Kitabı oku: «Caso Bombas»
© LOM ediciones Primera edición, junio 2012 Primera reimpresión, julio 2012 ISBN impreso: 9789560003492 ISBN digital: 9789560013255 RPI: 217.268 Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléf ono: (56-2) 688 52 73 | Fax: (56-2) 696 63 88 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile
Índice
Prólogo
1. El operativo
2. El Zar Antidroga
3. Okupas al caso
4. Luz, cámara… Fiscal en acción
5. Tensa espera en prisión
6. La prensa, con una de las partes
7. El informante de Gendarmería
8. El amor era de verdad
Lista de personas según su aparición por capítulo
Este libro está dedicado a Miriam Tamayo Martínez (Q.E.P.D.)
Mis agradecimientos a la ayuda y la mirada inteligente de los periodistas Daniel Dedes Fernández, Ximena Póo Figueroa y Claudia Lagos Lira; a las maestras de periodismo y periodistas, Faride Zerán e Irene Geis por sus inteligentes e infaltables consejos. A la Editorial LOM, que apostó por esta investigación. A las decenas de fuentes que brindaron su importante testimonio, varias de las cuales prefirieron entregar sus experiencias omitiendo su identidad aludiendo a posibles consecuencias.
Mis agradecimientos infinitos a Lisa y Manuel.
Prólogo
Los medios de comunicación chilenos, independientemente de su estructura de propiedad y de sus perspectivas ideológicas, prometen más o menos por igual, ya sea en sus slogans publicitarios o en sus editoriales, cumplir con funciones públicas históricamente asociadas a la profesión periodística. Es porque cumplen esta función social que los medios gozan de ciertas garantías especiales, como el respeto al secreto profesional.
Entre estas funciones públicas se cuentan auxiliar a la ciudadanía en la fiscalización del poder del Estado que se presume permanentemente propenso a violar los derechos y garantías de sus ciudadanos. Es decir, cumplir el mito de ser el cuarto poder, aquel contrapeso independiente a los posibles abusos del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que busca y dice la “verdad” a toda costa, que enarbola los principios de justicia, transparencia e integridad en defensa del bien común.
Y la autoevaluación al respecto es más o menos complaciente, en particular, en los medios tradicionales. El Mercurio, por ejemplo, al celebrarse los 200 años de la prensa escrita, dijo en su editorial: “El país puede sentirse satisfecho de haber desarrollado durante dos siglos una tradición de prensa atenta, polémica, combativa, que ha sabido prevalecer contra los embates de intereses públicos y privados cuando quiera que se ha tratado de someterla a otros objetivos o acallarla”.
Es evidente que la afirmación editorial se sostendría con mucha dificultad si se analiza el comportamiento de los medios de comunicación chilenos autorizados a operar durante la dictadura de Pinochet. Las evidencias son abrumadores y demuestran que esa prensa no fue ni atenta, ni polémica, ni combativa. Tanto así, que el Informe Rettig dejó establecido que:
La prensa continuó haciéndose portavoz de las versiones oficiales de sucesos relacionados con detenidos desaparecidos que pretendieron ocultar la responsabilidad de agentes del Estado chileno y que fueron presentadas como ‘la verdad’ de lo ocurrido, en circunstancias de que, en muchas ocasiones, existían motivos plausibles para dudar de tales versiones (...) Por regla general, los medios de comunicación mantuvieron en el período que nos ocupa una actitud tolerante con las violaciones de derechos humanos y se abstuvieron de emplear su influencia en procurar evitar que ellas continuaran cometiéndose.
Nada para escandalizarse, dirán algunos. Que fue un período especial, difícil, en que los medios no pudieron hacer otra cosa.
Lo dramático es que a estas alturas, a veintidós años de recuperada la democracia, los vicios de la parcialidad, la obsecuencia con las fuentes oficiales y la desidia frente a injusticias flagrantes siguen campeando en los medios de comunicación tradicionales, escritos y audiovisuales que, además, son los de mayor presencia y credibilidad en los hogares chilenos.
El Caso Bombas y la investigación del fiscal Alejandro Peña, fielmente retratado en su desprolijidad en esta investigación periodística de Tania Tamayo, no solo son un ejemplo prototípico del comportamiento inadecuado y abusivo de la justicia chilena, aun después de la reforma al sistema procesal penal que tantas esperanzas engendró, sino que debiera ser también un caso de estudio en las escuelas de periodismo y salas de redacción del país, por el abandono de sus funciones públicas por parte de los medios de comunicación.
Como revela Caso Bombas. La explosión en la Fiscalía Sur, el Ministerio Público se empeñó en demostrar “resultados” en este caso, quitándoselo al prestigioso pero mesurado Xavier Armendáriz, y entregándoselo a Alejandro Peña, un fiscal ducho en operativos con espectacularidad mediática.
Peña, bien asesorado por un periodista, cumplió, al menos en una primera etapa, con lo que se esperaba de él: la producción de libretos maniqueos e imágenes espectaculares demandados cada vez con mayor voracidad por la televisión, medio en el cual ya es casi imposible distinguir el límite entre noticias y espectáculo. También sació la sed de “resultado” que demandaban las editoriales de los medios escritos y, por lo tanto, calmó los ánimos en el Ministerio del Interior, en las jefaturas policiales y en la dirección del Ministerio Público.
No es sorprendente que, en ese contexto, se hayan pasado a llevar garantías mínimas de los imputados, como el derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia. Los testimonios y pruebas recopilados por Tania Tamayo son ejemplos escalofriantes de aquello.
Lo sorprendente es que este contenido no haya sido abordado a tiempo y en extenso por los grandes medios de comunicación chilenos, que no hayan sido ellos los primeros en exponer dudas razonables a su actuar, a pesar de que, como evidencia este libro, había razones más que fundadas para hacerlo.
No me parece a mí que sea falta de pericia ni de oficio de estos medios. La Tercera y El Mercurio, por ejemplo, han dado muestras de que saben cumplir con los estándares profesionales. Ahí están las largas y exhaustivas investigaciones periodísticas sobre los casos MOP-Gate y La Oficina, entre otras, que revelan que en determinadas circunstancias, estos medios sí invierten esfuerzos saludables en cuestionar las versiones oficiales sobre determinados hechos.
