Kitabı oku: «Proceso electoral 2016»
Proceso electoral 2016. Prensa peruana y redes sociales Primera edición impresa: octubre, 2019 Primera edción digital: abril, 2020
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Esta publicación es resultado de una investigación auspiciada por el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
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ISBN 978-9972-45-512-4
Índice
Introducción
Capítulo 1. Los medios y el espectro político
1.1Más que una carrera de caballos
1.1.1Las alianzas
1.1.2Agrupaciones que participaron individualmente
1.1.3Partidos renunciantes y tachados
1.2Partidos, afiliados y adherentes
1.2.1Los afiliados inscritos… y los renunciantes al 2016
1.2.2El adherente
1.3Una campaña inédita, atípica y controversial
1.3.1Legislación electoral e institucionalidad magulladas
1.3.2El “baile” de las resoluciones y el caso Guzmán
1.4Intención de voto
Capítulo 2. ¿De qué se habló en la campaña?
2.1Tematización predominante
2.1.1Campaña: desde los planes de gobierno hasta los observadores
2.1.2Promesas electorales
2.1.3Críticas o ataques: fuego cruzado
2.1.4Denuncias graves y rechazos multitudinarios
2.1.5Asuntos internos: deserciones y adhesiones
2.1.6El futuro Congreso y las estrategias de campaña
2.2Priorización de la información
Capítulo 3. Los actores
3.1Roles protagónicos
3.1.1Los candidatos
3.1.2Adláteres, contrincantes y expertos
3.2Columnistas: las opiniones de los medios
3.2.1Diciembre del 2015
3.2.2Enero del 2016
3.2.3Febrero del 2016
3.2.4Marzo del 2016
3.2.5Abril del 2016
3.2.6Mayo del 2016
3.2.7Junio del 2016
Capítulo 4. Formas de decir
4.1Una imagen negativa
4.1.1Las portadas
4.1.2Cuando las fuentes opinan sobre el político
4.1.3Repercusiones de las fuentes en el tono
4.2Diferentes formas de decir
4.2.1Los géneros periodísticos al servicio de…
4.2.2¿Apoyos totales?
Capítulo 5. Algunas historias importantes para la prensa
5.1Una alianza improbable: el APRA y el PPC
5.1.1Diagnóstico: un acuerdo de larga data
5.1.2Atribución de responsabilidad: dos actores
5.1.3Soluciones sugeridas: la refundación de los partidos
5.1.4Agenda pública y valores: medios, políticos y ciudadanos
5.2La exclusión de César Acuña. Un rosario de denuncias
5.2.1Diagnóstico: una muerte anunciada
5.2.2Atribución de responsabilidad: las debilidades de Acuña y del JNE
5.2.3Soluciones sugeridas: exclusión, ética partidaria y reforma electoral
5.2.4Agenda pública y valores: sanción ética
5.3Guzmán fuera de carrera
5.3.1Diagnóstico: despegue y caída
5.3.2Atribución de responsabilidad: TPP y el JNE
5.3.3Soluciones sugeridas: exclusión, transparencia y reforma electoral
5.3.4Agenda pública y valores: infracción versus injusticia
5.4Las crisis del Partido Nacionalista Peruano y Daniel Urresti
5.4.1Diagnóstico: el descalabro institucional del nacionalismo
5.4.2Atribución de responsabilidad: ¿la cúpula, Nadine o Urresti?
5.4.3Soluciones sugeridas: más institucionalidad
5.4.4Agenda pública y valores: institucionalidad partidaria
5.5La denuncia por lavado de activos en contra del secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez
5.5.1Diagnóstico: reseña de un encubrimiento
5.5.2Atribución de responsabilidad: muchas coincidencias
5.5.3Soluciones sugeridas: marca distancia o…
5.5.4Agenda pública y valores. Cuando los ciudadanos castigan la corrupción
Capítulo 6. Las redes sociales como espacios deliberativos
6.1Agenda digital mediática
6.1.1De quién y de qué hablaron
6.1.2Tratamiento de la información
6.2Agenda pública virtual
6.2.1Reacciones de los usuarios
6.2.2Narrativa de los comentarios
6.3Hacia un perfil del internauta
A manera de conclusiones
Referencias
Introducción
Las campañas electorales son periodos convulsos (Restrepo, 2004) no solo en las altas esferas políticas, sino también en los medios de comunicación, que deben cumplir una labor impecable, equitativa y equilibrada pese a las urgencias de tiempo, espacio, plataformas y redes sociales, cuando el tradicional ciclo informativo de producir noticias cada veinticuatro horas no va más y la información se tiene que entregar, difundir y actualizar varias veces en un solo día.
En estas coyunturas, la función de narrar la realidad que se atribuye al periodismo se ve sometida a una prueba de fuego. El valor en juego es la veracidad, pero también la independencia, sobre todo cuando el oficio de informar se pone bajo sospecha y muchos se preguntan si los periodistas servimos al ciudadano que busca información útil para tomar decisiones acertadas o a ciertas élites de poder (Rincón, 2006).
Las elecciones generales del 2016 se realizaron cuando los principales medios se hallaban inmersos en un proceso de fusión/concentración que, según observadores, podría significar la consumación de ciertas prácticas corporativistas en la entrega de la información. De otro lado, se esperaba que los grandes medios convencionales no fueran los únicos en establecer la agenda ni el ritmo del debate político, sino que compartieran esa función con el espacio virtual (mediático, partidario y ciudadano).
Por ello, fue un avance que seis medios (América Televisión y Canal N, El Comercio, La República, Latina y Panamericana Televisión) firmaran un pacto ético para proporcionar al ciudadano información suficiente para que tome sus propias decisiones políticas. Aunque la experiencia señala que en ocasiones los acuerdos se incumplen, habría sido ideal que, en esta iniciativa, impulsada por el Instituto de Prensa y Sociedad, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral en Perú (IDEA Internacional) y la Unión Europea, participasen todas las empresas de comunicación. Como anotan los académicos, los medios transfieren a sus destinatarios una lista de temas importantes y valoraciones que podrían contribuir a la creación de consensos (López-Escobar, McCombs y Rey, 1996) y también fijan la agenda en la opinión pública, lo cual podría implicar el desarrollo de una labor orientadora, sobre todo en sistemas políticos y noticiosos abiertos y libres (McCombs, 2006).
En este contexto, ¿cuáles serían las coincidencias y diferencias en los discursos de los medios más influyentes de Lima (convencionales y digitales) sobre las principales propuestas electorales? ¿Qué aportarían al debate, qué impacto tendrían en la formación de opiniones o corrientes de opinión y qué lecturas generarían entre sus eventuales destinatarios? Esta investigación trata de contestar estas interrogantes.
De las campañas electorales se ha dicho que son “la puesta en escena de la elección en la democracia”, pero también “el momento de la mentira” (Castells, 2010, pp. 299, 304). En un caso o en otro, como escribió Zygmunt Bauman (2001), en estas coyunturas se debe “elegir entre” las opciones disponibles (la agenda de opciones), con base en ciertas reglas “que le indican al individuo por qué debe preferir una opción por encima de otras” y cuándo “su elección ha sido acertada o desacertada” (p. 81) (código de elección). Tales limitaciones determinan la libertad de elección individual de cada persona.
En principio, se debe coincidir con Manuel Castells en que los electores toman como base, principalmente, la información que reciben procesada por los medios de comunicación (2010).
Más allá de la perspectiva discursiva, el papel de “representación” que ejercen los medios de comunicación en cada sociedad se ha comparado con el que cumplen los políticos, con la diferencia de que los periodistas no son electos por el voto popular. Sin embargo, las organizaciones de la comunicación pueden aportar a la democracia y a los consensos desde una perspectiva de largo plazo, mientras compiten con quienes se mueven en el “mundo del corto plazo y del conflicto subjetivo-partidario” (Annunziata, 2016, p. 81).
Conforme a esta visión, los medios pueden amplificar el quehacer de otras organizaciones de la sociedad civil respecto a la creación y la difusión de sus autoconvocatorias, hoy más que antes a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pueden “deslocalizar” los nuevos movimientos sociales y sobre todo cumplir tareas inherentes a los representantes: pueden ser autorizados y reconocidos por la sociedad, y contribuir a la accountability o rendición de cuentas (Annunziata, 2016).
En época electoral, la función mediadora es indiscutible —o debería serlo— si, como señala Pierre Rosanvallón, la vida en democracia es sinónimo de foro abierto en el que se discuten públicamente los grandes temas o las controversias cuando estas estallan, por lo general, de manera sorpresiva. En dichas circunstancias, el papel de la prensa se magnifica y revalora porque “existen múltiples arenas dispersas en las diferentes instituciones y en los diferentes lugares de la vida social, de las que los medios de comunicación se hacen eco; ellos mismos desempeñan así un papel específico de filtros o aceleradores” (Rosanvallón, 2009, p. 197).
En el proceso del 2016, la prensa local cumplió una activa labor que se tradujo en amplias coberturas desde diciembre del 2015 hasta junio del 2016, intensas sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, antes de la primera y la segunda vueltas electorales, del 10 de abril y del 5 de junio, respectivamente.
En esos seis meses, podría decirse que la presencia y la ausencia de los candidatos al sillón preferencial estuvieron asociadas a la exposición, positiva o negativa, que tuvieron en los medios de comunicación. Allí se puede identificar a los políticos que se mantuvieron constantes en las portadas y los titulares durante la campaña; a aquellos que cobraron notoriedad poco a poco, al ritmo que subían en las encuestas; a los que renunciaron antes de la primera vuelta y que reclamaron amargamente al retirarse no haber existido para la prensa. En este último caso, vale la pena reflexionar acerca de si todos fueron ignorados o escasamente consultados, si sus propuestas y su ubicación en las encuestas los hizo poco atractivos para los votantes y también para los medios.
Rosanvallón sostiene que, en épocas no electorales, los medios principalmente audiovisuales suman a la denominada política de la presencia del gobernante, a la visibilización de los políticos e incluso de los impopulares congresos. Ello tal vez explique la centralidad de la televisión, que sigue ostentando el primer lugar en las preferencias del público a la hora de informarse. Una explicación más profunda es que esta función de “mostrar” o “poder empático responde de esa manera a la crisis de la representación, al orientarse a devolverle legibilidad y visibilidad a una política moderna que se había escabullido a los sentidos” (Rosanvallón, 2009, p. 274).
En la campaña 2016 sucedió algo muy similar. Los medios dieron a conocer lo que dijeron o no dijeron, hicieron o no hicieron los candidatos, pero sobre todo buscaron “mostrarlos”, repitiéndose una práctica que, en realidad, se ha convertido en una norma en las elecciones peruanas.
Los políticos más mencionados no fueron los que llegaron a la recta final necesariamente. Pero junto a sus portavoces interiorizaron y sintonizaron con esta forma de mediación sin ruborizarse, como rindiendo culto a la ansiada “visibilización”. Parte de tener notoriedad implicó que las principales agrupaciones de la contienda —como el Partido Nacionalista Peruano; el Partido Aprista (APRA) y su socio en esta campaña, el Partido Popular Cristiano (PPC); Fuerza Popular (FP); Perú Posible y Acción Popular— no dudaran en ventilar públicamente todo, incluyendo las crisis internas que arrastran en la mayoría de los casos por décadas o que han surgido en el contexto de un país donde, según Julio Cotler, no ha existido históricamente un sistema de partidos. Lo que existe es una gran fragmentación de pequeños segmentos que se unen esporádicamente bajo determinados intereses. “Un sistema [de partidos] es cuando hay una colaboración de las diferentes partes, pero compiten”, es decir, fuerzas que dialogan sobre la base de una plataforma común, una articulación de intereses sociales, puntualiza Cotler (2016a).
Parafraseando a Bauman (2017), además de la exposición de las diferentes opciones políticas que acudieron a la contienda, los medios pusieron en evidencia otra crisis: la de las reglas y los códigos que deberían haber normado la elección. Los analistas y expertos coincidieron en que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), antes Ley de Partidos, no debió haberse aprobado en el Congreso de la República ni ser aplicada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo interpretaciones que, fuera del resultado de los comicios y de las infracciones que se perpetraron, implicaron la adopción de “decisiones injustas y desproporcionadas” (“Creo que los”, 2016, p. 8).
Un acuerdo tácito entre gobernantes y gobernados fue que una nueva LOP requería, una vez culminado el proceso electoral, entrar a una reforma que alcanzase a todo el sistema; una meta largamente postergada en el país, sobre todo por la desidia de quienes han tenido en sus manos la posibilidad de legislar. Hoy, el país aún no ha sido gratificado con la reforma electoral que merece.
El Congreso actuó como juez y parte en este terreno. Los líderes de los partidos de mayor trayectoria política representados en el Parlamento 2011-2016 se mostraron a favor de aplicar —a última hora— reformas a la LOP, incluso cuando el proceso electoral ya se había iniciado. Un parlamentario que cambió de tienda política, cuya candidata perdió las elecciones, dijo: “El Perú es un país con predictibilidad jurídica donde las reglas ya están establecidas” (“Polémica por”, 2016, p. 5). Craso error.
En el primer capítulo de este libro, se presenta ese contexto y se identifica a los actores del espectro político durante la consulta 2016. Con base en información documental proporcionada por la dirección del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), dependencia del JNE, se hace una aproximación a la situación de los partidos según sus afiliados y adherentes. Se explican los alcances de la legislación electoral vigente, que, a través de un “baile” de resoluciones del JNE, determinó la cancelación de inscripciones y la aplicación de sanciones por la entrega de dádivas a cambio de adherencias. Se pasa revista a las nuevas normas relacionadas con la valla que los organismos electorales decidieron no aplicar y que permitieron que un grupo de partidos no perdiera la inscripción.
Esta realidad problemática responde a varias causas: multiplicidad de partidos, aventurismo político, falta de cultura política de los peruanos en general, entre otros vacíos que esta investigación no pretende analizar, pero que se constituyeron en la base política y contextual sobre la cual se levantó la información periodística desde una perspectiva más noticiosa que interpretativa.
Como se explica en el segundo capítulo, la agenda mediática estuvo orientada a dar a conocer el día a día de la campaña y las promesas de los candidatos. No obstante, los resultados del análisis confirman que la cobertura se centró prioritariamente en los ataques, el conflicto y la confrontación entre los políticos.
El uso de las imágenes negativas más que las positivas ha contribuido a la percepción de que el periodismo solo busca las malas noticias, pero, como señala Omar Rincón, quedarnos en las críticas es “perder la utopía del periodismo” y no reconocer que nuestro reto es renovar el pacto de confianza con las audiencias y reinventar la credibilidad para que el ciudadano se sienta un ser humano mejor (Rincón, 2006, p. 118).
En época electoral, ese reto es mayor debido al impacto de la noticia en las votaciones, como destacó desde mediados del siglo pasado Walter Lippmann (McCombs, 1996), porque los medios no solo dicen sobre qué y cómo podemos pensar, sino incluso qué hacer, según concluye la teoría de la agenda-setting de Maxwell McCombs y Donald Shaw (López-Escobar, McCombs y Rey, 1996) de fines de la década de 1990.
En la campaña del 2016, una pregunta de fondo fue si los temas propuestos por la prensa eran los que todos querían conocer; en otras palabras, si hubo coincidencia entre la agenda de los medios y la agenda pública o de los ciudadanos; o si más bien prevaleció la agenda de los políticos, que suelen utilizar y alentar las imágenes negativas de sus contendores para atraer la atención de los votantes (Castells, 2010).
