Kitabı oku: «Las raíces históricas de los conflictos armados actuales»
LAS RAÍCES HISTÓRICAS
DE LOS CONFLICTOS
ARMADOS ACTUALES
Enric Prat Carvajal, ed.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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Ilustración de la cubierta: Guerrillero somalí, Mogadiscio
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.
ISBN: 978-84-370-7835-9
Realización de ePub: produccioneditorial.com
ÍNDICE
PRESENTACIÓN - Josep Joan Moreso
INTRODUCCIÓN - Enric Prat Carvajal
INSURGENCIA GLOBAL Y CONTRAINSURGENCIA. EL NEXO ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA - Mark Duffield
UN CONFLICTO OLVIDADO: CHECHENIA - Carlos Taibo
ORÍGENES DE LOS CONFLICTOS EN LA REGIÓN DE ORIENTE MEDIO.MEMORIAS DIVERGENTES Y TRAUMAS HISTÓRICOS - Georges Corm
CONFLICTOS SAHELIANOS. ANÁLISIS DE UNAS ESTRUCTURAS ESTATALES INVIABLES. Ferran Iniesta
GUERRA INCESTUOSA. COLOMBIA Y SU «COLA DE CERDO» - María Luisa Rodríguez Peñaranda
TRATANDO DE COMPRENDER LOS VEINTE AÑOS DE GUERRA EN AFGANISTÁN (1989-2009) Y EL «MOMENTO UNIPOLAR» DE ESTADOS UNIDOS - Marc W. Herold
PRESENTACIÓN
Vivimos en la era global. Vivimos en un mundo que ha globalizado la casi totalidad de las esferas: la económica y la financiera, por supuesto, pero con la globalización de la comunicación y el conocimiento ésta también se ha extendido a las esferas política y social. Paradójicamente, este fenómeno no se ha reproducido en la salvaguarda de los derechos humanos: no hay una justicia global que vele por salvaguardar los derechos y la dignidad de todas las personas. Si hace nueve años los líderes mundiales se reunían para redactar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fijan los parámetros cuantitativos que se deben seguir para liberar a gran parte de la humanidad de la extrema pobreza, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades, entre los más destacados, este año, cuando ya hemos superado el ecuador del plazo para alcanzarlos, el 2015, nos encontramos con que cada vez hay más distancia entre los países, con que han crecido las desigualdades en ámbitos tan cruciales como la salud o la educación, con que la distribución de la riqueza a nivel mundial está muy lejos de ser mínimamente justa, con que hay pueblos que continúan sometidos a la tiranía de gobiernos autoritarios, con que todavía miles de personas perecen cada día víctimas del hambre y la desnutrición.
Ante estos problemas, los universitarios tenemos la responsabilidad de trabajar para que la dignidad y los derechos de todos los seres humanos sean promovidos. Tenemos el deber de reflexionar sobre cómo introducir el respeto de los derechos humanos y de la democracia y también sobre cómo garantizar el imperio de la ley para salvaguardar éstos. Tenemos el deber de contribuir a concebir mecanismos económicos que no excluyan de los beneficios de la economía de mercado a casi la mitad de la humanidad. y tenemos el deber de trasladar todas estas reflexiones a nuestra sociedad civil.
Fue, precisamente, este sentimiento de responsabilidad el que nos condujo, hace ya dos cursos, a dedicar el año académico 2008-2009 a la Justicia global. En este contexto, el Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) organizó un seminario sobre las raíces históricas de cinco conflictos armados, actuales y de desgarradora repercusión (Chechenia, Colombia, Afganistán, Oriente Medio y los conflictos sahelianos), que fueron introducidos por una ponencia sobre la insurgencia y contrainsurgencia globales.
El seminario, organizado con la colaboración de la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la generalitat de Catalunya y el Consejo Social y el Departamento de Humanidades de la upf, incluyó, entre sus participantes, a algunos de los mejores especialistas en la materia que, posteriormente, han desarrollado sus ponencias, dando fruto a la colección que hoy tengo el placer de presentar.
La obra busca acercar al conjunto de la sociedad civil la dura realidad a la que se enfrentan cada día miles de personas. Porque, desgraciadamente, desde nuestra burbuja de cristal, demasiado a menudo olvidamos que después de más de cincuenta años trabajando para el desarrollo, todavía un tercio de la humanidad vive en la pobreza crónica y, peor aún, como nos alerta Mark Duffield, cómo ésta se ha ido redescubriendo como terreno de reclutamiento para el despliegue de las amenazas por las que el orden liberal se siente continuamente en peligro.
En la presente colección, hay artículos que abordan conflictos injustamente olvidados por los medios de comunicación. Sería el caso de Chechenia, que, como apunta Carlos Taibo, suele ser recordado únicamente en casos extremos y estremecedores como los acontecidos en el teatro Dubrovka de Moscú en el 2002 o en la escuela de Beslán, en Osetia del Norte, en el 2004. O el de los conflictos sahelianos, que, como recuerda Ferran Iniesta, pese a derivar en gran parte de una errónea implantación del Estado moderno como herramienta para la gestión política de los pueblos africanos, han tenido consecuencias en la actualidad que aún son desconocidas por la mayor parte de la población (evidentemente, salvo excepciones como la de Darfur, donde se estima que en los últimos seis años han perecido decenas de miles de personas y donde más de un millón se han visto obligadas a huir a campos de refugiados).
Otros artículos tratan conflictos más presentes en los medios, como el conflicto árabe-israelí, que, como recuerda Georges Corm, es uno de los pocos cuyo origen se remonta a la época posterior a la Segunda guerra Mundial y que, pese a su longevidad, en estos sesenta años no parece que haya experimentado progreso alguno. O la peculiaridad del conflicto colombiano, con ataques indiscriminados contra toda la sociedad civil ya que, según María Luisa Rodríguez Peñaranda, al enfrentar a ejércitos formales y clandestinos las convenciones que regulan la guerra (protección de los civiles, prohibición de los crímenes de guerra y de lesa humanidad) son continuamente inobservadas por todas las partes. O, por último, el candente conflicto en Afganistán, que nos ha traído de nuevo el debate sobre la noción de guerra justa (legitimado, demasiado a menudo, por sus defensores por servir como instrumento para preservar la libertad de la sociedad, en esa ocasión, norteamericana), pero donde se ha violado sistemáticamente el principio de proporcionalidad, que es un elemento esencial de presentación la doctrina de la guerra justa, precisamente. y es que, como nos recuerda Marc W. Herold, «si tiene que haber algo llamado justicia global, ningún país debería valorar la vida de sus propios ciudadanos por encima de la de otros».
En suma, éstas son sólo algunas de las ideas expuestas en una colección que, por su rigor expositivo, dilucidará algunas de nuestras dudas sobre el origen, las causas y el desarrollo de estos conflictos, pero que, al mismo tiempo, estoy convencido, también logrará que paremos un momento a reflexionar. Porque si los líderes mundiales se reunían hace nueve años para intentar paliar la desigualdad en el mundo, nuestro deber como sociedad civil es continuar trabajando para lograrlo.
Josep Joan Moreso
Rector de la Universitat Pompeu Fabra
INTRODUCCIÓN
Enric Prat Carvajal[*]
Los textos que se recopilan en esta publicación son las versiones escritas de las conferencias que se pronunciaron en el seminario «Las raíces históricas de los conflictos armados actuales», celebrado en Barcelona entre enero y marzo del 2009. El seminario fue organizado por el Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y contó con la colaboración del gabinete del Rectorado, del Consejo Social y del Departamento de Humanidades de esta universidad, así como de la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la generalitat de Catalunya, además del Ministerio de Educación y Ciencia (Dirección general de Investigación. Acciones complementarias HAR2008-04808-E).
Una publicación de estas características representa una aportación académica útil para los estudiosos y para los ciudadanos en general, tanto por la temática abordada como por los especialistas que han colaborado en ella. Las personas que han escrito los textos (Mark Duffield, Carlos Taibo, Georges Corm, Ferran Iniesta, María Luisa Rodríguez y Marc Herold) son reconocidos especialistas en el análisis de los conflictos armados y proceden de diferentes disciplinas académicas. Conviene que sea así porque los conflictos armados son un objeto de estudio marcadamente multidisciplinar. Para comprender adecuadamente los conflictos armados actuales es necesario tener en cuenta e integrar las aproximaciones realizadas desde la historia, la ciencia política, las relaciones internacionales, la economía, el derecho internacional, la psicología social, la antropología, la sociología, los estudios culturales, el periodismo de investigación, la filosofía política o la investigación para la paz.
Al seminario se inscribieron más de doscientas personas, la mitad de las cuales eran alumnos de la upf de diferentes estudios académicos: Humanidades, etc. Pero además de los estudiantes universitarios asistieron investigadores, profesores de enseñanza secundaria y de universidad, así como miembros de instituciones, entidades y ONG por la paz y los derechos humanos. El elevado número de asistentes indica el gran interés existente, tanto entre los universitarios como entre los miembros de diferentes colectivos de la sociedad, por los cursos o jornadas de debate donde se traten en profundidad las claves históricas interpretativas del mundo actual, y donde se analicen con rigor los fenómenos económicos, los sistemas políticos, las desigualdades sociales o los comportamientos colectivos que se proyectan sobre el tiempo presente. Estoy convencido de que uno de los principales compromisos y retos de los historiadores y los científicos sociales es el de contribuir a que los ciudadanos dispongan de elementos suficientes para entender mejor el mundo actual, y entre nuestras aportaciones destaca la recuperación de las ideas y los proyectos del pasado, reciente o lejano, que puedan ser útiles para pensar y transformar el militarizado e injusto mundo en el que vivimos.
Con el seminario sobre las raíces históricas de los conflictos armados actuales pretendíamos contribuir al esclarecimiento de las diferentes causas que desencadenan las guerras y a la comprensión de los conflictos bélicos más relevantes. La información sobre las principales guerras actuales ocupa un considerable espacio en la mayoría de los medios de comunicación, aunque siguen existiendo «conflictos olvidados», entre los que destaca el de Chechenia. Por otra parte, los conflictos armados suelen generar importantes controversias entre diferentes colectivos políticos y sociales. A pesar de ello, las raíces históricas y las causas profundas de los conflictos bélicos siguen siendo poco conocidas. Esto se debe, en gran parte, a la complejidad de las guerras, entre otras razones porque en ellas están involucrados múltiples actores y sectores sociales, políticos y religiosos, y porque en su estallido y desarrollo inciden factores de origen histórico diverso (del pasado lejano, del pasado más próximo y de la coyuntura más reciente).
