Kitabı oku: «Teoría general de la reparación simbólica»
Sierra León, Yolanda
Teoría general de la reparación simbólica / Yolanda Sierra León ; prólogo Andrés Rolando Ciro Gómez. -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2021.
278 páginas : fotografías ; 21 cm. (Colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad ; 10)
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 9789587907117 (impreso)
1. Reparación de víctimas – Colombia 2. Justicia restaurativa – Colombia 3. Justicia transicional – Colombia 4. Daños y perjuicios – Colombia 5. Violación de los derechos humanos – Colombia 6. Arte y guerra -- Aspectos culturales -- Colombia I. Ciro Gómez, Andrés Rolando, prologuista II. Universidad Externado de Colombia
III. Título IV. Serie
303.69 SCDD 15
Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca.
octubre de 2021
ISBN 978-958-790-711-7
© 2021, YOLANDA SIERRA LEÓN
© 2021, EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
© 2021, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá
Teléfono (601) 342 0288
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Primera edición: diciembre de 2021
Imagen de cubierta: Silencio Naranja, por Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando Grisález, 101 x 152 cm., impresión cromogénica, Chinulito, Sucre Colombia, 2011
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: Óscar Torres Angarita
Composición: Álvaro Rodríguez
Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en los textos son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las posiciones u opiniones oficiales del Ejército Nacional de Colombia ni de sus integrantes. De igual modo, se ha hecho una revisión del estilo y la redacción de cada capítulo, pero siempre respetando el texto original suministrado por los autores.
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
PRÓLOGO
Andrés Rolando Ciro Gómez
INTRODUCCIÓN
Yolanda Sierra León
PRESENTACIÓN DEL TEMA
CAPÍTULO 1.
ESBOZOS DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE REPARACIÓN SIMBÓLICA
1. Incorporación por parte de Naciones Unidas
2. Consolidación jurisprudencial
2.1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos
2.1.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
2.1.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
2.2. Sistema penal internacional
2.2.1. Tribunal Militar Internacional de Núremberg
2.2.2. Tribunales penales ad hoc
2.2.3. Corte Penal Internacional
3. Adopción en mecanismos de justicia transicional
Referencias
CAPÍTULO 2.
AVANCES DE LA REPARACIÓN SIMBÓLICA EN EL DERECHO COLOMBIANO
1. Juridización en justicia transicional
1.1. Reparación simbólica y justicia transicional en Colombia
1.2. Reparación simbólica y la reconstrucción del tejido social
2. Consolidación jurisprudencial
2.1. Tribunales de Justicia y Paz
2.2. Consejo de Estado
2.3. Corte Constitucional en materia penal
3. Aplicación en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP
Referencias
CAPÍTULO 3.
APROXIMACIONES CONCEPTUALES AL SÍMBOLO
1.1. Conceptos de símbolo y de signo
1.2. Concepto de estética y arte
1.3. Conceptos de cultura y patrimonio cultural
Referencias
CAPÍTULO 4.
TEST DE REPARACIÓN SIMBÓLICA
1. Concepto del Test RS
2. Componentes del Test RS
3. Criterios de aplicabilidad del Test RS
4. Aplicación del Test RS
Test RS a obras resultado de decisiones judiciales
Caso 1: Obra de teatro “El olvido está lleno de memoria”
Caso 2: Placa en homenaje al estudiante Lalinde Lalinde
Caso 3: Placa en memoria de Myrna Mack
Caso 4: Monumento “La sangre de nuestros mártires renacerá, la nueva patria”
Caso 5: Monumento “El Ojo que Llora”
Caso 6: Monumento y placa “Flor de Arena”
Caso 7: Documental “Manuel Cepeda Vargas. Un artista en la política”
Test RS a obras resultado de decisiones de entidades públicas
Caso 1: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR)
Caso 2: Museo Casa de la Memoria
Test RS a obras de arte
Caso 1: Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario “Ojo al Sancocho”
Caso 2: Taller “Musicoterapia en Ciudad Bolívar”
Caso 3: Muñeca “Tristeza”. Taller de Arteterapia “Traduciendo al Amero”, 2017
Caso 4: Pintura “El corazón”. Serie “La guerra que no hemos visto”
Test RS a obras parte del patrimonio cultural
Caso 1: Plato típico “Arroz con nacumas”
Caso 2: Álbum musical “Les voy a cantar la historia”
Test RS a prácticas culturales
Caso 1: Tejido “Masacre en Montes de María”
Caso 2: Obra de teatro “Antígonas. Tribunal de Mujeres”
Caso 3: Museo Itinerante de la Memoria Histórica del Valle del Cauca
Caso 4: Mesa LGTB Comuna 8
Caso 5: Acto simbólico “6.000 sillas vacías por los ausentes”
Caso 6: 25 de mayo: Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno
Caso 7: Serie fotográfica “David”
A manera de conclusión
Referencias
CAPÍTULO 5.
CRITERIOS GENERALES Y PARTICULARES PARA ORDENAR REPARACIONES SIMBÓLICAS
1. Criterios generales
1.1. Partir del sentir y los deseos de las víctimas
1.2. Caracterización del símbolo
1.3. Incorporación de procesos de litigio estético y litigio artístico
1.3.1. Litigio estético
1.3.2. Litigio artístico
1.4. Admisión de un constitucionalismo transicional estético en escenarios de justicia transicional
a. Inclusión del litigio estético
b. Inclusión del litigio artístico
c. Inclusión del arte como prueba
d. Emancipación estética del Estado
e. Amplificación de los derechos a la verdad, dignidad y memoria a través del arte o la estética
f. Incorporación del arte como fuente de derecho
g. Incorporación del arte y la estética como mecanismo de garantía de satisfacción y de no repetición
h. Mecanismo de remoción de estereotipos sociales
2. Criterios particulares
2.1. Un enfoque diferencial
2.2. Una visión holística
2.3. Pueblos afrodescendientes
2.4. Pueblos indígenas
2.5. Comunidad LGBT
2.6. Mujeres
2.7. Líderes políticos
Referencias
CONCLUSIONES
NOTAS AL PIE
PRÓLOGO
El Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército Nacional (CAEFI) ha propiciado el estudio de una variedad de temas desde perspectivas diversas, con la finalidad de dar a conocer a la sociedad aspectos fundamentales de la misión constitucional de la Fuerza y fortalecer las bases en que asienta su legitimidad en una democracia en progreso. Es, en todo sentido, un esfuerzo por vincular a la comunidad académica a la fundamentación dogmática de los espacios de libertad y dignidad que deben ser garantizados desde el cumplimiento de las finalidades institucionales del Ejército Nacional.
En esta oportunidad, el resultado de esos análisis se hace en el marco de la justicia transicional, con una obra dedicada a reconceptualizar la dignidad de las víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes en variadas formas han visto perturbado el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. El volumen 10 de la Colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad presenta Teoría general de la reparación simbólica. Aquí, Yolanda Sierra León estructura una dogmática alrededor de las formas posibles de reparación del dolor, de redignificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y de responsabilidades de los perpetradores en favor de las garantías de no repetición.
La autora relaciona los elementos básicos de una Teoría general de la reparación simbólica desde el contexto internacional con los desarrollos internos, analizando las nociones legales y jurisprudenciales de la reparación simbólica y entregando un marco conceptual claro sobre los elementos fundamentales de su teoría. Continúa con las aproximaciones a la concepción y valor del símbolo, y su función en la realización de las acciones de reparación.
Uno de los aportes más valiosos del estudio del símbolo es la posibilidad mostrada de entenderlo desde la perspectiva de otras disciplinas como la estética, el patrimonio cultural y el arte. Finalmente, la autora entrega una propuesta metodológica que denomina “Test de reparación simbólica”, el cual tiene como propósito medir la aplicabilidad de un objeto como mecanismo de reparación. Este test le facilitaría, a cualquier autoridad estatal con competencia para ordenar reparaciones simbólicas, tener elementos que le permitan establecer con anterioridad si la medida objeto de análisis cumpliría con unos criterios generales y particulares de satisfacción de los derechos de las víctimas, lo que contribuye con la finalidad de acopiar mayores elementos para la toma de decisiones que se acerquen a la mayor corrección.
Este tipo de aportes representan para el Ejército Nacional un compromiso con las víctimas, consistente en no olvidar las consecuencias de los hechos victimizantes y en generar espacios reales de reparación. Si bien los contenidos son responsabilidad exclusiva de la autora, propiciar este tipo de desarrollos, garantizar la independencia en su elaboración y auspiciar elementos para un debate argumentado son manifestaciones de un compromiso sólido con la no repetición de conductas lesivas de la dignidad humana.
Un estudio de las calidades del que el lector tiene en sus manos constituye una herramienta para la adecuada y efectiva aplicación de los principios de la reparación, en favor de las víctimas por parte de los operadores jurídicos, y un escalón más hacia la consolidación de los principios democráticos en una institución que, como el Ejército Nacional, halla su esencia en la promoción y defensa de los derechos de los colombianos.
CR (RA) Andrés Rolando Ciro Gómez Coordinador Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército Nacional (CAEFI)
INTRODUCCIÓN
Teoría general de la reparación simbólica es una recopilación de información nacional, internacional y doctrinal sobre el tema. Da cuenta del origen, concepto, elementos, características, carencias y necesidades de este tipo de reparación; además, propone criterios de aplicación y crea un método de análisis denominado “Test de reparación simbólica”.
La reparación simbólica es de vital importancia en períodos de transición de conflictos armados a escenarios de paz, en que, más que castigar a los responsables de los delitos, busca crear estrategias para la reconciliación que logren una especie de tregua y alivio emocional entre las víctimas, los responsables de los delitos, el Estado y el conglomerado social.
Por esta razón, el texto propone que la reparación simbólica recurra a otras disciplinas que, como el arte, la cultura y el patrimonio cultural, pueden hacer aportes significativos en el momento de enfrentar el dolor, pero también respecto a la morosidad judicial o la impunidad en casos de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
La reparación simbólica, como se verá a lo largo del texto, es un derecho de las víctimas, que poco se conoce, no solo por ellas mismas, sino por parte de operadores jurídicos, abogados, autoridades, entidades estatales, colectivos de derechos humanos (DDHH), miembros de la Fuerza Pública e incluso en el ámbito académico e incluso en el ámbito académico e investigativo.
Lo anterior hace que las medidas de reparación simbólica no sean efectivas y que, en consecuencia, no cumplan con sus objetivos y finalidades, causando en algunos casos revictimización y frustración.
