Kitabı oku: «Europa y el Mediterráneo», sayfa 2
En 2005, en el marco de la Política de Vecindad Europea, se estableció un Plan de Acción entre la UE y la Autoridad Palestina en el que se señalaba que «la consecución de un Estado palestino requiere la plena aplicación de la Hoja de Ruta elaborada por el Cuarteto y un final de la violencia de cara a alcanzar una paz definitiva y duradera en Oriente Medio». Al contrario que el Acuerdo Interino de Comercio y Cooperación, el mencionado plan llamaba la atención sobre la impacto negativo de la ocupación en las relaciones bilaterales:
Existe un numero de condicionantes y limitaciones resultantes del actual conflicto israelo-palestino y la permanente ocupación, incluidos la actividad colonizadora, las restricciones de movimiento como resultado de la política de cierres y la barrera de separación. Las limitaciones de la Autoridad Palestina, mientras no se cree un Estado palestino, deben ser también tenidas en cuenta.
Al igual que en el caso del plan euro-israelí, se hacía referencia a la necesidad de profundizar en los acuerdos en el caso de que los compromisos adquiridos por la parte palestina fueran alcanzados en un plazo de entre tres y cinco años, en particular todo lo referido a las reformas políticas y económicas: consolidación democrática, responsabilidad, trasparencia y justicia.
El Plan de Acción fue reforzado por una estrategia adoptada por la Comisión el 5 de octubre de 2005 con el título «EU-Palestinian Cooperation beyond Disengagement: Towards a Two-State Solution». El objetivo de la misma era elaborar una estrategia global para gestionar la ayuda de la UE al pueblo palestino tras la evacuación israelí de la Franja de Gaza. La nueva estrategia establecía como prioritario emprender acciones para crear un Estado palestino viable, tanto política como económicamente. Benita Ferrero-Waldner, comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, afirmó al respecto:
No podemos dejar que la oportunidad que surge con la retirada de Gaza se nos escape de las manos [...]. Si se avanza lo suficiente en el cumplimiento de la Hoja de Ruta, la Comisión está dispuesta a solicitar al Parlamento Europeo y al Consejo la movilización adicional de recursos comunitarios significativos.
Entre las prioridades de la estrategia europea se enumeraban las siguientes: a) apoyar las elecciones, el sistema judicial y el Estado de Derecho; b) promover la reforma de la Autoridad Palestina; c) mejorar las condiciones de la economía palestina para el comercio y la inversión; y d) reconstruir las infraestructuras de Cisjordania y de Gaza.
¿SIGUE SIENDO VÁLIDA LA HOJA DE RUTA?
En realidad, las prioridades de esta nueva estrategia europea eran todo menos novedosas: la mayoría habían sido recogidas ya en la Hoja de Ruta, elaborada en septiembre de 2002 y aprobada unos días antes de la invasión de Irak en marzo de 2003. El Cuarteto, integrado por EEUU, la UE, las NNUU y Rusia, pretendía, mediante dicho itinerario para la paz, atraer a las partes a la mesa de negociaciones e interrumpir la Intifada. Según Miguel Ángel Moratinos, uno de los artífices de esta iniciativa como enviado de la Unión Europea en el proceso de paz, la creación del Cuarteto buscaba «cambiar la metodología de trabajo e intentar compartir la pesada carga de la mediación en Oriente Medio con otros actores internacionales».[4]
Lo interesante de esta iniciativa internacional es que por primera vez establecía como objetivo del proceso de paz la creación de un Estado palestino, aspecto que no llegó a recogerse en los Acuerdos de Oslo, y, en consecuencia, establecía un calendario para la consecución de tal meta. El proyecto estaba secuenciado en tres fases que deberían conducir a la aparición de un Estado palestino a finales del año 2005. En una primera fase, los palestinos deberían emprender una profunda reforma administrativa y securitaria, así como organizar unas elecciones libres; por su parte, los israelíes deberían retirarse de los territorios autónomos. En la segunda fase, se debería aprobar una Constitución palestina y crear un Estado con «fronteras provisionales» antes de que, en la tercera fase, se fijasen sus fronteras definitivas, momento en el cual deberían lograrse también acuerdos en torno a los espinosos temas de los refugiados, Jerusalén y los asentamientos.
