Kitabı oku: «Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos»



Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano : competencias, instrumentos de planificación y desafíos / Jorge Iván Rincón Córdoba, Nicolás Cabezas Manosalva (editores). -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2020.
1283 páginas ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 9789587904482
1. Ordenamiento territorial -- Aspectos Jurídicos – Colombia 2. Planificación regional -- Aspectos Jurídicos – Colombia 3. Desarrollo de la comunidad urbana – Colombia 4. Licencias de construcción y urbanismo -- Aspectos Jurídicos – Colombia 5. Derecho urbanístico – Colombia 6. Derecho administrativo -- Colombia I. Rincón Córdoba, Jorge Iván, editor II. Cabezas Manosalva, Nicolás, editor II. Universidad Externado de Colombia III. Título
344 SCDDD 15
Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca EAP.
agosto de 2020
ISBN 978-958-790-448-2
© 2020, JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA Y NICOLÁS CABEZAS MANOSALVA (EDITORES)
© 2020, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá
Teléfono (57 1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
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Primera edición: septiembre de 2020
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
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Composición: Marco Robayo
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| ANÍBAL ZÁRATE PÉREZ | |
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
Augusto Hernández Becerra
PRÓLOGO Ordenación urbana y ordenación territorial: un par de conceptos y un concepto dual
Marcos Almeida Cerreda
PRIMERA PARTE ACTORES, COMPETENCIAS Y ÁMBITOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
A. EL TERRITORIO COMO OBJETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
¿Cómo entender el territorio? Anotaciones sobre cómo ampliar el concepto
Paula Robledo Silva
La maraña de las competencias e instrumentos de ordenación del territorio en el derecho administrativo colombiano: interacción multinivel más allá del criterio jerárquico y de la simple concertación horizontal
Héctor Santaella Quintero
Ordenación del territorio con enfoque étnico: una nueva lectura desde el respeto por la diferencia y la autonomía territorial
Lisneider Hinestroza Cuesta
Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de determinantes de los planes de ordenamiento territorial
Juan Carlos Covilla Martínez
Los planes de ordenamiento territorial departamental como instrumentos administrativos de concreción de la planificación intermedia: ¿un escenario articulado o en construcción?
Diego Felipe Contreras Pantoja
B. MODELOS SECTORIALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Planificación y Administración Pública: entre lo deseable y lo posible
Manuela Canal Silva
Las infraestructuras con incidencia local en la ordenación del territorio
Jorge Enrique Santos Rodríguez
Gestión de riesgos como esencia de la planificación en la prevención de desastres en el ordenamiento territorial
Mónica Sofía Safar Díaz
Planificación hidrológica en Colombia. Un análisis sobre su efectividad
María del Pilar García Pachón
Luis Felipe Guzmán Jiménez
La región como –nuevo– interlocutor entre las autoridades responsables de decidir sobre la viabilidad de la realización de actividades mineras en los territorios municipales
Hugo Alberto Marín Hernández
SEGUNDA PARTE EL DERECHO A LA CIUDAD: LA DIFÍCIL FRONTERA ENTRE LO RURAL Y LO URBANO
A. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CIUDAD (I)
Los planes de ordenamiento territorial: ciudades en busca de identidad
Jorge Iván Rincón Córdoba
La reversión de la potestad reglamentaria en el ordenamiento urbanístico de los municipios en Colombia a la luz de los desafíos impuestos por el fracking
Alexander Sánchez Pérez
La concertación contemplada en la Ley 388 de 1997: una figura con un alcance incierto
Sergio Alejandro Chemás Vélez
Los planes parciales: entre la discrecionalidad de las entidades territoriales y la autonomía privada en la ordenación de la ciudad
Nicolás Cabezas Manosalva
El reparto equitativo de cargas y beneficios: ¿cuál es su evolución en los sistemas urbanísticos de Colombia?
Gloria Henao González
Claudia Acosta M.
Los instrumentos de financiación para la construcción de ciudades
Roberto Insignares Gómez
B. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DE GESTIÓN DE LA CIUDAD (II)
Las licencias urbanísticas como instrumento de concreción de la norma urbana: análisis de los aspectos relevantes
María Juliana Santaella Cuberos
Hacia un derecho administrativo y urbanístico crítico: la regularización de asentamientos informales, entre la inclusión y la asimilación
Samuel Baena Carrillo
Generación y gestión del espacio público en las ciudades: una perspectiva desde el derecho administrativo colombiano
Carlos Sebastián Barreto Cifuentes
La promoción del acceso a la vivienda urbana digna como pieza de la ordenación del territorio
Aníbal Zárate Pérez
La sanción administrativa de las infracciones urbanísticas: el drama humano en los límites de un mecanismo apenas eficaz
Andrés Fernando Ospina Garzón
TERCERA PARTE DESAFÍOS PARA LA ADECUADA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
La gestión de la biodiversidad urbana como presupuesto básico de las ciudades sostenibles
Ángela María Amaya Arias
Tiempo, espacio y seguridades: un trinomio que afecta la cohesión social. El transporte masivo como obligación constitucional del Estado
Camilo Pabón Almanza
El servicio público digital como piedra angular de las smart cities
Daniel Castaño Parra
Patrimonio cultural y ordenamiento territorial
Julián Pimiento Echeverri
Notas al pie
Los autores
PRESENTACIÓN
AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA Profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia y ex Consejero de Estado
1. El estudio científico del territorio admite múltiples miradas. Las ciencias naturales y las ciencias sociales reclaman cada una la primacía de su propia visión, que va desde la física, la biología, la astronomía, la ecología y la geografía hasta la filosofía, la historia, la política, la economía, la sociología y la antropología. Ah, sin olvidar, por supuesto, la visión propia del derecho.
Cuando hablamos de territorio nuestra imaginación se remonta en primera instancia a la geografía, sea esta física, demográfica, económica o política. En este escenario se instala el derecho público para normativizar el territorio desde las perspectivas del derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho administrativo. Se trata del territorio definido y regulado como elemento constitutivo del Estado, como objeto de soberanía, como receptor de la acción política del Estado, como horma que estructura la Administración Pública, como punto de referencia para determinar las competencias de las autoridades administrativas.
Pero ocurre también que la vida, los sentimientos e incluso el temperamento de los pobladores están poderosamente influidos por el territorio. El territorio no solo provee los recursos naturales indispensables para el sustento de la vida. Proporciona identidad, seguridad, pertenencia, sentido existencial. Las relaciones que conectan a los seres humanos con su hábitat tienen profundo significado biológico, económico, sicológico, emocional y religioso.
El territorio, socialmente vivido e históricamente compartido, es constantemente transformado, delimitado, subdividido y fusionado por fuerza de la actividad humana. La vitalidad del territorio radica en que los genéricamente denominados territorios son una metáfora de las poblaciones allí establecidas. Los territorios son en realidad comunidades humanas, y esta evidencia, no para todos obvia, golpea con fuerza a las puertas de la política, el derecho y demás disciplinas que tienen el territorio como objeto de estudio.
El territorio es fuente de poder y, por ende, tiene un profundo significado político. Desde siempre el territorio ha sido codiciado por las riquezas materiales que encierra, pero, por encima de todo, su principal riqueza está constituida por la población. Dado que gobernar el territorio equivale, en la práctica, a gobernar sus habitantes, el arreglo institucional del territorio es funcional para los propósitos de la dominación política. Sin embargo, mucho se equivocaría el Estado si llegara a creer que el territorio es simplemente objeto inerte y pasivo de su autoridad, pues es en el territorio donde se desenvuelve la dinámica entera de la política y de las luchas sociales.
De la confluencia de espacio y sociedad que encierra el concepto político de territorio surge para el Estado la necesidad de organizarlo con la doble mira de velar por la seguridad de las fronteras y la unidad territorial y de gobernar eficazmente la población inmersa en su diversa territorialidad, sea esta urbana o rural, ancestral, histórica o étnica. Las técnicas de organización política del territorio remiten al estudio de las diversas formas de Estado y a numerosos modelos de descentralización, desconcentración, delegación y otros métodos de distribución geográfica del poder.
2. Organización, ordenamiento y ordenación del territorio son tres expresiones utilizadas en el lenguaje jurídico internacional para referirse a la estructura del Estado en la división político-administrativa del territorio, de una parte, y de la otra a la planificación territorial concebida con un enfoque interdisciplinario y global. El sentido y alcance de estos conceptos no es universal y puede presentar variaciones y matices según el país de que se trate. Así, ocurre que la disciplina de la planeación o planificación territorial usualmente se denomina en América Latina ordenamiento territorial, y en España se la prefiere denominar ordenación territorial. Así las cosas, resulta interesante alinderar estas nociones en derecho colombiano.
En cuanto hace al término “organización”, el artículo 1.º de la Constitución declara que Colombia está organizada como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. El título XI, denominado “De la organización territorial”, define la división político-administrativa del territorio estatal y trata de las administraciones públicas territoriales, sus instituciones, autoridades, estructuras, competencias y recursos, todo lo cual tiene importante repercusión en el régimen constitucional y en la vida de la población. La organización del territorio se define con arreglo a criterios y modelos que se estudian en el constitucionalismo moderno bajo la denominación de formas de Estado.
Pasando a la expresión “ordenamiento”, esta es utilizada por la Constitución para significar la continuación y profundización del proceso de descentralización emprendido con renovado brío a partir de 1991. Con este propósito una categoría nueva de ley, la ley orgánica de ordenamiento territorial1, recibió en 1991, sin concierto ni método, la misión de desarrollar la Constitución en diversos aspectos de la organización territorial, que van desde la distribución general de competencias y recursos hasta el estatuto de las áreas metropolitanas y los requisitos para crear departamentos, regiones y entidades territoriales indígenas. Al definir la Carta en 1991 la organización territorial en sus aspectos más generales, asignó a la ley orgánica de ordenamiento territorial la tarea, aún inconclusa, de completar, mediante normas de naturaleza legal, la definitiva construcción de un nuevo orden político-administrativo en el territorio.
De otra parte, y continuando con la exploración local del término “ordenamiento”, la ley le ha atribuido a esta palabra otro uso, que se aleja de los contenidos de la ley orgánica de ordenamiento territorial para que signifique regulación de las finalidades económicas, sociales y ambientales de las administraciones locales en un contexto preciso, el de la planeación urbana. A partir de la competencia constitucional de los concejos municipales para reglamentar los usos del suelo2, la Ley 388 de 1997 desarrolló el más poderoso instrumento de intervención en la propiedad privada con que cuenta el Estado colombiano, después de los impuestos, que es el plan de ordenamiento territorial (POT). Expedidos mediante acuerdo municipal, los POT tienen por objeto reglamentar la utilización, transformación y ocupación del espacio y la propiedad inmueble, así como racionalizar los usos del suelo y optimizar su potencial desarrollo, con sujeción a reglas que imponen un deber de armonía con el medio ambiente y con las tradiciones históricas y culturales de los habitantes.
Lo propio de la “ordenación”, término que da nombre a la obra que estamos presentando, son los temas de ciudad. Es en el campo de la ordenación territorial donde el territorio cobra la plenitud de su significado multivalente y se convierte en punto de confluencia de las ciencias sociales. La ordenación de la vida urbana en todos los lugares donde esta transcurre cotidianamente es uno de los grandes propósitos del Estado social de derecho y la misión más noble y trascendental de los gobiernos municipales, pues tiene por objeto garantizar a todos los habitantes, con acción administrativa y poderes de intervención estatal nada desdeñables, el disfrute racional, democrático y participativo de los bienes y servicios que deben estar a disposición de todos, y por consiguiente la paz social.
El estudio de la ordenación territorial no se agota en el derecho urbano o urbanístico, como rama especializada que es del derecho administrativo, pues se extiende a disciplinas no jurídicas, como son la planeación, el espacio público, las infraestructuras, la diversidad y el pluralismo, los recursos naturales, el paisaje, el patrimonio cultural, las finanzas territoriales, ruralidad y región, política social, convivencia, conservación de la naturaleza y medio ambiente, para mencionar los tópicos más usuales.
3. El libro Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos que ofrece en esta oportunidad el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, se inscribe precisamente en esta extensa temática. La obra comprende 23 densos artículos escritos por los profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y está dividida en tres partes. La primera se denomina “Actores, competencias y ámbitos de ordenación del territorio”. La segunda lleva por título “El derecho a la ciudad: la difícil frontera entre lo rural y lo urbano”, y la última, “Desafíos para la adecuada ordenación del territorio”. Los artículos iniciales contienen estudios de carácter general que fijan el marco teórico de la obra. Los escritos subsiguientes abordan el tema urbano desde la perspectiva de la planeación y de aspectos concretos de derecho administrativo local. Finalmente, la obra penetra en aspectos contemporáneos y acuciantes, adecuadamente presentados como desafíos de la problemática urbana.
Inicialmente, Paula Robledo Silva lanza en su trabajo “¿Cómo entender el territorio? Anotaciones sobre cómo ampliar el concepto”, una pregunta retadora a legisladores y juristas: ¿cómo entender el territorio? Al responder demuestra que es necesario ampliar el concepto de territorio, y por esa senda elabora una pertinente y razonada crítica al enfoque tradicional y formalista del derecho público. Clama la autora por la necesidad de reconocer las dinámicas sociales y culturales de nuestras regiones en el ordenamiento jurídico, e invita a incorporar, para un mejor entendimiento del territorio, la información que ofrecen otras disciplinas, como la historia, la sociología, la geografía y la antropología. Como podrá comprobar el lector, los autores que acompañan a la doctora Robledo en esta obra parecen atender a su proclama y aportan variadas respuestas a esta compleja pero ineludible cuestión.
No es fácil lograr la gobernabilidad cuando en la gestión de los asuntos públicos el Estado democrático y descentralizado debe conciliar la superioridad jerárquica del Gobierno Nacional con la autonomía de las entidades territoriales, motivo por el cual se presentan habitualmente solapamientos y yuxtaposiciones de competencias. Es lo que expresa Héctor Santaella Quintero en su artículo “La maraña de las competencias e instrumentos de ordenación del territorio en el derecho administrativo colombiano: interacción multinivel más allá del criterio jerárquico y de la simple concertación horizontal”, al describir este ángulo desafiante y no enteramente resuelto de la gestión administrativa como una maraña de competencias e instrumentos de ordenación del territorio en la cual hace falta una cultura de coordinación interadministrativa. En su opinión, la interacción multinivel de las administraciones debe trascender los tradicionales criterios jerárquico y de simple concertación, y desarrollar mecanismos que armonicen el funcionamiento de todos los elementos del aparato estatal, en atención al carácter esencialmente concurrencial de sus actividades, como ocurre en las áreas de la ordenación del territorio y el aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales.
Otra forma de entender el territorio propone Lisneider Hinestroza Cuesta, quien en su escrito “Ordenación del territorio con enfoque étnico: una nueva lectura desde el respeto por la diferencia y la autonomía territorial” pone de relieve que la ordenación simétrica del territorio desconoce la diversidad, el enfoque étnico y el principio de interculturalidad, conceptos esenciales del ordenamiento constitucional y reveladores de la estructura social de Colombia, vinculados a la protección de los derechos de los grupos étnicos, categorizados como derechos “vectores” y/o derechos bioculturales. En su opinión los grupos étnicos son también, o deberían serlo, titulares constitucionales del principio de autonomía territorial, entendida como potestad para decidir en qué condiciones se organiza el territorio para el autogobierno, de conformidad con los usos, las prácticas tradicionales de producción y las tradiciones espirituales y culturales de los pobladores. En síntesis, estima la autora que el enfoque étnico debe orientar la ordenación del territorio y constituir política pública que garantice el derecho a la autonomía de los grupos étnicos.
Juan Carlos Covilla Martínez presenta en su trabajo “Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de los determinantes de los planes de ordenamiento territorial” una interesante reflexión sobre la sujeción de los municipios a normas de superior jerarquía que condicionan o determinan el alcance de sus decisiones al elaborar los planes de ordenamiento territorial, sujeción que en últimas vulnera el principio constitucional de autonomía de los municipios. Se trata de lo que la Ley 388 de 1997 denomina “determinantes”, los cuales, al incidir en las competencias del municipio para reglamentar los usos del suelo, originan interrogantes como el que formula así el autor: ¿los determinantes de los planes de ordenamiento territorial resultan ser mecanismos adecuados de coordinación de intereses en la ordenación territorial? Dichos determinantes manifiestan una concurrencia de competencias, la cual exige aplicar la coordinación como principio jurídico. En la práctica, la coordinación de las diversas instancias administrativas en materia de ordenación del territorio frecuentemente supone la prevalencia jerárquica sobre el municipio, lo cual afecta directamente su autonomía. Ante este problema el autor propone que el municipio tenga la oportunidad de participar en la adopción de los determinantes, y que estos tomen en cuenta la voluntad de los involucrados, más allá de que la decisión finalmente adoptada sea unilateral.
Pasando de la planeación municipal a los planes de ordenamiento departamental (PAD), en el artículo “Los planes de ordenamiento territorial departamental como instrumentos administrativos de concreción de la planificación intermedia: ¿un escenario articulado o en construcción?” Diego Felipe Contreras Pantoja se pregunta si, como instrumentos administrativos de concreción de la planificación intermedia, dichos planes, en su relacionamiento con los POT, son un escenario articulado o en construcción. Observa el autor que el papel de los departamentos en el ordenamiento de sus territorios no ha podido desarrollarse debido a un exceso de competencias municipales para la planeación. En estas condiciones, la visión departamental del territorio ha resultado precaria, sectorial, desarticulada y sin sentido de planificación central, todo lo contrario de un deseable sistema articulado de planificación territorial. Luego de fundamentar este diagnóstico concluye Contreras que los PAD son una propuesta en construcción, pues el ordenamiento jurídico carece de normas que permitan articular eficazmente los instrumentos de ordenación territorial. Por este motivo, concluye, se hace indispensable la intervención del legislador, sin desatender al debido respeto a la autonomía de los entes territoriales.
Una vez más, los problemas de desarticulación y descoordinación en la planeación son abordados en el artículo “Planificación y Administración Pública: entre lo deseable y lo posible”, de Manuela Canal Silva, quien analiza, inter alia, los siguientes desafíos: la efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de planificación; la confluencia entre los intereses de los distintos actores privados y públicos; el manejo de la pluritemporalidad para articular los planes de corto, mediano y largo plazo; el diálogo y el equilibrio entre los distintos sectores de la economía; la coordinación tanto a nivel nacional –entre las distintas entidades estatales planificadoras– como a nivel regional e incluso internacional. Recomienda la autora, entre otras conclusiones, fortalecer la evaluación de los procesos de planificación con un proceso de monitoreo constante y de retroalimentación detallada.
En su investigación “Las infraestructuras con incidencia local en la ordenación del territorio”, Jorge Enrique Santos Rodríguez observa que los planes de ordenamiento territorial municipales constituyen, por una parte, instrumentos de fomento de inversiones públicas y privadas en el desarrollo de la infraestructura pública local, pero por otra limitan la iniciativa para la construcción o instalación de esa infraestructura, imponiendo con ello barreras al ejercicio de la libertad económica. Señala, sin embargo, que estos extremos se armonizan en la ley al consagrar el concepto de “determinantes”, estudiado también por Juan Carlos Covilla, los cuales tienen como objetivo “garantizar la conciliación entre los intereses locales y los intereses nacionales, y evitar que la visión local sea lo único relevante en la ordenación del territorio, conciliando de esta manera la autonomía de las entidades territoriales con el carácter unitario del Estado colombiano”. Destaca que, respecto de ciertos tipos de infraestructura, la ley ha venido creando instrumentos de planificación que, de alguna manera, también vinculan a las autoridades territoriales, tales como los planes de expansión portuaria, los planes de expansión de la infraestructura vial y los planes de movilidad sostenible y segura, que constituyen herramientas nacionales de planificación de desarrollo sectoriales. Siendo innegable el importante protagonismo de las instancias nacionales en materia de infraestructura, la doctrina ha reconocido al municipio capacidad para crear nuevos instrumentos de planificación que desarrollen, complementen y precisen el POT en cumplimiento de los determinantes de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico.
El riesgo, la gestión de riesgos y la importancia de su planificación en el orden territorial es la materia que minuciosamente expone Mónica Sofía Safar Díaz en su artículo “Gestión de riesgos como esencia de la planificación en la prevención de desastres en el ordenamiento territorial”. La autora presenta un completo estudio sobre la noción de riesgo en el marco de las organizaciones, analiza la política pública de administración de riesgos en las entidades territoriales, describe la administración de riesgos de desastres en el régimen colombiano y específicamente en el orden territorial. Adicionalmente explica cómo está organizado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en qué consisten el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial. En el entendimiento de que no hay planeación eficiente ni efectiva sin gestión de riesgos, y que sin administración de riesgos no hay planificación que funcione, la autora destaca la importancia de la política de gestión de riesgos para las entidades territoriales como un componente básico de sus instrumentos de planificación.
4. En un segundo bloque de escritos, la presente obra emprende el estudio del derecho a la ciudad y encara “la difícil frontera entre lo rural y lo urbano”. Esta sección del libro, subdividida en dos partes, analiza los instrumentos de planificación y gestión de la ciudad.
Jorge Iván Rincón Córdoba inicia esta sección con su artículo “Los planes de ordenamiento territorial: ciudades en busca de identidad”, apretado y completo curso de derecho urbano, en el cual comienza por explicar el origen y sentido de las nociones capitales de derecho urbano, ordenamiento territorial y derecho a la ciudad, cuyos contenidos obedecen a diferentes acentos y matices en torno al tratamiento de lo urbano, pero que por evolución histórica se superponen y complementan para definir los actuales contornos de la disciplina. Luego centra su análisis en la planificación y en los planes de ordenamiento territorial, los cuales, mediante una combinación de instrumentos políticos, técnicos y jurídicos, cuidadosamente analizados en este trabajo, son en su criterio decisivos para concretar el modelo deseado de ciudad. Posteriormente recorre los determinantes de los planes de ordenamiento territorial, más numerosos de lo que generalmente se supone. Recomienda que los POT sean diseñados regionalmente e incluyan como instrumento de desarrollo los distintos esquemas asociativos que prevé la ley. Trata igualmente de la gestión integral de riesgos, como componente indispensable de la planificación de la ciudad, y de los espacios públicos como elementos estructuradores del territorio y su necesaria interrelación con la estructura ecológica principal. Una completa información sobre las categorías de suelo, sus denominaciones y funciones, zonificaciones, actividades, modelos de ciudad y demás conceptos habituales en la factura de los POT brinda al lector una visión panorámica y detallada de lo que de acuerdo con la ley debería ser la “ciudad ordenada” de hoy.
Alexander Sánchez Pérez trae a colación un tema de actualidad, fuente de tensiones entre la nación y los municipios: la explotación de recursos naturales no renovables mediante la fractura hidráulica o fracking. En su artículo “La reversión de la potestad reglamentaria en el ordenamiento urbanístico de los municipios en Colombia a la luz de los desafíos impuestos por el fracking” denuncia el autor que la aparición creciente de determinantes de los planes de ordenamiento territorial ha permitido a los órganos rectores del sistema administrativo central abusar de la relación interadministrativa de coordinación y anular progresivamente la potestad de reglamentación de los usos del suelo, que es la expresión más pura del principio constitucional de autonomía de los municipios. Es el caso del fracking, donde, sostiene Sánchez, se registra el retroceso que para la autonomía de los municipios y la participación ciudadana significó la sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional. En fin, lamenta el autor que en el régimen de los determinantes no existan mecanismos idóneos de participación que preserven el núcleo esencial de la autonomía municipal en materia urbanística.
PRÓLOGO ORDENACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN TERRITORIAL: UN PAR DE CONCEPTOS Y UN CONCEPTO DUAL
MARCOS ALMEIDA CERREDA
Profesor contratado Doctor
Universidade de Santiago de Compostela
INTROITO
Esta obra, Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos, que tengo el honor de prologar, es el último fruto de las notorias Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, un evento de relevancia internacional, que desde el año 2000 se celebra anualmente en la primera semana de septiembre, en la Universidad del Externado de Colombia. En dichas Jornadas, panelistas de prestigio mundial han afrontado, a lo largo de las últimas décadas, el estudio y debate de las cuestiones nucleares del derecho administrativo, que han de ser revisadas para adaptar la dogmática tradicional a las circunstancias sociales y normativas del siglo XXI. En este sentido, se ha de destacar que ya han sido objeto de escrutinio: la organización territorial del Estado, la regulación de la contratación pública, el derecho administrativo de los servicios públicos, la configuración y funcionamiento de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, la responsabilidad extracontractual del Estado y la potestad sancionadora de la Administración, entre otros temas.
En la línea de excelencia que caracteriza los anteriores resultados de estos encuentros, Jorge Iván Rincón Córdoba y Nicolás Cabezas Manosalva han construido este extraordinario volumen, el cual constituye una interesantísima excerpta, en la que, con la mejor sistemática posible, se abordan, por 25 autores excepcionalmente rigurosos, los temas más relevantes del derecho del territorio y del derecho de la ciudad, como son, entre otros: el territorio como objeto de distribución de competencias, los modelos sectoriales de ordenación del territorio, la configuración del derecho a la ciudad y los instrumentos de planificación y de gestión de la ciudad.
Además de por su vocación de exhaustividad, este libro destaca por su profundidad dogmática y, especialmente, por su preocupación por la depuración conceptual. Así, a través de su lectura pausada, se puede observar que los diferentes autores, al afrontar los temas que les corresponde analizar, lo hacen partiendo, generalmente, de una (de/re)construcción de las nociones elementales que han de emplear. Así sucede, por ejemplo, con los conceptos de ciudad (y ciudad inteligente), coordinación, espacio público, infraestructura pública, plan/planificación, servicio público o territorio.
En particular, en las numerosas páginas de este volumen destacan las múltiples referencias a los conceptos de ciudad/territorio y de coordinación. En consecuencia, siendo estos elementos dos de los principales ejes vertebradores de esta amplia obra, parece oportuno, a modo de exordio de esta, el ofrecer una aproximación general a los mismos, con el fin de atraer la atención y predisponer el espíritu analítico de los estudiosos que van a comenzar la lectura de este interesante libro colectivo.
1. LOS CONCEPTOS DE CIUDAD Y DE TERRITORIO (INTELIGENTES)
De manera sorprendente, en numerosos ordenamientos jurídicos, el concepto de ciudad es un concepto no jurídico, en el sentido de que el derecho no se ha ocupado de su delimitación y eficacia, o bien lo ha hecho de una forma anecdótica. Por ejemplo, en el caso italiano, la palabra “ciudad” simplemente hace referencia a un título honorífico que se otorga a los municipios que, por motivos históricos, culturales, sociales o económicos, tienen una elevada importancia en el conjunto institucional del Estado. A su vez, en el derecho español, el concepto de ciudad no se ha empleado en las normas jurídicas sino desde hace muy pocos años, y, cuando se ha hecho, se ha utilizado de forma marginal e imprecisa, en concreto para referirse a un específico régimen de organización municipal: el de las grandes ciudades.
No obstante lo dicho, la relevancia del fenómeno urbano para el derecho es indiscutiblemente muy alta. Así las cosas, y en especial en la actualidad, donde poco a poco se está produciendo el reconocimiento del “derecho a la ciudad”, resulta indispensable que el concepto de ciudad adquiera carta de naturaleza jurídica, con el fin de que sea posible asegurar la plena efectividad del antedicho derecho.
Para intentar dar una primera respuesta a esta exigencia, en las próximas líneas se tratará de formular dos conceptos: el de ciudad y el de ciudad inteligente. No se pretende presentar una definición acabada de ninguno de los dos, sino tan solo ofrecer unas ideas embrionarias, para que sirvan de guía al lector en el escrutinio de la presente obra y para que, eventualmente, mediante su trasformación y desarrollo, a la luz de los datos que ofrecen los interesantes estudios contenidos en este volumen, pueda llegar a desarrollar un concepto propio, para aportarlo al debate científico en esta materia.
Teniendo en cuenta la anterior premisa, la ciudad, para la ciencia jurídica, se puede definir como aquella parte de un territorio que, con independencia de la organización administrativa que se ocupe de su gestión (ayuntamiento, consorcio, área metropolitana,…), se caracteriza por ser una estrecha malla urbana habitada por una amplia y concentrada colectividad de ciudadanos (se puede considerar, de acuerdo con la OCDE, que las ciudades han de tener un mínimo de 50.000 habitantes y una densidad de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado), los cuales no se hallan vinculados a la ciudad por un único estatus (el de vecino), sino por una multiplicidad de estatus (vecino, residente o transeúnte), todos los cuales les otorgan el mismo derecho a gozar de ella.
Evidentemente, dentro del concepto de ciudad cabe un amplio abanico de realidades, desde las capitales provinciales/regionales a las grandes aglomeraciones urbanas. Esto significa que la ciudad no puede ni debe tener en los ordenamientos jurídicos un régimen uniforme, sino que ha de contar con una multitud de regímenes que, partiendo de un mínimo común denominador (derivado de su esencia), en virtud del principio de diferenciación, se ajusten a las peculiaridades de cada uno de estos tipos de ciudades.
Como se ha apuntado, la labor de proponer definiciones jurídicas en este campo no se puede detener aquí, ya que en las últimas décadas el concepto de ciudad ha sido cualificado mediante el adjetivo ‘inteligente’. Con ello se pretende destacar una nueva dimensión de la realidad urbana, que también requiere su formulación en el ámbito jurídico, por la incidencia de sus caracteres esenciales en la determinación del régimen normativo que le será de aplicación.
Así, de modo sintético, se puede definir la ciudad inteligente como aquella ciudad que, empleando las mejores tecnologías de la información y de la comunicación disponibles en cada tiempo, aspira a garantizar a los sujetos que la habitan el goce óptimo de las facultades en que se descompone el derecho a la ciudad, observando siempre, en las actividades dirigidas a dicho fin, los principios de eficacia, eficiencia y de mínima afectación a los demás derechos de sus habitantes, en especial, al derecho a la protección de los datos personales.
Como se puede observar, con la aparición de las modernas tecnologías de la información y de la comunicación se ha producido una evolución radical. Así, el derecho a la ciudad se ha transmutado en el derecho a la ciudad inteligente. Por ejemplo, para un ciudadano de hoy en día no basta con participar en el gobierno de la ciudad dirigiendo sugerencias o peticiones a los órganos competentes, para mejorar el funcionamiento de su urbe, sino que demanda el poder controlar toda la actividad de estos, mediante el acceso al conjunto de los datos que dichos órganos emplean, para poder evaluar cómo se gestiona la ciudad y para poder contribuir a la mejora continua de esta. También se puede señalar, como otro ejemplo, que para un ciudadano de nuestra época el derecho al transporte urbano no se satisface, simplemente, con la existencia de este, sino que demanda que dicho servicio público urbano se preste con unos elevados estándares de calidad, que vienen determinados, entre otros factores, por su conectividad telemática total con el mismo.
Actualmente, cabe afirmar que una ciudad puede ser considerada inteligente cuando, al examinar su organización, funcionamiento y actuaciones, se encuentra una incidencia significativa de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la actividad que se despliega en determinados ámbitos estratégicos de la actuación pública urbana. Llegados ya a la segunda década del siglo XXI, no basta una mínima intervención en alguno de dichos ámbitos para defender que una ciudad es inteligente; para ello, por el contrario, se presenta como ineludible el que la ciudad opere a través de los oportunos instrumentos tecnológicos, como mínimo, en todos y cada uno de los mismos (sin prejuicio de que también lo haga en otros) y que dicha actividad revista una especial intensidad, no siendo admisibles, a estos efectos, las acciones meramente publicitarias o cosméticas.
Pues bien, los antedichos sectores son: a) ciudadanía digital: en este campo, las ciudades inteligentes se caracterizan por su preocupación por capacitar a sus habitantes en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación y por poner a su disposición los medios técnicos necesarios para que apliquen su entendimiento en este ámbito; b) organización del gobierno ciudadano: en este sector, las ciudades inteligentes se deben distinguir por tratar de incrementar la participación ciudadana en la gestión pública, por mejorar la transparencia de los entes públicos y, en definitiva, por impulsar la rendición de cuentas de los poderes públicos, mediante el empleo de diferentes tecnologías de la información y la comunicación; c) movilidad urbana: en este ámbito, las ciudades inteligentes han de contar con una estrategia global que, apoyada en las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, permita construir una red de transporte de calidad, eficiente, sostenible, segura e interconectada; d) servicios públicos y servicios al público: en esta materia, las ciudades inteligentes tienen que diferenciarse por estimular el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar las prestaciones que reciben los ciudadanos, en especial, han de fomentar el diseño de nuevos servicios que primen la seguridad y la salud de los habitantes, que estimulen su formación cívica y cultural y que impulsen la cohesión social; y, e) medioambiente urbano: en esta tema, las ciudades inteligentes deben, por una parte, adoptar todas aquellas medidas que permitan mejorar la eficacia y eficiencia energética de la urbe, como, por ejemplo, el fomento del uso de las energías renovables, el estímulo del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para lograr el funcionamiento energéticamente sostenible de edificios, etc., y, por otra parte, han de programar y ejecutar, empleando las tecnologías de la información y la comunicación, las acciones necesarias para la protección y mejora de la naturaleza y del ecosistema urbano.
Una vez determinado qué se entiende por ciudad (inteligente), la aproximación al concepto de territorio, en principio, se presenta como algo más sencillo, en la medida en que este concepto se puede definir en negativo. Así, todo aquel espacio que no cumpla los criterios para ser ciudad ha de ser considerado territorio. Ahora bien, como sucede en el caso de las urbes, el territorio no es uniforme, dentro del mismo podemos encontrar: núcleos urbanos, núcleos rurales, espacios rurales, etc. En consecuencia, igual que antes se indicó para las ciudades, estas realidades no pueden ni deben tener, en los ordenamientos jurídicos, un régimen uniforme, sino que han de contar con regímenes jurídicos específicos, que, partiendo de un mínimo común denominador (basado en su naturaleza), se ajusten a las peculiaridades de cada una de ellos.
Finalmente, solo queda abordar una cuestión: ¿hay territorios inteligentes? Esta cuestión se plantea ya que su existencia presupone una completa implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el campo, la cual no existe, o es muy deficiente, en la mayoría de las zonas rurales. Ahora bien, no obstante la complejidad y dificultades de esta tarea, dicha implementación puede llevarse a cabo en tales áreas si existe una fuerte voluntad política para diseñar y financiar los programas necesarios. En los últimos lustros se ha podido constatar un intenso y sostenido crecimiento de dicha voluntad, en la medida en que se ha llegado a la conclusión, por las instancias políticas, de que la activación de territorios inteligentes es la mejor arma para la lucha contra la despoblación en el campo. Así, en diferentes Estados, los territorios rurales han comenzado a desarrollarse, si bien con un alcance e intensidad menor que en las ciudades que denominamos inteligentes.
2. LA COORDINACIÓN: UN CONCEPTO NECESARIAMENTE DUAL
A lo largo de las páginas de la presente obra se mencionan con una elevada frecuencia tres conceptos: colaboración, cooperación y coordinación. El análisis de los diferentes pasajes que se refieren a estos términos muestra que, en el ordenamiento colombiano –como sucede también en muchos otros– tanto la compresión de cada noción como la inteligencia de las diferencias que existen entre ellas adolecen de una cierta inconsistencia y de una completa inmadurez constructiva. Por ello, con el fin de contribuir al desarrollo de un debate que permita acuñar definitivamente cada uno de estos elementos lógicos, a continuación se propone una definición y delimitación de cada uno de ellos. En esta tarea se prestará una especial atención al concepto de coordinación, pues en este magnífico volumen se observa una marcada tendencia a limitar su significación, connotándola exclusivamente con matices imperativos, lo que la aproxima al concepto y dinámica de la jerarquía, pretiriendo, como se evidenciará, que en su seno no solo cabe una vertiente imperativa, sino también una comprensión paritaria.
Una correcta aproximación a los antedichos conceptos requiere comenzar recordando que los mismos tienen su origen en el seno de las relaciones interadministrativas. Estas se pueden definir como aquellas relaciones jurídicas que establecen entre sí dos o más administraciones públicas territoriales, directa o indirectamente (a través de un ente instrumental), en el ejercicio de las competencias que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, le corresponden a cada una de ellas, para garantizar la efectiva y correcta actuación de las mismas. Tales relaciones pueden ser de colaboración, de control o de conflicto. En este momento, por la razón antes aducida, nuestra atención se debe centrar en las relaciones interadministrativas de colaboración, que son aquellas relaciones que entablan entre sí varias administraciones públicas, voluntaria o forzosamente, para ordenar el ejercicio conjunto, simultáneo o sucesivo de sus competencias, con el fin de coordinar, cooperar o auxiliarse en la planificación o ejecución de las actuaciones que pretenden desarrollar para perseguir la realización de concretos objetivos de interés público, cuya consecución el ordenamiento jurídico les ha encomendado, de modo que dichas actuaciones alcancen la mayor eficacia y/o eficiencia posible en la realización de tales objetivos.
Como se puede observar, el auxilio, la cooperación y la coordinación son fines de las relaciones interadministrativas de colaboración y, en consecuencia, caracterizan las diferentes modalidades de estas relaciones.
Así, en primer lugar, las relaciones de auxilio o asistencia se entablan cuando, en un caso concreto, una administración pública no se halla en condiciones para llevar a cabo el completo y correcto ejercicio de una competencia propia, por lo que se ve obligada a solicitar a otra u otras administraciones, apelando al principio de lealtad institucional, las ayudas puntuales necesarias para lograr la adecuada ejecución de dicha competencia.
En segundo lugar, las relaciones de cooperación tienen lugar cuando varias administraciones persiguen un mismo fin de interés público, bien porque todas ellas tienen atribuida la función de actuar una misma competencia sobre una determinada materia o bien porque una administración tiene encomendada la función de actuar una competencia sobre dicha materia y otra u otras tienen como competencia la cooperación en tal actuación. En cualquiera de estos supuestos, estas administraciones, en virtud del principio de lealtad institucional, han de obrar conjuntamente, contribuyendo en paridad de condiciones a las acciones en que se concrete la ejecución de la competencia de que se trate, con el fin último de reunir los medios necesarios para dicha ejecución o de optimizar el uso de los medios existentes.
Finalmente, en tercer lugar, las relaciones de coordinación se producen cuando varias administraciones públicas, que ostentan distintas competencias que inciden sobre una misma realidad, atribuidas a cada una de ellas para la tutela de diversos intereses públicos, pretenden actuar para ejercer dichas competencias. En estos supuestos, dichas administraciones, por imperativo ordinamental, han de colaborar ordenando el ejercicio de sus competencias de modo que logren una única solución global que satisfaga, en la mayor medida posible, todos los intereses públicos presentes de la forma más eficaz y eficiente. Se trata de evitar, por una parte, la realización de actividades aisladas que, en la medida en que suelen traducirse en la reiteración de actuaciones, son tendencialmente ineficientes, y, por otra parte, la realización de actividades divergentes, que, en la medida en que muchas veces se neutralizan al buscar resultados total o parcialmente opuestos, dan lugar a situaciones de ineficacia.
Las relaciones de coordinación se pueden presentar bajo dos especies, en función de las competencias substantivas (es decir, competencias que recaen sobre determinadas materias concretas) o estructurales (es decir, competencias que tratan de garantizar la coherencia y unidad de un sistema jurídico-administrativo) que ostentan las administraciones implicadas:
a) Las relaciones de coordinación, en su especie de autocoordinación, surgen cuando todas las administraciones públicas ostentan distintas competencias substantivas en concretas materias que inciden sobre la misma realidad. En estos casos, las administraciones implicadas, que se encuentran en posición paritaria, han de disciplinar unitaria y coherentemente las actividades a realizar para lograr la satisfacción de todos los intereses presentes, mediante el empleo de técnicas de colaboración voluntaria como, por ejemplo, los convenios de colaboración, los planes o programas conjuntos de actuación o la articulación de órganos de composición mixta. Un ejemplo de este supuesto de entrecruzamiento de competencias substantivas se puede encontrar en la ordenación de infraestructuras de carácter general (como puertos y aeropuertos), donde generalmente se entrelazan las competencias de la administración central para su localización y las competencias de las administraciones territoriales sobre urbanismo y/o ordenación del territorio y protección del medio ambiente. Es estos casos, las administraciones implicadas deben encontrar una satisfacción adecuada a todos los intereses públicos presentes. Si no llegan a un acuerdo sobre el modo en que cada una de ellas debe ejercer sus competencias y, en consecuencia, no se logra la autocoordinación, con toda probabilidad se pasará a una situación de conflicto, en donde la instancia correspondiente (idealmente, la jurisdiccional) decidirá sobre la actuación a realizar.
b) Las relaciones de coordinación, en su especie de heterocoordinación, surgen cuando una de las administraciones públicas presentes ostenta una competencia estructural, como puede ser la garantía de la coherencia y unidad del sistema administrativo global o sectorial (p. ej., urbanístico), estatal o regional (independientemente de que esta administración pueda ser también titular de competencias substantivas implicadas) y las demás administraciones públicas ostentan distintas competencias substantivas sobre concretas materias que inciden sobre una misma realidad. En estos casos, la administración que tiene atribuida la competencia estructural asume el papel de administración coordinadora y goza, en consecuencia, de poderes de dirección, más o menos amplios, que se traducen en la posibilidad de dictar directrices, etc.
En el seno de los Estados descentralizados, la utilización de técnicas e instrumentos de heterocoordinación requiere la observancia de una serie de límites:
– En primer lugar, se exige que los supuestos de heterocoordinación estén expresamente previstos en el ordenamiento jurídico, en forma de atribuciones competenciales constitucional o legalmente encomendadas a la administración llamada a ejercer las funciones de administración coordinadora. Además, dichas atribuciones han de hacerse teniendo en cuenta el criterio de subsidiariedad de la heterocoordinación frente a la autocoordinación, en la medida en que este es un instrumento de garantía del adecuado respecto de la autonomía de la que gozan los diferentes niveles administrativos.
– En segundo lugar, en el momento de fijar normativamente los supuestos en los que procede la heterocoordinación y a la hora de poner en marcha los mecanismos de heterocoordinación es necesario asegurarse, en el primero de los casos, de que existe, y en el segundo de los supuestos, de que concurre, el presupuesto que permite el recurso a la heterocoordinación: la necesidad de garantizar la coherencia y unidad de un sistema administrativo, cuando se hallan presentes diferentes intereses públicos cuya tutela se encuentra atribuida a distintas administraciones públicas.
– En tercer lugar, en el instante de poner en práctica el concreto instrumento de heterocoordinación que pretenda emplearse, ha de observarse el principio de proporcionalidad. Así, la configuración de dicho instrumento ha de ser lo menos lesiva posible para la autonomía de las administraciones coordinadas (en ningún caso se puede llegar a situarlas en una posición de dependencia jerárquica o cuasijerárquica) y su alcance ha de ser el estrictamente indispensable para lograr la armonización de la actuación de todas las administraciones implicadas. Por lo tanto, los instrumentos de heterocoordinación deben fijar el marco dentro del cual han de actuar las administraciones coordinadas y establecer las directrices conforme a las cuales estas deben obrar dentro de dicho marco, siendo dichas limitaciones negativas y positivas las mínimas indispensables para lograr un resultado coherente y armónico, eficaz y eficiente; de modo que, necesariamente, en la ejecución de dichos instrumentos de heterocoordinación las administraciones coordinadas gocen de un ámbito propio de actuación en el que ejercer sus propias competencias.
En conclusión, la coordinación exige que la actuación concurrente de varias administraciones públicas en un determinado asunto satisfaga, en la mayor medida posible, todos los intereses públicos presentes de la forma más eficaz y eficiente. Si bien, en función de los títulos competenciales que esgrima cada ente público, dicha coordinación se articulará bien por la vía de la autocoordinación, bien, excepcionalmente, por la senda de la heterocoordinación, cuando una de las administraciones públicas presentes ostente una competencia estructural que la faculte para ello.
REFERENCIAS
ALMEIDA CERREDA, M. “Las relaciones entre las administraciones públicas: colaboración, control y conflicto”, en T. CANO CAMPOS (coord.), Lecciones y materiales para el estudio del derecho administrativo, vol. 2, La organización de las administraciones públicas, Madrid, Iustel, 2009.
ALMEIDA CERREDA, M. “Relaciones interadministrativas”, en Comentarios a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, Madrid, Wolters Kluwer, 2017.
ALMEIDA CERREDA, M. “Las entidades locales y la protección de datos”, Anuario de Derecho Municipal, n.º 12, 2019.
AUBY, J.-B. Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la ville, París, LexisNexis, 2016.
AUBY, J.-B. “Territorios rurales inteligentes y despoblación rural”, en Istituzioni del Federalismo, en prensa.
AUBY, J.-B. y DE GREGORIO, V. (dirs.). Données urbaines et Smart Cities, París, Berger-Levrault, 2017.
BRIA, F. y MOROZOV, E. Ripensare la Smart City, Turín, Codice Edizioni, 2018.
CASANUEVA MURUAIS, C. y CALVO LÓPEZ, P. “Reflexiones sobre el concepto jurídico de ciudad inteligente: situación actual y posible evolución”, Madrid, AEPDA. Disponible en: https://bit.ly/2V1oqMO (consultado en junio de 2020).
CANTO LÓPEZ, M. T. (dir.). Los territorios inteligentes: administración e integración social, Cizur Menor, Aranzadi, 2019.
CHEVILLEY-HIVER, C.; HOUSER, M. y MARCEAU, A. (dirs.). Les collectivités territoriales à l’heure du numérique, París, L’Harmattan, 2019.
CROUZATIER-DURAND, F. “Réflexions sur la ville intelligente. Une évolution dans le droit des collectivités territoriales”, en Culture, société, territoires. Mélanges en l’honneur du professeur Serge Regourd, Varenne, Institut Universitaire Varenne, 2019.
DÍEZ SASTRE, S. La formación de conceptos en el derecho público: un estudio de metodología académica: definición, funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos, Madrid, Marcial Pons, 2018.
FONSECA, I. C. y ALMEIDA PRATA, A. R. “Smart cities vs. smart(er) governance: cidades inteligentes, melhor governaçao (ou não)”, en Questões Actuais de Direito Local, n.º 24, 2019.
LEFEBVRE, H. El derecho a la ciudad, Madrid, Capitán Swing, 2017.
PIÑAR MAÑAS, J. L. (dir.). Smart Cities. Derecho y técnica para una ciudad más habitable, Madrid, Reus, 2017.
SANTIAGO IGLESIAS, D. “Iniciativas para un futuro urbano sostenible: las smart cities”, en T. QUINTANA LÓPEZ (dir.), Urbanismo sostenible, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
VELASCO RICO, C. “La ciudad inteligente: entre la transparencia y el control”, Revista General de Derecho Administrativo, n.º 50, 2019.
PRIMERA PARTE ACTORES, COMPETENCIAS Y ÁMBITOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PAULA ROBLEDO SILVA
¿Cómo entender el territorio? Anotaciones sobre cómo ampliar el concepto
SUMARIO
Introducción. 1. El concepto hegemónico del territorio y del ordenamiento territorial. 2. Las críticas al concepto clásico de territorio. 3. El caso colombiano: entre una concepción clásica y una dinámica. Breves comentarios a modo de conclusión. Referencias.
INTRODUCCIÓN
Desde hace años, diferentes escuelas y comunidades epistémicas han abogado por reconocer la compleja naturaleza de los diferentes conceptos que contienen (y a la vez edifican) los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. En ese sentido, cada vez es más frecuente encontrar doctrinas, teorías y movimientos que pretenden develar la verdadera naturaleza del derecho. Así por ejemplo, uno de los movimientos que mayor fuerza y reconocimiento ha adquirido en las últimas décadas es el de los Critical Legal Studies (Estudios Críticos del Derecho), el cual afirma que el derecho tiene una naturaleza política “oculta” mediante la cual se construyen y mantienen las estructuras contemporáneas del poder1. De igual manera, también han cobrado fuerza teorías en las que se reivindican y se valoran otros factores que inciden en el derecho, como lo son la política, las políticas públicas, el marxismo, el pluralismo y la herencia colonial, entre otros2; teorías que a su vez conducen a la necesidad de optar por un estudio interdisciplinar de los fenómenos e instituciones jurídicas3.
De manera análoga, en las demás disciplinas también ha venido calando la necesidad de emancipar el conocimiento de las aproximaciones tradicionales que centran el estudio única y exclusivamente en los fenómenos y elementos propios de cada disciplina. En ese sentido, es cada vez más frecuente ver que las nuevas corrientes del conocimiento promueven el estudio de factores y cuestiones exógenas para comprender el verdadero alcance y naturaleza de una situación determinada. En dicho contexto, la geografía es un buen ejemplo de la transformación epistemológica que se ha experimentado durante las últimas décadas, pues, como se puede apreciar, esta pasó de un estudio eminentemente naturalista a incluir la comprensión de los fenómenos sociales, políticos y culturales, entre otros4.
