representantes del estamento real:⁸²

Elegida la nueva administración, los salientes realizaron una renuncia formal al privilegio de Basset, como contrapartida a las garantías ofrecidas por las seguras irregularidades cometidas. El proceso de renovación institucional concluyó con el besamanos real de los recién sorteados.⁸³

Vetos e insaculaciones fueron una prueba patente de la voluntad de Carlos III de actuar conforme a sus prerrogativas, al igual que sus antecesores. No obstante, manteniendo la extracción por sorteo –por más que se interviniesen las listas–, se consiguía influir sin violentar en demasía los fueros. Un ejercicio de autoritarismo que, administrativamente, no lo alejaba demasiado de lo ejecutado hasta el momento por su antagonista Felipe V.⁸⁴ Las diferencias entre uno y otro sólo las encotraremos después de Almansa. Con todo, debe destacarse la ausencia de ánimo revanchista, sobre todo respecto a aquellos sectores sociales con representación institucional, lo que permitió intervenir sin levantar suspicacias entre los afectados. Cierto que la aparente neutralidad o falta de compromiso explícito –al menos con la causa austracista– de los oficiales de la Generalitat, y por extensión de los grupos sociales que les sustentaban, bien podía hacernos suponer que tampoco se hubieran manifestado contra estas medidas. Pero no es menos cierto que la junta de gobierno austracista no hizo del ejercicio del poder de facto su principal argumento, por más que la nueva administración hubiese sido fruto de su voluntad. Con ella la nueva dinastía no sólo cerraba cualquier vinculación entre la actual institución y la que –surgida en la etapa borbónica– recibió a Basset, sino también con sus insaculados. Paradojicamente, los nuevos cargos fueron los últimos en resultar nombrados conforme a las disposiciones forales.⁸⁵

La renovada Generalitat siguió manteniendo la causa austracista aún a costa de sus deprimidas cuentas. Fechada en 23 de febrero, recibieron la orden de pagar las pensiones atrasadas sobre derechos de la Generalitat de aquellos que tenían sus bienes secuestrados por haber abandonado el reino e integrarlas así en la hacienda del rey.⁸⁶ Pero no todo fueron exigencias, pues también aprovecharon para estrechar lazos con la nueva dinastía merced a una visita que realizaron a Carlos III para solicitar el título de excelencia, merced ya concedida a los estamentos. La reclamación de los diputados se articuló en un informe presentado por el doctor Juan Bautista Losá,⁸⁷ atribuyéndose junto con los electos, la representatividad del reino. Acompañando este argumento detallaban su papel en la guerra, los esfuerzos para armar los hombres encargados de la defensa de la ciudad, las obras realizadas en las murallas, las subvenciones a los distintos regimientos… Carlos III tomó en consideración sus argumentos y la concedió, lo que originó el 2 de marzo de 1706, una nueva visita de los diputados en agradecimiento. Y no sería la última, pues la Diputación asistió también al besamanos real celebrado el 6 de marzo, un día antes de la marcha del rey a Barcelona.⁸⁸

3.2 Conflictos estamentales: la Junta de Defensa de la Costa

Durante esta última etapa de dominio austracista, ante la falta de hechos de armas por la preparación de la decisiva campaña de 1707, la Generalitat mantuvo el contacto con las decisiones militares merced a su relación con los electos de la costa estamentales. Así ante su delicada situación económica, el 23 de septiembre de 1706 realizaron un pago a la junta merced al dinero del que disponían en una cuenta que recibía los abonos de un antiguo moroso. Los ingresos por doble tarifa, derechos de los que dependía la junta, apenas ascendían a 1.700 libras, por lo que recurrieron a 1.600 de dicha cuenta para alcanzar las 3.300 reclamadas.⁸⁹ Con todo, mal que bien siguieron cumpliendo sus obligaciones y el siguiente pago lo realizaron el 26 de enero de 1707, 600 libras, procedentes de la doble tarifa. Pero este cumplimento no oculta la precariedad de ambas instituciones, que hubiera culminado con su insolvencia de no mediar la finalización del conflicto bélico.