La Hoja de Ruta ponía especial énfasis en las reformas condicionando en todo caso la independencia palestina al final de la Intifada, la reforma de la Autoridad Palestina, la aprobación de una Constitución y la elección de un nuevo Parlamento. A cambio, Israel debería «congelar toda actividad colonizadora de acuerdo con el Informe Mitchell, incluido el crecimiento natural de los asentamientos». Mediante esta fórmula se pretendía evitar que los gobiernos israelíes se escudasen en el pretexto de satisfacer el «crecimiento natural» de los asentamientos para intensificar la colonización. Al reclamar la creación de un Estado palestino con unas fronteras seguras y reconocidas a finales de 2005, el Cuarteto daba por concluida la fase de «la ambigüedad constructiva» que caracterizó todo el Proceso de Oslo.
Tres años después de su planteamiento, cabe preguntarse si la Hoja de Ruta ha logrado sus objetivos y continúa siendo válida. Parece evidente que la respuesta a la primera pregunta es negativa ya que, aunque se han registrado tímidos avances (reforma de la Autoridad Palestina, elección de un primer ministro palestino, aprobación de una Constitución), es evidente que no se ha conseguido avanzar en la creación del Estado palestino que parece cada día menos viable debido a la política de hechos consumados practicada por el gobierno israelí. En cuanto a la segunda cuestión, el plan de paz del Cuarteto repite algunos de los principales errores que precipitaron el fracaso del Proceso de Oslo –solución por etapas y consagración del desequilibrio entre las partes– y, además, ha quedado absolutamente obsoleto tras la construcción del Muro que impone las nuevas fronteras de facto de Israel.
El informe de los cónsules europeos en Jerusalén Este denunciaba que «las actividades de Israel en Jerusalén se hacen tanto en violación de sus obligaciones para con la Hoja de Ruta como de la ley internacional». Al mismo tiempo, el informe reclamaba una posición europea más enérgica:
Declaraciones claras por parte de la UE y del Cuarteto de que Jerusalén sigue siendo un asunto de negociación por ambos lados, y que Israel debe desistir de todas las medidas diseñadas para supeditar tales negociaciones, sería oportuno. También debemos apoyar actividades culturales, políticas y económicas palestinas en Jerusalén Este.
¿Y AHORA QUÉ?
Cuando fue planteado en 1995, el Proceso de Barcelona partía de la base de que el Proceso de Oslo, patrocinado por EEUU, desembocaría finalmente en un acuerdo de paz. En consecuencia con este planteamiento, la UE asumió un perfil político bajo y consideró que su papel debería restringirse a su labor de donante. Sólo cuando las negociaciones llegaron a un callejón sin salida, Bruselas intentó, sin demasiado éxito debido a la renuencia de Tel Aviv, elevar el listón de su implicación.
En estos últimos diez años, la UE ha evidenciado una notable incapacidad para influir en el curso del proceso de paz y, lo que parece más preocupante, parece haberse resignado a su condición de actor secundario. A pesar de poseer los instrumentos necesarios para intentar impulsar una solución negociada del conflicto, la UE se niega a apostar claramente por esta carta lo que ha dejado a EEUU como único interlocutor entre israelíes y palestinos, con todas las consecuencias que ello tiene. Desde el colapso del Proceso de Oslo en el año 2000, Israel ha conseguido imponer su propia agenda basada en proseguir su política de hechos consumados y arrinconar a la parte palestina mediante decisiones unilaterales (como se ha visto en la retirada de Gaza y en la construcción del muro). Esta ausencia europea de la mesa de negociación, además de errónea, puede tener desastrosas consecuencias futuras para la UE al gangrenar la sangrante herida del conflicto israelo-palestino.
