Kitabı oku: «Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile»

Name: Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile
Author: Verónica Valdivia Ortiz de Zárate
ISBN: 9789560014153

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Yazı tipi:

Historia A cargo de esta colección: Julio Pinto

Primera edición, mayo 2021

Impreso en 1000 ejemplares

ISBN impreso: 9789560014054

ISBN digital: 9789560014153

RPI: 2021-a-2053

Las publicaciones del área de

Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones

han sido sometidas a referato externo.

imagen de portada: Fotografía del Puerto de Pisagua,

gentileza de Sergio González

Edición y maquetación

LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

Teléfono: (56-2) 2860 68 00

lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

A la memoria de mi padre, Ernesto Valdivia Araya, quien un día 9 de diciembre de 2014 se durmió para siempre. Hombre esencialmente social, solidario y allendista, que amó la vida.

Índice

Agradecimientos

Introducción

Capítulo I Pisagua, 1948

Capítulo II Punto de llegada. Anticomunismo, Guerra Fría y Ley Maldita en Chile (1938-1948)

Capítulo III El retorno de la fuerza: Zonas de Emergencia, guerra y represión (1938-1949)

Capítulo IV Pisagua, campo de prisioneros políticos

Capítulo V Ecos de Pisagua. El reencuentro de Carlos Ibáñez con los trabajadores

Capítulo VI Anticomunismo y militarización: el giro de los cincuenta

Epílogo Anticomunismo y derogación de la Ley Maldita

Conclusiones

Fuentes y bibliografía

Agradecimientos

Como en otras ocasiones, este trabajo ha contado con la colaboración de un importante grupo de historiadores, consagrados y jóvenes, quienes participaron en todo el proceso investigativo, discutiendo hipótesis, perspectivas analíticas, propuestas interpretativas, enfoques y esta nueva mirada a la historia del siglo XX chileno. Sin duda, Rolando Álvarez y Karen Donoso, nuevamente, han sido puntales del proyecto como co-investigadores, haciéndose cargo de aspectos centrales de los problemas de orden y seguridad interna, nutriendo el análisis global. Considerando la importancia crucial de la izquierda marxista y del Partido Comunista, en particular, la presencia de Rolando en el proyecto ha sido determinante para el logro de alguno de sus objetivos. Ha sido un colaborador en sucesivos proyectos, por más de veinte años, y sobre todo, un amigo entrañable y leal. No tengo sino palabras de gratitud. Llegada a este pequeño equipo en 2004, Karen introdujo una mirada heterodoxa a nuestras perspectivas, enriqueciéndolas, a la vez que daba vida a una mixtura entre la historia cultural y la historia política. Llena de la energía de la juventud y con una disciplina a toda prueba, su presencia en el proyecto ha sido clave, renovando la visión sobre la libertad de expresión en Chile. Tanto como lo académico, quisiera destacar el cariño que hemos desarrollado al calor de los debates historiográficos, en un ambiente de compañerismo y carente de todo individualismo competitivo.

Junto a ellos ha habido una pléyade de historiadores jóvenes, irreverentes, autónomos e inquietos intelectualmente, que dieron dinamismo a las discusiones y «transpiraron» en las distintas secciones de la Biblioteca Nacional, especialmente en Periódicos, y algunos, en los archivos. Israel Fortune, Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, se convirtió en un colaborador estrecho, contribuyendo con la revisión de numerosas y variadas fuentes primarias, apoyo tecnológico y crítica constructiva. Pedro Lovera, Licenciado en Historia de la Universidad Diego Portales y Magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, es un excelente y acucioso investigador, lector atento de los borradores surgidos en el proceso. Joven promesa de la historiografía, que ya avanza en sus primeras producciones. Juan Pablo Acevedo, también originario de la Universidad Diego Portales y Magíster por la Universidad de Santiago de Chile, miembro inicial del grupo, del que se alejó por un tiempo, reintegrándose en 2017, contribuyó a las reconstrucciones históricas que fijamos como método de trabajo. Camilo Plaza, el único integrante del equipo de historiadores jóvenes que permaneció a lo largo de los cuatro años que duró el proyecto, nos ilustró acerca de las policías, especialmente de Investigaciones, con total autonomía. En el último semestre se incorporó el estudiante de Licenciatura en Historia, de la Universidad Diego Portales, Franco Raglianti, quien, a pesar de su juventud, se insertó plenamente en el grupo y en la investigación misma, mostrando sus habilidades para el trabajo historiográfico. Asimismo, quisiera mencionar a Carolina Jiménez y María Jesús Erdmann, entonces estudiantes de Licenciatura en Historia de la Universidad Diego Portales, quienes también colaboraron en algunos períodos en la revisión de fuentes primarias, aportando al caudal de información que este libro recoge.

Un párrafo especial quiero dedicar a mi amiga, historiadora, Teresa Gatica, quien durante 2017 comenzó a trabajar en esta investigación, convirtiéndose en una colaboradora entusiasta, disciplinada, muy eficiente, con una iniciativa admirable. Teresa se sumergió en este desafío, pasando largas horas en la Biblioteca Nacional, llamando mi atención sobre ciertos aspectos y trabajando a prisa cuando sabía que yo necesitaba algo para la escritura. Su aporte ha sido invaluable; sin ella, este libro habría demorado mucho más. Este proyecto nos permitió recuperar algo del ambiente de trabajo de nuestra juventud, cuando recién empezábamos nuestras carreras como historiadoras, investigando en ese añorado Salón Fundadores de la Biblioteca Nacional. Su compañía ha sido mucho más que trabajo.

El apoyo de los directivos y el personal de la Biblioteca Nacional ha sido fundamental. Su Director Pedro Pablo Zegers, el Jefe del área de Usuarios, José Manuel Sepúlveda, y la Directora de la Sección Periódicos, señora Paulina Olivos, han facilitado el acceso a parte de la documentación depositada allí. Igual agradecimiento a Jimena Rozenkranz, Juan José Alfaro y Sergio Palleres en el actual Salón de Investigadores y a todos los funcionarios de la Sección Periódicos, especialmente a Antonio Guerrero, quienes por largos años han colaborado con nosotros.

Un agradecimiento muy especial a Constanza Bravo, encargada del archivo del diario La Nación en la Universidad Diego Portales, por su tremenda generosidad para facilitar el trabajo de este equipo. Su apoyo ha sido inmenso.

La documentación depositada en el Archivo Nacional en Santiago fue crucial para la elaboración de este libro, tarea para la que siempre contamos con la excelente disposición del personal, tanto en calle Miraflores como en el Archivo de la Administración. En el caso de este último quisiera agradecer el apoyo que desde fines de los años ochenta, cuando el archivo estaba en la maestranza de ferrocarriles en calle Antofagasta, me ofrecieron Luis Serené y Pablo Ramírez. En el archivo de Miraflores a José Huenupi; en Matucana y hoy ARNAD, a Julio Almeyda, Erick Martínez, Pablo Azúa, Sabino Yáñez, Alexis Cofré y Diego Medel, quienes facilitan nuestra incesante búsqueda del pasado. De igual forma, del Archivo Regional de Tarapacá obtuvimos información precisa y determinante para el análisis que aquí se presenta. Agradezco a su director Ernesto Almonte y todo el personal que allí labora, quienes ayudaron a que nuestras estadías fuesen fructíferas y muy gratas.

Asimismo, agradecer el respaldo recibido durante una década de parte de Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, hasta 2019, como de quienes fueron/son directores de la Escuela de Historia, Consuelo Figueroa, Claudio Barrientos y Cristián Castro; igualmente al abogado y académico de la misma universidad, Domingo Lovera, por su generosidad para ayudarme con precisiones de orden legal y jurídico.

No podría dejar de escribir unas líneas de gratitud por un ciclo de aprendizaje conjunto, a mis colegas historiadoras/res de nuestros países vecinos por sus trabajos sobre historia reciente y por enriquecedoras conversaciones que han iluminado mi comprensión de la historia de Chile. En especial a Ernesto Bohoslavsky, Marina Franco, Gabriela Águila, Magdalena Broquetas, Rodrigo Patto Sá Motta, Aldo Marchesi, Daniel Lvovich y Enrique Serra Padrós. Asimismo, el respaldo permanente de Brian Loveman.

Nada de lo logrado habría sido posible sin el patrocinio de la Comisión Científica y Tecnológica (CONICYT), hoy ANID. Este libro es producto del Proyecto Fondecyt No. 1140122, del cual fui investigadora responsable.

Dedico este libro a la memoria de mi padre, quien, sin saberlo, fue el inspirador del proyecto sobre Seguridad Interior Del Estado que dirigí entre 2014 y marzo de 2018, como los lectores podrán apreciar. Hombre optimista, solidario, amante de la vida, de su esposa –mi madre– y de sus hijos; un ser eminentemente social, participante de cuanta organización existiera, ya fuera sindical, social, cultural, política o deportiva. Mi interés por la historia política proviene de esas largas y controvertidas sobremesas de día sábado, en nuestra niñez y adolescencia, cuando traía a colación la actualidad del país y de América Latina. Mis primeras preguntas sobre política ocurrieron en esas sobremesas. Junto a mi madre nos heredaron el respeto por el ser humano y por la diversidad. No tengo dudas que María Elena, mi hermana, Macarena y Jorge son plenos herederos suyos.

Como siempre, una palabra para mi compañero, el historiador Julio Pinto, que me acompaña en mis aventuras historiográficas con un compañerismo a toda prueba. Tuvo el placer de compartir algunas tardes en los archivos, disfrutando el descubrimiento de documentos e información inimaginadas. Hacer historia ha sido una experiencia conjunta apasionante.

«“¡Pantalón dentro de la bota! ¡Casco de guerra! Bala pasada! ¡A matar! La ley los ampara”. ¿Qué había pasado? Nada, eran los micreros en huelga, que amenazaron con dar vuelta las micros». Testimonio del exconscripto Ernesto Valdivia

Introducción

Crecí escuchando la historia relatada por mi padre, Ernesto Valdivia Araya, durante su servicio militar en 1950, que sirve de epígrafe a este libro. Como explico en el capítulo III, el Comandante* del Regimiento Buin, Green Baquedano, en una madrugada les ordenó: «¡Pantalón dentro de la bota! ¡Casco de guerra! ¡Bala pasada! ¡A matar! La ley los ampara». Tras esta orden, mi padre, en tanto conscripto, subió al transporte público armado de un fusil, encargado de asegurar que la micro realizara su recorrido, sin interrupciones. Ante un evento impreciso, estaba autorizado para disparar a matar. Su pasada por el Regimiento Buin era parte de su historial de vida que recordaba continuamente y que nosotros, sus hijas/os, nieta/o y yernos, memorizamos de tanto escuchar, pero sin comprender. Una tarde de sábado de 2014 –año uno de este proyecto Fondecyt– comenzó a recordar, nuevamente, ese episodio y por primera vez pude instalar esa memoria en la historia del país. El relato de mi padre aludía a la facultad legal de las fuerzas armadas, en caso de decretarse Zona de Emergencia, de controlar parte del territorio del país, sacando contingente a las calles para «reimponer» un orden conmocionado. El establecimiento de Zonas de Emergencia fue autorizado por el Congreso Nacional en julio de 1942, siendo parte de los numerosos decretos-leyes y leyes que, a lo largo del siglo XX chileno, se dictaron para neutralizar lo que se considerara amenaza a la Seguridad Interior Del Estado¹, es decir, todo aquello que pusiera en cuestión el orden existente, especialmente las ideologías y partidos con idearios anticapitalistas².

Como explicamos en un trabajo anterior³, esas normativas de seguridad interior del estado surgieron en el contexto del proceso de reforma estatal, tras la crisis del orden oligárquico, ocurrida al termino de la Primera Guerra Mundial, marcada por el desafío del movimiento obrero y las clases medias. Como es sabido, dicha crisis dio lugar a un período de reformas socio-laborales, pero también a golpes militares, dictaduras y redefinición del estado en materia de intervencionismo económico y social. Cuando se aborda dicho período se suele destacar su carácter reformista y el empujón democratizador que supuso. En el trabajo antes mencionado, sin embargo, relativizamos esa tesis, pues si la Constitución de 1925, que sintetizó el proceso de cambio, alcanzaba consenso entre los actores del momento y el conflicto fue institucionalizado⁴, resultan incomprensibles los sucesivos conatos de represión ocurridos en las décadas siguientes, entre los cuales podemos mencionar a modo de ilustración los más emblemáticos como la «masacre de la Plaza Bulnes» en 1946, el campamento de Pisagua en 1948 o los muertos en el mineral de El Salvador en 1966. Por ello, propusimos vincular la reforma socio-política y económica de los años veinte con la reformulación de los dispositivos represivos del estado.

A nuestro entender, el período transcurrido entre 1918 y 1938 correspondió a un parteaguas, en el cual se discutió el proyecto país, programa en el cual no hubo consenso, sino profundas discrepancias. Aun cuando nadie dudaba de la necesidad de legislación social, nunca hubo acuerdo respecto de sus alcances y límites, pues la presión de los trabajadores y sus portavoces partidarios/políticos fueron definidos como subversión, impulsada por agitadores. Considerando que las leyes sociales y los derechos políticos suponían alterar la institucionalidad, la evaluación oligárquica –trasmutando en derecha– fue que la subversión se filtraba por esa institucionalidad, extremadamente garantista, «liberrísima», en su expresión, por lo que ella debía cercenar las libertades que la hacían posible: de opinión y de reunión, ampliamente utilizadas por el movimiento obrero. Por eso, la reforma socio-política estuvo vinculada a la discusión acerca del Estado de Derecho, no solo en temas de ampliación ciudadana, sino referida a los instrumentos coercitivos del estado que permitieran dominar el cambio. Nuestro planteamiento es que la transición entre un orden plenamente oligárquico y otro más plural implicó el paso entre la masacre como modo de resolución del conflicto y formas coercitivas estatales, que ampliaron sus capacidades de vigilancia y de información respecto de la población en general y también de represión física y legal contra los elementos más disruptivos, los «agitadores» y «subversivos». Ello supuso la organización y centralización de las funciones policiales y de inteligencia, y la sanción de normas que tipificaron como delitos garantías consagradas por la Constitución: los decretos-leyes y leyes de Seguridad Interior del Estado, como las Zonas de Emergencia, donde las libertades de opinión y de reunión, garantizadas por la Constitución, fueron puestas en tela de juicio y susceptibles de suspender. El período de supuesto restablecimiento democrático bajo el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) estuvo plagado de detenciones de dirigentes de izquierda y sindicales, a quienes se aplicaba reiteradamente el DL 50, que suspendía los derechos civiles y políticos, y que definió como enemigos de la República a quienes propagaran doctrinas que tendieran, por medio de la violencia, a destruir el orden social, la organización política del estado o sus instituciones. En la práctica, su aplicación no requería de actos de violencia reales ni de propuestas en tal sentido. La militancia se volvió una experiencia empapada de coerción. El avance de la izquierda fue producto de su éxito electoral y su capacidad, a pesar de todo, de fortalecerse en las bases laborales y de unirse, a mediados de la década, en una alianza sindical y política que tenía como uno de sus núcleos más importantes el respeto a las garantías constitucionales, las libertades de opinión y de reunión y organización⁵.

Quienes finalmente impusieron la reforma social –las fuerzas armadas, con Carlos Ibáñez del Campo a la cabeza– pensaban que ella neutralizaría la subversión, la que, además, estaría estrechamente vigilada por los organismos policiales. Pero, para quienes fueran resistentes a ambos tipos de disciplinamiento –los «irreformables», los agitadores, los cabecillas– estaba reservado algún tipo de represión física: la tortura, por parte de Investigaciones⁶, el confinamiento, la relegación o el exilio. Durante la dictadura ibañista, la isla Más Afuera, en el archipiélago de Juan Fernández, sirvió de lugar de confinamiento/reclusión de dirigentes comunistas y anarquistas, denominados «irreformables». Bajo Alessandri, la tónica fue la relegación⁷.

Este libro analiza el período en el que, supuestamente, esa trayectoria autoritaria fue desviada hacia una ruta pluralista y respetuosa de la diferencia, cuando por primera vez en la historia del país una coalición no oligárquica de centro-izquierda logró ganar el Ejecutivo y reforzarlo con atribuciones en favor del mundo popular y del desarrollo industrial y urbano del país; cuando el mundo obrero logró representación política, sus líderes ocuparon posiciones en el aparato estatal e influyeron sobre la agenda política nacional⁸. Sin embargo, como es de público conocimiento, bajo esa misma coalición política se dictó una ley que renegó del pluralismo y excluyó a los comunistas del sistema político en consideración a sus ideas y sus vínculos internacionales –la denominada Ley de Defensa Permanente de la Democracia o Ley Maldita–, y creó un campo de prisioneros en el lejano puerto salitrero de Pisagua, donde miles de militantes suyos y de dirigentes sindicales fueron recluidos durante dos años, quedando bajo la autoridad militar, del Jefe de la Zona de Emergencia, y personal de Carabineros. Es decir, de algún modo, hubo una resurrección de la forma represiva empleada por la dictadura ibañista en la isla Más Afuera, algo impensable bajo un régimen democrático.

La existencia de lógicas represivas bajo regímenes reconocidos como democráticos no ha sido un fenómeno particular de Chile, sino común al conjunto de los países del Cono Sur americano, en todos los cuales los congresos aprobaron normativas que cercenaban los derechos ciudadanos y otorgaban a las fuerzas policiales o castrenses facultades represivas, que excedían su función social. En efecto, según se ha planteado, las prácticas represivas estatales, con anterioridad al golpe militar de 1976 en Argentina, fueron articuladas mediante «un entramado de políticas y prácticas institucionales, consideradas legales», en nombre de la seguridad nacional, contando con el respaldo de un amplio sector político, el cual las legitimó. En consonancia, lo que se fue produciendo fue un avance represivo que erosionó el Estado de Derecho y fue construyendo un enemigo interno⁹. En Uruguay, desde mediados de los años cuarenta, los partidos Nacional y Colorado estuvieron permanentemente recurriendo a Estados de Excepción Constitucional, como recurso para asegurar el orden sociopolítico tradicional y el papel de esos partidos. Las Medidas Prontas de Seguridad –establecidas constitucionalmente para casos de ataque exterior o conmoción interna– fueron emblemáticas en ese sentido. Dichos estados de excepción fueron utilizados reiteradamente en casos de paralización del transporte público y de los funcionarios de la salud, reprimiendo movimientos sociales y políticos en un período caracterizado históricamente por el auge del Estado de Bienestar, la profundización democrática y la resolución pacífica de las disputas¹⁰. Tal como en Argentina, se trató de una herramienta legal contra el movimiento popular, que utilizaba métodos ajenos a los ordinarios, pero dentro del orden legal. Aunque estos estudios no asimilan este tipo de represión con las dictaduras, comparten el juicio de su incidencia en el posterior desarrollo de las lógicas de seguridad y represión.

En el caso de Chile, la tesis del Estado de Compromiso, que habría existido a partir de 1938, ha sostenido el reconocimiento por parte de todos los actores políticos y sociales a la Constitución de 1925 y lo que ella representaba: la democracia política –en su sentido procedimental– y el capitalismo con intervención estatal. Por ello, se hace hincapié en la perspectiva etapista de la revolución, asumida por la izquierda, y una derecha que se habría flexibilizado, desarrollando un compromiso con la institucionalidad, pudiendo convivir con la izquierda marxista, mediada por un centro laico que oscilaba entre los polos¹¹. Las numerosas Zonas de Emergencia decretadas entre enero de 1943 y 1958, la Ley Maldita y el Campo de Pisagua son incomprensibles en esa versión de la historia política de Chile.

La Ley Maldita, en general, ha sido asociada al estallido de la Guerra Fría, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos inició una ofensiva contra los comunistas y su influencia sobre los trabajadores, impulsando su expulsión de los sistemas políticos¹². En el caso de Chile, las urgentes necesidades crediticias y la ola de huelgas estallada con la presencia comunista en el gabinete de Gabriel González Videla fueron utilizadas por la potencia del norte para exigir su salida del gobierno. La ley habría buscado detener la agitación comunista entre los trabajadores¹³, especialmente entre los obreros carboníferos, acusándolos de promover huelgas revolucionarias en esa zona, para imponer un régimen totalitario, subordinado a la Unión Soviética¹⁴. Contrariamente, el politólogo Carlos Huneeus ha relativizado la influencia estadounidense en la «guerra al comunismo» y la Ley Maldita, poniendo especial interés en su impacto sobre la democracia chilena. Según dicho autor, esta ley produjo quiebres importantes en los partidos y, en particular, afectó la noción de derechos de los trabajadores en el sentir del empresariado. La ley parecía justificar un desconocimiento de ellos¹⁵. En general, los estudios existentes abordan el origen de esa ley, su discusión parlamentaria y su efecto político inmediato con la emergencia del «populismo» de Ibáñez en 1952. No obstante, la herencia de la ley, y su vivencia histórica, pareciera diluirse en los años sesenta, sin efecto alguno, poniendo el énfasis solo en el avance democratizador.

A diferencia de la proliferación de trabajos sobre la ley y su relación con el movimiento obrero, respecto del Campo de Pisagua no ha existido el mismo interés. La mayoría de quienes analizan el período mencionan su existencia, pero se detienen más en la Ley Maldita, sin que se explique el por qué de la creación del Campo, las condiciones de los reclusos y su proyección a la política chilena, salvo la excepción de la tesis doctoral de Alfonso Salgado, quien, desde la subjetividad comunista, observa el impacto personal y sobre las familias de las/os perseguidos¹⁶. Una reconstrucción fue elaborada desde la literatura por Volodia Teitelboim décadas más tarde, en el marco de su propio confinamiento en 1956¹⁷.

El libro que presentamos pretende analizar la historia política de Chile de mediados del siglo XX, entre 1938 y 1958, teniendo como eje articulador el Campo de Pisagua.

Desde nuestro punto de vista, Pisagua fue un Campo de prisioneros políticos que recogió una serie de procesos que estaban sedimentando desde diez años antes y expresó la naturaleza del conflicto político del país, el que se extendería hasta fines de los años cincuenta. En concreto, Pisagua y la Ley Maldita condensaban, por una parte, la evolución que habían experimentado los distintos anticomunismos, de origen católico-conservador, liberal y castrense, todos de carácter doctrinario y militante. A ellos se sumó el de origen socialista, de corte más coyuntural. Estos anticomunismos eran un reflejo de las tensiones que aquejaban a un sistema político en que participaban colectividades con dificultades profundas de convivencia, pero también expresión de los conflictos estructurales en torno a las atribuciones económico-sociales del estado. Ello era producto de discrepancias de fondo respecto del derrotero al que la Constitución de 1925 conducía al país, por lo cual era objeto de disputas. En este sentido, el anticomunismo se ligaba a la existencia de cosmovisiones antagónicas, pero, de modo especial, a la lucha contra el estatismo, representado por la izquierda y la eventual amenaza al derecho de propiedad. Tanto la ley de 1948 como la creación de un «Campo de prisioneros políticos» tuvieron relación con el conflicto interno del país. La forma política, administrativa y legal que asumió la exclusión tenía una impronta oligárquica-castrense con una larga trayectoria, mientras que el Campo de Pisagua recogió el legado ibañista y, especialmente, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial.

En segundo lugar, el Campo de Pisagua fue una expresión de la militarización del conflicto político que se había estado produciendo desde los años cuarenta, esto es, la incorporación de las fuerzas armadas a tareas de orden interno, de control social. Ello contradecía el sentido de la reformulación estatal de los años veinte, que buscaba apartar a esas instituciones de esas labores. Su reintegro se vinculó a factores externos –la Segunda Guerra Mundial–, pero fue utilizado por los distintos gobiernos para enfrentar un conflicto socio-político que no encontraba vías de solución dentro de la institucionalidad existente. El decreto de Zonas de Emergencia, que daba amplias atribuciones a los jefes de Zona, se convirtió en una práctica habitual y permanente para enfrentar a un movimiento obrero fortalecido con su institucionalización. Esta interpretación del accionar militar pone en cuestión la tesis del «constitucionalismo formal» y la ausencia total de una doctrina, antes de la Seguridad Nacional y la contrainsurgencia.

La expansión del anticomunismo y la militarización del conflicto, sintetizado en el Campo de Pisagua, tuvo efectos importantes en el sistema político. Respecto de las fuerzas armadas favoreció un proceso de autonomización castrense, aunque no desarrollado en toda su potencialidad, pues todavía el mando civil lograba imponer su autoridad, pero abrió una vía a su socavamiento. Los años sesenta profundizarían ambos fenómenos. En relación a las derechas, y tal como plantea Huneeus, la Ley Maldita y el Campo de Pisagua las distanciaron más de la legitimidad de las demandas sindicales, observando en el anticomunismo estatal y en sus dispositivos represivos, un eficaz instrumento de domesticación del movimiento obrero. La derecha política confirmó su diagnóstico acerca de la necesidad de limitar las garantías constitucionales, en materia de libertad de expresión y de reunión. A su entender, la institucionalidad liberal-capitalista debía ser protegida, a través de una redefinición del Estado de Derecho, menos garantista. La alternativa de una extirpación a través de la reclusión en un Campo no fue desconocida por este sector. Al contrario, la izquierda, especialmente los comunistas, abogó por respetar y ampliar las libertades públicas, ya que el crecimiento y potencialidad de la izquierda estaban ligadas a la democracia representativa, a las libertades de asociación (sindicatos, organizaciones culturales, deportivas), de difundir su pensamiento a través de distintos medios de comunicación (prensa, folletería) y de ocupar el espacio público fortaleciendo el Estado de Derecho y el carácter garantista del ordenamiento jurídico, oponiéndose a normas que apuntaran a la restricción de la ciudadanía. En el caso de los socialistas, esta tendencia sufrió un retroceso entre 1946 y 1948, cuando colaboraron en la persecución, pero volvió a retomar su curso durante los años cincuenta, cuando se concretó la unidad de las izquierdas. En este sentido, si bien la crisis de 1948-1949 produjo efectos negativos –como sostiene Huneeus–, desde otra perspectiva favoreció una definición partidaria respecto de las libertades, el Estado de Derecho y los dispositivos coercitivos del estado.

Los factores internacionales, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ejercieron influencia, pero sobre un conflicto que era esencialmente nacional. La injerencia estadounidense polarizó esa contienda, pues ofreció a los anticomunistas herramientas interamericanas para combatirlos, proceso que estaba en sus inicios, y agudizó la resistencia de los comunistas y sus intentos por impedir la hegemonía de Estados Unidos. A la vez, las tácticas estadounidenses potenciaron la intervención civil de las fuerzas armadas, aunque no las determinaron. No obstante, la lucha en distintos puntos del globo influyó las percepciones de los actores, las que utilizaron para argumentar o legitimar sus opciones.

Siguiendo al historiador brasileño Rodrigo Patto Sá Motta, entendemos por anticomunistas a quienes combatían a esa ideología, el partido y sus adherentes, a través de la acción y/o el discurso, comprendido como la síntesis marxista-leninista que dio vida al bolchevismo y al modelo soviético. Su expansión mundial activó a sus opositores, los que se propusieron desarrollar una contraofensiva para detener la amenaza revolucionaria¹⁸. En el caso de Chile, Marcelo Casals ha propuesto que la amenaza comunista se superpuso a las tendencias contrarrevolucionarias decimonónicas presentes en las elites chilenas y al desafío del movimiento obrero, consolidándose en los años de la Depresión¹⁹, interpretación que compartimos. En ese sentido, el anticomunismo no refería exclusivamente a ese partido, sino también a los desafíos populares y sus aliados mediocráticos, anticapitalistas. Complementando las propuestas de Patto Sá Motta y Casals, este estudio analiza el anticomunismo en el marco del desarrollo institucional del país y en relación a los dispositivos represivos.

Entendemos por militarización de la política la intervención de los militares en el debate y la acción política –actividades ajenas a su profesión–, lo cual provoca una desviación de su función social –la defensa externa–, irrumpiendo en ámbitos propiamente civiles²⁰. La militarización política puede implicar, de igual forma, la apelación de los civiles a un papel o función política de esos organismos. Así, la militarización social es el «proceso por el cual los valores, la ideología y los patrones de conducta militares adquieren una influencia en los asuntos políticos, sociales, económicos e internacionales del estado»²¹. En el período que analizamos, la circulación de ideas castrenses alcanzó amplia difusión, sacando a los militares de los cuarteles. Su forma represiva de solución del conflicto permeó el sistema político chileno.