Como hemos anticipado, este tipo de mutaciones inciden directamente en conceptos como el del ordenamiento territorial; con la particularidad de que, además, debido a la naturaleza de dicha figura, requiere, necesariamente, de la confluencia de ambas disciplinas mencionadas: derecho y geografía. En ese sentido, es importante reconocer y entender cuáles son tales cambios conceptuales, de dónde vienen y por qué tienen una particular relevancia en contextos como el nuestro.
Así las cosas, el presente trabajo, lejos de proponer una nueva visión del territorio y del ordenamiento territorial, tiene como objetivo visibilizar las propuestas teóricas que pretenden modernizar el concepto de territorio, incluyendo en él los diferentes fenómenos históricos, sociales, políticos, económicos y ambientales que giran a su alrededor.
Este texto se divide en tres partes. En primer lugar, se presenta de manera esquemática cuál ha sido el concepto tradicional de territorio y de ordenamiento territorial. A continuación se analizan, uno a uno, los factores y fenómenos que no son contemplados dentro del concepto clásico del territorio, para lo cual se explica teóricamente cómo es que dichas cuestiones no se enmarcan en el concepto tradicional. Posteriormente, se ejemplifica por medio de la realidad colombiana; en esa perspectiva, el artículo evidencia cómo fenómenos históricos, sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales son obviados dentro del ámbito municipal del ordenamiento territorial. Finalmente, se concluye haciendo hincapié en la importancia de modernizar nuestras instituciones jurídicas a partir de definiciones dinámicas y evolutivas que permitan un verdadero desarrollo nacional.
1. EL CONCEPTO HEGEMÓNICO DE TERRITORIO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Desde los primeros vestigios de las civilizaciones, la relación entre ser humano y espacio ha tenido una especial importancia. Sin necesidad de ir más atrás, para las civilizaciones antiguas la tierra ocupó un papel decisivo en cuanto a la expansión del pensamiento, de su influencia y de su poderío. Ejemplo de ello es la forma en que las diferentes variaciones de la fórmula imperial se convirtieron en la regla general, lo que condujo a que las guerras se hicieran, esencialmente, por el territorio.
Este vínculo de dependencia del ser humano con respecto al espacio se mantuvo constante e inquebrantable con el paso de los siglos. Durante el medioevo, la apropiación del territorio conservó también una relación con el poder y con la subsistencia humana que posteriormente daría lugar a la proliferación de ciudades-estado5.
Sin embargo, es con la celebración de los tratados de Osnabrück y de Münster6 que se fijaría un verdadero paradigma de la relación entre los Estados y el territorio. La Paz de Westfalia constituyó un punto de inflexión en cuanto a la relación de la sociedad con el territorio. Este tratado no solo puso fin a las principales guerras que asolaban la Europa del siglo XVII, sino que impuso un nuevo paradigma para la comunidad internacional al constituir el mito fundacional del derecho internacional (moderno)7. En concreto, los cánones derivados del mismo establecieron, por un lado, como regla general, el concepto de soberanía nacional, y por el otro, el principio de integridad territorial8.
Ahora bien, el “aporte” de Westfalia no fue la simple fijación de estos dos estándares para efectos de la consolidación del régimen internacional moderno, sino que además surtió efecto en la concepción y organización interna de los Estados. Fue a partir de este momento que se empezó a reconocer (tanto en la doctrina como en la práctica) que para la consolidación y el reconocimiento de un Estado por la comunidad internacional era necesaria la concurrencia de tres elementos: territorio, población y soberanía nacional9.
A partir de ese momento, los Estados que existían y los que aparecieron tras las diferentes guerras de secesión e independencia que ocurrieron en los años siguientes tomaron, en gran medida, el paradigma westfaliano como punto de partida para su organización y funcionamiento internos10.
Es así como, por parte de la doctrina clásica, la primera aproximación al territorio es la que se hace desde los elementos del Estado. Bajo esta rúbrica, se trata de un presupuesto necesario para la existencia de un Estado, lo que además supone que es de su propiedad. De allí que se explique normalmente por medio de la teoría de la apropiación, en la que el Estado es propietario del territorio; de la teoría de la atribución, en virtud de la cual el territorio es entendido como un atributo de la personalidad jurídica estatal, y de la teoría de las competencias, en donde el territorio determina el alcance (espacial) de las competencias del Estado11.
Independientemente de la teoría que se acoja para entender al territorio como un elemento constitutivo del Estado, las consecuencias jurídicas tienden a ser las mismas. En esa medida, esta noción de territorio requiere que desde el derecho se responda, como mínimo, a las siguientes preguntas: ¿qué espacios abarca el territorio de un Estado?, ¿cuáles son las relaciones a las que hay lugar entre Estado y territorio? Las respuestas a estas preguntas pueden variar de acuerdo a lo que prevea cada Estado en su Constitución y su ordenamiento jurídico; sin embargo, las respuestas que ofrecemos a continuación son las que la doctrina tradicional (acogida por la mayoría de los países) ha dado desde la disciplina jurídica.
Para empezar, el territorio es entendido como el espacio físico sobre el que se extiende un Estado; sin embargo, ese espacio no responde únicamente al trazo de unas líneas divisorias territoriales sobre la superficie. Por el contrario, abarca, como mínimo, tres dimensiones espaciales: la terrestre, la marítima y la aérea. El espacio terrestre corresponde tanto al suelo como al subsuelo y, por tanto, abarca el territorio continental, el territorio insular (cuando lo hay) y la tierra y los recursos que se encuentran desde el suelo hasta el centro de la tierra12. El espacio marítimo abarca las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Y la dimensión aérea reúne al espacio aéreo propiamente dicho, el espacio electromagnético y la órbita geoestacionaria.
Cada una de estas figuras ha sido desarrollada jurídicamente tanto por el derecho nacional de los países como por el derecho internacional. Sin que nuestro propósito sea definir cada una de ellas ni entrar en el detalle de las respectivas regulaciones, conviene señalar, al menos de manera general, cuáles son los supuestos fácticos y las consecuencias jurídicas que algunas de ellas suponen. En concreto, esto nos permitirá evidenciar cuáles han sido las preocupaciones que tradicionalmente han sido atendidas por el derecho en lo que tiene que ver con el territorio.
La dimensión terrestre del territorio es tal vez la mayor preocupación que los Estados han tenido en la historia. Tal y como lo anticipamos, la tierra siempre ha sido un factor determinante del poder, en particular en el derecho internacional clásico13. Así por ejemplo, tratados internacionales como los de Osnabrück y Münster incluían disposiciones territoriales en las que se modificaba el paradigma fronterizo europeo14. Esto condujo a que fuera la dimensión más decantada en la práctica y a que, por tanto, la gran mayoría de la tierra del planeta esté hoy repartida entre los Estados existentes.
No obstante lo anterior y reconociendo las diferentes dinámicas territoriales que se dieron desde la época de la Colonia hasta la consolidación del derecho internacional contemporáneo, la comunidad internacional se encargó de regular los diferentes supuestos en los que podría haber algún tipo de variación en los límites establecidos por los tratados internacionales específicos. Así entonces, encontramos diferentes figuras para la adquisición territorial por parte del Estado, a saber: la ocupación, el consentimiento, la sucesión, la accesión y la prescripción adquisitiva. Paralelamente, están también aquellas fórmulas jurídicas para adquirir nuevos territorios que son avaladas por el derecho constitucional de los Estados pero que resultan contrarias al derecho internacional15. Este es el caso de las conquistas armadas y de la contigüidad territorial.
Sumado a lo anterior, la costumbre y la jurisprudencia internacionales han previsto fórmulas para llevar a cabo la delimitación territorial de los nuevos Estados. Ejemplo de ello es el concepto de uti possidetis iuris que parte de los títulos jurídicos de las colonias para renovar los límites que existían en aquella época. No obstante, tal como lo veremos más adelante, este es uno de los elementos que demuestran el legado colonial del concepto de territorio que ha imperado hasta el momento en regiones como América Latina.
Con relación a la dimensión marítima, el derecho internacional también se ha encargado de imponer reglas y estándares relativos a la delimitación y destinación de esta parte del territorio. En ese sentido, encontramos diversos tratados internacionales (dentro de los que resaltan la Convención de las Naciones Unidas sobe el Derecho del Mar) en los que se establecen reglas específicas para calcular las dimensiones de cada uno de los componentes de la dimensión marítima (es decir, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, etc.), así como también el alcance de la soberanía territorial de los Estados en cada uno de ellos. De esa manera, se fija un sistema escalonado para el ejercicio de la soberanía nacional según el cual, mientras más próximo se encuentre el componente del territorio al territorio terrestre, mayor será el alcance de la soberanía. Así pues, en el mar territorial el Estado tiene el pleno ejercicio de la soberanía, mientras que en la zona económica exclusiva solo puede ejercer soberanía respecto a los recursos biológicos y no biológicos, la creación de islas artificiales, la investigación científica y la protección medioambiental16.
Por último, la dimensión aérea es la que ha tenido un desarrollo más tardío, en la medida en que únicamente a partir de la Primera Guerra Mundial empezó a cobrar relevancia para los Estados, por lo que su regulación sigue en proceso de construcción. No obstante, se cuenta con acuerdos internacionales y costumbres que permiten concluir que el espacio aéreo y el espectro electromagnético se extienden al espacio atmosférico bajo el que se encuentran el espacio terrestre, las aguas interiores y el mar territorial de los Estados. Así mismo, se ha establecido, en virtud del Tratado del Espacio de 1967, que la órbita geoestacionaria es parte del patrimonio común de la humanidad y, por tanto, al ser inapropiable, ningún Estado tiene soberanía exclusiva sobre ella17.
Ahora bien, estas reglas que hemos mencionado de manera somera son propias del derecho internacional y se reflejan, en gran medida, en los ordenamientos jurídicos nacionales. De ahí que gran parte de los Estados se valga de los tratados internacionales que fijan límites territoriales y establecen reglas en torno a ellos para definir su territorio internamente en sus constituciones y/o leyes fundamentales. Por ejemplo, en el caso colombiano, el artículo 101 de la Constitución Política no solo afirma la titularidad del Estado sobre los mismos elementos territoriales que hemos descrito, sino que además remite al derecho internacional para complementar la delimitación reconocida por el constituyente de 1991[18]:
Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.
Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Isla de Malpelo, y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales19.
A partir de una lectura complementaria entre el derecho internacional y el derecho constitucional de los Estados con relación al concepto de territorio (propiamente dicho) es posible comprender el alcance espacial y jurídico del mismo. Como hemos visto, tanto el derecho internacional como el derecho nacional establecen criterios para determinar cuáles son los límites que dibujan el tamaño y extensión del territorio de los Estados y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de su titularidad y/o propiedad.
Sin embargo, la noción de territorio clásica o, más bien, sus consecuencias jurídicas internas van más allá de un elemento esencial del Estado. En realidad, dicha comprensión constituye un presupuesto necesario para entender y articular el principio de soberanía nacional, que en pocas palabras supone ejercer con exclusividad al interior de dichas fronteras la autoridad pública20.
Pese a que podríamos detenernos a analizar in extenso el concepto de soberanía nacional, para los efectos de este artículo nos interesa concentrarnos en la relación que supone dicho principio con el territorio propiamente dicho; y con ello nos referimos a la figura del ordenamiento territorial, mediante la cual los Estados articulan el ejercicio de su autoridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Así, desde la teoría, el ordenamiento territorial ha sido definido como una herramienta para la ordenación de la autoridad y poder del Estado, es decir, como una acción estatal21. En ese sentido, se trata de una figura eminentemente político-administrativa por medio de la cual los Estados establecen diferentes órbitas del poder público, con alcances diferenciales y que, en todo caso, pertenecen a un esquema complejo en donde existen varios centros de poder que operan en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subordinación, dependiendo de cada forma de Estado22.
Esta concepción del ordenamiento territorial supone, como mínimo, dos elementos que se pueden evidenciar en el caso colombiano: por un lado, la definición de un modelo de Estado en el que se adopta una posición entre el abanico de posibilidades que hay entre federalismo y centralismo23; y por el otro, la edificación de un sistema que, acorde con el modelo de Estado elegido, distribuya y afiance el poder público estatal en el territorio. Esta última parte es especialmente importante si se tiene en cuenta que es solo por medio de ese complejo andamiaje del poder que el Estado podrá establecer relaciones directas y cercanas con la ciudadanía, lo cual cimienta la soberanía que se ejerce sobre el territorio.
No obstante lo anterior, y en virtud de la estructura de ordenamientos jurídicos como el colombiano, el ordenamiento territorial está limitado en gran medida por la regulación que disponga el legislador. Esto se pueden comprender en la medida en que la Constitución es el pilar para el ordenamiento territorial y la ley es la encargada de desarrollarlo. Esto, supone que en realidad, el desarrollo de la figura queda en manos del legislador, el cual es una figura que pese a ser representativa de la ciudadanía, cuenta con serios problemas técnicos e interdisciplinares que dificultan la verdadera comprensión de las dinámicas territoriales que se viven en el país.
2. LAS CRÍTICAS AL CONCEPTO HEGEMÓNICO DE TERRITORIO
Desde diferentes sectores, doctrinas y teorías han aparecido una serie de críticas al concepto jurídico clásico de territorio. Tanto unas como otras intentan mostrar que se trata de un concepto impuesto, limitado y anacrónico en la medida en que no se reconocen ni se incluyen las diferentes dimensiones de los fenómenos que ocurren en dicho espacio geográfico.
En esta segunda parte del documento nuestro objetivo es explicar en qué consiste cada una de estas críticas y cómo ellas tienen un fuerte asiento en el diario vivir del territorio. Así, en las próximas páginas nos ocupamos de analizar cómo esos problemas que desde la teoría se han identificado se pueden evidenciar en la realidad colombiana.
2.1. UNA DEFINICIÓN IMPUESTA, CONSTRUIDA BAJO LA RÚBRICA COLONIALISTA
Para empezar, la primera gran crítica que se hace al concepto hegemónico de territorio en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, y en particular en los latinoamericanos, es que se trata de un concepto que hace parte del legado colonial, que en buena medida reproduce los valores y las dinámicas propios del sistema que se gestó en el Antiguo Continente y sus prácticas imperiales24. Esto quiere decir que en realidad la manera en que comprendemos jurídicamente el territorio está sesgada, pero además responde a criterios que no se compaginan con las realidades y dinámicas locales.
Para entender esta crítica es necesario hacer dos breves comentarios. En primer lugar, es importante recordar que, tal como lo señala Anne Orford, el derecho es inherentemente genealógico25 y, por tanto, los ordenamientos jurídicos latinoamericanos (dentro de los que resalta el colombiano), pese a haber sido diseñados tras las respectivas independencias, mantienen importantes rasgos heredados de los sistemas jurídicos coloniales. El sistema de filiación, los modos de adquisición, la propiedad sobre los recursos naturales, la legitimación del discurso blanco, la imposición y utilización de religiones oficiales o autorizadas, entre otros, son ejemplos muy claros de cómo aún existe un marcado legado colonial dentro de nuestros ordenamientos jurídicos. Y, por supuesto, respecto a las cuestiones relacionadas con el territorio y el ordenamiento territorial también es posible identificar rasgos y herencias de la Colonia.
Podemos señalar, verbigracia, la delimitación territorial y la adjudicación de los Estados latinoamericanos conforme a los títulos territoriales de la Colonia mediante la figura del uti possidetis iuris. Por medio de ella, los antiguos títulos jurídicos que durante la Colonia fueron empleados para la atribución del territorio y la delimitación de los territorios del Imperio español cobran particular relevancia al ser valorados por el derecho contemporáneo para legitimar la titularidad de un Estado sobre un territorio, y en consecuencia, sobre los recursos que dentro de él se encuentran. En pocas palabras, en regiones como América Latina las fronteras y territorios han sido definidos sin reconocer las dinámicas socioculturales de cada lugar; muy por el contrario, han sido definidos a partir de la rúbrica impuesta por los colonizadores, y luego avalados y refrendados por el derecho internacional, apropiándose y reproduciendo la conflictividad del concepto26. Por ello, es este tal vez uno de los legados más grandes que nos ha dejado el Imperio español, al haber dado origen no solo a los límites formales, sino también a los nombres y características de nuestras entidades territoriales y de algunas de nuestras instituciones político-administrativas27.
Otra importante práctica que fue heredada de la Colonia y que posteriormente fue legitimada por los ordenamientos jurídicos latinoamericanos fue la de la privatización y la mercantilización de la naturaleza28. Esta se ha convertido en la regla general, hasta el punto de que en Bolivia se han desencadenado enfrentamientos civiles a raíz de la privatización del agua; en Chile, conflictos por la explotación de recursos naturales ubicados en territorios indígenas, realizada por particulares; y en Colombia, una guerra silenciosa en contra de los líderes sociales y campesinos que intentan evitar que con el aval del Estado se lleve a cabo la explotación en páramos, reservas naturales y territorios indígenas.
La segunda cuestión que explica el carácter anacrónico del concepto de territorio y cómo el mismo es resultado y reflejo de un proceso colonialista tiene que ver con lo que mencionábamos al principio de este documento. Como lo hemos visto, los conceptos de territorio y soberanía nacional (territorial) tuvieron una importante transformación con la celebración de la Paz de Westfalia. Este fenómeno supuso un cambio de paradigma en la naturaleza de los Estados, el origen y justificación de su poder, y en sus dinámicas.
En concreto, Westfalia supuso el reconocimiento del Estado moderno (el Estado nación), dentro del cual el principio de no intervención es medular. En ese sentido, los Estados reconocen a sus homólogos, pero no interfieren en lo que ocurre al interior de ellos29, lo que significa que en realidad la soberanía nacional cobra una especial relevancia al convertirse en una garantía para el poder de cada Estado en su interior. Sumado a ello, el derecho internacional también se vio marcado por este hito en la medida en que las relaciones internacionales solo podrían darse en cabeza de los Estados, dejando por fuera de estas dinámicas cualquier otro sujeto que podría llegar a participar de los escenarios internacionales.
Ahora bien, pese a que Westfalia constituyó un importante hito para el derecho internacional y para la definición del territorio y sus relaciones con los Estados, es importante reconocer que fue un modelo impuesto por unos pocos imperios. Con esto queremos hacer referencia a la manera en que, en realidad, el paradigma del Estado moderno no solo condicionó la estructura de la comunidad internacional sino que además obligó a gran parte de la misma a aceptarlo, junto con estándares y reglas universalistas. Al respecto, por un lado, es preciso reconocer que para el momento en que se celebraron dichos tratados aún existían otros poderes, otros paradigmas y otras lógicas que se organizaban y funcionaban de manera paralela y diferente30; y por el otro, que en todo caso este “nuevo” sistema incluía sesgos cristianos y olvidaba los daños ocasionados por las guerras del pasado.
Sobre este último punto es importante señalar que el sistema que se gestó con ocasión de Westfalia legitimó en gran medida la empresa de la colonización. En esa medida, avaló la propiedad de las colonias en cabeza de las coronas que las habían conquistado, fomentando con ello la exacerbación de un modelo mercantilista radical que permitiría seguir el financiamiento de las monarquías.
Pese a que han transcurrido ya varios siglos desde que ocurrió la Paz de Westfalia, el sistema surgido de allí no ha cambiado en mayor medida. Desde el derecho internacional y los diferentes hitos que han dado lugar a una transformación de la noción de soberanía, en realidad se mantienen las características esenciales del sistema de Estados modernos. Así por ejemplo, aún existe una estructura jerárquica entre Estados, en donde la asimetría de poder permite que solo la opinión de unos pocos sea relevante para la comunidad internacional, lo que a su vez hace posible que existan nuevas formas de colonización para continuar con la explotación de los Estados más “jóvenes”. Al respecto, basta con analizar la composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el exorbitante poder de veto que tienen China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia; o, en su defecto, los Estados que participan y dirigen los organismos internacionales económicos que establecen pautas de comportamiento para los Estados en general e inducen con sus instrumentos a la apertura económica de los Estados en vía de desarrollo, en particular31.
Al derecho, en general, le ha costado trabajo convertirse en una disciplina capaz de reconocer las aceleradas dinámicas de las diferentes áreas que regula; y esto incluye el caso del derecho internacional. En ese sentido, los conceptos de soberanía y territorio que fueron delineados con Westfalia han opuesto resistencia a la aparición de nuevos sujetos y actores dentro de las relaciones internacionales. Así, pese a la humanización del derecho internacional, con la aparición del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados todavía se resisten a que otros actores, como las empresas trasnacionales y las organizaciones internacionales, actúen como verdaderos sujetos del derecho y cuenten con atribuciones similares a las que ellos poseen32.
Pese a que los Estados latinoamericanos fueron alcanzando su independencia de las coronas europeas durante el siglo XIX, el sistema internacional los obliga a participar en él y a aceptar las normas que otros Estados más poderosos les imponen. Esto los ha obligado a adoptar la falsa premisa del desarrollo, en razón de la cual siguen estándares ajenos impuestos por el sistema y que en realidad, en lugar de acercarlos al mismo “nivel” que los Estados poderosos, los convierten en una herramienta más para alcanzar los objetivos de estos últimos33.
De acuerdo con esta lógica, el concepto de territorio en realidad se convirtió en un objeto de conquista a través del cual las potencias del momento tendrían (y tienen) la posibilidad de expandir su poder (político, internacional y económico) sobre lo que Horacio Machado ha denominado como los tres pilares epistémico-políticos: un espacio de dominio, una economía moral de la expropiación y una teoría racial de jerarquización poblacional34. Para otros autores, como Fals Borda, las instituciones heredadas de la Colonia y la imposición del modelo westfaliano son características de una política colonial que conduce a que el ejercicio de la soberanía dentro de las fronteras nacionales, es decir, dentro del territorio, sea bélico, nacionalista y etnocéntrico35; características que podremos apreciar con mayor detalle cuando nos detengamos a analizar el caso colombiano.
En suma, esta primera crítica que se le hace a las nociones tradicionales de territorio y de ordenamiento territorial tiene que ver con sus orígenes y características coloniales. En ese sentido, es necesario resaltar que en el caso de los ordenamientos jurídicos existe una doble naturaleza colonial en la medida en que abarca tres niveles de la colonización. Por un lado, se encuentra el innegable legado colonial que se aprecia en nuestras instituciones jurídicas nacionales al haber sido parte de una de las colonias de la Corona española; por otro, los vicios ocultos que se derivan de la fórmula territorio-soberanía derivada del hito de Westfalia; y, finalmente, se tienen las consecuencias jurídicas (que vienen del derecho internacional pero que se reflejan en las políticas públicas y el ejercicio del poder nacional) que se derivan de la descolonización aparente y la participación (obligatoria) en la dicotomía desarrollo-en vía de desarrollo/no desarrollo.
2.2. UNA DEFINICIÓN SESGADA, QUE IGNORA LA HISTORIA Y LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO
Una segunda crítica que se hace a la definición del territorio que ha sido adoptada tradicionalmente es la que está relacionada con la historia del mismo. En concreto, la doctrina ha señalado que uno de los grandes problemas que se derivan de la definición que hemos dado al comienzo del documento es que no responde ni reconoce sustancialmente la historia del territorio. En ese sentido, la definición del territorio omite reconocer los fenómenos geográficos, sociales y culturales que ya había experimentado el espacio con anterioridad y, por tanto, ignora los impactos de la historia en la realidad actual del territorio.
Al igual que ocurre con la mayoría de las áreas del derecho, esta crítica tiene su punto de partida en el giro historiográfico, el cual reconoce que estudiar y entender la historia del derecho es importante para comprender el porqué de las normas, las instituciones y las teorías actuales, así como la consecuente relación entre su pasado y su presente36. En otras palabras, estudiar la historia permite entender en qué momento y por qué motivo surgieron las preguntas que determinaron las prioridades de las que el derecho se ocupa actualmente, y cuál es la razón de ser de nuestras instituciones y nuestras regulaciones37.
Sumado a lo anterior, las aproximaciones historicistas al territorio y a cualquier otro concepto jurídico son importantes porque también permiten entender los conceptos propiamente dichos, sus usos, sus desarrollos y sus cambios a lo largo del tiempo. Para ello es particularmente importante emplear los análisis contextuales que llevan a poder leer tales conceptos de manera coherente con el escenario en el que aparecieron o se transformaron38. En ese sentido, definir y regular el territorio requiere de un cuidadoso estudio de los diversos factores históricos que condujeron hasta la definición actual, defendiendo y recuperando aquellos vacíos y periodos que han sido borrados de la historia oficial de los Estados y del territorio.
Es así como la crítica historicista del concepto de territorio va, al menos en el caso latinoamericano, de la mano con la crítica colonial. Pese a que para algunos autores, como Marta Herrera, es posible rastrear la influencia del ordenamiento territorial prehispánico en el ordenamiento actual, en realidad la mayoría de las características y rasgos corresponden al legado colonial39. Tanto en los aspectos territoriales como en el derecho en general, los ordenamientos jurídicos latinoamericanos están plagados de elementos que se trasplantaron de manera casi idéntica del derecho indiano y de las Siete Partidas y que, en consecuencia, corresponden a estándares forjados bajo una lógica diferente que responde a parámetros y factores exógenos a la región. Así mismo, se trata de paradigmas construidos desde un discurso hegemónico y canónico que silencia voces y crea y reproduce diferentes vacíos epistemológicos, como los de los saberes ancestrales de los pueblos originarios de América Latina40.
Ahora bien, dada la necesidad de reconocer el valor de la historia para la definición del territorio y de otros conceptos a partir de un ejercicio contextual, esta propuesta también requiere del reconocimiento de las dinámicas sociales, políticas y culturales que ocurrieron en los diferentes momentos históricos del territorio. En ese sentido, es importante colmar los vacíos del conocimiento a partir de un estudio integral de la historia. Con esto nos referimos a que es importante no reconocer una línea del tiempo que reconstruya una historia única, sino reconocer las diferentes historias que se llevaron a cabo en el espacio geográfico que abarca el actual territorio. Solo en esa medida será posible reconocer el valor de cada uno de los periodos históricos, pero también la importancia y el legado de cada una de las realidades que se vivían en cada uno de dichos momentos.
En concreto, se trata de un razonamiento que reconoce la manera en que los ordenamientos territoriales, caracterizados y determinados por el colonialismo, ignoran las voces y las realidades de quienes habitaron el espacio con anterioridad a la Conquista europea, pero que también subsistieron durante y después de dicho periodo histórico. A partir de este ejercicio es posible reconocer la continuidad de los procesos históricos y sociales que se vivieron en el territorio, así como las diferentes transformaciones que atravesaron.
Es así como este sector de la crítica se alinea en cierta medida con lo que propone la geografía social, sugiriendo diferenciar los conceptos de territorio y espacio geográfico y definiendo al primero como una expresión global de lo espacial, lo social y lo vivido41. En otras palabras, reconoce al territorio como un producto o un resultado de las proyecciones sociales sobre el espacio propiamente dicho, pero en este caso a partir de una aproximación historicista. En otras palabras, para esta propuesta, el territorio no puede ser entendido como tal si no se tienen en cuenta las personas que vivieron en un determinado espacio geográfico, las dinámicas sociales que allí ocurrieron y los diferentes procesos históricos que allí se atravesaron. En términos semánticos, defiende la idea de la identidad territorial como parte de una construcción social, pero también histórica.
Esto quiere decir que en realidad reivindica la valoración de los individuos, su identidad y sus experiencias, en los diferentes momentos de la historia del territorio, y toma en consideración los aportes que se dieron en cada momento para la consolidación del territorio. En el caso latinoamericano, esto se traduce en que la definición del territorio debería tener en cuenta los complejos procesos históricos y sociales que se han vivido en el continente para la consolidación de las diferentes identidades territoriales.
En pocas palabras, esta crítica aboga por proponer una definición del territorio que reconozca que nuestra historia va mucho más atrás que la Paz de Westfalia o el periodo colonial en América Latina, lo que significa que pretende incluir en la definición las realidades y cosmogonías de los pueblos originarios de la región y su compleja relación con la naturaleza y el territorio. Igualmente, supone reconocer la continuidad de varias de estas cosmovisiones y la transformación de esa particular relación que tienen las comunidades indígenas con sus entornos, tal como ya se ha empezado a hacer por vía judicial en algunos casos –a los que haremos referencia un poco más de detalle cuando hablemos del caso colombiano–, esto es, de manera supletoria debido a las omisiones por parte del legislador42.
En ese mismo contexto se aboga por reconocer la coexistencia de comunidades y cosmovisiones para valorar no solo la convivencia de diferentes identidades, sino también de dinámicas complejas relacionadas con el poder y el territorio. En América Latina es prácticamente una regla general ver que, pese al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, los ordenamientos jurídicos omiten o ignoran los saberes tradicionales de los pueblos originarios y la importancia de su experiencia e historia para el derecho43. Solo unos pocos países, en especial Bolivia y Ecuador, han otorgado un verdadero valor a las identidades diversas y a las dinámicas territoriales históricas al aceptar y transversalizar figuras como el Buen Vivir al interior de su ordenamiento jurídico y su ordenamiento territorial44.
Al respecto es importante señalar que en contextos difíciles como los que caracterizan a nuestra región no basta con pensar y reconocer el pluralismo étnico y cultural, sino que también es necesario pensar en otros procesos históricos relacionados con el territorio que sirvieron para la construcción y consolidación de realidades y dinámicas que los ordenamientos jurídicos desconocen, omiten o ignoran deliberadamente; es el caso de las divergencias ideológicas, los movimientos sociales, las luchas armadas y la violencia. Pese a que lo veremos con algo más de detalle más adelante, conviene señalar desde ya que este es asimismo el caso colombiano, en donde en realidad el Estado ha omitido, en gran medida, el reconocimiento de la historia del conflicto armado que ha determinado las dinámicas territoriales de una gran parte de su territorio nacional, dejándolas con ello por fuera del ordenamiento territorial45.
En suma, se trata de una crítica que pretende recuperar la historia del territorio y de las experiencias vividas allí por los grupos sociales que los habitaron, sus conocimientos y su forma de relacionarse con el territorio. Por esa vía, en el caso latinoamericano se pretende recuperar vacíos que fueron creados y reproducidos de manera hegemónica. No obstante lo anterior y como se ha podido vislumbrar a propósito de la crítica historicista y su similitud con la geografía social, esta conduce a su vez a otra falacia de la definición actual del territorio y el ordenamiento territorial, debido al desconocimiento de las dinámicas sociales que ocurren en el territorio.
2.3. UNA DEFINICIÓN DESCONTEXTUALIZADA, QUE DESCONOCE LAS DINÁMICAS SOCIALES
La geografía social ha señalado la importancia de entender el territorio como un producto de las acciones, las prácticas, las relaciones y las experiencias sociales, pero también como parte integrante de ellas46. Es así como para los teóricos de esta disciplina, como Lefebvre, el espacio debe ser entendido a través de tres elementos: el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido47.
El espacio percibido está relacionado con las prácticas espaciales de la sociedad, o mejor, con la continuidad de las relaciones de los individuos con lugares específicos. El espacio concebido corresponde a las representaciones del espacio que tienen que ver con las relaciones de producción y el orden derivado de ellas; en otras palabras, se trata del espacio mayoritario y dominante. Por último, el espacio vivido hace referencia a los espacios de representación, que por lo general corresponden a situaciones marginales al espacio dominante que suelen producir resultados simbólicos48. En resumen, la propuesta de la geografía social es entender que el territorio debe reconocer las dinámicas sociales que se dan en el espacio que define el Estado, en las relaciones individuales e interpersonales, y en la marginalidad o periferia; es decir, reconocer los diferentes niveles y espacios para las relaciones sociales.
No obstante, la definición social de territorio requiere también del uso de herramientas de otras ciencias sociales como la antropología y la sociología, en la medida en que son estrictamente necesarias para comprender el contenido de las relaciones sociales. Así por ejemplo, gracias a la antropología se ha podido concluir que no es posible reducir la definición de territorio a la de un espacio determinado dentro del cual tienen lugar unas relaciones sociales. Por el contrario, a partir de esta disciplina se explica que el territorio también es una parte importante de las relaciones sociales puesto que condiciona algunas de ellas, ya sea mediante la idea de apropiación o de la concurrencia de relaciones sociales en varios territorios49.
En consecuencia, la propuesta de una aproximación social al territorio reconoce fenómenos que son importantes para la definición del territorio y su ordenación. En ese sentido, desde esta perspectiva las movilizaciones sociales, los fenómenos migratorios y las reivindicaciones minoritarias son determinantes para comprender el territorio. Y también son importantes las disidencias, las oposiciones y las luchas armadas y contra hegemónicas que ocurren dentro y por el territorio. Así por ejemplo, el reconocimiento de problemáticas y realidades como la afectación de la población por el conflicto armado, o las barreras de acceso físico de la población con discapacidad en las ciudades, son cuestiones que desde la perspectiva social deberían ser tenidas en cuenta al momento de definir el territorio y ordenarlo50.
En conclusión y como lo bien destaca Criado de Diego, desde la aproximación social al territorio, el orden jurídico y el orden social son diferentes y, por tanto, puede ocurrir uno de tres supuestos: que coincidan, que se complementen o que se contradigan51. En otras palabras, el ordenamiento jurídico puede definir al territorio de conformidad con las prácticas sociales; puede complementar dichas prácticas, o, en su defecto, puede contrariarlas. Sumado a lo anterior, es importante señalar que, en realidad, al reconocer el carácter social del territorio no se puede obviar la literalidad del concepto, como le ocurrió a buena parte del movimiento de la geografías social52. Así las cosas, es necesario recordar sus dimensión estrictamente espacial/geográfica y abordar también las características físicas y naturales del espacio.
2.4. UNA DEFINICIÓN MIOPE, QUE SE OLVIDA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ESPACIO
Otra de las críticas que se hacen a la definición jurídica del territorio es la que argumenta que este concepto termina reduciéndose a criterios eminentemente jurídicos que se olvidan de reconocer las cuestiones técnicas, espaciales, biológicas y geográficas del territorio. En otras palabras, que la definición propuesta por el derecho se edifica a partir de elementos e interpretaciones jurídicas del espacio, pero se olvida de incluir y reconocer los fenómenos naturales que en él ocurren53.
El primero de los componentes de esta crítica mantiene relación directa con la crítica social de la definición jurídica del territorio. Esto debido a que, a menudo, esa definición y el ordenamiento territorial desconocen muchas de las relaciones que mantienen los individuos y la sociedad con el territorio. El ejemplo más claro de esta situación es el que hemos venido mencionado sobre cómo el ordenamiento jurídico en general, y el ordenamiento territorial en concreto, desconocen la relación de las comunidades indígenas con el territorio y la ordenación interna que ellos mismos le dan54. Igualmente ocurre con la explotación de recursos naturales como consecuencia de la dispersión de competencias institucionales que se deriva de la falta de claridad temática del ordenamiento territorial55.
Pese a lo anterior, es importante reconocer que tanto el derecho internacional como el ordenamiento constitucional y el derecho civil de los países cuentan con disposiciones que se ocupan de reconocer factores genéricos relacionados con la dimensión natural y/o ambiental del espacio. Ya hemos visto que los ordenamientos internacional y constitucional se ocupan de determinar los elementos que integran el territorio a nivel físico. A su vez, el derecho civil se encarga de reconocer diferentes fenómenos naturales que alteran la propiedad, como es el caso de los aluviones y las avulsiones, e incorporan los desastres naturales como supuestos de caso fortuito y fuerza mayor en el marco de la responsabilidad civil y extracontractual, entre otros. Las constituciones y la legislación también reconocen la existencia de los recursos naturales renovables y no renovables y determinan los mecanismos para su explotación y racionalización.
Es importante señalar que dichas disposiciones se limitan a regular los aspectos más fundamentales de la dimensión natural o ambiental del territorio, dejando de lado otras cuestiones que son determinantes para la ordenación del territorio56. En ese sentido, los ordenamientos territoriales de la región por lo general se limitan a realizar la distribución del poder, de las competencias y de los recursos a partir de criterios sesgados como el factor demográfico y el factor económico de cada lugar, sin tener en cuenta otros factores importantes, como las características geográficas del territorio y las transformaciones físicas que el mismo pueda sufrir o haya sufrido a causa de fenómenos naturales o artificiales.
Un ejemplo de lo anterior es la forma en que, por lo general, los Estados no tienen en cuenta, para la ordenación de su territorio y la atribución de recursos o competencias, si se trata de un municipio que se encuentra en una región montañosa, en una región desértica o en una región selvática. Omiten considerar el nivel de riesgos a los que pueden estar expuestos, como podría ser encontrarse en el piedemonte de un volcán con altos índices de actividad, de una montaña con desplazamientos de tierra frecuentes o en un escenario con amenaza recurrente de tsunami57. Olvidan por completo la incidencia de este tipo de características físicas y ambientales, las cuales justifican la necesidad de que las entidades territoriales cuenten con un determinado grado de autonomía política y presupuestal, y de que la población tenga una mejor percepción de seguridad y respaldo por parte del Estado.
Esta crítica también aboga por reconocer que las condiciones físicas de cada lugar deben ser tenidas en cuentas para la determinación del alcance de las competencias y el poder territorial. Esto se explica mejor si se piensa en que no será lo mismo la garantía de los servicios públicos esenciales en un asentamiento urbano que en el territorio rural. Las condiciones físicas del terreno determinan en gran medida los desafíos y obstáculos que se presentan para un determinado servicio público. Basta con pensar en las dificultades que se presentan para la garantía de los servicios de aseo, salud o transporte en el campo como consecuencia de la ausencia estatal; o en los escenarios generalizados de ilegalidad que reinan en zonas alejadas en donde las condiciones físicas han dificultado la extensión y distribución del poder estatal58.
En suma, es importante tener en cuenta, a la hora de entender el territorio, que una de sus dimensiones elementales es la natural o ambiental. En ese sentido, es necesario hacer una lectura integradora en la que, para la comprensión de las dinámicas sociales, económicas y políticas que ocurren en un lugar determinado, se tengan presentes las circunstancias naturales de la tierra que las determinan; después de todo, la dimensión espacial física es la más elemental para la existencia de un territorio y, por tanto, debe ser la primera en ser tenida en cuenta.
2.5. UNA DEFINICIÓN ANACRÓNICA, QUE IGNORA LAS DINÁMICAS CONTEMPORÁNEAS
Por último, encontramos una crítica relacionada con los anacronismos de la definición propuesta por el derecho. En concreto, se trata de evidenciar cómo el concepto propuesto desde el derecho se encuentra limitado al no tener presentes las diferentes y cambiantes realidades que se viven a su alrededor, por lo que, de cierto modo, subsume las críticas anteriores.
Se trata de una crítica que tiene su origen en la premisa de la que se servía Jean Gottmann para proponer que el territorio debía ser entendido de manera relacional. En ese sentido, para poder comprender realmente el territorio era necesario entender la naturaleza dinámica del concepto de acuerdo con el contexto social, económico y político de cada momento de la historia. Gottmann ponía como ejemplo la evolución de los conceptos de territorio y soberanía a través de diferentes momentos históricos en donde, por razones políticas o económicas, estos conceptos se expandían o se contraían, como ocurrió en el marco de la llamada “Crisis de los Misiles” o de las intervenciones humanitarias en el Medio Oriente59.
Ahora bien, con el propósito de evitar ser repetitivos, al hablar sobre la crítica del anacronismo del concepto de territorio nos concentraremos en dos cuestiones que pueden ser consideradas como efectos de la globalización: la proliferación de nuevas dinámicas económicas y la desterritorialización60.
Para comprender ambos conceptos es preciso recordar que la globalización es un fenómeno que, gracias a los diferentes desarrollos tecnológicos, ha propiciado una interconectividad global; es decir, que no solo ha acercado a los Estados, sino que también ha conducido a la idea de “ciudadanos del mundo”. En esa medida, la globalización ha puesto en jaque el modelo del Estado moderno construido a partir de Westfalia y ha llevado, de facto, a la aparición de un Estado social irregular multinivel, superpuesto a una realidad poliforme y fragmentada61. Esta nueva noción de Estado significa, en esencia, que el mismo tiene un componente social, y que además tiene diferentes formas y centros de poder, los cuales no coinciden entre ellos, por lo que deben lidiar con diferentes realidades y problemáticas.
Pese a que lo anterior, en teoría, no parecería distar mucho de la definición y lógica del Estado social de derecho, en la práctica sí tiene importantes implicaciones. Para empezar, quiere decir que en realidad, pese a que el derecho proclame la soberanía estatal y popular, la soberanía ya no está en sus manos, sino en las del mercado62. A la vez, significa que existen diferentes formas social y culturalmente reconocidas para relacionarse con el territorio (tanto a nivel individual como colectivo); y, en ese mismo sentido, que hay diferentes formas y manifestaciones de poder dentro del territorio, que pueden o no estar reconocidas por los ordenamientos jurídicos. Finalmente, prevé nuevas dinámicas políticas y económicas al reconocer que tanto los individuos como los diferentes centros de poder pueden contraer relaciones sociales, políticas y económicas en múltiples niveles, sin que medie, necesariamente, la habilitación de competencias por parte del Estado. En pocas palabras, la globalización supone un fenómeno que acaba con las fronteras tradicionales del Estado y abre la puerta para nuevas dinámicas en su interior63.
El primero de los efectos de la globalización que ignora la definición tradicional del territorio es la aparición de nuevas dinámicas económicas en los territorios. Con la Conferencia de Bretton Woods y el posterior Consenso de Washington, el paradigma neoliberal dio lugar a un nuevo capítulo en la historia de la comunidad internacional que no tardó en migrar al interior de cada uno de los Estados64. En concreto, corresponde resaltar al menos la ocurrencia de dos fenómenos que cambiarían por completo las dinámicas económicas de los Estados: la aparición de poderosos organismos internacionales económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y la apertura de los Estados a la economía internacional.
La sumatoria de estos dos factores condujo a que los Estados no solo abrieran sus economías a los estándares internacionales, sino que además, en el caso de los países de América Latina, África y parte de los de Asia, aceptaran la falsa premisa del desarrollo. Para un sector de la doctrina, esto constituyó una nueva forma de imperialismo internacional en la medida en que, como había ocurrido con la consolidación del ordenamiento jurídico internacional, el nuevo orden económico mundial había sido diseñado e impuesto a los países más pobres con objetivos ocultos para la explotación de los mismos65. De igual manera, esta apertura económica de los Estados y el deseo de alcanzar los estándares de los países desarrollados dio lugar al régimen internacional de la inversión extranjera. Con él, los Estados menos desarrollados decidieron atraer capital extranjero para fomentar el desarrollo66, aceptando, de manera inconsciente, un sistema diseñado cuidadosamente para ejercer una violencia sistémica en su contra67.
Dejando de lado la crítica decolonial del sistema económico contemporáneo, la aparición de nuevos actores económicos, como los organismos internacionales económicos y las empresas multinacionales y/o trasnacionales, condujo a la erosión paulatina de los conceptos tradicionales de territorio y de soberanía nacional68. En concreto, esto empezó a ocurrir por dos razones. Por un lado, los organismos internacionales económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, comenzaron a promover políticas que, bajo la premisa del desarrollo, establecían mecanismos, prácticas y códigos de conducta para los Estados que, pese a ser soft law, se convirtieron en vinculantes para nuestros Estados. Luis Eslava lo explica con claridad:
Para los estados-nación del Sur, en especial para aquellos que tienen un pasado colonial y que hoy dependen de la ayuda internacional y de la deuda internacional, las obligaciones internacionales y la presión por internacionalizarse parecen estar por todos lados: en la forma “nacional” de su existencia postcolonial, en las condiciones impuestas a sus gobiernos y poblaciones por las instituciones internacionales y en la ansiedad permanente sentida a lo ancho de todas sus sociedades por “desarrollarse” conforme con estándares globales69.
Lo anterior quiere decir que, en realidad, el Estado empezó a perder autonomía regulatoria al verse obligado a aceptar estándares económicos y jurídicos impuestos por organismos internacionales económicos que, en términos prácticos, incidirían de manera concreta en el territorio. De allí que Eslava reconozca la operación cotidiana del derecho internacional en los contextos locales, independientemente de que el marco jurídico de un país determinado lo refrende. A modo de ejemplo, se puede traer a colación la manera en que estándares del desarrollo en materia de infraestructura y comunicaciones han sido aceptados y desarrollados a nivel local por la vía de programas de sostenibilidad fiscal y revitalización urbana, condicionados por medio de líneas de crédito para entidades territoriales locales ofrecidas por el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y el sistema internacional financiero privado70.
Por otro lado, la erosión de los conceptos de soberanía nacional y de territorio también empezó a mutar debido a la aparición e influencia de las empresas trasnacionales o multinacionales. Ello se debe a que, en virtud de la apertura económica, estos actores privados han desplegado su poder económico en el territorio, en los más de las casos con el objetivo de llevar a cabo la explotación de recursos naturales propios de los Estados del Sur. Con dicho despliegue, no solo han despertado nuevas dinámicas y fenómenos sociales de lucha por el poder local, como en los casos de Colombia y Ecuador71, sino que también han dado lugar a una reacción por parte del Estado que varios autores han denominado como un enfriamiento regulatorio72.
El enfriamiento regulatorio puede ser entendido como una conducta de los Estados que es asumida ante el miedo de desincentivar el ingreso de capital extranjero a la economía nacional. En ese sentido, los países asumen una de dos actitudes que se ven reflejadas de manera directa en el territorio: o bien realizan una omisión legislativa relacionada con alguno de los temas que podría afectar directa o indirectamente los intereses de la multinacional, o bien, en su defecto, derogan aquella normatividad que pueda resultar contraria a dichos intereses. Ejemplo de lo anterior es el caso de un Estado que modifica las reglas relacionadas con la protección de los páramos y otros recursos hídricos para permitir la explotación de recursos auríferos en dichos escenarios, o que deja vacíos en la regulación jurídica de los métodos de extracción de petróleo para permitir formas de explotación lesivas para el medio ambiente como el fracking.
En suma, la aparición de nuevas dinámicas económicas en el territorio da lugar a una pérdida de la capacidad (y el interés) regulatorio por parte de los Estados, la cual a su vez conduce a una pérdida de soberanía sobre el territorio, tanto a nivel formal como sustancial. No obstante lo anterior, los fenómenos económicos de la globalización no son los únicos que hacen de la definición y la regulación jurídicas del territorio conceptos anacrónicos.
Sumado a ellos se encuentra lo que expertos han llamado la desterritorialización del territorio. Este concepto reconoce que, con la globalización, los centros locales o territoriales del poder cobran relevancia y capacidad en el contexto global. En ese sentido, empieza a generarse una internacionalización de las relaciones de las entidades territoriales y surge la idea de ciudades globales que comienzan a cooperar y a trabajar en conjunto pese a pertenecer a Estados diferentes y sin contar con la mediación o autorización expresa del jefe de Estado73.
Esa idea de las ciudades globales supone a su vez que las ciudades y demás entidades territoriales empiezan a entablar también relaciones de índole económica con organismos internacionales y otras entidades extranjeras y trasnacionales, a través de las cuales consiguen financiación e intercambio de tecnologías y experiencias. Sin embargo, esto también lleva a lo que se ha denominado como glocalización, un nuevo concepto en el que se llevan a un nivel local los estándares globales o, mejor, se impulsa una realidad local con perspectiva global74. A través de esta idea se reivindica, de manera sintética, la importancia de las relaciones socioeconómicas del territorio.
En conclusión, la crítica del anacronismo del concepto de territorio señala que se trata de una noción que no responde a las dinámicas actuales que lo rodean. En esa medida, aboga por abrirla conceptualmente para que integre los diferentes tipos de relaciones que se generan por él, con él y en él, buscando reconocer la evolución del concepto de soberanía y cómo estas nuevas dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales han llevado a un nuevo nivel (inconsciente) de descentralización. Por un lado, se encuentra la descentralización del poder que cede la soberanía del territorio ante las dinámicas del mercado; por el otro, la materialización de la desterritorialización que lleva a que el territorio trascienda tanto lo puramente físico como lo jurídico.
3. EL CASO COLOMBIANO: ENTRE UNA CONCEPCIÓN CLÁSICA Y UNA DINÁMICA
Habiendo puesto de presente las diferentes críticas formuladas a los conceptos tradicionales de territorio y de ordenamiento territorial, las cuales tienen por objeto superar el fetichismo estatal, etnocentrista y hegemónico con el que fue construido el concepto, colmándolo de realismo75, conviene ahora sustentarlas a partir del estudio de un caso en concreto. Para tales efectos, en esta última parte del escrito nos ocupamos de analizar el concepto de territorio y de ordenación del territorio en el ordenamiento jurídico colombiano para identificar y evidenciar cómo estas cinco críticas aplican también para la definición colombiana. Empezaremos por trazar algunas líneas generales para delimitar el concepto de territorio y caracterizar el ordenamiento territorial en Colombia, para después materializar las críticas en el caso colombiano.