Acorde con los resultados, los impresos analizados abordaron todos los asuntos; incluso las cabeceras principales de los dos grupos mediáticos analizados —El Comercio y La República— coincidieron en muchos sentidos, sobre todo frente a las denuncias que cayeron sobre la candidata Fujimori, las que acumuló César Acuña, o aquella, probablemente menor, que ocasionó la expulsión de Julio Guzmán. Lo que varió fue la priorización que dieron a los acontecimientos, terreno en que se descubren las diferencias y las simpatías mediáticas hacia los políticos, la mayoría de los cuales hicieron méritos para ser desaprobados.
Los politólogos sostienen que la personalización o la imagen del político como estrategia electoral puede ser una fórmula exitosa para destacar los atributos personales del candidato y reforzar sus dotes de autoridad, liderazgo y actitud frente al poder. Los medios hacen eco de estas representaciones frecuentemente, aunque en ocasiones solo explotan el factor telegénico (Orejuela, 2009).
En el 2016, como se indica en el tercer capítulo, los medios debieron probar que los dichos y hechos de algunos candidatos no tuvieron correlato con la verdad, aunque parecieran verosímiles; las imágenes deterioradas de estos políticos se reflejaron también en los sondeos de intención de voto y en las redes sociales.
Más que una estrategia diseñada desde los partidos para centrar el mensaje en la imagen de sus candidatos, lo que vio el país fue su desmoronamiento, debido a la difusión de asuntos personales y políticos que solo aportaron datos negativos y que, al parecer, fueron minimizados por los equipos de campaña.
Sin duda, contribuyeron a estas imágenes las fuentes que los medios consultaron para construir las noticias sobre la campaña, entre las que se incluye a los protagonistas principales (los candidatos), pero también a sus adláteres y adversarios, así como a analistas, columnistas y políticos de sostenida exposición mediática.
Resulta claro que la agenda informativa y los enfoques periodísticos que ofrecieron los medios determinaron ciertos sesgos (Castells, 2010) o tonos en la descripción de los candidatos y de la coyuntura electoral (McCombs, 2006). Sin embargo, estos tonos no solo provinieron de la valoración positiva, negativa o neutra que hizo la prensa, sino del desempeño del candidato, su acción política, programas y calidad humana (Orejuela, 2009), e incluso sus formas de expresarse ante la prensa.
En el cuarto capítulo se explica cómo las portadas neutras fueron más que las favorables o desfavorables, lo cual indicaría que los medios se cuidaron, en esta campaña, de no mostrar un apoyo o rechazo abierto a los diferentes candidatos. El hecho de que las portadas negativas sean más que las positivas evidenciaría también que prevaleció una postura crítica hacia varios candidatos, lo cual no excluye la posibilidad de que ello haya beneficiado indirectamente a otros. En este aspecto, la investigación señala la importancia de la fuente y del tratamiento dado a la información mediante los géneros periodísticos, así como las limitaciones del llamado periodismo de declaraciones versus la interpretación y análisis de los hechos.
En el quinto capítulo, el libro analiza los enfoques periodísticos observados en la cobertura de cinco acontecimientos que marcaron esta agenda política, en medio de la vorágine que significó la campaña: la construcción de la Alianza Popular suscrita por el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, la exclusión de la candidatura de César Acuña y la impugnación de la inscripción de Julio Guzmán por decisión de los organismos electorales, la autoexclusión del Partido Nacionalista y la denuncia de lavado de activos en contra del secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, que coadyuvó al fracaso de la candidatura de Keiko Fujimori.
En cada caso, se reconocen el asunto o la situación problemática, se recoge el diagnóstico que hicieron los periódicos de los hechos, así como la responsabilidad que se atribuyó a los actores políticos, las soluciones que plantearon a las crisis descritas y los valores que, desde su perspectiva, estuvieron en juego. Como denominador común se halló un discurso que denunció el distanciamiento de la política respecto del ciudadano, la falta de credibilidad y de ética de algunos partidos, y los vacíos de nuestra institucionalidad.
¿Pero qué pensaba el ciudadano? Para saberlo, fue necesario un acercamiento a las redes sociales de los medios a fin de analizar qué noticias rebotaron en sus cuentas de Facebook y sobre todo recoger las reacciones de los seguidores. ¿Cuáles fueron los temas de debate que las informaciones difundidas en Facebook suscitaron en los cibernautas? ¿Qué motivaciones, juicios de valor y actitudes dejaron entrever los seguidores en sus narrativas sobre los comicios y los actores sociales? ¿Cuál fue el perfil del votante que concurrió al espacio virtual de noticias para aportar al debate público electoral?
Uno de los principales hallazgos del sexto capítulo, titulado “Las redes sociales como espacios deliberativos”, radica en la respuesta de los cibernautas. El análisis revela que los favoritos en las encuestas no lo fueron en Facebook y que muchos peruanos no votaron por PPK, sino contra Keiko Fujimori, lo que incidía en sus contradicciones.
Los consumidores de las redes no solo se distanciaron de las encuestas, sino que introdujeron temas diferentes a los levantados por los medios convencionales. Actuaron como individuos deliberativos, mayoritariamente críticos, y apoyaron al ganador. En perspectiva, llama la atención que los partidos no escucharan a estos conglomerados que algunos académicos reconocen como un contrapoder o coalición espontánea (Vergara, 2016). Otros se presentaron como públicos emotivos y reactivos (Tapia, 2014), que se apropiaron de y difundieron mensajes frente a los cuales reaccionaron, con los que concordaron o coincidieron, en ocasiones hasta la incondicionalidad y la obsecuencia (Castells, 2015). También los hubo poco interesados en el escándalo, la anécdota y la espectacularización.
Entre todas las valoraciones que un elector puede hacer de su candidato (biográficas, personales, profesionales, ideológicas y comunicativas), se podría decir que el público de las redes sociales se concentró en las dos principales: la competencia para llevar a cabo las promesas de campaña y la integridad o principios éticos esbozados para cumplir con responsabilidad el cargo al que postula (Orejuela, 2009). Tal vez allí esté una de las claves para explicar por qué ganó PPK y perdió Fujimori por algo más de 41 000 votos en una de las más ajustadas contiendas electorales realizadas en el país.
La investigación tiene un enfoque mixto en su propósito de observar la relación entre la cobertura informativa de un grupo de medios de comunicación limeños y los resultados de la campaña electoral. Se utilizó el análisis de contenido como técnica de recolección de datos, según una matriz de variables, categorías e indicadores.
Respecto a la muestra, se observaron medios convencionales y digitales que ostentaban en el momento del estudio la mayor audiencia de acuerdo con los índices de lectoría (prensa), rating (audiovisuales) y visitas (web) de Ipsos Apoyo, CPI, Concortv y Comscore. En prensa, se trabajó con El Comercio, La República, Correo y Perú 21, periódicos considerados influyentes y de alta lectoría dentro de la llamada prensa seria de Lima, y que pertenecen a dos grupos empresariales importantes en el diarismo local. Para la contextualización de los hechos, se trabajó con el semanario Hildebrandt en sus Trece. En televisión, con los magacines dominicales Cuarto poder, de América Noticias (canal 4), y Sin medias tintas, de Latina (canal 2). En radio, con los reportes noticiosos de Radioprogramas del Perú. En web, con las versiones digitales de los cuatro diarios mencionados (elcomercio.pe, larepublica.pe, diariocorreo.pe y peru21.pe), así como las de América TV (americatv.com.pe), Latina (latina.pe/noticias) y Radioprogramas del Perú (rpp.pe). El análisis incluyó las cuentas de Facebook de estos medios.
El primer análisis consistió en la evaluación de la tematización predominante, la presencia de actores sociales principales y las formas del decir, que incluye la identificación de los tonos (positivos, negativos o neutros), los géneros periodísticos empleados (noticias, editoriales, artículos de opinión, columnas y reportajes), las características de las portadas y los espacios de trascendidos en El Comercio, Correo, Perú 21 y La República.
Se trabajó con un censo de 11 926 unidades o piezas informativas publicadas durante siete meses de cobertura, entre diciembre del 2015 y junio del 2016. Luego del levantamiento de la información, se hizo un análisis cualitativo de las notas de los cuatro medios, en concordancia con las variables, las categorías y los indicadores mencionados. Luego, se introdujo esa data en la plataforma digital IP Noticias de la empresa DP Comunicaciones —abocada al monitoreo de información, análisis de métricas, organización de archivos digitales y de estrategias de comunicación—, cuyo software permitió efectuar una medición cuantitativa de la información.
Los resultados de ambos procesos, que aparecen en los capítulos dos, tres y cuatro, permitieron un doble acercamiento a las piezas seleccionadas.
En segundo lugar, se analizó de manera cualitativa los cinco acontecimientos de mayor repercusión en los cuatro periódicos, que se observaron desde la teoría comunicativa del framing. Para reconstruir dichas historias, como se aprecia en el capítulo quinto, se tomaron en consideración las noticias de los cuatro periódicos de la muestra, más las de Cuarto poder, de América Noticias; Sin medias tintas, de Latina, y Radioprogramas del Perú.
En tercer lugar, para el análisis de las redes, se seleccionaron 60 acontecimientos que se convirtieron en tendencia, generaron amplia interacción y fueron decisorios en la campaña. Con tal fin, se utilizó la plataforma Google Trends para determinar el nivel de consulta de las palabras clave —elecciones 2016 y elecciones 2016 Perú— en dos periodos: del 10 al 16 de abril y del 5 al 11 de junio. Se recogieron 194 entradas relacionadas con esos asuntos, difundidos en las cuentas de Facebook de El Comercio, Correo, Perú 21, La República, América TV, Latina y Radioprogramas del Perú; y se recolectaron 313 comentarios de los seguidores. La medición cuantitativa-cualitativa se hizo con base en la métrica de la red social y la plataforma NVivo.
Este acercamiento preliminar fue un gran hallazgo. Entre otras conclusiones, se encontró que los políticos deberían evitar embarcarse en campañas que den la espalda a los ciudadanos, quienes, a través de los medios sociales, gritan sus demandas. Si hubieran escuchado a las redes en el 2016, tal vez habrían intuido anticipadamente quién ganaría las elecciones antes de la segunda vuelta.
La investigación demandó una búsqueda documental de la información oficial difundida por los organismos electorales (sobre votantes, candidatos y partidos), así como la emitida por las agrupaciones sociales que participaron en la campaña. Adicionalmente, se hicieron entrevistas a dos expertos: Percy Medina, jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional, y Fernando Rodríguez, director del Registro de Organizaciones Políticas del JNE.
Con esta información, la presente investigación buscó reconstruir el proceso narrativo de los medios durante la campaña a partir de los mensajes que difundieron y los enfoques que enarbolaron; cómo contaron y comprendieron la vida nacional en el complejo proceso eleccionario que vivió el país en el 2016; cómo “inscribieron y escribieron” la realidad local. ¿Actuaron como meros “escribanos oficiales del poder” (Rincón, 2006) o lograron retratar las percepciones y las esperanzas de los imaginarios colectivos sobre el deber ser del quinto gobierno del siglo XXI? En las siguientes páginas damos un alcance sobre ello.
Podría decirse que, en estas elecciones en particular, los medios canalizaron muchas energías. Las noticias dejaron entrever no solo las diferentes aspiraciones de sus gestores mediáticos, sino las que anidaban en más de la mitad de los ciudadanos. Los comentarios recogidos en las redes sociales, como reacción a las informaciones difundidas en las cuentas de Facebook, señalan una coincidencia positiva entre la narrativa periodística y la narrativa del cibernauta.
Esto no debería pasar desapercibido para los periodistas, llamados a escuchar las voces anónimas de quienes siguen viéndolos como una ventana a través de la que pueden hacerse escuchar, y de aquellos que han encontrado en el ciberespacio el espacio que necesitaban para expresarse. En tiempos de convergencia de plataformas, ¿por qué no abandonar el periodismo para los consumidores y hacer periodismo con ellos?
Este libro pone un granito de arena en el reconocimiento de las formas del decir de la prensa política local en estas coyunturas, esfuerzo que contó con el valioso apoyo de muchas personas. Mi agradecimiento al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, que lidera la doctora María Teresa Quiroz, cuyo respaldo y confianza nos alentó a emprender este nuevo proyecto editorial. A las jóvenes comunicadoras Branca Viaña y Vanessa Ocampo, quienes colaboraron en la captura de la información periodística y en la inclusión de la data en la plataforma digital IP Noticias, tarea en la que también participaron Rubí Caballero e Ivette Ibáñez. Mi gratitud a la empresa DP Comunicaciones y a su director ejecutivo, Antonio Salerno, quien nos brindó acceso gratuito al software de análisis de contenido IP Noticias para hacer una doble lectura de la data recolectada; al comunicador y periodista José Duymovich, director de análisis de dicha empresa, quien nos acompañó en el proceso de la digitalización de la información y leyó la última versión de esta investigación, así como a los analistas Percy Medina y José Carlos Requena, quienes generosamente revisaron el análisis legal y político de las elecciones del 2016.
Capítulo 1
Los medios y el espectro político
Un partido supone cuando menos: (a) un colectivo amplio de ciudadanos, (b) con propuestas compartidas para llegar al poder y gobernar el país, (c) provistos de mecanismos democráticos para debatir y elegir a sus dirigentes y candidatos y (d) con un cierto grado de solidaridad y disciplina entre sus miembros. ¿Podemos afirmar que, en general, las organizaciones que hoy animan la política peruana poseen estas características, registradas en todos los manuales de ciencia política desde el clásico de Maurice Duverger, de 1951, hasta los más recientes de Giovanni Sartori o Norberto Bobbio (para no remontarnos al texto precursor de Edmund Burke ¡de 1770!)? Ciertamente que no. (Roncagliolo, 2017, p. 5)
Más de un analista puso en debate, en la coyuntura de la campaña, la existencia e idoneidad de los partidos políticos en el Perú, debido a que varios de los existentes —algunos dirían que la mayoría— no reunían requisitos básicos y fundamentales.
El nacimiento de los partidos, anota Norberto Bobbio (1982), está vinculado con una mayor demanda de clases y estratos diversos de la sociedad por participar en el proceso de formación de las decisiones políticas. Sobre todo en épocas de transformaciones, surgen grupos más o menos organizados que, básicamente, proponen actuar para que el poder político llegue a sectores de la sociedad excluidos o proponen un cambio estructural de orden político y social.
En el Perú, la crisis de partidos se revela no solo en la disminución del número de afiliados y la reducción de actividades de los cuadros jóvenes dentro de las agrupaciones, sino también, como afirma Percy Medina (comunicación personal, 19 de diciembre del 2016), jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional, “en la poca centralidad que tienen en momentos críticos y su poco poder de movilización social. Las principales movilizaciones sociales que se han producido en el país en los últimos años no han sido convocadas por partidos”.
Al inicio de la campaña, un sondeo nacional realizado por la empresa Datum dio cuenta del aumento del descrédito de los partidos: apenas el 9 % de los encuestados los consideraba como “instituciones necesarias para el funcionamiento del país”, 1 % creía que representaban los intereses de la población (el Parlamento y el Poder Judicial alcanzaron un 2 % de credibilidad), 10 % pensaba que cumplían sus funciones adecuadamente, y 83 % que no (“Crece descrédito”, 2015, p. 8). El factor decisivo en la campaña era generar confianza, “quien lo logre, ganará esta contienda”, aseguró Urpi Torrado (“Cómo viene”, 2016). El aumento del nivel de desconfianza en los candidatos que perdieron señala que no se equivocó (“Máquina de lodo”, 2016, p. 2).
Giovanni Sartori (1987), en su reflexión sobre los partidos y los sistemas de partidos, dice que estos nacieron porque eran necesarios, porque servían para unos fines. Y entonces formula una pregunta que podría trasladarse al Perú: ¿siguen sirviendo para los mismos fines?