Nuestro marco temporal se justifica en la naturaleza del conflicto político en Chile (1938-1958), definido hasta fines de los cincuenta por la cuestión obrera. Hasta esa fecha, el movimiento obrero tradicional y el Partido Comunista fueron percibidos como la principal amenaza al orden capitalista existente y la resistencia de los trabajadores a su total domesticación. Esa amenaza se afincaba en la persistencia institucionalizadora de la izquierda, la fuerza que ella le ofrecía y su efecto estatal. La Ley Maldita, los decretos y las leyes de Seguridad Interior del Estado, de 1925 a 1932, y la de 1958; el tipo de acción policial ejercida por Carabineros e Investigaciones y la existencia puntual de «Campos de prisioneros» reflejaron ese sesgo del conflicto, dirigido a impedir un poderío incontrolable. Igualmente, esas normas e instituciones policiales hacían manifiesta la forma de combatirlo, toda vez que los dispositivos represivos estatales se adecuan al tipo de amenaza, a lo que se define como tal. El levantamiento popular del 2 de abril de 1957, inicialmente contra un alza de tarifa del transporte público, de características inesperadas y señal de los cambios que viviría el conflicto en los años sesenta, tuvo un efecto fundamentalmente político, no así sobre los dispositivos represivos. La forma utilizada todavía correspondía al período de estudio que cubre este libro. En ese sentido, Ibáñez cerró el ciclo iniciado en 1925.

La narración de esta historia comienza con una descripción del Campamento de Pisagua en 1947-1949, en un intento por situar al lector en el momento en que los obreros y comunistas fueron denominados una amenaza revolucionaria, apresados y trasladados a ese puerto salitrero. El capítulo I describe su llegada y reclusión, los organismos de apoyo y ayuda con que pudieron contar, así como la resistencia del Partido Comunista desde la clandestinidad y de sus aliados en el espacio público. El capítulo no tiene un afán analítico, sino, expresamente, situacional, por lo cual recurre a numerosas y variadas fuentes primarias, rescatando a los sujetos en ese instante. Este trazo –suspendido en el tiempo– lo utilizo para interrogar, posteriormente, respecto de la relación del Campo de Pisagua con la evolución política del país desde 1938. Por eso, su descripción es la entrada al libro, destacando en él términos, fenómenos y procesos que se analizarán en los capítulos subsiguientes. Pisagua como síntesis de una multiplicidad de complejas corrientes.

El capítulo II inquiere sobre el desarrollo de distintos anticomunismos y su vínculo con la Ley Maldita, en un marco de tiempo que excede el triunfo de Gabriel González y la presión norteamericana. Su apuesta es que la expulsión de los comunistas, a través de esa ley, debe pensarse en una periodización y proceso más amplio. El capítulo persigue situar la Ley de Defensa de la Democracia, revisando el período 1938-1948 desde tres aspectos. En primer lugar, el efecto del anticomunismo sobre el funcionamiento del sistema político, tanto respecto de la derecha como del Partido Socialista; la diferenciación entre anticomunismos doctrinarios y la opción represiva, toda vez que sostenemos que el anticomunismo no es sinónimo de represión, necesariamente. La ley es vista como un punto de llegada de diversos procesos. En segundo lugar, se ausculta la relación entre los anticomunismos y el estatismo económico-social que encarnaron el Frente Popular y las coaliciones de centroizquierda hasta la gestión de Gabriel González. Por último, instalamos la Guerra Fría dentro de las modificaciones que sufrió el sistema interamericano tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero como un proceso en construcción, buscando observar y ubicar a los actores en ese contexto específico.

El capítulo III aborda el problema de la militarización política que se puede observar en Pisagua, explorando la participación de las fuerzas armadas en el conflicto político del país, a través de las Zonas de Emergencia desde 1943. Se busca determinar el impacto de la Segunda Guerra Mundial en materias militares en América Latina y los cambios que afectaron a las nociones de seguridad externa e interna. El capítulo recorre las Zonas de Emergencia, detectando las huellas sobre el profesionalismo militar, las relaciones cívico-militares y su politización. Finaliza con las Zonas de Emergencia que dieron vida a Pisagua.

Una vez examinado el camino seguido por la política en los años cuarenta, nos aproximamos a una precisión histórica de Pisagua. El capítulo IV reflexiona sobre una posible definición del Campo que se creó allí, a partir de la evolución de los dispositivos represivos estatales y la influencia de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, explica por qué se le llamó «campo de concentración».

El capítulo V evalúa la proyección del Campo de Pisagua y de la Ley Maldita, escudriñando la relación del gobierno de Carlos Ibáñez con el movimiento obrero en un contexto democrático, a la luz de las herencias dejadas por la experiencia de Gabriel González. Se reflexiona acerca del carácter de la amenaza y los efectos sobre los dispositivos represivos.

El capítulo VI analiza la militarización del conflicto en la nueva fase de la Guerra Fría, bajo el giro autoritario del Presidente Eisenhower, en el marco de la Guerra de Corea, el golpe militar en Guatemala y su impacto en el sistema interamericano, y el estallido del Tercer Mundo, que modificaron el carácter del conflicto, la naturaleza del liderazgo estadounidense y la lucha contra el comunismo.

El libro finaliza con un Epílogo, el cual aborda la derogación de la Ley Maldita y su reformulación en la de Seguridad Interior del Estado de 1958.

1* Los nombres de entidades, organismos o colectividades institucionales, así como los sustantivos comunes y los nombres de cargos y grados, se han mantenido con mayúscula inicial, usados así por la autora por ser convención disciplinar. Las palabras estado, gobierno y nación se usan aquí en minúscula por expresa voluntad de la autora.

La reconstrucción más completa de esas normativas y estallidos de represión estatal en Elizabeth Lira y Brian Loveman, Las suaves cenizas del olvido. Vía de la reconciliación política, 1814-1932. Santiago, 1999; Las ardientes cenizas del olvido. Santiago, LOM, 2000; Arquitectura política y seguridad interior del Estado. 1811-1990. Dibam, 2002; Poder Judicial y conflictos políticos en Chile (1925-1958). Santiago, LOM, 2013.

² Hugo Frühling. «Fuerzas armadas, orden interno y derechos humanos». En Hugo Frülingh, Carlos Portales y Augusto Varas. Estado y Fuerzas armadas en el proceso político chileno. Santiago, Flacso, 1982, p. 35.

³ Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938). Santiago, LOM, 2017.

⁴ Esta tesis fue inicialmente planteada por Norbert Lechner en La democracia en Chile, Santiago, Flacso, 1970, pero está también en aquellos que han suscrito la idea de estado de Compromiso, como por ejemplo Tomás Moulian, «Desarrollo político y estado de Compromiso: desajuste y crisis estatal en Chile», Estudios Cieplan, No. 8, 1982 y en Las contradicciones del desarrollo político chileno, Santiago, LOM, 2009.

⁵ Verónica Valdivia O. de Z. Subversión, coerción y consenso, op. cit., cap. VII.

⁶ Camilo Plaza. «El Servicio de Investigaciones y la policía política en Chile (1933-1973)». Manuscrito inédito.

⁷ Ibid., caps. II y VII.

⁸ Esa es la mirada clásica, a pesar de las tensiones. Sofía Correa et. al. El siglo XX chileno. Santiago, Sudamericana, 2000; Arturo Valenzuela. El quiebre de la democracia en Chile. Flacso, 1978.

⁹ Marina Franco. Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, la cita en p. 17.

¹⁰ Mariana Iglesias. «La excepción y la regla. Estado, partidos políticos y Medidas Prontas de Seguridad en Uruguay, 1946-1963». Tesis de Maestría, Buenos Aires, Universidad del General Sarmiento, 2010; una síntesis en «La excepción como práctica de gobierno en Uruguay, 1946-1963». Contemporánea, No. 11, Montevideo, 2011, pp. 137-156; Leandro Kierszenbaum. «Estado peligroso y Medidas Prontas de Seguridad: violencia estatal bajo democracia (1945-1968)». Contemporánea, No.12, Montevideo, 2012, pp. 97-114.

¹¹ Tomás Moulian. Democracia y socialismo. Santiago, Flacso, 1983; Paul Drake. Socialismo y populismo en Chile. Valparaíso, Ediciones UCV, 1993; Sofía Correa. Con las riendas del poder. Santiago, Sudamericana, 2000 y Marcelo Casals. El alba de la revolución. La izquierda y el proceso de construcción estratégica de la «Vía chilena al socialismo», 1956-1970. Santiago, 2010 y, del mismo autor, La creación de la amenaza roja: del surgimiento del anticomunismo en Chile a la campaña del terror de 1964. Santiago, LOM, 2016. Una versión alternativa sobre las derechas en Verónica Valdivia O. de Z y Julio Pinto V, «Repensando a la derecha chilena, 1925-1932», Moscú, Istoriya, No. 5, 2020.

¹² Gilbert Joseph y Daniela Spenser (editores). In from the Cold. Latin America’s New Encounter with the Cold War. Durham, Duke University Press, 2007, p. 20; Frederick Katz. «La Guerra Fría en América Latina». En Daniela Spenser (coordinadora). Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe. Ciesas, 2004, pp. 18-20; Greg Grandin. The Last Colonial Massacre. Latin America in the Cold War. The University of Chicago Press, 2004, pp. 5-8; Piero Gleijeses. La esperanza rota. La revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954. Guatemala, Editorial Universitaria-Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008, p. 307.

¹³ Alberto Aggio. Frente Popular, radicalismo e revolução passiva no Chile. São Paulo, Anna Blume/FAPESP, pp. 152-153.

¹⁴ Jody Pavilack. Mining for the Nation: The Politics of Chile”s Coal Communities from the Popular Front to the Cold War. The Pensylvania University Press, 2011. Una revisión más pormenorizada de la bibliografía existente en el capítulo II.

¹⁵ Carlos Huneeus. La Guerra Fría chilena. Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Santiago, Debate, 2009.

¹⁶ Alfonso Salgado. «Exemplary Comrades: The Public and Private Life of Communist in Twentieth-Century Chile», Columbia University, 2016.

¹⁷ Volodia Teitelboim. Pisagua. La semilla en la arena. Santiago, LOM, 2002. La primera edición es de 1973.

¹⁸ Rodrigo Patto Sá Motta. Em guarda contra o perigo vermehlo. Sao Paulo, Editora Perspectiva S.A., 2012.

¹⁹ Marcelo Casals, op. cit.

²⁰ Genaro Arriagada. El pensamiento político de los militares. Santiago, Cesoc, 1981, p. 54; Alfred Stepan Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado. Buenos Aires, Planeta, 1988.

²¹ Carlos Portales. «Instituciones políticas y fuerzas armadas». En Frühling, Portales y Varas, op. cit., p. 12.

Capítulo I Pisagua, 1948
1.- «Traslados»

«A Óscar me lo mandaron relegado a Pisagua. Y tanto que habíamos trabajado por él [Gabriel González Videla] en la campaña; yo hasta subí a la tribuna para proclamarlo»²²; «Fueron años muy duros. González Videla cometió muchas barbaridades. El pretexto fue la huelga del carbón que, según decía, era “la primera batalla de la tercera guerra mundial”. Por orden del gobierno, los carabineros detuvieron a cientos de mineros y los metieron junto con sus mujeres y sus niños en carros de carga del tren, que se usaba normalmente para transporte de animales y de mineral. Por crueldad o torpeza, al llegar a Chepe desengancharon a esos vagones de la locomotora y ahí quedaron botadas muchos días esas familias, sin alimentos, sin servicios higiénicos, sin agua. Había vigilancia a cargo de carabineros armados… El traidor, empeñado en aplicar a toda costa su política represiva, ordenó mandar a todos aquellos mineros con sus familias al puerto salitrero de Pisagua, recién habilitado como campo de concentración»²³.

Semanas antes de los primeros «traslados», el Presidente había solicitado al Congreso facultades extraordinarias en nombre de la democracia y la salvaguardia de las instituciones: «El actual gobierno […], celoso guardador y mantenedor de las tradiciones democráticas del país, es contrario, por principio, a la adopción de aquellas medidas que tiendan a coartar esas libertades y derechos, pero tampoco puede aceptar […] que ciertos sectores extremistas, abusando de las garantías que a todos los ciudadanos otorga la democracia, quieran hacer escarnio de aquellos mismos principios y pretendan socavar el normal desenvolvimiento de nuestra institucionalidad […] un plan atentatorio a la economía nacional que se traduce en numerosas huelgas de carácter ilegal, que son mantenidas y alentadas en los centros de producción, tales como las que se realizan en las zonas cupríferas, salitreras y carboníferas»²⁴.

Instalando el conflicto interno en el marco de la naciente Guerra Fría, el Presidente Gabriel González acusó a los comunistas de preparar una huelga revolucionaria: «Un vasto programa concebido por el totalitarismo ruso, que realizaban simultáneamente en el mundo entero todos los núcleos comunistas […]una huelga general revolucionaria […] Los antecedentes reunidos, provenientes de todo el país, me señalaron que esta huelga debía empezar en las minas de carbón de Lota y Coronel, lo que traería como consecuencia inmediata e inevitable, la paralización de los Ferrocarriles del Estado, de todas las industrias y de la empresas de electricidad y gas»²⁵. Esta reconstrucción muy posterior a los hechos –incluso cruzada por el Golpe de septiembre de 1973– alude al estallido de una huelga en la zona del carbón, a comienzos de octubre de 1947, cuando las relaciones entre el gobierno y el Partido Comunista estaban rotas y este se encontraba, prácticamente, aislado en términos políticos. Según su declaración, las huelgas respondían a la intervención de la Unión Soviética, que planeaba controlar las fuentes productivas de las materias primas que podían servir a los Estados Unidos para su preparación bélica, en caso de emergencia internacional y retardar o paralizar esas producciones²⁶.

La solución prevista por el gobierno fue la dictación de dos estados de excepción constitucional, Estado de Sitio y Zona de Emergencia, esta última contemplada para casos de ataque externo o conmoción interna, y que entregaría el control de esos lugares a las fuerzas armadas. Los considerandos del mensaje enviado al Congreso para obtener esas facultades extraordinarias afirmaban que «Es deber fundamental del Ejecutivo afrontar la situación, haciendo uso de recursos constitucionales que las circunstancias aconsejan para adoptar las medidas de vigilancia y de represión, autorizadas por la ley para resguardar el interés nacional»²⁷. En su visita a la ciudad de Temuco poco tiempo después, el Presidente afirmó que las Zonas de Emergencia decretadas y la restricción de libertades eran «facultades muy limitadas. Desde luego, solo a las zonas amagadas por el Partido Comunista: cobre, carbón y salitre y solo autoriza al gobierno al traslado de un punto a otro de la República a los comunistas. Se levantan las Zonas de Emergencia 15 días antes de las elecciones […] La crítica a las facultades extraordinarias es un error doctrinario. Yo asumo la responsabilidad de mis actos, porque amante de la libertad y de la democracia sé que con estas medidas de excepción estoy derrotando a aquellos que desean aprovecharse de nuestras libertades democráticas para establecer su propia tiranía totalitaria: la tiranía del Partido Comunista, la misma que acaban de imponer en Checoslovaquia»²⁸.

Según las Memorias del General Guillermo Barrios Tirado²⁹, Ministro de Defensa del Presidente Gabriel González, el 3 de octubre de 1947 una directiva secreta de esa cartera fue enviada al Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, vicealmirante Alfredo Hoffmann y Jefe de Zona de Emergencia en las carboníferas, informándole que se ocuparía militarmente las minas del carbón, procediéndose «al apresamiento de los agitadores comunistas, según lista en poder de esa Jefatura, incluso del alcalde y regidores de Lota y parlamentarios de ese mismo partido»³⁰, a la vez que se ordenaba cancelar los permisos para cargar armas, las cuales serían requisadas. Se le informaba al vicealmirante Hoffmann que el día 4 de octubre se decretaría la reanudación de faenas, explicitándose las condiciones económicas que regirían, orden que de no ser acatada en 48 horas o si lo fuera en menos del 80% de la dotación de las minas, el Presidente dictaría un «Decreto Supremo de movilización militar y de cumplimiento integral del Plan Gamma»³¹. El 4 de octubre el decreto de reanudación de faenas fue emitido: «tropas de la marinería, Ejército y de Carabineros, al mando del vicealmirante señor Alfredo Hoffman, resguardarán el orden en toda la región afectada por este movimiento huelguístico y evitaran los sabotajes anunciados en las faenas»³². Los trabajadores rechazaron la orden de regreso al trabajo, argumentando que su huelga era legal y habían seguido todos los procedimientos contemplados en el Código del Trabajo.

En la reunión sostenida con los oficiales y tropa de los regimientos Chacabuco, Guías y Silva Renard en la zona de Concepción, el General Barrios Tirado señaló que debía imponerse el principio de autoridad porque la lucha era contra una secta internacional y que el objetivo del gobierno era «la liquidación del comunismo entronizado en la zona (y) esperaba para el 4 el arresto de doscientos o trescientos cabecillas […] Se dispone de inmediato que se organicen patrullas de Carabineros, Investigaciones, Ejército, vestidas de civil, para proceder a la detención de quienes figuran en las listas entregadas por las compañías [para lograr el] arresto del máximo de individuos»³³.

El 5 de octubre se cumplió la orden de militarización de la zona. De acuerdo a la información oficial, emanada del Ministro del Interior: «En el día de ayer, tropas de Ejército, Marina y Aviación tomaron el control de toda la zona carbonífera, y en las primeras horas de la mañana de hoy llegarán a Concepción los regimientos de Los Ángeles y Chillán; barcos de guerra llegaron a Talcahuano; fuerza de Aviación saldrá de Temuco con destino a la ciudad indicada en las primeras horas de la madrugada […] Todas estas fuerzas…harán respetar íntegramente el decreto de reanudación de labores. Se detendrá a todo aquel que, en obedecimiento a la consigna de producir la asfixia económica de la nación, pretenda entorpecer o dificultar el trabajo de los obreros»³⁴. Para evitar la paralización, las fuerzas de la guarnición de Concepción se desplegaron por el territorio, reforzadas por el destacamento andino de Los Ángeles y el Regimiento Chillán, unidades de la Armada y un número importante de aviones de la Fuerza Aérea, anunciados por el gobierno. Con el decreto de Zona de Emergencia se aisló a Lota y Coronel, coartando la libertad de movimiento, impidiendo la entrada y salida de personas consideradas sospechosas, mientras se despojaba a los sindicatos de su personería jurídica y de sus bienes, como una forma de evitar una resistencia prolongada. Así lo denunció el manifiesto publicado por el comando de la huelga: «Nuestros dirigentes se encuentran detenidos, nuestros locales clausurados; las radios y teléfonos, controlados; NOS TIENEN EL PUEBLO COMO CÁRCEL (sic), sin poder salir ni entrar de nuestra localidad. Nos amenazan con seguir tomando leyes represivas hasta con el más modesto militante de nuestros sindicatos. El comando hace un fervoroso llamado a las FUERZAS ARMADAS (sic) que tienen el control de nuestro pueblo, para que sepan comportarse como siempre lo han hecho, manteniendo el alto prestigio de Chile, garantizando el libre juego democrático de nuestras organizaciones obreras. Por nuestra parte, los trabajadores sabremos mantener la tranquilidad en el desarrollo de nuestro justo movimiento legal»³⁵.

La militarización de la industria y región carboníferas sometió a los trabajadores al régimen disciplinario y judicial de las fuerzas armadas y se designó al General Santiago Danús Peña, Comandante en Jefe de la III División, como Jefe de Zona de Emergencia en Lota y Coronel, a la vez que se llamó a reconocer cuartel a los reservistas que habían realizado el servicio militar en 1946 y a los que tenían ciertas especializaciones, cuyos nombres figuraban en las listas confeccionadas por la Dirección de Reclutamiento e Instrucciones de las Reservas, debiendo presentarse en su regimiento o cantón de reclutamiento. Quien no lo hiciera sería pasado a los tribunales militares. Estos reservistas reemplazarían a los obreros paralizados. Simultáneamente, y responsabilizando al Partido Comunista de la mantención de la huelga carbonífera y las estalladas en otras partes del país, el Ministerio del Interior decretó la censura del diario El Siglo y otras publicaciones de ese partido e «Idénticas medidas se dispusieron anoche con respecto a otros puntos del país, pues el gobierno tiene informes sobre el traslado de agitadores comunistas a los puertos de Valparaíso y San Antonio, a Sewell y a la zona norte, donde pretenden hacer movimientos como el del carbón, cuya finalidad primera y última es, como se ha dicho, producir la asfixia económica de la nación»³⁶.

Así, 18.000 efectivos militares desplegados en la zona del carbón procedieron a allanar los locales sindicales y deportivos, sedes de partidos, invadieron las viviendas de los obreros, provocando numerosas destrucciones, a la vez que la autoridad uniformada censuró a la prensa, prohibiendo noticias vinculadas a la huelga³⁷.

Las fuerzas militares detuvieron a los denominados «cabecillas», cientos según el Ministro de Defensa, a quienes se les «internó» en pontones³⁸ o en la isla Quiriquina, pasándolos al juzgado militar. Mientras, mil nuevos contratados llegaban a reemplazar a los huelguistas. Los primeros detenidos fueron acusados de intentar impedir la entrada de los trabajadores a los piques: «Detenidos y allanados los 30 comunistas, se les encontró en su poder laques y cuchillas, siendo desarmados e inmediatamente relegados al sur del país. Los treinta comunistas eran dirigidos por Isaías Fuentes, exgobernador de Coronel; por Fidel Mellado, alcalde de Coronel, y por Humberto Pinto Pacheco, secretario del alcalde mencionado»³⁹. La esposa del Presidente de la República, señora Rosa Markmann, fue informada por el Jefe militar de la región carbonífera, General Danús, de la expulsión de numerosos obreros y profesores de la zona, por ser calificados de agitadores y subversivos: «Abdón 2º. Alarcón Barra: Detenido desde los primeros instantes por agitador, fue enviado al vapor Don Thomson, de donde pasó a la Cárcel Pública de Coronel, donde se le juzga por subversión. La familia evacuó el establecimiento con destino a Coronel, recibiendo la asignación respectiva. La esposa confesó ser dirigente del MEMCH [Movimiento pro emancipación de la mujer] y formar en los comicios»⁴⁰.

De acuerdo a las órdenes emitidas por el General Barrios Tirado, los allanamientos de un pabellón completo se iniciaron el día 15 de octubre, deteniéndose a sus ocupantes para «conducirlos al pontón al ancla en Lota», donde serían instalados. Las condenas, según señalaba, durarían entre tres y cinco años. Simultáneamente, se notificaría a los familiares de los detenidos en la isla Quiriquina que tendrían un plazo de ocho días para abandonar las viviendas, pues ellas serían entregadas a los trabajadores que reemplazarían a los detenidos⁴¹.

La violencia desatada contra los trabajadores en huelga y sus familias debe ser inserta en la lógica que impulsaba las decisiones del gobierno y de sus colaboradores, quienes, según el testimonio del Ministro de Defensa, «se consideran en guerra, en una revolución cuyos inmediatos resultados no se sabe, porque no se transigirá con los huelguistas y cueste lo que cueste, pase lo que pase, se impondrá el principio de autoridad»⁴². Efectivamente, la justificación del Presidente para haber impulsado las facultades extraordinarias que le permitieron suspender las garantías constitucionales afirmaba que Chile estaba entrando a un nuevo período histórico: «Es preciso comprender que estamos ya en presencia de una nueva guerra, de una verdadera guerra revolucionaria, cuyas primeras batallas se libran en el mundo entero»⁴³. En consonancia, el Jefe Militar consideraba que el apresamiento de cabecillas debió ser masivo, de dos a tres mil trabajadores, «para extirpar el cáncer revolucionario. La checa comunista tiene atemorizada a la clase obrera y es a esa fuerza a la que hay que eliminar para asegurar la libertad de trabajo»⁴⁴.

Contrariamente, según la denuncia del senador comunista Carlos Contreras Labarca, la huelga tenía motivos estrictamente económicos, irresuelta por la intransigencia de las compañías y completamente alejada de cualquier motivación revolucionaria. No obstante, la acción gubernativa seguía una lógica bélica, tal como lo expresó en el Senado: «Actualmente, la zona del carbón se encuentra –puede decirse– en estado de guerra y los obreros son tratados como si no fueran chilenos. Se han movilizado el Ejército, la Marina y la Aviación. Los cerros que rodean las minas están cubiertos por cañones de artillería y cada quince minutos se hacen volar sobre los campamentos aviones de la Fuerza Aérea cargados de bombas»⁴⁵.

En la tercera semana de octubre de 1947, los minerales de Sewell y Chuquicamata y las salitreras María Elena, Vergara en Antofagasta, así como Victoria, Humberstone y Alianza en Tarapacá se declararon en huelga. El gobierno respondió con decretos de Zona de Emergencia para las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O’Higgins, con lo cual se produjo la ocupación militar de los campamentos mineros y oficinas salitreras, ordenándose la reanudación de faenas y la detención de setenta dirigentes comunistas. De acuerdo a las Memorias del entonces Presidente de la República, los Jefes de Zona, generales Silvestre Urízar en Antofagasta, Guillermo Aldana en Tarapacá y Humberto Luco en Sewell, procedieron a ocupar militarmente dichas faenas y, en el caso de las oficinas salitreras, «las escuelas fueron invadidas por los militares, quienes cumplían órdenes. Hay despidos de obreros, han sido mandados al sur de Copiapó con todas sus familias; a los familiares de los relegados se les han botado sus enseres a la calle, dando un plazo de 24 horas para que abandonen las oficinas, siendo los relegados embarcados al sur con rumbo desconocido»⁴⁶. Según el testimonio del entonces teniente Aquiles Levensberg, los nombres de los detenidos en la oficina Alianza fueron entregados por los carabineros, quienes indicaban la vivienda del obrero y el método de detención: «Es muy sencillo. Yo le indico dónde vive la gente y usted toma al “gallo” y se lo trae al cuartel. Le pregunté ¿y si se resiste?. “Bueno –contestó–, quiere decir entonces que hay que darle un culatazo para que entre en razón”»⁴⁷.

Para la fecha, todos los centros mineros del país estaban bajo control militar, y los derechos constitucionales, suspendidos.

A comienzos de noviembre de 1947, el buque de la Armada, Araucano, procedente de Lota y Coronel, llegó a Iquique trasladando a los «relegados de la zona carbonífera» en número de 93, «acompañados de 27 familiares», a los que se sumaron 24 relegados de Santiago, en viaje a su lugar de destino: «El Araucano zarpó hoy a Pisagua, sitio de relegación de los [presos] mencionados. Además lleva madera para habilitar barracas en donde serán concentrados; también lleva víveres»⁴⁸. Entre los «trasladados figuran obreros, empleados, maestros, etc., tanto de las oficinas salitreras del interior como de este puerto, los cuales ya se encuentran en Pisagua»⁴⁹.

Tal fue la experiencia de la profesora, regidora y alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad de Lota, Blanca Sánchez Sagredo, quien fue «detenida los primeros días siguientes al decreto de reanudación de faenas, mantenida incomunicada por las autoridades policiales de la región, en la sección de Investigaciones de Concepción, trasladada luego a Santiago, en el mismo carácter, el día 13 de octubre y transportada a Pisagua, punto de su relegación⁵⁰, dos horas después de haber sido recibido el recurso de amparo interpuesto en su favor. Durante todo este tiempo, la regidora Blanca Sánchez Sagredo fue mantenida en lugares destinados a la detención de inculpados de delitos comunes, con violación del artículo 72 No. 17 de la Constitución Política y de las leyes nos. 8.837 y 5.163, que establecen, sobre el particular, que el arresto no puede ser en lugares que sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes»⁵¹. Más aún, su abogado defensor Mario Rojas, que interpuso el recurso de amparo, fue también apresado el 22 de octubre.

El buque Araucano recibió a los 2.200 obreros detenidos en la zona del carbón y en Santiago, una vez que fueron interrogados por la autoridad militar, con el objetivo de «establecer quiénes eran los dirigentes que los habían inducido a esa acción incalificable. Del resultado de esta investigación se pudo establecer el nombre y la afiliación de más o menos 300 dirigentes, los que fueron detenidos de inmediato y trasladados a bordo del buque madre Araucano, donde comenzaron ayer mismo a funcionar los tribunales militares»⁵². Luego, zarpó con destino a Iquique.

Por otra parte, la barcaza Bolados de la Armada viajó llevando ropas y camas para las personas que fueron «trasladadas» a esa localidad. Sus familiares, incluso, llevaban material de construcción de galpones⁵³.