De cara a un futuro, la UE debe demandar, por incómoda que le resulte la tarea, el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia. De no hacerlo, corre el riesgo de que la posibilidad de crear un Estado palestino independiente y viable se esfume de manera definitiva. En el caso de que Israel persista en su actitud, la UE debe contemplar la posibilidad de congelar el Acuerdo de Asociación con Israel amparándose en su sistemático incumplimiento de los derechos humanos. Hay voces que van más lejos y reclaman la imposición de sanciones, como el parlamentario laborista británico Gerald Kaufman que considera que
el único modo de salir del impasse actual es imponer sanciones económicas y un embargo de armas contra Israel. Esta misma política derribó el apartheid en Sudáfrica, que también fue condenada por la Corte Internacional de Justicia en 1971 por su ocupación ilegal de lo que hoy en día es Namibia.[5]
De no hacerlo, la UE corre el riesgo de asistir como un convidado de piedra al agravamiento de la situación de los bantustanes palestinos que se sitúan tras el Muro. En su calidad de donante, la UE no le quedará más alternativa que asumir la cada vez más costosa crisis económica que padecen los palestinos. No debe olvidarse que en el curso de los últimos años, la asistencia europea a los palestinos se ha ido inclinando de manera progresiva a la asistencia humanitaria para intentar paliar la desesperada situación existente sobre el terreno.
Desde el año 2000, buena parte de las ayudas europeas ha sido reconducida hacia la ayuda de emergencia y humanitaria. En el periodo 2000-2003, el Programa MEDA II incrementó de manera considerable la cuantía de sus ayudas a los territorios palestinos (277,8 millones de euros frente a los 111 del MEDA I durante el periodo 1995-1999). Como reconoció la Comisión Europea, el incremento de esta ayuda respondía en gran parte «al empeoramiento económico y a la crisis humanitaria».[6] Esta misma tendencia se acentuó en 2005 cuando se comprometieron 279 millones de euros de los que 192 millones fueron destinados a cubrir las necesidades inmediatas de la población palestina. La mayor parte de esta cantidad (un total de 122 millones) se destinó a los refugiados y a la ayuda humanitaria.[7]
[1] Víctor de Currea-Lugo, Palestina. Entre la trampa del muro y el fracaso del derecho, Icaria, Barcelona, 2005, p. 241.
[2] Israel’s Human Rights Behaviour 2004-2005, Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2005.
[3] http://europa.eu.int/comm/external_relations/gaza/intro/index.html.
[4] Miguel Ángel Moratinos, «El Cuarteto de Oriente Próximo: el papel de la Unión Europea y la implicación de la comunidad internacional en el conflicto» en Ignacio Álvarez-Ossorio (ed.), Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta, Madrid, Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, 2003, p. 258.
[5] The Guardian, 12 de julio de 2004.
[6] <http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/bilateral/w_b_gaza_en.htm>.
[7] Distribuida de la siguiente manera: 65 millones para el fondo general de la UNRWA, 29 millones para el programa de ayuda alimentaria de la UNRWA y otros 28 millones distribuidos por la ECHO entre las víctimas más vulnerables de la actual crisis.
EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA ASOCIACIÓN EUROMEDITERRÁNEA. BALANCE, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN
Isaías Barreñada Iván Martín
Isaías Barreñada es politólogo y técnico de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Comisiones Obreras. Iván Martín es profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. El presente trabajo es una versión ampliada de una ponencia elaborada por los autores para el Encuentro «Evento Civil Barcelona + 10», organizado por la Plataforma No Gubernamental EuroMed (Málaga, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre 2005).
