Kitabı oku: «Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea»

Name: Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea
Author: Ximena Tordini
ISBN: 9789878011103

Ximena Tordini

Yazı tipi:

Índice

Cubierta

Índice

Portada

Introducción

1. ¿Cuándo desaparece una mujer?

Hermanas

Sustracción

Putas

Trafic

Familia

Baldío

Raje

2. La burocracia que no supo aprender

Desidia

Ceremonia

Fluorescencia

Yema

Orilla

3. Las nuevas imágenes de la guerra

Pozo

Apagón

Paz

Niño

Enemigo

Tatuado

4. Los poderes desaparecedores del presente

Aparición

Agradecimientos

Bibliografía y fuentes

Libros

Artículos, capítulos de libros y ponencias

Informes

Tesis

Documentales

Ximena Tordini

DESAPARECIDOS Y DESAPARECIDAS EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA

Quiénes son, qué pasó con ellos y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse

Tordini, Ximena

Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea / Ximena Tordini.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2021.

Libro digital, EPUB.- (Singular)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-801-110-3

1. Desaparecidos. 2. Ausencia por Desaparición Forzada. 3. Democracia. I. Título.

CDD 323

<www.sigloxxieditores.com.ar>

Diseño de portada: María Cecilia Cabrera y M. R.

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: octubre de 2021

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-110-3

Introducción

Toda la esencia, si se puede usar esa palabra, de un fantasma es que tiene una presencia real y exige lo que le corresponde: tu atención.

Avery F. Gordon, Ghostly Matters. Haunting and the Sociological Imagination, 2008

Una persona desaparece. El tiempo secuencial se desintegra, la cadencia de la espera inicia un ciclo que nadie sabe cuánto durará. Una de las coordenadas que organiza a los grupos humanos se diluye: la respuesta a la pregunta sobre si alguien pertenece al mundo de los vivos o al de los muertos es, ahora, imprecisa.

Las desapariciones masivas recorren la historia: las guerras, los genocidios, la naturaleza provocaron la muerte de millones y, en el acto, les vedaron los rituales comunitarios de despedida. Aun cuando las investigaciones hayan reconstruido muchos de esos acontecimientos –dónde y cómo murieron los navegantes y los soldados, la forma específica de los exterminios, el comportamiento de los tsunamis–, algo permanece desconocido: cómo terminó cada una de esas vidas, dónde se mezcló con la tierra, el agua, el fuego, el aire.

Las desapariciones individuales siempre estuvieron ahí. Sus causas no residen en grandes acontecimientos; de repente, los hilos que forman una vida bordan una ausencia que se percibe inexplicable. Hubo elección, instituciones, costumbre, geopolítica o azar. La existencia de quienes permanecen se trastoca por completo: buscan, investigan, reclaman, aguardan. Algunas de las personas reaparecen, otras no. Algunas eligieron perderse, huir, abandonar, quebrar el pacto de la genealogía a cualquier precio. Otras murieron y nadie las ayudó a encontrarse con los suyos. Unas veces son olvidadas. Otras, se convierten en misterios magnéticos, o en pancartas, en banderas, en íconos, en libros.

En la Argentina, hay desapariciones anteriores a las de los años setenta del siglo XX. Enigmáticas, como la de Marta Stutz, una niña de 9 años que en 1938 salió de su casa para ir a comprar una revista Billiken y nunca regresó, pero todavía retorna en crónicas, obras de teatro y trabajos académicos. Políticas, como las de los anarquistas Joaquín Penina, fusilado y enterrado en una tumba anónima, y Miguel Arcángel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, fusilados y arrojados al Río de la Plata durante la dictadura de José F. Uriburu, casi como un prólogo a los crímenes que se cometerían cuatro décadas después.

Pero, como sabemos, en nuestro país tenemos un antes y un después. En el tiempo que siguió a la aniquilación estatal de los perseguidos, decir “desaparecido” equivale a evocar un crimen extremo. Durante décadas, una labor minuciosa se propuso sacar a esas personas del mundo de indeterminación al que fueron arrojadas para traerlas a este, donde anotamos a quienes mueren en un formulario, una lápida, un relato familiar, un libro de historia. Sin embargo, hay algo que parece desbordar lo clasificable, permanecer en la atmósfera y resistir la normalización. Lo que queda se nombra con metáforas. Las del cuerpo: heridas, cicatrices, fracturas. Las de lo fantástico: presencias, espectros, fantasmas.

A fines de 2013, un editor me sugirió escribir un libro sobre las desapariciones actuales. En esos años, la ausencia inexplicable e inexplicada de mujeres jóvenes cobraba preeminencia en los asuntos públicos; rodeada de historias atemorizantes, nutría la pantalla televisiva y las flamantes políticas estatales. Empecé por las imágenes de cautiverio que circulaban por todas partes, procesadas por el periodismo policial, que selecciona y organiza las desapariciones; corre tras el enigma y en esa carrera, empujado por la curiosidad de sus adeptos, lo multiplica. Así, cada detalle se transforma en indicio de las fuerzas que nos acechan. Pronto, ese morbo se devora a sí mismo. No queda nada, hasta que la próxima desaparición sea tocada por la vara mágica del interés.

La expresión “desaparecidos de la democracia” se instaló ya desde los primeros años de la posdictadura. Es extraña, muy argentina. Para dejar en claro que no son aquellos desaparecidos, se los marca como propios del régimen político actual. Se intentaba cuantificarlos una y otra vez, se redondean números que resultan mudos a la hora del análisis, se arman listas, se hacen denuncias, se les dedican organismos estatales que redactan nuevas listas, se prometen reformas institucionales. Las cosas serían más fáciles si las desapariciones contemporáneas fueran un fenómeno, un enigma que puede ser develado. O si “la democracia” tuviera el poder explicativo que tiene “la dictadura”: el poder del sujeto causante, el de la intención. Pero no es lo que ocurre.

Este libro cuenta algunas historias de personas que desaparecieron, de otras que, según sabemos, fueron aniquiladas, de algunos misterios, de cómo se construyeron verdades sociales y jurídicas que propongo debatir y cuestionar, de cómo se despliegan los fenómenos que hacen desaparecer a una persona en la Argentina de hoy. A veces habrá responsables, explicaciones, significados. Otras, no, y en cambio habrá preguntas, porque eso que la desaparición instaura –la incertidumbre– persiste.

Me aferré a esa investigación durante años; aunque con el correr del tiempo empecé a pensar que era al revés, que los ausentes me habían capturado. Los algoritmos que gobiernan la parte de la realidad que se nos ilumina aprendieron a mostrarme sus fotos. Algunas evocan las que nos acostumbramos a ver en los recordatorios de aquellos desaparecidos, pero cada vez se les parecen menos: selfies, tomas contrapicadas, imágenes ante el espejo, colores inventados por los filtros de los teléfonos celulares. Todos los días abro Facebook para verlos; es casi lo único que me ofrece esa red. Después de varios años de sostener este hábito, anoté en mi cuaderno que cada mañana acaricio sus rostros con el dedo pulgar de la mano derecha. Algunos están siempre. Una mujer, que supongo de mi edad, busca a su madre desaparecida en Comodoro Rivadavia en 2017. Como tiene muchas fotos y las publica con regularidad, me da la oportunidad de observar a la ausente en la que era su vida cotidiana. Otra mujer, cuya madre tampoco está, administra uno de los grupos de Facebook a los que pertenezco, de transmisiones en tiempo real (o casi) de las desapariciones del presente. La niña perdida en un camping. El hombre nunca más visto en una ciudad costera. Un organismo estatal comienza a compartir imágenes nuevas para mí. Otro hombre, anciano, perdido en la ciudad, quizás también perdido en su propia mente. Una chica de flequillo negrísimo, tijereteado. La veo todos los días al deslizar hacia la izquierda las historias de Instagram.

Dediqué mucho tiempo a armar una lista. Pero la pregunta no era cuántos son, sino qué los explica. Muchos años después, ahora, cuando llega el momento de compartir lo investigado, mi editora me dice que la acumulación de espantos –una historia tras otra tras otra tras otra– puede ser agobiante para quienes lean. Estoy de acuerdo, aunque creía haber sorteado ese problema. Estaba convencida de que no me había dejado manipular por la lista, ni por la manía de leer hasta el cansancio posteos y expedientes para intentar entender qué pudo haber pasado. Hablo con una amiga, con quien compartimos tema de investigación, y ella me dice que, de ser por mí, habría hecho la enciclopedia de los desaparecidos. Tiene razón: habría querido poder contarlos a todxs –cuenta y cuento a la vez–, expresar cómo cada desaparición cambia las leyes de gravedad en el universo donde ocurre.

* * *

El primer capítulo de este libro cuenta de qué modo, en la primera década de este siglo, la desaparición de algunas mujeres fue construida como un problema público que instauró imágenes de las que aún es muy difícil desprenderse. El segundo se propone desentrañar las ausencias cuyo único responsable es el Estado a través de su burocracia, su desidia y su falta de compromiso con las investigaciones. El tercer capítulo es una crónica de la violencia estatal durante el régimen constitucional, que también pone en discusión la categoría de desaparición forzada. Por último, propongo un mapa de los fenómenos que hacen que una persona pueda desaparecer hoy mismo en la Argentina, y no pretende ser más que un nuevo punto de apertura. La mayor parte de las biografías no fueron narradas. A ellas, a ellos, a quienes sé que debería haber hecho presentes en este libro pero no fui capaz, dedico estas páginas.

1. ¿Cuándo desaparece una mujer?

La persona que amas puede desaparecer.

Charly García, “Los dinosaurios”, 1983

Empezaba a ver que los que buscan a una persona tienen algo, una marca cerca de los ojos, de la boca, la mezcla de dolor, de bronca, de fuerza, de espera, hecha cuerpo. Algo roto, en donde vive el que no vuelve.

Dolores Reyes, Cometierra, 2019

Hermanas

Pedro tiene una muletilla: “¿Cómo decirlo?”. La repite para ayudarse a atravesar lo que vendrá. “¿Cómo decirlo? La cuestión de la desaparición tiene todo este drama de que no sabés. Tenés como una especie de zanahoria de que no… no está la tragedia consumada, por así decirlo, de que tenés la chance, de que podés encontrarla. Por eso muchos seguimos. Entonces no te puedo hablar de un drama, de cuando uno pierde a un ser querido y lo perdió y lo perdió. Incluso al día de hoy, hay una mínima mínima chance”.