Sin embargo, en otras circunstancias, como en el Caso Bombas, a los medios de comunicación podría aplicárseles la misma crítica que hizo la Comisión Rettig en su momento, pues también aquí se hicieron portavoz de las versiones oficiales “que pretendieron ocultar la responsabilidad de agentes del Estado chileno”, que “fueron presentadas como ‘la verdad’ de lo ocurrido, en circunstancias de que, en muchas ocasiones, existían motivos plausibles para dudar de tales versiones” y, por regla general, mantuvieron “una actitud tolerante con las violaciones de derechos humanos y se abstuvieron de emplear su influencia en procurar evitar que ellas continuaran cometiéndose”. Es ilustrativo a este respecto la conducta de los editores de Informe Especial, un programa que se autodefine como de investigación periodística y que, no obstante, de acuerdo con los datos aportados por Tania Tamayo, permitieron que el departamento de comunicaciones de la Fiscalía Sur interviniera más allá de lo razonable en la elaboración del reportaje del llamado Caso Bombas.
En Estados Unidos los reportajes de periodistas insertos en los batallones de invasión de los países árabes han sido cuestionados por violar la promesa de imparcialidad que han hecho a sus audiencias y por pasar por alto abusos cometidos por esos soldados en contra de la población civil. Es de esperar que trabajos de investigación como el que nos propone Tania Tamayo nos permitan someter a un escrutinio similar no solo a la justicia, respecto de la cual hay todavía mucho que decir, sino también a la prensa y a la televisión chilena. Si los medios de comunicación masivos no cumplen con su promesa de ser “atentos, polémicos y combativos” en su relación con las fuentes oficiales y si demandan de éstas historias de vaqueros en vez de datos verdaderos, evidentemente aumentan los niveles de indefensión de los ciudadanos de este país.
De acuerdo a las pruebas reunidas por Tania Tamayo para este libro, el cambio circunstancial de juzgado y la capacidad de organización de los imputados, algunos de los cuales tuvieron más posibilidades de hacerse oír por provenir de una clase social acomodada, provocaron el derrumbe del Caso Bombas. Puede que haya habido otros factores, pero en ningún caso este desmoronamiento puede atribuirse a la labor fiscalizadora de la prensa.
Tras leer Caso Bombas. La explosión en la Fiscalía Sur no puedo dejar de pensar en cuántas personas inocentes pasan sus días, estos días, en la cárcel.
A comienzos del siglo XX el poeta Vicente Huidobro decía respecto de la justicia:
La Justicia de Chile haría reír, si no hiciera llorar. Una Justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y en el otro platillo, un queso. La balanza inclinada del lado hacia el queso. Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la Crucifixión, acariciando en su bolsillo las treinta monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas. Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y solo abierto el otro que se dirige a los pequeños, a los débiles.
¿Tendremos que decir lo mismo sobre nuestros medios de comunicación?
Alejandra Matus
Periodista, MPA/Harvard University,
Académica Universidad Diego Portales
Autora de El Libro Negro de la Justicia Chilena.
Un día antes de que este libro se fuera a imprenta, el Tercer Tribunal Oral de Santiago determinó la absolución de todos los imputados. La jueza Marcela Sandoval estableció, en representación de dicho Tribunal, que varias de las indagatorias realizadas por las policías y las fiscalías (Oriente y Sur) eran incongruentes y fueron obtenidas con infracción de garantías. Algunas de ellas, incluso, de manera ilícita; por ejemplo, la información entregada por los “informantes secretos”.
El Tribunal también increpó a la Fiscalía Sur por su “parcialidad” al no contemplar otras líneas de investigación debido a prejuicios.
Se dijo que las pruebas presentadas no acreditaban los extremos necesarios para considerar “conductas terroristas” y que la Fiscalía había atribuido estas conductas a personas “por el hecho de vivir en casas okupa”.
También se argumentó que el Tribunal no podía ir más allá si la acusación presentada por el Ministerio Público estaba mal hecha. Tanto así, que ésta contemplaba estallidos que habían ocurrido en lugares distintos a los indicados en el juicio oral.
Fue así como Francisco Solar, Gustavo Fuentes, Felipe Guerra y Mónica Caballero fueron absueltos por el delito de colocación de artefactos explosivos; y Omar Hermosilla y Carlos Riveros por financiamiento del terrorismo.
Quince días antes habían trascendido a la luz pública casi una decena de pericias entregadas por las policías que no fueron firmadas por quienes las suscribían, y el Ministerio del Interior y la Fiscalía Sur habían intentado recusar a tres de los jueces a cargo para evitar la declaración del ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter. Finalmente, y a pesar del recurso, el Ministro declaró, aseverando que él no tuvo ninguna participación en la investigación y recalcando a la jueza su investidura: “Soy el Ministro del Interior”, dijo dos veces.
Esta investigación cuenta parte de la historia, incluyendo decenas de indagatorias irregulares por parte de los organismos persecutores; el operativo del 14 de agosto, el recorrido de la Fiscalía Sur –desde su creación– y de quien fuera por años su fiscal regional, Alejandro Peña. También incluye episodios de la prisión de los imputados, el rol de los testigos secretos y testimonios de quienes se quiso involucrar, sin pruebas ni antecedentes, en este caso.
Es parte de la historia de lo que en la mañana del 1 de junio de 2012, en los patios de Tribunales, fuera denominado por algunos como el fracaso más grande del Ministerio Público desde la creación de la Reforma Procesal Penal.
La Autora
1. El operativo
El 14 de agosto de 2010 se concretaba el “gran golpe” contra los supuestos culpables de una serie de atentados con bombas ocurridos en Santiago en los últimos años. La denominada Operación Salamandra culminó exitosamente con la detención de catorce personas acusadas de Asociación Ilícita Terrorista en el marco del ya denominado Caso Bombas y en medio de un despliegue mediático portentoso. Parecía que asistíamos al comienzo del fin de los bombazos que tanto “atemorizaban” a la población y, sobre todo, preocupaban al Gobierno de la Alianza. Parecía que un grupo de hombres del Ministerio Público se erigirían como los grandes héroes del combate al “nuevo terrorismo” en Chile. Parecía…
Exactamente dos meses antes de aquel sábado de agosto tan noticioso, alrededor de veinte cajas tipo memphis habían llegado a la sala de reuniones del sexto piso de la Fiscalía Sur, ubicada a la salida del metro San Miguel, en la comuna de La Cisterna. Las traía el mismísimo fiscal regional metropolitano sur Alejandro Peña, junto a Héctor Barros, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía. Todo esto porque el fiscal nacional, Sabas Chahuán había despojado del Caso a la Fiscalía Oriente, acogiendo un llamado del Gobierno que no dejaba de presionar por las constantes explosiones en cajeros automáticos, supermercados o iglesias del barrio alto.
