Kitabı oku: «Política y movimientos sociales en Chile. Antecedentes y proyecciones del estallido social de Octubre de 2019»

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Se agradece a la Fundación Chile 21, por ser actor central en los ciclos de talleres realizados con la Fundación Friedrich Ebert para reflexionar sobre política, movimientos sociales e institucionalidad.

© LOM ediciones / Fundación Friedrich Ebert-Chile Primera edición, mayo de 2021 Impreso en 1000 ejemplares ISBN impreso: 9789560014061 ISBN digital: 9789560014221 imagen de portada: Paulo Slachevsky wwww.flickr.com/photos/pauloslachevsky Todas las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 6800 lom@lom.cl | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Registro nº: 304.021 Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

Índice

  Presentación

  Introducción. Reflexiones sobre movimientos sociales, estallido y proceso constituyente

  Parte 1 Los movimientos sociales y su rearticulación con la política

  ¿Es posible la articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo? Conflictos territoriales y movimientos sociales. Los límites de un modelo de crecimiento sin participación El movimiento estudiantil chileno y su (re)articulación con la política institucional De la despolitización a la repolitización. Política, jóvenes y vida cotidiana

  Parte 2 Relaciones entre izquierdas y movimientos sociales

  Transformaciones sociales y desafíos para la política Estrategias indígenas en las luchas territoriales: los accidentados caminos de los pueblos indígenas junto a las izquierdas chilenas La búsqueda de un ideario unificador

  Parte 3 Feminismos y redefinición de la política

  Feminismos y movimiento estudiantil (mayo feminista) Los feminismos que vemos. Agencia, movilización y proyecto político Feminismos: el futuro es historia

Presentación

En 2018 organizamos junto a Manuel Antonio Garretón y la Fundación Chile 21 un ciclo de talleres para analizar la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales. Este ciclo se pensó como la continuación de uno anterior, realizado en 2015, que había dado origen al libro La gran ruptura, cuyo título daba cuenta de la profunda grieta que se venía generando desde el retorno a la democracia entre la sociedad chilena y la política institucional, que se había expresado en la progresiva pérdida de legitimidad de toda la institucionalidad y, con más nitidez, en las importantes movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012. El libro constataba, además, que la única forma de salir de esta crisis estructural era el reemplazo del modelo socioeconómico y un nuevo sistema político-institucional.

Este nuevo ciclo de talleres pretendió ahondar en el problema, que en ese momento no hacía más que agudizarse, pero esta vez en un contexto donde ya estaban completamente instalados en la institucionalidad política nuevos partidos que pretendían expresar la voz del malestar, y donde además continuaban surgiendo movimientos sociales cada vez más diversos en temáticas, así como flexibles en cuanto a intensidad y presencia. Para 2018, ya sabíamos también que se había desperdiciado la oportunidad de hacer el cambio constitucional que propuso la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno, e irrumpía con una masividad inusitada la movilización feminista, tomándose prácticamente toda la agenda social y política, desde un lugar decididamente transformador.

En este contexto, el nuevo ciclo se volcó a escudriñar las relaciones entre los partidos políticos de izquierda y los movimientos sociales clásicos y nuevos, donde tal vez uno de los fenómenos más significativos fue constatar el recelo que mostraban los diversos movimientos sociales hacia todos los partidos políticos, incluyendo los de reciente formación y cuyos líderes provienen, mayoritariamente, del movimiento estudiantil de inicios de la década. No buscan ser representados por ellos y, aunque algunos se sientan cercanos a ciertos partidos –como el movimiento sindical a los partidos de izquierda tradicional, o algunos sectores del movimiento feminista a los nuevos partidos–, en general prefieren mantener su identidad, distancia y diferencia, y sus miembros que son también militantes de partidos tienen no pocos conflictos para sostener esta doble militancia. Por otra parte, dentro de los movimientos sociales nuevos se observa una enorme diversidad, “especialización” temática y fragmentación, lo que hace aún más compleja la posibilidad de cualquier articulación con la política institucional.

Estábamos ya en la etapa final de recepción de los textos de los expositores de este ciclo cuando se produjo el estallido social del 18 de octubre de 2019, que desató la más grave y profunda crisis política y social desde la vuelta a la democracia en Chile, y que está muy relacionado con todo lo que se había venido discutiendo durante estos ciclos de trabajo, que tan acertadamente nos invitó a desarrollar el profesor Garretón. A pocos meses de aquello, la pandemia del Covid-19 vino a enredar aún más las cosas cuando a su vez iniciábamos el proceso constituyente, que fue producto del acuerdo institucional que la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron como salida a la crisis. Por todo lo anterior, los textos fueron complementados por los autores durante el año pasado, lo que dio una oportunidad para confirmar su vigencia y actualidad.

Creemos que estos ciclos de talleres constituyeron un espacio relevante para el análisis de las tendencias que se estaban desarrollando en Chile, y las publicaciones producto de ellos esperamos que lo sean también. La diversidad de aproximaciones, la mixtura entre visiones académicas y desde la praxis social y política, sin duda resultan atractivas y nos ayudan a entender la situación por la que estamos transitando. Son momentos difíciles, desafiantes, que ponen en tensión a la democracia y a la sociedad entera; pero vemos en todo ello también una oportunidad enorme para la construcción de una nueva realidad, ojalá de efectiva profundización democrática para Chile.

Finalmente, queremos agradecer en especial a Manuel Antonio Garretón por su dedicación y perseverancia en este trabajo, a la Fundación Chile 21 por toda su colaboración en la realización exitosa de los talleres, a cada una de las autoras y autores de esta publicación, y a la editorial LOM por acoger esta idea y hacer posible que este libro haya llegado a sus manos.

Simone Reperger

Representante de la Fundación

Friedrich Ebert-Chile

Arlette Gay

Directora de Proyectos

de la Fundación Friedrich Ebert-Chile

Introducción. Reflexiones sobre movimientos sociales, estallido y proceso constituyente

Manuel Antonio Garretón M.

En 2016 se publicó La gran ruptura. Institucionalidad Política y Actores sociales en el Chile del siglo XXI (LOM), principal producto de un Taller sobre Partidos Políticos y Movimientos Sociales convocado por la Fundación Chile 21, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, y que me tocó coordinar. Al año siguiente ambas instituciones organizaron una proyección de dicho Taller en la perspectiva de la relación entre movimientos y actores sociales, problematizando la situación y perspectivas de la construcción de un proyecto de izquierda en Chile y de los sujetos de dicho proyecto.

Los textos que se presentan en este libro son el resultado de los planteamientos expresados en ese nuevo ciclo de talleres. Giran en torno a los actores clásicos y emergentes y sus relaciones con la política, examinando el cómo actores tradicionales, los movimientos sindicales y estudiantiles, y los movimientos emergentes de los últimos años, el feminismo, de vida cotidiana y subjetividad, territoriales y ambientales, reformulan la política clásica, rompen o se alejan de ella, y cómo la política institucional se reconstruye en relación a estos movimientos. Tales reflexiones, que tienen una dimensión analítica de lo que son estas movilizaciones y también una dimensión normativa, respecto de las transformaciones necesarias de la política, fueron desarrolladas en los años 2018 y 2019.

Mientras se compilaban y editaban los textos derivados de las exposiciones, el 18 de octubre de 2019 y la pandemia del Covid-19 –a lo que nos referiremos en esta Introducción– obligaron a replantearse o actualizar las ideas planteadas originalmente. Por esa razón, cada autor desarrolló un post scriptum, que tuvo como objetivo complementar sus textos a la luz de los hechos y, en ese sentido, dar cuenta de cómo se redefine la articulación de los actores sociales con la política tras la revuelta social.

La organización del libro1

En la primera sección «Los movimientos sociales y su rearticulación con la política», Juan Pablo Luna, María Ignacia Fernández, Sofía Donoso y Raúl Zarzuri hacen un recorrido por la articulación de los movimientos sociales con la política en general y con los partidos políticos en particular.

Juan Pablo Luna, a partir de su pregunta «¿Es posible la articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo?», analiza las vías posibles de articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo. Afirma que, en virtud de las características de los movimientos sociales actuales –específicamente de la movilización social– y las de los equivalentes funcionales de los viejos partidos políticos, su articulación es poco probable y, de lograrse, está destinada a la corta duración. Argumenta que los sistemas políticos de la región enfrentan el enorme desafío de alcanzar la legitimidad, lo que necesariamente supone la capacidad de sincronizar los tiempos políticos y de la política con las necesidades subjetivas de los ciudadanos. Desde una mirada post 18 de octubre plantea que se vio al descubierto la incapacidad de los partidos políticos –y del liderazgo político en particular– de interpretar, organizar y representar a la calle. La calle y las instituciones son realidades paralelas que se definen, además, en oposición una a la otra.

En «Conflictos territoriales y movimientos sociales. Los límites de un modelo de crecimiento sin participación» María Ignacia Fernández argumenta que la creciente emergencia de conflictos socio-territoriales es consustancial a la dinámica de un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas y que, en consecuencia, avanzar hacia su resolución requiere cuestionar y discutir algunas de las bases más fundamentales del modelo. En muchos territorios en conflicto estos se superponen con situaciones de pobreza y rezago, que son abordadas con políticas sociales de mitigación o productivas tradicionales, sin atender al problema de fondo. Ello, sumado al agotamiento del sistema político tradicional, que carece de la legitimidad necesaria para impulsar procesos de diálogo y construcción de acuerdos. Posteriormente, afirma que los conflictos socio-territoriales han persistido, no han surgido nuevos, ni se han resuelto los existentes. Tampoco han surgido nuevos espacios de diálogo ni instrumentos de política para su gestión y resolución. No obstante, a partir del denominado estallido social el tema ha adquirido alguna visibilidad en la agenda, en cuanto problema estructural que subyace a la expresión de malestar que se expresó el 18 de octubre pasado.

Sofía Donoso hace un recorrido por «El movimiento estudiantil chileno y su (re)articulación con la política institucional». Concluye que, a lo largo de distintas olas de protesta, los estudiantes secundarios y universitarios manifestaron su descontento con el funcionamiento del sistema educacional, el sistema político y su clausura hacia los actores sociales. Desde la perspectiva de los estudiantes, las concesiones obtenidas en el ámbito educacional no se tradujeron en la resolución de los problemas estructurales de la educación. En ese sentido, el Frente Amplio habría tenido la oportunidad de hacer una diferencia. Sin embargo, tras el estallido social de octubre de 2019, su falta de mecanismos de resolución de conflictos e instancias de toma de decisión significaron que las disputas internas se transformaran en pugnas abiertas y de difícil solución. Como resultado de estos conflictos hoy es un conglomerado considerablemente más reducido.

En «De la despolitización a la repolitización. Política, jóvenes y vida cotidiana», Raúl Zarzuri argumenta que asistimos a una repolitización de la política a partir de la despolitización de la política (tradicional). Afirma que «el abandono de las formas tradicionales de participación no puede y no debe ser leído como una falta de interés en la participación. Al contrario, lo que se observa es una nueva repolitización de la participación, que no se manifiesta necesariamente en un tránsito a formas tradicionales, como es la militancia en partidos políticos, sino que adquiere otro derrotero, como es el fortalecimiento de la vida cotidiana, eje de las nuevas formas de participación política, estructurando una política desde abajo y donde los jóvenes son sus principales actores». En su reflexión post octubre de 2019 plantea que las movilizaciones, de naturaleza espontánea y sin una conducción, son la expresión de una efervescencia política que se está «construyendo desde abajo y no desde arriba», sin la mediación de una orgánica o movimiento político que la modele y module, cuestión que habíamos observado en las nuevas construcciones de la cultura política de los jóvenes.

En la segunda parte, «Relaciones entre izquierdas y movimientos sociales», Kathya Araujo, Salvador Millaleo y Bárbara Figueroa recorren –desde un punto de vista académico hasta la militancia– las transformaciones que han operado en el ámbito de las relaciones de los movimientos sociales con la política.

Kathya Araujo expone los resultados de una serie de investigaciones que agrupó bajo el título «Transformaciones sociales y desafíos para la política». Se enfoca en el caso de la llamada política institucional y los actores que ubican su accionar político en este dominio. Afirma que existen diez rasgos centrales de las transformaciones sociales; en un segundo momento, expone en torno a lo que estos cambios implican para la relación entre política y sociedad y, en particular, para el hacer política. En su reflexión post octubre, en primer término, aborda cómo los acontecimientos del llamado 18-O mostraron la real profundidad de la distancia, indignación y enojo ciudadano con la clase política. En un segundo momento, examina el efecto de la presencia de actores fortalecidos y la creciente individualización sobre el destino de la relación entre sociedad y política institucional. Finalmente, expresa la cuestión del otro y de lo común y el papel de la política institucional.

En «Estrategias indígenas en las luchas territoriales: los accidentados caminos de los pueblos indígenas junto a las izquierdas chilenas», Salvador Millaleo comienza con una mirada diagnóstica: «La situación del estatus de los pueblos indígenas en Chile dentro del sistema jurídico es, sin duda, una de las más desmejoradas y atrasadas dentro del contexto regional latinoamericano. En Chile aún no existe una cláusula constitucional que siquiera reconozca su existencia previa. No ha existido en ninguna de las cartas constitucionales una cláusula similar». Continúa con el panorama económico social de la población indígena que habita en Chile, deteniéndose –con base en contundente evidencia– en la pérdida sistemática de tierras ancestrales, la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas, el impacto del extractivismo, el alcance de la consulta indígena, salud y educación intercultural, la relación de la política chilena con los pueblos y las estrategias políticas de los pueblos indígenas. Revisa los cinco momentos de convergencia política entre indígenas y chilenos (a partir de 1910) y la larga ruptura de la post transición. En su reflexión post ١٨ de Octubre, expone los hechos en torno al fracaso de la consulta indígena de 2019, en tanto primer rechazo popular mediante movilizaciones espontáneas que registró el segundo gobierno de Piñera. Con ese precedente, el estallido no constituye una total sorpresa para el mundo indígena, dado que la crítica ciudadana había tenido ante su vista tanto las políticas de persecución y represión contra el pueblo mapuche como el rechazo de las medidas de desarrollo neoliberal que se han aplicado a las comunidades y territorios indígenas. Cabe recordar que el principal emblema de las protestas fue la bandera mapuche Wenufoye, muy por sobre la bandera chilena.

Bárbara Figueroa, en «La búsqueda de un ideario unificador», problematiza la relación entre movimientos sociales y partidos políticos en general, poniendo en el centro al movimiento sindical chileno desde la perspectiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Como punto de partida, afirma que «la relación movimientos sociales y partidos políticos no solo es posible, sino que es necesaria, no solo para el fortalecimiento del rol de cada actor en sus respectivos frentes, sino porque ninguna democracia puede ser plena si no tiene movimientos sociales fuertes y un proyecto país, más allá de sus necesarias demandas corporativas; y, en el caso de los partidos políticos, porque su desarraigo con el movimiento social puede provocar –lo que señalamos en este artículo– una burocratización de la política». Pone de relieve que en Chile el pensamiento único tomó forma en el proyecto neoliberal, el que se instala a partir de la dictadura militar y no es cuestionado al término de esta. Finaliza señalando que el desafío es lograr un nuevo ideario que permita a los partidos políticos arraigarse en sus bases sociales. En su post scriptum 18 de Octubre afirma que varias de las reflexiones expresadas en el texto tienen plena vigencia y sentido.

Finalmente, en «Feminismos y redefinición de la política», Araceli Farías, María Stella Toro y Virginia Guzmán hacen un recorrido por la historia y presente de los feminismos y el impacto en la sociabilidad que produce la pandemia. Exponen diagnósticos desde la experiencia concreta de estos movimientos.

En «Feminismos y movimiento estudiantil (mayo feminista)», Araceli Farías comienza aclarando que sus expresiones provienen desde «una perspectiva personal y desde mi experiencia en la dirigencia en estos espacios, más específicamente como vicepresidenta de la FEUC y mi paso por la política universitaria de la Universidad Católica desde el 2016.» La riqueza de sus afirmaciones se sustenta precisamente en ello cuando plantea las siguientes preguntas: «¿Qué diferencias identificamos con las movilizaciones del 2011? ¿Cuáles son los nuevos sujetos en cuestión? ¿Quién encarna el papel de fuerza antagónica al movimiento feminista? ¿A quién apela? ¿Podemos establecer el movimiento como exitoso? ¿Qué nos dejó el mayo de 2018?». En el mundo estudiantil, las demandas feministas tomaron vida propia dentro de la agenda de la Confech, para nunca más ser invisibilizadas ni postergadas. En sus reflexiones post 18 de Octubre finaliza señalando que «la crisis sanitaria ha sacado a relucir, que ningún país, por desarrollado o avanzado que se encuentre en políticas inclusivas hacia las mujeres, está realmente preparado para enfrentar los niveles de violencia de género que se han desatado producto del confinamiento y las medidas de cuarentena. El machismo nos sigue golpeando contundentemente sin distinción. Un gigante que parecía dormido en una ilusión de estabilidad y progreso se mantiene presente en cada rincón de los hogares del mundo».