Pedro tenía 26 años el 16 de marzo de 2005 cuando su hermana, Florencia Pennacchi, desapareció. La noche anterior, en el departamento que compartían en el barrio de Palermo, Florencia, de 24 años, había organizado una cena de despedida para una chica que se iba de viaje. La foto de ese encuentro está publicada en una página web administrada por sus familiares y amigos. Diez jóvenes ríen mirando a cámara, en el lugar donde debería estar la imagen de Florencia hay una silueta gris, su contorno dibuja un agujero monocromo que cita a otras siluetas, que las arrastra desde el fondo de la historia hasta la superficie luminosa de la pantalla.

El viernes 18 de marzo de 2005, amigos y familiares empezaron a entender que Florencia había desaparecido. La búsqueda ganó espacio en los medios de comunicación y tres semanas después organizaron la primera concentración. “¿Dónde está Florencia?” decía una tela que sus compañeros de carrera levantaron en las escalinatas de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ese viernes, Missing Children Argentina (fundada en 1999) y la Red Solidaria (liderada por Juan Carr desde 1995) convocaron a una misa en la catedral de San Isidro y realizaron un acto en la vereda. Pidieron por la aparición de César Báez, de Fernanda Aguirre, de Christian Schaerer y de Florencia. “Queremos que vuelvan a sus casas”, pedía la pancarta principal con gigantografías de sus caras.

Ninguno de los cuatro volvió.

César Baez había desaparecido en enero en San Isidro; tenía 32 años y síntomas de esquizofrenia. Su mamá es Isabel Palacios, protagonista de un hit publicitario de los setenta: era “la extraña de las botas rosas” que tomaba Coca-Cola con sorbete mientras deambulaba por la República de los Niños al ritmo de la canción homónima de La Joven Guardia. Fue modelo, tapa de revistas y caminante de los túneles nocturnos que conectaban política y negocios.

Fernanda Aguirre había desaparecido el 25 de julio de 2004, secuestrada cerca de su casa en San Benito, Entre Ríos, cuando tenía 13 años. Miguel Ángel Lencina fue detenido por el hecho y a los pocos días apareció muerto en la celda de la comisaría. Su esposa, Mirta Cháves, fue condenada a diecisiete años de prisión por haber llamado a la familia de Fernanda para pedir un rescate que se pagó. María Inés Cabrol, mamá de Fernanda, murió en 2010 sin saber qué le había ocurrido a su hija. En 2013, cuando se cumplieron nueve años de la desaparición de la niña, su hermana María Emilia declaró: “No podemos decir sí, está viva o sí, está muerta”.[1]

Cristian Schaerer fue secuestrado en septiembre de 2003 en la ciudad de Corrientes. Tenía 21 años. Pese a que se pagó un rescate de 277.000 dólares, no fue liberado. En marzo de 2004, mientras aún se buscaba a Cristian con vida, Axel Blumberg, de 23 años, fue secuestrado y asesinado. Los secuestros extorsivos dieron lugar a una movilización social masiva que, sin redes sociales ni smartphones, recolectó cinco millones de firmas en un petitorio que reclamaba castigos más severos para quienes delinquen. El Estado respondió con reformas que endurecieron las penas. Por el secuestro de Cristian hubo dos juicios, en los cuales se condenó a más de diez personas. Durante el primero, una testigo dijo que lo habían asesinado. El Estado tardó trece años en dar con José Rodolfo Lohrmann, acusado de ser el líder de la banda de secuestradores. Era uno de los “argentinos más buscados”, pero entró y salió del país a su antojo, hasta que por fin emigró a Europa. En noviembre de 2016 fue atrapado por la policía de Portugal, que lo perseguía por robar bancos.

Entonces, ese atardecer de 2005, en la puerta de la catedral de San Isidro, Juan Carr dijo sobre Florencia: “Es inexplicable que todavía no se sepa nada”.[2]

En los primeros días de la desaparición, se pasa de la normalidad al caos. De ir a la facultad o al trabajo o al supermercado a sacar todos los cajones de los muebles. Todo se desparrama, todo se hurga. El derecho a la privacidad de la ausente se esfuma. El tiempo se usa para armar respuestas. Se cree que lo que ocurre es provisorio. Hasta que lo que ocurre deja de ser brumoso y se transforma en una nueva normalidad. Todo eso le pasó a Pedro en los primeros dos días que siguieron a la desaparición de su hermana:

Para empezar, uno no capta qué está pasando. Agotás otras posibilidades, empezás a preguntar a los amigos, empezás a no sé qué, ves qué onda, decís “Flor no está”. Nosotros, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de facultad no veíamos a Flor metida en algo como para entender que estaba pasando algo grave. Del martes al viernes, ya era todo… Había un grupo de amigos que salió a volantear; uno conocía a alguien, no sé a quién, en la tele. Había una especie de ilusión de que con la tele… que mucho ruido mediático iba a dar fruto.

El ruido mediático dio frutos, sí, pero no los que esperaban los familiares y amigos de Florencia. Cuando se cumplieron tres meses de la desaparición, Jorge Cipolla, el comisario de la Policía Federal Argentina a cargo de la investigación, dijo en una nota publicada en el diario Clarín: “Por suerte, tenemos fuertes indicios de que está con vida. La pista más sólida indica que es probable que esté en el interior, viviendo con alguien –un hombre– y viajando cada tanto a la Capital”.[3] Cipolla también dijo que había que buscar los motivos de la huida en problemas familiares y que no había “ninguna posibilidad” de que se tratara de un secuestro.

El supuesto de que Florencia se hubiera ido por voluntad propia no tenía indicios que lo avalaran. Lo único que había desaparecido junto con ella era su celular: su documento, las tarjetas de crédito y la billetera habían quedado en el departamento. Habían pasado tres meses desde la última conversación de Pedro con Florencia, que, por teléfono, le había preguntado si había habido algún llamado para ella. La cuenta bancaria estaba intacta. Florencia era joven, salía de noche y tomaba alcohol. La madrugada del día en que desapareció pidió un delivery de cerveza, “dato” que alimentó demasiadas historias.

Poco después, las otras llamadas que hizo con su celular la mañana del 16 de marzo y la declaración de un muchacho con quien había salido algunas veces permitieron reconstruir que Florencia consumía cocaína y que al menos una vez había ido a comprarla a una discoteca llamada Confusión, en la esquina de Scalabrini Ortiz y Costa Rica. Este nuevo dato infló la imagen de una chica que “andaba en algo raro”, pero no sirvió para agilizar la investigación judicial. La fiscalía demoró un año en tomar declaración al dueño de un celular con el que Florencia se había comunicado cincuenta veces en una semana. El hombre no negó el contacto, pero no lo siguieron investigando. En los diez años siguientes la fiscalía no pudo averiguar si en Confusión ocurría algo que explicara qué había pasado con Florencia.

Como muchas otras personas que atravesaron circunstancias semejantes, Pedro Pennacchi piensa que la historia de su familia se convirtió en una pila de papeles que dependen de los movimientos de las capas tectónicas de la burocracia. La búsqueda de Florencia generó un activismo intenso: recitales, charlas, volanteadas, manifestaciones, mucha presencia en los medios de Buenos Aires y Neuquén, la provincia donde nacieron los hermanos. “Toda esta cosa, lamentablemente, ¿para qué sirve? Para que la justicia te dé bola. Si no se motoriza una presión social, incluso hoy los jueces no hacen nada. Es lo que decide que una carpeta esté apilada arriba de la otra”, dice Pedro ahora, cuando la historia de Florencia apenas se hace visible en el aniversario del día en que sus conocidos la vieron por última vez.

Con el tiempo, Pedro comenzó a contactarse con otras familias que buscan. En 2015 se acercó a una organización que se presentó en sociedad ese año, en coincidencia con el décimo aniversario de la desaparición de Florencia: Madres Víctimas de Trata, en el barrio porteño de Constitución. Dice que “la parte activa de las búsquedas siempre son los familiares, de la mejor o de la peor manera que les sale. Ir a preguntar todos los días a la comisaría, ir a preguntar todos los días a la fiscalía, ir uno, aportar ideas”. Dice que fue a buscar a su hermana a lugares lejanos e insólitos siguiendo datos que resultaron falsos. Dice que “lo peor de todo es que uno, en cierto momento, tiene una especie de fe institucional. Uno iba y pedía escritos, incluso llegamos a pedir un habeas corpus. Uno decía ‘bueno, los que saben buscar personas son ellos, no nosotros’”.

Dice que esa falta de certeza sobre qué pasó con Florencia Penacchi es también una falta de certeza sobre qué hay que hacer cuando se busca a alguien: “Yo, con el fracaso que ha sido esto de no poder encontrarla, me he quedado con la postura de que hagan lo que sientan con el corazón que hay que hacer, porque no hay garantías. Una persona más emocional te diría: ‘Andá, subite arriba de un auto a preguntar por todos lados, poné plata, comprá testigos, lo que quieras’. Otra persona con otra cabeza te diría: ‘Trabajá con las instituciones, hacé todo bien’. Pero ninguna de las dos estrategias ha funcionado: está el padre de esta otra chica que se murió buscándola”.

* * *

En el invierno de 2011, Héctor Romero trabajaba como repartidor de alimentos entre los pequeños almacenes de los pueblos cercanos a Salta capital. A las 16.30 hs del 8 de julio se convirtió en una de las últimas personas que vieron a María Cash. Ella hacía dedo en la ruta nacional 34, a pocos metros de las casillas de peaje de Cabeza de Buey. Romero paró. Antes de pedirle transporte, María le pidió agua. Él no tenía, ella se subió a la camioneta. Unos kilómetros más adelante, pidió bajar en un punto donde había varios camiones detenidos. En la foto de esa zona que tomó el satélite de Google Maps se ve el asfalto dividido por líneas blancas, árboles, caminos de tierra irregulares y, al borde de la ruta, un resplandor: la luz del sol reflejada en cientos de botellas de plástico cargadas de agua que los creyentes amontonan para honrar a la Difunta Correa, la mujer que murió de sed con su bebé en brazos y que la cultura popular convirtió en santa. A partir de allí, el rastro de María Cash se pierde entre rutas provinciales y datos incongruentes.