El 14 de abril,⁹⁰ los diputados se enfrentaron a un escrito fechado el 18 de marzo en el que los estamentos expusieron sus penalidades sin ambages. Los soldados se habían dirigido a ellos solicitando dos pagas enteras –dos tercias de salario que aún se les adeudaban– añadiendo que por las circunstancias que atravesaba el reino, su trabajo había aumentado considerablemente. Las labores de vigilancia requerían cada vez mayor dedicación temporal, obtenida a costa de su trabajo. Este esfuerzo les dejaba en una terrible situación pues al carecer de retribución no obtenían sustento. Sus quejas, ya de por sí graves, mencionaban incluso la falta de vestuario que padecían. Con ellas acudieron los electos a los diputados, administradores de las rentas de la costa, recordando incluso la existencia de deudas por parte de los arrendadores de los derechos nuevos que les abastecían.⁹¹ Protestaron también por todos los menoscabos y perjuicios ocasionados por los retrasos en el pago, remarcando su falta de responsabilidad en las dilaciones producidas.

La respuesta de los diputados fue una inequívoca muestra de impotencia e incapacidad, superados absolutamente por las circunstancias. Así, afirmaron que

…és ben públich y notori el estat del present regne, occasionat dels grans aloixaments de tropes, y epidèmia de enfermetats lo que embaraza el curs de totes les dependències…

Estas contrariedades, que resumían las dificultades del reino, muestran cómo el propio conflicto había impedido dar con soluciones. Los oficiales no podían reclamar los pagos de los respectivos derechos, pues la presencia de tropas lo desaconsejaba. Sin haber encontrado fondos con los que atender sus obligaciones, se aprestaron a hacerlo por los medios más suaves posibles a fin de no perturbar el sosiego del reino. Señalaban en su descargo el hecho de llevar sólo tres meses como diputados, y que no había más efectos en los derechos nuevos que los arrendamientos del real de la sal y nieve y naipes, de los que las ciudades y villas eran deudoras en cantidades mucho más elevadas de lo adeudado por ellos a la junta de la costa. Además, constataban la ocupación enemiga en algunas poblaciones, y el deplorable estado del resto tras haber cumplido el servicio del rey. A los problemas en la recaudación añadían las irregularidades contenidas en los libros, su ausencia, la sustracción por el enemigo de lo ya cobrado y cómo la única salida para ingresar era la improbable carga de censales

…de moltes taules han faltat los llibres, de altres se troben en blanch, y de altres que els mateixos enemichs se han emportat los effectes, y són estos los únichs que huy extén per a poder-se valer per a subvenció de les graus obligacions en què estroba la excel·lentíssima casa, pensions de censals sobre estos mateixos drets que segons furs y capítols de dits arrendaments se han y dehuen pagar del preu de aquells, com ab tot effecte en eixecusió de decret real de Sa Magestat.

Argumentaban también el peso que sobre tan menguadas rentas suponían las cantidades a pagar a los secuestradores de bienes para engrosar el real servicio. Tras estos motivos en su descargo, culparon de la precariedad a los esfuerzos realizados en la defensa de la ciudad de Valencia: el regimiento de Nebot, los artilleros de la casa de las armas, los mil hombres que vinieron de la Marina cuando estuvo cercada por el enemigo, los suministros y reparaciones de armas y municiones y, por último, los gastos de los casos inopinados. Finalizaban su alegato recordando a los electos que el pago de la tercia de diciembre requería únicamente de 600 libras para completarse y que concluía en abril. La situación, por tanto, no era tan grave si recordaban que otras veces se habían llegado a adeudar hasta tres tercias de salario. Si a pesar de todo lo expuesto, los electos consideraban primordial el destino de fondos para la costa frente a los demás gastos del reino, exigían una orden real, que acatarían gustosos. Sin duda una realidad marcada por las penurias económicas, la marcha del rey o la incertidumbre de una campaña militar a las puertas del reino iba poco a poco crispando los ánimos…

Esta resolución de abril fue la última de cierta relevancia adoptada. La proximidad de la trascendental campaña de primavera dejó en espera todo lo que no fuesen asuntos ordinarios. Los diputados parecían resignados a la espera de acontecimientos para actuar, pues en sus reuniones apenas abordaron la celebración de los festejos de Pascua de Resurrección y san Vicente Ferrer. Y así fue. Seguros ya de la victoria borbónica en el campo de batalla, el 4 de mayo acordaron pagar salarios y posibles deudas a diputados, síndico, asesor, escribano y subsíndicos, considerando que la situación del reino impedía realizar nuevas reuniones.