Los «trasladados» de fines de 1947 correspondían a una gran cantidad de trabajadores de sectores económicos estratégicos, que habían protagonizado sostenidas huelgas desde 1945, quienes arribaron masivamente a Iquique, para ser llevados a la ciudad de Pisagua. En esa primera oleada llegaron obreros, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), profesores y militantes con cargo políticos, como Intendentes, alcaldes y regidores. Como informaban las autoridades militares, Pedro Álvarez López había sido detenido en la oficina Humberstone, acusado de habérsele encontrado panfletos que violaban las disposiciones de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo. Álvarez era dirigente del sindicato industrial de la oficina Santa Rosa de Huara en Tarapacá y exmilitante comunista. Su detención habría ocurrido por la denuncia de «los dirigentes socialistas de Humberstone [que] lo acusan de comunista»⁵⁴. Por esos mismos días, 17 dirigentes sindicales y políticos de Sewell arribaron a Iquique. Como recordaba décadas más tarde el militante comunista Samuel Riquelme, «la pista se puso cada vez más pesada. En la segunda mitad de 1947 comenzaron las detenciones masivas de militantes, sobre todo del movimiento sindical. Miles fueron enviados a Pisagua, donde el traidor hizo abrir un campo de concentración. A otros los mandaban relegados a los pueblos del altiplano, a cuatro mil y más metros de altura, o a la isla de Melinka, en el extremo sur»⁵⁵. El 22 de octubre de 1947 fueron detenidos en Iquique: José T. Barrera, alcalde de la comuna; Rómulo G. Chandía, regidor y profesor de la Escuela No. 1; L. Córdova, empleado del diario; Pedro Pradenas, profesor del Instituto Comercial; Mario Rodríguez, profesor de la Escuela No. 5; Ángel Veas, exdiputado y exIntendente de Tarapacá; Ricardo Ahumada, presidente del sindicato de ferrocarril salitrero, entre muchos otros.

Una vez decretada la Zona de Emergencia en la provincia de O’Higgins, el alcalde de Machalí fue detenido y trasladado a Pisagua, junto a Aniceto Martínez, Luis Baeza y Víctor López, todos regidores comunistas. Los cientos de dirigentes sindicales detenidos en Antofagasta, Tocopilla, salitreras María Elena y Pedro de Valdivia llegaron a Pisagua, como también los alcaldes y regidores de esas ciudades y posteriormente, tras las segundas facultades extraordinarias concedidas por el Congreso en enero de 1948, «243 dirigentes fueron llevados al puerto vecino en un convoy organizado especialmente y custodiado por personal de las fuerzas armadas»⁵⁶. En los primeros días de ese mes de enero de 1948, el entonces teniente de Ejército Aquiles Levensberg llegó en «el relevo de Pisagua, junto al mayor Ciudad y el Capitán Pinochet, y los setenta hombres de tropa elegidos personalmente por mí, con el visto bueno de mis jefes»⁵⁷. Según las declaraciones de Augusto Pinochet, el 23 de octubre de 1947 se le ordenó reunir a su personal de combate, en unidades motorizadas, para enfrentar la emergencia que vivía el país. En la madrugada del día siguiente salió del cuartel con la lista de personas que serían arrestadas en Humberstone –oficina que actuaba como cuartel general–, nombres que le fueron proporcionados por la sección de Investigaciones Criminales de Carabineros. Según Pinochet, los camiones militares se llenaron con detenidos y trasladaron unos 500 comunistas a Pisagua, «una aldea costera improvisada como campo de concentración»⁵⁸.

Un criptograma de la Jefatura de la I. Zona de Carabineros en Antofagasta, transcrita al Intendente de Tarapacá, ordenaba al jefe de esa institución en Arica para que tomase las medidas a «fin de trasladar a Pisagua relegados diferentes puntos su jurisdicción. Informe cumplimiento esta orden y adopte medidas de seguridad nuevo punto relegación. General Espinoza. Transcribe para su conocimiento General Meneses, Jefe de Zona»⁵⁹. Estas órdenes se reiteraron a finales de ese año, cuando se dispuso el traslado a Pisagua de los obreros marítimos Rolando Cortés Vilches y Juan Encina Olivares. Simultáneamente, el destructor Riquelme transportó desde Coquimbo en dirección a Chañaral a una compañía del Regimiento Arica No. 2, de guarnición en La Serena, para resguardo de Potrerillos⁶⁰.

En esos mismos días se ordenó la expulsión a otros lugares aislados del país. A mediados de noviembre de 1947, por medio del decreto 6293, el gobierno ordenó el «traslado al extremo sur del país» de Alfonso Hidalgo, funcionario municipal, comunista, y de Eloy Luis Cortés a Tierra del Fuego; Manuel Heredia, oficial civil del pueblo de Tarapacá, y Luis González Miranda a Arauco. Estos no tenían filiación política, pero se los suponía dirigentes comunistas. Asimismo, a muchos expulsados de las salitreras se los envió al sur con sus familias. En efecto, de las oficinas Mapocho, La Santiago y San José provenían los «cancelados» y expulsados de varias oficinas en Tarapacá y Antofagasta, junto a sus familias, transportados en el Longitudinal con destino a Coquimbo, Santiago y Valparaíso, mientras que el buque Araucano recibió a los trabajadores de las salitreras del Cantón Sur (Victoria, Alianza) y del sector de Humberstone. Viajaron en cinco vagones, lo que inducía a la prensa comunista a estimar el número de «trasladados» en 200. A cargo de esos detenidos iba el teniente Levensberg, antes mencionado⁶¹. Por su parte, la orden de traslado del dirigente textil Humberto Arce y el empleado gráfico Víctor Ruz, llegados a Iquique, fueron dejadas sin efecto, pudiendo regresar a Santiago. Contrariamente, el 29 noviembre de 1947, un telegrama del Ministerio del Interior a la Intendencia de Tarapacá informaba que «Con esta fecha se ha dictado el decreto número 6591, que dispone que el ciudadano Guillermo Sánchez Alarcón, actualmente en el Departamento de Pisagua, sea trasladado al Departamento de Tomé, quedando sujeto a la vigilancia de las autoridades policiales de este último departamento. Tome las medidas del caso para proceder al traslado decretado y comuníquelo al Jefe de Zona de Emergencia»⁶². En tanto, otros eran acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, siendo detenidos y trasladados a Tierra del Fuego⁶³. En general, las personas eran movidas de un lugar a otro bajo la denominación de «trasladados». Fue el caso de Juan Alberto Núñez Rojas, trasladado de Cosapilla, en la provincia de Parinacota, en el extremo norte del país, a Marchigüe, en la provincia de Colchagua, medida que luego se dejó sin efecto, decretándose enviarlo a San Bernardo⁶⁴.

La forma en que se producían los traslados era a través de un decreto emitido por el Ejecutivo, amparado por las facultades extraordinarias, como el que transcribimos a continuación: «Ministro del Interior a Intendente, 5 de mayo, 1948. S. E. el Presidente de la República decretó hoy lo que sigue: En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 2º de la Ley 8940, de 15 de Enero del año en curso. Decreto: Trasládense a Pisagua, de la provincia de Tarapacá, a los ciudadanos JOSÉ ROSEMBLIT, JERÓNIMO GARCÍA PARRA, ARTURO GARCÍA PARRA, ALEJANDRO KRITZLEV WEINBERGER y ELENA WEINBERGER HARTMANN, quienes quedarán sometidos a la vigilancia de las autoridades policiales de dicho lugar. Mientras se efectúa el traslado, los referidos ciudadanos permanecerán arrestados en sus casas o en cualquier otro lugar no destinado a reos comunes. Dese cumplimiento al presente decreto por los Servicios de Investigaciones. Tómese razón y comuníquese. GABRIEL GONZÁLEZ V. –I. Holger T.»⁶⁵.

Las relegaciones y traslados continuaron luego de la razzia de octubre de 1947 a febrero de 1948; dos años más tarde, el subcomisario de Investigaciones de Tarapacá informaba al Jefe militar de Zona sobre la detención de la secretaria de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) y su expulsión fuera de la provincia: «En cumplimiento a su oficio confidencial Nº 147 de hoy que dispone que por D/S Nº 5421 de 26 del actual cursado por el Ministerio del Interior se ordena la detención de DORIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ (sic) a fin de trasladarla a la ciudad de Copiapó y ponerla a disposición de la Jefatura de Zona de Emergencia de Atacama, tengo el agrado de informar […] se encuentra actualmente en esta Comisaría Provincial a disposición de esa Superioridad»⁶⁶.

En enero de 1949, el Campo de Pisagua fue cerrado, pues habría elecciones parlamentarias en marzo y era un imperativo realizarlas sin la existencia de Campos ni Zonas de Emergencia, por la suspensión de derechos que implicaban. El cierre se extendió hasta mediados de marzo, tal como lo informó el Comandante en Jefe de la VI División del Ejército, con asiento en Tarapacá: «Se comunica a esa Intendencia que por oficio Conf. S. No. 75 del 1.II.1949, el Ministerio de Defensa Nacional ha transcrito a esta Jefatura de Zona de Emergencia el decreto supremo No. 626, expedido por el Ministerio del Interior con fecha 27 de enero ppdo., por el cual se adoptan las siguientes medidas: Suspende desde 27.I.1949 y hasta el 16.III.1949 el uso del derecho para restringir la libertad personal, que concede al Presidente de la República el art. 1º de la Ley No. 9261 de 13.XI.1948 y, por lo tanto, el de trasladar a los ciudadanos de un punto a otro del país»⁶⁷. El 15 de marzo, el General Carrasco informó al Intendente que al día siguiente reasumiría como Jefe de Zona de Emergencia. Los estados de excepción constitucional siguieron dictándose en los meses siguientes. Ello explica que el Campo de Pisagua, en cuanto tal, siguiera vigente y recibiendo contingentes de trasladados: «Cúmpleme poner en conocimiento de esa Jefatura de Zona de Emergencia, que por oficio 1518 de fecha 10 del actual dirigido al Sr. Jefe de Carabineros de Pisagua de la Dirección General de los Servicios, se ha comunicado a esta Comisaría de Investigaciones [que] S. E. el Presidente de la República ha dispuesto el traslado a Pisagua del ciudadano JUAN VARGAS PUEBLA (sic), el que queda a disposición de esa Jefatura de Zona para los fines del caso»⁶⁸. Unas semanas antes habían llegado 12 detenidos de La Serena.

Como se observa, la red coercitiva partía desde el Ejecutivo –Presidencia, Ministerio del Interior y de Defensa–, desde donde emanaban las órdenes y las acciones coercitivas. Las detenciones respondían a listas de «agitadores», preparadas por las empresas afectadas por las huelgas, los informes de Investigaciones, de la policía y de las intendencias; las detenciones mismas recayeron, dependiendo de la zona, en las fuerzas armadas, carabineros e Investigaciones, aunque los Intendentes y gobernadores también intervenían en la gran mayoría de los casos. Todos actuaban mancomunadamente, tal como lo establecía el código de las Zonas de Emergencia, cuyo Jefe de Zona era la autoridad máxima, a la que las otras se subordinaban. Una vez detenidos, los barcos de la Armada transportaban a los trasladados a Pisagua, mientras que la red ferroviaria y la Armada conducían a los miles de relegados. El Campo de Pisagua estaba entregado a los militares y carabineros, mientras que la mantención de los reclusos quedaba bajo la responsabilidad y vigilancia de estos últimos.

Todo indica que el interés del gobierno era continuar la persecución al comunismo, siguiendo los pasos de sus militantes, y mantener el Campo de Pisagua abierto. En una Circular confidencial del Ministerio del Interior se informó a la Intendencia que exrecluidos en Pisagua habían llegado a zonas industriales, acusándolos de volver a sus acciones de agitación y alteración del orden público, por lo que se ordenaba que: «En aquellos casos en que no fuese posible acreditar con la prueba suficiente estas actividades para denunciarlos a la justicia con arreglo a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, corresponde hacerlo a la Justicia Ordinaria, en conformidad a lo prescrito en el artículo 305 del Código Penal, como vagos, por no tener hogar fijo, ni medios de subsistencia, ni ejercer habitualmente profesión, oficio u ocupación lícita, teniendo aptitudes para el trabajo»⁶⁹. Los abogados del gobierno, encargados de aplicar la Ley de Defensa de la Democracia, deberían asesorar a los jueces de Letras para que les aplicaran la ley en forma «integral». Poco después, el Jefe de Zona de Emergencia informó al Intendente que: «Decreto Supremo No. 3645, de fecha 22 de agosto próximo pasado (1949), por el cual se ordena el traslado a la localidad de Pisagua de los ciudadanos que a continuación se indican: José Tristán Barrera, Eloy Ramírez, Juan Simpertigue, Juan Molina, Ismael Vicencio, Lino Barrera, Epifanio Flores y Juan Flores»⁷⁰.

Como se ha observado a lo largo del capítulo, estas detenciones respondían solo a la calidad de los imputados de comunistas y agitadores, calificativo asignado debido a su actividad sindical, como ocurrió con un militante de la oficina Mapocho tras una reunión de ese tipo. El Intendente de la provincia dejaba en claro la conexión entre la actividad sindical, la detención por subversión/agitación y el traslado a Pisagua: «Debo subrayar la participación, que en dicha reunión se atribuye al dirigente comunista Servando Araya, cuyo traslado a Pisagua sería conveniente y oportuno»⁷¹. Para entonces, el Jefe Militar de Pisagua era el Mayor electo (sic) Pereda Lucero, designado por el General Carrasco, en tanto Jefe de Zona de Emergencia⁷².

Entre octubre de 1947 y fines de 1949, dos mil militantes comunistas fueron detenidos y repartidos por todo el país, en los lugares más apartados, en distintas categorías, ya fuera de trasladados, relegados o concentrados, siendo arrancados de sus zonas de trabajo o de actividad política. Las acciones del gobierno apuntaban a extirpar a aquellos definidos como una amenaza para la economía del país o la estabilidad de las instituciones, de aquellos centros donde participaban de las paralizaciones laborales, las manifestaciones públicas o en la prensa obrera. Por eso, un alto porcentaje fue expulsado del territorio carbonífero, de la región salitrera y cuprífera, de Santiago y dispersado a lo largo y ancho del país, erradicando a los identificados como cabecillas y agitadores de sus respectivos gremios, visualizados como agentes subversivos. El objetivo era moverlos de sus centros de actividad y enviarlos a lugares apartados, donde no pudieran continuar con sus actividades, rompiendo sus vínculos con las bases sociales. Para esa gran mayoría, el destino era la relegación.

Para los cabecillas más conspicuos del comunismo y del movimiento sindical, el destino era Pisagua: «Los traslados no han sido jamás autorizados por el Presidente de la República en contra de la masa engañada y explotada, sino en contra de los militantes responsables del Partido Comunista»⁷³.

El Jefe de la Zona de Emergencia de Tarapacá, General Guillermo Aldana, fue instruido por el Ejecutivo para la «organización del campamento de Pisagua», el cual fue custodiado por personal del Ejército perteneciente al Grupo A.C.1. Salvo, el que debería acondicionar el lugar para sus nuevos moradores. Para fines de marzo de 1948, según el informe del Jefe de Zona, había 30 carabineros y cuarenta hombres de tropa del Ejército para vigilar a los detenidos⁷⁴.

Pisagua, describía el periódico Solidaridad, es un pequeño puerto, una «pequeñísima ciudad en ruinas, con escasos habitantes, situada en pleno desierto». Su bahía estaba cercada por altos y escarpados cerros. Poseía algunos edificios en muy mal estado y, aproximadamente, unos 200 habitantes, carentes de recursos hospitalarios, medicinas, víveres y agua potable apta para el consumo. Había una cárcel donde estaban recluidos algunos homosexuales, una pequeña plaza, un teatro, bastante deteriorado, y un mercado en similares condiciones. Existía luz eléctrica, pero limitada, pues fue necesario reparar el motor y restablecer la línea de alumbrado. Así describía este periódico de la resistencia a la ciudad de Pisagua, cuyo nombre se volvió sinónimo de campo de concentración. Tal retrato coincidía con los informes de las autoridades locales, las que, para mediados de los años cuarenta, notificaban que el Departamento de Pisagua y su puerto estaban en total decadencia, y de las 45 oficinas salitreras de su jurisdicción, solo funcionaba la oficina Aguada, a pesar de la escasez de pampas salitrales, mantenida por la decisión de patrones y trabajadores, y seis permanecían con instalaciones⁷⁵. La escasez de población había llevado a reevaluar la mantención de una tenencia de Carabineros en el lugar, dejando un sargento 1º a cargo, dependiente del Jefe de la tenencia de Huara. Este diagnóstico se mantenía a comienzos de 1947, cuando se reiteró la inconveniencia de nombrar un oficial en ese lugar, pues realmente era necesario en Huara y la oficina Victoria con una población trabajadora numerosa, lo que no ocurría en Pisagua. En 1945, el Gobernador de este Departamento advirtió al Intendente que Pisagua «prácticamente carece de viviendas y una buena parte de su población vive en condiciones inconvenientes, en inmuebles acabados casi por la polilla, por el desmantelamiento de maderas y calaminas, sin servicios higiénicos, etc., etc. Y son muy contadas las casas que puedan merecer este calificativo. Quedan algunas en condiciones de habitabilidad –que no pasan de la docena– y en ellas se encuentran instalados los servicios fiscales y las familias de los empleados públicos, (por lo que) se ha desencadenado la amenaza de desarme de propiedades»⁷⁶. Por eso, para el momento de los traslados fue necesario, sentenció el General Aldana, «transformar Pisagua, que es un “puerto en desarme”, en un sitio que contara con todos los elementos indispensables para la vida»⁷⁷.

Ese lugar recibió a los trasladados, muchos de los cuales viajaron con sus familias, esposas e hijos, quienes también fueron llevados al sitio de detención. Según las Memorias del Presidente Gabriel González, a medida que aumentaba el número de trasladados fue necesario construir barracas, utilizándose también el hospital de la ciudad⁷⁸.

Llegados desde los distintos puntos del país, en el Campo de Pisagua vivían separados de acuerdo a su procedencia: «Viven en barracas separados los trasladados de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Pedro de Valdivia, Chuquicamata, etc. La gente del carbón vive en miserables condiciones. Carece de ropa. No tienen dinero […] Pertenecen a regiones tan distantes, que los recursos y ayudas no llegan a ellos. Por lo tanto, son los más desamparados […] No saben de sus mujeres ni de sus niños, salvo aquellos que vinieron con sus familiares. Uno, de apellido Escobar, tiene nueve hijos. Fueron flagelados él y sus hijos en Lota y Schwager. Una mujer fue golpeada. Hay otros baleados en la isla Quiriquina. Otro fue torturado […] con el único objeto de arrancarle declaraciones acerca de dónde se encontraba Riquelme, secretario de la CTCH provincial»⁷⁹. Sumidos en la urgencia, los trabajadores del carbón solicitaron la formación de un «Comité Pro Defensa de los Trasladados y sus Familias», pidiendo leche, alpargatas, ropa interior, pues carecían de lo mínimo.

De acuerdo a la información entregada por el Jefe de Zona, se usaron como dormitorios el club deportivo de la ciudad, el local de bomberos, el mercado, los cuales contaban con 400 catres del Ejército; las mujeres y las familias fueron enviadas al edificio del Hospital de Pisagua. A ello se agregaban «siete barracas construidas especialmente por la Zona de Emergencia […] con literas de madera»⁸⁰. Las barracas «de 6 por 12» contenían tres camas con colchones de paja y una frazada⁸¹.

El informe del General Aldana, del 1 de marzo de 1948, consignaba para esas fechas que los detenidos en Pisagua eran 471 y sus familiares 157, lo que daba un total de 628 personas. Un mes más tarde (abril de 1948), las cifras eran 490 y 265 respectivamente, es decir, había 755 personas⁸².

La organización de Pisagua como Campo recayó sobre el Jefe de la Zona de Emergencia de Tarapacá, General de Ejército Guillermo Aldana, pero quien vigilaba el movimiento de los detenidos era Carabineros. En noviembre de 1947 se ordenó la creación de una subcomisaría en «Pisagua solamente hasta que dure la permanencia en ese puerto de los dirigentes y militantes comunistas […] que fueron trasladados por el gobierno»⁸³. Las instrucciones dadas a los trasladados a Pisagua señalaban que no podrían salir del puerto y estarían «sometidos a estricta vigilancia por Carabineros, cuya dotación ha sido reforzada»⁸⁴. En un documento de septiembre de 1948, el Prefecto de Carabineros de Tarapacá, teniente Coronel Alfredo Muñoz Eyzaguirre, informó al Intendente de la provincia haber dado «instrucciones al Jefe de la tenencia de Carabineros “Pisagua”, referente a la vigilancia estricta que debe mantener el personal sobre los relegados, como también sobre la presentación que deben hacer estos diariamente a Carabineros y de la prohibición absoluta que tienen de salir del radio urbano del puerto ya referido»⁸⁵. Según la información entregada por los opositores al gobierno, activos en la resistencia: «Al principio los relegados tenían que recogerse a las siete de la tarde y a esa hora se apagaba la luz eléctrica. Poco a poco han ido logrando concesiones. Ahora la luz se apaga a las once de la noche. Se pasa lista unas cinco o seis veces al día»⁸⁶. Según el testimonio del entonces teniente Levensberg, a las 6.30 a.m. los detenidos debían estar levantados y formados para el pase de lista, después tomaban el desayuno y a las 11 a.m formaban nuevamente, para otro control de lista⁸⁷.

Si bien el Campo de Pisagua estaba muy aislado, no estaba completamente cerrado ni era inaccesible, pues durante un cierto tiempo fueron posible visitas, las que debían ser autorizadas por el Ejército, considerando la Zona de Emergencia, como fue el caso, incluso, de un periodista del diario El Siglo: «Esta Comandancia Particular de la Guarnición autoriza para que el señor JOVINO TRONCOSO JAQUE pueda visitar el puerto de Pisagua»⁸⁸. Considerando que tales visitas quedaban a discreción del Jefe de la Zona de Emergencia, fueron denegadas al senador Elías Lafertte y al diputado Víctor Contreras Tapia, ambos comunistas, quienes pretendían visitar a los detenidos y llevarles los auxilios que se reunieron con la llegada de los primeros trasladados⁸⁹. Hasta comienzos de febrero de 1948, los detenidos en el Campo de Pisagua podían ser visitados por sus familiares, prerrogativa que fue suspendida por el Jefe de Zona de Emergencia, debido a la ausencia de las condiciones requeridas para ello: «En vista de que en Pisagua no se cuenta con locales para el alojamiento de los trasladados por decreto del Supremo Gobierno y que existe en dicho puerto solo alimentación para el número exacto de personas trasladadas y familiares autorizados por el gobierno, prohíbese la afluencia de familiares para visitar a sus parientes trasladados, salvo aquellos que tengan recursos tanto en alojamiento como en alimentación por su propia cuenta, comprobados ante la Jefatura de la Zona de Emergencia»⁹⁰. A partir de esta fecha, cualquier persona que quisiera visitar Pisagua debería contar con un salvoconducto emitido por la Jefatura de Zona de Emergencia.

En ese sentido, la autoridad del campo correspondía al Ejército, pero el funcionamiento interno, a Carabineros.

El desayuno, que era a las 6.a.m., consistía en un tarro de café, sin leche, y un pan, duro según el informe enviado por los detenidos, aunque según la información gubernamental, a fines de 1947 se habilitó una panadería, en la que trabajaba personal militar. El almuerzo era preparado también por el servicio del Ejército, en ocho cocinas de campaña de su propiedad, y parece haberse servido a mediodía, porque se hacía referencia a que ocurría en «las horas del sol más inclemente», para el cual debían ordenarse de a dos en la fila, debido a la insuficiencia de tiestos, compartiendo la comida: «Uno solicita un plato y el compañero el otro. Si el interesado desea servirse ambos platos, debe permanecer en la cola hasta que se le entregue uno. Enseguida lo come parado a todo sol o en cuclillas. Después debe colocarse nuevamente en la cola para esperar el otro plato, que se servirá en idénticas condiciones. En el suelo abundan los desperdicios. El pan es sucio. Abundan además los lagartos y las sabandijas»⁹¹. Según el Jefe de Zona, el Ejército dispuso de cincuenta mesas y bancas para ochocientas personas, además de fuentes, jarros, platos y servicios. El «rancho» constaba generalmente de un plato de porotos y uno de cazuela, aunque había quejas contra la carne descompuesta, por su transporte a través de la pampa en camiones sin las condiciones adecuadas. Según el General Aldana, en cambio, el rancho era variado, incluyendo tallarines, carne argentina enlatada, avena y leche condensada para los niños. Los detenidos solicitaron a los Jefes del Campo participar en la elaboración y distribución de la alimentación y que las cocinas se instalaran cerca de la plaza, para no tener que bajar y subir, considerando la topografía del terreno, a lo que las autoridades accedieron «y las cocinas fueron instaladas en un lugar más adecuado que el hospital donde funcionaban»⁹².

En materia de salud, según las Memorias de Gabriel González, un médico de Iquique visitaba semanalmente el Campo, aserto que coincide con la información oficial y de los opositores, la cual señala que dos veces por semana viajaba uno o dos médicos desde Iquique. El Jefe de Zona afirmó que se trataba de médicos y dentistas de las fuerzas armadas, los que hacían turnos cada tres días. No obstante, muchos de los detenidos y sus familiares, en los casos en que ellos se encontraban en Pisagua, estaban enfermos: «Un obrero de apellido Gaitán está enfermo del corazón. El alcalde de Calama, Ernesto Meza Jeria, padece de una seria bronquitis. Hay una mujer tuberculosa postrada en cama. Se generaliza una epidemia de sarna». A esto colaboraba, tal vez, la calidad del agua, salobre y con cloro. Según se denunciaba, al comienzo los detenidos, aproximadamente 300, contaban solo con una llave de agua, situación que luego mejoró. De igual manera, se indicaba que «A excepción de dos baños que hay en el hospital, no existen otros baños, salvo los de mar. Las duchas que hay en la cárcel, a las cuales los obreros habían conseguido acceso, les están nuevamente vedadas [a quienes] no soliciten un permiso especial de la Dirección General de Prisiones. Prácticamente, ya no podrán hacer uso de las duchas, puesto que dicha Dirección General se encuentra en Santiago»⁹³. La información de Aldana, Jefe de Zona y del Campo, sostenía que personal de tropa y obreros contratados por la Zona de Emergencia construyeron dormitorios y «baños de lluvia»⁹⁴.

Apenas organizado el campamento de Pisagua, un médico viajó para examinar a los detenidos, según informó la Prefectura de Tarapacá No. 1, de Carabineros, al Intendente de la provincia: «Radiograma 496, de 27 de los corrientes, dirigido a esta Prefectura: Remiradio 490. Visto que médico contó con medios de locomoción, trasladóse (sic) ayer a Pisagua y examinó relegados dicho punto con siguiente diagnóstico: Ramón Ferrer Salas, úlcera gástrica en período de evolución; Salvador Riumallo Pla, aortitis crónica, hipertensión arterial, crisis anginosas, bronquitis aguda; Senén Castaño G., apendicitis crónica reagudiada (sic), hepatitis; Rafael Salgado Fernández, amigdalitis aguda; Enrique González del Nacimiento, amigdalitis crónica, úlcera cicatricial pierna derecha. Médico estima conveniencia cambio de sitio relegación a lugar donde puedan tener atención inmediata tanto médica como higiene-dietética. Atención médica que puede prestarse en Iquique. – Comandante Muñoz»⁹⁵.

Los informes de Intendentes, Prefectos de policía y militares daban cuenta constante de la existencia de numerosos enfermos en Pisagua, los que en casos graves debían ser llevados al Hospital de Iquique, porque en Pisagua no existían las condiciones para su sanación, sino al contrario⁹⁶. Tal fue el caso de Eduardo Reinoso Pérez, quien, según el informe del delegado del Jefe de Emergencia en el Departamento de Pisagua, teniente Coronel Víctor Beltramí Silva: «Ayer fue trasladado al Hospital Regional de Iquique el trasladado en Pisagua Eduardo Reinoso Pérez por padecer de pleuro pulmonar basal derecho, quien ha quedado hospitalizado en observación»⁹⁷. En plena movilización de detenidos por el país y casi recién llegados a Pisagua, un grupo de ellos debió ser llevado al Hospital de Iquique, lo que Carabineros informó a la intendencia de la provincia: «Prefectura de Tarapacá No. 507. Resuradio 26. Ayer llegaron a esta localidad procedentes de Pisagua relegados Enrique González del Nacimiento, Senén Castaño González, Ramón Ferrer Salas, Rafael Salgado Fernández, Salvador Riumallo Pla y José Olivares Cáceres. Adoptándose medidas de vigilancia correspondiente. –Comandante Muñoz–»⁹⁸. El radiograma referido fue direccionado a la ayudantía General de la Dirección General de Carabineros, en Santiago.

Existía, asimismo, la fórmula del «retrasladado», sacado del Campo de Pisagua y reenviado a su lugar de origen por razones médicas: «Ayer 14, a las 12 horas, por disposición de esa Jefatura de Zona de Emergencia, la 2ª Comisaría de esta Prefectura procedió a hacer entrega del “trasladado” JOSÉ TRISTÁN BARRERA, que se encontraba enfermo en el Hospital Regional de Iquique, al Detective 3º de Investigaciones Gilo Infante, a objeto de ser retrasladado a Caldera»⁹⁹.