Tres años después, en el otoño de 2014, dos pinamarenses que viajaban hacia el Sur por la ruta 152 fueron las últimas personas que vieron vivo a Federico Cash, papá de María. El Renault Clio blanco de Cash y el Peugeot 308 blanco de la familia chocaron a la altura de Puelches, La Pampa. Federico murió en el acto, sobre la ruta. Tenía 70 años. El auto estaba lleno de volantes con la cara de María.

“Si no era por el accidente, no paraba. En cierto sentido, yo por adentro siempre pienso ‘menos mal que le pasó de esa manera’, porque creo que no sufrió, fue repentino. Y fue la manera en que la vida le dijo ‘flaco, pará un segundo, hasta acá llegaste, porque te estás volviendo loco’”, dijo Máximo Cash un año y medio después de la muerte de su padre.

María, de 29 años, había salido en micro desde Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, hacia el norte del país. En algún momento del viaje ocurrió algo y dejó de ir en línea recta. Cuando se inició la búsqueda, los testigos y las cámaras de vigilancia la ubicaron en un peaje en una provincia, en una estación de servicio en otra, al costado de una ruta, en la sala de espera de un hospital.

Casi desde un comienzo, Federico Cash empezó a buscar por su cuenta; no creía en los intermediarios. Dejó de trabajar en su fábrica de broches para papeles y financió la búsqueda un poco con sus ahorros, otro poco con aportes de personas solidarias que le prestaban un auto, plata para la nafta o un lugar donde dormir. Atendía el celular a toda hora, anotaba los mensajes recibidos en una planilla, armaba recorridos. Federico y Máximo, el mayor de los cuatro hermanos Cash, persiguieron las posibles huellas de María por decenas de ciudades, pueblos y caseríos. Fueron tras personas que dijeron haberla visto. A algunos lugares llegaron orientados por quienes se autoproclaman videntes. Fueron allí donde alguien les dijo que alguien le había dicho que había una chica que caminaba desorientada.

La travesía de la familia Cash empezó dos días después de que María subiera al micro, cuando sus padres detectaron que algo no estaba bien. En los primeros viajes tomó forma el método: “¿Viste a esta chica? ¿Viste a esta chica? ¿Viste a esta chica?”. Máximo se cita a sí mismo cuando reconstruye el segundo recorrido, en septiembre de 2011: dos semanas buscando en la ruta 34 y alrededores, desde Tartagal hacia el Norte hasta Salvador Mazza y luego hacia el Sur hasta Metán. Siempre haciendo esa pregunta. Cada tanto, alguien decía que tal vez, sí, tal vez la había visto. Así durante tres años. En conversación, Máximo explica:

–El viejo recibía mensajes desde las 8 de la mañana. Así estaba todo el día y haciendo cartas a ministros, a secretarios, haciendo cartas a diputados, a senadores, para que le den apoyo de esta manera, le den apoyo de esta otra, estando atrás de la creación de una agencia federal de búsqueda de personas.

–¿Cómo decidían cuándo ir a chequear un dato y cuándo no?

–Ibas viendo. Si había pasado hacía un año no podías hacer nada. Si tenía tres meses… Íbamos volcando todos los datos en una base de datos, en un Word. En el llamado por ahí te dabas cuenta si le dabas bolilla o no. Si era algo muy llamativo y que tenía ciertas similitudes con María, le dabas seguimiento y se lo pasábamos a gendarmería; otros, si podíamos, los chequeábamos nosotros.

Según un informe del Juzgado Federal nº 2 de Salta, entre el 2 de febrero de 2012 y el 2 de febrero de 2013 se recibieron cincuenta y cuatro informaciones relacionadas con María; treinta y nueve fueron aportadas por Federico Cash y su esposa –y madre de María–, María del Carmen Gallego. Se trataba de personas que decían haberla visto en el Chaco, en Formosa, en Salta, en Entre Ríos.

El año 2014 arrancó con un viaje por la Mesopotamia. Máximo y Patricio, el menor de los cuatro hermanos, partieron en una camioneta prestada por la empresa Fiat y con combustible donado por el Automóvil Club Argentino. Un hombre de nacionalidad uruguaya que decía ser vidente les había dicho que veía a María viva, acostada en una cama de hospital, en un lugar donde había cataratas, aserraderos y tierra colorada. Así llegaron a Misiones para recorrer poblaciones y hacer la pregunta de siempre. Cruzaron a Brasil, pero decidieron volver porque no encontraron nada. En abril, Federico fue a Bariloche a buscar un auto que le había regalado alguien que lo había escuchado en un programa de televisión y a chequear datos que habían quedado registrados pero nunca habían sido confirmados. Y fue entonces cuando murió en la ruta, de regreso a Buenos Aires. Juan Carr dijo: “Fue como un mártir de la búsqueda”.

La causa por la desaparición de María está en un juzgado federal, porque al comienzo primó la idea de que podía haber sido víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. La mayor parte de sus fojas están colmadas de mensajes recopilados por la familia y de lo que en el argot policial llaman “avistamientos”: personas que dicen haber visto a la persona buscada. Nada en ese conjunto de plazas, almacenes, colectivos, bares, veras de rutas condujo a encontrar a María. Ella pudo haber estado en todos esos lugares o en ninguno. De eso se trata, de no saber.

La familia Cash piensa que el Poder Judicial no investiga como debería. El juzgado emite informes cada cierto tiempo para mostrar que la falta de resultados no es producto de la mala investigación sino de que la verdad es inasible. En un informe de septiembre de 2016 relató, por ejemplo, que “se la buscó en prostíbulos en el Norte, en San Pedro de Jujuy, también en el Sur, en la Patagonia, en dos localidades. La buscamos ahí porque recibimos un llamado de una persona que había visto a una joven similar a María”.[4] En su último informe, del 8 de julio de 2019, día del aniversario de la desaparición, el juzgado refirió las medidas tomadas en los doce meses anteriores. Muchas de ellas parecen la repetición de otras ocurridas hace tiempo: pedido de aumento de la recompensa, progresión del aspecto físico de María, averiguación del domicilio de quienes viajaron en el mismo micro que ella en julio de 2011.

–Tu papá decía que para él lo peor era sentir que nadie la estaba buscando más que él. ¿Vos dirías eso también?

–Sí, y no solo a María. Nosotros tuvimos la suerte de que el caso, por x motivo –la verdad es que no sé por qué–, se hizo mediático y se sostuvo durante mucho tiempo. Es un nombre. Quizás por los rasgos de María, porque la ves y te llama la atención la sonrisa que tiene, y eso causa algo en la gente. Por qué tuvo repercusión es algo que no sé. Por suerte la tuvo en nuestro caso; pero la cantidad de otras personas que están desaparecidas y no se conoce es infernal.

–Entre todas las hipótesis que hubo en estos años, ¿a vos qué te parece que pasó?

–No. No sabemos. Puede ser que esté perdida mentalmente y no sepa quién es. Puede ser que esté en la casa de unos ancianos que no tienen medios de comunicación y no sepan quién es María. Puede ser que la hayan violado y la hayan matado a los pocos días que desapareció. Puede ser que la haya raptado una red de trata y la tengan laburando, pasándola de un lugar a otro. Puede ser que la hayan hecho laburar y la hayan matado. Puede ser que la hayan sacado del país. Puede ser que la hayan sacado caminando: con las fronteras que tenemos, tan permeables, cualquiera puede salir como quiera. Puede ser que haya muerto por causas naturales, de no comer y no hidratarse. Puede estar caminando. Puede ser que la haya atropellado algún camión porque estaba caminando por la ruta. No. No sabemos.

Cuando se cumplieron diez años de la desaparición de Florencia Penacchi, Nidia Aguilera, su mamá, dijo en un programa de televisión acerca de ella y de otras chicas desaparecidas: “No sabemos qué universo están transitando. No sabemos si están vivas o están muertas. No sabemos qué son”.[5]

[1] “¿Dónde están? El caso de Fernanda Aguirre”, informe televisivo emitido por el canal Todo Noticias, 1º de agosto de 2013.

[2] “Reclamaron en dos manifestaciones por cuatro jóvenes que desaparecieron”, La Nación, 7 de abril de 2005.

[3] Georgina Elustondo, “La Policía cree que Florencia vive y que está en el interior en pareja”, Clarín, 17 de junio de 2005.

[4] “La Justicia informó que buscó a María Cash hasta en Croacia”, La Gaceta-Salta, 10 de septiembre de 2006.

[5] Vivo en Argentina, Televisión Pública Argentina, programa del 18 de marzo de 2015.

Sustracción

Hasta los primeros años 2000, la explotación sexual no era un problema público en la Argentina. Cada tanto aparecían algunos cuestionamientos o hechos que suscitaban un momento de atención social, pero por lo general la sociedad no exigía soluciones ni una severidad punitiva particular. El mercado del sexo se desplegaba como cualquier otro que se desenvuelve en la ilegalidad: si hay demanda, la administración de la oferta se vuelve viable integrando al negocio a los funcionarios públicos que deberían hacer cumplir la ley.

En el mundo occidental, las cosas habían empezado a cambiar hacia fines de los años noventa, con ritmo lento pero acompasado al interés creciente de algunos países por obstaculizar los flujos migratorios. Espacios internacionales que influyen sobre las políticas públicas nacionales, oficinas de organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y un sector de las agrupaciones feministas comenzaron a recortar la trata de personas con fines de explotación sexual como un problema que requería intervenciones fuertes y urgentes por parte del Estado. En 2000, un tratado internacional, el Protocolo de Palermo, afincó la nueva tendencia: desde entonces los Estados deben priorizar la persecución de la trata de personas. Durante un tiempo, este cambio de época pasó inadvertido en la Argentina.

Hasta que desapareció Marita Verón.

El 3 de abril de 2002, Marita tenía 23 años. Susana Trimarco, su madre, empezó a buscarla la primera noche de su ausencia, después de varias horas de no saber nada de ella. Con el correr de los años, la desaparición de Marita se transformó en un símbolo, en un relato que se desprendió de sus detalles específicos y se instaló en la memoria colectiva. Trimarco se convirtió en una referente social: como les sucedió a muchas otras en la historia argentina reciente, la pérdida individual la expulsó del mundo doméstico hacia el político. Entre los temas presentes en la conversación cotidiana se plasmó un problema que parecía nuevo: la captura de mujeres cis, en su mayoría muy jóvenes, para ser explotadas en el mercado del sexo.