…per quant per la ocurrència del temps y guerra actual que pateix la present ciutat y Regne serà molt factible el no poderse juntar ses señories, y no havent com no ya diner prompte en drets vells, y necesitan de effectes promptes per a acudir a lo que es pot offerir.⁹²

Es sencillo vislumbrar la incertidumbre, la preocupación sentida por la posición en que les dejaba la derrota de Carlos III, posiblemente el fin de su acción como diputados. Intuían ajustes y represalias y trataron de asegurarse una remuneración por el trabajo realizado, quién sabe si con la intención de abandonar el reino. Fruto de estos temores es el traslado, una vez más, de la plata a la sacristía de la catedral. La llegada de las tropas a la ciudad de Valencia no se produjo hasta el 8 de mayo, en que se restituyó definitivamente a dominio borbónico.⁹³ Inmediatamente, los temores de los diputados fueron tomando cuerpo aunque con un alcance y una profundidad que difícilmente habrían imaginado.

1. José Manuel Miñana, La guerra de sucesión en Valencia, edición a cargo de F. J. Pérez Durà y J. M. Estellés y González, Valencia, 1985, pp. 55-59. BUV, Mns. 17, José Vicente Ortí y Mayor, Manifiesto de que no hubo rebelión en Valencia en los sucesos del año 1705 y los siguientes, Papeles varios. J. Ortí, «Reparos críticos, fundados en hechos verdaderos, contra varios pasages que refiere el Marqués de San Felipe en sus comentarios de la guerra de España, que escribió un valenciano en obsequio de la verdad, y lealtad de su Patria», Semanario erudito, T-XVIII, 1789, pp. 68-225. Francisco Xavier Borrull y Vilanova, Fidelidad de la ciudad y reyno de Valencia en tiempo de las guerras civiles, que empezaron en el año de 1705, Valencia, 1810. Isidoro Planes, Satisfacción que dí a un amigo castellano, que me escribió satírico contra los valencianos por haver proclamado al señor Archiduque Carlos, refiriendo brevemente lo que pasó, y sintiendo mal de la introducción de las leyes castellanas, 1709, BUV, Mns 457(2).

2. Josep Vicent Ortí i Major, Diario de lo sucedido en la ciudad de Valencia desde el día 3 del mes de octubre del año 1700 hasta el día 1 de septiembre del año 1715. BUV, Mns. 460, p. 89.

3. Josefina Mateu Ibars, Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio, Valencia, 1963, p. 329. La autora lo incluye como virrey austracista, sin embargo, no existe nombramiento que le concediera dicho título. Como recoge dicha autora, el título con el que firma sus órdenes es el de plenipotenciario de Carlos III. José Vicente Ortí y Mayor, Diario…, op. cit., 30 de diciembre de 1705. Otra muestra más de la posición de Basset en Valencia, como no existe virrey, él preside la junta de la costa. ARV, Generalidad, 3276, 2 enero 1706. Como hemos visto el virrey autoriza los gastos extraordinarios en nombre del rey. En su ausencia, esta autoridad la ejerce Basset. Sobre la figura del general valenciano, José Luis Cervera Torrejón, Basset, vida i mort del líder maulet, Valencia, 2006.

4. ARV, Generalidad, 3276, 15 enero de 1706. Esta medida no aparece consignada en los libros de provisiones. Nos enteramos de la decisión al comprobar el pago que realizan con fecha posterior para devolver al síndico lo gastado en su mantenimiento.

5. ARV, Generalidad, 3274, 18 y 22 de diciembre. En estas reuniones junto a las medidas señaladas se consignan pagos al síndico Mateo Ferrer; según se indica, de fondos del caso inopinado de Tortosa.

6. ARV, Generalidad, 3276, 23 diciembre 1705.

7. ARV, Generalidad, 3274, 12 de diciembre.

8. Programa político basado en la supresión de tributos y cargas para los campesinos que componían una parte fundamental del apoyo austracista. Reflejos de esta situación los encontramos en José Manuel Miñana, La guerra…, op. cit., pp. 44-46 y 55. José Vicente Ortí y Mayor, Diario..., op. cit., 14 de diciembre de 1705.

9. María Carmen Pérez Aparicio, De l’alçament maulet al triomf botifler, Valencia, 1981, pp. 155-156, se hace eco de estos bandos; pp. 51-52, nos describe la política de Basset. María Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias y confiscaciones del archiduque Carlos en el país valenciano. 1705-1707», Estudis, 17, 1992, pp. 150-196. Para referirnos a la política de incautaciones de Basset en concreto véase pp. 153-160.

10. José Manuel Miñana, La guerra…, op. cit., pp. 66-68, refiere la situación de la guarnición borbónica en Chiva y la escaramuza con Basset; pp. 81-85, nos narra el cerco puesto a la ciudad de Valencia desde Moncada. También refiere la escaramuza de Burjasot entre tropas de ambos bandos. José Vicente Ortí y Mayor, Diario..., op. cit., 21, 26 y 29 de enero de 1706. En estas fechas se recogen ejemplos de la situación militar de acoso que sufría la ciudad de Valencia.