El Perú es uno de los países en América Latina con más agrupaciones políticas inscritas. Según el JNE, con datos del 2016, 26 instituciones estuvieron hábiles para participar en los comicios de ese año, pero si agregamos 3 que estaban en proceso de inscripción1 y 31 más que iniciaron sus trámites —aunque no culminaron el proceso2—, suman un total de 60 agrupaciones interesadas en participar activamente en política. Debe considerarse que en el 2016, según la Dirección Nacional del ROP, se había cancelado la inscripción a otras 30 agrupaciones3 por consideraciones diversas.
No es un objetivo de este trabajo desenmarañar las razones de esta explosión político-partidaria, pero no deja de llamar la atención ante la precariedad de la institucionalidad en el país y sus efectos en la democracia representativa. Países vecinos, exceptuando a Colombia y a Chile, afrontan la misma situación: no tienen democracias consolidadas, y el exceso de partidos que pugnan por la Presidencia de la República cada cuatro o cinco años refuerza la hipótesis de que subsisten por una desmedida ambición de detentar el poder político.
Francisco Miró Quesada Rada, al término de la campaña en El Comercio, propuso una nueva caracterización de los partidos que va más allá de la tipología clásica que reconoce sistemas políticos bipartidistas y multipartidistas. En su opinión, además de los ideológicos, doctrinarios, de alcance nacional y que están en crisis, en el país hay agrupaciones pragmáticas, que surgieron en la década de 1980 y que restan importancia a lo ideológico. Al amparo de ese pragmatismo, han surgido los llamados partidos empresa, organizaciones conducidas por empresarios emergentes que deciden participar en política y cuyo liderazgo político depende de los recursos económicos que controlan:
O sea que, si deja de financiar al partido, desaparece inexorablemente. Este tipo de partido es pragmático como los que le anteceden, pero además plutocrático. Su fundamento, estabilidad y soporte se justifican por el dinero. Este es su principal valor. (Miró Quesada, 2016b, p. 30)
La mayoría de instituciones partidarias con inscripciones vigentes se han ubicado, desde su surgimiento, entre la derecha conservadora —pasando por el centro derecha, el centro, el centro izquierda— y la izquierda radical del espectro político. En las últimas décadas, muchas no han definido una forma de pensamiento, de manera que sus idearios y planes de gobierno aparecen como meros listados de temas arropados en buenas intenciones, que transmiten a los ciudadanos en busca de adhesión.
Los partidos plurocráticos, por ejemplo, son exponentes de lo que se ha denominado mercantilización de la política. Sus líderes son caudillos y clientelistas que fundan o controlan un partido, pues pretenden instalarse en las instancias de poder basándose en el dinero que poseen, e influenciar en un electorado que se identifica con el éxito emergente que ellos representan (Miró Quesada, 2016b).
De la lista de partidos políticos existentes en los últimos ochenta años, sobreviven tres: el Partido Aprista Peruano, de orientación social-demócrata, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1930; Acción Popular, impulsado por Fernando Belaunde Terry en 1956, ubicado en el centro y caracterizado por una ideología que sintetiza en la frase “El Perú como doctrina”; y el socialcristiano Partido Popular Cristiano, fundado en 1966 por Luis Bedoya Reyes y un grupo de disidentes del Partido Demócrata Cristiano. De ellos, dos participaron en alianzas y uno individualmente en el 2016. Miró Quesada (2016b) sostiene que los partidos ideológicos están en crisis porque no supieron adecuarse a los cambios sociales ni entender fenómenos como el surgimiento de sectores emergentes, producto de la informalidad, que no se sienten representados por ellos.
Una aproximación a la trayectoria irregular de las agrupaciones conduce a un mapa político signado por la “no existencia” de partidos. Lo que abundan son grupos con personería jurídica que, tras las elecciones, entran en un estado de hibernación del que despiertan en vísperas de las justas municipales o regionales, que se realizan cada cuatro años, o de las generales, cada cinco, según la Constitución Política.
Su poca incidencia en la vida política revela que muchos han sido formados como instrumentos para acceder al poder y pocos suman a la construcción de una sólida cultura política. Por eso, su vigencia está ligada al destino de un líder carismático, generalmente el fundador. Cuando este se retira por alguna razón o fallece, el partido ingresa a una etapa de extinción, por lo general sin trascendencia.
Tabla 1
Partidos inscritos al 2016
| Partidos inscritos en el ROP | Fecha de inscripción | Registro ROP |
| Acción Popular | 4/8/2004 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 001 |
| Partido Democrático Somos Perú | 22/11/2004 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 005 |
| Partido Popular Cristiano | 29/11/2004 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 007 |
| Solidaridad Nacional | 7/12/2004 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 008 |
| Todos por el Perú | 4/1/2005 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 011 |
| Partido Aprista Peruano | 31/1/2005 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 015 |
| Unión por el Perú | 7/3/2005 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 019 |
| Partido Perú Posible | 14/3/2005 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 021 |
| Perú Patria Segura | 18/3/2005 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 025 |
| Movimiento Regional Fuerza Loretana | 21/3/2005 | Libro: Regional, tomo: 1, partida: 010 |
| Siempre Unidos | 30/3/2005 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 027 |
| Restauración Nacional | 22/11/ 2005 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 030 |
| Partido Nacionalista Peruano | 4/1/2006 | Libro: Partido Político, tomo: 1, partida: 036 |
| Alianza para el Progreso | 12/2/2008 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 002 |
| Partido Humanista del Perú | 23/11/2009 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 005 |
| Fuerza Popular | 9/3/2010 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 006 |
| El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad | 16/3/2012 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 015 |
| Partido Vamos Perú | 27/9/2013 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 016 |
| Democracia Directa | 11/12/2013 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 017 |
| Partido Orden | 18/7/2014 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 018 |
| Peruanos por el Kambio | 15/10/2014 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 019 |
| Frente Popular Agrícola FIA del Perú - Frepap | 29/4/2015 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 020 |
| Progresando Perú | 14/12/2015 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 021 |
| Frente Esperanza | 24/12/2015 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 022 |
| Perú Nación | 8/1/2016 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 023 |
| Perú Libertario | 15//1/2016 | Libro: Partido Político, tomo: 2, partida: 024 |
Fuente: Registro de Organizaciones Políticas (http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica)
Elaboración propia
1.1 Más que una carrera de caballos
Estudiosos de la opinión pública consideran que tanto los sondeos como los medios de comunicación se equivocan cuando convierten las elecciones en una simple carrera de caballos. Reducir el proceso electoral a la propalación de porcentajes sobre el avance de los candidatos en las preferencias de voto, en desmedro del estudio de los problemas sociopolíticos pendientes o de la agenda pública constituida por las preocupaciones de las personas, no contribuye a reforzar la cultura política de una sociedad (Donsbach, 1989).
En las elecciones generales del 10 de abril del 2016, subsistió la percepción de una carrera a la cual acudieron veinticinco agrupaciones políticas declaradas hábiles. De ellas, salieron diecinueve planchas constituidas por partidos que se presentaron individualmente o en alianza con otras organizaciones; un número elevado si se revisa la tendencia reciente. En el 2006 hubo veinticuatro inscritos, de los cuales veinte compitieron finalmente; en el 2011, la cifra bajó a trece inscritos, que se redujo a diez participantes.
Entre el 10 de enero del 2016, fecha en que se inscribieron en el JNE, y la víspera de la primera vuelta, siete renunciaron por su baja aceptación. Luego, Alianza para el Progreso fue excluida por los organismos electorales que también declararon improcedente la inscripción de Todos por el Perú por haber incurrido en violaciones a la legislación vigente. También quedó fuera el candidato a la primera vicepresidencia de la República por Fuerza Popular.
Del total de partidos hábiles, nueve postularon formando tres alianzas: Alianza Popular (Partido Aprista, Partido Popular Cristiano, Vamos Perú y Fuerza Loretana), Alianza para el Progreso (Alianza para el Progreso, Somos Perú y Restauración Nacional) y Alianza Electoral Solidaridad Nacional - Unión por el Perú (Solidaridad Nacional y Unión por el Perú). Otras dieciséis agrupaciones inscritas intervinieron individualmente.
Varias listas colocaron como cabeza de sus planchas presidenciales a invitados. En Alianza Solidaridad Nacional - Unión por el Perú, fue candidato el empresario Hernando Guerra García; en Todos por el Perú, el economista Julio Guzmán, y en el Partido Democracia Directa, Gregorio Santos, quien purgaba prisión preventiva en el Centro Penal de Ancón por una denuncia de corrupción cuando ejerció el cargo de gobernador de Cajamarca.
En un balance presentado antes de la segunda vuelta, el periodista Juan de la Puente reconoció estas tendencias en el espectro político: 1) giro del país a la derecha, respecto de la primera vuelta, con lo que se instauró una nueva mayoría política (Fuerza Popular obtuvo el 36 % de los votos válidos, pero aplicando la cifra repartidora consiguió 73 curules de 130, es decir, mayoría absoluta); 2) dos tercios del Perú eran “naranjas” (votaron por FP) y su lideresa aparecía, antes de la segunda vuelta, como la gran decisora, gracias a su alta votación (de 3 450 000 votos en el 2011 pasó a 6 000 000 en la primera vuelta del 2016); 3) Peruanos por el Kambio ingresó al balotaje como un proyecto partidario del liberalismo económico, con presencia en Lima (31 %) más que en las regiones (21 %), y una votación superior a la del 2011 (de 2 700 000 a 3 160 000 en la primera vuelta), y 4) la izquierda representada por Verónika Mendoza y el Frente Amplio aparecían como un nuevo proyecto que aspiraba a constituirse en la segunda fuerza política nacional (según opinión de De la Puente en el Primer Foro Iberoamericano de Cátedras Unesco, el 10 de mayo del 2016).
1.1.1 Las alianzas
La constitución de alianzas tiene respaldo legal en el Perú: en el pasado, algunas permitieron la consolidación de proyectos políticos programáticos importantes para el país; otras fueron más bien indicio de improvisación y, al mismo tiempo, de una clamorosa debilidad institucional partidaria incapaz de construir liderazgos y de formar cuadros propios que aseguren su vigencia. Desde esta perspectiva, queda en entredicho si estas “fuerzas políticas” cumplen el inciso e del artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas (antes Ley de Partidos), que subraya lo siguiente sobre los fines y objetivos de los partidos políticos: “realizar actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas” (Ley 30414, Ley que modifica la Ley 28094, 2016).
Para el analista Fernando Tuesta, más que coincidencias programáticas, las alianzas del 2016 fueron pragmáticas (“Preocupación por”, 2015). Los partidos se negaban a desaparecer, temor que no solo anidó en las agrupaciones pequeñas empeñadas en asociarse con las fuertes, sino también en las antiguas que se unieron a otras —sin contemplar su potencial, caudal o imagen pública—, como lo demostró el matrimonio APRA-PPC. Según el aprista Mauricio Mulder, la campaña 2016 fue “menos ideológica” (“Mulder espera”, 2015, p. 8); otros la calificaron como una suma de “improvisación y conveniencia” (“Improvisación y conveniencia”, 2015, p. 2).
Alianza Popular
La alianza que suscribieron el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano, dos agrupaciones históricas, a la que se sumaron los movimientos Vamos Perú y Fuerza Loretana, causó sorpresa y polémica. Los integrantes de la plancha —Alan García Pérez, Lourdes Flores Nano y David Salazar Morote— se repartieron el protagonismo de la alianza, aunque la mayor exposición recayó en el candidato presidencial, con esporádicas presentaciones de la lideresa del PPC. En su plan de gobierno, la alianza destacó la experiencia política y el aporte de sus cuadros técnicos al conjugar esfuerzos, que fueron las ideas fuerza de la fórmula presidencial (Alianza Popular, 2016). El partido más longevo del Perú, el primer partido de masas y uno de los dos que inauguraron la modernidad partidaria (el otro fue el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui) acudieron a las elecciones portando su bagaje en acuerdos estratégicos.
Si el cargo más alto que ejerció el líder histórico del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, fue el de presidente de la Asamblea Constituyente de 1979, Alan García Pérez llegó a la Presidencia de la República dos veces (1985-1990 y 2006-2011) y fracasó al postular en otros dos procesos electorales (2001 y 2016). Desde su fundación el 21 de septiembre de 1930, el APRA ha participado en siete elecciones generales con candidato propio —a partir de 1931 (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. e)—. También ha formado alianzas durante su larga historia, colmada de episodios de heroicidad o violencia, cuestionadas coaliciones y ensombrecidas administraciones gubernamentales.
En cuanto al Partido Popular Cristiano, la alianza con el APRA fue inesperada. Más de un correligionario pepecista denunció una negociación a espaldas no solo de las bases partidarias, sino de los nuevos cuadros que, según declararon, habrían preferido ir solos o perder la inscripción. Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello respetaron la decisión institucional, pero declinaron postular al Congreso (“Ayer adversarios”, 2016).
El PPC tampoco es un amateur en la consolidación de acuerdos extra-partidarios. Desde su fundación el 19 de diciembre de 1966, solo participó individualmente en los comicios de 1980 —aunque colaboró con Acción Popular en el restablecimiento de la democracia— y en las de 1995. Pero las aspiraciones presidenciales de sus dirigentes se canalizaron vía alianzas: en 1985 integró la Alianza Electoral Convergencia Democrática para las elecciones generales de ese año y en 1990 apoyó la candidatura de Mario Vargas Llosa integrando el Frente Democrático (Fredemo) con Acción Popular y el Movimiento Libertad. Lourdes Flores Nano fue candidata a la presidencia en dos oportunidades (2001 y 2006) con la coalición Unidad Nacional, integrada por el PPC, el Partido Renovación Nacional, el Partido Solidaridad Nacional y Cambio Radical, y en las elecciones generales del 2011, como parte de la Alianza por el Gran Cambio. En esas alianzas, el PPC enarboló la bandera del socialcristianismo y una visión del Perú que puede resumirse en libertad, economía social de mercado y democracia representativa (Partido Popular Cristiano, 2013).
El apoyo que recibió la Alianza Popular de Vamos Perú y Fuerza Loretana fue casi nulo. El de Vamos Perú —partido liderado por Juan Sotomayor, alcalde de la Provincia Constitucional del Callao, y fundado el 27 de septiembre del 2013— se interpretó como el respaldo tácito de un movimiento afín al cuestionado Alex Kouri, expepecista y otrora contrincante de Flores Nano en las elecciones municipales del 2010. Vamos Perú, que se definió como un partido de centro que proponía “políticas de economía mixta y de profundización de la democracia con la convicción de que desde el más pequeño hasta el más grande deben tener los mismos derechos” (Caminando Juntos por Una Victoria Segura, s. f.), no había participado antes del 2016 en elecciones generales, aunque sí inter-vino en las regionales y municipales del 2014 en alianza con la agrupación Chim Pum Callao (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. k) de Kouri.
La participación de Fuerza Loretana causó mayor revuelo. Su líder, el exgobernador regional de Loreto, Yván Vásquez, justificó su presencia en la Alianza Popular para impulsar el desarrollo de la Amazonía y de proyectos como el tren Iquitos-Yurimaguas, valorizado en 3700 millones de dólares (Fuerza Loretana, 2015). No obstante, Vásquez afrontaba un proceso judicial. En el 2006 participó en alianza con el Partido Fuerza Democrática (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. c).
La derrota del APRA y sus socios fue calificada de “dramática” especial-mente por ser dos organizaciones políticas tradicionales, con larga experiencia en la vida política y en las elecciones de las últimas décadas. García empezó la campaña con 12 % de intención de voto y terminó con “5,8 % de votos por debajo del porcentaje alcanzado por su partido en la votación congresal. García, quien fue desde 1985 la locomotora del APRA, ha sido en esta elección el vagón jalado por su partido” (“Los partidos”, 2016, p. 4).