Hasta ese instante no existía ningún procesado en la investigación que encabezaba Xavier Armendáriz.
El último bombazo había ocurrido en el tercer cordón de seguridad establecido para la casa del Presidente de la República, Sebastián Piñera. El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se mostraba indignado ante la prensa, acusando a Armendáriz de “lentitud”, especialmente luego que la Brigada Insurreccional Andrés Soto Pantoja, que se atribuyó el atentado, señalara en un comunicado: “Atacamos a tres cuadras de la casa de Piñera, vulnerando su poder, su control; nada más digno para nuestras vidas”.
Y Chahuán cedía ante el enojo gubernamental. Era mucho lo que estaba en juego: promesas de campaña del presidente Piñera y los dineros del famoso plan de fortalecimiento para el Ministerio Público.
Así lo contaba oficialmente la Fiscalía Nacional:
Alejandro Peña desarrollará la investigación con el apoyo de los fiscales adjuntos a su cargo, con plena coordinación con el equipo encabezado por el fiscal regional metropolitano oriente Xavier Armendáriz, quien hasta hoy dirigió la investigación y que tiene a su cargo otras causas complejas que obligan a una adecuada distribución de las tareas de persecución.
Lo que ese texto obviaba eran todas las presiones que había recibido el Ministerio Público para resolver esta causa. En lugar de ello, hablaba de una futura coordinación entre las fiscalías, que nunca existió.
Las cajas que llevó Peña ese día contenían centenas de carpetas investigativas del ya denominado Caso Bombas, pero además, una sorpresa: como una suerte de venganza, la “Oriente” había enviado también las dos carpetas de otra causa igualmente mediática, la de Mohammed Saif Ur Rehman: el paquistaní.
En la primera reunión de trabajo que tuvo la “Sur” tras la designación de Peña en junio, a nadie le hizo gracia la “movida” de Armendáriz y compañía. Un caso no tenía nada que ver con el otro. De hecho, se decía que el vínculo comprobable entre ambas investigaciones era una llamada de la pareja de Pablo Morales –el supuesto líder de la asociación terrorista tras los atentados–, Ingrid Toro, y el paquistaní, al mismo teléfono. Teoría que el ministro Hinzpeter había creído a pie juntillas, llevado por la opinión de la Jefatura de Inteligencia de Carabineros:
“Hay llamados telefónicos que según la información que yo tengo, conectan el teléfono de Mohammed Saif Ur Rehman Khan con personas que pertenecieron al grupo Lautaro, que también estuvo participando en procesos de bombas”, declaró a radio ADN el 22 de julio del 2010.1
Pero el teléfono al que habían llamado Ingrid Toro y Mohammed, según descubrió un oficial de la Dipolcar, correspondía a una central telefónica que recibía un promedio de 100.000 llamadas por día.
Entonces, a pesar de la intención apresurada del ministro, no había nexo alguno, y los fiscales de la “Oriente” siempre lo supieron, pero no perdieron la oportunidad de compensar con este envío el desaire que se había articulado contra Armendáriz desde el Ministerio del Interior: “Si Peña quiere el Caso Bombas, que se encargue también del paquistaní”, fue la premisa, prediciendo los gritos que Peña daría cuando el fiscal jefe de Puente Alto y miembro de su equipo, Pablo Sabaj, reparó en la situación: “Viene lo del paquistaní también en las cajas”, dijo al constatar que les estaban mandando más de lo que le habían pedido. Mientras, Peña vociferaba: “¡Por la cresta! Nadie ha sido capaz de hacerse cargo de esto, menos ahora que el tipo ya está con las cautelares, pero nos tiran el cacho a nosotros”.
Aun así no había cómo evadir la responsabilidad y, por lo demás, no ensombrecía en absoluto lo beneficioso que era para el fiscal Peña llevar el llamado Caso Bombas. Más que nunca iba a tener a todos los medios de comunicación encima y no podía contradecir al Gobierno que tanto empeño había puesto en apresar a Saif Ur Rehman, aun cuando todo el Ministerio Público, en todas sus jurisdicciones, incluyendo la Oriente, sabía que era un exceso aplicarle la figura de Asociación Ilícita Terrorista al extranjero por “trazas” de explosivos. En ambas fiscalías (Sur y Oriente) reconocieron, para este libro, recurrentes llamados de impaciencia y cólera de parte del Ministerio cada vez que los fiscales no procedían en la dirección solicitada por el Gobierno en aquella causa.
***
Es sábado 14 de agosto del 2010 en la mañana. Móviles de todos los canales de la televisión abierta se instalaron con cuidado cerca de dos casas okupa del centro de Santiago, en la 33ª Comisaría de Ñuñoa, ubicada en Guillermo Mann, y en las afueras del cuartel de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de calle Rosas. Mientras que a diecisiete casas, entre ellas particulares y okupa de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, llegaban en silencio las unidades especiales de las policías: el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS 9), el Departamento de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), el Departamento de Criminalística (Labocar) y el Equipo de Reacción Táctico Antinarcóticos (ERTA) de la Policía de Investigaciones (PDI). También las que se habían encargado de los seguimientos y la investigación desde hacía cuatro años, la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile (Dipolcar) y la ya citada BIPE, de la PDI.
Eran las siete de la mañana y dos helicópteros despegaban para sobrevolar las casas allanadas. En uno de ellos viajaba el fiscal Peña junto a un camarógrafo de TVN, que registraba cada expresión del abogado. Un despliegue de recursos importante, con la prensa y la Fiscalía Sur actuando en conjunto.
