Kitabı oku: «Patrimonio urbano de la Ciudad de México: la herencia disputada»
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
RECTORA
Tania Hogla Rodríguez Mora
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Marissa Reyes Godínez
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
José Ángel Leyva
COLECCIÓN: LA CIUDAD
Patrimonio urbano en la Ciudad de México: la herencia disputada.
Primera edición 2021
D.R. © Víctor Manuel Delgadillo Polanco
D.R. © Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Dr. García Diego, 168,
Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06720, Ciudad de México
publicaciones.uacm.edu.mx
ISBN (ePub) 978-607-9465-32-2
Esta obra se sometió al sistema de evaluación por pares doble ciego y su publicación fue aprobada por el Consejo Editorial de la UACM.
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Para Daniela, Pablo y Julia
Introducción
En las últimas décadas las ciudades latinoamericanas han padecido fuertes procesos de reestructuración urbana, en escalas multidimensionales mientras que cada vez más edificios, barrios, centros y partes de las ciudades se han patrimonializado por un conjunto de valores y atributos colectivos (sociales, estéticos, históricos, simbólicos, etcétera) asociados a ellos. La reestructuración urbana y el incremento del patrimonio urbano son expresiones de los grandes cambios, fundamentalmente económicos y políticos, pero también sociales y culturales, que han tenido lugar en escala global en la actual fase de desarrollo capitalista neoclásico o neoliberal.
La llamada globalización del capitalismo, en su fase neoliberal, implicó el desmantelamiento de las fronteras económicas nacionales para favorecer el flujo internacional de capitales y mercancías, así como la formación de bloques económicos regionales, como la Unión Europea (UE) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en inglés). Estos hechos han tenido muy fuertes impactos en la base económica de muchas ciudades. Los procesos de fragmentación y dispersión de la línea de producción industrial —ahora global— implicaron la desindustrialización relativa y absoluta de varias ciudades y la emergencia o fortalecimiento de una economía urbana basada en el sector terciario: comercio, servicios y turismo cultural (que consume centros históricos y otro tipo de patrimonio urbano). Al mismo tiempo, las ciudades se han convertido en los destinos favoritos de fondos de inversiones internacionales que encuentran en mercados inmobiliarios urbanos rentabilidades seguras y adecuadas ante el volátil mercado bursátil y ante las relativas menores ganancias de la maquila y la industria. Se trata de construcciones y megaproyectos que ya no responden a las dinámicas urbanas locales, sino a flujos de capital globalizado.
La doctrina neoliberal, basada en el Consenso de Washington y adoptada después de la llamada «década perdida» en México y América Latina (con distinta velocidad, intensidad y formas de imposición dictatoriales o democráticas), implicó muy fuertes cambios en la administración pública y en la gestión de las ciudades. Los estados se «adelgazaron», las políticas públicas se focalizaron, la administración pública se descentralizó y viejas atribuciones y funciones de carácter público se volvieron público-privadas o abiertamente se privatizaron. En algunos centros históricos aparecieron instituciones público-privadas o sólo privadas, encargadas de la conservación y el aprovechamiento del patrimonio edilicio.
La competencia entre las ciudades para retener o atraer inversiones privadas, así como la creación de riqueza y empleos, se tradujeron en el eslogan de la competitividad. A ello se ha sumado la preocupación por el cambio climático, que se ha traducido en el eslogan de la sustentabilidad. Y en algunas ciudades se agregó también el tema de la justicia social, más en términos retóricos que reales. Así, bajo una triada discursiva: competitividad, sustentabilidad y equidad, a la que a menudo se suma el concepto gobernabilidad, la gestión urbana se tradujo en políticas públicas que promueven a toda costa inversiones y negocios privados para generar empleos y riqueza económica que, se supone, se derraman en cascada de arriba a abajo. Junto con la promoción de inversiones inmobiliarias de pequeña escala, incluidos los llamados megaproyectos urbanos, el patrimonio urbano —centros históricos, barrios antiguos, edificios y plazas pintorescas, etcétera— apareció como un capital cultural y económico único y diferente, capaz de generar recursos económicos, de atraer a nuevos consumidores y turistas, y de convertirse en un distintivo de unicidad que hace de las ciudades algo diferente ante sí mismas. De esta manera, el patrimonio urbano se usa ahora como un elemento de las estrategias de mercadotecnia urbana en la competencia entre ciudades.
Las políticas urbanas pro empresariales han impulsado la modernización selectiva de las ciudades así como la «recuperación» de un escogido patrimonio urbano —es decir, las partes más interesantes y rentables para los inversionistas reales y potenciales. Semejante revalorización multidimensional del espacio y el patrimonio urbanos ha llevado, por una parte, a la transformación de los barrios y los centros históricos seleccionados mediante la atracción de inversionistas y de nuevos consumidores detentadores de mayores ingresos, y por otra, al incremento de las rentas urbanas, lo que pone en riesgo la permanencia de la población residente de menores ingresos. Así, en la Ciudad de México ocurren ahora procesos de gentrificación. Este concepto de origen anglosajón (gentrification) ha sido adoptado en América Latina en medio de debates y, en México, se lo han apropiado las clases medias y populares, como los residentes de las colonias Roma y Juárez, e incluso por algunos locatarios del mercado de la Merced, como se verá en este libro, que sienten amenazada su permanencia en esas zonas debido a las inversiones privadas o a los (mega)proyectos públicos. Dicho con otras palabras, en selectos territorios urbanos se realizan inversiones público-privadas para capturar altas rentas o ganancias urbanas al invertir en territorios relativamente desvalorizados, o mediante la rehabilitación edilicia, o mediante nuevas construcciones, lo que implica la sustitución de antiguos residentes y usuarios con menores ingresos —como condición o como consecuencia— por usuarios permanentes o temporales, pero con mayores ingresos. Dichos desplazamientos sociales, directos o indirectos, a menudo invisibilizados en los discursos públicos y en los estudios urbanos, ocurren a velocidades e intensidades diferentes, pues se trata de procesos que tienen lugar en lapsos temporales largos o cortos.
En los paisajes urbanos revalorizados, renovados o «rescatados» la autoridad suele impulsar, además, un «nuevo» orden urbano, esta vez basado en códigos, normas y leyes de buen comportamiento social y en un uso respetuoso, acorde con la «dignidad» del patrimonio urbano. Estas normas, que forman parte de un proyecto de ciudad ordenada, bella e higiénica, que «dignifican» el patrimonio urbano, constituyen por lo general una batalla contra cierta población y contra ciertas prácticas sociales condenadas y estigmatizadas: los vendedores de mercancías y oferentes de servicios informales en el espacio público urbano, los indigentes, las prostitutas, los niños de la calle, etcétera. Este tipo de normas y códigos refuerzan y forman parte de los procesos de desplazamiento y de exclusión social.
Sin embargo, estos procesos no ocurren sin tensiones ni conflictos. En muchos casos, las políticas urbanas de modernización selectiva y de inversiones privadas son contestadas, disputadas y resistidas por residentes de clases medias o popu lares (organizados o no), y por grupos de la sociedad civil que albergan muy diversos intereses, que se sienten afectados por las amenazas reales o virtuales contra el territorio habitado y el patrimonio urbano, que por definición es colectivo, y que, al margen del régimen de propiedad vigente, pertenece a toda la sociedad y, a menudo, es considerado patrimonio nacional y de la humanidad.