En ese orden de ideas, el estudio que aquí se presenta busca, de un lado, aportar elementos de aplicación a jueces, abogados defensores y especialmente a las víctimas de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, en el trámite de su derecho a la reparación simbólica.
De otra parte, entregar un punto de referencia para futuras investigaciones que profundicen en la reparación simbólica en grupos con especificidades propias, como las mujeres, afrodescendientes, indígenas, comunidad LGTB, líderes políticos, niños, niñas y adolescentes, e incluso la naturaleza en su expresión más amplia.
Antes de entrar en materia, se realiza una presentación del tema, donde se alude de manera general al panorama conceptual de la reparación simbólica, en diferentes disciplinas, con el fin de deslindarlo de otras ramas que utilizan de manera análoga los mismos términos.
La primera parte del texto, titulada “Esbozos del derecho internacional sobre la reparación simbólica”, aborda la incorporación por parte de Naciones Unidas y su consolidación jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Penal Internacional. Este capítulo muestra los primeros indicios que dan cuenta de la existencia del derecho a la reparación simbólica.
La segunda parte, “Avances de la reparación simbólica en el derecho colombiano”, inicia con su juridización en justicia transicional, seguida de su consolidación jurisprudencial en los tribunales de justicia y paz y en el Consejo de Estado, y lo establecido por la Corte Constitucional en materia penal. Para finalizar, se analiza la aplicación de la reparación simbólica en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y los conceptos, recomendaciones y directrices que al respecto existen en algunos de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Muestra avances relacionados con la incorporación de la reparación simbólica en la normatividad y jurisprudencia colombianas.
En la tercera parte se hacen unas “Aproximaciones conceptuales al símbolo”, en donde se establecen diferencias y cercanías con acepciones como el signo, la estética, el arte, la cultura y el patrimonio cultural. Como el título lo indica, son orientaciones para el lector no experto en este tipo de disciplinas, no es una revisión exhaustiva sobre el particular, pero, como se verá en el apartado correspondiente, el símbolo es el elemento fundamental de la reparación simbólica, y de su concepción y claridad depende la efectividad de la medida.
En la cuarta parte se propone un mecanismo denominado “Test de reparación simbólica”, con el fin de analizar si un objeto material o inmaterial cumple con las características de aplicabilidad en una reparación simbólica. Este capítulo persigue trascender la teoría y aportar a una dimensión práctica en materia de reparación simbólica.
Finalmente, en la quinta parte, a manera de conclusión, se proponen criterios generales y particulares para ordenar reparaciones simbólicas. Resultado de la sistematización de la información obtenida a partir de la revisión documental, entrevistas y la aplicabilidad del Test de reparación simbólica, se proponen elementos a tener en cuenta en la implementación y adopción de medidas de reparación simbólica para que estas sean realmente efectivas.
Luego de la revisión teórica, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas de personas pertenecientes a organizaciones defensoras de DDHH, como Colombia Diversa, Corporación Reiniciar y Red Nacional de Mujeres, lo cual permitió conocer las percepciones de la población LGTB, de víctimas de delitos políticos y de mujeres, en relación con los criterios de aplicación de la reparación simbólica. Finalmente, se aplicó el Test de reparación simbólica a diferentes obras artísticas y prácticas culturales para analizar casos concretos.
Para la aplicación del test fueron especialmente importantes los trabajos de grado realizados en la Universidad Externado de Colombia. En total se revisaron siete trabajos, en temas como arteterapia, cine, musicoterapia, pinturas, producciones culturales de las víctimas, tejidos de Mampuján y patrimonio cultural.
Esta investigación fue posible en el marco del trabajo desarrollado por el Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército Nacional (CAEFI), que busca fortalecer la legitimidad institucional mediante análisis independientes y rigurosos, y se publica en convenio con la Universidad Externado de Colombia. El estudio académico tiene como objetivo principal contribuir con la reparación integral de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Las víctimas son el objetivo, la inspiración y la única razón de ser de esta investigación.
Yolanda Sierra León Profesora investigadora Departamento de Derecho Constitucional Coordinadora Grupo de Derechos Culturales: Derecho, Arte y Cultura Universidad Externado de Colombia
PRESENTACIÓN DEL TEMA
La reparación simbólica es un concepto muy poco estudiado en el campo jurídico. En el plano nacional, está consagrada expresamente en los artículos 8 de la Ley 975 de 2005 y 141 de la Ley 1448 de 2011, normas de justicia transicional que en textos idénticos determinan lo siguiente:
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. (Ley 975, 2005, art. 8 y Ley 1448, 2011, art. 141).
La Ley 1448 de 2011 establece que las víctimas tienen derecho a la reparación integral de los daños sufridos como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. Así mismo, indica que “la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica” (Ley 1448, 2011, art. 25).
En ese orden de ideas, la reparación simbólica forma parte de la reparación integral, pero tiene dos componentes que la diferencian de las otras formas de reparación clásica –como la indemnización económica, la rehabilitación física y mental y la restitución–: el uso de símbolos y que está instituida a favor no solo de las víctimas sino también de la comunidad en general.
Como se verá en el texto, el símbolo debe cumplir unos estándares para que la reparación simbólica sea efectiva, es decir, no cualquier símbolo es reparador.
Otro aspecto a resaltar es que la reparación simbólica tiene un lugar fundamental en la sociedad, lo cual es relevante si se tiene en cuenta que existen esquemas socialmente establecidos que califican como “anormales” lo que esté fuera de lo corriente o considerado aceptable. Esa “normalidad” estigmatiza y discrimina lo que se salga de sus parámetros preestablecidos. Por ejemplo, la reparación simbólica en los delitos contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas debe propugnar superar esa noción binaria víctima – perpetrador, toda vez que precisamente existe un cuerpo mayor, en la sociedad, que genera prejuicios contra la comunidad LGBTI, que facilitan, promueven o permiten la violación a los derechos de estas personas.
Lo mismo ocurre cuando las víctimas son líderes políticos, mujeres, indígenas o afrodescendientes, lo que lleva a que estos grupos poblacionales se encuentren en condición de marginalidad por prejuicios fuertemente arraigados en la sociedad.
Así las cosas, la reparación simbólica, al dirigirse a la comunidad en general, tiene como fin cambiar o modificar esos patrones culturales existentes en esta, que han naturalizado o tolerado la discriminación y estigmatización contra aquellas poblaciones, aspecto que está ligado con la garantía de no repetición, característica propia de la reparación simbólica.
Ahora bien, desde otras disciplinas, el enfoque es diferente; en el campo psicosocial se indica que
La reparación es simbólica porque, como acto reparatorio por parte de la justicia, su significación está sometida a la subjetividad de la víctima. Es decir, será ella sola quien establezca la relación absolutamente singular entre lo que la reparación ofrece y aquello que ha perdido. La expresión usual “a satisfacción de la víctima” quiere decir que el acto reparatorio debe considerarse profundamente ligado a las características personales de la víctima, su contexto y sus creencias. La persona afectada realiza un “trabajo de simbolización” entre lo perdido y lo restituido que es absolutamente íntimo y propio; por lo tanto, no dependerá del accionar de la justicia, ni estará determinado por ella. Nuevamente hay aquí un ejemplo de cómo una lectura psicosocial permite dar cuenta del evento jurídico en su impacto real. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, s. f., pp. 280-281).
En ese sentido, la reparación simbólica es considerada un proceso personal y subjetivo al que cada víctima le otorga un significado.
Desde una perspectiva que analiza la reparación como un acto jurídico y simbólico, se menciona que
La reparación simbólica puede ser definida como el efecto que tiene en la subjetividad de las víctimas, su comunidad y su entorno social, la sentencia de la Corte Interamericana. Una sentencia, por el hecho mismo de serlo –reconoce el daño, su intencionalidad y responsabilidad–, tiene un impacto muy importante a nivel psicosocial. Si la violación de los derechos humanos atenta contra la estructuración misma de la subjetividad personal y social, la justicia interamericana está actuando a ese nivel con un carácter simbólico, pues es un mensaje que apela a procesos de reconstrucción personal y social. (p. 300)
Aquí se amplía el campo de acción de la reparación simbólica, determinándose que esta no solo está dirigida a las víctimas sino también a la sociedad en general.
Diego Vera Piñeros, politólogo con énfasis en relaciones internacionales, no conceptualiza la reparación simbólica, pero sí determina en qué consisten las medidas que la componen:
Puede contener tanto dimensiones meramente semánticas y/o emocionales, como materiales; incluye múltiples actividades y actitudes cuyos propósitos amplios pueden verse como el cierre o alivio de las heridas/traumas no reparables o compensables, la facilitación del perdón1 –un factor central y aún de definición ambigua para buscar la reconciliación nacional–, la preservación colectiva de la memoria de lo ocurrido y la dignificación de las víctimas. (Vera, 2008, p. 763).
Entre las medidas referidas por este autor se encuentran elementos que son características propias de la reparación simbólica, tales como garantías de satisfacción y derecho a la memoria y la dignidad.
Teresita Gaviria, directora de Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria2, organización que acompaña a mujeres en la búsqueda de familiares desaparecidos en el marco del conflicto armado en el departamento de Antioquia, en entrevista con Hacemos Memoria3, frente a la pregunta ¿cómo reciben las víctimas los actos de reparación simbólica? manifiesta:
La reparación simbólica sirve para muchas cosas, una, para abrir heridas, otra para recordar el pasado, otra, para saber y darnos cuenta que hay muchas personas en este país que quieren tener, es decir, cómo darles satisfacciones a las víctimas y una de las satisfacciones más grande, es esa.
Otras lo toman como un espacio en el que se van a aprovechar de uno, pero eso no es así, nosotras siempre hemos entendido que la reparación simbólica es sanador, sanador porque de ahí le va alimentando a uno, le va retroalimentando a uno la reconciliación con el otro.
Está bien, yo estoy sufriendo en este momento por lo que le pasó a mi hijo, por lo que está sufriendo mi hijo, pero a la vez uno se va como sanando un poco.
A muchas mujeres de aquí, les han ofrecido que les van a hacer una reparación simbólica, que, por ejemplo, en un parque, poner una placa de lo que hacía su hijo, jugando fútbol o en el comando donde era policía, es decir, no lo quieren, porque dicen ¿creen que con eso me van a pagar a mí?, es que no hay plata, ni placas, ni nada que pueda reparar la pérdida de un hijo, del esposo, del papá, de la mamá, pero de todas maneras para uno es sanador. (Hacemos Memoria, 2017).