Si bien efectivamente los presos eran visitados de manera permanente por médicos, las condiciones de vida en el Campo de Pisagua no eran las mejores y abrían la posibilidad para el agravamiento de los enfermos o quienes sufrieran alguna emergencia, como de hecho ocurrió. En Pisagua murieron Ángel Veas, exdiputado e Intendente de Tarapacá, a fines de 1947 y el joven periodista Félix Morales: «Falleció de un ataque un periodista de El Despertar, originario de la oficina “La Santiago”, hijo del antiguo militante comunista, Natalio Morales». La declaración del Jefe de Zona señaló: «Félix Morales Cortés, de 35 años, de profesión pintor dibujante, domiciliado en Iquique […] falleció en Pisagua hoy viernes 23 a las 7.55 a causa de un ataque cerebral […] en dicha localidad desde el presente mes, en cumplimiento del Decreto Supremo No. 11 de 1948 del Ministerio del Interior»¹⁰⁰. Morales había sido detenido el 3 de enero de 1948, siendo redactor deportivo del diario y trasladado a Pisagua el 15 del mismo mes; se había casado un día antes de su detención¹⁰¹.

2.- Solidaridad

Angela Mamani, esposa de Gavino Baltazar: «Señor Presidente de la República […] haciendo uso de sus facultades, el Supremo Gobierno dispuso el traslado a Pisagua de mi marido, Gavino Baltazar Supanta, agricultor, de mí mismo domicilio, al puerto de Pisagua. Que se acusaba a mi marido de ser dirigente comunista, no obstante que jamás intervino en política […] Que a consecuencia del traslado, mis hijos, quienes son tres menores de diez años, han quedado en el más absoluto abandono […] en vano he solicitado al señor Jefe de la Zona de Emergencia que me permita reunirme con mi esposo, quien es inocente de la acusación que motiva su permanencia en Pisagua»¹⁰². El subsecretario de gobierno rechazó tal petición, toda vez que el Jefe de Zona de Emergencia informó de «su mal comportamiento en Pisagua»¹⁰³.

Apenas ocurridas las detenciones, los obreros de El Toco, en Atacama, nombraron una comisión de cinco miembros para ir en su ayuda, con un aporte de $10 cada uno, lo cual fue informado al inspector departamental del Trabajo de Tocopilla, para obtener su reconocimiento legal. Igual iniciativa desarrolló el MEMCH de la localidad para ayudar a las familias de los detenidos, siendo autorizadas por el Jefe de Zona, teniente de Carabineros Alejandro Valdés, reuniendo dinero y víveres¹⁰⁴.

Simultáneamente, en Iquique se organizó un Comité Pro Ayuda de los dirigentes detenidos en Pisagua y sus familias, cuya tarea sería «coordinar y controlar los auxilios destinados a los familiares de estos». Aunque fue organizado por los comunistas, el comité tenía un sentido ecuménico, invitándose a distintos sectores políticos y organizaciones sociales, culturales y deportivas, «ya que no se trata de un organismo político, sino de carácter ayudista (sic), pudiendo participar en ella personas de pensamientos humanitarios»¹⁰⁵. Sus organizadores, acompañados del diputado José Díaz Iturrieta, informaron al Jefe de la Zona de Emergencia, General Guillermo Aldana, de su constitución, finalidades y de algunas condiciones que necesitaría para el desarrollo de sus actividades.

Como explicaron los líderes de esta campaña, la solidaridad era en ese momento «una urgencia mayor». El deber era ayudar a los perseguidos y privados de su libertad, pero también a sus familias, abandonadas en las calles de las distintas ciudades militarizadas, sin posibilidad de subsistencia: «Por eso este Boletín Solidaridad [del Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas], vuelve a insistir y seguirá insistiendo en lo que a diario y durante meses ha dicho el Comité de Solidaridad: ayuda, más ayuda, toda la ayuda que sea posible. Dinero o especies, o ambos […] dar para la solidaridad con las víctimas de la represión y los perseguidos de la dictadura venal […] Todo lo que llegue será agradecido en Pisagua, en las cárceles, en los sitios de relegación, en todas partes»¹⁰⁶.

Por ello la ayuda era de carácter económico, erogaciones en dinero, en alimento y en ropa-calzado para ser distribuida entre los trasladados y sus familias. El Sindicato de la Planta Embarcadora de Salitre en Construcción, el grupo más activo en esos primeros momentos en la ayuda, consiguió numerosos catres en mal estado del Asilo de la Infancia, para repararlos en la maestranza del puerto de la Compañía de Salitre de Tarapacá y Antofagasta (CSTA), «con el fin de que esta institución social pueda dar asilo transitorio a algunos de los hijos de los obreros expulsados de la industria salitrera»¹⁰⁷. Por su parte, la Unión de Profesores de Chile, de la seccional Santiago, envió tres encomiendas con medicamento y comida para los «12 maestros que se encuentran trasladados a Pisagua», las que fueron entregadas al Comité Pro Auxilio, el que, a su vez, lo entregó al Comité de Distribución de Víveres. Este primer embarque de vituallas y medicamentos fue entregado a sus destinatarios por el diputado Díaz Iturrieta, el director de El Despertar, Rolando Araya, y un dirigente del Comité Pro Auxilio¹⁰⁸. El comité explicó que la demanda por ayuda se mantendría e intensificaría mientras la represión gubernativa persistiera, así como el Campo de Pisagua, las relegaciones y la indefensión socio-económica de los familiares de los trasladados. Suponían que el número de necesitados aumentaría una vez que estuviera listo el censo que el comité estaba llevando a cabo; a inicios de 1948 decidió incrementar su trabajo para coordinar mejor las realizaciones tanto en Tarapacá como fuera de la provincia¹⁰⁹. La gran mayoría de las donaciones eran hechas, al comienzo, por los propios trabajadores, los sindicatos salitreros, otras industrias en el norte y a lo largo del país¹¹⁰. Una vez organizado el Comité de Solidaridad, la ayuda tendió a convocar a un espectro más amplio, incorporar conjuntos sociales diversos, porque se trataba «del hambre que calmar, la miseria que mitigar, las enfermedades que aliviar, el frío que evitar, la soledad que atenuar y la desesperación que aminorar, inmediatamente, antes que sea demasiado tarde»¹¹¹.

Para la Navidad de 1947, el comité en Iquique se preocupó de recolectar juguetes y mercaderías para los niños y familias de los detenidos. Se recibieron erogaciones de Tocopilla y la oficina Prosperidad. El Despertar informó, igualmente, que se estaban recibiendo juguetes y golosinas para entregarlos a «los hijos de los trasladados que se encuentran al lado de sus padres en Pisagua»¹¹².

El Comité Pro Auxilio empezó a realizar gestiones para lograr un local para su funcionamiento y recibir los alimentos, ropas regaladas, y establecer la tesorería. No obstante, trascurrido un mes de su constitución, no reunió las condiciones demandadas para realizar dicha asamblea: «Dificultades surgidas en cuanto a las medidas de control hechas valer por funcionarios de Investigaciones […] hubo de dejarla sin efecto»¹¹³. Es probable que la negativa se relacionara con la participación comunista.

El 24 de octubre de 1947, en Santiago, «un grupo de ciudadanos de convicciones democráticas […] bajo la presidencia de don Carlos Vicuña fundaron el Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, al cual se incorporaron más tarde numerosas instituciones y personalidades, y se entregaron con ahínco a la tarea de cohesionar las fuerzas populares, detener y derrotar la represión. La lucha por la disolución del Campo de concentración de Pisagua, vergüenza y maldición para el pueblo de Chile, y por la ayuda y defensa de millares de presos y relegados, demandó inmensos esfuerzos que contaron con la simpatía y la colaboración de amplios sectores de la ciudadanía»¹¹⁴. Con la central participación comunista, el Comité logró adquirir un carácter ecuménico. Carlos Vicuña Fuentes, eminente abogado, radical, uno de los más tenaces líderes de la lucha contra la dictadura ibañista en 1927 y obstinado defensor de las libertades, fue el más importante portavoz, no comunista, en la lucha contra la persecución de 1947-1949 y la Ley Maldita. El comité más tarde fue presidido por el radical Leonardo Guzmán, connotado antimilitarista, Ministro del gobierno provisional de Manuel Trucco en 1931 y de Pedro Aguirre Cerda; Carlos Vicuña Fuentes oficiaba de vicepresidente; Raquel Weitzman –secretaria– era abogada y militante comunista; Santiago Labarca, vicepresidente del comité, fue un destacado dirigente estudiantil de la FECH en 1920, posteriormente diputado radical y Ministro de Educación y Hacienda de los presidentes Juan Esteban Montero y Juan Antonio Ríos, respectivamente; Luis Valente Rossi –tesorero–, era profesor y militante comunista; y Óscar Waiss, socialista, fue el secretario de la organización. Posteriormente, la FECH se integró formalmente al comité y además la JUNECH¹¹⁵. En San Javier, por ejemplo, también participaban militantes del agrariolaborismo, socialcristianos, socialistas populares, sectores del radicalismo y democrático populares. Como señala Rolando Álvarez, el Comité de Solidaridad permitió el acercamiento de quienes, a lo largo de la década del cuarenta, fueron persistentes opositores, tanto dentro de la propia izquierda como con parte del espectro partidario de centro, los que en los comités de solidaridad provinciales, departamentales y locales restablecieron contactos en defensa de las libertades y garantías constitucionales¹¹⁶.

En Santiago, paralelamente, se organizó un Comité de Abogados para la defensa de las personas afectadas por las facultades extraordinarias. El abogado Fernando Ostornal Fernández arribó a Iquique con el propósito de reunir antecedentes sobre la situación de los dirigentes sindicales de las salitreras y de sindicatos del puerto de Iquique que fueron trasladados. En el caso del norte salitrero, el Comité de Abogados asumiría la defensa en el Juzgado del Trabajo de Iquique, ante las demandas de la CSTA en los Tribunales de Justicia para desaforar a los 17 dirigentes de Sewell llevados a Iquique, y también de los sindicatos del mineral de Chuquicamata y las oficinas salitreras María Elena y Pedro de Valdivia. Aún a mediados de 1948, la situación era grave: «Los abogados del Comité de Ayuda deben trasladarse cuanto antes a Iquique, puesto que las compañías han presentado demandas a los dirigentes obreros por abandono del trabajo y los obreros han sido notificados en forma absolutamente ilegal por funcionarios incompetentes que son funcionarios en departamentos que pertenecen a la provincia de Antofagasta, que han ido a notificar a Pisagua, de la provincia de Tarapacá»¹¹⁷.

El Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas se estructuró nacionalmente en el primer semestre de 1948, con comités provinciales, departamentales y locales, y tres departamentos: Organización, Prensa y Propaganda, y Finanzas. La Secretaría General fue la encargada de las subcomisiones de ayuda, visita a los presos y asesoría jurídica. Esta entidad buscaba sensibilizar e integrar al conjunto ciudadano en la defensa de los perseguidos y en la lucha contra la exclusión y la represión, porque «estos objetivos corresponden a un deber mínimo de solidaridad con los hermanos nuestros que sufren las arbitrariedades del gobierno»¹¹⁸, afirmó el falangista Bernardo Leighton, miembro del Comité. En ese afán, los comités locales deberían constituir subcomités en los sindicatos, fábricas, talleres, barrios, haciendas, poblaciones, escuelas, universidades y toda organización que quisiera colaborar. Estos subcomités deberían materializar los fines perseguidos por el Comité de Solidaridad, colaborando económica, jurídica, médica y socialmente a los presos, relegados, perseguidos y sus familias; recolectar provisiones; visitar a los presos y velar por la seguridad y derechos de sus familias contra las acciones arbitrarias del gobierno: «Llamamos a los ciudadanos democráticos, a todas las organizaciones políticas y sindicales, deportivas, a los comités comunales y subcomités de solidaridad en cada sitio donde existan elementos democráticos a intensificar la ayuda en dinero, víveres, medicamentos, ropas y zapatos, revistas, libros de lectura que necesitan impostergablemente los relegados, detenidos y sus familiares, abandonados a la más espantosa miseria. ¡Ayude a los relegados! ¡Aliéntelos para aminorar sus sufrimientos! ¡Coopere!». Aun después de dos años de iniciada la represión se seguían constituyendo comités, como en la población San Pablo de la comuna de Barrancas y otro en la comuna de Renca. Cada uno de estos subcomités debería difundir los propósitos del Comité de Solidaridad y su labor a través de la publicación de folletos, periódicos, proclamas, volantes y manifiestos. El director del periódico Solidaridad era el abogado Carlos Vicuña Fuentes¹¹⁹.

El Departamento de Prensa y Propaganda tenía la responsabilidad de difundir las condiciones en que se hallaban tanto los recluidos en Pisagua como los relegados, perseguidos y sus familias, los atropellos y vejámenes cometidos por las autoridades, amparados en las leyes y los decretos que suspendían los derechos, promoviendo la derogación de todas esas normativas, tarea que se constituyó en un núcleo palpitante del comité. Por ello, toda su estructura debía realizar o patrocinar mitines, conferencias, manifestaciones públicas, lanzar volantes y distintos tipos de folletería denunciadora e informadora, creando comisiones de propaganda en la base social¹²⁰.

De acuerdo al Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, para mayo de 1949 había logrado liberar a un porcentaje significativo de presos, ayudar a miles de recluidos que «por quince meses permanecieron en el Campo de concentración de Pisagua» y promover una crucial campaña de solidaridad nacional e internacional, denunciando al gobierno y logrando la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso; recaudando y distribuyendo fondos para los reprimidos; ofreciendo ayuda en vituallas, apoyo médico y asesoría legal, y publicando el periódico Solidaridad¹²¹.

Una de las finalidades más importantes del comité era la recuperación de las libertades conculcadas, impedir la aprobación de la Ley Maldita y luego su derogación y la «libertad de los presos políticos y sociales; disolución del Campo de concentración de Pisagua»¹²². Estas finalidades se entendían como transversales al conjunto social, sin que las diferencias políticas o de credos religiosos pudieran actuar como dique para el reagrupamiento de las fuerzas sociales. Por ello se promovía, como señalamos, la expansión del comité a nivel de base en todas las escalas, hasta la más local. Esto estaba en consonancia con el sentido final del comité: «Ninguna persona de convicciones verdaderamente democráticas puede substraerse a esta urgente y trascendental labor […] Nuestra consigna de hoy: organizar comités y subcomités, incrementar al máximo la ayuda, apadrinar grupos de relegados, intensificar la campaña de masas por la libertad de los presos; en suma, transformar el movimiento ayudista en un poderoso instrumento de lucha por la restauración democrática»123. Hemos remarcado esta frase para resaltar la imbricación entre la defensa de los perseguidos y la lucha contra el Campo de Pisagua y la Ley Maldita, y por la restauración de la democracia, entendida como garantista de las libertades consagradas en la Constitución. Fue este sentido el que permitió el carácter políticamente amplio del Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, como su nombre lo indica y como lo demuestra la presencia de antiguos anticomunistas, como Leonardo Guzmán, socialistas, falangistas y agrariolaboristas. Fue la defensa de lo que se entendía era una tradición en Chile. Así lo explicitó su máximo líder, Carlos Vicuña Fuentes: «Las libertades políticas se definen como las garantías que el estado doctrinariamente y el gobierno, de modo práctico, deben dar a los ciudadanos para el desarrollo espontáneo y normal de sus pensamientos, sentimientos y actividades. Las libertades políticas no son nociones filosóficas, sino garantías o seguridades del orden jurídicosocial». Por ello, el estado debía contribuir al desarrollo moral de la población, su inteligencia, prosperidad y bienestar. No obstante, sentenciaba Vicuña Fuentes, considerando la complejidad de esta tarea social, el estado y los gobiernos habían legitimado facultades para reprimir aquello que se entendía como socialmente dañino, lo cual explicaba la existencia de numerosos controles estatales, dirigidos a «prevenir los males públicos». Aun entendiendo aquello, Vicuña Fuentes y el “Comité de Solidaridad no compartían el camino seguido por el gobierno de Gabriel González y sus partidarios, ya que: «es una herejía criminal pretender gobernar el desarrollo de las opiniones, sean ellas políticas o científicas, por medios políticos o policiales, leyes, decretos, procesos, condenas, persecuciones. Toda esa artillería hipócrita constituye tiranía y torpeza […] la primera y más fundamental libertad política, la primera garantía que todo gobierno debe dar a la ciudadanos, es su respeto pleno, incondicional, a las ideas y sentimientos que ellos manifiestan, a sus programas de bien público, a sus teorías políticas, sociales, morales, estéticas, jurídicas o religiosas […] Solo debe reprimir las perniciosas y su represión debe ser tal que asegure el orden, la paz, la justicia, el progreso y el bienestar de los ciudadanos, con las medidas estricta y racionalmente necesarias para ello, sin llegar jamás al vejamen, la brutalidad, a la represión ciega y asesina, propia solo de los dementes o de los imbéciles, y siempre indigna de un hombre de valía»¹²⁴.

Estos mismos principios habían guiado la lucha contra la dictadura del General Ibáñez en 1927 e imprimieron el sello al Comité, permitiendo la colaboración con los comunistas en clandestinidad. Fue esta lucha, también, la que, según Rolando Álvarez, habría consolidado el compromiso doctrinario de los comunistas con la democracia.

El Comité se abocó apasionadamente a defender a los perseguidos, iniciando una cruzada nacional por la libertad. Parte de esa tarea fue la realización de asambleas públicas en la FECH para el estudio de las leyes de excepción, actividad en la que participaron profesores universitarios, estudiantes, obreros, empleados, escritores y dirigentes de partidos y sindicatos, concluyendo (el 23 de octubre de 1949) que tales normas vulneraban los derechos, siendo «contrarias a las tradiciones democráticas de la nación e infringen los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Organización de las NU, suscrita por el gobierno [acordando] constituir un Comité Nacional encargado de trabajar por la derogación de las leyes denominadas de DPD y de las facultades extraordinarias»¹²⁵. Eje de su lucha fue la derogación de dicha ley, denunciada como destinada a paralizar todo cambio social, siendo desconocedora de los derechos y libertades de las personas. El radical doctrinario Orlando Budnevich sostuvo: «Esta maldita ley hace desaparecer la libertad pública, como también la de expresar la opinión de palabra o por escrito […] Suprime, asimismo, el derecho a reunión, porque generalmente en cada una de ellas hay un agente de Investigaciones que lleva el soplo a sus patrones […] Esta ley también prohíbe el derecho o facultad para luchar por formas superiores de organización social. Es delito luchar por cambiar la fisonomía política del actual régimen. Priva también del derecho de solicitar o luchar por reivindicaciones económicas. Hacerlo es colocarse el sambenito del comunismo. El que lo hace es un rebelde en potencia, un revolucionario, un paria, en resumen, todo, absolutamente todo lo que da vida […] queda sometido al imperio de los legisladores»¹²⁶.

Si bien uno de los objetivos más importantes del comité fue el cierre del Campo de Pisagua y la derogación de la Ley Maldita, sus logros fueron relativos. El balance del Comité, que mencionábamos anteriormente, resaltaba la liberación de un porcentaje de los presos, como el apoyo brindado en sus más diversos aspectos, y la lucha por la restauración de las libertades. Sin embargo, la liberación de los recluidos/trasladados en/a Pisagua se insertó en el contexto de las elecciones parlamentarias de marzo de 1949, como producto de la solicitud del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) radical al Presidente del cese de las medidas tomadas al amparo de las facultades extraordinarias, «especialmente aquellas de traslados de personas a determinados puntos de la República»¹²⁷, y el quiebre de la alianza que posibilitó la represión, el gabinete de administración. Ello significó el distanciamiento de un sector de los socialistas y de los radicales –ahora denominados doctrinarios– respecto del gobierno.

La demanda del CEN radical, de finalizar las medidas tomadas por el Ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias, habría sido condicionada por el Presidente Gabriel González a que la Comisión Parlamentaria declarara el buen estado de los presos en Pisagua, desmintiendo el cargo de campo de concentración. Esta exigencia habría sido satisfecha, medianamente, por el diputado conservador Jorge Errázuriz, presidente de esa comisión, quien habría asegurado el buen estado de los trasladados. Después de ello, Gabriel González se habría reunido con todos los jefes de Zonas de Emergencia, a quienes les habría dado a conocer el informe verbal del diputado Errázuriz y su decisión de suspender todas las consecuencias de la Ley de Facultades Extraordinarias que establecían las zonas de emergencia, por lo cual quedaban sin efecto los traslados a Pisagua de los dirigentes comunistas, para que «el acto electoral de marzo próximo se realizara en un ambiente de la más absoluta libertad»¹²⁸. En la declaración oficial del gobierno, la cuestión de la calificación del Campo de Pisagua era fundamental: «El gobierno se había abstenido hasta hoy de hacerse cargo de la insistente campaña desarrollada por el Partido Comunista, en orden a que se había establecido un Campo de concentración en Pisagua, cercado con alambres de púas y sujeto a rigurosas medidas de apremio policial, [para] los agitadores comunistas que allí habían sido residenciados […]hecho que una comisión parlamentaria acaba de demostrar inexacto»¹²⁹.

A raíz de tal decisión, «el campamento de relegados de Pisagua ha desaparecido teóricamente, de acuerdo con las disposiciones del gobierno y las medidas adoptadas por el Intendente de Tarapacá y el Gobernador de Pisagua. Ayer, los trasladados en Pisagua y otras localidades de la provincia fueron notificados que quedaban en libertad para trasladarse adonde ellos desearan y que las resoluciones del gobierno adoptadas en su contra quedaban desde ese momento sin valor alguno»¹³⁰. Tras esa orden, las autoridades regionales pidieron instrucciones para el «traslado» de los presos desde Pisagua a Iquique y desde allí a sus lugares de procedencia. Los decretos que ponían fin a las «relegaciones» fueron emitidos el 28 de enero y los primeros en ser liberados fueron los «trasladados» que se encontraban en el Hospital de Iquique, por encontrarse enfermos. Al ponerse término a las facultades extraordinarias, los Intendentes y gobernadores reasumieron todas sus atribuciones, finalizando la autoridad militar¹³¹.

En efecto, una vez terminadas las facultades extraordinarias concedidas al gobierno, los recluidos en Pisagua fueron liberados, pero con orden de relegación a otros puntos del país: «Se nos informa que los siguientes relegados, que hasta ayer se encontraban en Pisagua, han sido enviados a los puntos que se indican»¹³². Fue el caso del diputado Humberto Abarca, enviado a Quellón; Manuel Sasso a Puqueldón; Juan Vargas a Belén; Carlos Márquez a Castro; Lino Barrera, Alfonso Meléndez y Epifanio Flores a Caldera; Guillermo Gálvez, Marino Fontana, Julio Araya Porras y Ruperto Irarrázabal a Cochamó; Silvestre Guerrero, Luis Malbrán, Luis Mercado Cortés, Francisco Patiño, José Miguel Pizarro, Óscar Alejandro Rivera y Armando Rojo a Alhué; Eloy Ramírez, Juan Molina, Ismael Vicencio y Juan Flores a San Juan de la Costa. Los únicos realmente en libertad fueron Natalio Berman y un militante de apellido Quiroz¹³³.

3.- Resistencia

La represión puesta en marcha por el gobierno de Gabriel González y la Ley Maldita suscitó la inmediata organización de los comunistas y de los opositores a aquella y a las leyes de excepción puestas en vigencia. Todos entendían que «la SOLIDARIDAD (sic) con las víctimas de la represión es la primera forma de resistencia […] Es la urgencia de ayudar a los que hoy son arrancados de sus hogares, destituidos de sus empleos, privados de su libertad, trasladados a puntos del país […] mantenidos en calabozos o prisiones arbitrarias o, sencillamente, encerrados entre alambradas ya tristemente célebres»¹³⁴.

En general se habla de resistencia para referirse a la disposición a combatir una dictadura, aunque también puede tratarse de un determinado régimen en el poder, contra el cual deben definirse objetivos a conseguir, los que pueden apuntar a su derrota, la negociación, el desmantelamiento total del orden creado, o solo parcialidades. Las resistencias pueden actuar de forma autónoma o en alianza con otras, y de ello, muchas veces, depende su éxito. Un aspecto importante es el espacio en el cual se desenvuelve la resistencia, si es el marco impuesto por la dictadura/régimen o fuera de él, lo que depende de si ciertas instituciones siguen existiendo y tienen, o no, capacidad fiscalizadora o de contrapeso, pues ello incidirá en la potencialidad y tipo de resistencias. Las que están fuera de la institucionalidad siguen lógicas distintas. Las resistencias pueden ser pasivas o activas; las primeras son aquellas casi privadas, no militantes, y se manifiestan en actitudes; las activas, en cambio, son más orgánicas: grupos de reflexión, partidos ilegales, organizaciones públicas, movimientos sociales clandestinos, grupos conspirativos¹³⁵.

En este caso utilizamos el término resistencia para referirnos a aquellos que rechazaron en su totalidad las políticas de represión física (arrestos, relegaciones, torturas, internación en el Campo de Pisagua) como las leyes que suspendían los derechos y libertades garantizados constitucionalmente (facultades extraordinarias, Zonas de Emergencia, Ley de Defensa Permanente de la Democracia) y que se movilizaron en su contra, por su derogación. Es decir, resistencias activas. A nuestro entender es posible hablar de resistencia toda vez que hubo expulsión de un sector político, en el marco de la suspensión de los derechos constitucionales, pretendidamente legitimados en los estados de excepción. Sus militantes debieron pasar a la clandestinidad –un punto clave–, salvo sus parlamentarios, a excepción del senador Pablo Neruda, acusado de injurias al Presidente de la República, por lo que fue perseguido, debiendo huir del país. Entre quienes resistieron incluimos al Partido Comunista y agrupaciones como el Comité de Solidaridad y Libertades Públicas, al que ya hicimos alusión, y el Movimiento por la Paz, ambos de carácter pluriideológico. Asimismo, distintos tipos de resistencia, tanto la abierta como la clandestina, toda vez que, en el caso analizado, subsistió parte de la institucionalidad, ya que los partidos siguieron existiendo –salvo el Comunista que pasó a la clandestinidad–, el Congreso no fue clausurado y mantuvo una importante cuota de autonomía, y las orgánicas sociales fueron perseguidas, pero no cerradas, como la prensa, la cual solo pudo ser censurada. Todo esto permitió cierta oposición abierta, pública, para aquellos que todavía podían utilizar esas instituciones. Aunque fuera de la institucionalidad, hubo también una resistencia abierta de los propios recluidos en Pisagua. Expulsado del sistema político, el Partido Comunista, ilegalizado, resistió desde la clandestinidad.

A diferencia de lo ocurrido bajo la dictadura ibañista de 1927, la resistencia contra el régimen de Gabriel González fue políticamente amplia, en la cual los comunistas no lucharon aislados, logrando unirse a sectores políticos socialcristianos, algunos radicales, otros socialistas, posibilitando el accionar en distintos ámbitos. El propósito de estas resistencias no era el derrocamiento del gobierno, sino la eliminación de las medidas de excepción constitucional, impedir la aprobación de la Ley de Defensa de la Democracia y, posteriormente, su derogación, y de las medidas de represión tomadas al amparo de esas normas excepcionales: el fin de las relegaciones y el cierre del Campo de Pisagua. En el entender de la resistencia, su acción buscaba la defensa de la democracia: «los Comités de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas y de Recuperación de estas mismas libertades han tomado la iniciativa de promover un amplio movimiento nacional que cohesione las energías y las luchas de todos los ciudadanos que aman de veras la democracia, a fin de instaurar un régimen conforme a la voluntad de la mayoría del país. Al mismo tiempo han elaborado un proyecto de ley sobre la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia y un programa de trabajo para obtener la aprobación de él por el Parlamento, la libertad de los innumerables presos, relegados y perseguidos políticos […] la derogación de las Zonas de Emergencia, la restitución de los derechos cívicos a los eliminados de los Registros Electorales […]la disolución de la policía política, el castigo a los flageladores y la reincorporación de los obreros y empleados exonerados de sus cargos por razones políticas»¹³⁶.