11. María C. Pérez Aparicio, «La política de represalias…», cit., p. 155.

12. Vicente Graullera Sanz, Los notarios de Valencia y la guerra de sucesión, Valencia, 1987, pp. 40-44. ARV, Generalidad, 3276. ARV, Generalidad, 2960, pp. 9-43. Idénticas condiciones a las expuestas de los préstamos de armas en la época anterior.

13. ARV, Generalidad, 3276, 4 de enero. ARV, Generalidad, 2960, pp. 9-82. Los datos que expongo son los que no aparecen, o son distintos de los recogidos en Vicente Graullera Sanz, Los notarios…, op. cit., p. 41. Si a estos datos añadimos las armas que aparecen recogidas en el libro de Graullera y que no constan como entregadas por la Generalidad en sus protocolos el número de armas en poder de los valencianos asciende a 2130.

14. José Vicente Ortí i Mayor, Diario…, op. cit., p. 88.

15. ARV, Generalidad, 3276, 19 y 27 de enero de 1706. J. Bautista Losá rinde cuentas de estas cantidades empleadas íntegramente en el pago a los soldados.

16. ARV, Generalidad, 3276, 11 de enero. José Vicente Ortí y Mayor, Diario..., op. cit., 4, 6 y 10 de enero de1706. Recoge las noticias que se tienen en Valencia de la situación en ambas zonas.

17. Sobre la representación política del reino de Valencia en la última época foral, Sergio Villamarín Gómez, La Generalitat valenciana en el XVIII. Una pervivencia foral tras la nueva planta, Valencia, 2005, pp. 27 y ss. Lluís Guia Marín, «A la cerca de l’horitzó: la noblesa valenciana i l’ambaixada del senyor de Borriol de 1654», Saitabi, 51-52, 2001-2002, pp. 315-335, pp. 317, nota 3. Rafael Benítez Sánchez-Blanco, «La representación del reino de Valencia fuera de cortes: la embajada del marqués de Benavites y las armas del reino (1673-1674)», Saitabi, 60-61, 2010-2011, pp. 303-325.

18. ARV, Generalidad, 3276, 2 de enero de 1706. Recoge la realización de las habituales luminarias conmemorativas.

19. Guillem Ramon Mora de Almenar, Volum e recopilació de tots los furs y actes de cort que tracten dels negocis y affers respectants a la casa de la deputació y generalitat de la ciutat y regne de Valencia, València, 1625, pp. 34-39 y 42-43. Respecto a ls reuniones que debían tener con carácter obligatorio, «Primerament proveïm que los deputats, y los administradors del dit General sien tenguts de ací avant personalment per tenir sitiada almenys dos dies en la semana, ço és, lo dimats, y lo divendres al toch de esquella de vespres, si feriats no seran, per oyr, y determinar qualsevols qüestions, e debats tocants lo ofici de la Deputacio e administracio, e les coses dependents de aquell…». Respecto al ejercicio del cargo se limita a comentar, «Ítem que cascun dels sobredits oficis de deputats, assesor y escrivà, personalment, salvo just impediment, hajen a servir lo dit ofici. Y si personalment ésser no·y poran que·y hajen a tenir substituït de llur bras e condicio, los quals substituïts y·hajen de fer a messió de llurs principals…»; o bien, «Ítem que tota hora, e quant los deputats, o alguns d’ells seran en la ciutat de València, personalment hajen a servir son ofici de la Deputacio, y en tal cas lo subdelegat no·y haja lloch algú, si ja los dits Deputats, o algú de aquells no eren indisposts de la persona, o salvo just impediment.».

20. ARV, Generalidad, 3274 y 3276. De hecho, los representantes del cabildo de Orihuela y la ciudad de Alicante asisten con total normalidad a todas las reuniones que se producen durante este período. ARV, Generalidad, 2957, p. 433. Recoge el juramento de Ignacio Zapata como delegado del jurado de Alicante. ARV, Generalidad, 2958, p. 318 recoge el juramento de Jacinto Ortí como delegado del cabildo de Orihuela. ARV, Generalidad, 2960. Tanto la voz del cabildo de Orihuela como la de la ciudad de Alicante no registran cambios en sus representantes durante todo este período. Josep Vicent Ortí i Major, Diario…, op. cit., pp. 105-106.