Para esta madre, cuyo hijo fue víctima de desaparición forzada, la reparación simbólica es algo que le permite transitar por escenarios de sanación y reconciliación.
El Grupo de Trabajo Pro Reparación Integral4, en el documento Voces de memoria y dignidad. Material pedagógico sobre reparación integral, realizado por profesionales en psicología y trabajo social, en asocio con organizaciones que trabajan temas de derechos humanos como la Fundación Manuel Cepeda Vargas5 y el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC) de la Universidad Nacional de Colombia, hace un estudio sobre la dimensión simbólica en la reparación integral y determina lo siguiente:
La reparación simbólica se define en términos de una serie de acciones orientadas a reconstruir la memoria colectiva, el patrimonio histórico y cultural, a fin de restablecer la dignidad de la comunidad afectada y de la sociedad en general, recuperando los lazos de confianza y solidaridad que existían entre la gente. Este tipo de acciones, que tienen un carácter político y ético, deben ir acompañadas de medidas jurídicas, psicosociales, económicas y políticas, que, reunidas en un programa de reparación integral, contribuyan a que las víctimas sean reconocidas como tales en su dignidad y derechos, a través de una compensación de los daños causados, que les permita resignificar el dolor y el miedo, y fortalecer su identidad individual y colectiva. (Girón, Puerto, Bello, Castro, Forero, 2006, p. 17).
La reparación simbólica debe dirigirse a compensar los daños ocasionados a la integridad y a la identidad cultural de las personas, comunidades, organizaciones y grupos afectados por la violencia sociopolítica, y no puede confundirse con el hecho de que el Estado construya carreteras y puentes, o proporcione servicios de salud y educación, ya que este tipo de acciones, más que una compensación, son obligaciones que el Estado, en su función de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, debe brindar sin condiciones a los ciudadanos.
La reparación simbólica debe entonces orientarse a superar los efectos de los daños causados, y a reconstruir la dignidad, en términos de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida, y promover el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad, región u organización. (p. 21)
La anterior definición vincula a la reparación simbólica con la sociedad en general, ya que refiere aspectos como memoria colectiva, patrimonio histórico y cultural, derecho a la dignidad e identidad cultural y de la pertenencia de una persona a una comunidad u organización. Lo anterior, debido a que en este estudio se habla específicamente de violencia sociopolítica.
Adicionalmente, menciona que las acciones de reparación simbólica deben estar asistidas de otro tipo de medidas (jurídicas, psicosociales, económicas y políticas).
En el mismo sentido, en la propuesta realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP) sobre el Museo Nacional de la Memoria, con relación a su función reparadora, señala que la reparación simbólica:
Son acciones orientadas a reconstruir: la memoria colectiva y el patrimonio histórico y cultural con el fin de restablecer la dignidad de la comunidad afectada y de la sociedad en general, recuperando los lazos de confianza y solidaridad que existían. Estas acciones deben tener carácter político y ético, acompañadas de medidas jurídicas, psicosociales, económicas y políticas, permitiendo resignificar (dar una nueva idea referente a algo) el dolor y el miedo, y fortalecer su identidad individual y colectiva (Centro Nacional de Memoria Histórica y Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, 2015, p. 10).
El Grupo de Memoria Histórica (GMH) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en el documento Trujillo, una tragedia que no cesa: primer informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, sobre la dimensión económica y simbólica de la reparación, determinan:
La reparación significa, entonces, el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales y a obtener las satisfacciones necesarias justamente por su condición. El deber de reparar se convierte así en una de las obligaciones fundamentales del Estado cuando por acción u omisión ha contribuido al sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas. Y esta reparación debe contemplar tanto la dimensión económica, que busca resarcir de las pérdidas experimentadas por las víctimas, como la simbólica, que involucra la dignificación de las víctimas y sus allegados y que busca perpetuar la memoria de la tragedia, como un mensaje a la sociedad para que se establezca el principio de no repetición. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Área de Memoria Histórica, 2008, p. 261).
Todo lo anterior evidencia que, si bien el derecho tiene un corpus teórico propio, comparte vocablos homógrafos con otras disciplinas. Un ejemplo de ello es la palabra “secuestro”, que, desde el punto de vista médico, es una “parte necrótica de un tejido” (Clínica Universidad de Navarra, 2000); en cambio, en el derecho penal, es un delito (Ley 599, 2000, art. 168 y 169), y en derecho civil es un depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos (Ley 84, 1873, art. 2273)6.
Lo mismo ocurre, como ya vimos, con la noción de reparación simbólica, la cual sufre variaciones según el campo disciplinar desde el que se estudie. No obstante, no se profundizará en el tema, ya que esta revisión excede los objetivos del presente texto. Lo que se pretende es, como ya se mencionó, establecer que, si bien la reparación simbólica puede tener varios enfoques, a efectos jurídicos, en Colombia está determinada por las leyes ya referidas, concepto que va a prevalecer en el desarrollo de este texto.
CAPÍTULO 1.
ESBOZOS DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE REPARACIÓN SIMBÓLICA
La reparación simbólica tiene una doble condición en el campo de la justicia transicional. De un lado, se evidencia un acrecentado interés político y social, y de otro, una notable precariedad jurídica.
Es así como, en el campo de la reivindicación social y política, las víctimas, al no encontrar respuesta en la justicia ni en el Estado, demandan sus derechos por medio de prácticas culturales y simbólicas, al igual que los artistas, que con sus obras denuncian o se solidarizan con estas reclamaciones sociales.
No obstante, esta solidez política y social no se ve reflejada en el universo jurídico, pues en el derecho internacional no hay un corpus iuris claro que determine estándares que conceptualicen y determinen el ámbito de aplicación de la reparación simbólica.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en algunos casos, la reparación simbólica se relaciona con las garantías de satisfacción y de no repetición; en otros, con la verdad, la memoria y la dignidad, o se queda restringida completamente a un objeto, como un monumento o una placa.
Así las cosas, los esbozos del derecho internacional sobre reparación simbólica se dan en tres momentos.
El primero, en razón a su incorporación por parte de Naciones Unidas, sobre todo en principios y resoluciones que, sin embargo, están más relacionados con la reparación integral.
El segundo tiene que ver con su consolidación jurisprudencial, especialmente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Finalmente, el tercer momento se da con su adopción en mecanismos de justicia transicional.
Por tanto, este apartado pretende mostrar los esbozos que sobre la materia contiene el derecho internacional, para contrastarlos posteriormente con los avances en el derecho colombiano.
1. INCORPORACIÓN POR PARTE DE NACIONES UNIDAS
Los instrumentos internacionales más importantes que abordan el tema de la reparación simbólica son: (i) el Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad y (ii) los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.
Estos principios hablan del derecho que tienen las víctimas a ser reparadas integralmente, incorporando a su favor medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
El Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad fue elaborado por el Relator Especial de Naciones Unidas, Louis Joinet, y posteriormente la experta independiente Diane Orentlicher se encargó de su actualización. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo aprobó mediante la Resolución 2005/81.
Frente al tema de las reparaciones, dichos principios establecen que “el derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”7. Así mismo, hablan sobre el deber que tiene el Estado de adoptar garantías de no repetición “para que las víctimas no puedan volver a ser objeto de violaciones de sus derechos”8.
Adicionalmente, determinan que estas garantías comprenden la reforma de las instituciones estatales9, el desmantelamiento de las fuerzas armadas paraestatales/desmovilización y reintegración social de los niños10 y la reforma de las leyes e instituciones que contribuyen a la impunidad11.
Si bien este conjunto de principios determina de manera general qué compone el derecho de reparación que tienen las víctimas, es un avance en la materia, toda vez que incluye dos de las garantías que asegura la reparación simbólica: la satisfacción y la no repetición.
Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones fueron elaborados por los relatores especiales de Naciones Unidas Theo van Boven y Cherif Bassiouni y aprobados por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 60/147 de 2005.
Estos principios establecen que las víctimas tienen derecho a “una reparación plena y efectiva” que comprenda “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”12 y de manera más amplia determinan que incluyen las medidas de satisfacción13 y las garantías de no repetición14.
En las medidas de satisfacción se incorpora un componente simbólico, pues se habla de actos de disculpas públicas, reconocimiento y aceptación de responsabilidad por parte de los ofensores, y conmemoraciones y homenajes a las víctimas relacionados con sus derechos a la verdad, memoria y dignidad. Al respecto, hay autores que resaltan:
Aunque la resolución de la ONU agrupa todas las medidas simbólicas consideradas bajo la denominación de “medidas de satisfacción”, es posible discriminarlas en tres espectros o dimensiones, como se verá a continuación. Primera, las que buscan afectar positivamente y de forma restaurativa la esfera moral individual de la dignidad, o brindar “satisfacción moral”. Segunda, las que buscan paliar en cierto grado la decepción individual y social –incluso los revanchismos o las actitudes retaliativas– ante la falta de aplicación de justicia retributiva, o brindar “satisfacción judicial”. Y tercera, la que tiene impacto duradero en el manejo social de la verdad sobre lo ocurrido, de preservación de la memoria colectiva y aseguramiento de la transmisión tangible e intangible de un “pasado irrepetible” o medidas de “satisfacción memorial” (Vera, 2008, p. 763).
Con la inclusión de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, los principios ya estudiados dan un paso internacional para que se empiece a hablar del derecho a la reparación simbólica que tienen las víctimas.
2. CONSOLIDACIÓN JURISPRUDENCIAL
A escala internacional, la reparación simbólica ha sido acogida tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en el Sistema Penal Internacional.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se busca declarar la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana y en diferentes instrumentos regionales de protección de derechos humanos. Así mismo, se busca que el Estado repare los daños ocasionados a las víctimas.
Por su parte, en el Sistema Penal Internacional se condena penalmente a personas o individuos responsables de la comisión de crímenes que atentan contra el derecho internacional humanitario.
La reparación simbólica ha sido adoptada de manera más concreta en los pronunciamientos y sentencias emitidas por los órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Respecto al Sistema Penal Internacional, su incorporación ha sido gradual y han jugado un papel fundamental para su implementación los mecanismos de justicia transicional.
2.1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ambos órganos acogen medidas de reparación simbólica en sus recomendaciones y sentencias que se enfocan principalmente en: (i) medidas de satisfacción orientadas a la publicación de sentencias15, la realización de actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón16 y la búsqueda y localización de restos de personas desaparecidas17; (ii) garantías de no repetición, que incluyen reformas legales, becas, créditos de estudio y educación en derechos humanos18, y (iii) objetos de tipo material, relacionados con la construcción de monumentos, y de tipo inmaterial, con la asignación del nombre de la víctima a espacios o lugares19.