La primera resistencia fue la del Partido Comunista, el que anteriormente, en la dictadura ibañista (1927-1931), enfrentó la persecución, el exilio y el confinamiento de sus más altos dirigentes en la isla Más Afuera en el archipiélago Juan Fernández, así como la relegación y apresamiento de decenas de militantes. En ese momento su proceso de bolchevización apenas había comenzado, careciendo de los conocimientos y herramientas para afrontar con éxito la arremetida de la dictadura, por lo que sus dirigentes fueron rápidamente detenidos, confinados o exiliados y rotos sus lazos con los trabajadores. La dictadura consiguió, también, fracturar a la naciente izquierda y al movimiento obrero, los que reaccionaron de forma diversa respecto a cómo lidiar con ella. Por ejemplo la negativa del PC de sumarse a otros grupos que resistían, implicó su aislamiento político. Cuando emergió de la dictadura, había perdido parte sustancial de sus militantes, su conexión con las bases sociales, estando muy debilitado¹³⁷.

El Partido Comunista chileno de 1948 enfrentó la nueva persecución en condiciones muy diferentes y con la decisión de evitar los golpes demoledores de 1927. Su Secretario General, Ricardo Fonseca, definió el tipo de resistencia comunista y los espacios en los que se desarrollaría. Lo primero fue desechar una resistencia armada para derrocar al gobierno, considerando las divisiones que afectaban al movimiento obrero tras la ruptura de la CTCH y el quiebre entre comunistas y socialistas, al igual que el distanciamiento político con radicales. Siguiendo las enseñanzas de Lenin, «Con la vanguardia sola es imposible triunfar […] Los partidos comunistas […] han aprendido a atacar. Ahora deben comprender que esta ciencia tiene que estar completada con la de saber replegarse con el mayor acierto». La opción fue «pelear, pero retirándose organizadamente […] y combatiendo, resistir y resistir, salvando la organización y los cuadros»¹³⁸. En consecuencia, la primera preocupación fue salvaguardar a los dirigentes, evitando su captura por los organismos policiales estatales, de modo de asegurar el paso del partido a la ilegalidad, con su organización y cuadros intactos, a la vez que Fonseca montó un secretariado en la clandestinidad. Dispersó a lo largo del país a los viejos dirigentes que habían combatido a la dictadura ibañista para enseñar a la nueva generación, inexperta en esas lides. La lucha se enfocó en mantener la solidaridad con los trabajadores que declaraban huelgas, impulsando paralizaciones o movilizaciones por aumentos salariales, precio de los alimentos y artículos de primera necesidad –las «subsistencias»– y los canon de arrendamiento, buscando incorporar nuevos grupos a la «lucha contra la dictadura y los planes imperialistas»¹³⁹. En el panfleto «Con el fantasma de la cesantía se da un nuevo golpe al estómago del pueblo», los comunistas explicaban la exigencia de la empresa salitrera (CSTA) a que los trabajadores moderaran sus «aspiraciones» como una forma de asegurar un gran incremento de sus utilidades a costa de las condiciones salariales y de vida de los obreros. Por ello, desde la clandestinidad sostenía su política de movilización de los trabajadores, quienes debían insistir, en el caso de los salitreros, en un reajuste de un 40% y un aumento en el racionamiento de carne y pan, abriéndose a un comercio mundial amplio y evitando el cierre de muchas oficinas. Los obreros no debían permitir que el acoso represivo del gobierno detuviera sus luchas sociales: «¡CIUDADANOS, LUCHAD CONTRA LAS ALZAS Y LAS FACULTADES […] Luchemos en los sindicatos y en todos los organismos por aumentos de salarios y sueldos, contra toda alza, por viviendas, por el cumplimiento de los convenios, por igual salario del hombre y de la mujer. Por la formación de un gobierno popular que dé solución a los problemas»¹⁴⁰.

En ese sentido, el discurso de la clandestinidad se mantenía dentro del debate socio-político del período de Gabriel González acerca de la presión obrera por los salarios y los precios de los artículos esenciales, especialmente de los alimentos, los que crecían al ritmo de la espiral inflacionaria y la especulación y que estuvieron en el origen de muchas de las huelgas de los años cuarenta y de la represión posterior.

Asimismo, la resistencia comunista tuvo como objetivo la denuncia del Campo de Pisagua, el imperialismo norteamericano, la defensa de las libertades públicas y el rechazo de la Ley de Defensa de la Democracia. Para ello usaron el Parlamento, la prensa –pública y clandestina– y cualquier tribuna, incluyendo las paredes, para revelar la política gubernativa y acrecentar la movilización en su contra. Este tipo de resistencia era coincidente con la propugnada por el bolchevismo acerca de la «revelación política», es decir, la denuncia, para esclarecer la naturaleza del poder al que se enfrentaban¹⁴¹.

La primera resistencia pública comunista la ofrecieron sus parlamentarios, quienes recurrieron a la institucionalidad vigente aún en pie, para intentar detener el avance coercitivo del estado, presentando una acusación constitucional contra el Ministro del Interior, entre otros motivos por «la detención inhumana de mujeres, como es el caso de las regidoras señorita Blanca Sánchez, de Lota, y señora Julieta Campusano, de Santiago, negándose a la primera hasta el derecho de proveerse de las más indispensables prendas de vestir, y apresándose a la segunda en estado avanzado de embarazo, al extremo de que dio a luz apenas horas después de ser detenida»; y más aún por «el anuncio de que en Pisagua, Huara, Pozo Almonte y otras partes del territorio nacional existen o se preparan verdaderos campos de concentración donde se están reuniendo a muchos relegados políticos trasladados en las peores condiciones que puedan imaginarse, desde todos los puntos del país, entregando su vigilancia a las fuerzas armadas»¹⁴². La acusación constitucional lo instaba a responder por la detención de numerosos regidores, alcaldes y secretarios municipales, por la suspensión de las autoridades administrativas, bajo tuición militar por las Zonas de Emergencia, por la prohibición de acceso a ellas, por la expulsión de poblaciones obreras y de trabajadores a la isla Quiriquina sin orden de relegación, así como por las numerosas acciones propiamente castrenses aplicadas por las fuerzas armadas en sus respectivas Zonas. En esa materia, el diputado Óscar Godoy denunció que «2.200 obreros […] fueron sometidos a largos interrogatorios por la autoridad militar con el objeto de establecer quiénes eran los dirigentes que los habían inducido a esa acción incalificable. Del resultado de esta investigación se pudo establecer el nombre y la afiliación de más o menos 300 dirigentes, los que fueron detenidos de inmediato y trasladados a bordo del buque madre Araucano, donde comenzaron ayer mismo a funcionar los tribunales militares […] Los llamados Tribunales Militares han estado conociendo de supuestos delitos de competencia de la Justicia Ordinaria, lo que anula de nulidad absoluta la mayoría de los procesos y de las sentencias que puedan haber dictado»¹⁴³.

Sin duda, la principal resistencia pública comunista la personificó el poeta Pablo Neruda, quien desde el hemiciclo refutó las acusaciones que en su contra lanzó el gobierno, atribuyéndole injurias al Presidente de la República y sometiéndolo a los Tribunales de Justicia. Fue desaforado y se ordenó su detención. En ese marco, Neruda imputó al Presidente pretender evitar «que desde este recinto se deje escuchar mi crítica a las medidas de represión […] ante el Honorable Senado […] En Chile no hay libertad de palabra, no se vive libre del temor. Centenares de hombres que luchan por que nuestra patria viva libre de miseria son perseguidos, maltratados, ofendidos y condenados […] Hay una petición de desafuero en mi contra. La razón de ella no está en las acusaciones que se me hacen, sino en el hecho, imperdonable para el gobierno, de haber hecho saber al país y al mundo sobre las actuaciones que él quería hacer permanentemente en la sombra espesa, aherrojado el país por las facultades extraordinarias, la censura de prensa y las detenciones»¹⁴⁴. Citando al abogado Carlos Vicuña Fuentes, su defensor ante el Pleno de la Corte de Apelaciones, sostuvo que sus cargos políticos a Gabriel González no eran injurias, porque correspondían a hechos ciertos y conocidos en Chile y el mundo, como la intromisión estadounidense en el aparato estatal del país, especialmente en el militar, y la participación de empresas extranjeras en la identificación de los futuros trabajadores detenidos, nacionales y extranjeros.

Los parlamentarios comunistas, falangistas y algunos radicales hicieron del Congreso Nacional un espacio de resistencia a la persecución y las leyes de excepción constitucional. Desde allí Neruda lanzó su feroz «Yo acuso al Presidente de la República, desde esta tribuna, de ejercer la violencia para destruir a las organizaciones sindicales. Yo acuso al Presidente de la República, presidente de las organizaciones franquistas […] Yo acuso al Presidente de la República de la desorganización y descenso de la producción, como fruto de la evacuación en masa de miles de trabajadores»¹⁴⁵.

Un elemento clave en la construcción de la memoria nacional respecto de la persecución contra el comunismo hecha por este partido fue el lenguaje, el cómo denominar lo que estaba ocurriendo, en especial la ley exclusoria buscada por el Presidente. Durante la discusión en el Congreso, el senador comunista Carlos Contreras Labarca calificó el proyecto de Ley de Defensa de la Democracia como maldito: «Lleva el estigma de la maldición de todas las conciencias limpias y democráticas de nuestro país; y despoja a la clase obrera del acervo de sus más preciadas conquistas y libertades, y restablece la inquisición y el régimen de San Bruno»¹⁴⁶. El senador comunista buscó graficar el tipo de represión en boga, estableciendo una conexión con la persecución en tiempos de la Reconquista española y la lucha por la Independencia nacional, feroz e ilegítima. Al tiempo, vaticinaba su futuro: «He aquí el resultado que ha de traer esta ley maldita. Esta ley no habrá de estabilizar a un gobierno que el país entero repudia y desprecia, y que apenas se sostiene por medio de la violencia y del terror; no habrá de dar luces y sabiduría para el país, a un gobierno que solo atiende las instrucciones que vienen desde Washington; no habrá de dar decencia a un régimen corrompido de traficantes que solo se preocupan de su propio enriquecimiento»¹⁴⁷. Más aún, la calificación de maldita para las leyes que coartaban los derechos civiles y políticos, en supuesta defensa de la seguridad, ya había sido levantada por la izquierda durante los años treinta, precisamente para enfrentar la Ley 6026 de Seguridad Interior del Estado, primera ley salida del Congreso Nacional, discutida durante 1936 y aprobada en enero de 1937: «Tal como había ocurrido con las huelgas ferroviarias de 1935 y 1936, que coadyuvaron a acelerar el proceso de unidad sindical, la denominada “ley maldita” fortaleció los lazos entre actores sociales y políticos. Así se desprendía de la coordinación entre el Frente de Unidad Sindical (antecesor de la CTCH), el Frente Popular, La Liga por la Defensa de los Derechos del Hombre y la Federación de Estudiantes de Chile, los que junto a intelectuales y personalidades del país acordaron constituir un organismo unitario para rechazar el proyecto»¹⁴⁸. Aunque la denominación de maldita en 1937 no tuvo el impacto que tendría la de 1948, en la batalla por los imaginarios, a las acusaciones a los comunistas de extranjerizantes y propulsores de huelgas revolucionarias, estos respondieron otorgando a la Ley de Defensa de la Democracia su apellido, Maldita.

Una de las armas más utilizadas por los comunistas fue la imprenta, desde donde salieron escritos en distintos formatos. Según el historiador Andrew Barnard, la resistencia en forma de publicaciones clandestinas respondió a la dificultad para seguir resistiendo en el campo sindical, por las limitaciones que imponía el Código del Trabajo, de manera que en la medida que la persecución arreciaba, aquella se fue trasladando a la prensa clandestina¹⁴⁹. A nuestro entender, también influyó la cultura política de izquierda y comunista, en particular. Como ya ha sido planteado, la prensa era vista por anarquistas y comunistas como un medio para la organización del movimiento obrero, su movilización, la difusión de su pensamiento político y propaganda, de educación del mundo obrero, por lo que se convirtió en un elemento central en su forma de entender y hacer política. La prensa permitía confrontar a la cultura dominante y articular la propia¹⁵⁰. Este era un rasgo muy pronunciado entre los comunistas: «Todo esto venía de antes. Venía de la tradición de Recabarren. Es uno de los factores que explican el hecho de que el Partido Comunista sea el partido político de Chile que nunca ha dejado de tener su propia prensa. Este concepto, esa idea está vinculada a la existencia misma del partido. Recabarren, dondequiera que llegara, fundaba la Federación Obrera (la FOCH), el partido y el periódico»¹⁵¹. En ese marco insertamos la resistencia mediática comunista de los años cuarenta, la lucha por mantener un discurso alternativo al oficial, que desmintiera sus acusaciones y develara lo que se entendía como la naturaleza de su régimen, tras el cierre de la prensa partidaria: El Popular de Antofagasta, El Despertar de Iquique, El Siglo de Coquimbo, Jornada de Valdivia y El Siglo de Santiago. Eje de esa resistencia fue la mantención de imprentas donde editar folletos, panfletos y prensa que mantuvieran viva la voz del partido. En los periódicos asociados al PC en clandestinidad participaba un espectro político variado, como ocurría en Solidaridad y Democracia. En este trabajo nos abocaremos preferentemente a la resistencia de panfletos.

A diferencia de la dictadura ibañista, cuando la prensa comunista fue escasa, los Prefectos de policía y de Investigaciones de los tiempos de Gabriel González informaban permanentemente al Jefe de Zona de Emergencia de Tarapacá del hallazgo de panfletos en la vía pública: «En calle Pedro Lagos, un panfleto en el que se recuerda la muerte de Luis Emilio Recabarren, y en su parte final se injuria a S. E. el Presidente de la República y su gobierno. Horas más tarde, el carabinero Alberto Villalobos Jiménez encontró, en la Plaza Condell, SIETE (sic) de estos mismos ejemplares y el carabinero Mario Aguirre encontró 15 más en la Plaza Prat»¹⁵². Este tipo de denuncia no era excepcional, pues constantemente la Prefectura de la misma provincia informaba sobre volantes y recortes de propaganda encontrados pegados en las “javas” que transportaban los obreros pampinos: «No fue posible ubicar al autor(s) de esa propaganda, pero se presume que llega de otras localidades en encomiendas, sobres y paquetes postales, por lo que esta Prefectura dio instrucciones al Jefe de la Tenencia de Pozo Almonte para que se entrevistara con el Bienestar de las oficinas salitreras de su sector, para controlar la llegada de paquetes a aquellas personas que se encuentren sindicadas de simpatizantes comunistas […] estos mismos volantes y folletos han llegado por intermedio del correo, dirigidos al suscrito y a oficiales de su dependencia […] si esa Jefatura lo estima procedente, disponga que el Gabinete de Identificación trate de individualizar las posibles huellas digitales que puedan encontrarse en su interior»¹⁵³.

Los impresos comunistas buscaban quebrar la exclusión a que los sometía la política represiva de Gabriel González. Según el testimonio de su militante Samuel Riquelme, «en Santiago se organizaban a cada rato algaradas, “mitines-relámpago”»¹⁵⁴, por medio de los cuales vendían el periódico de la JJCC, Mundo Nuevo, y lanzaban «palomitas», es decir, volantes y panfletos. Los panfletos y los rayados en las murallas fueron parte de los medios de comunicación utilizados durante la segunda clandestinidad. El Prefecto de Carabineros denunciaba a la Jefatura de Zona: «En el Cementerio Nº 3 se encontró en la muralla exterior y a todo lo largo, por el lado oeste, escritura con lápiz de cera que decía: “Abajo el Traidor. Abajo González Videla, Viva el Partido Comunista, etc., etc.”. Estas escrituras fueron borradas de inmediato […] A las 6:45 horas, en el Cementerio Nº 2, se encontró en la muralla exterior, por el lado oeste, escrita la siguiente frase con alquitrán: “Viva el Partido Comunista, luchar por el derrocamiento del Tirano, Muera el Rey Títere de la pantalla de ladrones, el Vende Patria, Afuera los asesinos de la Moneda”. Estas frases también fueron borradas. – Octavio Allende Letelier. – Teniente Coronel de Carabineros y Prefecto»¹⁵⁵. En las murallas se recalcaba la alianza con Estados Unidos: «En la Bomba No. 8, en la calle Juan Martínez No. 558: “Libertad presos políticos. – Viva el P.C.– Videla de Truman. – 1º. de mayo. – Mueran los traidores…”.Se comunicó este hecho al Servicio de Investigaciones, habiéndose procedido a borrar los motes de que se trata»¹⁵⁶.

Los panfletos instalaron al régimen y a la represión de Gabriel González como parte del conflicto político chileno, regional y mundial, leído siempre en clave imperialista. Por ello, los panfletos abordaban distintos aspectos de esa confrontación.

El Partido Comunista interpretó la represión de Gabriel González como parte del alineamiento de Chile con Estados Unidos en el naciente conflicto con la Unión Soviética y la solidificación del dominio norteamericano sobre América Latina. En ese sentido no se trataba de una persecución aislada, sino parte de una nueva configuración del escenario regional-mundial. Uno de los panfletos editados clandestinamente por el PC y dirigido a saludar a la Revolución Bolchevique en su 32 aniversario, se congratulaba del crecimiento del mundo comunista tras el triunfo de la revolución en China en 1949 y la configuración de la Europa del Este (1947-1949), en comparación a lo que calificaba como la agresión imperialista estadounidense en el subcontinente americano: «El Imperialismo Yanky ha elaborado los planes de dominación llamados “Marshall”, “Clayton”, “Truman” y otros, y ha confeccionado pactos obligándolos a aceptarlos a los países débiles, tales como “El Pacto de Rio de Janeiro”, donde se acordó formar un ejército continental al servicio del Estado Mayor yanky con 3.000.000 de soldados a su servicio en caso de guerra puestos por Chile, que serán reclutados entre lo mejor de nuestra Juventud; obreros, empleados, estudiantes, etc., que serán carne de cañón en algún frente de guerra fuera del país, defendiendo los intereses yankys […] Este pacto vergonzoso lo suscribió González Videla como sirviente del imperialismo y la oligarquía, por eso declara la guerra a los obreros de su patria»¹⁵⁷. En ese aspecto, la nueva dependencia regional de Chile implicaba no solamente la exclusión de los partidos comunistas de su sistema político y la persecución a sus dirigentes y a su base social, sino también la reorganización del sistema interamericano al servicio de Estados Unidos, como parte de su disputa por la hegemonía mundial¹⁵⁸.

Un rechazo abierto a esta forma de dependencia lo constituían los cambios que ello producía en la política internacional de Chile, la que históricamente se había situado a favor de la paz. No obstante, como parte de la conformación de los bloques de la Guerra Fría, los países fueron empujados a adherir públicamente a uno de ellos; en el caso de América Latina y Chile, al liderado por Estados Unidos. A comienzos de la década del cincuenta, los comunistas discrepaban de ese cambio en las relaciones internacionales llevado a cabo por el régimen de Gabriel González. En el volante «Chile no debe ir a la guerra», el PC rechazaba la decisión del Ejecutivo de tomar una posición belicista en la naciente Guerra Fría: «El Presidente de la República ha anunciado el envío inmediato de tropas chilenas a la Guerra de Corea o a cualquier lugar de Europa, Asia, África o donde sea necesario a defender los conceptos de democracia y libertad […] la orden del Presidente […] no basta por sí sola para movilizar soldados chilenos fuera del territorio nacional, en ausencia de razones que justifiquen la adopción de tal medida»¹⁵⁹. A juicio comunista, Chile debía mantener su historial de favorecer la solución democrática y pacífica de las disputas, política sostenida por la Cancillería chilena. El folleto «Juventud» llamaba a resistir el alineamiento occidental del país y su apoyo a lo que entendía como agresión a los movimientos descolonizadores: «El imperialismo yanqui está en guerra con los pueblos que luchan por su libertad […] Su intromisión en Corea obedece a convertir ese país en punta de lanza de su ubicación estratégica en Asia para agredir a las naciones libres y democráticas, y desatar la 3ª. GM, e impedir, reprimir los movimientos de liberación nacional que han estallado en ese continente, después de China y Corea, como son Indochina, Birmania, Indonesia, etc.»¹⁶⁰. La completa subordinación de Chile a las directrices estadounidenses aparecía como explicación de la política internacional del gobierno, rompiendo con su historial diplomático, como lo ejemplificaban las tratativas confidenciales llevadas adelante por el Presidente para entregar un corredor a Bolivia: «La entrega de Arica […] no es algo que se ventila entre países libres y democráticos, sino […]entre tres tiranuelos, serviles instrumentos del tirano mayor: TRUMAN, las grandes empresas imperialistas yanquis, es el gobierno de traficantes de Norteamérica, quienes exigen y se beneficiarán con esta desmembración de Chile, para construir una nueva base militar, refinerías de petróleo, un cómodo puerto de embarque»¹⁶¹.

Desde ese punto de vista, la resistencia comunista situó el accionar del Presidente y su gobierno en un bando político.

Por su parte, los recluidos en el Campo de Pisagua decidieron resistir de diversas maneras, siendo la primera su reafirmación patriótica: «Los presos de las zonas del carbón, del salitre, del cobre y de Santiago, llevados al norte en el Araucano, barco de la Armada, bajaron y penetraron al Campo de concentración de Pisagua cantando el Himno Nacional»¹⁶².

La decisión era enfrentar la nueva detención sin dejarse batir: «Haremos de esta prisión una escuela […] tenemos que volvernos más fuertes […] Seremos el batallón que lucha en el desierto de manera silenciosa [hay que] hacer de Pisagua una escuela, una forma de lucha y no una caleta de amargura»¹⁶³. Esta disposición fue idéntica a la mantenida por los confinados en Más Afuera durante la dictadura de Ibáñez, quienes fueron calificados de «irreformables» por la policía a cargo de su vigilancia, debido a la reafirmación de su ideología, habiendo transformado su prisión en un espacio para la lectura política, incluso intentando instruir a los delincuentes comunes que se encontraban en la isla. En esta segunda experiencia de 1947-1949, reiteraron esa actitud. Por eso, junto con los víveres y frazadas que llevaban los distintos comités de ayuda y solidaridad, siempre se enviaban «revistas y libros de lectura que necesitan impostergablemente los relegados, detenidos»¹⁶⁴.

Quienes visitaron el campo en sus inicios –el diputado Díaz, el director de El Despertar y un dirigente del comité– fueron informados que los maestros organizaron doce cursos de enseñanza, «que comprenden un grupo de alfabetización y otro de cultura general y en cuyo desarrollo participó la casi totalidad de los trasladados. Estos cursos se realizan no obstante la carencia de medios necesarios, tales como textos de enseñanza, cuadernos, lápices, etc.»¹⁶⁵. Esta tarea educadora fue resaltada por el periodista de El Siglo que visitó el Campo de Pisagua: «Es emocionante […]aprovechar su estada para aprender nuevos conocimientos que sirvan mañana al pueblo y los trabajadores; funcionan numerosos cursos de alfabetización, estudios superiores; tienen conjuntos artísticos y se preocupan del deporte»¹⁶⁶. A su juicio, requerían de parlantes para poder escuchar música, tema que abordaría con el Jefe de Zona de Emergencia, General Guillermo Aldana.

Como parte de su rechazo al mote de satélite soviético, la resistencia comunista destacó, contrariamente, el carácter profundamente chileno del partido, enraizado en la historia nacional: «Lo fundaron obreros chilenos y siempre han militado en él los mejores hijos de la clase obrera. Recogimos la bandera de la patria y de la justicia, levantada por O’Higgins en 1810»¹⁶⁷. Parte de esa lucha se expresó entre los recluidos en el Campo en la conmemoración de la Toma de Pisagua, durante la Guerra del Pacífico, una tierra conquistada con el conocimiento territorial de los miles de peones chilenos que fueron incorporados al Ejército y que trabajaban en las salitreras desde antes de la guerra: «Los pobladores de este pueblo y los dirigentes comunistas y sindicales que se encuentran relegados en este puerto, conmemoraron […] esta fecha […] los relegados organizaron un acto en que el Capitán de Ejército Luis Alberto Boero hizo una breve reseña histórica de la fecha conmemorada. Luego se desarrolló un programa artístico […] iniciándose con la Canción Nacional […] la delegación de relegados de Valparaíso cantó su himno intitulado “La despedida del 25 de octubre” en la barcaza “Bolados” y se agradeció la facilidad del Capitán, Comandante del destacamento del grupo “Salvo” en Pisagua»¹⁶⁸.

En ese sentido, la reclusión en el Campo de Pisagua no provocó la deserción política de sus militantes, como había ocurrido en 1927, sino se mantuvieron dentro de su colectividad y unidos en la lucha contra los estados de excepción constitucionales de Gabriel González. Por eso, una de sus batallas fue la demanda por el cierre de Pisagua, calificado como campo de concentración, como lo explicitó el manifiesto lanzado por el Comité de Relegados de Pisagua: «Pedimos solidaridad a todos los hombres y mujeres demócratas del país: que se termine la vergüenza de los campos de concentración. Defendemos elementales principios humanos y derechos atropellados. Las Naciones Unidas han condenado estos bárbaros métodos y procedimientos. Llamamos a todos los chilenos conscientes a luchar por la defensa de nuestro régimen democrático. Por la libertad de los presos políticos y por la derogación de las leyes represivas [...] Que Chile no sea una mancha tenebrosa en un mundo que marcha hacia una democracia más alta […] Reclamamos […] se liquide este maldito campo de concentración y vuelva la seguridad y el honor a nuestra patria»¹⁶⁹.

La posibilidad de este tipo de resistencia se relacionó con la subsistencia del Congreso y los partidos, que permitieron acceso al campo y comunicación con los allí recluidos, de modo que las resistencias actuaban coordinadamente. Por ello, la fuerza de la demanda por cerrar Pisagua, deslegitimar las leyes represivas y la urgencia de su derogación provenían de ese carácter del régimen contra el cual se luchaba. Este manifiesto al pueblo de Chile formaba parte de la resistencia que oponía relatos alternativos a los del gobierno, desmintiendo sus afirmaciones e impidiendo su monopolio informativo y el manejo de la opinión pública que ello le posibilitaba.

Parte de esa contienda fue la decisión de los recluidos de declararse en huelga de hambre, tal como lo anunció el Gobernador de Pisagua al Intendente: «Doy cuenta a US. que ayer siete horas ciudadanos trasladados a esta localidad declaráronse (sic) en huelga de hambre. Prácticamente no reviste tal carácter, sino han resuelto no recibir rancho fiscal […] Se sabe extraoficialmente que esta determinación tiene carácter indefinido»¹⁷⁰. Esta decisión respondió a la aprobación parlamentaria de las cuartas facultades extraordinarias solicitadas por el Presidente de la República, las cuales le permitían seguir manteniendo el Campo de Pisagua, las prisiones y la suspensión de los derechos constitucionales: «Estos y otros hechos que denunciamos a la opinión pública del país, han determinado que hayamos adoptado la gravísima resolución de ir a una HUELGA DE HAMBRE (sic) a contar del 21 de noviembre de este año, como única arma de que disponemos para defender la poca vida que nos queda […] y protestar por el nuevo período de opresión que vivirá nuestra patria. Con ello ponemos en peligro nuestras vidas, pero lo hacemos con firmeza y decisión, teniendo conciencia de que es preferible la muerte de una vez a la muerte lenta y dolorosa a que estamos sometidos y porque, al mismo tiempo, sabemos que luchamos por la restauración de la democracia chilena»¹⁷¹. Estas expresiones aludían no solo al tema de la alimentación, el agua y las malas condiciones existentes en el lugar, sino a los muchos enfermos en Pisagua y los muertos: Félix Morales, Ángel Veas, Isaías Fuentes, exgobernador de Coronel, José Bello Oliva, exgobernador de San Vicente, sacado agónico del Campo y fallecido en Rancagua. Según el teniente Coronel de Carabineros, Octavio Allende, solo siete de los 312 recluidos en Pisagua, en noviembre de 1948, no se sumaron a la huelga de hambre. Tras una semana, la huelga fue depuesta momentáneamente, cuando recibieron una comunicación telegráfica de los parlamentarios comunistas en Santiago, en la cual también se les señalaba que se gestionaba su libertad.

En el contexto de la huelga de hambre, algunos recluidos en Pisagua decidieron emprender la fuga. Así fue informado por la Prefectura de Tarapacá a la Jefatura de Zona en la misma comunicación que se daba cuenta de la huelga de hambre: «A la lista faltaron los trasladados Salvador Araya Araya, Amador Cortés Araya y Luis Droguet Rodríguez, quienes se presume se hayan fugado por mar». Meses antes, en julio de 1948, ya se había observado la ausencia en la lista de seis recluidos, situación que se repitió en enero del año siguiente, cuando el Prefecto comunicó la falta de otros seis¹⁷². Poco después se fugó desde el Hospital Regional de Iquique «el trasladado Julio de la Jara, que se encontraba hospitalizado en la cama No. 36, sala 5, del 2º piso. Al parecer se había fugado por no encontrarse en las diversas dependencias del establecimiento». Según lo averiguado, se escapó en medio de tratamientos en distintos pabellones del recinto, del cual sería devuelto al Campo de Pisagua, una vez dado de alta, mientras otros cinco fugados a mediados de diciembre de 1949, fueron capturados en Caleta Buena. Uno de los fugados fue Gavino Baltasar Supanta, 38 años, casado, carnet N.00997879, de Iquique, agricultor, quien había abandonado el puerto de Pisagua, por lo que de inmediato se impartieron las instrucciones consiguientes con el fin de ubicar su paradero, pero «hasta la fecha no se han obtenido resultados favorables»¹⁷³. Como mencionamos antes, la esposa de Gavino Baltasar Supanta solicitó reunirse con él, lo cual le fue negado por el Jefe de Zona.