En este libro analizamos dichos procesos en la Ciudad de México, una ciudad que ha sido gobernada sin interrupción desde 1997 por un partido político que se autodesigna «de izquierda» (aunque, para diversos autores, es un gobierno que por necesidad o convicción gira cada vez más hacia la derecha). En la primera parte del libro, «Ciudad y patrimonio urbano», revisamos el concepto ciudad que defiendo y al que me adscribo y repasamos brevemente en qué consiste el patrimonio urbano. También presentamos la dimensión y la diversidad del patrimonio urbano de la Ciudad de México. En la segunda parte, «Políticas urbanas y gentrificación», analizamos las principales políticas urbanas recientes que promueven los desarrollos inmobiliarios de gran escala, así como la revalorización y la gentrificación selectivas del espacio urbano y las políticas de desarrollo urbano intensivo impulsadas por los gobiernos locales de la Ciudad de México desde el año 2000. Analizamos también el concepto gentrificación y cómo éste ha sido adaptado y reinventado en México y América Latina. En la tercera parte, «La disputa por el patrimonio urbano en la Ciudad de México», analizamos con detalle la política de revalorización que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha realizado en los últimos quince años en torno a un selecto patrimonio urbano, así como la disputa y algunos conflictos que se derivan de la recuperación de la herencia urbana colectiva. Aquí distintos actores sociales, económicos y políticos, con distintos argumentos y visiones sobre el desarrollo y la memoria edificada, con distinta capacidad de decisión y de estra tegias de lucha o de resistencia, se disputan un mismo territorio, muchas veces considerado patrimonio local y de la humanidad. En esta parte analizamos el Centro Histórico de la Ciudad de México y el barrio de la Merced; los centros históricos de Xochimilco y de Coyoacán, y, en menor medida, los barrios y colonias de Mixcoac, Roma y Condesa.
Este libro ha sido escrito con el doble propósito de: 1) contribuir a la reflexión colectiva sobre el futuro de nuestras ciudades y en particular sobre el futuro de la Ciudad de México, a partir de sus centros y barrios más antiguos y 2) discutir de forma crítica diversas posturas de colegas foráneos que en su mayoría escriben (y sólo leen) en inglés, cuyas opiniones —a menudo infundadas y llenas de prejuicios sobre nuestras realidades urbanas, tratadas por ellos como anormales o exóticas— son profusamente difundidas en el mundo.
En 2016 la mayor parte de la población en el mundo vive en «ciudades» o en urbanizaciones que ya no tienen los atributos de la «ciudad». La urbanización del mundo parece un hecho irreversible: no sólo no hay utopías que hablen del retorno al campo o de la creación de comunidades rurales sustentables en un momento en que las telecomunicaciones permitirían hacerlo, sino que la población del campo se sigue trasladando a las ciudades en los países y regiones menos urbanizados. La última utopía del retorno al campo la constituye tal vez el movimiento hippie de la década de 1960. Sin embargo, en el siglo XXI la población del campo africano, asiático y centroamericano se dirige a las ciudades. Además, la migración del campo a ciudad, que definió la urbanización latinoamericana del siglo XX, en el siglo XXI se ha transformado en una migración internacional de sur a norte, en la que los latinoamericanos ponen en riesgo su vida con el fin de cruzar la frontera estadounidense y construir un futuro allá, cosa que los africanos hacen cruzando el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Así, en 2010 uno de cada diez mexicanos vivía legal e ilegalmente en Estados Unidos, mientras que algunos colegas sostienen que la tercera ciudad más habitada por turcos no está en Turquía sino en Berlín, y la tercera mayor concentración de ecuatorianos, después de Guayaquil y Quito, no está en Ecuador, sino en España.
La urbanización de Asia, África y América Latina pone en alarma a muchos de nuestros colegas urbanistas anglosajo nes y europeos, quienes, atónitos, observan la emergencia de megaciudades que, según ellos, ponen en riesgo la «sustentabilidad» del planeta y que, frente a sus es tándares urbanos, califican como anormales, anárquicas, caóticas o como una suerte de «planeta de ciudades miseria». Nosotros rechazamos aquí, de manera contundente, ambos prejuicios infundados. Además, por curioso que parezca, dichas afirma ciones provienen de autores de regiones y ciudades que consumen una gran cantidad de energías no renovables y que contribuyen (mucho más que el sur global) a la contaminación y calentamiento globales.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en octubre de 2016, realizará la tercera Cumbre Mundial sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat III, en un momento en que más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y en que las formas de urbanización neoliberales muestran, incluso con brutalidad, sus consecuencias: millones de viviendas vacías (en México son 5.0 millones y en España 3.4 millones); una enorme cantidad de diversos megaproyectos inconclusos en España (centros vacacionales y de entretenimiento, aeropuertos, etcétera); la urbanización salvaje que busca el lucro en las periferias urbanas distantes en México; el despojo de selectos territorios urbanos a sus ocupantes y, en general, un desarrollo urbano mercantilizado y cada vez más exclusivo y excluyente. Así, durante 2016 la agenda urbana estará en la vitrina del debate público. Tal vez las cumbres de la ONU se reduzcan a actos diplomáticos a los que asisten los jefes de Estado y los ministros encargados del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial para firmar protocolos y compromisos políticos (al parecer neutros, que a menudo se incumplen) con la supuesta finalidad de atender rezagos, problemas y desafíos sociales urbanos. Sin embargo, las cumbres de la ONU imponen una agenda internacional que ubica dichos temas en el escenario y en el debate público nacional y local. En este sentido, 2016 es un momento adecuado para repensar el estado actual de nuestras urbes y debatir sobre la construcción de las ciudades del mañana, de cara a la disputa por la herencia urbana colectiva y a partir de territorios urbanos que, a pesar de las tendencias que fragmentan los tejidos urbanos y sociales, mantienen aún para nosotros varios de los atributos de «la ciudad».
Este libro reúne evidencias de una trayectoria investigativa de varios años realizada en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tanto en el marco de investigaciones diversas como en el de intercambios académicos con colegas de universidades de la Ciudad de México y de otras universidades latinoamericanas y europeas. En gran parte reunimos evidencias de trabajos realizados, algunos nunca publicados, sobre distintos sitios patrimonializados, como Coyoacán, la Merced, Xochimilco, Centro Histórico de la Ciudad de México, colonia Doctores, el «Nuevo Polanco», colonia Guerrero, entre otros, en los cuales el autor de este libro utilizó métodos de investigación cuantitativos y cualitativos: análisis de estadísticas públicas (censos de población y vivienda, y censos económicos), uso de un sistema de información geográfico (bases de datos georreferenciadas en distintas escalas urbanas) para el análisis territorializado de estadísticas oficiales, políticas públicas y de mi propio trabajo de campo; entrevistas; encuestas; trabajo etnográfico, etcétera. Algunos de estos estudios los hemos realizado personalmente y otros con estudiantes y colegas universitarios. Siempre que sea el caso, aparecerán los créditos respectivos de esas investigaciones. Sin embargo, el libro es producto de un trabajo personal, de manera que, con mayor razón, las deficiencias son estrictamente de quien escribe.
Ciudad y patrimonio urbano
La ciudad, nuestro más preciado patrimonio urbano
La Ciudad de México es la más valiosa, monumental, compleja y prolongada obra que la nación ha construido, y constituye un escenario que sintetiza la historia del país y permite vislumbrar su futuro.
GUSTAVO GARZA1
En su más amplia expresión, el patrimonio urbano está constituido por la ciudad heredada, pero ciudad no es sinónimo de urbanización. Los latinoamericanos, como el nombre lo indica, somos herederos de una cultura urbana latina que concebía que los ciudadanos y los civilizados vivían en ciudades, mientras que los bárbaros y los vasallos vivían en el campo. En efecto, mientras que en el siglo I de nuestra era los romanos construían ciudades con plazas públicas, mercados, complejos edificios para los espectáculos colectivos, termas y demás, y disponían de agua potable llevándola a través de acueductos, los bárbaros vivían en la edad de bronce. La herencia cultural y urbana latina (que constituye la polis y que hunde sus raíces en la πόλις griega) fue transmitida por el imperio romano a la Europa mediterránea y occidental, así como a Egipto y Asia occidental, mediante sus conquistas militares.2 Esta herencia urbana fue reproducida por los españoles en el llamado Nuevo Mundo, quienes al igual que los romanos conquistaron y (re)fundaron ciudades como parte de su estrategia de conquista territorial. A través de las ciudades hispanas de América, el urbanismo colonial pragmático, que algunos ven como renacentista, basado en retículas ortogonales (con manzanas cuadrangulares o rectangulares), retomó también algunos elementos del urbanismo prehispánico, como fueron las enormes plazas centrales en Ciudad de México o Quito, que más a menudo se reprodujeron en torno a los conventos para la evangelización de los indígenas.