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Las guerras constituyen uno de los grandes problemas que padece la humanidad. Según un informe de la Escola de Cultura de Pau, en el 2008 se registraron 31 conflictos armados, 30 de los cuales seguían activos al finalizar el año, en las siguientes zonas del mundo: Asia (14), áfrica (9), Europa (4), Oriente Medio (3) y América (1). Los de mayor gravedad fueron los de Afganistán, República del Chad, Colombia, Irak, Israel-Palestina, Pakistán (noroeste), República Democrática del Congo (este), Somalia, Sri Lanka (nordeste) y Sudán (Darfur).[1]
Estos conflictos bélicos y los de los últimos veinte años presentan unas características terribles. En relación con el período de la guerra Fría, se ha producido un aumento del número de actores armados (ejércitos, policías, guerrillas, grupos de insurgentes y de paramilitares, bandas de narcotraficantes, etc.) y han proliferado los cuerpos de seguridad privados. Las poblaciones civiles son las víctimas principales de las guerras[2] y sobre ellas se han practicado, en diferentes ocasiones, el genocidio y la «limpieza étnica» (por ejemplo, en 1994 se consumaron unos 800.000 asesinatos en Ruanda). Diferentes fuerzas y grupos armados han ejercido, durante las guerras, una brutal violencia de género contra las mujeres (son violadas, obligadas a actuar como esclavas sexuales, forzadas a ejercer la prostitución, etc.).[3]Las guerras han provocado desplazamientos masivos de población y la existencia de millones de refugiados.[4]
Además, se han incrementado las acciones de terrorismo suicida, sobre todo en Israel-Palestina, Irak y Afganistán.
La gran mayoría de los conflictos armados de los últimos veinte años han tenido carácter intraestatal, es decir, se trataba de guerras internas o civiles. A su vez, desde el final de la Guerra Fría parece más difícil que se produzca un conflicto militar entre estados. Mary Kaldor aporta algunas razones al respecto:
La capacidad de los Estados para usar la fuerza de modo unilateral contra otros Estados está muy debilitada. Ello se debe, en parte, a razones prácticas: el creciente poder destructivo de la tecnología militar y la mayor interconexión entre los Estados, sobre todo en el ámbito militar. Es difícil imaginar, hoy en día, un Estado o grupo de Estados que se arriesguen a una guerra a gran escala que podría ser todavía más destructiva que lo que se experimentó durante las dos internacional de armas, diversas formas de cooperación e intercambio militar, los acuerdos de control de armamento, etcétera, han creado una forma de integración militar mundial.[5]
Desde luego, el estallido de la guerra entre los principales estados del planeta parece poco probable, por los motivos que apunta Kaldor. Pero las guerras entre una o diversas potencias militares, especialmente las que están vinculadas a la OTAN, y algunos estados militarmente inferiores son más probables que en la guerra Fría, por la desaparición de la contención que suponía la existencia de la URSS y del Pacto de Varsovia, y por la supuesta conexión de la red de grupos de Al Qaeda con algunos estados. No se debería olvidar que en la década de 1990 y en los últimos años ha habido diferentes enfrentamientos militares entre estados, aunque los agresores, sobre todo Estados Unidos, siempre han tenido una superioridad militar abrumadora, como en la guerra del golfo Pérsico de 1991, en la guerra de Afganistán del 2001 y en la guerra de Irak del 2003.
Por otra parte, debemos añadir que, aunque la mayoría de las guerras sean internas o civiles, bastantes de ellas se han internacionalizado. Por ejemplo, los conflictos armados que se producen en África no se pueden catalogar simplemente como guerras civiles, ya que en la mayoría de ellos existe una implicación de gobiernos de países de la región, además de que algunos gobiernos y empresas occidentales venden armas a los gobiernos de los países en guerra y persiguen el control de los recursos naturales africanos. El conflicto que enfrenta a Israel y Palestina afecta de manera evidente al conjunto de conflictos de la región en la que está inserto y repercute en todo el mundo árabe, especialmente en Líbano, Siria y Jordania. Y algunos de los conflictos armados actuales, como el de Irak y el de Afganistán, guardan una relación directa con la guerra global contra el terrorismo desencadenada por la Administración de Estados Unidos.
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En relación con las causas de los conflictos armados, los especialistas mantienen razonados debates. Sin entrar en ellos, relacionaremos algunas de las principales posibles causas que pueden conducir a los enfrentamientos violentos.
Entre las causas de carácter interno se pueden destacar las siguientes: la pobreza y el subdesarrollo económico, porque generan, en las poblaciones que los padecen, problemas sociales graves, como la falta de alimentos, de trabajo, de servicios sanitarios y educativos, que pueden fomentar el enfrentamiento violento entre diversos grupos de la sociedad; la codicia y las disputas por el control de recursos naturales (agua, petróleo, gas, coltán, oro, diamantes, fosfatos, cobre, maderas tropicales, etc.) y por el de los territorios estratégicos desde los que poder controlar estos recursos; las reivindicaciones identitarias, de autodeterminación o de mayor autogobierno, reclamadas por comunidades o minorías que se sienten oprimidas o marginadas por sus gobiernos o estados; la instrumentalización y la manipulación de los resentimientos que puedan existir entre diferentes grupos étnicos por parte de determinados líderes, grupos, instituciones y medios de comunicación; el monopolio del poder ejercido por un colectivo étnico y su uso en contra de los intereses de los otros grupos étnicos; la existencia de estados, regímenes, sistemas políticos y gobiernos dictatoriales, opresores, tiránicos, represores, explotadores, injustos o que violan los derechos humanos; y la disputa violenta del poder por parte de las elites del propio aparato de Estado.
Entre los factores externos que pueden contribuir al estallido y desarrollo de los conflictos bélicos se pueden citar los siguientes: el comercio internacional de armamentos, en particular el de las armas pequeñas y ligeras (pistolas, rifles, granadas, morteros, etc.), que son las que más se utilizan en los conflictos armados actuales, por su fácil manejo, y que pueden adquirirse fácilmente y a bajo coste en el mercado negro; la actividad de los grupos vinculados a Al Qaeda; y la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, que hasta ahora se ha concretado en las intervenciones militares de Afganistán e Irak.
Finalmente, debemos mencionar que otra causa de las guerras, en este caso de su reproducción, es la no resolución de las reivindicaciones o de los agravios que han desencadenado el conflicto armado, una vez cesado el enfrentamiento violento. La triste realidad es que en bastantes ocasiones la guerra reaparece porque los acuerdos que condujeron al fin de las hostilidades armadas no eran sólidos o no se cumplieron. Paul Collier ha proporcionado un dato muy elocuente sobre el resultado de los acuerdos de paz suscritos en los últimos años: «cuatro de cada diez sociedades firmantes de un acuerdo de paz han recaído en la violencia menos de una década después».[6]
Una vez señaladas estas posibles causas de las guerras, que pueden servir de orientación para estudiar los conflictos armados actuales, cabe añadir que sólo el análisis histórico concreto de cada uno de los conflictos puede determinar qué causas los provocaron.
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Acabaremos con unas reflexiones básicas que pensamos que deben ser tenidas en consideración a la hora de analizar los conflictos bélicos y sus raíces históricas.
1) Es un error analizar los conflictos armados y sus raíces históricas a partir de un modelo general en el que supuestamente han de encajar forzosamente todos los casos. Cada conflicto bélico tiene sus propias causas y factores explicativos, tanto de orden interno como internacional. En cada uno de ellos inciden actores y grupos diferentes. Cada uno de ellos cuenta con unos antecedentes históricos propios. Por lo tanto, conviene analizar cada conflicto en concreto.
2) En la gestación y el estallido de cada conflicto armado suelen confluir factores de origen histórico diverso: del pasado lejano, del pasado más próximo o de la coyuntura más reciente. A la hora de proceder a analizarlos conviene precisar los distintos factores y sus orígenes, tanto los históricos como los recientes, ya sean internos o internacionales, que han contribuido a crear un clima bélico o a establecer las condiciones que han hecho posible la guerra, y hay que identificar cuáles son los factores directamente precipitantes o desencadenantes del conflicto armado.
3) Es preciso evitar las explicaciones parciales de las causas de los conflictos armados y de la violencia. Como afirma Ferran Iniesta en el artículo que aquí se publica, «rara vez hay un conflicto de raíz única». En el mismo sentido, Paul Collier ha señalado que «casi todos los conflictos presentan múltiples niveles de causalidad».[7]Por lo tanto, se impone llevar a cabo una interpretación y explicación multicausal o multifactorial de los conflictos armados, en la medida en que los elementos que inciden en su gestación y desarrollo acostumbran a ser de naturaleza diversa: económica, social, religiosa, cultural, política, medioambiental, étnica e ideológica. Es necesario estudiar también la interrelación que suele haber entre todos estos factores.
4) Los factores que pueden incidir en el estallido o agravamiento de una guerra pueden ser tanto de carácter internacional como nacional y regional, tanto internos como externos al país que padece directamente el conflicto armado. El desarrollo de un conflicto puede repercutir en toda la región en la que está inserto, radicalizando las posturas enfrentadas: por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina repercute en todo el mundo árabe, el conflicto de Afganistán repercute en Pakistán, el conflicto de Irak repercute en Irán, etc.
5) Conviene detectar los mitos, las deformaciones y las invenciones sobre el pasado y sobre el presente que utilizan algunos contendientes para justificar sus actuaciones violentas o sus proyectos excluyentes. También es importante examinar el proceso de construcción de la imagen del enemigo. Todo ello, puede desempeñar un papel de aceleración o de desencadenamiento de los conflictos armados en la medida en que sean capaces de generar odio y de movilizar a sectores de la población hacia el enfrentamiento violento contra otros sectores de la sociedad.
6) El fanatismo religioso o el nacionalismo excluyente pueden ser una causa de las guerras. Pero conviene aclarar que la existencia de diferencias nacionales, étnicas o religiosas no tiene por qué conducir forzosamente al enfrentamiento violento. En cambio, la manipulación política e ideológica de estas diferencias sí que puede provocar el conflicto y la guerra.