A esta resistencia interna se sumó la internacional, la que perseguía rebatir las noticias que circulaban acerca de la situación de Chile, enviada por agencias norteamericanas. Pablo Neruda fue la voz de la resistencia comunista en el exterior. Apenas organizados los campos de detenidos y la expulsión en masa de obreros y sus familias a lo largo del territorio nacional, el poeta-senador comunista escribió una Carta íntima para millones de hombres, publicada en el diario venezolano El Nacional, de Caracas¹⁷⁴. Así lo explicaba: «Quiero informar a todos mis amigos del continente sobre los desdichados acontecimientos ocurridos en Chile. Comprendo que gran parte de la opinión se sentirá desorientada y sorprendida […] esta tradición democrática, patrimonio central de los chilenos y orgullo del continente, está siendo hoy aplastada y deshecha por la obra conjugada de la presión extranjera y la traición política de un Presidente elegido por el pueblo»¹⁷⁵. La carta daba cuenta de los atropellos que estaban ocurriendo en el país, detallando sus motivaciones y describiendo sus distintas facetas. Neruda delató lo que entendía como un contubernio entre el Presidente «traidor» y el imperialismo norteamericano, aliados para abortar el programa de gobierno, aprobado en una convención democrática, denunciando la injerencia de «la Guggenheim, la Chile Exploration Corp., la Anaconda Cooper, la Anglo Chilean Nitrate, la Braden Cooper Co., la Bethlehem Steel […] organizaciones tentaculares que poseen todos los depósitos minerales de Chile, se movían cercando al Presidente recién elegido»¹⁷⁶, además de grandes banqueros. A ello se habrían sumado las gestiones diplomáticas del Embajador de Chile en Washington, Félix Nieto del Río, y del General Barrios Tirado, a quienes acusó de colaborar en la entrega, por parte de Gabriel González, de información acerca del territorio costero nacional, «secretos militares de las defensas al Estado Mayor norteamericano; y nuevas y numerosas misiones militares y policiales de esa nación actúan, sin ningún control del gobierno chileno, dentro del territorio nacional». Neruda describió a sus lectores la vida y el trabajo en subterra177, bajo el mar hasta ocho kilómetros, invadidos por el polvo grisú, con salarios inferiores a US$00.50 diarios, en jornadas de doce horas y viviendo en piezas junto a seis personas o más, condiciones que hacían comprensible la existencia de movimientos obreros fuertes y combativos: «Sin embargo, ahora y por primera vez, un Presidente elegido precisamente por esos obreros –para que alguna vez se escuchara el clamor que sube desde su infierno– ha declarado en público que el movimiento huelguístico no se debe a las espantosas condiciones existentes en la zona del carbón, sino a complots internacionales»¹⁷⁸.

El poeta-senador quiso desmitificar el calificativo de democrático que se aplicaba a Chile en el concierto continental, en un momento en que todas las libertades eran conculcadas y la represión arreciaba. Voceó al mundo la militarización de la región carbonífera, así como la utilización de aviones y de tribunales militares en tiempo de guerra. Y la apertura de «dos campos de concentración se han habilitado permanentemente en esta guerra contra el pueblo chileno […] El terror, la intimidación, la censura de prensa y de radio, y la delación instigada por el gobierno reina en este momento. No hay garantías individuales, ninguna libertad es respetada por el estado policial de González Videla»¹⁷⁹.

El gobierno interpuso una querella judicial contra Neruda por injurias y calumnias contra el Presidente de la República, delito contemplado en la Ley 6026, sobre Seguridad Interior del Estado, poniéndolo a disposición de los tribunales, para lo cual fue, poco después, desaforado. El vate, como es sabido, huyó del país y continuó su lucha en el extranjero, desde el mundo de la cultura.

La Guerra Fría no fue solo militar, sino además cultural, siendo una confrontación por las mentes de la población, para la que se utilizaron métodos de guerra psicológica, es decir, la persuasión, toda vez que la pugna entre distintos modelos de sociedad se jugó en los estudios universitarios, el cine, la literatura, las historietas y en las distintas expresiones sociales. En esta Guerra Fría cultural, los intelectuales desempeñaron un importante papel, al igual que la propaganda, dirigida a influir en el pensamiento, las opiniones, actitudes, emociones y comportamientos de las personas¹⁸⁰. Los Estados Unidos utilizaron este tipo de guerra para destruir la atracción que ejercía el marxismo y la Unión Soviética entre la intelectualidad europea tras la Segunda Guerra Mundial y atraerla hacia su política exterior, tarea en la que la CIA tuvo un protagonismo clave, desarrollando acciones encubiertas. La Unión Soviética tenía una mayor experiencia en el uso de la cultura como herramienta de persuasión, desarrollada durante la Revolución Bolchevique, la guerra civil-internacional que le siguió y la consolidación del estado soviético. Parte de esta naciente Guerra Fría cultural fue el Congreso Mundial por la Paz, cuyo origen estuvo en el Congreso de Escritores en Berlín del Este, en 1947, y que tomó forma definitiva en París, en 1949, en el Comité Mundial de Partidarios de la Paz y finalmente en 1950, en el Consejo Mundial de la Paz, tras el llamado de Estocolmo. Acusándola de fachada para sus planes de conquista mundial, Estados Unidos contrapuso el Congreso por la Libertad de la Cultura, organizado por la CIA.

El Consejo Mundial por la Paz promovía el antiimperialismo, el desarme nuclear, la coexistencia pacífica y la independencia de los pueblos¹⁸¹. El Partido Comunista de Chile se hizo parte de ese movimiento mundial: «El PC fue parte fundamental de la organización del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de los Partidarios de la Paz, contrario a la guerra en países lejanos geográficamente de Chile y América Latina –como Corea– que no habían amenazado su “interés nacional”», condenando cualquier agresión armada en su contra y la presión sobre Chile para enviar tropas. Todos los esfuerzos debían estar, contrariamente, en la lucha contra la pobreza del pueblo chileno: «El Movimiento Nacional de los Partidarios de la Paz manifiesta que los preparativos para enviar un contingente militar chileno al extranjero serán gravemente atentatorios en contra de los intereses nacionales, en contra de su desarrollo y progreso»¹⁸².

Pablo Neruda, poeta chileno comunista, fue uno de los escritores que, junto a artistas e intelectuales de todo el mundo, participaron en el Comité Mundial de Partidarios de la Paz, en París en 1949, ciudad donde llegó tras su huida de Chile, siendo incorporado a las sesiones en su última jornada y aclamado¹⁸³. La participación de Neruda en este consejo permitió la llegada de su voz y las denuncias contra el régimen de Gabriel González en Chile y una resistencia internacional-cultural. En el comité, Neruda acusó al Presidente estadounidense Harry Truman de ser el mayor responsable de la Guerra Fría, denunciando su ofensiva contra América Latina, subcontinente al que buscaba someter mediante presiones económicas y amenazas a la libertad, como había ocurrido en Puerto Rico y Guatemala. En ese contexto cabía Chile, donde bajo el gobierno de Gabriel González se había lanzado al Partido Comunista a la ilegalidad, rompiendo relaciones con la órbita soviética y persiguiendo a sus militantes y a él mismo¹⁸⁴.

El movimiento realizó numerosas actividades en distintos países, para relevar los valores promovidos, aprobando una serie de resoluciones. En la primavera de 1949, Chile fue sede de la Semana Internacional de la Paz, en la cual participaron obreros, empleados, estudiantes e intelectuales, con actos en sindicatos, radios, el local de la FECH y del MEMCH. En México se celebró el Congreso Americano pro Paz, donde se condenó los regímenes «supervivientes del fascismo», las responsabilidades del «capital monopolista» y la absorción de las economías latinoamericanas, acciones que, en lugar de buscar la paz, impulsaban la guerra y violaban las libertades¹⁸⁵.

La participación del Partido Comunista chileno en ese movimiento internacional colocó su resistencia en el contexto mundial de la Guerra Fría.

La causa de los recluidos en Pisagua, la Ley de Defensa de la Democracia y el efecto del alineamiento latinoamericano respecto de Estados Unidos pusieron al gobierno de González Videla en un lugar en la historia nacional, regional y mundial del momento, en tanto no se trató de un evento aislado, sino conectado a múltiples procesos de la época. En ese sentido, el Campo de Pisagua sintetizó una variedad de procesos internos e internacionales, con proyecciones a futuro.

²² Testimonio de Carmen Vivanco, esposa de Óscar Ramos Garrido, encargado de la Juventud Regional de Antofagasta, ambos militantes comunistas, en José Miguel Varas, Los Tenaces, Santiago, LOM, 2010, p. 77.

²³ Testimonio de Samuel Riquelme, militante comunista, en José Miguel Varas, op. cit., pp. 109-110. El senador socialista Marmaduque Grove denunció en el Congreso la brutalidad con que los carboníferos y sus familias fueron tratadas y expulsadas.

²⁴ La Nación, 21 de agosto de 1947, p. 1.

²⁵ Gabriel González. Memorias. Santiago, Editora Nacional Gabriela Mistral, 1975, vol. I, p. 734.

²⁶ El Rancagüino, 8 de octubre de 1947, p. 3.

²⁷ La Nación, 21 de agosto de 1947, p. 1.

²⁸ Archivo Nacional. Fondo Gabriel González Videla (en adelante AGGV), vol. 99 Discursos, p. 70.

²⁹ Las partes de las Memorias del General Barrios Tirado que se citan, están contenidas en las Memorias de Gabriel González, quien asegura que la viuda del General, señora Elena Merino, se las facilitó y lo autorizó para reproducir algunos capítulos del Tomo V.

³⁰ Gabriel González. Memorias, op. cit., p. 655.

³¹ Ibid., p. 656.

³² El Sur (Concepción), 5 de octubre de 1947, p. 1.

³³ Gabriel González Videla. Memorias, p. 661.

³⁴ El Sur (Concepción), 6 de octubre de 1947, p. 1

³⁵ Boletín de Sesiones del Senado (en adelante BSS), 14 de octubre de 1947, p. 94.

³⁶ El Sur (Concepción), 6 y 8 de octubre de 1947, p. 1; Gabriel González V. Memorias, op. cit., p. 656. El Jefe de Zona en la provincia de O’Higgins fue el teniente Coronel Rafael Ordóñez Pumarino, Comandante del grupo Membrillar. Siguieron las detenciones de dirigentes comunistas en el mineral El Teniente y a quienes no volvieran al trabajo se amenazó con el desalojo de sus familias. El Rancagüino, 23, 24 y 27 de octubre de 1947, pp. 2 y 3, respectivamente.

³⁷ Lira y Loveman. Poder Judicial, op. cit., p. 457. Jody Pavilack también afirma el uso de gran violencia.

³⁸ Barco chato de proa y popa.

³⁹ El Sur (Concepción), 7 de octubre de 1947.

⁴⁰ «Concepción, 7 de enero de 1948», FGGV, vol. 111 (1942-1948).

⁴¹ Gabriel González V. Memorias, pp. 656-657.

⁴² Reunión de Barrios Tirado con autoridades de la zona, el 14 de octubre, en el cuartel general de la III División en Concepción. Gabriel González. Memorias, p. 658.

⁴³ AGGV, vol. 99. Discursos, p. 88.

⁴⁴ Gabriel González V. Memorias, op. cit., p. 659

⁴⁵ BSS, 14 de octubre de 1947, p. 82.

⁴⁶ Solidaridad (Santiago), agosto de 1948, Año 2, No. 2, p. 2; Gabriel González V. Memorias, op. cit., p. 691. El decreto designando Jefe de Zona en Tarapacá: «Telegrama del Subsecretario del Interior a Intendente (urgente), 23 de octubre, 1947: Decreto del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría Guerra, Nº 2284, de fecha 23 del actual, dispone en su parte resolutiva lo siguiente: Declárase Zona de Emergencia la Provincia de Tarapacá y nómbrase Jefe Militar de dicha Zona al General de División Don Guillermo Aldana S. [...] Firmado por Gabriel González Videla, Guillermo Tirado y Manuel Holger». Se ordenaba comunicarlo a gobernadores y demás autoridades de la provincia. Fondo Intendencia de Tarapacá (ITAR), vol. 1853, Ministerio del Interior, 1947-1948.

⁴⁷ El Siglo, 3 de julio de 1963.

⁴⁸ El Despertar (Iquique), 2 noviembre de 1947. Entre los 20 relegados consignados en el artículo estaban el abogado Mario Rojas Díaz, Augusto Fernández, el exdiputado Reinaldo Núñez Álvarez, el regidor Mario Hermosilla Venegas, Humberto Arce Aránguiz y Enrique Kirberg (para el 11 de septiembre de 1973, rector de la Universidad Técnica del Estado). Según el diario radical El Tarapacá, del 2 de noviembre de 1947, en el Araucano llegaron 144 militantes comunistas.

La fuente de donde extractamos esta información, El despertar de los trabajadores, comenzó a reeditarse en Santiago en agosto de 1940, como lo informó el Intendente de Santiago al Director de Investigaciones. En Iquique se publicó entre diciembre de 1946 y febrero de 1948. Archivo Intendencia de Santiago (AIS), 30 de agosto de 1940, vol. 1073, Prefectos, 1940.

⁴⁹ El Despertar, 4 noviembre de 1947.

⁵⁰ Hemos destacado en negrillas –y lo seguiremos haciendo– los distintos términos (trasladados, relegados, concentrados, detenidos) que las autoridades utilizaban para referirse a la orden de reclusión en Pisagua, para denotar la imprecisión legal que inundaba el proceso.

⁵¹ Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados (en adelante BSCD), 4 de noviembre de 1947.

⁵² Ibid.

⁵³ El Despertar (Iquique), 4 de noviembre de 1947.

⁵⁴ El Despertar (Iquique), 15 de noviembre de 1947.

⁵⁵ José Miguel Varas. Los tenaces, op. cit., pp. 107-108; El Despertar (Iquique), 25 de noviembre de 1947. La narración de los relegados a Melinka en Solidaridad, junio de 1948, p. 4. Otros estaban en lugares tan apartados como era el caso del comunista Eugenio Vallejos, relegado en Chilcaya, o de Isaías Pardo en Guallatiri, ambos en la actual comuna de Putre, a más de 4 mil metros de altura; otros en Cosapilla, Subdelegación de General Lagos, Departamento de Arica en la provincia de Tarapacá.

⁵⁶ El Tarapacá (Iquique), 29 de octubre de 1947, p. 5; también 23 y 25 de octubre, pp. 2 y 5; Documento No. 1, Solidaridad (Santiago), agosto de 1948, Año 2, No. 2, p. 2. Aparecen muchos nombres; El Rancagüino, 20 de noviembre de 1947, p. 3.

⁵⁷ El Siglo (Santiago), 3-4 de julio de 1963, p. 5. Según Levensberg, en octubre de 1947 era Jefe de Plaza de la oficina “Alianza”, en Tarapacá.

⁵⁸ Augusto Pinochet. El día decisivo. Santiago, Andrés Bello, 1979, pp. 23 y 72-77.

⁵⁹ Prefectura de Tarapacá, Reservado No. 20, ITAR, vol. 1839. Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948).

⁶⁰ El Despertar (Iquique), 16 de diciembre de 1947; El Norte (Coquimbo), 25 de octubre de 1947, p. 1.

⁶¹ El Despertar (Iquique), 11, 16, 22, 25 y 27 noviembre de 1947. Según el teniente (r) Levensberg, los apresados en Humberstone llegaron a Pisagua en la barcaza Bolados. El Siglo, 4 de julio de 1963, p. 5.

⁶² «Telegrama del Ministerio del Interior a Intendencia de Tarapacá, 29 de noviembre de 1947». ITAR, vol. 1853, Ministerio del Interior (1947-1948). La experiencia de relegación en lugares distintos de Pisagua en Salgado, op. cit., cap. 3.

⁶³ El Despertar (Iquique), 1 de enero de 1948. Era el caso del alcalde y del regidor de Pisagua, Domingo Espinoza y Gabino Baltazar, dirigentes sindicales de la oficina Aguada y del encargado del diario El Despertar.

⁶⁴ «Ministerio del Interior a Intendente, 11 de agosto de 1948». ITAR, vol. 1853, Ministerio del Interior (1947-1948).

⁶⁵ ITAR, vol. 1853, Ministerio del Interior (1947-1948).

⁶⁶ «Prefecto a Jefe de Zona», 10 y 28 de noviembre de 1949, ITAR, vol. 1865. Carabineros e Investigaciones (1949). Doris tenía 18 años al momento de su detención. Es posible encontrar los decretos del Ejecutivo ordenando el «traslado» a Pisagua de numerosas personas, firmados por el Presidente y sus ministros del Interior y Defensa en mayo de 1948, en ITAR, vol. 1853, Ministerio del Interior (1947-1948).

⁶⁷ Alberto Carrasco García, General de Brigada, VI División de Ejército, Of. Confidencial No. 15, 8 de febrero de 1949, ITAR, vol. 1809, Reparticiones Militares (1943-1950).

⁶⁸ «Inspector Jefe provincial de Investigaciones a Jefatura de Zona de Emergencia», No. 227 y parte de novedades No. 4, Iquique, 14 de septiembre y 29 de agosto de 1949, ITAR, vol. 1865. Carabineros e Investigaciones (1949). En noviembre llegó personal del diario comunista El Popular, de Antofagasta, acusado de «imprimir panfletos subversivos en contra del gobierno». El Tarapacá, 1 de noviembre 1947, p. 1.

⁶⁹ Ministerio del Interior, Circular Confidencial No. 1936, 10 de mayo de 1949, ITAR, vol. 1851, circulares de los ministerios (1947-1953)

⁷⁰ General Alberto Carrasco García, 2 de septiembre de 1949, ITAR, vol. 1809, Reparticiones Militares (1943-1950). El caso de Tristán Barrera puede seguirse en el vol. 1854, Oficios Generales (1948-1949). Epifanio Flores parece haber sido liberado en septiembre de 1949, considerando el informe a su favor enviado por el General Carrasco.

⁷¹ Intendente Justo Pastor Rivera a Jefe de Zona de Emergencia, 29 de agosto de 1949, ITAR, vol. 1854, Oficios Generales (1948-1949).

⁷² Intendencia a Jefe de Zona de Emergencia, decreto No. 398, 30 de agosto de 1949, ITAR, vol. 1854, Oficios Generales (1948-1949).

⁷³ La Prensa Austral (Punta Arenas), 5 de diciembre de 1947, p. 8. Las Zonas de Emergencia terminaron, momentáneamente, en los primeros meses de 1950.

⁷⁴ Gabriel González. Memorias, op. cit., p. 692.

⁷⁵ «Gobernador de Pisagua a Intendente, Oficio No. 122, 28 de febrero de 1946» (Memoria correspondiente al año 1945), ITAR, vol. 1838, Gobernaciones (1946-1948).

⁷⁶ Tomás Rivera Muñoz «Gobernador a Intendente, Oficio No. 65», 23 de mayo de 1946 y «Prefecto de Carabineros a Intendente, Oficio No. 198, 10 de febrero de 1947», ambos documentos en ITAR, vol. 1838, Gobernaciones (1946-1948); La Nación, 24 de enero de 1948, p. 1. Las autoridades regionales denunciaron la decadencia del puerto ya en 1943, reiterándose en 1945 al extremo que se propuso el traslado del Departamento de Pisagua a Zapiga. Consultar: ITAR, vols. 1802, 1828 y 1832, Ministerio del interior, 1943 y Oficios a los Ministerios (1945-1947), Ministerio del Interior, 1946, respectivamente.

⁷⁷ La Nación, 24 de enero de 1948, p. 1.

⁷⁸ Gabriel González V., Memorias, op. cit., p. 692 y 695. Asegura que esa información coincidía con la del periodista Mario Planet y del diputado José Avilés (2ª agrupación departamental de Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Tal Tal; radical), quienes habrían visitado Pisagua. Según la información comunista, las barracas se comenzaron a construir en diciembre. El Despertar, 1 de diciembre de 1947. Según la declaración del detenido en Pisagua, Carlos Luis Jorquera, Planet envió un reportaje a la revista Time, donde calificaba al Campo de Pisagua como un «country club». El Siglo, 20 de julio de 1963, p. 2.

⁷⁹ Solidaridad, agosto de 1948, Año 1, No. 2, p. 2.

⁸⁰ General Guillermo Aldana en La Nación, 24 de enero de 1948, p. 1.

⁸¹ Testimonio del teniente (r) Levensberg, El Siglo, 4 de julio de 1963, p. 5.

⁸² Las cifras de detenidos provienen del informe del General Aldana en Gabriel González, Memorias, op. cit., pp. 693-694. En la entrevista del General Aldana, de enero de 1948, él aseveró que en Pisagua había 487 trasladados y 113 familias, de los cuales cien eran de Tarapacá. La Nación, 24 de enero de 1948, p. 1. Un análisis del tipo de militante que fue perseguido y confinado en Pisagua y otros puntos en relación al género y la edad, en Alfonso Salgado, op. cit., pp. 135 y ss.

⁸³ El Tarapacá (Iquique), 11 de noviembre de 1947, p. 5.

⁸⁴ El Tarapacá (Iquique), 4 de noviembre de 1947, p. 5.

⁸⁵ Reservado No. 20, 1 de septiembre de 1948, ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948).

⁸⁶ Solidaridad, agosto de 1948, Año 1, No. 2, pp. 1 y 3. La descripción que haremos de la vida en el Campo proviene de esta misma fuente.

⁸⁷ El Siglo, 4 de julio de 1963, p. 5.

⁸⁸ El Despertar, 1 de diciembre de 1947.

⁸⁹ El Despertar, 21 y 27 de enero de 1948.

⁹⁰ El Despertar, 4 de febrero de 1948.

⁹¹ Solidaridad, Año 1, No. 2, agosto de 1948, p. 2.

⁹² Ibid., El Tarapacá (Iquique), 26 de noviembre de 1947, p. 5; el General Aldana en entrevista con La Nación, 24 de enero de 1948, p. 1. En el caso de los «confinados de Más Afuera» de 1927-1929, ellos mismos debían cocinar, pues era parte de la distribución de tareas ordenada por los carabineros a cargo.

⁹³ Solidaridad, agosto de 1948, Año. I, No. 2, p. 1; El Tarapacá (Iquique), 26 de noviembre y 12 de diciembre. de 1947, pp. 5 y 7, respectivamente.

⁹⁴ La Nación, 24 de enero de 1948, p. 1.

⁹⁵ Alfredo Muñoz Eyzaguirre, Teniente Coronel de Carabineros y Prefecto a Intendencia de la Provincia, 29 de septiembre de 1947, ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e investigaciones (1946-1948).

⁹⁶ El Siglo, 22 de julio de 1963, p. 2. Según el testimonio de Jorquera, una comisión investigadora de la Cámara viajó a Pisagua en enero de 1949, entregándosele un resumen de las atenciones médicas, las que, a su juicio, reflejaban el mal estado de salud de los reclusos en Pisagua.

⁹⁷ El Despertar, 20 de noviembre de 1947. Ese fue, también, el caso de Reinaldo Núñez y de la regidora y directora de la Escuela de Lota, Blanca Sánchez, 16 de diciembre de 1947.

⁹⁸ Alfredo Muñoz Eyzaguirre, Teniente Coronel de Carabineros y Prefecto a Intendente, 3 de octubre de 1947, ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948).

⁹⁹ «Prefecto de Carabineros a Jefe de Zona de Emergencia», Memorándum 45, 15 de noviembre de 1947, ITAR, vol. 1865, Carabineros e Investigaciones (1949).

¹⁰⁰ El Despertar, 24 de enero de 1948. Félix Morales Cortés fue militante de la JJCC desde 1930 y Secretario Regional de la Juventud Comunista en 1934; el Presidente Pedro Aguirre Cerda lo nombró en 1940 Secretario de la Gobernación de Arica, cargo en el que permaneció hasta 1944, para luego trabajar como pintor en la oficina Victoria. Era escritor y poeta. En 1946 comenzó a colaborar en El Despertar. Su historia es relatada por Volodia Teitelboim en Pisagua.

¹⁰¹ Félix Morales envió un telegrama al Ministerio del Interior, reclamando por su detención y demandando que se le liberara. Sin embargo, el Ministerio confirmó la orden de detención, solicitada por el Jefe de la Zona de Emergencia. «Ministerio del Interior a Intendente (urgente)», 7 de enero de 1948, ITAR, vol. 1853 Ministerio del Interior (1947-1948). Según la prensa fue llevado grave al Hospital de Iquique, pero falleció. El Despertar, 9 de diciembre de 1947.

¹⁰² «Intendente a Secretario General de Gobierno», Oficio No. 125, 20 de noviembre de 1948, ITAR, vol. 1853, Ministerio del Interior (1947-1948).

¹⁰³ Confidencial No. 15214, 15 diciembre de 1948, ITAR, vol. 1853 Ministerio del Interior (1947-1948)

¹⁰⁴ El Despertar (Iquique), 4 de noviembre de 1947.

¹⁰⁵ El Despertar (Iquique), 11, 15 y 20 de noviembre de 1947.

¹⁰⁶ Solidaridad (Santiago), junio de 1948, Año I, No. I.

¹⁰⁷ El Despertar (Iquique), 15 y 13 noviembre de 1947.

¹⁰⁸ El Despertar (Iquique), 22, 26 y 27 de noviembre de 1947; 4 y 5 de diciembre de 1947.

¹⁰⁹ El Despertar (Iquique), 9 de diciembre de 1947; 1 y 16 de enero de 1948.

¹¹⁰ El Despertar, 28 de enero de 1948. Entre las donaciones llegadas desde Santiago estaban las del senador Elías Lafertte y del diputado falangista Radomiro Tomic.

¹¹¹ Solidaridad, junio de 1948, Año I, No. I.

¹¹² El Despertar (Iquique), 25 de diciembre de 1947; también 20 y 21.

¹¹³ El Despertar (Iquique), 21 y 28 de noviembre de 1947.

¹¹⁴ Solidaridad (Santiago), Año 2, No. 2, octubre de 1949, p. 8. El comité fue informado al Congreso por el senador Guillermo Guevara, BSS, 4 de noviembre de 1947.

¹¹⁵ Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas. El Estado Policial o la Ley de Defensa de la Democracia Santiago, 1951, pp. 83; Rolando Álvarez «Frente Popular. Democratización y represión en Chile (1938-1952)» en Rolando Álvarez Forjando la vía chilena al socialismo. El Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970), Valparaíso, América en Movimiento, 2020, p.89 ; la incorporación de la FECH fue rememorada en Democracia (Santiago), 13 de marzo de 1950.

¹¹⁶ Rolando Álvarez. «Frente Popular», op. cit, p. 89.

¹¹⁷ El Despertar (Iquique), 29 de noviembre 1947.

¹¹⁸ Solidaridad (Santiago), Año 1, No. 2, agosto de 1948, p. 2.

¹¹⁹ Solidaridad (Santiago), Año 1, No. 2, agosto de 1948, p. 2. La cita es de este mismo artículo; Año 2, No. 2, octubre de 1949, p. 5.

¹²⁰ Solidaridad (Santiago), Año 2, No. 2, octubre de 1949, p. 7.

¹²¹ El Estado Policial, op. cit., pp. 79-80.

¹²² Solidaridad, Año 1, No. 2, agosto de 1948, p. 2.

¹²³ Solidaridad (Santiago), Año 1, No. 2, agosto de 1948, p. 3. El énfasis es nuestro.

¹²⁴ Solidaridad (Santiago), segunda quincena de junio, 1951, p. 3.

¹²⁵ Solidaridad (Santiago), Año 2, No. 2, octubre de 1949. El comité estuvo formado por Miguel Lawner, Rudecindo Ortega, Óscar Waiss, Mireya Lafuente, Víctor Galleguillos, Humberto Martones, Santiago Wilson, Carlos Vicuña, Domiciano Soto, Manuel Eduardo Hübner y representantes de las organizaciones que adhirieron.

¹²⁶ Solidaridad (Santiago), ibid., p. 4.

¹²⁷ El Tarapacá (Iquique), 27 de enero de 1949, p. 1.

¹²⁸ El Tarapacá (Iquique), 27 de enero de 1949, p. 1.