Esas antiguas ciudades han cambiado con el tiempo, igual que el concepto de ciudad. Por ello, para Mongin el uso de la palabra ciudad en el siglo XXI es obsoleto y también polisémico: sirve para nombrar entidades históricas y físicas muy diferentes como ciudad medieval, ciudad colonial, ciudad industrial, ciudad global, megaciudad, post-ciudad, ciberciudad, etcétera.3 Para Lefebvre, cada sociedad (re)produce su propio espacio que, en este caso, es urbano.4
La ciudad es un artefacto construido de forma artificial por seres humanos no sólo para protegerse del medio hostil, sino para coexistir y vivir mejor. Para Park, una ciudad era mucho más que una aglomeración de individuos, servicios colectivos, instituciones y aparatos administrativos. La ciudad es un producto humano que se imbrica con los procesos vitales de la gente.5 La ciudad es un producto social e histórico. Es decir, la ciudad es una construcción social situada en el tiempo y una herencia cultural colectiva —en forma de patrimonio urbano. A diferencia de otras ciencias y disciplinas sociales, que conciben a la ciudad como un producto preexistente y un escenario en el que ocurren los procesos sociales, los urbanistas, geógrafos, planificadores territoriales, arquitectos, filósofos, etcétera, concebimos a la ciudad como un producto social que, a su manera, produce, condiciona e influye en los procesos sociales. Por ello, nosotros no sólo estudiamos la democracia en la ciudad, sino también la democracia de la ciudad: es decir, la equidad y la universalidad de la distribución de los recursos urbanos entre la población, tales como el suelo, la vivienda, el agua, el transporte, la centralidad, etcétera. Así, una ciudad no es un espacio o un contenedor inerte e inmutable ocupado por sujetos y objetos, sino un producto social derivado de las prácticas, las relaciones, las acciones y las experiencias sociales. Para Lefebvre el espacio urbano no es ni neutro ni apolítico, es un producto histórico y social, el lugar de la reproducción de las relaciones sociales de producción.6 Se trata de un espacio disputado en condiciones desiguales por diferentes actores sociales, políticos y privados que se apropian ese espacio para usarlo, habitarlo, explotarlo, dominarlo y/o controlarlo.
La ciudad es un concepto con múltiples dimensiones que remite a un espacio físico construido por generaciones de individuos (conocida como urbs en el mundo latino), a una comunidad política de ciudadanos con derechos y obligaciones (conocida como civitas) y, asimismo, a una unidad político-administrativa que los griegos llamaban πόλις, es decir, polis.7 Conceptos clásicos de la ciencia política tienen su origen en las ciudades. La política tiene su origen en la polis y la ciudadanía en la civitas. A menudo se olvida que el concepto ciudadanía aludía de forma directa a los habitantes de la ciudad, mientras que los campesinos eran quienes residían en el campo y no en aquélla.8 Sin embargo, el concepto se separó de su origen para aludir a un conjunto de derechos humanos, conquistados en las ciudades, que se han universalizado en el territorio y alcanzan a toda la población sin importar si habita en áreas urbanas o rurales. Vista así, la ciudad es parte del proceso civilizatorio y de conquista de libertades y derechos humanos. En el medievo y el mundo feudal, la ciudad emergió como un lugar donde vivían los libres; mientras que en el siglo XIX, con la revolución industrial y la urbanización europea, la ciudad se convirtió en sinónimo de alta densidad de población, de diversidad y de heterogeneidad sociocultural en un pequeño espacio limitado.9 La ciudad era el lugar que permitía la cohesión y la coexistencia social, a pesar de los intereses individuales y divergentes de los sujetos que en ella se congregaban; la ciudad era una construcción colectiva que al mismo tiempo permitía la socialización y la individualización a partir de la tolerancia.10 Esa ciudad rompía con las tradiciones y los valores comunitarios y solidarios de la aldea y del campo, y era el escenario del anonimato y la indiferencia. La cultura urbana era sinónimo de sociedad, un artefacto artificial, mientras que la comunidad era sinónimo de organismo vivo.11 Pero, justamente por ello, la ciudad era el lugar que permitía a la gente ser libre de las ataduras de la comunidad rural y de la aldea. De aquí viene el proverbio alemán que decía: «El aíre de la ciudad hace libres a los hombres» (este proverbio está recogido en diversos textos, entre ellos el de Bookchin).12 Así, la ciudad se convirtió en sinónimo de diversidad sociocultural, de respeto, tolerancia, conquista de los derechos humanos y de las libertades humanas que integran a todos los habitantes en igualdad de circunstancias. Por ello la ciudad, nuestra herencia colectiva, nuestro patrimonio urbano, ha sido definida como un espacio público de interés común y general para la sociedad que la habita y para la población que la visita.13
Sin embargo, estas cualidades de la ciudad no sólo han sido siempre más ideales que reales, sino que se han ido perdiendo en el transcurso de los últimos tiempos, en especial desde el tránsito del capitalismo keynesiano o del «Estado intervencionista» al capitalismo neoliberal, en el que, además del repliegue de lo público y de la privatización de lo común, las nuevas formas de urbanización —dispersas, difusas y distantes— han contribuido a hacer todavía más porosos los límites de la ciudad, mientras que nuevos artefactos urbanos se fragmentan y se aíslan del tejido urbano. Por ello, Françoise Choay afirma que, por paradójico que parezca, en un mundo urbanizado ha llegado la muerte de «la ciudad» (europea): ya no se construye ciudad, se construye urbanización. Para nuestra colega francesa, «la ciudad» era la unión indisoluble de un territorio delimitado y bien organizado (urbs), así como una comunidad de ciudadanos con deberes y derechos políticos (civitas); y, al mismo tiempo, la urbanidad era la relación recíproca entre un tejido urbano y una forma de convivencia. Pero dichos vínculos, al parecer inseparables, se han roto: nuevos asentamientos humanos se construyen en periferias cada vez más lejanas, los centros históricos (la antigua «ciudad») se despueblan, «turistifican» y «parquetematizan» en forma progresiva, mientras que las telecomunicaciones han transformado las relaciones que las sociedades mantenían con su espacio y su tiempo. Así, la interacción entre los individuos se ha «desterritorializado» y su pertenencia a las comunidades ya no se funda en la proximidad y en el espacio público urbano: calles, plazas, parques, etcétera.14
En este sentido, Oliver Mongin afirma que lo que antes llamábamos «ciudad» ya no coincide con lo que ahora calificamos como urbano. La ciudad era un territorio circunscrito, finito y delimitado, que respondía a la cultura de los límites, que integraba y relacionaba a los diferentes, favorecía la mezcla social, la confluencia y el encuentro, mientras que la intrínseca conflictividad social estaba mediada por la urbanidad y la tolerancia.15 Sin embargo, desde hace décadas, esa ciudad, símbolo de la emancipación y de la integración social, se confronta ahora con una dinámica metropolitana y una globalización que dividen, dispersan, fragmentan, privatizan, descentralizan, separan, y crean nuevas y diversas jerarquías urbanas y territoriales que se sobreponen a la ciudad. Esto ya lo había advertido Bookchin, para quien los procesos de expansión metropolitana (la «metropolización») ya cuestionaban los límites de la ciudad y, con ello, la capacidad de la ciudad para integrar a los diversos.16 Así, irónicamente, en el siglo XXI, cuando la mayor parte de la humanidad habita en «ciudades», la realidad urbana está constituida por una ilimitada e indefinida expansión urbana periférica y metropolitana que se caracteriza por la segregación, la fragmentación y la emergencia de múltiples centralidades. Lo urbano ya no es un lugar que garantice la integración social y la liberación humana, que fomente la proximidad ni las relaciones y los encuentros sociales. La ciudad ya no reúne, integra ni relaciona. De ser esto así, asistimos entonces a un momento de obsolescencia del espacio público urbano: la plaza y la calle. Algunos colegas añadirán que, en efecto, esto es así y que, como complemento de la agorafobia y del miedo frente a la inseguridad, el nuevo espacio social (que no público) son los centros comerciales.