En la casa okupa La Crota buscaban a una de sus habitantes, Mónica Caballero, que ese sábado debutaría en un campeonato como boxeadora de la escuela de boxeo de Martín Vargas, el mismo deportista que le ofreció luego declarar como su testigo y testificar que era una “muchacha normal”.
El GOPE entró a La Crota y sus funcionarios leyeron los cargos a Mónica: Colocación de Artefactos explosivos y Organización Ilícita Terrorista. En un momento, Caballero quedó sola con un policía que le dijo: “Te haremos una pericia de explosivos en la mano”. Ella se negó, pero le pusieron un revólver en la cabeza. Luego, y aunque solo traían orden de allanamiento y descerrajamiento, le pasaron un papel por la mano para introducirlo en la Mobile Tracer, la máquina de Carabineros que detecta la existencia de rastros de TNT.
Cabe destacar que Vinicio Aguilera y Diego Morales –también habitantes de la casa, para quienes no había ni una orden judicial– de la misma manera fueron sometidos a este procedimiento. Los arrodillaron, los esposaron, les tomaron las pruebas corporales, pero como aparecieron con “trazas” en su cuerpo, los llevaron detenidos. Vinicio Aguilera, sin orden de detención ese 14 de agosto, pasaría ocho meses en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Dos fiscales, Francisco Rojas y Víctor Núñez, serían querellados por tratar de ocultar este hecho en el juicio, en una muestra de la poca prolijidad que se advertiría en varios episodios de la investigación.
No obstante las críticas y cuestionamientos que surgieron después hacia la máquina Mobile Tracer, los efectivos policiales la ocuparon ese día en casi todos los procedimientos, aun cuando pasaran vergüenzas. Por ejemplo, en el dúplex de Omar Hermosilla, ubicado en la Villa Olímpica, el aparato dejó de funcionar y un carabinero le dijo a otro: “Mejor sube al segundo piso y sácala por la ventana, que de repente hay que ‘airearla’”. Aún “aireándola”, Omar dio negativo.
En una parcela de Batuco, propiedad de la mamá de Bárbara Vergara Uribe, los policías entraron aparentemente buscando bombas. Un perro que olfateaba nervioso y varios funcionarios del GOPE con metralletas en sus manos sorprendieron a Bárbara, quien tenía ocho meses de embarazo. Pese a ello, debió ponerse en el suelo boca abajo junto a Manuel, su pareja, y observar cómo allanaban la habitación de su hija de doce años. De allí se llevaron esquelas, cartas y fotos de la niña que también fueron consideradas como evidencias. Bárbara no fue detenida, pero luego del allanamiento le costó dar un tranquilo término a su embarazo. Recuerda un accionar desmedido, sobre todo venido de dos carabineras a cargo. “La teniente Subiabre fue la más dura, no mostró ninguna, pero ninguna, sensibilidad con mi estado”, asevera.
En Peñalolén, en tanto, Andrea Urzúa despertaba con un ruido estremecedor. Pensó que era un terremoto. Tomó a su guagua de ocho meses en brazos para protegerse del sismo, porque estaba medio dormida. No veía nada, estaba sin lentes y los funcionarios habían cortado la luz. Solo cayó en sí cuando vio la mira roja de una metralleta en la cabeza de su pequeña: “Si te mueves, la mato”, dijo uno de los funcionarios que entraba a la casa de sus suegros. Por ello, le pareció muy paradójico después el consejo de uno de los policías cuando se iba detenida a la comisaría: “Si querís, llévate una mantita pal frío”, le decían luego de esa fuerte amenaza a la vida de su hija.
El operativo proseguía. Ni Carlos Riveros, ni Camilo Pérez, ni Pablo Morales opusieron resistencia en cada una de sus casas. Tampoco el antropólogo Francisco Solar en el antiguo inmueble que arrendaba en Valparaíso. Sí se molestaron sus compañeros de vivienda –uno de ellos arquitecto– a quien la Dipolcar le estropeó todas las maquetas que tenía en el lugar.
La Operación Salamandra había sido más que anunciada. Desde la Fiscalía se les estaba enviando un mensaje de texto a las radios y prensa escrita: “En este momento se están realizando los allanamientos”. Pero en la semana ya se les había dicho a los periodistas de confianza “en pocos días nos vamos a dejar caer”, como lo contó para este libro un reportero de la sección “nacional” de un matutino del Consorcio Periodístico de Chile S.A. (Copesa).
También lo sabían varios de los detenidos: se sentían identificados en decenas de artículos publicados principalmente en los diarios La Tercera, La Segunda y El Mercurio, que prácticamente describían a los sospechosos y que, en su mayoría, comenzaron a aparecer luego de que Alejandro Peña se adjudicara el Caso. Era la política Peña, ir dando señales de que había avances: “Revelan el violento perfil de las 10 mujeres sospechosas de atentados explosivos”, titulaba un artículo publicado el domingo 20 de junio en La Tercera.2 Y varios otros muy específicos en donde había descripciones como: “Parte de los recursos fueron enviados y depositados en Chile, en una cuenta bancaria perteneciente a un ex lautarista que estuvo preso en la Cárcel de Alta Seguridad”; “Otro de los sospechosos integra una banda de rock que da recitales en las llamadas ‘tertulias’ anarquistas”;3 o “La lista la integran también tres jóvenes que fueron detenidos en diciembre pasado”.4 Solo faltaban los nombres. En el ambiente de los persecutores, los sospechosos y la prensa, la Operación Salamandra era inminente.
En la casa okupa Sacco y Vanzetti, ubicada en calle Santo Domingo, en pleno Barrio Yungay, se encontraba Jorge Santander con su hijo de un año, una pareja de amigos y el estudiante de Historia Felipe Guerra, quien dormía en su habitación del tercer piso y que despertó con el sonido de los autos de la policía que, usando una cadena, descerrajaban la ventana. La puerta hacía meses había sido reforzada porque en el allanamiento anterior les habían destruido gran parte del inmobiliario, y la policía se había llevado computadores, bicicletas, radios y libros que nunca fueron devueltos. Guerra gritó desde la arriba: “¡Hay una guagua en la casa!”, ante lo cual le dispararon un balín en la cabeza que lo dejó inconsciente por unos minutos. Los detectives del ERTA, equipo táctico de la PDI, subieron a su cuarto y lo redujeron esposándolo con cadenas de plástico sin mostrar orden de detención; todo esto mientras se escuchaba pasar el helicóptero con Alejandro Peña a bordo.