Existe un amplio y creciente consenso sobre la realidad del empleo como principal reto económico y social que deben afrontar los Países Asociados Mediterráneos (PAM) al menos durante los próximos veinte años. Según el informe anual 2003 del Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos (FEMISE),[1] si se mantiene la tasa de actividad actual en los diez PAM (es decir, el porcentaje entre población activa y población en edad de trabajar, que es del 41,33 % actualmente, y menos del 30 % para las mujeres), para que las ya elevadas tasas (oficiales) de desempleo actuales del 12,22 % de la población activa de media no aumentaran sería necesario crear unos 18,5 millones de empleos antes del 2010, y casi 33 millones de empleo hasta el 2020 (ver tabla 1). Y esto sin tener en cuenta la previsible tendencia a la baja del empleo agrícola, que supone un 30 % de la población activa de la región. Aunque se consiguiera crear esa ingente cantidad de empleos, dos terceras partes de las mujeres en edad de trabajar seguirían marginadas del mercado laboral y el número absoluto de parados en la región aumentaría de los 8 millones actuales a 12 millones en 2010 y 16 millones en 2020. Por su parte, para el conjunto del Norte de África y Oriente Medio (países MENA) el Banco Mundial ha estimado que, simplemente para absorber a los jóvenes que se incorporarán al mercado laboral en busca de trabajo, en las dos próximas décadas estos países deberán crear 80 millones de empleos nuevos, y 100 millones si además pretenden absorber los ya altos niveles de desempleo actuales.[2] La propia Comisión Europea, en su Propuesta de Programa de Trabajo para los próximos cinco años,[3] habla de la necesidad de «crear 5 millones de empleos al año para ofrecer mejores perspectivas económicas a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado de trabajo a la vez que se asegura la consecución de un desarrollo sostenible».
Estas necesidades de creación de empleo supondrían incrementar la población ocupada –el número total de empleos– en la región en más de un 50 % en los próximos diez años, lo que exigiría como mínimo duplicar las tasas de crecimiento económico registradas en las dos últimas décadas (entre 1980 y 2001, los países asociados mediterráneos crecieron a una tasa media anual acumulada del 2,4 %), «un logro que no han conseguido ni siquiera las economías de alto rendimiento del Sudeste de Asia en los momentos de máximo crecimiento del empleo». Y no se trata de meras proyecciones estadísticas: la mayoría de esos jóvenes ya han nacido, pues una tercera parte de los 240 millones de habitantes de los países asociados mediterráneos tienen menos de 15 años.
TABLA 1
Situación del empleo y necesidades de creación de empleo en los PAM
Fuente: Elaboración propia a partir de Informe FEMISE 2003 (ver nota 1).
En cuanto a la situación económica y social más en general, otro reciente informe de FEMISE pone en evidencia el enorme abismo existente entre los países del Sur y del Norte del Mediterráneo.[4]
BALANCE DE 10 AÑOS DE ASOCIACIÓN EUROMEDITERRÁNEA
Subsidiariedad del empleo y de los derechos económicos y sociales
Frente a esta situación, el enfoque adoptado en el marco de la Asociación Euromediterránea ha sido el de centrar todos los esfuerzos en la liberalización económica y las reformas estructurales, con la esperanza de que ello atraería inversiones extranjeras directas y, como efecto secundario, contribuiría a crear empleo. De hecho, los tres instrumentos designados en la Declaración de Barcelona para conseguir los objetivos definidos en el ámbito de la cooperación económica y financiera, a saber, el «aumento del ritmo de desarrollo socioeconómico sostenible», la «mejora de las condiciones de vida de sus poblaciones, aumento del nivel de empleo y reducción de las disparidades de desarrollo de la región euromediterránea» y el «fomento de la cooperación y la integración regionales», son «el establecimiento gradual de una zona de libre comercio», «la instrumentación de la adecuada cooperación y actuación concertada» y «un aumento sustancial de la asistencia financiera de la Unión Europea a sus asociados». Entre las medidas concretas que se contemplan a tal fin, se mencionan «la adopción de medidas adecuadas en materia de normas de origen, certificación, protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial y competencia» (sin ninguna mención a los derechos laborales), «el mantenimiento y el desarrollo de políticas fundadas en los principios de la economía de mercado y en la integración de sus economías, teniendo en cuenta sus necesidades y niveles de desarrollo respectivos», «el fomento de mecanismos que permitan intensificar la transferencia de tecnología» y «la adaptación y modernización de las estructuras económicas y sociales, dando prioridad a la promoción y desarrollo del sector privado, a la mejora del sector productivo y al establecimiento de un marco institucional y normativo adecuado para una economía de mercado».