María Stella Toro, en «Los feminismos que vemos. Agencia, movilización y proyecto político», aspira a «dar cuenta de algunas reflexiones y cuestionamientos en torno a las trayectorias seguidas por el feminismo en el contexto más clásico en que ha sido historizado, las democracias occidentales modernas, tomando en cuenta parte de sus trayectorias, debates y tensiones». Estos se manifiestan, entre otros aspectos, en la configuración de corrientes y en discursos y formas de actuación que no van en un solo sentido, sino que más bien han transitado por caminos paralelos que por momentos se cruzan, pero en otros se distancian y fraccionan. Invita a pensar el feminismo como un tipo de acción política (o tal vez como una cultura política) que tiene características propias que se han expresado en la configuración de espacios y experiencias colectivas, que han contado con mayor o menor valoración social y masividad, llegando en la actualidad a constituirse en uno de los movimientos sociales y políticos con mayor capacidad de movilización, lo que reafirma en sus reflexiones post 18 de Octubre.

En «Feminismos: el futuro es historia», Virginia Guzmán comienza afirmando: «La ola expansiva del movimiento (mayo de 2018) fue tan amplia que hizo retroceder los límites temporales del presente para incorporar la historia del movimiento feminista en Chile y hacernos sentir a feministas de distintas generaciones que éramos testigos y parte de un hito histórico que recuperaba y daba sentido a nuestro pasado». Desde su mirada, analiza la emergencia y las relaciones de las distintas expresiones de los movimientos feministas y de mujeres, y su relación con los contextos en que ellos cursaron: primera mitad de siglo XX, bajo la dictadura militar y en el proceso de recuperación del régimen democrático (1990-2018). Finaliza señalando que «si bien la acción de los movimientos se ha articulado con partidos políticos progresistas y de izquierda, ella trasciende a los partidos, sobre todo por sus dimensiones emancipadoras y de cuestionamiento del poder masculino en las instituciones, e incursiona hacia nuevas formas de hacer política que hemos denominado de subpolítica. Muchos de los logros del movimiento feminista en la institucionalización de género en el Estado han sido posibles porque las estrategias adoptadas trascendieron a los partidos y se fortalecieron gracias a los movimientos feministas transnacionales y los acuerdos adoptados en las sucesivas conferencias de los organismos internacionales». Finalmente, en sus reflexiones post scriptum no solo reafirma sus planteamientos, también se refiere al impacto de la pandemia del Covid-19, que viene a poner de relieve las jornadas simultáneas: trabajo online, apoyo educativo a los niños y niñas, manejo de las emociones en un periodo de incertidumbre y las tareas de la casa. En ese sentido, las mujeres «pierden los momentos de sociabilidad presencial en el medio laboral, el apoyo de las amigas en el caso de conflictos, reduciéndose así los espacios propios».

Hasta aquí el contenido de este libro, que nos entrega valiosísimos antecedentes para entender el escenario que se abre a partir de Octubre de 2019, con las vastas movilizaciones sociales, a las que se les denominó, entre otros nombres, «el estallido social».

En lo que sigue intentaremos analizar el significado y perspectivas del estallido social y los procesos desatados por este, sin buscar una interpretación completa, sino solo desde la perspectiva de este libro: la relación entre política y movimientos sociales.

En este sentido, hay tres aspectos que nos parece necesario considerar: el contexto o cambio epocal, el significado mismo del estallido y la proyección en el proceso constituyente que se desencadena con el acuerdo de la élite política partidaria en Noviembre de 2019 y se inaugura con el plebiscito del 26 de Octubre de 2020.

El cambio epocal 2

Sin duda que el estallido social en Chile adquiere características particulares que señalaremos más adelante. Pero para analizar un fenómeno como este, que se ha expresado con rasgos propios de cada sociedad, desde al menos la mitad de la última década en el mundo en general y América Latina en particular, sería preciso referirse a un contexto epocal y global en el entendido de que tal contexto no es un mero marco en el que se desarrollan acontecimientos, sino que tales acontecimientos y los actores que los protagonizan están penetrados por el contexto que, a su vez, actores y acontecimientos van modificando o particularizando. Se trata de un contexto socio-histórico operante. En este sentido, es mejor hablar de contexto que de antecedentes, ya que forma parte activa del fenómeno que se estudia, en este caso los «estallidos», o si se quiere las revueltas sociales actuales.

Este contexto global está asociado a la transformación social en el mundo contemporáneo o el llamado cambio de época, la emergencia y consolidación de un nuevo tipo societal, y ello se da a su vez actualmente en un contexto de crisis medioambiental que amenaza la existencia misma de la humanidad.

El contexto estructural y cultural global, que se refiere a las transformaciones sociales en el mundo contemporáneo, tendría al menos dos dimensiones que vale la pena señalar para nuestro análisis. Por un lado, las transformaciones de la sociedad contemporánea y la transformación del capitalismo; por otro, la crisis de las democracias representativas.

Respecto de lo primero, el cambio fundamental es que ya no estamos en sociedades histórico-concretas en un contexto de vigencia casi exclusiva de la sociedad industrial de Estado nacional, que nace a finales del siglo XVIII y se constituye más orgánicamente a lo largo del siglo XIX, consolidándose y ampliándose en el siglo XX a los diversos confines del mundo, aunque por supuesto con diversos niveles de desarrollo y modelos culturales. El modelo predominante de desarrollo fue el capitalismo con diversas modalidades, según las trayectorias de las distintas sociedades, aunque hubo otros modelos, como diferentes modalidades de socialismo.

Este tipo referencial se caracterizaba por tener básicamente como ejes la economía (industrial, trabajo, producción) y la política (Estado nacional). En América Latina este tipo societal no va a reemplazar a la sociedad hacendal, sino que la va a modificar y transformar, dejando vestigios de ella.

Abstractamente, la sociedad que emerge desde las últimas décadas del siglo XX, que se inserta y transforma también a la sociedad industrial de Estado nacional, es lo que se ha llamado, según las diversas interpretaciones de sus rasgos principales, sociedad red, sociedad de comunicación, sociedad informática, de la información, sociedad digital, sociedad líquida o sociedad postindustrial globalizada, entre otras denominaciones. Esta sociedad –su forma de organización– es muy diferente a la sociedad industrial de Estado nacional, aunque esté contenida en las sociedades histórico-concretas denominadas países. Sus ejes ya no son la economía y la política, sino que son la comunicación y el consumo, lo social y lo cultural, no lo económico ni lo político. Una de las particularidades de esto es que va acompañado por una nueva revolución científico-tecnológica en que la tecnología es el elemento omnipresente: no son las necesidades las que crean la respuesta tecnológica, sino al revés.

A diferencia de la sociedad industrial de Estado nacional, la sociedad postindustrial globalizada se caracteriza por no tener instituciones propias, excepto las de la sociedad industrial de Estado nacional. La sociedad que está en emergencia no tiene instituciones, en el sentido que hemos utilizado tradicionalmente. Tal fenómeno se expresa también en las crisis de las instituciones básicas de la sociedad industrial, como la familia, las iglesias, los partidos, la educación, etc. La anomia, que era una patología en las sociedades industriales de Estado nacional, en tanto una falta de normas, hoy en día es la esencia de la sociedad postindustrial globalizada. Todo ello implica el predominio del principio de horizontalidad en las relaciones personales y sociales. La horizontalidad significa la tendencia al rechazo de la autoridad, de la jerarquía, ya que solo se concede autoridad o jerarquía a aquello que a cada uno le parezca debe tener. En definitiva, puede afirmarse que el mundo irá cada vez más hacia procesos de desinstitucionalización y de creación no de instituciones tan rígidas, sino de formas que se adaptan a las realidades, lo que ocurre por ejemplo con el matrimonio igualitario o los acuerdos de vida en pareja, menos sujetos a una moral dictada por la tradición o por la verdad absoluta de las religiones, y mucho más por las intersubjetividades.

Si la revolución industrial estuvo en la base de la sociedad del mismo nombre, quizás la revolución informática sea uno de los desencadenantes principales de la sociedad de la información, o como se le quiera denominar. Quienes más viven plenamente este tipo societal son las juventudes y nuevas generaciones. En los procesos subyacentes al estallido social, estarán presentes tanto los elementos de desinstitucionalización como los de horizontalidad y los generacionales.

El cambio en las bases constitutivas de la sociedad ha ido acompañado de las transformaciones del capitalismo en el mundo, como el modelo de desarrollo casi excluyente en la actualidad. Se trata de la presencia más generalizada de un tipo particular de capitalismo, que se basa en el poder financiero y en la búsqueda de la mayor mercantilización de los distintos aspectos de la vida cotidiana, que es lo que se denomina el neoliberalismo. El impacto de aquello se ha expresado en América Latina, en general, y en Chile en particular, a través del extractivismo y rentismo, proceso que no solo ha implicado un grave impacto en los sistemas ecológicos, sino también en la vida cotidiana de los habitantes del área comprometida, agudizando desigualdades e injusticias. Ello quedó aún más evidenciado con la pandemia del Covid-19.

A la transformación de la sociedad que hemos descrito, hay que agregar la crisis del régimen político que la caracterizó predominantemente: la democracia representativa, es decir, la democracia tal cual ha sido concebida en los dos o tres últimos siglos.

En las épocas de dictaduras, o en las épocas de las guerras civiles, la democracia era la aspiración de un conjunto de instituciones que asegurara que una ciudadanía pudiera tomar decisiones relevantes para sus vidas a través de un mecanismo de representación en el Estado. Esa visión de la democracia ha estallado, de alguna manera. Ahora la gente vive la democracia más como una experiencia personal que como un régimen político en un proceso continuo. Por ejemplo, es plausible pensar que si se consulta a los jóvenes en la calle ¿cuál es su momento más democrático? Este puede haber sido el momento en el que se movilizaron o en que lanzaron una piedra. Por su parte, si se pregunta a los que están inmersos en las mal denominadas redes sociales ¿qué es para usted la democracia?, podrían señalar «decir lo que quiero». Entonces, el gran problema es que la gente se retira de la participación en instituciones. En este sentido, la democracia es el poder decir lo que se quiere, hacer lo que se quiere y, además, demandar o exigir lo que se necesita. El Estado, o quien esté al frente de la toma de decisiones, debe responder a eso.

Estamos en presencia del surgimiento de lo que podríamos señalar como la democracia expresiva o la democracia continua, que no se deja encauzar o que no se encauza a través de los mecanismos institucionales. En ese sentido, sería más democrático estar en la calle llevando a cabo acciones que son la expresión de un malestar, o «tomar» una escuela, que ir a votar. Los supuestos representantes en un marco democrático dejan de serlo para la gente; pasan a ser una especie de clase política distante de la base social, no representan a nadie, salvo excepciones. En consecuencia, hay una crisis de la idea de representación, que es una cuestión central de la democracia y de la idea de democracia que hemos tenido hasta ahora.

Pero si bien puede considerarse que se trata de una cuestión generalizada, tampoco hay que subestimar la capacidad de los regímenes democráticos de resolver las grandes crisis coyunturales que se han presentado y la legitimidad que en muchos contextos mantienen las instituciones políticas. También cabe valorar el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva, tanto a nivel de toda una sociedad como especialmente en territorios y en lo que se llama subpolítica. Como se muestra en varios de los trabajos de este libro, se trata de una crisis más profunda que afecta a la política misma: no es a través de ella, ni de sus instituciones –como los partidos políticos–, que se expresan ni el malestar ni las demandas ni los imaginarios de la múltiple diversidad de la base social, lo que afecta el concepto mismo de ciudadanía clásica.

El contexto histórico sociopolítico

Los estallidos sociales a los que nos referimos son expresión de fenómenos de larga data, que tienen que ver con los procesos vividos desde los sesenta en América Latina. Recordemos que los procesos de cambio en las distintas sociedades latinoamericanas adquirieron diversas maneras: algunos fueron de insurgencia, otros institucionales, algunos más desarrollistas o populistas. A su vez, las formas de erradicación y aplastamiento de los procesos revolucionarios en la región también variaron; en el Cono Sur fue a través de dictaduras militares: utilizando el monopolio del poder del Estado, se buscó el exterminio y liquidación de los movimientos revolucionarios o populistas o desarrollistas.

A partir de entonces la problemática central de los países del Cono Sur sometidos a dictaduras militares fue, por un lado, superar esos regímenes a través de lo que se llamó transiciones democráticas, y por otro, resolver el problema de las desarticulaciones que se habían producido entre Estado y sociedad dadas por la imposición de nuevos modelos económicos, en el marco de los procesos de globalización.

En los noventa y comienzos del siglo XXI, se desarrollan expresiones sociales o político-institucionales que buscaron una salida a las transformaciones que devinieron de los ochenta. Cabe mencionar el movimiento de Chiapas, en el México de 1994, que desde la insurgencia instala un contenido social que aspiraba a superar los modelos económico-sociales, con componentes, entre otros, étnicos, democráticos, antineoliberales y antiglobalización –como se le entendía en aquel momento–, y fórmulas a la vez institucionales y extrainstitucionales. Pero también hubo expresiones en los países que habían realizado las transiciones hacia la democracia, cuyos protagonistas fueron los gobiernos de izquierda en las distintas partes de la región. Estos gobiernos declararon el compromiso de implementar reformas políticas y sociales, aunque sin tocar sustancialmente la economía.

Independientemente del juicio que merece, el giro a la izquierda de la política institucional significó un intento por interpretar a las fuerzas sociales impactadas por las transformaciones neoliberales, y el intento por devolver al Estado una cierta capacidad para reconocer y desarrollar los derechos sociales, así como también resolver las enormes brechas en términos de desigualdad en América Latina.

Chile tiene un rasgo particular respecto de la región: la dictadura militar-civil de derecha realizó una revolución capitalista desde arriba que hoy se encuentra enraizada entre las personas. En efecto, no hay nada en la vida cotidiana de los chilenos y chilenas, independientemente del modo cómo los distintos sectores y generaciones lo internalicen, que no tenga algo que ver con lo que fue ese régimen. Así, la esfera del trabajo está regido por el Plan Laboral establecido en esa época, con algunas modificaciones que no tocan lo esencial; de un concepto de sistema nacional de salud se pasa a uno nacional, pero de servicios, con todo el impacto que ello tiene, especialmente en el actual contexto de la pandemia; la previsión social y el ahorro forzoso de las AFP han demostrado ser un fracaso en materia de seguridad social; las formas de organización del territorio –como la regionalización–; la educación y la abismante reducción de la matrícula en la educación pública, son solo algunos ejemplos de aquello. Chile es el único caso en el que se instala completamente un modelo neoliberal, es decir, la extrema mercantilización de todos los aspectos de la vida social y cotidiana, así como también el mantenimiento y profundización de las desigualdades sociales y económicas, con una débil acción correctiva por parte del Estado.

El modelo ha permanecido en el tiempo, no obstante las políticas de los gobiernos que se instalan en el Chile de la posdictadura. Ciertamente todas las reformas políticas y sociales en Chile se han realizado sin superar el modelo neoliberal que hemos descrito, lo que ha significado un aumento y profundización de las desigualdades y, por ende, de un creciente distanciamiento de la política respecto de la gente. Aun con múltiples reformas, la Constitución de la República que declara derechos, no los garantiza.

En este marco se fue generando un distanciamiento de la gente con el mundo político, lo que se denomina más bien la clase política. Y emergen los momentos de estallido, donde los estudiantes secundarios y universitarios cobran una presencia visible primordial.

La movilización estudiantil de 2001, conocida como «el mochilazo», fue un hito protagonizado por estudiantes secundarios de Chile, en pleno gobierno de Ricardo Lagos. En la «revolución pingüina» de 2006 –en el primer gobierno de Michelle Bachelet–, los estudiantes secundarios exigieron el derecho a una educación pública y la eliminación de la libertad irrestricta del dueño de un determinado establecimiento educacional que recibe financiamiento del Estado.

Entre 2011 y 2012 –primer gobierno de Sebastián Piñera– se produce un estallido de gran magnitud a través de movilizaciones que se centran fundamentalmente en tres grandes aspectos: educación pública y de calidad, reforma tributaria y nueva Constitución; es decir, transformación del modelo económico, cultural y político del país. La derrota de la Concertación da paso a un nuevo pacto de coalición, incorporando al Partido Comunista, que instala con más fuerza la necesidad de una reforma laboral. Esta nueva coalición –la Nueva Mayoría– recoge en su declaración las demandas emanadas de las manifestaciones sociales. Se plantea por primera vez un proyecto político que significa la superación del modelo de sociedad que había sido heredado de la dictadura, con la particularidad que hemos indicado en otras ocasiones, que es primera vez que tales demandas surgen propiamente del movimiento social y no de sus relaciones con el sistema partidario.