7) Hay que tener en cuenta los diferentes intereses y proyectos presentes en un conflicto armado. Se ha de poner en claro cuáles son los principales colectivos enfrentados, los colectivos que apoyan la guerra y los que se oponen a ella. Conviene señalar a los diferentes responsables de la guerra, pero también a los que han defendido opciones de paz, diálogo y convivencia plurinacional, multicultural y multirreligiosa. Las guerras no son inevitables, siempre hay actores que proponen alternativas para evitar el conflicto armado. Ante un conflicto siempre existen alternativas diferentes a la guerra para abordarlo, como la negociación o la voluntad de cooperación y de llegar a acuerdos que integren los intereses de los grupos enfrentados.
Sin duda alguna, los textos que se publican en esta obra llenan de contenido las anteriores consideraciones y nos permiten adquirir mayores conocimientos y mejores herramientas de análisis para profundizar en las raíces históricas de los conflictos armados actuales.
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En el capítulo de agradecimientos he de mencionar, en primer lugar, al Dr. Joaquim Albareda, director del Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives de la upf, por haber acogido tan positivamente la propuesta de celebrar un seminario sobre las raíces históricas de los conflictos armados actuales y por invitarme a colaborar en su organización. También he de agradecer al Sr. Xavier Badia, director de la Oficina de Promoció de la Pau i del Drets Humans de la generalitat de Catalunya, su apoyo a dos iniciativas que le planteé: por una parte, un curso sobre filosofía de la paz, que impartimos en la upf entre septiembre y diciembre del 2008, y, por otra, el seminario sobre las raíces históricas de los conflictos armados actuales, cuyas aportaciones se recogen en este volumen.
Sabadell, enero del 2010
[*] Historiador, investigador del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra, miembro del Consejo Editorial de la revista Sin Permiso y del Consejo Asesor de la revista Viento Sur.
[1] Escola de Cultura de Pau: Alerta 2009! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau, Barcelona, Icaria, 2009, p. 21.
[2] Según Hobsbawm, «solamente el 5% de las víctimas de la Primera guerra Mundial eran civiles; en la Segunda, el porcentaje se elevó hasta el 66%. En la actualidad, la proporción de víctimas civiles de cualquier guerra se sitúa entre el 80 y el 90% del total» (Eric Hobsbawm: Guerra y paz en el siglo XXI, Barcelona, Crítica, 2007, p. 4).
[3] «Las organizaciones de mujeres han catalogado las agresiones sexuales masivas y sistemáticas contra las mujeres como arma y estrategia de guerra, ya que son planificadas y utilizadas por dirigentes políticos, ejércitos y grupos paramilitares para humillar, desmoralizar y debilitar la capacidad de resistencia de las mujeres y del resto de la población del bando enemigo, y así demostrar su poder y su capacidad de dominación sobre ellos. Este fenómeno de violación masiva de mujeres se acentúa mucho más en los casos de guerras donde se han practicado las denominadas limpiezas étnicas o se han exacerbado los odios raciales, como en los conflictos armados de la antigua Yugoslavia entre 1991 y 1995 y en las masacres de Ruanda de 1994» (Enric Prat: «Mujeres por la paz frente a la guerra y el militarismo», en Cristina Borderías y Mercè Renom (eds.): Dones en moviment(s). Segles XVIII-XXI, Barcelona, Icaria/Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008, pp. 146-147).
[4] Hobsbawm informa que en el año 2000, «el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoció que su organización asistía a un total de 23,3 millones de personas en todo el mundo, principalmente procedentes de determinadas regiones del oeste y del sur de Asia, de áfrica y del sudeste de Europa (...). Una valoración posterior, del 2003, que incluía a los “desplazados internos”, los refugiados que no habían abandonado su país, elevaba la cifra a unos 38 millones» (Hobsbawm: Guerra y paz en el siglo XXI, op. cit., p. 88).
[5] Mary Kaldor: Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global, Barcelona, Tusquets, 2001, p. 19.
[6] Paul Collier: Guerra en el club de la miseria. La democracia en lugares peligrosos, Madrid, Turner, 2009, p. 103.
[7] Paul Collier: El club de la miseria. Qué falla en los países más pobres del mundo, Madrid, Turner, 2008, p. 42.
INSURGENCIA GLOBAL Y CONTRAINSURGENCIA. EL NEXO ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA
Mark Duffield [*]
Este capítulo trata de la insurgencia global y la contrainsurgencia. Este conflicto por lo general no se disputa con armas convencionales. Se trata de una lucha generalizada que conecta los mundos desarrollado y subdesarrollado en torno a la existencia. En efecto, es una lucha acerca del sentido y las posibilidades de la vida misma. La insurgencia y la contrainsurgencia globales recorren las redes transnacionales y las economías sumergidas del desarrollo que realmente existen, frente a la industria internacional del desarrollo, que está igualmente articulada en redes y radicalmente interconectada. Existe una guerra que tiene como telón de fondo la Fortaleza Europea y la proscripción de la migración indocumentada, que se libra alrededor de lo que se consideran, o no, formas de vida sostenibles o aceptables. El capítulo explora los orígenes, los contornos y las implicaciones de esa insurgencia global y, en especial, el lugar estratégico del desarrollo civil y de la ayuda humanitaria dentro de ella.
INTRODUCCIÓN
A menudo se argumenta que la seguridad humana privilegia más la seguridad de las personas que la de los estados. La seguridad humana pone en primer plano, no tanto la preocupación por la seguridad de los estados, al menos de forma directa, como las eventualidades sociales, económicas y políticas y los riesgos que amenazan la propia vida (UNDP, 1994). Dada esta perspectiva humanista, la seguridad humana se ha adoptado ampliamente como un punto de partida, nuevo y progresista, en el campo de la ayuda internacional y el desarrollo (Thomas, 2001). No obstante, las argumentaciones racionales liberales de gobierno, tales como la de la seguridad humana, han tenido siempre, desde los albores de la modernidad, como objeto la protección y la mejora de los procesos esenciales de vida asociados con la población, la economía y la sociedad
En este sentido, el liberalismo encarna la idea de «gobierno del pueblo y los imperativos derivados de tal idea» (Dean, 1999: 113). En la actualidad, la promoción de la seguridad humana se considera un componente esencial del propio desarrollo. Liberalismo y desarrollo se pueden ver como diferentes, pero interrelacionados y complementarios. Aunque para ambos la vida es un objeto de referencia, el liberalismo, desde sus orígenes, se ha visto condicionado por su marcada experiencia de la vida no occidental como algo incompleto o carente de las cosas esenciales para una existencia apropiada (Mehta, 1999; Jahn, 2005). Desde esta experiencia, la vida no occidental se hallaría en un estado de inseguridad humana, debido a la ausencia de conocimiento, de recursos o de capacidad. El papel del desarrollo, típicamente por medio de la educación y el estímulo, es hacer que esta vida inadecuada sea sana y completa. Al conseguir este resultado, la forma institucional y duradera del desarrollo es la de un tutelaje moral o educativo (Cowen y Shenton, 1996). El desarrollo como tutelaje externo se propone llevar a su pleno potencial la vida incompleta o subdesarrollada. En este capítulo, en lugar de entender el desarrollo como, por ejemplo, el resultado de las intervenciones para reducir la pobreza, alentar la voz y, en consecuencia, extender la libertad; éste se examinará como forma de gobernar a través de estos mismos actos de educación, mejora y empoderamiento.
Al pretender convertir lo que es incompleto en una parte saludable y conocida de la sociedad, el desarrollo funciona como una tecnología liberal de seguridad. Lo que se denomina hoy en día nexo entre desarrollo y seguridad no es una construcción que responde a las condiciones diferentes del período posterior a la guerra Fría; por el contrario, tiene una larga genealogía de vigilancia de la interfaz entre las poblaciones occidentales y no-occidentales (Duffield, 2007: 1-31). En este capítulo, el desarrollo como seguridad (y viceversa) se utiliza para explorar la posibilidad de una insurgencia y contrainsurgencia globales que conecten lo que se podría denominar de forma provisional, vida «desarrollada» y «subdesarrollada». Esta guerra civil –o más bien este cuadro de guerras locales, riesgos internacionales, intervenciones y resistencias–, más que enfrentar ideologías que compiten, arroja unas contra otras formas de vida contrarias. Actualmente, en ambos lados, los actores, en lugar de ser ejércitos convencionales o estados solos, tienden a movilizar, acompañar o trabajar como parte de una articulación más amplia de actores y redes no estatales y transnacionales. Tales articulaciones opuestas se difuminan necesariamente y operan a través de la divisoria nacional/internacional (IPPR, 2008). La guerra civil global, de manera característica, se libra acerca y entre las relaciones y las modalidades de la propia vida. El analista militar Rupert Smith le ha dado a este combate el nombre de guerra entre la gente. Es una guerra en la que«todas las personas, en todas partes, son el campo de batalla» (Smith, 2006: 4). En las guerras entre la gente, la fuerza militar convencional tiene una utilidad limitada. En efecto, como sugieren los casos de Irak y Afganistán, más que asegurar una victoria inequívoca es probable que afiancen e internacionalicen la resistencia que encuentran. Al mismo tiempo, si no se maneja bien, la fuerza militar puede poner en contra a la opinión pública del propio país.