¹²⁹ El Tarapacá (Iquique), 31 de enero de 1949, p. 2. La comisión parlamentaria no dictaminó el carácter de Pisagua ni el estado de los reclusos, pues sus miembros renunciaron. Fue solo un diagnóstico supuestamente verbal que Errázuriz le habría dado.

¹³⁰ El Tarapacá (Iquique), 28 de enero de 1949, p. 4.

¹³¹ El Tarapacá (Iquique), 29 de enero de 1949, p. 8.

¹³² Democracia (Santiago), 28 de septiembre de 1949.

¹³³ Democracia, 28 de septiembre de 1949, sin número de página.

¹³⁴ Solidaridad, Año I, No. I, junio de 1948, p. 2.

¹³⁵ Bárbara Koehn. La resistencia alemana contra Hitler, 1933-1945. Madrid, Alianza, 2005.

¹³⁶ Comité de Solidaridad y libertades Públicas El Estado policial, op. cit., p.9.

¹³⁷ Hemos analizado esto en Verónica Valdivia Subversión, cohesión y consenso, op. cit., cap.II

¹³⁸ Luis Corvalán. Fonseca, combatiente ejemplar. Talleres Gráficos Lautaro, 1949, pp. 166-167.

¹³⁹ Ibid., p. 168.

¹⁴⁰ «Inspector Jefe de Investigaciones a Intendente», No. 231, Confidencial, 18 de septiembre de 1949, ITAR, vol. 1865 (1949); véase también el volante «El pueblo dice ¡Basta ya con tantas alzas, miseria y cesantía!», ITAR, vol. 1883, Carabineros e Investigaciones (1951).

¹⁴¹ Jean-Marie Domenach. La propaganda política. Buenos Aires, Eudeba, 2009, p. 24.

¹⁴² BSCD, 28 de octubre de 1947. Firmaron la acusación los diputados Andrés Escobar, Oscar Baeza, Natalio Berman, Cipriano Pontigo, Bernardo Araya, Juan Vargas Puebla, Carlos Rosales, Víctor Contreras, Alfredo Escobar y Luis Valenzuela.

¹⁴³ BSCD, 4 de noviembre de 1947.

¹⁴⁴ Pablo Neruda. Yo acuso. BSS, 6 de enero de 1948.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ BSS, 22 de junio de 1948, p. 768.

¹⁴⁷ BSS, 22 de junio de 1948, p. 768.

¹⁴⁸ Frente Popular, 30 de diciembre de 1936. Agradezco a Rolando Álvarez esta información.

¹⁴⁹ Andrew Barnard. El Partido Comunista de Chile, 1922-1947, Santiago, Ariadna, 2017, p. 242.

¹⁵⁰ Karen Donoso Fritz. «Las mordazas a la prensa obrera. Los mecanismos de la censura política en Chile, 1919-1925». Izquierdas, No. 28, julio de 2016, pp. 191-225.

¹⁵¹ Testimonio del militante comunista Américo Zorrilla en José Miguel Varas, Los tenaces, p. 45.

¹⁵² «Prefecto a Jefe de Zona», 20 de diciembre de 1949 e Inspector Jefe provincial de Investigaciones a Intendente, No. 198, Confidencial, 25 de agosto de 1949, ITAR, vol. 1865, Carabineros e Investigaciones (1949). En el documento de agosto, el Inspector señalaba que en el allanamiento al exlocal de la CTCH en Iquique se habían encontrado 14 publicaciones comunistas entre novelas y folletos, las que aparecen identificadas por sus títulos.

¹⁵³ «Prefectura de Tarapacá No. 1 a Jefatura de Zona de Emergencia», 2 de diciembre de 1948», ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e investigaciones (1946-1948).

¹⁵⁴ José Miguel Varas. Los tenaces, op. cit., p. 107. Carabineros e Investigaciones procedieron a «recoger cuantos panfletos les fue posible», Confidencial No.81, 3 de septiembre de 1949, ITAR, vol. 1865 Carabineros e Investigaciones (1949).

¹⁵⁵ «Memorándum No. 38», 2 de noviembre de 1949, ITAR, vol. 1865, Carabineros e Investigaciones (1949).

¹⁵⁶ «Prefecto a Jefe de Zona de Emergencia», 19 de abril de 1948, ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948).

¹⁵⁷ «A la URSS en su 32 aniversario», Prefecto a Jefatura de Zona de Emergencia, 11 de noviembre de 1949, ITAR, vol. 1865, Carabineros e Investigaciones (1949). En el mismo volumen consúltese también el Memorándum No. 37 de la Prefectura al Jefe de Zona, del 26 de octubre de 1949, y el del 22 de octubre sobre la paralización de las oficinas del grupo Nebraska, que implicaría la cesantía de 45.000 obreros y empleados.

¹⁵⁸ En uno de los panfletos encontrados en la oficina Victoria y el mercado municipal de Iquique, se argumentaba el cierre de la prensa comunista «por denunciar los desaciertos gubernativos de González Videla, los robos de la camarilla que le rodea, la entrega de nuestras materias primas y nuestra independencia política, económica y militar a los deseos de los banqueros de Wall Street (Pacto del Atlántico)», «Prefecto a Intendente», Iquique, 1 de mayo de 1949, ITAR, vol. 1865, Carabineros e Investigaciones (1949).

¹⁵⁹ Prefecto accidental a Intendente, No. 159, 6 de febrero de 1951, ITAR, vol. 1883, Carabineros e Investigaciones (1951).

¹⁶⁰ ITAR, vol. 1866, gobernaciones y subdelegaciones (1948-1950).

¹⁶¹ «No solteís el Morro», en ITAR, vol. 1866, gobernaciones y subdelegaciones (1948-1950).

¹⁶² Senador Carlos Contreras Labarca, BSS, 19 de noviembre de 1947.

¹⁶³ Ángel Veas en Volodia Teitelboim. Pisagua, op. cit., p. 36.

¹⁶⁴ Solidaridad, Año I, No. 2, agosto de 1948, p. 2.

¹⁶⁵ El Despertar (Iquique), 22 de noviembre de 1947.

¹⁶⁶ El Despertar (Iquique), 1 de diciembre de 1947.

¹⁶⁷ Luis Corvalán Ricardo Fonseca, op. cit., p. 170. Sobre el impacto de la experiencia frentepopulista en la cultura política comunista y su carácter nacional, ver Marco González M. «Comunismo chileno y Frente Popular. Las representaciones de los comunistas chilenos a través de la revista Principios, 1935-1947». Izquierdas, No. 11, 2011, pp. 54-69; Jaime Massardo. La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren. Contribución al estudio crítico de la cultura política de los grupos subalternos de la sociedad chilena. Santiago, LOM, 2008.

¹⁶⁸ El Despertar, 5 de noviembre de 1947.

¹⁶⁹ «Los relegados de Pisagua se dirigen al país», noviembre de 1948, en ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948).

¹⁷⁰ «Luis Saldes Walker, Mayor Gobernador suplente a Intendente de Tarapacá», 23 de noviembre de 1948, ITAR, vol. 1838, gobernaciones (1946-1948).

¹⁷¹ «Los relegados de Pisagua se dirigen al país», ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948).

¹⁷² La cita en «Prefecto a Jefe de Zona, 22 de noviembre 1948»; además «Prefecto a Intendente, 2 de julio de 1948», ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948) y «Confidencial No. 8, 21 de enero de 1949», ITAR, vol. 1865, Carabineros e Investigaciones (1949).

¹⁷³ «Froilán Lagos Lillo, Prefecto accidental a Intendencia», 26 de diciciembre de 1948, ITAR, vol. 1839, Oficios Enviados desde Carabineros e Investigaciones (1946-1948). En el mismo volumen, los documentos de 16 de septiembre de 1948 y del 14 de diciembre del mismo año.

¹⁷⁴ Pablo Neruda. «Carta para millones de hombres», en Para nacer he nacido. Cuaderno No. 6.

<www.librosmaravillosos.com>.

¹⁷⁵ Ibid., p. 179.

¹⁷⁶ Ibid., p. 180.

¹⁷⁷ Baldomero Lillo. Subterra, subsole. Concepción, 1904.

¹⁷⁸ Pablo Neruda. «Carta íntima a millones de hombres», op. cit., p. 189.

¹⁷⁹ Ibid., p. 197.

¹⁸⁰ Frances Stonor Saunders. La CIA y la Guerra Fría Cultural. España, Debate, segunda edición en español, 2013. La participación de intelectuales en la lucha política de los gobiernos comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Max Hastings. La guerra secreta. Espías, códigos y guerrillas, 1939-1945. Barcelona, Crítica, 2016, cap. 3. Los conservadores chilenos trataron de rechazar la tesis de la seducción del marxismo entre la intelectualidad, siendo, a su juicio, solo una minoría. El Diario Ilustrado, 6 de marzo de 1948, p. 3..

¹⁸¹ Ibid., caps. 2-4; Jean-Marie Domenach. La propaganda política. Buenos Aires, Eudeba, tercera reimpresión, 2009; Bernarda Calandra y Marina Franco (editoras). La Guerra Fría Cultural en América Latina, Buenos Aires, Colihue, 2012.

¹⁸² «Chile no debe ir a la guerra», noviembre de 1950, (Fdo.) Olga Poblete y Guillermo del Pedregal, «Prefecto accidental a Intendente», No. 159, 6 de febrero de 1951, ITAR, vol. 1883, Carabineros e Investigaciones (1951). Véase también el «Memorándum No. 6, Confidencial», 28 de julio de 1951, en el mismo volumen.

¹⁸³ Germán Albuquerque. La trinchera letrada. Intelectuales latinoamericanos y Guerra Fría. Santiago, segunda edición, Ariadna Ediciones, 2017, pp. 35-38 y 41; Adriana Petra. «Cultura comunista y Guerra Fría: los intelectuales y el Movimiento por la Paz en Argentina». Cuadernos de Historia, No. 38, 2013, pp. 99-130.

¹⁸⁴ Germán Albuquerque, op. cit., p. 49-50.

¹⁸⁵ Democracia, 5, 8 y 19 de octubre de 1948, pp. 1, 4 y 3, respectivamente.

Capítulo II Punto de llegada. Anticomunismo, Guerra Fría y Ley Maldita en Chile (1938-1948)

Durante el período gubernamental de Juan José Arévalo (1945-1950) [...] «El peligro de que Guatemala se vuelva comunista y pase a ser una cabeza de playa para que la Unión Soviética se infiltre en Centroamérica y amenace el Canal de Panamá es remoto y diría que, por el momento, no existe […] El peligro verdadero es de otra índole […] El peligro, señores, es el mal ejemplo. No tanto el comunismo como la democratización de Guatemala […] los avances en esa dirección significarían para nosotros un retroceso y una pérdida». Mario Vargas Llosa, Tiempos recios, p. 24

La historia de Pisagua es indisociable de la denominada Ley Maldita, aquella que estampó legalmente la exclusión de los comunistas y que fue discutida mientras se encontraban ya en el Campo.

La Ley de Defensa de la Democracia de 1948 fue vista durante mucho tiempo como una anomalía, una excepción dentro de una historia en la cual los conflictos políticos se resolvían dentro de la institucionalidad, de forma pacífica. El concepto de Estado de Compromiso, que Moulian aplicó para la historia política del período, enfatizaba la idea de negociación y acuerdo, aunque también reconocía momentos de conflictividad y polarización. No habría sido una historia lineal. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia se insertaba en un contexto de gran confrontación, con un Partido Comunista en el gobierno, frente a lo cual la derecha abandonó sus posiciones defensivas para lanzarse a la ofensiva, entendida como la extirpación de la amenaza, ante a la imposibilidad de su neutralización¹⁸⁶.

La interpretación predominante asoció esa ley al estallido de la Guerra Fría, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que América Latina se alineó con Estados Unidos. En ese momento, la nueva potencia inició una ofensiva contra los comunistas y su influencia sobre los trabajadores, poniendo fin a lo que se ha denominado la «primavera democrática» roosveltiana en el continente, impulsando la expulsión de los comunistas de los sistemas políticos, tal como ocurrió en Chile bajo Gabriel González y en la experiencia dramática de Guatemala¹⁸⁷. Aprovechando las necesidades de financiamiento que tenía Chile, Estados Unidos lo habría presionado económicamente, exigiendo la salida de los comunistas del gobierno, lo que sumado a las huelgas encabezadas por el PC determinaron a Gabriel González a romper con sus antiguos aliados. La ley buscó detener la agitación comunista entre los trabajadores¹⁸⁸, especialmente entre los obreros carboníferos, usando la Ley Maldita como parte de la «guerra» que el gobierno le declaró al Partido Comunista de Chile, al que acusó de promover huelgas revolucionarias en esa zona para imponer un régimen totalitario, subordinado a la Unión Soviética¹⁸⁹.

Tras el fin de la dictadura pinochetista, jóvenes historiadores interesados por los grupos de ultraderecha sostuvieron que la ley de 1948 fue una respuesta al creciente poderío del Partido Comunista, especialmente en el terreno electoral, el cual pudo observarse en las elecciones municipales de 1947, su influencia en las huelgas protagonizadas por los trabajadores mineros y la agitación en el campo, todo lo que movilizó a la ultraderecha nacionalista, encarnada en el grupo Estanquero y la Acción Chilena Anticomunista (ACHA)¹⁹⁰. En los últimos años se ha recalcado la conexión entre la agitación que los comunistas desarrollaron en el campo, organizando a los campesinos en sindicatos, rompiendo con el «pacto de dominación» supuestamente establecido entre los líderes del Frente Popular, los terratenientes y la derecha en 1938, y la dictación de la ley en 1948. El Presidente hubo de enfrentar las demandas de los terratenientes, de los campesinos politizados y de un movimiento obrero en ascenso. Habría una estrecha conexión entre la Ley de Sindicalización Campesina y la de Defensa Permanente de la Democracia¹⁹¹. De acuerdo al análisis del politólogo Carlos Huneeus, la importancia de la ley no estuvo en la intervención norteamericana, que relativiza, sino en el daño que produjo a la democracia chilena, quebrando a todos los partidos y favoreciendo una lectura subversiva de la demanda social entre el empresariado, el que tras ella restó legitimidad a las peticiones del movimiento obrero. Huneeus sostiene que el anticomunismo que desató dejó profundas y dañinas huellas y que la crisis que derivó en el Golpe de 1973 tuvo su origen en la política anticomunista de 1947 y la Ley Maldita, que no solo persiguió y reprimió al PC, sino afectó los derechos laborales de los trabajadores fiscales y de empresas de servicios de utilidad pública¹⁹². Desde la óptica del anticomunismo, la Ley Maldita sería una de las tres oleadas anticomunistas vividas por Chile en el siglo XX¹⁹³, resultado de presiones anticomunistas de distinto signo, tanto derechistas como socialistas, cerrando una etapa generada por el conflicto social, la modernización política y de la sociedad¹⁹⁴. Tal «guerra contra el comunismo» también se habría dado en la educación chilena, espacio donde se eliminó a los profesores de tendencias izquierdistas, tildados de comunistas, dando lugar a una formación antisovietista y pro norteamericana¹⁹⁵. Rechazando las interpretaciones democratizantes del siglo XX chileno, Elizabeth Lira y Brian Loveman han documentado la represión sobre el movimiento popular a lo largo del siglo XX, la aplicación sistemática de leyes de seguridad interior y la declaración de distintos estados de excepción que le permitieron al estado reprimir, de forma ilegal e inconstitucional. La recurrente violencia estatal fue subsanada, posteriormente, con leyes de amnistía o indultos presidenciales. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia habría sido parte de esa tendencia represiva histórica¹⁹⁶.

Este capítulo analiza el por qué de una ley que excluía a los comunistas si, según los estudios existentes, el sistema político chileno se estabilizó y flexibilizó desde 1932 con la inclusión de la izquierda marxista. En Chile, el Partido Comunista fue incorporado al sistema de partidos y participó de la vida política, constituyendo un factor crucial en el proceso de democratización subsiguiente. Si ello fue así, ¿por qué en determinado momento ese partido y sus militantes fueron considerados una amenaza al orden constitucional? ¿El contexto de Guerra Fría fue lo determinante o las reformas sociales promovidas por ellos? En segundo lugar, inquiere acerca de la decisión de elaborar una ley que contó con un importante respaldo socio-político, siendo aprobada por el Congreso, si ya existía una Ley de Seguridad Interior que tipificaba como delitos una amplia gama de acciones sociales y políticas, estando declarado el Partido Comunista como asociación ilícita, es decir, existiendo ya herramientas legal-penales susceptibles de usarse en su contra.

A nuestro entender, la Ley Maldita debe situarse en un período más amplio que el del gobierno de Gabriel González y dentro de formas represivas de larga data en Chile, toda vez que esta ley respondía al desafío global que la presencia comunista suponía para la secuencia exclusionaria diseñada históricamente. Como ha planteado Fernández Darraz, la oligarquía excluía a través de la práctica política, administrativa y legal, en esa secuencia¹⁹⁷. Esta fórmula de exclusión fue alterada con la introducción de nuevos aparatos coercitivos estatales en los años veinte y treinta –Carabineros, Investigaciones y el Servicio de Identificación–, encargados de la vigilancia y el control social, a pesar de lo cual el aparato legal siguió cumpliendo un papel central. A nuestro juicio, este legalismo era una impronta oligárquica que se expresaba ahora a través de sus partidos, especialmente el Conservador. En ese sentido, los dispositivos represivos-exclusionarios revelan una cierta persistencia de formas oligárquicas de dominación, que cruzaron el espectro político. La persistencia legalista también respondió al tipo de conflicto político en Chile, con una izquierda marxista institucionalizada que participaba de las alianzas de gobierno y su agenda, y con amplias bases sociales. Su fuerza provenía, en importante medida, de su institucionalización. La lucha, por tanto, debía ser sistémica.

En esa lógica, si bien la izquierda marxista se incorporó formalmente al sistema de partidos a fines de 1932, ello fue frenado sistemáticamente con los dispositivos coercitivos estatales de orden legal, policial y de inteligencia. Esta exclusión comenzó a erosionarse en 1938 con el ascenso de la centroizquierda al gobierno, lo que alcanzó su cenit en los comienzos de la administración de Gabriel González, cuando el Partido Comunista cruzó todas las barreras exclusionarias, fortaleciéndose social, política y electoralmente. Por ello, el anticomunismo se dinamizó a partir de 1938, especialmente el de la derecha, la que desde ese momento presionó por su expulsión legal del sistema político. Dicho anticomunismo se entrelazó con el estatismo económico y social llevado adelante por el Frente Popular y los gobiernos radicales, lo que fue rechazado por las derechas, las que buscaron frenar el crecimiento del aparato estatal. Así, anticomunismo y antiestatismo estuvieron en la raíz de la ley.

A ese anticomunismo derechista se sumó el socialista, sobre el que estaban actuando, fundamentalmente, razones coyunturales de índole política y, en menor medida, el anticomunismo doctrinario de izquierda. Ambos anticomunismos utilizaron el ambiente y discurso de la naciente Guerra Fría, bajo cuyo manto se expulsó y persiguió a los comunistas, aunque con sentidos y efectos distintos.

Desde nuestra óptica, el conflicto político chileno sobrepasaba con mucho al problema específico del comunismo y la Guerra Fría, pero los utilizó.

1.- La histórica «guerra contra el comunismo»

Aunque la imagen de un Chile democrático en el siglo XX ya ha sido cuestionada, en general los argumentos han aludido al carácter parcial de la apertura política, dirigida a impedir una democracia más plena, manteniendo importantes exclusiones ciudadanas de campesinos, mujeres, indígenas y pobladores, sin que tal crítica se haya relacionado con la existencia de un acentuado anticomunismo¹⁹⁸. Como estableció el trabajo pionero de Marcelo Casals, el anticomunismo en Chile se enlazó con las tendencias contrarrevolucionarias decimonónicas, las que fueron reforzadas con la Revolución Bolchevique y la creación de la III Internacional. La aparición de un desafiante y poderoso movimiento obrero en Chile tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la transformación del POS en Partido Comunista y su irrupción en el Parlamento fue estructurando un anticomunismo de derecha, el que fue reforzado con la intervención militar y la dictadura ibañista –anticomunismo militar-nacionalista–, la cual ejecutó la primera represión sistemática en su contra. El anticomunismo se profundizó durante los críticos años 1931-1932, bajo el impacto de la Depresión, los golpes militares y la movilización de los sectores populares¹⁹⁹. Según Casals, el anticomunismo se habría articulado claramente en la década de 1930, para enfrentar a una izquierda con pretensiones de poder, neutralizando sus aspiraciones y presiones por transformaciones profundas. En ese sentido habría un anticomunismo de derecha, decidido a defender la nación, la religión y la civilización cristiana occidental, la propiedad privada y las libertades, amenazadas por un comunismo calificado de estatizante, dictatorial y totalitario. Asimismo, existiría un anticomunismo nacionalista, defensor de una idea de nación y de los nacionales, rechazando la diversidad social; dotado de nociones orgánicas, verticalistas y autoritarias de la sociedad, rechazaba las tesis igualitaristas del socialismo y su vínculo con el comunismo internacional, que lo transformaba en una ideología foránea. El anticomunismo conservador y liberal habría incidido en la articulación de la díada izquierda-derecha en los años treinta, toda vez que los polos fueron definidos ideológicamente: socialismo vs capitalismo²⁰⁰. Al parecer esta articulación polarizada era posible, a pesar de que la derecha hizo de la lucha contra el comunismo una de sus tareas principales.

Si se sigue esta argumentación, el anticomunismo no habría sido un impedimento para la estructuración de un sistema de partidos polarizado.

Esta circunstancia se demostraría con la incorporación al Congreso de dos colectividades marxistas, Socialista y Comunista, a fines de 1932, sumándose a los partidos históricos. Esta integración ha facilitado una lectura de la derecha liberal-conservadora como un sector que se «flexibilizó» ante la ampliación de las facultades económico-sociales del estado y la apertura del sistema político, haciendo posible la negociación y el acuerdo entre los polos, con la intermediación de los radicales²⁰¹.

De alguna manera, de la tesis inclusiva se deduce que el comunismo y el anticomunismo podían convivir dentro del sistema. Este trabajo evalúa esa interpretación.

Tanto Rodrigo Patto Sá Motta como Marcelo Casals han estudiado el anticomunismo, definiendo sus matrices doctrinarias: una vinculada a la Iglesia Católica, otra de matriz liberal y una nacionalista, a la vez que analizaron las agrupaciones y los momentos de estallidos anticomunistas. En el caso de Brasil, la intentona comunista de 1935 y los años de Goulart previo al golpe militar de 1964; en el caso de Chile, Casals rastreó un agudo antimarxismo existente desde fines del siglo XIX, el que evolucionó al anticomunismo. La campaña presidencial de 1964 habría constituido un punto de inflexión en esa trayectoria, con la denominada «campaña del terror», llevada adelante por la candidatura de Eduardo Frei Montalva, promovida y auspiciada por Estados Unidos. Para ambos autores, el anticomunismo en sus respectivos países se volvió una corriente doctrinaria permanente²⁰².

Desde nuestro punto de vista, es necesario complementar ese análisis doctrinario del anticomunismo, para el caso chileno, con las formas históricas de exclusión diseñadas por la oligarquía, es decir, evaluar cómo se ligó la práctica de la exclusión política, administrativa y legal con la Ley Maldita, toda vez que esta última, como es fácil apreciar, apuntó a una expulsión de los comunistas en esas tres áreas, esto es, la propiamente política de los registros electorales, cerrando su derecho al sufragio y a tener representación parlamentaria; la administrativa con su expulsión de todo el aparato estatal, incluyendo los establecimientos educacionales, y, finalmente, todo ello estampado en una legislación que excluía y buscaba ser permanente. En esa línea, la ley de 1948 exhibía continuidades que retomaban las barreras históricas de exclusión oligárquica, las que en esta etapa se usaron frente a un desafío obrero-marxista que mostrba capacidad de derribarlas y potenciarse políticamente con su inserción, amenazando el poder oligárquico. En ese sentido, la lucha anticomunista permitiría mantener exclusiones históricas, que aseguraban el orden existente.

Contrariamente a lo que se suele sostener, la década del treinta (1932) muestra el ingreso de los partidos marxistas al sistema de partidos chileno, pero no una inserción plena y libre, ya que sobre socialistas y, especialmente, comunistas se aplicó una represión gubernativa sistemática, de relegaciones, censura a su prensa, apresamiento de dirigentes sindicales y sus representantes parlamentarios. La derecha partidaria respaldó la aplicación de la normativa sobre Seguridad Interior del Estado, creada por la dictadura ibañista y los gobiernos cívico-militares de los años veinte y comienzos de los treinta, sobre la izquierda, legalizándola en la ley de 1937, de la cual fue su impulsora, ofreciendo sus votos para su aprobación en el Congreso. La estructuración de izquierdas y derechas no se consolidó completamente en los años treinta, pues la integración de los comunistas no se normalizó, sino estuvo interrumpida permanentemente, bajo condiciones de acoso. Su incorporación estuvo constreñida por un severo dispositivo represivo legal y policial compartido por el gobierno y la derecha partidaria. No solo fueron las facultades extraordinarias con que gobernó Alessandri todo el año 1933, sino el uso reiterado de distintos recursos legales e ilegales contra la izquierda marxista y los trabajadores, al punto que muchos dirigentes comunistas recordaban esta época como de represión cotidiana²⁰³. Participar en una huelga, editar un periódico o pegar un afiche en una muralla podía costar la cárcel, la tortura o la relegación, como documentan Elizabeth Lira y Brian Loveman. El DL 50 sobre Seguridad Interior del Estado se les aplicó de forma reiterada, las libertades de reunión y de expresión eran transgredidas constantemente, mientras sus parlamentarios eran desaforados, encarcelados o relegados, por lo que su presencia en el Congreso no transcurría con normalidad²⁰⁴. Entre 1933 y 1937 ella no solo fue esporádica, sino encubierta bajo el rótulo de «independientes», pues estaban impedidos de utilizar su verdadera adscripción²⁰⁵.

Esta precariedad solo comenzó a revertirse con la reorganización del sindicalismo y la creación de la CTCH, el desplazamiento de los radicales a la izquierda y la conformación del Frente Popular en 1936. De allí que creemos pertinente modificar la cronología establecida respecto de la ampliación del sistema político, ya que fue recién tras la toma del poder por el Frente Popular a fines de 1938, cuando se produjo la real institucionalización de los comunistas. Que ello fuera así, hace inteligible la activación del anticomunismo derechista, con el propósito decidido y sistemático de expulsarlos del sistema político²⁰⁶. La guerrilla de 1947-1948 solo fue la fase final de una política sostenida desde 1938, que buscaba institucionalizar la expulsión.

En efecto, la alianza de los radicales con los comunistas para la presidencial de 1938 fue fuertemente criticada, pues «da carta de ciudadanía a esos grupos revolucionarios, los alienta a seguir en el camino trazado contra la sociedad»²⁰⁷, siendo un peligro para la estabilidad institucional. A juicio conservador, la disputa electoral era una lucha frontal entre quienes deseaban mantener a Chile como pueblo libre y organizado y «las fuerzas demoledoras que tratan de destruirlo en su esencia para implantar en él la más inconsciente tiranía»²⁰⁸. Tras el fracaso de su tentativa de desconocer el resultado electoral, estuvieron a la espera del derrumbe del gobierno por una acción cívico-militar, el «Ariostazo», conspiración que fracasó, obligando a la derecha a volver al terreno propiamente político, en calidad de oposición²⁰⁹. Los conservadores llamaron a prepararse para la lucha, siguiendo el ejemplo francés, identificando la «raíz del mal, descubrir al enemigo […] Combatirlo, lo urgente»²¹⁰.

Esta decisión de lucha se acentuó a raíz de la activación política del campesinado, en pos de su sindicalización y mejoras en salarios y condiciones de trabajo, respaldada por socialistas y comunistas, frente a lo cual la derecha política y económica cerró filas, coaccionando al gobierno para reprimir lo que denominaban acciones sindicales ilegales. El Presidente Aguirre Cerda se vio enfrentado al dilema de avanzar con la sindicalización campesina o suspender la ley vigente, como había hecho Alessandri y reclamaban los terratenientes y la derecha. Las demandas campesinas fueron leídas desde el anticomunismo, a la vez que se denunciaba como prueba del peligro la expansión comunista en la zona salitrera, las carboníferas, los gremios del transporte y los ferroviarios²¹¹.