Adicionalmente, la CorteIDH otorga un efecto simbólico a la sentencia y la constituye como una forma de reparación.20 En ese sentido, algunos autores señalan que para que las sentencias cumplan un fin reparador deben “emanciparse estéticamente”. Al respecto, Eliana Rocío Motta considera:
Sin perjuicio de los importantes avances que la CteIDH ha demostrado respecto de la ideación de otras formas de reparación, la unificación de decisiones, la duración del proceso y el acceso a la decisión final; es necesario que a su vez la sentencia se emancipe estéticamente a través del componente artístico21 y lingüístico22. Estos componentes permitirán que se le proporcione un elemento transformador eficaz, capaz de modificar los arquetipos culturales que generan la violación de derechos y convertirse en un verdadero símbolo reparador para las víctimas y transformador para la comunidad en general. (Motta, 2018, pp. 157-158).
A continuación se analizarán algunos informes y sentencias proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, que consolidan jurisprudencialmente la reparación simbólica.
2.1.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, tiene como función primordial promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el continente americano. Una de sus funciones es examinar las peticiones presentadas por personas, grupos u organizaciones que alegan violaciones a los derechos humanos por parte de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos.
Al encontrar responsable a un Estado, la CIDH emite un informe de fondo donde concluye que los hechos representan violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, formula recomendaciones tendientes a restablecer, en la medida de lo posible, el goce de derechos y garantizar la no repetición de los hechos.
Adicionalmente, el Sistema de Peticiones Individuales establece la posibilidad de que en cualquier etapa de la investigación se pueda acordar una solución amistosa entre las partes, salvaguardando los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana y demás instrumentos regionales de protección de los derechos humanos.
Tanto en los informes de fondo como en los acuerdos de solución amistosa se establecen reparaciones a las víctimas, dentro de las que se encuentran las de tipo simbólico.
Para tener un panorama general con relación a la reparación simbólica, se analizarán ocho casos, de los cuales, tres terminaron con recomendaciones de la CIDH en informes de fondo y cinco en acuerdos de solución amistosa donde las partes convinieron las formas de reparación.
Caso Manoel Leal de Oliveira - Brasil: la Sociedad Interamericana de Prensa presenta denuncia contra el Estado brasileño por considerar que el asesinato del señor Manoel Leal de Oliveira, relacionado con el ejercicio de su profesión como periodista, sigue en la impunidad.
Mediante informe de fondo del 17 de marzo de 2010, la CIDH encuentra responsable internacionalmente al Estado por violación de los derechos a la vida, libertad de pensamiento y expresión, garantías judiciales y protección judicial.
En ese orden de ideas, le recomienda: (i) el reconocimiento público de responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos alegados, (ii) la realización de actos tendientes a recuperar la memoria histórica de la víctima y de los demás periodistas asesinados en el Estado de Bahía en la década de los 90 y (iii) la adopción de políticas de protección del trabajo de los periodistas y combate a la impunidad contra amenazas, agresiones y asesinatos contra este gremio, que incluyan investigaciones efectivas de los hechos y sanción a los responsables.
En este caso, las medidas de reparación ordenadas adoptan dos enfoques: como garantías de satisfacción (reconocimientos públicos de responsabilidad y actos de recuperación de memoria histórica) y como garantías de no repetición (políticas públicas).
Caso Paloma Angélica Escobar Ledezma y Otros - México: la denuncia es presentada por la madre de la presunta víctima, Justicia para Nuestras Hijas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos contra el Estado mexicano por no cumplir con su deber de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición y posterior muerte de Paloma Angélica Escobar, de 16 años de edad, en la ciudad de Chihuahua.
En el informe del 12 de julio de 2013, la CIDH encuentra responsable internacionalmente al Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos del niño y la igual protección de la ley, consagrados en la Convención Americana. Así mismo, considera que el Estado es responsable por violación de los derechos de la víctima, de acuerdo a lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará que tiene que ver con la condena de todas las formas de violencia contra la mujer y la adopción de políticas para prevenirla, sancionarla y erradicarla23.
Finalmente, en relación con los familiares de la víctima, indica que se violaron los derechos a la integridad personal y a las garantías y protección judicial, consagrados en la Convención Americana.
Entre las recomendaciones que incorporan medidas de reparación simbólica se encuentran: (i) el esclarecimiento de los hechos sobre la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar, así como la sanción a los responsables, (ii) la implementación, como medida de no repetición, de una política estatal para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres en la ciudad de Chihuahua sean prevenidos, investigados, sancionados y reparados de manera adecuada, (iii) la adopción de reformas en los programas educativos que promuevan el respecto de las mujeres y sus derechos a la no violencia y la no discriminación, (iv) el fortalecimiento de la capacidad institucional para combatir la impunidad en casos de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua, por medio de investigaciones criminales con perspectiva de género, (v) la implementación de medidas y campañas de difusión pública relacionadas con el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de los niños y niñas, (vi) el desarrollo de programas de capacitación para los funcionarios estatales referente a las normas internacionales consagradas en el Protocolo de Estambul, y (vii) la continuidad en la adopción de políticas públicas y programas institucionales tendientes a reestructurar estereotipos sobre el rol de las mujeres en el estado de Chihuahua, así como promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso a la justicia.
En este informe de fondo, las medidas de reparación simbólica están enfocadas en el derecho a la verdad (esclarecimiento de los hechos) y en garantías de no repetición desde una dimensión institucional mediante reformas legales y administrativas y una dimensión cultural que tiene como fin transformar culturalmente a la sociedad.
Caso Djamel Ameziane - Estados Unidos: el Center for Constitutional Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentan denuncia contra Estados Unidos por los perjuicios causados a Djamel Ameziane a raíz de la detención arbitraria y posterior reclusión en la base aérea de Kandahar y en la Bahía de Guantánamo al ser acusado como terrorista y sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos.
En el informe de fondo de 22 de abril de 2020, la CIDH encuentra responsable internacionalmente a Estados Unidos por la violación de los derechos a la vida, libertad y seguridad, igualdad ante la ley, libertad de religión y de culto, libertad de expresión, protección de la honra, reputación personal y vida privada y familiar, derecho a la familia y a su protección, protección de la salud y el bienestar, juicio justo, reunión, propiedad, petición, protección frente a la detención arbitraria, y debido proceso consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En ese orden de ideas, la CIDH formula recomendaciones que incluyen medidas de satisfacción y de no repetición.
Como medida de satisfacción, recomienda la realización de una declaración pública donde se indique que la víctima no es ni nunca ha sido terrorista y que fue detenido de manera equívoca y sometido a tortura bajo custodia de Estados Unidos.
Por su parte, como garantías de no repetición encomienda la implementación de leyes y políticas orientadas a: (i) derogar la Ley de Comisiones Militares y la Ley de Tratamiento a Detenidos, (ii) adoptar medidas que establezcan responsabilidades y sanciones por la aprobación oficial de la tortura en el gobierno durante el periodo 2002-2008, (iii) crear una comisión de verdad para Guantánamo que investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en dicho lugar, (iv) asegurar la eficacia de recursos reales que cuestionen la legalidad de detenciones similares al caso y que revisen las decisiones relativas al traslado de detenidos a países en los que puedan ser sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, (v) crear mecanismos judiciales o administrativos que aseguren la reparación integral a personas que se encuentren en condiciones similares a las del señor Ameziane, (vi) dictar entrenamientos sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos a las fueras militares y agentes de inteligencia en Estados Unidos con un enfoque en la prohibición absoluta de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, (vii) publicar una declaración oficial con las conclusiones del informe de fondo, en un diario de amplia circulación nacional, en radio y en televisión, (viii) asegurar que en las políticas de seguridad nacional o contra el terrorismo se contemplen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y (ix) crear un espacio público para despertar conciencia frente a las violaciones que ocurrieron en este caso, teniendo en cuenta las conclusiones de la CIDH.
En este caso, la medida de satisfacción recomendada tiende a restablecer la dignidad y honra de la víctima. Por su parte, las garantías de no repetición, en su mayoría, tienen que ver con políticas y/o reformas legales y administrativas. Así mismo, algunas están orientadas a la capacitación en derechos humanos, la creación de espacios para la de toma de conciencia y el esclarecimiento de la verdad.
Caso Irma Flaquer - Guatemala: la petición es presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa contra el Estado de Guatemala, por la violación de los derechos a la vida, debido proceso, libertad de expresión y protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos, a raíz de la desaparición y presunto asesinato de la periodista Irma Flaquer Azurdia.
En el informe de solución amistosa del 10 de octubre de 2003 se encuentra que las partes acordaron la realización de medidas con carácter simbólico orientadas a: (i) erigir un monumento al periodista sacrificado por el derecho a la libre expresión, simbolizado por la personalidad de Irma Marina Flaquer Azurdia, (ii) nombrar una sala de una biblioteca pública que incorpore todo el material relacionado con la obra de dicha periodista, (iii) designar el nombre de una vía pública, (iv) entregar cartas a los familiares pidiendo perdón, (v) elaborar un documental y (vi) realizar un acto público de dignificación.
En este caso, las medidas de reparación simbólica tienen múltiples enfoques que incluyen objetos de tipo material (construcción de monumentos), inmaterial (designación de nombres a espacios o lugares) y artístico (documental). Así mismo, se encuentran medidas de satisfacción orientadas a dignificar a la víctima y crear memoria histórica (cartas y actos públicos de dignificación).
Caso Jorge Antonio Barbosa Tarazona y Otros - Colombia: está relacionado con la denuncia presentada contra el Estado colombiano por la presunta desaparición forzada del señor Jorge Antonio Barbosa Tarazona y el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales en la investigación, juzgamiento y sanción a los presuntos responsables.
El informe de solución amistosa del 30 de octubre de 2008 da cuenta de algunas medidas de reparación simbólica acordadas por las partes, entre las que se encuentran: (i) el reconocimiento público de responsabilidad y ofrecimiento de perdón a los familiares de la víctima y (ii) la entrega de una placa para recordar la memoria de Jorge Antonio Barbosa Tarazona.
Estas medidas presentan un doble enfoque, como medida de satisfacción (reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón) y como objeto de tipo material (placa conmemorativa).