Tras la configuración de la nueva coalición de partidos que agrupaba a la centro-izquierda y el triunfo en las elecciones –que contó con nueve candidatos–, Michelle Bachelet recoge las demandas que se presentan a partir de las movilizaciones anteriores y lo plasma en su programa de gobierno. Dicho programa contempla reformas orientadas al fortalecimiento de la educación pública y el término del lucro, una reforma tributaria para reducir los problemas de desigualdad y, al mismo tiempo, contar con recursos para la reforma educacional, y la redacción de una nueva Constitución. Como resultado, se imprimen reformas al sistema educacional y se impulsa un proceso constituyente, que se vio truncado ante las diferencias sustantivas presentes en la coalición, generadas fundamentalmente por los casos de corrupción, problemas de liderazgo, y las diferencias sustantivas del Partido Demócrata Cristiano con la Nueva Mayoría. En este contexto, ocurre la ruptura de la coalición y el segundo triunfo eleccionario de Sebastián Piñera, voto minoritario respecto del padrón electoral –como viene ocurriendo desde la instalación del voto voluntario–, pero que al fin y al cabo representaría en parte el malestar frente al desempeño de los gobiernos anteriores.

Los anuncios de Piñera enfatizaron el crecimiento económico y la interrupción de las reformas que había impulsado Michelle Bachelet, pero se presentan en un contexto de fuertes brechas socioeconómicas y la progresiva expresión de movilizaciones de diversas agrupaciones que han ido cobrando mayor visibilidad (No + AFP, estudiantes secundarios y universitarios, feministas).

El estallido o revuelta de Octubre de 2019 y sus proyecciones

El creciente distanciamiento de la política respecto de la vida de la gente se refleja en una clase que giraba en torno a sí misma. Dicho distanciamiento, sumado al descontento y la centralidad de la economía, se traduce no solo en desconfianza hacia la política, sino también en su rechazo.

A través de los medios de comunicación se hizo visible un detonador del estallido: el aumento del valor de un boleto del Metro que tenía un valor de $800 a $830. Esto ya había ocurrido en otros países; y es que está en directa relación con la vida cotidiana. En Brasil la demanda fue por el pasaje libre; en Francia y Ecuador, el impuesto al combustible, entre otros países. El transporte sin duda es un tema esencial, y a este se sumaron rápidamente otras demandas urgentes.

A diferencia de otras movilizaciones que tenían un interlocutor relativamente definido, con un respaldo político que aparecía en algún momento con posibilidades de negociación, el estallido de octubre significó todo lo contrario. Estamos en presencia de movilizaciones sin un claro eje organizador, o con múltiples ejes y múltiples vocerías, aparentemente sin demandas sistematizadas; en definitiva, heterogéneas en su composición y expresión. Todo parece tratarse de una espontánea autoconvocatoria, sin una mesa política que estuviera detrás, que llegó a convocar a más de un millón de personas un 25 de octubre. No es casual, entonces, que las banderas partidistas fueran rechazadas en los lugares de reunión o que figuras dirigenciales fueran expulsadas en momentos de concentración. Pero no puede menospreciarse el potencial organizativo que tuvieron estas movilizaciones a través de los múltiples cabildos y reuniones territoriales autoconvocadas en las que se rechazaba la intervención propiamente partidaria.

Las movilizaciones suelen serlo desde movimientos, como es el caso de las movilizaciones feministas de mayo de 2018. La de octubre de 2019 es un estallido, y la pregunta es si este puede o no transformarse en movimiento. Lo cierto es que, mientras Sebastián Piñera reafirmaba su tesis de mantener el orden público por sobre todas las cosas, se inauguraría un proceso que debe culminar en una nueva Constitución.

Hay que reconocer que en el momento del estallido se expresaron tipos de violencia en su modalidad de acción directa. Un primer tipo, el más visibilizado mediáticamente, es el que va acompañado de situaciones de saqueo y destrucción de infraestructura –por ejemplo, de las estaciones de metro y asaltos al comercio–. Pero estas acciones, como hemos dicho, en manos de narcotraficantes y grupos anarquistas, o también personas sin adscripción alguna, no están asociadas a las demandas mayoritarias de las movilizaciones. Un segundo tipo de expresiones de violencia está representado en lo que fue denominado como «primera línea», que correspondía a grupos heterogéneos en su composición, que acompañaban a las marchas y velaban por su despliegue. Ahora bien, concentrarse solo en esos hechos de violencia es, a nuestro juicio, no entender la problemática de fondo y no reconocer el tercer tipo de violencia, la del Estado –de tipo estructural–, que se impuso desde un inicio a través de actos de violación de derechos humanos –detenciones arbitrarias, torturas y mutilaciones– por parte de las fuerzas armadas y de orden. Cabe por último reconocer la violencia que existe como gérmenes en la sociedad misma, y ella estriba en la destrucción del tejido social. En ese sentido, las movilizaciones van a jugar un papel muy importante en la necesidad de recomposición de ese tejido.

Hemos dicho que las movilizaciones se realizan al margen de la clase política, a diferencia, con excepciones, de la historia social chilena desde los años treinta del siglo pasado. Si bien bajo los gobiernos democráticos, como hemos señalado, se habían producido transformaciones importantes consideradas como modernización capitalista y mejoras muy importantes en las condiciones de vida material de la gente, este orden era visto como un reproductor de desigualdades, abusos y promesas no cumplidas. También era un rechazo a un orden institucional y político que consagraba la dimensión económico-social, lo que se expresaba en un profundo distanciamiento respecto de los actores del mundo político institucional y en la creciente deslegitimación tanto de las instituciones como de los actores que las encarnaban. En ello juegan tanto los factores más generales analizados más arriba como las particularidades históricas del caso chileno.

Lo que resulta paradojalmente significativo es que en una situación de profunda crisis social y de incapacidad de respuesta a las múltiples y diversas demandas expresadas con mucha energía y permanentes movilizaciones, con expresiones de violencia de sectores delictuales, pérdida de control del orden público por parte del gobierno y un nivel de represión con el carácter de violación sistemática de derechos humanos, la solución o salida parcial vino de la política institucional y de lo que se denomina la «clase política», ambas rechazadas por el «estallido». Ello a través de un acuerdo transversal (Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución), con algunas excepciones (Partido Comunista, entre otros), que generaba la posibilidad de un proceso constituyente a través de un Plebiscito y, en el caso de aprobarse la opción de la nueva constitución, su gestación a través del órgano que se decidiera en el Plebiscito, culminando con un Plebiscito ratificatorio de salida, esta vez con voto obligatorio.

Y esta solución, como lo muestran los resultados del 25 de Octubre de 2020, fue legitimada por la ciudadanía al concurrir a votar, pese a las suspicacias iniciales. Sin duda se trata de un acuerdo histórico: nunca ha habido en la historia de Chile una Constitución elaborada por la ciudadanía; la última fue impuesta por una dictadura y corregida básicamente por el parlamento y los gobiernos democráticos. Lo cierto es que estamos en presencia de una solución que viene del mundo político, el sector más deslegitimado, con los menores niveles de confianza o aprobación –los partidos políticos, el parlamento, el gobierno–. Por otro lado, hay una sociedad movilizada que en gran medida no comparte la salida institucional que plantea el Acuerdo, aunque se incorpora a ella críticamente con sus propios procesos de participación.

El proceso desencadenado abre dos grandes horizontes: la posibilidad de una nueva constitución económico-social y cultural de la sociedad –dejando atrás el modelo vivido en las últimas décadas–, plasmada en un nuevo texto constitucional elaborado por la ciudadanía, y la posibilidad de articular una nueva relación entre esta y la política. Y ese fue el doble significado del Plebiscito del 25 de octubre de 2020.

El Plebiscito de 2020 y sus proyecciones

No es una exageración si se dice que el Plebiscito realizado el 25 de octubre en Chile es para este país uno de los hitos más importantes de toda su historia. Por primera vez se sometía a la ciudadanía a una consulta sobre la Constitución vigente y la posibilidad de su reemplazo por otra, y que esta otra fuera realizada a través de un órgano con participación ciudadana.

La primera pregunta que se debía responder era si se aprobaba o rechazaba la idea de una nueva Constitución (explícitamente no una reforma, sino nueva) y qué organismo debiera redactarla. La segunda era la opción entre una Convención Mixta, mitad parlamentarios, mitad ciudadanos elegidos, o Convención Constitucional, que significaba que todos los y las constituyentes serían elegidos/as en votación directa. Pero si el Plebiscito era de por sí un fenómeno extraordinario, los resultados le confieren el carácter de momento fundacional que abre un proceso constituyente inédito en el mundo en algunos rasgos, como la paridad de género en la integración de la Convención Constitucional. Votaron 7.562.173 personas, que constituyen el 50,9% del electorado. Para la primera cuestión, votó por el Apruebo el 78,27%; por el Rechazo, 21,73%. En la segunda, por la Convención Constitucional 78,99% y por la Convención Mixta 21,01%. Cabe señalar, entre los rasgos salientes de estos resultados, respecto de la participación, que se trata, en números absolutos, de la mayor participación de la historia, con el porcentaje más alto desde que se instaló el voto voluntario en 2012, todo ello en medio de la pandemia, con una importante participación de jóvenes y de los sectores populares (rompiendo en este caso las tendencias históricas del voto voluntario).

De los resultados, destaquemos que las opciones Apruebo y Convención Constitucional ganaron en todas las regiones del país y perdieron solo en cinco comunas. Exceptuando una pequeña comuna del norte y de la Antártica, las otras tres corresponden a las de mayor nivel de ingreso y condiciones de vida y de concentración de poder del país. En el mundo popular la victoria de estas dos opciones fue aplastante.

El primer significado del Plebiscito es la confirmación masiva de una mayoría social inédita por cauces político-institucionales que rechaza el orden consagrado en la Constitución, del que ella aparece como garante y como símbolo. El segundo significado, expresado en la respuesta a la pregunta del órgano que redacte la nueva Constitución, es que esa mayoría social rechaza también que sean los representantes políticos tradicionales los que realicen los cambios a través de una nueva Constitución.

Ambos significados apuntan en el sentido de la problemática analizada en este libro, cual es de los horizontes de los movimientos sociales y su relación con la política. Por un lado, la búsqueda por parte de todos ellos de un nuevo orden económico, social y cultural, y por otro, una nueva forma de articulación con la política que será sin duda diferente al modelo clásico en Chile en la relación entre partidos y actores sociales. Así, en esta época de ruptura es posible que asistamos a una relación en que los movimientos y movilizaciones se expresan autónoma y críticamente respecto de los actores políticos, incluso en forma de rechazo. Estos últimos responden frente a la crisis social y el movimiento se involucra en la solución institucional, pero manteniendo su autonomía y crítica para redefinir la situación de acuerdo con sus propias demandas. Pasamos de un modelo de imbricación entre política institucional y actores sociales a un modelo de intermitencia crítica en esta relación. Si ella será la forma permanente que adquiera la relación entre política y sociedad o asistimos a un momento fundacional de nuevas relaciones es la gran pregunta del futuro para la democracia chilena, y en ello el proceso constituyente y la presencia de la sociedad en él jugarán sin duda un papel determinante.

1 Este libro contó con la valiosa e imprescindible participación y colaboración de Claudia Gutiérrez Villegas, tanto durante el trabajo realizado en los talleres como en la revisión y edición de todo el material que se presenta, y en la preparación de la información para esta introducción.

2 En lo que sigue utilizo material de la conferencia dictada en el Simposio organizado por la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia y Diario El Tiempo: «Movilización y malestar social en el mundo y en Colombia. Raíces y Perspectivas». Bogotá, Colombia, 12-13 Marzo 2020.

Parte 1 Los movimientos sociales y su rearticulación con la política

¿Es posible la articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo?

Juan Pablo Luna3

Introducción4

Los cientistas políticos repetimos como mantra que los partidos políticos son necesarios para la democracia. Tome cualquier libro sobre partidos y probablemente encontrará alguna referencia a la siguiente frase del libro Party Government, publicado en 1942 por E. E. Schattshneider: «Los partidos políticos crearon la democracia y la democracia moderna es impensable sin partidos políticos». En dicho texto, el autor también señala que los partidos no pueden ser pensados meramente como la coalición electoral que votó por un candidato determinado: «El Partido Demócrata no es la asociación de 27 millones de votantes que en noviembre de 1940 votaron por el Sr. Roosevelt», puntualiza. Según Schattshneider, y la gran mayoría de la ciencia política, los partidos son más que una coalición ocasional de candidatos a cargos públicos5.

Reconozcamos que la democracia representativa, en ausencia de partidos programáticos y relativamente estables, funciona mal. El problema es que «querer no es poder». Armados con aquel dogma los cientistas políticos hemos analizado Latinoamérica, esperando que los países que no contaban con sistemas de partidos institucionalizados los desarrollaran. Al mismo tiempo, hemos subrayado y ensalzado la estabilidad y la estructuración del sistema de partidos chileno, el cual se convirtió en un modelo para la región6, en ocasiones junto al de Costa Rica y Uruguay. Los más intrépidos, por ejemplo, varios organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional estimularon la introducción de reformas electorales buscando reproducir modelos como el chileno en países con sistemas «más problemáticos». Y es que en comparación con lo que ha pasado en otros casos, Chile aún les parece a muchos el paraíso de la institucionalización, la seriedad y la buena política pública. Aquí argumentaré que esta visión se basa en un sesgo fundamental. Lo que no quisimos ver es que Chile (y también Costa Rica y Uruguay) se parecían más al pasado que al futuro7. En este sentido, los jóvenes de hoy vivirán en sistemas políticos en que los partidos políticos, como los entendemos hoy, serán una especie en extinción.

Más allá de su potencial heurístico, también me parece miope pensar las últimas décadas de América Latina en torno a dos claves hoy predominantes en el análisis político: la de una alternancia entre giros ideológicos (de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha), y la de una yuxtaposición entre «populismos» y regímenes institucionalizados. Aunque muy populares y con cierto potencial heurístico, ambas claves oscurecen, en mi opinión, la crisis estructural de la representación política en la sociedad contemporánea. Dicha crisis es el mínimo-común-denominador que subyace a la sintomatología que emerge en el contexto de alternancias entre «izquierdas» y «derechas» y entre equilibrios «institucionalizados» y «populismos».

En este documento analizo, muy esquemáticamente, las vías posibles de articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo. En breve, afirmaré que dadas las características de los movimientos sociales actuales (más bien, de la movilización social) y las de los vehículos electorales hoy en boga (léase, los equivalentes funcionales de los viejos partidos políticos), dicha articulación es poco probable y, de lograrse, está destinada a la corta duración.

En función de mi conocimiento superficial sobre la realidad de los movimientos sociales, el texto se centra especialmente en analizar los desafíos que hoy enfrenta la estructuración de representación política legítima en nuestras sociedades. El resto de este artículo se estructura en torno a cinco secciones. La primera, argumenta que el caso de Perú constituye un buen heurístico para pensar el futuro de los partidos políticos en la región. La segunda, identifica una serie de factores que complican la tarea de quienes buscan crear y sostener partidos políticos programáticos e institucionalizados. La tercera sección pone en relación las dinámicas emergentes con el déficit de legitimidad que hoy enfrentan los sistemas de representación democrática en la región, y crecientemente en el mundo. Allí se argumenta que los sistemas políticos de la región enfrentan el enorme desafío de intentar generar legitimidad, lo que necesariamente supone la capacidad de sincronizar los tiempos políticos y de la política (si se quiere, los tiempos objetivos), con las necesidades subjetivas de los ciudadanos.

Finalmente, con el telón de fondo que estructuro en base a investigaciones y publicaciones previas, especulo sobre tres vías posibles de articulación entre partidos y movimientos, haciendo referencias esquemáticas a casos contemporáneos. Esquemáticamente señalo allí las principales promesas y limitantes de cada tipo. Al igual que el resto del artículo, concluyo argumentando que no hay soluciones fáciles (i.e. ajustes de los incentivos que estructuran las reglas de juego institucionales; fórmulas probadas de rearticular a partidos y movimientos sociales), en el marco de la crisis que hoy enfrenta la representación política en sociedades liberal-democráticas.

Perú como heurístico de un futuro «sin partidos»

Perú es tal vez el caso que ilustra mejor el fracaso de la ciencia política en dar cuenta de esta realidad. Desde la transición a la democracia (post-Fujimori) en 2000, los expertos en el sistema político peruano se han quejado de la ausencia de partidos y, como resultado de eso, del mediocre funcionamiento de la democracia (Levitsky & Cameron, 2003). Pese a ese reclamo, el Perú actual es un caso que ilustra que la democracia sí puede funcionar por muchos años, sin generar partidos políticos que sean más que una coalición ocasional de liderazgos individuales (Zavaleta, 2005). Incluso muestra que no hay incompatibilidades graves entre una democracia sin partidos y la capacidad de crecer económicamente y manejar con relativa eficiencia las finanzas estatales8.