Conviene añadir que, para Mongin y Choay, la muerte de la ciudad no equivale a catástrofes que impliquen su desaparición física, sino al despojo de sus atributos urbanos, que tienden a liquidar la riqueza y la complejidad de la vida urbana. Para ellos, la ciudad clásica, limitada a los centros y a algunos barrios históricos (el llamado «patrimonio urbano»), se ha reducido a excepciones: pequeños territorios que cada vez más se constituyen en «un lujo», cuyo placer urbano disfruta sólo una minoría, que, por otro lado, se pretende museificarlos (momificarlos) y turistificarlos para así, supuesta y paradójicamente, «salvarlos» o «rescatarlos».
Ciudad y metrópolis, local y global
Las ciudades no son islas ni realidades sociales endógenas. Las ciudades siempre han estado en estrecha relación con su hinterland y con el mundo mediante diversas relaciones multidimensionales, que cada vez con mayor intensidad son facilitadas por las tecnologías de los transportes y las comunicaciones. Sin embargo, en las tres últimas décadas el desmantelamiento de las barreras nacionales a los flujos de capitales internacionales ha colocado y expuesto a las ciudades a relaciones más intensas en el ámbito económico, social, cultural, etcétera. Así, grandes flujos de capital financiero trasnacional se invierten en mercados inmobiliarios de distintas ciudades con la lógica de incrementar la acumulación de capitales, sin importar los efectos locales que éstos tienen. Asimismo, los flujos de inmigrantes establecen múltiples relaciones entre periferias urbanas de las ciudades del norte y del sur, y tejen múltiples conexiones trasnacionales en las ciudades del mundo mediante flujos económicos, comunicaciones, reproducción de prácticas culturales y procesos de hibridación cultural.17 En efecto, una ciudad nunca ha sido una unidad social endógena. Además, en el siglo XXI los procesos sociales que ocurren en las ciudades y las urbanizaciones están cada vez más interconectados con procesos multidimensionales en escala inter y trasnacional.
Reivindicar la ciudad
Pese a reconocer que en los tiempos actuales ya no se construye «ciudad», varios académicos, organizaciones civiles y sociales de distintos lugares del planeta continúan hablando y reivindicando «la ciudad» en el siglo XXI por dos razones: 1) porque hay aún partes de nuestras ciudades (por lo general, los centros y los barrios históricos) que, al igual que la «ciudad clásica», poseen todavía un conjunto de atributos colectivos, públicos y sociales que es preciso defender y difundir en el resto de las urbes y 2) porque bajo el eslogan de «El derecho a la ciudad» reivindicamos los atributos y los valores de «la ciudad para todos»: residentes y usuarios. Es decir, una ciudad que integre y acoja a los diversos, a los diferentes, que garantice la cohesión y la coexistencia colectiva ante los conflictos cotidianos derivados de los intereses particulares de los actores sociales, económicos y políticos. Una ciudad, en fin, que permita la mezcla y el encuentro social, donde el suelo tenga una función social y los servicios urbanos sean para todos y todas.
Somos conscientes de que muchos de estos atributos asignados a «la ciudad» tal vez nunca hayan estado presentes en la Ciudad de México ni en otras ciudades latinoamericanas. En este sentido, junto con Mauricio Merino,18 reivindicamos un espacio público (la ciudad) que ha sido secuestrado por intereses mercantilistas y monopolios, y defendemos la construcción de un espacio público y de una(s) ciudad(es) que nunca hemos tenido. Aquí coincidimos también con autores que han guiado parte de nuestra formación académica, como Lefebvre, Harvey, Ortiz19 y otros autores,20 para quienes el derecho a la ciudad no consiste sólo en la conquista de una ley, sino en una utopía a construir y en un eslogan de batalla para la construcción de otras ciudades y sociedades, bien diferentes a las que tenemos ahora.
Un mundo irremediablemente urbano
En 2015 la mayor parte de la población en el mundo vive en «ciudades» (54%) y se espera que esta cifra se incremente en 2050 a 66%.1 La urbanización del mundo parece un hecho irreversible: no sólo no hay utopías que promuevan el retorno al campo o la creación de comunidades rurales autosustentables2 en un momento en que las tecnologías del transporte y las comunicaciones permitirían facilitarlo, sino que la población del campo se sigue trasladando a las ciudades en las regiones menos urbanizadas (Asia y África). Así, la población urbana se incrementó de 2 300 millones de habitantes en 1990 a 3 900 millones en 2014, y se prevé que se incrementará hasta 6 300 millones en 2050.3 En este contexto, el número de megaciudades de más de 10 millones de habitantes en el mundo se ha incrementado de 10, en 1990, a 28 en 2014. Estas megaciudades alojan en conjunto a 453 millones de habitantes o 12% de la población urbana mundial: 16 megaciudades se encuentran en Asia, cuatro en América Latina (una de ellas es la Ciudad de México), tres en África, tres en Europa y dos en América del norte. Para 2030 el Programa Hábitat de la ONU prevé que habrá 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes, todas ellas emergerán en el sur global, antes llamado tercer mundo.4
La migración del campo a la ciudad, que en el siglo XX definió la urbanización latinoamericana, es cosa del pasado. En el siglo XXI las migraciones de población son internacionales y se dirigen de países del sur a países del norte: mexicanos y centroamericanos arriesgan la vida al cruzar fronteras para trabajar en Estados Unidos, mientras que los africanos atraviesan por conductos clandestinos el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Así, en 2010 más de 30 millones de latinoamericanos y caribeños residían fuera de su lugar de origen, fundamentalmente en Estados Unidos, Canadá y España,5 mientras que 10% de la población mexicana vivía fuera de su país, en gran parte en Estados Unidos. En cambio, en Brasil apenas 0.4% de su población total había emigrado.6 Ecuador es un país que ha perdido entre 10 y 15% de su población desde la década de 1990: en 2013 se tenía un registro de 428 000 y de 456 000 ecuatorianos residentes en Estados Unidos y en España, respectivamente.7
América Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi 80% de su población viviendo en ciudades.8 Esta tasa es mayor que la de Europa, que alcanza 73% de su población viviendo en ciudades.9 Sin embargo, en algunos países este porcentaje se incrementa en torno a 90% (Argentina y Uruguay) y a 85% (Chile y Brasil), mientras que en América Central la tasa de urbanización ronda 55% (lo que significa que hay una gran cantidad de población potencialmente emigrante). En México la tasa de urbanización en 2010 era de 77.8% y se preveía su incremento a 80.6% para 2020.10 Es decir, que cuatro de cada cinco mexicanos vive en ciudades.
Además, la mayoría de las ciudades grandes y medianas en México, como en el resto de América Latina, son metropolitanas. Es decir, son ciudades que físicamente se extienden en más de una entidad político-administrativa. Se trata de una realidad urbana que constituye un enorme desafío para las democracias locales y la gobernabilidad urbana, pues día a día miles de personas, que tienen sus derechos políticos y pagan sus impuestos en el lugar donde duermen o tienen su domicilio, se trasladan a otras partes de la ciudad para trabajar, consumir, estudiar o visitar. En 2010 en México se habían definido de manera oficial 59 zonas metropolitanas que se extendían en 367 municipios y delegaciones de 29 entidades federativas. Aquí vivían 63.8 millones de habitantes, equivalentes a 56.8% de la población nacional.11
Además, el crecimiento demográfico en América Latina se ha reducido. Entre 1950 y 2010 la tasa de fecundidad bajó de 5.8 a 2.09 hijos por mujer y la esperanza de vida se incrementó de 51.4 a 74.5 años en promedio. Asimismo, en nuestra región la estructura etaria presenta un «bono demográfico», donde la población económicamente activa es mayor que la población no activa (situación que no durará más de 30 años): en 2010 la población menor de 14 años era de 28%, la de 15-64 años, de 65%, y la de más de 65 años, de 7 por ciento.12
Este grado de urbanización, acompañado de una considerable reducción de las tasas de crecimiento demográfico, ha llevado a algunos autores a considerar que en América Latina la «explosión urbana es asunto del pasado»13 y que la región ha transitado de la «urbanización sin fin, al fin de la urbanización».14 Es decir, que arribamos a una fase en donde la expansión de nuestras ciudades ya no sería necesaria, como en el pasado, porque la inmigración del campo a la ciudad prácticamente culminó; mientras que el incremento de la población actual de las urbes es por crecimiento demográfico natural. Sin embargo, a pesar de la desaceleración del crecimiento demográfico, aún persiste una lógica de crecimiento urbano expansivo, promovido por el mercado inmobiliario, como se comentará adelante, en esta fase de capitalismo neoliberal.