Desde los primeros momentos de la investigación tomó forma la hipótesis de que Marita había sido secuestrada. La policía y Daniel Verón, su padre, la buscaron en los prostíbulos de Tucumán y La Rioja. Lo que encontraron otorgó difusión masiva a lo que muchos ya sabían: en el noroeste del país había redes delictivas que sometían a mujeres a la prostitución involuntaria. Hacia fines de 2002, dos de ellas dijeron haber visto a Marita. Fátima Mansilla –secuestrada nueves meses por Daniela Milheim y Alejandro González, quienes la forzaron a prostituirse cuando tenía 16 años– contó que se cruzó dos veces con Marita. En La Rioja, L. T., una chica que se había alejado de su provincia natal, Córdoba, atraída por la promesa de un trabajo que resultó ser una rutina de vejaciones, contó que la había visto en el prostíbulo El Desafío. Se activó una trama de complicidades para trabar las investigaciones: “La mayoría de los allanamientos que hicimos fueron avisados previamente”,[6] admitió el comisario de la policía tucumana Jorge Tobar años después.

En 2013, cuando Marita llevaba once años desaparecida, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán dictó sentencia en una causa que juzgó a siete hombres y seis mujeres acusados por su secuestro y explotación sexual. El fallo condenó a diez imputados, absolvió a dos –entretanto, una de las acusadas había fallecido– y reunió los hechos vinculados con la desaparición y con el funcionamiento de una red criminal que el tribunal consideró probados: Marita fue secuestrada en una esquina de San Miguel de Tucumán; primero fue llevada a la casa de Milheim y González y luego arrastrada a un circuito de prostíbulos riojanos –Candy, El Desafío, Candilejas– que “constituían el último engranaje de una red de trata de personas, es decir, el lugar de explotación de las víctimas de trata, obligándolas a mantener relaciones sexuales con los clientes de los locales”.[7] La red era un sistema de producción: algunos captaban a las mujeres –por lo general, les ofrecían trabajo como niñeras o empleadas domésticas– y las entregaban al administrador de un local –a cambio de dinero–; otros administraban el prostíbulo –a través de la violencia–; otros protegían esas actividades –a través del tráfico de influencias– y, por último, otros llegaban a esos lugares y pagaban por sexo.

En el juicio, al menos siete mujeres –algunas adolescentes en el momento de los hechos–, dijeron que se habían cruzado con Marita. No pudieron encontrarla en los allanamientos a los prostíbulos pero sí liberaron a muchas otras jóvenes encerradas en ese dispositivo que las convertía en materia de extracción: de satisfacción y de dinero. A. R. tenía 15 años cuando “fue detenida durante el allanamiento realizado el día 26 de septiembre del año 2003 en el cabaret Candy de La Rioja, en el que se hallaba privada de su libertad y obligada a ejercer la prostitución. Había sido vendida a Liliana Medina, dueña de dicho cabaret, por la suma de $2500”.[8]

La sentencia de la Corte tucumana transcribió las palabras de A. R.: “Me amenazaban que me iban a mandar a otro lado, me decían que para ellos no era nada desaparecer a una piba. En un castigo me pararon en un banco en el fondo y me pusieron una soga en el cuello y me amenazaban con tirar la silla para ahorcarme. Que me iban a desaparecer.”

* * *

El funcionamiento de estos lugares estaba garantizado por la coerción: “La restricción a su libertad que sufrían las víctimas de trata de personas, se mantenía mediante diferentes mecanismos que perseguían impedir un eventual intento de fuga de las víctimas de su lugar de encierro. Ello se llevaba a cabo mediante encierro real de las víctimas y un encierro psicológico a partir de amenazas, violencia, falsas deudas, ritos, aislamiento del resto de las personas, provocar adicciones”.[9] Los golpes se ensamblaban con otros artilugios: amenazas a la vida de los hijos de las mujeres, endeudamiento, drogas y los cultos a San La Muerte y a la Pomba Gira, que esparcían oscuridad y generaban temor. Con el correr de los años, las investigaciones judiciales encontraron que estos modos de hacer eran comunes en muchos sitios de explotación en distintos lugares del país. También lo era el traslado constante de las mujeres: no solo para alejarlas de sus familias, sino también de la posibilidad de crear comunidad con otras.

B. V. dijo que en el prostíbulo El Desafío, en La Rioja, le quitaron los documentos y le asignaron el nombre Luz.[10] La expropiación del documento de identidad es frecuente, busca restringir los movimientos y ocultar a las chicas que son menores de edad: así ocurrió en al menos un 34% de los cien primeros casos de trata sexual y laboral condenados por el Poder Judicial.[11] L. T., la chica que dijo haber visto a Marita Verón en un prostíbulo de La Rioja, comentó: “Ahí nadie tenía nombre y apellido, todas usábamos un nombre que no era nuestro. “¿Con qué nombre trabajaba en El Desafío?”, le preguntaron los funcionarios judiciales. “Anahí; no lo elegí yo, te lo eligen ellos”, respondió.

La sintaxis judicial se refiere a este procedimiento como asignación de un nombre de “fantasía” o nombre “artístico”, porque no llega a comprender el alcance de la exnominación. La explotación reescribía identidades: las mujeres estaban alejadas de su comunidad y también eran extrañas para sí mismas, arrojadas muy lejos de las personas que habían sido. Al trastocamiento de los nombres se sumaba la alteración de la apariencia: “También le hicieron poner Pupilent [una marca de lentes de contacto] como me hicieron a mí, color celes[te]”, declaró A. D. R. sobre Marita.

En el fallo de diciembre de 2013, la Corte Suprema provincial dio por probada “la presencia contra su voluntad de María de los Ángeles Verón en la provincia de La Rioja en los locales El Desafío, Candy y Candilejas entre los años 2002 y 2003, […] donde fue retenida, ocultada y obligada a ejercer la prostitución”. La Corte cerró la sentencia aclarando que ese proceso finalizó “sin poder determinar a ciencia cierta qué ocurrió luego con la hija de Susana Trimarco y Daniel Horacio Verón”.[12]

Lo que ocurría en Tucumán, en La Rioja, en el barrio Las Casitas de Río Gallegos en Santa Cruz, en las “whiskerías”, a la vera de las rutas en los bares ruinosos con habitaciones anexadas no era novedad. Pero la desaparición de Marita Verón y el alcance que tuvo el activismo de su madre y de su hija Micaela –a quien el público vio crecer ante las cámaras– otorgaron una visibilidad inédita a la cuestión, sensibilizaron a amplios sectores sociales y generaron una demanda cada vez más extendida de intervención estatal.

En 2006, la trata de mujeres para el mercado sexual ya ocupaba espacio en los grandes medios de comunicación, aunque todavía algunos la llamaban “trata de blancas”.[13] En años anteriores, el interés del gobierno de los Estados Unidos en que otros países “combatieran” el tráfico de personas había funcionado como aliento, en especial económico, a través del financiamiento de investigaciones, seminarios y eventos con funcionarios y activistas. La investigadora Cecilia Varela sitúa entre 2002 y 2005 la formación del movimiento antitrata en la Argentina: organizaciones de la sociedad civil articuladas con dependencias internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) empezaron a delimitar el problema; entre sus actividades estaban la sensibilización y la producción de materiales que permitieran construir un tema público. Así, “la cuestión de ‘trata de mujeres’ se instala en los medios de comunicación. En la multiplicación de notas periodísticas confluyen tanto las estrategias de prensa desarrolladas por la OIM orientadas a la visibilización del delito, como las que lleva adelante el Programa Nacional Anti-Impunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”,[14] señala Varela.

El gobierno de los Estados Unidos también presionaba con los informes anuales de su Departamento de Estado, que sostenían que la Argentina era deficitaria en ese terreno. La opinión no era irrelevante ya que la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia, sancionada por el Congreso estadounidense en 2000, condicionó a los resultados de esas evaluaciones el otorgamiento de ciertas ayudas económicas y el voto a favor de ese país para la aprobación de créditos internacionales. Según un editorial del diario La Nación, en junio de 2005 el embajador estadounidense había expresado preocupación porque “la trata de seres humanos no [era] un delito específico” en la Argentina.[15]

* * *

La tendencia en las políticas globales y la repercusión local de la tragedia de la familia Trimarco-Verón crearon el clima propicio para que agregar delitos al Código Penal resultara algo obvio, que parecía no requerir debate alguno. Así, en diciembre de 2006, el Senado dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley para perseguir y sancionar la trata de personas.

En el ínterin, se produjo otra deriva de lo que le había pasado a Marita y la incapacidad de las instituciones estatales para encontrarla: la trata de mujeres con fines de explotación sexual empezó a usarse para explicar todas las ausencias de mujeres jóvenes. Esa relación de causalidad, que poco antes no se mencionaba en la prensa, pasó a ser el trasfondo uniforme de decenas de notas periodísticas cuya trama unía a Marita Verón con Florencia Pennacchi y otras mujeres desaparecidas en los primeros años del siglo XXI. Para fines de esa década, esa causalidad se había convertido en algo de sentido común, algo obvio que no necesitaba demostración. Algunas de esas ausencias encontrarían certezas, otras no.

Andrea López, desaparecida en febrero de 2004: diez años después, Víctor Purreta, su pareja, fue condenado por el homicidio. Su madre y su hijo aun buscan recuperar a Andrea muerta: “Nosotros necesitamos hacer un duelo”, dijo su madre cuando se cumplieron quince años del crimen.[16]

Annagreth Würgler, desaparecida en agosto de 2004: en 2007, Alcides Cuevas, dueño de un hotel en La Rioja, fue condenado por haberla matado. La joven, a quien los medios argentinos bautizaron “la turista suiza”, todavía no fue encontrada.

Otoño Uriarte, desaparecida en octubre de 2006: seis meses después fue hallada sin vida en un canal de riego, mutilada. Seis hombres de la zona fueron investigados, pero todavía no hay explicación para su muerte.

* * *

La frecuencia con que al asesinato de una mujer por parte de un hombre le sucede su descarte u ocultamiento ya era evidente, pero aún faltaban muchos años para que se le prestara atención.