La Constitución Política de 1991 es el producto de un ejercicio deliberativo dentro del cual, gracias a las presiones de algunos sectores, se abrieron las discusiones en torno a la importancia de incluir dentro de los pilares constitucionales al ordenamiento territorial. Fue así como, en el seno de las comisiones Primera y Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente, se definió a Colombia como un Estado social de derecho, organizado como una república unitaria descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales76.
A partir de esta definición del modelo de Estado, el constituyente colombiano delimitó el territorio en los términos del artículo 101 y estructuró una compleja organización territorial para el país. Para dar forma a dicha ordenación estableció la concurrencia de cuatro tipos de entidades territoriales: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas77, y determinó que ellas gozarían de autonomía para la gestión de sus intereses, previendo una estructura para el gobierno de los departamentos, los municipios y los distritos, y reconociendo las estructuras tradicionales de gobierno de las comunidades indígenas. Además, la Constitución contempló que el legislador podría darle carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias.
En razón de lo anterior, el texto constitucional estableció una serie de reglas para la distribución de competencias entre las entidades territoriales y determinó, como principios rectores para su ejercicio, los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Sin embargo, la verdadera distribución de competencias la dejó en manos de la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial que sería responsabilidad del legislador78.
Junto con las reglas generales de distribución de competencias, el constituyente fijó reglas especiales para los regímenes departamental, municipal, “distrital” y, en menor medida, de las entidades territoriales indígenas. A grandes rasgos, estos regímenes son similares, en el entendido de que establecen una autoridad administrativa (el gobernador o el alcalde), un órgano colegiado (la asamblea departamental o el concejo municipal o distrital), la asignación de una serie de competencias constitucionales y la posibilidad de participar en esquemas asociativos territoriales.
En el caso de las entidades territoriales indígenas, el constituyente se limitó a reconocer su existencia, declarar la naturaleza jurídica de los resguardos indígenas, admitir el autogobierno según los usos y costumbres de cada comunidad, y atribuir una serie de competencias específicas para ser ejecutadas por dichos territorios79. La verdadera regulación de estos territorios fue delegada también al legislador para que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial definiera los requisitos para su creación y su funcionamiento, dejando abierta la posibilidad de que el Gobierno expidiera una regulación temporal mientras que dicha ley fuese aprobada80.
En principio, la visión que el constituyente adoptó respecto al territorio y al ordenamiento territorial parecería no coincidir con la aproximación tradicional que hemos criticado en este trabajo. Los debates que se dieron en la Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente y el texto definitivo de la Constitución Política demuestran que en realidad existía una intención de reconocer los diferentes fenómenos que afectaban y se relacionaban con el territorio. Cuestiones como el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas como entidades territoriales, la inclusión de un examen periódico de los límites territoriales y la valoración de factores históricos, culturales y geográficos para la constitución de determinadas entidades territoriales son prueba de ello. No obstante lo anterior y considerando que el constituyente no podía anticiparse a lo que ocurriría en el futuro del país, decidió dejar el desarrollo del ordenamiento territorial en manos del legislador, lo que conduciría a que, en la práctica, Colombia adoptara una visión restringida del territorio.
Al respecto debemos reconocer que el legislador ha avanzado en cierta medida en el desarrollo del ordenamiento territorial y la distribución de competencias entre las entidades territoriales. Así por ejemplo, expidió en el año 2011 la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial por medio de la cual definió los principios rectores del ordenamiento territorial, creó comisiones de ordenamiento territorial en los diferentes niveles territoriales, desarrolló la figura de los esquemas asociativos territoriales y realizó la distribución de algunas competencias en materia de ordenación del territorio entre las entidades territoriales existentes. No obstante, esta ley orgánica omitió algunos asuntos asignados por el constituyente, dentro de los que resalta la regulación de las entidades territoriales indígenas81.
Además de esta ley orgánica, el Congreso ha expedido otras normas importantes en materia de régimen municipal82, de los distritos especiales83, de las áreas metropolitanas84 y de las regiones85. También ha proferido normas especiales en donde hace una distribución de competencias86, asigna recursos públicos87 y prevé mecanismos para la planeación y la ordenación del territorio, como los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial88.
Sin embargo, estos desarrollos normativos se han caracterizado, en esencia, por dos elementos. El primero de ellos, la omisión legislativa respecto a temas particularmente importantes que, como la regulación de las entidades territoriales indígenas, constituyen una cuestión prioritaria para ampliar nuestro concepto de territorio. El segundo, la visión limitada y sesgada en relación con el territorio, que, en contravía de los objetivos del constituyente, se limita a regular y reconocer aspectos que se relacionan esencialmente con el poder político-administrativo del territorio.
Debido al espacio limitado con el que contamos en esta oportunidad, nos limitamos a estudiar cómo en el ámbito local, y más concretamente en el municipal, se puede evidenciar que la aproximación del legislador al territorio está imbuida de una concepción tradicional que omite el reconocimiento de los diferentes fenómenos que ocurren en el territorio y con el territorio. En ese sentido, a partir de un estudio del régimen municipal es posible materializar para el caso colombiano las cinco críticas que hemos expuesto en la segunda parte del documento.
En la Constitución de 1991, el nivel local se encuentra conformado por los municipios, los distritos y las entidades territoriales indígenas, siendo los primeros la pieza fundamental del rompecabezas territorial. La Corte Constitucional ha reconocido a los municipios como las células esenciales de la organización político-administrativa y por ello ha blindado jurídicamente sus competencias frente a la injerencia del poder central, garantizando tradicionalmente su autonomía administrativa, política, patrimonial y fiscal; sin embargo, debido a la estructura escalonada del ordenamiento territorial, también ha reconocido que en algunos temas el orden municipal está supeditado al departamental.
En términos generales, el poder municipal es bicéfalo puesto que se encuentra distribuido entre el concejo municipal (quien ejerce el control político sobre determinados funcionarios locales) y el alcalde (quien se desempeña como jefe de la administración y representante legal del municipio)89. Tanto los miembros del concejo como los alcaldes son elegidos democráticamente por los habitantes del municipio; y en ese mismo sentido, estos últimos cuentan con herramientas para el control de la gestión de los funcionarios elegidos popularmente a través de los mecanismos de participación ciudadana, dentro de los que se encuentran la iniciativa popular normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto.
Sumado a ello, todos los municipios cuentan con una estructura administrativa propia y con órganos de control territoriales como las contralorías municipales y las personerías locales, que se encargan de la promoción de la protección de los derechos humanos. Finalmente, la ley también previó la creación de las juntas administradoras locales como mecanismo de apoyo para el Gobierno local para los fines de planeación, vigilancia y control del municipio.
Habiendo puesto de presente las principales notas definitorias del régimen municipal, pasamos ahora a analizarlo en clave de las cinco críticas presentadas con anterioridad, comenzando por la crítica decolonial del ordenamiento territorial en el ámbito local.
La construcción de un esquema territorial que tomase al municipio como la pieza fundamental de la organización político-administrativa no fue una originalidad propia de la Constitución de 1991. En realidad, años antes, la reforma constitucional adoptada en el Acto Legislativo 01 de 1986 ya reconocía dicha fundamentalidad al definirlo como la entidad territorial más cercana a la población y otorgarle herramientas importantes para su autonomía, y como herramienta para la distribución del poder del Estado en el territorio90. Sin embargo, también hay que reconocer que la figura del municipio ha existido en Colombia desde antes de la independencia nacional, siendo una pieza que, pese a no tener en un comienzo las garantías y los derechos con los que cuenta hoy, siempre ha jugado un papel determinante en la organización político-administrativa del territorio.
A decir verdad, la noción de municipio tiene origen remoto en el Imperio romano, en donde fue utilizada como un mecanismo para la expansión del control territorial. Posteriormente y para lo que a nosotros nos interesa, fue una institución utilizada por la Corona española para fundamentar jurídicamente la conquista del territorio de América Latina. También llamada ayuntamiento o cabildo en época colonial, se convirtió en un elemento esencial para la representación del poder público de la Corona ante el pueblo91. De igual manera, y como lo señala Zavala, desempeñó un importante papel para la petición y la defensa de los derechos de los vecinos de cada municipio o ayuntamiento92.
Como parte del desarrollo colonial de la figura del municipio se resalta la forma en que la Corona vio la necesidad de dictar normas que regularan desde las calidades del territorio hasta la orientación de los edificios y las nuevas poblaciones. Así por ejemplo, la Corona atribuyó a los cabildos diferentes funciones de administración, como las relacionadas con la policía, los orfanatos, la provisión de subsistencias, la moralidad, la autorización para edificaciones, la ejecución de obras públicas, la distribución de tierras, la educación y la administración de bienes comunales, entre otras93. También estableció reglas concretas respecto a quiénes podrían participar del cabildo, dentro de las que resalta el requisito de vecindad, y fijó reglas relacionadas con los recursos municipales a partir de una fórmula binaria de recursos propios (relacionados con las rentas de las tierras del municipio) y arbitrarios (refiriéndose a los generados por impuestos, tasas y multas)94.
Ahora bien, estos rasgos propios del municipio colonial no distan mucho de las características actuales del régimen municipal. En concreto, podemos destacar bastantes similitudes al ver que en realidad el municipio sigue desempeñando un papel fundamental para el ejercicio del poder público en el territorio. En ese mismo sentido, el municipio opera como un puente entre el individuo y el Estado. De esa manera, las ideas del centralismo y del híper presidencialismo, características de Colombia y América Latina, son rasgos derivados de nuestra herencia colonial de la tradición católica hispánica95. Después de todo, el ejercicio del poder virreinal en la Colonia se realizaba de manera análoga a como se ejerce el poder ejecutivo en la Colombia contemporánea. El Virrey representaba el poder y lo ejercía por medio de las reales audiencias, las gobernaciones y los cabildos96, así como el Presidente de la República ejerce hoy el poder ejecutivo en el nivel nacional y cuenta con el apoyo y la colaboración de gobernadores y alcaldes para el ejercicio del poder territorial. De igual manera, la delimitación territorial interna del país tiene en buena parte su origen en la división territorial del Nuevo Reino de España97.
Con relación a las competencias municipales, debemos reconocer asimismo que, como ocurría en el periodo colonial, gran parte de las competencias que fueron atribuidas por la Corona a los cabildos se mantiene aún en cabeza de los municipios. Así por ejemplo, las leyes 30 de 1992, 115 de 1994, 715 de 2001, 1098 de 2006 y 1804 de 2016 otorgan a los municipios un amplio marco de competencias en materia de educación, las leyes 397 de 1997 y 715 de 2001 en materia de vivienda, las leyes 62 de 1993, 136 de 1994 y 715 de 2001 en materia de orden público, la Ley 1454 de 2011 en materia de ordenamiento territorial y la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1852 de 2015 en cuanto a alimentación escolar; cuestiones que desde la Colonia ya eran del resorte del cabildo.
Finalmente, cabe resaltar que la organización territorial colonial dejó como legado para el ordenamiento jurídico colombiano, y en concreto para el ámbito municipal, la fórmula binaria de ingresos del municipio. Esto se evidencia si se considera que actualmente el régimen presupuestal del municipio se integra por los recursos propios obtenidos a través de impuestos, tasas y contribuciones recaudados por él mismo, así como por los recursos percibidos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías.
Sumado a lo anterior, es de destacar que desde la perspectiva urbanística el legado colonial es fácilmente apreciable al analizar la estructura de los espacios del poder de cada asentamiento urbano, que incluso a la fecha mantienen la estructura de una ciudad colonial española. Con esto nos referimos a la forma en que la Iglesia católica tiene un lugar simbólico privilegiado al encontrarse ubicada en la plaza central de cada municipio (o ciudad) junto a las casas de gobierno y el Banco de la República.
Es importante señalar que con esto no estamos afirmando que el régimen municipal no haya tenido importantes desarrollos –como lo es, por ejemplo, el robustecimiento de la autonomía territorial–, sino que es preciso tener conciencia de que gran parte del diseño institucional y del marco normativo actual tiene origen en el derecho indiano que rigió en el territorio de la actual Colombia durante la Colonia.
Como lo hemos visto ya, el origen de nuestro régimen municipal se remonta en gran medida a la época colonial, al emplear como base varias de las instituciones que existían para ese momento, siendo una de las consecuencias más graves de este legado la forma en que históricamente las comunidades indígenas han sido ignoradas por parte del ordenamiento jurídico y también del territorial; lo que además nos permite apreciar cómo encajan en nuestra realidad las críticas historicista y social del concepto de territorio.
Antes de que la Constitución de 1991 entrara en vigencia, solo cuatro normas habían establecido, en alguna medida, un reconocimiento al pluralismo étnico y cultural y la importancia de protegerlo. Abogaban por tal protección las siguientes normas del orden nacional: la Ley 25 de 1824, que protegía la propiedad indígena, el Decreto 1828 de 1848, que eximía a los miembros de las comunidades indígenas del servicio militar obligatorio, y las leyes 153 de 1887 y 89 de 1890, que crearon la figura de los resguardos indígenas y reconocieron parcialmente el derecho propio indígena98.
Con la proclamación de la Constitución de 1991 se gestó un importante cambio en la materia, en la medida en que se reconoció como principio constitucional el pluralismo étnico y cultural, y ello supuso también el reconocimiento de la libertad de culto, del derecho propio indígena y de las entidades territoriales indígenas. Tal como lo resaltamos al principio de este apartado, el constituyente reconoció la existencia de los pueblos originarios y para previó la creación de los territorios indígenas como entidades territoriales que tendrían las mismas garantías jurídicas que las demás formas de entidad territorial; sin embargo, dejó la cuestión en manos del legislador a través de la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial.
El Congreso colombiano tardó más de veinte años en expedir dicha norma y, por tanto, durante ese tiempo dejó en gran medida sin materializar la garantía que la noción de entidades territoriales indígenas suponía para esta parte de la población. Además, en el año 2011, cuando la norma finalmente fue expedida, el desarrollo de estas entidades territoriales fue omitido por el legislador, manteniendo en vilo los derechos y la protección jurídica que el constituyente había prometido en términos territoriales para los pueblos originarios del país.
Como desagravio, el Gobierno Nacional profirió en el año 2014 el Decreto 1953, a través del cual, de manera provisional, reguló el tema de las entidades territoriales indígenas. En términos generales este decreto estableció reglas concretas para el reconocimiento y funcionamiento de estos territorios como entidades territoriales, desarrollando específicamente sus competencias generales y las de sus autoridades propias, la asignación especial de recursos, el Sistema Educativo Indígena Propio y el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, entre otros.
Pese a que este decreto supuso un importante desarrollo en materia territorial para los pueblos indígenas, en él se pueden apreciar también sesgos colonialistas que reproducen la rúbrica heredada del nuestro pasado colonial.
En concreto, y por razones de espacio, nos referimos acá tan solo a una característica general del decreto. Este reproduce el discurso hegemónico blanco que ha caracterizado históricamente al derecho colombiano, el cual fue legitimado temporalmente durante largo tiempo por la Constitución de 1886 y que establecía a Colombia como una sociedad “blanca, católica y cuya lengua natural es la hispana”99. La norma proferida por el Gobierno parte de una visión universalista blanca en la que se requiere reconocer la existencia de los territorios indígenas, permitir su funcionamiento e intentar imponer esquemas universalistas de la organización político-administrativa y ancestral de los pueblos indígenas.
El decreto utiliza un lenguaje sesgado por nuestro legado colonial, en el que se refuerza la idea de que la sociedad occidental de origen hispánico prevalece y que tiene la capacidad de regular de manera indiferente los cientos de pueblos indígenas del país. Adicionalmente, legitima prácticas coloniales y occidentales de delimitación del territorio a través del requisito de identificación de linderos bajo los parámetros del INCODER –actualmente Agencia Nacional de Tierras– que desconocen las diferentes formas en que los pueblos originarios se relacionan con la tierra. Por último, es de señalar que el decreto reconoce y legitima de manera expresa las prácticas que fueron utilizadas en la Colonia para el reconocimiento de los resguardos indígenas, incluyéndolo como uno de los supuestos para el reconocimiento de los territorios indígenas. En suma, el decreto reproduce varias herencias de nuestra historia colonial, manteniendo de manera inconsciente prácticas y dinámicas discriminatorias, universalistas y simbólicamente violentas en contra de los pueblos originarios.
Sumado a lo anterior, el decreto, pese a intentar suplir el vacío legal que dejó la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, establece unas fórmulas para el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas basadas en las dinámicas propias de la cosmovisión histórica centralista que ha primado en el país desde la Colonia. Se trata de las cuatro fórmulas de reconocimiento previstas en el decreto para resguardos coloniales, resguardos republicanos, resguardos determinados por el INCORA y reservas indígenas. De esta manera, el decreto restringe en gran medida el reconocimiento de los territorios de una buena porción de los pueblos indígenas colombianos.
Hay que agregar que la delimitación de resguardos indígenas que el INCORA ha realizado desde 1961 ha supuesto grandes problemas para la materialización de las entidades territoriales indígenas, entre los cuales se debe destacar que los procesos de demarcación han sido imprecisos; así mismo, se ha contado con la ocupación ilegal por parte de campesinos colonos, de actores armados y de personas dedicadas a cultivos ilícitos y extracción de recursos naturales, a la vez que se han generado dificultades para el saneamiento territorial tras la delimitación propuesta por el INCORA100.
El cúmulo de estos dos factores, es decir, la omisión legislativa por parte de la Ley Orgánica del Territorio y la regulación provisional del Decreto 1953, ha llevado a que en la práctica el ordenamiento territorial omita los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En concreto porque, hasta la fecha, la puesta en funcionamiento de las entidades territoriales indígenas solo supone la atribución de funciones y competencias político-administrativas, pero sin reconocer necesariamente la propiedad colectiva indígena sobre la tierra101.
Estas características han llevado también a que, pese a que los resguardos indígenas funcionen provisionalmente como entidades territoriales indígenas, vivan a la sombra de los municipios, lo cual se explica sobre la base de tres factores. En primer lugar, no todos los pueblos indígenas cuentan con el reconocimiento de su resguardo, ya sea por no cumplir con los presupuestos fácticos establecidos para ello por el INCORA o por su ubicación periférica que les protege de cualquier contacto con la sociedad mayoritaria y el sistema estatal. De acuerdo con el Censo de Población del año 2001, solo el 86% de la población indígena (censada) pertenecía a un resguardo indígena delimitado territorialmente, mientras que el 13% no contaba con un resguardo indígena, existiendo para ese entonces más de 102.852 indígenas sin pertenencia a un resguardo legalmente constituido102.
Por otra parte, el diseño institucional del reparto de competencias y recursos para los territorios indígenas también supone una codependencia parcial de la población indígena de las finanzas municipales, esto en la medida que el Decreto 1953 establece una serie de reglas que limitan y dificultan el acceso de las comunidades indígenas a los recursos públicos que les corresponderían. Entre ellas se resaltan la necesidad de estar reconocidos y reportados por el Ministerio del Interior para ser beneficiarios de la asignación especial para los resguardos indígenas; la regla de proporcionalidad entre asignación de recursos y densidad poblacional, y la necesidad de adelantar un proceso de solicitud para la administración directa de recursos ante el Departamento Nacional de Planeación103.
El último factor tiene que ver con la especial intensidad con que el conflicto armado colombiano ha afectado al territorio rural y, con ello, a los territorios indígenas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, a 1.º de enero de 2020, 691.281 indígenas habían sido desplazados forzosamente de sus territorios, viéndose obligados a trasladarse a municipios y ciudades lejanos a su territorio104. Como lo hemos anticipado, la sumatoria de estos tres factores conduce a que los municipios se vean obligados a suplir en gran medida a las entidades territoriales indígenas.
A la vez, el conflicto armado colombiano y las luchas de poder territorial han hecho emerger otro de los serios problemas de nuestra concepción legal del territorio en lo que respecta al reconocimiento de las dinámicas sociales que tienen lugar en el territorio. El despojo y el latifundismo, reglas propias de las dinámicas territoriales colombianas, son resultado de la estructura económica y territorial que se consolidó en la época de la Colonia. El Imperio español acuñó y legitimó el uso de la violencia a través de la esclavización y el genocidio de las comunidades indígenas como mecanismo para la apropiación del territorio, hasta el punto de sembrar una semilla de violencia que se convertiría en un arraigo estructural de la sociedad colombiana105. Sumado a lo anterior, las dinámicas derivadas del conflicto armado también han contribuido a que la violencia se haya convertido en una estrategia para la lucha por el poder territorial. Uprimny y Sánchez han sintetizado las características de los conflictos en el país a partir de seis elementos: 1) La magnitud y la naturaleza sistemática del despojo y del abandono de la tierra; 2) La informalidad de la tenencia de la tierra; 3) La violencia continua en las zonas rurales; 4) La concentración de la tierra y el fracaso de las políticas redistributivas; 5) La especial situación que enfrentan las comunidades indígenas y afrocolombianas respecto de la protección de su territorio, y 6) El modelo de desarrollo rural implementado en el país106.
Pese a lo anterior, debemos señalar que el ordenamiento territorial ha sido diseñado y articulado sin reconocer características y fenómenos históricos del territorio, como las luchas de poder y la violencia arraigada territorialmente en determinadas zonas del país. Así, por ejemplo, aunque porciones del territorio como los departamentos de Antioquia, Santander y Norte de Santander han sido zonas que históricamente (inclusive antes de la aparición del conflicto armado colombiano propiamente dicho) han experimentado largos periodos de violencia, han sido tratados de manera indistinta por parte del ordenamiento territorial.
El conflicto armado y la lucha armada por el control territorial han sido una constante que ha perdurado durante más de sesenta años y que, en todo caso, ha determinado materialmente el grado de afectación social y económica de la violencia en Colombia. Esto ha supuesto que Colombia sea un país que en su historia reciente haya tenido una construcción inacabada, fragmentada y desarticulada en la medida en la que no ha habido, en el Estado, una voluntad constante por superar de manera cuidadosa esta problemática.
Así por ejemplo, zonas periféricas rurales como la cuenca del Pacífico colombiano se han convertido en escenarios en donde, pese a estar comprendidos dentro del ordenamiento territorial previsto en la Constitución, en la práctica no existe el Estado. Como consecuencia de esta ausencia estatal han surgido una serie de dinámicas territoriales que han propiciado la aparición de nuevos centros de poder paraestatales como los grupos armados al margen de la ley y los grandes latifundistas, dando lugar a nuevas formas de dominación territorial y poderes de facto que se imponen sobre la población local107.
Estos poderes de facto que no están reconocidos ni legitimados jurídicamente por la Constitución ni la ley se convierten en uno de aquellos espacios contrahegemónicos que la geografía social reconoce como resultado de una dinámica social propia de un territorio. Desde luego, con ello no queremos afirmar la corrección de este tipo de situaciones. Por el contrario, creemos que es importante que el ordenamiento territorial las tome en consideración, y que a partir de ello se gesten transformaciones positivas para que, a través del fortalecimiento de la función estatal, se propicie la participación ciudadana y la recuperación de la soberanía popular más allá de la imposición coactiva.
No obstante lo anterior y pese a que el ordenamiento territorial previsto en la Constitución de 1991 reconoció factores sociales y geográficos para la categorización de los municipios, el desarrollo llevado a cabo por el legislador los dejó de lado. De esa manera, en virtud de las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, la ordenación del territorio en Colombia ha tendido a tener un carácter universalista al intentar definir las condiciones y las características de los territorios a partir de la categorización de municipios y departamentos en razón de factores eminentemente económicos y demográficos, como la cantidad de habitantes, los ingresos corrientes de libre destinación y la importancia económica de cada municipio108.
A su vez, la categorización propuesta por el legislador supone dos características adicionales que desconocen las realidades sociales de cada municipio. Por un lado, el legislador, al igual que ocurrió con la cuestión de las entidades territoriales indígenas, omitió prever un régimen diferencial de gobierno, administración y organización de acuerdo con la categoría de cada municipio, limitando los efectos de la categorización a lo relativo a sus competencias (aunque de forma muy leve) y a sus presupuestos. Por otra parte, esta clasificación que definió el Congreso también resultó desproporcionada en la medida en que 971 de los 1.101 municipios colombianos pertenecen a la sexta categoría, 27 a la primera y solo 5 a la especial, evidenciándose con ello una valoración sesgada del territorio con la que se favorece a unos pocos municipios que viven en condiciones excepcionales frente a las del resto del país109.
Esto quiere decir que al final la distribución de competencias y la asignación de recursos se realizan con base en una categorización de los municipios y de los departamentos dentro de una rúbrica fija que se construye a partir de la densidad demográfica y la capacidad económica de las entidades territoriales, sin tomar en consideración ninguna de las características y problemáticas sociales territoriales, lo que, sumado a la tendencia centralista del Estado, reduce al máximo la posibilidad de resolver dichas cuestiones.
De igual manera, vemos que el régimen de creación de los municipios responde principalmente a criterios económicos y demográficos, al establecer como requisitos la identidad social, cultural, natural y económica; requisitos que en principio parecerían permitir la valoración de las particularidades territoriales de cada territorio, si bien, en la práctica, son principalmente los factores económicos y políticos los que son utilizados para respaldar la creación de nuevos municipios110. En efecto, el procedimiento se limita a verificar la existencia de un mínimo de población de 25.000 habitantes, un mínimo de ingresos corrientes de libre destinación, y la conveniencia económica y social de acuerdo con el órgano departamental de planeación111.
Por último, con relación al desconocimiento de los factores sociales por parte del régimen municipal debemos mencionar el caso de las juntas administradoras locales. El constituyente de 1991 las estableció como un mecanismo para apoyar la descentralización territorial, al otorgar a los concejos municipales la posibilidad de dividir el territorio en comunas y corregimientos para mejorar la prestación de los servicios y propiciar la participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos112. Ahora bien, pese a ser corporaciones de elección popular, en la práctica y a través de las competencias otorgadas por la ley y los actos de creación, dichas juntas se han limitado a ejercer un papel de control y veeduría del gobierno local, con el agravante de ser cargos ad honorem, lo que conduce a que la función pública que desempeñan no sea de dedicación exclusiva.
Así las cosas, pese a que las juntas administradoras locales constituyen una herramienta que en abstracto parecería buscar garantizar la participación de los individuos en el gobierno local y la representación de sus intereses, en la práctica se han convertido en un mecanismo legitimador del poder público territorial. En otras palabras, las vicisitudes de esta institución llevan a que en términos formales se legitime el ejercicio del poder público en el territorio mediante la participación ciudadana, pese a que en realidad no se materialice dicha participación.
Con relación a la miopía del ordenamiento territorial frente a las realidades propiamente geográficas del territorio, basta con volver a mencionar la marcada ausencia estatal que se presenta en territorios periféricos como la Amazonia y el Pacífico colombianos. Al respecto hay que señalar que, como consecuencia de dicha ausencia y de la falta de articulación propia de nuestro esquema territorial, estas zonas del país han sido deliberadamente olvidadas por los gobiernos de turno, y que, en virtud del sistema de ordenación del territorio vigente en Colombia, tal miopía parecería estar lejos de ser corregida113.
El olvido de estos territorios suele explicarse por su posición periférica y por las dificultades de acceso físico a los mismos. No obstante, en lugar de que el ordenamiento territorial propicie una lectura social de estas condiciones ambientales y a partir de ella identifique problemáticas que requieren de atención inmediata por parte del Estado, a través del mismo discurso de la descentralización deja que sean las entidades territoriales las que lidien con ello.
Ahora bien, al igual que como señalábamos con el caso de las dinámicas territoriales del poder derivadas del conflicto armado, la periferia colombiana y el olvido estatal de estas zonas han conducido a otro tipo de dinámicas territoriales y al surgimiento de poderes de facto que tienen origen en otro factor: el económico. Nos referimos a que estas zonas, las cuales debido a su carácter periférico y a la falta de presencia del Estado cuentan con grandes reservas de recursos naturales, han empezado a ser penetradas por empresas multinacionales que pretenden la explotación de dichos recursos en razón de la apertura económica.
Ante la ausencia del poder estatal, estas empresas multinacionales que arriban al territorio periférico inexplorado por el Estado imponen nuevas dinámicas sociales y culturales mediante las cuales establecen su poderío económico. Como hemos visto, los municipios y los territorios indígenas que se encuentran en estos lugares suelen adolecer de una falta sustancial de recursos físicos y económicos para la garantía de los mínimos esenciales del ser humano (de acuerdo con el paradigma mayoritario de la población), los cuales pasan a ser suplidos por estos actores económicos. Jimena Sierra ha resaltado que en contextos campesinos y mineros como los de Marmato, las empresas multinacionales que desean explotar los recursos en el territorio utilizan diferentes estrategias económicas para moldear el consentimiento de las comunidades en su favor114. De manera similar ha ocurrido en el caso de Cosigo y Tobie Mining, en donde la multinacional “sobornó” a algunos miembros de la comunidad indígena para que desestimaran la consulta previa que se había realizado para la constitución del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis115.
Al respecto conviene señalar que, si bien para Margarita Serje esto es producto de una estrategia consciente por parte del Estado, y es una manifestación de la apertura económica; a nuestro juicio se trata de una realidad que es desconocida e ignorada por el propio ordenamiento territorial previsto en el ordenamiento jurídico116.
Con relación a los fenómenos de la desterritorialización y la glocalización, es posible evidenciar que el ordenamiento territorial colombiano aún no se ha preparado para ellos, limitándose a reconocer algunas competencias mínimas en materia de relaciones internacionales y cooperación en los casos de los municipios fronterizos como Cúcuta117. No obstante, diferentes municipios y ciudades del país han empezado a insertarse dentro de las dinámicas globales, y con ello han empezado a desfigurar las fronteras territoriales internas y externas que el derecho les impone. Luis Eslava ha trabajado sobre la forma en que el derecho internacional opera cotidianamente en Bogotá, en particular en lo que respecta a los barrios constituidos ilegalmente en la periferia de la ciudad118.
Como hemos visto recurriendo a algunos ejemplos, el ordenamiento territorial colombiano desarrollado por el legislador presenta, en esencia, una estructura tradicionalista del territorio. En esa medida, lo aborda desde la perspectiva del poder y su ordenación, favoreciendo en esa medida principalmente criterios económicos, demográficos y políticos. A la vez que también incluye algunas disposiciones que intentan dinamizar dicho concepto por medio del reconocimiento de la necesidad de reevaluar, modificar o alterar el ordenamiento territorial.
Pese a lo anterior, como lo ha destacado Liliana Estupiñán, el desarrollo legislativo del ordenamiento territorial ha dejado de lado gran parte de los objetivos e ideales que los constituyentes diseñaron al aprobar la Constitución de 1991[119]. En ese sentido, y al haber quedado en manos del legislador el verdadero desarrollo del territorio y de las entidades territoriales, la realidad colombiana muestra que no se está ante una concepción holística e integradora del territorio como la que hemos propuesto en la segunda parte de este documento.
BREVES COMENTARIOS A MODO DE CONCLUSIÓN
En términos generales, la tradición jurídica occidental propone una definición del territorio (y, en consecuencia, de su ordenación) que se caracteriza por limitarse a definir las cuestiones que le interesan solo al derecho. Esta concepción es resultado, principalmente, de la forma en que la comunidad internacional opera en la modernidad en virtud del reconocimiento de los principios de integridad territorial y soberanía territorial fijados con ocasión de la Paz de Westfalia y de sus eventos sucesivos.
No obstante lo anterior, la realidad nacional e internacional ha cambiado sustancialmente con el paso de los años. En ese sentido, han surgido diferentes preocupaciones y diferentes teorías que reivindican la importancia de estudiar y comprender los conceptos a partir de una lectura interdisciplinar. Esto quiere decir que, entre otras cosas, el derecho no puede ser estudiado y construido solo desde la disciplina jurídica, sino que debe utilizar también herramientas de las demás ciencias sociales, entre ellas la historia, la sociología, la geografía y la antropología.
A partir de esta nueva propuesta metodológica, los conceptos de territorio y de ordenamiento territorial requieren de un nuevo estudio que reconozca una multiplicidad de fenómenos y situaciones que son para él relevantes. En este escrito nos hemos limitado a identificar y a explicar apenas cinco cuestiones que consideramos que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de hablar sobre el territorio y su ordenación. En concreto, hemos explicado la importancia de comprender nuestro pasado colonial, de utilizar la historia para la comprensión de los conceptos y de las relaciones sociales, de reconocer las dinámicas sociales y el componente social del territorio, de ver también las implicaciones de las características físicas y naturales del espacio y, por último, de reconocer también las dinámicas actuales del poder no estatal.
Como ejercicio analítico y pedagógico, hemos hecho una revisión general del ordenamiento territorial colombiano para determinar si puede o no ser objeto de las críticas que la doctrina ha formulado a la concepción tradicional del territorio y del ordenamiento territorial. A partir de ello hemos evidenciado nuestro ordenamiento jurídico no ha sido desarrollado con suficiencia por parte del legislador, y que en parte esto ha llevado a que siga siendo un ordenamiento estático que no reconoce lo que ocurre en él y a su alrededor. En ese sentido, es posible afirmar que en cierta medida nuestro ordenamiento territorial es un ordenamiento impuesto, por haber sido construido a partir de estándares europeos; sesgado históricamente, en la medida en que desconoce la historia prehispánica e invisibiliza a los pueblos indígenas; descontextualizado, por cuanto ignora las dinámicas sociales propias de la realidad del territorio; miope, al pasar por alto las características físicas y geográficas de cada territorio, y anacrónico, en cuanto mantiene la noción tradicional de soberanía nacional del poder público, lo que conduce a un fuerte impacto en los derechos de las personas y de los territorios.
REFERENCIAS
“Historia e historiografía del derecho internacional: entrevista a Antony Anghie, Martti Koskenniemi y Anne Orford”, en Derecho internacional: investigación, estudio y enseñanza, t. 1, Historia(s) del derecho internacional, PAOLA ANDREA ACOSTA ALVARADO, LAURA BETANCUR RESTREPO y ENRIQUE PRIETO-RÍOS (eds.), Bogotá, Universidad del Rosario, 2020.
ABRAMOVICH, VÍCTOR. “Poderes regulatorios estatales en el pluralismo jurídico global”, en Global Campus Human Rights Journal, vol. 1, 2017, pp. 141-164.
ACOSTA ALVARADO, PAOLA ANDREA y DANIEL RIVAS-RAMÍREZ. “A milestone in environmental and future generations’ rights protection: recent legal developments before the Colombian Supreme Court”, en Journal of Environmental Law, vol. 30, n.º 3, 2018, pp. 519-526. DOI: 10.1093/jel/eqy024.
ACOSTA ALVARADO, PAOLA ANDREA y JULIÁN EDUARDO HUERTAS CÁRDENAS. “Teorías sobre la relación entre el derecho interno y el derecho internacional en la jurisprudencia constitucional colombiana”, en JUANA ACOSTA LÓPEZ, PAOLA ANDREA ACOSTA ALVARADO y DANIEL RIVAS-RAMÍREZ (eds.), De anacronismos y vaticinios: diagnóstico sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en Latinoamérica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp. 681-704.
ACOSTA ALVARADO, PAOLA ANDREA; AMAYA ÁLVEZ MARÍN, LAURA BETANCUR-RESTREPO, ENRIQUE PRIETO-RÍOS, DANIEL RIVAS-RAMÍREZ y FABIA VEÇOSO. “Rethinking international legal education in Latin America (REDIAL): exploring some obstacles of a hegemonic colonial academic model in Chile and Colombia”, en Decolonizing Law in the Global North and South, Routledge Press, 2020.
ACOSTA ALVARADO, PAOLA ANDREA. “Zombis vs. Frankenstein: sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno”, en Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1, 2016, pp. 15-60. DOI: 10.4067/S0718-52002016000100002.
ALBÁN MORENO, ÁLVARO. “El origen colonial de las diferencias del desarrollo entre países: el neoinstitucionalismo e Hispanoamérica”, en Revista de Economía Institucional, vol. 10, n.º 19, 2008.
ALLEN ENGLE, ERIC. “The transformation of the International Legal System: the Post-Westphalian Legal Order”, en Quinnipiac Law Review, vol. 23, n.º 23, 2004, pp. 23-45.
ALVARADO BEDOYA, CLAUDIA PATRICIA. El trabajo doméstico y del cuidado. Informalidad y fronteras de laboralidad, Bogotá, Tirant lo Blanch, 2019.
ÁLVEZ MARÍN, AMAYA y ARNULF BECKER LORCA. “Los pueblos originarios y la práctica del derecho internacional en Chile: nuevos horizontes ante el debilitamiento de los legados del autoritarismo”, en Derecho del Estado, n.º 39, 2017, pp. 21-52. DOI: 10.18601/01229893.n39.03.
ARANGO, RAÚL y ENRIQUE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio: población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2004.
ARÉVALO-RAMÍREZ, WALTER. “Sentencias de la Corte Internacional de Justicia vs. normas constitucionales: su obligatoriedad y ejecutoriedad. Reflexiones desde el caso Nicaragua vs. Colombia y comentarios al caso Perú vs. Chile”, en JUANA ACOSTA LÓPEZ, PAOLA ANDREA ACOSTA ALVARADO y DANIEL RIVAS-RAMÍREZ (eds.), De anacronismos y vaticinios: diagnóstico sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en Latinoamérica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.
ARIAS RESTREPO, JAIME; NATALIA ÁVILA ESCOBAR, ÁLVARO TOLEDO ROMERO, LUCÍA TORRES ARIZA y LAURA ESCOBAR ARANGO. “Derechos territoriales y colectivos en la política minera colombiana. Estudio de los casos Cerrejón y Colosa”, en ADRIANA DE AZEVEDO MATHIS, GUSTAVO ZAMBRANO, MAGDALENA CORREA HENAO y MARÍA LUIZA ALENCAR MAYER FEITOSA (eds.), Políticas de regulación de las empresas trasnacionales por violaciones a los derechos humanos en América Latina. Estudios de caso, Jooa Pessoa, UFPB y Universidade Federal da Paraíba, 2018, pp. 23-203.
ARROYO, SANTIAGO y JUAN D. BOLAÑOS. “Tensión diplomática entre Colombia y Ecuador durante 2006-2009: una mirada desde la teoría de juegos”, en Economía, Gestión y Desarrollo, n.º 10, 2010, pp. 125-141.
BAENA CARRILLO, SAMUEL. “La autonomía de las entidades territoriales indígenas”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 13, 2015, pp. 99-133. DOI: 10.18601/21452946.n13.07.
BARRETO, JOSÉ-MANUEL. “Cerberus: rethinking Grotius and the Westphalian System”, en MARTTI KOSKENNIEMI, WALTER RECH y MANUEL JIMÉNEZ FONSECA (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations, Nueva York, Oxford, 2017, pp. 149-176.
BENEDETTI, ALEJANDRO. “Territorio: concepto integrador desde la geografía contemporánea”, en PATRICIA SOUTO (ed.), Territorio, lugar, paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2011, pp. 11-82.
BERNHARD, MICHAEL; CHRISTOPHER REENOCK y TIMOTHY NORDSTROM. “The legacy of western overseas colonialism on democratic survival”, en International Studies Quarterly, vol. 48, 2004, pp. 225-250.
BETANCUR RESTREPO, LAURA y ENRIQUE PRIETO-RÍOS. “Educación del derecho internacional en Bogotá. Un primer diagnóstico a partir de los programas de clase y su relación con las epistemologías de no conocimiento”, en Derecho del Estado, n.º 39, 2017, pp. 53-89. DOI: 10.18601/01229893.n39.04.
BEUF, ALICE y PATRICIA AVELLANEDA. “Introducción”, en ALICE BEUF y PATRICIA RINCÓN AVELLANEDA (eds.), Ordenar los territorios: perspectivas críticas desde América Latina, Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2017, pp. xiii-xxiii.
BEUF, ALICE. “El concepto de territorio: de las ambigüedades semánticas a las tensiones sociales y políticas”, en ALICE BEUF y PATRICIA RINCÓN AVELLANEDA (eds.), Ordenar los territorios: perspectivas críticas desde América Latina, Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2017, pp. 3-22.
BIANCHI, ANDREA. International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking. Oxford, Oxford University Press, 2016.
BONILLA MALDONADO, DANIEL. “El constitucionalismo radical ambiental y la diversidad cultural en América Latina. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en Ecuador y Bolivia”, en Derecho del Estado, n.º 42, 2019, pp. 3-23. DOI: 10.18601/01229893.n42.01.
BRUNETTA, GRAZIA; ROSARIO CERAVOLO, CARLO ALBERTO BARBIERI, ALBERTO BORGHINI, FRANCESCA DE CARLO, ALFREDO MELA, SILVIA BELTRAMO, ANDREA LONGHI, GIULIA DE LUCIA, STEFANO FERRARIS, ALESSANDRO PEZZOLI, CARLOTA QUAGLIOLO, STEFANO SALATA y ANGIOLETTA VOGHERA. “Territorial resilience: toward a proactive meaning for spatial planning”, en Sustainability, n.º 11, 2286, 2019, pp. 2-17. DOI: 10.3390/su11082286.
CAÑAS JAMIOY, DIEVER. Gobierno y territorio del pueblo indígena Muruy en el Amazonas. Aportes para un diálogo intercultural con el ordenamiento territorial colombiano, tesis de maestría, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019.
CAPEL, HORACIO. “Las ciencias sociales y el estudio del territorio”, en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XXI, n.º 1.149, 2016, pp. 1-38.
CÉSPEDES BÁEZ, LINA MARÍA. “La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano”, en Estudios Socio-Jurídicos, vol. 12, n.º 2, 2010, pp. 273-304.
Colprensa. “Profesionales de la salud reclaman condiciones dignas a raíz del Decreto 538”, en Vanguardia, 13 de abril de 2020, disponible en: https://www.vanguardia.com/colombia/profesionales-de-la-salud-reclaman-condiciones-dignas-a-raiz-del-decreto-538-HY2230229
CORREA HENAO, MAGDALENA y PAULA ROBLEDO SILVA. “Consultas populares mineras desde el derecho constitucional. Democracia, ruptura, cultura”, en FLORALBA PADRÓN PARDO y MAGDALENA CORREA HENAO (eds.), ¿El Estado constitucional en jaque?, t. 1, Los retos del componente democrático, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 353-385.
COVILLA, JUAN CARLOS. “Coordinación entre entidades territoriales-Nación”, en Cápsulas de Derecho Administrativo, Bogotá, 2020, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FDYuz2KRsxg
CRIADO DE DIEGO, MARCOS. Territorio y acceso a la justicia en el posconflicto colombiano. Estudio sobre la conflictividad y los mecanismos de resolución de conflictos en las zonas rurales de Guapi, Cauca, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, Fundación ACUA y Universidad Externado de Colombia, 2019.
DELGADO, OVIDIO. “Geografía, espacio y teoría social”, en Espacio y territorios: razón, pasión e imaginarios, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2001, pp. 39-65.
El Espectador. “Personal de salud pide al Gobierno garantías para atender casos de coronavirus”, 27 de marzo de 2020, disponible en: https://www.elespectador.com/coronavirus/personal-de-salud-pide-al-gobierno-garantias-para-atender-casos-de-coronavirus-articulo-911626
ELDEN, STUART. “How should we do the history of territory?”, en Territory, Politics, Governance, vol. 1, n.º 1, 2013, pp. 5-20. DOI: 10.1080/21622671.2012.733317.
ELDEN, STUART. The Birth of Territory, The University of Chicago Press, 2013.
ESLAVA, LUIS; LILIANA OBREGÓN y RENÉ URUEÑA. “Imperialismo(s) y derecho(s): internacional(es): ayer y hoy”, en Imperialismo y derecho internacional, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana, 2016, pp. 11-94.
ESLAVA, LUIS; MICHAEL FAKHRI y VASUKI NESIAH. “The spirit of Bandung”, en LUIS ESLAVA, MICHAEL FAKHRI y VASUKI NESIAH (eds.), Bandung, Global History, and International Law: Critical Pasts and Pending Futures, Nueva York, Cabridge University Press, 2017.
ESLAVA, LUIS. “Istanbul vignettes: observing the everyday operation of international law”, en London Review of International Law, vol. 2, n.º 1, 2014, pp. 3-47.
ESLAVA, LUIS. Espacio local, vida global. La operación cotidiana del derecho internacional y el desarrollo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
ESTUPIÑÁN ACHURY, LILIANA. “El modelo territorial colombiano: crisis y perspectivas”, en Diálogos de Saberes, n.º 25, 2006, pp. 91-108.
FALS BORDA, ORLANDO. “Guía práctica del ordenamiento territorial en Colombia. Contribución para la solución de conflictos”, en Análisis Político, n.º 36, 1999, pp. 82-102.
FALS BORDA, ORLANDO. Acción y espacio: autonomías en la nueva república, Bogotá, IEPRI y Tercer Mundo Editores, 2000.
FERNÁNDEZ RUIZ, JORGE. Servicios públicos municipales, México, Instituto Nacional de Administración Pública y UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas, s. f.
FUENTES CONTRERAS, ÉDGAR HERNÁN y LUZ ELIYER CÁRDENAS CONTRERAS. “La dicotomía sistema/entorno, desde una perspectiva multidisciplinaria, como método de asimilación de la ciencia jurídica”, en ÉDGAR FUENTES CONTRERAS, KLEVER FILIPO y MONIQUE FALCAO LIMA (eds.), Inovaçao e produçao de direito, Río de Janeiro, Multifoco, 2018, pp. 163-188.
GALINDO, GEORGE y RODRIGO BANDEIRA. “Martti Koskenniemi and the historiographical turn in international law”, en European Journal of International Law, vol. 16, n.º 3, 2005, pp. 539-559.
HASSAN, DAUD. “The rise of the territorial State and the Treaty of Westphalia”, en Yearbook of New Zealand Jurisprudence, vol. 9, 2006, pp. 62-70.
HERNÁNDEZ PEÑA, YOLANDA TERESA. “El ordenamiento territorial y su construcción social en Colombia: ¿un instrumento para el desarrollo sustentable?”, en Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía, n.º 19, 2010, pp. 97-109.
HERRERA ÁNGEL, MARTA. “Transición entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la Nueva Granada”, en Historia Crítica, n.º 32, 2006, pp. 118-152.
JIMÉNEZ FONSECA, MANUEL. “Jus gentium: one more reading of Vitoria?”, en MARTTI KOSKENNIEMI, WALTER RECH y MANUEL JIMÉNEZ FONSECA (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations, Nueva York, Oxford University Press, 2017, pp. 123-148.
KOSKENNIEMI, MARTTI. “Imperialismo y derecho internacional: la verdadera contribución española”, en Imperialismo y derecho internacional, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana, 2016, pp. 127-190.
LEMAITRE RIPOLL, JULIETA. El Estado siempre llega tarde. La reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra, Bogotá, Siglo XXI Editores y Universidad de los Andes, 2019, pp. 159 ss.
LOZADA GÓMEZ, MARCELO. La Corte Constitucional colombiana en el contexto de la fragmentación del derecho internacional. Desafíos y posibles alternativas para la recomposición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.
MACHADO ARÁOZ, HORACIO. “Territorio(s), modernidad y geografía de la dominación: una mirada poscolonial”, en ALICE BEUF y PATRICIA RINCÓN AVELLANEDA (eds.), Ordenar los territorios: perspectivas críticas desde América Latina, Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2017, pp. 41-58.
MERINO, ROGER. “Reimagining the Nation-State: indigenous peoples and the making of plurinationalism in Latin America”, en Leiden Journal of International Law, vol. 31, 4, 2018, pp. 773-792. DOI: 10.1017/S0922156518000389.
MICKELSON, KARIN. “The maps of international law: perceptions of nature in the classification of territory”, en Leiden Journal of International Law, vol. 27, n.º 3, 2014, pp. 621-639. DOI: 10.1017/S0922156514000235.
MONCAYO JIMÉNEZ, ÉDGARD. “Glocalización: nuevos enfoques teóricos sobre el desarrollo regional (subnacional) en el contexto de la internacionalización económica y de la globalización”, en Desafíos, vol. 7, 2002, pp. 50-99.
ORFORD, ANNE. “The past as law or history? The relevance of imperialism for modern international law”, IILJ Working Paper 2012/2, History and Theory of International Law Series, University of Melbourne Legal Studies Research Paper n.º 600, Melbourne, IILJ - University of Melbourne, 2011.
PATIÑO M., EDUARDO. “Médicos denuncian falta de elementos e incertidumbre laboral en medio de crisis por coronavirus”, en El Heraldo, 31 de marzo de 2020, disponible en: https://www.elheraldo.co/colombia/medicos-denuncian-falta-de-elementos-e-incertidumbre-laboral-en-medio-de-crisis-por
PATTON, STEVE. “The Peace of Westphalia and it affects on international relations, diplomacy and foreign policy”, en The Histories, vol. 10, 1, 2019, pp. 91-99.
PICKERING, STEVE. “Borderlines: maps and the spread of the Westphalian State from Europe to Asia, Part one - The european context”, en The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XL-4/W3, 2013, pp. 111-116. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-4-W3-111-2013.