La estrategia de los partidos de derecha para lograr su objetivo de exclusión política siguió varios rumbos. En primer lugar, retomar un discurso de décadas anteriores respecto a su carácter antidemocrático, en tanto representaba un peligro para la tranquilidad pública y las instituciones republicanas, que se consideraba «más grave que cualquier amenaza externa». Por ello, la pluralidad político-ideológica del sistema no debía tolerar que «al amparo de las libertades públicas y escudándose en las disposiciones legales que toda democracia se da para la libre expresión de sus ideas […] nazca, crezcan y se desarrollen tendencias y entidades organizadas con el único propósito de perforar la ley»²¹². Desde ese punto de vista, la derecha retomaba el camino andado desde 1919, cuando tras el desafío obrero y de socialistas y anarquistas identificó a las garantías constitucionales de libertad de reunión y de expresión como los canales a través de los cuales la «subversión» y el comunismo se filtraban, amenazando el orden institucional²¹³. Esta capacidad de penetrar el sistema hacía inteligible la percepción derechista de que se trataba de un peligro real que debía ser enfrentado.

Este rechazo era anticomunista más que antimarxista, pues había una cierta tolerancia con los socialistas, aunque también se los hostigaba, especialmente a sus milicias uniformadas, pero sin que se emitieran comentarios ni proposiciones como los reseñados respecto de los comunistas. Esta tolerancia a los socialistas se haría explícita un año más tarde, cuando surgieron conflictos entre ambas izquierdas y el Frente Popular se rompió, con la salida de los socialistas, ocasión en que la derecha los apoyó. Es posible que esa mayor disposición se relacionara, precisamente, con la existencia de un anticomunismo socialista, el que podía ser activado.

Un segundo argumento utilizado por la derecha fue la necesidad de excluir a los comunistas en función del escenario internacional europeo-latinoamericano, en el cual existían ejemplos de eliminación de derechos de sufragio y representación parlamentaria a militantes comunistas. A comienzos de 1940, El Diario Ilustrado informaba de un proyecto de ley que el gobierno francés había enviado a la Cámara para privar a esos militantes de cualquier acción pública, otorgándoseles ocho días para «renunciar a Moscú y a la Tercera Internacional», pues de lo contrario serían relevados de sus funciones. Pocos días más tarde se daba cuenta de la aprobación de tal iniciativa y el cese de funciones de sesenta diputados, destacando la urgencia de que el gobierno chileno siguiera ese ejemplo, debiendo «protegernos […] la depuración debe tener un carácter más definitivo […] exige la misma vigorosa acción que organizaríamos en el caso del frente de batalla»²¹⁴. Este tipo de medidas no era privativa de Francia, sino parte de lo que denominaban una «cruzada mundial», de la que participaban los países nórdicos, Estados Unidos, España, Suiza, Italia, Gran Bretaña. En América Latina, Argentina, Brasil, México y Uruguay habrían comprendido el peligro común al que se enfrentaban: «Uruguay, país de avanzada social en este hemisferio, rompió sus relaciones con el soviet y declaró al comunismo al margen de las leyes republicanas. Brasil, Argentina y Méjico siguieron su ejemplo […] O nos organizamos para defendernos o pereceremos»²¹⁵. En este sentido se instaló el problema en un marco global, dejando a su ofensiva desprovista de parcialidad, para colocar a Chile dentro de la lucha mundial y regional contra el bolcheviquismo. Aunque el «terrismo» uruguayo, que rompió con la URSS y la España republicana, había concluido en 1938, la transición a un régimen propiamente democrático tardó ocho años, existiendo importantes cuotas de continuidad con las prácticas represivas anteriores que explican las acciones contra el comunismo. En Brasil, tras el atentado comunista de 1935 se aplicó una represión draconiana contra su militancia, expulsándola del sistema político y aprobándose una ley de seguridad nacional. Asimismo, bajo la presidencia de Eurico Gaspar Dutra, en 1947, el PCB fue disuelto y se les prohibió el derecho a voto a sus militantes; para 1951, si bien podían tener presencia pública, les estaba prohibida la competencia electoral. En el caso de Argentina, la persecución contra los indeseables fue asumida, en gran medida, por el empresariado y, una vez en el poder, el peronismo también desarrolló una amplia red de vigilancia y represión contra los comunistas²¹⁶. Tal era la política que los partidos de derecha exigían la Presidencia de Pedro Aguirre Cerda, pues se entendía que era una tarea ya asignada al Ejecutivo: «Nosotros cumplimos con el deber de señalar el ambiente político a que estamos abocados. Son otros los que tienen que hacer lo demás»²¹⁷. Contrariamente, Aguirre Cerda trataba de no utilizar todo el aparataje represivo existente, especialmente el legal, aunque sí el policial²¹⁸. La conclusión a que llegaba este análisis era que «entre nosotros, legalmente, no puede existir el Partido Comunista, ni aspirar a cargos representativos»²¹⁹.

Toda la fundamentación anterior tenía como eje central la negación del derecho de los comunistas a ser parte del sistema político del país, contradiciendo la supuesta flexibilidad que habrían mostrado los partidos derechistas desde 1932. Conservadores y liberales, aunque también en ciertos momentos sectores radicales y democráticos, no aceptaron la ampliación fáctica que sufrió el sistema de partidos tras la crisis del orden oligárquico, resistiendo una presencia impuesta por la fuerza del sufragio y de la organización socio-política de los trabajadores. Ella fue neutralizada, como señalamos, durante los años treinta, pero se abrió camino desde 1938, cuando, simultáneamente, se repuso el discurso excluyente. En la coyuntura en análisis, conservadores y liberales presionaron para que se usara la arquitectura legal existente, que había declarado al Partido Comunista como asociación ilícita y facultaba a su represión, tal como el artículo 2 del Código Penal o la Ley 6026 sobre Seguridad Interior del Estado de 1937.

Esta apelación legal tenía importantes implicancias represivas, pues la ley de 1937 tipificaba como delito una amplia gama de actividades ciudadanas, tales como la libertad de expresión, de reunión y asociación, castigando a quienes «propaguen o fomenten de palabra o por escrito doctrinas que tiendan a destruir por métodos violentos el orden social»; también, a aquellos que mantuvieran relaciones con personas o asociaciones extranjeras o se reunieran con la finalidad de derribar el gobierno legítimo; o realizaran huelgas ilegales, entre otras. La definición de su carácter delictual quedaba en manos de la policía, la que decidiría qué palabras, discursos o escritos/proclamas cabían dentro de los artículos de la ley. En concreto, la clausura de imprentas y prensa, así como la imposibilidad de ocupar el espacio público y realizar paralizaciones laborales. Más aún, la ley castigaba con penas de reclusión, relegación y extrañamiento²²⁰, lo que equivalía al apresamiento de dirigentes sociales y políticos, como de parlamentarios, con su eventual relegación a zonas inhóspitas o poco habitadas del territorio nacional o el destierro, como si se tratara de delincuentes, todo dentro de una supuesta normalidad constitucional. Es decir, la suspensión de derechos dentro del Derecho: un Estado de Excepción²²¹.

Este anticomunismo legalista, por otra parte, no representaba una ausencia total de militarización, pues exponentes de esta derecha participaban de algunas orgánicas de ese tipo –como de los Legionarios de Chile, nacidos el 12 de agosto de 1939– o mantenían una relación de complicidad con grupos de ultraderecha, como el Movimiento Nacionalista de Chile, liderado por el General Ariosto Herrera y Guillermo Izquierdo Araya, que desarrollaban una acción anticomunista ideológica y paramilitar²²². La relación de la derecha histórica con los grupos que han sido denominados «derecha radical», de tendencias fascistas, corporativistas y nacionalistas, ha sido poco transparente, debido a la defensa de la derecha partidaria de su autoimagen legalista y respetuosa de las instituciones. No obstante, conservadores y liberales ya en los años 20 estuvieron detrás del surgimiento y el accionar de la TEA y, en los treinta, ampararon a la Milicia Republicana, una entidad militarizada ilegal, de la cual eran miembros algunos de los hijos de los dirigentes derechistas, como de altos mandos de la Armada, y su financiamiento provenía del gran empresariado. Si bien se distanciaban públicamente de organizaciones abiertamente radicales, como el Movimiento Nacional Socialista (MNS), o el Partido Nacional Fascista, la Vanguardia Popular Socialista o el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), hubo acercamiento con los grupos vinculados a la intentona golpista de agosto de 1939 –el «Ariostazo», en el cual participaron varios militantes conservadores y liberales junto a corporativistas como Guillermo Izquierdo Araya, Guillermo Echeñique (columnista de El Diario Ilustrado), entre otros. Durante los primeros años de la guerra y del auge del Eje, para conservadores y liberales era importante no ser vinculado a ningún grupo asociado al nazi-fascismo, pero sí con aquellos que destacaban su carácter nacionalista y se relacionaban con los militares²²³. En la elección complementaria de 1940, el Partido Conservador contó con el apoyo de «todos los elementos que dependen de Guillermo Izquierdo»; posteriormente se realizaron reuniones entre el presidente del Partido Liberal, Eduardo Moore, el Movimiento Nacionalista de Chile y el Frente Nacional Chileno respecto de la elección parlamentaria de 1941 y la necesidad de detener el avance de la izquierda. Hasta 1942, los conservadores establecieron relaciones con el Movimiento Nacional Anticomunista, liderado por René Valdés Von Benewitz, a partir del común anticomunismo católico. Más aún, el peso del anticomunismo en la derecha posibilitó el acercamiento con el ibañismo y la candidatura del exdictador en 1942²²⁴. En otras palabras, conservadores y liberales no se militarizaron abiertamente, pero mantuvieron relaciones estrechas con grupos derechistas que sí lo hicieron, los que estaban dispuestos al enfrentamiento directo y al uso de prácticas abiertamente ilegales. En ese sentido, la lucha anticomunista de la derecha hacía de la ley y el edificio institucional un instrumento clave, pues le permitía redefinir delitos y derechos, lo cual era una impronta oligárquica. Este dispositivo represivo iba acompañado de la labor coercitiva de Carabineros, del Servicio de Investigaciones y de su alianza táctica con grupos nacionalistas, es decir, la derecha radical. La institucionalización de comunistas y socialistas fue el elemento que fortaleció la tendencia derechista a la lucha legal, como prioritaria respecto de la militarizada; y también explica la incapacidad de los grupos nacionalistas de alcanzar protagonismo en la lucha anticomunista, ya que esta se desarrolló dentro de la institucionalidad, sin que ellos pudieran asumir el liderazgo²²⁵.

Nuestra argumentación ayuda a entender que el proyecto presentado el 26 de junio de 1940 por la derecha para reprimir al Partido Comunista no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia de exclusión con raíces anteriores y tirones ulteriores²²⁶. La propuesta fue patrocinada por los conservadores Julio Pereira Larraín, Sergio Fernández Larraín, Arturo Gardeweg y Juan Antonio Coloma; y por los liberales Ladislao Errázuriz Lazcano, Pedro Opaso Cousiño y Pedro Poklepovic. Su propósito se plasmó en el artículo 1 del proyecto: «Quedan prohibidas, dentro del territorio de la República, todas las actividades de carácter comunista, las que serán reprimidas y castigadas de acuerdo con las disposiciones de la presente ley»²²⁷. A ella se agregaron otros artículos referidos a la propagación o enseñanza de la doctrina comunista, de los planteamientos de la III Internacional; la promoción de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, o la difusión o fomento de doctrinas que apuntaran a la destrucción violenta del orden social.

Este proyecto hizo evidente que la exclusión estaba dirigida a los comunistas, toda vez que la Ley de Seguridad Interior del Estado de 1937 –y todos los decretos leyes anteriores entre 1924 y 1932– sancionaba estos mismos delitos, sin identificación de doctrinas, por lo cual su radio de acción podía, eventualmente, afectar a otros transgresores, como ocurrió durante el atentado al Seguro Obrero en 1938. En esa oportunidad, los nacistas y sus cómplices militares violaron todos los artículos contemplados en la ley 6026, pero el gobierno no la aplicó y los parlamentarios de derecha tampoco aludieron a dicha norma durante el debate entablado a raíz de la matanza de los amotinados, ordenada por el Ejecutivo y consumada por los carabineros. Ante el motín, el Ejecutivo optó por la represión física, asesinando a los jóvenes nacistas, sin utilizar su propia legislación, en circunstancias que sí lo hizo en numerosas ocasiones anteriores contra parlamentarios y dirigentes sociales y comunistas por actos que calificó de delitos²²⁸. Considerando que la ley de 1937 no señalaba expresamente que sus destinatarios eran los comunistas, podía ser evadida sin que su aplicación fuera obligatoria. Esto permitió a Pedro Aguirre Cerda soslayar las presiones derechistas para la ilegalización del PC. El proyecto de 1940 buscaba impedir esta evasión e imponer su aplicación, logrando su expulsión del sistema político.

El conservador Sergio Fernández Larraín sintetizó los argumentos del proyecto presentado: el PC chileno correspondía a la sección chilena de la III Internacional, a la que se sometía «de forma absoluta e incondicional», siendo un «traidor», pues el «comunismo internacional atenta contra los principios de la patria y busca eliminar las fronteras, formando una comunidad internacional bajo los designios de Moscú», persiguiendo la dictadura del proletariado, el derrumbe violento del orden y la penetración de las fuerzas armadas, de los obreros urbanos y agrícolas, los estudiantes, profesores y los diversos sectores. Esta obra de demolición interna utilizaría al «Parlamento burgués […] para minarlo desde dentro y con fines de agitación revolucionaria»²²⁹, unificando el trabajo legal e ilegal, dominando los sindicatos, concebidos como escuelas de formación, y penetrando a las fuerzas armadas para destruir su jerarquía y disciplina. El comunismo «envenena la educación de la juventud, insurrecciona a las masas y destruye los conceptos de propiedad, de familia y de patria»²³⁰.

La presentación de Fernández Larraín combinaba anticomunismos doctrinarios y político-contextuales. El comunismo era la encarnación del mal, destructor de los valores occidentales y la familia, razón por la cual no podía ser parte del orden político del país, interpretación del anticomunismo conservador católico. Ya en este informe estaba presente la idea de infiltración: el PC se deslizaba al interior de las organizaciones naturales y sociales, desde donde difundía su mensaje, ganando adeptos y erosionando los del adversario²³¹. Era una «gangrena», aunque no se usara ese término. Esta perspectiva doctrinaria se ligaba al problema político del momento, el programa reformista del Frente Popular²³², el crecimiento comunista entre el profesorado, los estudiantes y los sindicatos, impulsando huelgas tanto en áreas económicas estratégicas (la minería cuprífera, la zona del carbón, las salitreras) como entre gremios no contemplados en el Código del Trabajo y la disposición no represiva hacia las huelgas. El comunismo, por ende, era un enemigo ideológico y político. El proyecto de 1940 apuntaba a la segunda dimensión, para impedir la expansión de la primera.

Las limitaciones del aparato institucional para prohibir la penetración del comunismo fueron reafirmadas por algunos liberales, al rechazar la acusación de inconstitucionalidad del proyecto, aducida por los socialistas, señalando que la Carta reconocía a todos los ciudadanos el derecho de asociarse libremente, pero, sostenía El Mercurio, tal «derecho no es absoluto, pues está subordinado a limitaciones contempladas en la misma disposición constitucional que se invoca»²³³, es decir que no se opusiera a la moral, las buenas costumbres y el orden público. De allí se deducía la prohibición del comunismo, porque la dictadura del proletariado atentaba contra el orden público, tal como sancionaba el artículo 292 del Código Penal, a toda asociación que se creara con ese fin, constituyendo «un delito que existe solo por el hecho de organizarse»²³⁴. Ello había sido ratificado por la Ley 6026 de 1937, que establecía el carácter delictuoso de asociaciones que perseguían la «implementación en la República de un régimen opuesto a la democracia» y que usaban «banderas, signos o emblemas disolventes, internacional revolucionaria y que promueva, estimulan o mantienen huelgas ilegales»²³⁵. Todas las normas que enumeraba el diputado liberal, en la práctica, habían resultado insuficientes para su objetivo central, por eso en el proyecto de 1940 se dejaba explícito que las insignias prohibidas de enarbolarse eran «las insignias internacionales del comunismo»²³⁶.

Se insistía en que el comunismo era un peligro y en la falsedad de su supuesto nacionalismo e independencia de la URSS, argumentando que «la lucha de clases, incorporada en mala hora en los programas de determinados partidos políticos, es la que está soliviantando los ánimos que debieron aplicarse con tesón a la tarea de robustecer la producción», y era también «la lucha de clases la responsable de una exacerbación de las contiendas políticas que de no detenerse a tiempo no puede conducir a otra cosa que a batallas sangrientas en las cuales la nación perdería lo mejor que tiene como capital humano»²³⁷. Ambos argumentos eran políticos, en tanto se culpaba al Partido Comunista del incremento de huelgas que sobrevinieron a la asunción de Aguirre Cerda²³⁸, afectando la producción, y también del clima de antagonismo abierto entre los polos y dentro del Frente Popular. Sin duda, había en el fondo un anticomunismo doctrinario, que defendía la libertad económica, pero era la permisividad que el PC encontraba en un marco institucional diseñado para neutralizarlo, lo que se intentaba modificar.

La derecha aclaraba la diferencia entre socialismo y comunismo y cómo el proyecto apuntaba al segundo. Ricardo Boizard explicaba que el comunismo como idea era respetable y no debía ser perseguido con leyes ni represión, pero sí las organizaciones que «se desvían del ideal primario, claudican contra él y se convierten en verdaderas sectas al servicio de un gobierno exterior»²³⁹. Esa sería una diferencia fundamental entre el socialismo como idea y el PC de la III Internacional. Por su parte, el liberal Smitsman comentaba que: «se le olvidó al socialista [Latcham] distinguir entre socialista reformista y comunismo. Este último tiene por objetivo propiciar violentamente la lucha de clases, con la finalidad de instaurar la dictadura del proletariado […] por métodos violentos»²⁴⁰. Este propósito destructor se agravaba con la existencia de la URSS. Respondiendo a la afirmación del diputado Ricardo Latcham, socialista, que todas las ideologías partidarias en Chile tenían su origen en el extranjero, no solo la comunista, el conservador Fernando Varas aludió a sus conexiones internacionales, a la vez que el liberal Smitsman sostuvo que «el comunismo tiene una directiva máxima internacional, política, social y sindical. Sus programas y métodos y sus objetivos también lo son. Es por esto último y no por lo primero –la raíz internacional de todas las ideas– que le negamos personería para actuar en Chile»²⁴¹. En este caso, se privilegió lo político.

Los socialistas no apoyaron esta iniciativa, porque a juicio de Ricardo Latcham ella estaba dirigida no solo a la proscripción del Partido Comunista, sino de todos «los partidos que no acepten la inmortalidad del régimen capitalista»²⁴². Tampoco la respaldaron los radicales.

Como se sabe, el proyecto fue aprobado en enero de 1941, pero el Presidente Pedro Aguirre Cerda lo vetó, reafirmando su naturaleza inconstitucional y contraria al espíritu del orden existente: «El art. 10 de la Constitución asegura a todos los habitantes de la República la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y los derechos de asociación y reunión. En consecuencia, estimo contrario a la letra y al espíritu constitucional legislar contra la existencia de un partido político por el hecho de profesar determinadas doctrinas contrarias a un orden social determinado, siempre que actúe democráticamente, persiguiendo la realización de esos principios por el ejercicio del sufragio y demás derechos cívicos»²⁴³. Según un militante radical, la estrategia del Presidente fue neutralizar al comunismo sin afectar los principios democráticos, aunque permitiendo otras expresiones de anticomunismo²⁴⁴.

La reacción de los conservadores frente al fracaso de su intento corrobora la importancia de la naturaleza ad hominem del proyecto, acusando al Presidente por su «responsabilidad histórica» de no erradicar a la «secta», siguiendo el ejemplo de Vargas en Brasil, Roosevelt y Petain. En ese contexto, comenzaron a utilizar argumentos para excluir los acuerdos del sistema interamericano respecto de las amenazas extracontinentales y el repudio al comunismo que se decidió en la Conferencia de La Habana en 1940²⁴⁵.

Esta derrota no significó el abandono de su campaña anticomunista, la que momentáneamente se redireccionó a la denuncia del trabajo de ese partido entre el campesinado, la zona carbonífera, los tranviarios y se criticó al Partido Radical por su alianza con ellos. Su propuesta fue la creación de un movimiento anticomunista transversal en términos políticos y sociales²⁴⁶. A poco andar, sin embargo, volvieron a la lucha legal presentando un proyecto al Congreso para inhabilitar a los parlamentarios comunistas elegidos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1941, cuando el PC obtuvo una importante votación²⁴⁷. Esta tentativa, sin embargo, ya contó con el respaldo del PS. La inhabilidad fue presentada por el abogado liberal Aníbal Vergara Barrios y en la Cámara de Diputados por Arturo Recabarren León, abogado liberal, y Lisandro Cruz Ponce, Jefe de la brigada de abogados del Partido Socialista. La propuesta se basaba en la negativa del director del Registro Electoral, en 1937, de aceptar la inscripción del PC, por sostener –según explicaba– una doctrina incompatible con el régimen constitucional del país, sus instituciones democráticas, jurídicas y económicas. El PC era, según estas consideraciones, una «asociación ilícita», que caía dentro de lo contemplado en la Ley de Seguridad Interior del Estado de 1937. A pesar de esta sentencia, el partido pudo participar en las elecciones parlamentarias de ese año, en el marco del ascenso del Frente Popular, eligiendo senadores y diputados. Considerando que la prescripción subsistía, para las parlamentarias de 1941 el PC se inscribió con el nombre de Partido Progresista Nacional, incorporado a la lista de las izquierdas, acto interpretado por la derecha como una burla a la ley electoral y a las atribuciones del director del Registro Electoral, aunque esto ya había ocurrido cuatro años antes. La argumentación conservadora apelaba al Estado de Derecho: «El dilema es claro: o se reconoce eficacia y finalidad a la ley electoral y a las atribuciones del Conservador, y en ese caso debe anularse la presentación de los candidatos del Partido Progresista Nacional, o se acepta calladamente esta presentación y entonces habremos de reconocer que hay una disposición legal que no sirve para nada»²⁴⁸. Se preguntaba este sector político si bastaba un cambio de nombre para permitir lo que estaba prohibido y elegir parlamentarios comunistas. La moción fue enviada a la Comisión de Legislación y Justicia y rechazada por 71 votos contra 66. Votaron en contra radicales, comunistas y democráticos; a favor, conservadores, liberales, algunos socialistas, agrarios, falangistas y vanguardistas. El diputado liberal, Smitsman, reiteró el pensamiento de su sector: la pertenencia del Partido Comunista a la III Internacional con sede en Moscú era incompatible con el cargo parlamentario en Chile²⁴⁹.

El argumento derechista en este evento daba por hecho que los artículos respectivos del Código Penal y la ley de 1937 eran aplicables, y lo habían sido al Partido Comunista, a pesar de que no explicitaba aquello. Considerando el veto del Presidente de la República a la propuesta de 1940, la tentativa de 1941, si bien buscó la anuencia parlamentaria, recurrió a otros organismos estatales que pudieran impedir la llegada de los parlamentarios comunistas recién electos. El director del Registro Electoral, Ramón Zañartu, en el cargo desde la dictadura de Ibáñez, se convertiría en un actor clave en las siguientes intentonas. En la práctica, la presencia del comunismo en el sistema de partidos fue impugnada por la derecha, la que intentó permanente y sostenidamente desconocer su legitimidad. Estas apuestas fracasaron, debido al contexto de gobiernos de centroizquierda, en el cual los factores políticos ejercieron mayor influencia que las tendencias autoritarias excluyentes, sin que los patrocinadores de la propuesta lograran consenso interno.

Fracasadas ambas tentativas, el Partido Comunista siguió actuando en la vida pública, fundando seccionales en distintas zonas del país –como en el extremo sur, Chiloé, Aysén– y profundizando en la organización de la juventud, una actividad iniciada en 1931, a partir de la Federación Juvenil Comunista, FJC, y posteriormente la JJCC²⁵⁰. Además, publicaba numerosa prensa a lo largo del país, creando una editorial, a la vez que acrecentaba su influencia entre los trabajadores, especialmente en las zonas mineras, estando involucrado en las paralizaciones ocurridas en esas faenas por cuestiones laborales²⁵¹, en un momento en que el gobierno pretendía incrementar la producción nacional. El anticomunismo se alimentó del conflicto laboral.

No obstante, su lucha se vio entorpecida con la invasión nazi a la URSS, la ampliación del bando aliado y el traslado del teatro de la guerra al frente soviético. Aun así, los conservadores no cejaron en su denuncia de una ideología y un régimen político que percibían como la encarnación del mal y que no desaparecía con su participación en el conflicto europeo, porque el problema real era la existencia de un Partido Comunista en expansión y enquistado en el sistema político chileno: «Está incrustado como fuerza política de resistencia en las arterias mismas de la vida nacional […] como animador de conflictos del orden social y económico»²⁵². De allí su crítica a la tolerancia del Presidente Juan Antonio Ríos (1942-1946) con el comunismo y la insistencia en la aplicación de las leyes existentes que permitían la expulsión, por no ser el comunismo una «idea digna de alternar en las luchas democráticas […] La Ley de Seguridad Interior del Estado, los códigos Penal y del Trabajo, así como la Ley Electoral misma sancionan al comunismo y lo excluyen de la participación en la vida política de la nación»²⁵³.

La lucha por el cerramiento del sistema de partidos se volvió un tema medular del conservadurismo católico, mostrando que su estilo político, en este aspecto, distaba de la negociación y el acuerdo. Es cierto que quienes sostienen esta perspectiva le dan un papel de eje al radicalismo como vaso comunicante de los polos²⁵⁴, pero en el marco de un espacio supuestamente reconocido por todos y donde la representación de cada cual no estaba cuestionada, sino que la confrontación se daba en el terreno de las ideas y su materialización en programas y leyes de distinto tipo. Lo planteado aquí pone en evidencia que el objetivo era erradicar la presencia comunista del sistema político y no reconocer un espacio común de debate y de actores legítimos. En la práctica, el apoyo conservador a la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez en 1942 se sostuvo, fundamentalmente, en su adscripción anticomunista, toda vez que en la campaña de Juan Antonio Ríos «el torrente comunista ha supeditado a las fuerzas que se dicen democráticas: las domina y las dirige […] La consigna de la patria es votar, hoy más que nunca, contra el predominio comunista»²⁵⁵. Así, frente a la derrota de Ibáñez, la declaración conservadora insistía en el sentido de su apoyo a esa candidatura: «Quisimos que la influencia del comunismo internacional desapareciera para siempre del territorio de la República»²⁵⁶.

Esta inflexibilidad respecto de la participación comunista se expresó a cabalidad en el otoño de 1944, cuando frente a una nueva crisis ministerial, en la convención de los radicales en Concepción se planteó la estructuración de «un gobierno exclusivo de izquierdas», es decir, un gabinete en que estuvieran representados solo los partidos que conformaban la Alianza Democrática: radicales, socialistas auténticos y socialistas, comunistas y democráticos, sin los liberales. Se ofrecería a los comunistas el Ministerio del Trabajo. Los conservadores señalaron que ello revestía un gravísimo peligro para la paz social y el funcionamiento de las industrias, teniendo en cuenta que se trataba de un partido que promovía conflictos laborales, dañinos para la economía nacional. La opinión liberal era concordante: «La agitación comunista ha desencadenado un rosario de perturbaciones en todos los campos de la producción y del trabajo, dificultando el ejercicio de los tribunales arbitrales y enfrentando –hasta hacerlas inoperantes– las disposiciones jurídicas del Código del Trabajo […] la entrega de la cartera del Trabajo al Partido Comunista involucra dos hechos gravísimos: un desconcierto de imprevisibles consecuencias en todos los sectores de la producción y una reacción pública que en último término se proyectaría sobre el propio Jefe de Estado»²⁵⁷.

A pesar de la gravedad que los conservadores asignaban al impacto económico, su rechazo a la sola posibilidad de un Ministro comunista era de orden doctrinario: «El solo hecho de que se haya enunciado como posible la designación de un Ministro de estado comunista nos obliga a declarar nuestro franco repudio a tal intento, inconciliable desde todo punto con las bases sobre las cuales debe descansar todo régimen democrático que lo sea de verdad […]no es posible desentenderse de la índole antidemocrática de su ideología, que propicia la implantación de la dictadura del proletariado como sistema de gobierno […]Menos aún merece tal epíteto [democrático] el Partido Comunista de Chile, que no ha modificado su programa de tinte marcadamente revolucionario, ya que no aspira al cambio de la actual organización y economía política del estado por las pacíficas vías de la evolución, sino por las del trastorno institucional. No podría el gobierno de Chile seguir llamándose republicano […] si llegara a formar parte de su Poder Ejecutivo un miembro de un partido como el comunista que desconoce en su programa las bases y principios sobre los cuales descansa la República, que repudia derechos y garantías tan fundamentales como el derecho de propiedad»²⁵⁸.

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