En cuanto al PPC, después de cuarenta años en el Congreso y cuatro disputas por alcanzar la Presidencia de la República, llegó a abril del 2016 “paralizado por una larga lucha intestina y por una resistencia a modernizar su discurso y programa”, por lo cual “asió como última rama de salvación la alianza con el APRA con los resultados conocidos” (“Los partidos”, 2016, p. 4).
Alianza para el Progreso
Proponía construir “gobernabilidad y gobernanza sostenibles” en un país descentralizado, para que la democracia “sea un valor y una aspiración compartida por toda la población” (Alianza para el Progreso del Perú, 2016b, p. 7). Su coalición con el Partido Somos Perú y Restauración Nacional no solo sorprendió, sino que tuvo un resultado accidentado porque su líder y cabeza de lista, el excongresista y exgobernador de La Libertad, César Acuña, fue excluido del proceso electoral en medio de escándalos.
La alianza, producto de la unión de un partido de raíz regional y dos agrupaciones limeñas, una de ellas integrada por evangélicos, se consolidó entre enero y marzo como una de las favoritas para la segunda vuelta, hasta su exclusión definitiva.
La plancha presidencial integrada por César Acuña, Anel Townsend y Humberto Lay Sun participó activamente en los actos de la campaña bajo el liderazgo del candidato. Pero siempre se resaltará la dramática presencia de los vicepresidentes Lay y, sobre todo, Townsend —vocera política del APP en Lima— frente a las graves denuncias que terminaron con la defenestración de Acuña, provocaron su renuncia y, finalmente, la desarticulación de la fórmula presidencial.
APP mantuvo su lista para el Congreso y consiguió nueve escaños, que la ubicaron como la cuarta bancada parlamentaria, después de Fuerza Popular y el Frente Amplio.
Desde su fundación el 8 de diciembre del 2001, el partido Alianza para el Progreso —que se define como una agrupación de “inspiración social, democrática y de naturaleza humanista y descentralista, que busca el desarrollo sostenible y sustentado en la sociedad del conocimiento”, según su ideario original (Alianza para el Progreso del Perú, 2016a)— participó en varios procesos electorales: las elecciones regionales y municipales del 2002, en las generales del 2006 (con la candidatura a la presidencia de Natale Amprimo) y en las municipales del mismo año, en las que Acuña ganó la alcaldía de Trujillo —históricamente había estado en manos del APRA— para la que sería reelegido cuatro años después (Barrenechea, 2015). En las elecciones generales del 2011, en coalición con el Partido Popular Cristiano, el Partido Humanista y Restauración Nacional, APP apoyó la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski.
Esta alianza brindó la oportunidad a algunos políticos de repetir el plato. Fue el caso del Partido Restauración Nacional, del pastor evangélico Humberto Lay Sun, exmiembro de la Iniciativa Nacional Anticorrupción, durante el gobierno de Valentín Paniagua (Iniciativa Nacional Anticorrupción, 2001), y después la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional durante el mandato de Alejandro Toledo. Lay candidateó a la Presidencia de la República en el 2006 y a la Municipalidad de Lima, en la que obtuvo varias concejalías. También consiguió alcaldías distritales y municipales en el resto del país, haciendo suya la lucha contra la corrupción (Restauración Nacional, 2016).
Igual motivación tuvo el Partido Democrático Somos Perú, que desde su fundación —por Alberto Andrade Carmona, como movimiento político Somos Lima, el 5 de mayo de 1995— marchó como independiente hasta el 2000, año en que su líder postuló a la Presidencia de la República. En el nuevo siglo, hizo alianzas diversas: en las elecciones del 2001, con la coalición Movimiento Independiente Somos Perú - Causa Democrática; en el 2006, con el Frente de Centro, y en el 2011, con el Partido Perú Posible (Partido Democrático Somos Perú, 2016).
Alianza Electoral Solidaridad Nacional - Unión por el Perú
Esta alianza, constituida por Solidaridad Nacional (PSN) y Unión por el Perú (UPP), no sobrevivió a la campaña. Hernando “Nano” Guerra García, cabeza de la plancha formada por los excongresistas José Luna Gálvez y Gustavo Rondón, abandonó la contienda a menos de dos semanas de la primera vuelta, así como su lista congresal. Según Guerra García, habría querido luchar hasta el final, pero acató la decisión de las dos organizaciones que lo invitaron y que prefirieron retirar la candidatura para preservar sus inscripciones (“Retiran candidatura”, 2016).
Fundado el 5 de mayo de 1998 por Luis Castañeda Lossio, Solidaridad Nacional cultiva las coaliciones. Se define como un partido de centro derecha y tal vez ello contribuyó a que participara en las elecciones generales del 2000 y del 2001 con Unidad Nacional, alianza integrada por el PPC y con la cual Castañeda ganó la alcaldía de Lima en el 2002, cargo en el que fue reelecto. En el 2011, postuló por Solidaridad Nacional, en alianza con Unión por el Perú, a la Presidencia de la República, aunque sin éxito. En el 2014, ganó los comicios municipales.
Unión por el Perú (UPP), su socio del 2016, es una agrupación lejana de aquella formada el 21 de septiembre de 1994 bajo la inspiración de Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y ex secretario general de las Naciones Unidas, para hacer frente a la primera reelección de Alberto Fujimori, y que estuvo integrada por personalidades políticas, de la academia y representantes de organizaciones sociales, gremiales y profesionales. Fruto de esa conjugación de esfuerzos, se convirtió en la segunda fuerza política en 1995, con diecisiete representantes en el Congreso de la República de mayoría fujimorista.
En el nuevo siglo, UPP siguió apostando por las alianzas. Estuvo presente en los procesos electorales del 2000 y del 2001; en este último como Agrupación Independiente Unión por el Perú - Social Democracia. En el 2005, con José Vega Antonio como secretario general, se alió con el Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala, que no tenía inscripción en el JNE. Humala candidateó a la Presidencia de la República por UPP, como invitado, el 2006. Aunque perdió en la segunda vuelta frente a Alan García, obtuvo 45 escaños, veinte de los cuales fueron ocupados por congresistas de UPP. Después, la bancada se dividió hasta quedarse con ocho parlamentarios.
Frente Amplio
El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad apareció en junio del 2013 como la conjunción de varias vertientes de la izquierda peruana y movimientos ecologistas. Nació a iniciativa de Verónika Mendoza, congresista que llegó al Parlamento en el 2011 integrando la lista del Cusco del Partido Nacionalista Peruano, del cual se apartó un año después tras el conflicto minero en Espinar, Cusco (que dejó varios campesinos muertos, pérdidas y daños a la propiedad pública y privada). Algunos la responsabilizaron por estos hechos (“Perfiles de poder. Verónika”, 2016), que se resolvieron entre el 2012 y 2013 a través de una mesa de diálogo (Zeisser, 2015). El Frente Amplio estuvo presente en las elecciones municipales y regionales del 2014; asimismo, miembros del partido Tierra y Libertad (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. a), uno de los integrantes del frente, participaron en las elecciones municipales complementarias del 2013.
Para las elecciones del 2016, como explicó Verónika Mendoza después de la contienda, Tierra y Libertad puso su inscripción a disposición de Frente Amplio para que pudiera participar en el proceso. El acuerdo, sin embargo, fue accidentado, según relata Nelson Manrique:
Verónika Mendoza fue elegida como candidata presidencial de Frente Amplio en una elección ciudadana abierta y Marco Arana decidió acatar ese resultado, enfrentándose a un sector de su propio partido, Tierra y Libertad, que quería patear el tablero e imponer su candidatura a la mala. […] Pongamos los pies en tierra: Vero Mendoza obtuvo 2 800 000 votos: la tercera candidatura nacional más votada. Marco Arana postuló a parlamentario por Cajamarca y allí el Frente Amplio obtuvo 43 000 votos, siendo superado en cinco veces por la otra lista de izquierda, Democracia Directa, de Gregorio Santos, que obtuvo 209 000. Arana obtuvo 8500 votos, quedando muy por detrás de 5 de los 6 candidatos de Democracia Directa, que obtuvieron entre 12 000 y 23 000 votos cada uno. Si T y L no puede construir un liderazgo con el carisma suficiente para impulsar un proyecto partidario singular con perspectiva de poder, tendrá que ir necesariamente en un frente. (Manrique, 2016b, p. 5)
Partido Democracia Directa
Fue el resultado de la confluencia del Movimiento de Afirmación Social (MAS) de Cajamarca y Democracia Directa (exfonavistas). En el 2016, encabezó la fórmula presidencial el exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, pese a purgar prisión preventiva en el Centro Penal de Piedras Gordas, en el distrito de Ancón, Lima. Lo acompañaron Andrés Alcántara y Simón Chipana. La fiscalía sindicó a Santos como cabeza de una “organización criminal” con presuntos delitos de colusión en sus modalidades agravada y simple, y asociación ilícita para delinquir.
La historia política electoral no registra otro caso como el de Santos, elegido candidato presidencial en circunstancias similares: dejó su celda para participar en un debate con otros aspirantes al sillón presidencial y consiguió la votación más alta en su natal Cajamarca, el único triunfo de la agrupación Democracia Directa en el país. La candidatura de Santos fue atípica: tuvo bastiones electorales muy fuertes en Cajamarca (donde obtuvo la primera votación en varias provincias) y en Puno (donde quedó en segundo lugar luego de Frente Amplio). Democracia Directa no alcanzó la barrera electoral en la votación presidencial, pero si pasó la valla en la elección del Parlamento Andino (5,01 % de los votos válidos), por lo que mantuvo su inscripción en el ROP.
1.1.2 Agrupaciones que participaron individualmente
Acción Popular
El partido fundado por Fernando Belaunde Terry ha participado en diez elecciones generales desde su creación en 1956: siete de manera individual (1962, 1963, 1980, 1985, 1995, 2000 y 2016) y tres en alianza (1990, 2006, 2011). El 2016, su fórmula presidencial Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaunde y Edmundo del Águila no satisfizo a todos los acciopopulistas. Antes del inicio de la campaña, Mesías Guevara, presidente del partido y cuya lista fue derrotada en las elecciones internas del 21 de diciembre del 2015, denunció en las redes sociales irregularidades en la elección de los postulantes al Congreso y al Parlamento Andino (“Las ideas”, 2016); esto no melló el proceso, pero lo retrasó. Elegido por voto universal y directo, Barnechea expresó su deseo “de ser un nuevo Belaunde” y convertirse en el tercer presidente en la historia del partido (“Perfiles de poder. Alfredo”, 2016, p. 2). “Yo creo en los partidos y en las instituciones. Es una de las razones por las que entré a Acción Popular” (“Las ideas”, 2016, p. 39).
Frente Esperanza
Liderado por el excongresista Fernando Olivera Vega, fue originalmente el Partido Progreso y Obras. El 2016, la plancha presidencial contó con un representante de las regiones, Carlos Cuaresma (excongresista y expresidente regional del Cusco), y otra de la comunidad evangélica, Juana Avellaneda Soto (exdiputada y educadora evangélica). Olivera fundamentó su presencia como necesaria para luchar contra los corruptos, algunos de los cuales podían salir elegidos por no ser conocidos entre las generaciones jóvenes, que podían ser sorprendidas y debían ser informadas: “Gente que no sabe quién fue Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos, Alan García, Alberto Fujimori. Esas fueron las grandes motivaciones para retornar al Perú, porque nuevamente se iba a elegir entre los candidatos de la corrupción que están gastando millones” (“Perfiles de poder. Fernando”, 2016, p. 2).
Fuerza Popular
En las elecciones del 2016, su plancha presidencial, formada por Keiko Fujimori, José Chlimper y Vladimiro Huaroc, se vio debilitada cuando el JNE excluyó a este último por haber infringido normas electorales. Su plan de gobierno 2016-2021 expresa su compromiso de trabajar en seis pilares: derechos fundamentales y dignidad de las personas; oportunidades y acceso a servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura. La historia de Fuerza Popular es heredera del fujimorismo y sus fases, en torno al cual ha girado la política peruana desde 1990 (Meléndez, 2018). Las agrupaciones fujimoristas que han participado en elecciones han mostrado un crecimiento progresivo en las votaciones, y lo han hecho bajo diferentes denominaciones que reivindicaron el gobierno de Alberto Fujimori. Carlos Boloña —exministro de Economía durante el fujimorato— fue candidato del movimiento fujimorista Solución Popular en las elecciones del 2001, en las que obtuvo 1,6 % de votos; la excongresista Martha Chávez lideró Alianza por el Futuro en los comicios del 2006 y obtuvo 7,43 %, y Keiko Fujimori encabezó Fuerza 2011 en las generales de ese año, en las que obtuvo 48,5 % (Oficina Nacional de Procesos Electorales, 2006, 2011; Jurado Nacional de Elecciones, s. f. d). Algunos analistas definen al fujimorismo no solo como un poder familiar, sino clánico y sultánico (Cotler, 2016), es decir, exponente de una forma de dominación extrema de tipo patrimonialista (Miró Quesada, 2016a).
Partido Político Orden
Se inscribió dos años antes de las elecciones del 2016 en el ROP. Su fundador, Ántero Flores-Aráoz, expepecista, regidor por Lima Metropolitana, diputado, constituyente, congresista y exministro de Defensa, se pronunció durante la campaña en contra de la inmunidad parlamentaria. Lo acompañaron Rómulo Mucho y Mery Botton Estrada en la plancha.
Partido Progresando Perú
Miguel Hilario Escobar fundó este partido el 28 de octubre del 2011 en el distrito de San Juan de Lurigancho. Cinco años después, encabezó la fórmula presidencial, con Manuel Ponce Ayala y Silvia Pareja en las vice-presidencias. Se inscribió el 14 de diciembre del 2015 en el ROP (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. j). Hilario, un shipibo-conibo, tentó la presidencia por segunda vez a los 45 años; la primera vez postuló a ella en las elecciones generales del 2011 con el Partido Pluralista del Perú, que no superó la valla. Estudió economía en la Universidad Estatal de California y en la Universidad de Stanford; cursó maestrías en Política y Antropología y un doctorado en Antropología, así como un diplomado en Política y Economía en la Universidad de Oxford (“Miguel Hilario”, 2015).
Perú Posible
En septiembre del 2014, al cumplir Perú Posible su vigésimo aniversario, Alejandro Toledo anunció que retornaba al país —después de una larga temporada en Estados Unidos— para fortalecer la agrupación y competir en las elecciones generales del 2016 por tercera vez. A lo largo de su historia, Perú Posible ha participado en una veintena de procesos eleccionarios con resultados positivos y negativos (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. i).
Además del abrumador triunfo del 2001, después de la Marcha de los Cuatro Suyos y la crisis política que lo catapultó como el principal líder de la oposición, Toledo tuvo una segunda oportunidad en el 2011, cuando Perú Posible, en alianza con Acción Popular y Somos Perú, se lanzó a la contienda. Juntos encabezaron las primeras encuestas (27 % de respaldo) entre enero y marzo de ese año.
Para El Comercio, Toledo empezó a dilapidar su capital político después del 2011, aunque algunos analistas consideran que perdió sintonía con la opinión pública (“Alejandro Toledo”, 2016). En el 2016, La República editorializó que Perú Posible no tuvo liderazgo y reflejó improvisación y falta de respeto a los militantes (“Los partidos”, 2016, p. 4), aun cuando dos de ellos —Marcial Ayaipoma y Carmen Omonte— lo acompañaron como candidatos a la primera y la segunda vicepresidencia de la República, respectivamente.