Perú también ilustra, incluso antes de la elección parlamentaria de 2016 en la cual aumenta a niveles inauditos la fragmentación política, que el vacío de poder que genera la atomización del sistema de partidos no necesariamente conduce a la aparición de liderazgos populistas, como ha sucedido en los casos más resonantes en la región. Pero también sabemos que las democracias sin partido no están exentas de problemas institucionales serios. Solo a modo de ejemplo, identifiquemos tres que prevalecen en el Perú actual. Primero, las elecciones se definen usualmente a último minuto, en base al éxito relativo de los candidatos en las encuestas preelectorales. Ese éxito, y el fracaso de los que van quedando en el camino, define alianzas y apoyos coyunturales que terminan en movimientos electorales (muchas veces motivados por sentimientos negativos o «anti»), que definen la elección (Muñoz, 2018; Meléndez, 2019).

En este marco, los recursos con que cuenta cada candidato para marcar en las encuestas son clave. A modo de ejemplo, César Acuña, un político con fuerte base electoral en el norte del país (donde es dueño de tres universidades que le han dado renombre y una base social a movilizar en la zona), logró hacer sombra en la pasada campaña electoral presidencial a la mayoría de los candidatos que en ese entonces pujaban por convertirse en «la» alternativa a Keiko Fujimori. Antes de la elección, Acuña fue dudosamente inhabilitado por parte del Jurado Nacional Electoral, abriendo campo a dos candidaturas radicalmente opuestas en su plataforma programática: las de Pedro Pablo Kuczynski y de Verónika Mendoza. Lo único que compartían las candidaturas de Kuczynski, Mendoza y Acuña era su capacidad de convertirse en la alternativa viable a la de Keiko Fujimori, heredera del único aparato político con semblanza de partido político existente en el país (Meléndez, 2019).

La elección se definió por pocas décimas en un sprint final con definición fotográfica. En un año negro para las encuestadoras en todo el mundo, las de Perú no se han equivocado, tal vez porque aprendieron a trabajar en un contexto en que los partidos, como los conocíamos, ya no existen. Es interesante notar que los presidentes que resultan electos apoyados por movimientos coyunturales (algunos comenzaron con encuestas que les daban un dígito y terminaron convirtiéndose en «el mal menor» para una mayoría coyuntural en la segunda vuelta), tienen más dificultades para gobernar que para ser elegidos. Comienzan siendo muy populares, se desgastan muy rápido, alcanzando niveles de popularidad muy bajos, y finalmente, en los últimos meses de gobierno tienen un alza leve.

Segundo, el Congreso Nacional presenta tasas de rotación comparativamente altas. En la elección parlamentaria de 2016, 54% de los congresistas intentó la reelección y solo el 24% la logró (JNE, 2016). Aunque ciertos niveles de renovación son bienvenidos, una alta rotación complica mucho la calidad de la gestión legislativa. Esto se agrava porque las bancadas partidarias simplemente se dividen y fragmentan a poco andar del período de gobierno. Los «camisetazos» (cuando un congresista electo por un partido se cambia de bancada) se han vuelto muy difíciles de cuantificar en el caso peruano.

Frente a esta inestabilidad de las bancadas partidarias, algunos analistas peruanos argumentan que se han conformado sólidas bancadas –políticamente transversales–, cuyo denominador común es representar los intereses de quienes financian sus campañas. El dinero que alimenta estas bancadas no viene solo de empresas legales, sino de financistas vinculados a economías ilegales. A modo de ejemplo, Ricardo Soberón, exdirector de Devida (la organización estatal a cargo de la represión del tráfico y consumo de droga en el Perú), me dijo en una entrevista que en la última legislatura peruana la «narco-bancada» (formada por unos diez legisladores de distintos partidos, financiados por dineros ligados al narco) mostró niveles de cohesión interna al votar temas relativos a la regulación y represión de dicha actividad que cualquier partido envidiaría9.

Tercero, el sistema de partidos peruano también registra niveles extremos de desnacionalización. Se entiende por desnacionalización una situación en que los partidos nacionales dejan de controlar la política subnacional, siendo reemplazados por referentes y partidos locales, perdiendo así el control central sobre el territorio y las instituciones. De alguna manera esto es natural, dada la debilidad de los partidos políticos y la introducción de reformas descentralizadoras. Como resultado, de los 25 presidentes regionales elegidos en la última elección de 2014, solo cinco responden a «partidos» nacionales. El resto representa a movimientos independientes (muchos de ellos personalistas) o colectivos regionales.

A nivel municipal y distrital (alcaldes provinciales y alcaldes distritales), la presencia de representantes de partidos nacionales también es sumamente escasa. En este contexto, se han dado dos fenómenos complementarios que vale la pena mencionar aquí. Junto con las reformas descentralizadoras, se introdujo en Perú el mecanismo de revocatoria de mandato. De acuerdo con un estudio de la politóloga Yanina Welp, entre 1993 y agosto de 2013 más de cinco mil autoridades regionales y municipales fueron sometidas a revocatoria de mandato en Perú, y más de mil setecientos fueron revocadas por el voto popular (Welp, 2013).

En definitiva, a nivel local Perú ha registrado la desaparición de los partidos políticos tradicionales, la emergencia de liderazgos personalistas y de movimientos regionalistas que, en varios casos, no son más que un vehículo para liderazgos individuales, y una situación de inestabilidad y vacío de poder a causa de la epidemia de revocatorias. Alternativamente, ese vacío de poder fue llenado por liderazgos locales autoritarios, sin que el Estado central pudiese poner coto rápidamente a la situación. En este contexto, los partidos nacionales no tienen miras de reconstituirse en las arenas regional y local.

Mientras tanto, la agenda cotidiana está pautada por la irrupción permanente de conflictos sociales y políticos particulares, los que nunca logran vertebrarse en movimientos capaces de impulsar reformas de fondo y más allá de un plano local o funcional muy restringido. Eso, hasta que la nueva campaña electoral irrumpe en la agenda y un sinnúmero de posibles candidatos comienza a competir para llegar a números de dos dígitos en las preferencias del elector.

¿Por qué es tan difícil crear y sostener partidos políticos hoy?

La institucionalidad democrática, al igual que la legitimidad, se estructura fuertemente sobre la base del tiempo. Examinemos, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Si seguimos la conceptualización del politólogo Juan Linz (1998), las elecciones generan mandatos, y en un régimen presidencialista, los elegidos (idealmente en base a un programa de gobierno) tendrán cuatro o cinco años para realizar dicho mandato o persuadirnos de las dificultades que les impidieron cumplirlo antes de tener que someterse nuevamente a evaluación en las urnas. En este nuevo ciclo electoral, la ciudadanía evaluará al gobierno y decidirá darle continuidad u optar por la alternancia.

Esta concepción de «la rendición de cuentas» está en la base de la institucionalidad de la democracia liberal y, sin embargo, se ha vuelto increíblemente anacrónica. Los problemas que ha enfrentado España para formar gobierno durante el 2016 demuestran que el parlamentarismo, como una solución alternativa, probablemente también se ha quedado corto. ¿Qué ha sucedido?

Una explicación plausible es que los tiempos sociales y políticos se han comprimido brutalmente. Las «lunas de miel» de los nuevos gobiernos probablemente sean hoy más breves y frágiles que en el pasado. Cualquier escándalo que se viralice en las redes sociales alcanza para acortar el período de gobierno que la ciencia política reconocía como clave para asentar a un gobierno y avanzar en su programa. Las redes sociales y la irrupción de lo que Bauman (2013) popularizó como la «modernidad líquida» tienen sin duda un impacto significativo en la compresión temporal. Solo a modo de ejemplo, mientras usted lee este párrafo se han publicado sólo en Twitter 30.000 comentarios a nivel global, varios de los cuales tienen contenido político.10 Dada la penetración de las redes sociales en la vida de los jóvenes contemporáneos, es dable esperar que la «liquidez» de la política, y los fenómenos que a ella se asocian, aumente con el paso del tiempo. A través de su accionar en las redes sociales, los jóvenes de hoy pueden ser muy políticos, pero al mismo tiempo pueden «ser políticos» sin involucrarse en organizaciones políticas tradicionales.

Otros procesos sociales son también clave para entender los contornos actuales de la política. La irrupción de las encuestas y la medición permanente de la popularidad de actores y propuestas también comprime el tiempo. En la política del pasado, los líderes buscaban implementar su programa y trabajaban con un elenco de su confianza. Si bien recibían señales mediante la penetración social que poseían sus aparatos partidarios desplegados en el territorio, dichas señales llegaban con filtros, con sesgos, y eran en todo caso menos nítidas que el porcentaje de aprobación obtenido en la medición semanal. Como en la industria televisiva en que se pasó del rating mensual al people meter por segundo, y los productores deben hoy maximizar los picos de audiencia improvisando al minuto, los políticos deben «marcar» bien en las encuestas y sostener su popularidad con frecuencia semanal. Entonces, no cuesta mucho imaginarse al otrora «segundo piso» racional y cerebral en una continua crisis ansiosa.

Si la compresión temporal es relevante, también lo es la segmentación territorial y socioeconómica del electorado. Dada la fuerte desigualdad económica que predomina en América Latina, los ciudadanos de distinto nivel social viven en universos paralelos. Eso permite a los partidos desplegar estrategias electorales distintas y a veces contradictorias en los distintos sectores sociales, y al mismo tiempo lograr ser competitivos en todos (Luna, 2014). En otras palabras, los partidos políticos son capaces de implementar estrategias altamente segmentadas con el objetivo de movilizar electoralmente a distintas bases sociales, particularmente en contextos de alta desigualdad social. Aun en sociedades menos desiguales, la llegada del big data a las campañas electorales ha abierto, más recientemente, múltiples oportunidades adicionales para la segmentación y microsegmentación de públicos11.

Así, un mismo partido puede proveer bienes públicos en un distrito, deteriorarlos en el otro distrito y ser electoralmente competitivo en ambos, si logra llegar al electorado en función de distintas estrategias de campaña que funcionan bien en cada contexto particular. Si la sociedad se encuentra fragmentada (con muy poca comunicación entre las distintas clases sociales y ámbitos territoriales), y los partidos logran simultáneamente segmentar y armonizar sus estrategias electorales, ni la prensa ni los votantes se darán cuenta de que los partidos llevan discursos distintos y a veces contradictorios a los diferentes públicos. En contextos de alta desigualdad y segregación social, esto último es posible incluso si los distritos son colindantes y están separados solo por unos pocos kilómetros. En muchos casos, el orden institucional refuerza la segmentación socioeconómica y territorial de la población. Por ejemplo, el hecho de que haya distritos marcadamente de pobres y otros marcadamente de sectores altos facilita a los partidos que usen distintos discursos y estrategias.

La aguda segmentación que hoy exhiben las campañas electorales da cuenta de la desaparición casi completa de lo que alguna vez caracterizó a los partidos: una plataforma programática, una identidad partidaria, un mensaje claro hacia los votantes. Las personas se pueden preguntar hoy en qué cree un partido que, por ejemplo, le habla a la élite de la urgencia de flexibilizar el trabajo, pero que en los distritos populares donde viven las personas cuyo trabajo será flexibilizado, compite en función de otras temáticas y estrategias de campaña, sin hablar de la flexibilización laboral.

Algo crucial, sin embargo, desaparece en medio de esta oferta concreta y segmentada. La construcción de partidos programáticos, capaces de articular plataformas y liderazgos que logren forjar coaliciones sociales amplias (más allá de regiones, circunscripciones, distritos, y municipalidades particulares), es fundamental para superar los desafíos de la representación política en contextos de alta desigualdad. Los partidos políticos programáticos también han proveído, históricamente, de canales para la captación, formación y promoción de juventudes políticas. Sin ellos, es difícil pensar en la capacidad de los jóvenes de insertarse con éxito en la vida política institucional.

Un tercer factor, el ascenso de los ciudadanos monotemáticos, constituye también un rasgo predominante en la actualidad (Luna & Vergara, 2016). En los años ochenta y noventa, los analistas europeos manifestaban preocupación por el ascenso de los partidos de un solo asunto (los partidos verdes eran el caso más claro en ese contexto). Los viejos y estructurados sistemas de partidos europeos se veían desafiados por la emergencia de partidos muy radicales (intensos), pero preocupados por una agenda muy restringida (en el caso de los verdes, la política medioambiental). Actualmente, los intensos se han atomizado aún más: ya ni siquiera construyen partidos de un solo asunto. Se organizan cada vez más en red. Si bien logran superar la segmentación y los problemas de acción colectiva que crean los universos paralelos (gente muy diversa converge en torno a agendas específicas, pero comunes, y se organiza de forma virtual o eventual), son radicales de una sola causa.

En función de esta configuración de sus preferencias, los ciudadanos monotemáticos, desde la superioridad moral que genera toda preferencia absoluta, someten a juicio al gobierno, a los actores políticos y a sus pares en las redes sociales. Dichos juicios son generalmente negativos, porque, por definición, no pueden ser otra cosa. Aun cuando puedan celebrar una declaración o decisión de política pública, seguramente otras muchas los alienarán y descontentarán. Si la política es el ámbito de la negociación de diferencias y la búsqueda de mínimos comunes denominadores, dichos ciudadanos son en esencia antipolíticos. Algunos líderes lograr canalizar la energía que aporta esta radicalidad y los movilizan electoralmente. No obstante, una vez ganada la elección, cuando se trata de gobernar, se vuelven el blanco perfecto de sus electores ocasionales (y de tantos otros conglomerados de monotemáticos), y descubren lo endeble de su zurcido electoral.

¿Hacia un déficit permanente de legitimidad?

Pensando las transiciones latinoamericanas y su problemática, Lechner escribió a mediados de los ochenta que la legitimidad era una «cuestión de tiempo». Lechner (1989) afirmaba que construir un orden legítimo dependía de que los líderes tuvieran la capacidad de utilizar la confianza ciudadana para sincronizar los tiempos objetivos de la política (donde todo es más lento), con los tiempos subjetivos de la sociedad. Así, pensaba Lechner, los líderes conseguían legitimidad (y tiempo para hacer su trabajo) cuando persuadían a la sociedad sobre la necesidad de postergar sus expectativas en lo inmediato, en pos de la construcción de un proyecto más satisfactorio (de difícil, aunque plausible, construcción) en el futuro.

Nobleza obliga. Ser político –tradicional o emergente– se ha tornado una pesadilla. El juego democrático, que contó siempre con la legitimidad procedimental de su lado (en parte por el recuerdo de un pasado autoritario que las nuevas generaciones no poseen), no puede hoy sincronizar los tiempos políticos y los tiempos sociales. La compresión temporal, la segmentación y consolidación de universos sociales paralelos y el ascenso de los ciudadanos monotemáticos hace virtualmente imposible crear plataformas programáticas y candidaturas que logren «comprar tiempo» en función de un futuro consensualmente deseado y plausible.

¿Cómo hacer para representar tal diversidad de preferencias sobre la base de un programa común? ¿Cómo crear plataformas programáticas medianamente coherentes e integradas? Aunque sin esas plataformas se puede ganar elecciones a nivel local, y armar una bancada parlamentaria que constituye la «suma de las partes» a nivel nacional, resulta muy difícil generar coaliciones políticas que sean más que eso. Y sin esas coaliciones, gobernar el todo se torna básicamente en una fuga hacia delante en que es necesario, constantemente, apagar incendios locales o actuar sobre temas y problemáticas puntuales, para lograr sobrevivir a una medición de popularidad más.

Desde hace unos años, los comentaristas políticos de la región acusan la falta de «relato» en las campañas electorales. Los discursos son, en cambio, una colección amorfa de anuncios segmentados que interesan a públicos específicos. Son también un conjunto de declaraciones políticamente correctas que intentan satisfacer el hambre de algunos votantes, sin ojalá alienar a otros. En la sociedad actual, en que la legitimidad es la nueva utopía (así de inalcanzable se ha vuelto), los discursos de campaña no podrían ser otra cosa. Lo que sí debe quedar claro es que en este contexto social es cada vez más difícil construir partidos políticos que, mediando entre el Estado y la sociedad, logren sincronizar los tiempos y producir legitimidad.

¿Se puede hacer algo?

La introducción de reformas institucionales –y las reglas de juego– es usualmente vista por analistas y actores políticos como una forma de «alinear incentivos» para generar un cambio en las dinámicas negativas que se observan en un sistema político. Sin embargo, es necesario examinar esta expectativa a la luz de los datos empíricos que tenemos sobre los partidos y su evolución histórica. La evidencia de que disponemos en la ciencia política muestra claramente dos cosas.

Primero, América Latina se ha caracterizado en las últimas décadas por la creación y rápida desaparición de partidos políticos. Según una estimación muy antigua de Coppedge (1998), hacia fines de los años noventa, un 95% de los partidos latinoamericanos había competido en una elección para luego desaparecer. De acuerdo con la estimación más reciente de Thomas Mustillo (2009), desde la última transición a la democracia registrada en cada país hasta 2005, Bolivia había visto la irrupción de 37 nuevos partidos, Chile de 20, Ecuador de 93, y Venezuela de 797 organizaciones partidarias (se considera 1958 como año de transición en este caso, mientras que en los restantes la transición se produjo en los años 1985, 1989 y 1979, respectivamente). De dichas organizaciones, muy pocas sobrevivieron a la primera elección, y menos aún, lograron alcanzar representación parlamentaria. En el mismo sentido, un libro recientemente editado por académicos de la Universidad de Harvard también señala que son escasísimos los casos de partidos nuevos que logran permanecer en el tiempo e institucionalizarse en las democracias latinoamericanas contemporáneas (Mustillo, 2009).