En este contexto, la agenda pública, los problemas sociales, la pobreza y las políticas públicas se han urbanizado. Además de ello, un tema que contribuye a colocar a las ciudades y a su futuro como un tema central es la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat III, que se realizará en Quito, Ecuador, en octubre de 2016.
¿Sirve de algo la Cumbre Mundial de la ONU sobre los Asentamientos Humanos?
La tercera Cumbre Mundial sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat III, a realizarse en 2016, tendrá lugar en un momento en que más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades; las desigualdades socioeconómicas se han exacerbado y crece la pobreza social, y las formas de urbanización neoliberales muestran de manera brutal sus consecuencias. Así, por ejemplo, en México alrededor de cinco millones de viviendas (en su mayoría nuevas) se encuentran vacías. Se trata de conjuntos de «artefactos» urbanos con miles de viviendas de dimensiones miserables que fueron construidos desde el año 2000 en lugares distantes de las ciudades y, en ocasiones, prácticamente en medio de la nada, condenando a la población «beneficiada» a invertir mucho tiempo y recursos en sus traslados diarios. Esta urbanización salvaje implicó un enorme crecimiento urbano en escala metropolitana, que a nombre del déficit habitacional promovió enormes ganancias para las empresas constructoras, llamadas en México vivienderas.15
Otro de los peores ejemplos de la urbanización capitalista neoliberal es España, país que tienen alrededor de 3.4 millones de nuevas viviendas vacías, a las cuales se suma una enorme cantidad de megaproyectos inconclusos (aeropuertos, centros vacacionales, complejos turísticos de playa o montaña, etcétera) y alrededor de 800 000 desahuciados de su vivienda por el no pago de los créditos hipotecarios contraídos. Algunas muestras de los excesos de la «economía del ladrillo» y de la «burbuja inmobiliaria» han sido recogidos en publicaciones con diversos enfoques. Así, por ejemplo:
• Ruinas modernas, una topografía de lucro16 es el catálogo de una exposición fotográfica y planimétrica del mismo nombre que muestra los absurdos del lucro y la especula ción, permitidos por una generalizada corrupción: la construcción inconclusa, que semeja ruinas, de megaproyectos habitacionales, turísticos y de diverso tipo en medio prácticamente de la nada.
• Por su parte, Fin de ciclo17 es un libro que, desde la perspectiva de la economía política, pretende explicar, en un enfoque de largo plazo, la estupidez de la lógica de lucro —financiada por las poderosas economías de la Unión Europea— que exprimió los ahorros a las clases medias y medias bajas de España mediante créditos hipotecarios para la compra de vivienda.
En otros países las consecuencias son similares. A ello podemos sumar la reproducción de la pobreza ahora urbana, los miles de asentamientos humanos irregulares en América Latina y en México (de los que casi nadie habla), así como un desarrollo urbano exclusivo y excluyente que se conduce con políticas que mejoran de manera selectiva el espacio urbano y/o rehabilitan un selectivo patrimonio urbano, constituido por partes de centros y barrios históricos.
Volviendo a Hábitat III, en sí mismas las cumbres de la ONU constituyen actos diplomáticos a los que asisten jefes de Estado y ministros encargados del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial de los diferentes países, quienes firman protocolos y compromisos políticos (en apariencia neutros y despolitizados, que a menudo se incumplen) para atender rezagos, problemas y desafíos sociales urbanos. Sin embargo, las cumbres de la ONU imponen una agenda internacional que coloca esos temas en el escenario y en el debate público nacional y local. Así, por ejemplo:
• En México, en 1975 grupos feministas de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pudieron colocar temas fundamentales en la agenda nacional durante el Año Internacional de la Mujer.
• En 1976, en el marco de la Cumbre de la ONU sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat I, el gobierno federal decretó en escala nacional la Ley General de Asentamientos Humanos (primera en el ámbito nacional en México), y en escala internacional se creó la Coalición Internacional para el Hábitat, integrada por ONG y organizaciones y movimientos sociales defensores de los derechos a la vivienda y a la ciudad, de muchos países, que en un trabajo articulado han podido evitar varios desalojos forzosos en algunas ciudades y fortalecer su lucha en escala local mediante campañas políticas y múltiples intercambios.
El Centro Hábitat de la ONU, entidad responsable de la realización de Hábitat III, promueve una agenda urbana internacional en apariencia despolitizada y neutra que es legitimada por su carácter internacional. Esta institución promueve un desarrollo urbano «sustentable», que aminore la pobreza, los problemas urbanos y el cambio climático, pero también un desarrollo urbano «competitivo» capaz de retener o de atraer inversiones privadas que generen riqueza económica y empleos. En este discurso, al parecer neutro, la ONU premia las «mejores prácticas» para demostrar que, en el mundo hegemónicamente neoliberal, los pobres —con ayuda de ONG, organizaciones filantrópicas y curas comprometidos— cuentan con las suficientes capacidades para mejorar su entorno construido (vivienda y barrio) así como la calidad de su vida, incluso en condiciones adversas.
Las críticas a las cumbres de la ONU son muchas, pero las oportunidades que Hábitat III abre para discutir la agenda urbana de los gobiernos y las políticas públicas de cara a los medios de comunicación y la sociedad son innegables. Por ello estas páginas pretenden sumarse a los debates en torno a las políticas urbanas que se impulsan en distintas ciudades y, en general, a la necesaria reflexión en torno al futuro urbano y las ciudades del mañana.
La urbanización de África, Asia y América Latina. ¿Un atentado para el medio ambiente mundial y la gobernabilidad local?
La urbanización de Asia, África y América Latina alarma a nuestros colegas anglosajones y europeos. Atónitos, ellos observan la emergencia de nuevas megaciudades, lo que según ellos pondrá en riesgo la «sustentabilidad» del planeta. Así, por ejemplo, Richard Rogers denuncia en Ciudades para un pequeño planeta que «las ciudades» consumen «tres cuartas partes de la energía global y generan tres cuartas partes de la contaminación total».18 Se trata de una versión naif o extremadamente sospechosa que omite cualquier referencia a, por ejemplo, cuánto consumo energético y de barriles de petróleo per cápita hay en Londres, Nueva York o Calcuta, como para poder valorar si todas «las ciudades se han convertido en parásitos dentro del paisaje, […] consumidoras incansables, contaminantes incansables», y si el crecimiento urbano mundial provocará un «crecimiento exponencial del volumen de recursos consumidos y de la contaminación».19 Este arquitecto inglés, cuyo libro en comento se ha traducido a varios idiomas, afirma que la Ciudad de México es la ciudad que ejemplifica «la doble amenaza al planeta», pues nuestra ciudad tiene una capa de esmog cuatro veces más espesa que la de Los Ángeles y seis veces más tóxica que los estándares de la Organización Mundial de la Salud. A este arquitecto se le olvida mencionar que la mayor contaminación del planeta proviene de Estados Unidos, Europa y Japón, y que hay otras ciudades (Los Ángeles y San Diego) que producen más contaminación per cápita y mayores gases de efecto invernadero, que reducen la capa de ozono del planeta, que la capital mexicana. Aquí, la enorme diferencia es la situación geográfica del valle de México, que impide la disolución de la contaminación, a diferencia de ciudades planas como Los Ángeles, la cual permite que la enorme polución se disperse en un área geográfica muy extensa. No queremos eludir aquí la responsabilidad en cuanto a los problemas medioambientales que los ciudadanos tenemos en la Ciudad de México, pero tampoco queremos dejar pasar este tipo de análisis «científicos» de nuestros colegas anglo o eurocentristas, que fácil, sospechosa o hábilmente descargan su (ir)responsabilidad en la urbanización del tercer mundo o del ahora llamado sur global.