21. ARV, Generalidad, 2958, 9 mayo 1704, pp. 402 y ss. Recoge el juramento como delegado de Geroni Frígola; pp. 405 y ss. Se recoge el juramento como delegado de Jaime Cardona.

22. ARV, Generalidad, 3274 y 3276. Aunque desde la última junta bajo dominio borbónico, el 15 de diciembre, tampoco habían aparecido.

23. ARV, Generalidad, 2960, 11 y 13 de enero de 1706, pp. 87 y ss. Se recoge la notificación realizada a los sujetos señalados por Batiste Remoy veguer de la casa.

24. Sobre Antonio de Ubilla marqués de Ribas y su accidentado paso por la administración borbónica, Adolfo Hamer Flores, El secretario del despacho Don Antonio de Ubilla y Medina. Su vida y obra (1643-1726), Tesis doctoral, Córdoba, 2013.

25. ARV, Generalidad, 3276.

26. ARV, Generalidad, 2960, pp. 98 y ss; pp. 120 y ss. José Vicente Ortí y Mayor, Diario…, 5 de febrero de 1706.

27. José Manuel Miñana, La guerra de sucesión…, pp. 63-64. María Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias y confiscaciones…», cit., pp.155-156.

28. ARV, Generalidad, 3276, 5 de febrero. Debemos resaltar como el privilegio que se ha entregado el día 2 de enero no aparece en las reuniones que tienen los diputados en esas fechas.

29. El recién elegido nuevo diputado por el brazo eclesiástico, Tomás d’Enville se encuentra también incluido en este privilegio como se dispone en la provisión de 5 de enero que antes he comentado. José Vicente Ortí y Mayor, Diario…, op. cit., 5 de febrero de 1706. Señala que en la votación realizada para ver si aceptaban la prórroga ofrecida por Basset, votaron en contra Jacinto Ortí, diputado, y Félix Cebrián, administrador.

30. ARV, Generalidad, 1065, 1067 y 1079. En las claverías de derecho viejos se recogen todos los pagos anuales realizados a los miembros de la Audiencia.

31. José Manuel Miñana, La guerra de Sucesión…, pp. 107-109, esp. p. 166 recoge su ascenso al consejo de Aragón. Pedro Voltes Bou, La guerra de sucesión en Valencia. Valencia, 1964, p. 32. Recoge una visión de su carrera, que se mantiene siempre dentro del austracismo. María Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias y confiscaciones…», p. 159. La Audiencia quedó casi vacía tras el abandono de los cargos de la mayoría de sus miembros, una vez llegaron las fuerzas austracistas. Es a estos miembros de la Audiencia a quien se refiere la orden de Basset.

32. ARV, Generalidad, 3276, 27 enero. La carta de Basset en la que se decide adoptar esta medida viene fechada el 26 de enero.

33. ARV, Generalidad, 1065.

34. Guillem Ramon Mora de Almenar, Volume recopilació…, op. cit., pp. 248-251. Los salarios de los oficiales de la Real Audiencia se pagaban entre la hacienda del rey y la Generalidad. Para ayudar en el sostenimiento de dichas cargas la Generalidad contaba con los ingresos que producía los ingresos de la real escribanía de dicho organismo. La Generalidad era su usufructuaria, «…reservant emperò tostemps a la vostra ciutat de València, a la qual dita escrivania està establida, la señoria útil que té de aquella, y tots los drets, y preheminències, així en los arrendamennts de dita escrivania, com àlias conforme al dit establiment, confermant, y en quant menester sia de nou otorgant aquell per a in perpetuum a la dita ciutat.» ARV, Generalidad, 1067 y 1068. Los pagos que realiza la Generalidad los distribuye en tres tercias y sus fondos proceden de los derechos viejos. En total paga a los oficiales de la Audiencia más de 5.600 libras al año.

35. José Manuel Miñana, La guerra…, op. cit., p. 94. Nos refiere el gobierno de Basset, como cruel y despiadado por la represión que había iniciado en la ciudad.

36. Sancho Ruiz de Lihory olim José Folch de Cardona, Eril y Borja; lugarteniente de la orden de Montesa. J. Mateu Ibars, Los virreyes..., op. cit., p. 329. María Carmen Pérez Aparicio, De l’alçament…, p. 57. Sitúa su nombramiento el 23 de enero de 1706, en Barcelona. María Carmen Pérez Aparicio, «Una vida al servicio de la casa de Austria. Don José Folc de Cardona y Erill, príncipe de Cardona (1651-1729)», Estudis, 28, 2002, pp. 421-428.