Peruanos por el Kambio
El partido fundado por Pedro Pablo Kuczynski fue inscrito en el ROP el 15 de octubre del 2014 como Perú+. En febrero del 2015, el cambio del nombre de la agrupación, “a fin de que las iniciales coincidieran con las de su entonces candidato presidencial” (“Partido PPK”, 2016, párr. 5), generó polémica. Kuczynski, dijeron los analistas, llegó a los comicios “con una postura de derecha liberal… y democrática” (Zegarra, 2016, párr. 2). Basó su fortaleza en dos ejes: sus relaciones internacionales y su experiencia en el Ejecutivo. Sus críticos afirman que defendió un modelo inclinado a la derecha, pero al ser “un liberal en lo económico”, apostó por fomentar la inversión pública para atender problemas como el acceso al agua potable y la deficiente infraestructura educativa (“Perfiles de poder. Pedro”, 2016, p. 2).
Peruanos por el Kambio dista de la plancha Alianza por el Gran Cambio que también lideró Kuczynski en las elecciones generales del 2011 y que ocupó el tercer lugar con 18,5 % de los votos. Aunque esta lista no ganó, el resultado alcanzado se interpretó como una consecuencia positiva de la coalición que la respaldó, integrada por cuatro agrupaciones que se unieron pese a lo disímil de sus propuestas políticas (Alianza para el Progreso, el Partido Popular Cristiano, el Partido Humanista y Restauración Nacional). Por ello, también fueron criticadas (se les llamó el sancochado), aunque se reconoció que algunos de los aliados funcionaron como motor de acción colectiva de la candidatura, en materia de arrastre y caudal electoral (Meléndez, 2015a).
Todos por el Perú
En julio del 2015, el partido anunció a Julio Guzmán como candidato presidencial a las elecciones del 2016, acompañado por dos mujeres: la odontóloga Juana Maura Umasi y la abogada y exjueza Carolina Lizárraga. Uno de los ejes de su plan de gobierno fue invertir en la gente. En enero del 2016, los analistas recomendaban a Julio Guzmán ampliar su capacidad de convocatoria en el mundo real, después de la intensa campaña desarrollada en las redes sociales entre los sectores con mayor nivel educativo y acceso a la comunicación principalmente en Lima (Tanaka, 2016a). Lejos estaban de imaginar que, al mes siguiente, su candidatura sería cuestionada para ser finalmente excluida el 9 de marzo debido a inconsistencias en los procedimientos internos del partido para renovar su directiva. Todos por el Perú fue fundado en el 2003 como Coordinadora Nacional de Independientes (CNI), agrupación que había conservado su inscripción tras varias alianzas, como la suscrita con el Frente de Centro que, junto con Acción Popular y Somos Perú, respaldaron la candidatura de Valentín Paniagua en el 2006.
1.1.3 Partidos renunciantes y tachados
Aduciendo diversas razones, como la falta de receptividad de los medios de comunicación para difundir sus planteamientos programáticos e ideológicos, o la supuesta parcialidad de la autoridad electoral, siete agrupaciones se retiraron en pleno desarrollo de la competición del 2016. Independientemente de la veracidad de sus argumentos, lo cierto fue que conforme se acercaba la fecha de las elecciones, no aparecían en las encuestas que medían las intenciones de voto de los electores y prefirieron retirarse antes que perder sus inscripciones si no pasaban la valla electoral.
Cuadro 1
Partidos renunciantes y tachados
| Partido Humanista del Perú | |
| Inscripción | 23 de noviembre del 2009 (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. f) |
| Fórmula presidencial | Yehude Simon Munaro, fundador del partido, encabezó la plancha presidencial del 2016 junto con Rosa Mavila y Yorka Gamarra como vicepresidentas. |
| Experiencia | Excongresista y expresidente del Consejo de Ministros del segundo gobierno aprista. Fue presidente regional de Lambayeque por Unión por el Perú y el Frente Amplio en los comicios del 2002, y reelegido por el Partido Humanista Peruano el 2006. |
| Renuncia | El 28 de marzo del 2016 desistió de la fórmula presidencial y solicitó el retiro de su lista al Congreso. Las encuestas no daban ninguna oportunidad a su agrupación ni esta contaba con recursos para desarrollar una campaña en el país. (“Escenario”, 2016) |
| Perú Libertario | |
| Inscripción | 15 de enero del 2016, tres meses antes de la primera vuelta electoral |
| Fórmula presidencial | Vladimir Cerrón, Jorge Luis Paredes Terry y Jesús Zárate Riojas |
| Experiencia | Cerrón fue presidente regional de Junín en el periodo 2011-2014. También fue presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). |
| Renuncia | Su fundador, Vladimir Cerrón, informó que el comité ejecutivo nacional de Perú Libertario retiró las candidaturas a la presidencia y las vicepresidencias de la República, al Congreso y al Parlamento Andino por la inestabilidad del proceso. Sostuvo que su partido había sido marginado por la mayoría de medios de comunicación. (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. g) |
| Partido Nacionalista Peruano | |
| Inscripción | 4 de enero del 2006 |
| Fórmula presidencial | Daniel Urresti, Susana Villarán y Maciste Díaz |
| Experiencia | Urresti, exministro del Interior del gobierno humalista, y Villarán, exalcaldesa de Lima |
| Renuncia | El 12 de marzo del 2016 retiró la candidatura presidencial y las listas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino. Su dirigencia justificó la decisión por “la manifiesta y marcada ausencia del principio de la certeza electoral” y la “falta de coherencia en el Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales […], por una serie de actos resolutivos contradictorios y faltos de concordancia, que afectan de manera negativa en el proceso de Elecciones Generales 2016”. La medida, según trascendió, se tomó para evitar que perdiera su inscripción (“Luz roja”, 2016, p. 2). La prensa señaló que el naufragio del humalismo, y también del peruposibilismo, en el proceso eleccionario debería estudiarse como casos de “desastre por acumulación de errores garrafales”. (“Los partidos”, 2016, p. 2) |
| Perú Nación | |
| Inscripción | 8 de enero del 2016 |
| Fórmula presidencial | Francisco Diez-Canseco Távara, Claudio Zolla Suárez y Margarita Gamboa Urbina |
| Experiencia | Francisco Diez-Canseco Távara, diputado entre 1985 y 1990, preside la ONG Consejo por la Paz |
| Renuncia | Declinó seguir participando tras evaluar los resultados de un sondeo que su partido ordenó. En la campaña, dudó de la seriedad de las encuestadoras y acusó a los medios de comunicación de restringirle espacios de difusión. (“Diez Canseco”, 2016) |
| Perú Patria Segura4 | |
| Inscripción | 18 de marzo del 2005 |
| Fórmula presidencial | Renzo Reggiardo Barreto, Miluska Carrasco y Carlos Vicente Marca (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. b) |
| Experiencia | Renzo Reggiardo fue congresista en los periodos 2006-2011 (dentro de la alianza Cambio 90 - Alianza por el Futuro) y 2011-2016 (en la coalición Cambio 90 - Solidaridad Nacional). La nueva denominación Perú Patria Segura fue la plataforma de su lanzamiento a la presidencia en el 2016. |
| Renuncia | El 18 de febrero del 2016 anunció su renuncia. Sus dirigentes afirmaron que el proceso electoral estaba contaminado y expresaron sus dudas sobre los resultados de las encuestadoras, que los ubicaban en los últimos lugares. |
| Partido Político Siempre Unidos | |
| Inscripción | 30 de marzo del 2005 |
| Fórmula presidencial | En el 2016 fueron Felipe Castillo Alfaro, Guillermo Ruiz Guevara e Isaac Humala Núñez, padre del expresidente Ollanta Humala. |
| Participación | En procesos regionales, municipales y generales |
| Tacha | La candidatura de Isaac Humala fue tachada mediante Resolución 001-2016-JEELC1/JNE en virtud del artículo 107 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, del 29 de septiembre de 1997. Entre otros impedimentos, restringe el derecho de postular al “cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección”. |
| Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap) | |
| Inscripción | 29 de abril del 2015. No perdió su inscripción porque, según la legislación vigente, podía seguir existiendo pese a no haber participado de manera activa. |
| Fórmula presidencial | No presentó. |
| Experiencia | — |
| Renuncia | El 2016 anunció que presentaría una lista de postulantes al Congreso de la República, pero no se concretó. (Jurado Nacional de Elecciones, s. f. h) |
Elaboración propia
1.2 Partidos, afiliados y adherentes
La Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas (2003), define en su artículo 18 la figura de la afiliación y establece que las agrupaciones deben presentar al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) los padrones respectivos hasta un año antes de la elección en que participa. La norma no incluye el vocablo obligatoriamente, aunque es tácito5. No precisa sanción si los partidos incumplen la norma, lo cual crea una situación sui géneris: el padrón es necesario, mas no obligatorio.
Si el registro fue creado el 2003, los partidos debieron presentar sus padrones a partir del 2004. La Ley 28094 señala en el artículo 18 que “dicho padrón debe estar actualizado en el momento de la entrega” al ROP para su publicación. Ese año ningún partido o movimiento cumplió dicho requisito. “A partir del 2005, empezaron a remitir anualmente los documentos”, informó Fernando Rodríguez, director del ROP (comunicación personal, 24 de mayo del 2016).
Es difícil imaginar instituciones como los partidos políticos sin afiliados, a quienes la Ley de Organizaciones Políticas les dedica su título IV, “De la condición del afiliado”:
Artículo 18. De la afiliación. Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a un partido político. Deben presentar una declaración jurada en el sentido de que no pertenecen a otro partido político, cumplir con los requisitos que establece el estatuto y contar con la aceptación del partido político para la afiliación, de acuerdo con el estatuto de este6.
El afiliado tiene deberes y derechos al interior de esas organizaciones. La ley no fija un número mínimo ni máximo de ellos. Para los partidos políticos, exhibir un mayor número de afiliados ha sido dar cuenta del respaldo popular que ostentan y ubicarse como los más importantes de cara al electorado. Ese entusiasmo podría haber mermado con el ingreso de la tecnología, que facilita la detección de errores en la confección de los padrones; por ejemplo, en el llenado de fichas de afiliación, en la digitalización de la información solicitada por el ROP, en la inclusión de personas que no existen, etcétera. Pero no ha sido así necesariamente.
La presencia de afiliados en una organización política permite que se cumpla el ejercicio de la democracia interna, pues de ese núcleo humano podrían salir los futuros candidatos. Hoy, según la LOP, una cuarta parte de las listas al Parlamento puede ser designada directamente por el partido, sin necesidad de elecciones internas. De otro lado, es importante sincerar la afiliación para contar con los mejores cuadros. La organización civil Transparencia y otras entidades de la sociedad civil han sugerido reducir el volumen de invitados y garantizar elecciones internas transparentes para evitar distorsiones.
El ROP asegura que es exigente al examinar las fichas de afiliados que llegan a sus oficinas porque debe tener la certeza de que la información colocada en cada ficha por el interesado corresponde no solo a la verdad, sino que este ha manifestado su firme voluntad de pertenecer a una agrupación política.
La inscripción de afiliados a los partidos y movimientos regionales es mayor en aquellas organizaciones que más figuran en las encuestas, producto del llamado efecto del carro ganador o bandwagon effect (Noelle-Neumann, 1995), o de la esperanza de obtener, como miembro del partido, una ventaja.
Un partido que llega al gobierno tiene un alto número de afiliados y, en víspera de concluir su gestión, puede sufrir importantes deserciones. Sin embargo, este fenómeno de afiliación y desafiliación no ha sido constante en los últimos procesos electorales.
1.2.1 Los afiliados inscritos… y los renunciantes al 2016
Lejos de lo que podría imaginarse, la información oficial revela un fuerte aumento del número de afiliados. Es más, en una década, el incremento fue de 100 % aproximadamente y en una proporción casi pareja respecto al volumen de hombres y mujeres (Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, comunicación personal, mayo del 2016).
El 9 de abril del 2006 (día de las elecciones), el ROP tenía 738 125 afiliados (387 714 hombres y 350 411 mujeres), registrados por 37 agrupaciones políticas. El 10 de abril del 2011, los afiliados por partido político, es decir, “inscritos al día de la elección general”, sumaron 1 306 884 (702 799 hombres y 604 085 mujeres) personas en 28 organizaciones políticas. Y el 10 de abril del 2016, el número de ciudadanos afiliados inscritos al día de la elección general, presentados por 25 partidos, llegó a 1 555 489 (826 850 hombres y 728 639 mujeres (véase la figura 1).
Como en cualquier institución, un partido político tiene abiertas sus puertas para quienes quieran afiliarse o para quienes deseen renunciar:
La renuncia al partido político se realiza por medio de carta simple o notarial, o documento simple entregado de forma personal o remitido vía correo certificado, telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar de manera indubitable y fehaciente su acuse de recibo y quién lo recibe por parte del órgano partidario pertinente, con copia a la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas. La renuncia surte efecto desde el momento de su presentación y no requiere aceptación por parte del partido político (Ley 30414, 2016). (Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, comunicación personal, mayo del 2016)
Al 9 de abril del 2006, 1234 ciudadanos habían renunciado a 35 partidos; al 10 de abril del 2011, fueron 21 893 personas de 37 partidos; y al 10 de abril del 2016, 43 192 afiliados de 25 partidos. El mayor número de bajas se dio principalmente en las agrupaciones de mayor trayectoria, como el Partido Popular Cristiano y Acción Popular, o en aquellas que ganaron las elecciones, como Perú Posible o el Partido Nacionalista Peruano, al término de sus mandatos. Perú Posible, que llevó a la Presidencia de la República a Alejandro Toledo en el 2001, tuvo el mayor número de renunciantes en el 2006: 271 personas.
Figura 1. Afiliados por partido político
Fuente: Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, comunicación personal, mayo del 2016
Elaboración propia
En el 2011, Perú Posible registró también un alto número de desafiliados (6720). Le siguieron el Partido Popular Cristiano (3683) y Acción Popular (3063). En el 2016, la agrupación con mayor número de renunciantes fue Perú Posible (12 103); le siguieron el Partido Popular Cristiano (6934), Acción Popular (5007) y el Partido Nacionalista Peruano (3777) (véase la figura 2).
Figura 2. Desafiliados por partido político Fuente: Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, comunicación personal, mayo del 2016
Elaboración propia
1.2.2 El adherente
La Ley de Organizaciones Políticas creó el registro de adherentes, es decir, aquellas personas que cumplen una función fugaz en las organizaciones políticas: son las que firman un planillón —generalmente en la vía pública— para que un partido solicite su inscripción. Firmar ese documento no le confiere ningún derecho al adherente, tampoco obligación porque no forma parte de la agrupación.
Cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inscribe a un partido, este debe presentar, entre otros documentos,
la relación de adherentes en número no menor del cuatro por ciento (4 %) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del documento nacional de identidad (DNI) de cada uno de estos. (Ley 30414, 2016)
Esta relación “es presentada ante el Registro de Organizaciones Políticas en los formularios de papel o electrónicos que proporcione la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la cual emitirá la constancia de verificación respectiva” (Ley 28094, 2003, artículo 7).
A pesar de que el papel que cumple el adherente es fugaz, este no se ubica necesariamente en un segundo plano, pues su firma suma al momento de llenar los planillones. Según la Ley Orgánica de Elecciones, las agrupaciones políticas deben presentar una lista de adherentes no menor del 4 % de los electores que sufragaron en la última elección nacional, volumen que aumenta conforme se incremente el número de electores. Con base en este mandato, en las elecciones del 2016 las solicitudes de inscripción de un partido debieron ser alrededor de 660 000; y para las elecciones del 2021 serán unas 750 000, de no haber cambios en la ley.