PRIETO-RÍOS, ENRIQUE y DANIEL RIVAS-RAMÍREZ. “Neocolonialism and the tension between internatinal investment law and indigenous peoples: the Latin American experience”, en JOHN BORROWS y RISA SCHWARTZ (eds.), Indigenous Peoples and International Trade: Building Equitable and Inclusive International Trade and Investment Agreements, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. 85-108.
REIS, JOSÉ. “An epistemology of territory: a perspective on contexts for social relations”, en PATRICIA ALMEIDA ASHLEY y DAVID CROWTHER (eds.), Territories of Social Responsibility: Opening the Research and Policy Agenda, Nueva York, Routledge, 2016, pp. 93-106.
RIVAS-RAMÍREZ, DANIEL. “El vicio surrealista del monismo y el dualismo ante la metamorfosis del derecho internacional público”, en FLORALBA PADRÓN PARDO y MAGDALENA CORREA HENAO (eds.), ¿El Estado constitucional en jaque?, t. 2, El Estado constitucional y el derecho internacional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 45-78.
RIVAS-RAMÍREZ, DANIEL. “Un cambio necesario en el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales de contenido económico”, en FLORALBA PADRÓN PARDO y MAGDALENA CORREA HENAO (eds.), ¿El Estado constitucional en jaque?, t. 2, El Estado constitucional y el derecho internacional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 217-256.
RIVAS-RAMÍREZ, DANIEL. Las nuevas dinámicas de los ordenamientos jurídicos y la protección de bienes constitucionales: tres herramientas para el Estado en el arbitraje internacional de inversión, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
ROBAYO GALVIS, WILFREDO. “Elementos del Estado: el territorio”, en MAGDALENA CORREA, NÉSTOR OSUNA y GONZALO RAMÍREZ (eds.), Lecciones de derecho constitucional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017.
ROBLEDO SILVA, PAULA y DANIEL RIVAS-RAMÍREZ. “Cuando la leyenda de El Dorado se hace realidad. Análisis sobre las tensiones entre los intereses económicos y los derechos de los pueblos indígenas”, en JULIÁN TOLE MARTÍNEZ (ed.), Derechos humanos y la actividad empresarial en Colombia: implicaciones para el Estado social de derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 47-76.
ROBLEDO SILVA, PAULA. “El municipio en Colombia y sus dificultades para su creación”, en PAULA ROBLEDO SILVA, HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO y JUAN CARLOS COVILLA MARTÍNEZ (eds.), Derecho de las entidades territoriales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 55-82.
ROBLEDO SILVA, PAULA. “El panorama territorial colombiano”, en Revista Derecho del Estado, n.º 21, 2008, pp. 177-208.
ROBLEDO SILVA, PAULA. “El régimen territorial en la Constitución”, en MAGDALENA CORREA HENAO, NÉSTOR OSUNA PATIÑO y GONZALO RAMÍREZ CLEVES (eds.), Lecciones de derecho constitucional, t. 2, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 581-630.
ROBLEDO SILVA, PAULA. “La autonomía territorial como forma de reconocer la existencia de particularidades dentro del Estado unitario”, en JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA (ed.), Las transformaciones de la Administración Pública y del derecho administrativo, t. 1, Constitucionalización de la disciplina y evolución de la actividad administrativa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 389-448.
Semana. “¿Por qué renunciaron varios médicos del hospital de Zaral?”, en Salud Semana, 28 de marzo de 2020, disponible en: https://www.semana.com/podcast/vicky-en-semana/articulo/coronavirus-por-que-renunciaron-varios-medicos-del-hospital-de-zarzal/660011
Semana. “En hospital en Cauca, enfermeros utilizan bolsas de basura para protegerse del coronavirus”, en Salud Semana, 3 de abril de 2020, disponible en: https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/coronavirus-colombia-cauca-enfermeros-usan-bolsas-de-basura-para-protegerse/661212
SERJE, MARGARITA. “El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las ‘zonas de frontera’, en Colombia”, en Cahier des Amériques latines, n.º 71, 2012, pp. 96-117. DOI: 10.4000/cal.2679.
SERRAFERO, MARIO D. “Presidencialismo y reforma política en América Latina”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n.º 8, 1991, pp. 195-235.
SIERRA CAMARGO, JIMENA. Derecho, desarrollo y extractivismo: la disputa por el oro en Colombia en un contexto de colonialidad global, tesis doctoral, Universidad del Rosario, Bogotá, 2019.
TRUJILLO QUINTERO, HERNÁN FELIPE. “Realidades de la Amazonía colombiana: territorio, conflicto armado y riesgo socioecológico”, en Revista ABRA, vol. 34, n.º 48, 2014, pp. 63-81.
VALERA TORRES, FERNANDA. “Henri Lefebvre y el espacio social: aportes para analizar procesos de institucionalización de movimientos sociales en América Latina - Organización Barrial Tupac Amaru (Jujuy - Argentina)”, en Sociologías, vol. 18, n.º 43, 2016, pp. 240-270. DOI: 10.1590/15174522-018004311.
VELA ORBEGOZO, BERNARDO. Poder, hegemonía y periferia. Una aproximación crítica al derecho internacional clásico, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.
ZAVALA, SILVIO. El mundo americano en la época colonial, México, Porrúa, 1967, t. 1.
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
La maraña de las competencias e instrumentos de ordenación del territorio en el derecho administrativo colombiano: interacción multinivel más allá del criterio jerárquico y de la simple concertación horizontal
SUMARIO
Introducción. 1. El galimatías competencial en la ordenación del territorio en Colombia. 1.1. El reparto vertical de competencias en materia de ordenación del territorio en Colombia. 1.2. El reparto horizontal de competencias con incidencia territorial. 1.3. Los criterios para la articulación de la miríada de competencias con relevancia para la ordenación del territorio. 1.3.1. La articulación de tareas asignadas en virtud del reparto vertical de competencias. 1.3.2. La articulación de tareas asignadas en virtud del reparto horizontal de competencias. 2. La maraña de instrumentos de planificación y su necesaria coordinación. 2.1. Los instrumentos a los que se somete el POT. 2.2. Los instrumentos sometidos al POT. 2.2.1. Instrumentos supralocales sometidos jurídicamente al POT. 2.2.2. Instrumentos locales sometidos al POT. 2.3. Los instrumentos llamados a ser concertados con el POT. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN
La decisión del constituyente de 1991 de estatuir un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales (art. 1.º), a las cuales reconoce, además, en su artículo 287, “autonomía para la gestión de sus intereses” y un conjunto de “derechos” (entre los que se destacan los de “[g]obernarse por sus propias autoridades” y “[e]jercer las competencias que les correspondan”), no solo supone la opción por un modelo territorial alejado del desgastado esquema centralista de la Constitución de 1886. Si bien desde un punto de vista político ello resulta coherente con la apuesta por la descentralización territorial efectuada en la reforma constitucional de 1986[1], desde un punto de vista jurídico-administrativo resulta harto audaz: supone abandonar la lógica de las relaciones de subordinación y el principio jerárquico como principales claves articuladoras de las relaciones entre la Nación y las autoridades territoriales2.
Más aún, analizado desde la óptica de las garantías, atribuciones y competencias que les reconoce la Constitución a los entes territoriales (arts. 287 ss.), refleja un paso hacia una complejidad inédita en nuestro sistema. Ciertamente, implica convenir que3: (i) la norma constitucional los configura como sujetos titulares de intereses particulares específicos4, esto es, como portadores de intereses propios, no derivados ni subordinados a los de la Nación, por lo cual pueden o no (es decir, no tienen que) resultar coincidentes con ellos; (ii) tales intereses están amparados por una garantía constitucional que impide su desconocimiento, vulneración o afectación desproporcionada; (iii) aunque la Constitución no establece de manera expresa los ámbitos en los cuales figuran dichos intereses, sí adopta un catálogo de competencias (constitucionalmente reconocidas) de las autoridades territoriales, que posibilitan identificar la presencia de tales intereses (aunque no se trate de un listado cerrado y taxativo5); (iv) al proceder de este modo, el constituyente definió espacios mínimos, cualificados y constitucionalmente garantizados en los que debe resultar posible el ejercicio de la autonomía reconocida a las entidades territoriales para la gestión de sus propios intereses. Todo esto se traduce en que (v) las decisiones legislativas relacionadas con la configuración del régimen legal de los entes territoriales no son libres: deben sujetarse a ese marco constitucional. La prohibición constitucional de ignorar, vulnerar o desfigurar este régimen supone que cuandoquiera que el legislador regule alguno de los ámbitos en los que se encuentran intereses locales debe hacerlo de una manera respetuosa de la autonomía territorial. Por ende, (vi) cuandoquiera que el legislador o alguna otra autoridad nacional se introduzca en alguno de los asuntos donde está en juego la autonomía en el ejercicio de los intereses territoriales por medio de una regulación o actuación restrictiva de sus competencias constitucionalmente asignadas, procede enjuiciar la legitimidad de dicha restricción. Esto requiere examinar el caso concreto y ponderar qué intereses deben prevalecer en él. En últimas, como ha sido destacado por la Corte Constitucional, en virtud del cambio sustancial en las relaciones centro-periferia operado gracias a la introducción del principio de autonomía en el orden constitucional, “[n]o es posible establecer relaciones de precedencia definitivas entre los intereses constitucionales referidos”6. Tampoco “bastará con que se alegue la existencia de un interés nacional para que una disposición legal que limita el ejercicio de competencias a entidades territoriales se entienda acorde con los preceptos constitucionales”7. Es preciso, entonces, ponderar en cada caso concreto.
Desde una perspectiva jurídico-administrativa mecánica u operativa el resultado no es menos complejo: dada la cantidad y trascendencia de las competencias reconocidas por la Constitución a las entidades territoriales, el modelo definido abre la posibilidad de que distintas organizaciones, pertenecientes a diversos órdenes o niveles administrativos autónomos (rectius, no sujetos a relaciones de subordinación), titulares de competencias propias, confluyan en un mismo territorio en cumplimiento de sus específicas responsabilidades. A las dificultades propias de la delimitación de competencias en esta clase de entornos se suma el que, por obra del carácter concurrencial de muchas de estas tareas, la definición de criterios y canales de coordinación, que posibiliten su ejercicio armónico, resulta imperiosa. Si a ello se añade el creciente número de planes, programas y proyectos emprendidos por buena parte de esas autoridades, siempre entreverados y necesitados de coordinación, la complejidad no hace más que escalar. Con ser cierto que la multitud de instrumentos administrativos puestos en marcha por las autoridades sectoriales en cumplimiento de sus deberes deben alinearse correctamente de cara a prevenir resultados adversos en la práctica8 y a asegurar la unidad en la acción del conjunto de órganos que conforma al Estado9, no lo es menos que ello termina por engendrar una muy compleja maraña administrativa, no pocas veces abstrusa y problemática en la realidad del terreno.
Pocos ámbitos de la Administración Pública permiten apreciar esta situación de manera tan nítida como la ordenación del territorio. Por el permanente, intenso y útil entrecruzamiento de competencias, planes, proyectos y decisiones de un sinfín de autoridades, este sector es modélico al respecto. Ciertamente, la preocupación por la demarcación precisa de los ámbitos competenciales de cada una, así como por la fluida interacción de las distintas competencias que concurren a ella y el alud de instrumentos administrativos de planificación que le son anejos, constituye una preocupación recurrente. De un lado, el régimen legal de esta función administrativa, contenido en las leyes 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Urbano o LDU) y 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial o LOOT), con base en razones técnicas y jurídico-constitucionales válidas, ha hecho de esta una materia altamente concurrencial; en la cual, aunque con roles muy distintos, toman parte autoridades pertenecientes a los distintos órdenes o niveles político-administrativos que operan en Colombia (arts. 115, 286 y 288 CP). Así, en materia de ordenación del territorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la LOOT, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios intervienen de algún modo en el complejo proceso de ordenación del territorio. Fruto de esta regulación, todos tienen interés y parte en la construcción y definición de lo que, en últimas, constituya la ordenación del territorio respectivo. El reparto vertical o intrasectorial de la competencia en este campo es, pues, fundamental, ya que permite estructurar un sistema que asigna claros roles institucionales a las autoridades de los distintos órdenes político-administrativos reconocidos por la Constitución. Con todo, dadas las ambigüedades del lenguaje y las limitaciones técnicas del legislador (señaladamente en la LOOT), su puesta en obra no ha estado exenta de controversias y dificultades10.
De otro lado, también resulta crucial, a la vez que problemático, el análisis de la interrelación entre autoridades que ejercen sus competencias sectoriales en el territorio y con incidencia directa en él. La confluencia en el terreno de un cúmulo de actores públicos de distinto rango, llamados a ejercer de forma independiente tareas de la más diversa naturaleza, cuyo principal punto en común consiste en desplegar su actividad con incidencia o proyección territorial clara (v. gr., medio ambiente, urbanismo, minería, hidrocarburos, desarrollo rural, prevención de desastres, defensa y seguridad nacional, transporte, infraestructura de transporte, protección del patrimonio histórico cultural, turismo, servicios públicos domiciliarios, sustitución de cultivos ilícitos, recreación), resulta igualmente relevante para el estudio de la ordenación del territorio. Como se verá en detalle líneas abajo, el tratarse de asuntos con repercusiones territoriales directas determina una peculiaridad en la forma como se ejercen estas competencias. Además de al cambio de modelo territorial constitucional, ello obedece a las hondas transformaciones experimentadas por la idea de territorio. Lejos de implicar solamente una extensión determinada de terreno, que señala al Estado “el límite en que su soberanía actúa”11, el territorio designa hoy “un espacio con historia e identidad”12 y envuelve un conjunto de dimensiones (materiales, ambientales, sociales, sicológicas, culturales y políticas) que impiden tanto su reducción a la unidad jurídico-formal que resulta de la concepción estatal del territorio (“territorio westfaliano”) como su descomposición o fragmentación en meras unidades administrativas, parcelas o capas (v. gr., la separación entre suelo y subsuelo). Por tanto, a las dificultades decisionales inherentes al arreglo territorial fijado por la Constitución se suma la compleja realidad que rodea al territorio, que fuerza a su reconocimiento y a que se le brinde un tratamiento singular. El resultado no es otro que la exigencia de tomar en consideración tanto las implicaciones que tiene sobre él el ejercicio de cada tarea desplegada in situ como las influencias recíprocas que terminan por existir entre todas ellas. El foco se pone aquí, entonces, sobre el reparto horizontal o intersectorial de las tareas públicas. Y precisa tener en cuenta, como observa Parejo Alfonso, que las competencias sectoriales asignadas no suponen “ni cortes limpios de ámbitos de la realidad social, ni cometidos públicos estancos y diferenciados claramente unos de otros en sus contenidos y objetos. Antes bien, todos ellos forman un continuum, que impide deslindarlos con nitidez”13.
Ahora bien, a pesar de este panorama, tumultuosamente cargado de competencias administrativas de distinta laya, solo la autoridad municipal tiene a su cargo “[f]ormular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio” (POT). Así lo dispone el literal a) del numeral 4 del artículo 29 de la LOOT, como formalización legal de la encomienda efectuada por la Constitución al municipio en sus artículos 311 y 313.7, donde se le responsabiliza de “ordenar el desarrollo de su territorio” (art. 311) y se faculta al concejo local para “[r]eglamentar los usos del suelo” (art. 313.7)14.
Definido por el legislador como “el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal” (art. 9.º de la Ley 388 o Ley de Desarrollo Urbano, LDU), la competencia para adoptar el POT parecería determinante de qué se hace y qué no en un territorio específico. En últimas, como se desprende de lo previsto por el artículo 5.º LDU, supone el poder jurídico para “regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. Fruto de este desarrollo legal, pese al nebuloso reparto de competencias verticales y horizontales relevantes para la ordenación del territorio, solo los municipios están facultados para la adopción del POT.
Con todo, es claro que una comprensión aislada y asistemática de los preceptos de la LDU podrían llevar a un entendimiento equivocado de la forma como opera la competencia local para ordenar el territorio y de su relacionamiento con las competencias de las demás autoridades (nacionales, regionales, departamentales y metropolitanas) que ejercen sus responsabilidades en el espacio municipal (en un plano intra e intersectorial). Ello podría significar la injustificada negación del ámbito decisorio inherente a la atribución de dichas facultades a estas autoridades, así como el pernicioso desbordamiento de los poderes de las instancias locales. Ninguno de estos resultados parece conforme al orden previsto por la Constitución y la ley.
De aquí que resulte pertinente preguntarse por el alcance de la competencia local para ordenar el territorio y por la manera como esta se relaciona con el conglomerado de tareas con proyección o incidencia territorial en cabeza de las demás autoridades supramunicipales que, de uno u otro modo, son relevantes dentro del complejo proceso de ordenación territorial. ¿Tiene el municipio, en ejercicio de su facultad para ordenar el territorio, la capacidad de afectar o condicionar decisiones de otras instancias administrativas responsables de la gestión de asuntos sectoriales de interés supramunicipal como el medio ambiente, la infraestructura energética, la prevención de desastres o la implementación de la política de Reforma Rural Integral del posconflicto? Y si la tiene, ¿hasta dónde llega esta influencia? O, visto desde arriba, ¿cómo inciden, si lo hacen, las determinaciones de instancias administrativas supralocales en las decisiones de ordenación del territorio a cargo del municipio? En suma, ¿cómo entender esta confluencia de competencias de tal manera que el ejercicio de una no suponga la negación, la anulación o el vaciamiento de las demás?
Lo sucedido en Colombia con ocasión de los conflictos municipio-Nación surgidos a propósito del otorgamiento por el Estado central de títulos minero-energéticos resulta ilustrativo de lo crítico de estos interrogantes. La duda en torno a quién puede tomar qué determinaciones y cuál es el alcance de los poderes de cada instancia decisoria respecto de la otra no solo resulta frecuente en la práctica, es también altamente problemática: engendra situaciones políticas críticas, de “soberanías en conflicto”15. En ellas, como se vivió en varios municipios del país, en ejercicio del mecanismo de participación ciudadana de consulta popular, los habitantes de una localidad, esto es, el pueblo titular de la soberanía local (art. 3.º CP), expresan su rechazo al desarrollo en su territorio de una determinada actividad autorizada por la Nación. Esto plantea la pregunta de hasta dónde es legítima la decisión de una localidad de negar al Estado y a la Nación entera su derecho a explotar sus recursos naturales, aun cuando dicho proyecto se someta íntegramente a las exigencias legales16. A la par que eleva la cuestión de qué tan conforme con la Constitución resulta un esquema legal decisorio bajo el cual es válido que la autoridad nacional minera margine e ignore por completo a la instancia constitucionalmente facultada para ordenar el territorio local (i. e., el municipio)17.
La compleja problemática político-constitucional derivada de las consultas populares realizadas en estos casos fue superada gracias a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-095 de 2018[18]. Sin embargo, lo expuesto en la ratio de dicha providencia no hace más que confirmar lo intrincada que resulta la delimitación de las competencias horizontales en este campo19. En efecto, la decisión de la Corte pivota, en lo fundamental, sobre los siguientes argumentos: (i) “la imposibilidad de realizar consultas populares sobre asuntos ajenos a las competencias de las autoridades territoriales o sobre aquellos que tengan incidencia en los asuntos nacionales o departamentales”, (ii) la constatación de que “[e]n el territorio convergen actividades, por una parte, de uso del suelo[,] y por otra[,] de explotación del subsuelo, razón por la que en él concurren competencias tanto del nivel nacional como de las entidades territoriales”; (iii) como conclusión de lo anterior sostiene que “[n]i la nación (nivel nacional o central) ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación del subsuelo y de los RNNR”, ni en relación con el suelo; y, por último, (iv) afirma que “[p]ara resolver la tensión en las competencias otorgadas a la nación y las entidades territoriales en materia de suelo y subsuelo, debe darse aplicación al artículo 288 constitucional que define los principios de coordinación y concurrencia para estos casos”.
Si bien esta argumentación permite poner fin a los enconados enfrentamientos interinstitucionales de la última década20, no hace posible deslindar el ámbito exacto de la competencia local para ordenar el territorio; como tampoco ofrece elementos para aislar la sustancia de la materia que corresponde solo a los municipios (art. 313.7 CP), y que no puede ser interferida o afectada por la decisión de ninguna autoridad sectorial del orden supralocal. Lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-095 de 2018 tan solo confirma la importancia de desovillar los enredos competenciales que presenta esta material, y de procurar establecer criterios claros y racionales para el relacionamiento de la panoplia de autoridades que confluyen en este ámbito. Este análisis resulta igualmente pertinente frente a los numerosos instrumentos que hoy se aprecian en materia de ordenación del territorio.
En este orden de ideas, el presente escrito pretende responder la pregunta de cómo inciden en el ejercicio de la competencia local las decisiones adoptadas por las instancias administrativas supramunicipales que, en virtud del reparto competencial vertical y horizontal efectuado por el legislador, tienen atribuciones específicas frente a la ordenación del territorio o adoptan determinaciones sectoriales que repercuten o dependen de ella. Al hilo de esta reflexión se examinará también la forma como interactúan los diferentes instrumentos de planificación derivados del ejercicio de dichas competencias. Explorar este asunto permitirá apreciar tanto la problemática ausencia de criterios legales claros de relacionamiento de la masa de instrumentos previstos para el cumplimiento de las tareas administrativas sobre el territorio como la necesidad de poner en valor las múltiples posibilidades que ofrece el principio (¡no la regla!) constitucional de coordinación, a día de hoy sub aprovechado por una jurisprudencia que ha equiparado este canon constitucional a los procesos de concertación paritaria.
Con este propósito, en la primera parte se analizará el galimatías competencial imperante en esta materia en Colombia (1), para ocuparse en la segunda parte de lo concerniente a los instrumentos de planificación (2). El trabajo cierra con unas conclusiones sobre los asuntos estudiados.
1. EL GALIMATÍAS COMPETENCIAL EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN COLOMBIA
Tal como se estableció con anterioridad, la ordenación del territorio en Colombia constituye una función pública independiente, provista de un régimen jurídico especial, cuya materialización concreta está en cabeza de un grupo de autoridades de los distintos niveles administrativos, cuyas competencias tasadas permiten dar vida al bloque normativo que regula, planifica y ordena un territorio. Con todo, por obra de las complejidades que resultan de la unidad espacial del territorio, el ejercicio de esta tarea pública termina por impactar o involucrar una miríada de competencias radicadas en cabeza de autoridades de distinto orden y especialidad, no siempre vinculadas por relaciones de subordinación o jerarquía sino, por el contrario, dotadas de autonomía y responsables en razón de su ejercicio conforme al programa normativo establecido por el ordenamiento jurídico para cada sector específico (i. e., medio ambiente, protección del patrimonio histórico cultural, prevención de desastres, desarrollo rural, infraestructura de transporte, erradicación de cultivos, etc.). Pese a las divisiones jurídico-administrativas impuestas por la Constitución, en la práctica el territorio nacional comprende o abarca el territorio departamental y el local, que es también, a su vez, parte del segundo. Por esta razón, las competencias cuyo ejercicio comporta alguna intervención sobre el territorio confluirán siempre sobre una misma realidad físico-espacial. Asimismo, aun cuando las distintas tareas públicas se encuentran debidamente delimitadas en el texto legal, su deslinde en la práctica resulta más complejo. La forzosa interconexión que tiene lugar en el territorio impide su ejercicio aislado y obliga a tomar en consideración la influencia recíproca que ejercen entre sí. Las yuxtaposiciones y traslapes competenciales serán, pues, habituales; así como los conflictos y cuestionamientos seguidos a esta clase de situaciones.
Siendo esto así, en aras de clarificar este panorama, posibilitar la sistematización del haz de tareas estatales con implicaciones territoriales y facilitar su deslinde material y jurídico, procede diferenciar entre el reparto vertical (o intrasectorial) de las competencias en materia de ordenación del territorio (1.1), y el reparto horizontal (o intersectorial) de las tareas sectoriales que de uno u otro modo repercuten o están determinadas por las decisiones de aquella (1.2). Esta distinción permite establecer y comprender con mayor sencillez las reglas del relacionamiento de estas competencias (1.3).
1.1. EL REPARTO VERTICAL DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN COLOMBIA
Si se entiende por ordenación del territorio aquella función administrativa que tiene por objeto la planificación y regulación del uso y transformación del suelo con miras a establecer un orden racional y sostenible en la distribución espacial de las actividades (públicas y privadas) que tienen lugar en él21, es claro que se trata de una tarea altamente compleja, provista de un fuerte carácter global, transversal e integrador22, que no puede ser confundida con la más elemental misión de la ordenación urbanística del término municipal. Su más vasto ámbito territorial (no limitado a “lo urbano”), sus más ambiciosos fines (relacionados no solo con el crecimiento ordenado de la ciudad, como es propio del urbanismo, sino con la promoción de un verdadero desarrollo territorial sostenible, competitivo y equilibrado a una escala de la Nación), el mayor arco de intereses cubiertos (que desborda el de lo puramente local) y el hecho de no ser una tarea exclusivamente a cargo de las municipalidades permiten diferenciar la ordenación del territorio del más modesto y focalizado ordenamiento urbanístico o urbanismo23.
Como ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional, la función de ordenación territorial “comprende una serie de acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, participativa, racional y planificada el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural”24. Su sentido no es otro que contribuir al aprovechamiento sostenible y eficiente del suelo, como fórmula para contrarrestar los efectos negativos de la tradicionalmente problemática (por desordenada, anárquica e insostenible25) ocupación del territorio en Colombia; y posibilitar la maximización de sus fortalezas y potencialidades, de la mano de la construcción de territorios sostenibles, cohesionados y equilibrados social, ecológica y económicamente26. Como ha sido destacado por la Corte Constitucional, su importancia radica en que se trata, en últimas, “ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria como es su dimensión y proyección espacial”27. Sus implicaciones sociales, ambientales, culturales, jurídicas, económicas y políticas son, pues, inocultables.
De aquí la importancia que la Constitución otorgó a esta labor, en relación con la cual reconoció el interés que asiste al Estado en conjunto (arts. 8, 79 y 80 CP), así como a la Nación (arts. 102 y 334 CP), los departamentos (arts. 298 y 300 num. 2), las áreas metropolitanas (art. 319 CP) y los municipios (arts. 311 y 313 nums. 7 y 9 CP), particularmente considerados, para tomar parte en su proceso de puesta en marcha. Se trata, entonces, de una responsabilidad estatal en cuyo cumplimiento se encuentran constitucionalmente llamadas a participar las distintas instancias del poder público administrativo, aunque con roles separados, en el marco del reparto competencial que al efecto lleve a cabo la ley, con respeto de las encomiendas constitucionales puntualmente efectuadas (v. gr., la atribución específica a los concejos municipales para “[r]eglamentar los usos del suelo”, contenida en el artículo 313.7 CP).
En este contexto constitucional, el legislador ordinario, primero, y el orgánico, después, fijaron el marco normativo para el desarrollo de esta responsabilidad. En efecto, en un primer momento la LDU (ley ordinaria) había previsto en su artículo 7, en términos muy similares a los del actual artículo 29 LOOT, un arreglo competencial que implicaba directamente a la Nación, los departamentos y las áreas metropolitanas, junto con los municipios (arts. 5, 6, 8 y 9 LDU), en el desarrollo de los instrumentos fundamentales para la puesta en funcionamiento de esta tarea. Sin embargo, dicho precepto fue tempranamente declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-795 de 2000, por considerar que suponía una intromisión del legislador ordinario en el ámbito de la reserva de ley especial prevista por el artículo 288 CP, según el cual le corresponde a la LOOT establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”. Sin duda una lectura bastante rígida de dicha reserva de ley orgánica, que terminó por privar por años al sistema de ordenación del territorio en Colombia de la importante dimensión regional que ofrece la intervención institucional de las instancias supralocales. La ausencia de este elemento cardinal para una adecuada ordenación del territorio resultaba problemática, puesto que, como fue certeramente apuntado por la doctrina, hacía de ella “un mapa de fragmentos”28.
Este vacío fue subsanado años después, en 2011, con la expedición de la LOOT, que en su artículo 29 definió las competencias que en esta materia corresponden a la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios. Con esta determinación la LOOT complementó y completó (de nuevo, si se quiere, pero ahora por medio de una ley orgánica, tal como lo dispuso en su momento la Corte Constitucional) el modelo de ordenación del territorio en Colombia. No obstante, la ausencia de una regulación legal sustantiva y procedimental sobre los instrumentos supralocales básicos para la puesta en marcha de todo este andamiaje, como por ejemplo los planes de ordenamiento territorial departamental (POD), ha dificultado su operación29.
Sea como sea, luego de la Constitución de 1991 y en especial tras la expedición de la LOOT en 2011, la ordenación del territorio se ha erigido en Colombia como una responsabilidad estatal global, que se sustancia en el reconocimiento de un puñado de competencias precisas en cabeza de las distintas organizaciones administrativas convocadas por la Constitución y la ley para tomar parte en su puesta en marcha30. Este reparto vertical supone otorgar a cada uno de estos sujetos un papel concreto, tasado, que da lugar al reconocimiento de atribuciones o competencias particulares, que, aun cuando limitadas en su sentido concreto, cobran su máxima relevancia al agregarse y desarrollarse de manera sucesiva por las determinaciones que cada uno orienta o enmarca en los niveles inferiores, más cercanos a la realidad del territorio. Así, en una visión de conjunto, la lógica secuencial e incremental que informa al sistema permite que cada una de esas determinaciones, a pesar de la generalidad de los pronunciamientos emanados de los niveles más altos o alejados del territorio, aporte valiosos elementos a la construcción escalonada de la ordenación del territorio, la cual culmina en el nivel local con la expedición del POT. Solo el municipio, titular de la competencia para la expedición de este instrumento (arts. 29.4 lit. a LOOT y 5, 6 y 9 LDU), puede reglamentar los usos del suelo, definir tratamientos urbanísticos, fijar normas urbanísticas específicas o programar en el tiempo la acción concreta de la Administración Pública local orientada a la materialización del modelo urbanístico definido. Pero ello ha de hacerse en el marco de las directrices y orientaciones fijadas por el departamento en el plan de ordenamiento territorial departamental (POD) y en plena concordancia con la política y los lineamientos establecidos por la Nación en virtud de sus atribuciones en este campo (art. 29 nums. 1 y 2 LOOT)31.
Según lo previsto por el artículo 29 LOOT, el reparto vertical de competencias al que se hace referencia supone la imposición de importantes tareas a las autoridades ubicadas en los diferentes órdenes territoriales de la Administración Pública (art. 115 CP) para la definición escalonada y concurrencial de la ordenación del territorio por parte de este amplio elenco de actores. El reparto se estructura de la siguiente manera:
1. De la Nación
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegaciones previstas en la presente ley.
2. Del Departamento
a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación[,] con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio ambiente.
3. De los Distritos Especiales
a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
Como se observa, el legislador incluye en la nómina de actores relevantes para la determinación de la ordenación del territorio a los diferentes niveles administrativos reconocidos por la Constitución (arts. 115, 286 y 288), y aun cuando sigue para ello un orden descendente, conforme a la estratificación territorial de la Administración delineada por el mismo texto constitucional (i. e., Nación - departamento - municipio/distrito), no establece una relación de jerarquía entre ellos (similar a la que se postula, p. ej., en materia de orden público por el artículo 296 CP o, en materia de medio ambiente, por el parágrafo del artículo 4.º de la Ley 99 de 1993). Con arreglo al principio de competencia (y no de jerarquía, se repite), la ley asigna a cada uno de los sujetos implicados funciones precisas, agregativas y complementarias. No resulta indiferente ni casual en absoluto a quién se otorga la titularidad de qué competencia, pues ello determina un rol institucional concreto dentro de un complejo ensamble que precisa, para su funcionamiento ideal, del adecuado y sincronizado funcionamiento de todas sus piezas.
Las funciones asignadas a cada nivel político-administrativo territorial tienen que ver, en lo fundamental, con dos criterios: los intereses que gestiona cada instancia y la escala del territorio considerado en cada caso. Así, de una parte, decisiones como las referentes a la defensa y seguridad nacional o al sistema de parques nacionales naturales, ligadas a intereses legalmente confiados al Estado central, están en cabeza de la Nación, mientras que la optimización del uso del suelo es una responsabilidad municipal. De otra parte, la mayor escala o extensión del territorio tomado en consideración determina el alcance y el sentido de la competencia otorgada: a mayor extensión, menor capacidad de adoptar decisiones específicas con sentido prescriptivo concreto. En este orden de ideas, mientras que el municipio puede adoptar el POT, reglamentar de manera específica los usos del suelo o clasificarlo con arreglo a las clases de suelo previstas por la LDU, el departamento queda habilitado para establecer directrices y orientaciones para ordenar el territorio departamental o para orientar la localización de la infraestructura físico-social de forma que se facilite su aprovechamiento a escala regional. A la Nación se le otorga la competencia para dictar lineamientos para el proceso de urbanización y el sistema de ciudades o para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos y la generación de infraestructura social de forma equilibrada en las regiones. Como destacan Galiana y Vinuesa:
… cuanto mayor sea el espacio objeto de atención, la formulación del proyecto territorial adoptará una aproximación más estratégica, definiendo las grandes líneas de acción y con un contenido normativo y vinculante limitado o inexistente. Por el contrario, cuando se trata de actuar sobre territorios más limitados, los criterios territoriales que se desprenden del ejercicio de la ordenación pueden alcanzar un grado de vinculación mucho mayor, con una normativa de obligado cumplimiento por particulares o administraciones […] clara y precisa32.
De esta forma, organizados en un eje vertical, los tres órdenes político-administrativos reconocidos por la Constitución (arts. 115 y 286) quedan legitimados para intervenir en la definición de la ordenación del territorio. Y, aun cuando el sistema está concebido como una estructura estratificada y de construcción secuencial o escalonada, el legislador no fijó el ejercicio previo de la competencia inmediatamente superior como una condición necesaria para accionar las facultades de las instancias inferiores. De modo que bien puede suceder, como de hecho ocurre en la práctica, que se cuente con POT que, por la ausencia de POD o de la definición de lineamientos en asuntos para los cuales la Nación tiene competencia (p. ej., para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos en el territorio nacional), se han expedido a pesar de no contar con los criterios u orientaciones emanados de los niveles superiores del sistema33. Lo contrario supondría un elevado riesgo de parálisis del sistema, demasiado costoso para los trascendentales objetivos sociales, ambientales, económicos, políticos y jurídicos que persigue.
1.2. EL REPARTO HORIZONTAL DE COMPETENCIAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL
Como se ha apuntado ya, en el territorio no solo intervienen las autoridades locales o las administraciones públicas nacionales o departamentales investidas de funciones propias en materia de ordenación territorial. En él confluye también un abultado número de entidades públicas supralocales con los más diversos cometidos sectoriales. Comenzando por las autoridades ambientales, de protección del patrimonio histórico cultural, del litoral, de desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, vivienda, servicios públicos o de riego, pasando por las autoridades de defensa y seguridad, hasta llegar a las responsables de la puesta en funcionamiento de los programas implantados para atender los compromisos del Estado frente al posconflicto, una parte muy importante de las actividades a cargo de la Nación y los departamentos se ejerce con notables repercusiones territoriales.
Dado que por obra de influencias extrajurídicas (i. e., ciencias sociales, biología, economía, etc.) la noción de territorio ha sufrido en la actualidad una transformación notable, los efectos sobre él del ejercicio de dichas competencias sectoriales no pueden ser ignorados. Tampoco se puede partir de una visión formal y compartimentada del territorio, que desconozca que “constituye una unidad espacial, definida por la interacción entre la base natural y los procesos socioeconómicos, las formas de ocupación y el uso del suelo, las demandas por servicios ecosistémicos necesarios para la vida y las actividades urbanas y rurales, así como la mitigación de sus impactos socioambientales”34 (resaltado fuera de texto). Es preciso, pues, reconocer los retos que esta visión más viva y totalizante del territorio plantea al derecho administrativo.
Ciertamente, el territorio es hoy “el centro de la interacción humana”35, “un espacio compartido colectivamente”36, el ámbito en el cual habitan una comunidad y los individuos que la conforman, poseedor de una historia e identidad propias y teatro de una enorme constelación de intereses y relaciones ecológicas, económicas, sociales, culturales y políticas, merecedores de reconocimiento y tutela37. Lejos ha quedado ya la visión plana y formal que de él presentaba la teoría del Estado, que veía en el territorio “el espacio en que el poder del Estado puede desarrollar su actividad específica, o sea, la del poder público”38.
Además de tornar más complejo el desarrollo de la actividad de ordenación del territorio propiamente dicha, toda vez que eleva especiales exigencias de participación ciudadana y de enfoque territorial39, la visión del territorio como una “construcción social”40 plantea asimismo la cuestión de cómo incide una determinada intervención sectorial del Estado en el territorio. A la par, obliga a prestar atención al relacionamiento y la articulación recíproca de las competencias administrativas actuantes en él. Sin una explícita preocupación por su armonización con una determinada política de gestión del territorio, las probabilidades de disfuncionalidades o disonancias se incrementan de manera notable41, resultado no deseable de la complejidad de la Administración Pública en nuestro tiempo42.
En este orden de ideas, siendo uno mismo el ámbito territorial en el cual se despliegan las competencias de las distintas organizaciones administrativas provistas de responsabilidades sectoriales con proyección territorial (i. e., reparto horizontal o intersectorial de tareas públicas), la situación de convergencia de múltiples títulos competenciales en cabeza de diversas autoridades no solo será habitual; será determinante de la forma como se ejercen estas competencias.
Ciertamente, por tener una misma base física (el territorio) caracterizada por una profunda interconexión y una fuerte carga política, ambiental, social y cultural, ellas no podrán ejercitarse sin tener en cuenta sus efectos e implicaciones recíprocas, así como sus repercusiones sobre el territorio, como si su puesta en marcha tuviera lugar en el vacío, en condiciones de laboratorio o en compartimentos estancos. En virtud de esta situación, el calificativo de “exclusivas” que suele acompañar a varias de estas competencias (piénsese, p. ej., en la competencia en materia de defensa, de minería o de hidrocarburos) se relativiza “como consecuencia de la influencia de competencias externas a las mismas, impidiendo su libre ejercicio total”43. Ello será también producto de que su impacto territorial comporta igualmente dicho resultado: se exige visualizar a cada una de esas competencias como “parte de un todo”44. Lejos de suponer que bajo la compleja realidad de interconexión en que operan las competencias con proyección territorial se diluyan u obstruyan las atribuciones competenciales específicas, ello representa, sin duda, una particularidad digna de especial miramiento de las tareas públicas que convergen bajo el muy omnicomprensivo derecho del territorio.
Así, pues, la necesaria articulación de cada competencia con las demás que le circundan y la consideración de sus repercusiones territoriales se impone como una exigencia empírica, política y jurídico-administrativa a la vez; la cual termina por tipificar, además, un rasgo distintivo de las competencias sectoriales que se ejercen con trascendencia territorial. Con todo, en manera alguna dicha peculiaridad podría suponer que las organizaciones administrativas sectoriales resulten alienadas de su capacidad decisoria por las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio. Como tampoco podría traducirse en un impedimento para el despliegue efectivo de estas competencias, con independencia de en cabeza de quién (Nación, departamento, área metropolitana, distrito o municipio) se encuentren radicadas.
Si, como se define en la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983), la ordenación del territorio supone un esfuerzo de síntesis que “debe comprender esencialmente la distribución de la población, de las actividades económicas, del hábitat, de los equipamientos colectivos y de las fuentes de energía; los transportes, el abastecimiento de agua y el saneamiento de las aguas residuales; la eliminación de ruidos y de residuos, la protección del medio ambiente, de las riquezas y recursos naturales, históricos y culturales”, todo ello por medio de la coordinación y cooperación entre los diversos sectores y niveles de decisión, es procedente visualizar este asunto como “un ámbito de acción concurrente de administraciones y competencias”45.
En definitiva, como afirma Agudo González, la ordenación del territorio representa una competencia “que coordina soluciones coherentes en la matriz territorial sobre la que se plasman las decisiones, pero que en ningún caso puede usurpar competencias ajenas”46. En modo alguno podría promoverse un entendimiento de esta responsabilidad que pudiera conllevar “un vaciamiento de las competencias de otras Administraciones asumiendo la regulación detallada de toda actuación con incidencia en el territorio”47. El análisis de la forma como estas competencias se relacionan resulta, así, imperioso.
1.3. LOS CRITERIOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LA MIRÍADA DE COMPETENCIAS CON RELEVANCIA PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
La pluralidad de organizaciones político-administrativas territoriales que de una u otra manera toman parte o inciden en el cuadro general de la ordenación del territorio fuerza a preguntarse por su relacionamiento. La escasa conciencia de la interdependencia que existe entre ellas, la complejidad del mismo sistema previsto por el legislador (producto tanto de su tecnicismo y novedad –para Colombia– como de las falencias de la LOOT al abordar este asunto y omitir dotarlo de un marco jurídico sustantivo y procedimental adecuado48) y la resistencia a comprender la riqueza de modelos posibles de relacionamiento entre las decisiones adoptadas por los distintos órdenes administrativos, no siempre reconducibles al tradicional criterio de la jerarquía, pero tampoco reducibles a la sola idea de concertación, obligan a detenerse en este asunto.
Antes que una organización jerárquica, sujeta a una única o última voluntad capaz de imponerse siempre frente a la de los demás sujetos involucrados, parecería conveniente sacar partido de lo dispuesto por el artículo 288 CP, según el cual “[l]as competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. Sin perjuicio de la eventual necesidad de dotar a determinadas autoridades en ciertos supuestos de una facultad de coordinación unilateral e imperativa49, la complejidad subjetiva del obrar administrativo en la actualidad, así como de la búsqueda de mayores niveles de eficacia en la acción administrativa, parecen sugerir la importancia de una acción combinada de la plantilla de actores implicados de una u otra manera en la ordenación del territorio. La amplitud de sus cometidos y la necesidad de contar con una perspectiva técnica e integral de lo que sucede en el campo, para cuya obtención resulta crucial la complementariedad y especialidad de las distintas visiones en juego, justifican esta aproximación50.
La importancia de una apropiada estrategia de articulación de las numerosas autoridades que toman parte en la ordenación del territorio ha llevado a que, por ejemplo, en Italia se auspicie la idea de un “gobierno del territorio” como un sector particular del derecho, que posibilita la integración de los distintos poderes que gravitan en torno a este asunto51. Este concepto fue llevado al artículo 117 de la Constitución italiana en 2001, donde se le definió como un asunto sujeto a legislación concurrente. Esto supone que “corresponde a las Regiones la potestad de legislar, excepto para la determinación de los principios fundamentales, que se reserva a la legislación del Estado”52. A su vez, en España los problemas en este frente han llevado a que se discuta, por ejemplo, si transitar una senda similar a la italiana, que reconozca al Estado central un título competencial que le permita ejercer un papel relevante en la articulación de las diferentes decisiones que adoptan las diversas autoridades titulares de competencias con trascendencia territorial53, o mejorar la armonización de la acción administrativa sobre la base de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, que ahonde los niveles de coordinación, cooperación y concertación intergubernamental tanto en un sentido horizontal (intersectorial) como vertical (intrasectorial) e incremente los niveles de participación de la ciudadanía en la toma de estas decisiones54.
La forma como se armoniza el ejercicio de la multitud de competencias ejercidas en y sobre el territorio es, pues, decisiva. En Colombia existen reglas particulares sobre este asunto. Toda vez que el relacionamiento será diferente cuando tenga lugar al interior del eje vertical o intrasectorial –que reparte entre los distintos niveles administrativos las tareas propias de la ordenación del territorio– respecto de lo que sucede cuando se produce en el eje horizontal o intersectorial –que convoca una enorme amalgama de sujetos público-administrativos–, cada uno de estos supuestos será examinado por separado.
1.3.1. LA ARTICULACIÓN DE TAREAS ASIGNADAS EN VIRTUD DEL REPARTO VERTICAL DE COMPETENCIAS
La proclamación constitucional de un modelo territorial de Estado unitario descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales (art. 1.º), a las que además se reconoce “autonomía para la gestión de sus intereses” (art. 287), supone dejar atrás, como regla general, el esquema de relaciones de subordinación entre la Nación y las autoridades territoriales, que imperó por tanto tiempo en vigencia de la Constitución de 1886. Esto no significa que esta clase de relaciones hayan sido desterradas de nuestro derecho público (como se ha visto, p. ej., de manera reciente en materia de orden público, el artículo 296 CP explícitamente consagra esta forma de relacionamiento para la gestión de este asunto55-56); tan solo implica que no constituyen la regla general. Por virtud de lo dispuesto por el artículo 288 CP, será el legislador quien determinará en cada caso qué criterios orientan dicha interacción57.
De este modo, aun cuando desde un punto de vista formal el reparto competencial efectuado por el artículo 29 LOOT podría ser objeto de una lectura jerárquica, en cuanto es claro que sigue un orden estratificado y descendente, que va de superior a inferior (partiendo de la Nación, para pasar al departamento y llegar luego al distrito y al municipio, situados en la base del sistema normativo establecido) y parece atender a la escala tradicional imperante entre las autoridades administrativas en función de su nivel territorial, en rigor ello no es así. En cuanto “principio fundamental de organización en las organizaciones centralizadas”58, la jerarquía desconoce o restringe la autonomía59. Pese a sus imprecisiones técnicas, es claro que la LOOT no tuvo nunca entre sus objetivos estatuir un modelo centralizado de ordenación del territorio, opuesto a la garantía constitucional de la autonomía territorial en este campo. Todo lo contrario. Lejos de establecer una relación de subordinación entre los distintos agentes involucrados en los quehaceres de la ordenación del territorio, la norma se limita a asignar distintas competencias a cada uno de ellos. Con esto, si bien se fija un sistema complejo de ordenación territorial multinivel, se excluye la idea de una organización cimentada sobre la base de una pretendida supremacía de la Nación, que llevaría aparejada la correlativa subordinación de los entes territoriales a aquella. En su lugar se implanta un modelo que, aunque piramidal en su forma, opera de manera descentralizada, con altas dosis de autonomía, mediante la atribución de cometidos específicos a cada uno de sus componentes.
Como ha sido destacado por Rincón Córdoba, desde un punto de vista del derecho de la organización, la existencia de verdaderas relaciones administrativas de subordinación presupone (i) una pluralidad de órganos, (ii) con una competencia material coincidente, (iii) organizados en forma piramidal y escalonada; lo cual se traduce en que la competencia de los órganos superiores es comprensiva de la de los inferiores60. Esto posibilita que la voluntad del superior pueda ser impuesta sobre la del inferior en todo, sin restricción alguna. Y este no solo se encuentra sometido de manera integral a lo dispuesto por aquel y tiene la obligación jurídica de acatar las órdenes que le sean impartidas sobre asuntos propios de su resorte, sino que debe también asumir que sus decisiones eventualmente pueden ser revocadas61 o sustituidas62.
Así pues, la ausencia de una relación de subordinación entre las distintas instancias que conforman el sistema multinivel estructurado por el legislador para la ordenación del territorio hace que no sea la jerarquía el criterio que rija las relaciones que se dan al interior del eje vertical en que el legislador ha repartido las diversas responsabilidades propias de esta función pública. Por tanto, la articulación de las competencias de las autoridades administrativas de los distintos niveles que ejercen competencias propias en materia de ordenación del territorio debe sujetarse a los principios de concurrencia, coordinación y complementariedad, tal como lo prescribe el parágrafo 1.º del artículo 29 LOOT. En consecuencia, con arreglo al principio de concurrencia, les corresponde desarrollar “acciones conjuntas en busca de un objeto común […] con respeto de su autonomía” (art. 27.2 LOOT). De otro lado, el principio de coordinación presupone que las autoridades implicadas “deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica” (art. 27.1 LOOT). Finalmente, conforme al principio de complementariedad, podrán valerse de instrumentos convencionales que les permitan completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo” (art. 27.4 LOOT). En suma, a lo largo de este eje de interacción competencial se trenzarán relaciones de tipo cooperativo, que potencian y amplifican la autonomía territorial, y de coordinación, que la limitan razonablemente. Relaciones que, como las de jerarquía y control, la restringen en mayor medida no tendrían, entonces, cabida en este modelo63.
La definición legal de atribuciones precisas para cada ente y la habilitación para entablar relaciones orientadas por los principios de concurrencia, coordinación y complementariedad significa que, en lugar de con arreglo al criterio jerárquico, las eventuales diferencias que surjan entre estas autoridades con ocasión del ejercicio de sus competencias deberán resolverse mediante la aplicación del criterio de la competencia. Por ende, se tendrá la obligación de estar a lo resuelto por otra de las autoridades vinculadas al sistema solo en la medida en que dicha determinación haya sido adoptada en ejercicio de una de sus atribuciones específicas, estando vedada la invasión o usurpación de competencias ajenas64. Esto resulta capital, porque mientras que la aplicación del principio de jerarquía permitiría a las decisiones de las instancias superiores, por la primacía de sus poderes –englobantes de los de los inferiores–, tomar cualquier determinación o desplazar a estos últimos en el ejercicio de sus atribuciones (que serían también parte de las suyas), el principio de competencia excluye esa hipótesis, ya que exige a cada autoridad el respeto al ámbito decisorio concreto que le ha sido conferido65.