La única mención a las cuestiones sociales aparece inmediatamente a continuación, «asimismo, procurarán atenuar las consecuencias negativas que en el plano social pudieran derivarse de esta adaptación, fomentando programas que favorezcan a los sectores de la población más necesitados». Es decir, esta cuestión se aborda exclusivamente con carácter subsidiario y complementario, no como objetivo directo principal de las acciones de cooperación. Teniendo en cuenta que, a día de hoy, no se ha completado un diagnóstico sistemático, exhaustivo y preciso de las consecuencias sociales de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio y los procesos de reforma económica, no es de extrañar que esta declaración de intenciones haya tenido muy escasa traducción en los contenidos concretos de la cooperación euromediterránea.
A este respecto, cabe señalar que los Acuerdos de Libre Comercio firmados por los países de la región, en particular por Jordania y Marruecos, con Estados Unidos, sí regulan de manera específica cuestiones relacionadas con el Derecho laboral y los derechos de los trabajadores, si bien los expertos albergan serias dudas sobre la efectividad de tales acuerdos a este respecto.[5]
En consecuencia, estos diez años se han caracterizado por una total falta de acciones directas en materia de empleo. Así lo evidencia el hecho de que no haya habido ni una sola Conferencia Euromediterránea de Ministros de Trabajo o de Asuntos Sociales, cuando sí ha habido, por ejemplo, Conferencias de Ministros de industria, comercio, medio ambiente, agua, agricultura, energía, transporte, sociedad de la información, justicia e interior, cultura y sanidad.
El propio Programa de Trabajo propuesto por la Comisión para los cinco próximos años reitera este planteamiento. En él se señalan nueve acciones previstas para promover el objetivo prioritario de «contribuir a crear empleo y crecimiento económico sostenible mediante la liberalización comercial y la integración regional» –una de las tres grandes prioridades señaladas, junto con los derechos humanos y la democracia y la educación-: la liberalización del comercio de servicios y el establecimiento, la liberalización comercial y la cooperación agrícola y pesquera, la convergencia de la legislación, la integración económica Sur-Sur, un entorno macroeconómico saneado, el estudio de la creación de un Banco Euromediterráneo de Desarrollo, transporte, energía y sostenibilidad medioambiental. No hay, en cambio, ni una sola mención a medidas concretas para promover el empleo. A nivel europeo, hace tiempo que se ha llegado a la conclusión de que, para luchar eficazmente contra el desempleo, junto con políticas de crecimiento y reformas estructurales son necesarias políticas activas y directas de empleo y estrategias conjuntas a nivel europeo; no hay ninguna razón para no trasladar esa lógica al ámbito euromediterráneo.
Lo mismo puede decirse más en general de los derechos económicos y sociales (DES); un informe de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH) ponía de manifiesto la ausencia casi total en el marco de la Asociación Euromediterránea de ninguna reflexión metodológica sobre la cuestión de los derechos económicos y sociales y su papel en el conjunto del denominado «Proceso de Barcelona».[6] Esto resulta particularmente grave y cuestiona la posibilidad de alcanzar los objetivos de la Asociación Euromediterránea, en la medida en que, según se desprende de un ulterior proyecto de investigación puesto en marcha por la REMDH, los DES son fundamentalescomo condición material para el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, considerado como un «elemento esencial» de la Asociación.[7] Los derechos económicos y sociales serían, por tanto, un auténtico «eslabón perdido» de la cadena de causalidad para alcanzar los objetivos de democracia y desarrollo de la Asociación Euromediterránea. A este respecto, también merece la pena mencionar la escasa atención que reciben los derechos económicos y sociales de los inmigrantes procedentes de los PAM establecidos en la UE, lo que resta credibilidad a los llamamientos de la propia UE a que los PAM promuevan avances en este ámbito.
Con todo, el nuevo énfasis que se pone en la educación en el Programa de Trabajo de la Comisión es una excelente noticia en este sentido, si bien se siguen centrando los esfuerzos en aspectos «funcionales» relacionados con el mercado de trabajo, como la formación profesional y la movilidad de los estudiantes universitarios, por encima de cuestiones previas como la lucha contra el analfabetismo o la escolarización universal, cuya responsabilidad se deja en manos de los propios PAM. El incremento del 50 % en la cooperación bilateral en el ámbito de la educación se establece como «proporción de la cooperación financiera» total, y por consiguiente puede ir en detrimento de otros aspectos de la cooperación, sin que necesariamente implique la aportación de nuevos recursos.