En el cuarto, un detective le dijo: “¿Viste que no es tan terrible? No estás llorando como la otra vez” (refiriéndose a un allanamiento del 11 de diciembre de 2009).5 “Es que no tiraron gas como la otra vez”, le respondió el joven. Ante esto, el policía sacó un spray con el que le arrojó gas pimienta en la cara.
En la calle, Guerra clamaría a los medios: “La asociación ilícita está solo en la mente del fiscal Peña”.
Luego de las detenciones de los catorce sospechosos, en donde varios de ellos reconocieron a los mismos funcionarios que los habían seguido por largo tiempo, Guerra, Hermosilla, Riveros y Pérez fueron llevados a la BIPE. En un momento fueron dejados inexplicablemente solos en medio de la calle cuando, yendo a constatar lesiones, los efectivos de la PDI se dieron cuenta de que se les había quedado “algo” en el edificio de la Institución y se devolvieron a buscarlo, sin reparar en una posible fuga de los recién detenidos.
Mientras tanto, Morales, Caballero, Aguilera, Urzúa y Candelaria Cortés-Monroy eran llevados a la 33ª Comisaría, que albergaba a decenas de periodistas en sus pasillos interiores, incluso cerca del baño de mujeres, tratando de obtener alguna imagen para el noticiario vespertino. Rodolfo Retamales era el único que se encontraba descalzo al interior de una celda.
A las dos de la tarde, los arrestados en esa jornada ya se encontraban en Tribunales para el control de detención. El aire estaba enrarecido, los gendarmes afirmaban fuerte sus escudos. La jueza Lidia Uribe, del Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, permitió la entrada a todos los medios de prensa, pero solo a un pariente por cada inculpado, lo que generó varios incidentes en las afueras. A los familiares que estaban en la sala les extrañó que la magistrada no escuchara a la Defensa y sí aceptara otorgar Ampliación de la detención hasta el martes 17, solicitada por la Fiscalía porque necesitaba revisar más antecedentes. Tampoco entendieron que no escuchara la queja de Felipe Guerra, quien decía haber sido maltratado por los detectives, mientras trataba de contener la sangre que emanaba de su frente y nariz.
“Quiero brindar un reconocimiento a las policías y al fiscal Peña, y a todo el Ministerio Público (…). Es por esto que este Gobierno, en el contexto de su compromiso por darle a los chilenos la oportunidad de vivir en una sociedad donde la libertad puede ser ejercida, porque la libertad, sin seguridad, no es libertad”, sostuvo ese día el ministro Hinzpeter desde La Moneda. El idilio entre Palacio y la Regional Sur, especialmente con el fiscal Peña, venía desde hace meses, pero ahora estaba en su apogeo.
Los ribetes mediáticos que alcanzaría el caso eran insospechados. Tres días después de la detención, el martes 17, nuevamente los canales de televisión con sus móviles estaban apostados afuera de los Juzgados para seguir todos los detalles de la Audiencia de Formalización. Los medios hicieron despachos en directo varias veces al día, mientras más de 100 efectivos de Carabineros se desparramaron custodiando el sector de Tribunales hasta la estación de metro Rondizzoni. Una jornada maratónica en donde se mostraron fotos del cuerpo descuartizado de Mauricio Morales, el anarquista que había muerto trasladando una bomba cerca de Avenida Matta.6 También se exhibieron organigramas de la supuesta Asociación Ilícita, con las fotos de quienes la Fiscalía acusaba como sus cabecillas: Pablo Morales y Rodolfo Retamales; y un sinfín de imágenes registradas de los seguimientos.
Se expusieron diecisiete videos y decenas de audios de las escuchas telefónicas. Algunas que podían generar sospechas y otras tan comunes que hicieron que los inculpados se miraran y rieran. Algunos no habían dormido nada, pero al escuchar las grabaciones que los involucraban, con frases como: “Anda a comprarle la comida al gato” (que fue interpretada por los fiscales como un mensaje oculto), o la de un joven en estado de ebriedad alertando a Rodolfo Retamales que había un “paco de civil” en uno de los carretes, despertaban de su aletargamiento para volver a reír sarcásticamente.
La sala estaba repleta. Los fotógrafos trataban de capturar cualquier movimiento de los detenidos. El Fiscal Regional se movía con convicción, gesticulando. Hablaba paradójicamente de una organización anarquista… pero al mismo tiempo jerárquica y democrática, “poco convencional”. Más risas entre los sospechosos. No pertenecían a los grupos con los que Peña estaba acostumbrado a tratar. No había en el estrado delincuentes comunes, organizaciones criminales o traficantes. La mayoría, aunque con atuendos informales, eran profesionales o estudiantes universitarios a punto de egresar.
Esta vez sus argumentos eran escuchados con astucia por parte de quienes demostraban un nivel cultural más alto, y que cuando fueron consultados si entendían los cargos por los cuales se les estaba formalizando, dijeron –irónicamente– no entender: “¿Qué parte no entendió?”. “No entiendo lo que es asociación ilícita, no entiendo lo que es liderazgo, no entiendo nada de lo que dice”, aseguró uno. “No entiendo nada, desde que abrí mis ojos el sábado a las siete de la mañana y tenía una pistola en la cabeza”, afirmó otro.
Finalmente, a eso de las dos de la madrugada terminó la agotadora jornada. El juez Roberto Guzmán dejó libres a Diego Morales, Cristián Cancino, Candelaria Cortés-Monroy, Iván Goldenberg, Camilo Pérez y Carlos Riveros. En prisión preventiva quedaron Pablo Morales, Rodolfo Retamales, Omar Hermosilla, Vinicio Aguilera, Felipe Guerra, Francisco Solar, Mónica Caballero y Andrea Urzúa. También mantuvo su reclusión Gustavo Fuentes Aliaga, “el Grillo”, que se encontraba detenido desde 2008 por el intento de homicidio de Candelaria Cortés-Monroy (el “Grillo” fue el formalizado número quince por el delito de Asociación Ilícita, pues cuando fue arrestado confesó –en extrañas circunstancias– haber participado en cuatro bombazos, junto a su novia y Francisco Solar).