En julio de 2007, cuando se cumplieron cinco años de la desaparición de Marita Verón, durante una concentración frente al Congreso Nacional, Fabiana Túñez –en ese momento coordinadora de La Casa del Encuentro, una organización que trabaja contra la violencia hacia las mujeres– afirmó: “Reclamamos al Estado, a los partidos políticos, a la Justicia por la aparición con vida de estas mujeres desaparecidas en democracia”. Susana Trimarco agregó: “El gobierno habla de los desaparecidos del ‘setenta’, pero de los desaparecidos en democracia no dice nada”.[17] El pedido de aparición con vida, consigna creada por las Madres de Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos e hijas a quienes había secuestrado la dictadura militar, colocaba a esas chicas y mujeres en una genealogía de ausencias. Aunque eran muy distintas de las desapariciones ocurridas treinta años atrás, una poderosa acción simbólica hizo que ingresaran en la esfera pública entretejidas con aquellas.

En ese acto, Túñez hizo circular una cifra: había “400 mujeres desaparecidas con fines de explotación sexual” en la Argentina. Un año después, la cifra aumentó un 25%: en 2008, según La Casa del Encuentro, había “más de 500 mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución”.[18] En los tres años siguientes, ese número, además de crecer a centenas, se cimentó como un dato reproducido por doquier, aunque nunca se dieron a conocer su fuente, la metodología de su construcción y la enumeración específica de los casos que lo integran. Innumerables notas periodísticas lo repiten hasta el día de hoy. También parecía irrelevante que la cifra correspondiera a un histórico acumulado o a hechos ocurridos en el transcurso de un solo año. Por ejemplo, una nota del diario Clarín publicada en junio de 2008 se tituló: “Explotación sexual: desde 2007 desaparecieron 550 mujeres”. De ese modo se sostenía que cuarenta y cinco mujeres por mes ingresaban al campo de las “nuevas desaparecidas”, que eran sometidas en el mercado del sexo.[19] Los informes periodísticos sobre esos cientos de mujeres ausentes incluían invariablemente las historias individuales de Fernanda Aguirre, Marita Verón, Florencia Pennacchi, Andrea López, Annagreth Würgler, Otoño Uriarte.

Las cifras, presentadas como producto de un trabajo estadístico y rodeadas de un halo de cientificidad, integran la caja de herramientas que se utilizan cuando se quiere denunciar algo y son un insumo atesorado por quienes construyen discursos. Periodistas, funcionarios públicos, políticos oficialistas y opositores las usan para otorgar credibilidad a sus relatos o a las soluciones que proponen. El movimiento antitrata las ha usado, no solo en la Argentina y no solo en los primeros años del siglo XXI. Por ejemplo, una investigación publicada por el Center for Human Rights & Humanitarian Law del American University Washington College of Law da cuenta de que, antes de la Copa Mundial de Fútbol de 2006, las organizaciones contra la trata difundieron números que luego fueron reproducidos por doquier. El mensaje decía: “Se espera que 40.000 mujeres provenientes del este de Europa sean llevadas a Alemania para satisfacer la demanda de sexo comercial”. En 2007, la Organización Internacional de Migraciones sostuvo que “la estimación de 40.000 mujeres que se esperaba que fueran víctimas de trata era infundada y poco realista”. Sin embargo, la cifra de decenas de miles de mujeres traficadas para eventos deportivos se repitió en el mundial siguiente: Sudáfrica 2010.[20]

En marzo de 2008, el canal de televisión Telefe produjo la telenovela Vidas robadas, inspirada en la historia de Marita Verón y emitida en horario central. En esos días, las y los diputados nacionales discutían el proyecto votado por el Senado dieciséis meses atrás. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido a fines de 2006, surgieron en el recinto posiciones divergentes sobre la comercialización de la sexualidad, posiciones que existen desde hace décadas y que aún suscitan intensa controversia. El núcleo de este debate era, igual que ahora, la cuestión del consentimiento. El proyecto de ley diferenciaba entre mayores y menores de edad y establecía que, en el caso de los menores, el consentimiento o su falta determinaba si se estaba o no ante un delito.

El 9 de abril de 2008, día en que Diputados debía votar la nueva ley, se produjo el primer autodenominado “escrache” a un prostíbulo en la ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones convocantes –entre ellas, Fundación La Alameda y Red Alto el Tráfico y la Trata– entraron por la fuerza a un local del barrio de Flores: pareció más un allanamiento paraestatal que una protesta.[21] Aunque el debate en la legislatura fue vehemente, la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas se sancionó tal como había salido del Senado: el delito de trata se producía si la persona era forzada a desplazarse o al comercio sexual. Desde 2009, hubo proyectos para reformar esa condición y un lobby constante de un sector de las organizaciones feministas y otras, como La Alameda, dedicadas a la “lucha” contra la trata de personas. En 2011, el Senado dio media sanción a una reforma que eliminaba el consentimiento como factor determinante y agregaba los delitos de promoción y facilitación de la prostitución. En 2012, en Diputados, el enfrentamiento de posiciones contrarias en torno a si debía castigarse todo lo relacionado con la prostitución estuvo a punto de estancar el endurecimiento de la ley. Hasta que las consecuencias de la desaparición de Marita Verón volvieron a marcar el rumbo.

El 11 de diciembre de 2012, el tribunal de primera instancia que juzgó a los trece acusados por el secuestro de Marita los absolvió con un fallo que luego sería revertido por la Corte tucumana. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar la reforma de la ley contra la trata de personas. La indignación que provocó la sombra de la impunidad en un caso que había generado tanta empatía arrasó con los matices, y la ley fue reformada. No fue la primera vez que el endurecimiento del sistema penal funcionó como respuesta veloz a las demandas sociales de mayor protección estatal.

Además de eliminar el consentimiento, la ley convirtió en delitos prácticas relacionadas con el ejercicio de la prostitución en general, aunque no involucren la explotación de otra persona. Con ese espíritu, un decreto presidencial de julio de 2011 había prohibido los avisos de oferta sexual en los diarios aunque las y los interesados en publicarlos fuesen personas que intercambiaban sexo por dinero sin mediar una relación de explotación. Por estos caminos, aunque dedicarse a la prostitución no es un delito en la Argentina, la reforma de la ley contra la trata volvió todavía más clandestina la actividad y, si bien dio herramientas para perseguir a los explotadores, empeoró las condiciones de quienes deciden ejercer el trabajo sexual, en particular las de quienes provienen de sectores populares.

En los pocos más de once años transcurridos entre la sanción de la ley y mediados de 2020, 405 sentencias de la justicia federal condenaron a 702 personas por ese delito o por los llamados “delitos conexos”, como la reducción a la servidumbre. Según un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación (Protex) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el 75,3% de las sentencias fueron por explotación sexual y el 23,7% por explotación laboral. La mayoría de los condenados fueron hombres, un 64,1%; aunque la cifra muestra que las mujeres que participan en el negocio también son condenadas, no por ejercer la prostitución sino por realizar tareas que, para el sistema penal, son parte del engranaje de la trata. En cuanto a las víctimas de los delitos, el 81,5% fueron mujeres cis.[22]

En Santiago del Estero, en Paraná, en Salta, en Mar del Plata, la gramática de los tribunales que administran castigos escribe la historia de las mujeres y de sus explotadores. En los expedientes hay una pasarela donde las niñas de 13 años desfilan en ropa interior para ser elegidas. Una peluquería en la que basta descorrer una cortina para encontrar chicas menores de edad en exhibición. Catálogos vivos. Hay mujeres en habitaciones con candados en la puerta.[23] Muchas fueron obligadas a prostituirse por un hombre que era o había sido su pareja. Muchas se alejaron de sus familias para ir tras la promesa de un trabajo de niñera, de modelo, de bailarina. La rutina de los explotadores, que algunas veces son mujeres, combina violencia y endeudamiento:

La víctima fue instalada en el motel dependiente del prostíbulo donde sufría el permanente control de los responsables del lugar, de donde no la dejaban salir durante seis horas francas, y hasta tenía que escapar para poder hacerlo; y si era descubierta, se la castigaba con mayor descuento sobre lo recaudado.[24]

Los que fueron a estos lugares y pagaron no son narrados en los trámites judiciales; son la masa invisible de hombres que frecuentan los prostíbulos; algunos eligen sitios donde las mujeres no son obligadas al sexo, otros son indiferentes a las circunstancias. La catarata de dinero que ingresa al negocio es el único rastro que registran las burocracias estatales.

La explotación sexual involucra el tráfico de personas, en su enorme mayoría mujeres, muchas veces de un país a otro. En un informe de 2016, Naciones Unidas afirmó que entre 2012 y 2014 hubo en Sudamérica 4500 casos denunciados de personas que fueron llevadas a otro país en los que se pudo determinar el propósito: el 57% tuvo fines de explotación sexual, el 29%, de explotación laboral.[25] En distintos informes de este tipo, la Argentina aparece como un país receptor de tráfico de mujeres, sobre todo desde los países limítrofes. Al analizar las primeras cien sentencias por el delito de trata con fines de explotación sexual, se observa que hubo 130 víctimas extranjeras –en su mayoría paraguayas y en menor medida dominicanas, brasileñas y bolivianas– y 82 argentinas.[26]

¿Estas mujeres fueron secuestradas? “Los casos demuestran que en un porcentaje muy bajo se utiliza la violencia para la captación. Lo que más se utiliza es el engaño, el abuso, la vulnerabilidad, pero no la violencia”, responde Marcelo Colombo, el fiscal que lleva más de diez años liderando la investigación penal de la trata en el país desde la Protex del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Todos los informes que analizan el funcionamiento de estas redes criminales en el país indican algo similar. Una investigación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) junto con la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), publicada en 2012, mostró que en un total de setenta y cuatro casos de trata judicializados solo había habido dos secuestros. “En la mayoría de los casos, el engaño opera sobre ofertas de trabajo, siendo estos trabajos precarios; trabajos domésticos, trabajo en whiskerías como coperas o meseras, niñeras, etc.”.[27] La interpretación de lo relevado subrayaba, por un lado, “la condición de vulnerabilidad socioeconómica previa de las víctimas” y, por otro, el hecho de que esas estructuras eran más rudimentarias que “el tipo de estructura necesaria para concretar un secuestro”. Según el informe, había dos tipos de engaño. “En la mayoría de los casos este opera respecto al tipo de actividad que se promete (68%)”; “sin embargo, debe mencionarse que también existe engaño en relación a las condiciones en las que se ejercería la actividad prometida (32%). Es decir, aquellos casos en los que las víctimas ‘aceptan’ el ejercicio de la prostitución, pero bajo condiciones distintas a las que finalmente se ven sometidas”. Desde la Fundación María de los Ángeles, creada por Susana Trimarco, comparten el diagnóstico: “El medio de reclutamiento de las redes de trata no suele ser el secuestro”.