Con todo, como se verá en la segunda parte de este escrito, que no exista un vínculo de subordinación entre las entidades territoriales y la Nación en esta materia que dé lugar a una relación de jerarquía administrativa, no significa que en el plano normativo, relativo a las decisiones que se adoptan en ejercicio de las competencias que les han sido reconocidas (p. ej., entre los lineamientos del proceso de urbanización expedidos por la Nación, un POD y un POT), no se pueda hablar de una relación de jerarquía. Ello será, naturalmente, otra clase de jerarquía66 y dependerá, en todo caso, de qué se entiende por tal67 y qué tipo de relacionamiento se advierte entre estos instrumentos, de muy diferente contenido y alcance.
1.3.2. LA ARTICULACIÓN DE TAREAS ASIGNADAS EN VIRTUD DEL REPARTO HORIZONTAL DE COMPETENCIAS
Como quedó visto, la unidad espacial (ecológica, económica, cultural, social y política) del territorio se traduce en una especial exigencia de articulación por parte de las distintas autoridades que ejercen sus competencias sectoriales con trascendencia o implicaciones territoriales. La independencia sectorial o la autonomía administrativa que pueda poseer cada una de estas agencias no podría servir de pretexto para sustraerse de dicho requerimiento. En definitiva, el territorio debe ser visto como “el elemento integrador y estructurante de los objetivos y políticas públicas, al igual que de la acción y gestión que sobre él ejercen los actores sociales y económicos”68.
Con todo, la escasa técnica del legislador nacional (tanto en general69 como en el caso particular de la ordenación del territorio70) y las vacilaciones inherentes a la puesta en funcionamiento del modelo territorial unitario descentralizado con autonomía de sus entidades descentralizadas consagrado por la Constitución 1991[71] hacen que dicha tarea no resulte sencilla. Las dudas sobre el alcance concreto de las competencias administrativas y sobre lo que en particular supone el mandato de coordinación del artículo 209 CP ensombrecen aún más el panorama. A los frecuentes traslapes competenciales se suman la falta de una cultura de coordinación interadministrativa72 y el desconocimiento de los mecanismos por medio de los cuales opera, o incluso los vacíos legales existentes al respecto73. Lo que es claro, en todo caso, es que, con ocasión de los recurrentes solapamientos y yuxtaposiciones de las distintas competencias en juego, los conflictos serán habituales. Y, tal como se mencionó líneas atrás, estos no podrán conducir a la arbitrariedad, a la descoordinación ni al vaciamiento de las competencias a cargo de las distintas autoridades que confluyen en el territorio para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Así, si bien, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 5.º de la Ley 489 de 1998, “[l]os organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo”, no cabe duda de que por virtud del carácter interconectado del territorio, la imposibilidad de aislar en la práctica los efectos de una determinación sobre la otra y la larga lista de inconvenientes atrás señalada, las superposiciones y colisiones serán inevitables. No obstante, estas dificultades bien pueden ser superadas mediante la aplicación de correctivos adoptados por las autoridades dando aplicación a los principios que ha contemplado la ley como fórmula para asegurar la coherencia de la acción administrativa.
En efecto, como lo prevé el mismo artículo 5.º de la Ley 489 de 1998, los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad “deben ser observados en el señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos”. Además, en su artículo 6.º dicha ley hace mención de los principios de coordinación y colaboración como preceptos que imponen a las autoridades administrativas “garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. Así entonces, el seguimiento de estos principios debe permitir afinar y precaver las disonancias que podrían resultar de una aplicación no articulada de las reglas de competencia, todo ello con miras a alcanzar una concatenación adecuada en el obrar administrativo que tiene lugar en un territorio concreto.
Esto significa que, en el eje horizontal de reparto de tareas públicas convergentes en el territorio, el acople de las numerosas competencias intersectoriales en juego será producto de la aplicación de los principios de colaboración, coordinación, concurrencia y subsidiariedad que postula la Ley 489 de 1998, en línea con lo dispuesto por los artículos 113 y 288 CP. La jurisprudencia constitucional se ha referido principalmente a los tres últimos, enunciados por el artículo 288 CP, y les ha dado el siguiente alcance:
El principio de concurrencia parte de la consideración de que, en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de los distintos niveles de la Administración. Ello implica, en primer lugar, un criterio de distribución de competencias conforme al cual las mismas deben atribuirse a distintos órganos, de manera que se garantice el objeto propio de la acción estatal, sin que sea posible la exclusión de entidades que, en razón de la materia[,] estén llamadas a participar. De este principio, por otra parte, se deriva también un mandato conforme al cual las distintas instancias del Estado deben actuar allí donde su presencia sea necesaria para la adecuada satisfacción de sus fines, sin que puedan sustraerse de esa responsabilidad.
El principio de coordinación, a su vez, tiene como presupuesto la existencia de competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado, lo cual impone que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la acción estatal. Esa coordinación debe darse desde el momento mismo de la asignación de competencias y tiene su manifestación más clara en la fase de ejecución de las mismas.
El principio de subsidiariedad, finalmente, corresponde a un criterio, tanto para la distribución […] como para el ejercicio de las competencias. Desde una perspectiva positiva significa que la intervención del Estado, y la correspondiente atribución de competencias, debe realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, lo cual es expresión del principio democrático y un criterio de racionalización administrativa, en la medida en que son esas autoridades las que mejor conocen los requerimientos ciudadanos. A su vez, en su dimensión negativa, el principio de subsidiariedad significa que las autoridades de mayor nivel de centralización sólo pueden intervenir en los asuntos propios de las instancias inferiores cuando éstas se muestren incapaces o sean ineficientes para llevar a cabo sus responsabilidades74.
El juego de estos principios permite formular tres grandes conclusiones: en primer lugar, que también en el eje horizontal se encuentran excluidas las relaciones de subordinación propias de los esquemas centralizados. Puesto que las distintas competencias que se ejercen en el territorio (i) afectan de un modo u otro la autonomía local y la facultad territorial de ordenar los usos del suelo y (ii) envuelven intereses públicos igualmente merecedores de tutela jurídica, a cargo de distintas instancias administrativas (a veces a cargo de la Nación, otras del departamento, otras del municipio, y en ocasiones en cabeza de todos a la vez) no sujetas a una relación de subordinación entre sí, resulta difícil establecer entre ellos una jerarquía fija e invariable. Por ende, queda excluida la posibilidad de otorgar primacía absoluta a uno de tales intereses y, lo que es lo mismo, privilegiar a una competencia y a la autoridad que la detenta, por encima de las demás.
En este orden de ideas, siendo inocultable la vocación integradora y de coordinación de la competencia local de ordenación del territorio75, no se puede pasar por alto que, en últimas, ella representa una competencia sectorial más. De ahí que aun cuando resulte complejo en la práctica encontrar un equilibrio entre un condicionamiento local excesivo de las decisiones sectoriales (supramunicipales) con incidencia territorial (v. gr., infraestructura de transporte, penitenciaria o de defensa, minería o desarrollo rural), y su sometimiento desmedido a estas, ello resulta imperioso76. De la misma forma en que las exigencias de coordinación no pueden suponer que el ejercicio autónomo de las competencias locales en este campo dé al traste con la autonomía funcional propia del ejercicio de las responsabilidades sectoriales a cargo otras instancias administrativas (ejercicio ultra vires de la competencia local), tampoco podrían sacrificar la autonomía ni el ámbito decisor que le es inherente en pro de un ejercicio integral y coordinado de las decisiones locales con los intereses superiores que confluyen en el territorio (ejercicio infra vires de la competencia local).
En segundo lugar, y dado que en el eje horizontal o de reparto intersectorial los conflictos de competencias se deben resolver con arreglo a los principios que contemplan el artículo 288 CP y los artículo 5.º y 6.º de la Ley 489 de 1998, resulta procedente la definición tanto de relaciones de cooperación (ancladas, como se vio en el apartado anterior, en los principios de concurrencia, coordinación y colaboración) como de coordinación (apuntaladas en el principio del mismo nombre y en el de concurrencia). Mientras que las primeras se caracterizan por su carácter bilateral y voluntario, las segundas tienen como rasgos fundamentales la unilateralidad y la obligatoriedad77. Esto resulta primordial, toda vez que abre la posibilidad de que eventualmente, a falta de acuerdo, el conflicto se resuelva por vía de la imposición unilateral y vinculante de la decisión de una de las autoridades enfrentadas78. Cuál de ellas detenta dicho poder es una determinación que le corresponde al legislador. Si bien este proceder supone una limitación a la autonomía territorial, nada lo impide en tanto atienda a las exigencias de legalidad, proporcionalidad y respeto al núcleo esencial de dicha autonomía, fijadas por la jurisprudencia constitucional79. No puede olvidarse que, según el mandato expreso del constituyente, “[l]as entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses […] dentro de los límites de la Constitución y la ley” (art. 287). Por ende, el reconocimiento a los entes locales de la facultad de ordenar el territorio no puede suponer la negación o la supresión de las competencias que el propio ordenamiento jurídico ha confiado a otras instancias administrativas80. Lo primordial a efectos de asegurar la plena compatibilidad de la competencia de coordinación con el principio de autonomía territorial es asumir que mediante su ejercicio no es posible alterar la distribución competencial, “por lo que no se permite con ella el traslado de la competencia material del coordinado al sujeto coordinante o a un tercero”81. De este modo, el “vaciamiento competencial” del coordinado dirigido al “fortalecimiento competencial” del coordinante se encuentra excluido82. Antes que el desplazamiento integral del sujeto coordinado por el sujeto coordinante, lo propio de esta competencia es la atribución al segundo de un poder de dirección o incidencia sobre la manera como el primero ejerce la responsabilidad a su cargo83. Puesto que dicha orientación debe limitar pero no estrangular o anular la autonomía del ente territorial, debe respetar siempre un margen de apreciación o discrecionalidad por parte de este último en el cumplimiento de su tarea. Así, antes que habilitar la desposesión o alienación de las competencias locales, la función de coordinación (y las correlativas relaciones de coordinación que engendra) apunta a asegurar su alineación y coherencia al interior del obrar de la Administración Pública, entendida como unidad institucional al servicio de unos fines superiores.
Por último, y directamente ligado con las dos conclusiones anteriores, se tiene que, ante la imposibilidad de jerarquizar de una vez y para siempre los intereses en conflicto, es preciso ponderar los bienes jurídicos en colisión84. Ello podrá tener lugar en sede de una relación de cooperación o de una relación de coordinación. En el primer evento dicha ponderación deberá darse en concreto y en el marco de los acuerdos o fórmulas de colaboración convenidos por los sujetos implicados en la relación entablada. En el segundo supuesto, en cambio, dada la base legal que precisa, la labor de sopesar los intereses en contienda corresponderá al legislador y se realizará, por tanto, en abstracto. En todo caso, sea cual sea el escenario, por estar de por medio la eficacia del principio de autonomía territorial, el ejercicio de ponderación que se lleve a cabo debe apuntar a la óptima realización de los intereses contrapuestos. Ello supone, más que la sola preocupación por arribar a un resultado ponderado (rectius, producto de la identificación de las variables en conflicto, que sopese cada uno de dichos intereses y se traduzca en la limitación de uno de ellos en la medida justificada por la importancia del objetivo alcanzado), obrar conforme al principio de concordancia práctica, esto es, procurar el máximo grado de realización de cada uno85.
En síntesis, las relaciones intersectoriales entre competencias ejercidas en el territorio podrán sustanciarse en vínculos horizontales, apoyados en los principios de concurrencia, coordinación y colaboración (i. e., relaciones de cooperación), o en vínculos verticales, respetuosos de la autonomía territorial, que aun cuando limiten la capacidad de gestión autónoma de los entes territoriales, desarrollan de forma óptima los principios de concurrencia y coordinación y permitan asegurar la alineación, coherencia y efectividad en el actuar de la Administración Pública como conjunto institucional (i. e., relaciones de coordinación).
2. LA MARAÑA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SU NECESARIA COORDINACIÓN
Tal como se ha mencionado ya a lo largo de este escrito, a los problemas derivados de la articulación del cúmulo de autoridades que confluyen sobre el territorio local para ejercer sus competencias (ya sea al interior del campo mismo de la ordenación del territorio –rectius, eje vertical o de reparto intrasectorial de tareas– o al servicio de cualquiera de las múltiples responsabilidades sectoriales con repercusiones territoriales que abundan en la actualidad –i. e., eje horizontal o de reparto intersectorial de tareas–) se suman los originados en la plétora de proyectos, programas e instrumentos de planificación de la acción administrativa, aprovechamiento de recursos o gestión de bienes llamados a ser aplicados en el territorio. La preocupación por una administración sostenible, eficaz y eficiente de los recursos públicos, de los recursos naturales y de los bienes públicos explica esta profusión. Como apunta Parejo Alfonso, su razón de ser no es otra que asegurar “el cumplimiento de ciertos objetivos”86. Por este motivo su uso es habitual en ámbitos requeridos de la definición de estrategias, racionalización del aprovechamiento de recursos, programación de decisiones futuras y consecución de metas concretas87.
Así, además de los muy conocidos planes en materia de ordenación del territorio (POD y POT), también figuran otros planes sectoriales en campos tan variados como las infraestructuras (de transporte88, puertos89, aeropuertos90 o de servicios públicos91), el medio ambiente (áreas protegidas92, recursos hídricos93, costas94 y la lucha contra el cambio climático95), la prevención de desastres96, la minería97, la energía98, los bienes de interés cultural99, la ordenación social100 y productiva101 de la propiedad rural, el turismo102 y, entre otros, la transformación de las zonas afectadas por el conflicto103.
A ello se agrega, además, una notable pluralidad de formas de ordenación territorial de tipo sectorial, que suelen llevar aparejada la aprobación de instrumentos de planificación y algún grado (mayor o menor, según el ámbito sectorial respectivo) de ordenación territorial. Es, por ejemplo, el caso de las áreas protegidas en materia ambiental, que suponen la delimitación, designación, regulación y administración de una zona del territorio con fines específicos de conservación104; los páramos, en tanto que ecosistemas estratégicos105; las Zonas de Reserva Campesina106 (ZRC), las Zonas de Desarrollo Empresarial107 (ZDE) y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social108 (ZIDRES) en materia de derecho agrario, con propósitos específicos de promoción de modelos de explotación agrícola diferentes (en lo jurídico, económico, ecológico, tecnológico, cultural y social); las Zonas Estratégicas de Intervención Integral109, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización110, así como los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación111 (ETCR) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto112 (ZOMAC), en materia de orden público; las Áreas de Desarrollo Naranja113 (ADN), las Zonas Económicas y Sociales Especiales114 (ZESE) y las Zonas Francas (ZF)115, en materia de promoción del desarrollo económico.
A este panorama de sobrecarga instrumental se añade la profusión de instrumentos concretos, fundamentales para el logro de cometidos sectoriales de trascendencia nacional, como los Proyectos Turísticos Especiales116 (PTE), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos117 (PNIS), los Macroproyectos de Interés Social Nacional118 (MISN), los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico119 (PINE) y, entre otros, los Proyectos de Adecuación de Tierras120 (PADT).
Finalmente, debe también mencionarse el abundante número de planes y proyectos sectoriales de orden municipal que de uno u otro modo interactúan igualmente con las disposiciones del POT. Comenzando por el plan municipal de desarrollo121, pasando por planes municipales de obras aprobados por el concejo municipal, hasta llegar a planes maestros, planes parciales y unidades de planeación rural, adoptados mediante decreto del alcalde local, el derecho local evidencia también un recurso intensivo a esta clase de instrumentos.
Esta multitud de instrumentos eleva significativamente los riesgos de desarticulación conceptual y de funcionamiento desacoplado de los numerosos actores implicados en su puesta en marcha. De ahí que la definición de criterios claros de interacción y la articulación de todos de ellos entre sí, en general, y en particular con las disposiciones del POT, resulte fundamental. Sin embargo, pese a su importancia, no es este un asunto al que el legislador suela prestar especial atención. Fruto de esta situación surgen múltiples interrogantes en relación con la supra o subordinación de un plan o proyecto respecto de otro, o con la obligación jurídica de concertar el contenido de un instrumento con el de otro. Este panorama de incertidumbre se agrava por la indeterminación y ambigüedad de muchas de las disposiciones expedidas en esta materia, cuya redacción abierta suele prestarse para discusiones en torno al alcance específico de las atribuciones conferidas.
Toda vez que el alcance de la autonomía territorial, tanto como el régimen general de ejercicio de las funciones públicas y de las competencias a cargo de los entes territoriales, se encuentra en manos del legislador (arts. 150.23 y 287 CP), la cuestión de cómo se articula en su interior la enorme masa de instrumentos proferidos por las autoridades titulares de competencias con repercusiones territoriales corresponde fundamentalmente a la ley. Con todo, se trata de una determinación que ha de ser adoptada de forma respetuosa de la autonomía territorial, y que debe apuntar al desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos por el artículo 288 CP. El desconocimiento de estos principios o de la garantía constitucional de la autonomía territorial puede conllevar la inconstitucionalidad de la ley122.
A pesar de las dificultades que envuelve, debido a los vacíos y a la ausencia de criterios legales claros al respecto, el análisis sistemático de la regulación vigente en este campo posibilita identificar al menos tres grupos de decisiones administrativas o instrumentos, así: los instrumentos a los que se somete el POT (2.1), los instrumentos sometidos al POT (2.2) y los instrumentos llamados a ser objeto de una concertación entre autoridades (2.3).
2.1. LOS INSTRUMENTOS A LOS QUE SE SOMETE EL POT
Aunque, como quedó visto, la proclamación constitucional del principio y de la garantía constitucional de la autonomía de las entidades territoriales representa la exclusión de las relaciones de subordinación como criterio general de relacionamiento entre la Nación y las autoridades locales, ello no supone una equiparación de los intereses territoriales y nacionales en todos los casos. No todo está llamado a ser objeto de una concertación en pie de igualdad. De manera eventual la confluencia en el territorio local de algunos intereses nacionales o departamentales distintos a los locales puede dar lugar a que se reconozca por el legislador la primacía de aquellos sobre estos. Ello se traduce en la preponderancia sobre el POT del instrumento administrativo que envuelve y desarrolla el interés supralocal prevalente. Se tratará, por tanto, de un instrumento administrativo al cual el POT debe someterse.
En estos eventos, en todo caso, la legitimación de dicha determinación del legislador presupone que se esté ante intereses públicos superiores, provistos de una magnitud o entidad tal que justifiquen la restricción que por esta vía se impone a la autonomía local. En últimas, como ha sido destacado por la Corte Constitucional, la constitucionalidad de esta clase de limitaciones a la autonomía territorial dependerá de las competencias o funciones que se restringen, del grado de condicionamiento que se les impone y del peso de las razones sobre las cuales se sustentan123.
La legislación de ordenación del territorio ha denominado a estos instrumentos prevalentes “determinantes del POT”. Previstos inicialmente por el artículo 10 LDU para un puñado de asuntos (medio ambiente, protección del patrimonio histórico cultural, prevención de riesgos, infraestructura de transporte y de servicios públicos domiciliarios y asuntos metropolitanos), su número ha ido creciendo progresivamente de la mano de una legislación sectorial cada vez más consciente de la importancia y carácter estratégico de esta figura.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 10 LDU, los determinantes “constituyen normas de superior jerarquía” y como tal deben ser tenidos en cuenta forzosamente por el POT, so pena de su invalidez124. Según ha remarcado el Consejo de Estado, representan “aspectos de interés social y general para la sociedad colombiana”125 y su consagración “no hace más que explicitar la primacía de la voluntad del legislador y la consecuente relación de subordinación a ésta, así como la coordinación y previsión o planeación que el ordenamiento jurídico, en especial el precitado artículo 10, le impone a los municipios y distritos para la elaboración de sus respectivos planes de ordenamiento territorial”126. Ellos suponen, entonces, el ejercicio del poder legal de delimitación del ámbito de las competencias de las entidades territoriales y de fijación de criterios relevantes para su ejercicio (art. 287 CP). En consecuencia, solo la ley pueda reconocer que un determinado instrumento administrativo concebido para la promoción, garantía y tutela de un interés supramunicipal específico tenga la calidad de determinante del POT127.
Conforme a su construcción legal, los determinantes engloban decisiones de distinto rango (políticas, directrices, reglamentos, resoluciones, etc.), contenido (normas, planes, instrucciones, proyectos, programas y medidas) y origen (Nación y departamentos), que envuelven intereses colectivos o institucionales de escala supralocal128. Su reconocimiento por el legislador permite garantizar la alineación y coherencia de las actuaciones de las distintas autoridades implicadas en la ordenación del territorio o a cargo de competencias con repercusiones territoriales importantes129. Y, a la par que reflejan el carácter eminentemente concurrencial de este ámbito130, evidencian que la competencia urbanística otorgada a los municipios por la misma Constitución “no puede truncar el desarrollo de empresas de interés más amplio”131. Son, en rigor, una figura óptima para canalizar relaciones de coordinación, en los términos en que ello fue expuesto con anterioridad (i. e., expedición unilateral de criterios vinculantes en ejercicio de una facultad legal).
Como se mencionó líneas atrás, inicialmente el artículo 10 LDU calificó como determinantes del POT a un reducido grupo de instrumentos y decisiones emanados del ejercicio de competencias ligadas a intereses de nítida trascendencia supramunicipal, en relación con los cuales la necesidad de coordinación es manifiesta. Originalmente el legislador atribuyó el título de determinantes del POT a las directrices, normas, políticas, reglamentos, planes y demás instrumentos administrativos relacionados con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales (num. 1); a las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente (num. 2); a las decisiones relativas al señalamiento y localización de las infraestructuras básicas en materia de infraestructura de la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía; a las directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia (num. 3); y a los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como a las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente132 (num. 4).
No obstante, lo limitado del listado original de determinantes y la importancia estratégica de esta figura para el desarrollo de proyectos de interés supralocal ha llevado a que en estos últimos años se haya ampliado el número de determinantes señalados por la ley. Así por ejemplo, y en relación con la necesidad de tomar en consideración las decisiones de la Nación sobre el uso del suelo rural con fines agrícolas, el artículo 3.º de la Ley 1551 de 2012 (“por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”) establece en su numeral 9 que es función de los entes locales formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial “teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural”133. La Ley 1523 de 2012 (“por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres y se dictan otras disposiciones”) contiene también disposiciones de esta clase. Lo previsto en su artículo 41, en virtud del cual se dispone que los organismos nacionales, regionales, departamentales, distritales y municipales de planificación deben seguir las orientaciones y directrices señaladas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y contemplar las disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia, es otro ejemplo de ello. Aunque declarado inexequible por la Corte Constitucional134, lo dispuesto por el artículo 4.º de la Ley 1776 de 2016, que al establecer el régimen jurídico de las ZIDRES habilitó a la UPRA para definir el uso actual y potencial del suelo, ordenar las zonas geográficas de acuerdo con sus características biofísicas, hidrológicas, sus condiciones económicas, sociales y de infraestructura, y definir los lineamientos, criterios y parámetros necesarios, “que deben ser considerados para la elaboración de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial en las zonas rurales de los municipios”, también ilustra el mismo fenómeno. Igualmente sucede con la Ley 1930 de 2018 (“por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”), cuyo artículo 9.º confiere el carácter de determinante del POT tanto a la delimitación como al “plan de manejo ambiental” de los páramos declarados por las autoridades respectivas. Lo dispuesto por el artículo 264 de la Ley 1955 de 2019 (por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”) en relación con los “proyectos turísticos especiales” y la ejecución de su infraestructura, que “constituyen determinante de superior jerarquía en los términos del artículo10de la Ley 388 de 1997”, se suma a este bloque de normas.
La tendencia a la expansión de los determinantes del POT también evidencia casos de problemática ambigüedad y falta de técnica por parte del legislador respecto de si un determinado instrumento tiene o no dicha calidad. Así, por ejemplo, la Ley 1931 de 2018 (“por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”) en su artículo 9.º señala que “[l]as autoridades municipales y distritales deberán incorporar dentro de sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, la gestión del cambio climático teniendo como referencia los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales de su departamento y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales”; una redacción que siembra la duda sobre si a los instrumentos emanados de los ministerios y departamentos les corresponde o no el carácter de determinantes del POT135. Las implicaciones de esta falta de técnica del legislador no son baladíes, dado que, como se apreciará líneas abajo, solo los determinantes puede ser catalogados “normas de superior jerarquía”. Por ende, solo respecto de ellos el sometimiento por parte del POT es forzoso.
De otro lado, y con miras a consolidar un modelo multinivel de ordenación del territorio que supere la perspectiva puramente localista de la LDU (derivada de la sentencia C-795 de 2000) y ofrezca una visión más integral del territorio, la LOOT ha atribuido a la Nación y a los departamentos nuevas competencias en materia de ordenación del territorio. Como quedó visto, su ejercicio se traduce en la expedición de un conjunto de instrumentos y determinaciones a los que es plausible asimilar en sus efectos a los determinantes del POT. Aunque la LOOT no es expresa en atribuir este calificativo a estas decisiones, no cabe duda de que en aras de asegurar la efectividad del complejo sistema de ordenación del territorio establecido es preciso acordarles un efecto vinculante análogo al de los determinantes previstos por el artículo 10 LDU. Entre las competencias atribuidas a la Nación se destacan las de localizar grandes proyectos de infraestructura, determinar las áreas limitadas en su uso por razones de seguridad y defensa, y definir los lineamientos del proceso de urbanización y sistema de ciudades (art. 29 num. 1). Igualmente se debe resaltar la facultad de los departamentos para establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, definir políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, y orientar la localización de la infraestructura físico-social con el fin de aprovechar mejor las ventajas competitivas regionales y promover la equidad en el desarrollo municipal (art. 29 num. 2).
La superior jerarquía normativa que se reconoce a los instrumentos administrativos legalmente calificados como determinantes del POT y a los emanados de las instancias supralocales del sistema multinivel de ordenación del territorio no expresa una relación jerárquica o de subordinación del municipio respecto de las autoridades que detentan las competencias para adoptar dichos instrumentos. De un lado, como quedó visto en la primera parte de este escrito, dicha relación es inexistente en asuntos relativos a la ordenación del territorio o materias conexas. De otro, dicha jerarquía resulta característica de un ordenamiento jurídico moderno como el colombiano. Como afirma Guastini, por su complejidad y amplitud es habitual “que las normas que lo componen no estén todas sobre el mismo plano, [sino] que estén jerárquicamente ordenadas”136. En este caso, puesto que la validez del POT se puede ver comprometida si desconoce las normas, los lineamientos, las instrucciones o previsiones de los determinantes, se está ante un supuesto de jerarquía normativa material o sustancial137. Es, pues, una relación estrictamente jurídica, de la cual no pueden derivarse jerarquías políticas ni administrativas138.
Aun cuando, por ser parte de un mismo sub-sistema normativo (el de la ordenación territorial) organizado de manera estratificada, se podría afirmar que los instrumentos adoptados por la Nación y los departamentos en este campo específico se encuentran supraordenados al POT, ello no se podría sostener rigurosamente de los determinantes fijados por el legislador. En relación con estos últimos se presenta apenas la relación de jerarquía jurídica material o sustancial apuntada, en atención a las competencias que se ejercen y a la necesidad de coordinación y cohesión interna de las actuaciones de las distintas organizaciones por medio de las cuales el Estado atiende sus fines.
En todo caso, debido a la inexistencia de una relación de subordinación administrativa o política, no es procedente entender que en un hipotético conflicto entre las disposiciones del POT y el contenido de los determinantes debe razonarse con base en el criterio jerárquico. Esto significa que las eventuales diferencias que surjan entre estos instrumentos deberán resolverse mediante la aplicación del criterio de la competencia. En consecuencia, se tendrá la obligación de estar a lo resuelto por el determinante si, y solo si, este ha sido adoptado en el marco de la competencia específica en cabeza de la autoridad que lo expida. Puesto que la invasión y la usurpación de competencias ajenas están vedadas, no otro puede ser el criterio para la resolución de los eventuales diferendos. Excluir la aplicación del principio de jerarquía supone que de ninguna manera resulta admisible que las decisiones de las instancias superiores, so pretexto de la primacía de sus poderes, tomen determinaciones ultra vires o que desplacen a los niveles inferiores en el ejercicio de sus atribuciones139. No podría entonces validarse que la Nación, al amparo de la superior jerarquía (jurídica) de las políticas que dicta en materia de ordenación del territorio, clasificara el suelo local o pudiera dictar normas urbanísticas concretas para un determinado territorio, por ser esta una atribución propia del POT.
Solo de manera excepcional (y de forma constitucionalmente discutible), por expresa disposición del legislador, los determinantes derivados de los planes de manejo de las áreas protegidas (arts. 5.18 y 31.16 de la Ley 99 de 1993) y de los planes especiales de manejo y protección (PEMP) de bienes de interés cultural (art. 7.º de la Ley 1185 de 2008) suponen una total asunción por la instancia supralocal de la labor de reglamentación de los usos del suelo. Con ello se rompe el postulado atrás expresado, según el cual lo propio de las relaciones de coordinación es la atribución al ente coordinador de un poder de dirección o incidencia sobre la manera como el coordinado ejerce la responsabilidad a su cargo, sin que ello pueda traducirse en el “vaciamiento competencial” del coordinado, ni en el “fortalecimiento competencial” del coordinante140. No obstante, la jurisprudencia que se ha pronunciado al respecto no ha encontrado nada anómalo en ello.
Así se evidencia, por ejemplo, en el auto del 29 de octubre de 2014, por medio del cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto positivo de competencias entre el Municipio de Cali y el Ministerio de Cultura, con ocasión de la expedición del PEMP de la Plaza de Toros de Cañaveralejo. Este instrumento contemplaba la modificación de los usos de suelo previstos en el POT para autorizar la construcción de un centro comercial en la zona de parqueaderos y dio lugar a que el Concejo Municipal de la ciudad planteara el conflicto de competencias. Sin detenerse a examinar las particularidades de las relaciones de coordinación en general, ni de esta en particular, con base en el reparto legal efectuado por la Ley 1185 de 2008, la Sala de Consulta concluyó el proceso declarando competente al Ministerio de Cultura “para adoptar los aspectos relativos al uso del suelo, dentro del Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP–, que en ejercicio de sus competencias y bajo el principio de coordinación con las autoridades competentes del Municipio de Santiago de Cali, decida adoptar para la Plaza de Toros Cañaveralejo, ubicada en ese municipio, dada la condición de Bien de Interés Cultural de la Nación que tiene dicha Plaza de Toros”141. Aunque se estableció la necesidad de coordinación entre las autoridades implicadas, no se examinó el eventual exceso por parte del legislador al configurar dicha competencia coordinadora en cabeza del Ministerio. En últimas, no se puede desconocer que (i) “la función de reglamentar los usos del suelo asignada a los municipios, es una expresión de la descentralización territorial, y un corolario de la autonomía otorgada por la Constitución a las entidades territoriales”142, ni que (ii) por más amplia que sea la libertad de configuración del legislador en este frente, “no puede anular el contenido específico del principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio”143.
2.2. LOS INSTRUMENTOS SOMETIDOS AL POT
La valoración de la gran masa de instrumentos administrativos que ordenan y planifican actuaciones administrativas sobre el territorio permite diferenciar entre los instrumentos supramunicipales (2.2.1) y los instrumentos locales (2.2.2) sometidos al POT.
2.2.1. INSTRUMENTOS SUPRALOCALES SOMETIDOS JURÍDICAMENTE AL POT
Del mismo modo que el legislador, en ejercicio de su facultad de delimitación de las competencias públicas en general y de las entidades territoriales en particular (arts. 150 num. 23 y 287 CP), puede estatuir la primacía de los intereses supramunicipales que confluyen sobre el territorio local, también puede resolver lo contrario. En tal caso, por mandato legal se dispone que una determinada actuación de una organización o entidad vinculada al orden nacional o departamental debe sujetarse a las reglas del POT.
Es lo que sucede, por ejemplo, con el establecimiento de zonas francas. Estas áreas, cuya delimitación es aprobada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (art. 2.º del Decreto Orgánico 1289 de 2015) para el desarrollo de actividades industriales de bienes y de servicios, o de actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, precisan, según las reglas fijadas por normatividad vigente, “[a]creditar que el proyecto a desarrollar esté acorde con el plan de desarrollo municipal o distrital, y que el uso del suelo está permitido para tal propósito” (art. 26.8 del Decreto 2147 de 2016). Por tanto, no observar las reglas del POT impide el avance del proceso de declaración de la zona franca o puede comprometer la legalidad de dicha determinación.
Otro caso análogo es el de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, reglados por el Decreto Ley 902 de 2017. De acuerdo con lo previsto por el artículo 44.6 de esta norma, la formulación de estos planes por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presupone tener en cuenta la “[i]dentificación de zonas que constituyan restricciones y condicionantes para el ordenamiento territorial”. Ello remite al instrumento de ordenación territorial local, que en consecuencia entra a operar como un marco para las determinaciones de ordenamiento social de la propiedad rural que se proyecta adoptar.
También se encuentran legalmente sometidos al POT los macroproyectos de interés social nacional de categoría 1, anunciados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y reglados por la Ley 1469 de 2011. De conformidad con lo indicado por el artículo 4.º de esta ley, en ellos la definición de los términos y las condiciones de gestión y ejecución del proyecto deberá efectuarse con arreglo a las normas urbanísticas del POT vigente. Y precisa que “[c]on la adopción de estos macroproyectos, en ningún caso, podrán modificarse las disposiciones del respectivo plan de ordenamiento territorial vigente”. Su sujeción al POT es, pues, plena.
Como es evidente, y tal como se indicó en el apartado anterior, la supremacía jurídica que así se reconoce a las disposiciones del POT en absoluto supone una relación de subordinación política o administrativa entre la autoridad que expide el instrumento supeditado al POT y el municipio. Se trata, nuevamente, de una jerarquía material o sustantiva, estrictamente encuadrada en el marco de las precisas competencias legales atribuidas a cada órgano. Dicha jerarquía resulta crucial para el funcionamiento adecuado del sistema jurídico y del complejo conglomerado de organizaciones que ejercen sus competencias sobre el territorio. De un lado, resulta expresiva del carácter estratificado o jerárquico de nuestro ordenamiento normativo, de manera que el desconocimiento de las previsiones del POT puede dar lugar a la invalidación del instrumento expedido. De otro, refleja la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes actores que confluyen en el territorio, para lo cual, como se ha argumentado extensamente en este escrito, las relaciones de coordinación (resueltas en una decisión unilateral y vinculante) representan una alternativa valiosa.
También aquí impera el principio de competencia, de suerte que las eventuales colisiones entre las determinaciones del POT y las estrictamente correspondientes a los instrumentos sectoriales subordinados a él deben resolverse a partir de la consideración estricta del ámbito competencial de cada una de las entidades en contienda. No puede olvidarse que, en todo caso, la ordenación del territorio local representa una competencia sectorial más. Por ende, no puede más que ejercerse dentro de los confines señalados por la ley. La permanente yuxtaposición e imbricación material de las competencias en juego, el carácter borroso de muchas de las facultades atribuidas por la ley y los eventuales excesos de algunas autoridades locales en su ejercicio están en la base de esta clase de conflictos. Como ha sido destacado por Agudo González, no hay duda de que la puesta en marcha de esta competencia “no puede conllevar un vaciamiento de las competencias de otras administraciones asumiendo la regulación detallada de toda actuación con incidencia en el territorio”144. So pretexto de ordenar su territorio y ejercer las competencias que le han sido atribuidas por la LOOT y la LDU, el municipio no podría usurpar las competencias de otras autoridades funcional y orgánicamente diferenciadas.
2.2.2. INSTRUMENTOS LOCALES SOMETIDOS AL POT
El propio ámbito local constituye el escenario natural de expedición de instrumentos sometidos al POT; algunos de ellos, como se verá, propiamente subordinados a él. Esto tiene lugar tanto en desarrollo de las disposiciones mismas de este instrumento como con ocasión de otras competencias sectoriales a cargo del municipio. Así, la previsión legal de instrumentos de planificación territorial intermedia o derivada, como los planes parciales145, las unidades de planeación rural146 o los planes maestros147, tiene como finalidad específica desarrollar y complementar las disposiciones del POT. Son, entonces, instrumentos derivados, en tanto presuponen la existencia de la norma a la que se encuentran subordinados, y ejecutivos, por cuanto buscan poner en marcha disposiciones generales de aquella148. Frente a ellos, la supremacía del POT es total.
Debido a esta condición, esta clase de instrumentos no solo se encuentran vinculados positivamente a las disposiciones del POT, que deben desarrollar y particularizar con miras a posibilitar la ejecución de un determinado programa, proyecto u obra, con una perspectiva territorial y funcional más de detalle; sino que también se hallan sujetos a aquellas desde una perspectiva negativa, en virtud de la cual se impone una tajante restricción al contenido de estos instrumentos: por su naturaleza secundaria o derivada, tienen vedado modificar la clasificación del suelo, así como las determinaciones y demás normas urbanísticas adoptadas por el POT, norma que desarrollan y complementan149.
La relación entre el POT y los instrumentos de planificación derivada es estrictamente jerárquica. Se trata de una supraordenación y subordinación jurídica en toda regla, derivada del carácter estratificado o multinivel del subsistema normativo de la ordenación del territorio. El POT, adoptado mediante acuerdo municipal, de ordinario estará contenido en una fuente de mayor rango que los decretos por medio de los cuales se expiden los planes parciales, las unidades de planeación rural y los planes maestros150. Además, dada la omnicomprensiva facultad constitucional y legal otorgada a los concejos municipales, bien podría el POT en cualquier momento imponer sus contenidos, o derogar o suplantar las medidas emanadas de aquellos. Por tanto, las eventuales diferencias que surjan entre estos instrumentos deberá resolverse con arreglo al principio jerárquico. Dada la primacía de los poderes del concejo municipal, englobantes de los de las autoridades de planeación territorial local a cargo de la expedición de los instrumentos derivados, será legítimo que adopte cualquier determinación o desplace a estos últimos en el ejercicio de sus atribuciones (que serían también parte de las suyas).
En relación con otros instrumentos de planificación expedidos por el mismo concejo municipal en ejercicio de otras competencias sectoriales, relacionadas, por ejemplo, con la promoción de obras para el desarrollo municipal, la relación de sometimiento al POT tendría un sentido distinto. Por no tratarse de instrumentos derivados ni de ejecución del POT, y ser expresión del ejercicio de otras competencias sectoriales del mismo concejo municipal, no hay frente a él subordinación jerárquica alguna. Con todo, la trascendencia de las decisiones plasmadas en el POT obliga a entender que, pese a no encontrarse formalmente subordinados a él, estos instrumentos deben someterse materialmente a sus previsiones. Más que una superioridad emanada de la jerarquía del órgano que lo expide (pues sería el mismo órgano) o de la fuente que lo contiene (que sería también la misma), sería función de la especial naturaleza, procedimiento y vigencia en el tiempo del POT. Definido por el artículo 9.º LDU como “el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”, el POT es mucho más que un puro reglamento151. No es un acuerdo municipal cualquiera. Tiene un alto contenido de políticas y estrategias dirigidas a orientar el desarrollo económico, ecológico, cultural y social de la localidad en el mediano y corto plazo. Por esta razón tiene un procedimiento muy peculiar, especialmente agravado, que involucra a una pluralidad de actores institucionales y sociales y dista del procedimiento ordinario de aprobación de los acuerdos municipales152. Esto explica su vigencia dilatada en el tiempo e incluso su primacía sobre el plan de desarrollo municipal, al cual debe servir de marco de referencia153. Su extraordinaria legitimidad política, derivada de su complejo y dilatado procedimiento de expedición, impide que otras decisiones del concejo municipal desprovistas de dicho grado de elaboración y deliberación puedan erosionar sus contenidos o invadir su ámbito decisorio154. Supone, en definitiva, que determinadas materias estrictamente vinculadas con los asuntos relacionados con la denominada “acción urbanística municipal” (art. 8.º LDU) “han de contenerse en un concreto tipo de plan y aprobarse conforme a un determinado procedimiento”155. Así las cosas, antes que mediante la sola aplicación de los principios de competencia o de jerarquía, en caso de colisión o conflicto entre decisiones adoptadas por la misma corporación político-administrativa local habría que apelar al criterio esbozado de la reserva de procedimiento del POT, como mecanismo para aislar la peculiar competencia a cargo del municipio en este frente.
2.3. LOS INSTRUMENTOS LLAMADOS A SER CONCERTADOS CON EL POT
Aunque, como ha sido examinado, en ocasiones el legislador establece reglas claras y expresas que permiten definir la primacía de un instrumento sobre otro, el grueso de los casos en nuestro país carece de esta clase de regulación. Es lo que sucede, por ejemplo, en materia minera. En este sector la ausencia de criterios precisos de articulación de los múltiples instrumentos de planificación que confluyen en el ámbito territorial ha llevado al Ministerio de Minas y Energía, consciente de la importancia de la regulación de los POT y POD sobre los usos del suelo y de la no inclusión de las actividades minero-energéticas (AME) y de sus instrumentos de planificación como determinantes de aquellos, a impulsar la participación activa de las entidades del sector en los procesos de formulación de los instrumentos de ordenación del territorio. Ciertamente, como se lee en la “Guía para la incorporación de la dimensión minero-energética en el ordenamiento territorial departamental”, para el Ministerio:
… [l]as AME pueden integrarse en el Plan de Ordenamiento Territorial por medio de la participación activa e ilustrada de su actores y organizaciones en los procesos técnicos, institucionales, políticos y administrativos. Se debe fomentar el aporte de ideas y propuestas que logren, en cada una de las fases de elaboración del POD, posicionar el sector de manera que se propicie su crecimiento e integración con los demás sectores y actividades socioeconómicas, contribuyendo a estructurar un modelo de ordenamiento territorial que propicie el desarrollo sostenible156.
Lo anterior parte de reconocer el carácter esencialmente concurrencial de las actividades relacionadas con la ordenación del territorio y el aprovechamiento y gestión de los recursos naturales; de donde, como ha sido apuntado por la jurisprudencia constitucional, se desprende un especial requerimiento de concertación entre los múltiples intereses en presencia. En efecto, de una parte, se tiene que “es contradictorio afirmar que pese a la existencia de competencias del Gobierno Nacional central respecto a los recursos del subsuelo, las autoridades territoriales puedan vetar la exploración y explotación de los RNNR, y a su vez con ello no desconocer las facultades de otras entidades creadas para tales fines”157. De otra, sin embargo, es patente que “el reconocimiento de las competencias de la nación y del gobierno nacional central respecto al subsuelo y los RNNR, no puede desconocer el hecho de que para la extracción de éstos se requiere realizar actividades en la superficie, es decir, en el suelo”158. Estas premisas llevan a la Corte Constitucional a afirmar que “[p]ara resolver la tensión en las competencias otorgadas a la nación y las entidades territoriales en materia de suelo y subsuelo, debe darse aplicación al artículo 288 constitucional que define los principios de coordinación y concurrencia para estos casos”159. Sin embargo, ante las manifiestas limitaciones de la legislación vigente en esta materia, en la multicitada sentencia SU-095 de 2018 la Corte termina por hacer un llamado al legislador para que defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos adecuados de coordinación y concurrencia Nación-territorio.
De cualquier modo, el planteamiento que subyace al razonamiento de la Corte Constitucional termina por entender que, en el marco del Estado unitario y descentralizado con reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales sancionado por el artículo 1.º CP, dicha confluencia de intereses supone “la necesidad de que exista una concertación de las políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales. Dicha concertación debe reconocer la diversidad de [lo] local, sus características propias”160. Este planteamiento llevó a que en la sentencia C-035 de 2015 la Corte Constitucional declarara la exequibilidad condicionada de los artículos 20 y 108 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido de que la declaración de áreas de reserva minera debería siempre suponer una concertación con las autoridades locales de los municipios donde están ubicadas, de forma que no se afecte su facultad constitucional para reglamentar los usos del suelo161.
De la misma manera, el planteamiento reseñado llevó a que en la sentencia C-077 de 2017 la Corte Constitucional declarara la exequibilidad condicionada del inciso 1.º del artículo 20 de la Ley 1776 de 2016, por medio de la cual se estableció la regulación de las ZIDRES, así como de los incisos 2.º y 3.º de su artículo 21, “en el entendido [de] que la identificación, delimitación, y aprobación de la zonas ZIDRES, por parte del Gobierno Nacional, deberá estar precedida de un proceso de información y concertación con los Concejos Municipales de los entes territoriales que resulten afectados por esas decisiones y tomar en cuenta los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial en las zonas rurales de los municipios”.
La ausencia de reglas claras sobre la articulación de los instrumentos que rigen la implantación de cárceles, instalaciones militares, policiales y judiciales, infraestructura para servicios públicos no domiciliarios, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Zonas de Reserva Campesina (ZRC), Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) y Distritos de Adecuación de Tierras (DADT), entre otros, obliga a pensar que, dada la magnitud de los intereses públicos nacionales envueltos en cada una de estas figuras y obras, se impone su concertación con los eventuales intereses locales enfrentados. En consecuencia, resulta forzoso asumir que ni el municipio ni la Nación pueden decidir de manera independiente e inconsulta sobre su emplazamiento y funcionamiento en el territorio.
Solo en contados casos, como el de los macroproyectos de interés social nacional de categoría 2 (los cuales presuponen la modificación del POT), el legislador ha previsto un procedimiento de concertación y acople de los intereses de la Nación con los del territorio intervenido, tal como se aprecia en el artículo 8.º de la Ley 1469 de 2011. En otros eventos, como el de los Planes Especiales de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), reglados por el Decreto Ley 893 de 2017[162], el legislador tan solo señala la necesidad de articulación del PDET y de su Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) con los instrumentos de planificación territorial local del área intervenida, pero no se detiene a establecer un procedimiento para surtir dicho acuerdo163.
Lo previsto por la ley para los macroproyectos de interés social nacional de categoría 2 debería servir de modelo para que el legislador tenga siempre conciencia de las implicaciones territoriales de sus determinaciones y de la importancia de establecer procedimientos que viabilicen y brinden certeza jurídica a la forma como se adelantará el proceso de concertación. De un lado, las competencias no se ejercen en el vacío y suelen producir importantes repercusiones sobre el territorio y sobre las competencias concurrentes; de otro, la inadecuación de las reglas del procedimiento administrativo común (arts. 34 ss.) para encauzar esta clase de acuerdos pone en evidencia que nuestro ordenamiento jurídico carece de una estructura procedimental legalmente reglada, apropiado para este fin. Parece apremiante reparar en tales extremos del ejercicio de estas funciones, hasta ahora descuidados por la legislación. Y urge igualmente promover una reflexión más amplia y detenida sobre el alcance del principio constitucional de coordinación y sus verdaderas exigencias: ¿supone siempre un proceso de concertación paritaria? ¿Puede atenderse de manera debida mediante instancias o arreglos procedimentales como los conceptos preceptivos, las aprobaciones posteriores, la participación activa en un procedimiento o el derecho de veto sobre lo resuelto? ¿No está el legislador en mora de adoptar un procedimiento administrativo común para facilitar arreglos interadministrativos?
La relevancia de todos los intereses públicos, privados y colectivos en juego cuandoquiera que se habla de intervenciones sobre el territorio exige esta discusión, hoy aparentemente zanjada en la reducción del concepto de coordinación a concertación, promovida por la jurisprudencia constitucional más reciente164.
CONCLUSIONES
Del análisis efectuado se puede arribar a las siguientes conclusiones:
1. Por su carácter de competencia esencialmente concurrencial, con una clara vocación integradora y una elevada exigencia de coordinación de la acción de las múltiples autoridades que convergen en el territorio para atender sus responsabilidades sectoriales, la ordenación del territorio permite apreciar con nitidez las implicaciones del modelo territorial consagrado por la Constitución de 1991: la profusión de responsabilidades concurrenciales, que convocan a todos los niveles de la Administración Pública para hacer frente a una tarea globalmente asignada al Estado, la superación de las relaciones de subordinación entre la Nación y las entidades territoriales como criterio de relacionamiento fundamental entre una y otras, el abandono del criterio jerárquico como parámetro fundamental para la resolución de los conflictos interadministrativos, las exigencias de coordinación, concurrencia y complementariedad en la acción pública multinivel, y el forzoso respeto a la garantía de la autonomía de las entidades territoriales.