Caso Juan Jacobo Arbenz Guzmán - Guatemala: tiene que ver con la petición de declarar responsable internacionalmente al Estado guatemalteco por la violación de los derechos a la propiedad privada, indemnización, igualdad ante la ley, libertad personal, rectificación o respuesta, protección judicial e integridad personal, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Juan Jacobo Arbenz Guzmán, su cónyuge y sus hijos como consecuencia de su derrocamiento como presidente constitucional de Guatemala mediante un golpe militar que originó el exilio de la familia Arbenz y la confiscación de sus bienes.
En el informe de solución amistosa del 20 de marzo de 2012 se establece que las partes acordaron como formas de reparación con carácter simbólico: (i) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, (ii) la entrega de una carta de perdón a los familiares del expresidente, (iii) la designación de una sala del Museo Nacional de Historia que lleve el nombre “Jacobo Arbenz Guzmán”, (iv) el nombramiento de la Carretera al Atlántico con el nombre “Juan Jacobo Arbenz Guzmán”, (v) la gestión de una exposición fotográfica en el Museo Nacional de Historia sobre el expresidente y su familia, (vi) la recuperación del acervo fotográfico de la familia Arbenz Guzmán, (vii) la edición de un libro de fotos del expresidente, (viii) la reedición del libro Mi esposo el Presidente Arbenz, cuya autora es María Cristina Vilanova de Arbenz, (ix) la elaboración y publicación de una biografía del expresidente y (x) la emisión de una serie de sellos postales para conmemorar al expresidente y su gestión gubernamental.
Las medidas de reparación simbólica acordadas adoptan dos enfoques. El primero, como garantía de satisfacción (acto público de reconocimiento y cartas de perdón) y el segundo, como objetos de tipo inmaterial (designación de nombres a espacios y calles) y artístico (exposición, fotografía, literatura y artes gráficas). Es de anotar que estas manifestaciones artísticas tienen como fin preservar la memoria de la víctima y de sus familiares.
Caso Masacre de Trujillo - Colombia: la petición es presentada por la Comisión Intercongresional de Justicia y Paz (actualmente denominada Comisión Intereclesial de Justicia y Paz), en la que alega la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos violentos ocurridos en el municipio de Trujillo y territorios aledaños en el departamento del Valle del Cauca, que ocasionaron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos. En ese orden de ideas, se señala al Estado como responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección a la honra y dignidad, libertad de asociación y protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las partes suscriben un acuerdo de solución amistosa publicado en el informe del 30 de noviembre de 2016, en el que convienen medidas de reparación simbólica relacionadas con la satisfacción del derecho a la justicia, en lo concerniente a la búsqueda e identificación de desaparecidos y la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, y con el derecho a la verdad y la reconstrucción de memoria que incluyen la realización de un acto de conmemoración y la elaboración de un documental que reivindique la memoria de las víctimas y de sus familiares.
Como se puede observar, en este caso las medidas de reparación simbólica se enfocan en los derechos a la verdad, la memoria y la dignidad.
Caso Gerardo Bedoya Borrero - Colombia: la petición es presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa para que se declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violación a los derechos a la vida, garantías judiciales, libertad de expresión y protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia del asesinato del periodista y columnista Gerardo Bedoya Borrero.
En el informe de solución amistosa del 20 de abril de 2020 se evidencia que el Estado acuerda implementar medidas de satisfacción con carácter simbólico relacionadas con: (i) la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpas públicas, (ii) la asignación del nombre de la víctima a la carretera Jamundí - Robles - Timba, para reconocer sus valores profesionales y éticos, sus virtudes personales y su patriotismo y sacrificio, (iii) el otorgamiento de becas de estudio, (iv) la creación del premio honorífico con el objetivo de honrar la memoria de la víctima y (v) la publicación del informe que homologue el acuerdo de solución amistosa.
Las reparaciones simbólicas referidas están relacionadas con medidas de satisfacción (aceptación de responsabilidad y disculpas públicas), objetos de tipo inmaterial (asignación de nombres a calles) y garantías de no repetición (becas y premios).
El análisis de los informes de fondo y soluciones amistosas evidencia que la CIDH en sus recomendaciones y las partes en sus acuerdos incorporan medidas de reparación simbólica que presentan múltiples enfoques, desde objetos de tipo material, inmaterial y artístico, medidas tendientes a satisfacer los derechos a la verdad, memoria y dignidad de las víctimas y garantías de no repetición relacionadas con reformas institucionales y con la transformación de patrones culturales existentes en la sociedad que han facilitado la vulneración de derechos humanos.
2.1.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Como parte de su función contenciosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CorteIDH) determina si un Estado24 es responsable internacionalmente por la violación de algunos de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano. Adicionalmente, la CorteIDH ordena al Estado que repare a las víctimas.
A continuación se analizarán siete sentencias proferidas por la CorteIDH en las que se ordenaron medidas de reparación simbólica.
Caso Barrios Altos vs. Perú: tiene que ver con la muerte y lesiones provocadas a un grupo de personas que se encontraban departiendo en un inmueble ubicado en el vecindario Barrios Altos de la ciudad de Lima, por parte de agentes militares del Estado que actuaban en el “Escuadrón de Eliminación” llamado “Grupo Colina”. El Congreso peruano promulga la leyes de amnistía 26479 y 26492 que exoneraban de responsabilidad a militares, policías y civiles que en los años 1980 y 1995 hubieran cometido o participado en violaciones a los derechos humanos.
El Estado reconoce su responsabilidad internacional y, en consecuencia, la CorteIDH en sentencia del 14 de marzo de 2001 declara la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las partes fijan de común acuerdo las reparaciones. Es por esto que en sentencia del 30 de noviembre de 2001 la CorteIDH aprueba el acuerdo suscrito entre el Estado del Perú y las víctimas, sus familiares y sus representantes, que contiene medidas de reparación tales como: (i) proporcionar becas, créditos y materiales educativos, (ii) dar aplicación a lo dispuesto por la Corte sobre el sentido y alcances de la declaración de ineficacia de las leyes de amnistía 26479 y 26492, (iii) iniciar el proceso para incorporar la figura jurídica que resulte más conveniente para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales, (iv) iniciar el procedimiento para suscribir y promover la ratificación de la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, (v) publicar la sentencia de la Corte en el Diario Oficial El Peruano y en otros medios de comunicación, (vi) incluir en la Resolución Suprema que disponga la publicación del acuerdo “una expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas por los graves daños causados” y una ratificación de la voluntad de que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos, y (vii) erigir un monumento recordatorio.
En esta sentencia se adoptan tres enfoques de reparación simbólica: (i) como medidas de satisfacción, con relación a la orden de publicación de la sentencia y del acuerdo con solicitud de perdón, (ii) como objeto de tipo material, referente a la construcción de un monumento y (iii) como garantías de no repetición en cuanto a las reformas e inclusiones legales y entrega de becas y créditos de estudio.
Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala: trata sobre la responsabilidad del Estado en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang a manos de las fuerzas armadas de Guatemala.
En sentencia del 25 de noviembre de 2003 se declara que el Estado violó derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se ordenan medidas de reparación simbólicas consistentes en: (i) la publicación de la sentencia, (ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio a la memoria de la víctima y sus familiares, (iii) el honramiento público de la memoria de José Mérida Escobar, investigador policial que fue asesinado por motivos relacionados con el caso de Myrna Mack Chang, (iv) la inclusión de capacitaciones en derechos humanos y derecho internacional humanitario a las fuerzas armadas, de policía y organismos de seguridad, (v) el establecimiento de una beca de estudios con el nombre de la víctima, (vi) el nombramiento como Myrna Mack Chang a una calle o plaza reconocida en la ciudad de Guatemala y (vii) la instalación de una placa en memoria de la víctima en el lugar donde falleció o en sus inmediaciones.
Las medidas de reparación simbólica en este caso adoptan varios enfoques: (i) como medidas de satisfacción (publicación de sentencias y actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y de honra a la memoria de Myrna Mack Chang y José Mérida Escobar), (ii) como garantías de no repetición (educación en derechos humanos y otorgamiento de becas de estudio) y (iii) como objeto de tipo inmaterial (nombramiento de calle o plaza).
Caso 19 Comerciantes vs. Colombia: se alega la responsabilidad del Estado colombiano por la desaparición forzada y posterior asesinato de 19 comerciantes por parte de un grupo paramilitar y por la falta de investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La CorteIDH, en sentencia del 5 de julio de 2004, encuentra que el Estado es responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, ordena como medidas de reparación simbólica: (i) efectuar una búsqueda seria de los restos mortales de las víctimas, (ii) erigir un monumento en memoria de las víctimas y (iii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de desagravio a los familiares de los 19 comerciantes.
Dichas medidas se enfocan en garantías de satisfacción (búsqueda de restos mortales y acto público de reconocimiento de responsabilidad) y en objetos de tipo material (monumento).
Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia: trata sobre la tortura y asesinato de habitantes de Mapiripán por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con apoyo de algunos agentes estatales.
En sentencia del 15 septiembre de 2005, la CorteIDH declara que el Estado es responsable internacionalmente por violación a derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, ordena medidas de reparación simbólica orientadas a: (i) la construcción de un monumento apropiado y digno para recordar los hechos, (ii) la adopción de medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de cuerpos armados y organismos de seguridad en derechos humanos y (iii) la publicación de la sentencia.
Estas reparaciones simbólicas se enfocan en medidas de satisfacción (reconocimiento de responsabilidad y publicación de la sentencia), objetos de tipo material (monumento) y garantías de no repetición (educación en derechos humanos).
Caso La Cantuta vs. Perú: trata sobre el secuestro de varios estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta a manos de miembros del ejército peruano y del grupo paramilitar Colina. Las víctimas posteriormente fueron desaparecidas y algunas de ellas ejecutadas extrajudicialmente.
Hubo condenas contra algunos denunciados. No obstante, el Congreso peruano aprueba la Ley 26479, que concede amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de derechos humanos cometidas desde mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, fecha de promulgación de dicha ley.
La CorteIDH, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2006, declara que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en consecuencia ordena reparaciones simbólicas como: (i) proceder con la búsqueda y localización de los restos mortales de quienes continúan desaparecidos, (ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, (iii) asegurar que las personas declaradas como víctimas ejecutadas o de desaparición forzada incluyan su nombre en el monumento “El Ojo que Llora”, previo consentimiento de los familiares de las víctimas, (iv) publicar la sentencia, (v) implementar programas permanentes de educación en derechos humanos para miembros de los servicios de inteligencia, fuerzas armadas y policía nacional, así como para jueces y fiscales.