En la actualidad, para los gobernantes es un lugar común afirmar que el desarrollo y la seguridad están interconectados, en el sentido de que no se puede tener seguridad sin desarrollo y que el desarrollo es imposible sin seguridad (Benn, 2004). A mediados de la década de los noventa, los gobiernos occidentales donantes han remodelado y relanzado sus presupuestos de ayuda civil como un medio especulativo de reducir y gestionar los conflictos (ODA, 1996; DAC, 1997), partiendo del supuesto de que la ayuda puede cambiar de manera selectiva el equilibrio de poder entre grupos sociales en interés de la paz (Anderson, 1996). Sobre estos fundamentos esencialmente contrainsurgentes, el nexo desarrollo-seguridad ha emergido como una verdad vital del período posterior a la guerra Fría. No obstante, como ya hemos señalado, este nexo tiene una larga genealogía. Lo que hace que su configuración actual sea nueva o especial es que ahora se presenta con un tercer término o condición, que habitualmente apenas se acepta y se mantiene no dicha, y que aquí llamaremos contención. Desde la descolonización, la contención abarca aquellas intervenciones –numerosas y en aumento– y tecnologías que intentan restringir o controlar la circulación de una vida subdesarrollada incompleta –y, por consiguiente, potencialmente peligrosa– o devolverla a su lugar de procedencia. Un nexo más amplio entre seguridad y desarrollo añadiría la condición de que no puede haber desarrollo o seguridad sin contener o controlar la movilidad de la vida subdesarrollada. Esta condición incluye, junto con la cada vez más reducida concesión de visados y los estrictos controles de inmigración, la transformación del régimen internacional de refugiados en un sentido de mayor restricción, retorno y reintegración (Barnett, 2002). Los países industrializados, al tener que vigilar el estado de excepción alrededor de la circulación de indocumentados, gastan hoy regularmente más en inmigración y control del asilo que en desarrollo. Como veremos más adelante, los orígenes de la contención global se encuentran en la descolonización. La contención surge como heredera de anteriores tecnologías coloniales de control de la población (véase Mitchell, 2002) y, a la vez, proporciona el precedente a partir del cual han proliferado las prácticas locales de restricción y modulación de la circulación a través de la zonificación y el diseño arquitectónico.
La contención de la circulación de la vida subdesarrollada es una necesidad estratégica en una insurgencia y contrainsurgencia globales que combaten en torno a la existencia. Aunque la historia y la cultura han abierto irremediablemente brechas, la geopolítica de la contención global funciona como una especie de alambrada que separa y reproduce la oportunidad genérica de vida entre los mundos desarrollado y subdesarrollado. En comparación con los regímenes de protección social, seguro nacional y burocracias del bienestar que caracterizan al primero, se espera que la vida subdesarrollada sea independiente en términos de sus necesidades biológicas, económicas y sociales. Vigilada por cómo se sostiene la vida, o se espera vivir, se ha ido ampliando desde la descolonización. Así como el intento de que la autorreproducción sea sostenible es un objetivo duradero del desarrollo, el objetivo de la autosuficiencia es ambiguo. La vida incompleta, respondiendo a su deseo de vivir más allá de las necesidades básicas y limitadas que le son atribuidas, se siente inclinada a hacer las elecciones equivocadas y, como tal, a convertirse en peligrosa. La autorreproducción radical se identifica con formas amenazadoras de innovación y de circulación, que incluyen la habilidad de sobrevivir por encima de los estados y de socavar los muros que éstos erigen. La autorreproducción autónoma desafía continuamente los intentos de lograr la seguridad por medio del desarrollo como contención internacional. Al examinar la posibilidad de una insurgencia y contrainsurgencia globales en torno a la propia vida, se está discutiendo en primer lugar la naturaleza estratégica del desarrollo.
EL DESARROLLO COMO SEGURIDAD
Al lidiar con la difícil situación actual con respecto a la seguridad, entre los políticos y los gobernantes es común afirmar que la dicotomía tradicional entre lo nacional y lo internacional se ha venido abajo. En este mundo nuevo y radicalmente interconectado está en juego la defensa de una sociedad de consumo de masas o, al menos, de «gente con un trabajo que hacer, una vida familiar que equilibrar, hipotecas que pagar, carreras que promover [y] pensiones que asegurar» (Blair, 2001). Tales visiones del orden liberal quedan validadas por el propio desafío que plantean las fuerzas internacionales predadoras, las cuales, al igual que el objeto de su amenaza, tienen un carácter principalmente no estatal e interconectado. Aunque el desarrollo ha tenido una larga historia como respuesta estratégica a estas amenazas, esta vertiente de él no se suele apreciar. Una de las razones de ello es que, como tecnología práctica de seguridad, el desarrollo existe en el presente. Sus beneficios se proyectan siempre en un futuro que todavía debe realizarse (Easterly, 2002). No obstante, si retrocedemos para tener una visión a más largo plazo, veremos cómo el desarrollo opera de forma más estratégica.
Desde la descolonización, la desaparición de la pobreza global, regularmente prometida, se ha mostrado escurridiza. Más conocido ha sido, en cambio, el redescubrimiento, recurrente e indignante, no sólo de la persistencia de la pobreza, sino de la brecha creciente de riqueza entre los mundos desarrollado y subdesarrollado (Myrdal, 1957; OECD, 1972; Brett, 1985; UNDP, 1996). Después de más de cincuenta años de tenaces esfuerzos de desarrollo, se estima que un tercio de la humanidad todavía vive en la «pobreza crónica» (CPRC, 2005). Más que centrarnos simplemente en las razones de la pobreza, es importante examinar la función política que adquiere este redescubrimiento constante y, en especial, ver cómo valida el orden liberal. Aunque la pobreza no fue la causa directa de, por ejemplo, la atracción que el comunismo causaba en el Tercer Mundo durante la década de los años cincuenta del siglo pasado; o de la crisis de los refugiados en la década de los setenta; o de las nuevas guerras de los noventa –e incluso de la actual amenaza del terrorismo internacional–; en todos los casos se ha descubierto que se encuentra en la raíz del problema (Wilson, 1953; Morawetz, 1977; dac, 2003). Desde el comunismo al terrorismo, a través de sus efectos marginadores y su capacidad de alimentar el resentimiento y la alienación entre la gente corriente, la pobreza se ha ido redescubriendo de manera repetitiva como un terreno de reclutamiento para el despliegue operativo de las amenazas estratégicas por las que el orden liberal se siente continuamente puesto en peligro.
Como tecnología liberal de seguridad, el desarrollo tiene una larga historia. Sus rasgos esenciales se pueden detectar en su primera e imaginativa ficción al filo de la naciente modernidad: la tutela civilizadora que Robinson Crusoe ejercía, a principios del siglo XVIII, sobre su criado Viernes. En la práctica, el desarrollo conjugó la abolición tardía de la esclavitud (Duffield, 2007: 12-16) con los efectos sociales del surgimiento del capitalismo industrial en Europa (Cowen y Shenton, 1996). El desarrollo emerge como un tutelaje moral sobre la vida, experimentada ya sea como incompleta, como superflua o de algún modo superabundante en relación con las necesidades (Cowen y Shenton, 1996; Mehta, 1999). En su intento de paliar los efectos destructivos del progreso, los sistemas de desarrollo liberales intentan típicamente reestablecer formas aceptables de existencia sobre la base de una vida comunitaria reorganizada. Aparecen como un conjunto de tecnologías educativas basadas en las visiones ilustradas del progreso, que acabarán con el excedente de población por medio del adiestramiento en el arte de las costumbres y la libertad mientras, al mismo tiempo, contribuyen a su autorreproducción global. A través del tutelaje de los expertos (Mitchell, 2002), este sistema de desarrollo promovió históricamente el fomento de la independencia comunitaria y de los negocios locales basados en la empresa, la tierra u otro tipo de propiedad a pequeña escala (Cowen y Shenton, 1996: 266-267). y aunque hoy en día esto se reconoce como desarrollo sostenible, lo podemos encontrar ya en los planes abolicionistas para alcanzar la independencia comunal de los esclavos liberados que lucharon para fundar Sierra Leona en la década de 1780 (Hochschild, 2006: 146-147). También se puede ver este modelo en los «pueblos libres» baptistas, en la Jamaica de la década de 1830 (Hall, 2002: 120-139). Como tutelaje educativo, el desarrollo opera como las pruebas de estado físico en relación con la vida incompleta; cuando se toman las elecciones equivocadas, el desarrollo se puede difuminar fácilmente hacia estados de emergencia y exclusión.
Para el desarrollo, la descolonización es a la vez un terreno de continuidad y un punto de partida. Como tutelaje liberal revitalizó la burocracia inglesa colonial (Arendt, 1951; Shenhav y Berda, 2007) y halló expresión en tales prácticas como gobierno indirecto (Lugard, 1922) y posteriormente como desarrollo comunitario participativo (Batten, 1957). La lucha anticolonial, sin embargo, originó el mundo de los estados-nación territoriales, y este mundo de estados dio lugar necesariamente a un mundo de pueblos. En un proyecto que sólo tiene cuatro o cinco décadas de antigüedad, por primera vez las poblaciones india, nigeriana, jamaicana, sudanesa y ghanesa existían como ciudadanas dentro de sus propias fronteras nacionales. Durante la descolonización, el desarrollo fue portador de una relación interestatal de gobernanza; se desplazó desde la burocracia colonial a las instituciones de expertos externos que hacían cola para ayudar a los estados subdesarrollados recientemente descubiertos y mejorar así el mundo de pobreza que había en ellos. El desarrollo, como modelo global del poder, divide genéricamente a la humanidad, aunque no de una forma geográfica específica, en vida desarrollada y subdesarrollada; y a través de las subdivisiones culturales y raciales que ello permite, funciona como una herramienta importante para clasificar y gobernar el mundo de los pueblos.
LA BIOPOLÍTICA DEL DESARROLLO
La obra de Foucault (1976; 1975-1976; 1977-1978) sobre la biopolítica es importante para comprender la relación, más intrínseca que contingente, entre desarrollo, seguridad y contención. En el marco más familiar de la geopolítica, los estados controlan territorios. Sin embargo, los territorios tienen también poblaciones y los estados modernos definen su eficacia en términos de lo bien que apoyan la vida y el bienestar de sus poblaciones. La idea contemporánea de la seguridad humana, por ejemplo, es un concepto esencialmente biopolítico; a la vez que prioriza más la seguridad de la gente que la de los estados, privilegia al estado como vital para proveer los bienes públicos que constituyen la seguridad humana (Duffield y Waddell, 2006). En consecuencia, en la idea de seguridad humana se halla implícita la distinción entre estados eficaces e ineficaces en términos de cómo se da apoyo y se asegura la vida de la gente. No obstante, alentar la vida mejorando la resiliencia de una población no es lo mismo que promover la participación activa de la ciudadanía en la sociedad política. La biopolítica actúa sobre una población en términos de política, sin tener en cuenta si la gente tiene derecho a voto, o no. La biopolítica anima aquellas tecnologías e intervenciones que buscan disciplinar y regular la vida a escala de masas de población, es decir, a la escala en la que la vida aparece en forma de agregados, tendencias y normas estadísticas. En la medida en que la biopolítica intenta reducir los riesgos y las eventualidades de la existencia colectiva, o establecer compensaciones por aquellos que no se pueden evitar, funciona en interés de la seguridad. Al mismo tiempo, las tecnologías que se utilizan para sostener la vida proporcionan también los medios de su gobernanza. La obra de Foucault, no obstante, se centra en Europa; él no escribe de manera específica sobre el colonialismo o el desarrollo en esta cuestión (Stoler, 1995). Entender el desarrollo como un modelo de biopoder requiere, por consiguiente, una interpretación.