2. Las circunstancias fácticas y jurídicas en que obran las autoridades públicas en la actualidad, que presuponen tanto un orden constitucional abierto a la asignación global y concurrencial de tareas al Estado como una realidad social, económica, ecológica y política cada vez más compleja, heterogénea e interconectada, impiden aislar con precisión materias o campos que puedan calificarse como de interés exclusivamente nacional, regional o local. Puesto que serán habituales los entrecruzamientos e imbricaciones permanentes, lo que sucede con unos intereses probablemente termina por afectar a otros del mismo o de diferente nivel (superior o inferior). Es preciso afilar las técnicas de identificación de intereses en presencia y tomar conciencia de la creciente necesidad de establecer canales adecuados de coordinación interadministrativa. Esto resulta especialmente sentido en el caso de las competencias que se ejercen sobre el territorio o con repercusiones relevantes sobre él.
3. La complejidad del sistema multinivel de ordenación del territorio adoptado por la legislación nacional hace posible establecer que al interior de este subsistema normativo se trenzan relaciones de cooperación y de coordinación, que pueden operar en términos de voluntariedad o limitar la autonomía territorial por medio de la definición de una clara jerarquía normativa. Aunque esta no tiene otro propósito que asegurar la construcción coherente, sostenible, integral y descentralizada de la ordenación del territorio, excluye las relaciones de subordinación entre unas autoridades y otras y le asigna roles específicos a cada una. Por tanto, el modelo excluye las actuaciones ultra vires y aspira (idealmente) a una construcción coordinada, escalonada e incremental a partir de la acción combinada de todas las autoridades implicadas. Con todo, en aras de una mayor efectividad del principio de autonomía territorial y de las reglas que se van adoptando, no condiciona el ejercicio de las facultades atribuidas a las instancias inferiores a la previa definición de los criterios adoptados por las autoridades superiores. De ahí que no pueda inhibirse la competencia local para expedir un POT por la ausencia del respectivo POD o de las políticas nacionales en materia de ordenación del territorio.
4. Las abundantes relaciones intersectoriales entre competencias ejercidas en el territorio no pueden apreciarse sino a partir de la consideración de sus repercusiones sustanciales en él y en el conjunto de competencias conexas. La imposibilidad de compartimentar los ámbitos de la realidad en los cuales tiene lugar la acción de la Administración obliga a reparar en esta incidencia y a atender las exigencias de coordinación que ello supone. Estas relaciones podrán encarnarse en vínculos horizontales, apoyados en los principios de concurrencia, coordinación y colaboración (i. e., relaciones de cooperación), o en lazos verticales, respetuosos de la autonomía territorial, que aun cuando limiten la capacidad de gestión autónoma de los entes territoriales desarrollan de forma óptima los principios de concurrencia y coordinación y permiten asegurar la alineación, coherencia y efectividad en el actuar de la Administración Pública como conjunto institucional (i. e., relaciones de coordinación). Ni la autonomía territorial riñe con la construcción de una jerarquía jurídica que asegure la acción coordinada y eficiente de las autoridades públicas sobre el terreno, ni el principio de coordinación puede reducirse solo a los procesos de concertación paritaria entre órganos de distintos niveles administrativos. Es preciso reflexionar sobre las múltiples posibilidades de arreglos institucionales que ofrece el principio de coordinación en aras de alcanzar resultados armónicos en escenarios procedimentales participativos.
5. Urge que el legislador tome conciencia de que las competencias administrativas no se ejercen en el vacío, comience a tener en cuenta la dimensión territorial de los quehaceres de la Administración, se apropie y ejerza las atribuciones que le corresponden en virtud de la reserva legal de las funciones públicas, y empiece a adoptar criterios y reglas claros (sustanciales y procedimentales) y completos, que permitan una adecuada concurrencia y coordinación de las distintas autoridades cuyas actuaciones confluyen en el territorio. La sobreabundancia de proyectos e instrumentos de planificación de todo tipo no hace más que agudizar esta necesidad. El llamado en ese sentido efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-095 de 2018 no es más que la formalización de un clamor que aflora en cada sector administrativo que supone actuar o intervenir sobre el territorio. Un concepto preceptivo (no necesariamente vinculante o vinculante prima facie, como el que expide la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de su rol de abogacía de la competencia165), un deber de información de una parte a la otra, el derecho de una a hacerse parte en el procedimiento decisorio instruido por la otra, o un eventual derecho de veto en cabeza de alguno de los sujetos interesados, son algunas de las múltiples formas que podría adoptar el legislador para sustanciar y canalizar procedimentalmente las hoy omnipresentes exigencias fácticas y jurídicas de coordinación interadministrativa. La riqueza dogmática de los principios de concurrencia, coordinación, colaboración y subsidiariedad permite imaginar muchos escenarios más allá de la simple concertación paritaria.
6. Pese a la complejidad de la estructura de la Administración Pública en Colombia actualmente, que opera en los niveles político-administrativos territoriales señalados por la Constitución (arts. 115, 286 y 288) y reconoce a cada uno de ellos autonomía frente a los demás (rectius, ausencia de una relación de subordinación jerárquica), el Estado debe obrar en el campo como una unidad orgánica, capaz de armonizar sus actuaciones de cara a materializar con eficacia y eficiencia los objetivos que le son trazados por la Constitución y la ley. Así lo dispone el artículo 209 CP, al fijar el mandato expreso de coordinación “para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, lo mismo que al establecer como principios rectores de la función administrativa preceptos como la prevalencia del interés general, eficacia, economía y celeridad. En definitiva, a pesar de la alambicada estructura que presenta en la actualidad, “el Estado se concibe como una organización unitaria, constituida por diversos órganos (constitucionales, estatales directos e indirectos, etc.) que no son titulares, sino que ejercen competencias, porque la titularidad de esas competencias pertenece a la unidad de actuación, que es el Estado”166. Mal podría la autonomía que en virtud de la descentralización (territorial o técnica) se reconoce a una determinada autoridad administrativa dar lugar al ejercicio aislado o desarticulado de sus competencias, como si de un ente autárquico, separado o soberano se tratara167. La exigencia de un resultado eficaz, eficiente, sostenible y armónico se impone. Puesto que no puede más que conformarse a las exigencias de concurrencia, coordinación, colaboración y complementariedad que fija la Carta, la compleja estructura multinivel del sistema de ordenación del territorio establecido por la LOOT y la maraña de relaciones intersectoriales que tienen lugar en el terreno donde se llevan a cabo, no son más que un desafiante recordatorio de lo anterior.
REFERENCIAS
AGUDO GONZÁLEZ, JORGE. “La formalización jurídico-administrativa de la ordenación del territorio en España”, en JULIO VINUESA y LUIS GALIANA (coords.), Teoría y práctica de la ordenación del territorio, Madrid, Síntesis, 2010.
ÁLVAREZ PINZÓN, GLORIA LUCÍA. Las áreas protegidas en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011.
BAÑO LEÓN, JOSÉ MARÍA. “La obsolescencia de la idea de plan general”, en Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica (REALA), n.º 13, 2020.
BEUF, ALICE. “El concepto de territorio: de las ambigüedades semánticas a las tensiones sociales y políticas”, en ALICE BEUF y PATRICIA RINCÓN (eds.), Ordenar los territorios. Perspectivas críticas desde América Latina, Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2017.
BLANQUER, JEAN-MICHEL. “Características de la descentralización en Colombia”, en La descentralización en Colombia. Estudios y propuestas, Bogotá, Instituto Francés de Estudios Andinos y Universidad Nacional de Colombia, 1991.
CARVAJAL SÁNCHEZ, BERNARDO. “¿Cómo asegurar calidad regulatoria?”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 9, 2013.
CATAÍA, MÁRCIO. “Uso del territorio y del lugar”, en A. BEUF y P. RINCÓN (eds.), Ordenar los territorios. Perspectivas críticas desde América Latina, Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2017.
Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes n.º 3816, 2014.
Contraloría General de la República. Segundo Informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de metas para la paz del Plan Plurianual de Inversiones, del 1 de enero de 2017 al 30 de marzo de 2018, Bogotá, Contraloría General de la República, 2018.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. “La regulación jurídica de las áreas metropolitanas y su fortalecimiento institucional”, en PAULA ROBLEDO, HÉCTOR SANTAELLA y JUAN CARLOS COVILLA (eds.), Derecho de las entidades territoriales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. “Relaciones que ponen en tensión la autonomía: jerarquía, control y coordinación”, en JULIÁN PIMIENTO (ed.), Las transformaciones de la Administración Pública y del derecho administrativo. Las dimensiones del control sobre la actividad administrativa, t. III, (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. Coordinación y autonomía en la Administración Pública, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2019.
CRIADO DE DIEGO, MARCOS. Territorio y acceso a la justicia en el posconflicto colombiano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Fundación Konrad Adenauer y Fundación ACUA, 2019.
DE LESQUEN, XAVIER. Dynamiques du droit de l’urbanisme, París, LGDJ, 2018.
DEL CASTILLO DAZA, JUAN CARLOS. “Ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental”, en Problemática jurídico-ambiental de los centros urbanos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002.
GALIANA, LUIS y JULIO VINUESA. “Definición y evolución del concepto y su práctica”, en L. GALIANA y J. VINUESA (coords.), Teoría y práctica de la ordenación del territorio, Madrid, Síntesis, 2010.
GALLEGO ANABITARTE, ALFREDO; JUAN ANTONIO CHINCHILLA PEINADO, ANA DE MARCOS FERNÁNDEZ y BLANCA RODRÍGUEZ CHÁVEZ-MIMBRERO. Conceptos y principios fundamentales del derecho de organización, Madrid y Barcelona, Marcial Pons, 2001.
GALLEGO ANABITARTE, ALFREDO. Constitución y personalidad jurídica del Estado, Madrid, Tecnos, 1992.
GUASTINI, RICCARDO. Las fuentes del derecho. Fundamentos teóricos, C. Moreno y L. Cárdenas (trads.), Lima, Raguel, 2016.
GUHL NANNETI, ERNESTO. “¿Qué territorio queremos? El reto de los nuevos planes de ordenamiento territorial en Colombia”, en Revista Ciudades, Estados y Política, vol. 4, 2017.
GÜIZA SUÁREZ, LEONARDO y CHRISTIAN RODRÍGUEZ BARAJA S. “El papel de las autoridades territoriales en la definición de zonas de exclusión o restricción minera”, en Vniversitas, n.º 131, 2015.
HILDEBRAND SCHEID, ANDREAS. “Tres propuestas para una relación efectiva entre las escalas regional y local en materia de ordenación del territorio”, en Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible, Valencia, Universidad de Valencia, 2007.
JELLINEK, GEORG. Teoría general del Estado, F. de los Ríos (trad.), México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2000.
JIMÉNEZ DORANTE, MANUEL. Coordinación interadministrativa en la ordenación territorial, Madrid y Barcelona, Marcial Pons, 2003.
LAPORTA, FRANCISCO. El imperio de la ley. Una visión actual, Madrid, Trotta, 2007.
LÓPEZ RAMÓN, FERNANDO. Introducción al derecho urbanístico, 4.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2013.
Ministerio de Medio Ambiente. Lineamientos para la política nacional de ordenamiento ambiental del territorio, Bogotá, 1998.
Ministerio de Minas y Energía. Guía para la incorporación de la dimensión minero-energética en el ordenamiento territorial departamental, Bogotá, Ecosimple y UPME, 2019.
MORCILLO DOSMAN, PEDRO PABLO. Derecho urbanístico colombiano. Historia, derecho y gestión, Bogotá, Temis, 2007.
MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO y MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ. El planeamiento urbanístico, Madrid, Iustel, 2007.
MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO. Tratado de derecho administrativo y derecho público general, t. II, Madrid, Iustel, 2006.
OCAMPO, JOSÉ ANTONIO. “Profundizar las políticas para enfrentar la crisis”, en El Tiempo, versión digital, 11 de abril de 2020.
OSPINA GARZÓN, ANDRÉS. “De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del principio de eficacia”, en Revista de Derecho Público: Teoría y Método, n.º 1, 2020.
PAREJO ALFONSO, LUCIANO. “La actuación administrativa a caballo de la división entre normación y simple ejecución y el caso de la planificación y el plan”, en Revista de Derecho Público: Teoría y Método, n.º 1, 2020.
PAREJO ALFONSO, LUCIANO. “La ordenación territorial y urbanística y el gobierno de la ciudad en el Estado territorialmente descentralizado”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 7, 2012.
PERDOMO VILLAMIL, CAMILO. “La gestión ambiental de las entidades territoriales: ¿atrapada en la organización territorial?”, en PAULA ROBLEDO, HÉCTOR SANTAELLA y JUAN CARLOS COVILLA (eds.), Derecho de las entidades territoriales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
PIPERATA, GIUSEPPE. “Gobierno del territorio y tutela del medio ambiente, del paisaje y de los bienes culturales en el ordenamiento italiano”, en Libro homenaje al profesor Rafael Barranco Vela, Madrid, Civitas, 2014.
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, JORGE. “La función pública del urbanismo: elementos para su comprensión en el contexto colombiano”, en GLORIA HENAO, CLAUDIA ACOSTA y JUANA HOFMAN (eds.), Manual de derecho urbano, Bogotá, Universidad del Rosario, 2019.
RINCÓN CÓRDOBA, JORGE IVÁN. “La organización administrativa como soporte del modelo de Estado social de derecho”, en Las transformaciones de la Administración Pública y del derecho administrativo. Constitucionalización de la disciplina y evolución de la actividad administrativa, t. I, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.
RINCÓN CÓRDOBA, JORGE IVÁN. La teoría de la organización administrativa en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
RINCÓN CÓRDOBA, JORGE IVÁN. Planes de ordenamiento territorial, propiedad y medio ambiente, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012.
RIVERO ORTEGA, RICARDO. Derecho administrativo económico, 7.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2015.
ROBLEDO SILVA, PAULA. “Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad: una posible solución a la problemática del reparto de competencias en materia minera”, en JUAN CARLOS HENao y SEBASTIÁN DÍAZ (eds.), Minería y desarrollo. Historia y gobierno del territorio minero, t. 5, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, JOSÉ MARÍA. La ponderación de bienes e intereses en el derecho administrativo, Madrid y Barcelona, 2000.
SANTAELLA QUINTERO, HÉCTOR. “El autogobierno del territorio: ¿un contenido esencial de la autonomía territorial?, en Derecho procesal administrativo, modernización del Estado y territorio. Estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá, Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Ibáñez Editores y AIDA, 2014.
SANTAELLA QUINTERO, HÉCTOR. “La ordenación territorial y la ordenación urbanística en Colombia”, en PAULA ROBLEDO, HÉCTOR SANTAELLA y JUAN CARLOS COVILLA (eds.), Derecho de las entidades territoriales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
SANTAELLA QUINTERO, HÉCTOR. “Los planes de ordenamiento territorial departamental: beneficios y riesgos de un instrumento clave para la ordenación del territorio en Colombia”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 20, 2018.
SANTAELLA QUINTERO, HÉCTOR. “Un territorio y tres modelos de gestión: análisis de la necesidad de armonizar y constitucionalizar las competencias urbanísticas, ambientales y mineras sobre el territorio”, en JUAN CARLOS HENAO y SEBASTIÁN DÍAZ (eds.), Minería y desarrollo, t. 5, Historia y gobierno del territorio minero, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.
SANTAMARIA, FRÉDÉRIC. “Origines et fondaments de l’aménagement du territoire en France”, en L’aménagement du territoire en France, París, La Documentation Française, 2016.
SCHMIDT-ASSMANN, EBERHARD. “El concepto de constitucionalización del derecho administrativo”, en ALBERTO MONTAÑA PLATA y ANDRÉS OSPINA GARZÓN (eds.), La constitucionalización del derecho administrativo. XV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014.
Secretaría Técnica de la COT – Comité Especial Interinstitucional. Lineamientos para el proceso de ordenamiento territorial departamental. Contenidos básicos, Bogotá, DNP, 2013.
TORUNCZYK, DANIEL. “Movimientos socioambientales y minería transnacional: el caso Esquel (Chubut) en Argentina (2003-2011)”, en Los retos de la gobernanza minero-energética, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013.
VAQUER CABALLERÍA, MARCOS. “El urbanismo supramunicipal: su auge, su necesaria diferenciación de la ordenación del territorio y sus límites”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 7, 2012.
VAQUER CABALLERÍA, MARCOS. Derecho del territorio, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.
VÁSQUEZ VIANA, IVÁN. “Los determinantes de ordenamiento territorial como límite a la autonomía local en materia de disposición urbanística del territorio”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 22, 2019.
VELASCO CABALLERO, FRANCISCO. Derecho local. Sistema de fuentes, Madrid, Marcial Pons, 2009.
LISNEIDER HINESTROZA CUESTA
Ordenación del territorio con enfoque étnico: una nueva lectura desde el respeto por la diferencia y la autonomía territorial
SUMARIO
Introducción. 1. El significado de la ordenación del territorio desde la diversidad 2. Hacia el reconocimiento de las diferencias. 3. Derechos en juego. 4. Desafíos del ordenamiento territorial con enfoque étnico. Conclusiones. Referencias.
“No hay una teoría única que guie estratégicamente a los movimientos sociales, porque la finalidad no es tanto tomarse el poder, sino cambiar muchas de las características del poder tal y como se presenta en las instituciones y la sociedad. La novedad consiste en la celebración de la diversidad y el pluralismo”.
Boaventura de Sousa Santos1
INTRODUCCIÓN2
La ordenación del territorio es en la actualidad una de las apuestas más importantes para consolidar el desarrollo de un país. El ordenamiento es un proceso de planeación del desarrollo, que permite direccionar la acción de la población humana sobre el territorio, para potenciar las oportunidades de desarrollo humano que el medio le ofrece y prevenir y/o mitigar los riesgos que entraña para su vida3.
De esta manera, reflexionar sobre la ordenación del territorio exhorta a pensar, más que en un elemento o complemento de instrumentos de planeación (al lado de los planes de desarrollo, planes y esquemas de ordenamiento territorial, planes de desarrollo con enfoque territorial, planes departamentales de ordenamiento territorial, planes de gestión ambiental, planes de ordenación forestal, planes de ordenación de cuencas, entre otros instrumentos de planeación), en una política pública coordinada, diversa e intercultural que direccione el actuar de las entidades que representan al Estado en todos sus niveles.
Aún más, demanda un cambio de enfoque, en el cual ordenar el territorio implica considerar, como lo expuso la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP)4, la diversidad de la población que se encuentra en el país, desde sus necesidades y requerimientos, ya que es sujeto de desarrollo, dice la máxima autoridad de planeación5, que debe ser atendido mediante políticas diferenciadas en las que se promueva una visión de múltiples opciones de desarrollo, entre las que se incluye la diversidad por pertenencia étnica.
En Colombia, como expone Borrero6, existen cuatro grupos étnicos diferenciados: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y pueblo rom o gitano, los cuales, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE)7, corresponden al 13.75% de la población total del país8. La población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, en 2018, era de 4.671.160 personas, correspondiente al 9,34% del total nacional, y se habían adjudicado territorios colectivos a 196 consejos comunitarios de comunidades negras9.
En cuanto a la población indígena, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 identificó 115 pueblos indígenas nativos, 1.905.617 personas que se autorreconocían como indígenas, con una participación en el total nacional del 4,4%, y se contabilizaron como constituidos 767 resguardos indígenas10. La población que se autorreconocía en el mismo Censo como gitana o rom era de 2.649 personas, con una participación en el total nacional del 0,006% y agrupada en 11 kumpanias y 8 vitsas11.
Lo anterior evidencia la importancia de comprender cómo debe darse el ordenamiento territorial en un país como Colombia, en el que “los derechos a la diversidad étnica fueron instaurados con la Constitución de 1991”12. La declaración del país como multiétnico y pluricultural supone una lectura en positivo de los derechos derivados de dichas condiciones, y más cuando las “realidades, capacidades, saberes, aportes” y características de estos cuatro grupos étnicos, pueblos o comunidades, siguiendo a Borrero13, son bien diferentes.
En este orden de ideas, y con el objetivo de comprender qué significa ordenar un territorio con enfoque étnico, cómo debería realizarse, cuáles serían los retos e implicaciones del ordenamiento territorial con un enfoque diferencial étnico que garantice no solo la apropiación de la diversidad sino también la materialización de los derechos reconocidos a los grupos étnicos del país, en el presente ensayo, a través de una investigación documental de corte analítico conceptual14, con la revisión crítica de fuentes formales y auxiliares del derecho, al igual que de documentos de doctrina e informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales, y documentos de grupos étnicos disponibles en la web, se presenta la siguiente reflexión en cuatro secciones.
En la primera sección, denominada “El significado de la ordenación del territorio desde la diversidad”, se pretende mostrar las asimetrías entre el significado de ordenar un territorio de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales y el imaginario y sentido de vida de los grupos étnicos. En la segunda sección, “Hacia el reconocimiento de las diferencias”, se explica qué debe entenderse por enfoque étnico y cómo se podría materializar en el ordenamiento del territorio a partir del principio de interculturalidad. En la tercera parte, titulada “Derechos en juego”, de forma breve se interrelacionan derechos como la autonomía y la subsistencia para demostrar que en el ordenamiento del territorio está en juego la materialización de los derechos de estos grupos, que han sido categorizados como derechos “vectores”15 y/o derechos bioculturales16. En la cuarta sección, “Desafíos del ordenamiento territorial con enfoque étnico”, se ilustran algunos retos que deben asumir los actores involucrados en el ordenamiento territorial. Finalmente se presentan las conclusiones, fundamentadas en el argumento central planteado al inicio de esta introducción, esto es, que la ordenación del territorio con enfoque étnico debe constituirse en una política pública consultada, concertada, coordinada, diversa e intercultural, que garantice el derecho a la autonomía y, en consecuencia, se reconozca como una potestad de los grupos étnicos, y además como una obligación de la institucionalidad que permita una reconfiguración de la formulación, diseño e implementación de políticas, programas e intervenciones tanto en los territorios étnicos como en todo el territorio colombiano.
1. EL SIGNIFICADO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DESDE LA DIVERSIDAD
Según el Diccionario de la Real Academia Española, ‘ordenar’ es “colocar algo o a alguien de acuerdo con un plan o de modo conveniente […] Encaminar y dirigir algo a un fin […] Mandar, imponer, dar orden de algo”17. Según Massiris18, ordenar un territorio implica actuar sobre las actividades que se realizarán en este para fortalecerlas o desestimularlas o cambiarlas, reubicaras y orientar su comportamiento futuro.
La ordenación del territorio, para esta reflexión, se relaciona, más que con la distribución de espacios y de usos del suelo, con la facultad para tomar decisiones, ejercer derechos y cumplir deberes en un territorio a partir de la identidad cultural de cada grupo étnico. Tiene una estrecha relación con la gobernanza, pero no con la gobernanza neoliberal19, sino con la “gobernanza que puede manejar mejor la cuestión del reconocimiento de la diferencia”20.
En Colombia, la ordenación y, en general, “el tema del ordenamiento territorial cobró un nuevo impulso a partir de la reforma constitucional de 1991”21, convirtiéndose en una de las tareas esenciales para el desarrollo de los principios fundamentales establecidos en artículo 1.º de la Carta de 1991, según los cuales Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general22.
Esta tarea es definida por el artículo 2.º de la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)23, como un instrumento de planificación y gestión de las entidades territoriales, así:
El ordenamiento del territorio es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia.
Además, el artículo 2 de la misma normativa dispone que el ordenamiento territorial tiene como finalidad:
Promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional.
De lo anterior se derivan varias reflexiones. Primero, que la ordenación del territorio, en el marco jurídico colombiano, continúa siendo un tema de “práctica de planificación territorial”24, de asignación de competencias, distribución de funciones y de instrumentos de planeación; sin embargo, la normatividad también es reiterativa en enunciar y precisar que este proceso debe realizarse teniendo en cuenta la identidad cultural, reconociendo y atendiendo la diversidad étnica del país. En tal sentido, comprender qué significa ordenar el territorio en un país diverso lleva a plantear varios interrogantes: ¿qué se entiende por territorio?, ¿qué significa ordenar un territorio?, ¿cómo se concibe la ordenación atendiendo a la diversidad étnica y cultural? La respuesta a estas preguntas pone en evidencia asimetrías entre la visión institucional y/o normativa y la de los grupos étnicos.
Así, si se inicia por indagar sobre qué es ordenar el territorio, hay que resaltar, como lo expone Ramírez25, que el concepto de ordenamiento territorial es de uso reciente, incluso no existe una única definición aceptada universalmente, ni siquiera en el ámbito nacional. El ordenamiento del territorio a partir de 1991, señala Franky26, se ha consolidado desde diferentes visiones sobre lo que este debe ser. Se han incrementado en este contexto los estudios que tratan sobre la estructura estatal y sus problemas de gobernabilidad y presencia nacional; los que analizan los modelos económicos y de desarrollo, planeación y descentralización administrativa; los que abordan la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas; los que discuten sobre la globalización y la problemática geopolítica, y los que indagan sobre la problemática territorial indígena. Sin embargo, continúa Franky27, esta diversidad de temas y esfuerzos no han logrado consolidar una visión de conjunto, y apenas constituyen tendencias con aportes dispersos, a veces ininteligibles entre sí. Es más, solo recientemente se está incorporando lo étnico en estos procesos.
Sin embargo, la respuesta al interrogante sobre qué es ordenar un territorio ya está consagrada en el sistema normativo, como se señaló en el párrafo precedente. Desde esta perspectiva, la ordenación del territorio ha sido vista como el cumplimiento de “un parámetro legal para afianzar la descentralización con un modelo de gobierno local que facilite el cumplimiento de los fines esenciales del Estado”28. Además, debe reconocerse su “papel como instrumento del Estado para, por una parte, ejercer control sobre el territorio y, por otra, orientar un determinado modelo de desarrollo”29. También, ordenar el territorio es un ejercicio de planeación que pretende la “integración territorial para generar mayor competitividad e inversión estratégica de los recursos públicos facilitando el crecimiento socioeconómico equitativo en lo local”30. Es un instrumento para el desarrollo económico y social basado en el espacio territorial, cuyo tratamiento tuvo lugar en el pasado mediante la Ley 388 de 1997[31].
Aún más, como lo explica Flórez32, el ordenamiento territorial no es visto tanto como una necesaria política de Estado, tendiente a lograr el equilibrio regional y social, sino como una cuestión de entornos y de uso de espacios, y la mayoría de las veces se reduce a la expedición de los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial, a sabiendas, como lo describe el propio Flórez33, de que el ordenamiento y el plan son dos cosas distintas34. Como ilustración, basta repasar las definiciones contenidas en la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial:
El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (art. 5.º).
En contraste, para los grupos étnicos la ordenación del territorio va más allá de un proceso político-administrativo, o del diseño e implementación de un instrumento de planeación, o de “un ejercicio exclusivamente estadístico, normativo”35. Verbigracia, considérese la explicación de la Organización Indígena Nacional de Colombia (1998)36:
… el ordenamiento territorial es esencialmente un proceso transformador, que requiere de una reflexión crítica y creativa sobre la naturaleza de las relaciones sociales y de producción dominantes, y en ese sentido debe comportar el afianzamiento y revaloración de su ética tradicional (la de los pueblos indígenas) fundada en el comunitarismo, la reciprocidad y el apoyo mutuo […] [I]mplica ante todo un ordenamiento del pensamiento, encaminado a reconstruir la trama y la urdimbre del tejido social.
Como el ya citado Franky37 explica:
En el discurso indígena, el ordenamiento territorial es una estrategia para el fortalecimiento étnico, ya que lo interpretan como uno de los mecanismos para consolidar sus planteamientos sobre autonomía y control territorial. Por ello, el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) afirma: “La tarea de reordenamiento territorial indígena tiene un aspecto específico en el contexto nacional, porque no se trata de una redelimitación de entidades administrativas heredadas de la colonia o de la república, sino de una reconstrucción de espacios que tienen su origen en la historia y en la vida de los pueblos indios, espacios que son indispensables para garantizar la vida a plenitud, es decir, en lo social, en lo económico y en lo político” (Muelas, 1992: 5). En los procesos de ordenamiento las comunidades indígenas parten de sus experiencias históricas y de sus culturas, que les han dado un orden a sus territorios y las bases para reorganizarse en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales (Autoridades Indígenas de Colombia, 1992; Muelas, 1992).
Y, en relación con las comunidades negras o afrocolombianas, dice Ramírez38:
la definición que aparece a propósito del Plan de Ordenamiento Territorial del Pacífico Colombiano: El ordenamiento territorial constituye, en este sentido, una política de desarrollo integral del Estado para armonizar los intereses productivos de la sociedad con las necesidades de conservación ambiental, bienestar social y equilibrio espacial del desarrollo. Todo ello sobre la base de la concertación Estado-comunidad y la participación activa de las comunidades en la ejecución de los planes de desarrollo a nivel regional y local (Ortiz, 1992: 847).
Como puede verse, existe un distanciamiento entre la visión de ordenamiento de las entidades territoriales, como Nación, departamentos y municipios, e incluso con la novedad de las regiones39, y la visión de los grupos étnicos. En primer lugar, el ordenamiento territorial parte de una separación entre suelo urbano y suelo rural; de una distribución de competencias entre autoridades del orden central y del orden descentralizado, entre autoridades municipales y departamentales, entre autoridades ambientales nacionales y regionales, entre las autoridades de las recientemente creadas Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y de las regiones como entidades territoriales (RET); además de reducirse a la expedición de instrumentos de planeación, proyectos y programas que tienen límites en de construcción en tiempo40.
Mientras que para las comunidades negras e indígenas la ordenación es un proceso más complejo, que parte de la forma de ver el territorio. No obstante “las diferencias de matiz según los diversos grupos étnicos, éstos tienen una visión integral del territorio”41, que “[c]omprende mucho más que el sitio donde construyen la vivienda y donde tienen los cultivos”42. Visión que ya ha sido reconocida en reiterados pronunciamientos judiciales, en especial de la Corte Constitucional43.
De esta manera, el territorio que va a ser ordenado abarca para los grupos étnicos el río, las ciénagas, los bosques y, en general, todos los recursos, pues es donde desarrollamos la vida: “Es la fuente de nuestras vidas y de él recibimos no solo nuestros alimentos, sino parte de nuestros conocimientos, de él depende nuestra cultura y nos genera lazos de solidaridad en torno a nuestra familias y comunidades que hacen que veamos el territorio de una forma integral”44.
Al respecto señala Ochoa45:
Bolívar no atendió que los indígenas tenían una concepción propia sobre la tierra. El indígena se vincula con la madre tierra de manera distinta y es la tierra un elemento aglutinante y protector de la comunidad[;] al dividir la tierra, se divide la comunidad. La tierra en propiedad colectiva los une. La tierra en propiedad privada los perjudica culturalmente. Los aísla.
Ahora bien, el territorio que es el objeto del ordenamiento, desde el otro lado, es decir, desde la visión estatal o institucional, representada en las entidades territoriales y teniendo en cuenta la misma Carta Constitucional de 1991, se concibe como un bien que es objeto de apropiación y ordenación, como se puede deducir, entre otros, de los artículos 102: “El territorio con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece a la Nación”, y 332: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. Mientras que para los grupos étnicos, como ya se explicó, el territorio, más que un espacio físico, se “concibe como un todo integral”46 y como un cuerpo vivo; más que de territorio, se trata de territorialidad, y esta implica “el ejercicio de algún grado de poder político o de soberanía, y puede sustentar desde formas de organización social basadas en el parentesco, hasta formas más complejas, como las que hacen posible y necesario el surgimiento de formas de autoridad ejercidas por un consejo comunitario o un cabildo”47, por lo que la ordenación no tiene exclusivamente que ver con el uso y la distribución de espacios, sino con la autonomía y el gobierno propio.
Ahora bien, es imperioso destacar en este escrito, como ya se detalló en trabajos previos48, que la concepción del territorio no es única en el contexto de la diversidad:
Para las comunidades indígenas el territorio es un elemento central constitutivo de identidad, que va más allá del concepto colonialista y occidentalizado de “resguardo indígena”, incluso, dice Herreño (2004, p. 247), el significado que tiene el derecho a la tierra para los pueblos indígenas es más complejo que el simple reconocimiento de su posesión colectiva. Incluye también el reconocimiento de un conjunto de garantías culturales, sociales y políticas que son inescindibles de los derechos territoriales.
En los palenques, el territorio es también un elemento central para la construcción de identidad, porque fue un espacio conquistado para recrear prácticas que permanecen en la actualidad. Hoy en día, también se organizan en Consejos comunitarios cumpliendo los requerimientos de la Ley 70 de 1993.
El concepto de tierra y territorio de la población Rom: en este grupo étnico, vamos a encontrar una visión distinta sobre el territorio que no se concentra en un concepto de permanencia fija en un lugar determinado, sino que la identidad se construye a partir de otros elementos; el territorio considerado en su espacio físico no es un elemento trascendental. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el pueblo Gom o Gitano históricamente ha sido un pueblo nómada49.
De esta manera, cuando se pregunta por la ordenación del territorio desde la diversidad, se debe tener en cuenta que “las configuraciones espaciales”50 son distintas y, por ende, el ordenamiento no es una cuestión solamente de caracterización de poblaciones y de prácticas culturales, sino que tiene que ver con el reconocimiento y el respeto de las decisiones tomadas por cada grupo en relación con su territorio. Lo anterior, como se verá en la última sección de este escrito, no es una tarea sencilla, pero si se aborda desde esta perspectiva será más fácil el camino.
Existe el interés común de ordenar un territorio, pero las representaciones frente a este interés parten de percepciones diferentes; precisamente, estas percepciones son las que deben ser conciliadas y recoger las diferencias que existen desde la diversidad, pues esta última no parte solo de un reconocimiento de existencia y de normatividad, sino de un proceso de respeto y diálogo de culturas e identidades. Sobre este punto nos detendremos en la siguiente sección, para hacer notar que el proceso de ordenamiento debe tener en cuenta, más que la multiculturalidad, la interculturalidad.
2. HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS
La territorialidad es un concepto dinámico que puede reacomodarse51, de acuerdo con los procesos históricos, al igual que el ordenamiento territorial.
Como ya se señaló en este escrito, en la mayoría de los casos ordenar el territorio, desde la perspectiva normativa, se asocia con la expedición de instrumentos de planeación. El instrumento clásico y de “planificación poderoso y eficaz para el desarrollo del territorio”52 se ha considerado que son los planes de ordenamiento territorial (POT).
En el proceso de construcción de este instrumento usualmente se realiza una caracterización de la estructura social y política53 que se centra, según Massiris54, en el examen de los actores (grupos sociales) que interactúan en el municipio, especialmente en las formas de distribución y ejercicio del poder, en la territorialidad de los distintos grupos y los conflictos asociados a esta, en la participación en los procesos democráticos y en la expresión espacial de la diferenciación social (segregación socioespacial), con el propósito de evaluar potencialidades y limitaciones frente a las alternativas de uso y ocupación del territorio, y alternativas de desarrollo territorial. Además, la Ley 388 de 1997 también considera lo que el citado Massiris55 denomina las características sociales y culturales, que no son otra cosa que los grupos y bienes culturales presentes en el municipio, los valores culturales como costumbres y tradiciones, y el patrimonio cultural presente en las áreas urbanas y rurales de los municipios.
De esta forma, en la mayoría de los POT del país56 se incluye una sección descriptiva a manera de diagnóstico de los grupos étnicos asentados en el área geográfica del municipio, con lo cual se cumple con el mandato constitucional del multiculturalismo; es decir, basta con reconocer la existencia de los grupos étnicos y con la inclusión de uno de sus representantes en los consejos territoriales de planeación o en los espacios democráticos ideados para cumplir con el mandato de la participación ciudadana57, para con ello poder aseverar que el ordenamiento territorial se realiza con enfoque étnico.
Sin embargo, este escrito sostiene que esta práctica tecnicista no refleja el propósito ontológico (la esencia, el ser) del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como principio orientador fundante del Estado colombiano (art. 7.º CP), elemento esencial del ordenamiento según la Ley 388 de 1997 y la Ley 1454 de 2011, además de ser categorizado como un derecho fundamental según la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Por lo anterior, ordenar el territorio reconociendo las diferencias étnicas convoca a acciones retadoras, que deben partir por dar un salto más allá de la incorporación del multiculturalismo reconocido por primera vez en la historia de Colombia con la Constitución de 1991, ya que, como bien precisa Borrero58, mientras que para el multiculturalismo el eje de sus preocupaciones consiste en la correspondencia entre el liberalismo y los derechos especiales en función de la pertenencia étnica, para la interculturalidad consiste en el aseguramiento de un horizonte de respeto entre culturas afectadas por los procesos de colonización59.
El multiculturalismo se queda en lo que Santos60 explica como “darle prioridad al principio de igualdad, porque la igualdad en sí misma puede crear oportunidades reales para el reconocimiento de las diferencias”, pero desde la interculturalidad no solo se reconocen esas diferencias, es decir, se visualiza que existen, sino que se da “prioridad al reconocimiento de la diferencia, porque sin ese reconocimiento la igualdad oculta las exclusiones y los márgenes donde moran, siendo así doblemente opresiva (por aquello que oculta y por aquello que muestra)”61.
En ese sentido, esta reflexión propone avanzar y reconocer la interculturalidad como el principio orientador que complementa y desarrolla la multiculturalidad. Desde esta óptica, el ordenamiento territorial no solo debería reconocer la caracterización de los grupos étnicos existentes en el ámbito espacial de una entidad territorial62, sino garantizar el desarrollo de los derechos especiales que en virtud de la multiculturalidad han sido reconocidos; es decir que, si se parte de la interculturalidad, se acoge el llamado enfoque étnico, el cual es un componente del enfoque diferencial63 desde una óptica interseccional “que promueva el desarrollo, la identidad y la pervivencia de la cultura de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del pueblo Rrom o Gitano, tomando en consideración su concepción de mundo, de bienestar y de relación consigo mismo, con los otros y con el territorio, las formas de relación e interacción al interior de sus grupos y con las otras culturas; su normatividad propia y sus formas de gobierno”64.
En consecuencia, hay una nueva lectura del ejercicio del poder y su distribución en Colombia, que a la luz de los desarrollos legales y jurisprudenciales conmina al Estado a incorporar los efectos del mandato constitucional de la diversidad étnica y cultural, debiendo la sociedad colombiana y sus instituciones prepararse, como lo propone Santos65, a la democracia europea y a los inmensos desafíos del futuro que implican una profunda transformación de los sistemas políticos, que combinan la democracia representativa con la democracia participativa. Lo cual en muchos casos implica la reformulación intercultural de cada una de ellas.
El enfoque étnico, según la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento Nacional de Planeación66, implica reconocer a los grupos étnicos como actores clave en los procesos de planificación y, por tanto, en el desarrollo integral de los territorios, además de comprender sus visiones, autoridades, formas e instancias de participación, e incluso los recursos de que disponen, para incluir de manera adecuada estas particularidades. O, como lo proponen los grupos étnicos:
Es así como en su imaginario de relacionamiento con el territorio, conciben sus propias formas de ordenamiento, estableciendo zonas de conservación, de respaldo y de aprovechamiento, las cuales se sitúan principalmente en las montañas, manglares, guandales y esteros, playas, lagunas y nacimientos de las fuentes hídricas; mientras que zonas como las de aprovechamiento minero se sitúan en las riveras y vegas de los ríos y quebradas, y en las colinas. Para fortalecer el sostenimiento de las especies de pastoreo, se implementan cultivos gramíneos (arroz, maíz, etc.) complementados con las azoteas y cultivos de pan coger como los tubérculos (papa china, yuca, camote, ñame, etc.)67.
Y, de acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social:
El enfoque diferencial étnico es aquel enfoque que identifica y actúa sobre las necesidades diferenciales de atención y protección que deben tener las políticas públicas y el accionar estatal en su conjunto para la protección de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos que habitan en nuestro país68.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia ha señalado:
El enfoque étnico es otro componente del enfoque diferencial. Tiene que ver con la diversidad étnica y cultural. Esta diversidad se manifiesta en la singularidad y a la vez en la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y sociedades que contribuyen a la riqueza de la humanidad. Es fuente de innovaciones, de creatividad y de mantenimiento de la necesaria diversidad biológica69.
En todas las visiones reseñadas se reafirma la necesidad de garantizar sus derechos, entre ellos, el derecho a la autonomía, que para las comunidades y pueblos étnicos es un elemento clave para el ordenamiento de su territorio. Además, siguiendo el enfoque que se propone, con ello se superarían los estereotipos de considerar el imaginario de lo étnico preferencialmente desde lo indígena, dando cabida a iniciar por reconocer que en la diversidad también hay diferencias70, ya que “las identidades genéricas no pueden negar las especificidades de contextos históricos, ni dejar de tener en cuenta que la identidad étnica es solo una de las facetas de las múltiples identidades que asumen los individuos y los grupos”71, como se ilustró en la sección anterior frente al concepto de territorio y también frente a las formas de organización y gobierno propio.
Este aspecto es crucial, sobre todo en la práctica de los procesos de concertación que se adelantan en municipios en los que la diversidad implica diferencias, como los del Pacífico colombiano, donde se encuentran pueblos indígenas, comunidades negras y afrocolombianas que comparten espacios geográficos y espirituales dentro de una misma entidad territorial, o que comparten territorios de varias entidades territoriales (municipios y departamentos) pero cada uno con una percepción distinta. Lo anterior significa efectuar un ejercicio de comprensión respecto a la forma como se viene instituyendo la territorialidad colectiva” en el país, “para así identificar la multiplicidad de variables a tener en cuenta”72. Al respecto, a manera de ejemplo, véase la siguiente descripción:
Igual otros ordenamientos limitan el ejercicio del manejo autónomo de los territorios de las comunidades como son los planes de ordenamiento territorial de los municipios, en los que no existe consideración especial para aquellos municipios donde la totalidad del territorio o gran parte de esta corresponde con áreas de apropiación colectiva y en los que los consejos comunitarios no encuentran su lugar como gobierno de la comunidad. La construcción de mecanismos que les permita reflexionar sobre el ejercicio del gobierno, la resolución de conflictos alrededor de lo territorial y avanzar en darse su modelo de ordenamiento73.
Respecto de las comunidades negras del Pacífico colombiano, se ha indicado:
Los modelos de apropiación y uso del territorio tienen “ocupación y el patrón de asentamiento, se expresan en unas formas específicas de representación territorial, en donde a partir del reconocimiento de las redes hidrográficas, como los ejes centrales de orientación y caracterización y delimitación territorial se articulan los demás elementos geográficos y culturales. El río es el eje a través del cual se localizan los asentamientos, en donde se construyen las viviendas, se realiza la comunicación y los intercambios económicos, sociales y culturales. Así mismo, es el elemento primordial de adscripción territorial y de identidad74 .
Y, en relación con el pueblo rom o gitano:
El pueblo gitano o Rrom hace parte de la diversidad étnica y cultural de la nación y de acuerdo con sus elementos, valores culturales y étnicos se considera como un pueblo que posee características propias que los diferencian de otros y del resto de la sociedad mayoritaria: [los Rrom] no reconocen un territorio como propio, poseen un idioma llamado Rromanes, son patrilineales y patrilocales. Siguen una ley llamada Kriss Rromani y tienen conceptos de tiempo y lugar de acuerdo a usos y costumbres ancestrales. [El pueblo Rrom] Posee una particular conciencia histórica al revindicar precisamente el aquí y el ahora, se puede afirmar que es un pueblo que tiene una memoria del continuo presente[;] en este sentido, los Rrom no tienen un concepto de planificación del futuro, sino una manera propia de definir procesos en su cotidianidad[;] el tiempo, por tanto, no es lineal ni se divide en momentos de pasado, presente y futuro” (Ministerio del Interior, s. f., p. 7) […] Uno de los elementos identificativos del pueblo Rrom es la itinerancia[,] que, más que un traslado físico y geográfico, representa una puesta ante la vida que se profundiza en su espiritualidad.
En cuanto a la concepción de los indígenas:
Está constituida por agrupaciones homogéneas que comparten creencias, tradiciones y cosmogonías propias vinculadas al territorio, donde subsisten diversos planos de representación de la realidad, que son recreados mediante rituales y representados en hitos del territorio bien definidos, los cuales son reclamados como “lugares sagrados”, dado su profundo valor simbólico para las diferentes comunidades. Es por este valor asociado a la cosmología que los caminos, montañas, piedras, ríos, logran un significado definitivo para las comunidades indígenas y hacen que el territorio tenga connotaciones sagradas75.
Como sostiene Bejarano (2015), citado por Arango76, rara vez se reconoce que se está frente a actores políticos activos capaces de formular modelos de desarrollo y ordenamientos territoriales y ambientales propios, dado su conocimiento ancestral sobre el entorno. Así, planificar políticas públicas desde una concepción de territorio vacío o con agentes pasivos, es una más de las manifestaciones de la discriminación histórica y silenciosa contra poblaciones periféricas, discriminación de la que han sido víctimas los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia.
Plantear la aceptación de la interculturalidad y el enfoque étnico en la ordenación del territorio no es “una cosa simple”77, porque implica respetar y aceptar interactuar con otros sistemas normativos como los del llamado “derecho propio” (este es uno de los desafíos que se analizarán en la última sección de este escrito).
Es así como, a partir del reconocimiento de las diferencias, el Estado y sus entes territoriales se han visto obligados a reconocer y apoyar a estos nuevos actores sociales en la definición y aplicación de políticas de desarrollo social y económico, lo cual no se ha visto exento de conflictos y contradicciones, frente a las formas tradicionales de ejercicio del poder político y económico en las regiones78.
Para finalizar esta sección se presentan las diferencias conceptuales entre enfoque étnico, enfoque diferencial y enfoque interseccional, todos ellos correspondientes a dimensiones que se encuentran en el camino de la nueva lectura que requiere el ordenamiento territorial en el país.
TABLA 1
ENFOQUES PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LAS DIFERENCIAS


Fuente: elaboración propia.
3. DERECHOS EN JUEGO
En la actualidad ya se ha reconocido que los grupos étnicos del país son “población en una grave condición de vulnerabilidad y, por ende, sujeto de especial protección constitucional y titular de especiales derechos fundamentales”79.
En el ordenamiento territorial guiado por el principio de la interculturalidad, con la incorporación del enfoque étnico e interseccional debería existir una conexión con la garantía de derechos. En este proceso, que para la institucionalidad es más técnico y normativo, como se ha demostrado en estas líneas, los derechos de los grupos étnicos, categorizados como “derechos vectores”80 y “derechos bioculturales”81, se encuentran en constante tensión frente a las competencias de las entidades territoriales. Debe recordarse que, por disposición constitucional (art. 313), el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, pero que los grupos étnicos, en respeto de sus formas de organización interna, son la máxima autoridad de administración en sus territorios82.
El derecho a la autonomía es un derecho fundamental de carácter colectivo, que según la Defensoría del Pueblo83 se caracteriza por expresiones diversas y emana de principios esenciales de la Constitución Política de 1991, como los establecidos en los artículos 1.º, 2.º y 7.º, cuyos preceptos constituyen pilares fundamentales de su reconocimiento. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano y ratificado mediante Ley 21 de 1991, contiene varias disposiciones (entre ellas el art. 2.º, num. 2 (b)) que expresan el alcance del derecho a la autonomía de los grupos étnicos84.
TABLA 2 EL DERECHO A LA AUTONOMÍA DE LOS GRUPOS ÉTNICOS


Fuente: elaboración propia, a partir de textos normativos.
Frente al enfoque étnico, una expresión y materialización de su reconocimiento como máxima se sustenta en el derecho fundamental a la autonomía, entendido como la facultad de los grupos étnicos de diseñar su proyecto integral de vida, en el que deciden su destino, considerando su pasado cultural y su realidad actual para prever un futuro sostenible de conformidad con sus usos y costumbres. También, se considera como la facultad que tienen de organizar y dirigir su vida interna de acuerdo con sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte85.
Desde esta perspectiva, la ordenación del territorio de los grupos étnicos no es una tarea o un proceso de planificación de los que deben realizar las entidades territoriales, sino de los grupos étnicos. Este planteamiento implica un cambio respecto del paradigma normativo que convoca a escenarios de participación y concertación de las entidades territoriales86. En efecto, dicho paradigma ahora muta, por cuanto se considera que el derecho a la autonomía implica niveles de decisión que van más allá de procesos de consulta y concertación. ¿Qué quiere decir lo anterior? Para responder este interrogante se retoman algunas consideraciones del derecho a la autonomía planteado en diferentes escenarios.
Ha dicho la Defensoría del Pueblo de Colombia87:
En perspectiva de los procesos culturales de construcción de este derecho, la autodeterminación, las decisiones en torno a las formas de organización social y política, el ejercicio del gobierno propio, de autoridad y de control interno basadas en reglas originadas en patrones culturales de formas de justicia propia; el ordenamiento de derechos colectivos como el de territorio, el manejo de los recursos naturales existentes en el mismo para la reproducción de las condiciones de vida de sus integrantes; el desarrollo de prácticas de medicina tradicional con conocimientos botánicos aplicados a la salud, los principios orientadores de sus procesos educativos y las dinámicas internas de sostenibilidad económica articulada con los planes de vida propios, constituyen un expresión cultural del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y tribales. En esta perspectiva, el ejercicio de estas representaciones culturales de autonomía ha sustentado el desarrollo integral y la pervivencia de los grupos étnicos.