1.3 Una campaña inédita, atípica y controversial
Los comicios del 2016 colocaron al país ante una realidad inédita para los peruanos. Lo vivido fue, como señala Percy Medina, una campaña atípica, en la medida que no se ajustó a los procedimientos habituales y representativos de una jornada de este tipo, a “los valores de la predictibilidad y eficiencia” en el desarrollo de los comicios de los últimos quince años (“No debe repetirse”, 2016, p. 4). Además, los procedimientos aplicados fueron controversiales, objeto de críticas, de discusión y de posiciones contrapuestas que trajeron graves consecuencias para los partidos y las instituciones responsables del proceso, y mellaron la institucionalidad electoral y democrática.
Según la Constitución Política, al JNE y las entidades del sistema electoral (la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como el Registro de Organizaciones Políticas y los Jurados Especiales), les corresponde garantizar que las votaciones “traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa” (art. 176).
En estas elecciones, se reconoció que los organismos electorales dieron facilidades a los ciudadanos para votar, incluso con DNI vencidos, y escoger un centro de votación cerca a su domicilio; aproximadamente el 29 % de los electores de Lima y un porcentaje igual del Callao optaron por escoger un centro de votación. El voto electrónico funcionó en esta elección de manera más extendida y la ONPE sacó lecciones de su aplicación para futuros procesos respecto a la distribución de votantes por mesa.
Lo grave fue que, desde la perspectiva ciudadana, los organismos pasaron de veedores y gestores de los comicios a la condición de protagonistas, en un rol que generó preocupación y suspicacia. Se llegó a hablar de fraude (Hildebrandt, 2016b), de postergación de elecciones; una encuesta urbano-rural realizada por Ipsos Perú el 28 de marzo del 2016 reveló que, para el 57 % de los entrevistados, el JNE actuó para favorecer a algunos intereses políticos, y 31 % consideraba que fue independiente (Ipsos, 2016a).
Después que el JNE declaró infundadas las apelaciones de Todos por el Perú y Alianza para el Progreso, su presidente, Francisco Távara, sostuvo que con cualquier decisión que se adoptara, muchos aparecerían como “héroes o lo contrario, según la parte que opine” (“Cualquiera sea”, 2016, p. 1); palabras que tampoco cayeron bien en algunos medios (“Ni héroes”, 2016). La labor de los organismos electorales se configuró como uno de los tópicos de la agenda mediática de enero a junio del 2016. Se criticó que retiraran a “dos candidatos que sumaban más del 25 % de la intención de voto” a causa de la presión pública y política que se ejerció ante la fragilidad del JNE y el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima; por ello, se consideró arbitrario e ilegal (“Lo bueno”, 2016, p. 4).
El análisis de la legislación que normó el proceso habla, sin embargo, de responsabilidades compartidas en los problemas suscitados: responsabilidades atribuidas a los partidos involucrados en su aplicación, al Poder Electoral, pero también al Legislativo, responsable del “origen del problema”, es decir, de la dación de las normas que cambiaron el escenario político, pero no de la forma en que se esperaba.
De Alianza para el Progreso y Todos por el Perú, Ipsos Perú reveló que, para los encuestados, esos partidos eran responsables directos de la situación producida con relación a las candidaturas de César Acuña (62 %) y Julio Guzmán (35 %): el primero por no cumplir la ley electoral y el segundo por incumplir los procedimientos necesarios para la inscripción (“Nuevo escenario”, 2016). También responsabilizaron al JNE por no resolver a tiempo, por ejemplo, la inscripción de Guzmán, y al Legislativo por dar una legislación electoral inadecuada que afectó a las dos listas.
Se dijo que las agrupaciones políticas del Congreso en el periodo 2011-2016 perdieron la oportunidad de sacar adelante los proyectos de una nueva ley de partidos y un código electoral presentados por los organismos electorales. En vez de ello, aprobaron —a última hora— normas que, incluso antes de ser aplicadas, ya se pedía que fueran derogadas.
Bauman subraya en su libro En busca de la política que, así como la educación es clave para que las personas se instruyan y se entrenen en la tarea de usar su libertad de elección, a los legisladores les corresponde establecer la agenda de las opciones sobre las cuales los individuos van a elegir. Los legisladores eligen antes que los individuos, dice. A ellos corresponde “preseleccionar” las reglas que normarán lo que está bien y lo que está mal: “la legislación divide el campo de la disponibilidad práctica del terreno de las posibilidades abstractas” (2001, pp. 81-82). El Congreso Peruano olvidó cumplir esta tarea entre el 2015 y el 2016.
1.3.1 Legislación electoral e institucionalidad magulladas
Existe consenso en que el origen de los problemas vividos estuvo en la Ley 30414, norma que modificó la Ley 28094, o Ley de Partidos Políticos del 2003, a través de la adición de disposiciones de última hora que hubieran merecido un mayor debate y reflexión, y que el JNE —conformado por Francisco Távara (presidente) y los miembros titulares Jesús Fernández Alarcón, Baldomero Ayvar Carrasco, Carlos Cornejo Guerrero y Jorge Rodríguez Vélez— aplicó parcialmente cuando el proceso estaba en marcha.
Producto de estas reformas, los comicios del 2016 pasarán a la historia como el cuarto proceso electoral del siglo XXI y el más atípico e irregular de las últimas décadas. Las tachas, disputas, confrontaciones y batallas legales en los jurados electorales prevalecieron sobre las propuestas y los planes de gobierno. Ad portas de la primera vuelta, las denuncias y los alegatos contra los candidatos siguieron tramitándose en el JNE (“Solórzano sugiere”, 2016), al punto de que 10 días antes de la primera vuelta no había certeza sobre los partidos que seguían en carrera.
Tres temas sintetizan los cuestionamientos durante la campaña vinculados con las reformas introducidas en la legislación electoral: la cancelación de las inscripciones de los partidos políticos, el control de las dádivas y otras formas clientelistas para conquistar votos, y la aplicación de la valla electoral.
Antecedentes de una reforma
Cuando el 1 de noviembre del 2003 el gobierno del presidente Alejandro Toledo promulgó la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, varios sectores de la sociedad civil saludaron la medida. Se trataba de “institucionalizar” a las agrupaciones políticas y normar todos los aspectos de la vida de estas colectividades, desde su definición, razón de ser y participación en los procesos electorales hasta la imposición de sanciones a las que hubiere lugar por trasgresiones cometidas en perjuicio de la propia organización partidaria y el sistema de partidos. La norma definió, en 41 artículos y 3 disposiciones transitorias,
un marco de actuación para las agrupaciones políticas que aspiren a competir por las diferentes instancias de gobierno, y establece reglas que inciden directamente en la participación de sus miembros y la democratización de sus estructuras y mecanismos de decisión. (A. Durand, 2007, p. 62)
Como toda obra humana, la ley era perfectible, más tratándose de una legislación que debía coadyuvar a construir un sistema de partidos acorde con las exigencias de una democracia moderna que buscaba recuperar un principio esencial: la alternancia en el poder, mellada por un régimen que pretendió entornillarse en el sillón presidencial tras diez años de gobierno. Sin embargo, a partir de la Ley de Partidos, se profundiza inadecuadamente la regulación jurídica, afirmó Fernando Tuesta (2016b).
Y es que, entre el 2005 y el 2015, bajo la administración de los sucesivos gobiernos democráticos, la Ley 28094 tuvo 21 modificaciones7; algunas solo favorecieron la existencia de partidos sin cuadros ni futuro, como se confirmó en el 2016.
Entre otras disposiciones, se estableció que la inscripción de candidaturas estaría condicionada a la realización de elecciones internas (2009), a la presentación del plan de gobierno (2009) y a la hoja de vida de los postulantes (2015).
A partir de enero del 2016, la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP) creó la figura de la exclusión para quien omitiera información en la hoja de vida y para quienes entregasen u ofrecieran —directa o indirectamente— dinero, regalos, dádivas u otros obsequios económicos, “salvo aquellos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0,5 % de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral” (Ley 30414, 2016, artículo 42).
Fernando Tuesta explica que la regulación del quehacer de los partidos políticos ha sido un proceso institucional mal llevado. Así, a una frondosa legislación, se incorporaron normas de exclusión de candidatos que, según la Constitución, solo deben cumplir con tres requisitos: tener 35 años, ser peruano de nacimiento y gozar del derecho al sufragio. El remedio fue peor que la enfermedad. La telaraña normativa hizo que en el pasado algunos candidatos fueran tachados por su hoja de vida. En el 2016, Julio Guzmán, César Acuña, Keiko Fujimori, Kenji Fujimori y Vladimiro Huaroc fueron protagonistas de procesos de exclusión (Tuesta, 2016b).
No se trataba de no regular, lo que existe en todos los países, sino de tener, como tantas veces se demandó, una única fuente normativa que no contenga errores, contradicciones, vacíos, pero sobre todo esté vertebrada por el principio de protección de derechos, entre ellos el de la participación política. Se hizo exactamente lo contrario. […] Se pueden generar sanciones económicas y otras, pero ninguna que impida postular a nadie. La historia del sufragio ya se encargó de dar respuestas. (Tuesta, 2016b, párr. 7 y 8)
¿Cuánto ganó o cuánto perdió la política con estas restricciones? Se demostró que “el proselitismo tiene límites legales” (Azabache, 2016b, p. 34), y que debería estudiarse lo que Bobbio llama la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la vida política (Bobbio, 1982; Bobbio, 1989).
Lo sucedido con las modificaciones establecidas por la Ley 30414 es particularmente sintomático. Tras su aprobación por el Parlamento el 1 de octubre del 2015, fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, pero este la observó. El Congreso insistió en su iniciativa y la promulgó el 23 de diciembre. Finalmente, la norma recién apareció en el cuadernillo de las Normas Legales del diario oficial El Peruano el 17 de enero del 2016.
Para entonces, las elecciones generales y de representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2016 habían sido convocadas el 14 de noviembre del 2015, mediante el Decreto Supremo 080-2015-PCM, por lo que, cuando la Ley 30414 empezó a regir, dirigentes de varios partidos políticos ya habían comenzado a recorrer el territorio patrio llevando, como antaño, regalos y propaganda electoral.
Especialistas en legislación electoral no conocen antecedentes de otros países en los que una norma que regula la contienda haya empezado a regir cuando esta había empezado. Ello no solo desvirtuó la finalidad de una ley que pretendía corregir viejas costumbres enraizadas en la política peruana, sino que obligó al JNE a excluir de las elecciones a candidatos presidenciales, lo que creó un ambiente tenso en el país. Las nuevas disposiciones recibieron duras críticas por su contenido y el debate que causó su polémica aplicación en un proceso en pleno desarrollo.
Cuadro 2
Problemas de la Ley de Organizaciones Políticas
| Se debe ganar en las urnas | |
| Otras normas sancionan la entrega de dinero en las campañas electorales, como el artículo 356 del Código Penal, con lo que serían la fiscalía y los JEE —y no la ONPE— los encargados de apreciar el caso. Dilucidar qué norma se aplica, en qué tiempo y por cuál organismo es importante porque de esta elección depende la sanción que se adopte, que va desde un largo proceso penal hasta la imposición de una multa y el eventual retiro de la competencia electoral, como sucedió con Acuña, por ejemplo. | |
| Convendría que el JNE señale de modo claro si considera que la Ley 30414 se encuentra vigente y en cuáles de sus partes, para que de manera formal se organicen los procesos, garantía de que las decisiones no serán luego revocadas por el Poder Judicial por haber violado principios legales básicos. Sin esta condición —operando solo a través de comunicados que no constituyen instrumentos legales válidos—, el sistema electoral no puede abocarse a un proceso de tal naturaleza, que podría incidir en un final electoral del que quede fuera un partido con una apreciable intención de votos. (“Decisiones previas”, 2016, p. 6) | |
| Tachas y plazos cuestionados | |
| Nosotros ya hicimos esa observación en las elecciones regionales [el 2014]: las tachas tenían que tener distancia y no cercanía. […] Es una recomendación que corresponde manejarla al propio Estado peruano. (“Observadores”, 2016, p. 8) | |
| Confusión | |
| Miembros de los jurados electorales y expertos en temas electorales coincidieron en que es vital reglamentar la Ley 30414, que modificó la Ley de Partidos (Ley 28094). Pese a la urgente necesidad de reglamentar la norma, en la ficha técnica de la ley que fue aprobada en el Congreso el 15 de diciembre del 2015, se lee con claridad que la norma “no requiere reglamentación”. (“El JNE no precisa”, 2016, p. 9) | |
| Sistema electoral reglamentarista | |
| Más allá de las faltas cometidas por uno y otro, es evidente que el sistema electoral requiere una reforma profunda. Es excesivamente reglamentarista, tiene plazos muy apretados y entrega demasiado poder a las autoridades electorales. (Torres, 2016e, p. 23) | |
| Héroes o villanos | |
| La verdad, no obstante, es que a los integrantes del JNE no les correspondía ni les correspondió nunca ser ni héroes ni ‘lo contrario’ (villanos), porque su rol de árbitros y vigilantes de que la ley se cumpliese en estos comicios tenía que ser ejercido de manera expeditiva y casi invisible, lo que difícilmente convierte a alguien en alguno de los dos tipos de personajes novelescos que Távara mencionó. (“Ni héroes”, 2016, p. 20) | |
| Ley imperfecta | |
| La ley no contempla fecha; por lo tanto, un candidato puede ser excluido hasta el mismo día de las elecciones porque el organismo electoral tiene la obligación de actuar cuando se produzca una entrega de dinero. […] La norma es imperfecta y no da salidas a una serie de posibilidades. (“El JNE no precisa”, 2016, p. 9) | |
| Ambiente hostil | |
| Tachas, exclusiones, denuncias, renuncias, fallos y contrafallos han generado un ambiente hostil para que el ciudadano pueda cumplir con su derecho de elegir. De hecho, no se discute si las elecciones han perdido legitimidad, sino la magnitud y el alcance de esta pérdida […]. Las autoridades electorales quedan golpeadas, afectando a la legitimidad del régimen democrático en su conjunto […]. El desprestigio abarca desde los asesores, consultores y analistas que han metido su cuchara hasta posiblemente el próximo gobierno que saldrá de unas urnas con opciones limitadas. El resultado son unas antielecciones que se suman a un funcionamiento ya deficitario de la política, a una crisis de representación permanente y a reglas de juego y jueces cuestionados, si acaso faltaba consagrar la desgracia. (Meléndez, 2016c, p. 27) | |
Elaboración propia
Cancelación de inscripciones
En el 2006, la bancada del Partido Nacionalista Peruano llegó al Parlamento de la mano de Unión por el Perú porque no logró inscribirse en el JNE. La alta votación que alcanzó en la primera vuelta se reflejó en la mayoría congresal en ese período (2006-2011), aunque luego el grupo original se dividió. La bancada promovió en el 2007 la incorporación de lo que llamó una precisión al inciso a del artículo 13 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos:
El Registro de Organizaciones Políticas, de oficio o a pedido de los personeros legales, cancela la inscripción en los siguientes casos:
a) Cuando no haya alcanzado el 5 % de la totalidad de los sufragios emitidos en una elección general, salvo que hubiese obtenido representación parlamentaria.
Ni en este inciso ni en los siguientes (b, c, d y e), se alude a la ampliación de la vigencia de la inscripción en el ROP por dejar de participar en una contienda eleccionaria. El Congreso modificó el texto mediante la Ley 29092 (2007), y quedó así:
Artículo único. Objeto de la ley
Precísese que las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones generales del año 2006 mantienen [cursivas de la autora] vigente su inscripción.
Esa precisión relativiza el segundo parágrafo del artículo 1 de la Ley 28094 (2003), que señala:
Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objetivo es participar [cursivas de la autora] por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley.
También erosiona el inciso f del artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas (2016), sobre los fines y objetivos de los partidos políticos, cuando indica, entre otros, el de “participar [cursivas de la autora] en procesos electorales”.