Eran las tres de la mañana y a la Fiscalía de San Miguel volvían, junto a Peña, los persecutores: Marcos Emilfork y Francisco Rojas; la abogada Daniela Palma y el periodista Leandro Fontealba; la secretaria del Fiscal Regional, Solange Murillo, junto a Manuel Espinoza, teniente de Carabineros (r), quien encabeza la Subunidad de Apoyo Criminalístico. Allá estaban Pablo Sabaj y Patricio Vergara, ambos fiscales de Puente Alto.
Aunque se habló reiteradas veces de celebrar, el ambiente era contradictorio: la operación había sido un éxito mediático y la Fiscalía Sur había alcanzado una popularidad inusitada, pero seis sospechosos habían salido libres y eso molestaba profundamente al Fiscal Regional. Lo decía: le irritaba que después del gran operativo del día sábado no estuvieran los catorce en sus calabozos. Además, le incomodaba particularmente que Candelaria Cortés-Monroy, una de las inculpadas, no estuviera detenida. “¿Y cómo no la iban a dejar libre?” –elucubraba– si era una “niñita bien”. Hija del arquitecto Marcial Cortés-Monroy, casado con Alexandra Edwards –ésta hija, a su vez, del fotógrafo Roberto Edwards y sobrina de Agustín Edwards–. Candelaria venía de la “elite”, pero era tan antisistémica como varios de los detenidos.
Sin embargo, había algo que irritaba especialmente a la Fiscalía: a Candelaria la defendía “el guatón” Soto. Miguel Soto Piñeiro, abogado de vasta experiencia, académico de la Universidad de Chile que había sido llamado incluso “profesor” por alguno de los jueces en la jornada. El “guatón” era un enemigo a vencer para Peña y su equipo. Una fuente que estuvo esa noche recuerda: “Soto era un impedimento: comenzamos a entender que había buenos abogados y que no iba a ser tan fácil. Eso era lo que más conversamos. Por eso digo que no había mucho que celebrar, la verdad es que estábamos medio quemados”.
También le molestaba el estatus de la familia de Rodolfo Retamales y su madre, la ex Subsecretaria de Agricultura. “Acuérdate de mí, estos tienen poder, capacito que lo saquen al hueón”, advirtió Peña, nuevamente poniendo énfasis en el origen social de los inculpados.
La otra cara de la moneda estaba dada por el tribunal que vería la causa. El “Undécimo de Garantía” no dejaba de ser un espacio donde se jugaba de local. Peña sabía que ahí los parámetros de los jueces no eran muy estrictos. Pese a que en medio de la conversación se adelantaban detalles de las apelaciones para los casos del músico Carlos Riveros y el profesor de básica Camilo Pérez,7 que tenían “picado” a Peña por la libertad obtenida, “esa noche también se conversaba acerca de las anécdotas de la audiencia, como los insultos que le habían propinado desde el público a la abogada Daniela Palma. La habían tratado de lo peor. Recuerdo que Alejandro bromeaba que tenía un whisky en el bolso para brindar por la tremenda cobertura”, cuenta la misma fuente.
Luego lo abrieron. Ahí comenzó la celebración en las dependencias de la Fiscalía Sur, que meses después sería una de las causas de la apertura de un sumario administrativo.
1 Hinzpeter: “Incipiente y criollo terrorismo tenemos que controlarlo ahora’’, Radio ADN, 22 de junio de 2010. http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/hinzpeter-incipiente-y-criollo-terrorismo-tenemos-que-controlarlo-ahora/20100622/nota/1316502.aspx
2 “Revelan el violento perfil de las 10 mujeres sospechosas de atentados explosivos”, Diario La Tercera, 20 de junio de 2010. Visitado en Internet el 4 de abril de 2012: http://latercera.com/contenido/680_269666_9.shtml
3 “Dineros para anarquistas son enviados desde cuenta en Islas Caimán”, Diario La Tercera, 8 de agosto de 2010. http://diario.latercera.com/2010/08/08/01/contenido/pais/31-34829-9-dineros-para-anarquistas-son-enviados-desde-cuenta-en-islas-caiman.shtml.
4 “Caso bombas: seis ex subversivos y 10 mujeres entre los sospechosos”, Diario La Tercera, 16 de junio de 2010. http://latercera.com/contenido/680_268511_9.shtml.
5 “Al menos cuatro detenidos dejó allanamiento a casas ‘okupas’”, Radio Cooperativa, 11 de diciembre de 2009. http://www.cooperativa.cl/al-menos-cuatro-detenidos-dejo-allanamiento-a-casas-okupas/prontus_nots/2009-12-11/082026.html.
6 Cerca de las 1:30 horas de la madrugada del viernes 22 de mayo de 2009, Mauricio Morales Duarte, de 27 años, se trasladaba en bicicleta portando una mochila con explosivos en los alrededores de la Escuela de Gendarmería, ubicada en Avenida Matta con Carmen. Por razones que se desconocen, al llegar a calle Ventura Lavalle con Sierra Bella, el contenido de la mochila explotó, provocando la inmediata y trágica muerte del joven, que quedó con su cuerpo totalmente desmembrado.
7 La apelación de la Fiscalía resultó exitosa, por lo cual ambos jóvenes debieron pasar gran parte del proceso en prisión preventiva. Recién el 30 de abril de 2011 esta medida fue revocada por decisión del Octavo Juzgado de Garantía, que la sustituyó por el arresto domiciliario.
2. El Zar Antidroga
La Regional Sur nunca ha sido una Fiscalía lujosa. El edificio que la aloja es relativamente antiguo, tiene dos puertas –una de vidrio y otra grande de metal– que dan a Gran Avenida; los techos son bajos, los cubículos reducidos, al igual que las oficinas. La luz tampoco es suficiente. Se trata de una dependencia pública común y corriente, y tal vez de las menos agraciadas. Pero hace dos años el sexto piso, habitado por muchas menos personas que ahora, se diferenciaba con notoriedad del resto de los sectores de la edificación: los grandes muebles de madera caoba del Fiscal Regional lucían imponentes, las puertas que daban a su oficina eran en extremo seguras, denotando la preocupación permanente por un eventual ataque del narcotráfico: muy pocas tarjetas magnéticas permitían ingresar.