Segundo, dos tesis doctorales (Wills, 2016; Rosenblatt, 2018) sugieren que los partidos tradicionales están en extinción en la región y que las condiciones para el surgimiento de un partido político, y su sobrevivencia como una organización dinámica y perdurable en el tiempo, tiene muy poco que ver con incentivos institucionales (véase también Levitsky et. al. 2016). Es decir, el desarrollo de los partidos no se relaciona tanto con las reglas a las que son sometidos –aunque dichas reglas son muy relevantes también–, sino a procesos de organización internos que están ligados a su origen histórico. Este último trabajo señala claramente que los partidos que hasta hace poco eran organizaciones institucionalizadas y vibrantes provenían, sin excepciones, de un pasado en que primaban fuertes niveles de polarización y violencia. También es claro que los partidos políticos tradicionales, admirados muchas veces por sus altos niveles de institucionalización y por la fuerte identificación que generaban con el electorado, se desarrollaron en un contexto de expansión de los aparatos estatales nacionales. Los Estados grandes (y muchas veces ineficientes en términos económicos) constituían una «caja» fundamental para el financiamiento de la actividad partidaria. También permitían, en distintos niveles, montar un sistema de mediación que conectaba cada localidad con el centro político, intercambiando votos por la gestión de favores de distinta envergadura (desde un empleo vitalicio en el Estado hasta una cita con el médico o una línea telefónica).

Con los parámetros actuales, este tipo de configuración es visto como fuertemente corrupta e ineficiente. Pero también producía organizaciones partidarias vibrantes, coherentes en términos programáticos, y con fuerte arraigo social y capacidad de movilización electoral (en muchos casos clientelar). En otras palabras, los partidos que hoy queremos reconstituir se gestaron en tiempos de violencia y usualmente en un contexto no democrático. Es en esas condiciones de dificultad, en que las ambiciones individuales no tenían cabida (no había posibilidad próxima de algún éxito electoral), los «jóvenes de ayer» crearon organizaciones partidarias cuyos niveles de cohesión interna y cristalización programática luego vimos operar en el contexto de las sociedades que recuperaron la democracia. Las organizaciones partidarias potentes y omnipresentes que muchos añoran, también se desarrollaron al amparo de una gestión estatal que hoy calificaríamos de corrupta y económicamente insostenible.

Para que quede claro, esta serie de afirmaciones proviene de la constatación empírica, no de cómo yo creo que debieran ser las cosas. Tampoco debe ser leída como una sugerencia de que se acepte la corrupción o la necesidad de pasar por tiempos violentos y de radicalización para que tengamos partidos fuertes. Nadie pretende volver a un pasado no democrático y en que primaba el cohecho y la corruptela generalizada para poder reconstituir partidos políticos funcionales para la democracia. ¿Para qué nos sirve conocer aquellas regularidades empíricas entonces? Nos sirve para entender que muchas características partidarias que hoy parece deseable emular fueron gestadas y tienen su raíz en condiciones históricas que nos resultarían invivibles. En otras palabras, ni todo lo bueno va junto, ni haciendo las cosas bien hoy generaremos necesariamente procesos virtuosos en el futuro. En definitiva, está en los jóvenes de hoy refundar la política. El desafío es lograr dicha refundación, logrando al mismo tiempo maximizar los ideales de representación y legitimidad democrática. ¿Puede, en este contexto y dadas las características que ha asumido recientemente la movilización social, lograrse una articulación entre partidos políticos y actores sociales? La próxima sección concluye analizando esta posibilidad con base en la experiencia comparativa.

Partidos y movimientos sociales

La experiencia comparativa reciente sugiere, en mi opinión, la presencia de tres vías posibles de articulación entre fenómenos de movilización social y vehículos electorales. Un primer modelo lo constituye la formación de nuevos partidos por parte de liderazgos surgidos de la movilización social. El MAS en Bolivia, surgido de la movilización cocalera e indígena a principios de los 2000; Podemos en España, vinculado al movimiento de los indignados y al 15-M de 2011; y algunos referentes del Frente Amplio chileno (Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, etc.) surgidos en torno a liderazgos fraguados en las movilizaciones estudiantiles de 2011, constituyen tres ejemplos posibles de este tipo de articulación.

Este tipo de articulación enfrenta desafíos fundamentales. Por un lado, la clásica tensión entre objetivos estratégicos y tácticos se manifiesta en torno al debate respecto a la necesidad o no de insertarse en una arena institucional que parte significativa del movimiento vilifica. Esa misma tensión se pone de manifiesto al discutir políticas de alianzas con otras fuerzas políticas con el objetivo de la acumulación de fuerzas en el ámbito electoral, así como también en la tensión entre los objetivos del movimiento (usualmente maximalistas y acotados a ámbitos de la realidad acotados) y los objetivos de un nuevo referente partidario que debe tomar posición y reconocer dilemas entre múltiples objetivos de política pública. Por otro lado, también se produce usualmente una disputa por el liderazgo partidario en torno al acceso a cargos electivos. Aunque natural a la política tradicional, dicha disputa acarrea mayor conflictividad en el contexto de movimientos sociales que en la actualidad, y en muchos casos privilegian la horizontalidad y procesos deliberativos y participativos de toma de decisiones. El MAS constituye tal vez el caso más exitoso (al menos en términos de perdurabilidad) de este tipo de articulación. No obstante, posee características que distancian al movimiento original y al nuevo partido de otras manifestaciones de este tipo de articulación como Podemos o los partidos surgidos del movimiento estudiantil en Chile. Muy sintéticamente, el MAS posee un liderazgo único e indisputado, accede al poder y a la estructura estatal rápidamente en un contexto de disolución del orden institucional precedente (lo que minimiza la tensión entre táctica y estrategia, y al mismo tiempo genera recursos para la articulación de mecanismos corporativistas clásicos para la gestión del conflicto desde el gobierno), y articula su movilización a partir de un clivaje étnico que permite articular su discurso en torno a la multiseccionalidad de la desigualdad en la sociedad boliviana.

Un segundo modelo posible escapa a la tensión entre estrategia y táctica, porque no busca una articulación real con los partidos políticos. Se trata de movimientos que buscan impactar la agenda de políticas públicas en temas específicos. Dos ejemplos recientes de este tipo de acción sobre la agenda, evitando la articulación y la institucionalización del movimiento, lo constituyen en mi opinión el movimiento «March for our lives», liderado por jóvenes estadounidenses que han sido víctimas de tiroteos en sus escuelas. Este movimiento ha evitado, desde su surgimiento, vincularse institucionalmente con un partido político (o avanzar hacia la postulación de candidaturas propias). En cambio, ha utilizado una estrategia de «name and shame» en contra de líderes electos con apoyo financiero de la NRA. Al mismo tiempo, ha apoyado a candidatos que se han opuesto abiertamente al NRA y se han comprometido con una agenda anti-armas independientemente de su pertenencia partidaria. Un segundo ejemplo posible lo constituye la nueva ola del movimiento feminista, consolidada durante 2018 en Chile, en que la transversalidad del movimiento, así como la utilización de vocerías rotativas (para evitar la consolidación de liderazgos fuertes que pudieran avanzar luego hacia carreras políticas propias) da cuenta de una estrategia de acción similar. Una posible vía de articulación con la política institucional podría darse, por ejemplo, con una bancada feminista interpartidaria (sobre lo que existe experiencia previa en casos como el uruguayo), pero no con un partido político en particular. El riesgo de este tipo de estrategia es doble y lo constituye tanto su estrecho foco en un asunto/interés concreto, así como lo endeble de su inserción en los espacios político-institucionales en que se decide la política pública. A su vez, el poder de agenda que generan grupos con esta estrategia termina siendo mucho mayor que su capacidad de tramitar y negociar políticas públicas tendientes a responder a su demanda.

Un tercer mecanismo de articulación lo constituye la «toma» de un partido político por parte de un movimiento social organizado. El Tea Party en EEUU y su incursión en el Partido Republicano constituye una instancia de este tipo. Más recientemente, el caso de los evangélicos neopentecostales en casos como el brasilero (y en cierta medida el chileno) también podría considerarse cercano a este mecanismo. En términos generales, se trata de grupos con una alta capacidad de movilización electoral (pueden desmovilizar o movilizar contingentes de votantes relativamente numerosos) en función de la adhesión de un candidato a sus principios y valores. Por el momento, esta estrategia de articulación parece tener una afinidad electiva con movimientos conservadores, quienes en reacción a agendas progresistas (como las políticas de igualdad de género o legislaciones favorables al aborto, el matrimonio homosexual y la liberalización del uso recreativo de drogas) logran movilizar a su base a favor de candidatos que prometen un giro conservador.

En suma, la articulación clásica entre movimientos sociales y partidos políticos progresistas se encuentra hoy desafiada por las lógicas inherentes al funcionamiento actual de los sistemas políticos (la crisis de representación-legitimidad que se cierne sobre el modelo liberal-democrático) y por las características propias de los fenómenos de movilización social que se han tornado más espasmódicos, más antisistémicos y más focalizados en asuntos/intereses específicos, y cuya maximización es vista como un ideal absoluto. En este contexto, las formas de articulación observadas empíricamente entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo poseen limitaciones y desafíos significativos.

Post scriptum
De los partidos políticos y liderazgos: una mirada después del «estallido»

Desde la realización del seminario que propició el texto original, pasaron muchas cosas en Chile. No obstante, argumentaré que, en términos estructurales, y en particular en cuanto a la capacidad de los partidos políticos de estructurar vasos comunicantes con los movimientos sociales, no cambió mucho. En cierto sentido, estoy convencido de que el estallido chileno desnudó la incapacidad de los partidos políticos –y del liderazgo político en particular– de interpretar, organizar y representar a la calle. El «movimiento», aun sin petitorios completos, vocerías y estructura, impugnó a todos por igual. En síntesis, la calle y las instituciones son realidades paralelas, que se definen además en oposición una a la otra.

En este post scriptum ahondo sobre este diagnóstico, recuperando fragmentos de textos que escribí para mis columnas en CIPER-Chile, en orden cronológico. Dichos fragmentos completan y, eventualmente, revisan los puntos ciegos del texto central y ya más viejo.

En el verano de 2019, antes del estallido, me llamó la atención el evento del «Guatón de Gasco» en Lago Ranco y el del abogado Rosselot en el Supermercado Montserrat de Pirque. Ambos eventos circularon profusamente en redes sociales por un tiempo. Me pareció que lo que sucedió en torno a ambos casos representaba bien algunas características específicas de la «movilización social» en el Chile pre-estallido. En ese contexto, escribí lo siguiente sobre la indignación en redes sociales y sus efectos sobre la movilización social:

Las redes permiten hoy visibilizar e impugnar socialmente las actitudes de quienes, como Pérez-Cruz y Rosselot, intentan seguir abusando de quienes poseen menos recursos y estatus social. En este sentido, las redes se han vuelto tribunales de justicia sucedáneos. En estos tribunales, donde todos operamos desde la superioridad moral, ni se respetan el debido proceso ni la presunción de inocencia, ni se calibra demasiado la naturaleza de cada falta. Tampoco se pueden administrar las consecuencias de la «pena» (la funa en redes sociales), ni garantizar que el victimario sufrirá un castigo conmensurable a su ofensa. Ni para un lado, ni para el otro. (…) A las pocas horas del incidente en Lago Ranco, «Gasco» se convirtió en trending topic nacional en Twitter. Mientras tanto, el video se había viralizado, siendo compartido por más de 30 mil usuarios en menos de 24 horas, generando, además, más de 5 mil comentarios. Asimismo, un intento de funa in situ había acumulado al menos 70 mil adhesiones, transformándose ya en el proyecto de un cuasi festival en el jardín del «guatón de Gasco» (…) Incluso si usted estuvo entre los indignados, entre los que compartió un meme, o entre quienes intentaron cosechar likes y followers con alguna ingeniosa humorada, le apuesto que hace ya tiempo que no se acuerda del «guatón de Gasco» y del «abogado abusador» de Pirque. Seguramente, Pérez-Cruz y Rosselot han sufrido en estos meses, en su vida personal y profesional, algunas consecuencias dolorosas de la viralización de sus actos. Pero, tal vez solo un poco más lentamente, ellos también habrán dejado su infortunio atrás. (…) Sin embargo, la pregunta socialmente relevante es otra: la viralización de estos incidentes ¿aporta algo a la reducción del abuso y a la desigualdad, en un contexto social más amplio? ¿Hay algo más que «pan y circo» en todo esto? (…) Me temo que, como argumenta O’Donnell para el caso del «Y a mí qué mierda me importa» argentino, y como lo hace Scott respecto a «las armas de los débiles», el escándalo que creamos en las redes sociales resulta bastante funcional a la continuidad del status quo. Aunque nos desahogamos cotidianamente, contribuimos poco a buscar soluciones que nos hagan indignarnos menos en el futuro. (…) Hoy tal vez el único residuo tangible de este incidente sea la declaración y multa por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, el que salió raudo a reiterar que en Chile no existe tal cosa como la «playa privada». Así generó un antecedente relevante que tal vez evite por un tiempo la recurrencia de incidentes similares a este. Mientras tanto, más allá del entusiasmo que generó on line, la funa in situ no prosperó. Y, pocos días después, ya todos comentábamos otras noticias en redes sociales (…) Como los campesinos de Scott, los indignados on line descargamos nuestra frustración en la red, mientras afirmamos nuestro sentido de pertenencia y de épica, molestando un poco a quién hace los méritos suficientes. (…) Mientras tanto, aquellos sectores de elite cuyos espacios de socialización son hoy levemente menos exclusivos, deben transitar con un poco más de cautela por la vida. No sea cosa que algún teléfono indiscreto los grabe in fraganti y los saque de su anonimato por unos días. (…) La indignación rotativa de unos es la contracara de la incomodidad pasajera de otros. La ausencia de articulación y canalización institucional del conflicto social explica tanto la recurrencia del descontento como la impasibilidad de elites, que no comprenden muy bien qué está pasando. (…) Pasmados por el temor a salirse del libreto y liderar, los políticos se resignan, mientras tanto, a intentar evitar escándalos e intentar mantener su popularidad mediante la exégesis de las encuestas y las redes sociales. Y aunque sistemáticamente les tiende a ir mal, siguen intentando pegarle el palo al gato (sin que, al mismo tiempo, se les desordene el gallinero). (…) También durante el pasado verano, Revolución Democrática (RD) desarrolló su elección interna. Fiel a su consolidación como un partido moderno y con masiva actividad en redes sociales, RD organizó un sistema de votación on line a través del cual cualquiera de sus más de 42.000 adherentes podía votar en no más de tres minutos desde la comodidad de su cocina. Con haber firmado por el partido en algún momento alcanzaba para participar. Compare la modernidad y simpleza de este proceso con el vetusto operativo de la elección del Partido Socialista (PS) la semana pasada. (…) A pesar de una campaña interna caldeada y peleada, en RD votaron poco más de tres mil personas, es decir, menos de un 8% de sus adherentes. Como en el festival en el jardín de Pérez-Cruz, la distancia entre el ruido en redes sociales y la acción colectiva es enorme (aún cuando los costos de participar sean bajísimos, como en la elección de RD). (…) Esa fue la suerte del partido político que logró captar más adhesiones en los últimos años, siendo uno de los partidos políticos que pretende renovar la política chilena, representando a los descontentos. Y que tiene el mérito (¿también la limitación?) de haberlo intentado construyendo un partido y apostando a la vía institucional. Mientras tanto, en el vetusto PS, votaron más de 17 mil militantes, entre los que seguramente hay algunos acarreados y otros que añoran un pasado que se les escapa como el agua entre las manos. (…) El problema que hoy enfrentan nuestras sociedades no es solamente que contamos con una institucionalidad analógica, para una realidad digital. Como muestra el caso de Revolución Democrática, la solución para la «baja intensidad» y la tibieza de nuestras convicciones no es meramente tecnológica; es también, la ausencia de sustitutos normativamente aceptables y socialmente legítimos para el añejo modelo representativo tradicional. La sociedad actual parece no contar con proyectos colectivos y mecanismos de agregación de intereses que permitan canalizar de modo constructivo el malestar y el conflicto. En el pasado, ese era el rol de los partidos políticos. (…) Estamos básicamente en una paradoja de Condorcet (o en un dilema de Arrow), en que un sistema de mediación de intereses, crecientemente ilegítimo y debilitado, produce coaliciones electorales que cristalizan un domingo cada cuatro años y rápidamente se desmantelan –o se quedan sin respaldo en la ciudadanía–. (…). Hoy es más fácil ganar una elección que gobernar. Y, por lo mismo, a quince meses de la instalación de un nuevo gobierno, ya estamos esperando una nueva elección y proyectando candidaturas. La ausencia de legitimidad genera una fuga hacia delante.