Las redes que gestionan una de las zonas del mercado sexual para extraer renta de los cuerpos femeninos operan sobre una realidad específica: capturan a mujeres que necesitan ingresos económicos y que muchas veces buscan escapar de entornos determinados por la violencia: de sus parejas, de sus madres y sus padres, de otros familiares. La mayoría son muy jóvenes y son convocadas por organizaciones criminales que les ofrecen una puerta de salida que se clausura en cuanto la traspasan. En ese nuevo mundo al que ingresan, sus vidas también estarán organizadas por la violencia, por la expropiación de la soberanía sobre sus cuerpos, por la disponibilidad para otros, por el miedo. En la Argentina, no cualquier mujer puede ser captada por esas organizaciones, no todas las mujeres cis están en riesgo: solo aquellas que viven acechadas por peligros multiformes vayan donde vayan. Más de diez años de persecución penal a los tratantes no lograron transformar las fuerzas que precarizan sus vidas.

La pregnancia de la imagen de un secuestro a plena luz del día ayuda a oscurecer un funcionamiento de las redes de explotación sexual que sí es ordinario: el negocio no podría perdurar sin policías, jueces, fiscales, intendentes que lo permitan o, directamente, lo usufructúen. Sus huellas están desperdigadas con la desidia propia de quien cree que nunca será castigado. Una sentencia judicial, entre tantas:

decidieron escapar por la puerta principal, que estaba abierta, y al ver en la calle estacionado un patrullero, subieron rápidamente al interior y encontraron dos policías, que las bajaron del auto y entregaron de nuevo a X[,] quien ese día las golpeó de muy mala manera para que no volvieran a hacerlo. […] X les dio plata a los policías que las entregaron y ellos se reían de ellas, porque las conocían porque varias veces hicieron pases en el local con ellas.[28]

En todo el país, las redes de trata se despliegan entretejidas con las burocracias estatales.

El fiscal Marcelo Colombo dice que identificar estas responsabilidades solo depende de la profundidad de la investigación. A la pregunta sobre el alcance de la participación de funcionarios públicos en el sistema prostibulario, responde: “La participación es alta aunque no haya tantas condenas de funcionarios. Yo creo que no hay más porque no se busca más. Es alta y tiene que ver con la lógica de recaudación. Es económico, sin duda”.

Para ejemplificar cómo funciona el entramado, relata lo ocurrido en la investigación de Esmeralda Vip, un emprendimiento comercial que funcionaba a pocas cuadras del Obelisco porteño. Desde 2009, Colombo firmó denuncias y presentaciones judiciales para que fuese objeto de una investigación, porque varias mujeres habían testimoniado que allí se explotaba a menores de edad. Lo intentó en cuatro fueros: el criminal federal, el criminal ordinario, el contravencional y el correccional. Fracasó durante cuatro años seguidos. “Cuando te metés y empezás a cucharear los casos y hay una organización… enseguida aparece un funcionario público. En el caso de Esmeralda Vip, desde 2009 hasta 2013 estuvimos intentando que se haga el allanamiento. Mirá la protección que tenía ese lugar que, habiendo una cámara Gesell de una piba de 16 años que había pasado por uno de los lugares asociados, el juez no quería allanar”, acota Colombo.

A mediados de 2014, el lugar fue allanado y se comprobó que la red que integraba era más grande de lo pensado: además de tener otros prostíbulos, lavaba dinero a través de una empresa exportadora de videojuegos y artículos de computación. Dice la Protex en un informe sobre la causa:

Desde una mirada hacia atrás para tratar de entender por qué cuesta tanto hacer cesar la ilegalidad, se destaca que el prostíbulo era un lugar lujoso, emblemático en ese rubro, con mucho desarrollo comercial y empresarial, con múltiples líneas, páginas de internet propias, mucha publicidad, contactos vip, innumerables mujeres explotadas sexualmente a lo largo de los años –inclu[idas] menores de 18 años–, con muchas personas involucradas en el manejo y administración del lugar y, sobre todo, un emprendimiento que generaba inmensas ganancias ilícitas para repartir.

Y concluye el informe: “Paralelamente, al analizar las comunicaciones entrantes a los abonados del prostíbulo, nos encontramos con que una parte sustancial de su clientela, de acuerdo con las titularidades de las líneas telefónicas que llamaban al lugar, pertenecía a dependencias oficiales de los tres poderes del Estado. Estructura, Ganancias y Legitimación parecen ser, entonces, las razones buscadas”.[29]

* * *

En 2016, Benito Pont, fiscal federal de Paso de los Libres, Corrientes, tuvo que presentar su renuncia cuando se descubrió que encubría a amigos y familiares que administraban tres prostíbulos donde la explotación sexual se realizaba “mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaño”.[30] La causa fue elevada a juicio oral en marzo de 2019.

En julio de 2017, en la provincia de La Pampa, Luis Rogers, intendente de Lonquimay por el Partido Justicialista, fue condenado, junto al exsubcomisario Carlos Alanis y al dueño del prostíbulo Good Night. Durante el juicio, tres mujeres declararon que habían llegado en busca de ofertas laborales que resultaron falsas y que luego no pudieron escapar. Jorge Bonhevi, el fiscal a cargo del juicio, afirmó que “el policía no podía ignorar lo que pasaba. Además, varias víctimas dijeron que iba frecuentemente al lugar, aunque él alega que era por las inspecciones que debía realizar. Esto ponía a las víctimas en un lugar de indefensión total ya que no tenían a quien recurrir si el policía, que debería protegerlas, iba al lugar y conversaba con el dueño”.[31]

Esta lista es por demás extensa: es raro que exista un emprendimiento comercial dedicado a retener mujeres para su explotación en el mercado del sexo que no cuente con alguna participación estatal alentada por el afán de lucro.

Las investigaciones económicas sobre flujos financieros ilícitos muestran que el dinero que ingresa al sistema prostibulario ilegal reingresa a la legalidad a través del mercado inmobiliario o de inversiones en empresas de transporte –remiserías, por ejemplo–, de turismo y gastronomía.[32] El clan Ale, involucrado en el secuestro de Marita Verón, retornaba el dinero al circuito legal a través de una empresa que manejaba el Club Atlético de San Martín de Tucumán. Según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), esta banda lavó $80.000.000 provenientes de la explotación sexual de mujeres. En el caso del prostíbulo marplatense Madaho’s, se invirtieron $40.000.000 en fideicomisos para la construcción de edificios. En febrero de 2016, la Procelac había detectado el lavado de $132.500.000 provenientes de la explotación tras analizar solo doce casos judicializados.[33]

¿Cuántas mujeres están produciendo ganancias para estas redes? Una de las derivaciones de la ley sancionada en 2008 fue la creación del programa nacional Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas. Durante muchos años, ese programa, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, difundía con regularidad la cantidad de personas que estaban presentes cuando se allanaban lugares de explotación sexual y laboral. Esas cifras solían usarse de manera indistinta, sin identificar si correspondían a uno u otro fenómeno. En febrero de 2019 el programa informó que, desde 2008, el Estado había rescatado de la trata sexual a 6163 personas.[34]

Celeste Perosino es antropóloga forense y fundadora de la organización Acciones Coordinadas contra la Trata (ACCT), hoy conocida como Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV). Busca personas desaparecidas, vivas y muertas. Hace varios años que propone repensar algunas ideas que definieron la trata de personas con fines de explotación sexual como un problema público:

–Me parece que ahí hay dos fenómenos diferentes porque, por ejemplo, ninguna de las mujeres que han sido denunciadas en los casos más conocidos se han hallado en estos operativos; y no podemos pensar que todos están infiltrados y que los tratantes lo sabían y las chicas siguen pululando en el circuito. Entonces, si no encontramos a ninguna de estas mujeres que están siendo denunciadas como desaparecidas, si no las encontramos a través de los allanamientos, entonces la desaparición de esas mujeres está respondiendo a una dinámica diferente. Hay que empezar a buscar con otras herramientas.

–En los casos que ustedes trabajaron, ¿las mujeres habían estado en situación de que su entorno no supiera su paradero?

–Hay de todo. Nosotros tuvimos un caso, una nena que estuvo desaparecida nueve meses y que no se sabía dónde estaba y apareció sola en el juzgado donde estaba radicada la denuncia. Lo que contó es que la devolvieron a su barrio porque nadie la quería tener, porque sabían que había una denuncia. En La Boca hemos tenido un caso de una red en la que las nenas no estaban desaparecidas, iban a la escuela todos los días y las pasaban a buscar por ahí. Entonces, es mucho más complejo. La explotación sexual y la trata no implican solo desaparición y un circuito pseudoclandestino, no. Nosotras queremos terminar de entender a qué responde, a qué está respondiendo que estas mujeres no están apareciendo en ningún lado.

–¿La captación de mujeres para las redes de trata siempre tiene que ver con contextos de vulnerabilidad social?

–Lo que menos vemos, o menos nos ha llegado, son secuestros. Hay que deconstruir y tensionar qué es la trata en el país, porque, si no, nos quedamos en el mito de la Trafic blanca, con la idea de que a cualquier persona que va caminando por la calle la pueden secuestrar. Eso es lo más complicado para los tratantes: tener una persona en contra de su voluntad. Lo que más vemos son chicas en situaciones de vulnerabilidad, chicas con recorridos de vida muy complicados que las exponen al circuito de la trata de personas. Y vemos situaciones de engaño: mujeres que ingresan sabiendo qué tipo de laburo van a hacer pero no sabiendo en qué condiciones. Hay una situación de vulnerabilidad que hace que a las personas no les quede mucha opción y después se vean sometidas a estos regímenes de explotación extrema.

El mercado de la sexualidad es vasto, tiene algunas zonas ilegalizadas y perseguidas por el sistema penal y otras que no, que prosperan a media luz. La violencia lo recorre: a veces, la de los proxenetas; otras, la de los policías, a menudo avalados por funcionarios judiciales; otras, la de los clientes. Hay desapariciones de mujeres asociadas a esas violencias: algunas aún no fueron encontradas, pero se presume que sus ausencias están vinculadas con la explotación sexual; otras fueron asesinadas y ocultadas.