Al distinguir entre vida desarrollada y subdesarrollada, desde el punto de vista de la biopolítica, nos ocupamos de las tecnologías concretas que dan apoyo y mantienen la vida colectiva en sus diferentes escenarios ideales. La vida desarrollada se sostiene, en primer lugar, por medio de los regímenes de seguridad social y la protección burocrática históricamente asociada con el capitalismo industrial y el crecimiento de los estados del bienestar. La aportación obligatoria a la seguridad social, como solución al problema del excedente de población industrial, apareció por primera vez en Europa hacia finales del siglo XIX (Thane, 1989). Fue más efectiva que los intentos coetáneos de promover la autosuficiencia comunitaria por medio de la creación de empresas locales (Cowen y Shenton, 1996: 284-285). Aunque sus orígenes sean europeos, a partir de este momento, la autosuficiencia se asociaría inicialmente con las colonias agrarias. Pero el momento de expansión real del estado del bienestar en Europa y sus tecnologías asociadas de protección social burocrática fue el final de la Segunda guerra Mundial y el comienzo de la descolonización. Para la vida desarrollada, o lo que metafóricamente podríamos llamar vida asegurada, las eventualidades de la existencia capitalista se han mejorado por medio de la reducción del riesgo y los beneficios compensatorios que se basan en las aportaciones a la seguridad social, los impuestos generales, los seguros privados y los ahorros personales (McKinnon, 2004). Junto con la ayuda de los organismos de voluntariado, una serie de burocracias del bienestar público, derechos a las prestaciones sociales y redes de seguridad que cubren el nacimiento, la vivienda, las ayudas familiares, la educación, la salud, la protección al empleo y las pensiones, mantienen la vida desarrollada (Wood y gough, 2006). En la sociedad de consumo de masas, estas burocracias y redes de seguridad se hallan integradas en sistemas de «infraestructura crítica» (Reid, 2006) que requieren abundante energía, transporte, financiación, medios de comunicación y redes de venta al por menor. Constituyen en su conjunto la matriz de relaciones e instituciones que sostienen una existencia desarrollada, si bien es cierto que dependiente.
Alrededor del 80% de la mano de obra de los países industrializados depende de alguna forma del plan de aportación a la seguridad social; sin embargo, a escala global, sólo se puede considerar que un 20% de la población mundial tiene una seguridad social adecuada (McKinnon, 2004: 9-10). Tal vez, la mayor parte de la humanidad –aquellos que existen más allá del perímetro de la alambrada de la inmigración y el control del asilo– viva fuera de tales regímenes de protección social. Considerado a escala internacional, las aproximaciones contributivas convencionales al bienestar público se quedan notablemente por debajo del alcance universal «especialmente en los países en desarrollo» (McKinnon, 2004: 9-10). En áfrica o Asia, por ejemplo, sólo una pequeña minoría de la gente, habitualmente menos del 10% de la población, tiene cobertura, y normalmente sólo para un abanico restringido de eventualidades. La vida subdesarrollada es, desde una perspectiva biopolítica, autónoma o no-asegurada. En comparación con la compleja división del trabajo y, por lo tanto, las múltiples dependencias que definen la existencia civilizada, desde que el Hombre Natural siguió los pasos de la Ilustración, se ha dado por supuesto que los pueblos salvajes son esencialmente autorreproductivos. Durante dos siglos o más, se ha mostrado al Hombre Natural en escenarios primero románticos y en la actualidad crecientemente amenazados «saciando su hambre bajo un roble, apagando su sed en el primer riachuelo, durmiendo bajo el mismo árbol que le daba de comer» (Rousseau, 1755: 81). En el discurso contemporáneo del desarrollo es axiomático que las poblaciones subdesarrolladas, si exceptuamos algunas necesidades básicas como las carreteras principales, los puntos de suministro de agua comunales, los materiales de construcción esenciales, las letrinas, las instalaciones médicas básicas, la educación primaria y el micro crédito, son autosuficientes en cuanto a sus principales exigencias económicas, sociales y de bienestar.
El supuesto de una economía natural autorreproductiva queda ilustrado en la futurología global del fmi con respecto a las necesidades del bienestar posteriores a la guerra Fría. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, donde la industrialización ha atomizado ya los hogares, se percibe que son necesarias las extensas redes de seguridad del bienestar. Sin embargo, en países menos desarrollados y más agrarios, la familia extensa y la comunidad «funcionan relativamente bien como plan de seguridad social informal haciendo innecesaria la necesidad de introducir con urgencia las pensiones públicas a gran escala» (Kopits citado por Deacon, Hulse y Stubbs, 1997: 64). Haciéndose eco de este pensamiento, se nos dice que en el Sur global «la experiencia (...) nos recuerda la contribución central de los recursos personales y familiares a la necesidad universal de seguridad» (Wood y gough, 2006: 1.697). Una consecuencia práctica de este supuesto tan enraizado es que las «soluciones duraderas» para el problema del retorno y la reintegración de los refugiados, durante décadas, no han aspirado a otra cosa que a una reconstitución de la autosuficiencia (Betts, 2004). Para la comodidad de los economistas neoliberales y los profesionales de las ong, una gran parte de la humanidad se exime de la necesidad de tener costosos, y por tanto «no sostenibles», sistemas de protección social, gracias a su propia resiliencia comunal.
No obstante, desde el surgimiento de un mercado mundial integrado a finales del siglo XIX, la autorreproducción ha sido una imposibilidad creciente (Davis, 2001). Si la tozudez de las estadísticas sobre pobreza global y aumento de la miseria son insuficientes para indicarlo, las consecutivas emergencias humanitarias entre las poblaciones –o mejor dicho, la emergencia permanente de la existencia en el Sur global– sugieren que la autosuficiencia es una quimera conveniente pero mortífera. En el mundo real, aquellas desventuradas poblaciones destinadas a ser autorreproductivas sobreviven en el umbral de la emergencia humanitaria en toda la sociedad. Al caracterizar una biopolítica de la vida subdesarrollada o no asegurada, nos confrontamos con una dualidad recurrente. Por una parte, están aquellas tecnologías que reducen la pobreza, las iniciativas empresariales locales y la capacidad de manifestar opiniones, que pretenden conseguir que la autosuficiencia sea sostenible; mientras, por otra parte, está la realidad constante de la intervención humanitaria. Desde esta perspectiva, la ayuda humanitaria funciona como un seguro internacional de último recurso para los pueblos no asegurados del mundo. En contraste con una vida desarrollada sostenida por regímenes de protección social, desde la descolonización, se ha localizado una biopolítica del subdesarrollo en la circularidad esencial o el condicionamiento mutuo entre la ayuda y el desarrollo. Una ayuda humanitaria expansiva e intrusiva, encargada moralmente de intervenir incluso dentro de estados legalmente soberanos (Douzinas, 2003), invoca de forma constante la necesidad de consolidar o reestablecer una autosuficiencia de desarrollo. La autosuficiencia, no obstante, es frágil y se vuelve a sumir con regularidad en emergencias humanitarias, que de nuevo le imponen a la comunidad internacional la repetición del proceso gubernamental de expansión y consolidación (Duffield, 2007: 42-51).
La división entre vida desarrollada y subdesarrollada, y sus diferentes regímenes biopolíticos de protección social más infraestructura crítica, frente a autorreproducción por medio de sustentos de subsistencia, constituye el terreno de la guerra civil global en torno a la existencia. Sin embargo, la autosuficiencia en este contexto es ambigua. Aunque el propósito principal de las agencias internacionales de desarrollo es lograr la sostenibilidad de esta condición, lo que se busca es una autosuficiencia segura. Un modo de existencia autónomo despojado de sus prácticas medioambientales insostenibles, sus relaciones de género inapropiadas o sus mecanismos de afrontamiento perjudiciales; una autosuficiencia aprobada externamente que radica en el corazón de las luchas del desarrollo acerca de las formas de vida aceptables e inaceptables. Sin embargo, al igual que la idea de autosuficiencia sobre la que descansa, esta lucha pocas veces se gana de manera inequívoca. Como realidad viva, la autosuficiencia constantemente se difumina hacia la esfera del desarrollo realmente existente (Duffield, 2002); el desarrollo que tiene lugar a pesar de la ayuda oficial, más que gracias a ella. Comprende aquellas formas autónomas y resistentes de autosuficiencia cotidiana o real, en las que la determinación de vivir empuja a la vida subdesarrollada a trascender constantemente las formas de estancamiento, los deseos sostenibles y las necesidades básicas que el desarrollo le atribuye. Esa intranquilidad peligrosa, junto con una inclinación por la innovación y lo impredecible, se asocia con frecuencia a las economías paralelas, las redes transfronterizas y las formas ilícitas de circulación global; una peligrosa independencia capaz de sobrevivir más allá de los estados y experta en autoabastecimiento (Castells, 1998). El desarrollo realmente existente destaca la importancia, para el orden liberal, de ser capaz de vigilar la circulación internacional. Es decir, actuar en nombre de la seguridad, para permitir los flujos de circulación buenos que conectan los mundos desarrollado y no desarrollado, como la inversión, el comercio y la migración controlada, a la vez que se declaran ilegales los malos.
LA GLOBALIZACIÓN DE LA CONTENCIÓN
Las amenazas a la infraestructura crítica en la sociedad de consumo de masas y las guerras por el sustento en la zona fronteriza global están interconectadas. La contención de los efectos circulatorios de estas últimas, tales como el desmoronamiento del estado, las economías sumergidas internacionales o las oleadas de migración indocumentada, se acepta hoy de forma rutinaria como necesaria para la defensa y la estabilidad del mundo desarrollado (Solana, 2003). Aunque las conexiones directas sean pocas, el riesgo de que se puedan desarrollar, o de que se estén desarrollando, es suficiente para que los políticos afirmen con regularidad que, en un mundo interdependiente, si no hay estabilidad en el exterior, probablemente no podrá haberla en el interior (Blair, 2001). Un caldo de cultivo que se menciona con frecuencia como capaz de traducir la inestabilidad externa en ataques a las infraestructuras críticas de la sociedad de masas es la presencia de minorías de origen migrante no integradas dentro del cuerpo social. Sin embargo, aunque la guerra al terrorismo subrayó de nuevo la necesidad de contención frente a nuevas amenazas internacionales no estatales, la mentalidad de riesgo que categoriza juntos el mundo desarrollado y el subdesarrollado tiene una larga genealogía: emerge por primera vez con la descolonización.