Ahí, junto a la oficina del jefe estaba solo Sylvia Delgado, directora ejecutiva regional de la Fiscalía, pareja del fiscal Héctor Barros y quien hoy se desempeña en la unidad de Orden Público del Ministerio del Interior junto a Alejandro Peña. También en el “sexto” estaba el Departamento de Comunicaciones, muy bien implementado con televisores, sillones y computadores donde trabajaban tres periodistas (alguna vez fueron cuatro), entre ellos Leandro Fontealba, jefe de Prensa y quien se transformó en dos años en jefe de Gabinete de Peña; un cargo que no existía en la Fiscalía Regional y fue creado especialmente para él. Fontealba es sindicado por muchos como el gestor de la imagen del “Fiscal Peña, el Zar Antidroga”, además de participante de muchas de las prácticas antisindicales que se producían en la Fiscalía.
La seguridad y los recursos de rastreo o vigilancia siempre fueron un tema en aquel recinto; tanto así, que se comenta que los teléfonos de quienes trabajan allí estuvieron pinchados por mucho tiempo. César Soto, funcionario técnico, grado 14, despedido en 2008, recuerda: “Una vez fui a la sala de computación, donde estaban los chicos de soporte, y se escuchaban las conversaciones en alto parlante de otros funcionarios. Pregunté qué era eso y ellos me dijeron ‘acá se escucha todo’”. Pero hubo otras conversaciones sobre espionaje a los funcionarios. En una ocasión, el fiscal Pedro Orthusteguy le contó a la Asociación de Funcionarios, acompañados esa vez por el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, que algunas oficinas tenían micrófonos y que él había adquirido “un aparato para bloquearlos”.
Verdad o no, el tema de las escuchas telefónicas era recurrente y vox populi. Había fiscales que se pasaban el dato y ponían un papelito doblado bajo la tecla phone del teléfono para “bloquear escuchas”. Otros se entregaban números telefónicos a los que, llamando, podían descubrir si los habían intervenido. Y siempre era recomendable hablar por los teléfonos fijos y no por los celulares otorgados por el Ministerio Público. Medidas que se acrecentaron a partir del 2010, cuando se asumió el Caso Bombas. Varios fiscales entrevistados recuerdan que los autos que ingresaban eran revisados con un espejo en su parte inferior por un guardia contratado para eso, y que la seguridad había alcanzado grados de paranoia en ciertas jefaturas involucradas en la investigación en curso.
Es que trabajar en la Fiscalía era un apostolado, también para el fiscal Alejandro Peña, que en la parte posterior de la oficina tenía una cama de una plaza y en el mismo baño una puerta que daba hacia una sala de reuniones. Haber sido elegido Fiscal Regional marcaba un gran salto en una carrera que cuidaba con recelo.
Peña es hijo del abogado Ramón Peña, juez de Policía Local de La Florida, y en su adolescencia estudió en el Instituto Alonso de Ercilla. Aun así, su desempeño en la Universidad Diego Portales no fue destacado, razón por la cual se tituló posteriormente de abogado en la desaparecida Universidad de Las Condes.
De esos años no solo se sabe que se acercaba ideológicamente al mundo de los derechos humanos, con morral y gorro de lana, asistiendo –según sus excompañeros– al concierto de Amnistía Internacional en Mendoza el año 88, sino que, tres años después, fue detenido por desórdenes en un metrotrén que venía desde Rancagua, tras un partido de Universidad de Chile. En la declaración Peña argumentó –a pesar de la versión de Carabineros– que no pertenecía a la barra y no conocía a los demás detenidos que destrozaron los vagones. En agosto del 91 el futuro fiscal pasó dos noches detenido con la barra de Los de Abajo.
Años después, cuando asumió la Regional, Peña reclutó a abogados con cierto renombre, pero también a gente sin experiencia. Antes había sido procurador de la Corporación de los Derechos del Pueblo (Codepu) y, por mucho tiempo, relator de la Corte de Apelaciones junto a su amigo Xavier Armendáriz. Pero quienes lo conocen comentan que siempre albergó sueños importantes, como el de ser director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Dicen que hizo lobby para ello, pero no el suficiente, ya que el elegido hace dos años fue Gonzalo Yuseff, militante de Renovación Nacional (RN).
En la Fiscalía Sur Peña construía una especie de cerco: los que estaban con él y los que no. Decía no creer en el funcionario público: los cargos debían ser de su confianza más acérrima y quienes no eran obedientes simplemente no eran considerados. Los favores se pagaban con favores y el concepto de la “deslealtad” era enarbolado cada vez que alguna crisis afectaba la imagen de la Fiscalía.
Ni su comportamiento ni su vocabulario eran “formales”, o lo que se esperaría de un alto funcionario del Ministerio Público. Cuando alguien emitía un concepto jurídico en alguna de las causas investigada, él decía: “Oye, pero háblenme en castellano”. Actuaba con relajo e ironía en situaciones serias, como cuando se burló, a vista y paciencia de la prensa, de uno de los travestis que declararon en el caso del incendio de la Cárcel de San Miguel.8
Tampoco era un buen litigante, por eso nunca alegó solo: así fue como participó en dos o tres juicios orales que estuvieron siempre a cargo de otros fiscales, como en el “Caso Rojo”, donde Jeanette Hernández fue inculpada por el ataque que quitó la vida a uno de sus hijos y dejó con graves daños al otro en enero de 2008 en Puente Alto. En ese momento, además de desestimar y criticar las diligencias llevadas a cabo por los fiscales a cargo de la investigación, Pablo Sabaj y Patricio Vergara, tratándolos a garabato limpio (“Estos hueones que no se apuran con la causa”), llegó a la parte final del Juicio Oral con antecedentes correspondientes a otras instancias del proceso; quiso alterar el orden de los testigos y mostró desconocimiento de los métodos investigativos, en un caso que era particularmente difícil y en donde era muy probable que por falta de antecedentes la inculpada saliera en libertad.