Las medidas de reparación simbólica ordenadas adoptan enfoques como: (i) garantía de satisfacción (búsqueda y localización de restos de desaparecidos, acto de reconocimiento de responsabilidad y publicación de la sentencia), (ii) garantía de no repetición (educación en derechos humanos) y (iii) objetos de tipo material en lo relacionado con la inclusión de los nombres de las víctimas en el monumento “El Ojo que Llora”.
Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México: trata sobre la desaparición y posterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
En sentencia del 16 de noviembre de 2009 la CorteIDH declara responsable al Estado por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Belém do Pará.
Como medidas de reparación simbólica ordena: (i) publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, (ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en honor a la memoria de las víctimas, (iii) levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez y (iv) continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género y perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos.
Estas medidas de reparación simbólica adoptan tres enfoques: el primero, como garantías de satisfacción (publicación de sentencia y acto público de reconocimiento de responsabilidad), el segundo, relacionado con un objeto de tipo material (monumento) y el tercero, como garantía de no repetición (programas y cursos en derechos humanos y perspectiva de género).
Caso Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú: trata sobre los actos de violencia que agentes estatales cometieron en contra de la señora Rojas Marín en razón a su orientación sexual.
La sentencia del 12 de marzo de 2020 declara responsable internacionalmente al Estado peruano por violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Como medidas de reparación simbólica enfocadas en garantías de satisfacción ordena: (i) la publicación de la sentencia y (ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Ahora bien, desde un enfoque como garantía de no repetición se encuentran: (i) la adopción de un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, (ii) la implementación de un plan de sensibilización y capacitación de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, (iii) el diseño y ejecución de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI y (iv) la eliminación del indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.
En estos dos últimos casos, las garantías de no repetición ordenadas buscan la eliminación de patrones culturales existentes en la sociedad que permiten la exclusión de determinados grupos poblacionales y naturalizan la violencia ejercida contra ellos.
De manera general, se observa que tanto la CIDH como la CorteIDH acogen la reparación simbólica en sus pronunciamientos y recurren a múltiples enfoques que combinan medidas de satisfacción, garantías de no repetición y objetos de tipo material, inmaterial y artístico. No obstante, algunos autores cuestionan la generalidad de estas medidas. Por ejemplo, un estudio realizado por Manuel Albarracín respecto a las reparaciones simbólicas acordadas en soluciones amistosas evidencia que:
Aun cuando la CIDH acepta que la reparación simbólica forma parte de la reparación integral, pareciera que tal perspectiva es reciente y que por ello no se ha intentado su aplicación. Esto se soporta en que desde 1985 y hasta el 2012 únicamente en once casos25 se pactaron medidas de reparación, simbólica o de carácter simbólico, en tres diferentes formas de estructuración: a) la construcción de monumentos en honor a las víctimas; b) la designación de espacios y edificaciones públicas con el nombre de las víctimas; y c) el establecimiento de placas conmemorativas. (Albarracín, 2018, p. 239).
Lo anterior demuestra que, con relación a las medidas de reparación simbólica adoptadas en los acuerdos y recomendaciones de la CIDH y en las sentencias de la CorteIDH, no existe un proceso de creación del símbolo que permita un diálogo entre las víctimas, el Estado y la sociedad en general y que tenga como eje central los derechos a la verdad, memoria y dignidad.
2.2. Sistema penal internacional
La reparación simbólica en los tribunales penales internacionales es un tema que se ha incorporado de manera gradual en el tiempo, desde los juicios de Núremberg hasta las sentencias emitidas por la Corte Penal Internacional.
En virtud del principio penal básico de responsabilidad individual, todos estos tribunales se encargaron de juzgar a responsables de graves violaciones al derecho internacional humanitario, dedicándose exclusivamente a imponer condenas por la comisión de delitos como el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, en las sentencias proferidas no se determinaba la obligación de los condenados de reparar el daño ocasionado a las víctimas.
A continuación se analizará cómo fue la aparición de la reparación simbólica en algunos casos donde se instauraron estos tribunales internacionales.
2.2.1. Tribunal Militar Internacional de Núremberg
Creado después de la II Guerra Mundial, mediante la Carta de Londres de 1945[26], con el fin de juzgar a antiguos líderes nazis por crímenes de guerra, lesa humanidad y contra la paz cometidos hacia el pueblo judío.
Los juicios de Núremberg se llevaron a cabo entre los años 1945 y 1946 y en estos se dictaron únicamente sentencias condenatorias que imponían penas a los responsables de los crímenes, sin mencionar formas de reparación para las víctimas.
Pese a lo anterior, algunos autores consideran que en el juicio llevado a cabo contra el oficial de la SS Adolf Eichmann la reparación simbólica hizo su primera aparición. Como lo mencionan Moreno y Cañaveral, “en dicho juicio se evidenciaron los primeros indicios de la reparación simbólica, ya que víctimas y victimario reconstruyeron las situaciones ocurridas, y las víctimas pudieron dar sus testimonios” (Moreno y Cañaveral, 2018, pp. 29-30).
El juicio de Eichmann incorpora características propias de la reparación simbólica, toda vez que al permitir que las víctimas dieran sus testimonios se contribuyó a la construcción de memoria histórica respecto de lo que fue el holocausto nazi, lo que permitió que la sociedad en general conociera los hechos en pro de garantizar su no repetición.
El proceso no fue simplemente una instancia judicial, logró superar las limitaciones propias de los ámbitos legales y penales, creando el binomio justicia-memoria, un espacio de expresión y aprendizaje colectivo. Además de encontrar una culpabilidad individual, el juicio concientizó sobre las responsabilidades colectivas de los diferentes actores durante la Segunda Guerra. (Peris, 2013, p. 13).
Así mismo, se destacan pronunciamientos desde el escenario internacional que podrían considerarse como una forma de reparación simbólica a las víctimas. Un ejemplo de ello es la Resolución 60/7 de 2015 sobre el Recuerdo del Holocausto aprobada por la Asamblea General de la ONU, que “decide que las Naciones Unidas designen el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto” (Resolución 60/7, 2015, 1).
Lo anterior crea un método de reparación simbólica desde un enfoque lingüístico que recurre al lenguaje y a la recordación para satisfacer a las víctimas, garantizar sus derechos a la verdad, memoria y dignidad y dirigirse a la sociedad para garantizar la no repetición de los hechos.
2.2.2. Tribunales penales ad hoc
Se establecen a raíz de los conflictos registrados en la década de los 90 relacionados con graves violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
Los tribunales penales ad hoc para la antigua Yugoslavia (TPIY)27 y para Ruanda (TPIR)28 fueron creados por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1993 y 1994, respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de Naciones29 para juzgar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en estos territorios.
Al igual que en el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, los tribunales penales ad hoc no ordenaron en sus sentencias medidas de reparación simbólica, pues, como lo refiere Forer (2012), “los Estatutos de los Tribunales Internacionales ad hoc no regularon posibilidades para que las víctimas pudieran participar o solicitar reparaciones u otras medidas que contempla la justicia restaurativa” (p. 103).
Finalmente, vale la pena hablar del Tribunal Especial para Sierra Leona, creado por solicitud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la Resolución 1315 del 2000 donde se “pide al Secretario General que negocie un acuerdo con el Gobierno de Sierra Leona con el fin de crear un tribunal especial independiente” que juzgue a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como al derecho de Sierra Leona en este territorio desde el 30 de noviembre de 1996. Este tribunal tampoco tuvo mandato para ordenar reparaciones.
Como se puede observar, en estos tribunales la reparación simbólica no fue adoptada en sus sentencias, pues, como ya mencionó, estas se dedicaron exclusivamente a condenar a los responsables de violaciones al derecho internacional humanitario. No obstante, como veremos adelante, ante la necesidad de escuchar y reparar a las víctimas, la reparación simbólica es adoptada en mecanismos de justicia transicional.
Todo lo anterior representa un antecedente que lleva a que la Corte Penal Internacional acoja de manera concreta dentro de sus sentencias la reparación simbólica.
2.2.3. Corte Penal Internacional
Esta corte (en adelante, CPI) es el primer tribunal internacional permanente creado por medio del Estatuto de Roma30, cuya función es juzgar a responsables de graves violaciones contra el derecho internacional humanitario. En ese orden de ideas, la CPI juzga los crímenes de lesa humanidad31, genocidio32, guerra33 y agresión34 cometidos por ciudadanos de Estados que ratificaron el Estatuto de Roma y los crímenes cometidos en el territorio de los Estados que ratificaron dicho tratado.
El artículo 75 de dicho Estatuto establece todo lo relacionado con la reparación a las víctimas indicando que “la Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”. Es de anotar que, si bien la CPI es quien ordena las reparaciones, su implementación recae en el Fondo Fiduciario para las víctimas35.
Aunque este artículo no menciona nada respecto a la reparación simbólica, la CPI sí la acoge en su jurisprudencia, como se verá en los siguientes casos:
Caso Thomas Lubanga Dylo: en sentencia del 14 de marzo de 2012, Lubanga fue hallado culpable como coautor del crimen de guerra relacionado con “reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades”36. En consecuencia, el 10 de julio de 2012 es condenado a catorce años de prisión.
El 7 de agosto de 2012 la CPI emite la primera decisión sobre reparaciones para víctimas, en la cual señala la importancia de adoptar medidas de reparación simbólica.
La Cámara consideró que otras reparaciones simbólicas pueden ser apropiadas; de hecho, decidió que la condena del Sr. Lubanga y su sentencia son ejemplos de reparaciones simbólicas relevantes dado que estos eventos probablemente tengan importancia para las víctimas y sus familias y comunidades. Otras formas de reparación pueden incluir campañas para mejorar la posición de las víctimas; emitiendo certificados que reconocen el daño que sufrieron; y actividades de divulgación y promoción, junto con programas educativos, que proporcionan información y están dirigidos a reducir la estigmatización y la marginación de las víctimas. (CPI, 2012, párr. 6).
En el año 2006 la CPI aprueba el plan de reparaciones simbólicas presentado por el Fondo Fiduciario para las Víctimas y determina que se debe “estudiar la viabilidad de desarrollar un proyecto concreto con el objetivo de proporcionar prontas reparaciones simbólicas, que pueden tomar la forma de, entre otras cosas, una conmemoración y/o construcción de estatuas de niños soldados que han sufrido de estos eventos” (CPI, 2012, párr. 12).
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que las reparaciones simbólicas recomendadas adoptan enfoques como medidas de satisfacción (conmemoraciones) y objetos de tipo material (estatuas).