Balibar (1991) ha llamado la atención sobre la importancia de la descolonización en el cambio de dinámica de la migración global. Si dejamos de lado el movimiento del Sur al Sur del comercio de esclavos, ésta había seguido mayoritariamente una orientación del Norte al Sur, y estaba asociada a la exploración, la búsqueda de fortuna y la colonización. Después de la descolonización, sin embargo, la dirección de la migración global se reorientó a lo largo de un eje del Sur hacia el Norte. Desde una perspectiva del Norte, las anteriores oportunidades de asentamiento colonial tuvieron el efecto de rebote de la inmigración colonial. La descolonización dio lugar al mundo de los estados, y el mundo de los estados dio lugar a un mundo de los pueblos que, por primera vez, tenían el potencial de circular globalmente. La inmigración, más que asociarse con la oportunidad, es ambigua: aunque proporciona una fuente de trabajo barato, también constituye un lugar de amenaza. Al confirmar la división genérica de la humanidad en vida desarrollada y subdesarrollada, el desarrollo se hace connatural al «nuevo» racismo culturalmente codificado, que pasó al primer plano político con la descolonización (Balibar, 1991; Barker, 1981). En este nuevo racismo, las culturas y las formas de vida, aunque no se ordenan de forma jerárquica, son sin embargo diferentes y tienen capacidad de influir sobre los potenciales de existencia social e inclusión. En la gran Bretaña de mediados de la década de 1960, con el surgimiento de un consenso político para restringir la inmigración procedente de las ex colonias, se pueden detectar los movimientos iniciales de lo que se convertiría finalmente en una prohibición global de la circulación de la vida subdesarrollada o no asegurada. Con algo que recuerda las preocupaciones actuales acerca de las personas que piden asilo (Fekete, 2001a; Kundnani, 2001), la contención se presentó como una respuesta legítima a los miedos legítimos de la gente corriente respecto a los efectos desestabilizadores de la diferencia cultural sobre la cohesión de la comunidad y la presión que la inmigración estaba ejerciendo sobre el empleo, la vivienda, las escuelas y los hospitales (Duffield, 1988: 36-37). Entre otras cosas, se veía la inmigración como una amenaza a lo que, en aquel momento, era la principal infraestructura crítica de Europa: el estado del bienestar.
El manifiesto electoral elaborado por el Partido Laborista en las elecciones de 1964, The New Britain, contiene la premonición de un marco planetario de seguridad que conecta la buena disposición del estado a actuar de manera preventiva, sobre la base de los miedos legítimos, para restringir y controlar la circulación internacional, con el fin de mejorar la cohesión de la comunidad local mientras, al mismo tiempo, se justifica el desarrollo intervencionista defensivo en el exterior. En este marco, la contención es el eje central que establece e interconecta los regímenes de desarrollo interno dirigidos por el estado, con el fin de integrar a las comunidades migrantes ya asentadas, y el desarrollo externo orientado a mejorar la vida subdesarrollada y, por lo tanto, a mejorar su capacidad de sobrevivir in situ. Como respuesta a los miedos con respecto a las demandas asimétricas de la vida no asegurada sobre los escasos recursos del estado del bienestar, The New Britain también prometía «dar una ayuda especial a las autoridades locales donde se han establecido inmigrantes» (Labour Party, 1964). En lugar de aumentar la provisión del bienestar universal, el enfoque fue crear fondos especiales y medidas dirigidas a compensar a las autoridades locales y a las comunidades por los efectos de las diferencias culturales. La Sección 11 de la Local Government Act de 1966, por ejemplo, daba a las autoridades locales fondos para contratar a personal especializado. Esta medida fue seguida por la concesión de fondos especiales para que las escuelas intentaran hacer frente a los alumnos que no eran angloparlantes. Con el nuevo programa de renovación urbana de 1969, se iniciaron una docena de proyectos de desarrollo comunitario. Este programa dirigía pequeñas subvenciones a las organizaciones comunitarias y de voluntariado (ong internas) que trabajasen en las comunidades de inmigrantes (Duffield, 1988: 101). De este modo, el estado rápidamente se instituyó como fuente de financiación de centros de asesoría legal, grupos de autoayuda, parques infantiles, clubes de jóvenes, programas de formación y albergues. Con el objetivo de compensar la contención, y en respuesta a los peligros a los que estaba sometido el tejido social y la infraestructura crítica del estado del bienestar, se inauguró un régimen interno de desarrollo dirigido por el estado.
Aunque ya habían existido iniciativas de desarrollo externo anteriores, éstas habían sido medidas coloniales ad hoc que, como mucho, intentaban asegurar una relación especial continuada con la metrópoli (Hewitt, 2006). The New Britain proponía algo diferente, a saber, un régimen de desarrollo defensivo moderno dirigido por un estado conocedor de un mundo de estados-nación independientes. Esto implicaba la creación de un Ministerio de Desarrollo Exterior, nuevo y centralizado, que finalmente se convirtió en la Administración de Desarrollo Exterior, antecesora del actual Departamento para el Desarrollo Internacional (Department For International Development, DFID). Con la afirmación de que más de la mitad de la población mundial vivía en la pobreza, el manifiesto advertía de que las crecientes tensiones entre las naciones ricas y pobres corrían el peligro de acentuar «las diferencias de raza y color» (Labour Party, 1964). El manifiesto no sólo prometía aumentar el gasto del gobierno en ayuda, también se comprometía a dar apoyo a las Naciones Unidas y a fomentar el trabajo de las ong. Hay que igualar, se argumentaba, el probado empuje de estas últimas, «con la acción de gobierno para dar nuevas esperanzas en la actual Década de Naciones Unidas para el Desarrollo» (Labour Party, 1964). Más adelante volveremos sobre las interconexiones entre el desarrollo interno y externo.
Durante la década de 1970, estas primeras restricciones sobre la inmigración se orientaron hacia los inicios de una política amplia de la Unión Europea sobre inmigración (Huysmans, 2000: 755). Las medidas para establecer el mercado interno de empleo y la provisión del bienestar fueron acompañadas por el refuerzo de los controles de la frontera exterior de la Unión Europea y el alineamiento de las políticas de visados de los estados miembros (Huysmans, 2000: 759). A finales de la década de 1980 los comentaristas perspicaces estaban ya advirtiendo acerca del surgimiento de una Fortaleza Europea en la que la restricción de la inmigración se desplazaba a la arquitectura constitucional de la Unión Europea. Menos de una década después, el control de la inmigración se basaba más en criterios de seguridad y eficiencia que en la ley, y se convertían en algo común las detenciones sobre bases administrativas más que judiciales (Hörnqvist, 2004: 44). Todas las identidades –personas refugiadas, en busca de asilo, migrantes por motivos económicos e incluso delictivos– han tendido a desdibujarse en la categoría indistinta y negativa de migración indocumentada (Zetter, 2007). Este proceso es sinónimo de un empeoramiento grande de la calidad de la recepción, de crecientes niveles de control social, «control mucho mayor y políticas de detención más estrictas, y una creciente sutileza de los procedimientos de expulsión» (Barnett, 2002: 14). Administrados por un ejército de compañías de seguridad, los inmigrantes indocumentados se encuentran hoy sometidos a un estado con amplias prerrogativas, que ha aparecido silenciosamente en los rediles de la sociedad de consumo de masas. La gestión de la inmigración también se ha externalizado para que la contención sea más eficaz. Por ejemplo, situando a oficiales de enlace de Estados Unidos en los aeropuertos de los países críticos para controlar los puntos de embarque (Fekete, 2001a: 27); o estableciendo medidas activas para impedir la inmigración procedente de países como Afganistán, Kosovo, Marruecos, Somalia e Irak. Se ha utilizado el condicionamiento de la ayuda para alentar la complicidad de los estados subdesarrollados. En el 2003, el gobierno británico anunció sus planes para crear centros de procesamiento y protección extraterritoriales en regiones de oleada migratoria. Se argumenta que tales centros en esos lugares evitarían que los verdaderos refugiados tuvieran que viajar por medio mundo para conseguir que se viera su caso (Noll, 2003). Aunque la propuesta original se ha modificado varias veces y todavía se tiene que completar su puesta en práctica, el principio de procesamiento y protección en las regiones de origen es un síntoma del gran crecimiento del perímetro de defensa de Europa desde la descolonización.
Los estados que forman parte del Sur global, en cuyos territorios se encuentran la gran mayoría de todos los refugiados, desplazados internos y migrantes irregulares, han seguido un camino de contención parecido (Crisp, 2003). Durante la Guerra Fría los flujos de refugiados eran relativamente pequeños, en comparación con los momentos récord de la década de 1990, y los estados receptores eran más eficaces cuando se ocupaban de ellos. La rivalidad entre superpotencias significaba también que, en comparación, el volumen de la ayuda internacional para los refugiados era mayor. En la actualidad, algunos países que tradicionalmente aceptaban grandes flujos de llegada de refugiados, como Guinea, Malawi y Pakistán, no están dispuestos a hacerlo. No sólo los números son mayores, además el compromiso internacional de ayuda a largo plazo ha disminuido. Siguiendo la tendencia de Occidente, las políticas plurales de estos países han reducido a menudo a los refugiados y migrantes indocumentados a objetos de ataques xenófobos. Se ha vuelto común el cierre de las anteriores políticas de puertas abiertas y la repatriación forzosa. La decisión de Pakistán, en noviembre del 2001, de cerrar su frontera con Afganistán, impidiendo que los refugiados abandonasen una zona de guerra, es sintomática de la actual forma de desentenderse. El cambio de política de ACNUR, que depende de los estados tanto desde el punto de vista financiero como político, con respecto a los refugiados es un reflejo del giro global hacia la contención. Aunque siempre se consideró que la repatriación era la solución ideal, hasta mediados de la década de 1980, había una aceptación general de que en la mayoría de los casos la única opción realista era el reasentamiento en el país de recepción. Desde entonces, de manera involuntaria aunque necesaria, la política se ha desplazado progresivamente desde el reasentamiento hacia el retorno al país de origen (Chimni, 1999). La actividad ha ido cambiando, desde una preocupación por la protección, hasta centrarse hoy en el retorno y la reintegración de los refugiados. Por consiguiente, la implicación directa de ACNUR con la ayuda humanitaria y el apoyo a la subsistencia ha aumentado, incluyendo medidas para que los refugiados se incorporen a los programas de ayuda al desarrollo que existen en los países (Betts, 2004). Devolviéndoles, de este modo, a un supuesto estado de autosuficiencia.