Si la razón de ser de una organización política es participar en procesos electorales para llegar al gobierno, entonces ejecutar un plan o prolongar la vigencia de su inscripción, obviar la finalidad para la que fue constituida es, simplemente, favorecer su existencia per se. En la práctica, esta es la razón por la cual muchos partidos deciden retirarse de la contienda electoral cuando no aparecen en las encuestas de intención de voto. Sucedió en los comicios del 2011 y también del 2016, a pesar de que el Perú necesita pocas pero sólidas agrupaciones interesadas en fortalecer su democracia.
A esta modificación, que facilitó la “multiplicación” de agrupaciones improvisadas, se sumó otra en la mencionada Ley 30414 (2016), que abrió más las compuertas para la feria de partidos.
Como se ha señalado, la Ley 30414 modificó las leyes 28094 y 29092 e introdujo cambios aplicados en pleno proceso electoral. Comienza con una formalidad: dice que la Ley de Partidos se denominará en adelante Ley de Organizaciones Políticas, pero establece cambios en los artículos 2 (inciso e), 5, 6, 13, 15, 17, 18 y 24, y en la tercera disposición transitoria. También le incorporó un cuestionado artículo (artículo 42).
En el artículo 13, introduce de manera controversial una nueva causal para que el ROP no cancele la inscripción de un partido en dos elecciones generales sucesivas. El nuevo texto dice:
Cancelación de la inscripción
El Registro de Organizaciones Políticas, de oficio o a pedido de los personeros legales, cancela la inscripción de un partido político en los siguientes casos:
a) Al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general si no hubiese alcanzado al menos seis (6) representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral o haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5 %) de los votos válidos a nivel nacional. O en su caso, por no participar en dos (2) elecciones generales sucesivas [cursivas de la autora]. De existir alianzas entre partidos o entre movimientos, dicho porcentaje se elevará en uno por ciento (1 %) por cada partido o movimiento adicional, según corresponda. Asimismo, se cancela la inscripción de un movimiento regional cuando no participa en dos (2) elecciones regionales sucesivas. (Ley 30414, 2016)
Modificar la ley es correcto siempre y cuando mejore el tema legislado, pero hacerlo en perjuicio de la institucionalidad es cuestionable. En este caso, las modificaciones señaladas fueron interpretadas como un ardid para beneficiar a determinados grupos y, sobre todo, al caudillaje político, que no contribuye al bien superior: consolidar el sistema de partidos políticos. Lo señala la propia Ley 28094 (2003) en su artículo 1: “Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático”.
La experiencia vivida en el quinquenio 2011-2016 no parece haber sido tomada en cuenta por los legisladores. Las modificaciones de la LOP solo favorecieron la proliferación de organizaciones políticas y la informalidad en un campo que debería ser visto con sumo cuidado, lo que causó estragos en la gobernabilidad. Recordemos que parte de las dificultades para arribar a consensos en el Congreso de la República es el fraccionamiento de la representación parlamentaria.
Anteriormente, bastaba con no presentarse a una elección general para perder la inscripción. Con los cambios a la Ley de Partidos Políticos, se propicia el “aventurerismo político partidario”, pues siempre habrá argumentos para justificar la vigencia de las inscripciones de agrupaciones que no se sometan al veredicto de los electores.
En el 2016, los siete partidos que se retiraron de la competencia lo hicieron porque al intuir un resultado adverso corrían el riesgo de ser borrados por no superar la valla electoral o no tener representación parlamentaria. Así, optaron por preservar “un bien económico”, que es como conciben a sus agrupaciones. La experiencia reciente enseña a limitar la proliferación de partidos políticos, como era el espíritu de la Ley 28094, mediante mecanismos como la valla electoral, la elección de parlamentarios y los requisitos mínimos para mantener vigentes sus inscripciones.
Dádivas y más dádivas
La dádiva es inadmisible si se va a pedir un voto: desfigura y condiciona la voluntad de las personas, sobre todo de aquellas con escasos recursos en un país como el Perú, con enormes diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Esta forma de ganar adeptos puede marcar la diferencia entre los partidos no por la calidad de sus propuestas, sino por el dinero que disponen para comprar votos (véase el cuadro 3).
El Código Penal sanciona la inducción del voto por medio de dádivas o promesas. Y no prohibir las dádivas de manera taxativa, en momentos en los que se alerta sobre una eventual penetración del crimen organizado en algunas agrupaciones políticas, es dejar la puerta semiabierta para ello. Esos casos, que deben evitarse con la ley, se han visto en Colombia, México y Venezuela.
Si ese fue el espíritu de los legisladores del Congreso 2011-2016 al incorporar un artículo a la Ley de Organizaciones Políticas para normar este problema, hay que ponderarlo. ¿Pero fue una medida dada y aplicada oportunamente? Este es el texto del cuestionado artículo 42 de la Ley 30414:
Artículo 42.- Conducta prohibida en la propaganda política.
Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral, están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas y otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquellos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0,5 % de la UIT por cada bien regalado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 30 días.
Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente.
La propaganda política y/o electoral de las organizaciones políticas y/o candidatos a cualquier cargo público deberá respetar los siguientes principios:
a) Principio de legalidad, por el cual los contenidos de la propaganda política o electoral deben respetar las normas constitucionales y legales.
b) Principio de veracidad, por el cual no se puede inducir a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda política o electoral falsa o engañosa.
c) Principio de autenticidad, por el cual la propaganda política o electoral contratada debe revelar su verdadera naturaleza y no ser difundida bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas, material educativo o cultural.
La promulgación de esta norma recordó que, en el 2015, el JNE impulsó una reforma del sistema electoral que el Parlamento ignoró. En su reemplazo, anotó Walter Gutiérrez, entonces presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, “se dio una ley, a última hora, conocida como ley de dádivas, que generó turbulencia y que las elecciones sean claramente atípicas” (“Pacto Ético”, 2016, párr. 4). En su opinión, fue antitécnica y debía modificarse antes de las elecciones regionales y municipales que se realizarían en el 2018 porque “no tiene proporcionalidad ni claridad respecto de su aplicación. Imagínense esta norma en un contexto […] con miles de candidatos, que […] se presenta[n] en un proceso electoral regional y local” (párr. 2).
Para el presidente del JNE, Francisco Távara, la norma que sancionó la entrega de dádivas o dinero en las campañas electorales fue el “elemento más perturbador” del proceso electoral, el que causó más problemas y puso en evidencia la necesidad de profundizar en una reforma de este tipo (“Francisco Távara”, 2016, p. 7).
Las exclusiones de César Acuña, candidato a presidente por APP, y luego de Vladimir Huaroc, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular, se basaron en violaciones a la Ley de Organizaciones Políticas: ambos entregaron dádivas a cambio de votos. Sin embargo, un cuestionamiento también válido fue que la norma que los eliminó de la competencia se publicó en El Peruano el 17 de enero del 2016, es decir, dos meses después de la convocatoria a las elecciones, en plena campaña electoral.
Acuña prometió dádivas el 10 de febrero. El JEE Lima Centro 1 anunció el 23 de febrero el inicio de las investigaciones y el 4 de marzo lo excluyó del proceso; el 9 de marzo, el pleno del JNE confirmó la sanción por unanimidad. Huaroc entregó víveres a fines de febrero en Satipo, el 10 de marzo se presentó una tacha en su contra ante el JEE de Huancayo y este lo excluyó el 17 de marzo de postular a una curul en el Congreso de la República por la región Junín. Por la misma causal, el JEE Lima le inició proceso de exclusión a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular el 21 de marzo; el 23, el JNE confirmó dicha medida y rechazó la apelación del político. Finalmente, el 31 de marzo reiteró que también quedaba fuera de la lista al Congreso.
Acuña fue excluido del proceso electoral por entregar dádivas en plena campaña; no sucedió lo mismo con candidatos a congresistas (Kenji Fujimori de Fuerza Popular, José Luna Gálvez de Solidaridad Nacional y Carmen Omonte de Perú Posible) ni a la Presidencia, como Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y sobre todo Alan García (también cuestionados por entregar dinero y regalos), lo cual generó muchas lecturas sobre una doble vara para sancionar estas prácticas.
Sobre Keiko Fujimori, el jurista César Azabache explicó que, si bien el JEE no encontró que el hecho —la entrega de dinero a simpatizantes— debía atribuírsele a la candidata “como asunto propio”, debió, por lo menos, responsabilizarse al partido que dirige (Azabache, 2016b, p. 34).
Lo sucedido en este caso puso sobre el tapete las consecuencias de haber introducido tardíamente una prohibición que requería mayor discusión para una mejor aplicación. No obstante, añadió Azabache, una vez introducida la sanción tenía que aplicarse a todos.
El destino de Acuña generó incertidumbre en la opinión pública no solo por su exclusión y la de otros, sino por no saber qué versión de la LOP aplicarían los organismos electorales en pleno proceso para controlar las dádivas, la regulación de la valla electoral, entre otras decisiones, advirtió Tuesta (2016a, p. 5).
El politólogo puso en la balanza dos derechos: el derecho a ser elegido, consagrado en la Constitución, y el derecho de sufragio, cuya violación sanciona el Código Penal en el artículo 356, cuando se induce el voto mediante dádivas. Pero el problema con las exclusiones era más profundo, aunque solo se haya utilizado como una forma de combatir el clientelismo a través de una ley:
Hay que repetirlo hasta el cansancio. No se pueden crear normas que restrinjan, impidan o limiten el derecho fundamental a ser elegido. Por lo que el daño que ha perpetrado el Congreso al proceso electoral, al no modificar o modificar mal las normas electorales y de partidos, es aún incalculable. El peor, por su alcance, el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, referido a la sanción por ofrecer o entregar dádivas, regalos o dinero, pues encierra un cúmulo de problemas, entre ellos, la propia exclusión de la candidatura. Esta pésima norma, en su formulación y contenido, obliga a los organismos electorales a actuar sin miramientos, llegando a la exclusión de candidaturas. Tratar de amortiguar sus efectos, interpretando que para que esto ocurra se debe demostrar que el dinero provenga de su patrimonio y que, a su vez, tiene que realizarse al interior de un evento proselitista, no hace sino enredar más las cosas. No se trata de reglamentar artículos de leyes, más aún dádivas y exclusión cuando estas no lo señalan. Se trata de que esta ley y artículos que se han ampliado como causales de tachas, como hojas de vida, elecciones internas y plan de Gobierno, que se han convertido de facto en requisitos que la Constitución no contempla, deben ser eliminados. Más aún cuando se puede llegar a estas situaciones. ¿Qué pasaría si al amparo del artículo 42 se excluye a todos los candidatos importantes? ¿Qué pasaría si se infringe la ley el último día o el día de la jornada electoral?; y, en este último caso, ¿qué pasaría si se trata de uno de los candidatos que pasa a la segunda vuelta? ¿Y si esto ocurre con uno de los candidatos en la segunda vuelta? ¿Y si el infractor es el ganador de la elección? Parecen preguntas extremas y hasta ridículas. Pero a eso lleva querer combatir el clientelismo con una ley y, lo peor, cuando las sanciones se extienden a la exclusión de candidaturas. (Tuesta, 2016c, p. 10)
Cuadro 3
El problema de las dádivas
| Raíz del problema |
| Todo parte del artículo 42 de la ahora llamada Ley de Organizaciones Políticas. Señala que un candidato no puede ofrecer ni entregar dinero en efectivo que supere el 0,5 % de una UIT. Aquí, el señor César Acuña ha superado largamente ese límite. Corresponde a la ONPE hacer las averiguaciones y, de ser el caso, aplicar al candidato una multa de hasta 100 UIT por infringir la norma. Si corresponde, el JNE podría retirar al candidato que ha cometido esa falta. Aquí no ha habido delito. Esto es una falta a la ley y ahora les toca a la ONPE y al JNE decidir qué marco legal aplican para este caso, la anterior ley o la nueva. El análisis de los organismos electorales debe tomar en cuenta lo siguiente: si se aplica una parte de la nueva ley o toda la ley. Toda la ley la tendrán en cuenta también para ver lo referido a la valla electoral, la formación de alianzas, la inscripción de las candidaturas y el plazo para renunciar a un partido y postular por otro. No me atrevo a decir qué pasará. (Tuesta, 2016a, p. 2) |
| Sanción del JNE |
| Luego está Acuña, en donde las características personales del candidato, declaradas en su hoja de vida, están en duda, pero el JNE no hace nada y lo deja pasar. Mientras tanto, el candidato que “copia, no plagia” regala plata, cosa expresamente prohibida y sancionada con expulsión por la ley publicada en enero, y ¡el propio JNE no la aplica porque no sabe si esta ley está vigente o no!. (Palacios, 2016c, p. 5) |
| En contra de Acuña |
| No puede apartarse de este balance el origen del problema, por lo menos en uno de los casos de exclusión [Acuña], es decir, una ley nefasta expedida por el Congreso cuando el proceso electoral se había iniciado, y que en su ejecución se evidenció el favoritismo de la autoridad electoral, de modo que fue usada contra unos y en favor de otros, con justificadas críticas de los observadores internacionales. El hecho de que a pocos días del 10 de abril se ventilen procesos de exclusión indica la falta de certidumbre que también daña el proceso democrático. (“Lo bueno”, 2016, p. 4) |
| Cuestionamiento a Keiko |
| Después de todo, el caso [de Keiko Fujimori] contiene evidencias que muestran la intervención de uno de los dirigentes de la agrupación en la obtención de los fondos convertidos en premios. Y la aquiescencia de la señora Fujimori frente al hecho, aunque le sea ajeno, siendo presidenta de la agrupación, es, desde mi punto de vista, evidencia suficiente para justificar que comience a discutirse una multa. A la resolución del JEE le falta claridad en este aspecto. Y esa claridad es imprescindible porque el evento, más allá de nuestras preferencias subjetivas, demuestra que no estamos entendiendo que los métodos de proselitismo tienen límites legales que debemos respetar. […] Que pese a haber introducido esta prohibición [tardíamente] tengamos una fila de personalidades que han obsequiado dinero ante cámaras de televisión no puede ser gratuito. No cambiaremos este absurdo modo de entender las cosas con una prohibición, pero no podemos comenzar a poner límites serios a este tipo de conductas sin esta prohibición. Y menos comunicaremos adecuadamente su alcance si no aprendemos colectivamente a usarla con mesura y en toda su extensión. (Azabache, 2016b, p. 34) |
Elaboración propia
¿Nueva valla electoral?
Cuando los ciudadanos se preparaban para ir a sufragar en las elecciones generales del 10 de abril del 2016, el JNE interpretó que la Ley 30414, que elevó la valla electoral para las alianzas, no aplicaba para el proceso electoral 2016. Así, dejó sin efecto parte del inciso a del artículo 13 de la reciente ley, que a la letra establece una de las causales para cancelar la inscripción de un partido político:
a) Al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado al menos seis (6) representantes al congreso en más de una circunscripción electoral o haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5 %) de los votos válidos a nivel nacional. O, en su caso, por no participar en dos (2) elecciones generales sucesivas.
De existir alianzas entre partidos o entre movimientos, dicho porcentaje se elevará en uno por ciento (1 %) por cada partido o movimiento adicional, según corresponda.
Asimismo, se cancela la inscripción de un movimiento regional cuando no participa en dos (2) elecciones regionales sucesivas. (Ley 30414, 2016)
En la Resolución 0371-2016-JNE, aprobada por mayoría, el JNE dejó constancia de que “no resulta de aplicación” para dicho proceso eleccionario el incremento de la barrera electoral “en uno por ciento” de los sufragios válidos (2016), porque la LOP se promulgó el 18 de enero del 2016, cuando el plazo de inscripción de las alianzas electorales había vencido el 12 de diciembre del 2015 (Resolución 0371-2016-JNE, 2016, p. 2).