Falta de crecimiento económico
Pero, más allá de este carácter subsidiario del empleo, ni siquiera en términos de crecimiento, el objetivo explícito en que se han concentrado los esfuerzos de la Asociación Euromediterránea, se han conseguido progresos significativos. Pese a los avances registrados en materia de estabilidad macroeconómica (ajuste) y de integración en la economía global (liberalización externa), en los últimos diez años no se ha avanzado en absoluto en materia de convergencia económica entre los países del Norte y del Sur del Mediterráneo, cuyo diferencial de renta se ha mantenido en 5,5 veces en paridad de poder adquisitivo, y eso pese a las débiles tasas de crecimiento europeas.[8] De hecho, salvo en el caso de Túnez, que «avanzó» cuatro puntos porcentuales hasta el 26,8 % del PIB per capita europeo, en todos los demás países se produjo un estancamiento o un aumento del diferencial con respecto a la renta per capita europea. La tasa media de crecimiento conseguida entre 1995 y 2004 por los PAM, un 3,9 % anual, ha sido insuficiente no sólo para reducir su distancia económica con respecto a Europa (teniendo en cuenta que la población de los PAM ha aumentado un 2,1 % anual durante el mismo período), sino para crear el empleo necesario para absorber el crecimiento del 3,0 % de media de la población activa. El empleo en los PAM ha aumentado a un ritmo de poco más del 1 % anual durante estos diez años, lo que supone un saldo estadístico de 1,5 millones de desempleados más al año. Sin embargo, ni a nivel nacional ni a nivel euromediterráneo se presta suficiente atención a la cuestión de la intensidad en empleo del crecimiento ni de la contribución a la creación de empleo de los programas de cooperación. La mayoría de los PAM ni siquiera cuentan con estrategias nacionales de empleo explícitas. Es más, actualmente ni siquiera se dispone de estadísticas fiables o información sistemática sobre la situación y las políticas de empleo o los DES en los PAM.
En síntesis, la «ecuación económica» a la que se fió el éxito de la Asociación Euromediterránea no ha funcionado, y en sus primeros diez años de andadura lo más que puede decirse es que la contribución de la Asociación Euromediterránea a la creación de una «zona de prosperidad compartida» en el Mediterráneo ha sido prácticamente insignificante.
Déficit social
Como consecuencia de ello, se han hecho realidad las advertencias que numerosas voces hicieron ya en 1995 sobre los problemas de desarrollo de la cuenca mediterránea. Aunque se ha producido una cierta mejora en algunos indicadores sociales (la esperanza de vida en los PAM ha aumentado entre 2 y 4 años en estos diez años, sobre todo gracias a la mejora de la situación sanitaria y la reducción de la mortalidad infantil), persiste una situación alarmante y un grave déficit social en la región.[9] A pesar de algunos avances, existen graves carencias en materia de servicios de salud (menos del 20 % de la población tiene una cobertura mínima), educación (50 millones de adultos analfabetos en los PAM, 25 % de la población adulta, y casi la mitad de las mujeres), acceso al agua y vivienda; los sistemas de protección social son muy limitados; y la mujer está en gran medida excluida de la vida económica y política. La AEM no ha contribuido significativamente a reducir esta deuda social.
En cuanto a los sistemas de protección social, tanto los agentes económicos y sociales como los propios expertos señalaron pronto que en países como los de la orilla sur y este del Mediterráneo, y especialmente en momentos de crisis y reformas profundas, las redes de Seguridad Social debían ser reforzadas y ampliadas: extendiendo la cobertura sanitaria, asegurando prestaciones dignas por accidentes de trabajo y jubilación, ofreciendo protección ante la pérdida de empleo... Obviar este tema significaba contribuir a la extensión de la economía informal y a la descohesión social.