37. ARV, Generalidad, 3276, 5 y 9 de febrero.

38. José Vicente Ortí y Mayor, Diario…, op. cit., 27 de mayo de 1706. José Manuel Miñana, La guerra…, op. cit., p. 102.

39. María Carmen Pérez Aparicio, De l’alçament maulet..., op. cit., pp. 62 y ss. Recoge la detención de los colaboradores más cercanos de Basset. José Vicente Ortí y Mayor, Diario…, op. cit., 5 de julio de 1706. Trata el tema de esta petición del general, que no aparece en los libros de la casa.

40. Vicente Gascón Pelegrí, La región valenciana en la guerra de sucesión, Valencia, 1956, pp. 96-103. Jesús Pradells Nadal, Del foralismo al centralismo. Alicante 1700-1725, Alicante, 1984, pp. 70-73.

41. ARV, Generalidad, 3276, 22 de febrero. Así sucede con las peticiones de 30 de marzo, 78 fusiles, para socorrer al regimiento de D. Juan de Ahumada; o con la petición de 31 de marzo, 50 fusiles, para socorrer el castillo de Montesa. Ambas, ARV, Generalidad, 3276.

42. ARV, Generalidad, 3276, 20 de abril y 16 de junio. Se entregan 6 piezas de artillería para el servicio del monarca, a solicitud del virrey, sin que se produzcan alteraciones en las condiciones de entrega.

43. ARV, Generalidad, 3276, 6 de abril.

44. ARV, Generalidad, 3276, 10 de mayo. El 3 de septiembre se recoge la decisión de los diputados de publicar los pregones. En la reunión de 9 de septiembre aparece inserto el pregón.

45. ARV, Generalidad, 3276, 17 de diciembre y 12 de julio.

46. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, legajo 938, 86/7.

47. AHN, Consejos, libro 2452, pp. 67v-68v.

48. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, legajo 939, 112. La petición de Orihuela viene fechada en 4 de enero de 1706. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, legajo 938, 86/5. Despacho de 16 de enero de 1706.

49. AHN, Consejos, libro 2452, p. 91.

50. AHN, Consejos, libro 2452, p. 92.

51. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, legajo 938, 86/1, 86/2 y 86/4. Las cartas tienen fecha de 13 y 24 de febrero de 1706, y 2 de marzo de 1706.

52. ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, leg. 940. esta carta del cabildo tiene fecha de 15 de marzo de 1706.

53. AHN, Consejos, libro 2452, pp. 97v-99.

54. AHN, Consejos, libro 2452, pp. 114v-116.

55. Jesús Pradells Nadal, Del foralismo..., op. cit., pp. 70-73. ARV, Generalidad, 3276, 14, 15 y 23 de septiembre.

56. BUV, Mns. 178/1. En este texto vemos como las tropas borbónicas durante su estancia en Alzira solicitan las rentas de la generalidad.

57. ARV, Generalidad, 3276. 17 de diciembre. En esta disposición se emplaza a que devuelvan el dinero que les fue entregado para llevar a cabo su tarea.

58. ARV, Generalidad, 1065. Dentro de la clavería, en el apartado correspondiente al pago de los ministros de la Audiencia, se recoge el período de tiempo a que hace referencia cada pago.

59. ARV, Generalidad, 3276, 7 de mayo.

60. ARV, Generalidad, 1067. Reciben todos los ministros civiles la paga desde el día 19 de febrero, fecha de su juramento. Excepto Juan Bautista Losá, que juró el 21 de marzo, y Manuel Mercader, que cobra hasta el 14 de febrero, en que se le nombra regente. El pago se realiza en virtud de la provisión de 7 de mayo. Los ministros criminales cobran desde el día de su juramento, que se produce entre el 19 de febrero y el 27 de dicho mes. También se realizan estos pagos en virtud de la provisión de 7 de mayo.

61. Nombramiento de portant veus del general gobernador, mestre racional… María Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias…», cit., p. 161.

62. Algunos ejemplos de estas actividades, ARV, Generalidad, 3276, 21 de mayo, se recoge como se celebraron las luminarias por la entrada del reino en los dominios de Carlos III; que no se pudieron celebrar los días 4, 5 y 6 de enero como estaba previsto. 26 de mayo, recoge la embajada al virrey para darle la enhorabuena por la victoria en Barcelona. 23 de junio, recogen las peticiones hechas al virrey para autorizar el gasto que supone celebrar las luminarias por la victoria en Flandes. La restitución de la plata, ARV, Generalidad, 3276, 2 de julio.