Mike Davis, un colega de Los Ángeles que cuenta con una amplia difusión en diversas lenguas, ve a las ciudades latinoamericanas y al incremento de la población urbana en las ciudades africanas y asiáticas como una amenaza para el orden mundial. Para este autor, tal vez por residir en Los Ángeles (una «anticiudad» para varios académicos que entendemos la ciudad en vectores y atributos que no se reducen a la acumulación de construcciones individuales), las formas urbanas de América Latina, de Asia y de África constituyen un planeta de «ciudades miseria».20 Este autor habla con cierto desprecio de ciudades híperdegradadas, de un «nuevo monstruo» urbano (la Región Metropolitana Río de Janeiro-São Paulo) y de una «ameba gigante», la Ciudad de México, que en esta visión catastrófica se ha «tragado» a Toluca (sic).21 La imagen de la capital mexicana como protozoario gigante que come ciudades ya es un exceso, pero lo es más la visión fantasiosa de que otra ciudad, Toluca, situada a más de 65 kilómetros de distancia, dividida por enormes áreas de bosques, ya es parte de un enorme continuo urbano. ¿Sabrá este «científico» angelino que en el año 2000 su urbe, Los Ángeles, era 3.77 veces más grande en términos de superficie, y que consume más energía productora de dióxido de carbono que la Ciudad de México?
Jenks y Burguess se preocupan también por el crecimiento de la población en una «escala inimaginable» en las ciudades de los países en desarrollo, que hará consumir suelo, agua, energía y medio ambiente.22 Por curioso que parezca, estos autores europeos tampoco parecen diferenciar entre las sociedades de bajos ingresos y las sociedades consumistas del primer mundo, que, con un alto poder adquisitivo, consumen con voracidad suelo y energía no renovable, y son los responsables directos y mayoritarios del calentamiento del planeta. Así, por ejemplo:
• Reconocen que 16.7% de la población mundial (Japón, Australia, Estados Unidos y la Unión Europea) producen 53.6% de las emisiones de dióxido de carbono en escala mundial.23
• Van Susteren hace en su Atlas metropolitano mundial una clara diferenciación entre las megaurbanizaciones (muy extensas urbes que consumen suelo, infraestructura y energéticos) y las megaciudades, definidas de esta manera en función de la cantidad de habitantes.24 En esta investigación, por ejemplo, Los Ángeles y Nueva York, con 9.3 y 20.2 millones de habitantes, respectivamente, consumen casi dos y ocho veces más territorio que la Ciudad de México, que en 2000 tenía 17.2 millones de residentes y consumía 1 476 km2 de suelo (véase cuadro 1). Se hacía evidente aquí que la Ciudad de México (antes de la urbanización salvaje realizada desde 2000 con la política viviendista federal, que extendió de manera brutal las periferias urbanas) era una ciudad que ahorraba suelo consumiendo una extensión física apenas mayor que Berlín, pero con 4.5 veces más población que la capital alemana. Que la Ciudad de México era una urbe ahorradora de suelo e infraestructura era ya algo plenamente reconocido por autores como Eckhart Ribbeck.25
CUADRO 1. DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA Y FÍSICA DE ALGUNAS METRÓPOLIS EN 2000
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Van Susteren, op. cit.
• Por su parte, Sassen expone las consecuencias brutales del modelo de desarrollo económico neoliberal seguido hegemónicamente en el mundo, pero principalmente por las principales potencias económicas, que han producido tierra muerta y agua muerta, y son los principales productores del calentamiento global: sólo una nación, Estados Unidos, produce 50% de los gases con efecto invernadero.26
Colegas residentes en países de habla inglesa critican también duramente esta visión apocalíptica en torno a las formas de urbanización de otras regiones del mundo que son consideradas anómalas. Así, por ejemplo, Ananya Roy se queja de que gran parte de la teoría urbana y regional se continúa reproduciendo basándose en la experiencia urbana de Estados Unidos y Europa, cuando el futuro urbano (con la mayor parte de la población urbana en el mundo) está ya en otra parte. Esas teorías anglo y eurocéntricas mantienen su enfoque de la urbanización del tercer mundo o del sur global como ciudades subdesarrolladas o anómalas, concentración de pobres, violencia y contaminación; en una palabra, un mundo de tugurios, etcétera.27
Jennifer Robinson desafía las relaciones del poder colonial y neoimperial, cuyos supuestos se mantienen profundamente incrustados en la teoría urbana contemporánea, que concibe a «las ciudades del tercer mundo» con categorías residuales (megaciudades de desesperanza, declive, pobreza, etcétera), mientras que las ciudades de los países del «primer mundo» son creativas, inventivas, innovadoras o globales. La autora denuncia que Occidente (Europa y América del norte) asume como modernidad sus propios productos: religión, formas de Estado, sistemas democráticos de partidos políticos, sociedad consumista, prácticas culturales y formas urbanas, que son exportados a lugares concebidos como premodernos.28 Aquí, la supuesta dicotomía entre modernidad y tradición es una falsa disyuntiva, pues, como lo ha demostrado Eric Hobsbawm, la Europa moderna está cimentada en tradiciones inventadas en la época moderna.29
El mundo es urbano —y, al parecer, lo seguirá siendo sin remedio—, sólo que la mayor parte de la población urbana mundial y su futuro se encuentran en América Latina, Asia y África.
Patrimonio urbano: memoria e identidad colectiva
Patrimonio urbano o patrimonio cultural urbano es un concepto anclado en la idea decimonónica de los monumentos, que en el siglo XX evolucionó a conceptos como patrimonio histórico y bien cultural. El patrimonio urbano alude a los grupos de edificios, plazas, calles, centros históricos o ciudades enteras, producidos en el pasado, remoto o reciente, que han sido consideradas como tales por los gobiernos, las elites o los grupos sociales, en función de diversos atributos y valores colectivos asignados a ellos: históricos, estéticos, simbólicos, sociales, etcétera. En esta concepción, nosotros no separamos el contenido simbólico e inmaterial del contenido material, ni separamos el llamado patrimonio tangible del patrimonio intangible, pues a menudo los tejidos urbanos y los edificios aislados (bienes materiales) son patrimonializados en función de valores sociales (más o menos inmateriales) asociados a ellos.
El patrimonio urbano es una categoría de patrimonio cultural relativamente reciente, que derivó del culto decimonónico a los monumentos conmemorativos y a las edificaciones monumentales aisladas o individuales. Los monumentos conmemorativos se han construido a lo largo de la historia para mantener en el presente un hecho del pasado, es decir, para recordar, para guardar la memoria: guerras ganadas, batallas perdidas, hechos históricos, sucesos colectivos significativos. En cambio, las construcciones patrimonializadas (grandes o pequeñas, destacadas o vernáculas) fueron edificadas para tener un destino utilitario y simbólico, como demostrar el poder religioso, dinástico, gremial, económico, etcétera (castillos, catedrales, palacios, etcétera), y ser usadas además con alguna función pública o privada, o para ser utilizadas por la plebe.
El reconocimiento de los tejidos urbanos como patrimonio cultural dio comienzo con la protección de edificios individuales. Sin embargo, en el tránsito del siglo XIX al XX se comenzó a reconocer la llamada «arquitectura menor», que contextualizaba a las grandes edificaciones, y que durante el siglo XIX a menudo fue objeto de destrucción con el propósito de realzar de manera aislada a los edificios monumentales.