Y de repente se nos vino «el estallido». Súbitamente el descontento local, fragmentado, encapsulado en grupos y territorios específicos, se nacionalizó y expandió por todo el territorio nacional. Y lo hizo con una fuerza y desmesura capaces de jaquear no solo al sistema político, sino al Estado chileno y sus instituciones más básicas, como las fuerzas que administran el monopolio de la coerción. Cuanto más reprimió el gobierno, por lo demás, más fuerte fue la movilización.

El problema, o el matiz, es que la nacionalización y articulación de la protesta me siguen pareciendo aparentes. Es un movimiento nacional, pero carece de estructura, más allá de lo que niega y a lo que se opone. En ese contexto, el 19 de octubre escribí el texto del que reproduzco abajo algunos fragmentos:

No hay una indignación, hay muchas. Si bien existen procesos en que la indignación se consolida y genera acción social como el de la noche del 18/10, los componentes, como el agua y el aceite, inevitablemente terminan separándose. (…) Tampoco son todos descontentos derivados de la situación económica objetiva o de trayectorias de movilidad social específicas, hay de todo. Algunos nos parecen muy relevantes o cercanos, otros no tanto. (…) Desde el descontento de sectores de clase media endeudada por el consumo de bienes «aspiracionales», al de quienes pusieron todos sus ahorros para comprar la casa propia en lo que luego se descubrió era una zona de sacrificio ambiental. Desde quien después de años de trabajo se desayunó con la tasa de reemplazo de las AFP, a quienes protestan contra la dominación patriarcal y siglos de abuso de poder. Desde quienes en una población deben salir a las cuatro de la mañana a ver si consiguen número en el consultorio de su barrio y deben pagarle un peaje a los patos malos de su pasaje, a aquellos que descubren en el narco nuevos canales de contestación y movilidad social (…) La explicación de por qué esto sucede ahora y no antes, y por qué el movimiento cristaliza en torno al Metro y no en torno a otros temas, responde más a lógicas de agregación de la acción colectiva que a las preferencias individuales específicas de quienes hoy están indignados (…) Están los que creen que aún después de Catrillanca se necesita más Comando Jungla y quienes creen que el Plan Araucanía se queda muy corto. También quienes votan con furia y aquellos que en cambio deciden irse a la playa el feriado de la elección, porque igual el lunes siguiente «hay que ir a trabajar igual». Mientras tanto, otros reaccionan a la «ideología de género» y se refugian en referentes religiosos que prometen la salvación ante tanto relajo. Y otros tantos piensan que los inmigrantes son quienes tienen la culpa de la falta de trabajo. También están los taxistas que ven tambalear su empleo porque el Estado no ha podido regular a Uber, plataforma ilegal que da trabajo a desempleados y a inmigrantes por igual. Otros decidieron salirse del taco y se volvieron fundamentalistas de la bicicleta. Pero todavía hay quienes deben combinar dos micros y un metro para llegar a trabajar como «asesora del hogar» a la casa de jóvenes que se pasan yendo a marchas para protestar contra el lucro y el abuso. (…) Por supuesto también están los ambientalistas, enfrentando los proyectos de empresarios que mientras tanto se quejan de que, con tanto descontento y protesta, ya no hay seguridad jurídica ni condiciones de inversión. La lista de descontentos con algo es infinita, amorfa, y crecientemente irreductible a las claves de la política institucional. Pero están ahí, y conviven, en tensión, con la complacencia (y ahora con la incredulidad y desconcierto) de aquellos que apuestan a «las instituciones». (…) Hoy, más que nunca, imputar las preferencias de quienes participan de la acción de protesta a la racionalidad del movimiento es riesgoso. Como argumenta Mark Granovetter en un clásico análisis de instancias de acción colectiva similares a la que estamos viviendo en Chile, es riesgoso proyectar en la acción colectiva las preferencias individuales de quienes se hacen parte de ella. Mediante distintos mecanismos de agregación es posible que preferencias individuales inconsistentes entre sí terminen generando una acción colectiva a la que los analistas le asignamos una única o principal motivación. Y el problema es que traspasados ciertos umbrales, se producen cascadas de acción colectiva (y reacciones y contrarreacciones) que terminan con la paradoja de movimientos colectivos articulados en base a preferencias individuales inconsistentes o muy poco cristalizadas. (…) En otras palabras, la explicación de por qué esto sucede ahora y no antes, y por qué el movimiento cristaliza en torno al pasaje del Metro y no en torno a otros temas, responde más a lógicas de agregación de la acción colectiva que a las preferencias individuales específicas de quienes hoy están indignados. Lo que importa es que las indignaciones individuales, mediante mecanismos incluso paradójicos, están generando acción colectiva. (…) La noche del 18/O circularon dos teorías conspirativas (y oportunistas) sobre quién estaba orquestando el caos. Algunos señalaron a la «extrema izquierda» y otros al gobierno (en este caso, por haber liberado zonas, con el propósito de justificar ulteriormente el Estado de Emergencia y la militarización). (…) No obstante, y con la información con que contamos hasta el momento, la hipótesis más plausible parece ser la de un espasmo incubado por quienes llamaron a la protesta inicial, que luego se expandió de modo inorgánico mucho más allá de su foco original. (…) En esto, el carácter descentralizado de la protesta también incidió. A diferencia de una marcha en un lugar puntual, la protesta avanzó y creció a partir de múltiples focos descentrados y de la difusión y emulación rápida de repertorios de acción de protesta. Luego llegaron la impericia de la reacción oficialista (primero subestimando el tenor del descontento y luego criminalizando y reprimiendo todo lo que se moviera). El oportunismo descoordinado de la oposición también se sumó al entrevero. (…) Este patrón de difusión es el mismo que se ha registrado en instancias recientes y similares alrededor del mundo (por ej., las movilizaciones registradas en Brasil en los últimos años o la movilización de los chalecos amarillos en Francia durante 2019). Usualmente se lo asocia al potencial movilizador y de alcance de las redes sociales. El problema es que la movilización que ambientan las redes sociales no sustituye a la organización y usualmente desborda los ámbitos en que la acción de protesta se origina inicialmente. (…) Tradicionalmente los movimientos de protesta contaban con voceros. Y los voceros, con cierta orgánica que les permitía representar al movimiento en la negociación de un acuerdo finalmente legítimo. El movimiento del 18/O no tiene, al menos por el momento, ni voceros ni una organización que lo estructure. Por eso lo más probable es que se vaya desgastando progresivamente, tanto por sus tensiones internas como por la ya brutal acción represiva del Estado.

Si algo dejó al descubierto el estallido es que el malestar social carece de articulación política. Y sin dicha articulación –y sin conocer la realidad de aquellos que se dice querer representar–, los partidos de izquierda pueden disputar elecciones con el alcalde de matinal de turno. Se trata solo de elegir bien la candidatura. Pero, al igual que el alcalde y que Sebastián Piñera, no calculan el riesgo de terminar con el cargo, pero sin el poder. Porque el poder se fugó de la arena institucional.

Santiago, mayo de 2020

Referencias

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3 Profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad –CAPES.

4 Este artículo se basa en la adaptación de argumentos previamente presentados en la serie «Crisis del sistema político», publicado por CIPER (ciperchile.cl), y editado por Juan Andrés Guzmán, así como en un conjunto de argumentos introducidos en el artículo de mi autoría: «¿El fin de los partidos políticos?», publicado en Diálogo Político 1, 2017. Las secciones 2 a 5 reproducen íntegramente secciones incluidas en dicho artículo.

5 J. Schumpeter, con su visión de los partidos políticos como meros estructuradores de la oferta electoral, es, tal vez, la voz disidente más potente en este sentido.

6 Como síntesis de esta corriente véase el libro: La Política de las Políticas Públicas, editado por el BID en 2006.

7 No obstante véase, por una visión discrepante: J.P. Luna, (2016). «Chile’s Crisis of Representation», Journal of Democracy, 27-3, pp.129-138, y Luna, J. P., & Rosenblatt, F. (2012). ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. Democracia con partidos. Informe para la reforma de los partidos políticos en Chile. Santiago, CEP y CIEPLAN. Luna, J. P., & Mardones, R. (2010). «Chile: are the parties over?» Journal of Democracy, 21(3), 107-121.

8 Sobre la gestión del Estado en Perú y la fuerte inserción tecnocrática en este ámbito ver Dargent (2015).

9 Entrevista personal con Ricardo Soberón, marzo de 2015, realizada en conjunto con Andreas Feldmann en la ciudad de Lima.

10 Me baso en estimaciones provistas por Ernesto Calvo en «Anatomía política» de Twitter en Argentina.

11 Sobre este punto véase: <http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/>.

Conflictos territoriales y movimientos sociales. Los límites de un modelo de crecimiento sin participación

María Ignacia Fernández12

Introducción

En Chile, con mayor frecuencia, estamos siendo testigos de la emergencia de movimientos sociales de protesta vinculados a asuntos que, en sentido amplio, podemos llamar territoriales.

Algunos de estos movimientos son orgánicos y persisten en el tiempo; otros son reactivos y coyunturales; otros no llegan a constituirse como tales y se manifiestan en una serie de protestas que alcanzan grados variables de visibilidad y eficacia. Más allá de sus diferencias, en el origen de todos ellos hay un elemento común: la creciente irrupción de conflictos socio-territoriales que expresan la existencia de visiones contrapuestas sobre el acceso y uso de los recursos naturales.

Un conflicto socio-territorial supone desacuerdos entre actores con intereses y prioridades diferentes sobre un determinado territorio. El objeto de disputa es el territorio, su definición, uso y significado, generalmente asociados a la estructura de propiedad, al uso y manejo de los recursos naturales y al aprovechamiento de las oportunidades de riqueza o bienestar asociadas (Fernández, 2018: 5).

Según el mapa de conflictos socioambientales, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile se registra en la actualidad un total de 92 conflictos activos (62) o latentes (30), además de otros 24 cerrados. Se trata de conflictos que surgen como reacción a las externalidades negativas derivadas de actividades productivas, tales como la minería, la pesca, la agroindustria, la producción de energía, o la gestión de residuos, que impactan directamente en el bienestar de las comunidades, así como también en el medioambiente. Sin embargo, es un tema de escasa prioridad para las políticas públicas, que se ocupan de los conflictos casi exclusivamente en reacción y respuesta a las manifestaciones sociales, en tanto representan una amenaza para el orden público, el normal funcionamiento de la actividad económica o el bienestar de los ciudadanos directamente perjudicados.

Es difícil analizar el papel de estos movimientos, o el grado en que pueden estar significando un renovado impulso en lo colectivo, sin atender a la complejidad de las dinámicas territoriales que están sobre la base de los conflictos.

A continuación, argumentaré que la creciente emergencia de conflictos socio-territoriales es consustancial a la dinámica de un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas y que, en consecuencia, avanzar hacia su resolución requiere cuestionar y discutir algunas de las bases más fundamentales del modelo. En muchos territorios en conflicto estos se superponen con situaciones de pobreza y rezago, que son abordadas con políticas sociales de mitigación o productivas tradicionales, sin atender al problema de fondo. Ello sumado al agotamiento del sistema político tradicional, que carece de la legitimidad necesaria para impulsar procesos de diálogo y construcción de acuerdos.

Pero no todo son malas noticias. Los conflictos socio-territoriales pueden ser también una oportunidad para innovar en la gobernanza del territorio. Para eso se requiere poner en marcha una agenda destinada a resolver, o al menos gestionar y canalizar de manera adecuada, conflictos que, de no enfrentarse, tienen consecuencias negativas para todas las partes.

La urgencia de esta agenda es particularmente relevante para la socialdemocracia y la izquierda latinoamericana. En materia socioeconómica, porque los conflictos socio-territoriales ponen en evidencia la imposibilidad de obtener al mismo tiempo objetivos de inclusión social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico. En términos políticos, porque son una manifestación más de la forma como los gobiernos de izquierda latinoamericanos parecen haber abandonado su preocupación por fortalecer actores colectivos, claves para impulsar cualquier agenda de desarrollo territorial capaz de conducir una mejor gobernanza del territorio y sus conflictos.

Antes de delinear el contenido de esta agenda, cabe detenerse un momento en el análisis de las causas y las consecuencias de la emergente conflictividad sobre la calidad de vida de quienes habitan en territorios en conflicto, pero también sobre la posibilidad de sostener (o iniciar) una senda de desarrollo que sea inclusiva y sostenible.

Causas y consecuencias de los conflictos socio-territoriales

La alta conflictividad territorial se extiende por toda América Latina. Aunque con sus particularidades, los conflictos poseen un conjunto de características más o menos comunes: ocurren en contextos de pobreza e inequidad persistente, donde las estructuras de poder son excesivamente concentradas; las dinámicas económicas son insuficientemente competitivas en los mercados internacionales; los niveles de participación ciudadana son limitados e irregulares; las instituciones estatales son débiles y poco legítimas, y se caracterizan por problemas de gestión para controlar la criminalidad; existen mecanismos insuficientes de reconocimiento institucional y ejercicio de las identidades (PNUD, 2012).

Ciertamente, ni en el plano político ni en el académico existe acuerdo sobre las causas y consecuencias de los conflictos socio-territoriales. Las distintas posiciones están fuertemente mediadas por el valor relativo de quienes las defienden; asignan a los distintos principios y valores en disputa, es decir, al crecimiento económico, la preservación del medioambiente y la inclusión social.

¿Qué están demandando los movimientos sociales territoriales?

Al indagar respecto de las distintas interpretaciones acerca de las causas de los conflictos y la movilización social, que surgen como expresión de estos, las posiciones extremas van desde la criminalización de la protesta, entendida como una actitud (minoritaria) de rechazo al progreso, hasta las que sitúan su origen en la imposición de cualquier actividad económica exógena que pueda modificar las formas de vida tradicionales.

Más importante que discutir cuál de los actores en disputa tiene mayor responsabilidad en el origen del conflicto, lo importante es entender el contenido de las demandas de los actores territoriales, que muchas veces dista mucho de lo que las autoridades de gobierno, académicos o ambientalistas creen que demandan las comunidades.

Si bien se observan posiciones de rechazo total a cualquier tipo de intervención al territorio, una parte importante de las demandas es por mayor participación ciudadana, por protección ambiental, por una mejor distribución del acceso y uso de recursos escasos como el agua o la energía eléctrica, por una mejor distribución de la riqueza y los beneficios que resultan de la actividad económica.

Remontándonos a comienzos de la presente década, los primeros estallidos sociales masivos de carácter territorial fueron los de Magallanes (2011) y Aysén (2012). Conocidos como «movimientos regionalistas», ambos tenían en su origen el germen de la creciente demanda por un acceso más equitativo a recursos tales como el gas (Magallanes), el agua y los recursos minerales (Aysén).

Quizás por ser Magallanes una región con una marcada identidad regionalista, o tal vez por la amplitud de temas incluidos en el petitorio del Movimiento Social por Aysén, muchos quisimos ver en esos estallidos la emergencia de un movimiento que llegaba para quedarse y que representaba el germen de una demanda creciente por más autonomía regional. Argumentábamos, en consecuencia, la necesidad de avanzar decididamente en el proceso de descentralización, proponiendo el excesivo centralismo como la principal causa de estas demandas.

Por esas mismas fechas surgían también protestas en Freirina, Tocopilla o Corral que «servían» para argumentar sobre la extensión del movimiento regionalista, cuando en realidad se trataba de protestas por el impacto provocado por actividades productivas como la industria agroalimentaria, termoeléctrica o pesquera.

El Movimiento Social por Aysén, probablemente el más propiamente regionalista, no cesó sus protestas por acuerdos relativos a la regionalización del agua, los recursos mineros y silvoagropecuarios –las más «regional» de sus demandas–, sino por el compromiso del gobierno de poner en marcha una agenda tendiente a equiparar las condiciones de acceso de los ayseninos a un conjunto de bienes y servicios a las que tienen los habitantes de otras zonas del país. El conflicto territorial que estaba en la base del petitorio de los ayseninos permanece latente y se activa cada cierto tiempo ante la amenaza de nuevos proyectos hidroeléctricos.

No fueron movimientos regionalistas, pero sí territoriales, los que pusieron en la agenda pública las particulares condiciones que enfrentan determinados territorios, en el contexto de un país marcado por una extraordinaria diversidad (y desigualdad) territorial.

Otros episodios expresan la dificultad de convivir con las externalidades negativas de la actividad industrial, es decir, con relaves, desechos tóxicos, escasez y contaminación del agua, ruidos y olores molestos, entre otros problemas derivados de la producción agroindustrial, acuícola forestal, así como también minera y eléctrica.

Especialmente visibles en el último tiempo han sido algunos de estos movimientos, como el de la comunidad de Til-Til, que regularmente, desde el año 2010, se manifiesta en protesta contra una variedad de problemas a los que se ve expuesta por la operación en la zona de empresas mineras, energéticas y de saneamiento ambiental. Primero fueron los riesgos relacionados con los tanques de relave de la minería; más recientemente, la instalación de un vertedero de residuos industriales.