En los considerados de la resolución, el JNE fundamentó su posición en la “teoría de los hechos cumplidos” —la ley tiene efectos a partir de su entrada en vigor— y en el “principio de irretroactividad de las normas” —las leyes no son aplicadas a hechos producidos antes de su entrada en vigencia—; además, precisó que “en los procesos electorales rige el principio de preclusividad; esto quiere decir que una vez concluida una etapa del proceso, no es posible revisar o variar sus resultados en una etapa posterior” (Resolución 0371-2016-JNE, 2016, p. 3).
La decisión del máximo organismo electoral fue cuestionada por algunos sectores (“Los peruanos”, 2016), toda vez que el JNE sí fue estricto en la aplicación de otras disposiciones contenidas en la LOP que comenzaron a regir el 17 de enero del 2016, como el artículo 42 que se aplicó a las dádivas.
Ante tales cuestionamientos, el JNE sentenció:
Diferente es el caso de la ley citada en el artículo 42 LOP que regula una infracción y consecuente sanción por parte de las organizaciones políticas y candidatos en este proceso electoral, cuya aplicación fue sustentada en la Resolución 196-2016-JNE, así como en los pronunciamientos ante los casos posteriores sometidos a esta jurisdicción electoral, aplicándose dicho artículo a los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, en cumplimiento estricto de la teoría de los hechos cumplidos y el principio de irretroactividad de las normas. (Resolución 0371-2016-JNE, 2016, p. 4)
¿Hubo algún beneficiado? Los medios apuntaron al Partido Aprista Peruano, que participó como Alianza Popular con el Partido Popular Cristiano, Vamos Perú y Fuerza Loretana. Voceros del APRA adujeron que su alianza “no se hizo para superar una valla, sino para gobernar” (“Publican norma”, 2016, p. 14), pero de todas formas se comentó que respiraron más tranquilos después de la decisión adoptada por el JNE (“El Perú renueva”, 2016). Sin embargo, el jurado informó que, en la elección de congresistas, Alianza Popular obtuvo 1 013 735 votos —o lo que es lo mismo: 8,313 % de los votos válidos—, por lo que pasó la barrera electoral (Resolución 0660-2016-JNE, 2016).
En medio de suspicacias explicables, el jurado explicó que una ley entra en vigencia al día siguiente de su promulgación y ninguna es retroactiva, por lo que la norma que elevó la valla electoral no podía aplicarse a las alianzas electorales.
Desde que se instauró, la valla electoral se ha convertido en un mecanismo de control que limitó la participación de agrupaciones políticas en el Parlamento. ¿Su objetivo? Evitar la dispersión de la representación congresal a fin de que, por ejemplo, bancadas famélicas no dificulten llegar a consensos, como exige ese poder del Estado.
1.3.2 El “baile” de las resoluciones y el caso Guzmán
La labor de los organismos electorales en estos comicios figura entre las diez noticias más frecuentes que los medios de comunicación difundieron, sobre todo por el número de resoluciones que emitieron en aplicación de la LOP y sus modificaciones vigentes desde enero del 2016. Queda claro que las referidas a las exclusiones de candidatos, sancionadas y luego apeladas por los políticos involucrados, ganaron la mayor cantidad de referencias en el día a día informativo.
Antes de diciembre del 2015, hubo denuncias que podrían haber terminado en tachas y exclusiones que el JNE dijo no conocer, que no le correspondía atender, que no fueron notificadas o que se presentaron fuera del periodo de tachas. Dos casos involucraron al Partido Aprista y al Partido Popular Cristiano (Rivera, 2016c).
Después de diciembre, los casos de Acuña, Huaroc y sobre todo Julio Guzmán pusieron a los organismos electorales en el ojo de la tormenta. Como anotó el sociólogo David Sulmont, el árbitro se convirtió en protagonista porque adoptó decisiones que debieron ser prerrogativa de los ciudadanos que votamos (“La decisión”, 2016; Bruce, 2016c).
La separación de Julio Guzmán de la carrera electoral nace de las observaciones formuladas por la Dirección Nacional del ROP que, el 28 de enero del 2016, y luego de varias resoluciones y apelaciones, declaró improcedentes las solicitudes de modificación de los estatutos, de la inscripción de nuevos miembros del Tribunal Nacional Electoral y del Comité Ejecutivo Nacional, y de la modificación del símbolo partidario, realizados por Todos por el Perú. El mencionado organismo pretendía evitar el concurso en las elecciones de lo podría llamarse un “vientre de alquiler”. La pregunta que muchos se hicieron fue cuántos de los partidos participantes en la contienda no lo fueron en el pasado.
Según el ROP, en la asamblea en que Todos por el Perú (TPP) aprobó esos cambios —realizada en octubre del 2015—, hubo irregularidades respecto al quorum requerido y la participación de personas no afiliadas al partido; es decir, transgresiones en el proceso de garantizar la democracia interna del partido. Su decisión fue apelada por TPP ante el JNE, que el 15 de febrero declaró infundados sus recursos.
La batalla legal de TPP continuó un mes más. Sustentó la validez de la inscripción de su plancha presidencial ante el JEE, y aunque este le dio un plazo de dos días para subsanar las observaciones que le hizo, la declaró improcedente el 4 de marzo. La instancia electoral declaró fundadas varias de las tachas (un recurso para evitar la inscripción de un candidato) tramitadas, entre otros ciudadanos, por el candidato de Solidaridad Nacional, Hernando “Nano” Guerra García. Este, además, presentó un recurso de nulidad, que fue desestimado por el JEE; un recurso similar presentado por Ántero Flores-Araoz, del Partido Orden, también fue declarado inadmisible.
Según La República, entre el 25 de febrero y el 2 de marzo, hubo 24 pedidos de tachas, recursos de nulidad, impugnaciones y apelaciones, y un pedido de exclusión contra la inscripción de la candidatura de Julio Guzmán. Se admitieron diez tachas y siete recursos de nulidad fueron declarados inadmisibles; asimismo, se presentaron dos recusaciones contra las autoridades electorales. La defensa de Guzmán aseguró que tras estas iniciativas estuvieron personas vinculadas a varios candidatos (“Defensa legal”, 2016).
Mediante la Resolución 197-2016-JNE, del 8 de marzo, el JNE declaró por mayoría infundadas las apelaciones del TPP y respaldó la decisión del JEE. El presidente del JNE, Francisco Távara, y otro miembro del colegiado, Carlos Cornejo, emitieron un voto en minoría, desestimando las tachas por considerar que la inscripción del partido era procedente.
Si bien prevaleció la decisión de la mayoría de magistrados del JNE, Távara generó polémica, pues al fundamentar su posición argumentó sobre el significado de la razonabilidad y proporcionalidad que demanda el ejercicio de la ley. Reconoció que TPP había sido poco prolijo, riguroso y ordenado en la realización de sus actos partidarios o asociativos, pero que las irregularidades administrativas cometidas “relacionadas al cumplimiento de normas estatutarias vinculadas a los mecanismos de democracia interna no deben implicar como consecuencia necesaria e ineludible la improcedencia de la inscripción de la candidatura” (Resolución 197-2016-JNE, 2016, p. 23).
Los siguientes párrafos de la resolución son relevantes:
30. En tanto está de por medio el derecho fundamental a la participación política, concretamente en su faceta pasiva, el derecho a ser elegido, debe tenerse en cuenta que toda restricción a este derecho, como lo es la imposibilidad de participar en la contienda electoral, debe ser evaluada conforme a cánones de razonabilidad y proporcionalidad.
31. En ese sentido, debe efectuarse una ponderación entre el bien jurídico que se busca proteger por medio de dicha restricción, la democracia interna de los partidos políticos y el derecho fundamental de participación política. Lo que debe evaluarse en estricto es si el grado de protección que se otorga a la democracia interna de los partidos políticos, a través de la declaración de improcedencia de la inscripción de una candidatura presidencial, es superior en intensidad al grado de restricción que se impone al derecho fundamental a la participación política, especialmente al derecho a ser elegido. (Resolución 197-2016-JNE, 2016, pp. 23-24)
Julio Guzmán reconoció que su partido había cometido errores administrativos (“Incertidumbre morada”, 2016, p. 6) que pudieron haberse pasado por alto en el caso de un candidato que ostentaba el segundo puesto (16,6 %) detrás de Keiko Fujimori (34,6 %), según la encuestadora GFK (Latina Noticias, 2016c). Ello modificó el tablero de las preferencias y propició la subida de candidatos como Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio, Alfredo Barnechea, de Acción Popular, y Verónika Mendoza, de Frente Amplio.
También puso en evidencia lo que Sinesio López denominó el divorcio entre la normativa jurídica y la realidad sociopolítica del país, entre la aplicación de una ley de partidos y la carencia de organizaciones políticas —pues en realidad no lo son—. A las existentes las clasificó en tres categorías: partidos experimentados pero agonizantes, que cuentan con una estructura partidaria mínima y cumplen con los procedimientos; partidos sin estructura, pero con cierta experiencia para mentir a la hora de demostrar que honran la normativa electoral, y partidos como el de Julio Guzmán, “sin estructura ni experiencia para inventar situaciones creíbles ni en llenar bien los papeles necesarios para ser presentados a los organismos electorales” (López, 2016, p. 5).
Los líos de marzo no concluyeron con esas sanciones. Faltando diez días para la primera vuelta electoral, el país no sabía qué candidatos seguían en la contienda. Los jurados electorales estudiaban febrilmente las tachas contra tres aspirantes más —Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Keiko Fujimori—, que salieron libres de cuestionamientos en denuncias sobre entrega de dádivas.
Cuadro 4
Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones sobre la exclusión de candidatos
| Resolución 197-2016-JNE | Declara infundado el recurso de apelación de TPP. Se confirma la improcedencia de su inscripción. | 8/3/2016 |
| Resolución 0262-2016-JNE | Declara infundado el recurso por afectación del debido proceso interpuesto por TPP. | 13/3/2016 |
| Resolución 196-2016-JNE | Confirma la exclusión de César Acuña. | 8/3/2016 |
| Resolución 0261-2016-JNE | Declara infundado el recurso por afectación del debido proceso interpuesto por APP. | 13/3/ 2016 |
| Resolución 0310-2016-JNE | Declara infundada la exclusión de Keiko Fujimori. | 31/3/2016 |
| Resolución 0293-2016-JNE | Confirma la exclusión de Vladimiro Huaroc como candidato al Congreso. | 22/3/2016 |
| Resolución 0304-2016-JNE | Declara infundado el recurso extraordinario de Vladimiro Huaroc. Se confirma su exclusión como miembro de la plancha presidencial de FP. | 31/3/2016 |
| Resolución 310-2016-JNE | Declara infundada la exclusión de Keiko Fujimori. | 31/3/2016 |
Elaboración propia
El 18 de marzo, a 22 días de la primera vuelta, el JEE abrió proceso de exclusión contra la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, favorita en todas las encuestas, por la supuesta vulneración de la Ley de Partidos al haber entregado tres sobres de dinero, con 300 soles cada uno, durante el evento que el colectivo fujimorista Factor K realizó en Ventanilla. Este grupo, se informó, nació extraoficialmente en Trujillo en el 2014, y oficialmente en febrero del 2015 en el Congreso Macro Regional Norte de Jóvenes para apoyar la candidatura (“Crece la resistencia”, 2016). Según la resolución del JNE del 30 de marzo, quienes interpusieron los recursos de apelación (Heriberto Benítez, Malzon Urbina, Irohito Vega y Smiles Leiva) también reportaron otras donaciones hechas en Lima, Bagua y Cajamarca por FP. La prensa reprodujo las fotografías de los principales dirigentes del grupo; sin embargo, las acusaciones formuladas fueron declaradas infundadas (“Fallo del JNE”, 2016).
En marzo, cuando Kuczynski iba segundo en las encuestas, una tacha ante el Jurado Electoral Especial de Huancayo sustentó que había entregado dádivas a los asistentes a una manifestación popular a fines de enero. Los demandantes adjuntaron un video en el que se observa a Mauricio Vila, candidato al Congreso de PPK, diciendo lo siguiente: “El doctor Pedro Pablo Kuczynski no ha venido con las manos vacías […]. A nuestros hermanos, allí tenemos para cada barrio 15 cajas de cerveza, también la cañita [aguardiente] pura y la coquita. Con eso ha venido Pedro Pablo” (“PPK: Nuevo video”, 2016, párr. 4).
Vila fue excluido de la campaña por el Jurado Especial de Huancayo. El JEE de Lima abrió proceso de investigación a PPK a fines de marzo, y el 2 de abril declaró infundadas las solicitudes de exclusión con base en un informe de la Dirección Nacional de Fiscalización del JNE, que concluyó que el candidato no vulneró el artículo 42 de la LOP (“Declaran infundados”, 2016).
Alan García Pérez, candidato por la Alianza Popular, también estuvo incluido en el vendaval de tachas por haber entregado cerveza y regalos en un evento propagandístico llamado Festialan, realizado en la playa Agua Dulce el 14 de febrero. El JEE informó del inicio del proceso de exclusión del candidato por la Alianza Popular el 1 de abril, pero un informe del área de Fiscalización del JNE no pudo determinar la infracción; García fue absuelto casi en vísperas de las elecciones.
Las impugnaciones contra las cinco candidaturas presidenciales más importantes de esta contienda constituyeron un fenómeno inédito en la historia electoral del Perú y, por tanto, generaron opiniones divididas.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, Acuña fue bien sancionado “por haber continuado —sin el debido asesoramiento— con la inercia de regalar plata como cancha en plena campaña, ya que ahora eso está penado con la exclusión del regalón”. En su análisis, también pesaron “las serias, fundadas, documentadas y no levantadas denuncias de plagios, apropiación de obra ajena, falsificación de documentos” en las que se vio involucrado el candidato:
Ciertamente el plagio y la apropiación de obra ajena son hechos que repugnan a una sana conciencia, sobre todo si se quiere dotar al país de elecciones limpias y dignas acordes con nuestro actual desarrollo nacional. La suerte de Acuña, entonces, parece echada. (Quiroga, 2016b, párr. 3)
En el caso Guzmán, el sociólogo Gonzalo Portocarrero halló una evidente desproporción entre la falta cometida y la sanción recibida:
Es cierto que no actuar según los propios reglamentos representa una infracción que debe ser sancionada. Pero no con la descalificación que significa negar el derecho de competir en la contienda electoral y defraudar las expectativas de una fracción creciente de la ciudadanía que apoyaba a Guzmán. (Portocarrero, 2016, p. 30)
Dos ideas fuerza fueron expuestas en los medios de comunicación: la primera, que en la raíz de las separaciones de Guzmán y Acuña también prevaleció la “falta de criterio” de las autoridades, que se expresó en la tautología “la ley es la ley”; es decir, hubo “dificultad para juzgar, incapacidad de discriminar lo importante de lo secundario”. La segunda, que se hubiera preferido que la sanción se diera en las urnas, que fueran los electores los que dejaran fuera de la contienda a los candidatos cuestionados:
La condena de la ciudadanía hubiera sido mucho más adecuada que la sanción legal. Hecho que ya estaba sucediendo, pues su candidatura ya estaba desplomándose antes de que fuera eliminada del proceso. Y más que por las dádivas clientelistas, por los plagios que sindicaron a Acuña como un farsante e impostor. (Portocarrero, 2016, p. 30)
El periodista Juan de la Puente terció en el debate afirmando que el antiguo concepto de “la ley es la ley” puede tener consecuencias nefastas, como lo demostraron las elecciones generales del 2016 y como suele suceder cada vez que se da carta blanca a atavismos peligrosos como este, solo comparables a la “mano dura” y el “principio de auto-ridad” (sin principio de justicia) “que nos han explotado en la cara y han conducido sendas capitulaciones del Estado” (De la Puente, 2016d, p. 5).
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