Y, por su parte, la Corte Constitucional ha señalado:
Como una manifestación del derecho fundamental a la identidad y a la integridad económica, social y cultural, se consagró en el ordenamiento jurídico los derechos fundamentales a la autonomía y a la autodeterminación de las comunidades indígenas, garantías superiores que propenden por su supervivencia como grupos étnica y culturalmente diferenciados y, en esa medida, se asume que son estas quienes deben decidir por sí mismas lo inherente a su comunidad en los ámbitos cultural, espiritual, político y jurídico, sin desconocer, claro está, los valores, principios y derechos fundamentales de orden constitucional como lineamientos y límites de orden superior, ya que “(s)ólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural”, siempre y cuando se respete el contenido esencial de la Constitución que precisamente es el que hace posible el pluralismo. En este sentido, el Estado reconoce la diferencia cultural, pero bajo la premisa de integración al resto del orden nacional, dado que estos pueblos indígenas no se consideran naciones independientes, [sino que] su nacionalidad es colombiana.
[…] Particularmente, en relación con esta última garantía, esto es, la facultad de gobernarse por autoridades propias, se reconoce el derecho de las comunidades indígena a escoger la modalidad de gobierno; consolidar y determinar sus autoridades tradicionales; señalar los procedimientos y requisitos de elección y definir las funciones que a estas les corresponden. En esa medida, los consejos por medio de los cuales están gobernados los territorios indígenas están conformados y reglamentados según sus usos y costumbres, y les corresponde, entre otras funciones, diseñar sus políticas, planes y programas de desarrollo; promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución; percibir y distribuir los recursos; velar por la preservación de los recursos naturales; coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio y velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios (artículos 246 y 330 CP)88.
El derecho a la autonomía también implica reconocer, como lo expuso la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo89, la potestad otorgada por la Constitución Política y las leyes vigentes a las autoridades propias de grupos étnicos, que es ejercida en los territorios de pueblos indígenas por los cabildos gobernadores, capitanes y payes, entre otros; en territorios de comunidades negras, por la junta del consejo comunitario; y en los pueblos rom o gitano, de acuerdo con la kriss, tal como se ilustró en la tabla 2.
En tal sentido, el derecho a la autonomía, en conjunto con el respeto por las diferencias, comporta que el ordenamiento en territorios de los grupos étnicos, sin desbordar las competencias de las entidades territoriales, sí debe ser realizado por las propias comunidades; es esta una forma de garantizar el derecho a la subsistencia. Sobre esta interdependencia es necesario entender el derecho a la autonomía, al igual que “el derecho al territorio[,] como un derecho cultural, cuya titularidad depende de las condiciones culturales de los sujetos –individuales o colectivos–. Pero la naturaleza del derecho al territorio es mucho más compleja, porque es un derecho cultural que permite la garantía de otros derechos”90.
El núcleo esencial del derecho a la autonomía, como bien dice la Corte Constitucional,
… recae en la potestad de gestionar y satisfacer sus intereses propios en el marco territorial que habitan (art. 287 CP), por consiguiente, cualquier interferencia del Estado debe, primero, estar fundamentada en la Constitución y la ley segundo, tratar de medidas útiles y necesarias para la protección de los derechos fundamentales o colectivos involucrados; y, tercero, ser las medidas menos gravosas para la autonomía política de dichas comunidades étnicas91.
De tal forma, continúa la Corte, “que el Estado tiene que reconocer, respetar y proteger estos derechos y, por consiguiente, asume obligaciones positivas y negativas”, pues le corresponde “tanto facilitar esa gestión (de autogobierno) como abstenerse de interferir indebidamente en la toma de las decisiones”92.
De esta forma, la decisión de quién ordena, qué ordena y cómo se ordena en territorios de grupos étnicos no debe reducirse al proceso previo al acto administrativo de adopción de un plan o esquema de ordenamiento territorial, sino que debe quedar en la órbita de las potestades derivadas del respeto y reconocimiento de las formas de gobierno propio. Dicho de otra manera, no debe continuar lo que sucede en la práctica, en donde los municipios terminan ordenando el territorio de los grupos étnicos, porque son los que deciden y categorizan los usos del suelo. Por el contrario, ordenar el territorio con enfoque étnico es no solo reconocer su presencia, sino aceptar sus decisiones; significa convocar a un diálogo nacional para realizar una verdadera ordenación del territorio colombiano. Ahora bien, estas consideraciones invitan a preguntarse, en la siguiente sección: si los grupos étnicos ordenan su territorio, ¿cómo debe darse este proceso?
4. DESAFÍOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE ÉTNICO
El enfoque étnico en el ordenamiento territorial, más que garantizar niveles de participación en espacios democráticos en que se incluyan representantes de los grupos étnicos de acuerdo con sus esquemas de organización y formas de gobierno propio, comporta retos institucionales, normativos y organizativos. Como ya se planteó, la ordenación es un proceso complejo, pero no imposible.
Lo primero que habría que hacer sería pensar, como se ha reiterado a lo largo de esta reflexión, que el enfoque étnico va más allá del reconocimiento de la existencia de grupos étnicos en un territorio (más allá de un diagnóstico y una caracterización). Así pues, la ordenación con enfoque étnico y autonomía territorial debería:
1. Superar la homogeneización y estandarización.
2. Tener en cuenta referentes culturales propios.
3. Reconocer y respetar que existen diferentes modelos de desarrollo.
4. Reconstruir modelos de desarrollo desvirtuados por los procesos de colonización.
5. Crear escenarios de diálogo que superen los espacios de planeación territorial y/o comisiones naciones y regionales de ordenamiento territorial.
6. Construir los planes e instrumentos de planeación, ordenación y desarrollo de los grupos étnicos.
7. Superar las discrepancias entre el país oficial y el país real (De Sousa Santos, 2014, p. 50) para incorporar las estructuras de gobierno propio de cada grupo étnico en la estructura política y administrativa del Estado colombiano.
8. Corresponder a la decisión institucional de apoyo y asignación presupuestal para grupos étnicos más allá de programas y/o subvenciones de organizaciones no gubernamentales o de los recursos destinados para avanzar en la titulación colectiva o en programas y proyectos de autoridades ambientales, que garanticen procesos autónomos de ordenamiento territorial.
Teniendo en cuenta este punto de partida, a continuación se presentan algunos retos para emprender esta tarea:
1. Retos institucionales: se refieren a los desafíos a los que se enfrentan las entidades que representan al Estado. Desde este lado, el ordenamiento territorial debe trascender a su percepción como una competencia exclusiva de las entidades territoriales y asumir que en un territorio coexisten varias autoridades que, así normativamente no se denominen como entidades territoriales, sí ejercen materialmente competencias similares a estas, como la administración de un territorio o la ordenación del suelo y de los recursos naturales.
Además, la institucionalidad debe reconocer las diferencias que hay en la diversidad y comprender que cada grupo étnico en Colombia tiene sus propias dinámicas históricas, cosmovisión y formas de gobierno. En tal sentido, la labor de las entidades territoriales es articular e incorporar estas diferentes cosmovisiones, y no tratar de ordenar y sectorizar los territorios colectivos. La concertación debería servir para articular estas diferencias, pero reconociendo que cada grupo puede ordenar su territorio, que también es parte del territorio colombiano. Por lo anterior, se “requiere de un especial tratamiento y consideración desde las políticas públicas y el comportamiento sensible y comprometido de los funcionarios en todos los niveles del Estado”93.
De igual manera, los recursos económicos que se invierten en los procesos de planeación de planes de desarrollo, y planes y esquemas de ordenamiento territorial, deberían destinarse a garantizar que cada grupo étnico construya sus propios procesos de planeación y ordenación (planes de etnodesarrollo, planes de vida, plan del buen largo camino pueblo rom, planes de ordenación, planes de manejo y aprovechamiento de recursos naturales), de tal forma que cuando la institucionalidad emprenda procesos de ordenamiento ya los grupos étnicos cuenten y tengan consolidados sus procesos. El punto de partida para la articulación y concertación será más fácil y se requerirá menos tiempo. No se trata de presentar un plan para que las comunidades expresen su opinión o aprobación. Ordenar el territorio colombiano es garantizar que este “país real” sea la base y punto de partida para las decisiones.
2. Retos normativos. Sin desconocer que a partir de 1991 el desarrollo normativo para garantizar los derechos de los grupos étnicos94 en el país tomó un gran impulso, todavía hacen falta desarrollos normativos que garanticen los derechos reconocidos; así por ejemplo, en relación con los pueblos indígenas se debe continuar en la materialización del artículo 329 CP y desarrollar todas sus competencias como entidades territoriales.
La autonomía territorial debe conducir “a que se reconozca a las autoridades tradicionales la competencia de ejercer funciones administrativas, legislativas y judiciales. Visto de esta manera, el ordenamiento territorial es una estrategia para hacer efectivo el reconocimiento de los territorios indígenas como Entidades Territoriales Indígenas (ETIs), es decir, espacios donde los pueblos indígenas podrán ejercer sus derechos y deberes para con el resto de la Nación”95.
En el caso de las comunidades negras, afrocolombianos y palenqueras, es preciso continuar con los procesos de reglamentación de la Ley 70 de 1993, en el caso de los raizales, con la adopción final de un marco normativo completo y especial (estatuto raizal). En relación con los rom o gitanos, se requiere continuar con la expedición de otros instrumentos normativos que les permitan desarrollarse como grupo étnico. La anterior reflexión con miras a que las futuras disposiciones que se expidan sobre ordenamiento territorial en el país realmente garanticen el enfoque étnico96.
3. Retos organizativos: se hace referencia, acá, a los desafíos a los que se enfrentan los grupos étnicos, en especial al de emprender los procesos que se requieren en vista de consolidar sus planes de desarrollo y ordenamiento del territorio y contar con los instrumentos básicos para el relacionamiento con la institucionalidad. En este aspecto el tema presupuestal es clave, porque se debe superar el trabajo sectorizado de las instituciones estatales que trabajan a partir de proyectos en la mayoría de ellos casos financiados por la cooperación internacional y no en virtud de una decisión presupuestal real del Estado colombiano. También se hace referencia al inicio de procesos de autocrítica frente a sus órganos de representatividad y la forma en que ejercen los mandatos.
Ahora bien, como lo exponía Bonilla97, a pesar de los efectos positivos que ha generado el marco jurídico, los grupos étnicos se enfrentan a retos de gran magnitud, pues deben encarar una serie de obstáculos prácticos que dificultan su implementación, retos que están directamente relacionados con el alto grado de insatisfacción de las necesidades básicas de estos grupos sociales y con el contexto político y económico que vive el país.
CONCLUSIONES
Es imperioso partir por reconocer que en Colombia existen diferentes visiones de ordenamiento territorial, que pueden coexistir si se reconocen y respetan las diferencias entre sí. La condición de Estado unitario no obsta para hacer realidad el carácter democrático de este país y garantizar el principio y derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural.
El enfoque étnico en la ordenación del territorio se refiere a reconocer que en la diversidad hay diferencias, y a garantizar que cada grupo étnico tiene el derecho a decidir cómo ordena su territorio. No se reduce a la participación en espacios de concertación para la adopción de instrumentos de planeación, no se agota con la representatividad o con estudios de diagnóstico y caracterización poblacional. Promueve el respeto de las diferencias y la aceptación de la ordenación realizada por cada grupo étnico. Al igual que lo ha hecho la “Corte Constitucional, se debe reconocer que una de las grandes falencias del Estado, en cuanto hace a la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas, como la que se propone, tiene que ver específicamente con la ausencia en éstas de un enfoque diferencial que garantice y proteja los derechos de estos grupos y personas”98.
Los derechos de los grupos étnicos, categorizados, en virtud de la condición de estos últimos de sujetos de especial protección constitucional, como derechos fundamentales, tienen una relación de interdependencia, de tal forma que el reconocimiento y ejercicio del uno garantiza la materialización de los otros. Por lo tanto, en la ordenación del territorio, el derecho a la autonomía se convierte en la clave para ejercer otros derechos.
El derecho a la autonomía tiene que ver con la potestad de un grupo étnico para decidir cómo, quién, en qué tiempo y en qué condiciones organiza su territorio. La autonomía garantiza la distribución espiritual y física del territorio, con los usos permitidos y prohibidos, con las prácticas tradicionales de producción y las prácticas espirituales y culturales, aspectos clave para el ordenamiento territorial. No obstante, la autonomía lleva implícita la capacidad financiera que servirá de fundamento e instrumento para la materialización de las decisiones. Poder de decisión sin recursos financieros es un poder en el vacío, en el papel. El enfoque étnico exige una nueva lectura de este derecho.
El ordenamiento territorial, más que ser una obligación de las entidades territoriales, se convierte en una política pública que demanda trabajo articulado, el cual debería darse primero entre los diferentes niveles de organización del Estado colombiano y luego con los grupos étnicos, para evitar duplicidad de intervenciones y de ejercicio de funciones.
Así las cosas, la autonomía y el autogobierno van más allá de la simple constitución y elección de sus formas y espacios de gobierno. La autonomía implicaría el ejercicio real de una capacidad de decisión en todo lo que tenga que ver con la aspiración de la ordenación del territorio, es decir, el desarrollo de la capacidad legal, institucional y financiera para gestionar, administrar y decidir sobre lo que pasa, se planea y se proyecta para su territorio; incluso más allá de los restringidos espacios que ofrecen la consulta previa o las instancias de participación ciudadana contempladas por la normatividad99.
El nuevo enfoque frente a lo que significa la ordenación del territorio con enfoque étnico exige cambios institucionales, organizativos y normativos que suponen grandes desafíos, sobre todo para la institucionalidad colombiana; pero esta será la única forma de zanjar la “puja entre diferentes modelos de desarrollo”100 que deben coexistir y complementarse dada la diversidad de la nación.
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFÍA
AGUDELO, CARLOS EFRÉN. Retos del multiculturalismo en Colombia, Medellín, La Carreta, 2005.
ARANGO, M. Barú: los conflictos de la paz. Las disputas por los modelos de desarrollo y las políticas de conservación en los territorios étnicos, s. l., USAID, OIM, Prosperidad Social y CNMH, 2017.
BOLAÑOS, T. e I. FLISI. Enfoque diferencial e interseccional, Bogotá, Fundación Max Planck para la Paz Internacional y el Estado de Derecho y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2017.
BORRERO, G. Derechos multiculturales (étnicos) en Colombia: una dogmática ambivalente, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2014.
CORONADO DELGADO, S. “El territorio: derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia”, en Controversias, n.º 187, 2006, pp. 47-81.
DUQUE, N. “Particularidades de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial”, en Análisis Político, vol. 25, n.º 76, 2012, pp. 175-190.
FLÓREZ, J. “El ordenamiento territorial: urgencia política y socio-espacial para construir un país más justo”, en Cuadernos de Geografía, X, 1, 2001, pp. 181-200.
GUTIÉRREZ, F. “Organización territorial, desarrollo sostenible y nuevas visiones sobre el territorio en Colombia (1991-2010)”, en Perspectiva Geográfica, n.º 15, 2010, pp. 239-260.
HERNÁNDEZ, Y. “El ordenamiento territorial y su construcción social en Colombia: ¿un instrumento para el desarrollo sustentable?”, en Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía, n.º 19, 2010, pp. 97-109.
HINESTROZA, L. Declaración de áreas protegidas en territorios colectivos de comunidades negras en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia y Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, 2008.
HINESTROZA, L. Entre mito y realidad: el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras en Colombia. Apuesta teórica de un derecho sui géneris, Bogotá, Universidad Externado de Colombia y Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, 2018.
HINESTROZA y C. TELLO. “El ordenamiento en el territorio colectivo de las comunidades negras en Colombia: entre utopías, límites y desafíos”, en M. D. P. GARCÍA PACHÓN (ed.), Lecturas sobre derecho de tierras, t. II, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 387-429.
HINESTROZA, L.; A. MENA y C. TELLO. “Diferencias entre semejantes: aproximación al concepto de territorio desde la diversidad étnica de Colombia”, en M. D. P. GARCÍA PACHÓN (ed.), Lecturas sobre derechos de tierras, t. III, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.
MACHADO, A. “¿Reforma agraria o reforma rural?”, en Análisis Político, n.º 1, 5, 40, 2000, pp. 82-96.
MASSIRIS, A. “El diagnóstico territorial en la formulación de planes de ordenamiento”, en Perspectiva Geográfica, 1, 5, 2011, pp. 33-54.
Ministerio del Interior y de Justicia. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, 2011.
Ministerio del Interior. El enfoque diferencial y étnico en la política pública de víctimas del conflicto armado, Bogotá, Ministerio del Interior, s. f.
Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Proyecto zonificación ecológica de la Región Pacífica Colombiana. Paisajes vividos y paisajes observados. La percepción territorial en la zona ecológica del Pacífico, Bogotá, Gente Nueva, 1999.
OCHOA, R. Propiedad y dignidad. El derecho de propiedad: ni derecho natural, ni derecho fundamental, Bogotá, Temis, 2009.
OSLENDER, U. “La lógica del río. Estructuras espaciales del proceso organizativo de los movimientos sociales de comunidades negras en el Pacífico colombiano”, en M. PARDO (ed.), Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Colciencias, 2001.
RAMÍREZ, N. “Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo”, en Revista Republicana, n.º 45, 2008, pp. 131-139.
RESTREPO, E. “Imaginando comunidad negra. Etnografía de la etnización de las poblaciones negras en el Pacífico sur colombiano”, en M. PARDO (ed.), Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Colciencias, 2001.
SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA. “Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas”, C. F. Morales de Setién Ravina (trad.), en B. D. SOUSA SANTOS y C. A. RODRÍGUEZ (eds.), El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita, Barcelona, Anthropos, 2007.
SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA. Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflagelación, Jineth Ardila Ariza (trad.), Bogotá, Siglo del Hombre Editores y Siglo XXI Editores, 2014.
VALENCIA, M. P. “Pluralismo jurídico, una premisa para los derechos intelectuales colectivos”, en MARGARITA FLÓREZ (ed.), Diversidad biológica y cultural. Retos y propuestas desde América Latina, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Grupo Semillas y WWF, 1998.
VILLA, W. “El territorio colectivo de comunidades negras más allá de la titulación”, en IIAP (ed.), Una aproximación al estado de la titulación colectiva, Quibdó, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, s. f.
DOCUMENTOS
Defensoría del Pueblo. Derecho a la autonomía de los grupos étnicos, Boletín n.º 2. Bogotá, Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas - Defensoría del Pueblo, 2014.
Departamento Nacional de Estadística. Poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Resultados del Censo de Población y Vivienda 2018, Bogotá, Departamento Nacional de Estadística, 2019.
Departamento Nacional de Estadística. Población Gitana o Rrom de Colombia. Resultados del Censo de Población y Vivienda 2018, Bogotá, Departamento Nacional de Estadística, 2019.
Departamento Nacional de Estadística. Población Indígena de Colombia. Resultados del Censo de Población y Vivienda 2018, Bogotá, Departamento Nacional de Estadística, 2019.
DNP - Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Lineamientos para la implementación del enfoque de derechos y la atención diferencial a grupos étnicos en la gestión de las entidades territoriales, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2016.
ECHAVARRÍA, C. Sobre el sentido de territorio para los pueblos indígenas en el contexto del ordenamiento territorial y el desarrollo minero, s. l., IDRC y CRDI, 2001.
Grupo de Enfoque Diferencial. ¿Qué hacemos desde Prosperidad Social en enfoque diferencial?, Bogotá, Departamento de Prosperidad Social, s. f.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Enfoque étnico pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblo Rrom, Bogotá, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, USAID y OIM, s. f.
WEB
Consejos Comunitarios Negros y Resguardos Indígenas. Portal de Datos Abiertos de ANT, disponible en: http://www.agenciadetierras.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/portal-de-datos-abiertos/ (consultado el 2 de abril de 2020).
Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: https://dle.rae.es/ (consultado el 1.º de abril de 2020).
El Ordenamiento Territorial del Resguardo Emberá de Gengadó-Patadó, disponible en: http://www.semillas.org.co/es/el-ordenamiento-territorial-del-resguardo-ember-de-gengad-patad (consultado el 2 de abril de 2020).
¿Qué es el enfoque diferencial?, disponible en: https://www.hchr.org.co/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial (consultado el 31 de marzo de 2020).
JUAN CARLOS COVILLA MARTÍNEZ
Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de determinantes de los planes de ordenamiento territorial
SUMARIO
Introducción. 1. Diversos niveles de gobierno y diversos sectores en la ordenación del territorio. 1.1. La ordenación urbanística y rural. 1.2. Diversos sectores que completan la ordenación del territorio. 1.3. Relación Estado-particular o Estado-Estado. 2. Conceptualización de la concurrencia y necesidad de coordinación en la ordenación territorial. 2.1. La concurrencia no es un principio… 2.2. … es una descripción objetiva de la existencia de competencias compartidas. 2.3. La coordinación de las competencias concurrentes. 3. Los determinantes en el POT y los mecanismos de coordinación. 3.1. El plan de ordenamiento territorial. 3.2. Los determinantes son la manifestación en la ordenación del territorio de intereses concurrentes. 3.3. Diversos tipos de determinantes. 3.3.1. Ejecución directa de obras o servicios de interés supramunicipal. 3.3.2. Normas o regulaciones supramunicipales. 3.3.3. Mecanismos de coordinación interadministrativa. 3.4. La intervención del municipio en el proceso de creación de los determinantes. Conclusión. Referencias.
INTRODUCCIÓN1
La competencia de ordenación del territorio supone la confluencia de varios intereses, tanto de políticas sectoriales como de niveles de gobierno. En este trabajo se analizará la concurrencia de todos esos intereses y se propondrá una fórmula de coordinación entre estos para que se ejerza de manera adecuada dicha competencia.
La fórmula que ha escogido el legislador para concretar la coordinación en la ordenación del territorio son los determinantes, establecidos de manera enunciativa en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y los mecanismos de concertación, que se contemplan en el artículo 24 de la misma ley. Sin embargo, la jurisprudencia no ha desarrollado en profundidad esta figura, y se requiere de una conceptualización de esta institución jurídica para advertir que por medio de ella no se logra la concertación, sino la imposición de otros sectores o niveles de gobierno sobre el nivel municipal. Si bien se concreta el principio de coordinación en tanto que se encuentran alineados los intereses, la participación del ente local en la decisión de quienes adoptan los determinantes es bastante deficiente.
El problema jurídico que pretende solucionar este trabajo es si los determinantes de los planes de ordenamiento territorial resultan ser mecanismos adecuados de coordinación de intereses en la ordenación del territorial. La hipótesis que se sustenta es que se requiere una adecuada identificación de la naturaleza jurídica de los determinantes para que posteriormente, en el procedimiento previo a su adopción, el municipio conozca y pueda intervenir en la decisión por adoptar.
Para desarrollar esta hipótesis, en primer lugar, (1) se analizan los diversos niveles de gobierno y los diversos sectores en la ordenación del territorio. En segundo lugar, (2) se hace una conceptualización de la concurrencia y se expone la necesidad de concretar la coordinación en la ordenación territorial. Finalmente, (3) se estudian los determinantes en el POT y los mecanismos de coordinación establecidos en el ordenamiento jurídico.
1. DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO Y DIVERSOS SECTORES EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Un primer aspecto que se debe apuntar en el análisis de la concurrencia y la coordinación en el marco de la ordenación del territorio es la identificación del objeto de estudio. El motivo por el cual se debe iniciar por este aspecto es que el territorio es uno de aquellos asuntos en los que confluyen varios intereses, tanto de distintos sectores como de los diferentes niveles de gobierno en un Estado2.
En efecto, en el mismo territorio pueden concurrir diversos sectores, tales como la minería, asuntos ambientales o aspectos urbanísticos, a la vez que pueden confluir distintos intereses como el de una infraestructura vial o el de prestación de los servicios públicos. La toma de decisiones respecto de estos sectores puede ser parte de los distintos niveles de gobierno del Estado que tengan interés sobre el territorio concernido. El nivel nacional tendrá en tal caso un interés de promoción de la economía nacional a través de la minería, mientras que el municipio lo tendrá en regular los usos del suelo de su territorio.
Pues bien, es preciso que en este primer apartado se aclare el objeto del presente trabajo, esto es, la concurrencia de varios niveles de gobierno y diversas políticas sectoriales en la ordenación del territorio. Para acometerlo, en primer lugar, (1.1) se expone el concepto de la ordenación urbanística; en segundo lugar, (1.2) se analizan los diversos sectores que pueden confluir en un territorio y, finalmente, (1.3) se expone la forma como se configura la actuación por parte de los diversos niveles de gobierno y no por otros mecanismos, por ejemplo, de relación con la sociedad civil.
1.1. LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y RURAL
La ordenación del territorio representa la confluencia de varios modelos de gestión del territorio, tal como se expone en el apartado siguiente. Sin embargo, uno de ellos funciona como eje vertebrador de los diversos intereses que se ven en el territorio: el modelo territorial del plan de ordenamiento territorial (POT), modelo que compone tanto los territorios urbanos como los rurales. Por esta razón, la primera precisión que se debe hacer es identificar el contenido de este tipo de ordenación.
La ordenación del modelo territorial es la adecuada gestión del territorio para concatenar los diversos intereses que en este confluyen. Se concreta, entre otros, al alinear el interés privado compuesto de aspectos residenciales y comerciales, con intereses públicos como los institucionales, ambientales y de provisión de espacio público. Varios aspectos se deben resaltar de este asunto.
En primer lugar, el acercamiento a esta disciplina ha cambiado considerablemente: desde el estudio de las obras de gran envergadura que tenían impacto sobre el territorio y el ensanche de las grandes ciudades3, hasta un entendimiento más comprensivo de la relación del ciudadano con su entorno territorial. Esa relación deja de lado la visión que se centra en la ciudad para ampliarla a conceptos como el desarrollo sostenible o evidenciar la vinculación entre zonas rurales y urbanas4.
Se hace notar este último entendimiento de la ordenación del modelo territorial por su gran importancia en Colombia. Ante la renovada atención del Estado respecto del territorio rural y su relación e impacto sobre el territorio urbano, la ordenación urbanística comprende por supuesto la gestión integral del territorio y entiende la interrelación que entre los dos se crea frente a los ciudadanos5. La ordenación urbanística en Colombia requiere reforzar la atención en el suelo rural, como se ve reflejado, por ejemplo, en los inconvenientes para la adecuada prestación de servicios públicos y acceso a la vivienda digna.
En segundo lugar, la regulación de los usos del suelo está atribuida al municipio en el artículo 313.7 CP. El instrumento que concreta esa regulación es el POT, que será analizado posteriormente. Pues bien, esta regulación de los usos del suelo tiene que llevar a concretar muchos aspectos que, incluso, reflejan intereses constitucionales, como es el caso de la adecuada prestación de los servicios públicos (arts. 311 y 365), la construcción de obras (art. 311) y la vivienda (art. 51)6.
A la par de estas normas constitucionales, el artículo 3.º de la Ley 388 de 1997 desarrolla el contenido mismo de la función pública del urbanismo que tiene por finalidades desde el acceso a infraestructura de vías y transporte hasta incentivar el mejoramiento de la calidad de vida. Uno de los retos más importantes en la ordenación urbanística es el de equilibrar la adecuada promoción de la calidad de vida de los habitantes del territorio y el desarrollo del mismo territorio, lo cual pasa por buscar que se promueva un progreso tanto de la infraestructura (de transporte, vial, etc.) como de la iniciativa económica pública y privada. Se trata de satisfacer intereses económicos que lleven a mejorar la capacidad económica de los habitantes, sin que eso termine por deteriorar o, incluso, arrasar el medio ambiente7.
En tercer lugar, como se dijo, la regulación de los usos del suelo es el eje vertebrador de la ordenación del territorio, puesto que la disposición del espacio para la identificación de zonas residenciales, comerciales o institucionales termina por impactar de manera considerable en las demás formas de gestión del territorio, como se explica brevemente en el apartado que sigue. Para lograr esa disposición del territorio se deben tomar en cuenta todas las demás formas de organización del mismo.
Por esto, las eventuales contradicciones del sistema de ordenación del territorio se advertirán una vez se lleve a cabo la planificación urbanística, pues para el desarrollo de la misma se tendrá que tomar en consideración los demás modelos de gestión del territorio. En concreto, el plan de ordenamiento territorial tendrá que aplicar los determinantes establecidos en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 para identificar los mecanismos de incidencia que otros sectores y otros niveles de gobiernos tienen sobre cada territorio.
Para evitar esas contradicciones, el análisis de la concurrencia y la definición de fórmulas de coordinación serán necesarios durante la tramitación de dichos determinantes, lo cual permitirá que todos los intereses se vean reflejados. Incluso en aquellos asuntos propios que involucran el interés de una sola autoridad, se requiere de un análisis de las posibles incidencias que otros sectores pueden tener sobre esa decisión. Un ejemplo de esta situación sería la gestión del paisaje, típica competencia del orden municipal8. Para ejercer esta competencia se deberá observar las decisiones de otros sectores y otros niveles de gobierno sobre otras competencias que se encuentren en concurrencia, como se ha expuesto previamente.
1.2. DIVERSOS SECTORES QUE COMPLETAN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
La gran variedad de políticas sectoriales que confluyen en la toma de decisiones sobre el territorio es uno de los aspectos más importantes para tomar en cuenta en la concurrencia y coordinación. Se trata de sectores de las más diversas materias y muchos de ellos con importantes desarrollos jurídicos. Así, por mencionar algunos, la ordenación del territorio tendrá que tomar en consideración aspectos propios del medio ambiente o la infraestructura vial. Buena parte de estos sectores cuentan con regímenes jurídicos propios, por ejemplo, de los dos mencionados la Ley 99 de 1993 y 105 de 1993, respectivamente.
El motivo por el cual confluyen todos estos sectores es que tienen una incidencia muy importante en el territorio o que es un mismo territorio el objeto de su intervención. Por supuesto que el sector medio ambiente tiene que incidir de manera directa en el territorio, como podría ser mediante el establecimiento de zonas de reserva ambiental, aunque pueda suponer otro tipo de medidas, por ejemplo, limitaciones a fábricas que busquen evitar la producción de elementos tóxicos9. En otros casos, el objeto de intervención es precisamente el territorio, como en el caso de la infraestructura vial, ya que las carreteras tienen que ser construidas sobre el territorio.
En ese mismo territorio donde inciden estas políticas sectoriales se debe tomar una decisión de ordenación urbanística por parte de la Administración Pública, con la intención de organizar los usos del suelo, estableciendo zonas comerciales y residenciales, por ejemplo.
Pues bien, el objetivo de la ordenación del territorio es la disposición y organización del mismo para una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tal como lo establece el artículo 3.3 la Ley 388 de 1997, en la que se regule la “actividad social en su estructura espacial”10. Este objetivo es bastante ambicioso, pues entra a concretar a través de un instrumento de planificación, como el POT, importantes derechos constitucionales como la vivienda digna, los servicios públicos y la función social de la propiedad privada.
El primer requisito para lograr el cometido de integración de los distintos sectores en el territorio es la debida identificación y comprensión de tales sectores. Para que esto se concrete es preciso saber del ámbito de actuación y el régimen jurídico del sector, lo que comprende el conocimiento de las autoridades involucradas, de las competencias por ejercer y de los instrumentos por utilizar11.
Una adecuada comprensión del sector, entonces, permitirá la identificación de los ámbitos en los que concurran competencias de diversas autoridades, y llevará a que se utilicen de la mejor manera los instrumentos que permitan coordinar el funcionamiento de la entidad.
El segundo aspecto para tomar en consideración es la necesidad de dar valor a todos estos sectores que confluyen en el territorio. El problema más importante de una ordenación del territorio incluyente de todos los sectores es que ni la Constitución Política ni la ley contienen la referencia que permita identificar cuándo y de qué manera debe prevalecer determinado interés, por ejemplo, en lo que se refiere a la ubicación de un suelo residencial o una zona de reserva. Por el contrario, se fijan normas y directrices por diversas autoridades, y es la Administración competente de regular los usos del suelo, es decir, el municipio, la que tiene que concretar su contenido.
En efecto, para comenzar, la Constitución Política establece que se debe garantizar el derecho a una vivienda digna (art. 51), a un medio ambiente sano (art. 79) y a una adecuada prestación de los servicios públicos (art. 365). Pero entre estos, como se señaló, no existe una jerarquía, por lo que le corresponde a la autoridad encargada de la ordenación del territorio analizar las diversas variables para lograr una efectiva articulación. La importancia que tiene cada una de las políticas sectoriales dictadas para el cumplimiento de estas normas constitucionales haría pensar, incluso, si, en vez de buscar la articulación entre ellas, no debería hacerse un mismo régimen jurídico que las integre y haga que su análisis desde la ciencia del derecho sea único, como sucede en otras ciencias sociales12.
Planteada la cuestión como se ha hecho, se puede advertir que uno de los aspectos capitales en este tipo de ordenación es lograr la articulación de todos los sectores que inciden en el territorio, para lo cual se deben articular competencias e instrumentos que permitan una debida coordinación de todos los intereses en juego. En el ordenamiento jurídico colombiano los determinantes del plan de ordenamiento territorial juegan un papel muy importante para conseguirlo.
1.3. RELACIÓN ESTADO-PARTICULAR O ESTADO-ESTADO
Un segundo aspecto para tomar en cuenta en la concurrencia y la coordinación respecto de la ordenación del territorio consiste en las diferentes relaciones que se pueden crear en la toma de decisiones. En efecto, las diversas políticas sectoriales que se han analizado atrás llevan a que varios niveles de gobierno tengan intereses en la materia y competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico para tomar decisiones sobre el asunto.
Sin embargo, una anotación preliminar se debe hacer sobre este aspecto. El análisis de los diversos intereses que se pueden dar en temas de ordenación del territorio requiere de una depuración para identificar de manera adecuada el régimen jurídico que aplica a la situación. Por esta razón, las discusiones que se generan sobre la forma de intervención de la ciudadanía en casos como los de las consultas populares o las consultas previas en asuntos mineros deben tener un trato diferenciado.
Así, se encuentra de manera recurrente la consulta popular como un mecanismo de expresión del interés local frente a las decisiones nacionales que se toman respecto de asuntos mineros o petroleros13. Los mecanismos utilizados para estas consultas populares han sido diversos. Entre ellos, el más representativo por su carácter vinculante es el que se encontraba contenido en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994[14], hoy declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-053 de 2019.
El análisis que se realiza en este trabajo sobre la concurrencia y la coordinación de la ordenación del territorio no incluye esta perspectiva. Si bien en este caso se presenta una forma de coordinación público-privada, en la que el Estado busca alinear sus intereses con particulares afectados por decisiones, no es propiamente este el tipo de coordinación que se analiza en este escrito. La razón es que esta perspectiva corresponde a una forma de democracia participativa que funciona y tiene un régimen jurídico diferente a la coordinación que se debe dar entre los diversos niveles de gobierno que se enfrentan en un mismo territorio con diversas políticas sectoriales15.
En otras palabras, el interés de este trabajo reside concretamente en analizar la coordinación que se debe dar en la ordenación del territorio cuando hay relaciones entre varios niveles de gobierno al interior de un Estado, como es el caso de la Nación con los departamentos y municipios, es decir, una coordinación ad intra. Mientras que la coordinación que se acaba de exponer corresponde a una coordinación ad extra, en la que el Estado debe coordinar sus intereses con los de los administrados para la toma de decisiones.
En este trabajo, partiendo de la concurrencia y la coordinación se analizará el funcionamiento de los diversos niveles de gobierno y su relación con la ordenación del territorio. Para esto, lo primero que se debe considerar son los intereses de los niveles de gobierno frente a los asuntos territoriales, para posteriormente analizar las competencias atribuidas a cada uno de estos niveles. Desde luego que tanto la Nación como el departamento, el municipio y las regiones, una vez constituidas16, tienen un interés en el territorio. Cada uno de esos niveles de gobierno ostenta un interés que incide de una u otra forma en la ordenación del territorio, ya que incluso las políticas generales de un sector, que corresponden a la Nación, tienen una repercusión en el territorio.
En segundo lugar, se deben analizar las competencias atribuidas a cada uno de estos niveles de gobierno. Competencias que bien pueden ser directas, en tanto que toman medidas para regular un sector, o instrumentales, en cuanto sirven para articular aquellas competencias directas de otras autoridades. Pues bien, en ambos casos pueden darse relaciones entre varios niveles de gobierno. Así, cuando una autoridad ambiental del orden nacional adopta un reglamento sobre un aspecto de uso y aprovechamiento de recursos naturales, el mismo debe ser acatado por el municipio al momento de regular los usos del suelo, por ejemplo, para limitar el establecimiento de fábricas que puedan tener un impacto en el medio ambiente17.
Hay dos razones importantes por las que genera interés esta perspectiva de análisis de la ordenación del territorio. Por un lado, porque entre los niveles de gobierno no existe jerarquía y, por el otro, porque cada uno de esos niveles de gobierno cuenta con la capacidad de adoptar competencias en régimen de autonomía. Todo ello representa un reto importante para la articulación de la ordenación del territorio.
En primer lugar, la Constitución Política estableció en los artículos 1.º y 287 un desarrollo de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, por lo que mal se haría si se tratara de resolver la articulación necesaria en la ordenación del territorio a partir de una supuesta jerarquía fruto de los distintos niveles territoriales que existen en Colombia18.
A partir de aquí se puede deducir que la solución a las contradicciones que se presenten entre los diversos sectores que confluyen en el territorio y los distintos niveles de gobierno no puede obtenerse bajo una lógica de jerarquía, sino que requiere de una adecuada definición de fórmulas de coordinación que lleven a armonizar todos estos intereses. Un aspecto que será objeto de análisis en el apartado de los determinantes de los planes de ordenamiento territorial será precisamente el de cómo, a la hora de armonizar esas políticas, habrá algunas que representan un interés directo y por tanto prevalecen, como es el caso de la infraestructura vial del orden nacional, mientras que habrá otras que requieren de una concertación.
Esta configuración constitucional ha sido secundada por una progresiva interpretación de la jurisprudencia constitucional a favor de la descentralización y la autonomía territorial. Así, desde una tímida jurisprudencia constitucional que seguía favoreciendo los intereses nacionales cuando entran en conflicto con los locales, se pasó a una jurisprudencia constitucional reflexiva en la que se analizaba cada caso para identificar cuándo y cómo debía articularse su funcionamiento, aspecto que, de cualquier modo, requiere seguir siendo profundizado en el análisis de la Corte19.
En segundo lugar, cada nivel de gobierno cuenta con competencias propias que pueden ser ejercidas en el marco de su autonomía. El sentido que se quiere expresar aquí es que la potestad normativa de las entidades territoriales reconocida en el artículo 286 CP, si bien se da en el marco de la Constitución y la ley, permite regular sectores de una manera especial e incluso diferente frente a otros niveles de gobierno y otras entidades territoriales20. En otras palabras, la regulación en asuntos propios de la ordenación del territorio de Medellín puede ser diferente de la de Cali y, a su vez, de la del departamento de Antioquia y de la Nación.
De esta manera se permite que cada nivel de gobierno termine por adoptar una planificación que lleve a ordenar el territorio, sin que sea necesariamente una expresión de la reglamentación de los usos del mismo atribuida a los concejos municipales. La razón es que la ordenación del territorio, como se ha explicado previamente, no es solamente un ejercicio de distribución de zonas residenciales y comerciales en un territorio urbano, sino una visión de conjunto de diversos niveles y respecto de varias políticas sectoriales sobre ese territorio21.
2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CONCURRENCIA Y NECESIDAD DE COORDINACIÓN EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL
En el panorama que se ha planteado se observa que la ordenación del territorio tiene como característica la integración de diversos sectores y niveles de gobierno frente a la gestión de un territorio. Como se ha señalado más atrás, este aspecto requiere de fórmulas de coordinación que permiten que todos los actores puedan ser tomados en cuenta en la decisión que se tome. En Colombia el artículo 288 CP ha servido como instrumento para solventar muchos de estos asuntos. Esta norma señala que el ejercicio de competencias tendrá que ser conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. A continuación se analiza (2.1) por qué la concurrencia no es un principio jurídico; seguidamente, se señala (2.2) su concepto, y, finalmente, (2.3) se expone el principio jurídico de la coordinación.
2.1. LA CONCURRENCIA NO ES UN PRINCIPIO...
La incorporación de las cláusulas de descentralización y autonomía de las entidades territoriales en la Constitución de 1991 representó un cambio de mentalidad sobre la organización administrativa colombiana. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional demoró un tiempo considerable para comenzar a resolver casos en los que se hiciera uso de estas cláusulas. En los inicios de la Corte Constitucional el favorecimiento a las decisiones del nivel nacional era recurrente, y solo posteriormente se comenzaron a dictar fallos que tomaban en cuenta los niveles territoriales de gobierno. Así, la jurisprudencia hablaba de unas limitaciones recíprocas entre el orden nacional y territorial, que en un comienzo, de manera predominante, favorecían al primero22.
Para equilibrar las tensiones que se generaban entre el orden nacional y territorial la jurisprudencia constitucional hizo uso del contenido del inciso segundo del artículo 288 CP, norma que señala: “Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.
Esto repercutió en la necesidad de dar contenido a los principios que allí se señalan. En primer lugar, se recuperó la premisa del artículo 6.º de la Ley 489 de 1998[23]. Esta norma abarca bajo un solo concepto a los principios de concurrencia y coordinación y establece que estos consisten en la garantía de armonización de las decisiones de las autoridades administrativas. Además, indica que las mismas colaborarán en el ejercicio de competencias de otras autoridades y no impedirán su ejercicio.
Por su parte, el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), diferenció la concurrencia de la coordinación, así: la coordinación la definió en términos de que “La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica”, mientras que la concurrencia la definió entendiendo que “La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su autonomía”.
De las normas transcritas se observa que esta última ley considera la coordinación como la necesidad de lograr la articulación y la coherencia en el ejercicio de las competencias, mientras que la concurrencia pretende el ejercicio de acciones conjuntas, lo que supone fórmulas de cooperación. Estos mismos conceptos se encontraban en el artículo 6.º de la Ley 489 de 1998, pero lo hacían como si ambos representaran a un mismo principio. De entrada, en los conceptos establecidos en la ley se observa contradicción.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha conceptualizado en pocas ocasiones la concurrencia. La primera de las dos definiciones utilizadas es que este principio “[p]arte de la consideración de que existen una serie de fines del Estado cuya realización requiere de la participación tanto de las autoridades del Estado a nivel nacional, como de las entidades del nivel territorial”24. El sentido que se expone es que la concurrencia exige la participación de todas las autoridades en la toma de decisiones. La otra definición será expuesta en el siguiente apartado.
Si bien se observa, no existe un concepto común de la concurrencia en la legislación y la jurisprudencia colombianas. Se llega al consenso de que esta supone la existencia de competencias atribuidas a más de un nivel de gobierno, que en todo caso es la premisa del artículo 288 CP, pero se difiere en tanto frente a la misma se predica la exigencia de cooperar y la de participar en las decisiones comunes25.
La doctrina ha hecho notar la dificultad a la hora de conceptualizar este principio, pero ha planteado una definición al señalar que “la concurrencia supone escenarios en los que varios órganos o entidades se ven abocados al ejercicio conjunto o concurrente de competencias respectivas, sin que esa coincidencia pueda derivar en que una de las entidades se desembarace de sus deberes y funciones”26.
Ahora bien, la estructura de la concurrencia así señalada no corresponde a la de un principio jurídico. Es decir, surge una pregunta del análisis de la concurrencia como se está analizando, a saber: la autoridad que se enfrente al ejercicio de una competencia en la que advierta que existe más de una autoridad involucrada, ¿a qué se vería comprometida a partir del principio jurídico de concurrencia?
2.2. ... ES UNA DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE LA EXISTENCIA DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS
Para responder el cuestionamiento que se ha planteado al finalizar el apartado anterior se pueden tomar dos posiciones: la primera corresponde a interpretar las definiciones normativas y jurisprudenciales ya señaladas, mientras que la segunda refiere a una conceptualización diferente de ellas.
La primera interpretación consistiría en que la concurrencia como principio jurídico consagrado en el artículo 288 CP que establece una obligación de auxiliar o apoyar a alguien, que corresponde a la definición de la voz ‘concurrir’27, más que a la de ‘concurrencia’. Sin embargo, si se tomara esta interpretación, el artículo 113 CP estaría repitiendo esta obligación, pues ahí se configura un deber de colaboración armónica entre quienes integran el poder público28. Y, en todo caso, la concreción de ese auxilio demostraría una forma de relación de cooperación entre entidades administrativas que también tiene un concepto propio29.
En la segunda interpretación, que se defiende en este trabajo, se debe establecer una premisa que consiste en que la concurrencia no se encuentra en la categoría de principios jurídicos y en realidad es una regla que describe un hecho jurídico30. Aquí la definición semántica de la voz ‘concurrencia’ correspondería a la coincidencia de varias circunstancias31. En lenguaje jurídico, por otro lado, la concurrencia se puede definir como la existencia de competencias atribuidas a más de un nivel de gobierno sobre una misma realidad jurídica.
Si los principios jurídicos son mandatos de optimización que se deben implementar en la mayor medida posible, la verificación de la existencia de competencias asignadas a más de un nivel de gobierno, es decir, concurrentes, no puede ser tratada de esta manera. Aquí sería oportuno traer a colación lo que la doctrina ha expuesto sobre las modalidades de distribución de las competencias, al afirmar que existen dos tipos de competencias: exclusivas y compartidas. Son exclusivas cuando la competencia ha sido conferida a una sola autoridad, lo que excluye a las demás. Y son compartidas, en cambio, cuando “las potestades sobre una materia se otorgan simultáneamente a varios entes públicos u órganos, bien que de forma desglosada o parcelada”32.
Bajo esta lectura, el sentido que se expone en el artículo 288 CP es que ante la existencia de competencias que debe ejercer más de un nivel territorial de gobierno, esto es, cuando las competencias sean concurrentes o compartidas, se ha de promover su coordinación y la observancia del principio de subsidiariedad.
Una lectura conforme con esta interpretación ya la ha hecho la jurisprudencia constitucional al señalar:
Conforme el artículo 288 ibídem, corresponde a la ley establecer los términos en los que, de acuerdo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los distintos niveles territoriales ejercerán las competencias que les son atribuidas por la Constitución. Una interpretación de los anteriores principios constitucionales conduce a la Corte a afirmar que en materia urbanística, uso del suelo, espacio público y de ordenamiento del territorio, la Carta Política instituyó una competencia concurrente de regulación normativa en cabeza de los niveles central, regional y local, que por su alcance y radio de acción puede caracterizarse así: (i) a la ley le compete establecer por vía general el régimen jurídico, esto es, expedir el estatuto básico que defina sus parámetros generales y que regule sus demás aspectos estructurales; (ii) corresponde a los departamentos y municipios desarrollar la preceptiva legal por la vía del ejercicio de su competencia de regulación normativa, con miras a satisfacer las necesidades locales, teniendo en cuenta las peculiaridades propias de su ámbito territorial33 (resaltado fuera de texto).
En este fallo se observa que la Corte Constitucional identifica y define con claridad que en materia de ordenación del territorio existen competencias asignadas a varios niveles de gobierno. Ahora bien, aunque por lo menos en este fallo la Corte haya reconocido la existencia de competencias concurrentes en materia territorial, esto no ha llevado a que de manera directa haya establecido fórmulas concretas de coordinación para ellas.
2.3. LA COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES
Una vez advertido que, según el artículo 288 CP, la existencia de competencias compartidas o concurrentes exige la adopción de medidas para lograr su coordinación, corresponde precisar este último concepto.
En otro trabajo se había expuesto que la finalidad de la coordinación como principio jurídico era “la alineación y funcionamiento coherente de las administraciones públicas que intervengan en un determinado sector”. En el mismo lugar se señaló que, “[v]isto de esta manera[,] las entidades administrativas cuando interactúan frente a un determinado asunto deben buscar las fórmulas adecuadas para que se logre un actuar armónico entre ellas”34.
En este apartado se definirá de manera breve lo que se ha entendido por coordinación como principio jurídico, analizando en el siguiente acápite las fórmulas concretas que se pueden utilizar en la ordenación del territorio para lograr dicha coordinación.
En el marco concreto de la ordenación del territorio se ha expuesto que la coordinación supone la articulación de los intereses entre las autoridades que tienen competencias concurrentes35. Por otro lado, de una manera más afín al concepto normativo y doctrinario que se expuso atrás, la jurisprudencia ha señalado que la coordinación pretende la actuación armónica de las autoridades, refiriéndose a:
… la existencia de competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado, lo cual impone que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la acción estatal. Esa coordinación debe darse desde el momento mismo de la asignación de competencias y tiene su manifestación más clara en la fase de ejecución de las mismas36.