63. ARV, Generalidad. 3276. 28 de septiembre y 6 de octubre.

64. Pedro Voltes Bou, La guerra…, op. cit., p. 51. Recoge la voluntad del monarca de no liberar a los vasallos del campo de las prometidas exenciones.

65. Virginia León Sanz, La guerra de sucesión a través de los consejos de estado y guerra del archiduque Carlos de Austria, Madrid, 1988, pp. 172-222. Estudia las decisiones adoptadas por el consejo de guerra en Valencia.

66. ARV, Generalidad, 3276, 22 de octubre.

67. Sobre Ramón de Vilana Perlas, Ernest Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria teoría y acció austracistes, Barcelona, 2000.

68. ARV, Generalidad. 3276, 29 de octubre, 26 de noviembre y 3 de diciembre y 9 de abril.

69. Pedro Voltes Bou, La guerra de sucesión…, op. cit., pp. 45-46. María Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias y confiscaciones del Archiduque Carlos en el País Valenciano 1705-1707», Estudis. Revista de Historia Moderna, 17, 1991, pp. 149-196.

70. ARV, Generalidad, 3278, 28 de marzo de 1707. A través de la cuenta de gastos aprobada a Matheu Ferrer, conocemos la existencia de esos informes y la fecha de su entrega al monarca. Pedro Voltes Bou, La guerra de sucesión…, op. cit., pp. 148-150. Recoge el texto de la junta de ese día.

71. Junto a estas razones aparecen otras, como el relleno de las vacantes de los insaculados. Dentro de los examinadores encargados del tema en el estamento militar también se habían producido deserciones con lo cual el proceso debía resentirse. José Vicente Ortí y Mayor, Diario…, op. cit., 12 de agosto de 1706.

72. Pedro Voltes Bou, La guerra de sucesión…, op. cit., p. 51.

73. José Vicente Ortí y Mayor, Diario…, op. cit., enero de 1707. Durante todo este mes se producen nombramientos que afectan a importantes cargos reales: gobernador, baile….

74. Pedro Voltes Bou, Barcelona durante el gobiern o del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, 1963, p. 228. Nos describe como en Cataluña procede de igual manera, tachando de las listas a los que no considera oportunos, llegado el momento de realizar una nueva extracción de oficiales de la Generalidad.

75. Pedro Voltes Bou, La guerra de sucesión…, op. cit., pp. 148-150. Al recoger la resolución de la junta de gobierno en la que se establecen los cambios que deben operar en la Generalidad, habla del comendador de Orpesa. Debe referirse sin duda al comendador de Orxeta.

76. ARV, Generalidad, 3276.

77. Sobre el acceso de los eclesiásticos y las voces que lo componen en esta época, G. R. Mora de Almenar, Volum e recopilació..., op. cit., pp. 7-8; «…que tots els dits noms insaculats, cascú de per si sien escrits, y posats en ses boletes de pergamí, y cubertes de cera, com és de costum entre els nobles, y militars, per lo dit escrivà, davant de les persones assistents, y posats dins redolins en les bacines de argent, segons lo dit costum; y que los dos primers redolins que exiran sien deputats per la Església per al trienni següent, ab les declaracions y modificacions infrascrites: y que aprés dels restants se’n traguen dos redolins que sien comptadors, y aprés un altre que sia clavari, y aprés un altre que sia administrador…». L. Matheu y Sanz, Tratado de la celebración de cortes generales del reino de Valencia, Madrid, 1677, pp. 77-78. Las voces del estamento para los oficios de la Generalidad eran: el arzobispo de Valencia, el maestre de Montesa, el obispo de Tortosa, el obispo de Segorbe, el obispo de Orihuela, el cabildo de la metropolitana, el abad de poblet, el abad de Valldigna, el comendador de Bejís, el comendador de Torrent, el general de la orden de la Merced, el comendador de Orxeta de la orden de Santiago, el comendador del peso de la orden de Alcántara, el abad de Benifassà, el prior de San Miguel de los Reyes, el cabildo de Segorbe, el cabildo de Tortosa, el cabildo de Orihuela y el prior de la cartuja de Valdecristo. También en Biblioteca de la Universidad de Valencia (en adelante BUV), Var/66(3), aparece recogido en un memorial el momento de la ampliación a 19 voces del estamento eclesiástico. ARV, Generalidad, 2955, 25 de diciembre de 1701. Nos aparecen en el sorteo las diecinueve voces antes comentadas.