• Así, por ejemplo, el arquitecto Manuel F. Álvarez, en plena revolución mexicana, proponía en 1917 desmantelar el sagrario metropolitano para monumentalizar la vista por los cuatro costados de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México.1
Los efectos de la segunda Guerra Mundial en Europa, tanto los bombardeos como los programas de reconstrucción, así como los programas de renovación urbana en América Latina, que implicaron la destrucción de grandes áreas urbanas antiguas, fortalecieron el movimiento de defensa del patrimonio urbano bajo el nombre de conjuntos monumentales, zonas de monumentos y centros históricos.2 Además, como veremos en el siguiente apartado, en las décadas recientes se incrementó de manera acelerada el reconocimiento de nuevos tipos de patrimonio mueble e inmueble, entre ellos conjuntos urbano-arquitectónicos recientes, como las ciudades universitarias de Caracas y Ciudad de México, barrios obreros como los proyectados por la Bauhaus en Alemania e incluso ciudades enteras como Brasilia.
La idea de patrimonio cultural alude a las creaciones humanas muebles e inmuebles, materiales e inmateriales3 del pasado remoto o reciente, que por sus atributos y múltiples valores asociados se han considerado como una herencia colectiva. En el pasado muy reciente hablábamos de patrimonio cultural urbano para referirnos a esa selección de edificios, barrios y centros históricos que se encuentran en las ciudades y que han sido reconocidos como herencia colectiva en función de atributos y valores colectivos. Sin embargo, hoy consideramos como una tautología hablar de patrimonio urbano y cultural, pues lo urbano, en su más amplia expresión, es un producto cultural, mientras que la cultura tiene asimismo una dimensión urbana, más aún cuando la mayor cantidad de población en el mundo vive en las ciudades.
El patrimonio urbano, al igual que el patrimonio cultural, no es un acervo material que preexista por sí mismo; es, en lo fundamental, una construcción social en la que los grupos en el poder, desde un presente, seleccionan y han seleccionado por tradición algunos de los múltiples inmuebles y barrios del pasado, a los que se les asignan atributos históricos, artísticos y otros valores colectivos. Así como cada sociedad produce su espacio urbano (Lefebvre dixit), cada sociedad o grupos en el poder y elites ilustradas han construido o definido a lo largo de la historia lo que consideran su herencia edificada colectiva. Sin embargo, los lugares patrimonializados experimentan una apropiación social bajo diversas maneras.
El patrimonio urbano, lejos de remitir a las ruinas del pasado, a los vestigios históricos inertes antiguos y recientes, o a un museo a cielo abierto, está constituido en su mayoría por complejos tejidos urbanos vivos y habitados. En efecto, el patrimonio urbano está integrado por inmuebles utilizados (parcial o totalmente) o abandonados (baldíos, ruinas, edificios desocupados), por edificios con distinto tipo de uso (vivienda, servicios, equipamientos), por propiedad diversa (pública, social o privada), por un régimen de tenencia, edad (avanzada, reciente) y estado físico (bueno, deteriorado, regular). Esta es una característica fundamental que hace a este patrimonio cultural inmueble muy diferente del patrimonio cultural mueble, como por ejemplo las pinturas, las esculturas, las colecciones de libros, los archivos, etcétera. Es decir, se trata de edificios y de barrios que fueron construidos con fines utilitarios diversos, que son habitados y utilizados y que, desde luego, no fueron construidos para ser considerados como una herencia histórica. Esto ocurrió a posteriori. Se trata de partes que, como el resto de la ciudad, son objeto de disputa entre diversos actores que representan diferentes intereses económicos, sociales y políticos.
La apropiación, la relación de identidad, el acceso y disfrute del patrimonio urbano son y han sido desiguales entre los distintos actores sociales, económicos y políticos. En efecto, así como hay un patrimonio urbano jurídicamente reconocido por leyes y normas, y tal vez socialmente desapropiado o desconocido, hay también otros patrimonios urbanos socialmente apropiados aunque jurídicamente no estén reconocidos como tales. De esta manera, en el patrimonio urbano se sobreponen y yuxtaponen percepciones, identidades, memorias, atributos y valores.
El enorme simbolismo del patrimonio urbano radica en varios hechos:
• Muchos edificios y espacios urbanos se han construido con la idea de congregar y mantener unidos a los colectivos sociales. Otros edificios, plazas y barrios no fueron erigidos así, si bien a posteriori han desempeñado estas mismas funciones sociales, políticas, culturales y simbólicas.
• La aparente permanencia «eterna» de los edificios es muy fuerte y constituye un anclaje que trasciende la vida humana. Esto convierte a algunas edificaciones y conjuntos urbanos en un poderoso instrumento persuasivo para los grupos en el poder: la decisión de qué se conserva, qué se destruye, qué se «descubre»4 o qué se construye aspira a menudo a reconfigurar la historia (oficial) y el orden social y político.
• La ciudad es, a su manera, una memoria colectiva para sus residentes, pues la memoria está asociada a los objetos y los lugares que se habitan.5 Lefebvre reconoce que el espacio urbano y monumental ofrece a cada miembro de una comunidad la imagen de su membresía y de su apariencia social. Se trata de un espejo colectivo que es más auténtico que el espejo personal.6 Por ello, una visión «antropologista» del patrimonio cultural, en su más amplia expresión, reivindica que dicho patrimonio contribuye a la construcción de una identidad colectiva basada en la originalidad y la diferencia entre culturas y pueblos, así como a asegurar una memoria social que orienta el futuro de esos grupos sociales.7
• Halbwachs reconoce que las estrechas relaciones entre las «impasibles» piedras de la ciudad y la vida cotidiana de la gente no se rompen con facilidad a pesar de la destrucción de la ciudad, de un barrio o de una calle; o a pesar del desplazamiento (in)voluntario de la gente. Los nombres se quedan en los lugares y/o son llevados consigo por los grupos sociales cuando se desplazan.8
Los edificios y barrios antiguos concentran emblemáticamente la historia de la ciudad y de la sociedad que los creó; mientras que los nombres de la ciudad, de las calles, las plazas y los lugares no sólo relatan la historia local, sino que otorgan argumentos para las identidades de la urbe. A menudo los nombres permanecen aunque el objeto físico haya desaparecido; o algunos edificios se convierten, sin que medie un propósito determinado, en íconos de su ciudad: la torre Eiffel en París, la torre inclinada en Pisa, el Coliseo en Roma, la catedral de San Pablo en el Vaticano, etcétera. Así, la ciudad es un territorio que contiene y acumula tiempo; está conformada de estratos históricos de diferentes temporalidades.
Patrimonio urbano: relación con el pasado y herencia colonial
El patrimonio urbano, como en su más amplia expresión el patrimonio cultural, remite a las relaciones que los pueblos (y sus elites) tienen con su pasado. Así, los pueblos que se independizan de los colonizadores no reconocen en lo inmediato el legado urbano y arquitectónico colonial como parte de su patrimonio. La valoración de la herencia edificada proveniente de un pasado de dominación es conflictiva. En algunos periodos de la historia, sobre todo en momentos de cambios de régimen, de revoluciones y de rupturas profundas, se presenta la intención de destruir los símbolos del pasado del oprobio y la dominación que se derroca. A menudo los nuevos órdenes revolucionarios pretenden construir un nuevo orden político, social y urbano sobre las cenizas físicas del pasado. Bevan consigna una serie de edificios y palacios de la nobleza francesa que los revolucionarios de fines del siglo XVIII condenaron a su destrucción por constituir un insulto a la moral de la nueva república.9 Tung da cuenta de la destrucción del patrimonio histórico, urbano y arquitectónico en Moscú y Pekín, en la época comunista, por motivos ideológicos.10
Hobsbawm sostiene que el pasado legitima: el mito y la invención de «hechos históricos» son esenciales para las políticas de la identidad de los diferentes grupos sociales y las distintas culturas.11 Parte de ese pasado tangible está constituido por una herencia edificada, integrada por edificios, barrios y ciudades. Para Nasr y Volait la tarea de crear o (re)construir un Estado y de generar una nueva identidad colectiva —nacional o local— se acompaña de los esfuerzos por construir un nuevo entorno urbano por parte de quienes accedieron al poder.12 A menudo los nuevos gobernantes, colonialistas o independizados, construyen explícita o implícitamente nuevos monumentos, edificios y barrios, como patrimonio; es decir, del pasado edificado seleccionan algunos objetos (edificios y barrios) a los que se les asignan nuevos significados, útiles para construir o fortalecer la nueva identidad nacional. En efecto, muchos países postcoloniales, una vez independizados, «inventan» una herencia nacional, lo que conduce a patrimonializar parte del entorno construido (áreas urbanas vistas como históricas, distintivas, autóctonas u originarias) y a construir una nueva percepción sobre dichos lugares.