Se temió incluso el desmantelamiento de los sistemas de protección social existentes. No hay evidencias de ello en conexión con la AEM, pero los esfuerzos en este campo han sido muy limitados (hay que destacar el seguro de desempleo en Argelia o la implantación del seguro médico obligatorio en Marruecos). El aumento del desempleo, alcanzando cotas nunca vistas, la precariedad y el aumento del sector informal, repercuten en un aumento de población desprotegida y vulnerable. La evolución registrada en estos 10 años confirman la urgencia y el carácter estratégico de reforzar y extender los mecanismos de protección.
Derechos laborales
En materia de derechos laborales se pueden constatar algunos cambios en estos 10 años, pero en general no han guardado ninguna relación con el Proceso Euromediterráneo como tal:
• Los PAM han ratificado la mayor parte de los principales convenios internacionales (normas fundamentales del trabajo, declaración de la OIT de 1998), y en general disponen de un marco legal desarrollado.[10] El principal problema es su efectividad.
• En estos diez años, han tenido lugar varias reformas de los códigos del trabajo.[11] En general han supuesto una modernización del marco legal e importantes mejoras (tiempo de trabajo, mujer, trabajo infantil, salario mínimo, salud laboral, la negociación colectiva en la empresa); pero también han dado carta de naturaleza al trabajo temporal, introducido facilidades para el despido, la precariedad y la subcontratación. Estas reformas han respondido esencialmente a la demanda de flexibilización de las relaciones de trabajo, exigida por los empresarios y recomendada por el Banco Mundial y plenamente funcional con respecto a la lógica subyacente de la Asociación Euromediterránea. En algunos casos han limitado derechos sindicales y fragilizado la representación de los trabajadores.
Al mismo tiempo son frecuentes las violaciones de los derechos sindicales. Es frecuente la hostilidad patronal contra los sindicatos. En varios países los funcionarios y trabajadores del sector público ven limitado su derecho de organización. Hay sindicatos cuya representatividad no es reconocida y tenida en cuenta. En otros países es frecuente la intervención del gobierno en la vida sindical. El problema se agudiza con la fragilización de los movimientos sindicales: por pérdida de afiliación dada la reducción del sector público y la flexibilización, por la falta de defensa por parte de las instituciones, pero también por razones internas (mal funcionamiento, falta de democracia interna y de autonomía). Globalmente, otro problema mayor es el escaso desarrollo de la negociación colectiva en la empresa y por sectores.
1ª conclusión: En estos diez años, la Asociación Euromediterránea no ha contribuido efectivamente a la creación de empleo ni a la mejora de la situación económica y social o la mejora de los derechos sociales y laborales de la población en los PAM. Ni el empleo ni los DES ha constituido prioridades políticas de la Asociación ni han adoptado acciones directas en este ámbito. Desde este punto de vista, la Asociación Euromediterránea ha sido más bien irrelevante.
Falta de diálogo social
Por regla general, las instituciones euromediterráneas han limitado la participación de la sociedad civil, ya de por sí escasa,[12]al tercer capítulo sobre «colaboración en el ámbito social, cultural y humano», excluyéndola de las cuestiones relacionadas con el diálogo político y la seguridad y de la cooperación económica y financiera. Resulta paradójico que la Unión Europea haya suscrito Acuerdos de Asociación que pretenden contribuir a desarrollar y consolidar la democracia en los PAM y suponen una transformación económica y social de tanta trascendencia en las próximas décadas tras un proceso que, en la inmensa mayoría de los casos, no contempló ningún tipo de consulta o concertación social interna.
Del mismo modo, la imposición de reformas económicas, políticas e institucionales prefabricadas o tecnocráticas sin un amplio debate político y social previo en el seno de los propios PAM que sirva para interiorizar dichas reformas y crear un consenso en torno a la visión y el proyecto de sociedad que subyace en ellas, corre el riesgo de enajenar a las sociedades de los PAM del proceso euromediterráneo y poner en peligro su sostenibilidad, en la medida en que la sociedad como tal no se sentirá ni identificada ni comprometida con dichas reformas para el futuro.