78. Jose Vicente Ortí y Mayor, Diario..., op. cit., 13 de octubre de 1706.

79. G. R. Mora de Almenar, Volum e recopilació…, op. cit., pp. 95-101.

80. ARV, Generalidad, 2961, p. 54; el día 27 de diciembre se realizan los nuevos nombramientos. ARV, Generalidad, 2961, pp. 1 y 26; el 25 de diciembre se procedió con toda normalidad a la extracción de oficiales del estamento eclesiástico; pp. 26-46, recoge la extracción de los miembros del estamento militar, el 26 de diciembre. En ambas, los incluidos en la lista para el sorteo tienen que pasar el examen de aptitud, que analiza si existe algún impedimento legal para su sorteo.

81. ARV, Generalidad, 296, pp. 1 y ss. Para la elección de contador salieron elegidos y tuvieron que ser apartados del cargo, el comendador de Orxeta, el obispo de Tortosa, y el comendador de Bejís. En la elección de clavario salieron elegidos, estando en la lista de los vetados por el monarca, el capítulo de Orihuela, el arzobispo de Valencia, el comendador de Bejís, el comendador del Peso Real y el comendador de Orxeta.

82. Las villas reales accedían a los cragos por turno, dependiendo de su peso dentro del propio estamento. G. R. Mora de Almenar, Volum e recopilació…, op. cit., pp. 12-24.

83. ARV, Generalidad, 2961. Todos los miembros del estamento real juran sus cargos el 1 de enero. Vicente Montes y Vicente Antolí, pp. 102-107; Francisco Franch y José Soler, pp. 102-107; Ignacio Zapata, pp. 110-113; Onofre Esquerdo, pp. 107-110. ARV, Generalidad, 3278, 21 de enero. Los diputados fueron a besar la mano del rey el 1 de enero, según consta en la justificación de los pagos realizadas a Batiste Remohy.

84. Virginia León Sanz, «Una concepción austracista del Estado a mediados del siglo XVIII», en Actas del Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, 2 vols., Madrid, 1990, pp. 213-224, esp. pp. 213-214.

85. ARV, Generalidad, 2961, pp. 222-226, 8 de junio. Se produjo el nombramiento de nuevos diputados, por Felipe V tras la reconquista de la ciudad por la exclusiva voluntad del monarca.

86. José Vicente Ortí y Mayor, Diario..., op. cit., 23 de junio de 1706. Ya anteriormente había ordenado que todos los deudores del reino que tuviesen que pagar cantidad alguna a personas bajo el dominio de Felipe V, las satisficiesen a los secuestradores. ARV, Generalidad, 3278, 12 de marzo y 14 de abril. Se recoge que los diputados con fecha de 12 de marzo han pagado por este concepto 1390 libras 15 sueldos y 11 dineros. Parece ser que la procedencia de estos pagos son los derechos nuevos.

87. Juan Bautista Losá empezó su carrera como asesor de la Generalidad; interviniendo en la elaboración de numerosos documentos. En el momento de redacción del informe es regente de Consejo de Hacienda designado por Carlos III. Previamente, había sido nombrado ministro civil de la Audiencia el 11de noviembre de 1706.

88. ARV, Generalidad, 3278, 26 de febrero, 4 y 5 de marzo. La visita realizada por Generalidad se produce con fecha de 2 de marzo. La fecha de este último contacto con el rey es el día 6 de marzo.

89. ARV, Generalidad, 3276, 23 de septiembre. Más información sobre este proceso del deudor de la Generalidad al que sus fiadores están sufragando sus deudas en, ARV, Generalidad, 1960. Sobre el significado y contenido del impuesto conocido como de la doble tarifa, G. R. Mora de Almenar, Volum e recopilació…, op. cit., pp. 153 y ss.

90. ARV, Generalidad, 3278, 26 de enero y 14 de abril de 1707.

91. La Generalitat recaudaba sus ingresos de manera separada, creando una división en la caja de la institución, siendo los derechos nuevos los de la doble tarifa, nieve y naipes y real de la sal. Por ejemplo, ARV, Generalidad, 2955, 2958, 1065.

92. ARV, Generalidad, 3278, 4 de mayo de 1707. ARV, Generalidad, 3278. Las reuniones celebradas en las postrimerías del mes de abril tuvieron lugar los días 16, 23, 27 y 28.

93. ARV, Generalidad, 3278. En las páginas que se hacen eco de la reunión de 4 de mayo antes citada, aparece una anotación al margen que nos confirma esta fecha.