Las ideas occidentales, que muchos europeos y anglosajones se reservan de manera errónea para sí mismos, se han transferido y circulado en diferentes periodos históricos en todo el mundo, lo que para algunos autores implica la idea del patrimonio cultural y sus formas de conservación.13 No sotros sostenemos que la idea del «patrimonio» no es exclusiva de Europa, sino que abarca vastas geografías y se halla asociada a la formación de los Estados-nación, como veremos en seguida.
La invención del patrimonio cultural y urbano en México
Sonia Lombardo muestra que la construcción del patrimonio cultural mexicano está estrechamente vinculada a la formación del Estado-nación posterior a la independencia respecto de España en el siglo XIX y al surgimiento del Estado nacional posrevolucionario del siglo XX, con sus respectivas preocupaciones por construir una nueva identidad nacional, en el intento de otorgar a la población una homogénea identidad cultural.14 Para la autora, la formación del patrimonio cultural mexicano ha sido una construcción histórica del binomio gobierno y elites ilustradas en el poder, que ha implicado una selección ideológica de los objetos valorados y cuya respectiva preservación es una «imposición ideológica de los valores culturales de grupos dominantes a los subalternos». No es casual que las legislaciones decimonónicas sobre la protección del patrimonio cultural en México —bajo los conceptos de «antigüedades» y «monumentos»— insistan en que los monumentos históricos son la constancia de la identidad de un pueblo y la prueba fehaciente que los diferencia de otras naciones.15
La emergente nación mexicana que se independizaba de España reivindicaba el pasado prehispánico para diferenciarse y distanciarse del dominio y control coloniales.16 Por ello se realizaron esfuerzos para estudiar, descifrar y conservar los objetos culturales prehispánicos, y crear leyes y decretos para proteger las antigüedades mexicanas —por ejemplo, de los saqueos que realizaban viajeros y arqueólogos interesados en esos objetos. Si bien en ese momento el pasado colonial, por constituir la herencia de un régimen derrocado, no fue objeto de conservación, tampoco lo fue de destrucción.
A principios del siglo XX, y con una distancia de casi un siglo, las primeras legislaciones sobre protección del patrimonio realizadas en plena Revolución mexicana (Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales, del 6 de abril de 1914, y un Proyecto de Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y objetos Históricos o Artísticos, de enero de 1916)17 comienzan a reivindicar la herencia colonial como un conjunto de objetos muebles e inmuebles que merece ser conservado por sus atributos históricos y estéticos. En ese momento se reivindica sin tapujos el legado colonial: Federico Mariscal publica en 1914 La patria y la arquitectura nacional y Manuel Toussaint, en 1915, El arte colonial. Aquí, la idea del mestizaje cobra un mayor interés que lo prehispánico en tanto que elemento de identidad y de cultura nacional, mientras que la arquitectura colonial es recreada bajo el nombre de neocolonial.
Es interesante destacar que en la década de 1930 en México, en el marco de la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, de 1930, y de la Ley sobre Protección de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, de 1934, se comenzaron a proteger tejidos urbanos, conjuntos de edificaciones y plazas públicas con sus entornos construidos bajo la figura de zona típica. Tal fue el caso de la plaza de la Constitución (o Zócalo) y de las ciudades coloniales de Puebla, Taxco y Guanajuato.18
El legado edificado del siglo XIX, en particular la herencia ecléctica construida durante la dictadura de Porfirio Díaz, que la Revolución mexicana derrotó, ha sido reconocido hasta la década de 1970 bajo la figura de monumentos históricos. En efecto, la aún vigente Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972, concibe los tejidos urbanos, o patrimonio urbano, como la suma de muchos monumentos. Esta ley, anclada en conceptos decimonónicos, establece una línea de tiempo para diferenciar los monumentos y las zonas de monumentos: los monumentos arqueológicos son bienes muebles e inmuebles producidos hasta 1521; los monumentos históricos son bienes producidos entre 1521 y 1900; mientras que los monumentos artísticos abarcan los bienes producidos desde 1900 en adelante. Aquí, la arqueología y la historia han dejado de ser ciencias sociales para convertirse en periodos de tiempo; mientras que, bajo la figura de monumentos artísticos, diversas arquitecturas del siglo XX han sido patrimonializadas.
Con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el gobierno federal ha decretado 59 zonas de monumentos históricos en el país. Vale agregar que la mayor parte de esas declaratorias se hicieron entre la década de 1970 y hasta 2000. Todo indica que los gobiernos neoliberales del conservador Partido Acción Nacional, que dirigieron los destinos del país entre 2000 y 2012, no tenían mucho interés en seguir utilizando la ley federal en la materia: en esos dos mandatos sexenales se decretaron dos zonas de monumentos históricos en 2012 y ocho en 2001. En cambio, estos gobiernos federales impulsaron desde 2000 la creación de los «pueblos mágicos». Se trata de una política de desarrollo económico que promueve la turistificación de poblaciones antiguas y pintorescas, acompañándola con inversiones federales de la Secretaría de Turismo, para la «recuperación» del patrimonio urbano y su adaptación al turismo cultural. Hasta 2015 hay un total de 83 «pueblos mágicos» que han sido decretados por sus «atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin (de la) magia que emanan…»19 Las críticas que diversos académicos hacemos a este tipo de políticas es que el turismo no es una «industria sin chimeneas», como se quiere hacer ver; el turismo —en las condiciones en que se realiza—, lejos de promover el desarrollo económico y la equidad social, contribuye a profundizar las desigualdades socioeconómicas ya que las ganancias que esta actividad genera son capturadas sólo por unos pocos actores económicos y los empleos son, por lo general, mal remunerados.20 En tal sentido, Valverde y Encizo, además de preguntarse qué cosa es la magia y lo mágico, consideran que dicho programa construye escaparates atractivos que mercantilizan el hábitat de los pueblos tradicionales.21
Por otra parte, en 1972 el Estado mexicano suscribió la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) para la protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Sin embargo, hubo que esperar a que el senado de la república ratificara en 1984 dicha convención, condición necesaria para que los tratados y acuerdos que firmara el Ejecutivo tuviesen validez jurídica en México y a que en 1987, quince años después de haber firmado esa convención, se comenzara a promover la inclusión de destacados sitios mexicanos, culturales y naturales, en la lista de lo que se ha declarado como Patrimonio de la Humanidad. Así, apenas en 1987 la UNESCO reconoció como Patrimonio de la Humanidad a siete sitios culturales de México, entre ellos los centros históricos de Oaxaca, Ciudad de México y Puebla. Desde entonces el interés ha crecido y en 201522 México tenía inscritos en la lista mencionada 32 sitios, de ellos cinco como patrimonio natural, 26 como patrimonio cultural y uno como mixto (natural y cultural); asimismo, 11 son centros históricos (entre ellos el centro histórico de Tequila, Jalisco, reconocido en el marco del paisaje cultural agavero).
México firmó la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2003, y hasta mayo de 2015 hay inscritas ocho tradiciones en la respectiva lista, que ya cuenta con 364 prácticas y tradiciones culturales inscritas en escala mundial.
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