El marco de seguridad que interconecta los regímenes de desarrollo interno y externo a través de la contención de la circulación es intermitente por naturaleza. Se expande y se profundiza con cada crisis de circulación internacional y su consiguiente amenaza de migración descontrolada. Este marco se ha desarrollado, después de su inicio con la crisis originaria de la descolonización, en respuesta a sucesos tales como la creciente crisis del Tercer Mundo durante la década de 1980, el fin de la Guerra Fría, el punto álgido en el número de guerras civiles alcanzado a principios de la década de 1990 y los efectos del 11 de septiembre. La dirección de conjunto que ha tomado esta arquitectura basada en el riesgo se ha orientado hacia las tecnologías de desarrollo –tanto internas como externas– más defensivas e intervencionistas, junto a formas de contención nacional e internacional más restrictivas y expansivas. Al mismo tiempo, al actuar a través de la dicotomía nacional/internacional, la mentalidad de seguridad ha situado de manera creciente las modalidades de vida asegurada y no asegurada dentro de un marco unitario de cálculo estratégico.
LA CONEXIÓN ENTRE DESARROLLO INTERNO Y EXTERNO
Como régimen de desarrollo interno, el multiculturalismo consistía en cubrir las necesidades especiales de las comunidades migrantes a la vez que se fomentaba la aceptación de la diferencia cultural. A lo largo de la década de 1990, el multiculturalismo entró en un período de crisis que se fue profundizando. En el verano del 2001, algunas semanas antes de que Estados Unidos sufriera los ataques terroristas, en una serie de ciudades del norte de Inglaterra se produjeron brotes de violencia intercomunitaria entre jóvenes de origen asiático y jóvenes blancos. Estos disturbios pusieron de manifiesto el alto grado de segregación étnica y social que existía en muchas zonas urbanas deprimidas, así como la radicalización cultural de la juventud musulmana que se había ido desarrollando a lo largo de la década anterior (Burnett, 2004). La violencia también planteó serias dudas sobre el multiculturalismo y muchos comentaristas argumentaron que éste había fomentado que las comunidades tuvieran vidas separadas (Cantle, 2001). El multiculturalismo tiene como premisa la creencia de que las amenazas procedentes de la idea de que las diferencias culturales son insuperables se pueden neutralizar por medio de los programas educativos dirigidos a normalizar tales diferencias, más las iniciativas compensatorias para mejorar aquellas diferencias que, según se opinaba, impedían la integración social (Duffield, 1984). Pero la radicalización cultural creciente entre las comunidades musulmanas transnacionales puso en cuestión este régimen de desarrollo interno. Esta radicalización señalaba que, en lugar de ocupar un espacio asignado dentro de una tipología de diferencia aceptable, estaba apareciendo un enemigo interno no integrado y culturalmente radicalizado (Fekete, 2004). Por añadidura, durante las décadas transcurridas se ha ampliado la amenaza a la infraestructura crítica. Con el advenimiento de la sociedad de consumo de masas, la infraestructura crítica ha ido más allá del estado del bienestar para abarcar los puntos nodales de una matriz de transporte, energía y venta al público cada vez más centralizada; un sistema complejo pero abierto que es vulnerable a los enemigos interiores.
Por lo que se refiere a la vulnerabilidad social, las minorías culturalmente radicalizadas funcionan como conductos potenciales de los peligros que se originan en el exterior; representan el eslabón débil en el perímetro de defensa de la contención. Estas preocupaciones han dado lugar a un nuevo régimen de desarrollo interno en gran Bretaña que ha supuesto la creación de un Ministerio de Comunidades y gobierno Local en mayo del 2006. Aunque manteniendo el respeto a las diferencias culturales, y bajo la rúbrica de cohesión comunitaria, este nuevo régimen alienta a las autoridades locales y a los grupos de voluntariado a unir a las comunidades, blanca y minorías étnicas, para fomentar un mayor sentido de pertenencia e identidad compartidas. La mejora de la cohesión comunitaria se apoya sobre todo en las tecnologías de resolución de conflictos aplicadas de forma pionera por las ONG en las guerras por la subsistencia de áfrica y las guerras de los Balcanes (CMI, 1997). Es decir, la táctica extremadamente maleable de la integración cooperativa en la que, en lugar de atender las necesidades especiales de un grupo, la ayuda externa se utiliza para crear un objetivo o finalidad compartida que esté por encima de todos y que una a los diferentes grupos. Tanto si se trata de alentar a musulmanes y serbios a reconstruir colectivamente sus hogares destruidos en Bosnia, como de establecer relaciones de hermanamiento entre escuelas segregadas según la etnia en Bradford, el propósito de la integración cooperativa es el mismo. A saber, utilizar los recursos o la ayuda externa para unir lo que ha sido dividido, para derribar las barreras artificiales, para fomentar la confianza y reforzar las necesidades y las visiones compartidas en interés de la seguridad. Como en todos los tutelajes del desarrollo, sin embargo, la integración cooperativa es también una prueba del estado de salud para aislar lo bueno de lo malo; en este caso, la vida que se puede integrar como opuesta a lo que sigue siendo sospechoso y autosegregado.
En un mundo profundamente interconectado, no es suficiente defender el orden liberal por medio del reforzamiento y la exteriorización del perímetro de defensa de la sociedad de masas. La movilidad del radicalismo cultural ha significado que la búsqueda de la cohesión de la comunidad en el interior se haya visto acompañada por la radicalización del desarrollo en el exterior. En este sentido, ha tenido una gran importancia estratégica la problematización de la violencia política en el Sur global. Es decir, ha pasado de ser aceptada, incluso justificada, como lucha de liberación nacional durante la Guerra Fría, a convertirse en universalmente inaceptable en la actualidad (Tamás, 2000). El hecho de ponerla en cuestión ha tenido dos efectos. Primero, la deslegitimación de la violencia política ha respaldado el resurgimiento de un intervencionismo, encabezado por los estados, en nombre de la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz en las zonas del mundo que se hallan en crisis. Por ejemplo, no sólo ha aumentado notablemente el número de misiones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, sino que su tamaño y sus responsabilidades también se han ampliado. Segundo, la deslegitimación ha transformado algunas formas existentes de desarrollo comunitario basado en la autosuficiencia en tecnologías de resolución de conflictos. Sin cambiar de manera significativa lo que se hace, y haciéndose reflejo de la conexión intrínseca que existe entre desarrollo y seguridad, las prácticas liberales de desarrollo, tradicionalmente asociadas a las ONG, se han redescubierto esencialmente como formas civiles de contrainsurgencia (Slim, 2004). Es decir, por medio del despliegue de técnicas como la integración cooperativa, el desarrollo promete formas de cambiar el equilibrio de poder entre grupos sociales con el fin de conseguir los resultados políticos deseados, sin recurrir a la opción militar. La radicalización del desarrollo ha tenido mucho que ver con la participación y la organización de estas formas de poder soberano no estatal de las ong, dentro de los armazones de ayuda intervencionistas dirigidos por el estado.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la forma más común de guerra global ha sido la guerra civil interna. Alimentado por la rivalidad de los superpoderes, el número de guerras civiles en el Tercer Mundo aumentó de manera inexorable durante la guerra Fría hasta alcanzar un máximo de aproximadamente cincuenta a principios de la década de 1990 (hsc, 2005). Dada su funcionalidad geopolítica, durante buena parte de este período de crecimiento las actitudes internacionales con respecto a las guerras civiles fueron ambivalentes. Al interpretarlas en función de las categorías izquierda/derecha de la época, se proyectaba a menudo una visión progresista de las partes combatientes; por ejemplo, como vanguardias de luchas de liberación nacional, a pesar de que estas guerras contribuyesen al derrumbe del estado y a una cantidad creciente de refugiados. Con el fin de la Guerra Fría, este modo de plantear las cosas perdió actualidad de forma muy rápida, a medida que se hizo visible la profundidad de la crisis de contención que alimentaba la rivalidad de las superpotencias. Esta situación requería un modo nuevo y más funcional de experimentar la violencia política. El empuje intelectual más importante a ese replanteamiento se halla en el discurso de la nueva guerra que se hizo predominante desde principios de la década de los noventa (Kaldor, 1999). Se reinterpretó la guerra civil en términos de irracionalidad, ruptura del orden, violación deliberada de los derechos humanos, aumento de la criminalidad y erosión de la autosuficiencia total. Este proceso de deslegitimación, que hacia mediados de la década de 1990 había desplazado de manera aplastante las posiciones solidarias anteriores, se confirmó formalmente, por así decirlo, en la ley británica del 2000 sobre terrorismo. Por primera vez –y antes del 11 de septiembre– la ley proscribía una lista de grupos políticos, principalmente de Asia y Oriente Medio, a los que identificaba como organizaciones terroristas. Una década antes, muchos de estos grupos hubieran sido considerados como organizaciones legítimas que luchaban por la autodeterminación o contra la opresión religiosa o cultural (Fekete, 2001b).