Algunos autores señalan que la inclusión de la reparación simbólica en las sentencias de la CPI es producto de la influencia de la CorteIDH y de las normas internacionales que regulan la materia. Al respecto, Andreas Forer hace un análisis de esta sentencia y encuentra lo siguiente:
La Sala establece que si bien el artículo 75 del Estatuto37 se refiere a la restitución, compensación y rehabilitación, dicha lista no es excluyente, la Corte podrá desarrollar reparaciones simbólicas, preventivas o transformadoras38. Es preciso resaltar que la definición de las distintas formas de reparación se inspira en la jurisprudencia de la Corte IDH39 y en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones40. (Forer, 2013, pp. 50-51).
Caso Ahmad Al Faqi Al Mahdi: en sentencia del 27 de septiembre de 2016, la CPI declara culpable a Al Mahdi por el crimen de guerra relacionado con dirigir ataques contra edificios religiosos e históricos41 en Tombuctú, Malí, en junio y julio de 2012. En consecuencia, es sentenciado a nueve años de encarcelamiento. Respecto al crimen cometido por Al Mahdi, la sentencia refiere:
La Cámara también consideró que los edificios seleccionados no eran solo edificios religiosos, sino que también tenían un valor simbólico y emocional para los habitantes de Tombuctú. Los mausoleos de santos y mezquitas de Tombuctú fueron una parte integral de la vida religiosa de sus habitantes y constituyen un patrimonio común para la comunidad. Reflejaron su compromiso con el Islam y desempeñaron un papel psicológico hasta el punto de ser percibidos como protectores de la gente de Tombuctú. Además, todos los sitios menos uno eran sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco. (CPI, 2016, párr. 14).
El 17 de agosto de 2017 se emite una orden de reparación donde se determina que el condenado es responsable de reparaciones individuales y colectivas a favor de la comunidad de Tombuctú. En ese sentido, la CPI ordena al Fondo Fiduciario para las Víctimas presentar un proyecto de plan de implementación de reparaciones teniendo en cuenta lo siguiente:
Las reparaciones en este caso han sido establecidas con el fin de aliviar el sufrimiento causado por las actuaciones criminales del Sr. Al Mahdi, posibilitar la recuperación de la dignidad de las víctimas, así como prevenir y disuadir futuros crímenes similares. Asimismo, la Orden de Reparación tiene como objetivo promover la reconciliación entre las víctimas y el condenado. (CPI, 2017, párrs. 23-30).
La CPI indica que las reparaciones “también puede[n] incluir medidas simbólicas, como un memorial, una conmemoración o una ceremonia de perdón, para reconocer públicamente el daño moral sufrido por la comunidad de Tombuctú y sus integrantes” (p. 31).
Así mismo, ordena la publicación en su sitio web de un extracto de la disculpa ofrecida por Al Mahdi ante la Corte, pues considera que representa una medida simbólica para las víctimas y, finalmente, ordena la entrega de un euro simbólico al Estado maliense y a la Unesco.
En consecuencia, las reparaciones simbólicas en este caso se enfocan en medidas de satisfacción tendientes a alivianar el dolor de las víctimas y restablecer su derecho a la dignidad. Adicionalmente, tienen un enfoque relacionado con la no repetición de los hechos.
Todo lo anterior permite concluir que, con la inclusión de medidas de reparación simbólica, la CPI adopta criterios no solo de justicia retributiva sino también de justicia restaurativa “en cuanto son las víctimas, y no el derecho, el criterio central de justicia adoptado por esta” (Bautista González, Suárez Orjuela y Vásquez, 2017, p. 172).
3. ADOPCIÓN EN MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Con la evolución del Sistema Penal Internacional, se observa la necesidad de escuchar a las víctimas y permitir que tengan un papel central en los juicios para, de esta manera, reconocer su derecho a ser reparadas.
Ahora bien, teniendo en cuenta que, en estos casos, el número considerable de víctimas generaba inconvenientes a la hora de repararlas y que la mayoría de veces los autores de los crímenes no contaban con los medios económicos para hacerlo, la reparación simbólica adquiere vital importancia, más si se observa que, por la atrocidad de los crímenes cometidos, lo que buscaban las víctimas era ser reconocidas, escuchadas y que los ofensores asumieran públicamente su responsabilidad.
En consecuencia, se resalta la adopción de medidas de reparación simbólica en mecanismos de justicia transicional que, ante la carencia de mandato de los tribunales internacionales para ordenar y conceder reparaciones, son estos quienes hablan de la necesidad de reparar a las víctimas, dando un papel fundamental a la reparación simbólica.
Por ejemplo, en Ruanda el gobierno implementa los Tribunales de Gacaca42 que representan “una nueva manera de considerar a la justicia penal, la cual se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones, más que en castigar a los delincuentes” (Márquez, 2007, p. 201).
Los Tribunales de Gacaca constituyen un mecanismo de justicia transicional orientado a crear un espacio para escuchar los relatos de las víctimas y sancionar a los responsables de violaciones a sus derechos humanos. Adicionalmente, ante estos tribunales:
Acudía el acusado, quien también comparecía ante la comunidad, y le debía solicitar a esta perdón, como forma de arrepentimiento directo, no por medios audiovisuales o por escritos, era directamente y frente a toda la comunidad, con el fin de lograr la reconstrucción de la verdad, esclareciendo muchos casos de desaparecidos y calmando la situación entre tutsis (minoría) y hutus. (Moreno y Cañaveral, 2018, p. 31).
De este modo, los Tribunales de Gacaca cumplieron fines similares a los de la reparación simbólica desde un enfoque de medidas de satisfacción y de derechos, toda vez que permitieron un reconocimiento de las víctimas y una asunción de responsabilidad por parte de los ofensores, quienes además solicitaban perdón por los actos cometidos, lo que en últimas garantizaba los derechos a la verdad, memoria y dignidad de quienes sufrieron vulneraciones a los derechos humanos.
Por su parte, en Sierra Leona se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que en su informe final incorpora recomendaciones que incluyen medidas de reparación simbólica.
Amnistía Internacional, en un estudio denominado Sierra Leona: reparación para las sobrevivientes de violencia sexual, con relación a la obligación del gobierno de garantizar justicia frente a los responsables y reparación a las víctimas, habla de la inclusión en el informe final de la CVR de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, así:
La satisfacción, a la que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se refiere como una reparación simbólica, incluye medidas como:
• La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad;
• La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
• Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
• Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
• La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;
• Conmemoraciones y homenajes a las víctimas. (Amnistía Internacional, 2007, p. 19).
Respecto a las garantías de no repetición, indica que su objetivo, más allá de intentar volver las cosas a su estado anterior, es comprender las circunstancias que llevaron a la comisión de delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para de esta manera garantizar su no repetición. Seguidamente señala que estas medidas pueden contener:
• La reforma del ejército o la policía;
• El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
• La educación de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;
• La promoción de la resolución de conflictos;
• La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a los delitos contemplados por el derecho internacional humanitario o los permitan. (p. 19)
Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es importante que las víctimas sean reparadas y es ahí donde juega un papel fundamental la reparación simbólica, puesto que, además de atender el dolor individual de las víctimas con medidas de satisfacción, garantiza la transformación cultural de una sociedad que tolera o naturaliza violaciones a los derechos humanos.
La narración de la verdad sin reparaciones podría ser percibida por las víctimas como un proceso incompleto en el que ellas revelaron su dolor y sufrimiento sin que hubiera ningún mecanismo para hacer frente a las consecuencias de ese dolor o para modificar sustancialmente las circunstancias materiales de sus vidas. (Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, 2004, párr. 41).
En el mismo sentido, Jamesina King, en un análisis sobre género y reparaciones en Sierra Leona, a raíz de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto, indica que en el informe final se determina que la Comisión de Monumentos y Reliquias será la encargada de coordinar medidas de reparación simbólica, tales como: (i) la presentación de disculpas públicas por parte de los responsables y del gobierno, (ii) la construcción de monumentos en conmemoración de la guerra y en memoria de las víctimas, (iii) el reconocimiento de responsabilidad por parte del Presidente y líderes de partidos políticos, (iv) la realización de ceremonias de conmemoración para las víctimas, (v) la realización de funerales simbólicos para las víctimas que no tuvieron un entierro de acuerdo a sus tradiciones culturales y religiosas, (vi) la declaración del 18 de enero como Día Nacional de Reconciliación para Honrar a las Víctimas y (vii) la identificación de fosas comunes junto con la realización de nuevos funerales (King, 2010, pp. 297-298).
En conclusión, los esbozos del derecho internacional sobre reparación simbólica demuestran una especie de subdesarrollo jurídico en la materia. No obstante, el primer avance lo dan los relatores de Naciones Unidas cuando al referirse a la reparación integral incluyen tímidamente elementos simbólicos como parte de esta, sin que hablen propiamente de reparación simbólica.
Así mismo, hay ciertos avances en la jurisprudencia internacional que incorpora medidas o formas de reparación simbólica. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se habla de garantías de satisfacción y de no repetición con carácter simbólico, y en ese sentido se ordenan actos tendientes a restablecer los derechos a la verdad, memoria y dignidad de las víctimas, que generalmente se reducen a objetos de tipo material, consistentes en la construcción de monumentos y en la instalación de placas, de tipo inmaterial, relacionados con la asignación del nombre de la víctima a espacios o lugares, y en algunos casos de tipo artístico que recurren a la elaboración de documentales con el fin de reivindicar la memoria de la víctima.
En el sistema penal internacional, el desarrollo de la reparación simbólica fue un gran paso para que se comenzara a transitar de una justicia meramente punitiva a una justicia restaurativa que tuviera como eje central a las víctimas y su derecho a ser reparadas.
Del mismo modo, se demuestra cómo los mecanismos de justicia transicional se han encargado de suplir las falencias en materia de reparación simbólica en el escenario internacional, adoptando acciones simbólicas dirigidas, de un lado, a satisfacer los deseos de las víctimas en cuanto a verdad, memoria y dignidad, y de otro, a transformar a la sociedad para garantizar la no repetición de los hechos.
En el siguiente capítulo se mostrará cómo, a diferencia del surgimiento efímero de la reparación simbólica en normas internacionales, en el derecho colombiano hay avances significativos en la materia desde ámbitos de justicia transicional representados en normas, jurisprudencia y un acuerdo de paz.
REFERENCIAS
Doctrina
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CAPÍTULO 2.