De acuerdo con lo anterior, la coordinación como principio jurídico, en los términos del artículo 288 CP, consiste en el ejercicio de competencias concurrentes buscando su alineación y coherencia a partir de actuaciones armónicas.
3. LOS DETERMINANTES EN EL POT Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Una vez analizada la concurrencia de competencias que se da al interior de la organización administrativa respecto de la ordenación del territorio, resulta necesario identificar la forma de lograr la coordinación de los diversos sectores y niveles de gobierno en el Estado.
Tal como se desarrolla más adelante, la competencia de ordenación del territorio se encuentra atribuida al municipio, y el instrumento básico a través del cual este concreta la planificación territorial es el POT. Este es el instrumento básico de ordenación, y es en su elaboración que confluyen los diversos intereses.
Sin embargo, la confluencia de estos intereses no significa necesariamente que durante su elaboración se concreten fórmulas de coordinación. Muchas de ellas vienen dadas por un instrumento elaborado de manera previa y que el municipio debe acoger directamente, a ser parte de los determinantes, sin siquiera conocerlos. Este es precisamente el objeto del presente acápite: en primer lugar, (3.1) exponer de manera breve el concepto de POT y, en segundo lugar, (3.2) analizar el concepto de los determinantes como fórmula para integrar los diversos niveles de gobierno y sectores a la planificación territorial. En tercer lugar, (3.3) exponer los diversos tipos de determinantes y, finalmente, (3.4) analizar la intervención del municipio en la construcción de los determinantes.
3.1. EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La competencia de regulación de los usos del suelo está atribuida al municipio, tal como lo señala el artículo 313, numeral 7, CP37. Ahora bien, la configuración constitucional de la autonomía local permite que tanto la Constitución Política como el legislador puedan definir el contenido mismo del ejercicio de esta competencia. Ese es el sentido del artículo 287 CP cuando afirma que el ejercicio de las competencias propias de las entidades territoriales se ejerce en el marco de la Constitución y la ley, sin, en todo caso, desconocer la autonomía municipal para adoptar decisiones propias en determinados asuntos38.
Por esta razón, la forma como se concreta el ejercicio de esta competencia se da precisamente sobre la base del desarrollo legislativo que se hace a partir del artículo 9.º de la Ley 388 de 1997 al señalar que el POT “es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal”.
Ahora bien, el legislador ha previsto que el ejercicio de la discrecionalidad del gobierno municipal para adoptar el POT es amplia en tanto que permite que la concreción de sus instituciones se alimente de disciplinas como la “ingeniería, la arquitectura, la sociología, la antropología, la ecología o la economía, entre otras que deben sustentar las determinaciones que comprometen la planeación y el desarrollo de los asentamientos urbanos”39.
No obstante, desde una perspectiva jurídica, la libertad dentro de la cual se mueve el municipio se ve limitada por cinco factores: 1) por reglas establecidas en la ley y de aplicación directa; 2) por decisiones de otras instancias administrativas aplicadas como determinantes en la planificación urbanística; 3) por estándares mínimos de calidad en materia urbanística definida por el legislador; 4) por mandatos legales, y 5) por prohibiciones legales40. Todas estas limitaciones y lo mencionado más arriba reflejan una cadena de elementos que permiten configurar la autonomía municipal, yendo desde un primer eslabón, que es la Constitución, hasta el último, que son las decisiones administrativas de otros niveles de gobierno41.
Como se observa, salvo el caso de los determinantes señaladas en el número 2, las demás son limitaciones establecidas por el mismo legislador. Sobre esta salvedad del número 2, es decir, los determinantes del POT, se hace un análisis en el apartado siguiente. Basta decir en este espacio que las decisiones administrativas de otras instancias reflejan la necesidad de un gran esfuerzo en la construcción de este instrumento, pues se debe tomar en cuenta la ponderación de valores constitucionales, en la implementación de la ley, las decisiones administrativas y la participación ciudadana42.
La doctrina ha explicado cómo el POT deja de tener la misma estructura de una simple norma, pues “se dispone de un muy amplio margen de libertad para la concreción de fines y objetivos y la determinación de medios o medidas para su realización (lo que quiere decir: en el diseño del modelo u orden a adoptar y, por tanto, la configuración de la realidad social a procurar)”43. Es ese carácter prospectivo y autovinculante lo que ha hecho que se plantee como una categoría jurídica especial.
No por más se ha señalado que el POT supone “el mejor instrumento para precisar de forma detallada la distribución de la población, la delimitación de espacios necesarios para vías públicas, redes de servicios públicos e infraestructuras indispensables para el crecimiento social y económico”44.
3.2. LOS DETERMINANTES SON LA MANIFESTACIÓN EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE INTERESES CONCURRENTES
Los determinantes son decisiones administrativas adoptadas por otros niveles territoriales de gobierno: Nación, departamento u otra entidad administrativa especializada, que inciden en ámbitos de ordenación territorial. De este concepto se deben resaltar tres aspectos: (i) que refleja una concurrencia de competencias, además, (ii) que se trata de decisiones administrativas y, finalmente, (iii) que no se trata de leyes.
En primer lugar, refleja una concurrencia de competencias, puesto que, por un lado, el municipio tiene a su cargo la competencia de regular los usos del suelo, de conformidad con el artículo 313, numeral 7, CP, y, por otro lado, otra instancia administrativa tiene una competencia que incide directamente sobre la ordenación del territorio municipal, como es el caso de la localización de aeropuertos o infraestructura vial. Como se expuso más atrás, esta concurrencia de competencias requiere aplicar la coordinación como principio jurídico, aspecto que se explicará más adelante.
Según el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, existen cuatro tipos de determinantes que deberán ser tenidos en cuenta por los municipios en sus POT, lo que significa que “constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Según la norma, los determinantes pueden ser en temas de medio ambiente, patrimonio cultural, infraestructuras básicas y asuntos metropolitanos. En realidad, la lista de determinantes que se encuentra en esa norma es meramente enunciativa, y en el ordenamiento jurídico se hallan otro tipo de normas que también serían determinantes del POT, como, por ejemplo, las de gestión de riesgo y las de minería45.
En segundo lugar, se trata de decisiones administrativas. Esta afirmación es importante porque la autonomía del municipio reconocida en el artículo 287 CP excluye la jerarquía en las relaciones que se den entre esta entidad territorial y el departamento y la Nación. En esa medida, se plantea un debate interesante sobre la forma como se deben articular estos determinantes para que no terminen por concretar un vínculo de jerarquía entre quien dicta la decisión y el municipio que debe expedir el POT tomando en cuenta estos determinantes.
En tercer lugar, no se trata de leyes. Esta afirmación es importante porque existe una amplia diferencia entre una decisión administrativa y una legislativa. Mientras la primera plantea el problema que se anunció en el párrafo anterior, la segunda goza de una importante capacidad de configuración de acuerdo con el artículo 287 CP, aspecto analizado previamente.
Un último aspecto debe considerarse en el marco de lo expuesto: según el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, los determinantes son normas de superior jerarquía que deben ser acatadas por el municipio. Visto así, sería muy difícil considerar que existe una verdadera coordinación entre el municipio y los otros niveles de gobierno o entidades administrativas que adopten determinantes, pues realmente estos últimos terminarían por imponer sus decisiones al municipio46. Esta configuración del artículo 10 en cita exige un análisis más concienzudo que permita identificar que lo que finalmente se indique en el determinante haya sido también conocido oportunamente por el municipio para poder incorporarlo al POT.
La coordinación de las decisiones de las diversas instancias administrativas en materia de ordenación del territorio frecuentemente supone la prevalencia jerárquica de algunos niveles de gobierno y entidades administrativas sobre el municipio. Las razones por las cuales se ha optado por esto son: 1) la existencia de una competencia específica que prima sobre la general de ordenamiento territorial; 2) la visión estrictamente local del municipio frente a la gestión macro de las autoridades que abarcan porciones del territorio más amplias, y 3) la capacidad técnica y jurídica de las autoridades especializadas, como por ejemplo las CAR o el Ministerio de Ambiente.
Lo que se propone es que los determinantes tomen en cuenta la voluntad de los involucrados, más allá de que la decisión finalmente adoptada sea unilateral. Por esta razón, en la siguiente sección se exponen los tres tipos de determinantes que se pueden encontrar, y las fórmulas para evitar que se imponga una mera y llana jerarquía entre ellas.
3.3. DIVERSOS TIPOS DE DETERMINANTES
En este apartado se expone el alcance de los diversos tipos de determinantes que se encuentran en el ordenamiento jurídico. La clasificación de los determinantes puede realizarse de varias formas: una primera propone identificar aquellas directrices que gestionan intereses supramunicipales, como es el caso de los planes de ordenamiento departamental del artículo 29.2 LOOT, y una segunda se refiere a directrices de acción para el desarrollo urbano47.
Pues bien, la clasificación que se plantea aquí busca delimitar el instrumento concreto a través del cual se manifiesta la voluntad de la instancia administrativa que dicta el determinante. En esta clasificación existen entonces: (3.3.1) la ejecución directa de obras o servicios de interés supramunicipal, (3.3.2) normas o regulaciones supramunicipales y (3.3.3) mecanismos de coordinación interadministrativa, como la planificación o las directrices. Vale la pena señalar que en cada política sectorial puede haber una combinación de estas formas de determinantes.
3.3.1. EJECUCIÓN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL
Un primer tipo de determinante es la ejecución directa de obra o servicios de interés supramunicipal. Consiste, pues, en aquellos casos en que niveles de gobierno territorial superior al municipio o entidades administrativas cuentan con una competencia de construcción de obras o prestación de servicios que debe ser ejercida directamente sobre una porción territorial, desplazando aquella del municipio.
El ejemplo más frecuente es el de la infraestructura vial48. Tanto el orden nacional como el departamental y el municipal tienen competencias directas sobre el territorio en materia vial, por lo cual existen vías del orden nacional, departamental y municipal. Pues bien, la infraestructura del orden nacional se ejecuta por una entidad administrativa de este nivel y ocupa un espacio físico que por supuesto corresponde a los municipios49. De esta manera, cuando el municipio adelante su POT tendrá que identificar los lugares donde existe y existirá infraestructura vial del orden nacional y adecuarse a esta.
En primer lugar, el artículo 10.3 de la Ley 388 de 1997 establece como un tipo de determinante “El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia”. El Consejo de Estado tuvo oportunidad de conocer una demanda en la que se confrontaba esta norma con el Decreto 2201 de 2003, que establece la forma como se lleva a cabo esta infraestructura, y señaló:
Así las cosas, es claro que el decreto acusado guarda una relación directa, material e ineludible con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y constituye un reglamento del mismo en la medida en que lo explicita y le da desarrollo en cuanto se refiere a los planes, obras y actividades que el legislador tenga declarados como de utilidad pública e interés social, cuya ejecución corresponda a la Nación, y en que unos y otras siempre van a tener relación con los planes de ordenamiento territorial, toda vez que cualquier parte del territorio nacional es a su vez parte del territorio bajo la jurisdicción de un determinado municipio o distrito, por la división de aquél en estos entes territoriales, pasando por los departamentos50.
Se trae a colación este fundamento jurídico y la interpretación jurisprudencial que se ha hecho sobre la norma para observar que el determinante en materia de infraestructura no solo está compuesto por directrices en la materia, sino por el proyecto mismo. En otras palabras, la decisión de la autoridad del orden nacional de adelantar un proyecto de infraestructura y la efectiva ejecución de las obras son determinantes del POT.
Este tipo de determinantes suponen una reducción de la discrecionalidad del municipio en la elaboración del POT. Esta reducción consiste en la prohibición de disponer de la porción territorial donde se llevará a cabo la infraestructura, tomando en consideración que, respecto de la misma, otra instancia administrativa, como la Nación, ha entrado a ejercer una competencia directa de ejecución de una obra.
3.3.2. NORMAS O REGULACIONES SUPRAMUNICIPALES
Además de la ejecución directa de obras o servicios, las demás instancias administrativas pueden dictar normas o regulaciones dentro del espacio jurídico de su competencia. En esta tipología de determinantes se observan dos formas: normas y regulaciones.
Por un lado, las normas administrativas son decisiones impersonales que adopta una autoridad para regular una materia. En este caso se trata, por ejemplo, de reglamentos que pueda adoptar una autoridad del orden nacional, como el Ministerio de Ambiente, para regular una determinada materia del ordenamiento ambiental y que deben ser tomados en cuenta por el municipio a la hora de elaborar el POT51.
Se trata de un asunto de sistema de fuentes: por atribución expresa del ordenamiento jurídico, una determinada autoridad del orden nacional tiene la competencia para dictar normas que regulen un determinado sector, que en este caso serían del tipo reglamentario52. Estas deben ser acatadas por el orden municipal, en tanto que corresponden a una jerarquía normativa53.
El artículo 10.2 de la Ley 388 de 1997 consagra: “Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente”.
Las normas a las que se refiere este artículo son una concreción de lo planteado, en tanto que permiten desarrollar el espacio normativo otorgado al nivel supramunicipal en materia de patrimonio cultural54. Por supuesto, estas normas administrativas serán determinantes en tanto que ellas contengan una decisión general e impersonal que busque reglamentar un aspecto que incida en el territorio sobre el cual debe actuar el municipio, por ejemplo, establecer la forma como se debe mantener un determinado bien de interés cultural.
Por otro lado, se encuentran regulaciones concretas que se adoptan por determinadas autoridades sobre asuntos territoriales. Se trata de decisiones administrativas de carácter particular y concreto que inciden sobre el territorio municipal. Un ejemplo de ello es la declaratoria de una determinada área como protegida en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Este tipo de decisiones puede impactar sobre la forma de disponer el municipio de una determinada porción del territorio. En primer lugar, podría suceder algo similar a la ejecución de obras o proyectos, pues la disposición del territorio podría corresponder a otra autoridad (p. ej., a la unidad administrativa especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia). En este caso se daría una prohibición similar a la que se explicó más atrás.
En segundo lugar, podría tratarse de un determinado tipo de reglas que deben seguir los municipios para la conservación de la zona identificada. Este sería el caso de la prohibición de edificación en zonas de reserva forestal. El municipio entenderá en tal supuesto que respecto de esa determinada porción del territorio no puede disponer libremente.
3.3.3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA
Finalmente, el último tipo de determinantes son los mecanismos formales de coordinación como relación interadministrativa55. Los ejemplos más frecuentes son los planes o las directrices, que suponen una decisión unilateral y vinculante por parte de una autoridad administrativa supramunicipal.
Estas decisiones no buscan regular un sector ni ejecutar una obra de manera directa, sino indicar la forma como los municipios deben ejercer sus competencias propias. Esta sería la diferencia con las normas o regulaciones municipales que toman decisiones de aplicación directa sobre un determinado sector (no se trata de una competencia material). En este caso la decisión de coordinación no tiene una incidencia directa, sino que tiene por destinataria la competencia de regulación de usos del suelo del municipio, por lo que es una competencia instrumental56.
Un ejemplo claro al respecto son los planes de ordenamiento departamental del artículo 29.2 LOOT57, o el plan integral de desarrollo metropolitano58, que contienen lineamientos para los municipios en materia de reglamentación del uso del suelo, que es una competencia directa del artículo 313, numeral 7, CP. La competencia directa del orden municipal se ve así afectada por una planificación del orden supramunicipal.
Este tipo de decisiones pueden ser de dos tipos: tanto de vinculación positiva como de vinculación negativa, ya que pueden contener un mandato concreto o pueden establecer un determinado listado de opciones dentro de las cuales puede actuar el municipio.
3.4. LA INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LOS DETERMINANTES
Se ha señalado que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 establece que los determinantes deben ser atendidos por los municipios, sin que exista la oportunidad de que estos expongan su opinión o se opongan a lo dictado en aquellos. Pues bien, para lograr una adecuada coordinación de las competencias en juego durante la estructuración de los determinantes se debería permitir un espacio a los municipios para escuchar su opinión sobre el futura determinante.
En primer lugar, el caso más cercano según la ley es la concertación con las corporaciones autónomas regionales (CAR), regulada en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Aquí se establece un procedimiento de concertación mediante el cual esta entidad se pronuncia sobre los aspectos de su competencia. Sin embargo, lo cierto es que la práctica y la jurisprudencia59 demuestran que este procedimiento en realidad supone la consulta del determinante definido por parte de dicha autoridad y no una concertación de los intereses.
La preocupación frente a esta interpretación es que los intereses municipales no se toman en cuenta en este tipo de decisiones. Por el contrario, la jurisprudencia contencioso administrativa ha entendido que la vulneración de la autonomía municipal sucedería solo en los casos en que la CAR tome una decisión por fuera de sus competencias60. La propuesta, en este caso, es que el municipio tenga la capacidad de intervenir de manera formal, por lo menos para exponer sus argumentos sobre la futura decisión a adoptar.
En segundo lugar, podemos traer un ejemplo de infraestructura vial. Recientemente se expidió una norma en la que se regula la forma como se debe articular el proceso de definición de este tipo de proyectos, esto en el parágrafo 2 del artículo 17 de la Ley 1882 de 2018 que dispone:
En los procesos de articulación o actualización de los planes de ordenamiento territorial, las autoridades competentes deberán consultar los proyectos de infraestructura de transporte que sean de utilidad pública o interés social, que hayan sido aprobados por las entidades responsables, con el fin de que sea concertada su incorporación en el respectivo plan como zonas reservadas. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
En realidad, la supuesta concertación que se señala en dicha norma no existe. El municipio consulta los proyectos de infraestructura vial del orden nacional y adecúa su POT a estos, más aún si el sentido de los determinantes es que sean normas de superior jerarquía. Se trata de una mera consulta de dicha información.
Este ejemplo es adecuado para expresar cómo la coordinación entre los niveles de gobierno en materia de ordenación del territorio no se da en la incorporación del determinante, sino en la etapa previa, donde se necesita que la instancia administrativa encargada de la adopción de la decisión que dará lugar a la determinante convoque al municipio para que, por lo menos, este se pueda pronunciar sobre las consecuencias de dicha decisión. Esta fue precisamente la razón por la cual los macroproyectos de vivienda de interés social fueron declarados inexequibles en la sentencia C-149 de 2010, y otro tanto ha ocurrido en materia de minería61.
Como en todos los casos anteriores, la garantía de autonomía local tiene la capacidad de incidir en el mecanismo de coordinación que adopta esa instancia administrativa, razón por la cual se deberían buscar fórmulas concretas para la intervención del municipio en estas decisiones, que pueden ser tanto de carácter procedimental, permitiendo, por ejemplo, que se escuche al ente local, como sustancial, evitando desconocer garantías mínimas de la autonomía local como la de tener un gobierno propio62.
CONCLUSIÓN
El ordenamiento jurídico de la ordenación del territorio plantea que los determinantes del POT son el instrumento a través del cual confluyen los demás intereses sectoriales y de los niveles territoriales en la gestión territorial. Sin embargo, se ha demostrado en este trabajo que debido a que se trata de normas de superior jerarquía, al tenor de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, los municipios no tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones que resulten de los demás intereses que corresponde coordinar.
Por esta razón, la propuesta que se ha planteado es que el municipio tiene que poder participar de la adopción de los determinantes, a través de cualquiera de las modalidades que es posible adoptar: ejecución directa de obras o servicios, normas supramunicipales o mecanismos de coordinación interadministrativa.
De esta manera, si durante el procedimiento administrativo de adopción de estos determinantes se incorpora un espacio de intervención de los municipios en las decisiones, se lograría que las medidas supongan una auténtica coordinación de los intereses.
Finalmente, se ha podido observar que la jurisprudencia ha sido tímida en enfrentar estos aspectos, ya que no ha planteado o desarrollado verdaderas fórmulas de coordinación de las competencias concurrentes que ha examinado. Esto supone una afectación de la autonomía de los municipios, los cuales no pueden sino acoger directamente, sin haber tenido oportunidad de pronunciarse previamente al respecto, los determinantes.
REFERENCIAS
ALEXY, ROBERT. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003.
BASSOLS COMA, MARTÍN. “Ordenación del territorio y medio ambiente: aspectos jurídicos”, en Revista de Administración Pública, n.º 95, 1981.
BLANCK, YISHAI. “Localism in the New Global Legal Order”, en Harvard International Law Journal, vol. 47, 2006.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. “Competencias metropolitanas: la atribución inconstitucional del alcalde metropolitano”, en Territorios, n.º 23, 2010.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. “La garantía de la autonomía local en el marco de las decisiones de coordinación interadministrativa en España”, en Istituzioni del Federalismo, n.º 1, 2018.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. “La necesidad de regulación de las relaciones interadministrativas”, MAGDALENA CORREA HENAO y PAULA ROBLEDO SILVA (eds.), Diseño institucional del Estado democrático en América Latina, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. “Relaciones que ponen en tensión la autonomía: jerarquía, control y coordinación”, en JULIÁN ANDRÉS PIMIENTO ECHEVERRI (ed.), Las transformaciones de la Administración Pública y del derecho administrativo, t. III, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.
COVILLA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS. Coordinación y autonomía en la Administración pública, Cizur Menor, Aranzadi y Universidad Externado de Colombia, 2019.
CRAWFORD, COLIN. “Our bandit future? Cities, shantytowns and climate change governance”, en Fordham Urban Law Journal, vol. 36, n.º 2, 2009.
DAVIDSON, NESTOR M. “The dilemma of localism in an era of polarization”, en The Yale Law Journal, n.º 128, 2019.
FERNÁNDEZ, TOMÁS-RAMÓN. Manual de derecho urbanístico, 21.ª ed., Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y La Ley, 2008.
GUZMÁN JIMÉNEZ, LUIS FELIPE. “Análisis del régimen jurídico del suelo rural”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 20, 2018.
HERNÁNDEZ BECERRA, AUGUSTO. Ordenamiento y desarreglo territorial en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.
JIMÉNEZ DORANTES, MANUEL. Coordinación interadministrativa en la ordenación territorial, Madrid, Marcial Pons, 2003.
LÓPEZ RAMÓN, FERNANDO. Introducción al derecho urbanístico, 3.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2009.
MARÍN, HUGO ALBERTO. “Algunas anotaciones en relación con la discrecionalidad administrativa y el control judicial de su ejercicio en el derecho urbanístico colombiano”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 2, 2009.
MOLINA SALDARRIAGA, CÉSAR AUGUSTO. “Una aproximación al paisaje como categoría jurídica y derecho subjetivo en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín”, en Opinión Jurídica, Universidad de Medellín, vol. 12, n.° 23.
ORTEGA BERNARDO, JULIA. Derechos fundamentales y ordenanzas locales, Madrid, Marcial Pons, 2014.
PALLARÈS SERRANO, ANNA. La planificación hidrológica de cuenca como instrumento de ordenación ambiental sobre el territorio, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.
PAREJO ALFONSO, LUCIANO. “La actuación administrativa a caballo de la división entre normación y simple ejecución y el caso de la planificación y el plan”, en Revista de Derecho Público: Teoría y Método, vol. 1, 2020.
PAREJO ALFONSO, LUCIANO. “La ordenación territorial; un reto más para el Estado de las autonomías”, en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), n.º 226, 1985.
PONCE I SOLÉ, JULI. “Cooperación intermunicipal y coordinación interadministrativa en el ejercicio de las competencias de urbanismo y vivienda: en especial, el caso catalán”, en Anuario de Gobierno Local, 2003.
RAGONE, SABRINA y JUAN CARLOS COVILLA MARTÍNEZ. “La Ley de regiones colombiana de 2019: reflexiones desde las contribuciones al derecho constitucional comparado de la descentralización”, en Federalismi.it, n.º 1, 2020.
RINCÓN CÓRDOBA, JORGE IVÁN. Planes de ordenamiento territorial, propiedad y medio ambiente, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012.
RINCÓN CÓRDOBA, JORGE IVÁN. La teoría de la organización administrativa en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018,
ROBLEDO SILVA, PAULA. “Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad: una posible solución a la problemática del reparto de competencias en materia minera”, en JUAN CARLOS HENAO PÉREZ y SEBASTIÁN DÍAZ ÁNGEL (eds.), Minería y desarrollo, t. V, Historia y gobierno del territorio minero, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.
ROBLEDO SILVA, PAULA. La autonomía municipal en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010.
ROJAS, HÉCTOR DAVID. “¿Por qué no un poder de veto sobre la explotación del subsuelo?”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 20, 2018.
SANTAELLA QUINTERO, HÉCTOR. “Los planes de ordenamiento departamental”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 20, 2018.
SANTAELLA QUINTERO, HÉCTOR. “Un territorio y tres modelos de gestión: análisis de la necesidad de armonizar y constitucionalizar las competencias urbanísticas, ambientales y mineras sobre el territorio”, en JUAN CARLOS HENAO PÉREZ y SEBASTIÁN DÍAZ ÁNGEL (ed.), Minería y desarrollo: historia y gobierno del territorio minero, t. V, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.
SANTAELLA QUINTERO, HÉCTOR. “Urbanismo y minería: tensiones y conflictos sobre los usos del suelo en el territorio municipal”, en Revista de Derecho Administrativo Económico, n.º 19, 2014.
SANTAMARÍA PASTOR, JUAN ALFONSO. Principios de derecho administrativo general, t. I, 5.ª ed., Madrid, Iustel, 2018.
SANTOFIMIO GAMBOA, JAIME ORLANDO. “Estudio introductorio. Principios del derecho urbanístico colombiano”, en JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA (dir.), Derecho urbanístico: legislación y jurisprudencia, 2.ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.
SUÁREZ RICAURTE, FEDERICO. “El derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, étnicas y tribales y la minería en Colombia. Una lectura a partir del derecho al territorio indígena”, en JUAN CARLOS HENAO PÉREZ y ANA CAROLINA GONZÁLEZ ESPINOSA (eds.), Minería y desarrollo, t. IV, Minería y comunidades: impactos, conflictos y participación ciudadana, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.
VÁSQUEZ, IVÁN MAURICIO. “Los determinantes de ordenamiento territorial como límite a la autonomía local en materia de disposición urbanística del territorio”, en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 22, 2019.
VELASCO CABALLERO, FRANCISCO. Derecho local. Sistema de fuentes, Madrid, Marcial Pons, 2009.
DIEGO FELIPE CONTRERAS PANTOJA
Los planes de ordenamiento territorial departamental como instrumentos administrativos de concreción de la planificación intermedia: ¿un escenario articulado o en construcción?
SUMARIO
Introducción. 1. El rol de los departamentos en la ordenación del territorio colombiano. 1.1. La planificación del territorio como una competencia estructural e integradora a cargo de los entes territoriales: hacia una gobernanza multinivel del territorio. 1.2. El esquema de competencias de planificación territorial de los departamentos desde una óptica constitucional y legal. 2. El relacionamiento de los POD con otros instrumentos de planificación nacional, departamental y municipal: ¿inexistencia de un régimen jurídico sustancial de articulación? 2.1. El relacionamiento de los POD, los POMCAS y los PDGRD: la consolidación de una visión departamental del territorio. 2.2. El relacionamiento de los POD y los POT: un dilema por resolver. Consideraciones finales y prospectivas. Referencias.
INTRODUCCIÓN
Durante siglos la organización de los territorios ha sido un tema prioritario en la construcción de las sociedades, porque la forma en que los ciudadanos se relacionan con el espacio físico determina su dinámica económica, social y política1. Por esta razón, los diversos ordenamientos jurídicos han representado estas realidades por medio de normas, que habilitan a las autoridades para ejercer competencias de ordenación y planificación en los territorios a su cargo.
El concepto de planificación en sentido estricto tiene una connotación más interdisciplinaria que jurídica, por lo que es reciente y novedoso. No obstante, el derecho ha insistido en utilizar esta noción para dominar realidades complejas, en temas económicos2, financieros y organizacionales, entre otros ámbitos de la sociedad.
En Colombia este planteamiento ha sido materializado por el constituyente y el legislador a través de la ordenación territorial, que es una función administrativa compleja, de la que se desprenden diversas competencias e instrumentos administrativos de planificación del territorio, entre ellos, los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo territorial y de sectores específicos como, por ejemplo, en temas ambientales.
Estas herramientas de planificación no han tenido una evolución paritaria, porque desde una óptica normativa y fáctica se les ha otorgado un rol protagónico a los municipios3 y secundario a los departamentos. Este razonamiento se encuentra sustentado en los tímidos avances legislativos que ha pretendido “diseñar” el Congreso de la República, al atribuir competencias de planificación territorial a los departamentos, sin un marco jurídico completo y debidamente articulado.
Al respecto, el artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)4, confirió a los departamentos la competencia para adoptar Planes de Ordenamiento Territorial Departamental (POD). El propósito principal de estos reside en la articulación de sus políticas, directrices, estrategias, proyectos y actuaciones con los demás instrumentos de planificación de los entes locales y el Gobierno nacional, por lo que el ejercicio de esta competencia se encuentra inexorablemente relacionado con la forma en que los diferentes niveles de la administración perciben y ejecutan la ordenación dentro de sus territorios.
Sobre las competencias de planificación de los departamentos, la doctrina colombiana ha escrito poco, y esto por tres razones: en primer lugar, el estudio de los departamentos como entidad territorial en términos comparativos con los municipios ha sido exponencialmente menor; en segundo lugar, las disposiciones normativas en materia de planificación territorial departamental no se han desarrollado con la misma intensidad que en el orden local y nacional, y en tercer lugar, ha habido una escasa aplicación de estos instrumentos de planificación, como consecuencia directa de los vacíos normativos que rodean estas figuras.
En relación con la carencia de un régimen jurídico definido, algunos autores5 han analizado de manera juiciosa las incidencias negativas que se gestan en torno a esta herramienta, puesto que la falta de normas procedimentales en su expedición y de normas sustanciales en su implementación puede ocasionar distorsiones en la ordenación del nivel local, a tal punto que la autonomía territorial de esas entidades puede verse comprometida por intereses que no corresponden a su realidad espacial, económica, ambiental, social y cultural.
Actualmente, solo el departamento del Valle del Cauca cuenta con un POD6. Este instrumento será estudiado con mayor profundidad en líneas posteriores, para observar y entender la forma en que este se relaciona con las demás herramientas de planificación de los municipios que conforman ese departamento y con los planes específicos en materia ambiental, como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), que son proferidos por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible. A su vez, se hará referencia a la gestión de riesgos de desastres.
Este trabajo tiene como propósito establecer la manera en que los POD se articulan con los demás instrumentos de planificación, con vistas a lo cual se enfrentará el interrogante de si es jurídicamente admisible articular un POD sin tener normas sustanciales de rango legal que modulen la autonomía territorial de las entidades territoriales.
Para responder la pregunta anterior se seguirá el siguiente esquema argumentativo: en primer lugar, se analizará el papel que tienen los departamentos en la construcción de la ordenación del territorio, con base en las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico; en segundo lugar, se estudiará la forma en que los POD se relacionan con otros instrumentos de planificación nacional, departamental y municipal, tomando para ello, como caso de estudio, al departamento de Valle del Cauca.
1. EL ROL DE LOS DEPARTAMENTOS EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COLOMBIANO
La forma en que un Estado organiza su territorio y distribuye sus competencias refleja su idiosincrasia e identidad cultural, porque el modo en que una sociedad gestiona sus intereses y fines delimita los pilares de su ordenamiento jurídico en una época determinada.
En Colombia, la construcción de ese esquema territorial está en cabeza de “dos importantes jugadores: el constituyente de 1991, que al iniciar el juego concibió un modelo territorial inacabado y, haciendo uso del principio dispositivo trasladó al Congreso de la República, el otro jugador, el deber de terminar el ‘rompecabezas’”7. De esta manera, los lineamientos fundamentales del ordenamiento territorial se encuentran en el texto constitucional y son desarrollados por el legislador, debido a que este tiene un rol armonizador e integrador sobre aquellos aspectos que no fueron concebidos de manera expresa por la Constitución Política de 1991.
Por su parte, las entidades territoriales tienen una función de concreción o de ejecución de las competencias atribuidas, que ponen en movimiento todo el aparato estatal. Al interior de ese engranaje se gestan múltiples conflictos de jerarquía normativa, de competencias y de articulación, que la mayoría de las veces son resueltos por la jurisprudencia, pero que deberían dirimirse mediante mecanismos de coordinación administrativa multinivel, para que las entidades se sientan incluidas de manera real y efectiva en la toma de las decisiones que involucran a sus territorios.
En el caso de los departamentos, el ordenamiento jurídico no ha desarrollado con la misma intensidad las competencias de ordenación del territorio, ni los instrumentos administrativos de ejecución de estas, entre ellos, los planes de ordenamiento territorial. Esto se ha visto reflejado en la concepción que han tenido los distintos gobiernos nacionales en materia de desarrollo departamental y regional, pues hasta hace poco las políticas nacionales8 le imprimieron un valor estratégico al nivel intermedio de ordenación, que en otros países ya se encuentra debidamente consolidado.
En ese orden de ideas, los departamentos, al igual que los municipios, tienen la necesidad de ordenar sus territorios y darles un enfoque diferencial con respecto al orden local, en cuanto actualmente no existe un escenario de articulación estructurado desde una perspectiva normativa, política y cultural.
No se puede ignorar que las relaciones de proximidad entre los ciudadanos y los departamentos son menores que las de aquellos con los municipios, pero esto no debe tomarse como un obstáculo, sino como un estimulante para intensificar la manera en que el nivel intermedio se coordinada con el nivel local en dirección a la satisfacción de los intereses de orden supramunicipal, los cuales hasta al momento no han sido debidamente explorados y analizados.
Antes de entrar a estudiar las competencias de ordenación a cargo de los departamentos, se dilucidarán los contornos de la planificación territorial como una competencia de carácter estructural e integradora, que propende a una gobernanza multinivel desde un punto de vista teórico, y luego se abordarán las competencias de planificación de los entes intermedios desde una perspectiva constitucional y legal.
1.1. LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO COMO UNA COMPETENCIA ESTRUCTURAL E INTEGRADORA A CARGO DE LOS ENTES TERRITORIALES: HACIA UNA GOBERNANZA MULTINIVEL DEL TERRITORIO
Para comprender la noción de planificación territorial es necesario acudir al concepto de ordenación del territorio, porque este último comporta un significado más amplio9 que el primero, al ser una función administrativa10 compleja que se encuentra relacionada con todas las actividades de la administración y que tiene como propósito la construcción de un modelo de organización a largo plazo. Por su parte, la planificación es una expresión concreta de la ordenación, por lo que también adquiere el carácter de función administrativa compleja11.
La complejidad de estas funciones se deriva de la interdisciplinariedad inherente a ellas y el alcance que tienen sobre la realidad de un territorio, pues no se restringen a una actividad normativa, sino que se materializan por medio de conceptos técnicos y científicos12. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha manifestado:
… la función de ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata, ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria como es su dimensión y proyección espacial13.
En concordancia con ello, cabe decir que la ordenación y la planificación son competencias estructurales e integradoras, porque son esenciales para la organización de un territorio en cuanto a través de ellas se expresan los intereses económicos, sociales, culturales y políticos de una sociedad en un espacio geográfico y en un momento determinado.
Asimismo, son competencias integradoras porque inciden sobre todos los ámbitos de una sociedad y tienen relación con todas las actividades de la Administración, esto es, la policía administrativa, los servicios públicos y la actividad de fomento14.
El papel del planificador de un territorio es vital para la satisfacción de las necesidades de una población, puesto que el ejercicio de sus competencias involucra diversos intereses de la sociedad. De ahí que estas funciones deban otorgarse a sujetos con legitimación democrática y conocimiento del territorio. El texto constitucional les atribuyó a las entidades territoriales competencias para que, en el marco de su autonomía territorial15, fueran ejercidas en cada nivel de gobierno y administración.
La materialización de estas funciones es diferenciada y conforme a la realidad de cada espacio geográfico, razón por la cual no es posible equiparar el ejercicio de esas atribuciones en el orden local, departamental y nacional, pues la visión de territorio que tiene cada ente parte de unos propósitos y alcances diferentes, que deben ser articulados, pero no impuestos.
Es necesario señalar que al interior de la organización administrativa colombiana confluyen diversos principios constitucionales, entre ellos el principio de Estado unitario y el de autonomía territorial, que en ocasiones colisionan, generando tensiones que deben resolverse a partir de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley16.
Así, la figura de la descentralización territorial como un mecanismo de distribución de competencias se encuentra inexorablemente relacionada con el principio de autonomía territorial17, puesto que todas las competencias a cargo de los diferentes niveles de la Administración han de ejecutarse de manera articulada y no aislada o descontextualizada de la visión local, departamental y nacional.
Es aquí donde cobra relevancia el concepto de gobernanza multinivel, que hace referencia al relacionamiento entre los diferentes niveles de la Administración18 para el cumplimiento de un objetivo o fin común19, en este caso, de la construcción de un esquema de planificación territorial coordinado.
La materialización de la gobernanza multinivel en la gestión del territorio comporta un entramado de relaciones verticales y horizontales que son difíciles de coordinar, principalmente por la falta de un marco normativo claro y detallado respecto de los vínculos que existen entre los diferentes niveles de la Administración y del alcance de su autonomía territorial. De ahí que los principios del artículo 288 CP operen como fórmulas de articulación entre las competencias de las autoridades del orden nacional y territorial20.
En relación con la coordinación administrativa, el ordenamiento jurídico colombiano no definió con claridad la forma en que los entes territoriales debían interactuar entre sí ni con la Nación. En igual sentido, no creó fórmulas de coordinación para la resolución de conflictos provocados en el ejercicio de esas competencias de organización del territorio. Sobre este aspecto, Rincón Córdoba ha señalado:
[A]l no existir un monopolio en la toma de decisiones sino, al contrario, el desarrollo de “poderes paralelos concurrentes”, se hace inevitable que la coherencia y “homogeneidad” deba alcanzarse a través de nuevas fórmulas, entre las que se halla la coordinación, a efectos de fijar unos objetivos comunes y hacer un seguimiento de los sujetos que con sus competencias tienden a su obtención.
[…] El que la coordinación no implique una renuncia a la capacidad decisoria pero sí un limite al ejercicio de las competencias puede explicarse, desde la ciencia de la administración, apelando a la complejidad del obrar administrativo, sin embargo, esto no resulta suficiente jurídicamente, de allí que sea necesaria una habilitación normativa que haga posible esta forma de relacionamiento21.
Por tanto, las decisiones adoptadas por los distintos niveles de la Administración adquieren un papel trascendental para el ejercicio de las competencias de ordenación y planificación, toda vez que estas pretenden otorgarle un sentido al territorio que gobiernan, de conformidad con su fisionomía económica, social y cultural.
No obstante, sobre ese espacio geográfico concurren diversas competencias de orden local, departamental y nacional, que deben ser articuladas para evitar la toma de decisiones contradictorias que puedan transgredir la autonomía territorial de los entes involucrados.
1.2. EL ESQUEMA DE COMPETENCIAS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DESDE UNA ÓPTICA CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Una vez dilucidados los contornos de la ordenación y la planificación del territorio es necesario abordar la manera en que estas competencias han sido plasmadas por el ordenamiento jurídico y las problemáticas que se desprenden de su ejercicio.
Para tal efecto, primero se analizarán las disposiciones constitucionales que les atribuyen a los departamentos estas competencias, y luego se examinará la manera en que estas son desarrolladas por el legislador.
Los artículos 287, 288, 298, 300[22] y 305 CP exaltan el régimen departamental de competencias y el rol que tienen los gobernadores y las asambleas departamentales en el cumplimiento de estas. De la lectura sistemática de esas disposiciones se derivan tres consideraciones: en primer lugar, que los departamentos, al igual que otras entidades territoriales, gozan de autonomía territorial23, razón por la cual su campo de acción se encuentra determinado por el espacio geográfico que está a su cargo; en segundo lugar, que los departamentos cuentan con un sistema complejo de competencias en materia de planeación económica, social y territorial, a tal punto que el constituyente les otorga potestades normativas a las asambleas departamentales, para que por medio de ordenanzas adopten las decisiones de planificación respectivas; y en tercer lugar, que el nivel intermedio tiene un valor estratégico para la consolidación de objetivos con un enfoque supramunicipal.
Es importante resaltar que el constituyente previó la reserva legal24 para algunos temas relacionados con los departamentos, entre ellos, su creación como entidad territorial, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados y la posibilidad de convertirse en una región25.
De esta manera, el Congreso de la República cumple un papel indispensable en la estructuración de las competencias de los departamentos y de todos los asuntos relacionados con el ejercicio de estas. Sin embargo, se debe aclarar que no toda asignación específica de competencias debe hacerse a partir de una ley orgánica, porque no puede ampliarse el alcance de este tipo de restricciones de manera desmedida o injustificada26.
En consecuencia, sobre algunos asuntos se tiene claridad respecto del carácter de norma orgánica, por ejemplo, en cuanto al proceso de formación de las entidades territoriales y a la asignación de competencia normativas a estas. Sin embargo, no sobre todas las materias existe la misma claridad, por lo que es necesario acudir a un criterio restrictivo y no amplificador de la reserva de ley orgánica.
Con base en las señaladas potestades normativas se expidió la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), que estableció de manera diferenciada las competencias a cargo de los distintos niveles de la Administración. No obstante, su falta de coherencia y los múltiples vacíos normativos en temas de coordinación, planificación territorial, conformación de entidades territoriales, entre otros, han generado escenarios de incertidumbre jurídica. Por esto, algunos doctrinantes califican de manera negativa ese cuerpo normativo27.
El numeral 2 del artículo 29 LOOT consagra en cabeza de los departamentos diversas competencias, entre ellas la de establecer directrices y orientaciones sobre la organización del territorio, especialmente en áreas de conurbación, con el fin de fijar los escenarios de uso y ocupación del espacio, según sus condiciones ambientales, económicas y culturales. Asimismo, señala que el nivel intermedio debe integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, de los municipios y de las entidades territoriales indígenas.
En desarrollo de esas competencias, los departamentos se encuentran facultados para articular sus políticas, directrices y estratégicas de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento parciales o totales.
La LOOT, de manera expresa, contempla que no solo los municipios tienen la potestad para organizar sus territorios a través de instrumentos de planificación territorial, pues estimula la creación de estas herramientas bajo una visión articulada. Estos mecanismos de planificación carecen de un marco normativo procedimental y sustancial que les permita a los departamentos materializar efectivamente dichas atribuciones.
Para algunos, esta competencia es novedosa, pero en realidad tiene como antecedente el artículo 7.º de la Ley 338 de 1997, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-795 de 2000 por haber desconocido la reserva de ley orgánica del artículo 288 CP. En esa providencia se consideró que no era jurídicamente admisible que a través de una ley ordinaria se distribuyeran las competencias de los entes territoriales en materia de ordenación y desarrollo territorial, dada la magnitud de estas funciones en la dinámica de la vida de una población. Es importante precisar que en esta decisión no se estudió de fondo la constitucionalidad de los POD.
Este antecedente jurisprudencial tiene relevancia constitucional en la actualidad, porque el numeral 2 del artículo 29 LOOT replicó, casi de forma idéntica, el artículo 7.º de la Ley 338 de 1997 y fue demandado ante la Corte Constitucional28. Al respecto, los demandantes indicaron que la competencia de los departamentos para establecer directrices y orientaciones sobre el uso y la ocupación del espacio transgredía el numeral 7 del artículo 313 CP debido al desplazamiento de la competencia exclusiva que tienen los concejos municipales para reglamentar los usos del suelo.
Adicionalmente, la Corte Constitucional integró29 a los cargos de la demanda el literal e del numeral 2 del artículo 29 LOOT, que hace alusión a la expedición de los POD, en atención a la unidad normativa existente entre ambas disposiciones.
Con base en los argumentos de inconstitucionalidad es posible sostener que las normas acusadas deben declararse constitucionales, por las siguientes razones: primero, las competencias acusadas fueron atribuidas por una ley orgánica; segundo, están respaldadas por los principios de coordinación y de autonomía territorial, que implican el respeto de las decisiones de los entes territoriales bajo un criterio de articulación; tercero, no existe un desplazamiento de la competencia que tienen los concejos municipales y distritales para reglamentar los usos del suelo, porque cada ente está facultado para ordenar y planificar el territorio a su cargo30, y para ello el constituyente consagró los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia; cuarto, el artículo 298 CP31 y el numeral 2 del artículo 300 CP consagran en cabeza de las asambleas departamentales la potestad normativa para expedir ordenanzas relacionadas con la planeación y el desarrollo económico y social dentro de su territorio; y quinto, los departamentos no pretenden interferir en la definición de la reglamentación de los suelos, sino que, por el contrario, buscan la generación de lineamientos estratégicos de desarrollo que potencien las capacidades de los entes locales, pero a partir de una visión supramunicipal32.
Más allá de la constitucionalidad de la norma, es necesario analizar la naturaleza de los POD, su alcance y el proceso de formulación, adopción e implementación. Para adelantar este análisis, lo primero que debe advertirse es que los POD no han sido desarrollados por otras normas de rango legal33, ni de carácter reglamentario, sino a través del Acuerdo 10 de 2016, proferido por la Comisión de Ordenamiento Territorial, por medio del cual se expiden y se recomiendan los lineamientos y criterios para la reglamentación de los POD.
La doctrina ha criticado el alcance que tienen estas recomendaciones, por ser proferidas por un órgano asesor que carece de competencias regulatorias y por definir temas que tienen reserva de ley, argumentos que hacen inviable que la Comisión de Ordenamiento Territorial determine el régimen jurídico de los POD34.
En consecuencia, los lineamientos adoptados en ese acuerdo no tienen un carácter vinculante, pero sirven como referente para comprender la finalidad que persiguen estos instrumentos de planificación en el modelo territorial colombiano. El Acuerdo 10 de 2016 trae una definición del instrumento en los siguientes términos:
Artículo 1. Definiciones. […] h) Plan de Ordenamiento Departamental (POD). Es un instrumento para el ordenamiento del territorio, que comprende un conjunto de herramientas articuladas y armonizadas, tales como modelos, directrices, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de impacto territorial supramunicipal, con una perspectiva de largo plazo. Conforme con el literal a), numeral 2, del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, este instrumento es vinculante para los departamentos y municipios en sus respectivas jurisdicciones, en el marco de las competencias establecidas en esa Ley para los departamentos.
En concordancia con ello, los POD son instrumentos de articulación y ordenación departamental, que comportan una complejidad técnica y jurídica, derivada de todas las herramientas de planificación territorial que involucran. Esta realidad la comparten con otros instrumentos de planificación, entre ellos los POT, pues ambos tienen la difícil tarea de integrar todas las variables que surgen de la organización de un territorio, solo que desde escalas de desarrollo diferentes.
El Acuerdo 10 de 2016 manifiesta categóricamente que los POD tienen un carácter vinculante; sin embargo esta afirmación debe matizarse porque la Ley 1454 de 2011 no señala de forma expresa la obligatoriedad de este instrumento. La interpretación sistemática de ese cuerpo normativo permite concluir que esta herramienta tiene un impacto en la organización supramunicipal que se integra a la planificación de los entes locales, pero bajo los postulados de la autonomía territorial.
Cuando se observa el numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, que hace referencia a las competencias de los municipios, se encuentra que una de ellas es la adopción de los POT, pero no se precisa si dichos instrumentos tienen un carácter obligatorio. Por tanto, resulta jurídicamente admisible sostener que los POD tienen el mismo grado de vinculatoriedad que los POT, solo que los primeros no cuentan con normas procedimentales para su expedición, ni con disposiciones sustanciales que establezcan su forma de coordinación con otros instrumentos. No obstante, la Corte Constitucional, en la sentencia C-138 de 2020, fue clara en precisar que, mientras los POT sí incluyen normas jurídicas obligatorias en materia de ordenamiento territorial, la función de expedir los POD no tiene por efecto una suplantación de las funciones de los municipios, sino una función guía. Adicionalmente, se debe destacar que el ejercicio de esta competencia no es una obligación, sino una posibilidad o potestad del departamento.
Asimismo, es posible deducir que, en el nivel intermedio, las asambleas departamentales son las encargadas de proferir las normas en materia de planificación, a través de ordenanzas departamentales, según el artículo 298 CP y el numeral 2 del artículo 300 CP, por lo que se reafirma que los POD tienen un valor de norma jurídica, que irradia la organización departamental del territorio sirven como guía para el desarrollo de las competencias de planificación territorial de los municipios.
La activación de las competencias de planificación departamental permite aplicar un enfoque supramunicipal, durante años olvidado por el legislador pero anhelado en diferentes zonas del país. Es evidente que actualmente las funciones de los entes locales desbordan su ámbito de aplicación, debido a fenómenos de carácter expansivo del territorio como la conurbación y la aglomeración35. Adicionalmente, no se puede desconocer la necesidad de explotar el rol de los departamentos como un ente articulador de los intereses del orden local y nacional, con el objetivo de materializar el desarrollo estratégico de sus competencias.
En el siguiente acápite se estudiará cómo confluyen otros instrumentos de planificación en la estructuración de los POD, y la incidencia que estos tienen en el ejercicio de la autonomía territorial de los entes locales que participan en el proceso de ordenación departamental.
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