En agosto de 2018 estalla el primer episodio de intoxicaciones por contaminación en Quintero-Puchuncaví que deriva en protestas masivas por el probable incumplimiento de normativas ambientales de parte de algunas empresas de la zona. Con este conflicto se instala en la opinión pública la noción de «zona de sacrificio», pues el desarrollo industrial de Ventanas y Quintero fue planificado en los años sesenta como un complejo destinado a la instalación de industrias molestas y peligrosas.

Pascua Lama en Atacama, Punta Alcalde en Huasco, Alto Maipo en San José de Maipo, Río Cuervo e HidroAysén en Aysén, Isla Riesco en Magallanes, son algunos de los muchos casos que engrosan la lista de conflictos territoriales, esta vez como anticipación a posibles externalidades derivadas de la acción de proyectos mineros, hidroeléctricos o termoeléctricos.

En síntesis, y a pesar de la notoriedad pública que adquiere la expresión de rechazo abierto a estos proyectos, es importante evitar simplificar y romantizar la lucha y caer en la trampa normativa al estudiar los conflictos territoriales que resultan de proyectos extractivos. La resistencia tiende a convivir en el territorio con muchos otros procesos, incluidas las luchas dentro de las comunidades y los movimientos sociales, que operan en alianzas cambiantes. Si bien la oposición total a los proyectos es cada vez más frecuente, a partir del análisis de casos en distintos países de América Latina, Bebbington y Bury (2013) muestran que la mayoría de las luchas son reformistas, lo que implica demandas para una mejor planificación de los proyectos.

Consecuencias de los conflictos

En la literatura especializada existe debate acerca de si la elección de zonas de sacrificio para el desarrollo industrial deriva de su condición de pobreza y marginación o si, por el contrario, el menor bienestar relativo al que acceden los habitantes de dichos territorios se produce como resultado de las «malas prácticas» de la actividad industrial (Scott & Smith, 2017).

Independientemente de cuál sea la causa y cuál el efecto, lo cierto es que existe una importante relación entre conflictos territoriales, pobreza y deterioro ambiental. La introducción de actividades productivas ajenas a la dinámica territorial perturba los modos tradicionales de producción y las economías domésticas, conlleva la pérdida de sectores productivos o zonas de producción, restringiendo el acceso de las familias campesinas a ciertos recursos y mermando su actividad económica agropecuaria (Fernández, 2019).

Llegados a este punto, resulta más que evidente lo que señalábamos al comienzo de este artículo: no hay posibilidad de cumplir al mismo tiempo los objetivos de inclusión social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico mientras persistan los conflictos.

En su investigación sobre dinámicas territoriales rurales, Rimisp analiza en profundidad un conjunto de territorios que crecen, reduciendo pobreza y desigualdad de ingresos (Berdegué et. al., 2015). Al indagar en esas dinámicas, surgen con claridad distintos patrones de «crecimiento con inclusión»: algunos con altas tasas de crecimiento y reducción de pobreza monetaria, y otros con cifras de crecimiento más modestas, pero con sociedades más equitativas. Estas diferencias se observan fácilmente de un análisis de las cifras de evolución del PIB, la pobreza monetaria y el índice Gini de ingresos. Por ejemplo, uno de los casos estudiados en Chile es Chiloé, provincia que entre los años 1992 y 2003 registra un incremento positivo de los ingresos de los hogares, muy superior a la media nacional. La reducción en pobreza es también muy fuerte y supera los 15 puntos porcentuales en dicho período, también por sobre el promedio país. Pero los resultados no son igualmente auspiciosos en materia de equidad, pues se observa un pequeño empeoramiento de la distribución de ingresos (Modrego et al., 2011) y se revierten, sobre todo en lo que a pobreza respecta, tras la crisis del virus ISA que afectó a la producción de salmón en 2008 e hizo evidente el conflicto latente en la isla (Nussbaum, Pavez y Ramírez, 2012).

Mientras que el explosivo crecimiento de Chiloé en un corto período de tiempo se explica por la llegada de una fuerte inversión extraterritorial (la acuicultura), territorios estudiados en otros países de América Latina registran un crecimiento menos llamativo pero sostenido y más equitativo. Es el caso de la provincia de Tungurahua, en Ecuador, que «se distingue por su marcado dinamismo y diversificación productivos, por su gran importancia como centro comercial nacional y por el notable predominio de pequeñas y medianas empresas familiares en la estructura económica regional» (Hollenstein & Ospina, 2014: 205).

Estos distintos patrones tienen un correlato más o menos evidente en el tipo de coaliciones sociales que se despliega en cada tipo de territorio. Llegamos acá a un factor crítico para entender las posibilidades de desarrollo de un territorio, cual es la existencia de actores sociales colectivos. Definimos una coalición como un conjunto de diferentes actores que realizan acciones convergentes en torno a una dinámica territorial de desarrollo. Pero no cualquier coalición tiene ese potencial. Éste se despliega cuando la coalición es socialmente inclusiva y representa una variedad de actores que comparten de forma tácita o explícita algunos objetivos de desarrollo importantes, incluso si sus motivaciones son diferentes, o si hay conflicto o desacuerdo sobre otros temas. Los actores en la coalición participan en una acción colectiva con una perspectiva a largo plazo y tienen suficiente poder para, al menos, refutar la dinámica de desarrollo vigente. Este poder está basado en una combinación de diferentes capitales (económico, político, social, cultural) suministrado por los diferentes miembros, de modo que ninguno está en una posición completamente subordinada respecto de los demás en la coalición. Finalmente, una coalición transformadora es capaz de socializar y legitimar su visión y estrategia de desarrollo de tal forma que estas sean gradualmente aceptadas e incluso internalizadas por otros actores en el territorio (Fernández y Asensio, 2014).

En un análisis sobre el tema basado en seis casos, distinguimos tres tipos de coaliciones territoriales: «(i) coaliciones que apuestan al crecimiento económico como objetivo principal; (ii) coaliciones que apuestan por la equidad y la inclusión como objetivo principal; (iii) coaliciones que impulsan dinámicas que conjugan ambos objetivos» (Fernández et. al. 2014: 26-27). Mientras que las coaliciones del primer tipo son lideradas e impulsadas por actores de fuera del territorio en alianza con el Estado (como Chiloé), las del tercero son coaliciones de actores endógenos (como Tungurahua, en Ecuador), en ausencia de grandes inversiones extraterritoriales y, consecuentemente, en ausencia de conflictos como los que nos ocupan.

Lo que muestran, en síntesis, estos resultados es que allí donde el motor del crecimiento y desarrollo del territorio está puesto en inversiones extraterritoriales de gran escala (como la industria acuícola en Chiloé, entre los casos de estudio del proyecto), se observan consistentemente situaciones de crisis ambiental y exclusión social.

¿Debemos, entonces, acostumbrarnos a la persistencia de conflictos y abandonar los objetivos de inclusión y sostenibilidad en aras del crecimiento de corto plazo? Ante una respuesta negativa, a continuación se delinea una agenda para abordar la compleja situación de conflictividad que afecta a muchas comunidades y pone en jaque el modelo de desarrollo vigente.

Resolver o gestionar conflictos: ¿qué pueden hacer los gobiernos?

El solo hecho de reconocer la conflictividad territorial en los términos acá descritos es un paso necesario para delinear una agenda que ponga en el centro de sus preocupaciones la complejidad de unas dinámicas que no se resuelven ni con mejor regulación ni con más políticas sociales, ni con más esfuerzos de mitigación.

Para avanzar hacia la resolución de los conflictos la única agenda posible es una de reformas de carácter estructural tanto en el plano económico como en el político.

En lo económico, los especialistas postulan la urgencia de diversificar nuestra matriz productiva e invertir en formación de capital humano, para disminuir nuestra dependencia del precio de los commodities en el mercado internacional, incrementar la productividad y agregar valor a la producción nacional, todavía predominantemente extractiva (Landerretche, 2011).

En lo político, los conflictos expresan la urgencia de una agenda que vuelva a poner el valor de lo colectivo en el centro de la construcción de propuestas de desarrollo. Pero no solo eso, se requiere también abordar desde lo público las consecuencias que derivan de las enormes asimetrías de poder e información que existen entre los gobiernos, los empresarios y la ciudadanía en general. Más transparencia, más participación, mejores mecanismos de rendición de cuentas son algunos de los mecanismos formales.

Un giro sustantivo del modelo de desarrollo y convivencia en esta dirección, que valore y apoye una mayor diversidad de proyectos de vida, producción y bienestar, debiera reducir en forma considerable las fuentes de conflictos derivados de la resistencia a una industria extractiva que hoy se impone como la única vía de desarrollo posible y cuenta, para su despliegue, con el aval (y subsidio) de todas las fuerzas políticas y económicas de carácter nacional.

No obstante, una política industrial agresiva capaz de transformar las bases del modelo no terminará con los conflictos derivados de la instalación de zonas de sacrificio. Lo que cabe acá es impulsar cambios institucionales que incrementen las regulaciones a la (nueva) actividad económica y reduzcan la asimetría en el poder de negociación de las partes en conflicto.

En ausencia de reformas estructurales como las esbozadas, una opción reformista menos radical consiste en optar por gestionar adecuadamente los conflictos, evitando escaladas de violencia que hoy aquejan a muchos países de la región, mitigando el daño sobre poblaciones afectadas y equiparando las condiciones para el diálogo y la expresión de intereses y demandas de los distintos actores en disputa. En efecto, en muchas ocasiones la presencia de una situación de conflicto implica también una oportunidad para, a partir de la crisis generada por el mismo, abrir posibilidades de alcanzar nuevos arreglos institucionales que impacten en dinámicas de desarrollo más inclusivas y sostenibles. La presión política que surge de las manifestaciones derivadas de los conflictos puede ayudar a reformar las políticas estatales y empujar al cambio institucional progresivo (Bebbington, 2012). Pero para ello se requiere –insistimos una vez más– partir por reconocer la emergencia de conflictos como un problema que no se resuelve con políticas productivas y sociales compensatorias.

Entre las reformas necesarias destaca en primer lugar todo el conjunto de medidas ya mencionadas, tendientes a regular la actividad económica en el sentido de una mayor responsabilidad ambiental y social, incrementando el costo de las sanciones por incumplimiento.

Un ámbito complementario de reformas, comúnmente menos explorado en referencia a una mejor gestión de conflictos socio-territoriales, es el relativo al fortalecimiento de la descentralización y el desarrollo territorial.

Puede resultar crítica, por ejemplo, la entrega de mayores atribuciones a los gobiernos regionales para que tomen decisiones estratégicas sobre el ordenamiento territorial, siempre y cuando quienes encabecen dichos gobiernos sean autoridades democráticamente electas, por cierto.

Asignar un carácter vinculante al Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), como lo hace la última reforma a la Ley de Gobiernos Regionales aprobada en marzo de 2018, puede significar un paso decisivo para una gestión integral del territorio, que ponga en común intereses, muchas veces en conflicto, de actores como el sector privado, las organizaciones sociales, los gobiernos locales o la comunidad organizada. Una discusión sustantiva sobre cómo compatibilizar en un mismo espacio geográfico la producción (minera, pesquera, forestal, agrícola) a distinta escala, con respeto a las identidades locales y protección del medioambiente, junto con otros usos del territorio, significa un paso sustantivo para una mejor articulación de la institucionalidad pública, para la cual el PROT será de cumplimiento obligatorio. Pero más importante aún, si se toma en serio la obligación que establece la ley de someter el PROT a consulta pública, este instrumento puede contribuir al bienestar de las comunidades.

Como vimos al hacer referencia a la investigación de Rimisp13 sobre dinámicas territoriales rurales, no hay dinámica de desarrollo territorial posible sin la existencia de un actor territorial colectivo. Tomarse en serio el fortalecimiento de las capacidades de acción colectiva requiere mucho más que regular procesos de consulta previa y resguardar condiciones formales para un diálogo equitativo: requiere reconstruir confianzas, acortar brechas cognitivas y socioeconómicas, comprender y valorar las propuestas de sentido de las comunidades territoriales, sentarse a la mesa a dialogar de manera franca, dar muestras reales de apertura, entender y valorar la diversidad. Una agenda compleja, pero necesaria, para repensar las prioridades y estrategias del progresismo latinoamericano.

Post scriptum
Vigencia de los conflictos socio-territoriales

Desde la fecha de término del escrito anterior, la situación en torno a los conflictos socio-territoriales se ha mantenido prácticamente sin cambios. No han surgido nuevos conflictos, no se han resuelto los existentes, no han surgido nuevos espacios de diálogo ni instrumentos de política para su gestión y resolución. No obstante, el tema ha adquirido alguna visibilidad en la agenda en cuanto problema estructural que subyace a la expresión de malestar que estalla en el país el 18 de octubre pasado. En efecto, el estallido social de octubre puso de relieve las consecuencias de un modelo socioeconómico reproductor de múltiples desigualdades. En ese sentido, parecen necesarias dos consideraciones para los argumentos desarrollados en este artículo.

La primera refiere a las nuevas formas de acción colectiva que parecen estar surgiendo en el país y su potencial de contribución al diálogo y la resolución de conflictos. El despertar de la ciudadanía es, sin duda, un hecho positivo y que merecerá mucho análisis en los próximos años, pero hasta el momento se observan muy escasas señales de que esa acción colectiva encuentre eco en la clase política o el sector privado, en el sentido de promover espacios de diálogo y construcción de acuerdos.

Se menciona en el artículo principal que la existencia de coaliciones de actores diversos en sus intereses y posiciones, pero que comparten algunos objetivos comunes, es clave para activar dinámicas inclusivas de transformación territorial. Lo que se observa hoy en Chile es más polarización que diálogo. Otra tarea urgente para el progresismo deriva de esta observación: la de transformar el malestar en una oportunidad para la discusión propositiva y aprovechar la existencia de un movimiento social extendido para el fortalecimiento del tejido y la organización social. La polarización no es intrínseca al surgimiento de un movimiento social que se expresa de manera diversa y heterogénea tras el estallido social de octubre: es más bien efecto de la distancia creciente que existe entre la élite política y económica del país respecto del tejido social y la ciudadanía en general. La tarea, es, por tanto, disminuir esa distancia sin desactivar la organización social y la acción colectiva emergente.

La segunda consideración es una invitación a revisar las recomendaciones formuladas en las páginas anteriores, en el sentido de relevar la prioridad (y viabilidad) de reformas estructurales al modelo. Lo que hasta mediados de 2019 parecía estar fuera del espacio de discusión política nacional –y que sugería una «agenda reformista menos radical para la gestión de conflictos»– tras el estallido social de octubre se vuelve una alternativa cierta: la de discutir y modificar las bases del modelo. Esto abre la posibilidad de discutir sobre la propiedad y el acceso al agua, la diversificación de la economía, el rol del Estado en el desarrollo, el resguardo y la protección de las comunidades y el medioambiente ante la acción privada, entre otras cuestiones que de seguro serán tema de debate en el proceso constituyente que muy probablemente tenga lugar en el país en los próximos años. Es de prever que cambios en la forma como se enfrenta cada uno de los temas recién mencionados contribuyan a disminuir la conflictividad socio-territorial. No obstante, queda mucho trabajo por hacer para construir y consensuar un proyecto alternativo al vigente que proponga las definiciones fundamentales en ámbitos como los mencionados y otros igualmente críticos para la construcción de un país más justo e igualitario.

Santiago, mayo de 2020.

Referencias

Bebbington, A. (Ed.) (2012). Social conflict, economic development and extractive industry. Evidence from South America. London, UK: Routledge <https://doi.org/10.4324/9780203639030>.

Berdegué, J., A., Bebbington, & J. Escobal, (2015). «Conceptualizing Spatial Diversity in Latin American Rural Development: Structures, Institutions, and Coalitions». World Development, Vol. 73, 110.

Fernández, M.I. y R., Asensio (coords.) (2014). ¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina. Lima: IEP.

Fernández, J. (2018). «El territorio como espacio contradictorio: promesas y conflictos en torno a la actividad extractiva en Ecuador, Colombia, Perú y Chile». Revista EURE Nº ١٣٧, enero. Santiago, Chile.

Hollenstein, P. y P. Ospina (2014). «La promesa de crecer juntos. Coaliciones sociales y políticas públicas en Tungurahua (Ecuador)», en Fernández, M.I. y R., Asensio, (coords). ¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina. Lima: IEP.

Landerretche, O. (2016). Vivir juntos. Economía, política y ética de lo comunitario y lo colectivo. Santiago de Chile: Debate.

--------------. (2011). «El Bing Bang», en R. Lagos y O. Landerretche (eds). El Chile que se viene. Ideas, miradas, perspectivas y sueños para el 2030, Santiago de Chile: Catalonia.