En esa jornada, defensores públicos y fiscales se miraban extrañados del proceder de Peña, lo que no impidió que celebrara su “triunfo” una vez que la Hernández fue declarada culpable. Lo hizo junto a sus amigos, luego de ser felicitado por el mismo intendente, Igor Garafulic, y sin la presencia de los fiscales que intervinieron desde el comienzo del juicio. El jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur no había aportado siquiera un antecedente relevante para esclarecer la causa, aunque, como en otras ocasiones, solía llegar momentos antes que se prendieran las cámaras. Un modus operandi común, según cuentan algunos de sus subalternos de la época.
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Peña hablaba con pasión en las cuentas anuales del Ministerio Público. Sus cercanos cuentan que sentía tener pasta de líder. Pero su talento fue rodearse de gente audaz, que lo ayudaba en su afán mediático de alcanzar gran notoriedad a partir de su accionar en el combate contra las bandas de narcotráfico. Emblemático fue su ingreso a La Legua en la comuna de San Joaquín, junto a un falso cortejo fúnebre, para capturar a la banda conocida como los “Cara de Pelota” sin haber encontrado “un solo gramo de droga”, como alardeaba, y apelando únicamente a la figura de Asociación Ilícita.
El fiscal jefe de la “Sur” solía aparecer en los noticiarios siempre rodeado de funcionarios de la PDI, lo que había elevado su fama como un fiscal eficiente en operativos parafernálicos. Tras cada detención aparecía ante la misma prensa que había registrado los allanamientos para hablar del éxito del operativo. Sin embargo, nunca daba entrevistas en directo: tener que discutir en público con los periodistas no le parecía conveniente.
A Peña le gustaban los diarios donde tenía periodistas de confianza, uno o dos en cada medio y con quienes pasó períodos de cercanía y enemistad (Patricio Carrera de La Tercera y Pedro Lezaeta de El Mercurio eran sus favoritos). Según Peña, ellos publicaban sus trascendidos y le hacían entrevistas cuando él o Fontealba las pedían, situación que no cambió con el Caso Bombas: La Tercera y El Mercurio fueron los mismos medios que entregaron los trascendidos, el material secreto de la investigación y los avances de la BIPE y la Dipolcar, con las líneas investigativas respectivas.
En esos mismos medios el Fiscal Regional puso de moda la suma de los años de presidio para los inculpados, que figuraban en recuadros o infografías especiales: 220 años, 300 años, 400 años sumaría ésta u otra banda. 200 y tantos años de prisión pedía la Fiscalía Sur, decían los artículos cuando, por ejemplo, los sospechosos eran más de veinte. Aunque si se separaban las penas, los años por cada inculpado no eran tantos, la suma global sonaba imponente.
En los primeros momentos como jefe de la Regional Sur su brazo derecho fue Pedro Orthusteguy, el primer fiscal jefe de Chile, quien fue traído desde Coquimbo en el 2003 a cargo de las coordinaciones con el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud y las policías. Sus otros cercanos fueron Héctor Barros, Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Juan Pablo Buono Core y el joven Francisco Rojas. Una especie de cofradía donde se protegían de los enemigos de otras fiscalías, de los funcionarios no tan amigos y de rumores de líos de faldas echados a correr con frecuencia en la Fiscalía y justificados por los “largos turnos” que pasaban a cargo de sus unidades.
Pero el domingo 19 de agosto del 2007, a eso de las seis de la tarde, un episodio ocurrido en el departamento del exitoso Fiscal Regional, en el edificio Santa María de Vitacura de la calle Santa María de Manquehue, comenzaría a cambiar el curso de la historia. Ese día, su pareja, la actuaria Katherine Bernales Concha, lo denunció por violencia intrafamiliar ante la 48ª Comisaría de Las Condes. Según relató la mujer, tuvieron una fuerte discusión y el fiscal Alejandro Peña la había afirmado con extrema fuerza de las muñecas, al punto de dejar hematomas en sus brazos.
En la denuncia quedó registrado textualmente que Bernales “fue víctima de insultos y lesiones en sus muñecas por parte de su cónyuge”. Como testigos la denunciante presentó su hermano Waldo Bernales y a su madre Margarita del Carmen Concha. La causa, que fue presentada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego fue derivada –por el Consejo General de Fiscales– a la Fiscalía Regional de Rancagua y quedó a cargo del fiscal José Luis Pérez Calaf, ya que por normativa del Ministerio Público solo otro Fiscal Regional puede estar al frente de una investigación sobre uno de sus pares.
Este suceso comenzó a tensionar la situación en la “Sur”. La denuncia en su contra perjudicaba directamente la candidatura a Fiscal Nacional, que Peña “lanzó” en un evento desarrollado en el mismísimo Hotel Sheraton luego de la entrega de papeles al final del plazo. Para él alcanzar el máximo cargo en el Ministerio Público era su otro gran sueño, sueño aniquilado posteriormente con el triunfo de Chahuán, que, con olfato político, trabajó con mucha anticipación su candidatura y contrató un apoyo de lobby varios meses antes de la elección.
Como correspondía, el día que se supo que Peña no quedaba en la quina para el cargo, se le realizó una comida de desagravio en el restaurante Lamu Lounge, de BordeRío. En la ocasión, Peña predijo: “Seguro ésta la gana ‘el Turco’ (Chahuán) con sus movidas”.
La cobertura de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su esposa no fue tan extensa en la prensa, pero Peña declaró a sus pares que esto podía echar por tierra sus sueños. En una reunión dijo que se iba a retirar porque era el fin de su carrera y el cuestionamiento de la opinión pública era lo que más le afectaba. Pero en este difícil escenario no estuvo solo. Antes, el jefe de Gabinete Leandro Fontealba no solo habría llamado a muchos de los funcionarios de la Regional contándoles los difíciles momentos que se venían para la Fiscalía, sino también a Katherine Bernales, pidiéndole que retirara su acusación. También se habría comunicado con ella el fiscal Héctor Barros, planteándole lo inconveniente que era seguir con la denuncia y los efectos que ésta podría tener para su carrera como actuaria.
Finalmente, el 5 de septiembre del 2007, la causa quedó archivada. La mujer se arrepintió y no perseveró en la acusación. La acción conjunta de los amigos de Peña había dado resultados. Pero ya había perdido la posibilidad de ascender, y de ahí en adelante, la Fiscalía regalona de los medios de prensa comenzaba a desmoronarse con sucesos que vendrían uno tras otro, culminando con el Caso Bombas.
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