AVANCES DE LA REPARACIÓN SIMBÓLICA EN EL DERECHO COLOMBIANO
A pesar de la precariedad jurídica que, como ya vimos, existe frente a la reparación simbólica en el derecho internacional, en Colombia ha habido un gran esfuerzo por consolidar jurídicamente este concepto, sobre todo a partir de normas de justicia transicional, como la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011. Así mismo, se ha logrado su incorporación paulatina en la jurisprudencia.
Este desarrollo normativo y jurisprudencial presenta tres momentos. El primero relacionado con la juridización en justicia transicional que permite determinar el contenido jurídico y las características principales de la reparación simbólica.
El segundo tiene que ver con su consolidación jurisprudencial, específicamente en los tribunales de Justicia y Paz, en la Sección Tercera del Consejo de Estado y en la Corte Constitucional, en lo referente al ámbito penal, que demuestra que, si bien existe una claridad legal y normativa frente a la reparación simbólica, esta no se ve reflejada en la jurisprudencia existente sobre la materia, que continúa en la misma precariedad jurídica del derecho internacional.
Finalmente, un tercer momento se da en la aplicación de la reparación simbólica en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y su funcionalidad respecto a los propósitos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, especialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, donde se evidencia que, si bien ninguno de estos componentes presenta una definición clara y categórica de la reparación simbólica y de su campo de aplicación en el Sistema, no desconocen su importancia social y política en escenarios de justicia transicional.
1. JURIDIZACIÓN EN JUSTICIA TRANSICIONAL
1.1. Reparación simbólica y justicia transicional en Colombia
Dos leyes de justicia transicional, a saber, la 975 de 2005[43] y la 1448 de 2011[44], en textos idénticos establecen el contenido jurídico de la reparación simbólica al señalar:
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. (Ley 975, 2005, art. 8; Ley 1448, 2011, art. 141).
Posteriormente, se encuentran desarrollos normativos que incluyen medidas o actos con carácter simbólico dentro de sus disposiciones. Por ejemplo, la Ley 1408 de 2010[45], si bien no habla directamente de la reparación simbólica, establece medidas que le son propias, para las víctimas de desaparición forzada, con el fin de contrarrestar la apatía social y crear mecanismos simbólicos de reconocimiento y recordación.
El artículo 12 indica que se declararán lugares como santuarios de la memoria en los cuales se construirán monumentos en honor a las víctimas. Posteriormente, el artículo 13 habla de la ubicación de placas conmemorativas que tendrán como encabezado “Víctima(s) de Desaparición Forzada” y que terminarán con la frase “Nunca Más”, las cuales serán entregadas en ceremonias públicas que cuenten con la participación de las víctimas.
Finalmente, el artículo 14 determina que en aras de evocar la memoria histórica de las víctimas de desaparición forzada se realizará una conmemoración en el marco de la Semana de los Detenidos - Desaparecidos y en el Día Internacional de los Desaparecidos. Así mismo, indica que los establecimientos educativos públicos y privados y las autoridades nacionales realizarán “foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión referentes al derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos”.
En consecuencia, se puede decir que esta ley es plurisimbólica, toda vez que recurre a diferentes mecanismos simbólicos que incluyen lugares de memoria, monumentos, placas, actos conmemorativos en homenajes a las víctimas y el establecimiento de un día de recordación.
Por su parte, en el año 2012, la Ley 1592[46] introduce modificaciones a la Ley 975 de 2005 e incorpora el tema simbólico dentro de los actos de contribución a la reparación integral. De esta manera, determina que las salas de conocimiento de los tribunales superiores de Justicia y Paz podrán ordenar al postulado47 “la participación en los actos simbólicos de resarcimiento y redignificación de las víctimas a los que haya lugar de conformidad con los programas que sean ofrecidos, para tal efecto” (Ley 1592, 2012, art. 29).
A partir de lo anterior es posible determinar seis características propias de la reparación simbólica: (i) parte del derecho a la reparación integral; (ii) una prestación; (iii) uso de símbolos; (iv) a favor de las víctimas y de la comunidad en general; (v) tiende a asegurar tres derechos: verdad, memoria y dignidad; y (vi) tiende a asegurar dos garantías: de satisfacción y de no repetición. A continuación se explicará cada una de estas características.
(i) Parte del derecho a la reparación integral: la Ley 1448 de 2011 establece que las víctimas tienen derecho a la reparación integral de los daños sufridos como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. Así mismo, indica que “la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica” (Ley 1448, 2011, art. 25).
La reparación integral representa un deber y obligación del Estado en virtud de la responsabilidad internacional y constituye un derecho fundamental de las víctimas.
De Greiff indica que la reparación integral está compuesta de reparaciones tanto materiales como simbólicas. Al respecto señala:
Las reparaciones materiales pueden adoptar la forma de compensaciones, esto es, de pagos, bien sea en efectivo o en instrumentos negociables, o de paquetes de servicios, los cuales, a su vez, pueden incluir la provisión de educación, salud y vivienda. Las reparaciones simbólicas pueden incluir, por ejemplo, disculpas oficiales, rehabilitación, el cambio de nombre de espacios públicos, la creación de días de conmemoración, la construcción de museos y parques dedicados a la memoria de las víctimas, etc. (De Greiff, 2008, p. 305).
En ese orden de ideas, la reparación simbólica, al hacer parte de la reparación integral, es un derecho que tienen las víctimas a que se repare su dolor íntimo y la sociedad a que se garantice la no repetición de hechos, transformando arquetipos culturales colectivos que han naturalizado la comisión de delitos que atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
(ii) Una prestación: esta característica se observa desde el punto de vista del derecho civil. Como menciona Ordóñez (2018), “introduce un carácter jurídico, ya que la reparación en general es una obligación (de dar, hacer o no hacer)” (p. 297).
Así las cosas, la reparación simbólica incluye acciones que implican la realización de actos simbólicos tendientes a que se reparen los daños ocasionados a las víctimas.
Las medidas simbólicas pueden ser individuales y colectivas. En las primeras se pueden encontrar, por ejemplo, “cartas personales de disculpa, copias de informes de las comisiones de la verdad, adecuada sepultura de las víctimas, etc.”, y en las segundas, “actos públicos de desagravio, fechas conmemorativas, construcción de museos, cambio de nombre de calles y otros lugares públicos, etc.” (De Greiff, 2008, p. 334).
(iii) Uso de símbolos: el símbolo corresponde a un objeto, que puede ser material, inmaterial, natural, artístico o representar un lugar. En cualquier caso, siempre lleva un mensaje implícito. Como resalta Rodríguez:
El símbolo se refiere al objeto que fue signo y que ahora contiene y designa uno o diversos valores, sentidos y contenidos que trascienden el mundo físico al imaginario y que puede ser variable, mutable, diverso y propio, debido a la construcción colectiva que ha realizado cada grupo. (Rodríguez, 2019, p. 18).
El símbolo es el componente de la reparación simbólica que la distingue de otras formas de reparación clásica, como la indemnización económica, la rehabilitación física y mental y la restitución. Adicionalmente, está dirigido a las víctimas y a la sociedad.
Cuando el símbolo de la reparación simbólica es reconocido social y culturalmente en la colectividad como una medida de desagravio por los hechos victimizantes, facilita la satisfacción de las víctimas y la consecución de los objetivos esenciales de la reparación simbólica que aportan a la reconstrucción del tejido social y a la identidad colectiva de las víctimas. (Rodríguez, 2019, p. 23).
(iv) A favor de las víctimas y de la comunidad en general: a diferencia de otras formas de reparación, la simbólica está instituida tanto a favor de las víctimas, bien sean individuales o colectivas, como de la comunidad en general. De ahí que se hable de tres dimensiones de la reparación simbólica.
-Dimensión individual: aquí, la reparación simbólica tiende a que las víctimas sean reconocidas como tales, conozcan la verdad de lo sucedido, sean escuchadas y recuperen su dignidad. Con relación a los responsables del daño, busca que estos asuman su responsabilidad, pidan perdón y sean judicializados. Aquí juegan un papel importante las medidas de satisfacción orientadas a garantizar los derechos de las víctimas.
-Dimensión colectiva: en esta dimensión se tiene en cuenta la existencia de sujetos colectivos como víctimas, lo que implica hablar de la reparación colectiva a comunidades o pueblos. El Decreto 4800 de 2011[48] establece el concepto de reparación colectiva así:
Entiéndase por reparación colectiva el conjunto de medidas a que tienen derecho los sujetos colectivos que hayan sufrido alguno de los eventos definidos en el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, las cuales comprenderán medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico. (Decreto 4800, 2011, art. 222).
Los eventos a los cuales hace alusión dicha norma corresponden a: “a). El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; b). La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; c). El impacto colectivo de la violación de derechos individuales” (Ley 1448, 2011, art. 151).
Así mismo, la ley indica que serán considerados como sujetos de reparación colectiva “1. Grupos y organizaciones sociales y políticos; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común” (Ley 1448, 2011, art. 152).
Ahora bien, teniendo en cuenta que Colombia es un país multicultural, existen tres decretos reglamentarios de la Ley 1448 de 2011 por medio de los cuales se dictan medidas específicas de reparación integral a víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas49, al pueblo Rrom o Gitano50 y a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras51. Los decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011 señalan que los sujetos colectivos como víctimas y como parte del conglomerado social tienen derecho a la reparación simbólica.
El concepto de reparación simbólica que traen estos decretos contiene las características principales señaladas en la Ley de Justicia y Paz y en la Ley de Víctimas. Sin embargo, se observa que el Decreto 4633 de 2011 referente a los pueblos y comunidades indígenas determina que las medidas de reparación simbólica deben consistir además en la “eliminación de todas las formas de discriminación estructural”52.
En razón a que la reparación colectiva se da como consecuencia de un daño que afecta dos aspectos fundamentales, como son el territorio y la comunidad, para que las medidas de reparación simbólica cumplan con su fin deben tener en cuentan una teoría holística que vea las cosas “en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no logran percibirse al estudiarse por separado” (Briceño, Cañizales, Rivas, Lobo, Moreno, Velásquez y Ruzza, 2010, p. 74). Adicionalmente, es importante que se cuente con la aprobación de quienes hacen parte de los pueblos o comunidades.
-Comunidad en general: esta dimensión involucra a todo el conglomerado social53 y tiene que ver con la garantía de no repetición y su búsqueda de transformación de lo colectivo. Al respecto, se ha dicho que “las medidas dirigidas al conglomerado buscan básicamente: el reconocimiento de la sociedad hacia las víctimas; la memoria para las nuevas generaciones; crítica a los perpetradores o reconocimiento de responsabilidad; y espacio social simbólico” (Beristain, 2009, p. 230).
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