Al cambiar los parámetros de percepción, el discurso sobre la nueva guerra contribuyó también a revelar una dimensión oculta del conflicto civil. Los insurgentes se autoabastecen de los recursos que necesitan y se han vuelto, de hecho, independientes tanto de un estado que los respalde, como de la dependencia del pueblo entre el que luchan (rand, 2001). La doctrina maoísta clásica de la insurgencia compara al insurgente con un pez que nada en un mar constituido por el pueblo. El insurgente dependía del pueblo para obtener comida, techo e información; a cambio, ella o él se identificaban con el pueblo que daba apoyo a sus luchas. Esta relación de dependencia ha cambiado, incluso se ha revertido en la medida que el autoaprovisionamiento se ha internacionalizado. Como sugiere la literatura sobre las «economías de guerra» (por ejemplo, Le Billon, 2000), por medio del desarrollo de economías sumergidas transfronterizas, los insurgentes se han convertido en radicalmente independientes. El desarrollo que realmente existe ha fraguado medios de supervivencia que, aunque pueden actuar dentro y a través de los estados, también pueden existir fuera y más allá de ellos. Se trata de una autosuficiencia peligrosa que se ha forjado a partir del comercio extralegal traduciéndose en todo tipo de productos y servicios. Estas economías han creado nuevos poderes de resistencia y, lo que es más importante, formas de protección y legitimidad local. Algunos grupos insurgentes han adoptado papeles de apoyo social y humanitario para explotar el vacío de bienestar público en el estado subdesarrollado. Hamás proporciona «la red de seguridad social más completa de Cisjordania y gaza» (goldenburg, 2001). y éste es sólo un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio: si la comparamos con las insurgencias clásicas de la descolonización, «en algunas de sus manifestaciones modernas, la relación económica entre los insurgentes y la población es exactamente la opuesta» (Kilcullen, 2006: 119). Con el apoyo de las economías sumergidas, las remesas de dinero y las redes de la diáspora, muchos insurgentes tienen hoy más acceso cotidiano a la salud, a los equipos informáticos y a la información que las empobrecidas poblaciones entre las que se hallan insertos; un factor que tiene mucho que ver con la lucha para conquistar los corazones y las cabezas dentro de una guerra civil global emergente.
Como respuesta a los peligros de las formas autónomas del desarrollo realmente existente, la deslegitimación de la violencia política ha provocado la radicalización de un desarrollo que ya era defensivo. Si la pobreza o, más bien, la marginación y la insatisfacción que fomenta pueden exacerbar el conflicto y el terrorismo, se deduce que las agencias de desarrollo, al intentar reducir la pobreza reforzando la autosuficiencia, pueden tener un papel estratégico. Por medio de una gestión inteligente de la ayuda, seleccionando y promoviendo las fuerzas sociales que conducen a la paz, las ONG redescubren su propia capacidad potencial de alterar el equilibrio de poder dentro de sociedades en aras de la estabilidad (Anderson, 1996). De este modo, el desarrollo liberal se ha transformado en resolución de conflictos, es decir, en una tecnología de contrainsurgencia básicamente civil. El final de la Guerra Fría ha caracterizado un período de crecimiento rápido de la resolución de conflictos. Se han formado nuevas ONG mientras que, al mismo tiempo, las agencias multifuncionales consolidadas han ampliado su cartera de actividades (Duffield, 1997). Pero esta innovación las ha acercado de manera inexorable hacia el punto más candente.
EL SURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD POSTINTERVENCIONISTA
Desde el final de la Guerra Fría, se ha producido en Occidente un cambio de orientación en cuanto a la intervención humanitaria, en favor de la paz y la reconstrucción, que ha tenido consecuencias importantes. Desde el momento álgido de 1992, la intervención humanitaria ha desempeñado un papel decisivo en más de la mitad de las guerras civiles en curso en el mundo (hsc, 2005). Sin embargo, la intervención humanitaria ha tenido una tendencia a la baja, incluso en áfrica. No obstante, acabar con guerras abiertas en el seno de estados incompetentes ha demostrado ser relativamente fácil. Más difícil es conseguir la paz entre las poblaciones, como sugieren los casos de Kosovo, Afganistán e Irak. Según el analista estratégico Rupert Smith, las intervenciones militares más importantes posteriores a la guerra Fría han fracasado en la consecución de los resultados perseguidos; a saber, una victoria armada decisiva que a su vez tuviera como resultado «una solución al problema original, que fuera fundamentalmente política» (Smith, 2006: 4). Si bien tales intervenciones pueden haber reducido la incidencia de la guerra civil, como han argumentado algunos asesores políticos, la reducción de los conflictos existentes «se debe más a su supresión o contención que a su resolución» (Strategy Unit, 2005: 22). Desde esta perspectiva, el declive estadístico de las guerras civiles no es tanto un brote de estabilidad como la expansión inversamente proporcional de una zona de ocupación internacional y pacificación, suspendida entre la guerra y la paz. Esta zona, que se halla en una situación poco definida y que se asocia de forma aproximada con la presencia de las misiones integradas de Naciones Unidas o de una «coalición de voluntarios» parecida, es un lugar importante en la reconfiguración de las fronteras externas de soberanía del liberalismo. Durante la última década, dentro de la zona fronteriza global, ha emergido lo que se puede denominar una sociedad postintervencionista. En estas sociedades, la pacificación de la insurgencia de baja intensidad es un problema de mantenimiento del orden a largo plazo para la comunidad internacional y los frágiles estados concernidos. Si establecemos una comparación con las insurgencias clásicas de la descolonización, los conflictos en las sociedades postintervencionistas se parecen más a las pequeñas guerras de las primeras ocupaciones coloniales (Kilcullen, 2006). Para Smith, esa zona de indistinción constituye un nuevo paradigma del conflicto que él denomina guerra entre la gente. Se trata de insurgencias en las que la fuerza militar tiene poca utilidad; de hecho, ésta afianza e internacionaliza la resistencia con la que se encuentra. En estas guerras, el desarrollo, como forma de gestionar y contener los problemas sociales in situ, cobra otra vez una relevancia nueva.
En cuanto a la periodización de la época posterior a la guerra Fría, el desarrollo como seguridad se puede agrupar en dos momentos apreciables que reflejan el cambio desde una lógica intervencionista a otra postintervencionista. Aunque este cambio involucra a agencias y redes que van más allá de la familia de Naciones Unidas, los cambios en la naturaleza de todo el sistema de operaciones de Naciones Unidas, como subordinada a la autoridad de los estados, reflejan este cambio más amplio. Hasta mediados de la década de 1990, la principal forma de intervención de Naciones Unidas en las guerras era el acceso negociado. En lugares como Sudán, Etiopía, Angola, Mozambique y Bosnia, una acción dirigida por Naciones Unidas aseguraba un acuerdo entre las partes combatientes acerca de los plazos y las condiciones humanitarias por medio de los cuales se podía acceder a la población civil (Duffield, 1994). Sobre la base de los acuerdos alcanzados, iba surgiendo un conjunto de donantes, agencias de especialistas de Naciones Unidas, ONG y, algunas veces, ejércitos. A pesar de su fragilidad, había un reconocimiento implícito hacia los rebeldes y otros actores políticos no estatales, que era intrínseco al acceso negociado. Al mismo tiempo, ya sea por carencia o respondiendo a un plan, estos nuevos repertorios de todo el sistema de ayuda asumirían de manera creciente funciones de gobierno.
Hacia finales de la década de 1990, como reflejo de la tendencia descendente del número de guerras civiles abiertas, se alcanzó un punto a partir del cual la intervención dejó paso a una condición postintervencionista. En lugar del acceso negociado, la clave de todo el sistema organizativo de Naciones Unidas pasó a ser la misión integrada (Eide et al., 2005). La misión integrada, en lugar de organizarse alrededor del conflicto abierto, se articula en función de un acuerdo de paz negociado o impuesto. Más que privilegiar la ayuda humanitaria, como en los primeros años después de la guerra Fría, los actores de la ayuda postintervencionista se han desplegado en un amplio abanico de actividades de desmovilización, reintegración y reconstrucción. Durante la guerra Fría, las ONG trataban por todos los medios de declarar su independencia de los estados y su lealtad a «las bases» de la sociedad. En las misiones integradas de la actualidad, sin embargo, es más probable que las encontremos construyendo capacidad estatal, o actuando como sustituto del estado, por medio de programas de ayuda social. Si la comparamos con el acceso negociado, la misión integrada representa un cierre relativo del espacio político. Si las operaciones humanitarias habían reconocido a los actores opositores no estatales como precio para tener acceso a la población civil, la misión integrada cierra filas alrededor del apoyo al acuerdo de paz, y éste tiene inevitablemente forma de ganadores y perdedores. En lugares como Haití, Burundi, Costa de Marfil, Sierra Leona y Timor Este, las Naciones Unidas están hoy preparadas para tomar partido en apoyo al gobierno de transición reconocido, hasta el punto de confrontarse militarmente con «los “saboteadores” que intentan socavar el proceso de transición» (Eide et al., 2005: 6). Un resultado gráfico de la indistinción creciente entre los actores militares y los cooperantes ha sido, desde finales de la década de 1990, el creciente número de muertos entre estos últimos (Stoddard, Harmer y Haver, 2006).
La lógica política de la guerra Fría se basaba en el respeto de la integridad territorial y la no interferencia en los asuntos internos. Aunque la integridad territorial se respeta todavía, hoy en día, en las zonas de crisis del mundo, el con- trol sobre la vida se ha internacionalizado, es negociable y contingente (Elden, 2006). Sociedad postintervencionista es sinónimo de soberanía contingente y de competición entre actores nacionales e internacionales acerca de quién controla y tiene autoridad moral sobre las poblaciones que viven en estados débiles, frágiles y disputados. En respuesta a la crisis de la contención, y en especial como medio de atraer y salvaguardar la vida no asegurada, el estado subdesarrollado, en su versión moderna de estado frágil, ha vuelto al centro de las políticas de desarrollo (DFID, 2005). Durante la época de las insurgencias clásicas de la descolonización, eran los comunistas o los nacionalistas quienes luchaban por apoderarse del estado y rehacerlo en nombre del pueblo. En la actualidad, es el Occidente liberal el que parece radical con su visión utópica de reconstruir estados y «transformar sociedades enteras» (Stiglitz, 1998: 3). Frente a ese radicalismo liberal, se puede caer en la tentación de ver la insurgencia contemporánea como esencialmente conservadora; como una posición en la que los insurgentes «luchan para preservar el statu quo de los espacios sin gobierno, o para repeler a un ocupante» (Kilcullen, 2006: 113). Sin embargo, como parece sugerir el caso de Afganistán, la responsabilidad de proteger y reconstruir (ICISS, 2001) no se traduce habitualmente en nada más radical que un intento temporal, fragmentario, contradictorio y con recursos insuficientes para cubrir las necesidades básicas y lanzar a sus ciudadanos al camino incierto de la autosuficiencia en un mundo globalizado.
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