En 1996 comenzó en Mar del Plata, ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, una serie de asesinatos de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Muchas fueron halladas a la vera de las rutas, estranguladas, mutiladas. Algunas no aparecieron: Ana María Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez entre ellas. Esos crímenes fueron adjudicados al “Loco de la Ruta”, un personaje inventado. A principios de los años 2000 fue investigado un numeroso grupo de policías que administraban el mercado sexual marplatense; dos de ellos resultaron condenados en 2004 por integrar una asociación ilícita.[35]

Ana María desapareció en julio de 1997, Silvana en octubre y Verónica en enero de 1998. Las tres tenían veintipocos años. El juez que llevó adelante la investigación consideró que Silvana y Verónica habían sido secuestradas y luego asesinadas en el contexto de una “red de prostitución” que involucraba a numerosos policías y por la cual también investigó a un fiscal. Esta descripción de los hechos los acerca al actual delito de desaparición forzada. Las historias de Ana María, Silvana y Verónica, quienes continúan desaparecidas, no ocuparon un lugar en la memoria colectiva.

Más de dos décadas después, el 28 de mayo de 2009, desapareció Natalia Acosta. Tenía 23 años y se dedicaba a la prostitución en la ciudad de Santa Fe. En diciembre de 2017, un hombre, vinculado con el prostíbulo Místico, fue detenido e imputado por la justicia federal, acusado de haber captado a Natalia para introducirla en una red de explotación. El acusado murió en la cárcel en 2019, antes de ser juzgado. Natalia está desaparecida, su padre la sigue buscando.[36]

Hoy, tras diez años de persecución penal intensa, de enormes cantidades de recursos económicos e institucionales destinados a reducir la trata y de una propaganda oficial constante sobre la cuestión, no existe un diagnóstico estatal que corrobore en qué medida el sistema de explotación sexual es el causante de la desaparición de mujeres jóvenes. Aunque en conversaciones mano a mano o en notas periodísticas los funcionarios ejecutivos y judiciales aceptan que el secuestro no es una modalidad frecuente, y aunque la política sistemática de allanamientos de prostíbulos no encontró a las mujeres cuyos rostros conocemos, hasta ahora ningún ente estatal se propuso desarmar la ligazón entre la desaparición de mujeres y el mercado sexual. Tampoco las organizaciones sociales que fueron parte activa de esa construcción.

[6] Soledad Vallejos, Trimarco. La mujer que lucha por todas las mujeres, Buenos Aires, Aguilar, 2013.

[7] Corte Suprema de Justicia de Tucumán, “Iñigo David Gustavo, Andrada Domingo Pascual, González Sofía de Fátima, Medina Myriam Cristina, Derobertis Humberto Juan s. privación ilegítima de la libertad y corrupción”, Tucumán, 17 de diciembre de 2013.

[8] Íd.

[9] Íd.

[10] Íd.

[11] Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Informe sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por trata de personas, Buenos Aires, 2015.

[12] Corte Suprema de Justicia de Tucumán, “Iñigo, Daniel Gustavo…”, cit.

[13] “La trata de blancas en la Argentina”, La Nación, 14 de junio de 2005.

[14] Cecilia Inés Varela, “Del trafico de las mujeres al tráfico de las políticas. Apuntes para una historia del movimiento anti-trata en la Argentina (1998-2008)”, Publicar. En Ciencias Sociales y Antropología, año 10, n° 12, junio de 2012.

[15] Íd.

[16] “‘Todavía no hicimos el duelo’, dice la mamá de Andrea López”, El Diario de La Pampa, 10 de febrero de 2019.

[17] Mariana Carbajal, “Son las desaparecidas de la democracia”, Página/12, 4 de abril de 2007.

[18] Gacetillas de La Casa del Encuentro durante 2008; hasta finales de 2019, disponibles en <www.lacasadelencuentro.org.ar>.

[19] “Explotación sexual: desde 2007 desaparecieron 550 mujeres”, Clarín, 4 de junio de 2008.

[20] Ann Jordan, “Fact or fiction: What do we really know about human trafficking?”, Program on Human Trafficking and Forced Labor, Center on Human Rights and Humanitarian Law, American University - Washington College of Law, Issue Paper 3, Washington, 2011.

[21] “Activistas y tres diputados en un ‘allanamiento’ a un prostíbulo”, Clarín, 10 de abril de 2008.

[22] “En once años hubo 405 sentencias en todo el país por trata de personas”, Fiscales, 31 de julio de 2020.

[23] Las sentencias judiciales en las que se describen estos hechos están disponibles en la página web del Ministerio Público Fiscal.

[24] Tribunal Oral de San Luis, sentencia nº 489, 5 de noviembre de 2015. Los hechos ocurrieron en 2010.

[25] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Global Report on Trafficking in Persons 2016, Viena, Naciones Unidas, 2016.

[26] Protex, Informe…, cit.

[27] Ministerio Público Fiscal, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito. Buenos Aires, 2012. Datos similares pueden verse en Informe de UFASE sobre casos judicializados de trata de personas en el norte argentino.

[28] Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia, 13 de agosto de 2014. Los hechos ocurrieron entre fines de 2011 y principios de 2012.

[29] Protex, Informe anual 2014.

[30] “Paso de los Libres: Solicitaron el procesamiento de 18 imputados en una causa por trata de personas”, Fiscales, 25 de agosto de 2017.

[31] “Condena por trata a un intendente: ‘Es un precedente judicial muy valioso para todos’”, Fiscales, 3 de julio de 2017.

[32] Verónica Grondona, Nicole Bidegain Ponte y Corina Rodríguez Enríquez, “Flujos financieros ilícitos que socavan la justicia de género”, Friedrich Ebert Stiftung - DAWN, diciembre de 2016.

[33] “La procuraduría demostró cómo es el millonario negocio de la explotación sexual de mujeres”, agencia Télam, 10 de febrero de 2016.

[34] Alejandro Horvat, “En los últimos 10 años rescataron a 13.384 víctimas de la explotación sexual y laboral”, La Nación, 28 de febrero de 2019.

[35] Gustavo Carabajal, “Cómo la banda extorsionaba a prostitutas”, La Nación, 11 de agosto de 2002 y “Línea roja con prostitutas”, Página/12, 10 de agosto de 2002.

[36] “Familiares de Natalia Acosta exigieron que se reabra la causa, a 12 años de su desaparición”, Aire de Santa Fe, 1º de agosto de 2021.

Putas

En una esquina de las periferias, en las páginas lustrosas de una revista, con un clic acompañado por el código de una tarjeta de crédito, en despedidas de solteras donde los strippers ecualizan sus movimientos con el volumen del griterío, en un departamento en el que una dominatrix abre la puerta de una jaula. El mercado de la sexualidad ofrece pequeñas y grandes tiendas. Muchos de estos emprendimientos económicos son muy diferentes de los prostíbulos que encierran mujeres. Sin embargo, la difusión masiva de historias de sometimiento sexual facilitó la construcción –en la superficie de la opinión pública y en el corazón de las políticas estatales– de una sinonimia muy difícil de cuestionar: “trata de personas”, “explotación sexual” y “prostitución” pasaron a ser expresiones intercambiables. De este modo, desde comienzos de siglo se consolidó un enfoque que sostiene que intercambiar servicios sexuales por dinero nunca puede ser una decisión de una mujer y que, por tanto, toda mujer que cobra por coger es, en verdad y sin importar lo que ella piense, una víctima.

Para las corrientes abolicionistas, la prostitución es siempre una forma de dominio sobre el cuerpo femenino que nunca debe ser legitimada, y regularla equivaldría a hacerlo. En ese mercado de prostitución, “las mujeres somos […] la mercancía, lo intercambiado, lo transformado en un objeto, objetificado”, sostiene la filósofa argentina Diana Maffía.[37] Dora Barrancos, referente ineludible del feminismo argentino y de su historización escribió en 2008, mientras se debatía la primera versión de la ley contra la trata de personas: “Los varones que compran los servicios sexuales actualizan los procedimientos de la subordinación patriarcal, se adueñan de veras de la subordinada”. Al argumento frecuente de muchas trabajadoras sexuales –que el capitalismo produce explotaciones corporales múltiples–, Barrancos respondía que “aun cuando el sistema capitalista realiza exacciones monstruosas, mutilaciones de cuerpos y de almas, la enajenación de la sexualidad es un límite que no se puede ni [se] debe trasponer”.

Sin embargo, Barrancos no estaba de acuerdo con agregar delitos al Código Penal. Señalaba que ya existían artículos que castigaban esas prácticas, como la reducción a la servidumbre y los delitos contra la integridad sexual. Escribió:

La verdad es que en lugar de una nueva ley es preciso un nuevo pacto, una acción sostenida que comience por denunciar a quienes explotan, a las redes articuladas de rufianes responsables hasta de desapariciones y asesinatos en nuestros días. La denuncia requiere de nuevos tratos, incluso de una rectificación del movimiento feminista que no tuvo –no tuvimos– determinación suficiente para sostener la campaña que reclamaban los asesinatos seriales de prostitutas en Mar del Plata, para citar un área bien conocida.[38]

El prohibicionismo comparte esta forma de entender la relación entre sexualidad comercializada y opresión; además, promueve la persecución penal de quienes pagan por sexo. Una versión extrema de estas posiciones son los grupos abolicionistas que atacan a las mujeres que se reconocen trabajadoras sexuales y realizan acciones sostenidas para impedir que participen en espacios de debate público.

Muchas mujeres que se dedicaron a la prostitución describen las vejaciones vividas y son activistas del movimiento contra el comercio sexual. Este activismo también cuestiona la industria de la pornografía, cuyo sistema de producción acumula denuncias de maltrato y abusos en todo el mundo.

Y muchas mujeres para quienes el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro denuncian que las políticas antiprostitución las condenan a la precariedad y a ser receptoras no de la violencia de género sino de la estatal, que es un efecto inmediato de la persecución penal. El activismo de las trabajadoras sexuales cuestiona las condiciones abusivas de algunas zonas del mercado y rechaza la impugnación a la venta de sexo per se.

La diferencia se traduce en las consignas de las organizaciones donde se agrupan unas y otras: “Ninguna mujer nace para puta” / “Ninguna mujer nace para decirle a otra lo que tiene que hacer con su cuerpo”.