Modrego, F.; E., Ramírez; A., Tartakowsky y E. Jara. (2011). La heterogeneidad territorial del desarrollo en la década de oro de la economía chilena. Documento de Trabajo. Programa de Dinámicas Territoriales Rurales. Santiago, Chile: Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Nussbaum, I.; C. Pavez y E. Ramírez. (2012). «Crisis del virus ISA y nueva institucionalidad en Chiloé», en P. Ospina y P. Hollenstein (ed) Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Inversiones extraterritoriales, crisis ambiental y acción colectiva en América Latina. Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Rimisp, Quito. Ecuador: Ediciones Tierra.

Scott Dayna, N. y A. Smith. (2017). «“Sacrifice Zones” in The Green Energy Economy: Toward an Environmental Justice Framework». McGill Law Journal 62 (3) p. 861–898.

12 Directora Ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp).

13 <http://webnueva.rimisp.org/>

El movimiento estudiantil chileno y su (re)articulación con la política institucional

Sofía Donoso14

Introducción

Tanto los partidos políticos como los movimientos sociales en Chile han vivido una profunda transformación desde la restauración de la democracia en 1990. No es de extrañar, por ende, que la relación entre ambos actores también haya sufrido importantes modificaciones. De una relación estrecha, marcada por la experiencia compartida de la lucha en contra de la dictadura militar, la creciente desconfianza en los partidos políticos ha ido de la mano de un gradual distanciamiento entre actores políticos institucionales y no institucionales (Somma & Bargsted, 2015: 207-240). Esto quedó en evidencia durante las masivas protestas sociales del año 2011. Desde entonces, esta distancia ha restringido las posibilidades de construcción de alianzas sociopolíticas amplias, necesarias para la implementación de una agenda de transformación social.

El movimiento estudiantil, en particular, ha formulado una crítica exhaustiva a lo que fueron los gobiernos de centro-izquierda de la Concertación (1990-2010) y Nueva Mayoría (2014-2018). El año 2011 las protestas estudiantiles enfrentaron a un gobierno de centro-derecha, presidido por Sebastián Piñera, alcanzando un nuevo nivel de masividad. A pesar de mantenerse activo durante gran parte del año, la respuesta institucional al movimiento estudiantil fue reducida. Al mismo tiempo, los altos quorums en el parlamento para modificar leyes orgánicas –como la de educación– convencieron a los estudiantes de que la lucha por un sistema educacional igualitario también pasaba por un cambio de constitución política. Así, los estudiantes no solo instalaron la educación en el centro del debate público, sino que también la urgencia de llevar a cabo reformas políticas con el fin de democratizar la institucionalidad existente –en parte heredada del régimen militar–. Además, frustrados con el poco avance, el año 2013 un conjunto de exdirigentes estudiantiles decidió competir por un escaño en el parlamento. Dos de ellos, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, ganaron sus elecciones y pasaron a ser oposición al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Desde el parlamento, denunciaron lo que consideraron ambigüedades en materia educacional y otros ámbitos de política pública de la Nueva Mayoría, la coalición política compuesta por los partidos de la Concertación y el Partido Comunista con la cual ganó la presidencia Michelle Bachelet. La influencia ejercida desde el parlamento y también desde espacios como la alcaldía de Valparaíso, impulsó la creación del Frente Amplio a principios del año 2017. Actualmente, esta coalición, compuesta por 13 organizaciones políticas, está fuertemente vinculada a movimientos sociales tales como No + AFP, que ha liderado masivas protestas en los últimos años.

En base a entrevistas con actores claves, material de prensa y literatura secundaria, en este capítulo se presenta el análisis del desarrollo del movimiento estudiantil en la últimas tres décadas y su relación con la política institucional. Para esto, se examina la rearticulación de la acción colectiva estudiantil y cómo, a lo largo de distintas olas de protestas lideradas por estudiantes secundarios y universitarios, se ha ido transformando la relación con los partidos políticos. Describiendo los principales hitos en el desarrollo del movimiento estudiantil, el capítulo muestra cómo la política institucional y no institucional se entrelazan. De esta manera, desde un enfoque relacional, se argumenta que las fronteras entre ambos ámbitos son porosas y producto de múltiples iteraciones a lo largo del tiempo.

«Seguridad para estudiar, libertad para vivir»: De la lucha contra la dictadura a la desarticulación del movimiento estudiantil15

El golpe militar en 1973 inició una dura etapa para aquellos actores sociales que habían apoyado al gobierno del presidente Salvador Allende. El movimiento estudiantil no fue una excepción. Sus principales líderes fueron reprimidos y, en algunos casos, desaparecidos y ejecutados. Al mismo tiempo, el sistema educacional en todos sus niveles era sujeto a una profunda reestructuración neoliberal sin un actor social que pudiese ofrecer resistencia.

La violencia sistemática ejercida por la junta militar, sumada a la crisis económica de mitades de los años 1980, provocó una ola de protestas que el régimen presidido por el general Pinochet no pudo contener. El llamado a la democratización reactivó a los partidos políticos de la oposición, los cuales más tarde conformarían la coalición Concertación de Partidos por la Democracia. En esta lucha contra la dictadura, los movimientos sociales –entre otros, el movimiento estudiantil– jugaron un rol central. Sin embargo, el diagnóstico de la Concertación fue que la fuerza de la calle no sería suficiente para derrocar a la dictadura16. Pronto, movimientos sociales compuestos por trabajadores, estudiantes, feministas y pobladores, entre otros, quedaron subordinados a la estrategia de los partidos políticos opositores, los cuales buscaban reinstaurar un régimen democrático por la vía institucional. Para esto se requería operar dentro del marco delineado en la Constitución de 1980, redactada por el régimen militar. Esta incluía un conjunto de artículos transicionales que definían una vía institucional para establecer la «democracia protegida» que el régimen militar proyectaba para el futuro del país. Significaba, por lo tanto, intentar derrotar a Pinochet aceptando sus propias reglas. En muchos sentidos, esto fue fructífero. En 1988, la coalición de centro-izquierda ganó el plebiscito en el que los chilenos podían elegir entre un «sí» y un «no» a la continuación de la junta militar. La presión internacional obligó al general Pinochet a reconocer la victoria de la oposición y a celebrar elecciones generales en 1989, mediante las cuales se pudo restablecer un régimen democrático.

Los movimientos sociales que habían luchado en contra de la dictadura, en conjunto con los partidos políticos, tenían grandes expectativas en el retorno de la democracia. También fue el caso del movimiento estudiantil, pero se enfrentó a una serie de desafíos. En primer lugar, existían evidentes desacuerdos entre los líderes estudiantiles de la época con respecto a si demandar cambios estructurales al sistema educativo heredado de la dictadura, o si optar por la propuesta de la Concertación de implementar una agenda de cambios graduales (Roco, 2013: 3). En segundo lugar, líderes de otras organizaciones sociales, tales como el Colegio de Profesores y los sindicatos, vivían un proceso similar de adecuación de demandas y reconstrucción de agenda. Al mismo tiempo, muchos líderes sociales se integraban al aparato estatal. Todo lo anterior dificultaba la construcción de un movimiento social transversal que pudiese empujar por demandas estructurales que cambiaran el sistema educacional heredado de la dictadura.

En el ámbito universitario, la desmovilización empezó tempranamente, una vez restaurada la democracia. Existía una demanda por el retorno del sistema de aranceles existente previo a 1973, según el cual se pagaba un arancel diferenciado, según la capacidad económica del estudiante. No obstante, las organizaciones estudiantiles existentes estaban fuertemente debilitadas. En la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la más importante de las organizaciones estudiantiles en conjunto con la federación de la Pontificia Universidad Católica, el mal manejo económico y administrativo profundizó la desmovilización. La crisis de liderazgo culminó con el cierre de la FECH el año 1993, dado el bajo quórum en las elecciones.

En 1995 la FECH se refundó bajo el liderazgo de Rodrigo Roco, quien era miembro del Partido Comunista. Desde su perspectiva, el discurso de la FECH «tenía que superar los vicios que habían contribuido a la caída de la organización previas, esto es, la extrema cooptación por parte de grupos políticos con amplia representación»17. Para esto impulsó la formación de una alianza con movimientos no partidarios, pero de sello izquierdista, los cuales conformaban Estudiantes de Izquierda. Con esto se inició el trabajo de reconstruir la agenda del movimiento estudiantil. Tal como reflexiona Roco: «La épica de la FECH de los 1980 e inicios de los 1990 se sostenía en su propia epopeya de lucha por la recuperación de la democracia en el país. Muchos de quienes participamos en el periodo 94-98 alcanzamos a ser parte de esa lucha en la enseñanza media; sin embargo, en tanto generación que pasaba a hacerse cargo del movimiento estudiantil universitario, no podíamos reconocernos en esa misma identidad. Se hacía necesario generar una nueva lectura acorde a lo que estaba pasando en el Chile (y en el mundo) post dictadura» (Roco, 2013: 13). Una visión similar tiene Iván Mlynarz, presidente de la FECH en 1998-1999: «la FECH que se había construido para luchar contra la dictadura nunca volvió a calzar en democracia […] porque su estructura, formas, lógica, se habían construido para una lucha política muy clara […]»18.

Con el propósito de coordinar el trabajo con federaciones de otras universidades, la FECH también promovió la constitución de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la cual reúne a las federaciones estudiantiles de las universidades vinculadas al Consejo de Rectores. Durante los noventa, los estudiantes universitarios protestaron por la falta de compromiso del Estado en el financiamiento de las universidades públicas del país: el déficit del Fondo Solidario del Crédito Universitario y la insuficiencia de las becas destinadas a cubrir los aranceles universitarios. La FECH sumó también la demanda por la democratización del Estatuto Universitario.

El año 1997 marcó un hito: se organizaron demostraciones que congregaron alrededor de 15.000 estudiantes a través del país19, las cuales, hasta ese momento, eran las más masivas desde la restauración de la democracia. Como resultado de las movilizaciones, el gobierno aumentó los recursos a la educación superior y cubrió el déficit del Fondo Solidario. Sin embargo, los dirigentes estudiantiles que habían liderado el proceso fueron criticados por negociar con las autoridades gubernamentales. Tal como afirma Julio Lira, presidente de la FECH unos años más tarde, «fuimos criticados por “bajarnos” demasiado temprano»20. Esta crítica fue más fuerte desde las federaciones regionales, ya que sus líderes reprocharon el hecho de quedar solos en las movilizaciones21. Como consecuencia de lo anterior, los dirigentes estudiantiles ligados a los partidos de la Concertación fueron perdiendo fuerza. En cambio, la presidencia de la FECH fue asumida por líderes del Partido Comunista y Estudiantes de Izquierda (con excepción del año 2004).

En 2005 la FECH experimentó los beneficios de las luchas que la federación había conducido como parte de la Confech. En septiembre de ese año, la Confech y el Ministerio de Educación firmaron un acuerdo en el cual duplicaban el número de becas y préstamos estudiantiles con recursos del Estado (Melo & Grau, 2013: 10). Esto significó que los tres quintiles más pobres obtuvieron el derecho de financiar su educación terciaria. En términos de recursos financieros, este acuerdo significaba un 40,2% de aumento en becas y un 17,1% de préstamos estudiantiles (op. cit.). Este resultado constituyó una importante victoria para los estudiantes universitarios. Si bien el propósito de introducir el sistema de pago diferenciado no se había logrado, el aumento de becas significó que los estudiantes de familias más vulnerables tuvieran acceso al financiamiento. Adicional a ello, en relación con la democratización interna de la universidad, cambios importantes se introdujeron en los estatutos de la Universidad de Chile al introducir el Senado Universitario. En dicha instancia los estudiantes pueden participar en la definición del futuro de la universidad. Estos logros convencieron a los líderes estudiantiles universitarios de que estaban enfrentando el fin de un ciclo y de que era necesario reformular la plataforma política de la FECH en particular y del movimiento estudiantil en general22.

A nivel de estudiantes secundarios se vivió un proceso de desmovilización similar al de los universitarios después del retorno de la democracia. Si bien estos últimos históricamente han sido los protagonistas de las movilizaciones estudiantiles, a pesar de su corta edad los secundarios también han cumplido un papel clave. En el clima de agitación política de la década de 1960, los estudiantes de secundaria se movilizaron bajo la dirección de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (Feses). Diferentes tendencias políticas –radicales, socialistas, comunistas, demócrata cristianos y conservadores– coexistieron dentro de esta organización estudiantil. Sin embargo, en el momento de la ascensión de Salvador Allende como presidente del país, la Feses estaba dominada por las fuerzas de izquierda (Flores, 2009: 473). Dado este apoyo, en 1973, la Feses fue prohibida y la participación estudiantil quedó restringida a los consejos de curso, regidos por un decreto del régimen militar. Al igual que otras organizaciones sociales que habían apoyado a la Unidad Popular, dirigentes secundarios sufrieron represión y la dispersión de sus líderes (Garretón & Martínez, 1985: 105).

En 1985, en el contexto de las protestas contra el régimen militar, se refundó la Feses. Bajo el lema «Seguridad para estudiar, libertad para vivir», el cual expresaba sucintamente la naturaleza interrelacionada de las demandas sectoriales y las relacionadas con la democratización del país, la Feses movilizó a miles de estudiantes de secundaria contra la junta de Pinochet. Después del restablecimiento de la democracia en 1990, la Feses se convirtió en un bastión para las secciones juveniles de los partidos políticos23. Por mucho tiempo, el Partido Comunista fue particularmente influyente.

A pesar de que las masivas protestas que precedieron la derrota del régimen militar se habían disipado, los estudiantes secundarios realizaron movilizaciones esporádicas cada año. Por lo general, comenzaban con el año académico en marzo. Si bien promovían una crítica general del sistema educativo, en su mayoría las movilizaciones se levantaban por demandas económicas específicas tales como el costo de la Prueba de Admisión Académica y el costo del pase escolar.

La Feses constituyó el representante indiscutible de los secundarios en los noventa. No obstante, su organización jerárquica sumada a la falta de una agenda más bien centrada en los problemas cotidianos que enfrentaban los estudiantes no contribuían a su capacidad de movilización. De igual manera, había descontento con la segunda organización secundaria existente en la época, la Asamblea de Consejos Estudiantiles de Santiago (ACAS). Esta coordinaba los consejos estudiantiles de las escuelas, los cuales se regían en base a un decreto que dejó el régimen militar. Se trataba de una instancia despolitizada que tenía como principal función organizar eventos estudiantiles como aniversarios o fiestas24. Además, el origen autoritario del ACAS era impopular entre los estudiantes25.

En el año 2000, el descontento existente en las organizaciones estudiantiles motivó la creación de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). La fundación de esta nueva organización respondía a un diagnóstico compartido de que había una necesidad de posicionar nuevamente a los estudiantes secundarios como un actor relevante en la política chilena. Específicamente, los fundadores de la ACES sostenían que era necesario volver a conectar lo político con lo social, esto es, politizar algunas de las demandas estudiantiles que decían relación con su experiencia cotidiana26. Esto no significaba que la ACES fuese apolítica. Por el contrario, sus dirigentes se planteaban el desafío de construir organización «desde abajo», politizando a los estudiantes sobre la base de sus propias experiencias sociales y no con las banderas de los partidos tradicionales, las cuales tenían un bajo nivel de convocatoria.

Úrsula Schüler, una de las líderes de la ACES y años más tarde vicepresidenta de la FECH, reflexiona sobre los comienzos de la organización secundaria: «te encontrabas con una Feses que te hablaba de los derechos humanos, los desaparecidos, del derecho a la educación en términos abstractos, todas las banderas post dictaduras, desarticuladas […] les mataron a sus dirigentes, intelectuales y te quedas con el museo de toda esa fuerza. Entonces nosotros nos sentíamos parte de esas demandas, pero entendíamos que no servían hoy para reconstruir al actor secundario»27. De modo similar, Julio Reyes, el último presidente de la Feses, señala: «nosotros no éramos una generación que estuviese comprometida políticamente a partir de la historia trágica de la izquierda en dictadura, nosotros éramos una generación que nos habíamos formado socialmente en los noventa, nos habíamos formado socialmente en la sociedad chilena dominada totalmente por el mercado, pero sin autoritarismo político»28.

Las demandas de la ACES se desprendían de su diagnóstico. En palabras de Julio Reyes: «si bien nosotros teníamos cierta visión crítica por ejemplo con respecto a […] la LOCE [Ley Orgánica Constitucional de Educación], en rigor no podíamos hacer política por cosas tan trascendentales y estructurales. Nuestra única forma de partir, porque nosotros sentíamos que estábamos en el camino desde la nada, era empezar desde demandas más inmediatas y más firmes a la epidermis de los cabros comunes y corrientes con los que estábamos trabajando. Porque no eran cabros de tradición política, y en los espacios más tradicionalmente politizados como eran los colegios tradicionales»29. Así es como la ACES planteaba demandas tales como el permiso de llevar pelo largo a los varones, menores restricciones en la vestimenta, acceso a computadores y equipamientos para el tiempo libre en las escuelas, y espacios más democráticos de organización30 (entrevista Orellana 2011).

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