En la última década, las desapariciones de mujeres atribuidas al funcionamiento del sistema prostibulario fueron el caldo de cultivo perfecto para que las burocracias estatales y el sistema penal adoptaran el abolicionismo y el prohibicionismo como enfoques principales de donde derivar sus políticas. Durante buena parte de esos años ocurrió algo similar dentro del feminismo, donde la posición más extendida fue el abolicionismo. Desde 2015, con la irrupción del movimiento Ni Una Menos y sus dinámicas múltiples y multiplicadoras, la voz de las trabajadoras sexuales y las posiciones no contrarias a la comercialización de la sexualidad comenzaron a tener más espacio para expresarse. La aparición de la voz de las putas feministas, que empezaron a ocupar más lugar en los debates públicos, parece haber generado la radicalización de algunos sectores del abolicionismo que acusan a las trabajadoras sexuales de ser cómplices del sistema prostibulario.

La persecución a quienes venden servicios sexuales se consolidó en 2012 con el endurecimiento de la ley contra la trata de personas. Al eliminar el consentimiento como factor que tener en cuenta para determinar si se está cometiendo un delito o no, se buscaba obstaculizar un truco frecuente en el sistema de explotación de mujeres: que un consentimiento falso, en tanto producto de la extorsión y la violencia, sea utilizado para evadir el castigo. Este cambio tuvo como efecto agregado la criminalización del trabajo sexual, en particular el que ejercen las mujeres cis y trans de menos recursos, que son quienes quedaron más expuestas al acoso de las fuerzas de seguridad y de los dispositivos que el Ejecutivo llama, todavía hoy, “de rescate”.

De este modo, si bien el trabajo sexual no es un delito, todos los lugares donde se lo puede ejercer están en la mira del sistema penal. Cualquier administración de un prostíbulo puede ser considerada “trata”. En muchas provincias, los códigos contravencionales prohíben la oferta de sexo en la calle y multan y hasta prescriben la privación de la libertad de quienes lo hacen. Está prohibido promocionar servicios sexuales en los medios de comunicación. Departamentos privados son allanados, muchas veces sin orden judicial. Dependencias estatales y organizaciones sociales alientan a despegar los cartelitos de nueve centímetros cuadrados adheridos a los contenedores de residuos y a las ruinas de los teléfonos públicos. Las medidas de investigación y control son ejecutadas por fuerzas de seguridad violentas interesadas en redireccionar hacia sus propios bolsillos la renta de los negocios ilegales. Un dispositivo estatal plurifacético persigue a todos por igual: tanto a quienes delinquen y explotan a las mujeres como a quienes ofrecen servicios sexuales por decisión propia.[39] Es difícil pasar por alto que muchas de estas políticas estatales ponen en juego una moral sexual. En ocasiones, esa moral tiene consecuencias irreversibles: es el caso de las trabajadoras sexuales a quienes el Estado busca privar de la tenencia de sus hijos.[40]

No todas las mujeres y travestis que se dedican a la prostitución se piensan como víctimas. Por el contrario, muchas no quieren ser tratadas como tales. Las trabajadoras sexuales organizadas piden que su actividad sea legalizada y tener derechos laborales.

“Yo no vendo mi cuerpo, yo ofrezco un servicio y pongo las condiciones”, dice Juan Ejemplo, un hombre que vende sexo a hombres. Bruno también es trabajador sexual y se especializa en varones con algún tipo de discapacidad. Dice que a sus clientes les resulta muy difícil encontrar a alguien con quien tener sexo: “Yo no tengo problema, ni siento asco; al contrario, me gusta, me logro excitar, llego a pasarla a bien y ellos se dan cuenta de que yo la paso bien”. Carina explica por qué se dedicó a la prostitución: “Tenía mi billetera llena de guita, tenía un buen pasar económico. Mis hijos, en remís a la escuela, cine, todo lo que te puedas imaginar, lavadero de ropa, nada que lavar. Tenía las comodidades que siempre quise tener sin sacrificar tanto tiempo de laburo. Me iba cuatro horas y volvía”.[41] Ellos eligen vender sexualidad, aunque son limitadas sus posibilidades de hacerlo sin ser perseguidos. Los trabajadores sexuales no tienen como clientes ni clientas a colegas. Su actividad es rentable porque muchísimas personas, de distintas clases sociales, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos pagan para coger. Sin embargo, un tabú rodea al asunto: quienes se dedican a la prostitución cargan con un estigma y quienes pagan por sexo también.

El activismo por la legalización del trabajo sexual busca que las opiniones morales y personales sobre la sexualidad no determinen por completo las políticas públicas y, al mismo tiempo, apunta a desarmar las condiciones que facilitan la explotación de mujeres. La criminalización no solo no elimina los mercados ilegalizados, sino que alienta su regulación por otras vías: la corrupción institucional y la violencia. El resultado suele ser que los eslabones poderosos de la cadena siguen extrayendo renta y los débiles son perseguidos y precarizados.

Las políticas estatales contra la trata de personas con fines de explotación sexual no tuvieron como prioridad erradicar los métodos extorsivos de las policías ni promover el respeto de la autonomía de quienes deciden vender servicios sexuales, en un contexto en el que esta decisión no es un delito. Por el contrario, estigmatizaron aún más el trabajo sexual al igualarlo con la explotación a través de una extendida propaganda oficial antiprostitución.

Como resultado, el endurecimiento dio todavía más poder a unas fuerzas de seguridad habituadas a usar las normas como un atajo para obtener beneficios antes que como una guía para investigar delitos graves. En 2013, un año después del endurecimiento de la ley antitrata, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que “muchas veces, los operativos policiales y allanamientos justificados en la ley de lucha contra la trata de personas funcionan como puerta de entrada a extorsiones”. Los testimonios relataban que “existen operativos cuyo objetivo declarado es buscar personas menores de edad o reclutadas por redes de trata que tienen efectos paradójicos: se realizan con mucha violencia hacia las chicas, con forcejeos, malos tratos y golpes, y robo de pertenencias”. Además, “otra de las prácticas diferenciadas que sufre este grupo es la exigencia de ‘favores sexuales’ para poder trabajar. Dentro de la población de travestis y transexuales, son cotidianos los abusos en las calles y en las dependencias policiales. De acuerdo con dirigentes de la comunidad: ‘Por supuesto: petes en las calles para no ir detenidas, petes en las comisarías para ser liberadas’”.[42]

La persecución del delito de trata de personas no mejoró la capacidad estatal para buscar a las mujeres denunciadas como desaparecidas, ni tampoco hizo que las policías de cada pueblo sean más receptivas a las madres que buscan respuestas para la ausencia de sus hijas. Las mujeres siguieron siendo buscadas tarde y mal, como muestran las cataratas de falencias en causas judiciales que deberían dilucidar una averiguación de paradero en un tiempo razonable.

También son deficitarias las medidas que los gobiernos publicitan como destinadas a sacar a las mujeres del circuito de las redes de prostitución. Así lo señalan las organizaciones abolicionistas que, si bien celebran la persecución penal de los administradores de prostíbulos, critican el acompañamiento que hace el Estado a las mujeres sustraídas del circuito en los allanamientos.

Luján Araujo, de la Fundación María de los Ángeles, considera que las políticas de acompañamiento no están a la altura de la magnitud del problema:

Según las estadísticas, hasta 2016 se rescataron casi 10.000 víctimas. Para recibir a todas esas personas hubo solo dos núcleos de [la] Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) sin ningún presupuesto. El acompañamiento es caro, porque requiere profesionales, psicólogos, asistentes sociales y abogados que sigan la causa de esa víctima, porque, si no, ¿qué seguridad puede tener para rehacer su vida si sabe que los hombres que le hicieron lo que le hicieron están libres y haciéndoselo a otras chicas?

La Fundación María de los Ángeles contiene a muchas mujeres que desean salir de la prostitución. “Suplimos algo que debería hacer el Estado”, concluye Araujo.

El abismo entre el esfuerzo que el Estado destina a la investigación penal y los allanamientos y el que hace para ofrecer mejores condiciones de vida a las mujeres atrapadas en esas redes de explotación es tan grande que logra que abolicionistas y regulacionistas alcancen un punto de acuerdo.

Sonia Sánchez, quien se autodefine como “sobreviviente de la prostitución”, lo resumió así en una entrevista radial:

Hoy tenemos una ley de trata, la 26.364, que dice que el Estado nacional debe restituir los derechos económicos, sociales y culturales para que deje de ser puta y se convierta en sujeta activa de derecho. Pero no hay un programa que ayude a esas mujeres, a las que han pasado, que hemos pasado, y a las que están siendo rescatadas hoy. Que nos ayude a reconstruirnos emocional y subjetivamente. Yo el proceso lo he hecho en completa soledad. Si no hay restitución de los derechos económicos, menos de los emocionales. ¿A quién le importa una puta, lo que sienta y cómo piensa? Te dan un trabajo… te pueden sentar y te dan una máquina de coser. Siempre una máquina de coser, nunca para que vos escribas un libro, siempre para bordar o tejer.[43]

Pocos días antes, Georgina Orellano, quien se autodefine como “trabajadora sexual” y lidera el sindicato Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) había tuiteado: “Derechos Laborales para las Trabajadoras Sexuales y alternativas laborales para quienes desean otra alternativa laboral a la prostitución. Las dos políticas deben ir de la mano”.[44]

[37] Diana Maffía, presentación en el panel “Estado, patriarcado y cultura prostituyente: ¿empoderamiento, trabajo a reglamentar, o violencia a erradicar?”, Foro por la Abolición de la Cultura Prostituyente, 29 de diciembre de 2016, disponible en <www.youtube.com/watch?v=8NgSynIEy4w>.

[38] Dora Barrancos, “Feminismos, trata y nuevos tratos”, Mora, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, FFyL, UBA, vol. 14, nº 2, diciembre de 2008, p. 161.

[39] Véase, por ejemplo, Deborah Daich y Cecilia Varela, “Entre el combate a la trata y la criminalización del trabajo sexual: las formas de gobierno de la prostitución”, Delito y Sociedad, año 23, n° 38, segundo semestre de 2014, pp. 63-87.

[40] María Florencia Alcaraz, “Le quitaron a su hijo por ser trabajadora sexual”, Latfem, 24 de agosto de 2017.

[41] Entrevistas realizadas por Leonor Silvestri en el ciclo Trabajo Sexual en Primera Persona, producido por Ammar en 2016, disponible en <ammar.org.ar/Hablan-las-Putas.html>.

[42] CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe 2013, Buenos Aires, Siglo XXI - CELS, 2014.

[43] Entrevista en el programa Ahora es cuando, Radio Blue, 4 de octubre de 2017.

[44] Georgina Orellano, Twitter, 22 de septiembre de 2017.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.